pavarini-2009-castigaralenemigocriminalidadexclusineins

Massimo Pavarini

Castigar al enemigoCriminalidad, exclusin

e inseguridad

CIUDADANA Y VIOLENCIAS

VOLUMEN 8

Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Prlogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

I. Crcel sin fbrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

II. El encarcelamiento masivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

III. Las funciones materiales de la penalidad . . . . . . . . . . . . . 81

IV. La productividad del sistema penal:el caso italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

V. Estrategias de lucha: los derechos de las personas detenidas y el abolicionismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

VI. El regreso a una pena fundamentalista . . . . . . . . . . . . . . 145

VII. La guerra a las no-personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

VIII. Una nueva penalidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

IX Seguridad frente al delito y gobierno de la ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

X. Reflexiones sobre el deterioro urbano . . . . . . . . . . . . . 229

XI. Por una poltica democrtica de nueva prevencin . . . 247

Bibliografa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Publicaciones del autor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

ndiceEntidades gestorasFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Sede Ecuador)Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ)Corporacin Metropolitana de Seguridad Ciudadana (CORPOSEGURIDAD)

Editor generalFernando Carrin

Coordinadora editorialAndreina Torres

Asistentes editorialesngeles Granja y Sofa Gordon

Comit editorialFernando CarrinGustavo Lalama Massimo PavariniAlfredo SantillnMximo SozzoAndreina Torres

AutorMassimo Pavarini

PrlogoFarith Simon Campaa

TraduccinVanina Ferreccio y Mximo Sozzo

Diseo y diagramacin Antonio Mena

Impresin Crearimagen

ISBN SERIE: 978-9978-67-137-5ISBN:FLACSO Sede EcuadorLa Pradera E7-174 y Diego de AlmagroTelf: (593-2)3238888Fax: (593-2)[email protected], EcuadorPrimera edicin, septiembre 2009

El crecimiento de la violencia y la inseguridad ciudadana es unfenmeno social de gran trascendencia que est afectando lavida de las personas a nivel mundial. No obstante, los niveles enque se expresa este fenmeno no son homogneos. Ello ha generadoun extenso debate alrededor de este complejo tema, que busca dicta-minar las causas y posibles consecuencias de las mltiples violenciasque aquejan a nuestras sociedades. De igual manera se ha consideradonecesaria la construccin de redes sociales e institucionales que apor-ten y refresquen conocimientos desde distintos lugares, perspectivas yenfoques para un mejor entendimiento de la naturaleza del fenmeno.

Paralelamente, en este siglo nos enfrentamos a una escalada cre-ciente del discurso sobre la seguridad, relacionado principalmente aproblemas como la violencia urbana, la delincuencia organizada y elterrorismo internacional. Este clima puede conllevar una excesivaseguritizacin de los enfoques acadmicos, discursos polticos y pol-ticas sociales, que pueden tener como corolario una bsqueda para-noica de la seguridad y la generacin de procesos de represin, mar-ginacin y exclusin social como producto de estas prcticas; de allque ms que nunca sea necesario generar un campo de reflexin fren-te a un problema que es innegable y que necesita ser tomado en cuen-ta y analizado profundamente por la academia y los hacedores de pol-ticas que tienen el compromiso ineludible de atender las continuasdemandas ciudadanas.

Es en este marco que la Facultad Latinoamericana de CienciasSociales Sede Ecuador, el Ilustre Municipio del Distrito Metropoli-tano de Quito, y la Corporacin Metropolitana de SeguridadCiudadana, presentan la coleccin Ciudadana y Violencias cuyo ob-jetivo es constituirse en una base bibliogrfica que contribuya al cono- 7

Presentacin

Seguridad ciudadana, polticas pblicas y conocimiento

Iniciar con una reflexin personal el prlogo de una obra cientfi-ca como la que tienen en sus manos no parecera la forma mscorrecta, pero considero imperioso decir que su lectura me con-firm la impresin, que viene de algunos aos atrs, de que el debatenacional sobre los temas centrales que nos afectan, sea por su exten-sin social, impacto o la preocupacin colectiva que generan dimen-siones que no siempre coinciden se encuentra marcado por un cier-to localismo ciego. Las ideas que se presentan como novedosas estnllenas de influencias internacionales, no siempre comprendidas, reco-nocidas o explicitadas. Esta suerte de descubrimiento (re-descubri-miento) continuo de temas ya transitados en otros pases suele expre-sarse por medio de una cierta vulgarizacin, que ms all de repre-sentar una democratizacin del conocimiento, provoca no pocasveces que las iniciativas aparejadas nazcan condenadas a una breveexistencia por su rpido reemplazo por nuevos enfoques.

La adecuacin de experiencias relevantes sin mayor anlisis o com-prensin de su carcter y naturaleza es como la siembra en un terrenosin abonar y muchas veces en condiciones inapropiadas. El hablarde memoria es un mal que afecta a muchos sectores de la sociedadecuatoriana. La repeticin de lugares comunes, frases hechas, de citasde las citas son algunas de sus manifestaciones.

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cimiento y debate sobre temas relacionados a la seguridad ciudadanaa nivel mundial, en Amrica Latina, la regin Andina y contextos loca-les ms especficos. Los 12 tomos de esta coleccin compilan los tra-bajos de autores y autoras internacionales de reconocida trayectoria enel anlisis y reflexin de la violencia como fenmeno social y de laseguridad ciudadana como propuesta de poltica pblica que buscaconstruir ciudadana y mitigar los impactos de la violencia social. Estacoleccin atiende al desafo actual de generar herramientas de consul-ta acadmica e investigativa que puedan enriquecer, complejizar ydemocratizar el debate actual de la seguridad ciudadana.

En esta ocasin queremos dar un especial agradecimiento aMximo Sozzo, sin cuyo apoyo y colaboracin en la traduccin y revi-sin de los textos no habra sido posible la publicacin de este octavovolumen de la coleccin.

Augusto Barrera Adrin BonillaAlcalde Director

I. Municipio del Distrito FLACSO - EcuadorMetropolitano de Quito

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Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusin e inseguridad

1 Doctor en Jurisprudencia, abogado. Profesor de la Universidad San Francisco de Quito.

Prlogo

Farith Simon Campaa1

ticia penal para delincuentes menores de edad, polticas preventivas,investigacin emprica sobre las vctimas, representacin social de ladesviacin.

Entre sus trabajos acadmicos traducidos al castellano son especial-mente conocidos los libros: Crcel y fbrica. Los orgenes del sistema peni-tenciario (siglos XVI-XIX) (1980); Control y dominacin. Teoras criminol-gicas burguesas y proyecto hegemnico (1983); Un arte abyecto. Ensayo sobreel gobierno de la penalidad (2006); y algunos artculos, tales como Parauna crtica de la ideologa penal. Una primera aproximacin a la obrade Alessandro Baratta (2004);Poner la pelota en el centro. Diez tesisy modestas propuestas para un gobierno de la seguridad (2006);Seguridad frente a la criminalidad y gobierno democrtico de la ciu-dad. Una visin entre centro y margen (2006)3.

Pavarini fue electo diputado (1994-1999) del Parlamento de la ciu-dad de Bologna, por el Partido de los Democratici di Sinistra (Demcratasde Izquierda). En sus palabras, ese encargo poltico lo ejerci en estre-cha relacin con su actividad cientfica y cultural en lo que atae algobierno comunal de la seguridad ciudadana (Pavarini 2006a).

En cuanto a su accin, tambin vinculada de manera muy cer-cana con su actividad cientfico-acadmica y poltica, se destaca lacoordinacin del comit cientfico del proyecto Citt Sicure de laRegione Emilia-Romagna4 y su calidad de consejero (2005) para laseguridad en la Comune di Bologna. En el desempeo de este ltimocargo elabor un proyecto general de factibilidad de polticas localesde seguridad para esa ciudad (Pavarini 2006a: 109).

Destaca tambin en su trayectoria el programa desarrollado con-juntamente con el profesor Tullio Aymone en el barrio Reno deBologna, que tiene como componentes5 la reactivacin de la red social(informacin y discusin del problema en el barrio, organizacin deun observatorio en el barrio), acciones de prevencin primaria (cam-

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Prlogo

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En este contexto el esfuerzo que viene desarrollando el Programade Estudios de la Ciudad de FLACSO es digno de todo reconoci-miento. Su coleccin Ciudadana y Violencias pone a nuestra dispo-sicin obras clave para entender la relacin entre nuestros temas y laproduccin acadmica internacional, a la vez que nos entrega insumospara promover una reflexin local informada.

La obra que me han invitado a prologar, que se presenta bajo elsugestivo ttulo de Castigar al enemigo. Criminalidad, exclusin e inseguri-dad, cumple todas las condiciones expuestas. Contiene una profundareflexin sobre los temas de seguridad ciudadana, polticas pblicas ypenalidad. Su autor es una innegable autoridad internacional en lostemas aqu presentados.

El autor

Massimo Pavarini (Bologna, 1947), es profesor de Derecho Penal de laFacultad de Derecho de la Universidad de Bologna, donde tambinensea Ley Penitenciaria. Es un referente obligado de la llamada cri-minologa crtica y se le reconoce una significativa influencia en laconstruccin del pensamiento penal, criminolgico y las nuevas pol-ticas de seguridad ciudadana en Europa y Amrica Latina (Carnevali2008)2.

Este trabajo del profesor Pavarini se construye a partir de la con-fluencia de tres experiencias: la acadmica, la poltica y la de la ac-cin, entendida en este contexto como la puesta en ejecucin de lasideas en la realidad, ms all de los libros, la accin poltica o las aulas.

En su dimensin acadmica es autor de numerosos trabajos queabordan, entre otros temas, la sociologa del control social, sociologay criminologa de la pena, medios de comunicacin y delincuencia, lasrelaciones entre ciencias penales y polticas criminales, sistema de jus-

2 Tambin se puede destacar su estancia como docente en Mxico (2004), y su calidadde profesor de mltiples programas de posgrado en Amrica Latina.

3 Ver la lista de publicaciones del autor al final de este volumen.4 Ver: www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza.5 Descripcin tomada de la pgina web de la Secretara de Seguridad Pblica de Mxico:

www.sssp.gob.mx.

La obra y el contexto nacional

El autor a lo largo de la obra presenta una serie de tesis y enfoques,algunas con evidente vinculacin a propuestas que de manera explci-ta o implcita se dan o se han dado en el pas, por tanto es un mate-rial que permite una comprensin cientfica de las razones que lleva-ron a otros pases a su formulacin, su impacto y las crticas ms rele-vantes que recibieron.

Segn lo expuesto por el autor, parece muy clara la influencia queha tenido la criminologa de la vida cotidiana y la criminologa delOtro o del enemigo en promover que los ciudadanos participemosen nuestra defensa, organizndonos y adoptando estilos de vida dis-tintos7, pero demostrando tambin que su aplicacin tiene comoconsecuencia el aislamiento del enemigo, del Otro. En nuestro paspodemos verificar cmo se privatizan espacios pblicos, se reduce lapresencia ciudadana en ciertos lugares considerados peligrosos, modi-ficamos horarios para incrementar nuestra sensacin de seguridad y,cuando algo sucede, somos responsabilizados por no haber cumplidocon nuestras obligaciones. En otras palabras, nuestra libertad personalse limita a partir de la inseguridad y de las soluciones que ponen nfa-sis en el comportamiento de las vctimas.

Al explicar lo que Pavarini llama de manera descriptiva el retor-no del encarcelamiento masivo luego de algunos aos de disminu-cin del promedio de detenidos por el incremento significativo dealgunas formas de ilegalidad, de la frontera de la exclusin, o la drugwar, sita nuestra realidad en un contexto global, ya que todava hoy,pese la excarcelacin masiva que se dio con el indulto a las llamadasmulas del narcotrfico, las estadsticas de privacin de libertad y fun-cionamiento del sistema de justicia pueden confirmar que los delitosvinculados a las drogas continan siendo la principal causa de priva-cin de la libertad con condenas judiciales (Simon 2006, 2008).

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Prlogo

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paas de informacin contra el vandalismo, alcoholismo, txico-de-pendencia, training normativo en colegios secundarios, cursos apadres), acciones de prevencin situacional (iluminacin, sistema elec-trnicos y televisivos, poltica de concesin de licencias a locales pbli-cos, supervisin nocturna con grupos voluntarios para la supervisindel vecino de casa)6.

Se le considera uno de los responsables del desarrollo de las llama-das polticas de nueva prevencin, que contemplan estrategias inte-gradas de prevencin, desde los llamados gobiernos locales, en dondese busca un justo equilibrio entre las polticas sociales de ayuda,polticas de aseguramiento de tipo comunitario y polticas dirigidas areducir las ocasiones de la delincuencia[aceptando]incluso unespacio de legitimidad a polticas reactivas y, por tanto, predominante-mente represivas que deberan integrarse con polticas proactivas, esdecir, preventivas (Pavarini 2006a).

El libro que tienen en sus manos es en realidad, como lo advierteel profesor Pavarini, una recopilacin de once artculos escritos en losltimos diez aos (1998-2008), fundamentalmente producto de supreocupacin cientfica en dos temas interconectados, pese a que enpalabras del autor podran recibir un tratamiento autnomo: la crisisde la penalidad y la emergencia de las polticas de seguridad. Claro,han sido procesados como un obra ex novo, por lo que su resultado sononce captulos de un nuevo libro.

Pavarini hace una clara presentacin del alcance y contenido de sutrabajo y del proceso metodolgico seguido para su preparacin, por loque sera una audacia imperdonable comentar estos aspectos.Tras variosbosquejos de este prlogo he optado por resaltar algunos temas que meparecen especialmente relevantes por su evidente similitud con algunassituaciones/respuestas locales, no siempre o mejor an pocas vecesacompaadas de una mnima reflexin acerca de su conveniencia, utili-dad o de los supuestos tericos o ideolgicos sobre las que se sustentan.

6 Una revisin crtica de esta experiencia por parte del profesor Pavarini se puede leeren una entrevista realizada por Mximo Sozzo (Pavarini 2009).

7 Las citas en este prlogo se refieren a ideas expresadas por Massimo Pavarini en estevolumen, a menos que se indique otra fuente

que permiten predecir la reincidencia y, por tanto, contribuyen a lafocalizacin de respuestas que han tenido como consecuencia el incre-mento de la poblacin carcelaria sin que venga aparejada de una dis-minucin de los delitos, se presenta como una advertencia sobre losusos equivocados de las herramientas estadsticas, las que embrionaria-mente se vienen usando en Quito.

Para el estudio de las polticas y acciones de seguridad en las ciuda-des, los dos ltimos captulos del libro son de especial relevancia, ya quese pasa revista a los distintos modelos explicativos. Se repasa, el llamadomodelo de las ventanas rotas, considerado como cientficamenteerrneoas como legitimador de las polticas de tolerancia cero,pocoefectivas y muy costosas. En cuanto al modelo de la criminalidad opor-tunista, Pavarini demuestra cmo ha provocado la culpabilizacin delas vctimas o potenciales vctimas y ha convertido a la seguridad en untema de responsabilidad particular, como se ha intentado en nuestro paspor medio de las llamadas iniciativas comunitarias.

Pero en esta materia la conclusin ms importante, y de mayorimpacto inmediato en tiempos de cambio, es el recordatorio de que laseguridad es un bien pblico y que es posible gobernar la seguridad,pero que no se abatir la inseguridad. Para esto se pone como ejem-plo y se revisan distintas interpretaciones de aquellas estrategias califi-cadas como de nueva prevencin, ya que demuestran [ser] capacesen los hechos de reducir la frecuencia de determinados comporta-mientos no deseados, no siempre ni necesariamente definidos comodelictivos, recurriendo a soluciones diferentes de aquellas ofrecidas porel sistema de justicia penal. Creo yo que esta afirmacin refleja unpragmatismo claramente compatible con la participacin de Pavarinien el desarrollo de respuestas en el terreno, es decir en su dimensinde actor, algo que lo caracteriza como expliqu previamente. Esimportante asimismo detenerse en las advertencias que hace sobre laingenuidad de ciertas formas de prevencin, todas ellas exploradas eimpulsadas en nuestro pas: la prevencin situacional tecnolgica, laparticipacin situacional y finalmente revisa la llamada prevencinsocial, a la que no se niega efectividad, pero es de difcil medicin. 15

Prlogo

Tambin se puede verificar que los enfoques de los pases econ-micamente avanzados tienden a imponerse y al volverse progresiva-mente el punto de vista que cuenta universalmente, lo que nosrecuerda la adhesin que han recibido las polticas de cero toleran-cia; la transferencia a los gobiernos locales de la cuestin de la (in)-seguridad ciudadana; el triunfo de las polticas de control social quese fundan sobre la fe en las prcticas de neutralizacin selectiva; elfenmeno de la ley severa y una prctica represiva atenuada; y, lti-mamente, el inters que en algunos sectores, fundamentalmente lospenalistas, ha generado las ideas de Jakobs y su anlisis del derechopenal del enemigo frente al derecho penal del ciudadano.

La caracterizacin que Pavarini hace del sistema penal como alta-mente incierto e inefectivo parece describir nuestro sistema de justi-cia, concluyendo en algo totalmente aplicable a nuestro aparato penal,ya que de ser juzgado desde la ptica de su productividad debihaber sido declarado en quiebra hace un buen tiempo.

Para algunos sectores que promueven reformas en diferentes cam-pos del derecho penal es til el anlisis que se hace de tendencias conevidente apoyo de acadmicos convertidos en funcionarios pblicos,del abolicionismo,derecho penal mnimo y de extrema ratio, aunqueen la prctica reciente el Gobierno haya puesto en evidencia unavoluntad contraria al promover respuestas de carcter penal a infrac-ciones que tendran una respuesta eficiente y adecuada en el derechocivil o administrativo.

Las evidencias que se entregan acerca del fracaso de la crcel ins-titucin sobre la que se organiza todo el sistema penal y la ratificacindel carcter selectivo del sistema penal que materialmente por mediode la pena produce y reproduce la desigualdad social, son una adver-tencia al peligro que representa un uso amplio del derecho penal y, portanto, de la crcel como respuesta principal. No obstante vale la penadetenerse en el anlisis que se hace en el libro de la llamada pena til,lo que nos dara ms de una pista para el accionar en esa materia.

Al estudiar el impacto que ha tenido la llamada neutralizacinselectiva de grupos sociales, por el uso de herramientas estadsticas14


Cien mil palabras y un hilo rojo para no perderse

La invitacin que me ha hecho FLACSO Sede Ecuador me haparecido simple y gratificante.Amable y generosamente me hanpedido que les proporcione una decena de mis ms significati-vas contribuciones cientficas, cuyo total se aproxime a las 100.000palabras.Y nada ms. Del resto se ocuparan ellos. Cmo se hace paradecir que no?

Los problemas surgieron cuando las obligaciones asumidas tan des-consideradamente apremiaban para que entregue el trabajo prometido.

Preliminarmente he hecho algunas elecciones de fondo en la indi-vidualizacin del material: 1) slo trabajos relativamente recientes, esdecir, de los ltimos diez aos; 2) preferiblemente an inditos en len-gua castellana o, si bien ya publicados en espaol, no especialmenteconocidos.

En abstracto, la operacin no deba presentar demasiadas dificulta-des, aun cuando el hecho de haber publicado, en el 2006, un libro de320 pginas para la editorial Ad-Hoc de Buenos Aires Un arte abyec-to. Ensayo sobre el gobierno de la penalidad me colocaba en la situacinde no poder utilizar para la presente ocasin algunos trabajos particu-larmente significativos.

De todos modos as he operado, seleccionando un nmero sufi-ciente de contribuciones.

He pasado, entonces, a la segunda fase de editing. He reledo todoel material seleccionado recurriendo y abundantemente al uso delas tijeras segn los siguientes criterios: 1) omitir todo lo que me haparecido fuertemente condicionado por la contingencia poltico-cul- 17

En los escritos de Pavarini quedan muy en claro dos acuerdos quese consideran relevantes en el campo de la prevencin: la dimensinlocal (sin dejar de advertir los riesgos asociados a ello) y la necesidadde movilizacin social expresada en un amplio consenso. Las dos sinnegar la participacin de las fuerzas policiales (con una cultura y pro-fesionalidad adecuadas); los servicios sociales (capaces de conjugar latutela del malestar social con la tutela contra el malestar social), y;los observatorios locales (con capacidad para registrar las necesidadesy demandas sociales de seguridad y el impacto de la prevencin).Todoesto a partir del cumplimiento de ciertas condiciones mnimas, clara-mente establecidas por el autor, que fcilmente se podr verificar noexisten en nuestro pas.

Finalmente coincido totalmente con la afirmacin que Pavarinihace sobre los lmites del derecho penal como instrumento vlido dedefensa social, pero sin dejar de reconocer la urgencia poltica deponer en movimiento de alguna manera la capacidad de gobernar lacuestin criminal, es decir, existe una necesidad apremiante de brin-dar respuestas a la demanda social de seguridad, sin dejar de explicitarlas implicaciones polticas de esas demandas y sin perder de vista quelas respuestas no deben quedar en manos exclusivas del sistema penal,algo habitual en las soluciones nacionales, con pocas excepciones, lams relevante siendo la reciente experiencia de la ciudad de Quito.

Seguro el lector/a encontrar, como me sucedi, ms de una ideaa la que adherir, muchas provocarn nuevas preguntas y con otras tan-tas no coincidiremos, pero con certeza esta es de aquellas lecturas quedeja muchos aprendizajes y abre puertas a la investigacin, la profun-dizacin del anlisis y el estudio desde nuestro contexto(s) y necesi-dad(es) especfica(s).

Quisiera dejar constancia de mi agradecimiento a FLACSO SedeEcuador y al Municipio de Quito por haberme invitado a prologaresta obra, y mi reconocimiento a las dos instituciones por promover lareflexin ms seria que se ha dado en el pas sobre la seguridad ciuda-dana, lamentablemente sin correlato, hasta el momento, en el Gobier-no central.16


Introduccin

bran debido servir como ladrillos de una obra nueva. Con aquellaspalabras, sin agregar nada propio salvo la puntuacin, habra queridoescribir una obra suya, obviamente original. Su indolencia y los suce-sos trgicos que le toc vivir no le permitieron llevar adelante estaempresa.

Cul es, entonces, el hilo rojo capaz de brindar orden y sentidoa los fragmentos suprstites que tena entre manos?; podan stos serre-sistematizados como articulacin de un mismo discurso?

En los ltimos diez aos me he interesado cientficamente por doscuestiones distintas que en los intentos, no siempre explicitados, estninterconectadas, o mejor, que en mis intenciones he querido captarprecisamente en sus relaciones. Por un lado, la crisis de la penalidadque se determina en coincidencia con la crisis del Estado Social, y porel otro, la emergencia de las polticas de seguridad. Ciertamente tpi-cos que se prestan tambin a un tratamiento autnomo, en cuantopueden ser entendidos separadamente, pero que yo progresivamente, eincluso inconscientemente en los inicios, he venido examinandocomo perfiles de un mismo proceso de transformacin, precisamenteel de la cuestin criminal de la/en la posmodernidad.

Llegado a este punto slo faltaba realizar otras censuras, omitiendoaquello que fuera superfluo a la linealidad discursiva; agregando y rees-cribiendo aquellos pasajes que estuvieran en condiciones de hacer msinteligible la tesis de fondo.

No s si he logrado plenamente el objetivo, pero ciertamente he tra-bajado para conseguirlo. Sin tomar en cuenta la progresin histrica delos trabajos utilizados, he dividido el material en once breves captulos.

En el primer captulo, casi una suerte de introduccin al libro, hepuesto en el centro de la atencin la especificidad de la penologa revi-sionista de la dcada de los aos setenta del siglo pasado, es decir, deaquella aproximacin criminolgica en que yo mismo he crecidocientficamente y que he contribuido luego a difundir, tomndolacomo lectura crtica de aquella penalidad que valoriza la mission inclu-siva del sistema de justicia penal. Un movimiento revisionista que leecrticamente la crcel y la cultura correccional como necesidades de la 19

Introduccin

tural del momento en que escriba; 2) cancelar las inevitables repeti-ciones de pensamiento y de ideas que fastidiosamente se dan en unaproduccin decenal; 3) remover, en fin, aquello que he consideradoplenamente inteligible slo para un pblico italiano.

El material suprstite ha resultado abundantemente menos de lamitad del seleccionado inicialmente. Pero igualmente todava excesi-vo respecto a lo que me fuera requerido.

Llegado a este punto teniendo bien presente lo que haba sobre-vivido a la obra de seleccin me he preguntado si fuera posible ras-trear una o varias ideas capaces de ligar estas pginas desparramadas ysi, eventualmente, estas ideas podran sugerirme el orden y la presen-tacin del material.

As, he fingido que escriba un libro ex novo, que deba entoncesser intitulado y estructurado, coherente y ordenadamente en un dis-curso por captulos, pargrafos y aparato bibliogrfico. En este puntoera ya consciente de que no todo habra podido ser incluido y quetendra que producir tambin pginas nuevas para ligar una parte aotra, para colmar lagunas, para volver comprensible mi propio discur-so.Y as ha sido, obligndome a un trabajo bastante complejo que re-quiri de varios meses, ciertamente demasiados en relacin con losque haba previsto inicialmente.

Me ha alentado en esta loca empresa, el recuerdo de otra locurabastante ms radical de un genio particularmente amado por m:WalterBenjamin. ste, como es sabido, en su indolencia de verdadero flaneur,es decir de esteta que ama perderse despreocupadamente en el desor-den metropolitano, estaba signado por una verdadera patologa: el msexasperado coleccionismo, convencido de que coleccionar cosas, sinimportar cules, sera el equivalente a descontextualizar objetos respec-to a sus funciones y as dar a los mismos otro significado, distinto deaqul para el cual haban sido producidos. Benjamin, en toda su nolarga existencia, coleccion escrupulosamente millares, centenares demiles de frases ajenas, en general citas tomadas de clsicos y de contem-porneos en diversos idiomas, recogidas, por lo que entiendo, casi porazar o por capricho esttico, pero que de acuerdo a su intencin ha-18


El captulo segundo ofrece una primera lectura descriptiva de unnuevo proceso de encarcelamiento masivo a nivel mundial, conse-cuente con el dominio de un punto de vista distinto sobre la penali-dad. Pero el proceso de re-encarcelamiento mundial es tambin revi-sado crticamente en la literatura criminolgica que ha avanzado algu-nas hiptesis explicativas para este gran internamiento. Si para algu-nos las tasas de encarcelamiento han aumentado porque ha aumenta-do la criminalidad a partir de los aos setenta y ochenta del siglo pasa-do en particular o incluso fundamentalmente aquella masiva y detipo predatorio y todo esto, de manera ms o menos directa, se poneen relacin con diversos fenmenos como la crisis de los sistemas dewelfare, el aumento de los ndices de desocupacin, la manifestacin desentimientos de privacin relativa por parte de sectores marginaliza-dos, la poltica de criminalizacin de la droga y la intensificacin delos flujos migratorios; para otros, la poblacin detenida ha crecidocomo consecuencia de legislaciones penales ms represivas (se tratafundamentalmente de las polticas criminales expresadas por gobiernosconservadores en los aos 1980 y 1990 en los Estados Unidos, enInglaterra y luego imitadas por muchos otros pases). No faltan tam-bin otras hiptesis que interpretan el aumento de la poblacin dete-nida como consecuencia de una mayor severidad de las agencias acargo del proceso de criminalizacin secundaria. Pero estos modelosexplicativos finalmente no satisfacen, porque ofrecen explicacionessolamente para algunos fenmenos y, adems, de manera limitada paraalgunos pases.

En un nivel todava intuitivo, en este captulo se adelanta una ideaque me parece ms convincente que otras: las prcticas y las ideolog-as penales y de control social en la historia moderna y contemporneasiempre han experimentado un proceso de difusin y expansin queen definitiva reconduce (en el sentido de que se adhiere) al punto devista dominante (que es tal porque se ha desarrollado en los paseshegemnicos) sobre la cuestin criminal. Cmo se deba tratar a losdelincuentes no es algo que en la modernidad y en la contemporanei-dad se haya dejado librado, indiferentemente, a las contingencias 21

Introduccin

modernidad, pero no tanto como invenciones del pensamiento jur-dico sino como aparatos de produccin y conservacin de un ordenpoltico-econmico determinado, precisamente el orden capitalista.Qu sucede cuando estos aparatos entran en crisis y resultan diversa-mente comprendidos en una perspectiva de exclusin social como laofrecida por la cultura neoliberal? Se descubre o redescubre que lacrcel puede funcionar contra la criminalidad, acentuando los pro-cesos de exclusin social: la crcel y el sistema penal en su compleji-dad pueden ser tiles para el gobierno de la criminalidad si y en cuan-to estn en condiciones de seleccionar y as neutralizar aquello que elsistema social no est, o considera no estar, en condiciones de incluir.

Esta aproximacin al gobierno de los criminales refleja un nuevodiscurso sobre el crimen mismo y sobre el rol del sistema penal. Lacuestin en juego no es simplemente la de derrotar el delito sino la deracionalizar la operatividad de los sistemas que admiten gestionar lacriminalidad sobre la base de valoraciones de tipo estadstico y actua-rial. Esta aproximacin favorece el surgimiento de un saber distintosobre la criminalidad que ha sido felizmente etiquetado como crimi-nologa de la vida cotidiana: el acto desviado es un riesgo habitualque puede ser calculado y en alguna medida tambin evitado, y no te-niendo nada de patolgico puede ser comprendido haciendo referen-cia a las tendencias comunes que lo motivan. El crimen, entonces, selee como actividad rutinaria, como oportunidad, si no directamentecomo eleccin racional. De la criminalidad no nos defendemos ata-cando las causas, por la simple razn de que la accin criminal no esel efecto de una sola en particular. De la criminalidad como realidadnociva nos defendemos reduciendo los riesgos de victimizacin, porun lado, y neutralizando a los enemigos, por el otro.

De esta forma, junto a una criminologa de la vida cotidiana, sedesarrolla tambin una criminologa del Otro, un discurso sobre elcriminal como enemigo cuya peligrosidad no puede gestionarse deotra forma sino a travs de su neutralizacin; y para colocarlo en laposicin material de no daar, en definitiva no se necesita siquieraconocerlo demasiado.20


nando siempre de manera incontrastable. El resto la libertad de que-rer, la domesticacin de la virtud son slo formas de una misma ret-rica que es aquella de la prevaricacin que funda en la raz el hechode punir. La persistente naturaleza de prevaricacin radica, en efecto,en la funcin poltica de la pena: la produccin de dficit respecto delpunido, como reduccin de derechos y/o satisfaccin de necesidades;la determinacin de una relacin de sentido como reprobacin ycensura entre la accin de punir y el sujeto pasivo; la dimensin sim-blica de la reaccin punitiva dirigida a expresar la pretensin de auto-ridad de quien castiga, y; en fin, la conservacin de determinadas rela-ciones de poder. Es la pena que, de todos modos, se encuentra en lahistoria; las legitimaciones no la fundan, en el sentido de que inclusoall donde resulta invalidada la pena de cualquier modo permanece.Pero esta no es la nica lectura que puede ofrecerse.sta incluso puedeser derrotada por una interpretacin distinta: las penas legales son elopuesto funcional de las penas privadas y no su expresin publicista.El objetivo del derecho penal sera, por lo tanto, el de minimizar laviolencia de las reacciones al delito.

En suma, la filosofa de la penalidad moderna estara fundada sobreuna economa de la frugalidad. Un ejercicio del castigo vinculado acriterios tanto de autolimitacin sistmica (aquellos garantistas de lapena mnima) como de limitacin extra-sistmica (aquellos de lapena til).

Pero hoy, qu significado tiene para la ciencia penal el hecho detomar en cuenta ese novum, es decir, la nueva poltica de exclusinsocial? El novum de la exclusin social en la ciencia penal puede slotraducirse en la asuncin, como modelo prescriptivo, de aquello quees descriptivamente en los hechos. Es decir, concebir a las funcionesmateriales del sistema de justicia penal como objetivo del mismo. Lasteoras de la prevencin-integracin, por un lado, y aquellas de la inca-pacitacin selectiva, por el otro, no son en su origen teoras justificati-vas de la pena sino modelos explicativos y por lo tanto sociolgicosen sentido propio de la penalidad misma. En los hechos, el sistemapenal es una gaceta de la moralidad media en su dimensin de tab- 23

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nacionales. En efecto, el gobierno de la cuestin criminal es unaexpresin del modo de entender el orden social en su totalidad y porlo tanto es, por excelencia, el componente ms importante que unacultura expresa en su complejidad. Por esto, no debe sorprender quela cultura histricamente hegemnica en el caso que aqu interesa, laoccidental de los pases econmicamente ms desarrollados tiendanaturalmente a imponerse y transformarse progresivamente en elpunto de vista que cuenta universalmente.

En sntesis, ms o menos crcel en el mundo no parece tenermucho que ver con la criminalidad, con la ampliacin o restriccindel universo de excluidos del trabajo, o con las variaciones en lasrepresentaciones sociales de la peligrosidad en las grandes periferias delmundo. O mejor, tiene tambin que ver con todo esto, pero en el sen-tido de que en la actual contingencia histrica el aumento de la cri-minalidad, la difusin de la inseguridad social, las prcticas de exclu-sin impuestas por el mercado, los nuevos procesos de movilidaddeterminados por la globalizacin, la reduccin del Estado Social, etc.,son slo los elementos a travs de los cuales se construye, se impone yen definitiva se difunde universalmente una nueva filosofa moral, undeterminado punto de vista sobre el bien y el mal, sobre lo lcito y loilcito, sobre lo merecedor de inclusin o de exclusin.

En el tercer captulo me detengo en las repercusiones tericas, sobretodo en el discurso de los penalistas, de la crisis del modelo correccio-nal de justicia penal y de la emergencia del nuevo punto de vista pos-moderno sobre la penalidad. La ciencia penal moderna, ya al final delsetecientos, considera que puede librarse de la retribucin para hacer-se cargo de la prevencin, con una condicin: que tambin la preven-cin fuese aceptada como un a priori. Como siempre, lo importantefue encontrar un punto de apoyo externo sobre el cual edificar todala construccin dogmtica. El resto se consigui por rigor deductivo:de la teorizacin de las cualidades necesarias del bien jurdico a la con-cepcin normativa de la culpabilidad; de los criterios de mensura dela pena a la diversa colocacin sistemtica de las causas de justificacin;etc. Pero la necesidad de la pena como hecho social ha estado domi-22


las necesidades de ductilidad en la respuesta represiva en razn de loscrecientes niveles de complejidad social. Por lo tanto, el fenmenointeresante de comprender no reside en la antinomia entre una leysevera y una prctica represiva atenuada, sino en la determinacin delas condiciones estructurales para una severidad excesiva slo en laspalabras y una indulgencia paternalista en las prcticas.

Los niveles efectivos de represin en la Italia del siglo XX hanmostrado depender muy poco de la localizacin desigual de la pena-lidad en lo social, sino antes bien de la demanda social de represin, esdecir, de la demanda social de mayor o menor penalidad.Y en estoquizs reside la peculiaridad de la situacin italiana: la demanda depenalidad durante mucho tiempo ha sido dbil a nivel social. Los con-flictos y las crisis sociales no se han traducido en demandas socialesfuertes de penalidad. Las campaas de ley y orden, an reiterada-mente promovidas por fuerzas polticas conservadoras, han dado siem-pre modestos resultados en trminos de difusin del pnico social.

Son complejas las razones que, por largo tiempo, impidieron que seprodujeran a nivel social cambios del vocabulario punitivo a favor deun incremento particularmente significativo del umbral de punibili-dad. Unitariamente entendidas estas razones reenvan a un dato pol-tico y cultural sumamente peculiar de la historia italiana: durantemucho tiempo los sentimientos colectivos de inseguridad han tenidooportunidad de manifestarse como demanda poltica de cambio y dems intensa participacin democrtica.Vale decir que la comunicacinsocial a travs del vocabulario de la poltica ha favorecido una cons-truccin social del malestar y del conflicto ms all de las categorasmorales de la culpa y la pena.Y esto es vlido fundamentalmente hastala primera mitad de la dcada de 1970. Desde ese momento, en la dra-mtica crisis del sistema de la poltica, en particular de aquella progre-sista, el umbral de la penalidad comienza a crecer en los hechos, comosi la demanda social de seguridad no encontrase otra forma de expre-sin que invocando mayor represin penal.

El captulo quinto articula el discurso hasta aqu desarrollado, a tra-vs del anlisis de los movimientos de oposicin a la crcel: el aboli- 25

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es, y al mismo tiempo prctica de neutralizacin selectiva de sujetospeligrosos en la fase de su ejecucin. Resulta que slo en la prcticade la exclusin social de algunos, el sistema de justicia penal puedeproducir mayor inclusin de la mayora. Quien asume la prctica de laexclusin selectiva a travs del sistema penal como objetivo de legiti-macin del sistema mismo, asume esta realidad como nica y posiblenormalidad.Y, por lo tanto, transforma una funcin material en legiti-macin de lo existente.

Las teoras justificativas de la prevencin-integracin y de la inca-pacitacin selectiva son, por lo tanto, teoras tecnocrticas, no son ide-olgicas pero niegan la posibilidad de una alternativa a lo existente.Dicen la verdad y no pueden ser contradichas por la realidad, enton-ces, no son ideolgicas en sentido negativo. Pero stas, al mismo tiem-po, niegan al sistema penal cualquier posibilidad de abrirse a unadiversidad distinta de esta realidad.

En el cuarto captulo dirijo la mirada a la realidad italiana, comoejemplo paradigmtico de la afirmacin en el largo plazo el sigloXX de las tendencias favorables a la obsolescencia de la pena carce-laria en beneficio de modalidades consistentes en que la sociedad sehaga cargo del condenado, en particular las retricas y las prcticas dedescarcelizacin, hasta la llegada, en el ltimo perodo del siglo pasa-do, de las nuevas tendencias de re-encarcelamiento.

Como surge de la investigacin criminolgica ms atenta, leyesms o menos severas, o bien cambios relevantes en la criminalidadcompleja, no se han traducido nunca en mayor o menor represinpenal en los hechos. Ni siquiera cambios poltico-institucionales derelieve han venido acompaados de apreciables variaciones cuantitati-vas en el ejercicio de la penalidad en concreto. Durante mucho tiem-po, el sistema italiano de justicia penal se caracteriz por una inusualseveridad sancionatoria en las leyes pero acompaada por prcticasadministrativas y judiciales, es decir de criminalizacin secundaria,particularmente benvolas, si no abiertamente indulgentes. Esta situa-cin, sin embargo, en su aparente irracionalidad, se ha revelado tilpara conciliar la dimensin cada vez ms simblica de la ley penal con24


interpretar el abolicionismo como desencarcelamiento y el desencar-celamiento como mayores recorridos de alternatividad a la penadetentiva. Por otra parte, la estacin de la alternatividad (a travs dederivacin procesal, penas sustitutivas y medidas alternativas) no setomaba como efecto obligado de la flexibilizacin de la pena (y portanto, de la produccin de un derecho penal cada vez ms desigual enla fase del sentencing), sino slo como oportunidad para reducir elrecurso a la pena privativa de libertad. Por lo tanto, se miraba haciaaquellas realidades nacionales que se haban inclinado a favor de reco-rridos de alternatividad. Era suficiente este simple dato para hacercreer que bastase con invocar esta estrategia para colocarse, de algnmodo, al frente del problema en una perspectiva abolicionista y en unlapso razonable de tiempo.Y, sin embargo, la penologa crtica ya nosadverta que la ampliacin de los circuitos de alternatividad no secompensaba con una correspondiente restriccin de la penalidadestrictamente carcelaria. Es ms, en los Estados Unidos de aquellosaos pareca que se asista a una situacin paradojal: ms condenados apenas restrictivas de libertad se acompaaba de ms condenados apenas privativas de libertad.Y todo esto comenzaba a hacer vacilar, enalgunos, el optimismo penolgico que haba permitido, incluso en ladoctrina ms cautelosa, sostener una relativa estabilidad de las penasdetentivas en el mediano plazo y una tendencial reduccin de las mis-mas en el mediano y largo plazo. Habamos entrado en la tercera fasede evolucin de la crcel y ninguno haba sido capaz de comprenderesta evolucin con la debida anticipacin. Se necesit tiempo paraentenderla.

Pero, tambin viciada por un dficit terico, estaba la estrategia queha credo y an cree poder afirmar la tutela de los derechos del dete-nido. Es verdad que desde hace ms de cincuenta aos a nivel supra-nacional primero y nacional luego, se ha inaugurado la etapa, no slodoctrinaria sino tambin legislativa y jurisprudencial, de afirmacin deciertos espacios de libertad para quien es penalmente privado o limi-tado de la libertad personal. Pero no es posible olvidar que esta esta-cin no logr desplazar ni un slo milmetro la cuestin terica de 27

Introduccin

cionista y el de afirmacin de los derechos de los detenidos, tratandode considerar crticamente tanto las ambigedades irresueltas como laspotencialidades de ambos.

La cuestin abolicionista ha nacido al interior de la cultura progre-sista del Estado Social, nica que permite entender de qu manerafueron desapareciendo, paulatinamente, las razones originarias de lacrcel. En este sentido, la hiptesis abolicionista no tuvo nunca nadade revolucionaria: desde la mitad del siglo pasado la reforma penal seorienta en el mundo occidental hacia el horizonte del desencarcela-miento, como destino obligado antes que auspicioso. Que la discipli-na existiera ya en lo social y que, por lo tanto, ya no necesitara con-centrarse coactivamente en los espacios de la crcel, fue una idea fuer-te para el pensamiento progresista en el Estado Social de Derecho. Deeste modo, la eleccin abolicionista pertenece al realismo social-democrtico, y durante la hegemona del Estado Social se traduce,aunque contradictoriamente, en accin poltica.

Pero el desencarcelamiento no era slo una meta a la cual aspirar,era tambin un proceso histrico del que se poda dar cuenta. En sn-tesis, el desencarcelamiento aun antes de ser una finalidad de polticapenal, era un dato de hecho del que se poda dar razn incluso desdeun punto de vista descriptivo.Y si la poblacin detenida en un siglo sehaba reducido a un cuarto, todo permita entender este proceso comoalgo ya irreversible.Y no tanto o no slo porque descriptivamente sepoda observar una constante disminucin de la poblacin detenida alo largo del tiempo, sino porque esta contraccin encontraba, enton-ces, un modelo explicativo capaz de presentar las razones del fen-meno. El desencarcelamiento como objetivo poltico alcanzable enperodos medio-breves, conoci su poca de oro. El pensamiento abo-licionista no hizo otra cosa que tomar las consecuencias del cambiodisciplinar y aprovechar la contingencia histrica para observar la cr-cel y su historia en el momento en que se evaporaban las razones desu originaria fundacin.

En sntesis: el abolicionismo carcelario se coloc al lado de unaperspectiva poltica moderada, minimalista e ingenua que termin por26


Unidos de las ltimas tres dcadas y a la vasta literatura que ha exami-nado crticamente las razones de fondo del surgimiento del nuevogran internamiento.Ya sabemos que el tpico carcelario atraviesaactualmente la singular aventura de ser entendido y explicado dediversas maneras.Al menos dos retricas distintas leen su presencia. Laprimera hoy en crisis es elitista, de carcter fundamentalmente pro-gresista; la segunda hoy en fuerte crecimiento est ms cerca encambio del modo de pensar de la mayora, aparentemente es msdemocrtica, ciertamente es ms populista.

Este segundo discurso penolgico no manifiesta ningn embarazofrente a la crcel. Esto es as respecto de la utilidad de la pena detenti-va, aunque invoca nuevas modalidades de aplicacin de la misma. Estanueva idea de penalidad parece rstica en sus extremas simplificacio-nes y no es celebrada en disertaciones acadmicas. Se expresa en losdiscursos de la gente y habla directamente a la gente en las palabras delos polticos a travs de los medios masivos de comunicacin, pero sedifunde y termina por articularse en tpicos que encuentran o tratande encontrar incluso una legitimacin cientfica. Se est difundiendoactualmente una cultura populista de la pena que plantea, quizs porprimera vez, el tema de una penalidad socialmente compartida desdeabajo, segn la cual en ciertas condiciones la pena de crcel puede sertil para producir menos criminalidad y menos reincidencia.Ciertamente no porque a travs de la ejecucin de la pena detentivase pueda resocializar a los criminales o porque la pena de crcel logreintimidar a los potenciales desviados. La crcel puede ser til para elgobierno de la criminalidad y de la reincidencia en tanto y en cuantoest en condiciones de operar con finalidades de neutralizacin selec-tiva.

El fin de la neutralizacin selectiva se origina al interior de unacultura tecnocrtica y administrativa de la penalidad: sta interpreta lajusticia penal como sistema que persigue objetivos de eficiencia, comopor ejemplo diferenciar la respuesta segn niveles de peligrosidad eimplementar estrategias de control sobre grupos sociales. La retricaque surge es la del clculo probabilstico y la distribucin estadstica, 29

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fondo: cualquier derecho del condenado y todava ms del detenidoresulta afirmado a travs de la formulacin negadora del derecho reco-nocido condicionalmente. Para que se entienda, esta formulacin esan hija legtima de la teora administrativa de la supremaca espe-cial. Incluso cuando el reconocimiento formal de un derecho espleno, de hecho est subordinado no tanto por el poder discrecionalde la autoridad como por la naturaleza de la penalidad misma.Yo noveo un solo derecho de los numerosos abstractamente reconocidosal condenado privado o limitado legalmente de la libertad personal,que deberan ser, y en parte lo son, in the books que no sea el que con-tingentemente puede sobrevivir, aunque sea residualmente, a lasnecesidades materiales y funcionales que sustancian la ejecucin de lapena misma. Entonces, honestamente, no entiendo cmo se puedahablar de derechos en sentido propio.

No pretendo teorizar la pena privativa y/o limitativa de la libertadpersonal, actualmente, como esclavitud legal, aun si no puedo ignorarque as fue pensada en los orgenes de la modernidad. Mucho menospretendo convencer que as no slo sea, sino que deba ser. Miposicin es distinta. Por un lado, es crtica respecto de una teorizacinque juzgo negativamente ideolgica, que quiere hacernos creer en laposibilidad real de una penalidad privativa y/o limitativa de la liber-tad personal respetuosa de cualquier otro derecho. Esta posicin noslo no describe el ser de la penalidad sino que prescriptivamenteindica una meta imposible dado que la naturaleza misma del castigolegal es la produccin artificial de una diferenciacin social por degra-dacin de status jurdico. Entonces, esta posicin puede sostenerse,pero slo a condicin de que se sea consciente de su naturalezaembustera y as se haga un uso polticamente instrumental de lamisma. Lo que quiero decir es que, en definitiva, esta posicin es pol-ticamente aceptable justamente en cuanto se propone lo imposible.

El captulo sexto afronta la tesis central de toda la reflexin desarro-llada hasta aqu: cmo y a travs de qu proposicin terica y polticase impone un nuevo punto de vista sobre la penalidad. En este mo-mento, el inters se dirige principalmente a la realidad de los Estados28


dad. Seguridad y libertad Se convierten entonces en los dos polos deuna tensin estructural pero no dialctica, en cuanto es incapaz deofrecerse para una sntesis. En el derecho penal del ciudadano siempreresulta posible individualizar la presencia, ms o menos molesta, delenemigo.

Y entonces, qu es lo que Jakobs el ms brillante dogmtico ale-mn, discpulo predilecto del liberal Roxin dice de distinto comopara monopolizar el debate en torno al derecho penal del enemigo?Jakobs no habla del enemigo en el derecho penal, sino del derechopenal del enemigo y entonces no se limita a denunciar las contradic-ciones nsitas en la historia y en la actualidad del derecho penal libe-ral; por el contrario, prescriptivamente teoriza que el sistema de la jus-ticia criminal debe avanzar a mayor velocidad, de forma tal que juntoa un sistema penal de las garantas de los ciudadanos se legitimen otrossistemas penales diversos contra aquellos que no pueden ser conside-rados como personas y que entonces deben ser definidos comoenemigos, en cuanto socialmente peligrosos.Y contra los enemigosya se sabe lo que vale es la lgica de la guerra: un derecho penal dela neutralizacin, de la incapacitacin selectiva y del control social tec-nocrtico, hasta un derecho penal del exterminio. Es decir, que elHolocausto es una eventualidad, incluso residual, a la cual no podemossustraernos, que permanece contigua, si no interna, a la justicia penalfraterna, atenuada y garantista. Lo que diferencia a ambas posicionesparecera ser ms formal que sustancial.

Actualmente el debate sobre la legitimidad del derecho penal se vecada vez ms caracterizado por el binomio reduccionismo versusexpansionismo, o bien por el debate sobre el contexto y sobre lasexigencias de la modernizacin del derecho penal. Esta estrategia secontrapone a la doctrina de la resistencia (o doctrina del garantismopenal), descalificada como ultraliberal y reaccionaria, y se posiciona afavor de un derecho penal eficaz en el combate de los fenmenos cri-minales y por esto obligado a atenuar los vnculos histricos de lahipoteca garantista.Aqu se coloca la teorizacin del derecho penal delenemigo. La cuestin, por lo tanto, ya no es acadmica o no lo es sola- 31

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aplicados a las poblaciones que generan problemas sociales. El gobier-no administrativo del control penal tiende a construirse en torno aobjetivos sistmicos que difieren radicalmente del uso simblico de lapenalidad. La gestin administrativa de la penalidad responde slo a sulgica interna, desvinculada de finalidades extra-sistmicas.

Podemos preguntarnos si la penalidad en la posmodernidad noobstante el nfasis puesto sobre los valores de la racionalidad burocr-tica, de la eficiencia y del clculo termina por confiarse a una eco-noma del exceso de los castigos, en suma a una penalidad exquisita-mente expresiva. En efecto, lo que actualmente parece que puede con-siderarse como elemento nuevo es la progresiva prdida de peso de laslites intelectuales favorables a polticas sobre la cultura de la penali-dad.Y en los sistemas democrticos, tal vez por primera vez, la pena-lidad deviene objeto significativo del intercambio poltico entre elec-tores y elegidos, entre opinin pblica y sistema poltico.A falta de unacultura adecuada para una sociedad de elevado riesgo criminal, se ter-mina por responder a los difusos riesgos criminales con el instrumen-to de una penalidad difusa. Es interesante destacar cmo el desliza-miento obligado hacia una penalidad excesiva termina por liberar lajustificacin misma de la pena de cualquier slido anclaje en rigurosasvaloraciones tecnocrticas. sta resulta nuevamente atrada hacia unocano de justificaciones ideolgicas. La justificacin del derecho depunir regresa as a su origen primitivo, a aquella fase que precedi alquiebre impuesto por la modernidad, es decir a una penalidad libera-da en sus contenidos y en sus formas de todo vnculo racional. Unasuerte de regreso, entonces, a una penologa fundamentalista.

El captulo sptimo desplaza la atencin hacia las consecuencias delmodelo de exclusin al interior del discurso penal, confrontndosedirectamente con las posiciones favorables a un derecho penal delenemigo. El derecho penal de la modernidad es decir, liberal enestos ltimos dos siglos se ha presentado siempre, para un anlisis cr-tico, como atrado por dos instancias opuestas: por un lado, la de garan-tizar los derechos de los ciudadanos frente al poder punitivo y, porotro, la de producir la seguridad de los mismos frente a la criminali-30


plidas de la modernidad: la funcin disciplinar subrogada de la socie-dad y monoplicamente asumida dentro de los lmites de la legalidaddel sistema de justicia penal, se revela cada vez ms incapaz de gober-nar, es decir, de producir orden. El dominio del sistema de controlsocial penal se ha vuelto, progresivamente, demasiado vasto como parapoder ser mantenido y lo que se produce por fuera de ste exige a lamente verdaderos procesos de refeudalizacin de las relaciones sociales.

En este contexto poltico de disolucin, es posible asistir al surgi-miento de dinmicas sociales que se plantean como objetivo respon-sabilizar a la sociedad civil y restaurar la capacidad y virtud de auto-regulacin de los conflictos que gozan de un amplio capital de simpa-ta social. La puesta en escena de la mediacin, se coloca as en esteescenario de amplia adhesin consensual al hecho de tomar informal-mente a cargo las situaciones problemticas, abandonadas de hechopor los sistemas formales de control. Todo lo bueno y todo lo maloque se puede decir de la restorative justice, se juega en torno a su origi-naria y primitiva fundacin sobre un modelo consensual contra aqulotro conflictual de las relaciones sociales. El espacio de practicabilidadde una gestin del conflicto entre las partes privadas se determina enrazn de la medida en que la estructura social sea socialmente com-partida como estable; el espacio histrico y poltico de practicabilidadde una solucin slo entre las partes del conflicto est en razn direc-ta a la distancia que ste tiene de la construccin social del hechocomo crimen laesae maiestatis.

Los captulos siguientes, el noveno, dcimo y undcimo, afrontanlas tres cuestiones nodales de las polticas de seguridad urbana: el temadel gobierno de la ciudad y de sus nuevos conflictos, la determinacinde procesos de deterioro urbano como reflejo de la crisis del orden dela ciudad industrial y los problemas conexos a una poltica democr-tica de la seguridad.

El captulo noveno, en particular, se interesa por la creciente deman-da social de seguridad frente a la criminalidad como reflejo de insegu-ridades tanto objetivas como subjetivas. La tutela de la seguridad antela criminalidad aparece socialmente inadecuada en relacin a la de- 33

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mente. Para Jakobs, en efecto, ningn contexto normativo, incluyendola persona en el derecho, es tal de por s, es decir por deber ser, sinoque deviene real slo en el momento en que este contexto normati-vo se socializa e historiza. Esta tesis lleva a sostener que quien no ofre-ce un grado suficiente de seguridad cognitiva respecto a sus compor-tamientos futuros no puede esperar ser tratado como persona. El dere-cho penal del enemigo existe, entonces, en los hechos; y existe porquees necesario; luego, si es necesario, es tambin legtimo. Entonces, eneste orden, la argumentacin de Jakobs pasa de una constatacin des-criptiva a una hiptesis explicativa; y de sta a una afirmacin pres-criptiva. La inequvoca eleccin a favor de prcticas de neutralizacinrespecto de tipos de autor advertidos como peligrosos en cuanto vio-lando reiteradamente la ley penal ofrecen una insuficiente seguridadcognitiva de comportamientos (futuros) conformes a las expectativasnormativas vigentes, se ofrece como coherente ejemplificacin de loque debe entenderse como estado de la prevencin en el derechopenal del enemigo. El objetivo principal del derecho penal del ene-migo resulta entonces la seguridad cognitiva. Por lo tanto, no se tratade actuar por la conservacin y el mantenimiento del orden, sino antesbien de producir las condiciones necesarias a travs de las cuales sepueda eliminar a todos aquellos que no ofrecen la garanta mnimanecesaria para ser protegidos como personas. La incapacitacin delos enemigos se justifica en cuanto se dirige hacia no-personas. Losenemigos son Unpersonen. Esta negacin de la condicin de persona essostenible tericamente slo y en cuanto se reconozca que sta, esdecir la personalidad, no es un dato de la naturaleza sino una atribu-cin normativa, de carcter moral, social y/o jurdico.

En el captulo octavo me interrogo sobre el sentido poltico, aunantes que cientfico, del surgimiento del paradigma compensatorio enel sistema de justicia y en las experiencias de mediacin penal. Elmodelo reparativo-mediatorio se desarrolla, en efecto, ms all de loslmites del orden mismo; prospera en territorios sociales progresiva-mente abandonados por los sistemas formales de produccin de or-den. Nos encontramos frente a otra de las grandes promesas no cum-32


costo inevitable. Ms all de las apariencias, el gobierno de la seguridadcomo produccin de condiciones de mayor tutela de los derechos con-tina siendo un tema (o una ilusin) de las polticas del Estado Socialde Derecho. Efectivamente, la idea misma de cmo gobernar el desor-den de las ciudades es un tpico que reenva a la confianza en el pri-mado de la poltica sobre el mercado. Es un tema que, poco tiempoatrs, se hubiera reconocido como propio de una cultura de gobiernodemocrtica y de izquierda. La situacin paradjica que hoy estamospadeciendo radica justamente en esto: la cultura poltica democrtica yde izquierda, legtima heredera de una tradicin que ha reivindicadocon orgullo, durante al menos toda la segunda mitad del siglo pasado,el primado de la poltica sobre el mercado y que incluso ha estado encondiciones de imponer hegemnicamente modelos avanzados deEstado Social de Derecho, hoy ya no parece capaz de ofrecer una ideaconvincente para el gobierno de los nuevos conflictos y, por lo tanto,para un nuevo orden que se contraponga al presente desorden.

En el dcimo captulo me ocupo de los fenmenos de deterioro ur-bano. Est deteriorado aquel territorio metropolitano signado porfenmenos y comportamientos sociales que en su manifestacin vio-lan normas concernientes al espacio pblico que parecen compartidaspor algunos (muchos o pocos) y una cierta regulacin convencionaldel tiempo social; y esto puede manifestarse por la presencia de fen-menos de desorden fsico (grafitis, acumulacin de basura, ataquescontra cabinas telefnicas y bancas, bicicletas y ciclomotores, etc.) y/ode desorden social (txico-dependientes, traficantes, prostitutas decalle, vagabundos, etc.) o bien por otros testimonios de descuido quedan la sensacin de una administracin pblica incumplidora e inefi-ciente (veredas y calles desconectadas, contaminacin atmosfrica yacstica, trfico catico, etc.). En sntesis, est deteriorado aquel terri-torio urbano que suscita un sentido de extraeza, fastidio, ansia o te-mor porque atestigua un conflicto no resuelto respecto del uso del es-pacio pblico y de la regulacin convencional del tiempo social.

En este sentido, el deterioro urbano surge casi siempre de una per-cepcin subjetiva. Pero an ms: un espacio urbano que hoy definimos 35

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manda social de seguridad. El fenmeno, generalmente percibidocomo difusin del pnico social, indica entonces una desproporcinsocialmente padecida. Los trminos en que actualmente se reconoceel fracaso del gobierno institucional de la seguridad son mltiples: elaumento de la criminalidad y sus transformaciones cualitativas msamenazadoras, la ineficacia de las respuestas relativas a la desviacin, lacrisis del Estado Social para garantizar las condiciones del orden social,la obsolescencia de los mecanismos de disciplina social informal.A suvez, la necesidad de seguridad social insatisfecha produce una deman-da social de seguridad a la que actualmente se trata de responder deuna doble manera: por un lado, atribuyendo todava ms valor al siste-ma represivo en un circuito de peligrosa autorreferencialidad que legi-tima al mismo sistema penal, en una dimensin fundamentalmentesimblica; por otro lado, reivindicando un espacio cada vez ms priva-do para la defensa de la seguridad social. Actualmente, las culturas dederecha pueden hacer un buen juego sugiriendo respuestas a lasdemandas sociales de seguridad, exasperando las tendencias simblicas,por un lado, y tecnocrtico-liberales, por el otro, ofrecidas por el siste-ma de justicia penal. Para la reflexin crtica, parece suficientementeclaro que la inseguridad social frente a la criminalidad es el productode una compleja construccin social al interior de la cual el riesgoefectivo de la criminalidad tiene un rol slo marginal. Pero justamen-te porque somos conscientes de esto, es necesario tomar seriamenteen cuenta los temores de la gente.

El pnico social por la criminalidad se transforma, cada vez ms, enun concepto extraordinariamente vago, capaz de homologar inseguri-dades subjetivas y colectivas diversas y etiolgicamente tambin hete-rogneas. Las polticas neoliberales puestas en accin son incompatiblesontolgicamente con la poltica de gobierno del bien pblico de laseguridad, dado que son slo polticas represivas. Las polticas neolibe-rales hoy imperantes, en efecto, confan en el orden del mercado, esdecir en la calificacin de la seguridad como bien esencialmente priva-do y, por lo tanto, carecen de una idea de orden para contraponer alpresente desorden. Paradjicamente comparten el desorden como34


de la relacin entre dimensin local y dimensin central, como podraser entre un barrio y la administracin comunal y/o regional, en elsentido de que la accin de prevencin se realiza siempre localmen-te pero debe dialogar con un polo central que est en condicionesde financiar, coordinar, corregir y sobre todo indicar las lneas estrat-gicas de fondo, as como evaluar la eficacia de la accin misma.

Pero la accin de prevencin es eficaz si est en condiciones demovilizar a la gente. Ciertamente, si con esto se quiere entender queen torno a la accin de prevencin es necesario suscitar un amplioconsenso social. En cambio, ms prudente debe ser el juicio si se quie-re entender que la accin de prevencin deba ser actuada siempredirectamente desde la colectividad y/o con la colectividad interesada.Al menos es prudente no hacerse demasiadas ilusiones. Actualmenteno hay quien no advierta que, en particular en las gruesas concentra-ciones metropolitanas, se hace problemtico poder contar con unpatrimonio de valores ampliamente compartido que permita hablarcorrectamente de comunidad.Y bajo otros aspectos, tal vez no es nisiquiera auspicioso que ese compartir se produzca. La movilizacinde la gente en torno a proyectos de prevencin a menudo se constru-ye sobre el nico elemento negativo del temor frente a la crimina-lidad.Y sabemos bien que no siempre la representacin alarmada deldelito coincide con la realidad.Algunas veces la alarma se difunde msentre quienes de hecho estn menos expuestos al riesgo de victimiza-cin y, otras veces, se verifica tambin lo contrario, es decir donde hayms riesgo puede haber menos temor.

En sntesis: si se toma seriamente en consideracin el temor colec-tivo a la criminalidad, no es sobre el mero temor que se debe construirconsenso en las polticas de seguridad. Es necesario distinguir la accinde prevencin que trata de reducir el riesgo criminal y as volver msseguras las ciudades, de aquellas intervenciones que tratan de hacersentir ms segura a la colectividad, sin volverla tal.

En este breve resumen, espero haber trazado con cierta claridad elhilo rojo que indica el recorrido accidentado a travs del cual, en100.000 palabras, he querido abordar este objeto de investigacin: las 37

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como deteriorado no siempre est signado por la penuria o la caren-cia de algo. Por el contrario, a veces puede ser un exceso de recursoseconmicos o una particular riqueza de oportunidades sociales, cultu-rales y polticas que lo hacen percibir como deteriorado. Frente a estasmanifestaciones, hoy no existe una idea (suficientemente) compartidaacerca de qu orden dar al presente desorden y dudo seriamente quese la pueda encontrar pronto. Esto no significa que no se pueda ope-rar pblicamente para volver ms acogedoras nuestras ciudades, sepuede hacer, pero sabiendo que no existen soluciones practicablescapaces de resolver los problemas de raz, sino slo estrategias capacesde controlar algunas consecuencias problemticas.

Por ltimo, en el undcimo captulo, examino las condiciones nece-sarias para un gobierno democrtico del bien pblico de la seguridad.Como se constata actualmente a nivel internacional, la mayor parte delas polticas de seguridad oscila entre un exceso de especializacin yun exceso de generalidad. En efecto, las acciones de prevencin situa-cional dirigidas a los criminales y desviados virtuales, en la tentativa deinfluenciar positivamente sus conductas, terminan por desarrollar unaestrategia puramente defensiva, de la cual es dudosa tanto su eficaciapreventiva como su repercusin favorable y duradera sobre los senti-mientos colectivos de inseguridad. Por el contrario, las acciones socia-les de prevencin corren el riesgo de ser ofensivas pero no percibidas,ya que atacan un malestar social amplio, ciertamente aplacable perodifcilmente resoluble y, sobre todo, no pueden ofrecer pruebas de efi-cacia preventiva respecto del delito.

Y entonces, qu hacer? Hoy se acuerda en que la accin de pre-vencin criminal debe privilegiar la dimensin local lo ms descen-trada posible, de hecho la referencia ms recomendada es la delbarrio. Pero es necesario aclarar el significado de esta eleccin. Sicon sta se pretende negar la eficacia a una estrategia preventivaimpuesta desde arriba, como podra ser una poltica nacional de pre-vencin del delito, no se puede ms que estar de acuerdo. En cambio,serias perplejidades suscitara una estrategia preventiva que pretendie-ra agotarse en el nivel local. Parece ms acertado captar la esencialidad36


nal, loco, txico-dependiente, etc., fuera tal en tanto pobre, en senti-do amplio. Si la atencin se dirige a las causas, el inters pblico seconcentra en quien tiene menos y en quien el farmacum est en con-diciones de curar. En el Estado Social, este medicamento se ha produ-cido a travs de una re-distribucin del capital social.Y todo esto pare-ci congruente aun cuando hoy pueda parecer ingenuo con unmodelo de inclusin social.

El tpico de la seguridad, por el contrario, se plantea como unaoportunidad ciertamente no la nica para proponer un orden nor-mativo de post-welfare, en el radical derrumbe funcional de los postula-dos del Estado Social de Derecho: de la atencin al criminal se pasa ala atencin de la vctima; de la sola respuesta pblica a la cuestin cri-minal se pasa a la bsqueda de un espacio para la respuesta privada(tanto respecto del desviado como de la vctima); de la centralidad dela categora del dficit (y de la liberacin de la necesidad) se pasa a ladel riesgo, es decir al clculo del peligro; del inters por las causas sepasa a una preocupacin respecto a las consecuencias; de una preven-cin social se transita as hacia una prevencin situacional y actuarial.

De esta forma, el tpico de la cuestin securitaria resulta signadopor algunos elementos de originalidad respecto a las polticas de con-trol social y penal propias del Estado Social de Derecho. ste surge enla/por la crisis del Estado Social y prefigura una hegemona polticaneoliberal en el pasaje de una seguridad social a una situacional, dondela seguridad es teorizada como un derecho de los ciudadanos quepuede ser satisfecho en primer lugar por el mercado mismo, comobien privado, y slo subsidiariamente por el Estado.

De este modo todos son responsabilizados individualmente por lainseguridad: los actores transgresores por su estilo de vida desviado(libre y por lo tanto desresponsabilizante respecto tanto del Estadocomo de la sociedad civil), y las vctimas por su estilo de vida impru-dente.

El tpico de la seguridad ya no aspira a la solucin de los problemas,porque es escptico respecto a la posibilidad de remover las causas obien no considera que sean problemas, sino para algunos. La atencin se 39

Introduccin

relaciones entre el surgimiento del tema de la seguridad y las transfor-maciones complejas del sistema penal. En extrema sntesis, mi tesis seexpresa en el ttulo del presente volumen: Castigar al enemigo.Criminalidad, exclusin e inseguridad.

El nudo complejo de estas relaciones reenva al de la transforma-cin de nuestras democracias frente a las nuevas emergencias, punto devista que permite entrever un horizonte bastante ms amplio de pro-blemas.

Alessandro Baratta se ha incorporado con inters y extrema aten-cin al debate sobre la seguridad en el mundo abierto a la posmoder-nidad (en Italia, Alemania y Espaa, as como en Amrica Latina),expresando en pocas palabras su severo juicio: el discurso sobre laseguridad no est (an) en condiciones de apreciar el significado, omejor, el sentido de la diferencia entre la afirmacin normativa (o dedeber ser) de la seguridad de los derechos, de aquella otra del dere-cho a la seguridad y, en este indistinto o confuso estado, dicho dis-curso ha clausurado (por ahora) toda conciencia crtica.Aclaro lo queBaratta pretenda decir: la seguridad no es un derecho de los ciudada-nos y sobre todo como tal no podr nunca ser teorizada. Ciertamenteno es un derecho de primera generacin, ni siquiera de segunda, encuanto la seguridad es la consecuencia de la seguridad de los derechos.Slo garantizando los derechos de todos se produce el bien pblico dela seguridad de todos. Entonces, el derecho a la seguridad no expresaprescriptivamente nada, simplemente porque no existe, no tiene lugar.

Ahora bien, esta nota barattiana puede traducirse con bastante fide-lidad en un lxico distinto, como el pasaje de una seguridad demo-crtica a una democracia de seguridad.

El viejo orden normativo-penal propio del Estado Social de De-recho se construy sobre una mission inclusiva, an invadida por la cul-tura positivista favorable a las acciones pblicas de bonificacin social,es decir a la tarea de remover o al menos reducir los dficits produci-dos por el mercado. El inters se diriga, entonces, al que teniendomenos poda pretender el to care como derecho, es decir, como de-recho a la seguridad social. Se reconoca que el actor desviado crimi-38


cial de seguridad. Por el contrario, se trata de una recalificacin de lapoltica, de la voluntad de instaurar contra-poderes all donde antes noexistan, de reencontrar la soberana all donde sta se encontraba con-cedida o bien expropiada a los/de los sistemas burocrticos de repre-sentacin. Es decir, que la construccin social que produce la expan-sin de la demanda de seguridad es slo el sntoma ms visible de unatransformacin y crecimiento de la democracia ms all de la funcinde representacin proveda por el Estado de Derecho.

Pero, cules son las pre-condiciones materiales que han posibilita-do este proceso de emergencia de una demanda de seguridad, comola que pretende la opinin pblica, a la cual el sistema poltico se veobligado a dar alguna respuesta?

Pienso que los ciudadanos de las democracias occidentales debenconfrontarse con una experiencia nueva sobre todo si consideramoslos niveles de seguridad frente a la criminalidad en la segunda parte delsiglo XX que se puede considerar estructural a los nuevos procesosde globalizacin: el riesgo de criminalidad se est difundiendo (en elsentido de esparciendo) y expone ya a la mayora de los ciudadanos,reiteradamente, a la experiencia de victimizacin. Nuestras sociedadesson y sern cada vez ms high crime societies, donde el riesgo criminalno estar restringido a unos pocos en buena medida, como en el pa-sado, a los miembros de la upperclass sino extendido a la mayora delos co-asociados.

Esto de la mayora es un aspecto nuevo que juega un rol signifi-cativo en el concepto de democracia en relacin a las problemticasvinculadas al tema de la seguridad. Pero lo juega incluso paradjica-mente: tanto porque desde una perspectiva victimolgica la exposicinal riesgo es y ser siempre extremadamente diferenciada en razn devariables como la edad, el gnero, la instruccin, el ingreso, el estilo devida, etc.; como porque la decisin pblica dirigida a destinar recursospara garantizar el bien pblico de la seguridad se ve obligada a ajustarcuentas con la escasez y, por lo tanto, resulta ontolgicamente ineficazfrente a los fenmenos masivos. Entonces, en definitiva, no se lograrnunca compartir un punto de vista general en la decisin poltica sobre 41

Introduccin

concentra, entonces, slo en las consecuencias que las cuestiones plan-tean. Pero, en relacin a las consecuencias todos somos distintos. Porotra parte, el recurso pblico de la represin/prevencin situacional esun bien escaso que puede ser diversamente colocado en la sociedad enrazn de una negociacin poltica en la cual la mayor seguridad dealgunos corresponde, forzosamente, a una mayor inseguridad de otros.

Todo esto invita a reflexionar sobre el pasaje de una democraciarepresentativa hacia una democracia de opinin en la decisin pol-tica que determina la distribucin del recurso pblico de la seguridad,que corre el riesgo de volverse ella misma un recurso privado ya que,de todos modos, sirve a intereses que no pueden nunca ser generales,sino siempre particulares.

Las reglas de la democracia representativa al menos se han ilusio-nado con producir un punto de vista general en la decisin polticasobre la asignacin de los recursos pblicos. La democracia de opi-nin, en cambio, no ha cultivado nunca esta ilusin.

Dirijamos la mirada hacia la demanda pblica de seguridad, hoy.En los sistemas democrticos, tal vez por primera vez, el recurso

pblico de la seguridad deviene objeto significativo (en algunos casosincluso principal) del intercambio poltico entre electores y elegidos,entre opinin pblica y sistema poltico.Y en esto quizs es posiblecaptar un perfil de democratizacin de la poltica, incluso en el nuevosentido ofrecido por la democracia de opinin.

En efecto, el fenmeno de inflacin de la penalidad tanto en abs-tracto como en concreto es tambin un signo de la crisis de la demo-cracia representativa y del surgimiento prepotente de una democraciade opinin. En la democracia de opinin se exalta la percepcin emo-cional del sujeto reducido a sus emociones ms elementales: temor yrencor.Y el nuevo discurso poltico tiende cada vez ms a articularsesobre estas emociones, que el sistema represivo est en condiciones deexpresar coherentemente en la funcin de produccin simblica desentido, a travs del proceso de imputacin de responsabilidad.

No es tanto la crisis de la poltica tout court, entonces, la que deter-mina el efecto de la expansin penal como respuesta a la demanda so-40


Una decisin compartida que exprese un punto de vista compartidopor la mayora no es fcil encontrarla en quines deben estar ms inse-guros para que otros estn ms seguros. De esto se sigue que el gobiernode la seguridad coloca un nfasis democrtico-populista en la demanda,pero una solucin tecnocrtica y autoritaria en la respuesta. O simple-mente no encuentra solucin alguna, como frecuentemente sucede.

Frente a estas manifiestas y macroscpicas deficiencias del sistemapoltico democrtico para teorizar la seguridad como bien pblico, elmercado del bien privado de la seguridad ofrece soluciones que apa-rentemente afectan slo a algunos, pero que en realidad tienen conse-cuencias sobre todos. El mercado est en condiciones de ofrecer cuo-tas de seguridad a quien est en condiciones de comprarlas, pero ope-rando de este modo descarga cuotas agregadas de inseguridad sobreaquellos que no estn en condiciones de acceder al libre mercado dela seguridad.Y esto determina una constante reiteracin de demandasde seguridad por parte de aquellos que, al ser relativamente ms dbi-les, son cada vez ms inseguros. Estas demandas crecientes y no satis-fechas, eventualmente podrn confluir en el mercado poltico de ladistribucin del bien pblico de la seguridad. Pero la manta demasia-do corta del bien pblico de la seguridad y la dificultad para encon-trar un punto de vista compartido acerca de cmo repartirla, favore-cern cada vez ms el uso simblico del recurso represivo, el nico debajo costo y del cual el sistema estatal mantiene una reserva monop-lica. El resultado, me temo, ser cada vez ms el anunciado, una suertede democracia penal, al interior de la cual se estructurarn cada vezms aquellos procesos de uso tecnocrtico de la penalidad que son elobjeto del presente volumen.

Finalmente, en lo que concierne al aparato bibliogrfico, me hepermitido un lujo del que pueden gozar slo los viejos profesores,aquellos que ya no deben rendir cuentas a la comunidad cientfica dehaber ledo todo, sobre todo la produccin cientfica de los colegas. Elobjeto del presente volumen permitira citar un nmero de ttulos queagotara cmodamente las 100.000 palabras. Es ms, para contenerloen este espacio se deberan realizar minuciosas y rigurosas selecciones. 43

Introduccin

los recursos a emplear en la tutela del bien pblico de la seguridad. Omejor dicho: el nico punto que siempre y fcilmente se puede com-partir es el ideolgico o de principio. Podemos firmar, junto a unaamplia mayora, un documento sobre la necesidad de refundar la lega-lidad en nuestra vida social, pero luego no estaremos de acuerdo acer-ca de dnde y cmo emplear, sobre el territorio, las fuerzas de polica.

Pero el perfil an ms paradojal del problema que impide encon-trar una decisin compartida por la mayora ante una cuestin pade-cida por la mayora, reside en el hecho de que se est constreido atomar una decisin respecto a las consecuencias y no a las causas.

Planteo un ejemplo fcil.Tal como se encuentra hoy construida lacuestin de las drogas, los jvenes dependientes son percibidos comoproductores de inseguridad tanto respecto a ellos mismos como respec-to a los dems. La naturaleza exquisitamente artificial de la construc-cin misma de la droga ilegal invitara a discutir y tomar una decisincompartida acerca de cmo intervenir sobre las causas del fenmeno.

Ahora bien, actualmente nadie posee una estrategia convincente(en tanto demostrada como eficaz) acerca de cmo educar a los jve-nes para resistir a la cultura de la droga, algunos pocos piensan queen el presente cuadro supranacional de lucha o peor an de guerra alas drogas, se puede perseguir provechosamente la va de la legalizacinde las mismas en un solo pas. De este modo resulta clausurada la vade polticas eficientes para contrarrestar el fenmeno. El momentodecisional o de la eleccin poltica, concierne por lo tanto slo a quiendebe sufrir las consecuencias del fenmeno, esto es la familia del txi-co-dependiente, los servicios pblicos, los residentes del gueto, etc.Luego, a nivel local, la cuestin es an ms dramtica, dado que todaintervencin al final slo puede adoptar elecciones de zonificacin. Siliberamos la va del mercado de las drogas ilegales, dnde admitimosque se haga la oferta y la demanda de drogas? Lo mismo vale para laprostitucin, el vagabundaje metropolitano molesto, el juego de azar,el comercio abusivo, la ocupacin ilegal del terreno pblico, etc. Ladecisin acerca de cmo dar orden al desorden se traduce as en otracosa: qu espacio dar al desorden.42


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Y bien, si mi razonamiento deba condensarse en 100.000 palabras, labibliografa de referencia no poda exceder de aquella mnima y esen-cial.Y as lo he hecho: apenas 400 obras.

Massimo PavariniBologna, Febrero de 2008.

I. Crcel sin fbrica*

Crnica de una obra de juventud

Hace ya treinta aos, junto a mi amigo Dario Melossi escribCrcel y fbrica1 (1977), trabajo cientficamente pobre bajodiversos criterios, pero que tuvo un xito inusitado, sobre to-do a nivel internacional. En poco tiempo fue traducido a varios idio-mas2 y an hoy Crcel y fbrica se cuenta como un clsico del revisio-nismo penolgico (as lo defini Cohen 1985a), junto al descubri-miento de Punishment and Social Structure de Kirchheimer y Rusche3

(1939) y los ensayos The Discovery of Asylum de Rothman (1971), TheInvention of Penitentiary de Ignatieff (1978) y, obviamente, Surveiller etpunir de Foucault (1975).

Dario y yo escribimos Crcel y fbrica en pocos meses, luego de unaestada de estudios en Inglaterra, adonde nos haba conducido la cu-riosidad encendida por una nota a pie de pgina de Dobb en Studiesin the Development of Capitalism (1946) por un libro de 1939, obra de

* Una versin de este escrito ha sido publicado originalmente bajo el ttulo Carceresenza Fabbrica, en Bevere,Antonio (ed.) (2007) Questione meridionale e questione crimi-nale. Non solo emergenze. Npoles: Edizioni Scientifiche Italiane. p. 135-153. 2007.

1 El ttulo original en italiano es: Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema peitenziario(XVI-XIX secolo).

2 La primera traduccin se hizo en castellano en 1980, para Siglo XXI Editores, le siguila inglesa en 1981 para McMillian Press, luego la japonesa en 1990 para Sairyusha y,finalmente, la brasilera para la Editora Revan S.A. en el ao 2006.

3 Debe hablarse, ciertamente, de redescubrimiento.Atribuible ms a la buena suerte que almrito de Melossi y del suscrito. La obra original de Kirchheimer y Rusche (1939) yacaen poqusimas bibliotecas, amenazada por la crtica roedora de los ratones, Daro y yola descubrimosa y la tradujimos para Il Mulino de Bologna en 1978. En breve siguieronuna traduccin en castellano y en alemn, luego otras en ingls, francs y portugus.


La penologa revisionista de los aos setenta

Crcel y fbrica as como la literatura criminolgica radical de la d-cada de los aos setenta comparte, aun en la diversidad de acento,mtodo y calidad, un elemento de fondo con los trabajos cientficosde aquella poca, el de ser una lectura crtica del control social y penalen las/de las democracias del Estado Social maduro. Ms especfica-mente, en lo que concierne al tpico penolgico, Crcel y fbrica per-tenece a aquel movimiento revisionista que lee a la crcel y a la cul-tura correccional como necesidades de la modernidad, como articula-ciones de aquel proyecto de la Modernidad sobre el cual Costa(1974) e incluso Macpherson (1962) antes que l, estaban por aquellosaos trabajando. Pero no slo o no tanto como invenciones del pen-samiento jurdico, sino y en esto se encuentra la nota que a posterio-ri define esta literatura como revisionista respecto de aquella filosfi-co-jurdica entonces dominante, que lea la pena carcelaria como faseavanzada en el proceso evolutivo de los sistemas punitivos, segn losdictmenes de la historiografa Whig como aparatos de produccin yconservacin de un orden poltico-econmico determinado, precisa-mente aquel capitalista. Pese a ser crtica de la institucin penitencia-ria y de la ideologa y prcticas correccionales, Crcel y fbrica piensalas formas histricas de la penalidad contempornea como dirigidas afinalidades de control social de tipo inclusivo. Es una lectura crtica,pero desde el interior del sistema correccional mismo y sobretodo esciega respecto de un cambio (ya a las puertas, si no en curso) que nollega todava a imaginar.

La ambigedad del modelo correccional

Anticipo, tal vez en extrema sntesis, cuestiones que tratar msampliamente en los prximos captulos.

En su esencia, la experiencia de disciplinar antes que domesticara los hombres, incluso a travs de la pena, expresa tanto una voluntad 47

I. Crcel sin fbrica

dos socilogos de la Escuela de Frankfurt, Otto Kirchheimer y GeorgRusche que, a juicio de Dobb, haban analizado en clave histrica larelacin entre desarrollo del mercado de trabajo y sistemas punitivos.Encontramos aquel olvidado volumen en la biblioteca de la LondonSchool of Economics. Procuramos traducirlo rpidamente y lo publica-mos casi contemporneamente a Crcel y fbrica. La traduccin italia-na, titulada Pena e struttura sociale, tuvo la virtud de favorecer el xitopstumo de la obra de Kirchheimer y Rusche, ya que se sucedieronrpidamente ediciones en varios pases (una nueva edicin americana,luego ediciones en Espaa, Portugal y Francia).

Durante aquellos mismos aos, Michel Foucault trabajaba en Sur-veiller et punir. Sabamos, por una entrevista brindada por el filsofo ypor algunos anticipos de los temas afrontados en los tan famosos comoexclusivos seminarios desarrollados en el College de France, que Fou-cault se estaba interesando por la historia carcelaria. Pero Crcel y fbri-ca estaba ya prcticamente terminado cuando Dario y yo pudimosleer, recin impreso, Surveiller et punir. Lo tuvimos en cuenta, pero slomarginalmente, ya que confrontarse con esta obra hubiera significadoescribir un libro distinto. Sin embargo, nos gust leer en las primeraspginas de la introduccin que Foucault, siempre parco en notas y re-ferencias bibliogrficas, citaba la obra de Kirchheimer y Rusche comole grande livre, nico sobre la penalidad moderna que mereciera ser ex-plcitamente recordado. Slo gracias a la buena fortuna, esa que ayudaa los jvenes, Dario y yo habamos re-descubierto a Kirchheimer yRusche en el mismo perodo, incluso tal vez antes que Foucault.Y estoayud en gran medida al xito de Crcel y fbrica que, honestamente,no poda y no puede confrontarse ni con Punishment and SocialStructure ni con Surveiller et punir. El ttulo de nuestro libro, en cambio,es todava bellsimo, tal vez entre los mejores de la criminologa deaquellos aos. Sin embargo, lo debo confesar, no es atribuible al mri-to de los autores. Nos lo sugiri una amiga,Tamar Pitch, a quien hab-amos dado la lectura de la copia dactilogrfica.

Esta es la historia de la gnesis de un libro afortunado de media-dos de los aos setenta.46


reeducacin a travs de la pedagoga penitenciaria. Es la exuberanteprimavera del modelo correccional de justicia penal, el que imaginauna pena capaz de integrar al status de proletario al no proletario.

La proposicin de incluir socialmente a travs de la educacin enla disciplina d

pavarini-2009-castigaralenemigocriminalidadexclusineins

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