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Coordinador: Carlos Javier Echarri Cánovas

Carlos Galindo • Víctor Manuel García • Juan Carlos HernándezMario Martínez Salgado • Karla Ramírez Ducoing • Landy Sánchez Peña

Prólogo de Genaro García Luna

México requiere contar con información estadística su�ciente y con�able

para comprender mejor los retos que enfrenta en materia de justicia. El

presente trabajo fue elaborado por un destacado grupo de investigadores,

a partir de un convenio de colaboración entre El Colegio de México y el

Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES) de la Secretaría de

Seguridad Pública Federal. En él se ofrece un diagnóstico de la dimensión y

evolución de los más importantes delitos violentos que se cometen en el

país: homicidio, lesiones, robo, secuestro, delitos sexuales y violencia intra-

familiar. En él se formula, asimismo, una metodología común para el análi-

sis de estos delitos, y se incluyen propuestas dirigidas a mejorar la eviden-

cia empírica necesaria para el diseño, implementación y evaluación de las

políticas públicas en la materia

Se trata, en síntesis, de una aportación valiosa al conocimiento de estas

formas de violencia, y un apoyo para orientar investigaciones futuras sobre

la procuración e impartición de justicia en nuestro país.CENTRO DE INVESTIGACIÓNY ESTUDIOS EN SEGURIDAD

PANORAMA ESTADÍSTICODE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

El Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES), es un órgano

desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que tiene como

objetivo central promover la investigación académica en materia de seguridad.

El CIES fomenta la generación de conocimiento y de nuevas propuestas de política

pública en el tema de la seguridad, con el fin de apoyar la construcción de una visión

nacional, tanto del comportamiento de la actividad delictiva como de las respuestas

institucionales a este fenómeno. Asimismo, a través de la producción y difusión de

estudios e investigación, promueve la generación de un debate público cada vez más

informado en materia de seguridad.

Las opiniones expresadas en esta obrason responsabilidad de los autores

Panorama estadístico de laviolencia en México

Primera edición: noviembre de 2012

DR © Secretaría de Seguridad Pública Federal

DR © Carlos Javier Echarri CánovasDR © Carlos GalindoDR © Víctor Manuel GarcíaDR © Juan Carlos HernándezDR © Mario Martínez SalgadoDR © Karla Ramírez DucoingDR © Landy Sánchez Peña

Derechos reservados conforme a la leyISBN 978-607-96008-2-2

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directao indirecta, del contenido de la presente obra, sincontar previamente con la autorización expresa y porescrito del editor o titular de los derechos, en términosde lo así previsto por la Ley Federal del Derecho deAutor y, en su caso, por los tratados internacionalesaplicables.

Impreso en MéxicoPrinted in Mexico

Capítulo 1.

Pautas para el Análisis de los Delitos Violentos a Partir de la

Información Estadística en México

Mtra. Karla Ramírez Ducoing

Panorama estadístico de la

violencia en México

Panorama estadístico de lA

violencia en México

Carlos Javier Echarri Cánovas

Carlos Galindo

Víctor Manuel García

Juan Carlos Hernández

Mario Martínez Salgado

Karla Ramírez Ducoing

Landy Sánchez Peña

Prólogo

Genaro García LunaSecretario de Seguridad Pública Federal

Para revertir el rezago histórico del país en materia policial, en los últimos años se transformaron notablemente las capacidades del gobierno federal para enfrentar al crimen organizado. La Policía Federal es un avance significativo en su propio ámbito de responsabilidad; traza también una ruta técnica y metodológica para la transformación de las policías a nivel local.

Requerimos como país una reforma equivalente del Ministerio Público, fomentar estudios académicos que permitan comprender a profundidad el fenómeno delictivo, fortalecer los mecanismos de evaluación de las políticas públicas, y enriquecer la calidad del debate sobre la seguridad y la justicia.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES), se encuentra impulsando esta labor, de la cual el presente trabajo es un destacado ejemplo. En él, los autores se aproximan, con rigor académico, a la dimensión y el comportamiento de los principales delitos violentos que se cometen en el país, tales como el homicidio, las lesiones, el robo, el secuestro, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar; se apuntan, además, propuestas para lograr la generación de evidencia empírica suficiente y de calidad.

Confiamos en que este esfuerzo brinde a la comunidad académica y a la ciudadanía en general elementos útiles para continuar con la ineludible tarea de fortalecer a México en materia de seguridad, y de procuración e impartición de justicia.

Introducción

La violencia se ha convertido en un tema de gran preocupación para la socie-dad mexicana. Sin embargo, su discusión ha tenido mayor presencia en los medios masivos de comunicación que en el ámbito académico, y se ha basa-do más en las percepciones y elementos objetivos que en las evidencias. Las preguntas que se hacía Fernando Escalante:1 “¿Qué tan violento es México? ¿Es más o menos violento hoy que hace diez, 20 o 50 años?”, siguen siendo válidas, así como su constatación del escaso sustento empírico en el que des-cansan las múltiples explicaciones y análisis del fenómeno de la violencia en México. En algunos países latinoamericanos, como Colombia2 y Brasil,3 el fe-nómeno delictivo ha llevado a reflexiones colectivas y a investigaciones para comprender, dimensionar y proponer vías de acción para atajar el problema y acercarse a mejores condiciones para el ejercicio de los derechos de las personas, iniciando por el derecho a la vida y a la integridad personal.

Es necesario entonces iniciar por una reflexión conceptual de lo que es-tamos entendiendo por violencia, dejando claro que puede tener distintas categorías, entre ellas, la estructural, la interpersonal, la institucional, la vio-lencia basada en el género, etcétera, para luego analizar la forma en que es abordada jurídicamente y poder entonces acercarnos a su medición. Sólo de esta manera resulta posible politizar la discusión sobre el delito y la violen-cia en México, pero no en el sentido de anteponer prejuicios y posiciones ideológicas, sino de volverlos objeto de políticas públicas y, por lo tanto, de programas y líneas de acción, con presupuestos asignados para alcanzar me-tas con objetivos bien definidos. El diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de tales políticas públicas deben basarse en principios básicos en cualquier

1 Fernando Escalante, “Homicidios 1990-2007”.2 Saúl Franco, “Violencia y salud en Colombia”, pp. 93-103.3 Maria Cecília Minayo, “A violência social sob a perspectiva da saúde pública”, pp. 7-19.

Carlos Javier Echarri Cánovas10

democracia: el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la participación ciu-dadana y la rendición de cuentas.

Si bien la violencia es consustancial a la condición humana y como tal ha estado presente a lo largo de nuestra historia y en todas las sociedades, sus expresiones con-cretas varían en el tiempo de acuerdo con los distintos contextos sociales, económicos y jurídicos. De la misma manera, la forma como se han organizado las sociedades para hacerle frente ha variado a lo largo de las épocas. Por ejemplo, la salud se trata de un asunto con implicaciones biopsicosociales, por lo que en su estudio confluyen discipli-nas tan variadas como la historia, la economía, las ciencias políticas, la criminología, el derecho penal, la criminalística, la filosofía, la administración pública, la psicología, la medicina, la salud pública, la epidemiología, la demografía o la estadística.

Si bien encontramos en la literatura una serie de investigaciones acerca de la vio-lencia y el fenómeno delictivo, éstas suelen ser necesariamente limitadas en su en-foque, concentrándose en algunos aspectos, particularmente el impacto en la salud,4 preocupación compartida por organismos nacionales e internacionales, como la Fun-dación Mexicana para la Salud,5 el Banco Mundial (BM),6 la Organización Panamerica-na de la Salud (OPS)7 o la Organización Mundial de la Salud (OMS).8 Lo anterior puede explicarse en parte por la gran evidencia al alcance en el sector salud, así como la disponibilidad de herramientas metodológicas para su análisis. De tal manera que se pueden calcular sus consecuencias en términos de causas de mortalidad o morbilidad, Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA),9 utilización de recursos hospitalarios y costos de su atención.10

Por lo que toca a los costos de la violencia, a finales del milenio pasado, la Oficina del Economista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convocó a diversos centros de investigación de América Latina para realizar un estudio comparativo en los países de la región que permitiese generar conocimiento acerca de la magnitud de la violencia intencional y no intencional sobre las personas y la propiedad. Esta investi-gación concluía que:

La violencia sobre los bienes y las personas representa una destrucción y transferencia de recursos, aproximadamente el 14.2 % del PIB latinoamericano; es decir US $168 000 000. Y en capital humano se pierde 1.9 % del PIB, este porcentaje es equivalente al gasto en

4 Jorge Aviña et al., “Accidentes y violencia en México: un problema de salud en los albores del tercer milenio”, pp. 93-100; Martha Híjar et al., “La violencia y sus repercusiones en la salud; reflexiones teóricas y magnitud del problema en México”, pp.1-8.5 Guillermo Soberón et al., “La violencia como un grave problema de salud pública”, pp. 57-67.6 Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 1993. Invertir en salud.7 José Miguel Cruz, “La victimización por violencia urbana: niveles y factores asociados en ciudades de América Latina y España”, pp. 259-267; Etienne Krug et al., eds., Informe mundial sobre la violencia y la salud; Organización Panamericana de la Salud, “La violencia: un problema de salud pública que se agrava en la región”, pp.1-7; Alberto Pellegrini, “La violencia y la salud pública”, pp. 219-221.8 E. Krug et al., “The Global Burden of Injuries”, pp. 523-526; E. Krug et al., eds., World Report on Violence and Health.9 Un indicador compuesto por la suma de los años perdidos por muerte prematura, y de los años sobrevividos con alguna incapacidad funcional.10 Rafael Lozano et al., “Análisis de la magnitud y costos de la violencia en la ciudad de México”.

Introducción 11

educación primaria de la región. En recursos de capital se pierde anualmente 4.8 % del PIB, o sea, la mitad de la inversión privada. Las transferencias de recursos que se realizan entre las víctimas y los criminales alcanzan al 2.1 % del PIB, porcentaje superior que el del efecto distributivo de todas las finanzas públicas.11

Otros documentos se refieren a la reforma policial,12 o bien a la reforma del siste-ma judicial,13 basándose en el enfoque de seguridad ciudadana:

el derecho de los integrantes de la sociedad de desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos y el goce de sus bienes. Se asienta en la obligación del Estado de satisfacer las necesidades del ciudadano, a cambio de la delegación de poder que éste ha hecho en los responsables de conducir el aparato estatal.14

Algunos autores restringen la seguridad ciudadana a lo relativo a las faltas admi-nistrativas y la prevención del delito, separándola del sistema de justicia penal.15

Sin embargo, rara vez se considera el fenómeno del delito violento en toda su amplitud, tomando en cuenta todas sus fases: desde su ocurrencia, su denuncia, la in-tegración de averiguaciones previas, su transformación en procesos penales, su culmi-nación en sentencias y el cumplimiento de penas,16 incluyendo la reparación del daño. Por el contrario, suelen hacerse análisis separados de las distintas etapas del proceso, separación justificada en parte por la ausencia de fuentes de información integrales que permitan seguir cada paso. De esta manera, no podemos tener un panorama glo-bal, sino acercamientos parciales que resultan forzosamente limitados tanto para el conocimiento del fenómeno como para su comprensión y análisis que sirvan de base al diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas públicas.

Este trabajo pretende ser una aportación en el análisis estadístico de algu-nos delitos violentos en México: el homicidio, las lesiones, el robo, el secuestro, los delitos sexuales y la violencia familiar. Basándose en fuentes oficiales me-diante un esquema de análisis y metodología común, se revisa la ocurrencia de los eventos delictivos, su denuncia, el procesamiento de los sujetos a proceso y las sentencias condenatorias, desde una perspectiva estadística. Además se bus-

11 Juan Luis Londoño y Rodrigo Guerrero, “Violencia en América Latina. Epidemiología y Costos”.12 Juan Salgado y Ernesto Treviño, Los retos para la reforma policial a nivel local en México: una evaluación de las Unidades de Protección Ciudadana en el Distrito Federal; Anita Mendoza, “Supervisión de la policía por sociedad civil en México. ¿Transición hacia la reforma policial democrática?”; Carlos Barrachina y Juan Ignacio Hernández, “Reformas del sistema nacional de seguridad pública en México (2006-2011)”, pp. 79-92.13 J. Salgado, “Documento conceptual-metodológico sobre políticas públicas de seguridad ciudadana, capacidades institucionales para medir su desempeño y bases para el desarrollo de indicadores en esta materia”; Guillermo Zepeda, “Seguridad ciudadana y la justicia penal en México. Los desafíos institucionales de su reforma”.14 Patricia González, Seguridad ciudadana.15 Miguel Sarre, “Seguridad ciudadana y justicia penal frente a la democracia, la división de poderes y el federalismo”, pp. 83-114.16 Una notable excepción es Elena Azaola, “Mujeres sentenciadas por homicidio en la ciudad de México”, pp. 93-102.


ca evidenciar los cambios registrados tanto en el tiempo —abarcando el periodo 1997-2011— como en el espacio, tomando como unidades de referencia las entidades federativas. Cabe señalar que la ausencia de información nos impidió analizar las fases inicial y final del proceso: las intervenciones policiales,17 por un lado y, por el otro, la ejecución de las condenas así como las medidas de reparación del daño.

El volumen inicia con una descripción de los procesos existentes en nuestro sis-tema penal, el cual tiene la particularidad respecto de otros países para mantener se-parada a la policía llamada preventiva —la cual depende en la mayoría de los casos de los municipios, pero no así en el Distrito Federal, además de coexistir con policías estatales en varias entidades— de la ministerial, antes mal llamada “judicial”. De esta manera tenemos un aparato policial, otro de procuración de justicia, uno más de im-partición de justicia el cual corresponde al Poder Judicial, y luego los casos regresan al Poder Ejecutivo para la ejecución de las sentencias. Además, contamos con delitos del orden federal además de los del orden local.

Resulta de particular importancia este análisis descriptivo de los procesos, por-que nos permite identificar las oportunidades de producción de información, así como ubicar en estos complejos procesos de dónde viene la información oficial actualmente disponible, así como los cambios que se están dando en la generación, compilación y puesta a disposición del público por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geo-grafía (INEGI).18

Se propone una metodología de análisis común a todos los delitos considerados en el volumen. De tal manera que se ponen en relación los eventos, las denuncias, los sujetos a proceso y las sentencias condenatorias para obtener cinco razones: 1) efecti-vidad del aparato de procuración de justicia (sobre delitos denunciados); 2) efectividad del aparato de impartición de justicia (castigo a delincuentes que consigna Ministerio Público); 3) efectividad del aparato de procuración e impartición de justicia (condenas por cada delito que se denuncia); 4) efectividad del aparato de procuración e impar-tición de justicia (condenas por cada delito que ocurre, tomando en cuenta la cifra negra), y 5) indicador de denuncia (de la confianza en el aparato de procuración e im-partición de justicia, así como de la gravedad que se asigna al hecho).

Además, se describe otra herramienta de análisis propuesta, el indicador de con-centración espacio-temporal, el cual toma en cuenta la evolución de cada uno de los fe-nómenos y razones, tanto a lo largo del periodo considerado como entre las entidades federativas, de tal manera que resulta posible identificar los lugares y tiempos donde se dan incidencias mayores o menores a las esperadas, tomando en cuenta las especi-ficidades de cada entidad federativa y de los distintos momentos en el tiempo. De esta

17 Si bien las intervenciones policiales en el ámbito municipal fueron preguntadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011, éste no recoge la totalidad de los municipios, por no respuesta total o parcial del cuestionario, porque no le aplica el tema consultado o bien porque no contó con datos o elementos para responder sobre el tema. Además, la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos fue publicada hasta finales de 2011, por lo que se espera tener información de mejor calidad a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2012.18 INEGI, Estadísticas sobre Seguridad Pública y Justicia 2010. Estadísticas comparativas.

Introducción 13

manera, es posible realizar un análisis homogéneo de cada uno de los delitos conside-rados, atendiendo las distintas etapas del proceso, al periodo temporal para el cual está disponible la información y con la desagregación adecuada para este estudio.19

Esta propuesta metodológica atiende también al problema que se presenta cuan-do se quieren comparar eventos estadísticamente poco frecuentes en unidades terri-toriales de diferente tamaño, situación en la que tanto los números absolutos como las tasas (eventos divididos entre la población, usualmente multiplicado por 100 000) presentan problemas, puesto que incluso un solo caso que se ocasione en un año —en unidades administrativas con poca población— puede introducir grandes sesgos en las tasas.

Nuestra propuesta va más allá de otras presentes en la literatura,20 puesto que además de considerar las diferencias entre las entidades federativas, toma en cuenta de manera simultánea la evolución de los fenómenos analizados a través del tiempo. El volumen guarda entonces una uniformidad metodológica, lo que permite el análisis comparativo de sus resultados. Terminamos con un apartado de conclusiones, el cual contiene una serie de recomendaciones en términos de políticas públicas para enfren-tar los delitos violentos en México.

19 Si bien resultaría deseable poder efectuar análisis con mayor desagregación geográfica —municipios y localidades—, los sistemas de procuración e impartición de justicia penal corresponden a las entidades federativas, además de que en muchos municipios la ocurrencia de los delitos es muy escasa, lo que dificulta el cálculo de cualquier indicador.20 Jorge Giraldo y José Antonio Fortou, “Medición de la violencia homicida: El índice de incidencia del homicidio”, pp. 98-106.

Capítulo 1

Pautas para el análisis de los delitos violentos a partir de la

información estadística en México

Karla Ramírez Ducoing

1.1 Antecedentes internacionales de fuentes estadísticas de información sobre delitos y violencia

Dos de los problemas político-sociales más importantes para los gobiernos de todo el mundo son la criminalidad y la violencia que afectan de manera transversal a sus poblaciones. En este sentido, la delincuencia convencional y en particular los actos violentos tienen una gran influencia negativa sobre el desarrollo humano, social, político y económico. Cuando su presencia es ex-trema puede llegar a dañar severamente a instituciones del Estado, crear un ambiente de miedo e inseguridad entre la población y resultar en un alto ni-vel de impunidad.1 El análisis de la información sobre la naturaleza e impacto de la delincuencia y la violencia es crucial para conocer sus consecuencias en la economía así como en el Estado de Derecho de los países.

Por este motivo se han llevado a cabo esfuerzos nacionales e interna-cionales con el fin de hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, todos los esfuerzos han llegado a la conclusión de que existe una imperiosa necesidad de contar con información estadística relevante y de calidad que permita de-linear el combate a la delincuencia tanto a nivel nacional como transnacional. Al respecto, se han desarrollado manuales y acuerdos específicos sobre cómo llevar a cabo las encuestas y hacer la integración de registros administrativos adecuados para obtener información útil y uniforme a escala mundial. Por supuesto que al aplicar dichas recomendaciones o instrumentos se han he-cho adaptaciones según las necesidades locales de cada país. Los diferentes instrumentos que existen para medir la delincuencia son: las encuestas sobre victimización, las estadísticas de los delitos registrados por la policía y las estadísticas sobre la justicia penal.2

1 ONU, Asamblea General: Informe del Secretario General. Promoción del desarrollo mediante la reducción y la prevención de la violencia armada (A/64/228), p. 3.2 ONU, 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal: Informe del

Karla Ramírez Ducoing16

Con el fin de aportar lineamientos metodológicos a nivel internacional para el di-seño de encuestas de victimización, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, por sus siglas en inglés) desarrollaron el Manual para las Encuestas de Victimización.3 Este manual brinda la información necesaria para diseñar e implementar una encuesta nacional de victimización en lo que se refiere al enfoque, los métodos, algunas cuestiones analíticas y la presentación de resultados. Las encues-tas sobre la victimización son sumamente importantes para el estudio de la criminali-dad, ya que ayudan a entender los problemas delictivos y a encontrar formas de afron-tarlos. Ofrecen estimaciones de la prevalencia de la victimización por tipo de delito, además de ayudar a comprender las percepciones y los grados de confianza tanto en las autoridades encargadas de la procuración de justicia como en las que la imparten.

Los datos sobre los delitos registrados por la policía y la justicia penal son con-siderados como información muy valiosa, ya que brindan un panorama general de los delitos que son denunciados ante las autoridades y proporcionan en cierta medida los perfiles de los delincuentes y las víctimas. Por esta razón, se ha recomendado que la recopilación de datos incluya las investigaciones ministeriales, los enjuiciamientos, las condenas y las víctimas, además de la información necesaria que haga posible la medi-ción de la eficacia del sistema de justicia penal. Esto ha llevado a instaurar sistemas de información específicos de estadísticas sobre el delito y de justicia penal en diversos países.

El principal objetivo de las estadísticas sobre el delito y la justicia penal consiste en ofrecer al gobierno los elementos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la política pública. La información estadística permitirá conocer la situa-ción en que se encuentra el país a este respecto, así como el rumbo que está tomando. También permite dimensionar el impacto en otras materias que se ven afectadas por este fenómeno. Debido a que el sistema de justicia penal genera una gran cantidad de datos que deben transformarse en información adecuada y relevante para la medición del sistema, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha perfilado un Manual para la Elaboración de un Sistema de Estadísticas sobre Justicia Penal,4 en el que se hacen claras recomendaciones acerca de cuáles líneas de trabajo deben considerarse en la integración de un sistema estadístico sobre justicia penal.

En particular, el manual señala tres esferas interdependientes: administración, planificación e investigación y análisis de políticas. La primera esfera se refiere princi-palmente a la capacidad de registro sobre la gestión de las organizaciones respecto al adecuado cumplimiento de sus metas y objetivos. Cada organismo encargado de los distintos procesos de la justicia penal deberá contribuir con la información que moni-torea sus actividades con la finalidad de tener un panorama completo acerca del com-

Secretario General. Situación de la delincuencia y la justicia penal en el mundo, p. 5.3 UNECE, Manual para Encuestas de Victimización, p. 1.4 ONU, “Manual para la Elaboración de un Sistema de Estadísticas sobre Justicia Penal”, p. 1.

Pautas para el análisis de los delitos violentos a partir de la información estadística en México 17

bate de la delincuencia. Además dicha información permitirá al organismo comprender los retos que enfrenta y así podrá encontrar posibles soluciones a los problemas que se detecten.

La segunda esfera referida es la de la planificación, la cual puntualiza los medios que se eligen para alcanzar metas de mediano y largo plazos. En este sentido, la infor-mación estadística ayudará a identificar el problema para poder establecer una estrate-gia a fin de hacerle frente. La tercera y última esfera que se señala es la investigación y análisis de políticas. Ésta se refiere a monitorear los efectos que tienen los cambios en materia de política pública, legislación, procedimientos de la justicia penal, la dinámica poblacional y las condiciones sociales sobre el fenómeno. Entonces se hace evidente que construir un sistema de información sobre justicia penal es una tarea ambiciosa que requiere de gran capacidad de planeación y de coordinación entre distintas insti-tuciones del país. Dado que tener un sistema estadístico sobre justicia penal de buena calidad es costoso y complejo, éste debe organizarse y gestionarse de manera eficaz.

Algunos ejemplos importantes de sistemas de información estadística sobre crimi-nalidad consolidados son los desarrollados en el Reino Unido, Canadá y Estados Uni-dos. El gobierno de este último país creó en 1979 el Departamento de Estadísticas de Justicia (BJS por sus siglas en inglés), encargado del sistema de información estadística sobre justicia criminal. Dicha oficina tiene como objetivo recolectar, analizar, publicar y divulgar información acerca de criminalidad, delincuentes o infractores, víctimas de la delincuencia y sobre la operación de los sistemas de justicia en todos los niveles del gobierno. Esta información es crítica para los encargados de diseñar la política pública en los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y local con el fin de combatir la criminalidad y asegurar que la justicia sea eficaz así como equitativa. El sistema está organizado de la siguiente forma:

• Tipos de delitos. Violentos, contra la propiedad, relacionados con drogas, pandillas, críme-

nes de odio, trata de personas, delitos cibernéticos, robo de personalidad y uso de armas.

• Víctimas. Características y tendencias de los delitos, así como de víctimas, delincuentes y

denuncias.

• Gastos y empleo del presupuesto. En protección policial, servicios judiciales (cortes, defenso-

res públicos, juicios) y correccionales.

• Cortes. Organización estatal de cortes, organización estatal de estadísticas de cantidad

de procesos, oficinas de fiscales, cortes tribales, casos penales, casos civiles y derechos

civiles.

• Correccionales. Detenidos, sentenciados y personas en libertad provisional.

• Autoridades competentes. Policías locales, federales, tribales, comunitarias, academias de

policía, investigación forense y muertes relacionadas con arrestos.

• Programas. Programa para el Mejoramiento de la Justicia Criminal.

• Fuero federal. La temática antes descrita.


La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS en sus siglas en inglés) del Reino Unido muestra información estadística sobre criminalidad y justicia (crime and justice). La in-formación que presenta la ONS incluye tanto encuestas como registros administrativos y está organizada en los rubros que se describen a continuación:

• Criminalidad. Tendencias y efectos: víctimas del delito, delitos relacionados con drogas,

violencia y de tipo sexual.

• Justicia. Tipos de delitos, delincuentes/infractores, policía (personal y recursos), registros

policiales de delitos, sentencias, libertad condicional, sistema penitenciario.

• Percepción. Percepción de los niveles delictivos, de la inseguridad, del comportamiento

antisocial, de la confianza en la policía y el ayuntamiento, percepción y evaluación de la

policía local, y confianza en el sistema de justicia.

En Canadá, la oficina nacional de estadística, Estadísticas de Canadá, como se le conoce, tiene un sistema de información sobre criminalidad y justicia (crime and justice). Las estadísticas presentan la naturaleza y magnitud del crimen y de la administración de justicia penal y civil en ese país. La información estadística se genera a partir de los cinco objetivos del sistema de justicia canadiense: 1) orden público, seguridad, y seguridad nacional (prevención e intervención); 2) cumplimiento de condenas, rein-tegración y rehabilitación de los delincuentes; 3) confianza y respeto de la población hacia el sistema de justicia; 4) equidad social y acceso al sistema de justicia para todos los ciudadanos; y 5) cubrir las necesidades de las víctimas.

Los temas a partir de los cuales está organizado el sistema de información estadís-tica sobre justicia son:

• Criminalidad y justicia (general).

• Cortes civiles y familiares.

• Servicios correccionales.

• Delitos e infracciones.

• Cortes penales.

• Violencia familiar.

• Gasto en el sistema de justicia.

• Ayuda legal.

• Víctimas y victimización.

En este sentido, México también ha dado pasos para desarrollar su propio sistema. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha creado el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ) como parte del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). El objetivo del SNIGSPIJ es producir, integrar, administrar, conservar y difundir información de inte-rés nacional sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus poderes, en las funciones de gobierno, seguridad pública, procuración


e impartición de justicia a efecto de apoyar los procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en estas materias. Sin embargo, es un proyecto muy nuevo que habrá de consolidarse antes de poderlo comparar con otros sistemas de su tipo.

1.2 La estadística sobre violencia en México

En las últimas décadas se ha acentuado el clima de violencia en el país. No sólo ha aumentado la comisión de delitos, sino que son de carácter más violento. Estos hechos han incrementado la percepción ciudadana de inseguridad e indignación, lo que la ha incitado a demandar seguridad tanto en las calles como en sus hogares. Algunas de estas exigencias se han traducido en reformas legislativas, que por sí mismas no han tenido el impacto necesario sobre la situación.

En México, uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado el Estado ha sido la falta de información sobre el fenómeno para poder sustentar con evidencia empírica las políticas públicas encaminadas a combatir y erradicar la violencia. Espe-cialmente en lo que se refiere a la no denuncia, incidencia delictiva total o cifra negra. Con el fin de combatir esta falta de información se han levantado encuestas, sin embar-go, existen limitantes importantes respecto de la información que es posible recabar a través de éstas.

También existen problemas importantes en la incidencia declarada, por lo que parte de las reformas legislativas y de estructura gubernamental han incluido compo-nentes para asegurar una adecuada producción de información. Ejemplo de esto es la creación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se alberga el Centro Nacional de Información encargado de vigilar la actualiza-ción de las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública. Como ya se mencionó, también se cuenta con la reciente creación del SNIGSPIJ por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El SNIGSPIJ inició actividades con el primer proyecto para la generación de infor-mación con los Censos Nacionales de Gobierno. Asimismo, creó el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) ‒propuesto por la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)‒, encargado de integrar estadísticas y diagnósticos de violencia contra las mujeres. También hay que mencionar los diez Observatorios de Violencia Social y de Género en ciudades, munici-pios y zonas metropolitanas del país, además de algunos de los 38 Observatorios Urba-nos locales que también incluyen la temática de violencia, los cuales fueron instalados a través del Programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Por su parte, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados (CEAMEG) desarrolló un sistema integrado de consulta de información sobre violencia contra las mujeres. Se recopilaron estadísticas provenientes de encuestas y registros administrativos en variables como: delincuencia


en materia de violencia intrafamiliar, lesiones, mortalidad y divorcios. Al reconocer que la violencia no sólo es un problema de seguridad social en el marco de los derechos humanos, sino también de salud pública, la Secretaría de Salud creó el Subsistema de Lesiones y Causas de Violencia a través de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).

Por otro lado, existen esfuerzos interinstitucionales que han derivado en la reali-zación de estudios como la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI), la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE) y la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM). Sin embargo, aún no se cuenta con un sistema de información consolidado que provea los datos que se requieren sobre el tema.

Debido a las debilidades que tienen las fuentes administrativas respecto de la vic-timización, se han buscado métodos alternativos de recolección. Las primeras encues-tas de victimización se diseñaron para examinar lo que se definió como “la cifra negra”, es decir, el monto de delitos que no son denunciados y de los cuales no hay registro.

El primer esfuerzo internacional para generar estimaciones comparables sobre victimización se dio en 1987 en Europa, y tuvo como resultado el diseño de la Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización. Ésta se ha convertido en la más reco-nocida, ya que al estar estandarizada permite hacer análisis de los delitos comunes en diferentes países. En México se ha tomado en cuenta esta encuesta como modelo junto con otros estándares internacionales y metodologías sugeridas para diseñar aquéllas sobre victimización que se han venido llevando a cabo en el país.

En México existe una gran demanda de información acerca del tema de seguridad pública por parte de los distintos actores interesados en el tema, entre las que se des-tacan: estimar la cifra negra, los tipos de violencia y su frecuencia, las características de los delitos y las personas involucradas en ellos (víctimas y agresores), las denuncias, la integración de las averiguaciones previas para consignar a sujetos señalados como responsables de los delitos, la sujeción a proceso y las sentencias de dichos sujetos a proceso.

Con la finalidad de llenar parte de estos vacíos de información se han diseñado distintas encuestas. Una de las más importantes es la ENSI, la cual se ha levantado de forma periódica desde 2002. La información que capta dicha encuesta se refiere al número de delitos denunciados y no denunciados así como a la percepción sobre inse-guridad. La ENSI ha experimentado diversos cambios a raíz de los cuales se han ido afi-nando sus instrumentos de captación y ampliando sus niveles de cobertura geográfica a partir de distintos tamaños de muestra.

Su séptima edición en 2010 fue la última porque en 2011 fue sustituida por la ENVIPE. Se llevó a cabo dicha sustitución con el fin de mejorar la precisión con que se captaba la información y ampliar la temática, para lo cual se rediseñó y cambió su me-todología. La ENVIPE permite realizar estimaciones de la incidencia delictiva, caracterís-ticas del delito, las víctimas y el contexto de la victimización e información acerca de


la percepción de la inseguridad y el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia. A pesar de todos los importantes esfuerzos aquí mencionados, todavía no se ha conseguido tener en el país un sistema de infor-mación adecuado para caracterizar, medir la magnitud y profundidad de este problema que vive la sociedad mexicana.

1.3 Estandarización de las definiciones del objeto de estudio

La violencia tiene un impacto de corto, mediano y largo plazos, así como consecuencias en los niveles personal, familiar y comunitario, por lo que se ha considerado priorita-rio en la agenda política del país. La violencia es un fenómeno multidimensional que requiere un tratamiento integral para su conocimiento, detección, combate y preven-ción. Lo anterior complica en gran medida la generación de información uniforme y adecuada para su medición, ya que involucra a diversas instituciones con quehaceres y enfoques distintos.

Las víctimas de violencia, además de poder denunciar ante la autoridad compe-tente para la persecución del delito (en los casos en que procede), también tienen la posibilidad de acudir a instituciones que proveen otros tipos de servicios y atención en diversos momentos y con varias finalidades como: recibir orientación y asesoría jurídica, la defensa de sus derechos humanos cuando existen abusos por parte de las instituciones gubernamentales, atención psicológica, así como asistencia de trabajo social o médica.

Entonces, a fin de generar información es necesario tener en cuenta que existen diferencias en las definiciones contenidas en las leyes, en las normas, así como aqué-llas de tipo operativo que se utilizan en los registros administrativos y encuestas es-pecializadas. Es decir, la construcción del dato es un tema fundamental cuando se está trabajando en la integración de un sistema de información sobre violencia.

Es por ello que las instituciones tienen sus propias definiciones, que en la mayoría de los casos no corresponde a la definición legal del delito que establece el código penal de la entidad federativa. De manera que se termina con dos o más definiciones para el mismo fenómeno a partir de las diferentes fuentes de información. Lo anterior, además del hecho de que los delitos suelen definirse de manera distinta en los 32 códigos penales de las entidades federativas y el Código Penal Federal, tiene como consecuencia que la información sobre violencia con la que se cuenta en el país no sea enteramente comparable, pues carece de un marco de referencia común.

Es decir, no existe congruencia ni homogeneidad natural entre los datos, hecho que representa retos importantes en la sistematización e integración de esta informa-ción. Por ejemplo, el SESNSP presenta información agregada de las 32 entidades fede-rativas acerca de las denuncias de varios delitos. Sin embargo, no se explica a qué se refieren las estadísticas. Hacer un análisis utilizando estos datos resulta complejo ya que se están integrando diversas definiciones, que no necesariamente se refieren al


mismo evento, en una sola descripción y, por lo tanto, no queda claro si se ha modifica-do la información para hacerla homogénea.

Esto significa que, como se dijo antes, es importante tener en cuenta que el dato se construye, y que para hacerlo son necesarios marcos de referencia que permitan la transformación de la información para que sea homogénea y comparable. Estos marcos de referencia deben definirse de tal forma que puedan integrarse armoniosamente las distintas definiciones que se determinan en los marcos normativos que las rigen (leyes, normas, códigos, programas o reglas de operación), y que son utilizadas por las insti-tuciones. En el país se han hecho esfuerzos al respecto, aunque no se ha conseguido modificar la forma en que se recaba la información de manera sustantiva y queda aún mucho por mejorar.

El INEGI es una de las instituciones que ha llevado a cabo acciones claras hacia la estandarización de las definiciones para la producción de la información a nivel nacio-nal. De acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográ-fica, el Instituto es el encargado de coordinar la generación de estadísticas en materia penal como parte de la información de interés nacional. Dos de los más claros esfuer-zos en el tema de violencia son:

1. Delitos contra las mujeres. Análisis de la Clasificación Mexicana de Delitos. En esta publicación

se hace una evaluación de los delitos que se cometen contra las mujeres con el fin de

evidenciar la urgencia de armonizar los códigos penales en las entidades federativas.

2. Clasificación Estadística de Delitos (CED). En este catálogo se considera el universo de delitos

comprendidos en los códigos penales de las 32 entidades federativas, el Código Penal

Federal y en las leyes federales y estatales vigentes a diciembre de 2010. La CED es sufi-

cientemente detallada como para identificar cada uno de los delitos y permitir agrupacio-

nes útiles y prácticas para su instrumentación.

La CED es la clasificación que se utilizará en el presente libro para agrupar los de-litos seleccionados para su análisis. La CED se estructura desde lo más general hasta lo más específico en cinco niveles: grupo principal, subgrupo, grupo unitario, clase de delito y delito. Con este método se busca dar flexibilidad a la clasificación.

Desafortunadamente, no todas las instituciones que producen información a nivel nacional han hecho el ejercicio de homologar la información que recaban. Sin embar-go, el INEGI no está solo en este esfuerzo. La Secretaría de Salud, por ejemplo, maneja un catálogo único para agrupar y presentar la información que se genera y captura a nivel estatal en cada uno de sus subsistemas de información. Más aún, para el presente libro el Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia y el Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) son relevantes.

Sin embargo, las instituciones encargadas de integrar y publicar información en materia delictiva a nivel nacional —como el SESNSP— no explicitan la forma en que inte-gran la información, de manera que no es posible afirmar que se ha hecho su estandari-


zación acerca de los delitos que presenta en sus estadísticas de incidencia delictiva in-tegradas a partir de la información que reportan cada una de las entidades federativas.

1.4 Fuentes de información

Las principales fuentes de información sobre violencia consisten en los registros ad-ministrativos y las encuestas. Existen también los Censos Nacionales de Gobierno, sin embargo, éste es un proyecto muy reciente que no se utilizó en el presente libro y por ello no se incluyen en este apartado. Pero existen diferencias importantes en la infor-mación que se genera a partir de cada una de las fuentes de información, por lo que su utilización debe considerarlas.

Las encuestas se basan en muestras estadísticas que son representativas de la población objetivo, de acuerdo con los tamaños de la muestra se obtiene la capacidad de desagregación de la información en distintos niveles territoriales y para diferentes grupos poblacionales. Las encuestas especializadas son las que se llevan a cabo con el propósito de generar información sobre un tema en específico. En ellas se aborda con mayor intensidad el tema, mediante una amplia batería de preguntas para caracterizar los diferentes factores que intervienen y explican el fenómeno en cuestión. Respecto del tema de la violencia se tienen claros ejemplos: la ENSI, la ENVIPE, la ENDIREH y la ENVIM, entre otras.

Las encuestas especializadas tienen como ventajas:

• Mejor calidad en la información que los registros administrativos, dado que la captación

y la captura de la información se hace por personal capacitado especialmente para ello.

• Mayor cobertura que los censos.

• Es posible la utilización de métodos científicos objetivos de medición para corregir erro-

res.

• Permiten obtener información sobre casi cualquier tipo de población.

• Buena capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el

análisis estadístico.

• Permiten obtener una gran cantidad de información en poco tiempo.

Los registros administrativos proveen información que en principio se recaba con propósitos gerenciales, y la cual es posible utilizar con fines estadísticos. Sin embar-go, dado su origen, en ocasiones no cuenta con las propiedades estadísticamente de-seables para la construcción de algunos indicadores. Es posible que sus formatos de recolección sufran cambios de un periodo a otro o no utilicen las nomenclaturas y cla-sificaciones convenidas nacional o internacionalmente, lo que limita compararlos en el tiempo y con otras fuentes de información. Entre sus ventajas se cuenta:


• Desagregación estatal, municipal y local.

• Periodicidad menor que la anual.

• Disponibilidad del dato para series anuales.

• Económicos en su producción comparado con los costos de un sistema de encuestas.

• Sostenibles por largos periodos.

• Posibilidad de acceder a un conocimiento universal de los registros.

Es importante señalar que las encuestas y los registros son complementarios, por-que las encuestas permiten hacer un acercamiento a la cifra negra o no denunciada de los hechos violentos, mientras que los registros administrativos permiten hacer una descripción detallada de los hechos denunciados y procesados a través de un mayor número de variables y un nivel más alto de desagregación. Es decir, ambas fuentes cu-bren los vacíos de información mutuamente. Se enlistan a continuación las fuentes de información que se utilizaron para hacer el análisis de los delitos seleccionados para el presente libro: delitos sexuales, violencia familiar, robo, secuestro, lesiones, agresiones y homicidio.

Encuestas:• INEGI

• Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010 (ENSI)

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011

(ENVIPE)

Registros administrativos:• SESNSP

• Incidencia delictiva

• Secretaría de Salud (DGIS)

• Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia.

• Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH).

• INEGI

• Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

• Estadísticas Vitales de Mortalidad.

1.4.1 Las fuentes de información sobre los delitos violentos en MéxicoEn este apartado se hace una descripción muy general de las fuentes de información utilizadas en los análisis de los delitos seleccionados.

A partir de la Séptima ENSI 20105 se obtuvo información con representatividad a nivel nacional, estatal y en 17 áreas urbanas seleccionadas. Provee información en

5 INEGI, Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010 (ENSI). Síntesis metodológica, pp. 1-5.


materia de seguridad pública que permite conocer la percepción sobre la inseguridad, las características del delito, la cifra negra, las secuelas de la delincuencia sobre las víctimas y la relación de éstas con el aparato de justicia. También aporta información acerca del entorno propicio para la victimización al identificar las regiones, zonas urba-nas, áreas críticas, lugares, horas y frecuencia de este fenómeno delictivo.

La ENVIPE 20116 ofrece información con la que es posible realizar estimaciones de la incidencia delictiva que afecta a los hogares y a sus miembros tomando como referencia el año 2010. Además, permite caracterizar el delito, las víctimas y el contex-to de la victimización. Asimismo, incluye preguntas que buscan obtener información sobre la percepción de la inseguridad y el desempeño de las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia con representatividad a nivel nacional, estatal y de 17 zonas urbanas.

La incidencia delictiva reportada por el SESNSP7 se integra a partir de la información proporcionada por las entidades federativas a través de lo que reportan las agencias del Ministerio Público sobre los siete delitos del fuero común de manera desagregada para el periodo de enero a diciembre. El problema con esta fuente de información es que no se publica junto con metodología ni se define cómo se reportan las variables en las estadísticas, de manera que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que se está reportando como denuncia por parte de las agencias del Ministerio Público. Podrían ser en efecto denuncias, averiguaciones previas iniciadas, en proceso, ratificadas, con-signadas o una combinación de éstas, lo cual dificulta la utilización de la información para hacer análisis de los delitos y los procesos que siguen. La información se presenta por año y mes de ocurrencia del delito, pero no se hace la desagregación por sexo de la víctima, por ello no es posible llevar a cabo análisis específicos.

El Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia8 es el encargado de generar, integrar y aportar información estadística sobre las lesiones y violencias atendidas por la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud. Es un subsis-tema nuevo que apenas ha publicado información de 2010. Las variables que incluye son: intencionalidad y agente de la lesión, parentesco, sexo y edad de la víctima, sexo y número de agresores, tipo de atención, servicio que otorgó la atención, condición de embarazo y discapacidad, si se dio aviso al Ministerio Público y si el evento se ha repetido, así como entidad y municipio de ocurrencia.

El SAEH recopila información sobre los egresos hospitalarios especificando los mo-tivos de la demanda del servicio. Es una fuente anual y con desagregación estatal, municipal y unidad médica de atención. El subsistema también ofrece información de las muertes ocurridas en los hospitales de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. La información se agrupa por afección principal diagnosticada y tratada, así como la causa básica de defunción, utilizando la Clasificación Estadística

6 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE). Marco conceptual, pp. 1-9. 7 SESNSP, Incidencia Delictiva del Fuero Común 2012, pp. 1-2. 8 Secretaría de Salud, Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia 2010. Manual del usuario, p. 1.


Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos.9 La fuente incluye in-formación sobre otras características de los pacientes tales como la edad, el sexo, la residencia habitual y los procedimientos practicados, entre otros.

Las Estadísticas Judiciales en Materia Penal10 son registros provenientes de los juzgados de primera instancia. El INEGI envía formatos a los juzgados para que viertan información de los procesados, los delitos y los sentenciados en la primera instan-cia. La información es posible obtenerla por año de registro y ocurrencia del delito, lo que permite corregir el subregistro que provoca el factor multianual del proceso de impartición de justicia. La fuente ofrece variables sociodemográficas de los sujetos procesados y sentenciados, características del delito, así como los autos de término constitucional, sobreseimiento y sentencias, entre otras.

Las Estadísticas Vitales de Mortalidad11 concentran la información sobre los certi-ficados de defunción. Ofrecen características sociodemográficas del occiso, particula-ridades de la defunción e información adicional cuando se trata de muertes violentas. Las estadísticas se publican anualmente con desagregación por entidad federativa y municipal. Es una fuente con un nivel de calidad homogéneo entre las entidades de-bido principalmente a que en el país se utiliza un solo formato para certificar las de-funciones, además de que los procesos de registro se han ido refinando durante varias décadas. Esta fuente brinda información relevante para el análisis de los homicidios ya que aporta elementos importantes sobre las defunciones con presunción de homicidio.

1.5 Procesos de procuración e impartición de justicia y sus fuentes de información

El análisis de delitos violentos requiere un conocimiento profundo de los procesos de procuración e impartición de justicia y de la producción de información estadística al respecto. Conocer sus alcances y limitaciones permite utilizar adecuadamente dicha información. Por este motivo en el presente apartado se hace una descripción general de los procesos de procuración e impartición de justicia. Esto permitirá tener un pano-rama general de la información necesaria para llevar a cabo el análisis de los delitos.

1.5.1 El proceso de procuración de justicia12

El proceso de procuración de justicia inicia con la denuncia o querella ante el Ministe-rio Público. A partir de ese momento el Ministerio Público lleva a cabo sus actividades, las cuales se pueden resumir en los siguientes puntos: 1) actuar como policía ministe-

9 (CIE-10), “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos”.10 INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal, pp. 1-2. 11 Idem.12 Una descripción detallada se puede encontrar en Karla Ramírez y Carlos Echarri, “Mapeo de procesos de atención y construcción de indicadores sobre casos de violencia contra las mujeres”, pp. 101-105.


rial; 2) investigar el ilícito; 3) recolectar pruebas, y 4) obtener elementos que permitan reconocer a los responsables.

Si bien el proceso inicia con la denuncia, es posible que al ocurrir un delito única-mente se llame a la policía. Hay que señalar que dar parte a la policía no es equivalente a hacer una denuncia, y aunque ésta se encuentra obligada a rendir un informe, éste no hace la función de denuncia. Los códigos penales establecen que cualquier persona que conozca sobre la comisión de un ilícito, incluyendo a la policía, está obligada a de-nunciarlo ante el Ministerio Público para que éste pueda proceder a la integración de una averiguación previa. Sin embargo, como se verá más adelante, esto sólo es posible hacerlo en los casos donde el delito se persigue de oficio.

La denuncia sólo puede hacerse ante el Ministerio Público ya que es la única ins-tancia con la atribución de presumir la ocurrencia de un delito y, en los casos que así se requiere, sobre su intencionalidad (dolosa o culposa). En la figura 1.1 se pueden apreciar gráficamente los procedimientos que se llevan a cabo en el proceso de procu-ración de justicia. Los delitos pueden perseguirse por querella o de oficio. Esto significa que la persecución del delito en el primer caso se hará a solicitud de la parte agraviada (víctima, ofendido o representante), mientras que en el segundo la denuncia la puede hacer cualquiera que tenga conocimiento del delito, pues no requiere que la parte ofendida sea quien haga dicha denuncia.

En los delitos por querella, la parte ofendida puede desistirse u otorgar el per-dón en cualquier momento del proceso, lo que conlleva a la interrupción de la acción penal. En cambio, cuando el delito se persigue de oficio el Ministerio Público tendrá que llevar a cabo el proceso hasta sus últimas instancias, ya que en este caso la parte acusadora es el mismo Ministerio Público.

Los delitos se persiguen de oficio siempre y cuando no se especifique en el Código Penal que se deba hacer por querella. Aun en los delitos que se persiguen por quere-lla, cuando son cometidos en contra de menores de edad o incapaces, generalmente se persiguen de oficio, pues es el Estado el que asume la tutela de dichos individuos, convirtiéndose así en la parte acusadora. Esta diferencia es sumamente importante en la generación de estadísticas y en la construcción de indicadores para este tipo de delitos, pues los delitos que se persiguen por querella pueden quedar impunes cuando el agraviado otorga el perdón o se desiste de la denuncia.

Lo anterior no forzosamente es reflejo de la calidad de la actuación del sistema de procuración e impartición de justicia, salvo en aquellos casos en que los funcionarios públicos sean quienes presionen al querellante a desistirse de la denuncia o a otorgar el perdón. Sería de gran utilidad que se registraran los desistimientos o perdones otor-gados para conocer en qué medida los querellantes son quienes truncan los procesos de procuración e impartición de justicia.

El segundo paso es la ratificación de la denuncia con la cual se da inicio a la averi-guación previa. El denunciante coadyuva con el Ministerio Público en la integración de la averiguación y debe comparecer ante este último para acreditar el delito y la respon-


sabilidad del inculpado en caso de que señale alguno y el monto del daño. Como se señala en la figura 1.1, con el inicio de la averiguación previa la autoridad investigadora adquiere la obligación de realizar las diligencias necesarias para esclarecer la comisión del hecho ilícito, confirmando la existencia y el tipo delictivo, además de aplicar me-didas cautelares convenientes. En esta etapa la Policía Ministerial investiga el delito recolectando pruebas y demás elementos que permitan reconocer a los responsables.

Es posible que el delito califique para ser atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), en tal caso el proceso penal será del orden federal en lugar del común. Es decir, cuando la averiguación previa es del fuero común se concluirá por in-competencia, iniciándose entonces otra por parte de la PGR. Este punto también resulta importante pues habría que poder contar con la información sobre los casos en que la averiguación previa se concluyó por incompetencia a fin de que se puedan descargar del monto de averiguaciones previas iniciadas.

Después de haber llevado a cabo las diligencias, si el Ministerio Público no logra completar la averiguación previa, se envía a reserva por falta de elementos, la cual po-drá reactivarse en caso de que más adelante surjan nuevos elementos para completar-la. Al completar la averiguación previa se evalúa si es posible consignarla ante el juez para que dicte el auto de término constitucional. En caso negativo, se le da cierre y es el fin del proceso. Para consignarla es necesario que se satisfagan estos dos requisitos: 1) que en la denuncia o querella se narren hechos que sean constitutivos de delito y 2) que se hayan presentado pruebas suficientes y la información necesaria para compro-bar el cuerpo del delito y la probable culpabilidad del indiciado.

Al consignar la averiguación previa el juez puede resolver desestimando la con-signación. En ese caso es posible volver a abrir la averiguación previa para integrar elementos que ayuden a consignarla con éxito. Pero si la consignación se hace sin detenido, el Ministerio Público se verá obligado a solicitar al juzgado una orden de aprehensión (cuando hay pena corporal) o una orden de comparecencia (cuando no hay pena corporal), según requiera el caso. En el caso de los delitos violentos siempre hay penas corporales, por lo que se requerirá una orden de aprehensión. En tal caso la policía ministerial intervendrá para la ubicación y presentación del indiciado para su ejecución.

Cuando la consignación se hace con detenido, el juez que reciba la consignación deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. A partir de que el juez declara válida la consignación se da inicio al proceso de impartición de justicia, el cual se describe de forma general en el siguiente apartado.


FIGURA1.1El proceso de procuración de justicia en el país (I)

Sí

No

Sí

No

No

No

No

A

Ocurreun delitoviolento

¿Se llama ala policía?

Informe Policial

Sí

Sí

Sí

Sí

No¿Se denuncia ante el Ministerio Público o se

da parte con o sin detenido?

¿Se rati�ca la denuncia?

Constancia de hechos / Acta Circunstanciada

Se sigue el proceso por la PGR

Se inicia la averiguación previa

¿Es la investigación atraida por laProcuraduría General de la República?

Fe ministerial de objetos, personas y lugares relacionados con el delito

B

Intervención de peritos, Policía Ministerial

Declaraciones de los remitentes, denunciante y/o testigos

Diligencias especí�cas de acuerdo al tipo de delito (dictámenes, valoraciones, entrevistas, ratificaciones)

¿Se completa la averiguación previa?

Averiguación previa completada

¿Se consigna la averiguación previa?

Se cierra la averiguación previa dado que se concluye que no es posible consignarla

Fin del proceso

Se envía a reserva por falta

de elementos

Fin del proceso


FIGURA1.1El proceso de procuración de justicia en el país (I)

Sí

Sí

Sí

No

NoNo

Se gira orden de aprehensión

Nombramiento del abogado defensor y aceptación del cargo

Intervención de la Policía Ministerial para la ubicación y presentación delpresunto responsable para la ejecución de la orden de aprehensión

Se pone el presunto responsable a disposición del Ministerio Público

Declaraciones del presuntoresponsable

Interviene el Médico legista para determinar el estado físicodel presunto responsable

¿Se acepta la consignación?

¿Se cuenta con presunto delincuente

detenido?

¿Se localizó al presuntoresponsable?

Reapertura de la averiguación previa

Se consigna ante el juez

D

D

B

A

C

C


1.5.2 El proceso de impartición de justicia13

A continuación se hace una descripción general del proceso de impartición de justicia, el cual se representa gráficamente en la figura 1.2. Como se mencionó en el aparta-do anterior, el inicio del juicio lo marca el dictamen que hace el juez: auto de formal prisión, reclusión provisional o de sujeción a proceso. El dictamen de auto de formal prisión se llevará a cabo si el juez acredita los siguientes requisitos:

• Se le tome declaración al inculpado, ya sea que declare o que se rehúse a hacerlo.

• Esté comprobado el cuerpo del delito que tenga señalada sanción privativa de libertad.

• Esté demostrada la probable responsabilidad del inculpado, y no esté plenamente com-

probada alguna circunstancia eximente de responsabilidad o que extinga la acción penal.

En el otro caso donde el delito no se castiga con pena privativa de la libertad, el juez dicta auto de sujeción a proceso cuando considera que se ha comprobado el cuer-po del delito y la probable responsabilidad del indiciado. Es posible que el juez dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar. En este caso señala los requisi-tos que a su juicio hacen falta para que el Ministerio Público lleve a cabo las diligencias necesarias para integrar adecuadamente la averiguación penal correspondiente.

Es importante tener en cuenta esto al momento de analizar las estadísticas, ya que cuando se señala el auto de libertad por falta de elementos, existe la posibilidad de que se reactive el proceso y que más adelante el auto de término cambie y se alcance una sentencia. Éste es uno de los problemas más importantes y recurrentes en la esta-dística del proceso de impartición de justicia. Al ser un proceso dinámico (y en algunos casos se podría considerar hasta cíclico) es muy complejo su manejo estadístico. Por la forma en que se registran las estadísticas judiciales en materia penal, es difícil hacer las correcciones, lo que provoca que un caso que se registró en un año con auto de libertad por falta de elementos, en un otro posterior pudiera registrarse como sujeto a proceso o de formal prisión. Esto implicaría un doble registro, pues se trata del mismo delito o el mismo indiciado en la acumulación por año de ocurrencia.

En el otro caso, habrá sobreseimiento de la causa cuando no se logran aportar prue-bas suficientes en el plazo estipulado, o que las nuevas pruebas aportadas no cumplan con los requisitos que impuso el juez. De este modo, si el plazo dado para la aportación de pruebas rebasa el año calendario se registrará el sobreseimiento en el siguiente año de registro pero referido al mismo año de ocurrencia, lo cual también resultaría en un doble registro del mismo indiciado. Dado que es posible apelar el auto, se puede repetir más de una vez lo antes señalado dejando posiblemente un triple registro.

El juicio inicia con el proceso de instrucción, periodo en que las partes deben presentar todas las pruebas que consideren adecuadas, con el fin de probar la culpabi-lidad o la inocencia del imputado. El juez deberá aceptar o rechazar las diligencias que se le hayan propuesto. Al desahogarse las pruebas, ambas partes tendrán que entregar

13 Ibid., pp. 105-109.


sus conclusiones. Deberán cumplirse los plazos estipulados para presentarlas, ya que se corre el riesgo de que el juez ordene el sobreseimiento de la causa, y la libertad del procesado en el caso del Ministerio Público.

Una vez presentadas las conclusiones, el juez emite su fallo final y sentencia. La sentencia condenatoria puede ser de tipo corporal, multa, reparación del daño y reha-bilitación para erradicar conductas violentas en el agresor o mixta. El Ministerio Público o el inculpado pueden solicitar la aclaración de la sentencia definitiva. El ofendido también puede solicitarla, por lo que se refiere a la reparación del daño.

Las resoluciones judiciales se pueden impugnar según lo que establezca la ley para el caso. Pueden llevar a cabo la impugnación tanto el Ministerio Público como el inculpado y su defensor, o el ofendido o sus legítimos representantes, cuando hayan sido reconocidos por el juez de primera instancia para efecto de la reparación del daño y perjuicios. El juez o tribunal deberá resolver si son fundados o no los motivos de la impugnación. También es posible apelar la sentencia de la primera instancia. La apelación se interpone ante el juez que dictó la resolución impugnada. Existen dos recursos más: el juicio de segunda instancia y el juicio de amparo, como puede observarse en la figura 1.2.

El juicio de segunda instancia solamente se abrirá a solicitud de la parte interesa-da y en casos donde la apelación se interponga conforme a las disposiciones estable-cidas, y sea admitida por el juez. En tales casos las sentencias (ya sean absolutorias o condenatorias) que se hayan registrado en la primera instancia no son definitivas. Por esta razón el análisis de los delitos del presente libro tiene la importante limitante de sólo analizar a los sentenciados en la primera instancia, ya que las estadísticas judicia-les en materia penal sólo registran información de los juzgados de primera instancia.

El juicio de segunda instancia es la garantía que tienen los ciudadanos de que se podrán hacer correcciones de posibles errores que hayan surgido en el juicio de primera instancia. En este caso, el juez tiene mayor autoridad que el primero, por lo que su fallo se impone sobre el de primera instancia. En este procedimiento el juez tiene conocimiento de todo lo que se le presentó al primero (con alguna información que se reúna adicionalmente relativa al fundamento de la apelación) y examina dicha información. Al concluir con la examinación declara justa o injusta en hecho o derecho la sentencia del primer juicio. En el caso de que exista alguna objeción respecto de la sentencia en el juicio de segunda instancia, se podría promover un juicio de amparo.

El juicio de amparo tiene como finalidad examinar las resoluciones judiciales de última instancia dictadas por todos los tribunales del país, además tiene la capacidad de revertir la sentencia de segunda instancia. Así, las autoridades responsables de los juicios de amparo son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Cole-giados de Circuito y los Juzgados de Distrito. El procedimiento del amparo puede ser directo o indirecto. El amparo directo se interpone ante la Suprema Corte o los Tribuna-les Colegiados y consta de una sola instancia.

En tanto que el amparo indirecto se presenta en primera instancia ante el Juez de Distrito y en segunda instancia en revisión ante la Suprema Corte o Tribunales Co-legiados. El juicio de amparo dicta medidas precautorias que van en el sentido de la


suspensión del acto reclamado en dos etapas: provisional y definitiva. La etapa provi-sional pretende mantener la situación en el estado en que se encuentra, hasta que se falle respecto de la suspensión definitiva. La suspensión definitiva se niega o se otorga después de un breve procedimiento en el cual se toman en consideración los elemen-tos del caso de ambas partes.

FIGURA1.2El proceso de procuración de justicia en el país (II)

No

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

¿Es auto deformal

procesamiento?

¿Es la sentenciacondenatoria?

¿Se apela la sentencia?

¿se apela el auto?

Auto de plazoconstitucional

D

D

E

Ejercicio deacción penal

Auto de formal prisión o sujeción a proceso o

mixto

Juicio de primera instancia

Sentencia

Sentencia condenatoria de tipo corporal, multa, reparación del daño y rehabilitación para erradicar

conductas violentas en el agresor, o mixta

No ejercicio deacción penal

Condena absolutoria, se procede a la liberación

del presunto responsable

Liberación delpresunto

responsable

Se cumplesentencia


FIGURA1.2El proceso de procuración de justicia en el país (II)

Sí

Sí

Sí

¿Es la sentencia condenatoria?

¿Se apela la sentencia?

¿Es la sentenciacondenatoria?

Juicio de segunda instancia

Se cumple sentencia

Se cumple sentencia

Sentencia condenatoria, de tipo corporal, multa, reparación del daño y rehabilitación para erradicar conductas violentas en el agresor, o mixta

Sentencia condenatoria, de tipo corporal, multa, reparación del daño y rehabilitación para erradicar conductas violentas en el agresor, o mixta

No

No

Liberación del presunto responsable

No Liberación del presunto responsable

Juicio de amparo

E

Como se puede observar, los procesos de procuración e impartición de justicia son complejos ya que es posible que les tome varios años para llegar a una sentencia defi-nitiva. Esta complejidad resulta difícil de traducir en estadísticas mensuales o anuales, por lo que debe pensarse en la posibilidad de otro tipo de sistema de información que vincule todos los procesos, pueda identificar los puntos en los que se encuentra cada caso y esté en condiciones de hacer una medición más puntual de la eficacia de los sistemas de procuración e impartición de justicia en el país. En el siguiente apartado se hace una revisión de la generación de información sobre los procesos de procuración e impartición de justicia.

1.5.3 Información estadística de los procesos de procuración e impartición de justiciaAhora que se tiene un panorama general de los procesos de procuración e impartición de justicia, es posible hacer un análisis de la información estadística que se produce sobre éstos y estudiar sus alcances, limitaciones y necesidades de información. En la figura 1.3 es posible observar la transformación del registro de la información sobre los hechos violentos conforme se dan los procesos de procuración e impartición de justicia.


Los procesos se registran en distintas fuentes de información y, como se verá más adelante, el objeto central del registro en cada una cambia. De manera que en mu-chos casos no es posible dar seguimiento al hecho de una fuente a otra. Esta falta de compatibilidad en el objeto estadístico o unidad de análisis entre fuentes complica la estimación de ciertos indicadores sobre el acceso a la justicia de manera integral, así como del nivel de impunidad que prevalece en el país.

FIGURA1.3

Actos violentos no tipi�cados como delito

Denuncias

Averiguaciones previas

AP * consignadas

Sujetos a proceso

Sentencias condenatorias

DelitosCifra negra o no denuncia

Proceso deprocuraciónde justicia

Proceso deimparticiónde justicia

Hechos violentos

Representación conceptual de la información que se genera de los procesos de procuración e impartición de justicia que se siguen a partir de la ocurrencia de un hecho violento

* AP, averiguacón previa

Es importante esquematizar, en primer lugar, los procesos que siguen los hechos violentos. Los hechos violentos pueden denunciarse o no, pero los que no son denun-ciados ante la autoridad quedan fuera de los registros administrativos de procuración de justicia. Este dato es lo que se conoce generalmente como “cifra negra”. La única manera de tener un estimado de estos hechos no denunciados es a través de encues-tas especializadas. Sin embargo, debido a que éstas utilizan instrumentos diseñados específicamente para obtener la información sobre el tema, en ellas se obtiene infor-mación a la medida. De tal forma que se tienen características de los tres principales elementos del hecho violento y que constituyen los objetos estadísticos: la víctima, el agresor y el acto violento.

Es importante tomar en cuenta que los hechos definidos como delitos que arrojan las encuestas no pueden tomarse de manera rigurosa como el monto total de delitos ocurridos, puesto que en ellas el ciudadano común que responde la encuesta se refiere a incidentes de los que ha sido víctima, pero que no se sujetan a la definición legal del delito necesariamente.14 Otra limitante de las encuestas es que, aunque se refieren a un lapso determinado, es muy difícil acotar a las personas a dicho periodo.

14 ONU, Manual para Encuestas de Victimización, p. 5.


Estudios internacionales han probado que es posible resolver este problema, o por lo menos reducirlo, al hacer encuestas panel.15 En estas encuestas la muestra es un conjunto de hogares definidos que vuelven a ser entrevistados después de un periodo con el fin de asegurar que las personas hagan referencia a los hechos del periodo trans-currido entre la primera y segunda entrevista. El problema con este tipo de encuestas es su costo, pues requieren grandes tamaños de muestra.

Los delitos que mejor se captan en dichas encuestas son los de mayor ocurren-cia, dado que para tener información estadísticamente significativa sobre delitos con escasa incidencia se requiere de muestras muy grandes, lo que eleva considerable-mente los costos. Además, según las recomendaciones internacionales, las encuestas de victimización se restringen a los delitos experimentados por el entrevistado, por lo que excluyen los homicidios.16 Existen encuestas especializadas sobre homicidios pero tienen un corte distinto y no son tan utilizadas.

Es importante señalar que un hecho violento puede o no estar tipificado como delito, de tal forma que la denuncia de éstos no necesariamente detonará un proceso de procuración de justicia y quedarse como denuncia de hechos o como acta circuns-tanciada. Estos tipos de violencia quedan impunes gracias a los vacíos que existen en la legislación. De ahí que resulte tan importante hacer reformas apropiadas y lo sufi-cientemente amplias para no dejar hechos violentos sin punibilidad.

Como se mencionó antes, el proceso de procuración de justicia da principio con el inicio de una averiguación previa a partir de la denuncia de los hechos ante el Mi-nisterio Público. Sin embargo, como también se mencionó, es posible que sólo se le notifique a la policía del hecho violento y que en ese caso quede registrado en los informes policiales. Es factible que algunos hechos registrados en informes policiales no generen una denuncia, por lo que ligar dichos informes al proceso de procuración de justicia permitiría conocer hechos no denunciados.

Es posible monitorear el proceso de procuración de justicia a través del curso que toman las averiguaciones previas (iniciadas, en trámite, puestas en reserva, consulta o archivo, determinadas como incompetencia, concluidas o inactivas, cerradas o con-signadas). Como vimos en la sección anterior, cuando las averiguaciones previas con-signadas con o sin detenido ante el juez se aceptan, entonces inicia el proceso de impartición de justicia.

En las estadísticas, el objeto de estudio cambia del delito a la persona a quien se le inició proceso jurídico. Él o los señalados como responsables en la averiguación previa consignada son los sujetos contra quienes se inicia el proceso jurídico, el cual concluye cuando se alcanza una sentencia o se da el sobreseimiento de la acción pe-nal. Los procesos jurídicos que se concluyen con una sentencia condenatoria ejecutada son los casos en los que los hechos violentos (denunciados y tipificados como delito)

15 Keith Bolling et al., 2008-09 British Crime Survey (England and Wales), pp. 29-30; Home Office, User Guide to Home Office Crime Statistics, pp. 6-7; U.S. Department of Justice, National Crime Victimization Survey (NCVS). Survey Methodology for Criminal Victimization in the United States, p. 1.16 K. Bolling et al., op cit., p. 30; ONU, Manual para Encuestas de Victimización, pp. 9-17.


reciben un castigo. De este modo, la diferencia entre los hechos violentos ocurridos y los hechos violentos para los cuales se obtienen sentencias condenatorias es lo que se conoce como índice de impunidad o ausencia de castigo. Podría parecer sencillo es-timar el monto de la impunidad en el país, desafortunadamente no es posible hacerlo de forma directa desde el punto de vista estadístico.

En la figura 1.4 se muestran las incompatibilidades de origen que existen entre los datos de cada una de las fuentes de información de los procesos de procuración e im-partición de justicia. Uno de los más importantes problemas por enfrentar con respecto a la información de los diferentes procesos que siguen los hechos violentos, es que las fuentes de información tienen distintos objetos estadísticos, por lo que no es posible darle seguimiento de forma directa a través de las diferentes fuentes de información.

El objeto estadístico se refiere a la unidad de análisis que utiliza la fuente de infor-mación: sobre qué elemento del hecho violento se hace el registro de la información. El hecho violento tiene tres elementos principales: el agresor, el acto violento que ejerce y la víctima. Pero ninguno de los tres elementos es necesariamente único, de tal forma que la relación entre ellos no es necesariamente uno a uno. Es decir, pueden existir varios agresores, se pueden ejercer varios tipos de violencia y puede haber también varias víctimas del mismo hecho violento.

Si un acto violento no está tipificado en el Código Penal no hay delito que per-seguir, por lo tanto no es posible sancionar el acto y no habrá registro estadístico del hecho violento. Por ejemplo, así como puede concurrir en él más de un delito, de la misma forma varios hechos violentos pueden ser considerados como un solo delito.

El proceso de procuración de justicia tiene como objeto de análisis el delito, mien-tras que en el de impartición de justicia es el sujeto a proceso a quien se le impondrá o no sanción. En tales casos, en la estadística de procuración de justicia aparecerían los delitos registrados en las averiguaciones previas sin hacer evidente su concurrencia o la cantidad de víctimas y agresores con los que está relacionado. Del mismo modo, en la estadística de la impartición de justicia se registraría a cada uno de los supuestos agresores sujetos a proceso, pero sin brindar información sobre las víctimas del delito.

Otro punto importante por considerar es que los procesos de procuración e impar-tición de justicia suelen llevarse a cabo en el transcurso de varios periodos anuales, lo que afecta la capacidad para medir la impunidad de los delitos. Entonces, es necesario considerar todos estos aspectos para proponer un indicador de impunidad, así como también es indispensable cambiar la forma en que se recaba la información para po-der ligar cada caso en las diversas etapas de los procesos. De este modo se lograrían conectar los actos violentos con las denuncias, las averiguaciones previas, los juicios y las sentencias emitidas para dimensionar de manera adecuada el grado de impunidad que tienen los hechos violentos. Asimismo, podría medirse de manera más clara la for-ma en que la población accede a la justicia en el país. Es importante resaltar que en la generación de estadísticas de ambos procesos se pierde de vista a la víctima.


Una vez hechas las advertencias necesarias sobre las fuentes de información, en la figura 1.4 se presentan algunos ejemplos de cómo se registran los objetos estadísticos según el desarrollo de los procesos de procuración e impartición de justicia.

FIGURA1.4

Ejemplos de cómo se genera la información estadística de los hechos violentosy sus procesos de procuración e impartición de justicia

Ocurrencia del hecho violento

Agresor (1 o más)Objeto

estadístico

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Ejemplo 4

Ejemplo 5

Ejemplo 6

Ejemplo 7

Objetoestadístico

Objetoestadístico

Objetoestadístico

Objetoestadístico

Objetoestadístico

Objetoestadístico

Acto violento

Victima (1 o más)

Agresor (1 o más)

Acto violento

Victima (1 o más)

Agresor (1 o más)

Acto violento

Victima (1 o más)

Agresor (1 o más)

Acto violento

Victima (1 o más)

Agresor (1 o más)

Acto violento

Victima (1 o más)

Agresor (1 o más)

Acto violento

Victima (1 o más)

Agresor (1 o más)

Acto violento

Victima (1 o más)

Procuración de justicia

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Impartición de justiciajuicio

Se dicta auto de término constitucional

Libertad absoluta, libertad por falta de elementos para

procesar, no sujeción a proceso

o sobreseimiento

Formal prisión sujeción a proceso o reclusión provisional

Formal prisión sujeción a proceso o reclusión provisional

No se visibiliza en las estadísticas







(en reserva o concluida no ejercicio de la acción penal)

AP consignada señalando aun presunto responsable

(1 o más)


(1 o más)


(1 o más)

Delito (1 o más)

Delito (1 o más)

Delito (1 o más) Delito (1 o más) Delito (1 o más)

Delito (1 o más) Delito (1 o más)Delito (1 o más)

Denuncia de hechos / Acta

circunstanciada

Averiguación previa (aperturada, en reserva, concluida o consignada)

Hechos / Acta circunstanciada

Hechos / Acta circunstanciada

Hechos

Hechos

Hechos

Hechos

Se dictasentencia

Absolutoria o sobreseimiento

Condenatoria


Los siete ejemplos muestran las distintas posibilidades de generación de informa-ción según las características de los hechos violentos y cómo se lleven a cabo los pro-cesos. La figura anterior (1.4) muestra las tres etapas: la ocurrencia del hecho violento, el proceso de procuración de justicia y el proceso de impartición de justicia. En el pri-mer ejemplo se describe el caso en el que los hechos violentos no se denuncian ante la autoridad, por lo que no habrá información de éste en ningún registro administrativo.

En el segundo ejemplo se representa el caso donde los hechos violentos se de-nuncian, sin embargo, debido a que ésta se hace ante la policía preventiva no tiene valor en el proceso de procuración de justicia, pues las denuncias deben presentarse por procedimiento ante el Ministerio Público. También puede suceder que el mismo Ministerio Público desaliente o incluso intimide a la víctima para que no complete la denuncia, con lo que en lugar de denuncia queda como acta circunstanciada, y por tanto no da lugar a una averiguación previa.

En este mismo ejemplo es posible que el denunciante no brinde los elementos ne-cesarios para que se abra una averiguación previa o simplemente que no se ratifique la denuncia, lo que no permite que se abra la averiguación previa. Al no iniciarse ésta no se persigue el delito y por lo tanto no queda anotado en los registros administrativos de la procuración e impartición de justicia.

El tercer ejemplo señala los hechos violentos que se denuncian pero que no son constitutivos de delito, es decir, no están considerados en el Código Penal de la entidad federativa. Por esta razón no es posible abrir una averiguación previa y no hay acceso a la justicia en dichos casos. Estos hechos pueden referirse a actos que claramente de-berían estar tipificados como delito, o que en otras entidades federativas sí lo están, o incluso están definidos en alguna ley como tal, pero por omisión aún no se han incluido en el Código Penal. Por ejemplo, algunos tipos de violencia están definidos en las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero no es posible perseguirlos judicialmente ya que no se han incluido todavía en los códigos penales de las entida-des federativas, y no se ha definido una sanción para ellos.

El cuarto ejemplo plantea el caso en que se denuncian los hechos constitutivos de delito, lo cual lleva a una averiguación previa. Sin embargo, a causa del desarrollo de la misma investigación la averiguación previa se envía a reserva (será archivada debido a la falta de elementos suficientes para hacer la consignación, pero es posible que más adelante se obtengan nuevos datos para reabrirla), se concluye por no ejercicio de la acción penal (el juez dicta resolución en la que se determina el no ejercicio de la acción penal) o por incompetencia (le corresponde a otra autoridad). Así se generan datos sobre el delito pero no se sigue el proceso de impartición de justicia y, por lo tanto, no se generan datos al respecto.

El quinto ejemplo expone el caso en que se denuncian los hechos y se inicia la averiguación previa. Ésta es consignada ante el juez de primera instancia, el cual dicta un auto de término constitucional de los siguientes tipos: libertad absoluta, libertad por falta de elementos para procesar, no sujeción a proceso o sobreseimiento. Estos autos de término conducen a la liberación del indiciado (persona señalada como res-


ponsable del delito). En este caso como no se lleva a cabo un juicio sólo se generará información respecto de los delitos y el auto de término constitucional.

En el sexto ejemplo, a diferencia del anterior, el auto de término constitucional es de formal prisión, reclusión provisional o sólo de sujeción a proceso. De manera que se lleva a cabo el juicio contra el o los señalados como responsables del ilícito, donde la sentencia es de sobreseimiento o absolutoria. En este caso se tiene un registro com-pleto en todas las etapas de los procesos de procuración e impartición de justicia. Sin embargo, no se ha dado solución al delito, es decir, ha quedado impune ya sea porque no se logró plantear adecuadamente el caso para inculpar al indiciado o porque éste probó su inocencia. En cualquier caso, lo ideal sería que el aparato de procuración de justicia se eche a andar de nuevo para buscar sancionar dicho delito.

En el último ejemplo tenemos el caso “ideal” en el que se sanciona el hecho vio-lento ocurrido. Es decir, los hechos violentos son denunciados ante el Ministerio Públi-co, y al ser constitutivos de delito se enjuician y culminan en una sentencia condena-toria. En este caso, al igual que en el anterior, se cuenta con un registro completo a lo largo de los procesos de procuración e impartición de justicia.

En el proceso de procuración de justicia hay distintas etapas en las que se puede obtener información, cada una con sus pros y contras. En los procesos iniciados (ave-riguaciones previas) se asientan uno o varios probables delitos, sin embargo, existe la posibilidad de tener un subregistro. Al ser información preliminar, los delitos señalados de inicio pueden ser remplazados por otros o pueden añadirse otros más durante la investigación. Podría resultar necesario, por ejemplo, añadir el delito de homicidio a las denuncias que se inician por secuestro o desaparición al encontrarse a la víctima falle-cida. Por lo tanto, la información que se registra en esa primera etapa está incompleta.

En otros casos se cambia por completo el delito registrado en la denuncia al tipi-ficarse el hecho como un delito determinado así como al obtener información en las primeras pesquisas, lo que lleva a rectificar el delito registrado originalmente por otro. Por ejemplo, se abre denuncia por robo y con las indagaciones de la averiguación pre-via resulta que se trata de un fraude. Esto mismo puede ocurrir en las averiguaciones previas iniciadas respecto de las consignadas, ya que conforme avance la investigación la información que se recabe puede cambiar los delitos que se asienten en la averi-guación previa.

En el caso de tomar las averiguaciones previas consignadas (aunque es posible re-cuperar casos en los que, de inicio, no se incluía el delito objetivo del análisis), se pue-den perder los casos en que no se ha identificado a un probable responsable del ilícito, ya que sólo se consignan ante el juez los casos donde se ha señalado a un probable responsable. Las averiguaciones previas consignadas cuentan con información sobre el presunto agresor, además de las características del delito. Aquí es necesario resaltar que se trata de características del indiciado, pero no será el delincuente responsable de cometer el delito hasta que se dicte sentencia condenatoria por el juez.

Sin embargo, como ya se vio en el proceso de impartición de justicia, es posible que no termine ahí el proceso y se recurra a otras instancias (juicio de segunda instan-


cia y amparo) para buscar revertir la sentencia. De tal forma que hasta que la sentencia se purgue, por lo menos frente al aparato judicial, se habrá encontrado al responsable del ilícito.

Si bien las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas son las que llevan sus registros administrativos sobre las denuncias y averiguaciones previas, la información que proveen dichos registros hasta el momento es muy limitada y care-ce de las características importantes para el análisis de los delitos. Todavía no existe un sistema de información que reúna toda la información que está en las averiguaciones previas para hacer un análisis más profundo. Como mencionamos al inicio del presente capítulo, los censos nacionales de gobierno pretenden subsanar este vacío, aunque con fuertes limitantes. Por este motivo, lo que se utilizó para analizar el primer momen-to del proceso de procuración de justicia es la información que publica el SESNSP sobre incidencia delictiva.

Los delitos en algunos casos se encuentran agrupados en un solo rubro, lo que obliga a llevar a cabo un análisis agregado de ellos. Un ejemplo de esto es el secuestro y la privación ilegal de la libertad, que son dos delitos con claras diferencias, especial-mente en las sanciones establecidas para cada uno, pero que desafortunadamente se encuentran agrupados bajo el mismo rubro en dichas estadísticas, como se verá más adelante en el capítulo 5. En el presente volumen, para el análisis de ciertos delitos se incluyó información proveniente de otras fuentes, como son las encuestas y otros registros administrativos, entre ellos los provenientes de la Secretaría de Salud.

La información con la que se cuenta sobre procesos judiciales iniciados y que se utilizó proviene de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal.17 Como se mencionó en el apartado de fuentes de información, las estadísticas están referidas a los pro-cesados según auto de término constitucional o sobreseimiento y a los sentenciados según condena o sobreseimiento. Debido a esto, la selección de los sentenciados con condena ofrece algunas características sobre los probables agresores.

Actualmente no es posible vincular estadísticamente las averiguaciones previas a los juicios, de manera que tampoco es posible relacionar las características de las víctimas con las de los agresores. Otro punto que se considera en el análisis es que los procesos de procuración de justicia toman varios años regularmente, por lo que para corregir los datos que se registran en distintos años se toman los datos de procesados y sentenciados por año de ocurrencia y se corrige el dato para evitar subregistros. Sin embargo, como requie-ren varios años para que se dé dicha corrección, los últimos años disponibles tendrán un mayor subregistro, el cual debe ser considerado en el análisis de los datos.

Asimismo, en los análisis que se presentan se hace una selección de los procesa-dos cuyo auto de término constitucional fue de formal prisión, sujeción a proceso y reclusión provisional en departamento especial. En los sentenciados la selección es por sentencias condenatorias, que son el principal interés para conocer los niveles de impartición de justicia.

17 INEGI, Estadísticas Judiciales en…, op. cit.


Es importante insistir en que hay incompatibilidades de origen entre los datos ge-nerados por las distintas fuentes de información utilizadas para monitorear los proce-sos de procuración de justicia y aquellas relacionadas con su impartición. Puede ocu-rrir que en la estadística de la impartición se registre por separado a cada uno de los identificados como presuntos agresores del mismo delito. Es decir, todos los agresores estarían vinculados al mismo delito y a las víctimas de éste en la averiguación previa, pero en el registro estadístico de los juicios no es posible visibilizar dicha vinculación.

1.6 Propuesta de indicadores para el análisis de los delitos violentos

El presente volumen se articula alrededor de una propuesta metodológica común, a partir de la cual se desarrollan los análisis de los distintos delitos violentos conside-rados, aunque en algunos de los capítulos haya adecuaciones específicas al tema tra-tado. Esta propuesta metodológica común se refiere tanto a los indicadores como a la metodología de análisis. En este apartado se hace una descripción de los indicadores comunes a los delitos seleccionados que se propusieron para su análisis. Para éste, se recurrió al diseño de matrices de concentración espacio-temporal —cuyo algoritmo se explica más adelante— que dan cuenta de la evolución, tanto a través de los años del periodo considerado como entre las entidades federativas. La metodología de los indicadores específicos de cada delito se describirá en capítulos correspondientes a los mismos.

1.6.1 IndicadoresLos indicadores propuestos son de dos tipos: los que se refieren al número de eventos y los que dan cuenta de razones que relacionan tales eventos. Cabe señalar que todos los indicadores se encuentran desagregados por entidad federativa y año de ocurren-cia, es decir, a pesar de que puedan haberse registrado en años posteriores, el análisis se hará sobre la base del año en que tuvieron lugar los delitos violentos en el periodo de 1997-2011. A continuación se describen cuatro indicadores del primer tipo y cinco del segundo.

Eventos1. HV = Hechos violentos. Se refiere a la ocurrencia de los delitos violentos, independiente-

mente de que sean o no denunciados y puede tomarse como a un acercamiento a la cifra

negra.

2. AP = Averiguaciones previas. Es el número de averiguaciones previas que publica el SESNSP.

Como ya se mencionó, es importante resaltar que no hay precisión conceptual sobre a

qué se refiere.

3. SP = Sujetos a proceso. Se refiere a la selección de los presuntos delincuentes de 1997

a 2007 y a los procesados de 2008 a 2010 (a partir de la reforma penal) con auto de

término constitucional de formal prisión, sujeción a proceso o reclusión provisional en


departamento especial. Estos datos provienen de las Estadísticas Judiciales en Materia

Penal del INEGI. Para ello se hizo una reconstrucción de los datos por año de ocurrencia del

delito asociado al sujeto a proceso, con la finalidad de contrarrestar el efecto multianual

del proceso de justicia. Es decir, se sumaron los sujetos a proceso que se han registrado

en los años disponibles (año de registro) pero que corresponden al año de ocurrencia

del delito. Sin embargo, es importante destacar que para los años de ocurrencia recien-

tes (en especial el último disponible en la fuente) todavía no hay información suficiente

para contrarrestar este efecto multianual, por lo que probablemente presentarán niveles

mucho más bajos que no pueden ser interpretados como un decremento en la eficacia

del proceso de justicia.

4. SC = Sentenciados con condena. Es el número de sentenciados a los que se les impuso una

condena. Esta información también proviene de las Estadísticas Judiciales en Materia

Penal del INEGI. Los datos de sentenciados con condena se reconstruyeron de la misma

forma que los sujetos a proceso.

Razones1. RAH = Razón de las averiguaciones previas sobre los hechos violentos. Es un indicador de de-

nuncia que denota la confianza que tiene la población en el aparato de procuración e

impartición de justicia:

2. RPA = Razón de sujetos a proceso sobre las averiguaciones previas. Este indicador es una aproxi-

mación para medir la efectividad del aparato de procuración de justicia y su capacidad de

consignar a un posible responsable del delito por cada averiguación previa. Es importan-

te advertir que esta razón tiene valores entre [0,1] en los casos donde sólo hay un agresor

por cada averiguación previa, y que los valores fuera de rango posiblemente se deben a

casos donde hay varios probables responsables del delito, lo que suele ser más frecuente

en algunos como, por ejemplo, el secuestro.

3. RCH = Razón de los sentenciados con condena sobre los hechos violentos. El indicador pretende

medir la efectividad del aparato de procuración e impartición de justicia respecto de la

cifra negra. Podría tomarse como un acercamiento a un índice de impunidad. Da cuenta

de los sentenciados con condena por cada delito que ocurre según el dato de cifra negra.

Este indicador debe tomarse con cautela, dado que, como ya se mencionó, un delito no

corresponde directamente a una sentencia, pues dependerá del número de perpetrado-

res. Además de que el dato de la cifra negra es sólo una aproximación gruesa, como se ha

descrito en el presente capítulo.

RAH =APHV

RPA =SPAP

RCH =SCHV

RCA =SCAP

RCP =SCSP

RAH =APHV

RPA =SPAP

RCH =SCHV

RCA =SCAP

RCP =SCSP

RAH =APHV

RPA =SPAP

RCH =SCHV

RCA =SCAP

RCP =SCSP


4. RCA = Razón de los sentenciados con condena sobre las averiguaciones previas. A partir de este

indicador se pretende tener un acercamiento sobre la efectividad del aparato de pro-

curación e impartición de justicia con respecto a los delitos denunciados y a raíz de los

cuales se abre una averiguación previa, es decir, los sentenciados con condena por cada

averiguación previa registrada. El indicador presenta los mismos problemas que los an-

teriores respecto del número de agresores con condena que están relacionados por cada

averiguación previa. En este indicador es importante tener en cuenta que la disminución

en los últimos años, especialmente en el último, se deba posiblemente a que los proce-

sos judiciales llevan tiempo y a que podrán procesar a posibles responsables por el delito

en un futuro.

5. RCP = Razón de los sentenciados con condena sobre los sujetos a proceso. Esta razón busca medir

la efectividad del aparato de impartición de justicia, es decir, cuántos de los procesados

obtienen una condena. Esto da cuenta de la medida en que se sanciona a los sujetos a

proceso que son señalados como responsables por el Ministerio Público. Es importante

resaltar que en este caso, el indicador, a diferencia de los anteriores, necesariamente se

encuentra en el rango [0,1], ya que los sujetos sentenciados son un subconjunto de los

sujetos a proceso.

1.6.2 Matriz de concentración espacio-temporalSe diseñó la matriz de concentración espacio-temporal buscando controlar los efectos derivados del tamaño de los estados y de los cambios en el nivel de ocurrencia de los eventos en el tiempo para el análisis de cada uno de los indicadores descritos en el apartado 1.6.1. Se aprecian tres virtudes de la estimación de la matriz de concentración espacio-temporal, las cuales se describen a continuación:

1. Permite identificar dónde se encuentra un mayor o menor número de eventos de los

esperados de acuerdo con la experiencia conjunta (nacional) en un momento (año) junto

con la individual (entidad federativa o municipio) en el periodo. Es decir, provee infor-

mación del valor que se esperaría de cada indicador en un momento o lugar específico,

dada la experiencia total en ese lugar en el periodo de observación y al mismo tiempo en

relación con la experiencia del total de los lugares en un momento dado.

2. Hace posibles comparaciones de los indicadores entre lugares (entidades federativas,

municipios) en los diferentes momentos (años).

3. Sintetiza las deficiencias que puedan tener los datos (subregistro o sobrerregistro) y elu-

de la utilización de estimaciones de población (que también tienen problemas no sólo

de calidad sino de disponibilidad) a fin de estandarizar los datos para su comparación.

RAH =APHV

RPA =SPAP

RCH =SCHV

RCA =SCAP

RCP =SCSP

RAH =APHV

RPA =SPAP

RCH =SCHV

RCA =SCAP

RCP =SCSP


AlgoritmoPara construir las matrices de cada uno de los indicadores (HV, AP, SP, SC, RAH, RPA, RCH, RCA y RCP), se lleva a cabo el siguiente procedimiento: cada indicador se puede ver como eventos ocurridos que se denominarán 𝑂𝑖𝑗, donde 𝑖 se refiere a la entidad federativa donde ocurrieron los eventos y 𝑗 al año de ocurrencia. De esta manera, los eventos ocurridos se arreglan en una matriz como se muestra en la tabla 1.1. En la matriz los renglones corresponden a las entidades federativas y se simboliza con una 𝐿𝑖 y las columnas se refieren a los años y se representa con 𝑇𝑗. Para las matrices de HV, AP, SP y SC se calculan las distribuciones marginales por filas y columnas. Es decir, las sumas de las filas (𝑇) y las columnas (𝐿) entre la suma del total de eventos ocurridos (𝑁).

En el caso de las razones: RAH, RPA, RCH, RCA y RCP, 𝑁 no sería la suma, sino el va-lor promedio nacional de cada razón. De la misma manera, tanto en la columna 𝑇 como en la fila 𝐿 tampoco tendríamos sumas, sino los valores totales con respecto al tiempo y al lugar. Por ejemplo, en la citada tabla 1.1, el que está marcado con rojo sería el valor de la razón correspondiente al lugar 1 (entidad federativa 1) para el conjunto de años del periodo considerado. Mientras que lo marcado con verde sería el valor de la razón correspondiente al momento 1 (año uno) en el ámbito nacional para el conjunto de entidades federativas.

Marginallugar

Matriz de observaciones TABLA 1.1


Para cada indicador se genera una matriz de eventos esperados (tabla 1.2) con los productos de las distribuciones marginales que corresponden a cada celda. Esto repre-senta los eventos esperados de acuerdo con los efectos de tiempo y lugar:

Matriz de eventos esperados TABLA 1.2

Para obtener la matriz de concentración espacio-temporal (tabla 1.3) se dividen las matrices originales (excluyendo los renglones 𝐿 y marginal tiempo, y las columnas 𝑇y marginal lugar sombreados en la tabla 1.1) entre las matrices de eventos esperados. Para analizar los picos y valles, según cada caso, se presentan en una matriz marcando los máximos y mínimos, utilizando como herramienta visual una graduación de colores donde el rojo indica máximos en indicadores negativos (incidencia delictiva) y el verde los positivos (el caso de las razones).

A continuación se describe un ejemplo de cómo calcular la matriz de concentra-ción espacio-temporal para el indicador de hechos violentos. Se comienza colocando en una matriz (matriz original) el número de hechos violentos (eventos ocurridos) por entidad federativa y año de ocurrencia del periodo seleccionado, 1997-2010. Para es-timar la matriz de eventos esperados se multiplican las distribuciones marginales por entidad federativa y año y el total de eventos durante el periodo de observación.

Matriz de concentración espacio-temporal TABLA 1.3


Por ejemplo, si en 1997 en Aguascalientes se reportan 𝑂11 hechos violentos, en dicha entidad en el periodo de análisis el total de hechos violentos es: 𝑇 = ∑t

𝑗= 1𝑂1𝑗, y en 1997 el total de los hechos violentos ocurridos en todas las entidades federativas es: 𝐿= ∑𝑙

𝑖= 1𝑂𝑖1 y el total de hechos violentos en el país durante el periodo de 1997-2010 es: 𝑁= ∑𝑙

𝑖= 1 ∑t𝑗= 1𝑂𝑖𝑗; entonces la marginal en Aguascalientes tiene la forma: ∑t

𝑗= 1𝑂1𝑗/𝑁 y la marginal de 1997 la forma: ∑𝑙

𝑖= 1𝑂𝑖1/𝑁, por consiguiente los hechos violentos espera-dos para Aguascalientes en 1997, son el resultado del producto (∑t

𝑗= 1𝑂1𝑗/𝑁) (∑𝑙𝑖= 1𝑂𝑖1/𝑁)𝑁.

Así, el valor esperado queda expresado de esta forma: 𝐸11=(∑t𝑗= 1𝑂1𝑗∑𝑙

𝑖= 1𝑂𝑖1)/𝑁.Entonces, el cálculo de la concentración espacio-temporal para Aguascalientes en

1997 (primera celda de la matriz de concentración espacio-temporal) se estima hacien-do el cociente de los hechos violentos ocurridos entre los hechos violentos esperados, 𝑂11/𝐸11, el resto de las celdas de la matriz de concentración de espacio-temporal de hechos violentos se calcula de la misma forma.

Este cociente (𝑂11/𝐸11,) muestra qué tanto los eventos observados se incrementa-ron, disminuyeron o se mantuvieron más o menos en el mismo nivel en Aguascalientes durante el año 1997 a partir de la experiencia en Aguascalientes y la del país en el periodo de referencia, 1997-2010.

La manera de interpretar el cociente es la siguiente:

• Si es superior a la unidad indica que el número de hechos violentos es mayor que lo

esperado.

• Si es igual o cercano a uno entonces los hechos violentos están en el nivel esperado.

• Si está por debajo implica que el número de hechos violentos es menor a lo esperado.

1.7 Recomendaciones acerca de la generación de información estadística sobre delincuencia

En el capítulo se plantea que para el estudio de los delitos violentos es necesario po-der tener una visión global del fenómeno. Para esto es preciso contar con un sistema de información completo y eficaz que no sólo comprenda una perspectiva de victimi-zación, sino que incluya también los procesos de procuración e impartición de justicia. Entonces, un sistema de información adecuado permitiría hacer un análisis de los nive-les de criminalidad y sus características, pero además hará posible medir la eficacia de los procesos de procuración e impartición de justicia.

Si bien se reconocen los avances y grandes esfuerzos que se han hecho para ge-nerar información sobre el tema en el país, en particular el nuevo SNIGSPIJ del SNIEG, aún queda mucho por hacer. La forma en que está planteado el SNIGSPIJ permitiría conocer los efectos que tienen los cambios en materia de política pública, en la legislación o en los procedimientos sobre los procesos de procuración e impartición de justicia. Además, proporciona un panorama completo dado que pretende generar información de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).


Sin embargo, los formatos que se han diseñado con el fin de recabar la informa-ción tienen algunas deficiencias, aunque esto no debe preocupar, pues como en todo sistema de información siempre hay lugar para la mejora constante. Uno de los incon-venientes más notables del SNIGSPIJ es la forma en que está diseñada la recolección de información, debido a que no considera ligar la información de las diferentes etapas de la procuración e impartición de justicia. Es decir, no permite conectar cada caso a lo largo de los procesos de justicia. Esto se considera particularmente importante, ya que sólo así se podrá medir la eficacia real de los procesos de justicia, además de medir el acceso a la justicia de manera global. En especial se podrán construir indicadores confiables que estimen el grado de la impunidad que prevalece en el país, así como de la celeridad de la justicia.

La propuesta en concreto es que se incluya un campo que permita hacer la co-nexión entre las denuncias (el número de acta, en el ámbito de la procuración de justi-cia, del Poder Ejecutivo) y los procesos penales (en el ámbito de impartición de justicia, del Judicial). Pese a la evidente complejidad de dicha propuesta, por la diferencia de los objetos de la procuración de justicia (delito a perseguir) e impartición de justicia (sujeto a proceso), ésta sería la mejor forma de contar con los datos para hacer un se-guimiento longitudinal que, además de que se cumpliría con otro punto vital sobre el que se hizo énfasis en el capítulo, no se perderían de vista los tres principales elemen-tos del hecho violento: la víctima o agraviado, el hecho violento o delito por perseguir y el delincuente/infractor o agresor a lo largo de la cadena de registro de información sobre los procesos de justicia.

Al conectar cada caso en los procesos que siguen es posible rescatar los tres ele-mentos para cualquier etapa.

Como punto final por considerar para la buena integración de un sistema estadísti-co sobre justicia, se señala la imperante necesidad de homologar la información que se integra en el sistema. Como se planteó previamente, el dato se construye y para hacer-lo es necesaria la definición de marcos de referencia que faciliten dicha construcción. Estos marcos permiten que datos que provienen de distintas instancias con caracterís-ticas diferentes puedan transformarse y sumarse en un mismo rubro.

Sin embargo, en algunos casos los marcos de referencia no serán suficientes, por lo que habrá de llevar a cabo una armonización de los marcos jurídicos del país. Ase-gurarse de que la información que se está integrando en el sistema de información es enteramente comparable y será fundamental no sólo para la validez del sistema, sino para los análisis que se realicen a partir del mismo. Por estos motivos será de vital importancia que se hagan las revisiones pertinentes para generar los marcos de referencia adecuados, así como las armonizaciones necesarias de los marcos jurídicos.

Capítulo 2

Homicidio


2.1 Introducción

La privación de la vida a otra persona es la forma suprema de violencia, la negación del derecho humano elemental: la supervivencia. Como tal, su tipi-ficación en todos los códigos penales entraña la máxima penalidad, aunque en algunos casos al secuestro se le imponen las penas más altas. La formu-lación general que encontramos en los códigos penales federal y de las enti-dades federativas es: “Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro”. Estos instrumentos jurídicos incluyen también condiciones atenuan-tes y otras de exclusión que eximen de responsabilidad, como es el caso de la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho y la inimputabilidad.

Cabe señalar que un aspecto fundamental es la intencionalidad que dis-tingue al homicidio doloso del culposo,1 para el que se prevén penas mucho menores, o incluso sin pena alguna, como es el caso frecuentemente de

quien por culpa ocasione lesiones u homicidio a su ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante y adoptado, siempre y cuando el imputado no se encuentre al momento de cometer el delito, en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias volátiles inhalables o cualquier otra que produzca efectos análogos y que haya sido administrada sin prescripción médica o sin la intención de provocar la alteración de la personalidad, con los resultados descritos.2

1 El delito es culposo cuando se causa el resultado por negligencia, imprevisión, imprudencia, impericia, falta de aptitud, de reflexión o de cuidado. Por su parte, el homicidio preterintencional estaría en un punto medio entre el dolo y la culpa, pues se refiere a los casos en los que las intenciones originalmente sólo eran de causar daño, pero que desafortunadamente terminó privando de la vida a la víctima. 2 Gobierno del Estado de Durango, “Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango”, en Periódico Oficial del Estado de Durango, 29 de abril de 2004 [Última reforma 30 de agosto de 2012].


Este delito se considera grave por afectar de manera importante valores funda-mentales de la sociedad, lo que hace que se persiga de oficio y generalmente sea imprescriptible, a la vez que se establecen agravantes que lo convierten en homicidio calificado —tales como premeditación, ventaja, traición, alevosía y retribución, por el medio empleado, por saña, estado de alteración voluntaria o brutal ferocidad o en per-juicio de servidores públicos que se encarguen de la procuración o administración de justicia—, las cuales aumentan la pena prevista.

Otros tipos penales homólogos lo constituyen el homicidio en razón de paren-tesco, que incluye parricidio, filicidio o infanticidio, fratricidio, conyugicidio y uxorici-dio, así como el feminicidio, de reciente inclusión en los códigos penales mexicanos. El término de asesinato no está considerado en la legislación nacional, aunque puede asociarse al homicidio doloso calificado. Atendiendo a su grado de ejecución, el homi-cidio admite la posibilidad de que se presente la tentativa, siempre que surjan los actos tendientes a producir el resultado. En algunos casos, el homicidio en grado de tentati-va podría provocar lesiones o daños en los bienes; habría entonces que esclarecer la intencionalidad de esos actos para calificarlos ya sea de lesiones o bien de tentativa de homicidio.

2.2 Antecedentes

Debido a la importancia del homicidio, éste ha sido abordado por diversos autores des-de distintas perspectivas metodológicas. De esta manera, encontramos estudios que se refieren a su significado político, tanto desde una perspectiva histórica3 como sus ex-presiones actuales4 y más recientemente al impacto de la política seguida por esta ad-ministración para enfrentar al crimen organizado,5 generando mediciones desde fuen-tes alternativas, incluyendo seguimientos realizados por medios de comunicación,6 los cuales carecen de una metodología uniforme y no son ni verificables ni replicables.

Desde disciplinas como la salud pública,7 la epidemiología8 y la demografía9 es donde encontramos más investigaciones, basándose en la información proporcionada por las estadísticas vitales y por los registros hospitalarios. Dada esta perspectiva, su

3 Pablo Piccato, “El significado político del homicidio en México en el siglo xx”, pp. 57-80.4 Wil Pansters y Héctor Castillo, “Violencia e inseguridad en la ciudad de México: entre la fragmentación y la politización”, pp. 577-615.5 Eduardo Rodríguez y Miguel Flores, “Structural Factors and the ‘War on Drugs’ Effects on the Upsurge in Homicides in Mexico”.6 Cory Molzahn et al., Drug Violence in Mexico. Data and Analysis Through 2011.7 Alfredo Celis y Norma Valencia, “Traumatismos y envenenamientos en Jalisco. Un estudio a partir de autopsias”, pp. 77-87; Alfredo Celis et al., “Tendencias de mortalidad por traumatismos y envenenamientos en adolescentes. México, 1979-1997”, pp. S8-S15; María Guadalupe Vega et al., “Variaciones regionales de la mortalidad por homicidios en Jalisco, México”, pp. 613-623; María Victoria López et al., “Muertes por homicidio, consecuencia fatal de la violencia. El caso de México, 1979-1992”, pp. 46-52.8 Alberto Pellegrini, “La violencia y la salud pública”, pp. 219-221.9 Mario Arroyo, “Características y situación del homicidio en la Zona Metropolitana de la ciudad de México”, pp. 233-245; Alfonso González y Rosario Cárdenas, “Homicidios en la población menor de cinco años en México, 1992-2001”, pp. 247-275; Hiram Hernández y José Narro, “El homicidio en México, 2000-2008”, pp. 243-71.

Homicidio 53

objeto de estudio son las muertes violentas, en particular las causadas por agresiones, que conceptualmente son distintas de los homicidios: se basan en categorías médicas no legales. Algunos se centran en grupos de edades específicos, como los niños10 y jóvenes,11 y otros más en las mujeres12 o bien en su impacto en el desarrollo de las sociedades.13

Debido a la importancia de las muertes violentas en México, las cuales incluyen defunciones por homicidio, suicidio y accidentes, éstas constituyen un rasgo particular de la transición epidemiológica que ha experimentado nuestro país y ha justificado estudios sobre su magnitud y los costos asociados a ella,14 así como en su impacto en el ámbito de la salud.15

En particular, el caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez ha generado, además de gran indignación, e incluso la sentencia emitida por la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano por el “Caso González y otras” (“Campo Algodonero”),16 una importante producción académica que incluye de manera relevante los trabajos de Julia Monárrez y su conceptualización como “feminicidio se-xual sistémico”,17 así como otros que buscan desentrañar la madeja de la violencia que aqueja a esta ciudad.18

Asimismo, se encuentran investigaciones provenientes de otras ciencias socia-les, las cuales se refieren a otros aspectos del homicidio que intentan, por ejemplo, aproximarse a sus motivaciones.19 Sin embargo, tal vez algunos de los trabajos más importantes han sido los de Fernando Escalante, debido a que ha puesto en la arena pública y en los medios masivos de comunicación20 la discusión sobre el fenómeno del homicidio en México, dándole visibilidad a los datos concretos y ayudando a despejar mitos sobre el mismo, como su magnitud y evolución, su distribución en el territorio y su relación o falta de ella con distintas variables sociodemográficas y económicas.21

Su análisis de la reciente evolución del fenómeno en nuestro país22 ha sido funda-mental en la conformación de la violencia y el homicidio como problema social. Si bien

10 Martha Híjar et al., “Mortalidad por homicidios en niños. México, 1979-1990”, pp. 529-537.11 Esperanza Tuñón y Daniel Bobadilla, “Mortalidad en varones jóvenes de México”, pp. 68-84; Julián González et al., “Homicidios de adolescentes en México, 1979-2005: evolución y variaciones sociogeográficas”, pp. 109-118; Gonzalo Gutiérrez et al., “Homicidios en menores de 15 años de edad, México 2000-2010. Informe preliminar”, pp. 253-258.12 Carlos Echarriy Karla Ramírez, El feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios. 1985-2009.13 Mayra Buvinic y Andrew Morrison, Violence as an Obstacle to Development, pp. 1-8.14 Rafael Lozano et al., “Análisis de la magnitud y costos de la violencia en la ciudad de México”.15 R. Lozano et al., “Violencia, seguridad pública y salud”.16 Véase <http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=327>.17 Julia Monárrez, Trama de una injusticia. Feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez.18 Patricia Ravelo, “La costumbre de matar: proliferación de la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, México”, pp. 149-166.19 Rodrigo Meneses y Miguel Quintana, “Los motivos para matar: Homicidios instrumentales y expresivos en la ciudad de México”.20 Fernando Escalante, “Homicidios 1990-2007”.21 F. Escalante, El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística.22 F. Escalante, “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”.


algunos de sus hallazgos no difieren de lo presentado en otras investigaciones,23 pues éstas tienen una indudable aportación al basar la discusión en información empírica, más allá de percepciones subjetivas alimentadas por la buena o mala información que proveen los medios masivos de comunicación.

Sin embargo, la gran mayoría de las investigaciones adolecen de una visión res-tringida del fenómeno o bien presentan problemas metodológicos de distinta mag-nitud. No encontramos investigaciones que abarquen todo el proceso del homicidio, desde su ocurrencia hasta la ejecución de la condena, y la más de las veces se hace un uso acrítico de las fuentes de información, sin preguntarse sobre lo que se está repor-tando en las bases de datos.

2.3 Fuentes de información

Para los propósitos de este trabajo se toman las Defunciones con Presunción de Ho-micidio (DPH) a partir de las Estadísticas Vitales de Mortalidad que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como uno de los dos posibles acercamientos a la ocurrencia del delito de homicidio. Estos datos cuentan con un nivel de calidad homogéneo entre las entidades federativas y, hasta ahora, son los más adecuados en cuanto a la información que brindan sobre la víctima. Además, ante la ocurrencia de un homicidio, esta defunción debería quedar registrada en primera instancia en los certifi-cados de defunción, o bien en los cuadernillos de defunciones donde el Ministerio Pú-blico registra los datos de muertes que no han pasado por el proceso de certificación. Por otra parte, el registro de las averiguaciones previas que se abren por homicidio de-pende de que los hechos sean denunciados al Ministerio Público o se dé parte a éste.

A partir de esta fuente es posible analizar en las bases de datos, de manera indi-vidual y registro por registro –aunque preservando el anonimato–, de las defunciones ocurridas y registradas desde 1985 hasta 2010. Esto nos brinda un panorama de 26 años, suficiente para hablar de la evolución del fenómeno más allá de las situaciones coyunturales e identificar comportamientos en distintos niveles: nacional, estatal y municipal. Como veremos con mayor detalle más adelante, estos registros dan cuenta de las causas de fallecimiento y, en el caso de las muertes violentas, la persona que certifica la muerte registra si se trató presumiblemente de un homicidio.

Por tal razón, en aras de lograr una precisión conceptual, lo correcto es hablar de las defunciones con presunción de homicidio —una categoría médica— y no de homi-cidio propiamente u homicidio doloso, una categoría jurídica. Además, en algunos ca-sos la persona que llena el certificado de defunción difícilmente cuenta con elementos para establecer la intencionalidad de las muertes, por lo que no puede hacerse la dife-rencia entre homicidios dolosos y culposos. En particular, los fallecimientos producto

23 C. Echarri y K. Ramírez, op. cit.; H. Hernández y J. Narro, op. cit.

Homicidio 55

de accidentes de tránsito son registrados como accidentes, mientras que legalmente se consideran homicidios culposos.

Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sobre la base de la información que le hacen llegar las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas para el caso de los homicidios del fuero co-mún, mediante el formato SNSP-ID-IDE-001, pone a disposición del público las Denuncias por Homicidio Doloso (DEN) en el periodo comprendido entre los años 1997-2012, las cuales utilizaremos como el segundo acercamiento a la ocurrencia del homicidio en México.

Desgraciadamente, la metodología del SESNSP no es clara, lo que nos hace trabajar con el supuesto que se trata de averiguaciones previas iniciadas por el delito de homi-cidio, es decir, los casos donde el agente del Ministerio Público considera que existen los elementos suficientes para suponer la ocurrencia de un delito de homicidio dolo-so. Por otra parte, no incluye información de la Procuraduría General de la República, para los homicidios del fuero federal; incluso, en los cubos de información no aparece este delito. Debido a que el homicidio no es en sí mismo un delito del orden federal, excepto cuando es cometido de manera concurrente con otro delito que sí esté consi-derado en el Código Penal Federal, o bien que se trate de uno previsto en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,24 violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,25 o los delitos del orden federal establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 50).26

Sin embargo, cabe destacar que el homicidio no se encuentra dentro de los delitos que pueden ser cometidos como delincuencia organizada. Adicionalmente, la PGR —ba-sándose en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el 14 del Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental— ha definido como información estrictamente reservada tanto la averiguación previa como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los ob-jetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados. De esta manera, una vez que el Ministerio Público Federal ha ejercitado la acción penal y consignado el expediente ante el juez competente, la PGR sólo podrá proporcionar información a quien esté legitimado: el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido o su represen-tante legal.

Cabe señalar que estas averiguaciones previas pueden concluirse y consignarse ante el Poder Judicial, específicamente ante los jueces de lo penal, pueden permane-cer en el estadio de investigación, determinarse el no ejercicio de la acción penal o bien la incompetencia, ya sea territorial por haberse cometido en otra entidad o por tratarse de un delito del fuero federal. Desafortunadamente, estas estadísticas —del

24 Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí, o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos previstos, como terrorismo, acopio y tráfico de armas o secuestro.25 Como la posesión y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.26 Tales como los cometidos en contra de un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, o los cometidos en las embajadas y delegaciones extranjeras.


periodo 1997-2010— sólo se desagregan hasta la entidad federativa, no para muni-cipios o delegaciones, situación que ha sido subsanada para el periodo 2011-2012.

Resulta necesario anotar que existe una tercera posible fuente de información, la “Base de datos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”.27 En 2009 se conformó un grupo de dependencias del gobierno federal con competencia en la materia con el objetivo de crear tres bases de datos acerca de los homicidios ocurridos en el contexto de la rivalidad entre las organizaciones criminales, principal-mente dedicadas al tráfico de drogas. Este grupo estaba integrado por las secretarías de Defensa Nacional (SEDENA), de la Marina (SEMAR), de Seguridad Pública Federal (SSP) y la de Gobernación (SEGOB), a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como por la PGR a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Infor-mación para el Combate a la Delincuencia (CENAPI).

Su objeto de trabajo fue definido como los “fallecimientos ocurridos por presun-ta rivalidad delincuencial”, a sabiendas que se trata de una categoría jurídicamente inexistente, pero que resultaba útil para los análisis que debían llevar a cabo, más rela-cionados con la inteligencia policial y de seguridad nacional que con la producción de información estadística. Las tres bases de datos que se integraron fueron: ejecuciones, enfrentamientos (contra la autoridad y entre delincuentes) y agresiones hacia la auto-ridad. Las fuentes de información son múltiples y corresponden a las instituciones par-tícipes del referido grupo. Una característica importante es que un caso puede pasar de una base de datos a otra. Es decir, que a medida que avanzan las investigaciones resulte que un caso que originalmente se había catalogado como ejecución se consi-dere enfrentamiento o incluso que sea excluido de la base de datos o que se incluyan nuevos casos.

La muerte violenta por “ejecución” se define como aquel homicidio doloso cuya víctima y/o victimario es presumiblemente miembro de algún grupo criminal. No es re-sultado de un enfrentamiento ni de una agresión. Tampoco presupone la participación de autoridad alguna.

El término de “enfrentamiento” se usa para englobar y registrar los actos espo-rádicos y aislados de violencia, comisión de delitos, perturbación de la paz social y el orden en contra de la autoridad, que realizan los grupos u organizaciones criminales mediante el uso de armas de fuego y equipo militar. Son eventos en los que la fuerza pública, durante el cumplimiento de sus funciones, tiene que hacer uso de las armas de fuego con las que está dotada para hacer cumplir la ley o bien eventos entre inte-grantes de grupos delincuenciales, provocados por antagonismos con otros grupos o por diferencias al interior de los mismos grupos (ajuste interno).

Por “agresión contra la autoridad” se entiende aquel ataque por parte de grupos delincuenciales en contra de autoridades de cualquiera de los tres órdenes de go-bierno, sin que ésta tenga posibilidades de responder de forma armada. La principal

27 Disponible en <http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-fallecimientos/>.

Homicidio 57

pretensión de estos actos es afectar a las instituciones o intimidar al personal de segu-ridad en términos genéricos, y no a una persona en particular.28

Por lo que toca al proceso de recopilación de información, la metodología disponi-ble en la página de internet señala que “cada integrante del grupo aporta información fidedigna y confiable de sus despliegues estatales que se encuentra relacionada con muertes y eventos de enfrentamiento o agresión que ocurrieron, presumiblemente, en el contexto de la rivalidad entre grupos delincuenciales”. El CENAPI es el responsable de concentrar y administrar las bases de datos. Se confronta la información recopilada por los despliegues de las dependencias y se verifica que reúna los criterios establecidos en la metodología. Aquellos casos que dan lugar a dudas por presentar lagunas de in-formación o no reunir al menos tres de los criterios establecidos en la metodología, se reservan en un apartado hasta que la información complementaria permita integrarlos a la base de datos o desecharlos.

El CENAPI recibe propuestas y complementos de información de las dependencias, las coteja para evitar la duplicidad de casos, adiciona información a registros existentes y descarta casos que no tienen relación el contexto que se estudia. Los integrantes del grupo revisan periódicamente los registros que integran las bases de datos para dar seguimiento y confirmar casos ocurridos en el contexto de la rivalidad entre grupos delincuenciales, además de descartar aquellos que se determinó que no están clara-mente relacionados con ese contexto, con base en la información posterior recopilada. Cada dependencia profundiza las investigaciones con sus respectivos despliegues. De modo que el proceso de complementación de la información es continuo.

Resulta evidente que esta base de datos se enfrenta a una serie de problemas me-todológicos, más allá de la falta de validez jurídica, tanto del objeto de registro como de las características que deben reunir los eventos para ser considerados dentro de ella. En primer lugar, la información que produce no proviene de fuentes continuas y regulares de datos, ni de las instancias que por ley deben conocer de los homicidios, que son las procuradurías generales de justicia de los estados. Como hemos dicho, sólo en casos extraordinarios se tienen homicidios que son competencia del fuero federal.

Por otra parte, existe una confusión entre homicidios y “eventos”, en particular en la tercera categoría, las agresiones contra la autoridad. Las características que deben cumplir cada una de las categorías son altamente subjetivas, por lo que puede haber múltiples interpretaciones por parte de los integrantes del grupo o de quienes acopian la información. No queda claro en la categoría de “ejecuciones” si se registra un evento cuando hay múltiples víctimas o cada una de ellas. No queda claro a qué se le puede llamar un caso extraordinario, ni a qué categoría corresponden los asesinatos ocurridos en riñas dentro de los centros penitenciarios. Un ataque a instalaciones de la Policía Federal que no tenga víctimas fatales, por ejemplo, cumpliría los requisitos para ser agrupado en la tercera categoría.

28 Para mayor información acerca de la metodología y el detalle de las características que debe reunir cada evento para ser considerado dentro de las bases de datos, consultar <http://200.23.123.5/Documentos.aspx>.


Debido a que no hay relación con los registros legales de los homicidios, aquellos que llevan las procuradurías estatales, su utilidad es muy cuestionable. Por otra parte, hubiera sido importante conocer cuántas de las víctimas pertenecían a las distintas policías o a las fuerzas armadas, o bien murieron por la acción de las fuerzas del orden. Datos que desconocemos, pero que permitirían ubicar la discusión sobre el impacto de las políticas seguidas en este sexenio para enfrentar al crimen organizado.

En particular, la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos29 incluye los códigos Y35 “Intervención legal”30 e Y36 “Operaciones de guerra”,31 bajo los cuales se deberían registrar aquellos casos en que los probables delincuentes son privados de la vida; sin embargo, en las estadísticas vitales de mortalidad no encontramos casos con esa clasificación en los años para los que hay información de la Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial: 2007 a 2010.

Por otra parte, estos fallecimientos representan en promedio 41.3 % de las de-nuncias por homicidio en el periodo, pero esta proporción va de 6.4 % en Puebla a 104.4 % en Chihuahua, o bien alcanza 167.7 % en 2010 en Tamaulipas, mientras que en Nayarit pasa de 10.2 % en 2007 a 102.7 % en 2010, es decir, se multiplica por diez en cuatro años. Todos estos problemas justifican el que hayamos decidido no utilizarla, considerando acertada la decisión de haber suspendido su actualización. También nos surgen dudas sobre la validez de algunos análisis que se hacen a partir de su informa-ción, a pesar de ser muy difundidos en medios internacionales.32

Además, en el caso del homicidio la cifra negra se refiere a las pérdidas de vida que no son denunciadas al Ministerio Público, por un lado, ni quedan registradas en los certificados de defunción ni en sus cuadernillos de defunciones y, por el otro, se trata en general de casos de desapariciones en los que no se ha encontrado el cadáver o que no se pudo hacer una identificación y la intervención del Ministerio Público se quedó en la etapa de acta circunstanciada, sin iniciar una averiguación previa. Si bien existen distintas estimaciones de la cifra de desaparecidos en nuestro país, al no existir todavía ningún registro oficial, no utilizaremos ninguna de ellas.

Hasta aquí llega la información proveniente de los registros administrativos del Poder Ejecutivo. Una vez que se hace la consignación ante el Poder Judicial, las Estadís-ticas Judiciales en Materia Penal que publica el INEGI dan cuenta para el periodo 1997-2008 – sobre la base del Catálogo Único de Delitos (CUD) elaborado en 1996– de los presuntos delincuentes por homicidio doloso, tanto del fuero común como del federal, a los que se les dictó la formal prisión o bien la sujeción a proceso. Incluso se dispone de los delincuentes sentenciados por homicidio doloso, restringiéndonos a aquéllos con sentencia condenatoria, tanto del fuero federal como del común.

29 CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos.30 Incluye lesiones infligidas por la policía u otros agentes autorizados, incluso militares en servicio, en el transcurso de un arresto o del intento de arresto a infractores de la ley, en la supresión de disturbios, el mantenimiento del orden y la ejecución de otras acciones legales.31 Incluye lesiones a personal militar y a civiles causadas por guerra e insurrección civil.32 C. Molzahn et al., op. cit.

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Cabe señalar que el CUD no fue actualizado desde su creación: únicamente incor-poró en 1998 el delito de “violencia intrafamiliar”, por lo que no considera las mo-dificaciones experimentadas por la legislación en el ámbito estatal ni en el federal. También, en lo que respecta al grupo denominado “leyes federales”, únicamente se consideran 22 de un total de 37 que actualmente contienen delitos. Asimismo, no es-pecifica los diversos tipos penales considerados en cada una de estas leyes.

Por lo antes expuesto, así como por la necesidad de tener un mapa real y actuali-zado del fenómeno delictivo del país, se decidió la creación de una nueva clasificación, determinación que surge también de la falta de homogeneidad entre los códigos pena-les existentes en la República mexicana, así como de rigor metodológico.

Surgió así el año de 2008 la Clasificación Mexicana de Delitos, misma que ahora es denominada como Clasificación Estadística de Delitos (CED), cambio que obedece a la necesidad de precisar su carácter de instrumento para compilar exhaustivamente los delitos (los previamente establecidos y plasmados en códigos penales en materia de fuero común por las legislaturas de cada una de las entidades federativas del país; y los del fuero federal, establecidos por la Cámara de Diputados y plasmados tanto en el Código Penal Federal como en 37 leyes federales que establecen delitos).

Esta clasificación se integra en el grupo principal 1-2 Delitos contra las personas, la comisión de todas y cada una de las conductas típicas, antijurídicas y culpables en las cuales se afecta de manera directa alguna de las atribuciones de la persona y la familia individualmente consideradas. En el subgrupo 11 Delitos contra la vida se integran todos los delitos cuya comisión priva o pone en peligro la vida de un ser humano. En el grupo unitario 111 Privación de la vida se encuentran todos los delitos cuya comisión trae como resultado la privación directa de la vida de otro ser humano por cualquier medio. Las clases de delito —las cuales reúnen distintos nombres de un mismo delito, es decir, se refieren a la misma conducta típica—33 consideradas son las siguientes:

• 1111 Homicidio. Esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas en las que,

para su configuración, se priva de la vida a un ser humano por cualquier medio, sin existir

una relación de parentesco o afinidad que vincule a la víctima con el victimario.

• 1112 Genocidio. Esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas en las que,

para su configuración, se priva de la vida a un grupo de personas que comparten entre

sí una característica de identidad como grupo, y ésta es la que determina al victimario a

privarlos de la vida.

• 1113 Aborto. Esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas donde se inclu-

yen los delitos cuyo resultado es la interrupción del embarazo en cualquier momento de

la preñez.

• 1114 Feminicidio. Esta clase de delito incorpora todas aquellas figuras típicas en las que,

para su configuración, el victimario priva de la vida dolosamente a una mujer bajo ciertas

circunstancias como: violencia de género, violencia familiar, desprecio u odio a la víctima,

33 Por ejemplo, homicidio: homicidio, homicidio calificado, homicidio culposo, homicidio en riña y homicidio por razones de piedad.


tortura o tratos crueles o degradantes, exista o haya existido una relación de afecto o de

confianza entre la víctima y el agresor, la víctima se haya encontrado en estado de inde-

fensión o para ocultar una violación.

En el grupo unitario 1121 Homicidio en razón del parentesco o relación se establecieron aquellos delitos cuyo resultado es la privación directa de la vida de un ser humano con el cual se tiene una relación de ascendencia o descendencia. Consta de una sola clase de delitos:

• 1121 Homicidio en razón del parentesco o relación. Esta clase de delito incorpora todas aque-

llas figuras típicas en las que, para su configuración, se priva de la vida a un ser humano

por cualquier medio, existiendo entre víctima y victimario una relación de parentesco o

afinidad, la que se derive del concubinato y, en general, de cualquier relación de hecho.

No encontramos casos referidos al delito de Genocidio ni al de Feminicidio, el cual es de muy reciente tipificación. Por otra parte, no incluimos los casos de Aborto, por considerar que se trata de un delito conceptualmente distinto del homicidio, a pesar de que 18 entidades federativas hayan modificado su constitución para incorporar la defensa de la vida desde la concepción.

De esta manera, para los años 2009 a 2011 se presentan, por un lado, a los Proce-sados, tanto del fuero común como del federal, consignados por los delitos de Homicidio o de Homicidio en razón del parentesco o relación, con una intencionalidad dolosa, y para los que el auto de término constitucional-sobreseimiento se refería a: formal prisión, sujeción a proceso o bien reclusión provisional en departamento especial.

Por otra parte, se dispone de los sentenciados con sentencia condenatoria, consig-nados por los delitos de homicidio u homicidio en razón del parentesco o relación, con intencionalidad dolosa, que en aras de simplicidad llamaremos Condenados por Homi-cidio Doloso (CHD). Cabe señalar que la dilación de los procesos judiciales hace que se presente una caída en el número de condenas para el último año de observación, 2011 en nuestro caso, ya que aún no han tenido tiempo de finalizar estos juicios y de emitir la condena correspondiente.

2.4 Metodología

Los dos primeros indicadores, Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) y De-nuncias por Homicidio Doloso (DEN), nos hablan de la ocurrencia del homicidio en el país, en tanto que los Procesados por Homicidio Doloso (PHD), que reúnen a los presun-tos delincuentes por homicidio doloso del periodo 1997-2008 y a los procesados por homicidio doloso de 2009 a 2011, tanto del fuero común como del federal, se estarían refiriendo a la efectividad del aparato de procuración de justicia.

Cabe recordar que, como se ha señalado en un capítulo anterior, un homicidio pue-de haber sido cometido por una o más personas, cada una de las cuales puede haber

Homicidio 61

cometido uno o más delitos y que al final del proceso judicial recibirá, en caso de ser hallado culpable, una sentencia condenatoria por cada uno de los delitos cometidos. Ya que no existe ninguna forma de ligar los procesos de procuración e impartición de justicia, en estricto sentido no podemos hablar de niveles de impunidad, por el cambio en la unidad de observación de las estadísticas, pero podemos acercarnos a la efectivi-dad que mencionábamos antes mediante dos razones: la de PHD divididos entre las DPH por un lado, y la de PHD divididos entre las DEN, obteniendo los siguientes indicadores:

El primero de los indicadores lo podemos calcular para entidades y municipios, en tanto que el segundo solamente para entidades federativas.

Por otra parte, el proceso penal debería llevar a establecer la verdad jurídica sobre la ocurrencia del delito y el establecimiento de responsabilidades a los delincuentes mediante las sentencias condenatorias, de manera expedita, de tal manera que los ofendidos —los deudos de las víctimas— encuentren justicia.

El panorama ideal sería que el Ministerio Público aportara elementos claros, pre-cisos e inobjetables de la culpabilidad de las personas que consigna, de modo que éstas tuvieran sentencias condenatorias en un lapso breve, por cada uno de los delitos consignados. Es así como podemos proponer un tercer indicador de efectividad del proceso de impartición de justicia, que atañe tanto al Ministerio Público como a los juzgados, que relaciona los CHD con los Procesados por Homicidio Doloso:

Este indicador lo podemos calcular para entidades y municipios.Finalmente, nos podemos acercar a la impunidad del homicidio, mediante la ra-

zón de CHD entre DPH, por un lado, y la de CHD divididos entre las DEN, obteniendo los siguientes indicadores:

Una vez más, el primero de los indicadores lo podemos calcular para entidades y municipios, en tanto que el segundo solamente para entidades federativas. El indica-dor de concentración espacio-temporal se calcula de la manera que se describió en el primer capítulo.

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PHDDPH

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2.5 La incidencia del homicidio en México

La figura 2.1 muestra la evolución reciente de los dos indicadores con que contamos para medir la incidencia del homicidio en México: las DPH, provenientes de las estadís-ticas vitales y las DEN, derivadas de las procuradurías generales de justicia de las enti-dades federativas. Como hemos comentado, ambas cifras no tienen por qué coincidir, pero deberían estar muy cercanas.

Sin embargo, es posible apreciar, por un lado, que ambos indicadores presenta-ban una tendencia a la baja hasta el año de 2004 en el caso de las DPH y, por otro, un año después para las denuncias. Para ambas series hay un ligero incremento en 2006 y el mínimo se presenta en 2007: se registraron 8 849 DPH y 10 295 DEN. A partir de este momento se observa un impresionante aumento en ambos indicadores, aún más marcado para el primero de ellos: los valores alcanzados en 2010 representan 283 y 192 % de los observados en 2007, respectivamente.

Cabe señalar que ya se encuentra disponible la información correspondiente a 2011 en lo que se refiere a denuncias, mientras que el INEGI acaba de difundir las cifras preliminares de las DPH registradas en el mismo año. Debido a que una parte —3.2 % en promedio en los últimos cinco años— se refiere a defunciones ocurridas en años anteriores al registro, necesitaríamos que INEGI liberara las cifras definitivas de las Esta-dísticas Vitales de Mortalidad para conocer las DPH ocurridas en 2011 y hacer los ajus-tes a los años anteriores. Por esta razón, la serie de DPH sólo llega hasta 2010, mientras que la de DEN alcanza un año después.

FIGURA2.1

México. Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) y Denunciaspor Homicidio Doloso (DEN), 1997-2011

INEGI, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH) y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (DEN).

DPH

DEN

Fuente:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Homicidio 63

Las diferencias entre las series significan que en los diez primeros años había más homicidios que eran del conocimiento de las agencias del Ministerio Público, que cer-tificados de defunción que incluían la presunción de homicidio. Estas diferencias no son nada menores: se trata de un total de 24 969 casos, un promedio de 2 270 homici-dios anuales. Las divergencias se pueden explicar por distintas vías. La primera es que al momento de realizar la necropsia por parte de los peritos adscritos a los distintos servicios médicos forenses no hayan completado el certificado de defunción ni hayan inscrito el caso en el cuadernillo de defunciones que corresponde llevar al Ministerio Público.

Por otra parte, también es posible que la causa de defunción asentada en el certi-ficado corresponda a un accidente, un suicidio o a muerte natural. De tal manera que no se inscribe la presunción de homicidio. También es posible que ante la ocurrencia de eventos con varias víctimas mortales, solamente se inicie una averiguación pre-via, englobando varios homicidios. Una más es que en las denuncias se estuviesen registrando homicidios en grado de tentativa, a los que no corresponde un certificado de defunción. Finalmente, también es posible que la PGR haya ejercido la facultad de atracción, al estar relacionado el homicidio con otro delito del orden federal, en cuyo caso no tenemos registro de la averiguación previa, como hemos visto antes.

De cualquier manera, en ambas series encontramos un punto de inflexión en 2007, que a partir de 2008 las cifras provenientes de las estadísticas vitales son superiores a las de las denuncias ante los ministerios públicos: 1 021 casos de diferencia en el año 2008, 3 607 en 2009, para alcanzar 4 319 en 2010, con un total de 8 947 casos en los tres años. De esta forma, si consideramos más plausible la primera hipótesis acerca de un subregistro de las estadísticas vitales, porque las agencias del Ministerio Público no estén reportando los casos al INEGI ni a la Secretaría de Salud, tendríamos que en el periodo 1997-2007 se dejaron de considerar (21.6 %) poco más de uno de cada cinco homicidios.

En tanto que en los años posteriores tendríamos un sobrerregistro de 7.2 % en 2008, 18.3 % al año siguiente y de 17.3 % en 2010, lo que implica que poco más de una de cada seis DPH ocurridas ese año no fueron del conocimiento de los ministerios públicos o, expresado de otra manera, tendríamos un 20.9 % de subregistro en las denuncias por homicidio.

Nos encontramos entonces ante una disyuntiva: ¿cuál es la cifra real de homicidios dolosos ocurridos en nuestro país en 2010: 25 000 o 20 681? Parecería razonable su-poner que ante el alarmante crecimiento observado en el homicidio a partir de 2008, el cual podemos calificar de epidémico, la mayor presión social para su combate así como el interés de los medios periodísticos en llevar seguimientos paralelos del nú-mero de casos, se tuviera un mayor cuidado en el registro y reporte de los casos, y se eliminara este subregistro en las estadísticas vitales.

Por otra parte, podría aducirse que el crecimiento de las actividades del crimen organizado ha llevado al hallazgo de múltiples víctimas, cuyos casos podrían haber sido reunidos en una sola denuncia. Sin embargo, si analizamos lo ocurrido en el mu-


nicipio tamaulipeco de San Fernando, lugar del homicidio de 72 migrantes, los datos de estadísticas vitales, que se pueden desagregar por municipio, muestran que en ese municipio se registraron 111 DPH en 2010, cuando el año anterior sólo había tres y el precedente de cinco.

Asimismo, las denuncias por homicidio —que sólo están disponibles en el ámbito estatal— ascienden a 721 en 2010, un aumento de 250 % respecto al año anterior. No parecería sostenerse entonces esa hipótesis de múltiples homicidios registrados en una misma denuncia, por lo que suponemos que tiene más sentido pensar que se trata de homicidios que no son del conocimiento del aparato de procuración de justicia, a pesar de constar en el certificado de defunción la presunción de que se trató de un homicidio.

Además, los certificados de defunción siguen un proceso de revisión por parte del INEGI y la Secretaría de Salud, en el que se confrontan los datos contenidos en ellos, en particular las causas de defunción. En cambio, no existe un proceso estandarizado de captura y reporte de información en el caso de las denuncias. De cualquier mane-ra, ambas cifras nos hablan de mínimos, puesto que del lado de las DPH puede haber homicidios en los que, como hemos mencionado, no se levante un certificado de de-función o se inscriba erróneamente otra causa de muerte. Mientras que del lado de las denuncias, no están consideradas aquellas correspondientes a los homicidios del fuero federal.

Para complicar aún más la situación, tenemos que en una publicación del INEGI34 se presentan en un cuadro titulado “Hechos delictuosos registrados en las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común”, las siguientes cifras para homicidio 26 112, 29 858 y 30 457, los años 2004, 2008 y 2009 respectivamente. Estas cifras resultan ser superiores en 179, 110 y 54 % a las DPH y 124, 126 y 89 % a las DEN, a pesar de no registrar casos en Durango, Tabasco y Tamaulipas en 2004 y Guanajuato en 2009. Aunque la fuente del cuadro son los Anuarios Estadísticos de los estados, estas cifran no corresponden con las que presentan tales publicaciones en el sitio del Instituto Nacio-nal de Estadística y Geografía.35

Por ejemplo, en el cuadro citado se tienen 147 homicidios en Aguascalientes en 2004, mientras que el Anuario Estadístico correspondiente presenta 17; la misma cifra que el SESNSP, no tan alejada de las 22 DPH que arrojan las estadísticas vitales de morta-lidad. La única forma que permitiría explicar estas discrepancias sería que se estuvie-sen contabilizando juntos los homicidios dolosos y los culposos, pero la publicación no es explícita al respecto. Esta falta de precisión conceptual puede generar confusión, al retomarse en los medios cifras muy dispares, pero que se refieren a cosas distintas.

Las comparaciones se tienen que hacer sobre la base de medidas relativas que to-men en cuenta los distintos tamaños de la población. De esta manera, resulta necesario recurrir a tasas, las cuales refieren los eventos ocurridos a cada 100 000 habitantes,

34 INEGI, Estadísticas sobre Seguridad Pública y Justicia 2010: Estadísticas comparativas, 2011.35 Véase <http://goo.gl/vYJiL>.

Homicidio 65

con lo que se pueden hacer comparaciones válidas, incluso a nivel internacional. Nues-tro país tenía en 1997 un número de 14.1 DPH y 17.4 denuncias por homicidio por cada 100 000 habitantes. Niveles que se fueron reduciendo de manera importante —42.2 y 45.4 % respectivamente— para alcanzar diez años después 8.2 y 9.5 casos por cada 100 000 habitantes.

Los años siguientes se observa el crecimiento que habíamos comentado, llevando las tasas a 12.9, 17.7 y 22.1 DPH y 12, 14.5 y 18.3 denuncias por homicidio, en 2008, 2009 y 2010 respectivamente, todo por 100 000 habitantes. En términos comparati-vos, los datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) señaló que en todo el periodo nos mantuvimos por encima del promedio mundial, que era de 6.9 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2010, pero debajo del correspondiente al continente americano de 15.6, e incluso del pro-medio africano de 17.4, aun tomando en cuenta la variabilidad que introducen los distintos tamaños de los países.36

Fuente: INEGI, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH); Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (DEN) y SOMEDE (2012).

FIGURA2.2

México. Tasas de defunciones por 100 000 habitantes sobre la base de Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) y Denuncias por Homicidio Doloso (DEN), 1997-2010

DPH

DEN

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5

25

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15

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2.5.1 Los niveles de homicidio en México y en el mundoEn el panorama del continente americano, nuestro país se encuentra por encima del promedio, ya que aporta entre 15.28 y 18.6 % del total de homicidios en la región —según si consideramos DPH o denuncias por homicidio— cuando tiene 12.5 % de la

36 UNODC, 2011 Global Study on Homicide. Trends, Contexts, Data.


población, alrededor de 2010.37 El país de la región con menores tasas de homicidios es Canadá, con 1.8 por cada 100 000 habitantes en 2009. El siguiente es Chile, que duplica este nivel con una tasa de 3.7 para el mismo año; en tanto que los siguientes en la lista, Cuba y Estados Unidos, tenían 4.6 y cinco homicidios por cada 100 000 ha-bitantes en 2008 y 2009, respectivamente.

FIGURA2.3

Tasas de homicidio por 100 000 habitantes para países seleccionadosdel continente americano, alrededor de 2010

0 60 70 80 9010 20 30 40 50

CanadáChileCuba

Estados UnidosPerú

ArgentinaUruguay

HaitíBolivia

Costa Rica BarbadosParaguay

NicaraguaEcuador

México DEN

GuyanaPanamá

México DPH

BrasilRepública Dominicana

Puerto RicoColombia

Trinidad y Tobago

GuatemalaBelice

JamaicaEl Salvador

Honduras

Fuente: México: INEGI, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH), Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (DEN) y SOMEDE, Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas 1990-2010. Resto de los países, UNODC (2012).

Si nos referimos a Brasil, el siguiente país americano en población después de Estados Unidos, podemos observar que tiene una tasa de homicidios de 22.7 por cada 100 000 habitantes, mayor que la mexicana, pero que aporta una tercera parte de los homicidios del continente, cuando tiene poco más de una quinta parte de la población. Argentina, en cambio, presenta 1.7 % de los homicidios contra 4.5 % de la población del continente con una tasa de 5.5 en 2009. Colombia tenía en 2010 una tasa de 33.4,

37 De acuerdo con los datos de población de UNFPA, Estado de la Población Mundial 2011.

Homicidio 67

si bien hay que notar que redujo en más de la mitad, desde los valores alrededor de 70 por cada 100 000 habitantes observados desde 1995 hasta 2002. En contraste, Vene-zuela ha aumentado continuamente sus tasas de homicidio desde 1995, para alcanzar un nivel de 49 por cada 100 000 habitantes en 2010. Si bien en 2004 y 2005 tuvo un descenso en esta tendencia a la alza.

Los niveles más altos de homicidio los encontramos en Centroamérica y corres-ponden a: Guatemala y Belice que tienen niveles muy similares —41.4 y 41.7 por cada 100 000 habitantes respectivamente—; en Jamaica alcanza 52.1; en El Salvador 66, y el máximo se observa en Honduras con 82.1. Cabe señalar que estos países tienen una representación desproporcionada en el total de homicidios del continente, ya que les corresponden 4.6, 0.1, 1.1, 3.1 y 4.8 % respectivamente (13.7 % en conjunto), cuando sólo tienen 1.6, 0.03, 0.3, 0.7 y 0.93 % de la población (3.5 % los cuatro países reuni-dos).

Respecto a los aumentos en las tasas de homicidios en México y Centroamérica, la UNODC, apoyándose en un estudio de la Comisión de Prevención del Crimen y Justicia Criminal tiene la hipótesis de que:

al menos parte de la pauta de las tendencias de homicidios en la región es atribuible a cambios en los flujos de tráfico de cocaína y más competencia y conflictos relativos a los mercados de drogas. De la evidencia disponible, parece que los altos niveles de violencia y homicidios no sólo se asocian con aumentos en los flujos de tráfico de drogas, sino también con la disminución de los flujos de drogas que llevan a la turbulencia en los mercados establecidos, una mayor competencia entre los grupos criminales y más asesinatos. Por tanto, es probable que los cambios en los mercados de drogas impulsen la violencia letal, y no los niveles generales de los flujos de tráfico per se.38

En la publicación citada, la UNODC relaciona las tendencias de homicidio con las in-cautaciones de cocaína, las cuales aumentaron casi constantemente hasta el año 2007 en México, antes de caer bruscamente. Lo anterior contrasta con la situación de otros países como Panamá y Costa Rica, donde las incautaciones de cocaína aumentaron y se mantuvieron en un nivel elevado. A semejanza de lo ocurrido en nuestro país, las tasas de homicidio en ambos países se han más que duplicado, pasando de sus ya elevados niveles de 1997 a tasas de las más altas en todo el mundo.

La UNODC establece la diferencia entre la situación de la dinámica del tráfico de drogas y los homicidios entre México y otros países de América Central, especialmente después de 2007, cuando los homicidios comenzaron a subir en tanto que las incauta-ciones de cocaína disminuyeron considerablemente. De acuerdo con este organismo:

Este giro de los acontecimientos ocurrió cuando el gobierno mexicano se enfrentó a los grupos de tráfico de drogas del país con toda la fuerza de su capacidad de aplicación de la ley y la subsecuente presión aplicada al tráfico de drogas provocó una reducción en el

38 ONU, Note by the Secretariat on World Crime Trends and Emerging Issues and Responses in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice, apud, UNODC, 2011 Global…, op. cit., p.51.


contrabando de cocaína a través de México y el desvío de los flujos de drogas a través de otros países de América Central. La presión creciente sobre las operaciones de los grupos delictivos organizados estimuló la violencia y asesinatos entre ellos y los llevó a las disputas territoriales y guerras en materia de control de las rutas de la droga más lucrativos y de los mercados. Además, los grupos de narcotraficantes participan cada vez más en otras actividades delictivas organizadas, incluyendo el tráfico de personas, secuestro y extorsión, dando lugar a más homicidios.39

Regresando a la información de nuestro país, encontramos que la situación en las entidades federativas es muy heterogénea, tanto en el tiempo como entre ellas. Las tasas presentan una gran variación entre las entidades, con valores mínimos que oscilan alrededor de 2.2: comienzan con 2.5 por cada 100 000 habitantes, se reducen a 1.7 en el año 2000, recuperan el valor inicial dos años después y al final del periodo alcanzan 1.7 una vez más. En contraste, los máximos promediaban 24.5 hasta 2007, con un mínimo de 18.2 en 2003 y una ligera subida hasta llegar a 22.6 en 2007. Este valor se multiplica por 3.5 al año siguiente, por 4.8 en 2008 y por ocho en 2010. La distancia entre los valores máximo y mínimo era de 13.6 veces en 1997 y se redujo a 7.7 en 2002, y creció hasta alcanzar 105 veces en 2010.

La tabla 2.1 muestra las tasas de DPH por 100 000 habitantes según entidad fede-rativa, para el periodo 1997-2010. En tanto que en los mapas 2.1 a 2.4 se presentan los valores correspondientes a 1997, 2001, 2007 y 2010. En la tabla (2.1) hemos marcado con tonalidades verdes los valores mínimos y en rojo los máximos para cada estado. Cabe señalar que un valor bajo –marcado en verde— puede ser muy superior a uno alto de otro estado, como lo muestran los casos de Guerrero y Quintana Roo en 2003.

En general, se observa la misma tendencia que en el nacional, es decir, un descen-so más o menos continuo hasta 2007 y a partir de ahí un gran aumento. Sin embargo, en algunas entidades el valor mínimo se alcanza en 2006 o incluso en años anteriores, como es el caso de Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tabasco o Veracruz. Llama la atención que en 15 entidades no se observa este incremento al final del periodo, sino todo lo contrario: las tasas al final del periodo son infeiores a las de 1997.

39 UNODC, The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment.

Homicidio 69


México. Tasas de Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) por 100 000 habitantes según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2010.

TABLA 2.1

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total nacional 14.1 14.1 12.4 10.8 10.3 9.9 9.7 9.0 9.5 9.7 8.2 12.9 17.7 22.1

Aguascalientes 2.5 5.0 2.4 1.7 2.3 3.0 2.3 2.1 2.3 2.4 3.8 5.1 5.6 6.1Baja California 14.8 24.5 26.3 17.1 15.8 16.4 16.5 16.9 15.4 15.7 12.3 35.7 48.2 46.9Baja California S. 8.7 4.4 7.8 6.4 5.1 6.8 5.2 6.4 6.2 4.8 5.5 6.8 5.9 7.8Campeche 11.3 12.9 11.2 9.1 7.5 7.4 5.8 4.9 6.5 4.1 6.4 6.6 6.9 5.7Coahuila 6.7 6.3 6.2 5.3 6.5 5.7 4.8 4.7 5.8 3.8 4.2 6.7 10.1 15.5Colima 9.7 11.6 11.5 10.5 10.7 8.1 7.6 9.3 8.3 7.3 7.3 9.2 9.3 19.9Chiapas 15.8 21.2 15.3 10.6 4.3 11.2 10.5 5.3 6.9 11.9 2.3 5.6 10.8 4.1Chihuahua 22.3 21.0 17.4 18.9 19.4 19.7 16.4 14.8 19.3 18.4 15.4 78.8 108.8 181.5Distrito Federal 14.0 14.1 12.0 10.7 11.3 10.8 11.1 10.7 9.9 9.2 9.5 10.4 11.1 12.0Durango 17.1 16.8 13.5 10.6 11.1 11.5 13.1 10.4 10.7 10.8 11.2 26.7 64.3 64.4Guanajuato 6.4 6.7 5.4 5.0 4.8 4.1 4.5 3.5 4.3 4.1 4.3 5.6 9.0 8.0Guerrero 34.3 35.5 30.9 24.9 20.7 19.1 18.2 18.4 18.4 25.3 22.6 31.5 53.3 43.1Hidalgo 6.1 7.4 5.2 4.3 5.2 2.7 3.3 3.3 2.9 2.1 2.9 3.1 5.4 4.0Jalisco 9.9 8.9 8.5 7.4 7.6 7.4 6.9 6.1 6.5 6.8 6.3 7.6 9.4 14.5México 19.8 18.6 16.2 15.2 14.4 14.3 13.7 12.4 14.1 12.0 8.4 10.6 12.3 13.7Michoacán 20.8 15.9 15.9 14.7 15.1 13.3 13.5 13.7 16.7 24.3 13.0 15.4 21.7 15.3Morelos 20.2 20.5 19.8 15.2 13.0 11.0 10.5 9.9 8.1 8.4 7.6 12.3 15.1 27.0Nayarit 17.5 13.2 13.2 10.9 11.8 16.0 11.1 14.3 13.3 10.0 10.6 15.1 17.9 48.7Nuevo León 3.1 3.5 3.1 2.9 2.2 2.5 3.6 2.8 3.5 4.1 6.3 5.5 7.4 19.5Oaxaca 28.1 27.7 22.7 19.9 18.0 17.0 17.4 17.6 15.2 14.7 15.5 16.1 16.2 18.0Puebla 10.2 10.1 9.0 8.0 8.3 7.4 6.9 6.6 5.7 6.3 5.0 6.1 6.2 6.3Querétaro 7.9 6.1 6.5 7.4 7.2 4.7 5.5 4.5 4.9 3.8 3.3 4.2 5.1 3.7Quintana Roo 11.4 9.5 9.9 8.9 10.5 7.1 13.1 13.1 6.3 5.8 10.0 11.6 10.8 10.8San Luis Potosí 8.7 13.8 12.2 11.6 9.8 6.4 6.1 5.5 5.3 6.4 5.7 7.8 8.1 13.7Sinaloa 23.6 22.1 20.3 17.7 18.3 17.5 16.1 14.7 16.9 16.8 14.3 31.9 50.8 81.9Sonora 13.1 13.8 13.0 8.8 11.3 9.3 9.5 10.7 10.6 9.8 12.9 17.0 21.9 27.0Tabasco 8.8 7.7 7.8 4.6 5.2 4.9 5.8 5.4 4.9 7.0 6.8 7.2 8.0 8.2Tamaulipas 10.3 11.9 10.3 9.4 6.6 6.2 7.6 7.5 11.4 11.1 6.1 8.3 9.5 28.9Tlaxcala 7.3 7.0 7.8 5.7 5.3 5.4 3.7 4.7 4.6 3.9 3.2 4.8 6.7 4.8Veracruz 8.8 7.1 6.2 6.0 5.5 5.0 5.5 4.7 4.8 4.8 5.2 4.5 8.8 5.9Yucatán 2.9 2.7 2.0 2.7 2.1 2.9 2.9 2.0 2.1 2.1 2.6 2.6 1.9 1.7Zacatecas 8.4 8.5 6.1 5.7 6.9 7.1 6.5 6.4 5.6 5.5 5.1 6.4 8.7 9.1

Fuente: inegi, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH) y somede (2012).

Si consideramos los cambios porcentuales anuales —presentados en la tabla 2.2—, podemos apreciar grandes vaivenes en las tasas de dph. Por ejemplo, en Aguas-calientes la tasa casi se duplicó durante el primer año, para reducirse a la mitad en el segundo. En Baja California hubo una reducción de una quinta parte entre 2006 y 2007, para casi triplicarse al año siguiente. En Chiapas la tasa bajó casi 60 % entre 2000 y 2001 y creció 159 % al año siguiente, mientras que entre 2005 y 2006 aumen-tó 74 %, pero el descenso del año siguiente más que compensó tal incremento.

Llaman la atención algunos incrementos muy abruptos: Baja California entre 2007 y 2008, Chiapas en 2001-2002, Durango entre 2008 y 2009, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas al final del periodo, pero particularmente Chihuahua entre 2007 y 2008, cuando se quintuplicó la tasa.

Homicidio 71

México Cambios porcentuales anuales en las tasas de Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) por 100 000 habitantes según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2010.

TABLA 2.2

Entidad 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10

Total nacional -0.2 % -11.7 % -13.1 % -5.2 % -3.1 % -1.8 % -7.9 % 5.5 % 2.9 % -16.2 % 58.4 % 36.8 % 24.9 %

Aguascalientes 96.1 % -51.0 % -31.8 % 40.5 % 27.3 % -21.9 % -10.4 % 11.1 % 5.8 % 56.4 % 34.7 % 8.2 % 10.2 %

Baja California 65.4 % 7.4 % -35.0 % -7.9 % 4.2 % 0.6 % 2.1 % -8.6 % 2.2 % -21.9 % 190.5 % 34.9 % -2.7 %

Baja California Sur -50.0 % 78.4 % -17.6 % -20.6 % 34.2 % -24.6 % 23.6 % -3.5 % -21.9 % 14.3 % 23.7 % -13.8 % 33.1 %

Campeche 14.0 % -12.7 % -19.2 % -17.1 % -1.8 % -21.8 % -15.4 % 32.8 % -37.0 % 57.2 % 2.5 % 4.2 % -17.3 %

Coahuila -7.0 % -1.1 % -13.7 % 22.0 % -11.9 % -16.6 % -0.8 % 21.5 % -33.8 % 10.3 % 59.6 % 50.3 % 53.4 %

Colima 19.5 % -0.4 % -9.5 % 2.3 % -24.7 % -5.6 % 21.8 % -10.6 % -12.2 % -0.2 % 26.4 % 1.0 % 114.9 %

Chiapas 34.7 % -28.0 % -30.7 % -59.3 % 159.4 % -6.1 % -49.5 % 29.1 % 73.8 % -80.7 % 141.7 % 94.0 % -62.4 %

Chihuahua -5.7 % -17.1 % 8.7 % 2.3 % 1.4 % -16.5 % -9.9 % 30.8 % -4.7 % -16.3 % 410.6 % 38.0 % 66.9 %

Distrito Federal 0.3 % -14.8 % -11.1 % 6.1 % -4.3 % 2.9 % -3.9 % -7.1 % -7.0 % 3.4 % 9.0 % 6.3 % 8.0 %

Durango -1.7 % -19.9 % -21.5 % 4.9 % 3.2 % 14.0 % -20.4 % 3.4 % 0.6 % 3.4 % 139.2 % 140.6 % 0.3 %

Guanajuato 5.3 % -19.2 % -8.0 % -3.9 % -14.0 % 8.8 % -20.8 % 21.9 % -6.1 % 4.7 % 31.8 % 61.4 % -11.6 %

Guerrero 3.5 % -12.8 % -19.6 % -16.8 % -7.6 % -4.9 % 1.2 % 0.0 % 37.5 % -10.6 % 39.1 % 69.5 % -19.1 %

Hidalgo 21.7 % -29.9 % -16.2 % 20.0 % -48.1 % 22.5 % 0.3 % -11.1 % -29.4 % 39.9 % 5.8 % 74.4 % -25.8 %

Jalisco -10.8 % -4.0 % -12.8 % 2.5 % -2.6 % -6.6 % -11.7 % 6.3 % 5.0 % -8.3 % 21.9 % 22.6 % 54.7 %

México -6.2 % -12.9 % -6.3 % -5.4 % -0.4 % -3.9 % -10.2 % 14.4 % -14.7 % -30.1 % 26.2 % 16.0 % 11.0 %

Michoacán -23.6 % -0.1 % -7.5 % 2.8 % -11.7 % 1.2 % 1.2 % 22.1 % 46.0 % -46.4 % 17.9 % 40.9 % -29.6 %

Morelos 1.4 % -3.4 % -23.0 % -14.5 % -15.7 % -4.8 % -4.9 % -18.0 % 3.0 % -9.4 % 61.5 % 23.3 % 78.7 %

Nayarit -24.6 % 0.4 % -17.5 % 8.0 % 35.8 % -30.8 % 29.2 % -6.7 % -25.2 % 6.6 % 42.0 % 18.2 % 172.9 %

Nuevo León 14.8 % -12.6 % -5.8 % -22.7 % 13.5 % 42.8 % -23.4 % 24.2 % 17.4 % 54.3 % -12.4 % 35.1 % 162.6 %

Oaxaca -1.5 % -18.1 % -12.4 % -9.4 % -5.6 % 2.3 % 1.1 % -13.5 % -3.3 % 5.8 % 3.9 % 0.7 % 10.6 %

Puebla -0.8 % -11.4 % -11.5 % 4.3 % -10.7 % -7.1 % -3.9 % -13.6 % 9.8 % -20.9 % 22.2 % 1.7 % 2.7 %

Querétaro -22.7 % 5.7 % 14.8 % -3.3 % -34.7 % 16.8 % -17.3 % 8.4 % -23.2 % -11.7 % 25.0 % 21.6 % -27.1 %

Quintana Roo -16.6 % 3.7 % -10.1 % 18.5 % -32.4 % 84.5 % -0.7 % -51.4 % -7.8 % 70.5 % 16.7 % -7.4 % 0.0 %

San Luis Potosí 58.6 % -11.5 % -4.7 % -15.2 % -35.5 % -4.3 % -9.1 % -4.0 % 20.9 % -10.3 % 36.5 % 2.9 % 69.8 %

Sinaloa -6.3 % -8.4 % -12.7 % 3.5 % -4.5 % -8.1 % -8.6 % 14.9 % -0.3 % -14.9 % 122.9 % 59.3 % 61.1 %

Sonora 5.3 % -5.8 % -32.4 % 29.3 % -17.5 % 2.0 % 12.4 % -1.2 % -7.8 % 31.8 % 32.5 % 28.3 % 23.4 %

Tabasco -12.0 % 1.0 % -41.1 % 12.3 % -5.1 % 19.3 % -7.0 % -9.2 % 42.2 % -2.6 % 4.8 % 11.3 % 3.0 %

Tamaulipas 14.6 % -12.8 % -8.6 % -30.3 % -5.6 % 23.0 % -2.2 % 52.6 % -2.9 % -44.7 % 34.8 % 15.4 % 203.6 %

Tlaxcala -3.3 % 11.4 % -27.6 % -7.2 % 3.5 % -31.8 % 25.7 % -1.9 % -15.5 % -17.5 % 50.6 % 39.7 % -29.3 %

Veracruz -19.2 % -13.2 % -3.2 % -8.0 % -10.2 % 11.6 % -15.5 % 2.2 % 0.8 % 8.4 % -13.6 % 96.0 % -33.5 %

Yucatán -5.6 % -25.4 % 30.4 % -21.4 % 39.0 % 0.1 % -32.0 % 6.5 % -1.4 % 24.3 % 0.9 % -28.8 % -6.6 %

Zacatecas 1.6 % -28.3 % -7.3 % 21.4 % 2.7 % -7.6 % -2.6 % -12.8 % -1.0 % -6.4 % 25.3 % 35.3 % 3.9 %

Fuente: iNEGi, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH) y SOMEDE (2012).

En términos relativos respecto de los valores iniciales del periodo, la tasa nacional de 2010 representa 1.56 veces la de 1997. En Aguascalientes tenemos un incremen-to de la misma magnitud, pero entre 2007 y 2008 en Baja California el aumento es de 2.4 veces y el máximo se observa en Chihuahua, donde la tasa de DPH por cada 100 000 habitantes se multiplicó por 3.5 entre 1997 y 2008. En esta entidad el au-mento se concentra entre 2007 y 2008, cuando la tasa de homicidios se quintuplicó, en tanto que en Baja California casi se triplicó, en Chiapas y Durango se multiplicó por 2.4 y en Sinaloa por 2.2.

En el año siguiente si bien no encontramos grandes incrementos —a excepción de Durango con 141 %—, se observa el efecto acumulado de la tendencia al alza. De tal manera que algunas entidades muestran incrementos respecto a 1997 de gran mag-nitud: 488 % en Chihuahua, 375 % en Durango, Baja California (325 %), Nuevo León (242 %), Aguascalientes (220 %), Sinaloa (215 %), Sonora (167 %), Guerrero (156 %), Coahuila (150 %), 104 % en Michoacán y Zacatecas, 102 % en Nayarit y 100 % en Ve-racruz, ésta fue la entidad que menos aumentó. Entre 2009 y 2010 la tasa se triplica en


Tamaulipas, se multiplica por 2.7 en Nayarit y por 2.6 en Nuevo León y aumenta 115 % en Colima.

INEGI, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH) y SOMEDE, Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas 1990-2010.

FIGURA2.4

México. Tasas de Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) por 100 000 habitantes según año de ocurrencia para entidades seleccionadas, 1997-2010

Fuente:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

120

200

180

160

140

100

80

60

40

20

0

CHH

SINDURHGOQUEYUC

La figura 2.4 muestra la gran diversidad en los comportamientos de las entidades federativas en lo que se refiere a la tasa de DPH por cada 100 000 habitantes. Se han seleccionado seis estados, los tres con la tasa más alta durante 2010 —Chihuahua, Durango y Sinaloa— y otros tres con los más bajos niveles el mismo año: Hidalgo, Que-rétaro y Yucatán. Son evidentes tanto la diferencia entre las entidades como la cada vez mayor divergencia a partir de 2007.

En la tabla 2.3 se presenta el ordenamiento de las entidades federativas según la tasa de DPH por cada 100 000 habitantes por año de ocurrencia para todo el periodo estudiado. Con el fin de facilitar la lectura, hemos marcado con distintos colores al-gunos casos, como Guerrero, con letras rojas, que ocupaba el primer lugar de 1997 a 2001, el segundo en 2002, otra vez el primero en 2003 y 2004 y luego en 2006-2007 para caer al sexto lugar en 2010.

Oaxaca, con un fondo dorado, ocupaba los cuatro primeros lugares hasta 2004, luego baja a la sexta posición en 2005-2006, sube al segundo lugar y de nuevo des-ciende hasta la posición 12 en el último año. Sinaloa, con fondo amarillo, se mantiene consistentemente entre los lugares segundo al quinto. Durango, con fondo azul cielo, pasa de estar entre los lugares noveno al 13 hasta 2007, y a ocupar el segundo y tercer lugares al final del periodo. Querétaro está marcado con fondo azul claro, y después de alcanzar el lugar 19 mejora su posición relativa, llegando al penúltimo lugar.

Homicidio 73

En cambio, Nuevo León—marcado con fondo negro y letras blancas—, después de ocupar los últimos tres lugares, alcanza el 17 en 2007, vuelve a descender y en 2010 llega al undécimo. Aguascalientes, en fondo verde, también aumenta desde el último lugar, pero sólo llega a la posición 25. Finalmente, Yucatán, en letras verdes, ocupa sistemáticamente los últimos lugares durante todo el periodo.

Ordenamiento de las entidades federativas según la tasa de Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) por cada 100 000 habitantes, por año de ocurrencia, 1997-2010.

TABLA 2.3

Orden 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101 GRO GRO GRO GRO GRO CHH GRO GRO CHH GRO GRO CHH CHH CHH2 OAX OAX BC OAX CHH GRO OAX OAX GRO MCH OAX BC DUR SiN3 SiN BC OAX CHH SiN SiN BC BC SiN CHH CHH SiN GRO DUR4 CHH SiN SiN SiN OAX OAX CHH CHH MCH SiN SiN GRO SiN NAY5 MCH CHP MOR BC BC BC SiN SiN BC BC MCH DUR BC BC6 MOR CHH CHH MOR MCH NAY MEX NAY OAX OAX SON SON SON GRO7 MEX MOR MEX MEX MEX MEX MCH MCH MEX MEX BC OAX MCH TAM8 NAY MEX MCH MCH MOR MCH QR QR NAY CHP DUR MCH NAY MOR9 DUR DUR CHP SLP NAY DUR DUR MEX TAM TAM NAY NAY OAX SON10 CHP MCH DUR NAY SON CHP DF SON DUR DUR QR MOR MOR COL11 BC DF NAY DF DF MOR NAY DF SON NAY DF QR MEX NL12 DF SLP SON CHP DUR DF CHP DUR DF SON MEX MEX DF OAX13 SON SON SLP DUR COL SON MOR MOR COL DF MOR DF CHP COA14 QR NAY DF COL QR COL SON COL MOR MOR COL COL QR MCH15 CAM CAM COL TAM SLP JAL TAM TAM CHP COL TAB TAM COA JAL16 TAM TAM CAM CAM PUE PUE COL PUE JAL TAB CAM SLP TAM SLP17 PUE COL TAM QR JAL CAM JAL BCN CAM JAL NL JAL JAL MEX18 JAL PUE QR SON CAM QR PUE ZAC QR SLP JAL TAB COL DF19 COL QR PUE PUE QUE ZAC ZAC JAL BCN PUE TAM BCN GTO QR20 VER JAL JAL QUE ZAC BCN SLP SLP COA QR SLP COA VER ZAC21 TAB ZAC TLX JAL TAM SLP TAB TAB PUE ZAC BCN CAM ZAC TAB22 BCN TAB TAB BCN COA TAM CAM CHP ZAC VER VER ZAC SLP GTO23 SLP HGO BCN VER VER COA VER CAM SLP BCN ZAC PUE TAB BCN24 ZAC VER QUE TLX TLX TLX QUE COA TAB CAM PUE GTO NL PUE25 QUE TLX VER ZAC HGO VER BCN VER QUE GTO GTO CHP CAM AGS26 TLX GTO COA COA TAB TAB COA TLX VER NL COA NL TLX VER27 COA COA ZAC GTO BCN QUE GTO QUE TLX TLX AGS AGS PUE CAM28 GTO QUE GTO TAB GTO GTO TLX GTO GTO COA QUE TLX BCN TLX29 HGO AGS HGO HGO CHP AGS NL HGO NL QUE TLX VER AGS CHP30 NL BCN NL NL AGS YUC HGO NL HGO AGS HGO QUE HGO HGO31 YUC NL AGS YUC NL HGO YUC AGS AGS HGO YUC HGO QUE QUE32 AGS YUC YUC AGS YUC NL AGS YUC YUC YUC CHP YUC YUC YUC

Fuente: iNEGi, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH) y SOMEDE (2012).

Cabe señalar que en términos comparativos, la tasa observada en Chihuahua en 2010 es mayor a la de El Salvador en 1995 (139.1) la máxima recogida en el Estudio Global sobre el Homicidio 2011,40 incluso a nivel subnacional resulta ser 1.4 veces la correspondiente a Caracas, Venezuela, en 2007 (130.5) y 1.5 veces la de la ciudad de Guatemala (118.3 en 2009). La tasa de Sinaloa en 2010 es 1.6 veces la de Jamaica y la de Durango representa 98 % de la de El Salvador. En cambio, la tasa alcanzada por Yu-catán en 2010 (1.7) es similar a la canadiense y a la de Bélgica, aunque superior a la ir-landesa (1.2), la del Reino Unido (1.2) o la española (0.9) y casi del doble de la alemana.

40 UNODC, 2011 Global Study…, op. cit.


México: Índice de concentración espacio-temporal de las Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2010.

TABLA 2.4

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 0.61 1.21 0.68 0.53 0.80 1.06 0.85 0.84 0.89 0.92 1.73 1.48 1.17 1.04

Baja California 0.49 0.83 1.03 0.78 0.77 0.84 0.88 0.98 0.86 0.87 0.81 1.50 1.48 1.16

Baja California Sur 1.05 0.53 1.10 1.06 0.91 1.28 1.01 1.38 1.29 1.00 1.41 1.13 0.73 0.80

Campeche 1.29 1.47 1.46 1.36 1.20 1.22 0.97 0.90 1.13 0.70 1.31 0.84 0.64 0.43

Coahuila 0.86 0.80 0.90 0.89 1.15 1.05 0.90 0.97 1.12 0.72 0.95 0.96 1.06 1.30

Colima 0.82 0.99 1.12 1.17 1.26 0.98 0.94 1.24 1.05 0.90 1.09 0.88 0.65 1.14

Chiapas 1.40 1.89 1.55 1.25 0.54 1.45 1.39 0.77 0.94 1.61 0.37 0.57 0.82 0.25

Chihuahua 0.46 0.43 0.41 0.51 0.55 0.58 0.49 0.48 0.60 0.55 0.55 1.75 1.75 2.33

Distrito Federal 1.17 1.16 1.11 1.12 1.24 1.22 1.26 1.30 1.14 1.01 1.23 0.84 0.64 0.55

Durango 0.72 0.70 0.63 0.57 0.62 0.66 0.76 0.66 0.64 0.63 0.77 1.17 2.05 1.64

Guanajuato 1.02 1.08 0.99 1.04 1.05 0.93 1.03 0.88 1.02 0.93 1.17 0.98 1.16 0.82

Guerrero 1.09 1.12 1.11 1.02 0.89 0.84 0.80 0.87 0.82 1.09 1.17 1.02 1.27 0.82

Hidalgo 1.29 1.57 1.25 1.20 1.51 0.81 1.00 1.09 0.92 0.63 1.06 0.72 0.92 0.55

Jalisco 1.06 0.95 1.03 1.03 1.11 1.12 1.06 1.02 1.03 1.05 1.15 0.88 0.79 0.98

México 1.21 1.15 1.15 1.24 1.24 1.28 1.25 1.22 1.33 1.10 0.92 0.73 0.62 0.55

Michoacán 1.17 0.89 1.00 1.05 1.13 1.01 1.03 1.11 1.28 1.80 1.16 0.86 0.89 0.50

Morelos 1.25 1.27 1.39 1.23 1.11 0.96 0.92 0.95 0.73 0.73 0.80 0.82 0.74 1.06

Nayarit 0.96 0.72 0.81 0.76 0.87 1.21 0.84 1.17 1.04 0.76 0.97 0.88 0.77 1.69

Nuevo León 0.50 0.57 0.57 0.62 0.51 0.60 0.87 0.73 0.86 0.99 1.83 1.02 1.01 2.13

Oaxaca 1.34 1.32 1.23 1.23 1.17 1.13 1.16 1.27 1.03 0.96 1.22 0.80 0.59 0.52

Puebla 1.22 1.22 1.23 1.26 1.38 1.28 1.20 1.25 1.03 1.09 1.03 0.79 0.59 0.48

Querétaro 1.22 0.95 1.16 1.55 1.60 1.09 1.31 1.18 1.23 0.93 0.99 0.79 0.71 0.42

Quintana Roo 0.81 0.70 0.85 0.91 1.18 0.85 1.64 1.82 0.86 0.79 1.65 1.24 0.85 0.70

San Luis Potosí 0.89 1.41 1.41 1.54 1.38 0.92 0.89 0.87 0.79 0.93 0.99 0.85 0.64 0.86

Sinaloa 0.81 0.76 0.78 0.78 0.85 0.83 0.77 0.76 0.82 0.79 0.80 1.12 1.30 1.66

Sonora 0.82 0.86 0.92 0.72 0.98 0.84 0.87 1.06 1.00 0.90 1.42 1.19 1.12 1.12

Tabasco 1.15 1.01 1.16 0.79 0.93 0.91 1.11 1.11 0.96 1.32 1.55 1.03 0.84 0.70

Tamaulipas 0.83 0.96 0.95 1.01 0.74 0.73 0.92 0.98 1.42 1.34 0.89 0.75 0.64 1.54

Tlaxcala 1.15 1.12 1.42 1.19 1.18 1.27 0.88 1.21 1.13 0.94 0.92 0.88 0.90 0.51

Veracruz 1.36 1.09 1.06 1.17 1.13 1.04 1.17 1.07 1.03 1.01 1.30 0.71 1.01 0.54

Yucatán 1.05 0.99 0.84 1.26 1.06 1.52 1.56 1.15 1.17 1.12 1.66 1.05 0.55 0.41

Zacatecas 1.13 1.13 0.91 0.96 1.22 1.28 1.19 1.25 1.02 0.98 1.09 0.87 0.86 0.71

Fuente: Elaboración propia con base en datos del iNEGi, Estadísticas Vitales de Mortalidad.

En la tabla 2.4 presentamos el Índice de concentración espacio-temporal de las DPH, para el periodo 1997-2010. Como se mencionó antes en la metodología, este Ín-dice nos permite poner en evidencia, una vez controlados los efectos de los distintos tamaños de los estados y de la evolución del fenómeno en el tiempo, los momentos y lugares donde encontramos más o menos eventos —DPH, en este caso— de los es-perados. De esta manera, podemos ver que si bien Aguascalientes es una entidad con relativamente pocos homicidios, hubo un pico muy importante en 2007, similar a los hallados en Chihuahua en 2008 y 2009.

Homicidio 75

De hecho esta entidad, que presenta la concentración más alta en 2010, tiene también valores bajos hasta 2007, pues sólo se presentaron la mitad de las defuncio-nes esperadas en promedio. Algo similar pasaba en Nuevo León de 1997 a 2002, pues el Índice tiene un valor promedio de 0.56 en esos años, pero alcanza 1.83 en 2007 y 2.13 en 2010, es decir, duplica en más los homicidios que se esperarían en esa entidad. En Chiapas ocurre lo contrario: mientras que en 1998 tiene un valor de 1.89, al final del periodo sólo presenta una cuarta parte de lo esperado. Otros estados con niveles reducidos al final del periodo son Querétaro, Campeche, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.

El panorama es similar cuando nos referimos a las denuncias por homicidio por cada 100 000 habitantes: las tasas en las entidades federativas muestran un descenso al inicio del periodo, los valores más bajos alrededor de 2006 y los máximos al finalizar el periodo. En los mapas 2.5 a 2.8 se presentan los valores estatales correspondientes a 1997, 2001, 2007 y 2010, respectivamente. Resaltan algunos datos que parecerían deberse a problemas con la información: en Oaxaca sólo aparecen 14 denuncias para 1998, cuando el año anterior hubo 788 y el posterior 823, por lo que parece faltar un dígito.

En el cuadro 3.5.2 del Anuario Estadístico de Oaxaca 1997 se reportan 22 homi-cidios dolosos, pero 1932 de intencionalidad no especificada. En el caso de Tlaxcala en 2007, el formato del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Se-guridad Pública (CIEISP) señala cero homicidios dolosos. El dato utilizado —42— fue proporcionado verbalmente por el secretario general de gobierno del estado al Insti-tuto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) y reportado en diversas publi-caciones. En el Anuario Estadístico de Tlaxcala 2008, la información correspondiente a homicidio doloso entre los “Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias del ministerio público del fuero común por principales delitos” aparece como “ND”.

El valor de 355 denuncias correspondiente a Aguascalientes en 1997 también pa-rece erróneo, dados los valores de los años posteriores, pero también porque el valor del año anterior es de 28. En el Anuario Estadístico de Aguascalientes 1998, en el rubro correspondiente a “Otros b/” se presenta la cifra de 321, pero la nota b/ especifica que “Comprende aborto y homicidio doloso”. Sin embargo, al consultar la Incidencia Delic-tiva del Fuero Común 1997, publicada por el SESNSP, puede apreciarse que los datos so-bre homicidio —el total y cada uno de los rubros que lo componen— se repiten desde enero hasta junio: 58 homicidios intencionales; 324 en el primer semestre contra siete en el segundo. Suponemos que el dato de 58 homicidios dolosos se refiere al primer semestre en su conjunto, no a cada uno de los meses, con lo que tendríamos un total de 61 casos, dato que nos parece más congruente con el resto de la serie, por lo que decidimos utilizarlo.


México. Denuncias por Homicidio Doloso (DEN) por cada 100 000 habitantes según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2010.

TABLA 2.5

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total nacional 17.4 14.7 14.9 14.0 13.8 12.9 12.3 11.2 10.7 11.0 9.5 12.0 14.5 18.3

Aguascalientes 6.7 7.1 2.9 1.4 2.2 2.6 2.0 1.6 1.7 2.3 4.3 5.5 5.6 6.3

Baja California 21.6 12.4 27.1 18.4 17.7 17.5 17.6 16.8 18.8 16.5 17.1 28.0 24.1 27.9


Campeche 19.3 17.1 11.2 7.8 7.2 7.1 7.4 4.9 6.6 3.6 4.5 5.6 5.0 7.1

Coahuila 7.7 7.2 6.0 4.8 5.0 5.4 4.7 4.1 5.5 4.2 4.6 6.7 8.8 14.7

Colima 19.2 16.9 9.9 8.3 10.1 8.1 6.0 7.9 7.6 5.2 4.9 5.3 8.2 14.2

Chiapas 36.0 36.4 37.1 31.9 30.9 25.5 21.8 18.3 9.5 8.0 7.9 7.8 10.5 10.6

Chihuahua 23.0 19.5 13.9 14.1 15.3 16.6 14.6 13.6 16.7 17.8 18.4 60.0 92.6 113.6


Durango 4.2 9.1 19.8 18.2 21.6 15.4 14.2 7.8 12.2 13.1 15.8 26.8 57.1 62.1

Guanajuato 12.3 4.9 5.5 4.6 4.9 4.3 4.3 3.9 4.2 4.7 4.4 4.8 7.7 7.9

Guerrero 41.8 42.4 39.9 44.6 39.8 32.7 25.4 16.9 23.6 25.9 24.4 28.6 42.5 43.9

Hidalgo 16.3 11.2 8.8 5.0 6.4 5.5 4.8 5.2 4.9 4.1 5.9 5.4 5.2 5.0

Jalisco 9.6 9.6 8.6 7.6 7.5 6.5 6.3 5.4 5.6 6.1 5.5 6.4 7.8 12.0

México 24.4 17.4 22.7 20.5 21.2 21.0 19.7 20.3 16.2 19.1 7.7 8.5 8.9 7.5

Michoacán 18.9 25.4 14.2 12.0 11.7 10.5 10.8 11.0 10.5 16.1 12.6 13.3 16.9 15.1

Morelos 11.8 14.1 22.1 22.4 12.2 14.1 10.7 13.4 9.7 9.5 6.7 7.8 18.0 31.2

Nayarit 14.3 17.8 15.7 12.9 13.5 12.3 9.9 11.3 9.5 9.5 10.6 14.1 13.9 33.7

Nuevo León 4.4 4.2 3.4 3.2 3.5 3.1 3.3 2.8 3.3 4.1 6.4 5.8 5.8 17.7

Oaxaca 23.3 0.4 23.7 36.9 37.2 40.3 44.1 31.5 29.2 29.6 25.7 19.6 19.9 17.4

Puebla 14.9 13.5 11.3 11.1 9.6 8.7 9.1 8.6 6.2 7.4 7.1 7.5 7.2 7.1

Querétaro 17.5 2.8 3.9 4.3 5.8 4.7 4.6 3.9 4.2 3.1 3.3 3.3 5.0 3.2

Quintana Roo 43.0 14.3 14.3 27.2 26.8 19.7 22.2 12.9 10.6 10.2 14.6 15.4 13.7 17.5

San Luis Potosí 13.2 12.9 17.8 10.8 8.2 10.2 5.0 8.1 7.1 5.2 6.1 8.6 6.1 16.0

Sinaloa 26.5 25.3 22.0 19.4 21.2 18.6 18.3 19.4 22.8 22.4 27.3 42.3 45.4 80.9

Sonora 24.2 25.2 13.1 8.6 8.1 7.1 8.6 10.4 11.2 9.6 12.1 15.2 18.9 24.4

Tabasco 19.1 19.6 12.0 10.9 8.6 7.1 7.5 5.9 4.1 8.0 9.1 6.8 5.3 6.3

Tamaulipas 17.8 15.8 9.2 7.9 5.8 6.3 8.2 7.4 11.6 11.1 8.4 9.6 8.9 21.9

Tlaxcala 6.7 5.1 16.8 28.4 35.0 30.1 27.2 24.3 32.0 16.8 3.7 3.7 4.1 4.1

Veracruz 10.4 10.2 8.4 6.6 6.6 6.3 7.0 6.4 6.3 5.9 6.4 6.3 4.6 7.6

Yucatán 6.8 1.4 0.5 1.5 0.9 1.7 1.8 1.6 1.2 1.2 1.6 2.4 1.7 1.8

Zacatecas 8.2 23.0 6.6 7.0 6.8 7.5 7.5 3.9 4.1 3.5 4.6 5.1 5.1 7.3

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (DEN) y SOMEDE, Conciliación Demográfica de México y Entidades Federativas 1990-2010.

Homicidio 77

Si consideramos las diferencias entre ambos indicadores, la figura 2.5 muestra que la razón de DEN a DPH presenta primero una tendencia ascendente hasta 2001 y luego baja hasta 2005, tiene un ligero incremento en los dos años siguientes, pero mante-niéndose por encima de uno, es decir, registrándose más denuncias que defunciones. Como habíamos mencionado, el punto de inflexión de 2007 cambia también la razón, que ahora es inferior a uno, y llega a niveles de alrededor de 0.82. Se trata de una ten-dencia que requiere mayor investigación, en particular se necesita una revisión tanto de los expedientes en las procuradurías generales de justicia de las entidades fede-rativas como de los certificados de defunción, los cuales tuvieron que haber sido del conocimiento del Ministerio Público.

Debido a que estos probables delitos aún no han prescrito, el aclarar estas di-ferencias va más allá del simple interés académico de reconstruir el pasado, pues se trata de una obligación legal. Lo anterior puede tener importantes implicaciones para el cálculo de indicadores demográficos básicos, como la esperanza de vida, ya que a


pesar de ser relativamente pocas defunciones —comparadas con el total de todas las causas— ocurren típicamente a edades jóvenes, por lo que su impacto en la reducción de este indicador resulta de gran importancia.

1.4

1.6

1.2

1.0

0.6

0.8

0.4

0.2

0.0

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

México. Razón de Denuncias por Homicidios Dolosos (DEN) respecto de Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH), 1997-2010

FIGURA2.5

En tanto que se trata de delitos del orden común, con las excepciones que hemos mencionado antes, tenemos que analizar las diferencias en el ámbito estatal. En la tabla 2.6 se muestran las diferencias entre DEN y DPH en términos absolutos, para cada entidad en el periodo 1997-2010. De esta manera, vemos que las mayores discrepan-cias no corresponden a los estados con mayor incidencia del homicidio, sino al Estado de México, en primer lugar, donde a través de la suma de los años hay más casos de denuncias por homicidio que de DPH, que es de 6 936 contra 2 034 casos cuando se da la situación contraria. Mientras que en Chiapas tenemos 6 543 y 188 casos, en Oaxaca 5 280 y 1 122, en Veracruz 1 476 y 325 y en Tlaxcala 1 770 y 74 respectivamente.

Entre las entidades de alta prevalencia de homicidio tenemos a Chihuahua con discrepancias de 121 y 4 243 casos y Guerrero con 2 868 y 414 casos, para las situa-ciones donde las denuncias por homicidio son mayores o menores que las DPH. Al final del periodo tenemos 11 entidades en las que las denuncias son mayores que las DPH: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Esto quiere decir que las discrepancias entre es-tadísticas vitales y registros de las agencias del Ministerio Público son heterogéneas y responden a las situaciones locales de las entidades federativas.

Homicidio 79

México. Denuncias por homicidio menos Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH), 1997-2010. TABLA 2.6

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total nacional 3115 605 2440 3132 3575 3060 2645 2305 1262 1387 1446 -1021 -3607 -4319

Aguascalientes 38 20 4 -2 -1 -4 -3 -5 -6 -1 6 4 1 2

Baja California 155 -284 18 32 51 32 30 -1 97 21 143 -237 -750 -605

Baja California Sur 25 0 -2 3 2 -4 -1 4 2 -6 -3 -12 -5 -2

Campeche 54 29 0 -9 -2 -2 12 0 1 -4 -15 -8 -15 12

Coahuila 23 22 -4 -12 -37 -8 -2 -16 -8 10 10 -1 -35 -22

Colima 49 28 -9 -12 -3 0 -9 -8 -4 -12 -14 -24 -7 -37

Chiapas 762 583 854 848 1077 593 478 559 115 -174 253 105 -14 316

Chihuahua 22 -45 -106 -149 -127 -96 -57 -38 -88 -21 99 -635 -550 -2331

Distrito Federal -240 -275 -162 -219 -181 -202 -267 -237 -185 -173 -135 -212 -236 -251

Durango -190 -113 93 112 156 60 18 -39 23 36 73 1 -116 -39

Guanajuato 274 -82 4 -18 3 8 -7 18 -4 35 8 -40 -75 -4

Guerrero 229 213 278 618 603 430 230 -48 165 18 58 -95 -366 26

Hidalgo 226 85 82 16 28 66 35 44 47 50 74 60 -4 27

Jalisco -20 45 3 8 -8 -59 -40 -45 -63 -51 -54 -86 -112 -183

México 568 -150 853 709 927 913 832 1116 296 1022 -109 -320 -515 -940

Michoacán -76 382 -67 -108 -137 -113 -108 -109 -252 -340 -18 -88 -207 -8

Morelos -127 -98 36 112 -14 50 4 57 26 19 -16 -77 51 75

Nayarit -29 43 23 19 16 -35 -11 -29 -37 -5 0 -10 -42 -164

Nuevo León 49 27 13 10 51 21 -15 0 -5 3 5 15 -74 -84

Oaxaca -164 -936 35 596 677 825 952 501 506 543 376 131 138 -22

Puebla 229 169 118 162 68 70 118 108 26 65 121 83 58 45

Querétaro 128 -45 -36 -45 -20 0 -14 -10 -12 -11 0 -15 -1 -9

Quintana Roo 246 39 38 165 153 124 93 -2 48 51 56 47 38 90

San Luis Potosí 103 -20 131 -18 -38 93 -26 64 45 -29 8 18 -50 60

Sinaloa 74 81 45 45 76 28 59 126 159 150 353 284 -150 -26

Sonora 242 252 3 -4 -75 -53 -23 -8 16 -5 -18 -47 -77 -69

Tabasco 191 223 80 121 68 44 33 10 -17 20 48 -7 -59 -42

Tamaulipas 198 107 -32 -44 -23 3 17 -1 6 0 71 43 -22 -233

Tlaxcala -5 -18 87 224 299 253 247 210 300 144 6 -13 -30 -8

Veracruz 110 210 157 44 77 97 104 127 111 80 90 138 -325 131

Yucatán 63 -22 -26 -19 -20 -21 -20 -6 -17 -17 -19 -3 -3 2

Zacatecas -2 199 6 18 -1 6 14 -34 -20 -28 -8 -20 -53 -26

Fuente: iNEGi, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH) y SESNSP, incidencia Delictiva.


Si nos referimos a las diferencias relativas, los mapas 2.9 a 2.12 muestran, para los años 1997, 2001, 2007 y 2010 respectivamente, los valores estatales de la razón de tasas de denuncias por homicidio a tasas de DPH. Por su parte, la tabla 2.7 presenta los valores para todos los años y entidades federativas, donde resalta Chiapas, cuya razón de las tasas por 100 000 habitantes alcanza 7.2, es decir, hay 7.2 veces más DEN en las agencias del Ministerio Público que DPH —provenientes de certificados de defunción y cuadernillos de defunciones— en las estadísticas vitales. Pero más grave es la situa-ción de Tlaxcala, donde entre 2000 y 2006 la razón se encuentra en alrededor de seis.

Homicidio 81

México, razón de tasas de denuncias por homicidio a tasas de Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH).

TABLA 2.7

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total nacional 1.23 1.04 1.20 1.29 1.35 1.30 1.26 1.25 1.13 1.13 1.16 0.93 0.82 0.83

Aguascalientes 2.65 1.43 1.17 0.88 0.96 0.87 0.88 0.77 0.76 0.96 1.14 1.07 1.02 1.03Baja California 1.46 0.51 1.03 1.07 1.13 1.07 1.07 1.00 1.22 1.05 1.39 0.78 0.50 0.59Baja California Sur 1.71 1.00 0.94 1.11 1.09 0.88 0.96 1.13 1.06 0.77 0.90 0.70 0.86 0.96Campeche 1.71 1.33 1.00 0.86 0.96 0.96 1.28 1.00 1.02 0.88 0.71 0.85 0.73 1.26Coahuila 1.15 1.15 0.97 0.90 0.76 0.94 0.98 0.87 0.95 1.10 1.09 0.99 0.87 0.95Colima 1.98 1.46 0.85 0.79 0.95 1.00 0.79 0.85 0.92 0.72 0.68 0.58 0.88 0.72Chiapas 2.28 1.71 2.43 3.01 7.15 2.28 2.08 3.45 1.38 0.67 3.41 1.41 0.97 2.60Chihuahua 1.03 0.93 0.80 0.75 0.79 0.85 0.89 0.92 0.86 0.97 1.19 0.76 0.85 0.63Distrito Federal 0.80 0.77 0.84 0.76 0.82 0.79 0.73 0.75 0.79 0.79 0.84 0.77 0.76 0.76Durango 0.24 0.54 1.47 1.72 1.95 1.35 1.09 0.75 1.14 1.21 1.41 1.00 0.89 0.96Guanajuato 1.94 0.74 1.02 0.92 1.01 1.04 0.97 1.10 0.98 1.17 1.04 0.87 0.85 0.99Guerrero 1.22 1.19 1.29 1.79 1.92 1.71 1.40 0.92 1.28 1.02 1.08 0.91 0.80 1.02Hidalgo 2.69 1.52 1.70 1.16 1.23 2.05 1.45 1.56 1.66 1.98 2.01 1.76 0.97 1.25Jalisco 0.97 1.08 1.01 1.02 0.98 0.88 0.91 0.89 0.86 0.89 0.88 0.84 0.84 0.83México 1.23 0.94 1.40 1.35 1.48 1.47 1.44 1.64 1.15 1.59 0.91 0.80 0.72 0.55Michoacán 0.91 1.60 0.90 0.82 0.78 0.79 0.80 0.80 0.63 0.66 0.97 0.87 0.78 0.99Morelos 0.58 0.69 1.12 1.47 0.93 1.28 1.02 1.35 1.19 1.14 0.88 0.64 1.19 1.15Nayarit 0.82 1.35 1.19 1.19 1.14 0.77 0.90 0.79 0.72 0.95 1.00 0.94 0.78 0.69Nuevo León 1.43 1.20 1.11 1.09 1.57 1.20 0.90 1.00 0.97 1.02 1.02 1.06 0.78 0.91Oaxaca 0.83 0.01 1.04 1.86 2.07 2.37 2.54 1.80 1.93 2.02 1.66 1.22 1.22 0.97Puebla 1.46 1.33 1.26 1.39 1.16 1.18 1.32 1.30 1.08 1.19 1.43 1.24 1.16 1.12Querétaro 2.21 0.46 0.60 0.58 0.81 1.00 0.84 0.86 0.85 0.83 1.00 0.79 0.99 0.87Quintana Roo 3.76 1.50 1.45 3.06 2.55 2.77 1.69 0.99 1.68 1.75 1.47 1.32 1.27 1.63San Luis Potosí 1.52 0.94 1.46 0.93 0.84 1.61 0.82 1.47 1.34 0.82 1.06 1.09 0.76 1.17Sinaloa 1.12 1.14 1.09 1.10 1.16 1.06 1.14 1.32 1.35 1.33 1.91 1.33 0.89 0.99Sonora 1.85 1.83 1.01 0.98 0.71 0.76 0.90 0.97 1.06 0.98 0.94 0.89 0.87 0.90Tabasco 2.18 2.54 1.54 2.36 1.67 1.45 1.28 1.09 0.83 1.14 1.33 0.95 0.66 0.77Tamaulipas 1.72 1.33 0.89 0.83 0.88 1.02 1.07 1.00 1.02 1.00 1.37 1.16 0.93 0.76Tlaxcala 0.93 0.73 2.14 5.00 6.64 5.52 7.33 5.20 7.00 4.35 1.17 0.76 0.62 0.86Veracruz 1.18 1.42 1.36 1.10 1.20 1.27 1.26 1.38 1.32 1.23 1.23 1.41 0.52 1.29Yucatán 2.34 0.51 0.24 0.58 0.44 0.59 0.62 0.83 0.56 0.56 0.61 0.94 0.92 1.06Zacatecas 0.98 2.70 1.07 1.23 0.99 1.06 1.15 0.62 0.74 0.64 0.89 0.79 0.59 0.81

Fuente: iNEGi, Estadísticas Vitales de Mortalidad (DPH) y SESNSP, incidencia Delictiva.

Sin embargo, no debemos olvidar que se puede dar la situación inversa, que haya más defunciones que denuncias, siendo el caso extremo el de Oaxaca en 1998, donde las denuncias corresponden a 1 % de las defunciones. Existen entidades federativas en las que esta razón de DEN a DPH es consistentemente inferior a uno a lo largo del pe-riodo: el Distrito Federal, donde el promedio de este indicador es de 0.78; Michoacán con una razón promedio de 0.82; Chihuahua con 0.83; Yucatán con 0.62; Colima con 0.81; Jalisco con 0.89; Querétaro con 0.81 y Sonora con 0.89.

Esto significa que en el conjunto de estos estados el aparato de procuración de justicia sólo tuvo conocimiento de 80.1 % de las DPH durante el periodo 1997-2010, o para expresarlo de otra manera, uno de cada cinco homicidios en esos estados está to-talmente impune, puesto que ni siquiera se inició una averiguación previa. La situación es menos grave para el total nacional, ya que las discrepancias estarían significando una impunidad primaria de 8 % en todo el periodo, pero que alcanza 18.3 % en 2009 y 20.9 % en 2010.


Por otra parte, la tabla 2.8 muestra los crecimientos anuales de las DEN por 100 000 habitantes según la entidad federativa y el año de ocurrencia; si lo comparamos con la ta-bla 2.2 podemos apreciar un panorama distinto, producto de las diferencias con las DPH. De nuevo, no solamente hay que considerar las celdas marcadas con rojo, que muestran los mayores crecimientos, tanto en el tiempo como en el espacio, también hay que tomar en cuenta las marcadas en verde, pues las reducciones pueden deberse no tanto a una baja en la comisión de homicidios, sino a un descenso en su denuncia.

De esta manera, el crecimiento explosivo en las DPH observado en Chihuahua du-rante 2007-2008 se reduce a la mitad al momento de considerar las denuncias ante el Ministerio Público. En cambio, el aumento registrado al año siguiente en Durango es de una magnitud menor, pero similar, lo mismo que los casos de Nayarit y Nuevo León al final del periodo. Pero tenemos que el crecimiento de 23.3 % en la tasa de DPH en Morelos en 2008-2009 lo tenemos que comparar con un incremento de 131 % en las DPH por cada 100 000 habitantes. Las disparidades entre ambos registros hacen que la respuesta de las autoridades a la ocurrencia del homicidio sea muy dispar, así como las bases para su monitoreo y evaluación, como veremos más adelante.

México. Crecimiento anual de las Denuncias por Homicidio Doloso (DEN) según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2011

TABLA 2.8

Entidad 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11

Total nacional -14.2 % 2.8 % -5.3 % 0.0 % -5.1 % -3.6 % -8.0 % -3.5 % 4.9 % -12.8 % 28.1 % 22.2 % 28.3 % 8.7 %

Aguascalientes 8 % -59 % -48 % 57 % 18 % -19 % -19 % 12 % 37 % 88 % 29 % 5 % 14 % -5 %Baja California -41 % 125 % -30 % -1 % 2 % 3 % -2 % 15 % -10 % 6 % 67 % -12 % 18 % -24 %Baja California Sur -70 % 72 % 0 % -19 % 12 % -14 % 50 % -6 % -41 % 40 % 0 % 11 % 55 % -21 %Campeche -10 % -33 % -29 % -5 % 0 % 6 % -33 % 38 % -45 % 29 % 25 % -9 % 44 % 0 %Coahuila -6 % -16 % -19 % 4 % 11 % -11 % -11 % 35 % -22 % 11 % 48 % 34 % 70 % 63 %Colima -10 % -40 % -15 % 24 % -20 % -24 % 32 % -2 % -30 % -3 % 10 % 58 % 79 % 77 %Chiapas 3 % 4 % -13 % -1 % -16 % -13 % -15 % -47 % -14 % 0 % 2 % 37 % 3 % 19 %Chihuahua -14 % -27 % 3 % 10 % 10 % -11 % -6 % 24 % 8 % 4 % 229 % 55 % 24 % -21 %Distrito Federal -3 % -7 % -19 % 14 % -7 % -4 % -1 % -2 % -7 % 10 % 0 % 5 % 9 % -4 %Durango 120 % 117 % -8 % 20 % -28 % -7 % -44 % 58 % 8 % 22 % 72 % 116 % 10 % -25 %Guanajuato -59 % 13 % -15 % 6 % -11 % 2 % -9 % 10 % 14 % -5 % 12 % 61 % 6 % 38 %Guerrero 3 % -5 % 13 % -10 % -18 % -22 % -33 % 40 % 11 % -4 % 19 % 50 % 5 % 44 %Hidalgo -31 % -20 % -42 % 29 % -13 % -12 % 9 % -4 % -14 % 46 % -5 % -1 % -2 % -17 %Jalisco 1 % -10 % -11 % 0 % -12 % -2 % -13 % 4 % 11 % -8 % 19 % 23 % 56 % 38 %México -27 % 34 % -8 % 5 % 0 % -4 % 4 % -19 % 20 % -59 % 12 % 7 % -14 % 31 %Michoacán 35 % -44 % -15 % -2 % -10 % 3 % 1 % -4 % 55 % -20 % 7 % 29 % -9 % 17 %Morelos 21 % 59 % 2 % -45 % 17 % -23 % 27 % -27 % -1 % -29 % 19 % 135 % 76 % -1 %Nayarit 25 % -12 % -17 % 5 % -8 % -19 % 15 % -15 % 1 % 15 % 36 % 1 % 148 % 24 %Nuevo León -2 % -18 % -6 % 14 % -11 % 9 % -13 % 22 % 26 % 57 % -7 % 2 % 210 % 142 %Oaxaca -98 % 5779 % 57 % 1 % 9 % 10 % -28 % -7 % 2 % -12 % -23 % 3 % -11 % -3 %Puebla -7 % -15 % 0 % -12 % -8 % 5 % -4 % -27 % 22 % -3 % 7 % -3 % 0 % 49 %Querétaro -83 % 41 % 13 % 39 % -17 % 0 % -13 % 10 % -24 % 10 % 2 % 55 % -34 % 66 %Quintana Roo -65 % 5 % 99 % 3 % -23 % 18 % -39 % -14 % 0 % 48 % 9 % -8 % 32 % 15 %San Luis Potosí -1 % 39 % -39 % -23 % 26 % -51 % 64 % -12 % -26 % 17 % 42 % -28 % 164 % -4 %Sinaloa -4 % -12 % -11 % 10 % -12 % -1 % 7 % 18 % -1 % 23 % 56 % 8 % 80 % -15 %Sonora 6 % -47 % -34 % -5 % -11 % 23 % 23 % 10 % -13 % 29 % 28 % 27 % 31 % -28 %Tabasco 4 % -38 % -8 % -20 % -17 % 6 % -20 % -30 % 98 % 16 % -23 % -21 % 22 % 13 %Tamaulipas -10 % -41 % -13 % -25 % 12 % 33 % -8 % 59 % -3 % -23 % 16 % -6 % 150 % 19 %Tlaxcala -22 % 233 % 72 % 26 % -12 % -7 % -9 % 35 % -47 % -78 % 0 % 14 % 0 % 48 %Veracruz -2 % -17 % -21 % 0 % -4 % 11 % -7 % -1 % -5 % 10 % 0 % -27 % 68 % -12 %Yucatán -79 % -65 % 225 % -38 % 88 % 7 % -6 % -27 % 0 % 36 % 57 % -30 % 9 % 28 %Zacatecas 180 % -72 % 7 % -2 % 11 % 1 % -48 % 5 % -14 % 32 % 12 % 3 % 45 % 8 %

Fuente: Elaboración propia con base en información de SESNSP, incidencia Delictiva.

Homicidio 83

México. Índice de concentración espacio-temporal de las Denuncias por Homicidio Doloso (den) según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2011

TABLA 2.9

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 1.28 1.61 0.64 0.35 0.55 0.69 0.58 0.51 0.59 0.77 1.65 1.66 1.42 1.26 1.10 Baja California 0.76 0.53 1.15 0.85 0.84 0.91 0.97 1.03 1.22 1.05 1.27 1.65 1.19 1.09 0.77 Baja California Sur 1.63 0.57 0.96 1.01 0.81 0.96 0.85 1.39 1.36 0.76 1.23 0.96 0.87 1.05 0.76 Campeche 1.90 1.99 1.29 0.96 0.91 0.96 1.05 0.77 1.10 0.57 0.85 0.82 0.62 0.69 0.63 Coahuila 0.78 0.86 0.71 0.61 0.63 0.74 0.68 0.66 0.92 0.68 0.87 1.01 1.10 1.46 2.19 Colima 1.41 1.48 0.86 0.77 0.96 0.81 0.64 0.91 0.93 0.62 0.69 0.59 0.76 1.06 1.74 Chiapas 1.40 1.69 1.70 1.57 1.55 1.38 1.25 1.16 0.63 0.52 0.60 0.47 0.53 0.43 0.47 Chihuahua 0.49 0.49 0.35 0.38 0.42 0.48 0.45 0.46 0.59 0.60 0.72 1.85 2.36 2.27 1.65 Distrito Federal 1.10 1.24 1.12 0.95 1.09 1.06 1.05 1.14 1.16 1.03 1.29 1.01 0.86 0.73 0.65 Durango 0.15 0.38 0.79 0.77 0.92 0.70 0.68 0.41 0.67 0.69 0.97 1.30 2.30 1.97 1.35 Guanajuato 1.64 0.77 0.85 0.76 0.81 0.76 0.80 0.80 0.91 0.98 1.07 0.93 1.23 1.01 1.29 Guerrero 0.96 1.15 1.06 1.26 1.13 0.99 0.80 0.58 0.84 0.89 0.97 0.90 1.11 0.91 1.20 Hidalgo 2.02 1.64 1.27 0.77 0.99 0.91 0.83 0.98 0.98 0.80 1.33 0.98 0.79 0.60 0.46 Jalisco 0.95 1.11 0.97 0.92 0.92 0.86 0.87 0.83 0.89 0.94 0.99 0.91 0.92 1.12 1.42 México 1.18 1.00 1.30 1.26 1.32 1.40 1.39 1.57 1.32 1.50 0.70 0.61 0.54 0.36 0.43 Michoacán 1.10 1.73 0.95 0.85 0.83 0.79 0.84 0.92 0.92 1.35 1.23 1.03 1.09 0.77 0.83 Morelos 0.60 0.84 1.31 1.41 0.77 0.95 0.76 1.04 0.79 0.75 0.61 0.57 1.09 1.50 1.37 Nayarit 0.71 1.04 0.89 0.78 0.82 0.79 0.67 0.83 0.74 0.71 0.94 0.99 0.82 1.58 1.81 Nuevo León 0.42 0.48 0.38 0.38 0.43 0.40 0.46 0.43 0.54 0.65 1.18 0.85 0.71 1.71 3.81 Oaxaca 0.72 0.01 0.86 1.42 1.44 1.65 1.88 1.47 1.42 1.39 1.40 0.84 0.71 0.49 0.44 Puebla 1.27 1.37 1.13 1.19 1.04 1.02 1.11 1.16 0.87 1.01 1.12 0.94 0.74 0.58 0.79 Querétaro 2.63 0.51 0.70 0.83 1.16 1.01 1.04 0.99 1.13 0.82 1.03 0.82 1.04 0.53 0.81 Quintana Roo 1.50 0.61 0.62 1.31 1.35 1.09 1.33 0.88 0.78 0.75 1.27 1.08 0.81 0.84 0.89 San Luis Potosí 1.07 1.23 1.67 1.08 0.83 1.10 0.56 1.00 0.92 0.65 0.87 0.97 0.58 1.19 1.05 Sinaloa 0.68 0.76 0.65 0.61 0.67 0.62 0.64 0.74 0.91 0.85 1.21 1.47 1.30 1.82 1.42 Sonora 1.32 1.62 0.83 0.58 0.55 0.52 0.67 0.89 1.02 0.84 1.24 1.24 1.28 1.31 0.87 Tabasco 1.67 2.04 1.23 1.19 0.96 0.84 0.93 0.81 0.59 1.11 1.47 0.88 0.57 0.54 0.57 Tamaulipas 1.16 1.22 0.70 0.65 0.48 0.57 0.78 0.78 1.29 1.19 1.04 0.95 0.73 1.41 1.54 Tlaxcala 0.32 0.29 0.95 1.72 2.16 1.99 1.91 1.89 2.64 1.34 0.35 0.27 0.25 0.20 0.27 Veracruz 1.23 1.41 1.14 0.95 0.95 0.97 1.12 1.13 1.15 1.04 1.31 1.02 0.61 0.80 0.65 Yucatán 2.81 0.69 0.23 0.80 0.49 0.97 1.07 1.09 0.83 0.79 1.23 1.51 0.87 0.74 0.87 Zacatecas 0.97 3.15 0.87 0.98 0.96 1.12 1.17 0.67 0.73 0.60 0.91 0.80 0.67 0.75 0.75

Fuente: Elaboración propia con base en información de SESNSP, incidencia Delictiva.

El Índice de concentración espacio-temporal es muy similar al anterior: hay incre-mentos en Chihuahua y Durango en 2009 y 2010, Nuevo León pasa de un déficit de denuncias a un muy importante superávit: 3.81 en 2011 y Tlaxcala fue aumentando su índice hasta alcanzar el máximo de 2.64 en 2005, para llegar a los valores mínimos en 2010 y 2011.

2.6 La procuración de justicia en el ámbito del homicidio

Como se ha mencionado antes, una vez que el Ministerio Público determina la proba-ble responsabilidad de un indiciado y lo consigna ante un juez, da inicio el proceso judicial. Cabe señalar que la información que proporciona el INEGI en las Estadísticas Ju-diciales en Materia Penal incluye datos sobre procesados por homicidio doloso del or-den federal, pero su participación es mínima: representan tan sólo 0.5 % de los 58 526 procesados entre 1997 y 2011.


Por tanto, no queda claro si se trata de procesados en averiguaciones previas del fuero común consignadas por las procuradurías de justicia estatales, que fueron luego atraídas por la PGR por su relación con otros delitos federales, o bien si se trata de con-signaciones hechas directamente por el Ministerio Público Federal. Sin embargo, dada la postura de la PGR referente a la reserva de estos datos, no parece ser el caso; además, la fuente de esta información según el INEGI son los Juzgados Penales y Mixtos de Primera Instancia, en el fuero común y de Distrito, en el fuero federal. No obstante, tenemos información de procesados en el fuero federal para todas las entidades federativas.41

En la figura 2.6 se aprecia que la tendencia de los procesados por 100 000 habi-tantes no sigue a la de los homicidios, ya sea que tomemos las DPH o las DEN: la tenden-cia a la baja hasta 2007 es menos acusada que en los homicidios, y ante el punto de inflexión de 2007 no parece haber una reacción de las autoridades de procuración de justicia, sino todo lo contrario, pues a partir de ese año se acentúa la reducción de los procesados por homicidio doloso.

FIGURA2.6

México. Procesados por Homicidio Doloso (PHD) por 100 000 habitantes, 1997-2010

3.5

4.0

4.5

5.0

3.0

2.5

1.5

2.0

1.0

0.5

0.0

PHD

por 1

00 00

0 hab

itant

es

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Pero de nuevo, las cifras nacionales no nos dicen mucho, por lo que tenemos que ver lo que sucede en el ámbito estatal. En la tabla 2.10 presentamos las cifras de pro-cesados por homicidio doloso por 100 000 habitantes según entidad federativa y año de ocurrencia. Los valores correspondientes a 1997, 2001, 2007 y 2010 se presentan en los mapas 2.13 a 2.16. Al estar estandarizadas las cifras, es posible hacer compara-ciones entre entidades y años. De esta manera, las celdas marcadas en rojo son las de

41 Si bien efectivamente el máximo lo encontramos en el Distrito Federal, con 38 casos.

Homicidio 85

mayor número de PHD por cada 100 000 habitantes y las marcadas en verde aquéllas donde tal indicador tiene los menores niveles.

Llama la atención el caso de Chihuahua, pues justo en 2007 pasa de ser una en-tidad donde se consignaba a muchos probables responsables de homicidio doloso, que pasa a tener niveles que, aunque sean superiores al promedio nacional, son muy inferiores a entidades como Colima, Sonora, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco o Tabasco, lo cual no refleja la incidencia del homicidio.


México: tasas de Procesados por Homicidio Doloso (phd) por 100 000 habitantes según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2010.

TABLA 2.10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total nacional 4.0 4.4 4.0 3.8 3.6 3.9 4.0 3.9 4.0 3.5 3.7 3.5 3.4 2.6

Aguascalientes 1.1 1.9 1.4 1.7 1.7 1.9 1.7 1.8 1.0 2.2 1.9 0.8 2.2 1.3

Baja California 4.4 6.3 5.9 4.4 5.5 6.7 5.1 7.5 7.6 6.7 7.2 6.3 6.4 4.0


Campeche 4.8 7.2 3.9 4.7 4.3 4.7 5.9 3.8 4.2 3.1 3.5 5.2 4.4 4.0

Coahuila 3.8 3.5 4.6 4.2 4.7 3.8 4.5 4.1 5.0 3.4 3.2 2.8 2.3 1.8

Colima 7.6 7.8 9.7 6.4 8.5 7.0 6.4 5.4 5.5 7.1 8.6 6.6 5.3 5.7

Chiapas 4.7 3.8 5.1 3.7 3.6 3.9 3.2 3.1 3.6 3.9 3.8 3.4 3.5 3.0

Chihuahua 6.1 7.4 7.4 7.7 7.0 7.4 8.5 8.7 10.1 6.5 7.6 4.3 4.8 3.2


Durango 5.9 6.7 6.6 5.6 5.5 4.5 4.3 3.8 4.4 3.3 4.0 2.8 3.2 1.1

Guanajuato 2.3 1.9 1.9 1.9 1.7 1.7 1.8 1.7 2.3 1.7 1.9 1.8 2.1 2.0

Guerrero 7.7 10.8 8.1 6.8 6.9 6.2 8.6 6.1 6.5 5.3 4.8 4.5 3.6 3.0

Hidalgo 3.0 5.0 3.1 2.9 3.0 3.9 3.9 5.0 4.2 4.2 3.7 3.2 3.2 2.1

Jalisco 3.0 2.7 2.8 3.0 3.1 3.3 3.3 2.8 3.3 3.9 4.2 4.5 4.3 3.8

México 2.3 2.9 2.2 2.1 2.0 2.6 2.3 2.1 2.5 2.0 2.3 2.2 2.4 1.6

Michoacán 6.0 6.4 4.9 4.6 4.1 4.4 4.0 4.3 3.4 2.7 2.6 2.7 2.9 1.9

Morelos 4.6 6.3 6.1 6.7 5.5 5.6 4.4 6.8 5.4 4.7 5.0 4.7 3.8 2.7

Nayarit 6.8 7.3 7.8 5.3 4.1 6.7 7.2 7.0 6.3 5.4 6.8 6.4 4.8 4.5

Nuevo León 2.7 2.9 2.0 2.3 2.5 2.0 2.5 2.0 1.8 1.9 2.8 3.6 2.7 2.1

Oaxaca 8.2 7.6 6.9 7.0 6.5 7.1 7.2 5.7 4.6 3.6 3.4 3.9 3.7 2.4

Puebla 2.5 2.3 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.9 1.7 2.0 1.9 1.6 1.4 1.2

Querétaro 3.7 4.5 4.0 5.4 3.9 4.3 4.0 3.3 3.6 3.1 2.1 3.1 4.4 2.6

Quintana Roo 4.6 2.6 5.5 5.3 4.5 4.6 5.2 5.2 5.2 5.4 4.8 6.1 8.0 4.7

San Luis Potosí 4.5 4.7 4.7 6.3 4.5 3.6 4.1 5.0 4.0 4.5 4.3 4.7 4.8 3.3

Sinaloa 5.8 6.9 7.1 6.7 6.7 7.4 5.9 7.4 7.8 5.9 6.9 5.5 6.1 3.1

Sonora 5.6 5.5 6.1 7.0 5.1 5.2 6.3 5.8 5.6 5.1 6.5 6.9 6.7 5.2

Tabasco 3.7 5.9 4.8 4.0 2.5 3.7 3.4 3.4 3.2 3.8 3.8 4.4 3.7 3.1

Tamaulipas 4.1 3.8 2.5 2.6 2.8 2.7 3.0 4.2 4.5 3.3 3.8 3.5 2.4 1.9

Tlaxcala 1.2 0.5 2.5 2.6 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 0.8 1.4 1.2 0.8 0.9

Veracruz 3.2 3.9 3.2 3.2 3.0 4.5 4.5 3.6 4.2 3.7 3.4 3.2 3.3 1.8

Yucatán 1.4 2.0 1.3 2.1 1.0 1.1 0.7 1.5 1.6 1.1 1.5 1.2 1.3 1.9

Zacatecas 3.3 3.0 2.8 1.7 2.0 2.6 3.7 2.5 2.9 2.0 2.3 2.0 1.6 1.5

Fuente: iNEGi, Estadísticas Judiciales en Materia Penal (PHD) y SOMEDE, Conciliación Demográfica de México y Entidades Federativas 1990-2010.

Homicidio 87

Otro de los indicadores propuestos se refiere a la razón de phd, ya sea a las denun-cias por el mismo delito DEN o bien a las DPH. Esto es, en lugar de referir los procesados a la población, tiene más sentido referirlos a los eventos que dan origen a los procesos judiciales, por cualquiera de las dos formas de medición que hemos presentado. Si consideramos en primera instancia la razón de phd a dph, tenemos que en el perio-do considerado solamente se tuvieron 0.48 procesados por homicidio por cada DPH, y esta proporción tiene una relación inversa con la ocurrencia de DPH (figura 2.7): va en aumento hasta 2007 y en ese año hay una drástica reducción, hasta llegar a 15 % de los casos.

Parecería que el aparato de procuración de justicia sólo tuviera capacidad de in-vestigar y poner a disposición de las autoridades judiciales un número limitado de probables responsables, alrededor de 3 800 al año. De tal manera que la respuesta del Estado ante las variaciones en la incidencia del homicidio no es elástica: no importa que aumente o se reduzca el homicidio, la consignación de probables responsables permanece invariable.

FIGURA2.7

Fuente:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.450.5

0.40.35

0.30.25

0.20.15

0.1

0.050

INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal (PHD), SESNSP (DEN) y SOMEDE, Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas 1990-2010 (DPH).

México. Razón de Procesados por Homicidio Doloso (PHD) entre Defuncionescon Presunción de Homicidio (DPH): PHD/DPH, y entre Denuncias por Homicidio Doloso (DEN): PHD/DEN, 1997-2010

PHD/DPH

PHD/DEN

En los mapas 2.17 a 2.20 se presentan los valores estatales de la razón de PHD

entre DPH para los años 1997, 2001, 2007 y 2010, respectivamente.

Homicidio 89

México. Razón de Procesados por Homicidio Doloso (PHD) entre Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2010.

TABLA 2.11

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total nacional 0.28 0.31 0.32 0.35 0.35 0.39 0.41 0.43 0.42 0.36 0.45 0.27 0.19 0.12

Aguascalientes 0.43 0.39 0.57 1.00 0.74 0.63 0.75 0.86 0.44 0.89 0.49 0.15 0.40 0.22

Baja California 0.29 0.26 0.22 0.26 0.35 0.41 0.31 0.44 0.49 0.42 0.58 0.18 0.13 0.08


Campeche 0.42 0.56 0.35 0.52 0.57 0.63 1.02 0.78 0.64 0.75 0.55 0.79 0.64 0.70

Coahuila 0.56 0.56 0.75 0.79 0.72 0.65 0.93 0.87 0.87 0.90 0.77 0.42 0.23 0.12

Colima 0.78 0.67 0.84 0.61 0.80 0.87 0.84 0.58 0.67 0.98 1.18 0.72 0.58 0.28

Chiapas 0.30 0.18 0.34 0.35 0.83 0.35 0.31 0.59 0.52 0.32 1.65 0.60 0.32 0.74

Chihuahua 0.27 0.35 0.42 0.41 0.36 0.38 0.52 0.59 0.52 0.35 0.49 0.05 0.04 0.02


Durango 0.34 0.40 0.49 0.53 0.50 0.39 0.33 0.36 0.41 0.30 0.36 0.10 0.05 0.02

Guanajuato 0.37 0.28 0.35 0.39 0.37 0.41 0.39 0.49 0.53 0.41 0.44 0.32 0.23 0.26

Guerrero 0.22 0.30 0.26 0.28 0.33 0.32 0.47 0.33 0.35 0.21 0.21 0.14 0.07 0.07

Hidalgo 0.50 0.67 0.60 0.67 0.58 1.46 1.18 1.52 1.44 2.04 1.27 1.05 0.60 0.52

Jalisco 0.30 0.31 0.33 0.40 0.41 0.44 0.48 0.46 0.51 0.57 0.68 0.59 0.46 0.26

México 0.12 0.15 0.14 0.14 0.14 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 0.28 0.21 0.20 0.12

Michoacán 0.29 0.40 0.31 0.32 0.27 0.33 0.30 0.31 0.21 0.11 0.20 0.17 0.14 0.12

Morelos 0.23 0.31 0.31 0.44 0.43 0.51 0.42 0.68 0.66 0.56 0.66 0.38 0.25 0.10

Nayarit 0.39 0.56 0.59 0.49 0.35 0.42 0.65 0.49 0.47 0.55 0.64 0.43 0.27 0.09

Nuevo León 0.89 0.81 0.66 0.80 1.10 0.79 0.68 0.71 0.52 0.46 0.45 0.65 0.37 0.11

Oaxaca 0.29 0.28 0.31 0.35 0.36 0.42 0.41 0.33 0.30 0.25 0.22 0.24 0.22 0.13

Puebla 0.24 0.23 0.19 0.22 0.20 0.22 0.22 0.28 0.29 0.32 0.39 0.26 0.23 0.19

Querétaro 0.46 0.74 0.62 0.72 0.55 0.92 0.73 0.74 0.74 0.83 0.61 0.75 0.86 0.71

Quintana Roo 0.40 0.27 0.55 0.60 0.42 0.64 0.39 0.40 0.82 0.93 0.48 0.52 0.74 0.44

San Luis Potosí 0.52 0.34 0.39 0.54 0.45 0.57 0.67 0.91 0.75 0.70 0.75 0.60 0.60 0.24

Sinaloa 0.24 0.31 0.35 0.38 0.36 0.42 0.37 0.50 0.46 0.35 0.48 0.17 0.12 0.04

Sonora 0.43 0.40 0.47 0.80 0.45 0.56 0.66 0.54 0.53 0.53 0.50 0.41 0.31 0.19

Tabasco 0.42 0.76 0.61 0.87 0.49 0.75 0.58 0.62 0.64 0.53 0.55 0.62 0.47 0.38

Tamaulipas 0.40 0.32 0.25 0.28 0.42 0.43 0.40 0.57 0.40 0.30 0.61 0.42 0.25 0.06

Tlaxcala 0.16 0.07 0.32 0.46 0.25 0.23 0.31 0.24 0.22 0.21 0.44 0.25 0.12 0.20

Veracruz 0.36 0.55 0.51 0.54 0.55 0.92 0.82 0.77 0.88 0.78 0.65 0.70 0.37 0.30

Yucatán 0.49 0.73 0.62 0.78 0.47 0.39 0.23 0.78 0.74 0.51 0.59 0.46 0.69 1.12

Zacatecas 0.39 0.35 0.45 0.29 0.28 0.37 0.57 0.39 0.53 0.36 0.45 0.31 0.19 0.16

Fuente: iNEGi, Estadísticas Vitales de Mortalidad, y Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

Si nos referimos a la situación en cada una de las entidades, podemos apreciar en la tabla 2.11 el deterioro de la situación en Chihuahua y Durango, donde la respuesta de las autoridades estatales no ha sido suficiente para investigar y poner a disposición de los jueces a probables responsables de los homicidios. En el último año sólo hubo procesados en uno de cada 50 casos de DPH: Sinaloa en 4 % de los casos, 6 % en Ta-maulipas, en Guerrero 7 % y en Baja California 8 % de los casos.

En contraste, en Baja California Sur hay procesados en dos de cada tres casos; Campeche en 70 % y Yucatán en 112 %. Estas cifras superiores aun pueden significar dos cosas: que haya varios probables responsables por cada asesinato, o bien que haya un subregistro de las DPH. De hecho, si observamos el caso de Hidalgo, la razón alcan-za un valor de 2.04 en 2006, lo que implicaría —en caso de que la primera hipótesis


fuese cierta— que en promedio hay dos asesinos por cada Defunción con Presunción de Homicidio.

Si nos referimos ahora a la razón entre procesados y denuncias, ambos por homici-dio doloso, la figura 2.6 muestra que la tendencia no es muy distinta del caso anterior. El valor promedio para el periodo es de 0.289, y la tendencia a la baja muestra una reducción en el último año, para llegar a una razón de un procesado por cada seis DEN en 2011. Si en el caso anterior estamos partiendo del supuesto de que el Ministerio Público tendría que haber tenido conocimiento de las DPH, en éste ya tuvo conocimien-to. Por lo que sería una medida más adecuada de la efectividad de las labores de inves-tigación y de integración de las averiguaciones previas. En este sentido, la razón PHD/

DEN resulta un indicador muy útil para monitorear el desempeño del Ministerio Público.

Homicidio 91

Los mapas 2.21 a 2.24 muestran los valores estatales para los años 1997, 2001, 2007 y 2010, respectivamente. En tanto que la tabla 2.12 presenta los valores de esta razón para las entidades federativas, entre 1997 y 2011. Aunque hay rasgos similares con el anterior, resalta que sólo en la mitad de las DEN se logra consignar a un probable responsable. Llama la atención el estado de Chiapas, donde el valor de la razón en todo el periodo es de la mitad del promedio nacional, esto es, sólo hay un procesado por cada cuatro DEN. Más aún, entre 1997 y 2004 —las celdas marcadas en rojo— la razón tiene un promedio de 0.14.

Por su parte, Coahuila tiene un importante descenso al final del periodo, de tal manera que sólo hay procesados en 6 % de las denuncias. En tanto que en los últi-mos cuatro años la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sólo logra consignar a un probable responsable por cada 20 denuncias, misma proporción que Durango. En Guerrero encontramos también una muy escasa efectividad de la Procuraduría General de Justicia, pues de cada cinco denuncias por homicidio doloso, sólo consigna un pro-bable responsable. Algo similar ocurre en Oaxaca, si no tomamos en cuenta el valor de 1998, que ya hemos mencionado antes.

El panorama en los estados de México y Tlaxcala es aún peor, pues la razón es de 0.16 en todo el periodo. En contraste, los niveles más elevados los encontramos en Querétaro, donde el número de procesados equivale a 92 % de las denuncias, Colima con 84 %, Baja California Sur, donde cuatro de cada cinco denuncias llevan a tener un procesado. En Yucatán parecería que abundan los autores múltiples, pues la razón alcanza 1.05 en el periodo y llega a 2.63 en 1999. Puesto que sólo contamos con infor-mación agregada, no podemos calcular directamente a cuántas denuncias corresponde cada procesado, ni si una denuncia abarca varios homicidios o bien distintos probables responsables, por lo que esta razón no puede tomarse precisamente como un índice de efectividad, sino como un acercamiento al mismo.


México: razón de procesados por homicidio doloso entre denuncias de homicidio según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2011

TABLA 2.12

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total nacional 0.223 0.270 0.267 0.275 0.263 0.302 0.327 0.350 0.377 0.317 0.393 0.301 0.248 0.173 0.152

Aguascalientes 3% 27% 48% 114% 77% 73% 86% 112% 58% 96% 43% 14% 39% 29% 87%

Baja California 20% 50% 22% 24% 32% 38% 30% 45% 41% 41% 43% 23% 27% 18% 19%

Baja California Sur 38% 100% 90% 97% 64% 68% 88% 69% 74% 95% 71% 96% 94% 73% 79%

Campeche 25% 42% 35% 58% 60% 65% 80% 78% 63% 93% 78% 93% 95% 56% 51%

Coahuila 49% 48% 77% 88% 95% 69% 96% 101% 92% 83% 72% 44% 27% 14% 6%

Colima 39% 46% 98% 78% 84% 89% 109% 69% 73% 135% 173% 124% 67% 43% 26%

Chiapas 13% 11% 14% 12% 12% 15% 15% 17% 38% 49% 49% 43% 34% 34% 19%

Chihuahua 27% 38% 53% 55% 46% 45% 59% 64% 61% 37% 45% 7% 5% 3% 5%

Distrito Federal 36% 36% 39% 44% 45% 49% 63% 62% 62% 53% 52% 57% 50% 49% 41%

Durango 143% 73% 34% 31% 26% 29% 31% 48% 36% 26% 25% 11% 6% 3% 2%

Guanajuato 19% 39% 34% 44% 36% 40% 42% 44% 55% 36% 45% 40% 32% 32% 18%

Guerrero 18% 25% 20% 15% 17% 19% 34% 37% 28% 21% 20% 16% 9% 8% 5%

Hidalgo 19% 44% 35% 57% 47% 72% 81% 98% 88% 104% 65% 62% 64% 75% 123%

Jalisco 31% 28% 33% 39% 43% 52% 53% 52% 60% 64% 78% 72% 60% 42% 28%

México 9% 17% 10% 10% 10% 12% 12% 11% 16% 11% 31% 27% 28% 28% 17%

Michoacán 32% 25% 34% 39% 35% 42% 37% 39% 33% 18% 21% 21% 18% 16% 12%

Morelos 39% 44% 28% 30% 46% 39% 41% 51% 55% 49% 75% 61% 22% 9% 8%

Nayarit 48% 41% 50% 41% 31% 55% 73% 62% 66% 57% 66% 47% 36% 17% 7%

Nuevo León 62% 68% 60% 73% 70% 65% 76% 71% 54% 46% 45% 62% 48% 14% 9%

Oaxaca 35% 20% 29% 19% 17% 18% 16% 18% 16% 13% 14% 22% 20% 18% 16%

Puebla 17% 18% 15% 16% 17% 18% 17% 22% 27% 27% 28% 21% 21% 23% 11%

Querétaro 21% 159% 104% 127% 67% 92% 87% 87% 87% 100% 63% 95% 87% 119% 83%

Quintana Roo 11% 18% 38% 20% 17% 24% 23% 41% 49% 54% 33% 40% 59% 32% 31%

San Luis Potosí 34% 37% 26% 58% 55% 35% 81% 62% 56% 85% 72% 56% 80% 23% 19%

Sinaloa 22% 28% 32% 35% 32% 40% 33% 38% 35% 26% 26% 14% 14% 5% 6%

Sonora 23% 22% 47% 81% 63% 75% 74% 56% 51% 54% 55% 46% 36% 24% 42%

Tabasco 19% 30% 40% 37% 30% 52% 45% 57% 77% 48% 44% 66% 73% 64% 57%

Tamaulipas 23% 24% 28% 33% 48% 42% 37% 57% 39% 30% 45% 37% 27% 10% 8%

Tlaxcala 17% 10% 15% 9% 4% 4% 4% 5% 3% 5% 40% 36% 21% 29% 31%

Veracruz 30% 38% 38% 49% 46% 72% 65% 56% 67% 64% 53% 51% 73% 28% 36%

Yucatán 21% 143% 263% 135% 106% 67% 38% 93% 132% 91% 97% 49% 76% 125% 141%

Zacatecas 40% 13% 42% 25% 29% 36% 50% 64% 72% 56% 50% 42% 36% 27% 18%

Fuente: iNEGi, Estadísticas judiciales en materia penal (PHD) y SESNSP (DEN).

2.7 La impartición de justicia

Una vez que se tiene consignado a un procesado, el proceso judicial debe culminar en una sentencia condenatoria si el juez acepta los planteamientos del Ministerio Público, y absolutoria si los rechaza. De esta manera, el número de condenas por 100 000 habitan-tes nos da una primera idea del acceso a la justicia en el ámbito del homicidio. La figura 2.8 muestra una vez más que la dinámica de la actividad judicial no sigue a la ocurrencia del homicidio, aunque hay que tomar en cuenta que los procesos judiciales pueden lle-var varios años. De tal manera que la tendencia descendiente que se observa a partir de 2007 podría revertirse, una vez que llegaran a conclusión los procesos en curso.

Sin embargo, tiene más sentido referir las sentencias condenatorias a los procesados, en primera instancia y luego a los delitos, ya sean DPH o Denuncias por Homicidio Doloso.

Homicidio 93

FIGURA2.8

México. Sentencias condenatorias por homicidio doloso por 100 000 habitantes, 1997-2010

3.5

4.0

3.0

2.5

1.5

2.0

1.0

0.5

0.0

Sent

encia

s con

dena

toria

s por

100 0

00 ha

b.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


México: razón de Condenados por Homicidio Doloso (CHD) entre Procesados por Homicidio Doloso (PHD) según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2011.

TABLA 2.13

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total nacional 0.87 0.85 0.89 0.85 0.90 0.90 0.92 0.88 0.85 0.80 0.77 0.75 0.63 0.45 0.13

Aguascalientes 0.90 1.39 1.38 0.50 1.41 0.84 1.00 0.79 0.64 0.84 0.86 1.11 0.58 0.50 0.13 Baja California 0.91 0.84 1.15 0.93 0.98 0.81 1.11 0.84 0.70 0.68 0.57 0.65 0.64 0.46 0.13 Baja California Sur 1.04 0.83 0.64 0.70 0.88 1.16 0.81 0.68 0.76 0.63 0.85 0.85 0.31 0.34 0.03 Campeche 0.78 0.65 1.00 0.78 0.61 0.82 0.80 0.76 0.84 1.00 0.68 0.64 0.46 0.39 0.07 Coahuila 1.11 1.24 0.88 0.86 1.11 1.18 0.88 0.78 0.74 0.71 0.94 0.72 0.80 0.69 0.08 Colima 0.59 0.85 0.83 0.91 0.85 0.90 0.81 0.87 1.25 0.71 0.67 0.61 0.49 0.23 0.02 Chiapas 1.10 1.25 1.12 1.05 1.08 1.12 1.40 1.06 1.07 0.74 0.72 0.88 0.50 0.32 0.14 Chihuahua 1.01 0.95 0.87 0.84 0.99 1.04 0.87 0.90 0.84 0.75 0.70 0.81 0.47 0.48 0.18 Distrito Federal 0.79 0.88 0.92 0.85 0.87 0.93 0.92 1.06 0.94 0.97 1.02 0.92 0.91 0.78 0.35 Durango 0.90 0.94 0.94 0.77 0.89 1.09 1.08 1.12 0.96 0.83 0.84 0.85 0.55 0.27 0.08 Guanajuato 0.94 0.87 1.01 0.83 0.80 1.01 1.12 0.95 0.95 0.83 0.94 0.97 1.03 0.48 0.12 Guerrero 0.55 0.55 0.65 0.76 0.77 0.89 0.70 0.82 0.65 0.60 0.47 0.36 0.50 0.25 0.08 Hidalgo 0.78 0.85 0.60 0.82 0.91 0.53 0.47 0.58 0.70 0.59 0.77 0.69 0.58 0.33 0.04 Jalisco 0.84 0.81 0.84 0.79 0.98 0.90 0.93 0.85 0.70 0.68 0.58 0.59 0.46 0.37 0.11 México 0.90 0.74 0.81 0.98 0.86 0.92 0.97 0.90 0.95 0.99 0.77 0.84 0.52 0.27 0.08 Michoacán 1.01 0.94 1.06 0.94 1.02 0.93 1.20 1.13 1.06 1.24 1.14 1.19 0.95 0.66 0.28 Morelos 0.84 0.55 0.65 0.61 0.72 0.63 0.69 0.47 0.60 0.63 0.48 0.34 0.39 0.21 0.04 Nayarit 0.89 0.75 0.92 1.00 0.95 1.02 0.88 1.22 0.92 0.63 0.89 0.61 0.74 0.46 0.09 Nuevo León 0.91 0.99 1.15 1.06 1.12 1.25 0.98 1.30 1.10 1.01 0.98 0.91 0.73 0.57 0.10 Oaxaca 0.80 0.82 0.86 0.82 0.82 0.72 0.81 0.71 0.66 0.57 0.44 0.34 0.31 0.22 0.08 Puebla 0.84 0.73 0.84 0.88 0.87 0.81 1.19 0.95 0.72 0.73 0.83 0.74 0.68 0.23 0.06 Querétaro 1.08 0.87 0.95 0.56 0.71 0.78 0.79 0.93 0.93 0.73 1.06 0.73 0.60 0.36 0.02 Quintana Roo 0.86 1.19 0.81 0.88 0.81 0.91 0.83 0.88 0.86 0.58 0.66 0.62 0.48 0.11 - San Luis Potosí 0.78 0.61 0.78 0.70 0.69 0.91 0.82 0.70 0.83 0.80 0.75 0.59 0.56 0.34 0.04 Sinaloa 0.86 0.68 0.78 0.83 0.75 0.81 0.73 0.68 0.64 0.63 0.55 0.49 0.42 0.37 0.19 Sonora 0.91 1.04 1.07 0.78 0.96 0.96 0.97 0.91 0.85 1.08 1.14 1.03 0.91 0.84 0.14 Tabasco 1.29 1.17 0.85 1.18 1.08 0.97 1.00 0.87 1.09 0.95 0.75 0.91 0.88 0.55 0.17 Tamaulipas 0.94 1.00 1.41 1.15 1.06 1.10 1.03 0.96 0.96 0.88 0.90 0.82 0.85 0.80 0.39 Tlaxcala 1.00 2.40 0.63 0.58 0.50 0.62 1.00 0.67 1.18 1.22 0.35 0.67 0.20 0.29 - Veracruz 0.73 0.80 0.78 0.74 0.94 0.78 0.86 0.73 0.83 0.80 0.78 0.79 0.58 0.40 0.08 Yucatán 1.39 0.70 0.90 0.83 0.94 1.10 2.00 0.75 0.83 1.00 0.83 1.09 1.12 0.33 0.03 Zacatecas 0.76 0.80 0.87 1.04 0.81 0.97 1.13 0.74 1.10 1.14 0.82 0.68 0.93 0.67 0.05

Fuente: iNEGi, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

Los mapas 2.25 a 2.28 muestran la razón de CHD entre PHD según entidad federa-tiva para los años 1997, 2001, 2007 y 2010, respectivamente. En tanto que la tabla 2.13 presenta la misma según entidad federativa y por cada año de ocurrencia para el periodo 1997-2011. Resalta el último año por sus bajos valores, pero no considera la duración de los procesos, por lo que hay que ser cuidadosos en su interpretación. Sin embargo, aun así sobresalen entidades como Tamaulipas y el Distrito Federal, con tasas de condena que triplican al promedio nacional, o Michoacán que la duplica.

Una vez más nos encontramos con valores superiores a uno, que implican ya sea que los procesados sean acusados por más de un delito o bien que hay un subregistro de éstos. Dado que estamos tomando a los procesados según el delito principal y el homicidio suele ser el delito principal por la penalidad que conlleva, estaríamos ante la situación que en Michoacán, por ejemplo, serían muy frecuentes los multihomicidas, por lo menos entre 2003 y 2008, ya que entre esos años la razón fue superior a uno, inclusive llegó a 1.24 en 2006.

Homicidio 95

México: razón de condenados por homicidio doloso entre defunciones con presunción de homicidio según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2010

TABLA 2.14

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total nacional 0.24 0.26 0.28 0.3 0.32 0.35 0.37 0.38 0.29 0.28 0.33 0.18 0.09 0.02

Aguascalientes 0.39 0.54 0.74 0.5 1.04 0.53 0.75 0.55 0.28 0.7 0.4 0.15 0.2 0.04

Baja California 0.27 0.21 0.25 0.24 0.35 0.33 0.35 0.37 0.27 0.28 0.3 0.09 0.06 0.01


Campeche 0.33 0.36 0.35 0.39 0.35 0.52 0.79 0.57 0.44 0.75 0.29 0.49 0.23 0

Coahuila 0.62 0.69 0.66 0.68 0.8 0.75 0.83 0.68 0.55 0.63 0.7 0.27 0.16 0.03

Colima 0.46 0.54 0.69 0.56 0.68 0.8 0.7 0.51 0.65 0.67 0.77 0.33 0.17 0.02

Chiapas 0.32 0.23 0.37 0.37 0.9 0.39 0.42 0.63 0.46 0.23 1.1 0.44 0.1 0.06

Chihuahua 0.27 0.33 0.37 0.34 0.35 0.4 0.45 0.52 0.34 0.26 0.35 0.04 0.02 0


Durango 0.31 0.37 0.46 0.41 0.43 0.42 0.35 0.4 0.33 0.22 0.28 0.07 0.02 0

Guanajuato 0.34 0.25 0.34 0.32 0.3 0.4 0.44 0.45 0.43 0.33 0.41 0.3 0.17 0.05

Guerrero 0.12 0.17 0.17 0.2 0.25 0.28 0.31 0.27 0.19 0.11 0.09 0.04 0.02 0

Hidalgo 0.39 0.57 0.36 0.53 0.53 0.78 0.55 0.86 0.89 1.16 0.96 0.61 0.15 0.02

Jalisco 0.25 0.25 0.28 0.31 0.41 0.4 0.44 0.38 0.31 0.37 0.35 0.3 0.15 0.04

México 0.1 0.11 0.11 0.14 0.12 0.17 0.17 0.15 0.15 0.16 0.2 0.15 0.06 0.01

Michoacán 0.29 0.38 0.32 0.3 0.27 0.3 0.34 0.35 0.16 0.14 0.22 0.19 0.11 0.03

Morelos 0.19 0.17 0.2 0.26 0.3 0.31 0.26 0.31 0.32 0.34 0.23 0.09 0.06 0.02

Nayarit 0.35 0.42 0.54 0.48 0.33 0.42 0.57 0.6 0.34 0.33 0.51 0.21 0.14 0.01

Nuevo León 0.81 0.8 0.76 0.84 1.24 0.98 0.65 0.92 0.46 0.46 0.41 0.54 0.21 0.03

Oaxaca 0.23 0.23 0.26 0.29 0.29 0.29 0.33 0.22 0.17 0.13 0.08 0.07 0.05 0.01

Puebla 0.2 0.17 0.16 0.19 0.17 0.17 0.27 0.27 0.18 0.22 0.31 0.16 0.1 0.02

Querétaro 0.5 0.64 0.59 0.4 0.39 0.72 0.56 0.69 0.58 0.56 0.61 0.41 0.33 0.01

Quintana Roo 0.35 0.32 0.45 0.53 0.35 0.59 0.33 0.33 0.65 0.56 0.3 0.31 0.14 0.03

San Luis Potosí 0.4 0.21 0.29 0.38 0.32 0.5 0.54 0.64 0.59 0.56 0.55 0.34 0.17 0.02

Sinaloa 0.21 0.21 0.27 0.31 0.27 0.34 0.26 0.34 0.2 0.21 0.25 0.08 0.04 0.01

Sonora 0.39 0.41 0.51 0.63 0.42 0.54 0.64 0.48 0.37 0.56 0.54 0.39 0.24 0.06

Tabasco 0.54 0.88 0.5 1.01 0.54 0.73 0.58 0.54 0.45 0.51 0.41 0.54 0.34 0.08

Tamaulipas 0.37 0.3 0.35 0.31 0.45 0.47 0.39 0.55 0.23 0.25 0.51 0.31 0.15 0.03

Tlaxcala 0.16 0.25 0.17 0.25 0.11 0.09 0.18 0.14 0.2 0.21 0.17 0.16 - -

Veracruz 0.26 0.44 0.4 0.4 0.52 0.72 0.72 0.57 0.62 0.62 0.5 0.51 0.17 0.04

Yucatán 0.66 0.51 0.59 0.64 0.42 0.43 0.46 0.58 0.56 0.51 0.49 0.44 0.64 0.03

Zacatecas 0.3 0.28 0.39 0.32 0.23 0.37 0.64 0.28 0.53 0.41 0.34 0.22 0.11 0.02

Fuente: iNEGi, Estadísticas vitales de mortalidad, Estadísticas Judiciales en Materia Penal y SOMEDE, Conciliación demográfica de México y entidades federativas 1990-2010.

Homicidio 97

Si nos referimos ahora al segundo de los indicadores, la razón de CHD entre DPH se presenta, para los años 1997, 2001, 2007 y 2010 en los mapas 2.29 a 2.32 respecti-vamente, y para el periodo completo en la tabla 2.14. Tanto mapas como cuadro nos muestran un panorama distinto al del indicador anterior. Sólo en cuatro momentos se tiene una razón superior a uno: Tabasco en 2000, Nuevo León en 2001, Hidalgo en 2006 y Chiapas en 2007. En promedio, las sentencias condenatorias corresponden so-lamente a 26.4 % de las DPH, proporción que sube a 29.9 % si eliminamos los últimos dos años para tomar en cuenta los procesos aún en curso.

Destacan los estados de Guerrero y México por la escasa eficiencia de los aparatos de procuración e impartición de justicia, pues las sentencias condenatorias correspon-den a 16 y 13 % de las DPH, respectivamente. Del otro lado del espectro, tenemos a Nuevo León con 65 %, Hidalgo con 60 %, Coahuila con 57 %, Tabasco con 55 %, Baja California y Colima con 54 % y Querétaro y Yucatán con 50 %. Sin embargo, hay que advertir que sin la seguridad de que todas las DPH sean correctamente registradas, va-lores altos de esta razón pueden reflejar un subregistro en las estadísticas vitales, más que una adecuada impartición de justicia.

.

FIGURA2.9

Fuente: INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal (CHD y PHD) y SESNSP (DEN).

México. Razón de Condenados por Homicidio Doloso (CHD) entre Defunciones con Presunción de Homicidio (DPH) y entre Denuncias por Homicidio Doloso (DEN), 1997-2010

CHD/DPH

CHD/DEN

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0.4500.400

0.3500.3000.250

0.200

0.150

0.100

0.050

0.000


México. Razón de Condenados por Homicidio Doloso (CHD) entre denuncias por homicidio según entidad federativa y año de ocurrencia,1997-2011.

TABLA 2.15

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total nacional 0.20 0.25 0.24 0.23 0.24 0.27 0.30 0.31 0.32 0.25 0.30 0.23 0.16 0.08 0.02

Aguascalientes 0.15 0.38 0.67 0.57 1.09 0.62 0.86 0.88 0.37 0.81 0.37 0.16 0.23 0.15 0.11

Baja California 0.18 0.42 0.25 0.22 0.31 0.31 0.33 0.37 0.29 0.28 0.24 0.15 0.18 0.08 0.03

Baja California Sur 0.40 0.83 0.58 0.68 0.56 0.79 0.71 0.47 0.56 0.60 0.61 0.82 0.29 0.25 0.03

Campeche 0.19 0.27 0.35 0.45 0.37 0.54 0.64 0.59 0.53 0.93 0.53 0.60 0.44 0.22 0.03

Coahuila 0.54 0.60 0.68 0.75 1.05 0.82 0.84 0.79 0.68 0.59 0.68 0.32 0.22 0.09 0.00

Colima 0.23 0.39 0.81 0.71 0.71 0.80 0.88 0.60 0.91 0.97 1.17 0.76 0.33 0.10 0.01

Chiapas 0.14 0.13 0.15 0.12 0.13 0.17 0.21 0.18 0.40 0.36 0.35 0.38 0.17 0.11 0.03

Chihuahua 0.27 0.36 0.46 0.47 0.46 0.47 0.51 0.57 0.51 0.28 0.31 0.06 0.03 0.02 0.01

Distrito Federal 0.28 0.32 0.36 0.38 0.39 0.46 0.58 0.66 0.59 0.52 0.53 0.52 0.45 0.38 0.15

Durango 1.28 0.69 0.32 0.24 0.23 0.32 0.33 0.54 0.34 0.22 0.21 0.09 0.03 0.01 0.00

Guanajuato 0.18 0.34 0.35 0.37 0.29 0.40 0.47 0.42 0.52 0.30 0.42 0.39 0.33 0.15 0.02

Guerrero 0.10 0.14 0.13 0.12 0.13 0.17 0.24 0.30 0.18 0.13 0.09 0.06 0.05 0.02 0.00

Hidalgo 0.14 0.38 0.21 0.47 0.43 0.38 0.38 0.56 0.62 0.61 0.50 0.42 0.37 0.25 0.05

Jalisco 0.26 0.23 0.28 0.31 0.42 0.46 0.49 0.44 0.42 0.44 0.46 0.42 0.27 0.15 0.03

México 0.08 0.12 0.08 0.10 0.08 0.11 0.12 0.09 0.15 0.10 0.24 0.23 0.14 0.07 0.01

Michoacán 0.32 0.24 0.36 0.36 0.36 0.39 0.45 0.44 0.35 0.22 0.24 0.25 0.17 0.11 0.03

Morelos 0.33 0.25 0.18 0.18 0.33 0.25 0.28 0.24 0.33 0.31 0.36 0.21 0.09 0.02 0.00

Nayarit 0.42 0.31 0.46 0.41 0.29 0.56 0.64 0.76 0.60 0.36 0.58 0.29 0.27 0.08 0.01

Nuevo León 0.56 0.67 0.69 0.77 0.79 0.81 0.74 0.92 0.59 0.46 0.44 0.57 0.35 0.08 0.01

Oaxaca 0.28 15.50 0.25 0.16 0.14 0.13 0.13 0.13 0.10 0.07 0.06 0.07 0.06 0.04 0.01

Puebla 0.14 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15 0.21 0.21 0.20 0.20 0.23 0.16 0.14 0.05 0.01

Querétaro 0.23 1.38 0.98 0.71 0.48 0.72 0.69 0.81 0.81 0.73 0.67 0.69 0.52 0.42 0.02

Quintana Roo 0.09 0.21 0.31 0.17 0.14 0.22 0.19 0.36 0.42 0.31 0.22 0.24 0.28 0.03 -

San Luis Potosí 0.27 0.23 0.21 0.41 0.38 0.32 0.66 0.43 0.46 0.69 0.54 0.33 0.45 0.08 0.01

Sinaloa 0.19 0.19 0.25 0.29 0.24 0.32 0.24 0.26 0.22 0.17 0.14 0.07 0.06 0.02 0.01

Sonora 0.21 0.23 0.50 0.64 0.61 0.72 0.72 0.51 0.43 0.58 0.62 0.47 0.33 0.20 0.06

Tabasco 0.25 0.35 0.34 0.43 0.33 0.50 0.45 0.49 0.85 0.45 0.33 0.60 0.64 0.35 0.10

Tamaulipas 0.22 0.24 0.39 0.38 0.51 0.47 0.38 0.55 0.38 0.27 0.41 0.31 0.23 0.08 0.03

Tlaxcala 0.17 0.24 0.09 0.05 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04 0.06 0.14 0.24 0.04 0.08 -

Veracruz 0.22 0.31 0.29 0.36 0.43 0.56 0.56 0.41 0.56 0.51 0.41 0.40 0.42 0.11 0.03

Yucatán 0.29 1.00 2.38 1.12 1.00 0.73 0.75 0.70 1.09 0.91 0.80 0.53 0.85 0.42 0.04

Zacatecas 0.30 0.10 0.37 0.26 0.23 0.35 0.56 0.47 0.79 0.64 0.41 0.28 0.33 0.18 0.01

Fuente: iNEGi, Estadísticas Judiciales en Materia Penal (CHD) y SESNSP, incidencia Delictiva (DEN).

El panorama que muestra la tabla 2.16 respecto al Índice de concentración es-pacio-temporal de las sentencias condenatorias por homicidio doloso se ve afectado por los altos valores en 2011 de tres entidades: Aguascalientes, el Distrito Federal y Tamaulipas, donde se dieron 8, 113 y 28 sentencias, respectivamente, cuando se es-perarían 2, 50 y 14. Sin embargo, hay que resaltar el valor de Chihuahua en 2011 de 1.11. Habría que preguntarse si la adopción del nuevo sistema penal acusatorio tiene un efecto en la celeridad de los procesos judiciales, pero para saberlo deberíamos que tener información de cada una de las condenas, tanto del tipo de proceso, inquisitorio u oral, y de la duración que tuvo, para conocer con precisión si esta reforma penal tiene un impacto en hacer más expedita la impartición de justicia.

Homicidio 99

México. Índice de Concentración Espacio-Temporal de las sentencias condenatorias por homicidio doloso según entidad federativa y año de ocurrencia, 1997-2011

TABLA 2.16

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 0.55 1.42 1.05 0.50 1.48 0.90 0.95 0.85 0.39 1.41 1.17 0.68 1.20 1.38 3.58

Baja California 0.66 0.84 1.15 0.77 1.04 0.98 1.00 1.19 1.04 1.10 0.96 1.03 1.27 1.08 0.91


Campeche 0.99 1.18 1.02 1.01 0.76 1.02 1.20 0.80 0.98 1.13 0.80 1.19 0.93 1.05 0.58

Coahuila 1.10 1.07 1.04 1.01 1.45 1.15 0.98 0.87 1.02 0.82 1.01 0.74 0.79 0.91 0.26

Colima 0.74 1.05 1.32 1.05 1.30 1.07 0.84 0.81 1.19 1.06 1.20 0.90 0.72 0.59 0.24

Chiapas 1.24 1.08 1.36 1.01 1.00 1.07 1.05 0.84 0.98 0.90 0.84 0.98 0.71 0.72 0.74

Chihuahua 0.92 1.00 0.95 1.06 1.12 1.15 1.06 1.19 1.32 0.93 1.04 0.68 0.54 0.66 1.11


Durango 1.26 1.38 1.41 1.05 1.18 1.10 0.99 0.97 0.96 0.80 0.90 0.70 0.61 0.23 0.12

Guanajuato 1.08 0.77 0.92 0.87 0.73 0.83 0.92 0.81 1.09 0.86 1.10 1.19 1.89 1.44 1.02

Guerrero 0.97 1.29 1.18 1.26 1.27 1.22 1.25 1.13 0.94 0.87 0.60 0.46 0.64 0.45 0.44

Hidalgo 0.87 1.45 0.66 0.91 1.05 0.75 0.62 1.06 1.11 1.13 1.28 1.09 1.11 1.12 0.73

Jalisco 0.89 0.73 0.81 0.86 1.16 1.03 1.01 0.85 0.83 1.15 1.06 1.22 1.15 1.58 1.52

México 0.95 0.94 0.84 1.06 0.88 1.11 1.03 0.93 1.17 1.18 1.04 1.18 0.95 0.65 0.54

Michoacán 1.41 1.29 1.14 1.04 0.97 0.88 0.97 1.05 0.79 0.91 0.75 0.90 0.95 0.82 1.05

Morelos 1.21 1.01 1.20 1.33 1.29 1.05 0.86 0.98 0.99 1.10 0.89 0.64 0.72 0.46 0.30

Nayarit 1.04 0.88 1.18 0.95 0.69 1.11 0.98 1.42 0.95 0.69 1.24 0.86 0.97 1.10 0.41

Nuevo León 0.89 0.96 0.82 0.93 1.06 0.89 0.83 0.96 0.75 0.88 1.26 1.59 1.18 1.30 1.26

Oaxaca 1.57 1.41 1.38 1.46 1.32 1.16 1.26 0.94 0.71 0.60 0.42 0.42 0.42 0.37 0.41

Puebla 1.29 1.03 0.87 1.04 0.95 0.80 1.10 1.15 0.78 1.15 1.24 0.95 0.99 0.57 0.37

Querétaro 1.13 1.07 1.10 0.96 0.88 1.00 0.90 0.98 1.08 0.89 0.86 0.95 1.31 1.09 0.31

Quintana Roo 0.79 0.59 0.92 1.09 0.90 0.98 0.97 1.15 1.17 1.04 1.03 1.33 1.67 0.42 -

San Luis Potosí 1.01 0.78 1.02 1.32 0.93 0.90 0.87 1.00 0.94 1.24 1.10 1.02 1.17 0.85 0.28

Sinaloa 1.05 0.94 1.13 1.22 1.11 1.21 0.83 1.04 1.04 0.92 0.93 0.76 0.83 0.70 1.35

Sonora 0.77 0.82 0.97 0.88 0.78 0.75 0.88 0.81 0.76 1.05 1.41 1.43 1.49 1.84 1.37

Tabasco 1.12 1.52 0.93 1.18 0.70 0.83 0.74 0.69 0.83 1.05 0.85 1.25 1.24 1.30 1.48

Tamaulipas 1.03 0.97 0.95 0.87 0.85 0.80 0.81 1.16 1.24 1.02 1.16 1.05 0.87 1.16 2.07

Tlaxcala 1.12 1.14 1.46 1.56 0.72 0.75 1.06 0.75 1.22 1.23 0.65 1.13 0.27 0.83 -

Veracruz 0.80 1.01 0.82 0.86 1.02 1.16 1.21 0.88 1.17 1.22 1.05 1.07 0.96 0.65 0.55

Yucatán 1.35 0.90 0.76 1.25 0.68 0.85 0.87 0.82 0.93 0.93 1.07 1.17 1.54 1.29 0.62

Zacatecas 1.06 0.95 0.97 0.79 0.69 1.03 1.58 0.75 1.31 1.09 0.89 0.72 1.02 1.27 0.23

Fuente: Elaboración propia con base en datos del iNEGi, Estadisticas Judiciales en Materia Penal.

2.8 Recomendaciones internacionales

Debido a los problemas de información a los que nos enfrentamos, resulta muy difícil con fuentes inconexas, e incluso divergentes, elaborar análisis más finos acerca de la ocurrencia y el seguimiento del homicidio en México, por lo que no es posible obte-ner una cifra certera sobre la impunidad que lo rodea, aunque sabemos que es muy elevada.42 En particular sólo podemos acercarnos de manera tangencial a uno de los objetivos de la investigación, que debería ser ayudar al diseño y evaluación de políti-cas públicas.

42 Mariclaire Acosta (coord.), Superar la impunidad: hacia una estrategia para asegurar el acceso a la justicia en México.


En efecto, si queremos saber de qué manera afecta el homicidio a distintos gru-pos poblacionales podemos usar las Estadísticas Vitales de Mortalidad para tener una aproximación a su incidencia, pero sin poder responder preguntas básicas como cuán-tas de las víctimas eran miembros de las fuerzas armadas o de las distintas policías,43 o bien cuántos homicidios se cometieron de manera justificada en el marco de opera-ciones legales. Otro tema que desconocemos es la relación del homicidio con el con-sumo de alcohol44 y de otras drogas,45 por no hablar del crimen organizado, así como la existencia de antecedentes de agresión, lo cual resulta muy importante en particular en los casos de violencia doméstica.46

Sin embargo, la información de la que disponemos actualmente no nos permite avanzar en el conocimiento acerca del acceso a la justicia de distintos grupos pobla-cionales, empezando por la diferencia entre hombres y mujeres,47 por no hablar de dis-tintos grupos socioeconómicos o aquéllos definidos por su adscripción étnica: debería-mos poder saber si es más o menos frecuente que haya sujetos a proceso por el delito de homicidio doloso cuando la víctima es hombre o mujer,48 indígena monolingüe49 o una persona que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

También deberíamos poder saber de qué manera las desigualdades sociales en nuestro país se traducen en distintos riesgos de homicidio y en un acceso diferencial a la justicia, incluyendo la reparación del daño. Tampoco podemos saber en qué tiempo se alcanza una sentencia condenatoria, si ese tiempo varía según los recursos que se hayan asignado a la investigación, si se utilizó una serie de pruebas periciales, si el proceso se llevó a cabo bajo el sistema inquisitorio o el oral, o bien si el probable res-ponsable carecía de los recursos para pagar un abogado y tuvo que conformarse con los servicios de la defensoría de oficio.

Ante este panorama resulta importante repasar algunas experiencias internacio-nales que podrían ser de utilidad a nuestro país, considerando que la única forma de tener indicadores precisos de ocurrencia, de actuación, de eficacia y de impunidad es mediante el desarrollo de sistemas de información que permitan el mantenimiento de bases de datos relacionales. De tal manera que resulte posible obtener datos de distintos objetos de estudio (víctimas, perpetradores, delitos, sentencias), así como ca-racterísticas de los mismos.

43 Un ejemplo útil sería el segmento LEOKA del National Incident-Based Reporting System (NIBRS) del FBI, donde se reportan los oficiales muertos o lesionados durante el cumplimiento del deber en una de tres categorías: el oficial fue asesinado, el agente fue herido por un acto criminal, o el oficial fue herido debido a la negligencia o accidente. Véase FBI, National Incident-Based Reporting System. Volume 1: Data Collection Guidelines.44 Gary Brooks, “Masculinity and Men’s Mental Health”, p. 285.45 Ana Moller, “The Gender Gap in Suicide and Premature Death or: Why are Men so Vulnerable?”, pp. 1-8.46 Jacquelyn Campbell et al., “Intimate Partner Homicide: Review and Implications of Research and Policy”, pp. 246-69.47 Harpa Isfeld, Los homicidios en el Brasil: Un análisis de género y diversidad.48 Paul Maxim y Carl Keane, “Gender, Age and the Risk of Violent Death in Canada, 1950-1986”, pp. 329-345.49 Evan Stark, “Rethinking Homicide: Violence, Race, and the Politics of Gender”, pp. 3‒26.

Homicidio 101

Por ello, en Estados Unidos se dispone del Sistema Nacional de Información de Muertes Violentas (NVDRS por sus siglas en inglés),50 que es implementado a nivel es-tatal pero financiado y coordinado de manera federal. Tiene como objetivo mejorar el acceso y la calidad de los datos sobre la violencia mortal mediante la vinculación de los datos existentes de las estadísticas vitales, los médicos forenses, peritos médicos, la policía y los laboratorios del crimen.

Antes de la aplicación de las NVDRS y sus predecesores, los organismos de salud pública se basaron principalmente en certificados de defunción para vigilancia de le-siones mortales, como es la situación actual en México. Los registros de defunción de las estadísticas vitales son útiles, pero resultan ser fuentes “finas” de datos sin co-nexión con otros más relevantes (por ejemplo, los perpetradores), y por lo general se consideran limitados por problemas con la calidad de los datos. Proporcionan un es-quema estadístico básico de los grupos con riesgo de muerte violenta, pero no son suficientes por sí mismos para entender la multitud de factores que subyacen a los acontecimientos violentos o proporcionar detalles suficientes para guiar los múltiples esfuerzos de prevención.

El informe de 1999 del Instituto de Medicina titulado “La reducción de la carga de lesiones” recomendó: “el desarrollo de un sistema de vigilancia de lesiones intencio-nales fatales, siguiendo el modelo de FARS [Fatality Analysis Reporting System de la Natio-nal Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)], para todos los homicidios y suicidios”. En cada una de las 40 000 muertes anuales de vehículos de motor, FARS recoge más de 125 piezas de información incluyendo las características del accidente, los vehículos involucrados, las condiciones del camino y el clima, y las personas involucradas sumi-nistrando datos objetivos para formular y evaluar programas y políticas de seguridad vial.

Con el apoyo de la Fundación Joyce y otros, dio inicio un programa piloto conocido como el Sistema Nacional de Vigilancia de Lesiones Violentas (NVISS por sus siglas en inglés). El NVISS fue el precursor directo del NVDRS, y la mayoría de los métodos y defini-ciones de datos más tarde utilizados en los NVDRS fueron probados y establecidos por 12 sitios colaboradores. La Escuela de Salud Pública de Harvard proporcionó liderazgo técnico al NVISS mediante la asistencia de funcionarios de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

A partir de una reunión clave celebrada en mayo de 2000, patrocinada por la Fun-dación Joyce y la Escuela de Harvard de Salud Pública, se amplió el enfoque a todas las muertes violentas y se acordó el CDC debía ser el líder lógico. Aunque originalmen-te fue descrito como un sistema de investigación de muertes modelado a partir del FARS, el NVDRS en realidad se parece más al programa de enlace de datos de la National Highway Traffic Saffety Administration (NHTSA) llamado el Crash Outcome Data Evaluation Sys-tem (CODES o sistema de evaluación de datos de resultado de choques). Esto es porque el NVDRS no crea nuevos datos primarios (FARS crea los datos originales de las investiga-

50 Hank Weiss et al., “The US National Violent Death Reporting System: Domestic and International Lessons for Violence Injury Surveillance”, pp. ii58-ii62.


ciones de casos coordinados a nivel regional). Por el contrario, el NVDRS relaciona datos de fuentes múltiples. Como CODES, el NVDRS es más grande que la suma de sus partes. Las técnicas de ligamiento o apareamiento son diferentes, pero los objetivos son los mismos.

Los vehículos de motor y las armas de fuego representan el primer y segundo cau-santes de muertes por lesiones en Estados Unidos hoy en día. A diferencia del sistema de información sobre las muertes relacionadas con vehículos de motor que hemos vis-to antes, en las muertes por armas de fuego sólo está disponible un sistema nacional de información rudimentario. Como resultado, la mayoría del debate público sobre la política de ese país respecto de las armas de fuego ha sido impulsada más por la retó-rica que por la evidencia. Los enormes beneficios de un sistema de datos nacional de las muertes por lesiones han sido demostrados por el FARS y el NVDRS. El país necesita un sistema de información comparable para las 30 000 muertes por armas de fuego que ocurren cada año. Como FARS, esta información debería ser recogida en el ámbito estatal y local utilizando elementos de datos estandarizados y unirse en una base de datos nacional uniforme.

En este sentido, el National Fatal Firearm Injury Reporting System (NFFIRS, Sistema Na-cional de Reporte de Lesiones Fatales por Arma de Fuego, por sus siglas en inglés), es un sistema de información con el que se está experimentando en varios estados y condados de todo Estados Unidos. El NFFIRS es un esfuerzo conjunto de los sitios parti-cipantes y es dirigido por el National Firearm Injury Statistics System (Sistema Nacional de Estadísticas de Lesiones por Armas de Fuego) del Injury Control Research Center (Centro de Investigación sobre Control de Lesiones) de la Escuela de Salud Pública de Harvard y por el Centro de Lesiones por Arma de Fuego del Departamento de Medicina de Emergencia del Colegio Médico de Wisconsin.51

Una aplicación similar es el Sistema Nacional de Información Forense (National Coroners Information System, NCIS),52 que es un dispositivo nacional de almacenamiento de datos basado en Internet y un sistema de consulta para casos forenses de Australia. Almacena en el sistema información sobre todas las muertes reportadas a un médi-co forense australiano desde julio de 2000 (enero de 2001 para Queensland, a partir de julio de 2007 incluye los casos cerrados en Nueva Zelanda), proporcionando una identificación de los riesgos, por lo que resulta una valiosa fuente de información para políticas de prevención de muertes para los médicos forenses y los organismos de investigación.

El NCIS tiene un papel fundamental para ayudar a los médicos forenses en su papel de investigadores, poniendo a su disposición la posibilidad de revisar los casos ante-riores que pueden ser similares en naturaleza a las investigaciones en curso, mejoran-do su capacidad para identificar y abordar riesgos sistemáticos de la comunidad. Las agencias de investigación autorizadas y el gobierno también utilizan el NCIS con el fin

51 Harvard Injury Control Research Center, Uniform Data Elements for the National Fatal Firearm Injury Reporting System.52 Disponible en <http://www.ncis.org.au/index.htm>.

Homicidio 103

de obtener información valiosa sobre las circunstancias de las muertes reportadas para ayudar en el desarrollo de la salud comunitaria y de estrategias de seguridad.

El NCIS es una iniciativa de la Sociedad de Médicos Forenses de Australasia, tiene su base en el Instituto de Medicina Forense de Victoria (VIFM), es administrado por el Departamento de Justicia del mismo estado y financiado por una serie de agencias gubernamentales. Este proyecto ha sido financiado por el Departamento de Estado de Salud y Envejecimiento, e implicó el desarrollo de un modelo de formulario para la policía en toda Australia para ser utilizado al informar sobre una muerte al médico forense. Anteriormente, cada estado y territorio tenía sus propios formularios indivi-duales, que recogen diferentes niveles y tipos de información acerca de cada muerte.

El alcance original del proyecto era capturar información adicional sobre las muer-tes relacionadas con ahogamientos, sin embargo, los formularios policiales propuestos se expandieron pronto para incluir información adicional sobre las muertes relaciona-das con drogas y alcohol (como parte del proyecto de módulo de drogas) e información adicional acerca de una serie de otros tipos de muerte. Se desarrolló una plantilla es-tándar en consulta con los patólogos, médicos forenses, investigadores, policías y otras partes interesadas. El formulario está diseñado para ser completado electrónicamente por la policía y enviado por correo electrónico a la oficina forense correspondiente. Se han incorporado macros en la plantilla de modo que sólo se presentan las secciones pertinentes relacionadas con el tipo de muerte investigado en cada caso.

Cabe resaltar tres puntos importantes acerca de este sistema:

1. Que ha sido desarrollado conjuntamente por y para los investigadores de las muertes, así

como académicos, proporcionando una base para la sostenibilidad.

2. La posibilidad de comparación de los datos ha sido diseñada en el sistema mediante la

inclusión de la CIE-10 y la Clasificación Internacional de Causas Externas de Lesiones.

3. El sistema ha sido seleccionado para su adopción en otro país (Nueva Zelanda), pero sólo

después de una cuidadosa evaluación y en un país similar a la que en el que el sistema

se originó.

Una experiencia más cercana a nuestro país es la de Colombia, donde las definicio-nes de caso para la vigilancia de la mortalidad relacionada con la violencia provienen de iniciativas locales llamadas “Observatorios de la violencia”. En éstos, los funcio-narios de las oficinas de la procuraduría, policía, medicina forense, transporte y salud comparten los registros de acciones en un formato unificado de recopilación de datos validando uno por uno cada registro de acuerdo con una definición consensuada. Des-pués de este proceso, la información es utilizada por el alcalde o el gobernador local para elaborar y evaluar las políticas públicas sobre una base mensual. Este método de vigilancia de bajo costo se ha implementado en 24 ciudades de Colombia y se expan-dió hacia Perú, Guyana, Honduras, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua. Este tipo de observatorios han sido considerados en el Programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Capítulo 3

Lesiones y Agresiones

Carlos Galindo

3.1 Introducción

El estudio de la violencia, y en específico de las lesiones por violencia es importante para cualquier sociedad. En general, la violencia perjudica las condiciones de vida de las personas atentando contra su integridad física y emocional, así como contra su supervivencia.1 A la larga esta problemática erosiona las redes básicas de interacción social que sustentan el desarrollo de una comunidad.2 En otras palabras, la violencia deteriora el entramado de las relaciones sociales, de la solidaridad y de la cooperación entre individuos. En suma, menoscaba lo que hoy consideramos como “capital social”.3

En particular, la violencia produce mortalidad y morbilidad entre la po-blación. Las lesiones intencionales afectan los sistemas de salud tanto en cuestiones de demanda de atención por traumatismos como en rehabilita-ción física, atención psicológica, recuperación a capacidades productivas y adaptación a nuevas limitaciones orgánicas.4 Esta situación repercute de ma-nera significativa en la organización, funcionamiento y costo de servicios de salud,5 así como en el buen desempeño de la sociedad en general.

De hecho, diversos organismos internacionales han alertado sobre el costo social y económico que producen las lesiones por violencia, así como en la sobrecarga que generan en los ya saturados sistemas de salud, por lo

1 Carlyle Guerra, “Sociedad, violencia y salud”, p. i; Rosario Valdez y Clara Juárez, “Impacto de la violencia doméstica en la salud mental de las mujeres: análisis y perspectivas en México”, pp. 1-10.2 Ignacio Martín, Acción e ideología: psicología social desde Centroamérica.3 Alberto Pellegrini, “La violencia y la salud pública”, pp. 219-221.4 José Miguel Cruz, “La victimización por violencia urbana: niveles y factores asociados en ciudades de América Latina y España”, pp. 259-267.5 Martha Híjar et al., “Las lesiones intencionales como causa de demanda de atención en los servicios de urgencia hospitalaria de la ciudad de México”, pp.35-42.

Carlos Galindo106

que su atención y prevención deben considerarse como una prioridad para la salud pública.6

Es común considerar las lesiones intencionales como problemas individuales o de ciertos grupos sociales, sobre los cuales poco se puede incidir en materia de preven-ción. Sin embargo, los especialistas en el tema señalan que esta postura es un error.7 Además de las características personales y de ciertos grupos sociales, otros factores también se relacionan estrechamente con la ocurrencia de lesiones intencionales, ta-les como la organización social, valores culturales, relaciones familiares, seguridad físi-ca de las viviendas, etcétera.8 Es mucho lo que puede hacerse por evitar la morbilidad y mortalidad debida a la violencia intencional.9 Un primer paso, en este sentido, consiste en realizar diagnósticos de esta problemática con la información nacional disponible.

En cuanto al aprovechamiento de la información disponible, deberían realizarse análisis con perspectivas multidisciplinarias, donde se incluyeran legisladores, traba-jadores sociales, médicos e investigadores académicos. En particular, para prevenir la violencia en el campo de la educación es necesario seleccionar grupos vulnerables o de interés (como adolescentes), identificar los riesgos a los que están sujetos y mejorar las condiciones de seguridad de su entorno social, así como adecuar sus programas educativos para incorporar apropiadamente la problemática de la violencia en cada uno de los niveles que se presenta.10

3.2 Registros de atención hospitalaria por lesiones

La Secretaría de Salud implementó el Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia recientemente, y ya se cuenta con una base de datos para el año 2010. Este subsistema está encargado de generar, integrar y proporcionar información esta-dística oportuna y de calidad sobre las consecuencias de lesiones y violencias. La in-formación es consolidada a partir de los servicios médicos prestados por las unidades de la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud, así como del sector salud a nivel nacional.

En otras palabras, este subsistema debería proporcionar información sobre las le-siones atendidas en los hospitales mexicanos. Por algunas características de los datos, explicadas más adelante, parecería que este subsistema de información aún no opera satisfactoriamente en todo el territorio nacional. Algunas entidades federativas han logrado alimentar con prontitud esta nueva base, mientras que a otras les tomará más tiempo adaptar y enviar su información. En este sentido, todavía no deben conside-

6 Banco Mundial, Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993. Invertir en salud.7 M. Híjar et al., “La violencia y sus repercusiones en la salud. Reflexiones teóricas y magnitud del problema en México”, pp. 1-8.8 Saúl Franco, “Violencia, derechos humanos y salud”.9 Derral Cheatwood, “Is there a Reason for Homicide?”, pp. 287-306; Kirk Williams, “Economic Sources of Homicide: Reestimating the Aspects of Poverty and Inequality”, pp. 283-289.10 M. Híjar et al., “La violencia y sus…”, op. cit. pp.1-8.

Lesiones y agresiones 107

rarse los datos del subsistema como indicativos de la realidad nacional, sino como una primera aproximación a las posibilidades de información que estarán disponibles cuando se logre una plena operación del mismo.

En la base de datos ya disponible se contabilizaron casi 340 000 lesiones atendi-das durante 2010. La gran mayoría de éstas (98.1 %) ocurrieron ese mismo año, unas cuantas (1.7 %) ocurrieron un año antes, en 2009, y sólo muy pocas tuvieron lugar varios años antes.

La distribución por estados es muy irregular y no corresponde con el tamaño de sus poblaciones. Por ejemplo, Aguascalientes presenta casi el mismo número de casos atendidos que el Distrito Federal. Sin duda, estas cifras reflejan las disparidades esta-tales en la implementación del subsistema de información (y no deben considerarse como diferencias reales en la incidencia de lesiones). Los estados con el mayor número de registros, de lesiones ocurridas y atendidas durante 2010, son el Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y Sonora. Los estados con menos registros son Zacate-cas, Baja California Sur y Baja California (tabla 3.1).

Esta distribución estatal es, sin duda, producto de diferencias en la cooperación y envío de datos para el llenado de la base. En este sentido, las comparaciones entre estados reflejarían más la capacidad de los mismos para cumplir con los requerimien-tos de información que su situación diferencial en materia de lesiones. Por esta razón, únicamente se presentarán y analizarán datos a nivel nacional. Además, en la base se tienen algunas lesiones ocurridas hace años pero atendidas en 2010, incluso es bas-tante probable que algunas características de estas lesiones sean muy diferentes a las ocurridas en el mismo año 2010 y en el inmediato anterior. Por esta razón, el posterior análisis sólo se refiere a lesiones ocurridas entre 2009-2010 y atendidas en 2010.

Carlos Galindo108

Registros de atención hospitalaria por lesiones atendidas y registradas en el año 2010, según año de ocurrencia de la lesión

TABLA 3.1

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nacional 31 49 56 127 5,876 333 007

Aguascalientes 2 1 1 6 159 15 788

Baja California 0 0 0 0 9 241

Baja California Sur 0 0 0 0 4 840

Campeche 0 0 0 0 28 1 084

Coahuila 0 0 0 0 27 3 232

Colima 0 1 1 1 72 2 447

Chiapas 1 0 0 1 84 3 298

Chihuahua 0 0 0 1 14 1 159

Distrito Federal 3 7 8 10 229 15 974

Durango 0 0 0 0 40 3 153

Guanajuato 2 2 4 0 869 38 617

Guerrero 0 1 0 0 117 14 123

Hidalgo 0 0 0 1 519 26 852

Jalisco 0 0 0 0 203 16 952

México 1 3 0 12 1,093 53 383

Michoacán 9 10 14 20 640 32 425

Morelos 0 0 0 0 76 2 204

Nayarit 0 0 0 0 73 3 897

Nuevo León 6 10 13 37 155 3 644

Oaxaca 0 2 0 0 160 7 440

Puebla 0 0 0 2 30 1 155

Querétaro 0 0 1 2 111 6 590

Quintana Roo 0 2 2 1 67 3 412

San Luis Potosí 7 10 8 28 261 12 706

Sinaloa 0 0 0 1 47 4 055

Sonora 0 0 0 0 289 23 673

Tabasco 0 0 1 1 308 18 321

Tamaulipas 0 0 0 0 34 5 697

Tlaxcala 0 0 0 0 20 2 922

Veracruz 0 0 0 0 109 4 994

Yucatán 0 0 0 0 6 1 812

Zacatecas 0 0 3 3 23 917

Fuente: Secretaría de Salud, registros de atención hospitalaria por lesiones, 2010.


Al momento de llenar el registro hospitalario se pregunta a los pacientes acerca de la intencionalidad de la lesión. Las opciones de respuesta son: accidental, violencia familiar, violencia no familiar, autoinfligida y se ignora. Esto es relevante, porque en el ámbito legal y en cuestiones de prevención, es fundamental determinar la intencio-nalidad, entendida como premeditación, de manera que pueda establecerse si existió la intención de cometer el acto violento.11 La mayoría de los registros, poco más de 292 000 (86 %), corresponde a lesiones accidentales (figura 3.1). Las lesiones por vio-lencia familiar suman 18 000 (5 %) y aquéllas por violencia no familiar suman (6 %) poco más de 21 000.

Se tienen registros por casi 3 000 lesiones autoinfligidas (1 %) y se ignora la in-tencionalidad de poco más de 4 000 (1 %). Cabe señalar que, a pesar de que las le-siones autoinfligidas son un tipo de agresión, diversos autores las consideran como consecuencia de otro tipo de violencia que, en la mayoría de los casos, es la violencia familiar.12

FIGURA3.1

Distribución de registros de atención hospitalaria por lesiones, según intencionalidad, 2010

Secretaría de Salud, Registros de Atención Hospitalaria por Lesiones, 2010.Fuente:

Accidental85%

ViolenciaFamiliar

5%

Violencia noFamiliar

6%

Auto in�igido1%

Se ignora1%

11 National Commitee for Injury Prevention and Control, “Injury Prevention Meeting, the Challenge”, pp. 192-203.12 B. Bergman y B. Brismar, “A 5-Year Follow-Up Study of 107 Battered Women: Comparisons with Maritally Distressed Women”, pp. 1256-1259; M. Híjar et al., “Mortalidad por homicidio en niños, México, 1979-1990”, pp. 529-537; M. Híjar et al., “Muertes por suicidio en México. Caracterización por sexo y estado 1979-1993”, pp. 14-21; Evan Stark y Anne Flitcraft, “Killing the best Within: Woman Battering and Female Suicidality”, pp. 43-64.

Carlos Galindo110

El tipo de violencia causante de las lesiones, según las clasificaciones disponibles (familiar y no familiar), afecta de manera diferenciada a varones y mujeres. La gran ma-yoría de las víctimas de violencia familiar son mujeres (87 %), mientras que ocurre lo opuesto en el caso de la violencia no familiar (83 % de las víctimas son varones, véase figura 3.2). Cuando se observan las proporciones relativas al conjunto de los pacien-tes, y no respecto del tipo de violencia, se obtiene un panorama similar. Del total de pacientes varones, 88 % sufrió lesiones debidas a violencia no familiar. En tanto que 81 % de las mujeres las sufrieron por violencia familiar.

FIGURA3.2

Lesiones por violencia. Distribución de registros de atención hospitalaria, según sexo del paciente y tipo de violencia

Fuente:

Violencia familiar

Varones13%

Varones83%

Violencia no familiar

Mujeres87%

Mujeres17%

Secretaría de Salud, Registros de Atención Hospitalaria por Lesiones, 2010.

La relación de parentesco que pueda existir entre las víctimas y sus agresores con-cuerda con el patrón por sexo según violencia familiar y no familiar (figura 3.3). La ma-yoría de los pacientes varones sufrieron lesiones debido a violencia ejercida por algún desconocido (79 %). Las siguientes categorías de agresores, en orden de importancia según número de víctimas varones, son algún conocido pero sin parentesco (9 %) y algún pariente (7 %) sin relación familiar directa.

En contraste, entre las pacientes femeninas, la relación de parentesco con el agre-sor indica una preponderante victimización a manos de sus padres. Dos de cada tres pacientes femeninas sufrió lesiones por violencia ejercida por su propio padre (66 %) y una de cada cuatro por su propia madre (24 %). Esta cifra es abrumadora, nueve de cada diez pacientes femeninas sufrieron lesiones por violencia ejercida por sus pro-pios padres. Las siguientes categorías de agresores, por orden de importancia, son su cónyuge o pareja (4 %) y algún pariente (3 %) sin relación familiar directa.


FIGURA3.3

Lesiones por violencia. Distribución de registros de atención hospitalaria, según sexo del paciente y parentesco con el agresor

Fuente:

Pacientes masculinos

79%

9%

0%7%

2%1%

1%1%

66%

24%

4%3%1%

0%

2%

Pacientes femeninas


Padre

Madre

Conyuge/pareja/novio

Otro pariente

Padrastro

Madrastra

Conocido sin parentesco

Desconocido

Hijo/a

Los datos de los registros hospitalarios deberían llevarnos a replantear las cam-pañas contra la violencia de género. Si bien son deseables las campañas destinadas a prevenir y denunciar la violencia que sufren las mujeres a manos de sus cónyuges o parejas sentimentales, es claro que son más necesarias y urgentes las campañas para prevenir la violencia familiar de padres y madres hacia sus hijas. Aún más, la necesidad de contar con este tipo de campañas a fin de prevenir la violencia familiar en las rela-ciones padres/hijas, se refuerza al seguir explorando los datos.

Sin duda alguna, las relaciones familiares y de género influyen en la repetición de los actos violentos, así como en la decisión de levantar una denuncia ante el Ministerio Público. Las mujeres, al ser más propensas a sufrir violencia a manos de sus padres, tam-bién lo son a ser víctimas frecuentes (figura 3.4). Sólo 8 % de los pacientes varones de-claran que el evento que les causó lesiones se haya repetido con anterioridad. En con-traste, 60 % de las pacientes mujeres declaran que el evento violento se ha repetido.

Carlos Galindo112

FIGURA3.4

Lesiones por violencia. Distribución de registros de atención hospitalaria, segúnsexo del paciente o si el evento violento ocurrió por única vez o se ha repetido

Fuente:

Pacientes masculinos

Evento único86%

Evento único37%

Se ignora6%

Se ignora3%

Violenciarepetida

8%

Violenciarepetida

60%

Pacientes femeninas


Al momento de llenar el registro hospitalario, cuando se señala que la lesión fue producida por violencia, se pregunta a los pacientes o a sus familiares si se dio aviso al Ministerio Público. Del total de las lesiones producidas por violencia, un poco más de la mitad (55 %) no fueron denunciadas al Ministerio Público. También es relevante señalar que la denuncia ocurre de manera diferenciada dependiendo del sexo de la víctima (figura 3.5). Entre los pacientes varones se observa que el acto de dar aviso al Ministerio Público distribuye en mitades (50 %); mientras que entre las pacientes mu-jeres se tiene que 61 % de las lesiones registradas y atendidas no fueron denunciadas.


FIGURA3.5

Lesiones por violencia. Distribución de registros de atención hospitalaria, según sexo del paciente y condición de aviso al Ministerio Público (MP)

Pacientes masculinos Pacientes femeninas

Si dioaviso al

MP50%

Si dioaviso al

MP39%

No dioaviso al

MP50%

No dioaviso al

MP61%

Fuente: Secretaría de Salud, Registros de Atención Hospitalaria por Lesiones, 2010.

Todos los datos mostrados apuntan hacia la urgente necesidad de prevenir la vio-lencia en las relaciones padres/hijas. Especialmente, es necesario poner mayor énfasis en campañas de prevención, en lugar de insistir en campañas de denuncia. Diversos estudios, donde se han recopilado las opiniones de los médicos que tratan estos casos, sostienen que el hecho de denunciar ante la autoridad estas agresiones no redunda en una solución real del problema sino que, por el contrario, lo puede empeorar ya que se debe acusar a los padres o familiares del paciente.13

3.2.1 Distribución por edad y sexoLa distribución por edad y sexo de las víctimas presenta un patrón bien definido (figura 3.6). Tanto para varones como para mujeres el mayor número de pacientes por lesiones dolosas se observa entre los adolescentes y adultos jóvenes. En el caso de los varones, las edades de mayor riesgo se encuentran entre los 16 y 25 años. Mientras que las mu-jeres presentan una cúspide mucho más extendida, donde las edades de mayor riesgo están entre los 16 y 33 años.

13 Lynne Foster et al., “Factors Present when Battered Women Kill”, pp. 273-284; James Mercy y Linda Saltzman, “Fatal Violence Among Spouses in the United States, 1976-1985”, pp. 595-599; Robert Hampton y Eli Newberger, “Child Abuse Incidence and Reporting by Hospitals: Significance of Severity, Class and Race”, pp. 56-60.

Carlos Galindo114

FIGURA3.6

Lesiones por violencia. Distribución de registros de atención hospitalaria, según sexo y edad de los pacientes

Víctimasvarones

Víctimasmujeres

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90Edad


La base de datos registra menos de 100 víctimas para cada edad desde el naci-miento hasta los 11 años. Comparando ambos sexos, se tiene un número ligeramente mayor de víctimas varones entre los seis y 11, pero la diferencias rondan alrededor de 20 o 30 casos atendidos. Sólo a los ocho años se tiene el doble de víctimas varones (89 casos) que de mujeres (41 casos).

A partir de los 12 años, se tiene un notable crecimiento para ambos sexos en el nú-mero de pacientes por lesiones debidas a hechos violentos. De contabilizar poco más de 130 casos en la edad 12, se tienen poco más de 450 a la edad 15 (llama la atención que el aumento se observa primero entre las pacientes mujeres), pero después de la edad 15 los patrones son bastante diferenciados:

• En el caso de las mujeres el número de pacientes se mantiene alrededor de 600 entre

los 16 y 33 años. El mayor número de casos se observa en la edad 30 (casi 700). A partir

de la edad 35 hay un descenso pausado hasta los 56 años, donde se vuelven a mostrar

niveles menores a los 100 casos.

• Entre los varones el número de pacientes se dispara hasta poco más de 1 000 en la edad

18. Después se observa un descenso pronunciado, de manera que en la edad 26 se tiene

el mismo número de pacientes varones que de mujeres (alrededor de 600). A partir de

31 años el número de pacientes varones es notablemente menor al de mujeres (con di-

ferencias de poco más de 100 casos). Esta diferencia se va cerrando conforme aumenta

la edad, de manera que para los 56 años se vuelve a observar casi el mismo número de

pacientes masculinos y femeninos.


Respecto de las edades de los agresores, la base de datos presenta diversas pro-blemáticas. En principio, se observa una marcada preferencia por los 20, 25, 30, 35 y 40 años. Esto es perfectamente entendible, pues en muchos casos se desconoce la edad del agresor y se escogen éstas al intentar estimarla. Existen, además, otros pro-blemas en la base de datos difíciles de comprender. Por ejemplo, se tienen varios casos donde el agresor sólo tiene un año de edad (poco más de 100 agresores varones de esta edad). Debido a la existencia de estos problemas, es recomendable tomar con la debida precaución los siguientes datos.

A efecto de comparar las edades de agresores y víctimas, de manera agregada, es recomendable utilizar grupos quinquenales de edad (debido al marcado redondeo en las edades de los agresores). Además de la preponderante presencia masculina en el grupo de los agresores, la comparación revela diferencias notables entre las edades de víctimas y agresores, con una pirámide de edades notablemente más envejecida para los agresores (figura 3.7). En investigaciones futuras sería recomendable hacer análisis de diferenciales por casos.

FIGURA3.7

Lesiones por violencia. Distribución de registros de atención hospitalaria, según sexo y edad de agresores y víctimas

6,000 5,000 4,000 4,0003,000 3,0002,000 2,0001,000 1,0000

0-45-9

10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-90

Agresores varones Víctimas varones Agresoras mujeres Víctimas mujeres


3.3 Registros de averiguaciones previas

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mantiene disponibles datos en línea acerca de la incidencia delictiva. En particular, se pueden consultar registros de averiguaciones previas ante las agencias del Ministerio Público de las entidades federativas, donde se pueden investigar aspectos sobre lesiones do-losas (no obstante, para delitos del fuero federal no se tienen datos desagregados de

Carlos Galindo116

éstas). La información se encuentra disponible a partir del año 1997. Los datos que aquí se presentan fueron descargados del sitio en línea el 2 de julio de 2012.

Es relevante señalar que, en la página del SESNSP no se ofrecen definiciones pre-cisas de los datos disponibles, por lo que no se pueden identificar momentos exactos dentro del proceso judicial (por ejemplo, no es posible distinguir si éstos se refieren a averiguaciones abiertas o en proceso). Además, en la misma página se especifica que se trata de datos preliminares y se solicita a las entidades federativas ratificarlos, por lo que no se pueden considerar como reflejo de la realidad nacional, sino como primeras aproximaciones estadísticas.

El total de los registros por lesiones se mantuvo por encima de 225 000 duran-te 1997-2010 (en 2011 se observa un nivel ligeramente menor). Sólo en tres años —2000, 2001 y 2007— se alcanzaron niveles superiores a las 250 000. El máximo histórico se observó en 2007, con un total de 261 000 registros (figura 3.8). En cuan-to a la distribución según la intencionalidad, la mayor parte corresponde a lesiones dolosas. Éstas superan las 150 000 denuncias en todo el periodo y en algunos años se encuentran por arriba de las 175 000. Las lesiones dolosas representan la mayoría de los registros por lesiones (las culposas no superan los 85 000 registros). De hecho, se observa una ligera tendencia al alza en la proporción que representan las lesiones dolosas del total de lesiones, pasando de 68 % en 1997 a 76 % en el año 2011.

FIGURA3.8

Lesiones. Registros en averiguaciones previas ante el Ministerio Público de las entidades federativas

Lesiones dolosas Lesiones culposas Porcentaje de lesiones dolosas

Miles

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-255075

100125150

175200225250

275300

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

68 67 6771 72 72 7275 73 73 73 74 75 7676

Fuente: SESNSP, Incidencia Delictiva, consultado en línea el 2 de julio de 2012.


Los datos permiten desagregar el mes de ocurrencia de las lesiones. Cabe señalar la existencia de un claro patrón temporal en los registros: casi todos los años —excepto 1997 y 1998— conforman un patrón con tres cúspides, localizadas en los meses de marzo, mayo y octubre (figura 3.9). Los niveles máximos, en casi todos los años, se observan alrededor de mayo. En contraposición, los niveles mínimos ocurren en los meses de noviembre, diciembre y enero. Este patrón podría obedecer a diferencias reales en la ocurrencia de las lesiones, pero también podría ser efecto de patrones de funcionamiento administrativo en las agencias del Ministerio Público. Sería interesan-te conocer más a fondo si existen patrones funcionales que afecten el registro de la información.

FIGURA3.9

Lesiones dolosas. Distribución de registros en averiguaciones previasante el Ministerio Público de las entidades federativas, según mes y año

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005200620072008200920102011

20042003200220012000199919981997

ENER

O

FEBR

ERO

MAR

ZO

ABRI

L

MAY

O

JUNI

O

JULIO

AGOS

TO

SEPT

IEMBR

E

OCTU

BRE

NOVI

EMBR

E

DICIE

MBR

E

Miles

Fuente: SESNSP, Incidencia Delictiva, consultado en línea el 2 de julio de 2012.

Los registros disponibles también permiten desagregar la información por entidad federativa y municipio (tabla 3.2). Aunque a primera vista resaltan los montos de lesio-nes dolosas ocurridas en el Estado de México, esto no es de extrañar pues es la entidad más poblada de nuestro país. En todo caso, en el propio Estado de México resaltan los años 2006, 2007 y 2008, durante los cuales se observa un incremento respecto de los demás. De hecho, de 1997 a 2008 casi se duplicaron los registros por lesiones (de 23 000 a 40 000). Otros estados también presentan cambios notables, por ejemplo, en el Distrito Federal el número de registros se redujo casi a la mitad de 1997 a 2006 (de 24 000 a 13 000), pero después se tiene un repunte en 2010 y una caída en 2011 (18 000 y 10 000 respectivamente).

Carlos Galindo118

Lesiones dolosas. Registros en averiguaciones previas ante Agencias del Ministerio Público de las entidades federativas (SNSP)

TABLA 3.2

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nacional 156 302 162 851 166 173 182 246 186 159 188 206 182 101 178 725 173 725 175 738 189 383 186 585 183 414 176 183 160 598

Aguascalientes 737 813 1 025 860 1 068 1 281 1 304 1 507 1 465 2 049 2 565 2 278 2 690 2 356 2 356

Baja California 5 822 12 298 576 10 600 10 309 9 563 9 499 10 097 8 883 9 735 10 609 11 250 10 159 8 408 7 301

Baja California Sur 1 045 1 132 1 144 1 318 1 378 1 415 1 406 1 544 1 761 1 468 1 602 1 324 1 128 966 1 021

Campeche 1 366 1 817 1 414 758 359 190 116 87 110 149 111 98 85 63 200

Coahuila 3 551 1 363 4 024 4 102 4 249 4 311 4 069 3 784 1 362 1 186 1 360 1 145 1 024 1 441 1 609

Colima 9 688 6 770 4 851 6 006 6 957 6 616 5 358 5 116 5 367 4 878 3 283 2 748 2 555 2 374 2 385

Chiapas 3 846 3 494 3 382 4 637 5 340 4 136 4 204 4 292 3 263 2 928 4 028 5 753 5 791 5 419 5 327

Chihuahua 1 245 1 255 488 531 591 551 577 677 1 145 1 246 1 162 909 784 443 383

Distrito Federal 24 292 24 495 23 926 19 234 14 767 16 116 15 459 13 946 13 859 13 342 14 775 15 484 16 656 18 068 10 539

Durango 1 481 92 2 334 3 429 3 458 1 903 911 1 674 1 500 1 518 1 716 1 910 1 782 1 605 2 065

Guanajuato 6 016 6 677 7 203 7 486 10 158 9 810 7 460 7 956 9 259 10 541 11 210 10 817 10 529 9 208 8 479

Guerrero 3 676 3 430 2 960 3 904 3 622 3 727 3 310 2 887 2 920 2 845 3 623 3 825 3 843 3 410 3 453

Hidalgo 2 033 3 301 3 343 3 155 3 851 4 092 4 514 4 904 5 378 5 185 5 296 6 203 6 673 6 211 3 733

Jalisco 4 224 3 824 3 910 4 168 4 745 9 501 7 856 6 503 5 658 6 260 7 447 8 559 9 396 8 918 9 333

México 23 242 27 997 28 638 30 927 32 330 32 541 32 556 35 570 39 443 39 539 42 596 40 055 39 130 37 232 38 986

Michoacán 2 231 3 210 3 870 3 841 4 363 4 071 3 579 3 220 3 053 3 168 3 777 4 566 4 945 3 594 3 283

Morelos 2 625 2 935 3 311 3 165 3 922 3 811 4 090 4 217 5 042 4 239 3 634 3 762 4 455 3 627 3 695

Nayarit 1 055 1 056 790 1 485 1 490 849 756 576 1 220 2 810 1 559 740 671 530 519

Nuevo León 3 663 363 8 169 9 061 9 587 8 444 7 085 7 742 6 034 5 559 4 977 4 377 3 684 3 757 3 148

Oaxaca 2 501 64 4 400 5 360 6 416 5 888 6 291 5 301 3 920 5 240 4 809 4 278 7 795 7 244 5 720

Puebla 7 121 7 963 7 466 8 131 8 928 9 106 9 311 8 405 7 400 7 030 7 591 8 178 9 311 10 128 10 620

Querétaro 2 441 2 876 2 147 1 906 2 274 2 306 2 269 1 988 1 798 1 700 1 943 1 805 1 588 1 811 2 391

Quintana Roo 520 1 815 1 950 2 827 2 540 3 168 3 862 3 569 3 084 2 839 2 720 3 473 3 782 3 124 2 826

San Luis Potosí 4 913 4 530 7 496 7 702 6 888 6 278 6 264 5 604 5 135 5 422 6 599 4 542 1 886 4 807 3 791

Sinaloa 1 529 1 616 1 746 2 204 2 093 2 305 2 270 1 936 2 098 2 267 2 398 1 924 1 553 2 408 2 141

Sonora 4 308 5 442 3 643 3 564 2 781 2 179 1 946 2 883 4 174 2 863 3 615 3 190 2 463 1 891 1 864

Tabasco 8 464 8 066 7 433 7 506 6 767 6 812 7 172 6 163 0 3 182 6 897 7 801 6 980 6 444 6 465

Tamaulipas 5 385 5 424 5 985 6 143 6 783 7 282 7 756 7 863 7 942 7 425 6 890 7 408 6 841 4 994 4 585

Tlaxcala 1 651 1 395 886 746 669 740 758 668 3 462 994 1 080 788 604 676 806

Veracruz 10 716 10 840 10 488 10 441 10 333 11 295 12 084 10 362 10 330 10 696 11 185 9 666 6 981 8 435 4 839

Yucatán 3 863 4 997 5 349 4 980 5 048 5 591 5 772 5 557 5 675 5 404 6 090 5 669 5 993 5 162 5 230

Zacatecas 1 052 1 501 1 826 2 069 2 095 2 328 2 237 2 127 1 985 2 031 2 236 2 060 1 657 1 429 1 505

Fuente: SESNSP, incidencia Delictiva. Consultado en línea (2 de julio de 2012).


Es relevante hacer notar los problemas de la información. En algunos casos, es evidente que existen errores en los datos de algunos estados. Por ejemplo, el problema más notable lo presenta Tabasco en el año 2005, donde no se tiene ni un solo registro por el delito de lesiones (mientras que en casi todos los demás años presenta niveles superiores a los 6 000). Otros estados también presentan errores evidentes, como es el caso de Nuevo León, Durango y Oaxaca en 1998 y Baja California en 1999.

Debido a la existencia de estos claros errores, no se deben interpretar las dife-rencias muy marcadas como cambios bruscos en el comportamiento del delito por le-siones, sino que debe considerarse siempre la posibilidad de que las diferencias sean producto de errores en la información. Además, cabe señalar que si las entidades pre-sentan este tipo de problemas en su información, la desagregación municipal de los datos tiene problemas aún mayores, por lo que no es recomendable hacer análisis municipales.

3.3.1 Tasa e indicador de concentraciónTambién es relevante indagar si los registros en las entidades federativas siguen dis-tribuciones similares al tamaño de sus poblaciones. No obstante, hasta el momento de escribir estas líneas (septiembre de 2012) el Consejo Nacional de Población (CONAPO) no ha publicado nuevas cifras oficiales de conciliación censal y proyecciones demográ-ficas, las cuales nos permitirían contar con poblaciones estatales para todo el periodo (y sus estimaciones pasadas subestimaron a la población mexicana por cerca de cuatro millones según el reciente censo 2010). Por este motivo, sólo se presenta la compara-ción mediante tasas según las poblaciones estatales captadas con el Censo de Pobla-ción y Vivienda 2010 (mapa 3.1).

Colima tiene la mayor tasa de registro de lesiones dolosas, pero esto no debe in-terpretarse como si fuera la mayor ocurrencia del delito, pues los datos responden más a la eficiencia de los procedimientos estatales de información. Por ejemplo, entidades con poblaciones pequeñas y buenos sistemas de información presentan tasas eleva-das (como Aguascalientes, Baja California y Colima). Las entidades con las menores tasas son Campeche, Chihuahua y Nayarit. Sería recomendable que estas entidades revisaran los datos disponibles y, si fuera pertinente, mejoraran sus procedimientos de captación e intercambio de información.

Carlos Galindo120

A pesar de la falta de montos de población por entidad federativa para todos los años del periodo, es conveniente presentar un indicador que permita detectar incre-mentos o desviaciones significativas del comportamiento general para cada año y en-tidad. Con esta finalidad se muestra un indicador de efectos marginales que permite detectar concentraciones estatales y temporales (pues señala observaciones por arriba de los efectos marginales en los dos ámbitos).

Este indicador, y su presentación en un cuadro con formato de colores, permite revisar a simple vista en qué años y en qué estados se observan comportamientos atípicos (tabla 3.3). Por ejemplo, por el tamaño de su población es de esperarse que Tlaxcala presente niveles bajos de registros por lesiones durante todo el periodo. Sin embargo, el indicador nos señala una importante concentración en Tlaxcala en 2005 (valor igual a 3.31). Al revisar los montos absolutos, resulta que durante casi todo el periodo Tlaxcala reportó alrededor de 1 000 registros por lesiones, pero en el año 2005 esta cifra sale notablemente del rango esperado (más de 3 000 registros). Otros estados presentan problemas similares. Por ejemplo, el indicador para Nayarit en 2006 es de 2.55, y al revisar los números de registros para esta entidad se encuentra que du-rante casi todo el periodo se reportaron cifras cercanas a 1 000 registros por lesiones, pero en el año 2006 casi se triplicaron (poco más de 2 800 registros).

Llama la atención el comportamiento de Campeche, con una drástica reducción en el valor del indicador: de 4.12 en 1998 a 0.14 en 2010. Al revisar sus montos absolutos se observa una reducción difícil de aceptar como real, de 1817 registros en 1998 se pasó a sólo 63 en 2010 (pero en 2011 reporta 200). Chihuahua también presenta una clara tendencia en reducción, al pasar el valor del indicador de 2.12 en 1997 a 0.49 en


2010. El número de registros en esta entidad pasó de 9 688 en 1997 a 2 446. En este sentido, algunas veces resulta sencillo identificar errores en los datos, pero, en otras ocasiones, es difícil discernir si los cambios obedecen a problemas con la información o si verdaderamente reflejan cambios en la ocurrencia del delito de lesiones.

Lesiones dolosas. Indicador de concentración temporal y espacial de los registros ante Agencias del Ministerio Público de las entidades federativas (SNSP)

TABLA 3.3

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 0.51 0.54 0.67 0.51 0.62 0.74 0.78 0.92 0.92 1.27 1.47 1.33 1.59 1.45 1.60

Baja California 0.73 1.48 0.07 1.14 1.09 1.00 1.02 1.11 1.00 1.09 1.10 1.18 1.09 0.94 0.89


Campeche 3.34 4.27 3.26 1.59 0.74 0.39 0.24 0.19 0.24 0.32 0.22 0.20 0.18 0.14 0.48

Coahuila 1.56 0.57 1.66 1.55 1.57 1.57 1.53 1.45 0.54 0.46 0.49 0.42 0.38 0.56 0.69

Colima 2.19 1.47 1.03 1.16 1.32 1.24 1.04 1.01 1.09 0.98 0.61 0.52 0.49 0.48 0.52

Chiapas 0.99 0.86 0.82 1.02 1.15 0.88 0.93 0.97 0.76 0.67 0.86 1.24 1.27 1.24 1.33

Chihuahua 1.76 1.70 0.65 0.64 0.70 0.65 0.70 0.84 1.46 1.57 1.36 1.08 0.94 0.56 0.53


Durango 0.92 0.05 1.36 1.82 1.80 0.98 0.48 0.91 0.84 0.84 0.88 0.99 0.94 0.88 1.24

Guanajuato 0.77 0.82 0.86 0.82 1.09 1.04 0.82 0.89 1.06 1.20 1.18 1.16 1.14 1.04 1.05

Guerrero 1.21 1.08 0.92 1.10 1.00 1.02 0.94 0.83 0.87 0.83 0.99 1.06 1.08 1.00 1.11

Hidalgo 0.51 0.79 0.78 0.68 0.81 0.85 0.97 1.07 1.21 1.15 1.09 1.30 1.42 1.38 0.91

Jalisco 0.71 0.62 0.62 0.60 0.67 1.33 1.14 0.96 0.86 0.94 1.04 1.21 1.35 1.34 1.53

México 0.76 0.87 0.88 0.86 0.88 0.88 0.91 1.01 1.15 1.14 1.14 1.09 1.08 1.07 1.23

Michoacán 0.69 0.95 1.13 1.02 1.13 1.05 0.95 0.87 0.85 0.87 0.96 1.18 1.30 0.99 0.99

Morelos 0.79 0.84 0.93 0.81 0.99 0.95 1.05 1.11 1.36 1.13 0.90 0.94 1.14 0.96 1.08

Nayarit 1.11 1.07 0.78 1.34 1.32 0.74 0.68 0.53 1.15 2.63 1.35 0.65 0.60 0.49 0.53

Nuevo León 0.72 0.07 1.52 1.54 1.59 1.39 1.20 1.34 1.07 0.98 0.81 0.73 0.62 0.66 0.61

Oaxaca 0.56 0.01 0.93 1.04 1.21 1.10 1.22 1.04 0.79 1.05 0.89 0.81 1.50 1.45 1.25

Puebla 0.95 1.02 0.94 0.93 1.00 1.01 1.07 0.98 0.89 0.84 0.84 0.92 1.06 1.20 1.38

Querétaro 1.32 1.50 1.10 0.89 1.04 1.04 1.06 0.94 0.88 0.82 0.87 0.82 0.73 0.87 1.26

Quintana Roo 0.21 0.70 0.74 0.98 0.86 1.06 1.33 1.26 1.12 1.02 0.90 1.17 1.30 1.12 1.11

San Luis Potosí 1.02 0.90 1.46 1.37 1.20 1.08 1.11 1.01 0.96 1.00 1.13 0.79 0.33 0.88 0.76

Sinaloa 0.85 0.86 0.91 1.05 0.98 1.06 1.08 0.94 1.05 1.12 1.10 0.90 0.74 1.19 1.16

Sonora 1.56 1.89 1.24 1.11 0.85 0.66 0.60 0.91 1.36 0.92 1.08 0.97 0.76 0.61 0.66

Tabasco 1.49 1.36 1.23 1.13 1.00 1.00 1.08 0.95 0.00 0.50 1.00 1.15 1.05 1.01 1.11

Tamaulipas 0.92 0.89 0.97 0.90 0.98 1.04 1.14 1.18 1.23 1.13 0.98 1.07 1.00 0.76 0.77

Tlaxcala 1.76 1.42 0.89 0.68 0.60 0.65 0.69 0.62 3.31 0.94 0.95 0.70 0.55 0.64 0.83

Veracruz 1.22 1.19 1.12 1.02 0.99 1.07 1.18 1.03 1.06 1.08 1.05 0.92 0.68 0.85 0.54

Yucatán 0.81 1.01 1.06 0.90 0.89 0.98 1.04 1.02 1.08 1.01 1.06 1.00 1.08 0.97 1.07

Zacatecas 0.63 0.87 1.03 1.07 1.06 1.16 1.16 1.12 1.08 1.09 1.11 1.04 0.85 0.76 0.88

Fuente: Estimación propia con base en datos del SESNSP, incidencia Delictiva.

Carlos Galindo122

3.4 Personas procesadas judicialmente

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recopila estadísticas judiciales en materia penal, las cuales se encuentran disponibles a todo público en su página de Internet. Este tipo de estadísticas incluyen datos de delitos y de las personas a quienes se les atribuye su comisión. Las estadísticas identifican dos momentos en los procesos judiciales, los cuales sirven como categorías de referencia para la difusión de la in-formación: a) mientras las personas están siendo procesadas y; b) cuando se les dicta sentencia. Los datos que se presentan fueron descargados de la página de INEGI entre el 1 de junio y el 20 de agosto de 2012.

La información disponible se encuentra dividida en dos periodos: el primero de 1997 a 2008 y otro de 2009 a 2011, lo cual dificulta su extracción y análisis. Debido a estos cambios, es necesario realizar arreglos mayores a la información antes de proce-der a cualquier exploración de datos. Respecto de los delitos por lesiones se tienen las siguientes clasificaciones:

• De 1997 a 2008 se clasificaron por separado “Golpes y otras violencias físicas” del delito

de “Lesiones”. Son muy pocos los registros de Golpes y violencias físicas, así como los

pertenecientes a Lesiones del fuero federal. La gran mayoría de los datos corresponde a

(más de 96 %) lesiones de fuero común.

• En 2009 y 2010 se tiene un solo delito denominado “Golpes y lesiones”. Y la gran mayo-

ría, al igual que en el periodo anterior, corresponden al fuero común.

Antes de presentar los datos según el año de ocurrencia del delito, es pertinente señalar que, en la página del INEGI se accede a la información según el año de registro y es necesario manipular adecuadamente los datos para poder organizarlos por año de ocurrencia (esto dificulta enormemente el análisis de la información para usuarios no expertos en el manejo de datos). Sería recomendable que, para usuarios interesados en el tema pero con poca experiencia en la minería de datos, el INEGI pusiera a disposición del público los datos ya organizados por año de ocurrencia.

En un año se registran delitos ocurridos ese mismo periodo y delitos sucedidos muchos años atrás. Por ejemplo, en el año 2008 se procesaron personas por delitos de lesiones ocurridos hacía más de 25 años, como la década de 1980. Incluso se tiene registrado en 2008 un delito de lesiones ocurrido en 1975. A este problema se le co-noce como “registro tardío” y es importante corregirlo en la medida de lo posible. Es necesario impulsar tanto la denuncia oportuna como la conformación de un sistema de información judicial que provea datos confiables de manera expedita.

En el primer periodo de registro —1997-2008— se tienen anualmente más de 30 000 personas procesadas por delitos de lesiones excepto en el primer año (1997). Es probable que se deba a que éste fuese el primer año de recopilación de informa-ción, por lo que los procedimientos podrían no haber operado del mismo modo que en años siguientes. Por esta razón, para fines del análisis, parece más adecuado iniciar las


comparaciones con el año 1998. En el segundo lapso de registro —2009-2011— se observa una clara tendencia a la baja, pero ésta obedece más a la problemática del re-gistro tardío que a una disminución real del fenómeno. Por esta razón, los últimos años no arrojan niveles comparables con el resto del periodo.

Una vez que se comprende la diferencia entre año de registro y el de ocurrencia, así como las problemáticas asociadas al registro de los delitos, se puede avanzar en el análisis por año de ocurrencia (figura 3.10). Se observa que los montos de personas procesadas por delitos de lesiones muestran un patrón de “U” invertida según su año de ocurrencia. Los montos crecen de poco menos de 35 000 delitos en 1997 a casi 40 000 en el año 2000. Este nivel permanece relativamente constante hasta 2003 y después desciende a poco más de 30 000 en el año 2008. Es problemático comparar los últimos años por el problema de registro tardío (cuando se ingresen los registros de años posteriores, sus niveles se incrementarán significativamente).

FIGURA3.10

Golpes y lesiones. Personas procesadas, ambos fueros,según año de ocurrencia e intencionalidad

INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.Fuente:

Dolosa CulposaNo especi�cadoPreterintencional

Porcentaje de lesiones dolosas

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

4574 76 76 77 77 77 77

78 78 78 78 78 78 7879Miles

30

35

30

25

20

15

10

5

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

El porcentaje de lesiones dolosas se mantuvo notablemente estable durante el periodo completo de 1997 a 2011 (entre 74 y 79 %). Lo anterior llama la atención, pues los montos de personas procesadas por delitos registrados y ocurridos sí varían significativamente (es cuestionable que, aunque los montos varíen, la distribución se-gún intencionalidad permanezca estable). Las lesiones dolosas generan la forma de “U” invertida que presenta el registro de personas procesadas por lesiones, pasando de más de 23 000 en 1998 a casi 30 000 en 2003, y luego reduciéndose a 22 000 en 2009.

Carlos Galindo124

La información disponible también incluye el auto de término constitucional de los delitos. Es decir, se puede conocer la resolución judicial de término constitucional del proceso correspondiente a cada delito. La clasificación de esta resolución también sufrió cambios importantes entre 2008 y 2009.

• En 1997-2008 las resoluciones se clasificaron en cuatro categorías: auto de formal pri-

sión; auto de sujeción a proceso; auto de libertad por falta de elementos para procesar, y

auto de extinción de la acción penal.

• Para 2009-2011 se aumentó a siete el número de categorías: auto de formal prisión;

auto de sujeción a proceso; auto de no sujeción a proceso; auto de libertad por falta de

elementos para procesar con las reservas de ley; auto de reclusión provisional en depar-

tamento especial; auto de libertad absoluta, y sobreseimiento. La reclusión provisional

ocurre cuando se ordena la reclusión del inculpado en un manicomio, hospital psiquiátri-

co o departamento especial. El sobreseimiento se refiere a una situación procedimental

irregular o estado anormal del proceso, motivado por ciertas causas (muerte del incul-

pado, amnistía, etcétera) que le impiden o hacen innecesario que llegue a su fin.

Es importante recordar que los años de registro son distintos a los de ocurrencia, por lo que delitos registrados de forma tardía “arrastran” las nuevas categorías hacia sus años de ocurrencia. Por esta razón, algunos delitos sucedidos durante 1997-2008 presentan categorías de registro de 2009-2011 (figura 3.11). En todos los años, el tipo de resolución que predomina es el auto de formal prisión y el porcentaje que represen-ta también se mantiene notablemente estable: en dos de cada tres procesos por lesio-nes dolosas se resolvió la formal prisión del acusado. En uno de cada cuatro procesos se dictó la sujeción a proceso (es decir, se consideró presunto responsable al acusado pero el delito no merecía la pena corporal de aprisionamiento).

En este sentido, también llama la atención que, aunque los montos varíen signi-ficativamente, la distribución del auto de término constitucional se mantenga. Esto podría indicar inercias en nuestro sistema de procuración de justicia (en la forma de re-gistrar y calificar los delitos denunciados), pues los montos sí varían significativamente.


FIGURA3.11

Golpes y lesiones dolosos. Personas procesadas por año de ocurrencia,según distintas clasificaciones del auto de término constitucional

Fuente:

1998

0% 2%

4%3%

1% 0%

3%

2008

INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

Formal prisión

Sujeción a proceso

Libertad por falta deevidenciasExtinción de la acciónpenal

No sujeción a proceso

Reclusión provisional

Libertad absoluta

Sobreseimiento

24%26%

65%

68%

4%

Al sumar las categorías de formal prisión y sujeción a proceso se tiene que nueve de cada diez acusados por lesiones dolosas fueron considerados durante su proceso como presuntos responsables (figura 3.12). Así, la suma de categorías restantes algu-nas veces se interpreta como una aproximación al estudio de la impunidad, pues del delito denunciado, si es que ocurrió, no se atrapó al presunto responsable. Pero es importante notar que este postulado y las cifras correspondientes son una primera aproximación a la problemática de la impunidad, puesto que existen muchas otras po-sibilidades (por ejemplo, puede ocurrir que un procesado con auto de formal prisión no sea el verdadero culpable, así el delito quedaría impune aunque hubiera una persona presa por motivo del mismo).

Carlos Galindo126

FIGURA3.12

Golpes y lesiones dolosos. Personas procesadas por año de ocurrencia, según auto de término constitucional y año de ocurrencia

No sujetos a proceso, libertad absoluta, libertad por falta de elementos, etcéteraSujetos a proceso y formal prisiónPorcentaje de sujetos a proceso y formal prisión

Miles

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5

10

15

20

25

30

35

%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%93 93 93 93 93 91 9193 91 91 92 89 878484

Fuente: INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

-

En total, el número de personas sujetas a proceso y en formal prisión aumentó de 24 000 en 1998 a 27 000 en los años 2001, 2002 y 2003 (figura 3.13). En años poste-riores se observa una disminución hasta 21 000 personas en 2008 y 19 000 en 2009. Pero es importante insistir en que un auto de formal prisión no significa que el acusado sea el verdadero culpable. Por ejemplo, la Encuesta a Población en Reclusión realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) revela que una de cada dos personas que se encuentran en prisión, en el Distrito Federal y en el Estado de Méxi-co, no contaron con la presencia de algún abogado defensor al momento de rendir su declaración. Siete de cada diez no fueron informados de sus derechos de realizar una llamada y de no declarar. A nueve de cada diez no se les explicó la diferencia entre su acusación y su juicio durante el proceso penal. Con este tipo de prácticas judiciales, es ingenuo afirmar que un auto de formal prisión implique que se ha capturado al res-ponsable del delito.


FIGURA3.13

Golpes y lesiones dolosos. Personas sujetas a proceso y en formal prisión, según año de ocurrencia

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30

25

20

15

10

5

0

Miles

21

24 24

26 27 27 2726

2523 23

21

19

15

9


La información del INEGI puede desagregarse por entidad federativa y municipio. Respecto de las entidades federativas, los datos arrojan diversas sorpresas (tabla 3.4). Por principio no es el Estado de México el que más delitos registrados presenta. Es Ve-racruz la entidad con los niveles más altos con más de 3 000 personas en formal prisión y sujetas a proceso por lesiones dolosas en 2000, 2002 y 2003. Pero después estas cifras caen drásticamente hasta menos de 1 000 en 2009.

Los demás estados con mayores niveles registrados son Chihuahua, el Distrito Fe-deral, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas. Al igual que Veracruz, el Distrito Federal presenta un comportamiento notablemente irregular con menos de 2 000 personas registradas en 1997-1998, 2002 y entre 2007 y 2011 pero con un pico de 2 855 personas en 2004.

Carlos Galindo128

Lesiones dolosas. Personas en formal prisión y sujetos a proceso (INEGI) TABLA 3.4

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nacional 20 992 23 851 23 795 26 334 26 734 27 041 26 933 25 853 24 897 23 199 22 594 21 304 19 142 14 578 8 922

Aguascalientes 197 265 177 205 215 300 342 348 322 349 290 269 251 196 200

Baja California 307 449 481 609 782 806 782 866 1 047 1 205 1 103 778 704 452 314

Baja California Sur

85 98 140 159 200 180 176 173 189 112 99 89 91 49 41

Campeche 160 183 183 183 194 152 165 161 146 125 140 123 115 92 46

Coahuila 878 1 005 749 486 438 443 651 735 683 679 654 576 373 282 113

Colima 165 145 139 171 185 183 178 150 150 162 194 167 135 86 66

Chiapas 588 767 602 581 558 566 509 521 414 368 351 331 392 292 238

Chihuahua 785 870 813 966 976 1 115 1 231 1 148 1 120 832 649 263 159 121 116

Distrito Federal 1 512 1 630 2 160 2 476 2 307 1 799 2 243 2 855 2 468 2 106 1 764 1 591 1 207 858 422

Durango 252 248 245 302 278 287 214 245 318 369 459 404 338 172 104

Guanajuato 330 414 436 432 492 488 583 499 635 624 668 637 630 517 418

Guerrero 273 245 334 518 569 617 709 863 626 586 526 452 542 493 271

Hidalgo 250 291 265 385 409 467 450 407 501 491 584 560 614 464 254

Jalisco 645 712 741 764 941 1 053 1 016 1 112 1 270 1 534 1 757 2 046 2 262 1 882 1 134

México 1 736 1 997 2 104 2 476 2 259 1 957 1 932 1 867 1 689 1 374 1 318 1 444 1 050 650 265

Michoacán 746 1 078 1 123 1 176 1 217 1 288 1 087 1 228 1 082 1 041 984 887 894 766 546

Morelos 246 248 169 171 171 183 254 210 198 125 113 121 83 48 27

Nayarit 277 406 393 479 534 511 608 491 362 449 472 475 444 425 255

Nuevo León 794 831 800 949 851 866 756 776 639 524 429 460 363 340 391

Oaxaca 1 509 1 499 1 338 1 497 1 696 1 676 1 528 1 267 1 080 900 1 088 952 852 763 574

Puebla 994 1 064 843 978 1 064 996 830 909 881 886 860 900 730 610 350

Querétaro 600 790 586 707 893 1 152 1 197 1 069 1 054 940 928 924 856 738 373

Quintana Roo 116 132 185 312 427 467 409 407 330 379 247 293 324 247 174

San Luis Potosí 578 578 699 753 586 595 656 674 586 521 513 405 322 277 222

Sinaloa 355 325 380 427 442 445 453 373 433 569 668 592 989 800 536

Sonora 542 748 734 750 757 640 580 578 540 358 424 432 353 235 224

Tabasco 532 768 718 789 638 627 593 466 430 423 384 369 374 406 241

Tamaulipas 1 717 1 892 1 999 2 091 2 046 2 082 1 992 2 120 2 199 2 000 1 989 2 097 1 619 729 221

Tlaxcala 340 370 400 409 449 383 354 282 284 311 297 277 201 128 106

Veracruz 2 563 2 815 2 821 3 136 2 998 3 426 3 265 1 764 1 802 1 579 1 391 1 272 986 779 407

Yucatán 351 408 428 350 386 391 379 418 449 392 346 347 407 362 169

Zacatecas 569 580 610 647 776 900 811 871 970 886 905 771 480 318 102



3.4.1 Tasa e indicador de concentraciónLa tasa de personas procesadas en formal prisión y sujetas a proceso, por cada 10 000 habitantes, no se distribuyen de acuerdo con las poblaciones estatales (mapa 3.2). Los estados con mayores tasas vuelven a ser entidades con poblaciones relativa-mente pequeñas y buenos sistemvas de información (Nayarit y Querétaro). Pero cabe señalar que no son los mismos estados con tasas elevadas de registro de averiguacio-nes previas (Colima, Tabasco, Baja California y Yucatán).

En general, llama la atención las bajas tasas de personas sujetas a proceso (al-rededor de dos por cada 10 000 habitantes) en comparación con las tasas de regis-tros de averiguaciones previas (alrededor de 20 por cada 10 000 habitantes). También sorprende que entidades como Chihuahua, Estado de México, Morelos y Nuevo León tengan tasas tan bajas de personas sujetas a proceso y en formal prisión por delitos de lesiones dolosas. Sería recomendable que estas entidades hicieran una revisión exhaustiva de sus procesos de recopilación de información (y de sus procedimientos judiciales).

Se incluye también el indicador de concentración estatal y temporal, el cual seña-la observaciones por arriba de los efectos marginales en los dos ámbitos (tabla 3.5). Este indicador resalta observaciones inusualmente altas en Sinaloa en los años 2009 y 2010 (con valores de 2.34 y 3.01 respectivamente). Al revisar el número de delitos registrados, observamos que durante 1997-2005 se registraban en Sinaloa alrededor de 400 delitos por lesiones. A partir de 2006 se observan aumentos y en 2009 y 2010

Carlos Galindo130

se tienen cifras muy por encima de lo esperado (952 y 683 delitos respectivamente). Estas cifras no sólo son superiores a los montos observados en otros años en Sinaloa, también rompen con lo esperado debido a los problemas de registro tardío.

En otros cuatro estados también se observan fuertes tendencias al alza: Guanajua-to, Guerrero, Hidalgo y Jalisco. De entre ellos resalta Jalisco con valores del indicador iguales a 2.22 en 2009 y 2.15 en 2010. Esta entidad pasa de 687 delitos registrados en 1997 a poco más de 2 000 en 2008 y 2009. En el año 2010, cuando se esperan las menores cifras por los problemas de registro tardío, en Jalisco se asentaron 1 146 delitos por lesiones. Guanajuato presenta un comportamiento similar a Jalisco, aunque con cambios menos dramáticos. En contraste, Veracruz presenta una clara tendencia a la baja.

Además de Sinaloa, Jalisco y Guanajuato otros tres estados también presentan valores muy altos del indicador para el año 2010: Nayarit, Quintana Roo y Yucatán. A diferencia, Chihuahua presenta niveles demasiado bajos en los tres últimos años (de 2008 a 2010).

Frente a estos datos, también es muy difícil discernir si los cambios bruscos se deben a problemas de la información o si, por el contrario, reflejan verdaderos cambios en el comportamiento del delito. Por lo tanto es aconsejable tomar con mucha pre-caución los valores extremos y modificaciones bruscas en el comportamiento de las distintas entidades.


Lesiones dolosas. Indicador de concentración temporal y espacial de personas en formal prisión y sujetas a proceso (INEGI)

TABLA 3.5

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 0.80 0.97 0.66 0.67 0.73 0.99 1.12 1.17 1.15 1.33 1.12 1.10 1.20 1.23

Baja California 0.47 0.62 0.68 0.72 0.90 0.97 0.91 1.03 1.30 1.61 1.53 1.14 1.18 1.17


Campeche 1.32 1.23 1.24 1.05 1.13 0.84 0.92 0.92 0.93 0.76 0.93 0.85 0.92 0.91

Coahuila 1.54 1.55 1.16 0.70 0.67 0.63 0.95 1.05 1.04 1.13 1.09 1.03 0.72 0.57

Colima 1.19 0.87 0.81 0.93 0.97 1.00 0.97 0.87 0.96 1.06 1.27 1.21 1.02 0.91

Chiapas 1.42 1.47 1.24 1.04 1.01 0.96 0.89 0.96 0.82 0.75 0.72 0.73 0.98 0.96

Chihuahua 1.09 1.08 0.97 1.04 1.08 1.19 1.32 1.30 1.31 1.06 0.83 0.37 0.27 0.29


Durango 1.01 0.85 0.82 0.92 0.82 0.86 0.63 0.76 1.00 1.24 1.59 1.48 1.38 0.92

Guanajuato 0.69 0.75 0.77 0.70 0.82 0.81 1.00 0.86 1.16 1.20 1.31 1.32 1.50 1.85

Guerrero 0.60 0.47 0.67 0.89 0.94 1.05 1.17 1.48 1.12 1.12 1.06 0.97 1.31 1.42

Hidalgo 0.65 0.67 0.60 0.79 0.84 0.93 0.90 0.87 1.09 1.18 1.45 1.46 1.76 1.38

Jalisco 0.59 0.59 0.60 0.56 0.69 0.75 0.73 0.83 0.99 1.27 1.49 1.82 2.22 2.15

México 1.14 1.14 1.21 1.28 1.16 1.00 0.99 0.98 0.92 0.81 0.80 0.90 0.71 0.56

Michoacán 0.79 1.04 1.04 0.99 1.01 1.05 0.89 1.04 0.98 1.00 0.97 0.95 1.10 1.33

Morelos 1.55 1.42 0.99 0.87 0.87 0.96 1.30 1.10 1.12 0.77 0.70 0.80 0.61 0.55

Nayarit 0.74 0.92 0.84 0.96 1.04 0.98 1.15 0.96 0.74 0.99 1.10 1.15 1.20 1.65

Nuevo León 1.24 1.19 1.15 1.23 1.09 1.12 0.97 1.02 0.88 0.78 0.67 0.76 0.71 1.08

Oaxaca 1.31 1.17 1.05 1.06 1.18 1.17 1.06 0.92 0.80 0.71 0.88 0.82 0.82 0.88

Puebla 1.19 1.13 0.93 0.96 1.04 0.96 0.83 0.94 0.94 1.02 1.00 1.12 0.96 1.05

Querétaro 0.75 0.86 0.64 0.71 0.89 1.13 1.18 1.11 1.13 1.08 1.12 1.19 1.27 1.11

Quintana Roo 0.43 0.44 0.60 0.92 1.23 1.30 1.15 1.22 0.99 1.26 0.86 1.07 1.18 1.71

San Luis Potosí 1.13 0.99 1.22 1.19 0.95 0.92 1.02 1.15 1.01 0.93 0.96 0.81 0.73 0.74

Sinaloa 0.76 0.62 0.75 0.75 0.77 0.76 0.78 0.66 0.80 1.11 1.35 1.24 2.34 3.01

Sonora 1.11 1.28 1.28 1.21 1.17 1.00 0.93 0.95 0.93 0.66 0.81 0.88 0.80 0.69

Tabasco 1.10 1.39 1.30 1.30 1.04 1.03 0.99 0.79 0.76 0.80 0.75 0.78 0.83 1.05

Tamaulipas 1.01 0.97 1.03 0.98 0.93 0.94 0.89 1.01 1.07 1.04 1.08 1.20 1.05 0.75

Tlaxcala 1.17 1.12 1.19 1.11 1.21 1.02 0.96 0.78 0.82 0.98 0.95 0.96 0.82 0.66

Veracruz 1.27 1.25 1.25 1.25 1.18 1.33 1.28 0.75 0.77 0.74 0.66 0.65 0.54 0.51

Yucatán 1.08 1.15 1.19 0.82 0.91 0.91 0.83 0.91 1.04 0.93 0.84 0.93 1.20 1.89

Zacatecas 0.87 0.78 0.84 0.80 0.94 1.10 1.00 1.12 1.29 1.28 1.31 1.15 0.76 0.39


Carlos Galindo132

3.4.2 ComparacionesLa información sobre personas procesadas incluye datos tales como su edad y sexo. Con estos datos se puede intentar una comparación con la información de la Secretaría de Salud (tabla 3.1), mostrada en una sección anterior del presente capítulo, acerca de los registros hospitalarios por lesiones. En particular, se pueden contrastar los datos de agresores causantes de lesiones por violencia con las personas sujetas a proceso y en formal prisión por lesiones dolosas (aunque existen limitantes).

La información de la Secretaría de Salud aquí revisada se refiere a lesiones aten-didas durante 2010 pero ocurridas entre 2010 y 2009, por lo que se pueden consi-derar personas sujetas a proceso por delitos ocurridos en 2009 y 2010 (pero no tiene sentido comparar números absolutos). Existen otras limitantes en la comparación, por ejemplo, las personas procesadas son sólo mayores de edad (de 18 años y más), mien-tras que los agresores captados en los registros hospitalarios pueden ser de cualquier edad. No obstante las limitantes, en una primera aproximación, se pueden comparar las estructuras por edad y sexo (figura 3.14).

Las personas sujetas a proceso y en formal prisión por delitos de lesiones dolosas ocurridos entre 2009 y 2010 son preponderantemente varones jóvenes de 20 a 30 años de edad. De hecho, es sorprendente la similitud en cifras y en estructura por edad entre los varones sujetos a proceso y los agresores captados en los registros hospitala-rios. Sólo se tiene una ligera diferencia en las edades más frecuentes en ambos grupos, entre los varones sujetos a proceso el grupo de edad más frecuente es el 20-24, mien-tras que entre los agresores captados es de 30 a 34 años.

Ahora bien, la notable similitud no implica que las cifras estadísticas reflejen ade-cuadamente la realidad, sino que los errores y omisiones en ambas fuentes parecen balancearse, pues esta similitud implica una fuerte subestimación en los registros hospitalarios según sus propios porcentajes captados de denuncias ante el Ministerio Público. Es importante señalar que si se contara con más años de registros hospitala-rios, es probable que esta subestimación se reduciría, pues tendríamos las lesiones ocurridas y atendidas en 2009 (en este sentido es importante continuar este esfuerzo de la Secretaría de Salud, ya que es de esperarse que con el tiempo se subsanen sus carencias).

En cuanto a personas del sexo femenino se observan marcadas diferencias. Se tie-ne el doble de mujeres sujetas a proceso y en formal prisión que agresoras captadas en registros hospitalarios. En investigaciones futuras será fructífero analizar las diferen-cias por sexo, características de los delitos y personas procesadas, así como comparar estas diferencias a través de los diversos momentos estadísticos en los procedimientos judiciales. Sin duda alguna, la Secretaría de Salud debería continuar con este esfuerzo, pues incluye información muy valiosa que permitirá comparar y contextualizar los da-tos disponibles sobre delitos.


FIGURA3.14

Lesiones dolosas. Distribución según sexo y edad de agresores y personas sujetas a proceso y en formal prisión

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 2,0001,000 1,00000-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 y más

Agresores varones

Agresoras mujeres

Varones sujetos a proceso y en formal prisión

Mujeres sujetas a proceso y en formal prisión

Fuente: Secretaría de Salud, Registros de Atención Hospitalaria por Lesiones, 2010, e INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

Se pueden confrontar, además, los números absolutos que reportan distintas fuen-tes. Estas comparaciones se utilizan algunas veces como aproximaciones al problema de la impunidad. Por ejemplo, el número de personas sujetas a proceso es bastante bajo en comparación con los registros de averiguaciones previas. Si consideramos el año 2008, por mencionar un ejemplo particular, existen más de 180 000 registros de averiguaciones por lesiones dolosas, pero sólo se tienen 21 000 personas en formal prisión y sujetas a proceso.

Esta comparación nos indicaría que sólo 11 % de los registros de averiguaciones previas derivaron en procesos judiciales de presuntos responsables (figura 3.15). Pero es necesario recordar que este tipo de cifras sólo son primeras aproximaciones y, de ninguna manera, representaciones certeras del fenómeno, pues es evidente que, ade-más de los problemas inherentes al funcionamiento de nuestro sistema de justicia, también se tienen carencias en los datos derivadas de los mecanismos de recopilación y difusión de la información.

Carlos Galindo134

FIGURA3.15

Golpes y lesiones dolosos. Razón de personas sujetas a proceso y en formal prisión en registros y en averiguaciones previas.

Estimación propia con base en datos del SESNSP, Incidencia Delictiva y del INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.Fuente:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20%

13.414.6 14.3 14.4 14.4 14.4 14.5 14.3

13.211.9 11.4

10.4

8.3

5.6

14.8

18%

16%

12%

14%

10%

8%

6%

4%

2%

%

En cuanto a las entidades federativas se observan, en general, cifras muy bajas de personas en formal prisión y sujetas a proceso en comparación con registros de ave-riguaciones previas (véase mapa 3.3 y tabla 3.6). De inicio resaltan Tabasco en el año 2005 (con cero registros de averiguaciones previas) y Oaxaca en 1998 (donde su bajo nivel de registros de averiguaciones previas hace que se tengan 23 personas en formal prisión y sujetas a proceso por cada averiguación).

Si estas cifras reflejan de alguna manera el funcionamiento de los sistemas esta-tales de justicia, estaríamos frente a problemas realmente graves, pues se tendría en Oaxaca un número demasiado elevado de personas en formal prisión sin que su captu-ra sea el resultado de un proceso iniciado mediante una averiguación previa. También llaman la atención Durango y Nuevo León en el año 1998, con muy pocas averiguacio-nes previas.

Campeche y Chihuahua son casos especiales. En Campeche a partir del año 2002 se presentan niveles demasiado altos de personas en formal prisión y sujetas a proce-so en comparación con su número reportado de averiguaciones previas. De hecho, en los periodos 2003-2005 y 2007-2010 se tienen más personas en prisión y sujetas a proceso que registros de averiguaciones. En Chihuahua ocurre algo similar desde 1997 hasta 2005. Es decir, en 2002 y 2003 en Chihuahua dos personas estuvieron en prisión o sujetas a proceso por cada averiguación previa registrada.

Las entidades con los niveles más bajos son Guanajuato, el Estado de México y Morelos. En estas entidades las personas en formal prisión y sujetas a proceso no su-man ni siquiera 10 % de las averiguaciones previas registradas. Si las cifras que repor-tan estas entidades verdaderamente corresponden al funcionamiento de sus procesos judiciales, significaría que por cada diez delitos de lesiones dolosas registrados en ave-riguaciones previas, sólo uno (o menos) resulta en la captura de un presunto responsa-


ble. Otras entidades con niveles notablemente bajos son Baja California, Baja California Sur, el Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Carlos Galindo136

Lesiones dolosas. Razón de procesados (formal prisión y sujetos a proceso) entre registros de averiguaciones previas

TABLA 3.6

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nacional 0.13 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.06

Aguascalientes 0.27 0.33 0.17 0.24 0.20 0.23 0.26 0.23 0.22 0.17 0.11 0.12 0.09 0.08 0.08

Baja California 0.05 0.04 0.84 0.06 0.08 0.08 0.08 0.09 0.12 0.12 0.10 0.07 0.07 0.05 0.04


Campeche 0.12 0.10 0.13 0.24 0.54 0.80 1.42 1.85 1.33 0.84 1.26 1.26 1.35 1.46 0.23

Coahuila 0.25 0.74 0.19 0.12 0.10 0.10 0.16 0.19 0.50 0.57 0.48 0.50 0.36 0.20 0.07

Colima 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03

Chiapas 0.15 0.22 0.18 0.13 0.10 0.14 0.12 0.12 0.13 0.13 0.09 0.06 0.07 0.05 0.04

Chihuahua 0.63 0.69 1.67 1.82 1.65 2.02 2.13 1.70 0.98 0.67 0.56 0.29 0.20 0.27 0.30


Durango 0.17 2.70 0.10 0.09 0.08 0.15 0.23 0.15 0.21 0.24 0.27 0.21 0.19 0.11 0.05

Guanajuato 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.08 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05

Guerrero 0.07 0.07 0.11 0.13 0.16 0.17 0.21 0.30 0.21 0.21 0.15 0.12 0.14 0.14 0.08

Hidalgo 0.12 0.09 0.08 0.12 0.11 0.11 0.10 0.08 0.09 0.09 0.11 0.09 0.09 0.07 0.07

Jalisco 0.15 0.19 0.19 0.18 0.20 0.11 0.13 0.17 0.22 0.25 0.24 0.24 0.24 0.21 0.12

México 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01

Michoacán 0.33 0.34 0.29 0.31 0.28 0.32 0.30 0.38 0.35 0.33 0.26 0.19 0.18 0.21 0.17

Morelos 0.09 0.08 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01

Nayarit 0.26 0.38 0.50 0.32 0.36 0.60 0.80 0.85 0.30 0.16 0.30 0.64 0.66 0.80 0.49

Nuevo León 0.22 2.29 0.10 0.10 0.09 0.10 0.11 0.10 0.11 0.09 0.09 0.11 0.10 0.09 0.12

Oaxaca 0.60 23.42 0.30 0.28 0.26 0.28 0.24 0.24 0.28 0.17 0.23 0.22 0.11 0.11 0.10

Puebla 0.14 0.13 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.11 0.12 0.13 0.11 0.11 0.08 0.06 0.03

Querétaro 0.25 0.27 0.27 0.37 0.39 0.50 0.53 0.54 0.59 0.55 0.48 0.51 0.54 0.41 0.16

Quintana Roo 0.22 0.07 0.09 0.11 0.17 0.15 0.11 0.11 0.11 0.13 0.09 0.08 0.09 0.08 0.06

San Luis Potosí 0.12 0.13 0.09 0.10 0.09 0.09 0.10 0.12 0.11 0.10 0.08 0.09 0.17 0.06 0.06

Sinaloa 0.23 0.20 0.22 0.19 0.21 0.19 0.20 0.19 0.21 0.25 0.28 0.31 0.64 0.33 0.25

Sonora 0.13 0.14 0.20 0.21 0.27 0.29 0.30 0.20 0.13 0.13 0.12 0.14 0.14 0.12 0.12

Tabasco 0.06 0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 0.08 0.08 0.13 0.06 0.05 0.05 0.06 0.04

Tamaulipas 0.32 0.35 0.33 0.34 0.30 0.29 0.26 0.27 0.28 0.27 0.29 0.28 0.24 0.15 0.05

Tlaxcala 0.21 0.27 0.45 0.55 0.67 0.52 0.47 0.42 0.08 0.31 0.28 0.35 0.33 0.19 0.13

Veracruz 0.24 0.26 0.27 0.30 0.29 0.30 0.27 0.17 0.17 0.15 0.12 0.13 0.14 0.09 0.08

Yucatán 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.03

Zacatecas 0.54 0.39 0.33 0.31 0.37 0.39 0.36 0.41 0.49 0.44 0.40 0.37 0.29 0.22 0.07

Fuente: Estimación propia con base en datos del SESNSP y del iNEGi.

3.5 Personas sentenciadas

Las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI también incluyen información so-bre las personas sentenciadas. Los datos que aquí se presentan fueron descargados entre el 1 de junio y el 20 de agosto de 2012.


Las personas sentenciadas por golpes y lesiones no suman 30 000 en ningún año del periodo (figura 3.16). Sus montos son relativamente cercanos a las cifras de personas procesadas (que alcanzaban 40 000). La tendencia que conforman las personas sen-tenciadas también tiene una forma de “U” invertida (sólo que más asimétrica que la de personas procesadas). La marcada disminución en años recientes no es sólo resultado del registro tardío (como en el caso de procesados), sino también de los tiempos pro-cesales y de su tardanza para lograr una sentencia.

FIGURA3.16

Golpes y lesiones. Personas sentenciadas, ambos fueros, según año de ¿concurrencia? e intencionalidad


Dolosa

Preterintencional No especi�cado

Culposa

Porcentaje de lesiones dolosas

1997

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

74 75 76 77 77 78 77 77 767676 77 78 77 76

25

30

20

15

10

5

-

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miles

Al distribuir las sentencias según intencionalidad, se vuelve a observar una no-table estabilidad en el porcentaje de personas sentenciadas por lesiones dolosas (al-rededor de 76 %).Una vez más, la estabilidad de esta proporción sorprende frente a los significativos cambios en los montos absolutos de lesiones (lo cual podría indicar importantes inercias en nuestro sistema de justicia). Las personas sentenciadas por lesiones dolosas mantienen niveles cercanos a 20 000 durante 1997-2004 para des-pués caer hasta 12 000 en 2009.

Es relevante notar la existencia de lesiones sentenciadas como de intencionalidad no especificada, pues se supone que la sentencia se logra después de una investiga-ción donde se esclarecen los hechos. En este sentido, no deberían existir características no especificadas entre los delitos sentenciados (salvo en casos muy excepcionales).

Respecto del tipo de sentencia se tuvo un ligero cambio entre 2008 y 2009. Du-rante el primer periodo, 1997-2008, se registraban sólo dos categorías: sentencias

Carlos Galindo138

condenatorias y sentencias absolutorias. A partir del año 2009 se añadió la categoría de sobreseimiento. Al igual que en el auto de término constitucional, esta categoría aplica en situaciones procedimentales irregulares que impiden o hacen innecesario que el proceso llegue a su fin.

Al revisar las proporciones de sentencias condenatorias y absolutorias (junto con sobreseimientos), se observa otra regularidad que llama la atención (figura 3.17). La proporción de sentencias condenatorias se mantiene increíblemente estable durante todo el periodo (siempre cercana a 90 %). Aquí también es difícil creer que la estabili-dad de las proporciones según tipo de sentencia se deba a las características propias de los delitos. Para futuras investigaciones, cuyo objetivo sea profundizar en los meca-nismos de los procesos judiciales, sería indispensable investigar si estas regularidades son producto de inercias institucionales.

FIGURA3.17

Golpes y lesiones dolosos. Personas setenciadas y porcentajede sentencias condenatorias, según año de ocurrencia

1997

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

%

89 89 89 89 89 91 90 90 90 90 90 89 88 89 90

20

20

15

10

5

-

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miles

Condenatoria

Sobreseimiento

Absolutoria

Porcentaje de sentencias condenatorias


Los porcentajes de sentencias absolutorias y sobreseimientos a veces son inter-pretados como aproximaciones al estudio de la impunidad. Pero no sobra repetir que estas cifras son sólo aproximaciones y no reflejan cabalmente las múltiples comple-jidades de nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, una sentencia condenatoria no garantiza siempre que los acusados sean verdaderamente culpables.

En general, no se tienen diagnósticos detallados sobre la forma en que se dictan las sentencias en los diversos estados de la República. En el ámbito académico exis-ten algunos estudios cualitativos acerca de las sentencias en el Distrito Federal y sus


resultados son preocupantes: la calidad en el análisis de los hechos y las pruebas no ocupan siempre un papel preponderante,14 pues pareciera pesar más una voluntad por condenar en detrimento de otras consideraciones de importancia.15 Por ello, es imprescindible que se realicen estudios a profundidad en otras entidades federativas.

Los montos de personas condenadas por lesiones dolosas siguen el mismo patrón de un ligero crecimiento seguido por una marcada reducción (figura 3.18). De 17 000 personas con sentencias condenatorias en 1998 se pasa a 19 000 entre 2000-2003, para después disminuir en 2008 y 2009 (13 000 y 11 000 respectivamente). Cabe re-cordar que esta drástica caída es un resultado combinado de registro tardío y tardanzas en los tiempos procesales.

FIGURA3.18

Golpes y lesiones dolosos. Personas con sentencia condenatoria, según año de ocurrencia

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

22Miles

20

18

16

16 1617 18 18

19 19 19 19

1514

13

11

7

2

14

12

10

8

6

4

2

0


En cuanto a la distribución por entidades federativas, los mayores montos de personas con sentencia condenatoria se observan en el Distrito Federal, Tamaulipas y Veracruz (tabla 3.7). En algunos años en estos estados se registraron montos superiores a 2 000 personas con sentencia condenatoria. Pero estas entidades muestran tendencias muy diferentes. En el Distrito Federal se observa un pico que va de 1 000 personas condenadas en 1998 a más de 2 000 en 2004, para después regresar a poco más de 1 000 en 2008. Resalta es-pecialmente Veracruz, con más de 2 000 personas al año durante 1997-2003 y luego una drástica caída a menos de 700 personas en 2008. En cambio, Tamaulipas muestra niveles altos y relativamente estables durante todo el periodo (con su esperada disminución en años recientes debido al registro tardío y a la tardanza en los procesos judiciales).

14 Pablo Ibarra, Guía para la estructuración de algunas resoluciones penales.15 Luis Pásara, “Cómo sentencian los jueces del D.F. en materia penal”.

Carlos Galindo140

Otras entidades con elevados montos de delitos de lesiones con sentencia conde-natoria son Jalisco, Michoacán, Estado de México y Oaxaca. Jalisco muestra una clara tendencia de aumento, triplicando su cifra de 508 personas condenadas en 1998 a 1 520 en 2009. En contraste, Michoacán, Estado de México y Oaxaca presentan descen-sos importantes a partir de 2006. Los estados con los menores niveles reportados son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima y Morelos.

Lesiones dolosas. Personas con sentencia condenatoria (INEGI) TABLA 3.7

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nacional 16 246 17 353 17 610 18 602 19 050 18 940 18 604 17 632 16 152 14 961 14 193 12 970 10 715 6 696 1 790

Aguascalientes 131 168 113 130 152 171 194 168 175 151 125 110 107 66 30

Baja California 332 371 413 489 538 588 548 575 687 677 588 484 397 287 97

Baja California Sur 60 68 106 107 118 91 102 95 99 78 59 66 55 23 1

Campeche 111 100 98 104 108 81 107 90 74 66 43 56 44 27 1

Coahuila 243 236 191 259 252 338 342 235 205 198 189 218 170 109 29

Colima 139 110 119 119 123 131 94 90 79 72 95 84 63 23 8

Chiapas 556 639 526 527 561 493 477 447 363 326 352 330 313 213 95

Chihuahua 564 578 578 598 547 667 651 546 502 366 286 98 23 16 8

Distrito Federal 970 1 042 1 138 1 354 1 291 1 115 1 754 2 393 1 820 1 636 1 282 1 143 929 602 191

Durango 216 228 195 220 263 248 205 222 283 296 279 266 165 68 8

Guanajuato 288 333 361 371 343 332 362 411 353 377 461 427 432 364 113

Guerrero 143 147 222 310 331 308 331 297 207 215 172 173 156 64 20

Hidalgo 194 182 191 234 246 305 286 264 364 376 455 466 443 245 25

Jalisco 487 508 567 550 705 825 808 898 1 004 1 278 1 335 1 504 1 520 1 113 314

México 933 916 863 846 924 858 815 737 700 588 558 501 330 166 42

Michoacán 790 1 001 1 092 1 216 1 324 1 261 1 168 1 197 1 118 1 061 1 073 891 818 668 218

Morelos 116 101 110 107 89 110 111 107 69 59 59 65 25 20 1

Nayarit 279 387 374 447 559 566 561 412 258 331 308 322 311 163 23

Nuevo León 519 469 484 452 529 495 477 426 316 267 182 215 129 106 36

Oaxaca 1 425 1 257 1 075 1 080 1 318 1 151 1 122 888 761 562 580 418 288 106 17

Puebla 931 915 726 923 885 825 773 779 718 718 663 631 453 250 39

Querétaro 389 442 333 406 402 503 507 436 423 320 257 250 225 141 11

Quintana Roo 94 106 151 213 250 289 245 224 178 168 135 137 106 63 12

San Luis Potosí 335 365 499 516 414 426 435 450 384 359 351 261 172 112 12

Sinaloa 234 247 286 313 379 342 304 282 337 414 410 379 421 264 121

Sonora 449 582 665 628 581 474 454 412 338 262 360 300 257 158 68

Tabasco 461 597 559 624 459 383 314 252 222 186 168 153 169 165 56

Tamaulipas 1 766 1 894 2 120 2 048 1 934 1 900 1 915 2 114 1 830 1 517 1 529 1 512 1 079 496 101

Tlaxcala 231 297 344 297 273 190 172 174 191 198 207 165 88 34 15

Veracruz 2 167 2 314 2 351 2 368 2 313 2 562 2 065 1 152 1 088 895 792 683 545 277 30

Yucatán 273 298 284 211 208 239 229 200 236 199 183 155 197 131 22

Zacatecas 420 455 476 535 631 673 676 659 770 745 657 507 285 156 26



3.5.1 Tasa e indicador de concentraciónLas tasas estatales de personas con sentencia condenatoria por cada 10 000 habitan-tes son notablemente bajas (mapa 3.4) en comparación con sus tasas de registro de averiguaciones previas. Sólo Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Zacatecas su-peran ligeramente la tasa de una persona condenada por cada 10 000 habitantes. En comparación, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas tuvieron tasas de registro de averiguaciones cercanas a 10 por cada 1 000 habitantes. En el mismo sentido, resaltan entidades como Colima, Estado de México, Morelos y Oaxaca, que tuvieron tasas muy elevadas de averiguaciones pero tasas muy bajas de personas condenadas.

En contraste, otros estados como Nayarit y Querétaro muestran cifras bastante consistentes. Por ejemplo, Nayarit tuvo una tasa de registro de averiguaciones de 4.88, una de personas sujetas a proceso y en formal prisión de 3.92 y otra de personas con-denadas de 1.5 cada una por 10 000 habitantes.

Asimismo, se incluye el indicador de concentración estatal y temporal, el cual señala observaciones por arriba de los efectos marginales en los dos ámbitos (tabla 3.8). Sorprende que este indicador muestre niveles relativamente elevados en años recientes. Resaltan Guanajuato y Jalisco con índices inusualmente altos en los años más recientes. Al revisar los montos absolutos se puede apreciar que en Jalisco éstos se presentaron notablemente altos durante 2008-2010. También llama la atención que Sinaloa tiene un valor relativamente alto en 2011.

Al recordar los resultados del mismo indicador, pero aplicado a las personas en formal prisión y sujetas a proceso, también se observa que Sinaloa, Guanajuato y Jalis-

Carlos Galindo142

co presentaban tendencias al alza. No obstante, estas tendencias no corresponden con el mismo indicador aplicado a los registros de averiguaciones previas. En este sentido, no podríamos interpretar las tendencias en aumento como cambios en la ocurrencia ni en la denuncia de este tipo de delitos. Tal vez éstas reflejen cambios en sus procesos judiciales. Pero tampoco es sencillo aventurar la naturaleza de esos cambios, toda vez que podrían ser tan disímiles como más eficiencia en los procesos o como una mayor propensión a dictar autos de formal prisión y sentencias condenatorias.

A pesar de las dificultades inherentes a la interpretación de los datos, es necesario que investigadores locales realicen análisis más detallados con estas cifras. Éstas po-drían contar con datos y explicaciones de cambios contextuales en el funcionamiento de los sistemas locales de justicia, y las tendencias reveladas podrían ayudarles a eva-luar estos cambios.


Lesiones dolosas. Indicador de concentración temporal y espacial de las personas con sentencia condenatoria (INEGI)

TABLA 3.8

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 0.90 1.08 0.71 0.78 0.89 1.00 1.16 1.06 1.21 1.12 0.98 0.94 1.11 1.10 1.86

Baja California 0.64 0.67 0.73 0.82 0.88 0.97 0.92 1.02 1.33 1.42 1.30 1.17 1.16 1.34 1.70


Campeche 1.36 1.15 1.11 1.12 1.13 0.85 1.15 1.02 0.91 0.88 0.60 0.86 0.82 0.80 0.11

Coahuila 1.03 0.94 0.75 0.96 0.91 1.23 1.27 0.92 0.87 0.91 0.92 1.16 1.09 1.12 1.12

Colima 1.40 1.04 1.11 1.05 1.06 1.14 0.83 0.84 0.80 0.79 1.10 1.06 0.97 0.56 0.73

Chiapas 1.22 1.31 1.06 1.01 1.05 0.93 0.91 0.90 0.80 0.78 0.88 0.91 1.04 1.13 1.89

Chihuahua 1.28 1.22 1.21 1.18 1.06 1.29 1.29 1.14 1.14 0.90 0.74 0.28 0.08 0.09 0.16


Durango 0.93 0.92 0.78 0.83 0.97 0.92 0.77 0.88 1.23 1.39 1.38 1.44 1.08 0.71 0.31

Guanajuato 0.74 0.80 0.85 0.83 0.75 0.73 0.81 0.97 0.91 1.05 1.35 1.37 1.68 2.26 2.62

Guerrero 0.63 0.61 0.90 1.19 1.24 1.16 1.27 1.21 0.92 1.03 0.87 0.95 1.04 0.68 0.80

Hidalgo 0.62 0.54 0.56 0.65 0.67 0.83 0.80 0.78 1.17 1.30 1.66 1.86 2.14 1.90 0.72

Jalisco 0.49 0.48 0.53 0.49 0.61 0.72 0.72 0.84 1.03 1.41 1.55 1.91 2.34 2.74 2.90

México 1.30 1.20 1.11 1.03 1.10 1.03 0.99 0.95 0.98 0.89 0.89 0.88 0.70 0.56 0.53

Michoacán 0.72 0.86 0.92 0.97 1.03 0.99 0.93 1.01 1.03 1.05 1.12 1.02 1.14 1.48 1.81

Morelos 1.38 1.12 1.20 1.11 0.90 1.12 1.15 1.17 0.82 0.76 0.80 0.97 0.45 0.58 0.11

Nayarit 0.72 0.93 0.89 1.00 1.23 1.25 1.26 0.98 0.67 0.92 0.91 1.04 1.21 1.02 0.54

Nuevo León 1.39 1.17 1.19 1.05 1.21 1.13 1.11 1.05 0.85 0.77 0.56 0.72 0.52 0.69 0.87

Oaxaca 1.61 1.33 1.12 1.07 1.27 1.12 1.11 0.93 0.87 0.69 0.75 0.59 0.49 0.29 0.17

Puebla 1.24 1.14 0.89 1.07 1.01 0.94 0.90 0.96 0.96 1.04 1.01 1.05 0.92 0.81 0.47

Querétaro 1.05 1.12 0.83 0.96 0.93 1.17 1.20 1.09 1.15 0.94 0.80 0.85 0.92 0.92 0.27

Quintana Roo 0.54 0.57 0.80 1.07 1.23 1.43 1.23 1.19 1.03 1.05 0.89 0.99 0.92 0.88 0.63

San Luis Potosí 0.90 0.92 1.23 1.21 0.95 0.98 1.02 1.11 1.03 1.04 1.08 0.88 0.70 0.73 0.29

Sinaloa 0.67 0.67 0.76 0.79 0.93 0.85 0.76 0.75 0.98 1.30 1.35 1.37 1.84 1.85 3.16

Sonora 1.02 1.24 1.40 1.25 1.13 0.93 0.90 0.86 0.77 0.65 0.94 0.86 0.89 0.87 1.41

Tabasco 1.32 1.60 1.47 1.56 1.12 0.94 0.78 0.66 0.64 0.58 0.55 0.55 0.73 1.14 1.45

Tamaulipas 1.01 1.02 1.12 1.03 0.95 0.94 0.96 1.12 1.06 0.95 1.00 1.09 0.94 0.69 0.53

Tlaxcala 1.10 1.32 1.50 1.23 1.10 0.77 0.71 0.76 0.91 1.02 1.12 0.98 0.63 0.39 0.65

Veracruz 1.37 1.37 1.37 1.31 1.25 1.39 1.14 0.67 0.69 0.61 0.57 0.54 0.52 0.42 0.17

Yucatán 1.21 1.24 1.17 0.82 0.79 0.91 0.89 0.82 1.06 0.96 0.93 0.86 1.33 1.41 0.89

Zacatecas 0.75 0.76 0.78 0.83 0.96 1.03 1.05 1.08 1.38 1.44 1.34 1.13 0.77 0.67 0.42

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del iNEGi.

Carlos Galindo144

3.5.2 ComparacionesLa información acerca de personas sentenciadas también incluye datos como su edad y sexo. Al igual que en la sección anterior del presente capítulo, es posible realizar com-paraciones con los agresores captados en los registros hospitalarios por lesiones (pero no tiene sentido confrontar sus números absolutos), así como con las personas proce-sadas. De igual manera que en la sección anterior, se pueden comparar las personas con sentencia condenatoria contra los agresores causantes de lesiones por violencia y, además, con las personas sujetas a proceso y en formal prisión por lesiones dolosas. La comparación, con algunas limitaciones, se puede realizar sobre delitos de lesiones dolosas ocurridas en los años 2009 y 2010.

De inicio, resalta que se tienen 146 hombres y 48 mujeres condenados de edad no especificada por delitos de lesiones dolosas ocurridos entre 2009 y 2010. Esto resulta extraño, pues se supone que las personas son condenadas después de investigaciones exhaustivas donde se prueba la comisión del delito (y llama la atención que en estas averiguaciones no se logre develar la edad de los individuos juzgados).

La comparación entre personas con sentencia condenatoria y agresores captados en registros hospitalarios se muestra en la figura 3.19. Como era de esperarse, los mon-tos de varones condenados son notablemente menores a los de agresores (represen-tan menos de la mitad). También llaman la atención las diferencias en la estructura de las edades 20-34 (la cual también se observa en la comparación incluida en la sección anterior del presente capítulo). En investigaciones futuras será relevante indagar si esta diferencia está relacionada con patrones de denuncia (y no denuncia). Por ejem-plo, una hipótesis plausible podría ser que los varones no procesados y sentenciados en edades entre 30 y 34 años fueran aquellos causantes de lesiones por violencia familiar y cuyas víctimas no los denunciaron (por ser hijas de padres agresores).

Entre las mujeres se observa una notable similitud tanto en montos como en es-tructura por edades. No obstante, como ya se explicó en la sección anterior, estas se-mejanzas no implican que la información estadística refleje adecuadamente el fenó-meno, pues —según los propios porcentajes captados en registros hospitalarios sobre denuncias al Ministerio Público— deberíamos observar un mayor número de agresoras que de mujeres condenadas.


FIGURA3.19

Lesiones dolosas. Distribución según sexo y edad de agresores y personas con sentencia condenatoria, 2009 y 2010

Agresores varones

Agresoras mujeres

Varones con sentencia condenatoria

Mujeres con sentencia condenatoria

Fuente: Secretaría de Salud, Registros de atención hospitalaria por lesiones, 2010, e INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 1,0000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 y más

La estructura por edad y sexo de las personas con sentencia condenatoria sigue casi exactamente a la estructura de aquéllas sujetas a proceso y en formal prisión (figu-ra 3.20). Sólo sus montos difieren, pues las personas condenadas representan cerca de la mitad de las sujetas a proceso. En investigaciones futuras será provechoso analizar a detalle este tipo de información, desagregando por entidades federativas y caracte-rísticas de los delitos y de las personas. Sólo por poner un ejemplo, podrían estudiarse las diferencias entre personas sentenciadas y las sujetas a proceso según sexo, edad y lengua indígena, en las distintas entidades federativas. Este tipo de análisis revelará inercias y diferencias significativas en nuestros procedimientos judiciales, lo cual indi-cará oportunidades de mejora que pueden ser aprovechadas.

Carlos Galindo146

FIGURA3.20

Lesiones dolosas. Distribución según sexo y edad de personas sujetas aproceso y con sentencia condenatoria, 2009 y 2010

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 2,0001,000 1,0000

0-45-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60 y más

Varones sujetos a proceso y en formal prisión

Mujeres sujetas a proceso y en formal prisión

Varones con sentencia condenatoria

Mujeres con sentencia condenatoria


Por otra parte, la diferencia entre los registros en averiguaciones previas y montos de personas con sentencia condenatoria es tan grande que incluso es difícil represen-tarla gráficamente (figura 3.21). Los registros de averiguaciones se mantienen por arri-ba de 150 000 en todos los años; mientras que las personas condenadas nunca suman más de 20 000. Así, el monto de sentencias condenatorias representa siempre menos de 12 % de las averiguaciones previas, y este porcentaje se reduce en años recientes, pasando de 10 % en 2004 a 7 % en 2008.


FIGURA3.21

Golpes y lesiones dolosos. Porcentaje de personas con sentencia condenatoriarespecto a los registros de averiguaciones previas, según año de ocurrencia

Estimaciones propias con base en datos del SESNSP, Incidencia Delictiva y del INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.Fuente:

Personas con sentencia condenatoria

Porcentaje de personas con sentencia condenatoria

Registros enaveriguaciones previas

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

200Miles

180

160

140

120

100

80

60

20

40

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

%

10 11 1110 10 10 10 10 9

97 7

6

4

1

En cuanto al comportamiento por entidad federativa, resaltan los errores ya men-cionados en secciones anteriores (véanse mapa 3.5 y tabla 3.9). Por ejemplo, existen problemas con la información de Campeche, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco. En algunos años, en estas entidades se presentan más personas con sen-tencia condenatoria que registros de averiguaciones previas por el mismo delito de lesiones dolosas.

Los estados con las menores proporciones de personas con sentencia condenatoria son Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán. De entre ellos resaltan Colima, el Estado de México y Morelos, donde las sentencias condenatorias representan menos de 5 % de sus registros de averiguacio-nes previas. Si las cifras que reportan estas entidades reflejan el comportamiento de sus procesos judiciales, se tendría que por cada 20 registros en averiguaciones previas sólo uno (o menos) concluye en una persona condenada por el delito de lesiones dolosas.

En otros estados parecieran mostrarse buenos niveles, sin embargo, después de una revisión rápida resulta inverosímil su comportamiento. Éste es el caso de Nayarit, donde la comparación entre personas condenadas y registros de averiguaciones arroja niveles relativamente altos, pero jamás superiores a la unidad. No obstante, es difícil creer que las sentencias condenatorias representaron 74 % de los registros de averi-guaciones en 2003, y sólo dos años después esta cifra cayera hasta 21 por ciento.

En contraposición, Michoacán y Zacatecas presentan comportamientos más esta-bles. En ambas entidades esta razón se mantiene cercana a 30 % durante todo el perio-do de 1997 a 2007. Cabe señalar que es relevante recordar que esto no significa que los datos de estas entidades estén libres de errores, ni que reflejen adecuadamente el funcionamiento de los procesos judiciales.

Carlos Galindo148


Lesiones dolosas. Razón de personas con sentencia condenatoria entre registros en averiguaciones previas TABLA 3.9

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nacional 0.10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06 0.04 0.01

Aguascalientes 0.18 0.21 0.11 0.15 0.14 0.13 0.15 0.11 0.12 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.01

Baja California 0.06 0.03 0.72 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.03 0.01


Campeche 0.08 0.06 0.07 0.14 0.30 0.43 0.92 1.03 0.67 0.44 0.39 0.57 0.52 0.43 0.01

Coahuila 0.07 0.17 0.05 0.06 0.06 0.08 0.08 0.06 0.15 0.17 0.14 0.19 0.17 0.08 0.02

Colima 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00

Chiapas 0.14 0.18 0.16 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.09 0.06 0.05 0.04 0.02

Chihuahua 0.45 0.46 1.18 1.13 0.93 1.21 1.13 0.81 0.44 0.29 0.25 0.11 0.03 0.04 0.02


Durango 0.15 2.48 0.08 0.06 0.08 0.13 0.23 0.13 0.19 0.19 0.16 0.14 0.09 0.04 0.00

Guanajuato 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.01

Guerrero 0.04 0.04 0.08 0.08 0.09 0.08 0.10 0.10 0.07 0.08 0.05 0.05 0.04 0.02 0.01

Hidalgo 0.10 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.05 0.07 0.07 0.09 0.08 0.07 0.04 0.01

Jalisco 0.12 0.13 0.15 0.13 0.15 0.09 0.10 0.14 0.18 0.20 0.18 0.18 0.16 0.12 0.03

México 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00

Michoacán 0.35 0.31 0.28 0.32 0.30 0.31 0.33 0.37 0.37 0.33 0.28 0.20 0.17 0.19 0.07

Morelos 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00

Nayarit 0.26 0.37 0.47 0.30 0.38 0.67 0.74 0.72 0.21 0.12 0.20 0.44 0.46 0.31 0.04

Nuevo León 0.14 1.29 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01

Oaxaca 0.57 19.64 0.24 0.20 0.21 0.20 0.18 0.17 0.19 0.11 0.12 0.10 0.04 0.01 0.00

Puebla 0.13 0.11 0.10 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.10 0.09 0.08 0.05 0.02 0.00

Querétaro 0.16 0.15 0.16 0.21 0.18 0.22 0.22 0.22 0.24 0.19 0.13 0.14 0.14 0.08 0.00

Quintana Roo 0.18 0.06 0.08 0.08 0.10 0.09 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.00

San Luis Potosí 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.05 0.06 0.09 0.02 0.00

Sinaloa 0.15 0.15 0.16 0.14 0.18 0.15 0.13 0.15 0.16 0.18 0.17 0.20 0.27 0.11 0.06

Sonora 0.10 0.11 0.18 0.18 0.21 0.22 0.23 0.14 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 0.08 0.04

Tabasco 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07 0.06 0.04 0.04 0.06 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01

Tamaulipas 0.33 0.35 0.35 0.33 0.29 0.26 0.25 0.27 0.23 0.20 0.22 0.20 0.16 0.10 0.02

Tlaxcala 0.14 0.21 0.39 0.40 0.41 0.26 0.23 0.26 0.06 0.20 0.19 0.21 0.15 0.05 0.02

Veracruz 0.20 0.21 0.22 0.23 0.22 0.23 0.17 0.11 0.11 0.08 0.07 0.07 0.08 0.03 0.01

Yucatán 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00

Zacatecas 0.40 0.30 0.26 0.26 0.30 0.29 0.30 0.31 0.39 0.37 0.29 0.25 0.17 0.11 0.02

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del SESNSP y del iNEGi.

Carlos Galindo150

En cuanto a la comparación con las personas sujetas a proceso y en formal prisión, los individuos con sentencia condenatoria presentan montos mucho más cercanos y con un comportamiento más regular (figura 3.22). No obstante, el hecho de que no se tengan cifras muy similares entre ambas series de datos, se debe a múltiples factores tales como tiempos procesales, sentencias absolutorias, etcétera. En particular, debido a la tardanza en los procesos judiciales esta diferencia aumenta con el paso del tiempo. Entre 1998 y 2001 se tuvieron poco más de 70 % de sentencias condenatorias respec-to del total de personas sujetas a proceso y en formal prisión. Esta proporción se redujo hasta llegar a 61 % en 2008 y 56 % en 2009.

FIGURA3.22

Golpes y lesiones dolosos. Porcentaje de personas con sentencia condenatoriarespecto a sujetos a proceso y a formal prisión, según año de ocurrencia.

Elaboración propia con base en datos del INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.Fuente:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

30Miles

25

20

15

10

5

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

%

Personas con sentencia condenatoria

Porcentaje de personas con sentencia condenatoria

Sujetos a proceso y formal prisión

7773 74

71 71 70 69 6865 64 63 61

56

47

21

Al desagregar la información por entidad federativa, se revelan nuevos errores en los datos. Por ejemplo, Michoacán parecía contar con series de datos relativamente estables y con valores no tan cuestionables. Sin embargo, resulta que en Michoacán se tuvieron más personas condenadas que sujetas a proceso (como si se hubieran sen-tenciado más individuos que los que se hubieran juzgado por lesiones dolosas según el año de ocurrencia del delito). Esto no debería suceder, pues antes de ser condenada, una persona debe ser procesada judicialmente. Nayarit, Chiapas y Tamaulipas presen-tan este mismo problema en varios de años.

Es indispensable que las entidades donde se tienen más personas sentenciadas que procesadas revisen a detalle su información y, de ser esta correcta, sería urgente una revisión a fondo de sus procedimientos judiciales (pues tendrían muchos casos de personas sentenciadas sin haber sido juzgadas).


Los estados con los niveles más bajos son Coahuila, Guerrero, Estado de México, Morelos, Querétaro y Yucatán. Entre ellos resalta Coahuila por sus bajos valores. Si los datos que reporta esta entidad reflejan adecuadamente sus procesos judiciales, se tie-ne que, en algunos años, por cada diez individuos sujetos a proceso sólo tres obtienen sentencia condenatoria. En tanto que en el Estado de México esta proporción es de diez a cuatro personas.

También es indispensable que las entidades federativas con razones demasiado bajas revisen a detalle su información. Pues si ésta es correcta, se tendrían una elevada proporción de personas sujetas a proceso y en formal prisión cuyos juicios se alargan demasiado y no se les dicta sentencia con prontitud. Es decir, serían entidades donde se abusa de la llamada prisión preventiva y no se expedita la resolución de sus juicios.

Carlos Galindo152

Lesiones dolosas. Razón de personas con sentencia condenatoria entre procesados (formal prisión y sujetos a proceso)

TABLA 3.10

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nacional 0.77 0.73 0.74 0.71 0.71 0.70 0.69 0.68 0.65 0.64 0.63 0.61 0.56 0.46 0.20

Aguascalientes 0.66 0.63 0.64 0.63 0.71 0.57 0.57 0.48 0.54 0.43 0.43 0.41 0.43 0.34 0.15

Baja California 1.08 0.83 0.86 0.80 0.69 0.73 0.70 0.66 0.66 0.56 0.53 0.62 0.56 0.63 0.31


Campeche 0.69 0.55 0.54 0.57 0.56 0.53 0.65 0.56 0.51 0.53 0.31 0.46 0.38 0.29 0.02

Coahuila 0.28 0.23 0.26 0.53 0.58 0.76 0.53 0.32 0.30 0.29 0.29 0.38 0.46 0.39 0.26

Colima 0.84 0.76 0.86 0.70 0.66 0.72 0.53 0.60 0.53 0.44 0.49 0.50 0.47 0.27 0.12

Chiapas 0.95 0.83 0.87 0.91 1.01 0.87 0.94 0.86 0.88 0.89 1.00 1.00 0.80 0.73 0.40

Chihuahua 0.72 0.66 0.71 0.62 0.56 0.60 0.53 0.48 0.45 0.44 0.44 0.37 0.14 0.13 0.07


Durango 0.86 0.92 0.80 0.73 0.95 0.86 0.96 0.91 0.89 0.80 0.61 0.66 0.49 0.40 0.08

Guanajuato 0.87 0.80 0.83 0.86 0.70 0.68 0.62 0.82 0.56 0.60 0.69 0.67 0.69 0.70 0.27

Guerrero 0.52 0.60 0.66 0.60 0.58 0.50 0.47 0.34 0.33 0.37 0.33 0.38 0.29 0.13 0.07

Hidalgo 0.78 0.63 0.72 0.61 0.60 0.65 0.64 0.65 0.73 0.77 0.78 0.83 0.72 0.53 0.10

Jalisco 0.76 0.71 0.77 0.72 0.75 0.78 0.80 0.81 0.79 0.83 0.76 0.74 0.67 0.59 0.28

México 0.54 0.46 0.41 0.34 0.41 0.44 0.42 0.39 0.41 0.43 0.42 0.35 0.31 0.26 0.16

Michoacán 1.06 0.93 0.97 1.03 1.09 0.98 1.07 0.97 1.03 1.02 1.09 1.00 0.91 0.87 0.40

Morelos 0.47 0.41 0.65 0.63 0.52 0.60 0.44 0.51 0.35 0.47 0.52 0.54 0.30 0.42 0.04

Nayarit 1.01 0.95 0.95 0.93 1.05 1.11 0.92 0.84 0.71 0.74 0.65 0.68 0.70 0.38 0.09

Nuevo León 0.65 0.56 0.61 0.48 0.62 0.57 0.63 0.55 0.49 0.51 0.42 0.47 0.36 0.31 0.09

Oaxaca 0.94 0.84 0.80 0.72 0.78 0.69 0.73 0.70 0.70 0.62 0.53 0.44 0.34 0.14 0.03

Puebla 0.94 0.86 0.86 0.94 0.83 0.83 0.93 0.86 0.81 0.81 0.77 0.70 0.62 0.41 0.11

Querétaro 0.65 0.56 0.57 0.57 0.45 0.44 0.42 0.41 0.40 0.34 0.28 0.27 0.26 0.19 0.03

Quintana Roo 0.81 0.80 0.82 0.68 0.59 0.62 0.60 0.55 0.54 0.44 0.55 0.47 0.33 0.26 0.07

San Luis Potosí 0.58 0.63 0.71 0.69 0.71 0.72 0.66 0.67 0.66 0.69 0.68 0.64 0.53 0.40 0.05

Sinaloa 0.66 0.76 0.75 0.73 0.86 0.77 0.67 0.76 0.78 0.73 0.61 0.64 0.43 0.33 0.23

Sonora 0.83 0.78 0.91 0.84 0.77 0.74 0.78 0.71 0.63 0.73 0.85 0.69 0.73 0.67 0.30

Tabasco 0.87 0.78 0.78 0.79 0.72 0.61 0.53 0.54 0.52 0.44 0.44 0.41 0.45 0.41 0.23

Tamaulipas 1.03 1.00 1.06 0.98 0.95 0.91 0.96 1.00 0.83 0.76 0.77 0.72 0.67 0.68 0.46

Tlaxcala 0.68 0.80 0.86 0.73 0.61 0.50 0.49 0.62 0.67 0.64 0.70 0.60 0.44 0.27 0.14

Veracruz 0.85 0.82 0.83 0.76 0.77 0.75 0.63 0.65 0.60 0.57 0.57 0.54 0.55 0.36 0.07

Yucatán 0.78 0.73 0.66 0.60 0.54 0.61 0.60 0.48 0.53 0.51 0.53 0.45 0.48 0.36 0.13

Zacatecas 0.74 0.78 0.78 0.83 0.81 0.75 0.83 0.76 0.79 0.84 0.73 0.66 0.59 0.49 0.25

Fuente: Estimaciones propias con base en datos del SESNSP y del iNEGi.


3.6 Recomendaciones

A lo largo del presente capítulo se han mostrado diversos problemas con el manejo de la información existente al respecto. Estos problemas son tan graves que impiden analizar adecuadamente el fenómeno de las lesiones dolosas (y de todos los delitos en general). Por ello, es urgente que a nivel nacional y estatal se implementen meca-nismos eficientes de recolección de información oportuna y con estándares mínimos de calidad. Esta recomendación se extiende para todos los momentos de registro del delito: denuncia, proceso judicial y sentencia. Es de suma importancia que los datos permitanrealizar análisis longitudinales, desde la denuncia de los delitos hasta su sen-tencia, lo cual haría posible evaluar la actuación de nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia.

Es difícil esbozar recomendaciones específicas para la captación de información sobre lesiones dolosas, pues al revisar los demás capítulos del presente libro resulta evidente que se tienen problemas generales. Es decir, los problemas actuales en mate-ria de información tienen que ver con el funcionamiento general de los mecanismos de captación, registro, organización y colaboración entre agencias y dependencias. Por lo tanto, a fin de resolver estos problemas se tienen, desde hace muchos años, recomen-daciones internacionales en materia de sistemas de información como, por ejemplo, el Manual para la Elaboración de un Sistema de Estadísticas sobre Justicia Penal, de la División de Estadística de Naciones Unidas.16

En otras palabras, se requiere terminar de estructurar un sistema de información oportuno y eficiente. Cabe señalar que ya se han dado los primeros pasos con la crea-ción del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (y su Comité Ejecu-tivo de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia), así como con la confor-mación del SESNSP. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer.

Por ejemplo, en cuanto a registros policiales, la Organización de las Naciones Uni-das (ONU)17 recomienda la recolección de información mediante formularios (segura-mente varias policías estatales y municipales ya siguen estas recomendaciones pero es importante que lo hagan todas las corporaciones policiales). El formulario debe incluir espacios para enumerar datos acerca de los supuestos delincuentes, pero también so-bre las víctimas, tales como edad, sexo, relación con el delincuente y la gravedad de las lesiones al momento del incidente.

Asimismo, se debe recolectar información respecto al tipo de arma presente al momento del incidente, así como el consumo de alcohol o drogas por parte de los involucrados. Esta información debería estar asociada al delito en todo momento del proceso judicial, esto es, que se tuvieran disponibles los datos básicos para los regis-tros de personas sujetas a proceso y sentenciadas (cuidando la confidencialidad de la información, claro está). Pero desgraciadamente esto aún no ocurre así.

16 ONU, “Manual para la Elaboración de un Sistema de Estadísticas sobre Justicia Penal”.17 Idem.

Carlos Galindo154

Contar con este tipo de información es relevante, pues diversos investigadores han reportado asociaciones significativas entre el alcohol y la comisión de hechos vio-lentos.18 En muchos estudios de casos de robos, violaciones, asaltos e intentos de ho-micidio, se ha encontrado que al menos uno de los protagonistas —ya sea la víctima o el agresor‚— había consumido alcohol.19 No es necesario discutir la importancia de contar con datos acerca de las armas utilizadas, pero esta información no está dispo-nible en todas las fuentes usadas en el presente trabajo, algunas incluyen datos sobre armas y otras de alcohol y drogas, pero hasta el momento es imposible hacer análisis longitudinales detallados.

Todo lo anterior sería posible si en el país se siguiera una de las recomendaciones más básicas de la ONU. Más aún, en los registros policiales debería consignarse un Nú-mero de Expediente Integrado (NEI) por cada delincuente:

Como parte de un programa de estadísticas por registros individuales de base personal, el número de expediente integrado es un identificador singular asignado a cada delincuente que ingresa en el sistema de justicia penal. La finalidad del NEI es crear un número de expediente general que puedan utilizar la policía, los tribunales y el sistema carcelario para seguir a cada delincuente en los diversos componentes del sistema de justicia. Para que funcione adecuadamente es preciso que se llegue a un acuerdo entre los distintos componentes del sistema acerca de las especificaciones técnicas y operacionales de este campo. Sin embargo, como la policía es el punto de contacto inicial con el sistema, corresponde a la policía asignar ese identificador. Una vez determinado, ese identificador permitirá registrar los vínculos en todo el sistema de justicia penal y creará un poderoso instrumento analítico para la comprensión del movimiento de los delincuentes en las distintas partes del sistema.20

Existen más recomendaciones y propuestas internacionales en materia de información so-bre delitos. Incluso existen esfuerzos latinoamericanos en los que México debería involucrarse. Por ejemplo, el Sistema Regional de Indicadores de Seguridad Ciudadana, desarrollado por el Instituto Cisalva,21 en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero no es pertinente desviar la atención de la recomendación que México debería cumplir con mayor ur-gencia: la implementación del Número de Expediente Integrado.

18 Guilherme Borges et al., “Consumo de bebidas alcohólicas en pacientes de los servicios de urgencias de la ciudad de Pachuca, Hidalgo”, pp. 3-11; Alfredo Celis y Norma Valencia, “Traumatismos y envenenamientos en Jalisco. Un estudio a partir de autopsias”, pp. 77-87; Everett Koop y George Lundbeg, “Violence in America: A Public Health Emergency”, pp. 3075-76.19 Robin Room, “Region and Urbanization as Factors in Drinking Practices and Problems”; Richard Rada, Clinical Aspects of the Rapist; Diana Scully y Joseph Marolla, “Rape and Vocabularies of Motive: Alternative Perspectives”.20 ONU, “Manual para la Elaboración…”, op. cit., p. 64.21 Instituto Cisalva, Sistema Regional de Indicadores de Convivencia y Seguridad Ciudadana.


Finalmente, sólo resta recordar la importancia de recolectar datos acerca de las víctimas. En este sentido, se ha dado un primer paso de gran relevancia a través de los registros de atención hospitalaria. Es necesario lograr el pleno funcionamiento de este sistema de información, darle seguimiento y fortalecerlo, pues sólo con verdaderas series estadísticas de esta índole se podrá rastrear y evaluar la incidencia del delito.

Capítulo 4

Delitos de robo en México:

Tendencias de la incidencia

Juan Carlos Hernández • Landy Sánchez Peña

4.1 Introducción

La modernización de las sociedades latinoamericanas en las últimas décadas se puede enmarcar en diversos procesos de transición que han originado rá-pidas transformaciones en los planos social, cultural y político. La apertura comercial, la redefinición del papel del Estado, los cambios en los patrones demográficos, la urbanización, el desarrollo tecnológico y la transición demo-crática, por mencionar los más relevantes, conforman un nuevo mosaico de situaciones y contextos socioeconómicos distintos a los que caracterizaron las décadas de los años sesenta y setenta. El cambio en la orientación de las políticas públicas, la reducción en el papel del Estado como rector de la eco-nomía, la descentralización y la apertura económica al exterior, han tenido poco éxito en lograr abatir los niveles de desigualdad imperantes, lo que ha aumentado las brechas sociales, y afectado la posibilidad de que la mayoría de la población alcance niveles similares de universalidad, solidaridad e inte-gralidad, por lo que persisten la inequidad y la desigualdad sociales.

En este contexto, desde la década de los años noventa, el aumento de los delitos y la violencia surgen como una de las problemáticas de mayor impac-to en los países de la región. Los delitos de robo, en sus diversas modalida-des, son los más frecuentes en el contexto mexicano y tienen impacto no sólo sobre el patrimonio de la población, sino también sobre la percepción sobre seguridad y bienestar de los ciudadanos, precisamente por la frecuencia con la que ocurren y la forma en la que se cometen. De manera particular, en los últimos años se ha incrementado el grado de violencia por el uso de armas de fuego, asociado con otros delitos, cuyas consecuencias van de las lesiones a los homicidios. Por otra parte, el robo además de representar una pérdida del patrimonio de la víctima, también implica diversos costos económicos y sociales, entre los que se encuentran aquellos derivados de una mayor inver-sión en los aparatos policiaco y jurídico para la persecución y sanción de los

Juan Carlos Hernández • Landy Sánchez Peña 158

delitos; gastos derivados en seguridad privada, pérdidas de horas-hombre, erogacio-nes por seguros y la cobertura de los gastos médicos en caso de robos violentos, así como la reparación a la propiedad, entre otros.

Este capítulo examina la evolución temporal y la distribución geográfica de los de-litos de robo en México, para tratar de entender, por un lado, qué tendencias muestran los datos existentes y, por el otro, se aborda la calidad de las estadísticas sobre los deli-tos de robo. En un primer apartado se examinan brevemente los estudios realizados en México sobre este tipo de delitos. Posteriormente se presentan las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de robo y se plantea una discusión de hasta dónde se siguen éstas en el contexto mexicano. En seguida se analiza cómo ha evolucionado la incidencia de los robos, su distribución en el territorio y se hace una aproximación a la cifra negra de este delito. En una cuarta sección se retoma la metodología de indica-dores de la matriz de concentración espacio-temporal, mismos que permiten examinar la utilidad de las estadísticas disponibles y los procesos mismos de procuración y ad-ministración de justicia; parámetros que ofrecen una aproximación a la eficiencia en la persecución y condena de este tipo de delito.

En el desarrollo de los contenidos del capítulo se emplearon diversas fuentes de datos: a) la serie sobre delitos del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), empleada para analizar la evolución en el tiem-po de los robos a nivel estatal entre 1997 y 2011; b) los datos de denuncias de robo de los Anuarios Estadísticos de las 32 entidades federativas publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para analizar la distribución geográfica de los robos se usa I; c) la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguri-dad Pública (ENVIPE) 2011, realizada por el INEGI, a fin de considerar la tasa de denuncias; y d) las Estadísticas Judiciales en Materia Penal publicadas por el INEGI para los 32 esta-dos de la República, para el análisis de la eficiencia en la sanción de este tipo de delito.

4.2 Estudios sobre el delito de robo en México

El robo, en su concepción genérica, es el acto de “quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno”,1 desde el punto de vista jurídico el robo es “el acto de quitar o tomar con violencia o fuerza la cosa ajena… en el robo no sólo se priva al dueño de lo que le pertenece, como en el hurto, sino que además se atenta a su tranquilidad intimidándole con armas o amenazas…”.2 González de la Vega3 considera que los elementos que se de-rivan de la definición legal de robo incluyen: a) el apoderamiento, lo cual significa que se tome posesión de una cosa, acto que debe ser ilícito y no consentido; b) que el bien ilíci-tamente apropiado sea un mueble, esto es, un objeto que se pueda trasladar de un lugar a otro, o un objeto que así sea determinado por la ley (las obligaciones y los derechos o

1 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.2 Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia.3 Francisco González, Derecho penal mexicano.

Delitos de robo en México: tendencias de la incidencia 159

acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal); c) la cosa apropiada debe ser ajena, es decir, el objeto tiene que pertenecer al sujeto de quien se extrae la propiedad y no ser un bien abandonado; d) finalmente, se considera que el apoderamiento debe realizarse sin el consentimiento de la persona que dispone de la cosa y llevarse contra la voluntad libre o expresa de la persona ofendida o con el empleo de violencia física o moral. Esta última particularidad da lugar a su caracte-rización como robo cometido con violencia, que implica para la víctima la disminución de su seguridad o libertad individual (por amenazas o constreñimiento) o de su integridad física (lesiones u homicidio). En cambio, el robo sin violencia es aquel donde se emplea la fuerza para acceder al bien u objeto, como la fractura de muebles u objetos sellados o el forzamiento de cerraduras o dispositivos de seguridad. Esta diferencia entre robos con y sin violencia es central tanto en las estadísticas sobre este delito como en los estudios y explicaciones sobre el mismo.

Pese a la alta incidencia del delito de robo en México, existen pocos estudios so-bre el tema, tanto de la evolución histórica de sus tendencias como de sus patrones de ocurrencia, consecuencias económicas o perfil de las víctimas y los victimarios. Lo anterior se debe a que hasta hace poco la homogeneidad en las fuentes de informa-ción era insuficiente, además de que no se encontraban centralizadas, por lo que se dificultaba su análisis. Sin embargo, esta limitante ha venido superándose de manera reciente, por lo que se espera en los años próximos aumente de manera importante el número de investigaciones sobre la materia. Este libro busca hacer una contribución en este sentido.

Los trabajos sobre el tema existentes en México pueden clasificarse en tres cate-gorías 1) los que discuten la naturaleza jurídica del delito de robo, 2) los que analizan las tendencias históricas de las cifras del delito y, 3) aquellos que analizan sus patrones y posibles causas. En el primer tipo se encuentran aquellos trabajos que examinan la tipificación del delito de robo en los códigos penales, enfocándose fundamentalmente a discutir los vacíos legales en la materia, o bien, las modificaciones necesarias para una adecuada y expedita justicia. De manera excepcional algunos trabajos revisan el proceso judicial mismo, enfocándose en cómo sentencian los jueces, qué tipo de prue-bas son más frecuentemente utilizadas, cuáles tienen mayor peso en la condena de los sentenciados y el peso decisivo del Ministerio Público en la integración del expediente y la resolución del caso.4 El artículo de Pásara analiza principalmente expedientes de procesos judiciales consignados por delitos de robo, 85 % de los expedientes que se analizan en el Distrito Federal corresponden a este tipo de delitos, y las conclusiones de su investigación cualitativa coinciden con los hallazgos de Bergman et al.5 basados en el análisis de una muestra estadística de expedientes judiciales de la misma enti-dad. Estas dos investigaciones coinciden en cuatro elementos clave: a) la carencia de pruebas periciales en contraposición con el peso de las pruebas testimoniales como

4 Luis Pásara, “Cómo sentencian los jueces del D.F. en materia penal”.5 Marcelo Bergman et al., Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional. Resultados de la encuesta a población en reclusión en tres entidades de la República Mexicana: Distrito Federal, Morelos y Estado de México.


elementos condenatorios; b) el gran peso de los agencias del Ministerio Público du-rante el proceso judicial en contraste con un papel relativamente pasivo de los jueces; c) “La población sentenciada por delitos patrimoniales es, en su mayoría, responsable de robos de baja cuantía […] en los centros penitenciarios […] no se encuentran los de-lincuentes más peligrosos, sino […] un gran número de pobres”;6 d) el alto volumen de sentencias condenatorias en México parece obedecer más a deficiencias en el proceso judicial, así como a una selección de los casos que se consignan, más que a la fortaleza de los expedientes presentados.7. Si bien estas conclusiones pueden aplicar para un conjunto de delitos, la evidencia empírica recopilada sobre los delitos de robo por estos estudios muestra la necesidad de contar con un mayor número de indicadores sobre el proceso judicial mismo, los cuales permitirían monitorear avances en la impar-tición de justicia.

Un segundo tipo de trabajos, realizado principalmente por instituciones públicas, ha dado cuenta de la evolución de los delitos de robo en México. Además de los re-portes elaborados por INEGI que se detallan en otro capítulo de este libro, se pueden encontrar los Cuadernos del ICESI, en particular el número 8, “Victimización, incidencia y cifra negra en México”,8 así como el “Estudio general sobre el robo de vehículos”. El primero ofrece un panorama general sobre las víctimas del delito en México con base en la Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) 2007 y 2008, y una estimación sobre la cifra negra para los distintos tipos de delitos. Los datos del reporte muestran la alta prevalencia del robo entre víctimas de la población adulta en México, en comparación con otros delitos, especialmente robo a transeúntes, de autopartes y de refacciones.9 Este mismo trabajo señala que en 2008, del total nacional de los delitos, sólo se de-nunció 22 %. De igual forma los datos de la ENSI destacan que mientras más alto es el monto de lo robado, mayores son las posibilidades de denunciarlo: cuando el robo fue entre 500 y 1 000 pesos, sólo 10 % de los delitos se denunciaron, pero cuando el mon-to alcanzó entre 25 y 30 mil pesos, el número de denuncias aumentó a 68 %.10 Jiménez Ornelas11 ofrece un trabajo sobre victimización y cifra negra para el Distrito Federal en el año 2000 con datos de la Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, el cual coincide con las tendencias antes mencionadas sobre la alta tasa de prevalencia de robos, así como la baja tasa de denuncia ante el Ministerio Público.

Por último, un tercer grupo de trabajos ha buscado dar cuenta de las configura-ciones espaciales y temporales así como explorar las causas de los delitos de robo en México. Vilalta12 busca predecir los niveles de robos a partir de la dinámica poblacional y la marginación, el control y capital social, así como la localización y oportunidad cri-

6 Ibid., p. 40.7 M. Bergman et al., Delincuencia…, op. cit.; L. Pásara, op. cit.8 ICESI, “Victimización, incidencia y cifra negra en México”.9 Ibid., p. 37.10 Ibid., p. 80.11 René Jiménez, La cifra negra de la delincuencia en México: sistema de encuestas sobre victimización.12 Carlos Vilalta, “Los factores de la violencia durante el delito en México: armas de fuego, momentos del día y experiencia criminal”.


minal en los municipios y delegaciones de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El hallazgo fundamental del autor es que la incidencia de robos está asociada con áreas de alta actividad comercial y baja marginación. A decir del autor, lo anterior sugiere que este delito no es espontáneo, sino planeado en aquellos lugares donde hay bienes y oportunidades para que ocurran. Adicionalmente, el autor argumenta que si bien en otros contextos se ha detectado una asociación entre robos y pobreza, la relación opuesta que él encuentra puede expresar la abundancia de transacciones y recursos que ocurren en zonas de baja marginación.13 En un segundo trabajo, Vilalta14 analiza el patrón espacial y temporal del robo de vehículos en la ciudad de México, con estadísticas de las averiguaciones previas sobre delitos de robo de vehículos (delega-ción y sector policial) y de detenciones (sector policial). En el mismo texto, para el caso de las delegaciones, Vilalta encuentra un patrón de concentración espacial e identifica clústeres locales aunque las unidades donde se concentran varían por tipo de delito (con y sin violencia), así como por denuncias comparadas con las detenciones. Sin em-bargo, a nivel de sector policial, Vilalta no encuentra un patrón espacial global de agru-pamiento de las detenciones, es decir, que éstas se distribuyen uniformemente. Sin embargo, el autor sí identifica clústeres de valores similares y disímiles en su número de detenciones. Este mismo trabajo muestra que el delito de robo de vehículo tiene un patrón temporal relativamente invariable si se consideran las series mensuales o anuales; no obstante, si se consideran las estadísticas diarias, entonces sí es posible observar días de la semana con una mayor incidencia, así como las delegaciones donde esto sucede con regularidad. A decir del autor, la identificación del patrón espacial y temporal podría ayudar a diseñar políticas más eficaces.15

4.3 Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de robo

Diversos organismos internacionales y estudios especializados en el tema han hecho recomendaciones para mejorar la calidad de la información recolectada respecto a los delitos de robo, así como sobre las estadísticas publicadas. En esta sección presenta-mos un breve recorrido sobre estas recomendaciones, para después evaluar hasta qué punto se siguen en México de acuerdo con la información existente y dar cuenta de la calidad de los datos sobre este delito en el país.

En el ámbito internacional existe un consenso acerca de la dificultad para registrar los delitos contra la propiedad, debido a las múltiples clasificaciones e incluso defini-ciones de lo que constituye este delito (objeto, modalidades y agravantes),16 y la coo-currencia con otros delitos (lesiones, por ejemplo). Las diferencias en la clasificación dificultan la comparación entre los estados y en el tiempo, así como la comparación de

13 Ibid., p. 72.14 C. Vilalta, “El robo de vehículos en la ciudad de México. Patrones espaciales y series de tiempo”.15 Ibid., pp. 133-134.16 Lucía Dammert et al., Crimen e inseguridad: indicadores para las Américas.


México con otros países, excepto cuando se trata de robos muy claramente definidos, por ejemplo en el caso de vehículos.

Sin embargo, existe la posibilidad de mejorar las estadísticas de delitos de robo:

1. Un primer elemento central es la claridad en la definición de cada uno de los tipos de

delitos de robo, lo que permite hacer evidente y transparente las categorías que se busca

medir. En particular, se recomienda que las categorías empleadas sean exhaustivas, es-

tructuradas jerárquicamente, mutuamente excluyentes y suficientemente descriptivas.17

2. Para lograr lo anterior se recomienda tener un manual de registro de delitos, con for-

matos estandarizados para propósitos de estadísticos. Los formatos se deben ajustar a

las distintas fases del sistema de justicia penal, pero compartir categorías y definiciones

comunes.18

3. Dada la diversidad de categorías de robos, en este tipo de delitos es fundamental el re-

gistro de la información en el momento en que se levanta la denuncia; por lo que el papel

del oficial de policía que registra la denuncia es fundamental para asegurar su calidad.19

Estos servidores públicos deben entonces estar capacitados para lograr un registro ade-

cuado en los formatos correctos, con la finalidad de captar la mayor información posible

sobre el evento, la víctima y el presunto delincuente.

4. Los registros deben permitir una desagregación de subcategorías de robo, precisamente

para dar cuenta de la diversidad de formas en las que este delito se presenta. Los siste-

mas de estadística deben proveer información desagregada, a fin de que las autoridades

o los estudios independientes puedan agruparla de acuerdo con sus necesidades espe-

cíficas.

5. Además, dicha desagregación debe ser consistente a lo largo de todo el proceso estadís-

tico del sistema judicial. Por ejemplo, si es posible distinguir robos con violencia en las

encuestas de victimización y en las denuncias ante el Ministerio Público, también debe

ser posible saber si alguien fue sentenciado por un robo con violencia.

6. En el ámbito internacional también se recomienda contar con información sociodemográ-

fica sobre las personas consignadas y sujetas a proceso por algún delito. Se debe incluir

sexo, edad, condición migratoria; datos sobre el estrato socioeconómico y el grupo étnico

al que pertenece el presunto delincuente, así como de la relación entre la víctima y el

agresor.20 En México, esta información no se reporta en las averiguaciones previas y se

recaba sólo cuando los presuntos delincuentes están sujetos a proceso.

Si consideramos las estadísticas mexicanas a la luz de las recomendaciones in-ternacionales, encontramos claroscuros en la información sobre delitos de robo. Por un lado, en años recientes se ha hecho un esfuerzo por homologar y estandarizar la

17 UNODC/UNECE, Principles and Framework for an International Classification of Crimes for Statistical Purposes.18 ONU, “Manual para la Elaboración de un Sistema de Estadísticas sobre Justicia Penal”.19 L. Dammert et al., Crimen e inseguridad…, op. cit., p. 59.20 UNODC, Development of Monitoring Instruments for Judicial and Law Enforcement Institutions in the Western Balkans, Developing Standards in Justice and Home Affairs Statistics. International and EU Acquis.


información recolectada en los estados, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de la información. Sin embargo, como evidencian los indicadores analizados en la sección 4.5, la información muestra inconsistencias en su compilación a lo largo del proceso ju-dicial; en la figura 4.1 se muestra el proceso de compilación de estadísticas de robo en México, siguiendo el modelo de Dammert et al.21 En la misma figura es posible apreciar que las encuestas de victimización en México, de acuerdo con la ENVIPE 2011, colectan información sobre posibles delitos de robo y las categorías utilizadas son generales; de hecho, en la encuesta se pregunta por robo total de vehículos, accesorios, refac-ciones o herramientas; robos a casa habitación, robo o transeúntes o en el transporte público, y otro tipo de robos. La ENVIPE recupera información que permite también dis-tinguir entre delitos violentos y no violentos. No obstante, en México no tenemos una fuente específica acerca del número de denuncias, sino que estas se estiman a partir de las encuestas de victimización, lo que permite clasificar las denuncias de robo en las mismas categorías en las que se declara la ocurrencia de los eventos, aun cuando las denuncias registradas por el Ministerio Público no utilicen esas mismas categorías como se muestra a continuación.

En la figura 4.1 se detalla que la siguiente fuente de información son las averigua-ciones previas iniciadas por el Ministerio Público, que emplea una clasificación también de grandes categorías pero distinta a la utilizada en las encuestas de victimización. El Ministerio Público clasifica en categorías como robo común, robo bancario, robo a negocios, robo a transeúnte y robos cometidos con y sin violencia. De ahí que entre las encuestas de victimización y las estadísticas del Ministerio Público sólo se puedan comparar los rubros referentes a robos con y sin violencia, o en una categoría muy específica como robos de vehículos, aunque no se puede dar seguimiento a las otras categorías del delito.

Otra limitante de las estadísticas mexicanas es que no hay información sobre las denuncias que no proceden. Si bien es cierto que es posible estimar cuántas averi-guaciones previas por robo terminan en una sentencia y, consecuentemente, obtener cuántas fueron descartadas, esto no permite evaluar la información acerca de las razo-nes de improcedencia de las denuncias. De manera reciente, a nivel federal se han pro-ducido estadísticas al respecto, pero éstas tampoco están desagregadas por delito, ni muestran indicadores a nivel estatal. De igual forma, la figura 4.1 permite observar que la información acerca de personas sujetas a proceso o con sentencias condenatorias no considera la categoría particular del robo por el cual están siendo procesadas, sola-mente se incluye la información general del delito. En los últimos años, las estadísticas judiciales distinguen entre robo de vehículos y otros tipos, pero esta información sigue siendo todavía muy general para permitir un análisis sobre la evolución del delito y el diseño de políticas públicas acordes. Adicionalmente, dado que sólo en esta instancia se reportan características sociodemográficas del presunto delincuente, el no contar con información sobre el tipo de delitos de robo limita la utilidad de esta información.

21 L. Dammert et al., Crimen e inseguridad…, op. cit., p. 59.


En general, es posible apreciar la falta de consistencia en las definiciones y subca-tegorías de las estadísticas de los delitos de robo a lo largo del proceso judicial, lo cual sugeriría que un mayor esfuerzo a futuro podría consistir en la homologación de esas categorías y en la integración de las fuentes, así como en generar mecanismos de veri-ficación y supervisión de calidad de la información a lo largo de las distintas instancias que intervienen en el proceso. Específicamente, en el caso del delito del robo, también es necesario poder distinguir las categorías de robo que se imputan durante el proceso de juicio y sentencia, así como identificar el objeto del daño.

FIGURA4.1

Información sobre el robo según las fuentes de información empleadas por la estadística mexicana

Delitos estimados

Delitos registrados

Causas ingresadas

Causas terminadas

Tipo detérmino

Sentenciascondenatorias

Reclusos

Delitos. Encuestas de victimización. Delitos por

grandes categorías

No existen estadísticas sobre las denuncias

que no proceden

Personas sujetas a proceso por delito de robo. No permiten

distinguir por categoría del delito

Sentencia condenatoria por robo. No permiten distinguir por

categoría del delito

Denuncias. Encuestas de victimización.

Delitos por grandes categorías

Averiguaciones. Ministerio Público.Delitos por grandes categorías

Dimensiones

Adicionalmente, es necesario avanzar sobre el registro del daño asociado a los delitos de robo. Mientras las encuestas de victimización incluyen información sobre los tipos de daño (a la propiedad, emocional y físico), en los otros sistemas de estadísticas no se recupera información sobre este rubro, o en todo caso la información es limitada. Por ejemplo, en las estadísticas de averiguaciones previas se conoce sólo parcialmente el objeto del robo —vehículo, casa habitación, etc.— pero no se cuenta con informa-ción acerca de los montos u otros daños asociados para estimar el impacto social de este tipo de delitos.

Otra área de la generación de estadísticas del delito de robo donde se pueden ge-nerar avances es en la construcción y difusión de datos sobre la ocurrencia de eventos georreferenciados a escalas pequeñas (por ejemplo, a nivel manzana), lo que facilitaría la identificación de patrones espacio-temporales que permitirían comprender mejor las causas de estos delitos, pero también podrían funcionar como indicadores de efica-cia de políticas territoriales de seguridad.


4.4 Tendencias y características del robo

En México, el incremento de los delitos y la violencia se ha convertido en un tema preocupante, que tiene un lugar importante en la agenda pública de los distintos nive-les de gobierno. La evolución de la criminalidad, organizada y no organizada, y las for-mas de combate al delito se han instalado en el debate público en los últimos años. El aumento de los robos, particularmente los cometidos con violencia, con uso de armas y asociados con otros tipos de delitos, como el secuestro, las lesiones o el homicidio, han impactado fuertemente en la vida pública y en la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad pública.

Este apartado pone de relieve algunas de las principales tendencias y caracte-rísticas del robo, en sus distintas modalidades, en el periodo que va de 2007 a 2011. El robo representa la mayor proporción de trasgresiones en el país, con casi 50 % del total de delitos del fuero común cometidos en 2010. Sin embargo, bajo este concepto general se encuentran distintas modalidades que abarcan desde el robo a transeúntes, negocios, casas habitación, transportes o el robo de vehículos, hasta aquellos contra bancos u otros comercios, perpetrados con o sin violencia. Esta diferencia en los dis-tintos tipos de delitos, presenta algunas implicaciones en términos de la cuantificación de las denuncias. Por ejemplo, ciertas modalidades como el robo de automóviles, a transportes o negocios son más reportadas, por sus implicaciones legales, financieras o de seguros, mientras que el robo a transeúnte o en transporte público tiene un menor número de reportes. Por ello, para el primer grupo de delitos la denominada cifra negra (número de delitos no denunciados) disminuirá con respecto a otros tipos de robo. No obstante, el número de denuncias puede dar una idea de las tendencias que presentan los delitos y han permitido la fundamentación de políticas en seguridad pública a nivel federal y local.

4.4.1 Delitos de roboUna aproximación al número total de delitos de robo y, consecuentemente, a la cifra negra de este delito se obtiene de las encuestas de victimización. En México, el INEGI

realiza la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que da continuidad a las Encuestas Nacionales sobre Inseguridad (ENSI), pero amplía los temas tratados y la cobertura geográfica. A partir de la información recopi-lada en hogares, la ENVIPE busca estimar tanto el número y tipo de delitos cometidos como las víctimas de los mismos y sus características socioeconómicas. La encuesta también obtiene información sobre cuántos de los delitos son denunciados, la percep-ción de los encuestados sobre la seguridad y su grado de confianza en las institucio-nes. La muestra de la ENVIPE permite hacer estimaciones a nivel nacional, estatal y para las 17 zonas metropolitanas de México.

Una primera aproximación a los resultados de la ENVIPE, a partir del procesamiento hecho por el INEGI, permite observar la prevalencia de los delitos de robo en el total de delitos declarados en los hogares durante 2010. En conjunto, los robos representan


49.4 % de los delitos declarados, hayan sido o no denunciados ante las autoridades, lo que da un total de 11 223 500, durante 2010.

TABLA4.1

Distribución de los delitos declarados por tipo de roboen México (2010).

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011.

Delitos declarados1

Tipo de delitoAbsolutos Porcentaje

Estados Unidos Mexicanos

Total de robos

Robo total de vehículo2

Robo de accesorios, refacciones oherramientas de vehículos2

Robo a casa habitación2

Robo o asalto en la calle o en el transportepúblico3

Robo en otra modalidad4

Otros delitos distintos a los anteriores5

22 714 967

11 223 500

421 136

2 322 580

1 575 297

5 499 614

1 404 873

11 491 467

100.0

49.4

1.9

10.2

6.9

24.2

6.2

50.6

1 Suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el MinisterioPúblico.

2 De conformidad con las prácticas internacionales, la estimación para los delitos de robo total de vehículo y robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos y robo en casa habitación. Se generó a partir del factor de expansión vivienda, por tratarse de delitos en el hogar.

3 Incluye robo relacionado con una visita a un banco o cajero automático.

4 Incluye carterismo.

5 Incluye otros delitos como fraude, lesiones, secuestro o secuestro exprés, delitos sexuales: hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y violencia sexual.

Del total de robos, los que más se reportan son el robo a transeúnte y en el trans-porte público con poco más de la mitad de los delitos (50.6 %), seguido del robo de accesorios, refacciones o herramientas de vehículos (20.1 %), y el robo a casa habita-ción (13.6 %) (figura 4.2).


FIGURA4.2Delitos declarados por tipo de robo (2010)

Elaboración propia con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobe Seguridad Pública 2011.Fuente:

Robo o asaltoen la calle o enel transporte

público51%

Robo en formadistinta a los

anteriores12%

Robo total de vehículo

3%

Robo de accesorios,

refacciones oherramientas de

vehículos20%

Robo en casahabitación

14%

La prevalencia de robos de acuerdo con el sexo de la víctima indica que poco más de la mitad de los robos se cometen contra hombres (54.6 %) y el resto a mujeres (45.4 %). Esta composición cambia de acuerdo con el tipo de robo cometido: por ejem-plo, en los robos cometidos a casa habitación, las víctimas son predominantemente mujeres (55.8 %). En cambio, en el caso del robo de vehículos, refacciones y autopar-tes, las víctimas son principalmente hombres (poco más de 52 %), mientras que el robo a transeúnte o en el transporte público, hay una menor diferencia en las brechas entre víctimas hombres y mujeres (figura 4.3).

FIGURA4.3Delitos declarados de acuerdo con el sexo de la víctima (2010)

62.6

37.4

63.9

36.1

44.2

55.853.0

47.0

Hombres Mujeres

54.8

45.2

60.0

70.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0Vehículo Refacciones Casa habitación Calle o transporte Otros robos



Por otro lado, los delitos de robo resultan onerosos por los daños económicos, emocionales y físicos que infringen en sus víctimas. La figura 4.4 muestra la distribu-ción de los delitos por el tipo de daños. Por un lado, del total de delitos reportados en la ENVIPE, los robos representaron 55.1 % de los delitos que se declararon como cau-santes de algún tipo de daño. Debido a la naturaleza del delito no es sorprendente que el principal daño reportado sea económico (85 %). Sin embargo, casi 12 % de los robos tuvieron consecuencias emocionales, mientras que el resto de los eventos implicaron algún daño físico o laboral para las víctimas.

FIGURA4.4Delitos declarados por tipo de robo de acuerdo con el daño causado (2010)

Fisico 2%

Laboral 1%

Emocional opsicológico

12%

Económico85%


La mayoría de los tipos de delitos de robo reportados representan un daño eco-nómico principalmente, lo que es de esperarse dada la naturaleza del delito, 90 % de los eventos incurren en este tipo de daño, mientras que el resto representa algún otro tipo. Por ejemplo, el delito de robo a transeúntes o en el transporte público puede tener secuelas de daños tanto en lo físico como lo emocional, ya que tiene un impacto directo sobre las personas, por el uso de la intimidación o agresión, y la portación de armas (figura 4.5).22

22 De acuerdo con la propia ENVIPE, en 40.6 % de los delitos cometidos, el agresor (o agresores) portaba armas; de esta proporción, 58.4 % reportó algún tipo de agresión física.


FIGURA4.5Delitos declarados por tipo de robo de acuerdo con el tipo de daño (2010)

80.0

100.0

60.0

40.0

20.0

0.0Vehículo

Laboral Emocional o psicológico Físico Económico

Accesorios Casa habitación

Calle o transporte

Otros robos

90.4

1.57.4

92.0

0.37.4

78.6

3.6

17.1

83.8

1.6

13.0

96.2

0.13.4


La distribución por entidades federativas del delito de robo declarado indica que cinco entidades concentran poco más de la mitad de éstos: Estado de México (19.7 %), Distrito Federal (16.4 %), Jalisco (6.8 %), Nuevo León y Guanajuato (4.3 %, respecti-vamente) y Puebla (4.1 %). Estas entidades concentran 55.5 % del total de delitos de robo (mapa 4.1). Las entidades con tasas de robo mayores a 10 000 por cada 100 000 habitantes son: Distrito Federal (19 261.5), Estado de México (13 458.1), Quintana Roo (12 919.6), Aguascalientes (12 014.9), Tabasco (11 904.8), Chihuahua (11 577.1), Baja California Sur (11 577.0), Sonora (11 441.9) y Baja California (10 718.1) (mapa 4.2).


En cuanto al universo de delitos de robo cometidos contra los denunciados, en promedio existe una baja proporción de acuerdo con los datos de la ENVIPE, del total de los delitos de robo cometidos (11 223 500), sólo 13.8 % se denunciaron ante el Ministerio Público (1 552 422); de éstos, 71 % ratificó la denuncia ante las autoridades (1 101 750); lo que significa que alrededor de 90.2 % de los robos no se denuncian, lo que representa la cifra negra de este tipo de delitos. No obstante, esta cifra varía dependiendo del objeto del robo; en el caso de robo de vehículo, 81.9 % de este tipo de delitos se denuncian, debido al valor de la propiedad y a la necesidad de tener un acta de denuncia ante el Ministerio Público para hacer efectivo el cobro del seguro y comprobar jurídicamente el delito. En contraste, en los delitos de robo de refacciones y autopartes la proporción de denuncias alcanza apenas 7.6 %, mientras que de robo a transeúntes o en el transporte público la cifra apenas alcanza 9.2 %. En el caso de robo en casa habitación sólo se reporta uno de cada cinco casos. Además de variaciones en los montos robados o dificultades para acreditar la propiedad del bien, los resultados de la ENVIPE sugieren que la probabilidad de denuncia se ve afectada por la percepción social de que denunciar es una pérdida de tiempo, aunada a la desconfianza en las autoridades.

4.4.2 Incidencia delictivaLas estadísticas de denuncias de robo ante el Ministerio Público —publicadas por el SESNSP— dejan ver un comportamiento fluctuante entre 1997 y 2011. Al analizar el total de denuncias por robo reportadas, se observa que éstas alcanzan un máximo en 1998 de casi 600 000 denuncias y luego disminuyen progresivamente hasta alcanzar cerca de 485 000 denuncias en 2005, su nivel más bajo. Posteriormente se incrementan sostenidamente hasta llegar a las 738 000 denuncias en 2011. La tasa de denuncias de robos por cada 100 000 habitantes indica la misma tendencia; en 1998 se realiza-ron 614 denuncias por cada 100 000 habitantes, lo cual se redujo hasta llegar a 466.7 en 2005, en los años posteriores hubo un aumento que llegó a 643.9 en 2011, lo que representó un incremento de 37 % en estos dos últimos años (figura 4.6).


FIGURA4.6Tasa total de denuncias de robo por cada 100 000 habitantes (1997-2011)

Elaboración propia con base en el SESNSP, Incidencia Delictiva del Fuero común de 1997 a 2011; Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de las entidades federativas, Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE), Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas 1990-2010. Se excluyen las denuncias de delitos de robo no especi�cadas.

Fuente:

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

700.0

650.O

600.0

550.0

500.0

450.O

400.0

4.4.3 Distribución territorial de la incidencia delictivaEn cuanto a la distribución territorial de las denuncias de delitos por robo, 11 enti-dades del país concentran poco más de 70 % de las denuncias: Estado de México (15.9 %), Distrito Federal (13.7 %), Baja California (8.7 %), Chihuahua (5.5 %), Nuevo León (5.4 %), Jalisco (4.7 %), Guanajuato (4.2 %), Puebla (3.5 %), Coahuila y Tamaulipas (3.3 %, respectivamente) y Veracruz (3.2 %) (mapa 4.3).


Por otro lado, las entidades donde predominan las denuncias por robo son Baja California, Chihuahua, Distrito Federal y Quintana Roo, donde se reportaron más de 100 000 denuncias por cada 100 000 habitantes (mapa 4.4).


En términos de la dinámica de crecimiento de las denuncias de robos, 12 entidades tuvieron más de diez puntos porcentuales de crecimiento anual23 entre 2005 y 2010: Durango (48 %), Aguascalientes (20.8 %), Coahuila (20.5 %), Tabasco (18.9 %), Oaxa-ca (17.4 %), Guerrero (13.9 %), Hidalgo (13.1 %), San Luis Potosí (12.4 %), Campeche (12.2 %), Zacatecas (11.9 %), Nuevo León (10.9 %) y Quintana Roo (10.6 %) (tabla 4.2).

Entidades con mayor incremento de denuncias de robo (2011) TABLA 4.2

Entidad Total de denunciasDenuncias por cada 100 000 habitantes

Incremento porcentual

Tasa de crecimiento medio anual

( %)

2005 2010 2005 2010 2005-2010 2005-2010

Durango 2 004 14 227 129.6 862.3 609.9 48.0

Aguascalientes 3 329 8 571 306.6 718.9 157.5 20.8

Coahuila 9 303 23 659 364.8 854.5 154.3 20.5

Tabasco 6 856 16 319 335.2 724.4 138.0 18.9

Oaxaca 5 822 13 010 161.6 339.7 123.5 17.4

Guerrero 3 562 6 823 111.1 199.7 91.5 13.9

Hidalgo 7 269 13 450 302.0 500.9 85.0 13.1

San Luis Potosí 8 052 14 470 326.0 555.8 79.7 12.4

Campeche 417 740 54.1 89.4 77.5 12.2

Zacatecas 4 282 7528 304.9 501.9 75.8 11.9

Nuevo León 23106 38 805 539.1 827.8 67.9 10.9

Quintana Roo 8 741 14 493 781.1 1 084.8 65.8 10.6

incremento porcentual relativo calculado sobre el total de denuncias (Td2010-Td2005)/Td2005*100 Tasa media de crecimiento anual [((Td2010/Td2005) ^ (1/5))-1]*100.

Fuente: Elaboración propia con base en el SESNSP, incidencia Delictiva; Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de las entidades federativas, Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Otra forma de acercamiento a la distribución territorial del delito es a partir de la concentración espacio-temporal que presenta el fenómeno de denuncias de robo. Para ello, se analizó la matriz de datos de denuncias de robos en el periodo 1997-2011, in-cluyendo el conjunto de las 32 entidades federativas, la cual permite ver la concentra-ción del robo en las entidades en cada año (tabla 4.3). En esta matriz se destacan tres entidades, cuya tendencia es concentrar el mayor número de delitos: Distrito Federal, Estado de México y Baja California. En términos generales, aunque el Distrito Federal ha reducido de forma importante las denuncias por robo (38.5 %), el volumen de de-nuncias continuó siendo elevado en el último año (92 000 denuncias), superado sólo por el Estado de México. Esta última entidad, por el contrario, ha aumentado vertigino-samente el número de denuncias, con un incremento de más de 77.3 % entre 1997 y el 2010. Por su parte, Baja California, si bien tuvo un periodo de decremento de las de-nuncias por robo de 2000 a 2005, incrementó esta cifra en 70 000 entre 2008 y 2011.

23 Calculado con la tasa media de crecimiento anual, esto es, si los datos en el periodo analizado tuvieran un crecimiento exponencial por año, mide la velocidad de dicho crecimiento.


El indicador de concentración espacio temporal aplicado a las denuncias de robo en el periodo de análisis, permite observar tendencias similares (tabla 4.4). Nuevamen-te son el Distrito Federal, el Estado de México y Baja California, las principales entida-des donde se concentran las denuncias por robo, tanto en los años analizados, como en los distintos ámbitos geográficos. En el caso del Distrito Federal y el Estado de México se puede considerar que la pérdida relativa en la importancia de las denuncias para la capital del país, se trasfieren al Estado de México por la concentración poblacional y económica de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que se ubica en ambas entidades. De esta manera, la expansión territorial y demográfica de la ZMVM también se traduce en la expansión del robo, dada la existencia de un mayor número de opor-tunidades para que se cometa este delito y por la existencia de mercados secundarios o informales para la venta ilícita de mercancías robadas.

De igual forma, Baja California es una entidad predominantemente urbana, en donde la modalidad de robo a vehículo es muy común dada la cercanía con Estados Unidos. De igual forma, el indicador muestra una tendencia a la concentración en en-tidades como Jalisco, Nuevo León, Colima y Guanajuato, donde una proporción consi-derable de sus habitantes residen en ciudades. Esto se observa más claramente en el mapa 4.5, donde se muestra que a nivel municipal la concentración de denuncias de delitos de robo tienden a ubicarse hacia la franja fronteriza del norte del país, por un lado, y en los municipios de mayor concentración de población y más urbanizados, par-ticularmente alrededor de las capitales estatales o las ciudades de mayor importancia poblacional y económica.


Denuncias de robo por entidad federativa (1997-2010). TABLA 4.3

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total Nacional 582 740 593 281 563 941 511 218 535 964 485 990 497 100 494 984 492 024 525 609 587 098 640 109 665 944 723 235 738 928

Aguascalientes 4 922 3 401 3 625 3 121 3 655 3 336 3 857 3 427 3 329 4 124 6 277 7 699 8 331 8 571 12 355

Baja California 60 305 68 603 63 015 52 601 46 945 29 864 40 191 48 467 47 390 54 288 63 931 75 075 68 707 63 017 70 175

Baja California S. 5 518 4 894 5 063 5 208 5 774 5 698 5 099 5 801 4 332 7 448 8 565 8 350 5 922 6 402 8 274

Campeche 2 991 2 741 2 282 1 382 911 696 527 405 417 628 401 416 507 740 609

Coahuila 7 549 7 470 6 269 6 104 7 566 7 139 7 314 7 777 6 919 6 597 7 091 6 342 5 441 6 829 8 029

Colima 29 996 29 698 22 378 22 025 25 569 21 935 22 853 23 039 26 926 30 614 26 325 38 601 38 997 39 989 32 173

Chiapas 10 414 7 052 6 436 8 345 9 128 8 149 8 698 9 846 9 303 9 833 11 547 17 125 21 013 23 659 21 546

Chihuahua 4 632 4 114 1 239 984 1 130 1 080 1 160 2 286 2 253 2 187 2 411 2 021 2 089 2 640 5 443


Durango 2 068 3 563 3 761 6 236 6 118 4 075 3 307 4 318 2 004 818 1 761 5 393 5 210 14 227 15 318

Guanajuato 16 852 16 467 13 852 14 763 17 326 17 888 18 779 19 586 22 016 24 429 24 970 29 763 33 178 30 322 31 961

Guerrero 9 977 8 510 8 044 10 628 8 938 7 947 5 573 4 000 3 562 4 490 5 882 6 945 7 516 6 823 15 322

Hidalgo 5 584 5 138 4 670 5 058 5 641 5 203 5 631 6 347 7 269 7 752 8 070 10 367 11 402 13 450 10 326

Jalisco 42 474 35 771 35 102 34 230 38 099 35 938 34 243 29 454 25 143 25 312 25 939 23 038 23 549 33 902 35 519

Edo. de México 64 697 87 112 76 900 74 089 85 210 79 405 78 034 71 936 75 386 76 599 88 328 100 280 110 921 114 706 108 620

Michoacán 11 126 10 867 10 032 9 228 10 052 9 966 10 628 11 278 11 911 15 180 17 403 18 785 18 907 16 718 17 689

Morelos 8 450 8 098 9 674 9 858 10 608 9 491 8 342 9 904 11 513 12 982 13 018 9 574 15 802 16 329 16 234

Nayarit 2 658 3 025 3 001 3 934 4 307 2 755 1 586 1 143 3 018 7 301 4 318 2 310 2 138 2 712 2 565

Nuevo León 15 203 7 443 22 051 22 964 27 905 25 611 25 916 23 999 23 106 26 348 35 402 36 238 33 178 38 805 42 884

Oaxaca 5 830 4 475 5 905 5 516 7 611 7 344 8 172 7 775 5 822 8 236 8 152 7 697 11 878 13 010 11 368

Puebla 16 524 17 446 16 883 17 065 19 836 21 259 21 557 21 412 18 820 17 406 18 065 20 354 23 280 25 284 35 509

Querétaro 7 914 7 685 7 199 6 473 7 368 7 564 7 521 6 927 7 061 6 956 8 136 8 627 9 011 11 198 12 660

Quintana Roo 7 811 2 733 7 766 9 282 9 460 9 282 9 193 8 717 8 741 8 888 9 957 13 739 14 067 14 493 12 909

San Luis Potosí 7 708 7 446 9 282 9 168 9 461 6 089 8 657 9 131 8 052 10 167 13 309 10 445 12 330 14 470 13 036

Sinaloa 10 041 10 949 9 773 9 038 8 702 5 118 6 199 6 743 8 122 7 330 8 222 8 733 8 934 12 325 14 514

Sonora 17 831 20 310 8 850 6 349 4 796 4 338 4 398 8 560 13 022 12 390 14 253 11 907 10 643 11 462 12 511

Tabasco 10 957 12 084 9 896 8 759 8 553 8 586 8 403 8 122 6 856 6 905 11 336 12 570 14 369 16 319 16 998

Tamaulipas 15 907 15 971 16 101 15 253 16 949 17 089 17 073 17 931 18 612 20 019 20 515 20 744 22 296 23 598 27 369

Tlaxcala 2 025 2 126 1 432 1 729 1 720 1 793 1 487 1 155 2 468 2 534 2 210 2 092 1 840 2 704 3 717

Veracruz 23 057 16 579 15 238 13 618 14 487 13 872 15 574 15 911 16 556 17 710 20 366 18 639 13 432 23 131 16 114

Yucatán 4 979 8 108 7 292 6 638 6 550 6 790 6 658 6 257 6 434 7 586 9 323 7 617 7 718 8 524 7 714

Zacatecas 3 673 3 472 3 600 3 834 3 569 4 419 4 847 4 535 4 282 4 288 4 968 5 739 5 513 7 528 7 283



Índice de concentración espacio temporal de las denuncias de robo por entidad federativa (1997-2010) TABLA 4.4

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 0.13733 0.13489 0.14191 0.15655 0.14932 0.16467 0.16099 0.16168 0.16265 0.15226 0.13631 0.12503 0.12018 0.11066 0.10831

Baja California 1.46304 1.43705 1.51181 1.66773 1.59073 1.75430 1.71510 1.72243 1.73279 1.62207 1.45218 1.33192 1.28025 1.17883 1.15380

Baja California S. 0.15847 0.15566 0.16375 0.18064 0.17230 0.19002 0.18577 0.18657 0.18769 0.17570 0.15730 0.14427 0.13867 0.12769 0.12498

Campeche 0.02686 0.02638 0.02776 0.03062 0.02921 0.03221 0.03149 0.03162 0.03181 0.02978 0.02666 0.02445 0.02350 0.02164 0.02118

Coahuila 0.17922 0.17603 0.18519 0.20429 0.19486 0.21489 0.21009 0.21099 0.21226 0.19870 0.17789 0.16315 0.15682 0.14440 0.14133

Colima 0.73981 0.72667 0.76447 0.84332 0.80438 0.88709 0.86727 0.87097 0.87621 0.82023 0.73432 0.67351 0.64738 0.59610 0.58344

Chiapas 0.31248 0.30693 0.32290 0.35620 0.33975 0.37469 0.36631 0.36788 0.37009 0.34644 0.31016 0.28447 0.27344 0.25178 0.24643

Chihuahua 0.06121 0.06012 0.06325 0.06977 0.06655 0.07339 0.07175 0.07206 0.07249 0.06786 0.06075 0.05572 0.05356 0.04932 0.04827


Durango 0.13415 0.13177 0.13863 0.15292 0.14586 0.16086 0.15727 0.15794 0.15889 0.14874 0.13316 0.12213 0.11739 0.10809 0.10580

Guanajuato 0.56998 0.55986 0.58898 0.64973 0.61973 0.68345 0.66818 0.67104 0.67507 0.63194 0.56575 0.51890 0.49877 0.45926 0.44951

Guerrero 0.19590 0.19242 0.20243 0.22330 0.21299 0.23490 0.22965 0.23063 0.23202 0.21719 0.19444 0.17834 0.17142 0.15784 0.15449

Hidalgo 0.19204 0.18863 0.19844 0.21890 0.20880 0.23027 0.22512 0.22608 0.22744 0.21291 0.19061 0.17483 0.16804 0.15473 0.15145

Jalisco 0.81977 0.80521 0.84710 0.93446 0.89132 0.98297 0.96100 0.96511 0.97091 0.90888 0.81369 0.74630 0.71735 0.66052 0.64649

México 2.21749 2.17810 2.29142 2.52773 2.41103 2.65895 2.59952 2.61064 2.62634 2.45853 2.20103 2.01875 1.94044 1.78673 1.74878

Michoacán 0.34281 0.33672 0.35424 0.39077 0.37273 0.41106 0.40187 0.40359 0.40602 0.38007 0.34027 0.31209 0.29998 0.27622 0.27035

Morelos 0.29151 0.28633 0.30123 0.33230 0.31696 0.34955 0.34174 0.34320 0.34526 0.32320 0.28935 0.26539 0.25509 0.23488 0.22990

Nayarit 0.08026 0.07883 0.08294 0.09149 0.08727 0.09624 0.09409 0.09449 0.09506 0.08898 0.07966 0.07307 0.07023 0.06467 0.06330

Nuevo León 0.69852 0.68610 0.72180 0.79624 0.75948 0.83757 0.81886 0.82236 0.82730 0.77444 0.69333 0.63591 0.61124 0.56282 0.55087

Oaxaca 0.20385 0.20023 0.21064 0.23237 0.22164 0.24443 0.23897 0.23999 0.24143 0.22601 0.20234 0.18558 0.17838 0.16425 0.16076

Puebla 0.53317 0.52370 0.55094 0.60776 0.57970 0.63931 0.62503 0.62770 0.63147 0.59112 0.52921 0.48539 0.46656 0.42960 0.42047

Querétaro 0.20987 0.20614 0.21687 0.23923 0.22819 0.25165 0.24603 0.24708 0.24857 0.23268 0.20831 0.19106 0.18365 0.16910 0.16551

Quintana Roo 0.25232 0.24784 0.26073 0.28762 0.27434 0.30255 0.29579 0.29706 0.29884 0.27975 0.25045 0.22971 0.22080 0.20331 0.19899

San Luis Potosí 0.25526 0.25073 0.26377 0.29097 0.27754 0.30608 0.29924 0.30052 0.30232 0.28301 0.25337 0.23238 0.22337 0.20567 0.20131

Sinaloa 0.23122 0.22711 0.23893 0.26357 0.25140 0.27725 0.27106 0.27222 0.27385 0.25636 0.22951 0.21050 0.20233 0.18631 0.18235

Sonora 0.27734 0.27242 0.28659 0.31615 0.30155 0.33256 0.32513 0.32652 0.32848 0.30749 0.27529 0.25249 0.24269 0.22347 0.21872

Tabasco 0.27579 0.27089 0.28498 0.31437 0.29986 0.33069 0.32330 0.32468 0.32664 0.30577 0.27374 0.25107 0.24133 0.22221 0.21749

Tamaulipas 0.48980 0.48110 0.50613 0.55833 0.53255 0.58731 0.57418 0.57664 0.58011 0.54304 0.48617 0.44590 0.42861 0.39465 0.38627

Tlaxcala 0.05325 0.05231 0.05503 0.06070 0.05790 0.06385 0.06243 0.06269 0.06307 0.05904 0.05286 0.04848 0.04660 0.04291 0.04200

Veracruz 0.43636 0.42861 0.45091 0.49741 0.47444 0.52323 0.51153 0.51372 0.51681 0.48379 0.43312 0.39725 0.38184 0.35159 0.34413

Yucatán 0.18565 0.18236 0.19184 0.21163 0.20186 0.22261 0.21764 0.21857 0.21988 0.20583 0.18428 0.16901 0.16246 0.14959 0.14641

Zacatecas 0.12278 0.12060 0.12687 0.13996 0.13350 0.14723 0.14393 0.14455 0.14542 0.13613 0.12187 0.11178 0.10744 0.09893 0.09683

Fuente: Elaboración propia con base en el sesnsp, incidencia Delictiva; Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de las entidades federativas, Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).


4.4.4 Características del roboRespecto a este tema, si bien es cierto que en promedio a lo largo del periodo sólo una tercera parte de los robos se cometieron con violencia, esta tendencia varió de manera notable entre 1997 y 2011. Mientras que en 1998 los robos con y sin violencia tenían básicamente la misma incidencia, para 2006 los robos con violencia reportados habían disminuido de manera notable, alcanzando una tasa de 138.2 por cada 100 000 habi-tantes; mientras que los robos sin violencia alcanzaban una tasa de 352. Sin embargo, es notorio que en el periodo comprendido entre 2006 y 2011, los robos con violencia se incrementaron mucho más rápido que los robos sin violencia (55.6 y 20.8, respec-tivamente).

FIGURA4.7

Tasa total de denuncias de robo con y sin violencia por cada 100 000 habitantes (1997-2010)

400.0

450.0

500.0

350.0

300.0

200.0

250.0

150.0

100.0

50.0

0.0

Tasa

por c

ada c

ien m

il ha

b.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Con ViolenciaSin Violencia

Elaboración propia con base en el SESNSP, Incidencia Delictiva; Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de las entidades federativas, Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Se excluyen las denuncias de robo no especi�cadas.

Fuente:

En cuanto a la distribución territorial se observa que en el año con la mayor tasa de robos cometidos con violencia, se destacan dos entidades que superaban por mucho el promedio nacional: Baja California, con una tasa de 2 442.9 denuncias por robo co-metido con violencia por cada 100 000 habitantes, y el Distrito Federal, donde la tasa representaba la mitad de la correspondiente a la primera entidad (1 019.7 por cada 100 000 habitantes).


En 2010, aunque se presentan menores tasas de delitos de robo cometidos con violencia respecto a 1998, hubo una mayor distribución en otras entidades de la Repú-blica Mexicana. A Baja California, el Distrito Federal, el Estado de México y Tabasco, se añaden diversas entidades en el norte, parte de la península de Yucatán y los estados de Puebla, Oaxaca y Colima, con tasas superiores a 110 denuncias por cada 100 000 habitantes, como se observa en el mapa 4.7.


4.4.5 Tipos de delitosEn 2010, la distribución de las denuncias de delitos indica que sólo seis tipos de ro-bos concentran 85.3 % del total; los principales son: robo de vehículo sin violencia (23.6 %) y con violencia (8.4 %), a casa habitación sin violencia (14.2 %), a transeúntes con violencia (13.4 %), a negocios sin violencia (6.8 %) y otros robos comunes sin vio-lencia (18.9 %). El resto de denuncias de delitos comprende otras modalidades (figura 4.8).

FIGURA4.8Distribución de los principales tipos de denuncias de robo (2010)

SESNSP, Incidencia Delictiva; Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de las entidades federativas, Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Se excluyen las denuncias de robo no especi�cadas.

Fuente:

De vehículos sin violencia21%

Otros sin violencia20%

A casa habitación sin violencia

14%

A transeúntes con violencia

13%De vehículos con violencia

10%

A negocio sin violencia7%

Otros con violencia4%

A negocio con violencia4%

A casa habitación con violencia

4%

A Transportistas con / sin violencia

0%

A transeúntes sin violencia

5%

Cuando se analizan las tasas por cada 100 000 habitantes de los cuatro tipos prin-cipales de robo —a casa habitación, transeúntes, vehículos y negocios—, cometidos con violencia y sin violencia, se puede observar, al igual que la tendencia general, una reducción de los delitos violentos respecto a la segunda mitad de los años noventa y un incremento de éstos a partir de 2006, de manera especial relacionado con el robo de vehículo, a transeúnte y a negocios. En cambio, los delitos cometidos sin violencia presentan a lo largo del periodo analizado un crecimiento sostenido durante toda una década (2000 a 2010), excepto el robo a transeúnte, que aumentó su tasa de manera progresiva después de 2006.


FIGURA4.9

Tendencia de la tasa de denuncias de los principales tipos de robo, con y sin violencia, por cada 100 000 habitantes (1997-2011)

Con violenciaSin Violencia

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

90.00

100.00

80.00

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00


Fuente: SESNSP, Incidencia Delictiva; Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de las entidades federativas,

Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); SOMEDE, Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas 1990-2010.


FIGURA4.9

Tendencia de la tasa de denuncias de los principales tipos de robo, con y sin violencia, por cada 100 000 habitantes (1997-2011)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

45.00

50.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00


Con violenciaSin Violencia

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

120.00

140.00

160.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

Fuente: SESNSP, Incidencia Delictiva; Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de las entidades federativas,

Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); SOMEDE, Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas 1990-2010.

Esta tendencia en el incremento de las denuncias de los delitos cometidos con violencia se expresa más claramente en la tabla 4.5, donde se observa un crecimien-to más rápido de los delitos cometidos con violencia, salvo en el caso de los robos a transeúntes, cuyas denuncias de delitos no violentos crecieron a tasas más aceleradas.

La misma tabla permite observar que los robos a vehículos y a negocios con vio-lencia crecieron 137.9 y 21.7 %, respectivamente en 2010 respecto a 2005, con una


tasa promedio que superó 15 % anual. Por su parte, los robos a casa habitación con violencia tuvieron un menor crecimiento, de 35 % entre 2005 y 2010 con una tasa anual de 6.6 %. Sólo las denuncias de robo a transeúnte sin violencia se incrementaron hasta 266.9 % en los años de análisis, pero con 26 % de tasa anual.

Dinámica de las denuncias de las principales modalidades de robo, con y sin violencia (2005-2010)

TABLA 4.5

Total de denunciasDenuncias por cada 100 000

habitantes

Incremento porcentual

Tasa de crecimiento

medio anual ( %)

2005 2010 2005 2010 2005-2010 2005-2010

A casa habitación

Con violencia 8 850 11 753 8.4 10.4 32.8 5.8

Sin violencia 80 685 102 591 76.5 90.7 27.2 4.9

A transeúntes

Con violencia 70 532 96 598 66.9 85.4 37.0 6.5

Sin violencia 8 684 33 368 8.2 29.5 284.2 30.9

De vehículos

Con violencia 27 450 61 066 26.0 54.0 122.5 17.3

Sin violencia 116 075 170 944 110.1 151.1 47.3 8.0

A negocio

Con violencia 12 277 27 134 11.6 24.0 121.0 17.2

Sin violencia 40 562 49 048 38.5 43.4 20.9 3.9

incremento porcentual relativo calculado sobre el total de denuncias (Td2010-Td2005)/Td2005*100.

Tasa media de crecimiento anual [((Td2010/Td2005) ^ (1/5))-1]*100.

Fuente: Elaboración propia con base en SESNSP, incidencia Delictiva; Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de las entidades federativas, Secretaría de Gobernación y Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); SOMEDE, Conciliación Demográfica de México y Entidades Federativas 1990-2010.

En resumen, los datos indican que, particularmente en los últimos años, se pre-senta un incremento sostenido de las denuncias de los delitos de robo con violencia respecto a aquellos que no involucran ningún tipo de violencia.

4.5 Indicadores del sistema judicial

Las estadísticas sobre delitos ofrecen un panorama sobre el volumen de los delitos co-metidos, las distintas manifestaciones de la criminalidad, el perfil de los delincuentes y el proceso de justicia, y generan las pautas sobre la operación de las políticas de se-guridad.24 No obstante, es necesario realizar un análisis sobre las características de los datos y lo que representan, dado que su medición e interpretación orientará las accio-

24 John Koren, “Crime from a Statistical Viewpoint”, pp. 83-88. El artículo de Koren resaltaba la escasez de información sobre los delitos y el sistema judicial en Estados Unidos, haciendo énfasis en la importancia de poseer datos confiables; no sólo un registro de los delincuentes sentenciados, sino un registro sistemático que permitiera conocer los alcances y manifestaciones de la delincuencia a fin de obtener información que ayude a evitarla.


nes institucionales e influirá en lo que se constituye e interpreta como delito. Además, también se requiere su revisión para justificar y seleccionar la información pertinente para el análisis estadístico y geográfico del mismo.

En este sentido, en este apartado se retoma la metodología común de los indica-dores de eficacia del sistema de judicial, mismos que fueron descritos en el capítulo 1; con ellos se busca evaluar las estadísticas de robo a partir de cinco estimaciones que dan cuenta del proceso de justicia, desde la denuncia hasta la sentencia. Los indica-dores son:

• RAH = Razón de las averiguaciones previas sobre los hechos (violentos y no violentos).

• RPA = Razón de sujetos a proceso sobre las averiguaciones previas.

• RCH = Razón de los sentenciados con condena sobre los hechos violentos.

• RCA = Razón de los sentenciados con condena sobre las averiguaciones previas.

• RCP = Razón de los sentenciados con condena sobre los sujetos a proceso.

Para el caso de los robos, se estimaron estas razones para 2010, en tanto que se requieren datos de la ENVIPE sobre la ocurrencia de delitos en ese año. Cabe señalarse que debido a que la clasificación de los delitos de robo entre los distintos sistemas no es compatible, se optó por una definición genérica de robo, indistintamente de sus mo-dalidades. Es decir, que no se puede distinguir si se trata de robo con o sin violencia, ni del tipo específico del mismo. Cada uno de los indicadores se calcula a nivel nacional y por estados.

Cuando los datos son de buena calidad estas razones pueden ser indicadores de eficacia del sistema judicial; sin embargo, dadas las inconsistencias en la clasificación de la información y registro de los datos estos indicadores pueden funcionar mejor para evaluar la calidad de los mismos. La tabla 4.6 resume las razones para 2010 a nivel nacional. El primer indicador, RAH, sugiere que por cada 100 eventos de robo que ocurren, sólo se inician 6.5 averiguaciones previas ante el Ministerio Público. El indica-dor RPA da cuenta de que a nivel nacional, en promedio, por cada 100 averiguaciones previas habría 7.9 procesados. Por otra parte, el indicador RCA sugeriría que sólo una fracción muy pequeña de los eventos de robo se corresponde con una sentencia con-denatoria (0.38 de cada 100), aunque los indicadores también muestran que una alta proporción de a quienes se les inicia un proceso son finalmente condenados por un delito (74.62 de cada 100); una tendencia que otros estudios también han encontrado.


TABLA4.6Indicadores del sistema judicial a nivel nacional

Fuente: Estimaciones propias con base en: a) Cifra real: INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobreSeguridad Pública, 2011; b) Procuración de justicia: SESNSP, Incidencia Delictiva; c) Administración de justicia:Estadísticas Judiciales en Materia Penal, 2011.

* Para sujetos a proceso se consideran aquellas personas que de 1997 a 2008 se clasi�can en los rubros formal prisión y sujeción a proceso; de 2009 a 2011 se consideran formal prisión, sujeción a proceso y reclusión provisional en departamento especial.

** Para sujetos con sentencia condenatoria de 1997 a 2008 sólo se incluyen los que se ubican en el rubro sentencia condenatoria; de 2009 a 2011 también se incluyen sólo las personas con sentencia condenatoria.

Razones (por cien)

Razón de las averiguaciones previas sobre los hechos violentos 1 6.5Procuración /Cifra Real

Razón de sujetos a proceso sobre las averiguaciones previas 2 7.9Sujeto aProceso*

Razón de sentenciados con condena sobrelos hechos violentos

3 0.38

Razón de sentenciados con condena sobrelas averiguaciones previas

4 5.9

Razón de sentenciados con condena sobrelos sujetos a proceso

5 74.62

Con sentenciaCondenatoria**

A nivel estatal, sin embargo, estos indicadores presentan un comportamiento di-verso. La figura 4.10 permite observar que Baja California, Durango y Querétaro tienen las tasas más altas de averiguaciones previas iniciadas por cada 100 robos denuncia-dos, aunque son tasas pequeñas; pues Baja California alcanza un nivel de 15 por cada 100 y Durango de 12.5, mientras que estados como Chiapas y Campeche se encuen-tran en niveles de 1 por cada 100. Sin embargo, estos indicadores deben evaluarse con reservas por dos razones. Por un lado, la estadística de robo en general oculta la heterogeneidad del delito (tipo, montos, circunstancias) que pueden incidir sobre la probabilidad de denuncia, así como de la propia calidad en el registro; por lo que este indicador puede estar dando cuenta de diversos factores y no sólo de la eficacia insti-tucional respecto a la persecución del delito.


FIGURA4.10Averiguaciones previas respecto al total de robos

Estimaciones propias con base en INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011; INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.Fuente:

14.0

16.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

BC Dgo

Qro

Coa

Tam Mic

BCS

Chs

Hgo

SLP QR Gro

Zac NL Yuc

Ags

Col

Ver

Mor Pue Tlx Jal

Oax

Nay DF Son

Mex Sin Tab

Gto

Cam Ch

i

En la etapa de administración de justicia (figura 4.11), se observa que a nivel gene-ral el estado de Campeche tiene las mayores tasas de personas sujetas a proceso res-pecto al de averiguaciones previas (50 por cada 100), seguido de los estados de Sono-ra, Colima y Sinaloa, mientras que estados como Morelos o Durango tienen una razón de procesados muy baja (menos de 5 por cada 100). Llama la atención, sin embargo, el caso de Durango que siendo uno de los estados con el mayor número de denuncias por número de robos, tiene la tasa más baja del país de personas sujetas a proceso.

FIGURA4.11Personas sujetas a proceso respecto a las averiguaciones previas

Mor

Dgo


Cam Son

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

Col

Sin Nay

Chi

DF Yuc

Tab Jal

Qro

Gro

Gto

Ver

Mic

Mex Tlx BC

S BC NL Ags

Pue

Tam Za

cSL

POa

xCo

a QR Hgo

Chs


La figura 4.12 muestra también una gran dispersión en el indicador a lo largo del país; estados como Guerrero y Oaxaca tienen una tasa de cerca de 0.1 de personas sentenciadas respecto a los delitos cometidos. La figura también permite observar con claridad una de las limitaciones de las estadísticas delincuenciales en México: la impo-sibilidad de “empatar” el año de sentencia con el año de ocurrencia del delito. De ahí que estados como Colima, Sonora y Baja California tengan en 2010 un mayor número de sujetos sentenciados que de robos cometidos.25 Es probable que durante ese año en esos estados, se hayan acumulado sentencias que correspondían a delitos ocurri-dos en años previos y por eso el nivel de eficiencia alcanza más de 100 %. El hecho de que las estadísticas no registren el año en que se cometió el delito por el cual se dicta la sentencia, imposibilita estimar algunos indicadores de eficacia en la impartición de justicia, por ejemplo, cuánto dura un proceso penal.

FIGURA4.12Sujetos sentenciados respecto de los delitos de robo cometidos

Mor

Dgo

CamSon

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Col

SinNay

Chi

DF Yuc

TabJal

Qro

Gro

Gto

Ver

Mic

MexTlxBC

SBC NLAgs

Pue

Tam Za

c

SLP

Oax

Coa QRHgo

Chs


Algo similar ocurre con el año en que se levanta la averiguación previa y el mo-mento en que inicio del juicio, pues en ninguno de los dos casos es posible vincular esos tiempos con la fecha de sentencia. Esa información genera indicadores inconsis-tentes y da lugar a la pérdida de información valiosa para los tomadores de decisión. Por ejemplo, los sujetos sentenciados pueden ser más que los sujetos a proceso en un año determinado, como en el caso de Chiapas en 2010.

25 Además de que existe la posibilidad de que existan errores en las estadísticas.


FIGURA4.13Sujetos sentenciados respecto al total de averiguaciones previas

40.0

45.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

5.0

10.0

0.0

BC Dgo

Qro

Coa

TamMic

BCS

Chs

Hgo

SLP QRGro

ZacNLYuc

Ags

Col

Ver

MorPueTlxJal

Oax

NayDFSon

MexSin Tab

Gto

CamCh

i


FIGURA4.14Sujetos sentenciados respecto al total de sujetos en proceso

Mor

Dgo


CamSon

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

Col

SinNay

Chi

DF Yuc

Tab Jal

Qro

Gro

Gto

Ver

Mic

Mex TlxBC

SBC NLAgs

Pue

Tam Za

c

SLP

Oax

Coa QRHgo

Chs


Indicadores de procuración e impartición de justicia relativos al delito de robo. Nivel estatal.

TABLA 4.7

Entidad

rAh=razón de las averiguaciones previas sobre los hechos

rpA= razón de sujetos a proceso sobre las averiguaciones previas

rch=razón de los sentenciados con condena sobre los hechos violentos

rcA= razón de los sentenciados con condena sobre las averiguaciones previas

rcp=razón de los sentenciados con condena sobre los sujetos a proceso

Aguascalientes 5.5 7.4 0.3 6.1 82.6

Baja California 15.0 7.9 1.1 7.1 89.4

Baja California Sur 8.0 8.8 0.6 7.2 81.7

Campeche 1.4 48.2 0.2 15.7 32.5

Coahuila 9.3 6.4 0.4 4.0 62.7

Colima 5.3 36.0 1.1 21.2 58.9

Chiapas 1.4 27.5 0.4 28.6 103.9

Chihuahua 7.8 5.1 0.2 2.8 56.2

Distrito Federal 3.0 25.2 0.7 22.4 88.7

Durango 12.8 2.4 0.2 1.2 50.4

Guanajuato 6.7 10.5 0.7 10.0 95.3

Guerrero 2.1 10.4 0.1 2.5 24.6

Hidalgo 7.8 5.8 0.2 2.8 48.1

Jalisco 3.9 16.5 0.4 10.0 60.3

México 2.5 9.2 0.2 6.7 73.4

Michoacán 8.4 9.5 0.7 8.3 87.3

Morelos 4.9 4.7 0.1 1.8 39.7

Nayarit 3.4 34.4 0.7 22.1 64.4

Nuevo León 6.1 7.8 0.3 5.3 67.8

Oaxaca 3.5 6.4 0.1 2.3 35.8

Puebla 4.4 7.3 0.2 5.3 71.9

Querétaro 12.5 14.0 0.9 6.9 49.2

Quintana Roo 6.8 5.9 0.1 1.8 30.8

San Luis Potosí 7.7 6.5 0.3 4.2 63.9

Sinaloa 2.5 35.3 0.4 16.1 45.6

Sonora 2.7 44.0 1.1 41.4 94.0

Tabasco 2.3 16.5 0.3 12.4 74.7

Tamaulipas 9.3 7.2 0.6 6.4 89.1

Tlaxcala 3.9 9.0 0.3 6.4 71.5

Veracruz 5.1 9.7 0.3 5.4 55.3

Yucatán 5.7 18.2 0.6 10.5 57.5

Zacatecas 6.5 6.5 0.2 3.6 54.4

Fuente: Estimaciones propias con base enbase en iNEGi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011; SESNSP, Incidencia delictiva del fuero común; iNEGi, Estadísticas judiciales en materia penal.


Para sujetos a proceso se consideran aquellas personas que de 1997 a 2008 se clasifican en los rubros formal prisión y sujeción a proceso; de 2009 a 2011 se consi-deran formal prisión, sujeción a proceso y reclusión provisional en departamento es-pecial. Para sujetos con sentencia condenatoria de 1997 a 2008 sólo se incluyen los que se ubican en el rubro sentencia condenatoria; de 2009 a 2011 también se incluyen sólo las personas con sentencia condenatoria.

4.6 Observaciones y recomendaciones

De acuerdo con la información estadística analizada, se puede observar que el robo es uno de los delitos que mayor impacto tiene en la sociedad, debido tanto a la frecuen-cia con que se comete como, sobre todo en años recientes, a la violencia que conlleva, así como por las afectaciones en los aspectos físico, emocional y patrimonial de las víctimas, lo cual impacta en la percepción de la seguridad y el funcionamiento de las instituciones.

La generación de información para el análisis, evaluación y seguimiento de este tipo de delito tiende a mejorar con el desarrollo de las encuestas de victimización, particularmente con la última aplicación de la ENVIPE, la cual permitió una mejor aproxi-mación respecto al volumen, características y modalidades que asume el robo, el perfil de las víctimas y la cifra negra del delito en México. Sin embargo, se requiere ampliar la información recabada en la encuesta, sobre todo aquélla sobre el objeto del delito y los daños que éste ocasiona, a fin de reflejar cabalmente la magnitud y complejidad del fenómeno.

Otro elemento sobre el cual es necesario avanzar es la precisión conceptual del fenómeno; si bien INEGI ha realizado un esfuerzo considerable para homologar los dis-tintos tipos de delitos y hacerlos comparables temporalmente y por entidades fede-rativas, aún se requiere trabajar en el tema. En su forma actual, los datos no permiten dar seguimiento a lo largo de todo el proceso por tipo y modalidad de robo, por lo que los indicadores estimados sólo dan un panorama grueso. Para medir la eficiencia en la atención de distintas formas del delito de robo, sin embargo, se hace necesario desa-gregarlo en mayor medida: por tipo de robo, incidencia cometida con o sin violencia y para diversos ámbitos territoriales, no sólo los estatales, sino en la medida de lo posi-ble para municipios o unidades menores, como las localidades.

De igual forma, es necesario articular la información entre los distintos momentos que relacionan los hechos, las denuncias, la procuración y la administración de justicia y el proceso penal, a fin de poder establecer con mayor claridad la eficiencia de las distintas fases y generar indicadores para los diferentes tipos de robo. Se requiere es-tablecer un sistema integrado de indicadores, el cual debe responder a las siguientes cuestiones:


• Volumen, modalidades, características por tipo de robo en distintas escalas geográficas y

temporalidades adecuadas para comparar su incidencia y trayectoria.

• Desagregar en las etapas de procuración, gestión y punición, las distintas modalidades de

robo cometidas para dar seguimiento a las distintas fases del proceso.

• Indicar en las estadísticas, las causas o situaciones por las cuales las denuncias reporta-

das no se consignan como averiguaciones previas.

• Indicar en estadísticas judiciales, las modalidades de delitos de robo por tipo, tempo-

ralidad, lugar de ocurrencia, incidencia cometida con o sin violencia y definición de las

procedencias o no del proceso jurídico y las sentencias.

• Proveer información sociodemográfica del ofensor, tanto en las estadísticas de averigua-

ciones previas como de los sujetos a proceso y los sentenciados, lo cual permitirá com-

prender quiénes cometen este tipo de delitos, bajo qué circunstancias y si existe o no un

sesgo en el perfil de los que enfrentan un proceso judicial.

Capítulo 5

El secuestro en México. Niveles, tendencias y distribución

espacial entre 1997-2010

Mario Martínez Salgado

5.1 Resumen

Este capítulo presenta un panorama estadístico del secuestro en México en-tre 1997 y 2010.1 Con base en los registros de averiguaciones previas, suje-ciones a proceso y sentencias condenatorias por entidad y año, se calculan las tasas de ocurrencia de estos eventos; el número de sujetos a proceso por cada averiguación previa; el número de sentencias condenatorias por cada su-jeto a proceso; y el número de sentenciados condenatoriamente por cada registro de averiguación previa. Los niveles, tendencias y la distribución es-pacial de estos indicadores permiten registrar la incidencia de este delito y aproximar la efectividad de los procesos de procuración e impartición de jus-ticia. Los resultados muestran un fenómeno delictivo en descenso hasta la mitad del periodo de observación y un repunte durante el segundo lustro de la década pasada. La perspectiva espacial revela el protagonismo de los esta-dos del sur al comienzo del lapso de estudio y la predominancia de algunas en-tidades del norte al cierre. No obstante, el estudio también señala algunas importantes inconsistencias e irregularidades de la información estadística.

5.2 Introducción

En los últimos años se ha incrementado el número de denuncias por secues-tro en México. Esta observación se deriva partir de los datos que ofrecen las procuradurías generalas de justicia de las distintas entidades, lo cual no necesariamente refleja cuál es la magnitud y la dinámica delincuencial que se vive cada entidad. Varias organizaciones civiles señalan que este tipo de

1 Por motivos de disponibilidad en los datos referentes al secuestro, desagregados por distinta tipificación según diferencias en los códigos penales de las entidades federativas, no fue posible integrar los registros de 2011 a la base de datos utilizada para el análisis (N. del E.).

Mario Martínez Salgado198

delitos (la violación es otro de ellos) tiene una cifra negra alta, en comparación con otros. Algunas estimaciones apuntan a que en México sólo dos de cada cinco secues-tros son denunciados.2 Empero, es imposible precisar la magnitud de la cifra negra debido a que las encuestas de victimización no alcanzan a capturar el fenómeno; para tal caso se necesitaría una muestra representativa con un número de levantamientos relativamente alto para poder realizar inferencias estadísticas.

A pesar de la baja incidencia en términos estadísticos, el delito de secuestro es el que mayor impacto negativo tiene en la percepción de seguridad de los individuos, por lo cual se han realizado modificaciones a nivel estatal y federal de los códigos penales, para intentar inhibir dichos actos delictivos. En este capítulo se plantea una revisión de los códigos penales estatales para recuperar los matices de las definiciones del delito de secuestro y las variantes que son consideradas. En seguida se detallan los apuntes metodológicos, esto es, las fuentes de información estadística y los indicadores uti-lizados. Con base en los datos sobre incidencia delictiva que ofrece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las Estadísticas Judiciales en Materia Penal que reúne el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el volumen de la población por entidad federativa que resulta de la conciliación censal realizada por la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE), se estiman las tasas de ocurrencia de averiguaciones previas, sujeciones a proceso y sentencias condenatorias por cada 100 000 habitantes; también, para aproximar el grado de efectividad de los aparatos de procuración e impartición de justicia, se calcula el número de sujeciones a proceso por cada registro de averiguación previa, el número de sentencias conde-natorias por cada sujeción a proceso y el número de sentencias condenatorias por cada registro de averiguación previa; y, sobre la base de estos indicadores, se generan mapas de algunos años seleccionados, para mostrar el perfil espacial de este delito. A continuación se discuten los resultados de la investigación, primero exponiendo los referentes a las tasas de ocurrencia de los eventos, seguidos de los correspondientes a los cocientes de incidencia. Después, a manera de conclusión, se recuperan algunos de los principales resultados de este estudio y se hacen algunos señalamientos en materia de producción de información estadística. Antes de entrar en materia, en la siguiente sección se revisan ciertas experiencias internacionales relacionadas con la producción y el tratamiento de la información estadística vinculada con el delito de secuestro.

2 José Antonio Aguilar et al., Delitos de alto impacto en México. En el marco de la reforma penal, evaluación del desempeño del Ministerio Público en el combate contra el secuestro y estudio analítico de cifras oficiales sobre extorsión.

El secuestro en México. Niveles, tendencias y distribución espacial entre 1997-2010 199

5.3 La información estadística sobre el secuestro en el contexto internacional. La producción de información en algunos países de América.

5.3.1 Generación de la información y los marcos legalesLas denuncias que son reportadas en las agencias del Ministerio Público constituyen, en la mayoría de las ocasiones, la fuente oficial para conocer la tendencia del secues-tro. De acuerdo con Dammert et al., “en el plano de los procedimientos para la cons-trucción de las estadísticas policiales, pueden existir diferencias en la forma de siste-matización, por ejemplo el periodo temporal, los criterios para realizar el proceso, los hechos incluidos para la construcción de las cifras”,3 cuando dichos elementos no se construyen desde un modelo aprobado en eficiencia, esto impacta en la calidad de los datos. En otro sentido habría que pensar en la tendencia a no reportar el secuestro. El interés por hacer una denuncia se debilita ya sea por temor a represalias o porque con ello se ponga en riesgo la integridad del plagiado; también puede deberse a que el pro-ceso de denuncia sea engorroso, a que exista poca confianza en el sistema de justicia penal, a la dificultad para comprobar el delito, o la creencia de que existan pocas pro-babilidades de que la policía aprehenda al autor o autores del hecho violento. Amén de éstas y otras situaciones que desalientan e inhiben la denuncia que da pie al inicio del proceso de procuración e impartición de justicia, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, para que un sistema de estadísticas de justicia penal funcione se debería contar con una serie de principios básicos, que incluyen una planificación y administración eficaz, contar con un programa de trabajo factible, que se produzcan los datos de forma integrada, que la información sea generada de manera oportuna acorde con las exigencias particulares de cada país, sin olvidar la capacitación y orientación eficaz del usuario.4 Además, adaptando el apartado de consideraciones técnicas en materia de registros y sistemas de información operacional, en referencia al secuestro, el sistema de justicia penal de cada país debería recoger, generar y mantener datos en forma de registros sobre los hechos, las víctimas, los delincuentes, las circunstancias, los procesos, las determinaciones finales y las decisiones penales. Este sistema de re-gistros puede presentarse a la institución encargada de procesar los datos estadísticos de cada país.

Otro aspecto que dificulta la generación de información y la realización de un aná-lisis comparativo es la diversidad de marcos legales entre los países. Por tomar un ejemplo, el Poder Ejecutivo de Venezuela promulgó el 4 de junio de 2009 la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, y el 7 de diciembre de 2011 inauguró la Unidad Antiextor-sión y Secuestro del Ministerio Público, dependencia que adscrita a la Dirección Gene-ral Contra la Delincuencia Organizada. La ley mencionada tiene por objetivo “prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión y garantizar la protección de la

3 Lucía Dammert et al., Crimen e inseguridad: indicadores para las Américas, p. 47.4 ONU, “Manual para la Elaboración de un Sistema de Estadísticas sobre Justicia Penal”.


integridad física de las víctimas y sus bienes”, bien sea contra ciudadanos y extranjeros que en ella se encuentren, “o cuando sea ejecutado contra sus derechos, intereses o bienes, que se encuentren dentro o fuera del espacio geográfico de la República”.

Esta ley establece siete clasificaciones del delito de secuestro: básico, simulación de secuestro, secuestro con fines políticos, conmoción o alarma, secuestro breve, se-cuestro en medios de transporte, secuestro para canje de personas y el aislamiento forzoso. Esto para algunos estudiosos de las leyes venezolanas les parece una ley

excesivamente represiva y desproporcionalmente punitiva […] estableciendo penas hasta de treinta años en el tipo básico del secuestro e incluso hasta de veinticinco años en el caso del enriquecimiento ilícito provenientes de la perpetración de los delitos tipificados en la ley. Esto distorsiona todos los criterios de fijación de penas sostenidos en la doctrina penal, lo que en apariencia lleva a concluir que el legislador apuesta sólo en la intimidación derivada de la severidad de las penas, la lucha contra este delito.5

Por otra parte, en la República de Argentina se creó en 2006 la Unidad Fiscal Asis-tencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), cuyas funciones básicas incluyen recolectar datos estadísticos; capacitar y divulgar la doctrina y jurisprudencia relacionada con el tema; coadyuvar a los fiscales federales del país en las investiga-ciones iniciadas por algunos delitos previstos en el Código Penal de la República de Argentina y facultar a los fiscales de la unidad para actuar en forma conjunta o alter-nativa desde el inicio de la etapa de juicio hasta la finalización del debate. Además cuentan con un apartado que contiene herramientas para la investigación, por ejemplo una base de datos en línea que optimiza la colaboración con las diversas fiscalías del país; la ufase gestiona el acceso directo a distintas bases de datos para que de forma inmediata y con solicitud única, los fiscales puedan contar con información relevante durante el proceso de un secuestro (o posteriormente), sin necesidad de canalizar re-querimientos a través de numerosas dependencias y sin demoras.

En la recolección de datos estadísticos se utilizan recursos tecnológicos e informá-ticos de última generación, sobre todo en la administración de bases de datos y análisis de información. En 2009, el Ministerio Público Fiscal presentó el Informe de Análisis: Base de Datos sobre Secuestros Extorsivos en Capital Federal (periodo 2001-2008),6 elaborado con base en los datos recolectados, y en el que se resaltan las principales características y modalidades de la comisión del delito de secuestro en Buenos Aires. La base de datos cuenta con más de 280 campos de información y contiene datos de 2001 a 2008. Algunas de las características del secuestro que se recopilaron son: dónde se abordó a la víctima, cantidad de secuestradores, cantidad de armas utilizadas en el momento, tiempo para lograr la privación, horario del abordaje, sexo y edad de la víctima, movilización de la víctima, actos de violencia sobre la víctima durante el

5 María Alejandra Añez y Pablo Leonte, “La política criminal en Venezuela. Especial referencia a la conflictividad social en torno al delito de secuestro”, p. 36.6 Para mayor información consultar <http://www.mpf.gov.ar/Institucional/UnidadesFE/Ufase/Secuestros/Recoleccion/informe_base_de_datos_secuestros_extorsivos_2001-2008.pdf>.


cautiverio, modalidad y duración del cautiverio, exigencia de un rescate, método de negociación, cantidad de negociadores y si se le permitió a la víctima comunicarse con sus familiares, entre otros.

Ante la pluralidad de los códigos penales, el documento Crimen e Inseguridad: Indica-dores para las Américas, del Banco Mundial expone que el desafío se encuentra entonces

en el proceso de homologación para poder así sobrepasar las dificultades que imponen las particularidades de cada sistema de información. Si bien los códigos penales son soberanos y por tanto no existe la posibilidad de homologarlos, esto no impide que los países puedan adaptar la información a criterios internacionales.7

5.3.2 Fuentes y estándares internacionales en la medición del secuestroPara los países, “medir” la violencia y criminalidad se ha convertido en una tarea com-pleja, al mismo tiempo que imperante; para quienes buscan realizar análisis y estudios al respecto, lo es todavía más, sobre todo cuando las fuentes de información disponi-bles –oficiales y no gubernamentales– carecen de un proceso sistemático y confiable. “Los mecanismos para medir la violencia y criminalidad están en constante debate, debido a que se reflexiona en torno al uso y al alcance de las metodologías e instru-mentos aplicados, y se cuestionan las fuentes de información disponibles”.8

Al mismo tiempo cabe el cuestionamiento de cuál será el uso que se dará a esa in-formación estadística; por un lado puede servir para comparar la situación en distintos países o, en un sentido más amplio, para la toma de decisiones en cuanto a la evalua-ción, gestión, supervisión y control de los distintos órganos judiciales. En este senti-do, resulta un entramado complicado construir un estándar para calibrar un problema como el secuestro, que se ha convertido en noticia cotidiana en los diversos medios de comunicación que parecieran, en ocasiones, fungir el papel de indicadores estadís-ticos. El número real de secuestros cometidos pocas veces es claro por varias razones; como ya se señalaba, es común que en países donde se dude del sistema de justicia no se denuncie para no poner en peligro al plagiado o por temor a represalias, “los se-cuestros rara vez son reportados a la policía, probablemente porque los secuestradores están en condiciones reales de ejercer venganza sobre la víctima si ésta los denuncia”.9

De igual forma, no existe una definición única del delito de secuestro, porque agra-vantes y atenuantes cambian dependiendo del país, y las formas de registro no son ho-mogéneas, lo que provoca mucha confusión y dificulta el hacer comparaciones sobre el tema. Por ejemplo, en Canadá es un delito mantener injustamente a alguien contra su voluntad, mediante el uso de amenazas, coacción, fuerza o la exhibición de la misma, este delito se nombra como forcible confinement, que se puede traducir, más cercano al código penal mexicano, como privación ilegal de la libertad, es decir se castiga a quien impide a un individuo moverse de un punto a otro libremente, y de manera ilegal lo confina, encarcela o por la fuerza se apodera de esa persona. En algunos de los repor-

7 L. Dammert et al., Crimen e inseguridad…, op. cit., p. 104.8 Ibid., p. 10.9 Banco Mundial, Crimen y Violencia en Centroamérica. Volumen II. Región de América Latina y el Caribe, p. 6.


tes estadísticos oficiales de ese país, el término de forcible confinement incluye el delito de kidnapping (secuestro) que se define de manera similar al de privación de la libertad, con la diferencia de que además, existe el acto de transportar a la víctima de un lugar a otro. En el documento Forcible Confinement in Canada, 2007 se aclara que “no es posible distinguir entre estos dos delitos en los datos que son comunicados por los servicios de policía, sin embargo, la información de tribunales penales para adultos muestra que la gran mayoría (94 %) de las personas acusadas por este delito son encarceladas”.10

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en la resolución 2002/16 (2003) –Cooperación Internacional para Prevenir, Combatir y Eliminar el Secuestro y Prestar Asistencia a las Víctimas– aclara que el secuestro consiste en detener ilícita-mente a una persona o personas en contra de su voluntad con la finalidad de exigir por su liberación un provecho ilícito o cualquier utilidad de tipo económico u otro benefi-cio de orden material, a fin de obligar a alguien a que haga o deje de hacer algo. Existe constancia que en varios países hay una tendencia del crimen organizado a recurrir al secuestro para extorsionar con el propósito de acumular capital y realizar operaciones diversas como trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero y delitos relacionados con el terrorismo. Hay muchos delincuentes que “operan internacionalmente, procu-rando explotar las diferencias entre las jurisdicciones nacionales”.11 De acuerdo con la consultoría internacional de riesgos Control Risks, los secuestros de ciudadanos extran-jeros a nivel mundial han aumentado en 275 % en los últimos diez años “se sospe-cha que una alta proporción de los secuestros son perpetrados por grupos del crimen organizado por motivos económicos, pero no es posible estimar con cierto grado de exactitud qué porcentaje se puede atribuir a la delincuencia organizada.”12

Actualmente muchos de los análisis sobre el delito de secuestro se basan en información oficial provista por organismos gubernamentales, o bien de observato-rios ciudadanos que en ocasiones carecen de respaldo institucional, lo que provoca desinformación y desconfianza sobre las cifras que conocemos. En algunos países de América Latina se busca articular las distintas fuentes de información para tener un conocimiento más cercano de lo que ocurre con la criminalidad en general, y a través de ese recurso conocer la incidencia del secuestro. Por un lado, existen las encuestas de victimización que buscan reconstruir el hecho delictivo, incluyendo, en ocasiones, lo que no se reporta a las autoridades. En otro sentido está el registro que hace la po-licía, las secretarías o las agencias del Ministerio Público; es decir, las denuncias que corresponden a hechos presuntamente delictivos y se clasifican de acuerdo con el tipo de delito. También se registran las detenciones (número de sujetos aprehendidos, o bien el número de acciones emprendidas por la policía), de las cuales se agrupan las causas y se conoce la sentencia absolutoria o condenatoria, estos datos provenientes del Ministerio Público y el Poder Judicial en ocasiones se abocan a aspectos dirigidos más al funcionamiento del sistema de justicia.

10 Mia Dauvergne, “Forcible Confinement in Canada, 2007”, p. 6.11 ONU, Manual de Lucha contra el Secuestro, p. 10.12 Mohamed Mohd, “Kidnap for Ransom in South East Asia”, p. 65.


Por todo lo anterior se debe considerar que existe una cifra negra (los secuestros no denunciados), que son notables las diferencias en los marcos legales y de procura-ción de justicia, y que se convierten en un obstáculo para generar datos estadísticos confiables y de calidad. Todo ello debe ser documentado, reflexionado, discutido y ad-vertido antes de realizar comparaciones entre distintos países. Si se obvia lo anterior, se puede concluir que el problema de secuestro en México durante la década pasada es casi igual de alarmante que en Japón o Rusia, pero que no como en Israel, Inglaterra y Gales, y Australia; o bien, que el fenómeno del secuestro en México es infinitamente menor que en Bélgica, Canadá y Turquía (figura 5.1).

FIGURA5.1

Tasa de secuestros por cada 100 000 habitantes. Países seleccionados (2003-2008)

O�cina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) 13.Fuente:

0

3

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Canadá

Turquía

Bélgica

Israel

Inglaterra y Gales

Australia

México

Rusia

Japón

6

9

12

15

13

13 Para mayor información consultar <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html>.


5.4 El secuestro en México a través de los códigos penales estatales

El secuestro “es uno de los delitos que más profundamente afectan a la sociedad, por los múltiples bienes jurídicos que lesiona”.14 Bien se puede asentar que el problema principal no radica en las leyes, sino en el deterioro del sistema de justicia; los ciudada-nos se sienten vulnerables ante la impunidad, el abuso de poder y la corrupción. En la actualidad, no existe una legislación penal homogénea en las entidades federativas del país. Alejandro Martí, presidente de México S.O.S., señala que es “forzoso que el Código de Procedimientos Penales sea único, que permita que las reglas sean las mismas en todos y cada uno de los estados; es forzoso que la nación en su conjunto cuente con los mismos formatos, procedimientos, imagen y apariencia”.15

El delito de privación ilegal de la libertad lo realizan particulares sin hacer ningún tipo de solicitud; aquí se incluye el obligar a otro a prestar trabajos o servicios personales sin la retribución debida, ya sea empleando violencia física o moral o valiéndose del engaño, la intimidación o cualquier otro medio. El secuestro se considera como tal cuan-do existe alguna petición y se amenaza con causar daño de de no cumplirse. Es decir, si se efectúa con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un rescate o cualquier otro beneficio; o si a una persona en calidad de rehén se le amenaza con privarle de la vida o causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que haga o deje de hacer un acto cualquiera.

En las legislaciones de los estados se considera el secuestro como una forma agra-vada del delito de la privación ilegal de la libertad. En el Código Penal Federal, cuando se refiere a la privación de la libertad se establece que se impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión y de 25 a 100 días de multa al particular que prive a otro de su libertad, y si la privación de la libertad excede de 24 horas, la pena de prisión se incrementará un mes más por cada día (artículo 364). En la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, publicada el 30 de noviembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, las penas que se aplican al que prive de la libertad a otro (con el objetivo de obtener un beneficio) pueden ser desde 20 hasta 70 años de prisión y desde 500 hasta 12 000 días de multa, dependiendo de la gravedad del hecho; si la víctima de los delitos previstos en la ley es privada de la vida se aplicará la pena máxima. Otras agravantes incluyen que la víctima sea menor de 18 o mayor de 70 años; que sea una mujer en estado de gravidez; que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o admi-nistración de justicia, o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, o que se ostenten como tales sin serlo, y que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima u otra persona relacionada con ésta, entre otras. Por su parte, los acusados por el delito de secuestro no cuentan con el beneficio

14 Olga Islas de González, “El secuestro: análisis jurídico”, p.53.15 CNN-México, “La PGR propone base de datos genéticos de víctimas y delincuentes”.


de la preliberación o reducción de la condena y deberán enfrentar el juicio sujetos a prisión preventiva.

No obstante, para algunos especialistas esta ley “parece no distinguir entre el se-cuestro convencional cometido por una persona y el secuestro cometido por la de-lincuencia organizada e impone las mismas sanciones para conductas que pudieran tener distinta gravedad”; además, la jurisprudencia “determina que las leyes locales, en materias concurrentes pueden aumentar las prohibiciones o los deberes impues-tos por las leyes generales”.16 Es decir, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas. Esto es particularmente relevante toda vez que existen entidades donde se puede recibir una pena de prisión vitalicia por cometer un secuestro bajo determinadas circunstan-cias. En los códigos penales de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua se dispone que la prisión será de 25 o 30 años a vitalicia si la víctima se encuentra en desventaja física, o bien, si el delincuente se ostenta como servidor público o mantiene un vínculo con el plagiado;17 y de 50 años a vitalicia si se priva de la vida a la víctima del delito. En contraste, bajo prácticamente las mismas circunstancias en el estado de Oaxaca se impone una pena mínima de 70 y una máxima de 105 años de prisión.

En algunos códigos penales, el robo de un infante es catalogado como secues-tro y en otros como rapto. De igual manera, no todos los códigos penales contem-plan variantes del secuestro, como son el secuestro exprés18 o el secuestro simulado (autosecuestro),19 incluso la misma variante puede estar defina de distinta manera de un estado a otro o de un nivel de gobierno a otro. Por ejemplo, en el código penal del estado de Tamaulipas se define como secuestro exprés al que solicite u obligue al secuestrado a retirar dinero de los cajeros automáticos y/o de cualquier cuenta banca-ria a la que éste tenga acceso, y se castiga con una pena de entre cinco y 15 años de prisión (artículo 392 bis). En cambio, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, se considera como secuestro exprés aquel que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro, con independencia

16 Luis González y Julieta Morales, “Los derechos humanos y el combate a los delitos en México: breve referencia al caso de secuestro”, pp.379-381.17 Si la víctima es mujer, menor de edad, mayor de 70 años o que por cualquier otra circunstancia no pueda oponer resistencia; también, si padece alguna enfermedad que requiera el suministro de medicamentos o de algún tratamiento médico. Igualmente, si el delincuente es, ha sido, o dice ser, sin que esto sea cierto, integrante de alguna institución policial o servidor público; o si tiene alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares; de igual forma si comete el delito en asociación delictuosa o con la intervención de inimputables, o que mutile el cuerpo de la víctima.18 El Manual de Lucha contra el Secuestro señala que se considera secuestro exprés “cuando la víctima es secuestrada durante un periodo corto pero suficiente para obtener alguna concesión o ganancia financiera”. Organización de las Naciones Unidas, op. cit., p.6.19 Ídem. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito clasifica como delito el “secuestro virtual”. En esta modalidad, en teoría no hay ningún secuestro, pero se exige un pago argumentando que una persona (a menudo un pariente) ha sido secuestrada y se paga un supuesto rescate; una variante consiste en que, en el momento del pago, la persona que lo efectúa es secuestrada para asegurar un segundo rescate. La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro no menciona el secuestro virtual, pero contempla un castigo para el que amenace de cualquier modo a una persona con privarla de su libertad o a algún miembro de su familia, o con quien esté ligada por algún vínculo, de acuerdo con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la misma ley.


de las demás sanciones que le correspondan por otros delitos resultantes, y se castiga con una pena de entre 20 y 40 años a quien lo realice.

En la tabla 5.1 se puede ver con mayor claridad algunas de las diferencias existen-tes en los códigos penales estales. No en todos los estados se tipifica el delito de rapto. La privación de la libertad, aun de manera nominal, tiene varios matices: privación ilegal de la libertad, privación de la libertad personal, privación ilegal de la libertad personal, privación de la libertad física, privación de la libertad laboral y privación ile-gal de la libertad o de otros derechos. Además, no en todas las entidades federativas se contemplan las modalidades de secuestro exprés o de secuestro simulado, eso sin mencionar que el concepto de secuestro exprés no es homogéneo en los estados que lo contemplan. Entonces, más allá de las diferencias en cuanto a las sanciones, lo que se interesa destacar en esta investigación es que la noción de secuestro encierra una pluralidad de delitos y definiciones, lo cual debe ser advertido en los reportes o inves-tigaciones que trabajan de manera cuantitativa este fenómeno.

El secuestro en los códigos penales estatales. Distinciones y modalidades del secuestro en la legislación mexicana

TABLA 5.1

EntidadDistinción entre secuestro, privación ilegal de la libertad y rapto

Modalidades de secuestro consideradas

Aguascalientes Los tres delitos están tipificados No se contemplan variantes

Baja California Secuestro y rapto Exprés y autosecuestro

Baja California Sur Los tres delitos están tipificados No se contemplan variantes

Campeche Los tres delitos están tipificados No se contemplan variantes

Coahuila Los tres delitos están tipificados Simulado

Colima Los tres delitos están tipificados No se contemplan variantes

Chiapas Los tres delitos están tipificados No se contemplan variantes

Chihuahua Secuestro y privación de la libertad personal Exprés y simulado

Distrito Federal Secuestro y privación de la libertad personal Exprés y simulado

Durango Secuestro y privación de la libertad personal Exprés y simulado

Guanajuato Secuestro y privación de la libertad Simulado

Guerrero Secuestro y privación de la libertad personal Exprés y simulado

Hidalgo Los tres delitos están tipificados Exprés y simulado

Jalisco Secuestro y privación ilegal de la libertad Simulado

México Secuestro y privación de la libertad Exprés y simulado

Michoacán Secuestro y privación de la libertad No se contemplan variantes

Morelos Secuestro y privación ilegal de la libertad personal No se contemplan variantes

Nayarit Secuestro y privación ilegal de la libertad Exprés

Nuevo León Los tres delitos están tipificados *a)

Oaxaca Secuestro y privación ilegal de la libertad Exprés y simulado

Puebla Los tres delitos están tipificados No se contemplan variantes


EntidadDistinción entre secuestro, privación ilegal de la libertad y rapto

Modalidades de secuestro consideradas

Querétaro Secuestro y privación de la libertad personal Simulado

Quintana Roo Secuestro y privación de la libertad personal Exprés

San Luis Potosí Los tres delitos están tipificados Exprés

Sinaloa Los tres delitos están tipificados Exprés y simulado

Sonora Los tres delitos están tipificados *b)

Tabasco Secuestro y privación de la libertad No se contemplan variantes

Tamaulipas Secuestro y privación ilegal de la libertad Simulado

Tlaxcala Secuestro No se contemplan variantes

Veracruz Secuestro, privación de la libertad física y laboral Exprés y simulado

Yucatán Secuestro y privación ilegal de la libertad Exprés y simulado

Zacatecas Privación ilegal de la libertad o de otros derechos Exprés

*a) No se especifica como exprés, sino como la privación ilegal de la libertad de una persona por un lapso de hasta 24 horas con el fin de obtener algún beneficio de cualquier índole. b) No se especifica como exprés, sino a quien impida a otro su libertad de actuar, hasta por un término máximo de 24 horas, en contra de su voluntad en el interior de un vehículo o en otro lugar, con el propósito de obligarlo, por medio de la violencia física o moral, a entregar por sí o a través de un tercero, dinero o cualquier otro objeto, independientemente del monto.

5.5 Metodología

La información analizada en este estudio refiere al conjunto de los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad en el periodo 1997-2010. Los datos sobre estos delitos proceden principalmente de dos fuentes: el SESNSP y el INEGI.20 En el caso de las inciden-cias delictivas del SESNSP se obtienen los registros de averiguaciones previas,21 mismas que son enviadas por las agencias estatales del ministerio público. Los reportes sobre el número de sujetos a procesos22 y de sentencias condenatorias23 por entidad federa-tiva proceden de las Encuestas Judiciales en Materia Penal del INEGI.24 La información del INEGI no permite distinguir entre modalidades del secuestro, tampoco advertir algún matiz sobre la privación ilegal de la libertad. Por su parte, los registros del SESNSP aglu-tinan todas las modalidades de secuestro y todas las variantes de la privación ilegal de la libertad. Por ello y apelando a la economía del lenguaje, en lo que resta del capítulo también se utilizará únicamente las derivaciones de los vocablos secuestro o plagio para

20 Última consulta de la información estadística, 1 de septiembre de 2012.21 En el SESNSP no se precisa el tipo de averiguaciones previas al que se refieren estos registros, o bien si son averiguaciones iniciadas, consignadas, ratificadas o enviadas a reserva. También se refiere a ellas a lo largo del texto como denuncias.22 Presuntos delincuentes (1997-2008) y procesados (2009-2011). Sólo se seleccionó a los que se les dictó formal prisión o sujeción a proceso. A lo largo del texto se utilizarán los términos sujetos a proceso o procesados como sinónimos.23 Delincuentes sentenciados (1997-2008) y sentenciados (2009-2011). Únicamente se seleccionaron sentencias condenatorias. En este capítulo también se referirá a estos registros como condenados o sentenciados condenatoriamente.24 Sólo se consideran los delitos del fuero común. Se excluyen los del fuero federal porque en el SESNSP no hay registro de averiguaciones previas por los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad para tal jurisdicción.


referir a este conjunto de delitos. Otro apunte a propósito de la información, sobre todo de la que proviene del INEGI, es que las sujeciones a proceso y las sentencias con-denatorias son los eventos finales de procesos multianuales, por lo que la información que se procesa en este capítulo se refiere al año de ocurrencia del delito, de esta ma-nera evita de alguna manera el problema del subregistro de la información.

Además de las tasas de ocurrencia por cada 100 000 habitantes25 y los absolu-tos de las averiguaciones previas, procesados y sentenciados, como medidas de análi-sis, se calculan las razones por estado y año entre: 1) el número de personas a las que se les dictó formal prisión o sujeción a proceso, y el total de denuncias; 2) el volumen de sentencias condenatorias y el total de procesados; y 3) el número de sentencias condenatorias y el total de averiguaciones previas. El primer cociente como medida proxy26 de la efectividad del aparato de procuración de justicia, el segundo como pro-xy de la efectividad del aparato de impartición de justicia y la tercera como nivel de efectividad del aparato de procuración e impartición de justicia. También, sobre la base de estos indicadores, tasas y razones, se generan algunos mapas de distribución para mostrar el perfil espacial del secuestro en México. Asimismo, con base en la matriz de concentración espacio-temporal,27 se contrastan los absolutos observados en los reportes de averiguaciones previas, sujetos a proceso y sentenciados condenatoria-mente, según sea el caso, con los valores esperados dada la dinámica del delito en los estados en un momento dado.

5.6 Resultados

5.6.1 Las averiguaciones previas por el delito de secuestroA grandes rasgos el derrotero del sistema de impartición de justicia mexicano inicia con una denuncia de hechos ante el Ministerio Público, que se encarga de procesar la infor-mación y realizar las diligencias pertinentes para determinar si la conducta violenta es constitutiva de delito; si lo es, ejercita la acción penal y la consigna ante un juez para entonces dar inicio al juicio para fincar responsabilidades y establecer una sentencia para los presuntos delincuentes. Otra particularidad en el sistema de justicia mexicano es que el número de conductas violentas que se denuncian son pocas, y menos toda-vía las que se denuncian y dan lugar a una averiguación previa. Más aun, este número alcanza niveles mínimos cuando los hechos violentos se asocian, después de la acción del Ministerio Público, con los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad.

Considerando lo anterior, en la figura 5.2 se muestra el total de registros de averi-guaciones previas por secuestro a nivel nacional para el periodo 1997 a 2010 por cada 100 000 habitantes (eje principal, línea sin marcadores); y el máximo de este indicador

25 Para el cálculo de las tasas se utilizan los volúmenes de población por entidad federativa y año, resultado de la conciliación censal realizada por la SOMEDE.26 Sustituto (N. del E.).27 Su construcción y particularidades se detallan en el capítulo 1.


entre las entidades federativas (eje secundario, marcadores). Durante el periodo de análisis, la tasa de averiguaciones previas experimenta un descenso, inicialmente vi-goroso, entre 1997 y 2005, seguido de un repunte considerable en 2006 y un nuevo descenso en 2007, antes de comenzar el ascenso con el que cierra en 2010. En 1997, el número de averiguaciones previas por estos delitos fue de 1.10 por cada 100 000 habitantes, esto es 1.8 veces mayor que el que se observa en 1999 y 2000, cuando esta tasa se ubicaba en 0.60 denuncias por cada 100 000 habitantes. Incluso el des-censo en el periodo 1997-2004 es tan significativo que en 2004 y 2005 la tasa de averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes es de 0.31, 3.5 veces menor que la observada al inicio del lapso referido. Posteriormente, en 2006, sucede un repunte que sitúa la tasa de averiguaciones previas en niveles similares a los de finales de la década de los noventa. En ese año se computan 0.69 registros de averiguaciones pre-vias por cada 100 000 habitantes. Después, la tasa desciende a 0.40 por cada 100 000 habitantes en 2007 y a partir de ese momento comienza un ascenso que hace que en 2010 la tasa de averiguaciones previas por secuestro se incremente a 1.09, y se ubique prácticamente al mismo nivel que en 1997.

En el mismo periodo Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Morelos, Nayarit, Tabasco y Tlaxcala se destacan por ser las entidades con los valores máximos en el número de averiguaciones previas por secuestro por cada 100 000 habitantes. Es un hecho que la serie de tasas máximas entre los estados si-gue prácticamente el mismo comportamiento que la tasa nacional. Esta similitud debe alertarnos sobre el peso que tiene el número de registros de averiguaciones previas en determinadas entidades sobre la tasa nacional, particularmente en 1997 y 2006. En el primer caso, Tabasco en 1997 tiene una tasa de averiguaciones previas por se-cuestro de 17.25 por cada 100 000 habitantes, entre cinco y seis veces más grande que la registrada por los estados con tasas más altas en ese mismo año: Zacatecas (3.28) y Michoacán (2.80). Los 318 registros de averiguaciones previas por el delito de secuestro en Tabasco en 1997 representan 30.37 % del total nacional. Si se considera la experiencia delictiva en el estado durante el periodo de observación y el número de registros de averiguaciones previas en el resto de los estados, se puede concluir que el total de denuncias en Tabasco en 1997 es 5.97 veces mayor al esperado (tabla 5.2 del Anexo Estadístico). Si se excluyeran los registros de averiguaciones previas de Tabasco del cómputo nacional, la tasa de denuncias a nivel país descendería hasta 0.78 por cada 100 000 habitantes.


SESNSP, Incidencia Delictiva; SOMEDE, Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas, 1990-2010.

FIGURA5.2

Fuente:

Tasa de averiguaciones previas por el delito de secuestro por cada 100 000habitantes. Tendencia nacional y máximos estatales por año de ocurrencia (1997-2010).

TLAX

TLAXAGS

BCCHIH

DGO

TAB

TAB NAY MOR DF DF DF DF

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

Nacional Máxima estatal

0.0

42.0

35.0

28.0

21.0

14.0

7.0

0.0

1997

1998

2010

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Por otra parte, el efecto de la incidencia delictiva en Tlaxcala es aún más notorio para el cálculo nacional. En 2006, en el estado del centro poniente del país la tasa de denuncias por secuestro es de 36.73 por cada 100 000 habitantes, lo cual es 28.4 veces más grande que la del estado que le sigue: Baja California con 1.30. De acuerdo con las cifras del SESNSP, la actividad delincuencial en el estado produjo 408 registros de averiguaciones previas por secuestro, las cuales constituyen 55.7 % del total nacio-nal. Es decir, si se excluyen los reportes del estado de Tlaxcala de la cuenta nacional, la tasa de averiguaciones previas a nivel país caería de 0.69 a 0.31. Con ello, el indicador alcanzaría el mismo nivel observado en 2004 y 2005, cuando se registra el menor nú-mero de averiguaciones previas por secuestro por cada 100 000 habitantes. El total de registros de averiguaciones previas en Tlaxcala en 2006 es 11.42 veces mayor que el esperado dada la experiencia en esta materia en el estado y los registros de los otros estados en ese año (tabla 5.2 del Anexo Estadístico).

Otra manera de apreciar el fenómeno es referenciando espacialmente las ta-sas de averiguaciones previas (mapa 5.1). Los siguientes mapas muestran el núme-ro de averiguaciones previas por secuestro o privación ilegal de la libertad por cada 100 000 habitantes para 1997, 2004, 2006 y 2010.28 En 1997 destaca Tabasco, como ya se había mencionado, con 17.25 denuncias por cada 100 000 habitantes. También sobresalen algunos estados de la región Pacífico, desde Oaxaca hasta Jalisco, junto a Zacatecas y Yucatán. En estos estados el número de averiguaciones previas por cada

28 Se selecciona 1997 y 2010 porque son los años que delimitan el periodo de observación, y 2004 y 2006 porque en esos años la tasa de averiguaciones previas a nivel nacional toma el mínimo global, primero, y después alcanza un máximo local.


100 000 habitantes va de 1.80 en Jalisco a 3.28 en Zacatecas; en particular en la región limítrofe con el océano Pacífico se computan 2.13 averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes. Es igualmente digno de mención que en el noreste, con excepción de Nuevo León, lo mismo que en Tlaxcala y Campeche no se registran averiguaciones previas por secuestro o privación ilegal de la libertad.

En 2004, cuando la tasa de averiguaciones previas a nivel nacional alcanza el míni-mo, el mapa 5.1 muestra una concentración de denuncias en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos y Guerrero. Las tasas de denuncias en estas entidades, al igual que en Aguascalientes y Baja California, van desde 0.32 en el Estado de México a 1.64 en el Distrito Federal por cada 100 000 habitantes. En particular, en el conglomerado centro-Pacífico se estiman 0.76 denuncias por cada 100 000 habitantes. Por el contrario, en el mismo año, en Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán no se tienen reportes de denun-cias por el delito de secuestro o privación ilegal de la libertad.

Dos años más tarde, en 2006, se contrae la incidencia de la región centro. Entre el Distrito Federal y Morelos se contabilizan 0.99 averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes. También sobresalen las ya mencionadas 36.73 denuncias por cada 100 000 habitantes de Tlaxcala. De igual manera se destaca la península de Baja California al presentar en el sur una tasa de averiguaciones previas de 0.92 por cada 100 000 habitantes y de 1.30 en el norte. En contraste, en Durango y los estados su-reños del Golfo de México: Tabasco, Campeche y Yucatán, no se reportan en dicho año denuncias por secuestro.

Al cierre del periodo de observación las tasas de averiguaciones previas más al-tas se concentran en el centro-norte: Chihuahua, Coahuila y Durango, y en Michoacán, donde el número de denuncias por cada 100 000 habitantes varía entre las 3.10 de Michoacán y las 4.79 de Durango. De hecho, entre los tres estados norteños se pro-median 4.04 averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes. También se apre-cian tasas de averiguaciones previas moderadamente altas en Baja California (2.49), Morelos (1.56) y Quintana Roo (1.80). En cambio, en 2010 sólo en Yucatán no se tiene registro de alguna averiguación previa por los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad.

Con base en este análisis se puede decir que el fenómeno del secuestro, visto a través de los registros de averiguaciones previas, pasó de una extendida, pero focali-zada zona de influencia en el Pacífico sur, a una concentrada en la meseta central hacia la mitad de la década pasada, que finalizó la década con un fenómeno extendido en el norte y parte en el centro-Pacífico.


5.6.2 Las sujeciones a proceso por el delito de secuestroA la notificación del delito (denuncia) le sigue la etapa de investigación, realizada por el Ministerio Público, para reunir los datos que acrediten el cuerpo del delito y que ha-gan posible fincar responsabilidades.29 La figura 5.3 muestra para el periodo de 1997 a 2010 el número de sujetos a proceso por los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad por cada 100 000 habitantes a nivel nacional (eje principal, línea sin marca-dores), también se exhiben los máximos estatales por año de ocurrencia (eje secunda-rio, marcadores). A diferencia del caso anterior (registros de averiguaciones previas), la tendencia nacional de esta parte del proceso de impartición de justicia comienza cerca del valor mínimo de la serie (0.64). En 1997, en el país se computaron 0.69 sujetos a

29 Victoria Adato, Derechos de los detenidos y sujetos a proceso, p. 5.


proceso por cada 100 000 habitantes. Después, esta tasa experimenta un incremento hasta llegar en 1999 a 0.95 procesados, luego desciende pausadamente hasta llegar en 2006 a 0.64 sujeciones a proceso por cada 100 000 habitantes. A partir de ese año la tasa de sujetos a proceso asciende hasta alcanzar en 2010, la cantidad de 1.10 por cada 100 000 habitantes.

FIGURA5.3

Tasa de sujetos a proceso por el delito de secuestro por cada 100 000 habitantes. Tendencia nacional y máximos estatales por año de ocurrencia (1997-2010).

1.2

1.0

0.8

0.6

COL

GRO

BC

GRO

GRO


GROGROBC

BC

DF DFDF

DF

GRO

0.4

0.2

0.0

4.2

3.5

2.8

2.1

1.4

0.7

0.0

1997

1998

2010

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal; SOMEDE Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas, 1990-2010.Fuente:

Respecto a las tendencias estatales, los valores máximos en el periodo de estudio se encuentran concentrados en los estados de Baja California, Colima, Distrito Federal y Guerrero, en los cuales el número de sujetos a proceso por cada 100 000 habitantes varía de 1.70 para el Distrito Federal en 2006, a 3.31 para Guerrero en 2000.30 Entre 1997 y 2010, en seis ocasiones, Guerrero registro el mayor número de sujetos a proce-so por cada 100 000 habitantes, seguido por el Distrito Federal con cuatro menciones y Baja California con tres. Lo anterior resultaría irrelevante de no ser porque en esta lista no figuran los estados que en el mismo lapso ostentan las mayores tasas de averigua-ciones previas por los mismos delitos: Chihuahua, Tabasco y Tlaxcala. Esto sugiere que más allá de los tiempos que requiera cada proceso, en varios estados no se correspon-de la procuración de justicia con la impartición de la misma.

Otro aspecto a destacar es la distribución geográfica de esta etapa del proceso de impartición de justicia (mapa 5.2). La siguiente colección de mapas muestra las tasas

30 En 2006, en Guerrero se tienen reportadas 37 sujeciones a proceso, lo cual es 1.72 veces mayor de lo esperado, dada la experiencia delictiva en el estado a lo largo del periodo de observación y los registros de las demás entidades en ese año (tabla 5.3 del Anexo estadístico).


de sujetos a proceso por cada 100 000 habitantes para 1997, 1999, 2006 y 2010.31 Al comienzo del periodo de observación se destaca parte de la región centro-Pacífico y los estados de Colima y Sinaloa por sus altas tasas de sujetos a proceso. Los valores de éstas varían entre 1.39 de Morelos y 1.94 de Colima. En el Distrito Federal, Morelos y Guerrero el número promedio de procesados por cada 100000 es de 1.64. De igual manera se distinguen algunos estados del Pacífico sur, Tlaxcala, Nayarit y Chihuahua, en cada uno de estos estados se estiman alrededor de 0.86 sujetos a proceso por cada 100 000 habitantes. En Chiapas y Oaxaca hay 0.95 sujetos a proceso por cada 100 000 habitantes; por el contrario, en Campeche, Yucatán y Zacatecas no se reporta ninguna sujeción a proceso. El caso de Yucatán y Zacatecas resulta singular, toda vez que en el mismo año, junto con Tabasco, Michoacán y Colima, fueron las cinco entidades con el mayor número de averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes.

En 1999, los estados con los registros más elevados de la tasa de sujetos a proceso por los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad se encontraban en la costa del Pacífico. Baja California, Sinaloa, Guerrero y Oaxaca, junto con el Distrito Federal, tienen una tasa media de 2.37 sujetos a proceso por cada 100 000 habitantes. También Sonora y Chihuahua, junto con Aguascalientes, Querétaro, Morelos y Chiapas tienen tasas medianamente altas. Estos seis estados promedian una tasa de sujetos a proceso de 1.22 por cada 100 000 habitantes. Asimismo, se destacan los estados centro-occi-dente por sus tasas moderadas y los estados de Baja California Sur y Yucatán por no reportar ningún sujeto a proceso en ese año.

31 Se seleccionaron 1997 y 2010 por ser los años que delimitan el periodo de observación; 1999 porque fue el año en que la tasa de sujetos a proceso a nivel nacional alcanzó un máximo local y 2006 por ser el año en donde la tasa de procesados alcanzó un mínimo global.


La distribución espacial de las tasas de procesados en 2006 es un galimatías. Algu-nos estados del Pacífico y el Distrito Federal tienen las tasas más altas de sujetos a pro-ceso por cada 100 000 habitantes. La capital del país, Baja California, Sinaloa, Nayarit, Colima y Guerrero promedian 1.53 procesados por cada 100 000 habitantes. Las tasas moderadamente altas inlcuyen Baja California Sur, la columna central que componen los estados de Coahuila y Zacatecas, los estados vecinos del Distrito Federal, además de Hidalgo y el cinturón que conforman Chiapas y Tabasco. En cambio, en Yucatán en el mismo año, igual que en 1997 y 1999, el aparato de procuración e impartición de justicia no consignó a ninguna persona por el delito de secuestro.

En 2010, el Distrito Federal e Hidalgo son las entidades que se destacan por las más altas tasa de sujetos a proceso; ambas promedian 2.95 procesados por cada 100 000 habitantes. Le siguen algunos estados del noroeste, Guerrero y Guanajuato


con tasas moderadamente altas. En Sonora y Chihuahua se promedian 1.70 sujeciones a proceso por cada 100 000 habitantes; en Guanajuato esta cifra se sitúa en 1.78 y en Guerrero se ubica en 1.58. En contraste, en Baja California Sur, Tlaxcala y Yucatán en dicho año no reportan sujetos a proceso.

5.6.3 Las sentencias condenatorias por el delito de secuestroTodos los procesados deben recibir una sentencia, exculpatoria o inculpatoria. La figura 5.4 muestra para el periodo de análisis, el número de sentencias condenatorias por los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad por cada 100 000 habitantes (eje principal, línea sin marcadores), y las tasas máximas según el estado y el año de ocurrencia (eje secundario, marcadores). De acuerdo con los resultados, la tasa entre el número de sentenciados de manera condenatoria y el total de la población experi-menta un ascenso entre 1997 y 1999. Entre 2000 y 2005 este indicador se muestra inconstante, y de 2006 a 2009 aumenta ligeramente. En 2010 se registra el menor número de sentencias condenatorias por cada 100 000 habitantes como consecuen-cia, se deduce, del poco tiempo transcurrido para que el aparato de impartición de justicia resuelva y aclare la situación de los sujetos a proceso. En detalle, al comienzo del periodo en el país se contabilizan 0.62 condenados por los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad por cada 100 000 habitantes, después la tasa sube hasta llegar al máximo global en 1999 con 0.82 condenados. Entre 2000 y 2005 la tasa de sentencias condenatorias por 100 000 habitantes se encuentra entre 0.67 y 0.77. En 2006 se observa un valor cercano al número mínimo de 0.54 sentencias condenatorias por cada 100 000 habitantes; después el indicador asciende hasta situarse en 2009 en los mismos niveles de 2004 y 2005, 0.71 condenados por cada 100 000 habitantes. Para 2010 se registran, por cada 100 000 habitantes, 0.51 sentencias condenatorias por el delito de secuestro o privación ilegal de la libertad.

Los estados que más se destacan por el cumplimiento de esta parte del proceso de impartición de justicia son pocos. Entre 1997 y 2002 sólo figuran cinco entidades: Baja California, Colima, Guerrero, Sinaloa y Sonora. Si se incluye dentro de éstos a las entidades que le siguieron, sólo hay que agregar a Nayarit y al Distrito Federal. Res-pecto a los valores máximos, en Colima se registran 3.88 sentencias condenatorias por cada 100 000 habitantes en 1997,32 pero al año siguiente en la misma entidad la cifra se redujo más de una unidad (2.28). A partir de ese año y hasta 2002 el número de con-denados por cada 100 000 habitantes varía entre 2.19 (Baja California, en 2002) y 2.64 (Guerrero, en 2000). Después, entre 2003 y 2010, con excepción de 2007, el Distrito Federal es la entidad que concentra el máximo número de sentencias condenatorias por el delito de secuestro. A la capital le sigue en el mismo lapso por sus altas tasas de sentencias condenatorias solamente Baja California (entidad con la tasa máxima en 2007). Entre 2003 y 2005, el número de condenados por cada 100 000 habitantes

32 En Colima, durante 1997, se registraron 5.18 veces más sentencias condenatorias de las esperadas dados los registros de condenas en las demás entidades en ese año y los correspondientes registros en dicho estado a lo largo del periodo de observación (tabla 5.4 de Anexo Estadístico).


en el Distrito Federal varía entre 2.47 y 2.75; para 2006 el valor decae a 1.93, pero repunta en los siguientes años hasta ubicarse en 2.84 en 2009; ya para 2010, la tasa de sentencias condenatorias se sitúa en 2.79 por cada 100 000 habitantes. Con lo an-terior se puede concluir que durante el periodo 1997-2010 en sólo seis estados: Baja California, Colima, Distrito Federal, Guerrero, Sinaloa y Sonora, se concentran las tasas máximas de sentencias condenatorias, y de considerar los binomios estatales máximos únicamente se suma a esta lista el estado de Nayarit.

FIGURA5.4

Tasa de sentencias condenatorias por el delito de secuestro por cada 100 000 habitantes. Tendencia nacional y máximos estatales por año de ocurrencia (1997–2010)

1.2

COL

SONBC

GRO

SIN

BCDF

DFDF

DFDF DF

DF

BC

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0


1997

1998

2010

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

4.2

3.5

2.8

2.1

1.4

0.7

0.0

Fuente: INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal; SOMEDE Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas, 1990-2010.

La siguiente colección de mapas muestra la distribución espacial de la tasa de sentencias condenatorias por cada 100 000 habitantes en 1997, 1999, 2006 y 2009 (mapa 5.3).33 En 1997 se advierten valores relativamente altos en la costa del Pacífico. En esta zona, los estados de Sinaloa, Guerrero y Colima promedian una tasa de senten-cias condenatorias de 1.69 por cada 100 000 habitantes. De igual forma, en la región centro, Morelos y Distrito Federal muestran tasas moderadamente altas. Estos estados promedian 1.23 sentenciados condenatoriamente por los delitos de secuestro o priva-ción ilegal de la libertad por cada 100 000 habitantes. Por otro lado, en ese año se des-taca que en Zacatecas, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo no se dictaron sentencias condenatorias por estos delitos.

33 En esta ocasión se opta por 2009 en lugar de 2010 por el presumible sesgo informativo que confiere el cierre del periodo de observación atribuible al poco tiempo transcurrido para la conclusión de los procesos de impartición de justicia.


En 1999, el Distrito Federal junto con algunos estados del noroeste concentran las tasas más altas de condenados por cada 100 000 habitantes. Tan sólo en la capital del país se registraron 2.23 sentencias condenatorias por el delito de secuestro por cada 100 000 habitantes, y en la región compuesta por Baja California, Sonora y Sinaloa se promediaron 1.94 sentencias condenatorias. De igual manera en la zona del Pacífico sur y Chihuahua se registran tasas moderadamente altas. En la franja compuesta por los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas la tasa promedio de sentencias condenatorias es de 1.17 por cada 100 000 habitantes; mientras que en Chihuahua este indicador es de 1.12. Sobresalen también en este mismo año los estados de Baja California Sur, Coahuila y Yucatán, por no registrar una sola sentencia condenatoria en dicho año por el delito de secuestro.


En 2006, la distribución espacial de las tasas de sentencias condenatorias mues-tra un patrón que se acentúa en el noroeste, sobre todo en los estados limítrofes con el Mar de Cortés y en algunas entidades del centro y, aunque en menor medida, en la región este del Golfo de México. También, en el mapa correspondiente resalta parte de la península de Yucatán por no registrar sentencias condenatorias. Entre los estados de la península de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit la tasa promedio de senten-cias condenatorias por el delito de secuestro es de 1.29 por cada 100 000 habitantes y en su conjunto el Estado de México y Distrito Federal, promedian 1.15 sentencias condenatorias.

En 2009, las tasas de sentencias condenatorias más altas se concentran en el Dis-trito Federal y en varios estados del noroeste. Como ya se mencionó, en la capital se computan 2.84 sentencias condenatorias por cada 100 000 habitantes (registro máxi-mo en ese año). En las entidades bajacalifornianas, Sonora y Nayarit, se calcula que por cada 100 000 habitantes se sentenció condenatoriamente a 1.64 individuos por el delito de secuestro. A estas entidades les siguieron con tasas moderadamente altas algunos de los estados colindantes con Durango, el cual se destaca por no reportar una sola sentencia condenatoria. La tasa promedio de sentencias condenatorias en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Zacatecas es de 0.85 por cada 100 000 habitantes, mientras que en Guanajuato y Michoacán la tasa promedio se ubica en 0.65 sentencias.

5.6.4 Total de sujeciones a proceso por cada averiguación previa por el delito de secuestroEl cociente entre el número de sujetos a proceso y el total de averiguaciones pre-vias podría ser una medida de la efectividad del aparato de procuración de justicia, o bien, podría brindar una aproximación al tamaño medio de las organizaciones de plagiarios.34 Sin embargo, estos usos palidecen por las particularidades de los datos en materia de procuración de justicia. Primero, lo que ofrece el SESNSP son registros de averiguaciones previas, sin aclarar si tales denuncias refieren a averiguaciones previas iniciadas, consignadas, ratificadas o enviadas a reserva. Además, el SESNSP sólo integra lo que las procuradurías estatales le envían, por lo que está latente un problema de reporte en dicha transferencia de información. Segundo, las Estadísticas Judiciales en Materia Penal, en particular las que conciernen a los sujetos a proceso, son sensibles al tiempo de duración del proceso de procuración de justicia,35 esto significa que en años recientes los reportes de sujeción a proceso serán menos cuantiosos debido a que se-guramente habrá procesos que no han concluido. Por todo lo anterior, deben tomarse con cautela los resultados de este indicador.

En la figura 5.5 se muestra que dicho cociente a nivel nacional (eje principal, línea sin marcadores) asciende entre 1997 y 1999, y después de un ligero retroceso en 2000,

34 El plagio de una persona puede ser perpetrado por más de un delincuente, y las organizaciones delictivas pueden ser responsables de más de un secuestro, por lo que es de esperarse que el número de sujetos a proceso no sea una relación uno a uno con el de averiguaciones previas.35 La integración de averiguaciones previas para la consignación, y por tanto sujeción a proceso, también es un procedimiento multianual.


el indicador aumenta considerablemente hasta alcanzar el máximo en 2004. Después, el número de sujeciones a proceso por cada registro de averiguación previa desciende erráticamente; primero con una fuerte caída en 2006, seguido de un repunte en 2007 y una tendencia a la baja hasta 2010. En detalle, a nivel nacional, en 1997 se registran 0.63 sujetos a proceso por cada averiguación previa, valor que se incrementa casi una unidad en 1999 cuando alcanza 1.57. En 2004 la relación entre sentencias condena-torias y averiguaciones previas es de 2.54 procesados por cada denuncia, luego decae hasta situarse en 0.93 en 2006. Al año siguiente, el cociente asciende poco más de me-dia unidad para ubicarse en 1.86 sujetos a proceso por cada registro de averiguación previa, y en lo que resta del periodo de estudio esta razón disminuye hasta cerrar en 2010 a una sujeción a proceso por cada registro de averiguación previa por el delito de secuestro o privación ilegal de la libertad.

La misma figura exhibe el valor máximo estatal para cada año entre 1997 y 2010 (eje secundario, marcadores). A primera vista, resalta que sean los estados fron-terizos con Estados Unidos los que muestran un mayor número de sujetos a procesos por cada registro de averiguación previa. Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Sonora se encuentran al frente de este rubro en nueve de los 14 años de observación. Sonora apa-rece en cuatro ocasiones, Chihuahua y Coahuila aparecen dos veces cada uno, y Nuevo León una vez. Además, sin ser fronterizos, también se destacan los estados de Durango y San Luis Potosí. De esta manera, 11 de los 14 cocientes máximos se encuentran repar-tidos entre seis entidades del norte del país.

En 1998, los valores máximos estatales varían entre las 3.50 sujeciones a proceso por cada averiguación previa en Sonora, producto de 21 sentencias condenatorias y 6 averiguaciones previas, y los 16 en Coahuila en 2004, resultado de 16 procesados y sólo un registro de averiguación previa. También se destaca Nuevo León en 2005 por computarse 15 sujetos a proceso por denuncia, aunque ello, al igual que en el caso de Coahuila el año anterior, se debe a que se registraron 15 sujeciones a proceso y sólo una denuncia. La mayoría de los máximos restantes circundan la decena de procesos por denuncia. En 1997, en Durango se computaron 9; una oncena en 1999 y 10.50 en 2001, en Chihuahua; al año siguiente se registró una decena en Coahuila; en 2003 en Querétaro fueron 9; y en San Luis Potosí en 2006 se estimó una decena de sujetos a proceso por cada averiguación previa. No obstante, en estos estados la constante es que el total de registros de averiguación previa en esos años es bajo, menor a los seis eventos.


FIGURA5.5

Total de sujeciones a proceso por cada averiguación previa por el delito desecuestro. Tendencia nacional y máximos estatales por año de ocurrencia (1997-2010)

3.0

DGO

SON SON SON SON

CHIH

CHIH

VERCOAH

COAH

QRO

QRO

NL

SLP

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0


1997

1998

2010

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

SESNSP, Incidencia Delictiva; SOMEDE, Conciliación Demográ�ca de México y Entidades Federativas, 1990-2010.Fuente:

El siguiente conjunto de mapas muestra la distribución espacial del total de su-jeciones a proceso por cada registro de averiguación previa para 1997, 2004, 2007 y 2010 (mapa 5.4). Entre los aspectos a destacar se encuentra la presencia de entidades en donde los reportes de SP no están acompañados de al menos una AP (en gris). Esto es, estados en donde no es posible determinar el número de procesados por cada denuncia, simplemente porque el denominador (AP) es igual a cero. Esto se aprecia en una décima parte (10.49 %) del total de las observaciones entidad-año.36 Entre 1997 y 2009 ello se repite en por lo menos tres ocasiones cada año.37 Esta peculiaridad se de-tecta en Tabasco y Tlaxcala en ocho años, en Coahuila en cinco años, en cuatro años en Campeche y Yucatán, en San Luis Potosí y Tamaulipas en tres años, en Baja California, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas en dos años y en uno solo en Colima, Durango, Morelos y Veracruz.

Desde otra perspectiva, en el país durante el periodo 1997-2010 a 2.85 % de los registros de sujeción a proceso (340 de 11 940) no se les puede vincular con al menos una averiguación previa. Es así que a la tarea del SESNSP de aclarar a qué tipo de averiguación previa se refiere en la información que ofrece(iniciadas, consignadas, ra-tificadas o enviadas a reserva), se puede sumar la de exigirle, lo mismo que a todas las procuradurías generales de justicia estatales, con especial énfasis en las de los estados citados en la parte final del párrafo anterior, que mejoren el sistema de transmisión y

36 Las 32 entidades federativas y el lapso de estudio de 14 años producen 448 observaciones entidad-año.37 En 2002 y 2003 esto sucede en cinco estados. Sólo en 2010 no acontece lo referido.


reporte de las estadísticas en materia penal para que subsanen las presumibles omi-siones que se acaban de señalar.

Por lo demás, en el mapa correspondiente a 1997 destacan por el alto número de procesados por cada averiguación previa algunos estados del noroeste, con Durango a la cabeza, y otros del centro-este, con la fuerte presencia del Distrito Federal (mapa 5.4). Entre Durango, Sinaloa y Sonora promedian 1.90 sujeciones a proceso por cada registro de averiguación previa, y en el Distrito Federal, Morelos, el Estado de Méxi-co, Querétaro y Veracruz la media de este indicador se ubica en 3.75. Por otro lado, los estados vecinos de Nuevo León: Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de Tlaxcala, se revelan como entidades donde a los 34 sujetos a proceso que suman, mismos que representan 5.14 % del total de SP ese año, no se les puede asociar una sola de las denuncias que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública..


En 2004, el mosaico que dibuja el mapa es variopinto, aunque los mayores regis-tros del cociente entre sujetos a proceso y averiguaciones previas se encuentran en la frontera norte y la península de Baja California, y alrededor de la meseta central, aunque también se advierten valores moderadamente altos en Nayarit y Quintana Roo. Entre Baja California Sur y los estados norfronterizos (excluyendo a Tamaulipas y Nue-vo León) promedian 7.65 sujetos a proceso por cada averiguación previa, mientras que la media entre procesados y denuncias en Hidalgo y Querétaro, Michoacán, Guerrero, Puebla y Veracruz es de 4.09. Asimismo, en Tabasco, Tamaulipas y Yucatán no se tiene registrada una sola averiguación previa que se pueda relacionar con los 47 sujetos a proceso, mismas que representan el 5.72 % de las sujeciones a proceso reportadas ese año.

Tres años más tarde, en 2007, se dibujan tres zonas en donde el total de sujetos a proceso por cada averiguación es alto. La primera, limítrofe con el Mar de Cortés y parte del Pacífico, desde Baja California pasando por Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, pro-media 3.50 sujetos a proceso por cada averiguación previa. En la segunda, compuesta por Coahuila y Nuevo León, la media se ubica en 3.33 procesados por cada denuncia. La tercera, ésta con valores un tanto menores, la componen los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Guerrero, en los cuales se computan 1.93 procesados por cada denuncia. De igual forma, es preciso resaltar que entre los estados de Colima, Querétaro y Tlaxcala suman 21 sujetos a proceso (2.57 % de los registrados ese año), sin que por ellos medie alguno de los registros de averiguación previa que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al final de la década pasada, el número de sujetos a proceso por cada denuncia plantea una franja estatal con valores altos, limítrofe con el Mar de Cortés, y con valores intermedios la aparente continuación horizontal de ésta, la cual comprende a algunos estados del Pacífico, la meseta central y el Golfo de México. El conjunto de los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit promedian 3.86 sujetos a proceso por cada registro de averiguación previa, mientras que entre Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Distri-to Federal, Veracruz y Oaxaca la media de sujeciones a proceso por cada denuncia se ubica en 2.71.

5.6.5 Total de sentencias condenatorias por cada sujeción a proceso por el delito de secuestroAl final de todo proceso de impartición de justicia los sujetos a proceso habrán de recibir una sentencia condenatoria, o bien, absolutoria. Entonces, necesariamente el número de sentencias condenatorias, en una localidad y año determinados, será me-nor o igual que el número de sujeciones a proceso. Por ello, la razón entre el número de condenados y el número de procesados debe ubicarse en el intervalo cero a uno. En otro caso, la información en materia penal acusará problemas de registro. De esta manera, el número de sentencias condenatorias por cada sujeción a proceso es una manera de aproximar la efectividad del aparato de impartición de justicia, e incluso


de valorar la fiabilidad de las estadísticas judiciales en materia penal. No obstante, es preciso recordar que tanto el establecimiento de sujeciones a proceso como el trayec-to para dictaminar sentencias condenatorias son procesos multianuales, por lo que se advierte que en los años más cercanos al momento de observación ambas condiciones exhibirán valores bajos. Incluso es posible que en dichos años el número de condena-dos esté muy por debajo del número de procesados, pues se espera que haya varias sujeciones a proceso que no hayan redundado en una sentencia.

La relación entre sentencias condenatorias y sujeciones a proceso para el periodo 1997 a 2010 a nivel nacional se muestra en la figura 5.6 (eje principal, línea sin mar-cadores). En la misma figura se destaca el máximo estatal de sentencias condenatorias por cada sujeto a proceso para cada año (eje secundario, marcadores). En lo que toca al conjunto del país, el cociente exhibe dos tendencias. En la primera, entre 1997 y 2005, el número de condenados por cada sujeto a proceso varía entre los 0.86 en 2002 y el anómalo 1.01 de 2001. Tanto en 2001 como en 2005 el número de sentencias conde-natorias supera al de sujetos a proceso, lo cual debe ser señalado como un error en el registro de la información. En el primer caso se tienen registrados 772 condenados y 766 sujetos a proceso; en el segundo, estos valores son, respectivamente, 754 y 751. Fuera de ello, en 1998 y 2003 se registran entre 95 y 96 sentencias condenatorias por cada 100 sujeciones a proceso. En el siguiente lapso la relación entre sentencias condenatorias y sujetos a proceso disminuye. En 2006 este cociente se sitúa en 0.85 y desciende hasta ubicarse en 0.47 al cierre de la década pasada. Esto último como consecuencia del menor tiempo transcurrido para que concluyan los procesos de pro-curación e impartición de justicia.

INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

FIGURA5.6

Fuente:

Total de sentencias condenatorias por cada sujeción a proceso por el delito desecuestro. Tendencia nacional y máximos estatales por año de ocurrencia (1997–2010)

3.0

AGSCOL ZAC

NL

TAM

NLNAY TAMMOR

SLP

SLPSONSLP SLP

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0


1997

1998

2010

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0


Respecto a los máximos estatales, en los altos registros de sentencias condena-torias por cada sujeto a proceso se revelan irregularidades en las Estadísticas Judicia-les en Materia Penal. En prácticamente todo el periodo de observación, entre 1997 y 2009, es posible distinguir estados con razones entre sentencias condenatorias y su-jetos a proceso por encima de la unidad, incluso próximos a las cinco unidades cuando no superan una o dos decenas. Para cerrar la década de los años noventa en Aguasca-lientes, Colima y Tamaulipas se computan seis, cuatro y 12 sentencias condenatorias por cada sujeto a proceso, respectivamente. De 2000 a 2005, en Nayarit se registran 2.67 sentenciados condenatoriamente por cada sujeto a proceso; en Nuevo León, 3.25; en Tamaulipas, 3.50; en San Luis Potosí, 24; y en 2004 en la misma demarcación, 2.20. Entre 2005 y 2009 se distinguen los estados de Morelos (5.50), Sonora (2.38), San Luis Potosí en dos ocasiones (2.50 y 4.50) y Zacatecas (2.75). Sólo en Nuevo León, en 2010, el total de sentencias condenatorias se corresponde perfectamente con el de sujetos a proceso.

No obstante, estas entidades no son las únicas en donde la razón entre el número de condenados y el de sujetos a proceso superan el valor 1. En cada uno de los años de análisis al menos seis estados rebasan este registro; destacan 1999, 2001 y 2003 con 12 entidades, y 1997, 1998 y 2002 con 11. De hecho, esto ocurre 127 ocasiones repartidas en 30 estados. Sólo en Guerreo y Oaxaca en todos los años observados, el número de sentencias condenatorias es menor o igual que el de sujetos a proce-so. En detalle, los estados que más años incurren en esta irregularidad son Nayarit y Michoacán (9); le siguen Jalisco, San Luis Potosí y Sonora (8); Distrito Federal y Nuevo León (7); Chiapas y Durango (6); Morelos y Zacatecas (5); Guanajuato, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala (4); Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima y Puebla (3); Campeche, Coahuila, Querétaro, Sinaloa y Veracruz (2); el resto, Chihuahua, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán (1).38

Una variante de lo anterior se refiere a que el número de condenados es mayor que cero, pero las sujeciones a proceso no. Esto impide determinar el total de senten-cias condenatorias por cada sujeto a proceso. Tal situación ocurre en 11 ocasiones en ocho diferentes estados: Aguascalientes (3), Campeche (2), y Baja California Sur, Coli-ma, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, con una por entidad. Respecto al tiempo en que sucede, en 1997, 1998, 2001, 2005 y 2008 en un estado; en 2002, 2003 y 2007 en dos entidades. Se concluye entonces que al menos tres de cada 10 observaciones entidad-año (30.80 %) presentan algún tipo de irregularidad en la infor-mación, bien porque a cada sujeción a proceso le corresponde más de una sentencia condenatoria, o porque no hay reportes de sujeciones a proceso que acompañen a los registros de sentencias condenatorias.

La distribución espacial del número de sentencias condenatorias por cada sujeto a proceso para 1997, 2001, 2005 y 2010 está representada en el mapa 5.5. En 1997, la Península de Baja California, la región occidente y de manera aislada los estados

38 En paréntesis el número de años con la irregularidad referida.


de Sinaloa, Nuevo León y Chiapas destacan por promediar más de una sentencia con-denatoria por cada sujeción a proceso. En conjunto, los estados peninsulares tienen una media de 4.67 sentencias condenatorias por cada sujeto a proceso. Por su parte, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes promedian 1.35 condenados por cada procesado. En tanto que en Sinaloa, Nuevo León y Chiapas se registran 1.09 sentencias condenatorias por cada sujeto a proceso. Para el resto del país se computan 72 sentencias condenatorias por cada centenar de sujetos a proceso por el delito de secuestro. En cambio, en Yucatán se tiene un registro de sentencias condenatorias sin que a éste se le pueda asociar un reporte de sujeto a proceso.


En 2001 el panorama no es muy diferente. Algunos estados del noroeste, otros del noreste, del centro-Pacífico y del sureste se caracterizan por una relación asimétrica entre el número de sentencias condenatorias y el del sujeto a proceso. Entre Sonora y Sinaloa promedian 1.13 condenados por cada procesado. En su conjunto Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí reportan 2.14 sentenciados condenatoriamente por cada procesado. Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala registran 1.13 condenados por cada sujeto a proceso. En tanto que en Chiapas y Tabasco la me-dia de condenados por cada procesado es de 1.24. En el resto del país la media indica que por cada 100 sujeciones a proceso por el delito de secuestro o privación ilegal de la libertad hay 80 condenados.

En 2005, las irregularidades en la información se concentran en el centro-occiden-te del país, aunque en Sonora es posible computar 2.25 sentencias condenatorias por cada sujeto a proceso y en San Luis Potosí este cociente marca 1.29 condenados por cada procesado. Por su parte, promedian 1.27 sentencias condenatorias por cada suje-to a proceso los estados que constituyen el conglomerado centro-occidental: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, Morelos y Puebla. En tanto que en el resto de la República mexicana se calculan 66 condenados por cada centenar de procesados. En contraste, en Tlaxcala se tiene el registro de nueve sentencias condena-torias sin que a estas se les pueda vincular con al menos un sujeción a proceso.

Al cierre del periodo de observación ya no se distinguen entidades con anómalas relaciones entre el número de sentencias condenatorias y procesados. Sin embargo, antes de pensar en que esto se debe una mejora en la consistencia de la información, es más adecuado suponer que se debe a la disminución en el número de resoluciones condenatorias producto del menor tiempo transcurrido para que concluyan los pro-cesos de impartición de justicia. Considerando lo anterior, los registros más altos de condenados por cada procesado se encuentran en el noroeste y noreste, y ligeramente menores en el centro-occidente y en el sureste. En Baja California, Sonora y Sinaloa se computan 74 condenados por cada 100 sujetos a proceso. Entre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí registran 83 sentenciados condenatoriamente por cada centenar de procesados. La región integrada por Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajua-to, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal y Morelos promedia 54 condenados por cada 100 procesados. Mientras que este cociente en Veracruz, Tabasco y Chiapas indica que hay 35 por cada 100 procesados.

5.6.6 Total de sentencias condenatorias por cada averiguación previa por el delito de secuestroEl número de sentencias condenatorias por cada averiguación previa presupone una medida para aproximar el tamaño promedio de las organizaciones criminales dedica-das al plagio y un proxy de la efectividad del aparato de procuración e impartición de justicia. En el espectro de resultados los valores menores a la unidad serán indicativos de que no todas las averiguaciones previas han redundado en una sentencia condena-toria. En lenguaje llano, que hay crimen sin castigo. No obstante, ello puede deberse a


la condición multianual de los procesos de procuración e impartición de justicia. Como ya se mencionó, es posible advertir en los años más recientes procesos iniciados, pero no necesariamente concluidos. La figura 5.7 muestra el número de sentencias conde-natorias por cada averiguación previa para el conjunto del país (eje principal, línea sin marcadores) y los valores máximos estatales para cada año entre 1997 y 2010 (eje secundario, marcadores). A nivel nacional se aprecia una tendencia ascendente entre 1997 y 2005, aunque con una ligera disminución en 2000. Para el resto del periodo se tiene que el número de condenados por cada denuncia desciende, primero vigoro-samente en 2006, seguido de un repunte en 2007. Al comienzo del lapso de estudio, en 1997, se registran 0.56 sentencias condenatorias por cada averiguación previa. En 1999 esta medida refiere que hay 1.37 sentencias condenatorias por cada averigua-ción previa, y en 2005 se alcanza el máximo global con 2.32 sentenciados condenato-riamente por cada averiguación previa. En 2006, el número de condenados por cada denuncia cae abruptamente hasta situarse en 0.79, y al año siguiente se recompone para indicar que hay 1.55 sentenciados por cada averiguación previa. En los últimos tres años del periodo de análisis, el número de sentencias condenatorias por cada ave-riguación previa es menor a uno, en particular en 2010 se computan 0.47 condenados por cada denuncia por el delito de secuestro.

INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal; SESNSP, Incidencia Delictiva.

FIGURA5.7

Fuente:

Total de sentencias condenatorias por cada registro de averiguación previa por el delito de secuestro. Tendencia nacional y máximos estatales por año de ocurrencia (1997- 2010)

3.0

DF SON SON

SONSON

SON

CHIH

CHIH

NLCOAH

COAH

JAL

SLP

SLP2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0


1997

1998

2010

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

Los valores máximos a nivel estatal se concentran en siete entidades, que con excepción del Distrito Federal y Jalisco, se encuentran en el norte del país. Cuatro de esos cinco estados hacen frontera con Estados Unidos: Sonora, Chihuahua, Coahuila y


Nuevo León. De ellos, destaca el estado de Sonora al registrar el mayor número de sen-tencias condenatorias por cada averiguación previa durante cinco años: 1998, 2006, 2007, 2009 y 2010. En este estado, el menor y el mayor de los valores se registran el mismo año, 2010, con 5.17 y 10.33 sentencias condenatorias por cada averiguación previa, respectivamente; solamente en San Luis Potosí en 2003 y en Coahuila en 2004 se observa un cociente mayor. En la demarcación potosina se computan 24 sentencias condenatorias por cada averiguación previa, mientras que en Coahuila son 13.

No obstante, es preciso señalar que la mayoría de estos máximos, con excepción de 1997 en el Distrito Federal, son producto de un reducido número de averiguaciones previas. En diez años la base del denominador fue sólo de cinco averiguaciones previas o menos. Ello supondría una acción expedita del aparato judicial para aprehender y procesar a los responsables de la actividad delictiva.

Por otro lado, un problema de este indicador es la inconsistencia entre las fuentes de información. Al igual que en el caso del número de procesados por cada denuncia, es posible señalar entidades con registros de sentencias condenatorias, pero sin ningún reporte de averiguación previa. Ello ocurre en 43 de las 448 observaciones entidad-año (9.60 %). De hecho, se contabilizan en todo el periodo 252 condenados sin que por ellos medie alguna averiguación previa, lo cual representa 2.53 % del total de sentencias. Esta irregularidad se presenta en al menos dos entidades en cada uno de los años de análisis, llegando hasta cinco como sucede en 2005.

En la mitad de las entidades federativas es posible advertir al menos en un año dicha falta. Las que más se destacan son Tabasco con ocho, Tlaxcala con seis y Coahuila con cuatro. En los otros 13 estados es posible observar dicha anomalía hasta en tres ocasiones.39 En el mapa 5.6, por ejemplo, se observa para 1997 la irregularidad en los estados de Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, los cuales reúnen 21 sentencias condenatorias (3.55 % del total anual) a las que no se les puede asociar una sola ave-riguación previa. También, en la misma representación gráfica se destacan los estados del centro: Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Distrito Federal y Morelos, por las 2.66 sentencias que promedian por cada averiguación. Por su parte, las entidades septentrionales: Baja California Sur, Sinaloa y Durango registran 1.84 sentencias con-denatorias por cada denuncia; mientras que en Veracruz se contabilizan 1.88.

En 1999 los mayores registros de condenados por cada denuncia se ubicaban en los extremos noroeste y noreste. Entre Baja California, Sonora y Chihuahua tienen una media de 4.00 condenados por cada averiguación previa. En tanto que en el con-glomerado que reúne a Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguas-calientes el indicador advierte que hay 2.85 condenados por cada denuncia. También, es preciso apuntar que los estados de Zacatecas, Tlaxcala y Tabasco suman 15 sen-tencias condenatorias sin que por ellas se contabilice algún reporte de averiguación previa (1.86 % del total anual).

39 Baja California Sur, Campeche, San Luis Potosí y Tamaulipas en tres ocasiones cada uno; Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Zacatecas en dos; y Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo y Veracruz en una.


A la mitad de la década pasada los mayores promedios de sentencias condenato-rias por cada denuncia se distinguen en el occidente, de nueva cuenta en el noroeste y el Pacífico sur. En Nayarit, Jalisco, Colima, Zacatecas y Guanajuato por cada averigua-ción previa se computan 5.00 condenados. Entre Baja California, Sonora y Chihuahua promedian 4.53 por cada averiguación previa; mientras que esta media en Puebla y Oaxaca es de 3.67. Por el contrario, se contabilizan 33 sentencias condenatorias a las que no se les pueden vincular con una averiguación previa (4.38 % del total de con-denas en ese año), las cuales se distribuyen entre los estados de Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco.

En 2010 algunos de los estados limítrofes con el Mar de Cortés y con el Pacífico, así como otros de la franja noreste-Golfo de México-Pacífico sur exhiben los registros más altos del número de sentencias condenatorias por cada averiguación previa. Entre


Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco promedian 1.57. Del otro lado, entre Nuevo León, Ta-maulipas, Veracruz y Chiapas promedian 0.54 sentencias condenatorias por cada ave-riguación previa. No obstante, estos registros palidecen con los 4.13 que se computan en el Distrito Federal.

5.7 Conclusiones

El secuestro es uno de los delitos que más vulnera el sentido de seguridad de las per-sonas y uno de los que menos se denuncia, bien por temor a represalias que atenten contra la salud o la vida de los plagiados o de sus familiares, o por la desconfianza que se puede tener en los cuerpos de seguridad y justicia. Tal vez por ello es que la cifra ne-gra sobre el delito de secuestro sea una de las más altas: algunas organizaciones civiles estiman que tres de cada cinco secuestros no se denuncian. No obstante, es preciso apuntar que el carácter ralo de esta agresión, esto es, al ser el secuestro un delito de baja incidencia, su identificación en las encuestas es complicada, por lo cual se necesi-taría de muestras desmesuradamente grandes para asegurar un número suficiente de casos para realizar inferencias estadísticas. Por lo anterior, resulta necesario tomar con reserva las estimaciones que se publican sobre la cifra negra en materia de secuestro.

En otro sentido, en la mayoría de los códigos penales estatales se diferencia el delito de secuestro del de privación ilegal de la libertad y en algunos del de rapto. También, en varios códigos penales se encuentran tipificados los delitos de secuestro exprés y de secuestro simulado (también llamado autosecuestro). Sin embargo, en las fuentes de información se pierde esta diversidad. Si bien es cierto que en las Estadís-ticas Judiciales en Materia Penal (publicadas por el INEGI), respecto a las sujeciones a proceso y a las sentencias condenatorias, es posible distinguir entre secuestro, priva-ción ilegal de la libertad y rapto, no es posible hacer distinciones entre las modalidades del secuestro; por su parte, en las Incidencias Delictivas (SESNSP), en lo que concierne a los registros de averiguaciones previas, tanto los reportes de secuestro como los de privación ilegal de la libertad se encuentran agrupados, sin posibilidad de diferenciar uno del otro, además, se desconoce si los correspondientes al delito de rapto están considerados en tal conglomerado. Por ello se deben asumir supuestos que permitan una comparación (estresada) de los datos entre las entidades federativas, lo cual se resolvería, al menos en parte, si se desarrollan instrumentos que permitan homologar la información y que hagan posible la selección de datos desagregados.

Por lo demás, la tasa de averiguaciones previas por el delito de secuestro se encontraba al final de la década pasada en niveles de finales de la década de los años noventa; es decir, cuatro veces mayor que su registro mínimo, el cual se logró entre 2004 y 2005. Sin embargo, la distribución geográfica de este indicador entrega mosai-cos claramente diferenciados al inicio y al final del periodo de observación. Al cierre del decenio anterior los mayores registros se situaron en los estados del norte, en contraste con los estados localizados en el Pacífico que al comienzo del periodo osten-


taban esta categoría. La tasa de sujetos a proceso, por su parte, cae en la primera mitad de la década pasada y repunta vigorosamente en el lustro siguiente, lo cual concuerda con la evolución de la tasa de averiguaciones previas.

De igual forma, se polariza la distribución geográfica de este indicador, pasa de cierto grado de dispersión a cierto grado de concentración en el noroeste y centro-Pacífico sur. El número de condenados por estos delitos por cada 100 000 habitantes sigue de manera atenuada la trayectoria de la tasa de sujeciones a proceso, pero la relevancia que tenían al inicio del periodo los estados del occidente y del Pacífico sur para la cuenta nacional disminuye hacia el final de este lapso frente a la injerencia de los de los estados del noroeste.

A nivel nacional, el número de sujeciones a proceso y de sentencias conde-natorias por cada averiguación previa aumenta entre 2004 y 2005. Luego disminuyen conforme se acerca el final del periodo de observación, lo que se debe en parte al carácter multianual de los procesos de procuración e impartición de justicia. También se observó que cada vez es más notorio que los mayores registros de este indicador se encuentran en el noroeste y en el centro-occidente del país. Por su parte, el número de condenados por cada sujeción a proceso es próximo a la unidad, al menos hasta 2005. Hasta ese año aproximadamente 9 de cada 10 sujeciones a proceso derivaron en una sentencia condenatoria. Después disminuye considerablemente el número de sentencias condenatorias, más que el de sujeciones a proceso, debido al menor tiempo transcurrido para que concluyan los procesos de impartición de justicia. Empero, aun-que no es la regularidad, estos indicadores expusieron inconsistencias considerables en la información, sobre todo cuando proviene de fuentes distintas (INEGI y SESNSP). Esto es, se detectaron sujeciones a proceso y sentencias condenatorias a las cuales no es posible asociarles al menos un registro de averiguación previa.

Más preocupante es cuando es imposible vincular a una sentencia condenatoria una sujeción a proceso, sobre todo si la fuente de información es la misma (INEGI). Estas anomalías son un tanto más frecuentes en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala, lo cual se suma a los matices no considerados en la producción de información (diferencias en la definición de los delitos y distinciones en las modali-dades contempladas), que constriñe la medición de la efectividad de los aparatos de procuración e impartición de justicia. Motivo que debería ser suficiente para que las autoridades responsables destinen recursos humanos y tecnológicos al desarrollo de un sistema de información que permita tener datos continuamente actualizados y des-agregados con la garantía de que serán consistentes y de calidad.


5.8 Anexo Estadístico

Cociente entre el número de averiguaciones previas observadas y esperadas de acuerdo con la entidad federativa y el año de ocurrencia (1997-2010)

TABLA 5.2

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 0.72 0.88 0.36 0.18 0.00 0.49 0.00 1.33 0.00 0.15 4.16 2.60 1.48 0.87

Baja California 0.41 1.52 0.60 1.23 0.77 0.78 0.75 0.43 0.43 0.80 0.71 1.96 1.37 0.99


Campeche 0.00 3.21 4.00 0.00 1.56 0.00 0.95 2.44 1.21 0.00 2.69 0.00 0.00 0.95

Coahuila 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.23 1.35 0.20 0.33 0.40 1.07 5.39

Colima 3.24 1.32 1.23 0.41 0.48 0.56 1.17 0.75 0.74 0.33 0.00 1.07 0.21 0.98

Chiapas 1.54 0.60 2.29 1.73 2.17 1.01 1.15 0.57 0.68 0.25 1.25 0.36 0.57 0.71

Chihuahua 0.45 0.39 0.08 0.13 0.06 0.14 0.23 0.15 0.24 0.21 0.47 2.08 3.16 1.87


Durango 0.05 0.40 0.41 1.74 0.87 1.01 1.30 0.45 0.60 0.00 0.33 0.27 1.56 3.13

Guanajuato 0.47 1.04 0.71 0.52 0.60 0.96 0.37 0.71 0.47 0.31 1.04 0.59 2.55 1.63

Guerrero 1.09 1.19 1.15 1.38 1.69 1.25 1.08 0.66 1.13 0.56 1.24 0.81 0.85 0.67

Hidalgo 0.33 0.67 1.54 0.71 0.55 0.64 1.02 1.30 1.29 0.67 0.80 1.23 0.90 1.98

Jalisco 2.48 3.13 1.22 1.06 0.64 0.85 0.73 0.93 0.50 0.16 0.79 0.33 0.34 0.47

Estado de México 0.32 0.32 0.57 1.02 1.39 1.75 1.79 1.29 1.31 0.53 1.10 1.39 1.01 1.28

Michoacán 1.35 1.32 1.35 0.62 0.75 0.70 0.61 0.31 0.50 0.28 1.01 1.22 1.06 1.39

Morelos 0.28 0.46 0.74 2.87 2.11 0.67 1.17 1.35 1.79 0.86 0.55 0.00 1.37 1.10

Nayarit 1.03 0.49 5.06 1.42 1.66 3.02 0.29 0.37 0.74 0.33 0.82 0.40 0.41 0.10

Nuevo León 0.48 2.05 0.17 0.34 0.80 0.69 1.22 1.87 0.31 0.14 0.23 2.10 1.12 1.46

Oaxaca 1.88 2.10 3.77 0.48 0.11 0.39 0.41 0.44 0.09 0.19 0.59 0.85 0.81 0.60

Puebla 1.03 1.73 0.96 1.35 1.02 1.30 1.02 1.02 0.72 0.58 0.54 0.41 1.09 1.10

Querétaro 0.71 1.69 2.53 2.10 0.49 0.57 0.60 0.77 0.00 0.34 0.00 0.55 0.64 1.81

Quintana Roo 0.79 0.99 1.23 0.53 2.46 0.00 0.00 0.32 0.64 0.57 1.66 1.14 0.54 2.01

San Luis Potosí 0.00 0.00 0.60 0.30 2.12 0.82 0.43 2.21 0.00 0.24 1.22 0.20 3.22 1.58

Sinaloa 0.83 1.34 2.44 1.92 1.88 1.05 1.29 0.82 0.70 0.47 1.30 0.50 0.59 0.43

Sonora 0.56 0.69 1.00 5.42 0.83 1.36 1.63 0.78 1.30 0.34 0.96 0.74 0.29 0.41

Tabasco 5.97 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 0.74 0.27 0.41

Tamaulipas 0.00 0.00 0.32 1.05 0.66 0.44 0.58 0.00 1.03 1.11 2.19 1.11 2.14 1.82

Tlaxcala 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.97 11.42 0.00 0.00 0.05 0.02

Veracruz 0.58 0.62 1.02 0.51 1.05 1.74 2.93 3.04 1.39 0.72 2.24 0.83 0.00 1.04

Yucatán 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Zacatecas 2.49 2.37 0.00 0.39 0.11 0.00 0.28 0.54 0.18 0.16 0.53 1.47 1.54 0.80

Fuente: SESNSP, incidencia Delictiva; SOMEDE, Conciliación Demográfica de México y Entidades Federativas, 1990-2010.


Cociente entre el número de sujeciones a proceso observadas y esperadas de acuerdo con la entidad federativa y el año de ocurrencia (1997-2010)

TABLA 5.3

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 0.28 1.48 2.01 0.44 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.27 2.06 2.75 0.67 2.26

Baja California 0.13 0.75 1.33 0.82 1.34 1.05 0.65 1.05 1.15 1.24 1.67 1.32 0.91 0.61


Campeche 0.00 2.16 1.76 0.00 1.42 0.69 0.00 3.31 0.72 0.79 0.00 1.14 1.47 0.44

Coahuila 1.35 0.51 0.21 0.60 0.83 1.61 0.46 1.24 1.01 1.39 0.54 2.28 1.72 0.36

Colima 3.28 0.86 0.47 0.00 0.28 1.93 0.00 0.79 1.45 2.86 1.33 0.92 0.98 0.18

Chiapas 1.34 1.39 1.36 1.89 1.23 0.99 0.87 0.56 0.97 1.02 0.82 0.79 0.46 0.72

Chihuahua 1.22 0.74 1.10 0.74 0.85 1.29 1.00 0.68 1.48 0.59 0.72 0.33 1.54 1.42


Durango 1.98 1.35 0.16 0.69 2.28 1.85 1.05 0.71 1.16 0.64 0.71 0.31 0.39 1.29

Guanajuato 0.59 0.85 0.88 0.85 0.56 0.54 0.77 0.56 0.90 0.83 0.66 0.41 1.58 2.82

Guerrero 1.10 1.61 0.95 1.72 1.55 0.74 1.12 0.88 1.17 0.75 0.90 0.76 0.58 0.61

Hidalgo 0.32 0.37 0.57 0.67 0.59 0.75 1.88 1.19 0.79 0.82 0.39 1.14 1.58 1.98

Jalisco 1.49 0.74 0.72 1.25 1.37 0.44 0.72 0.89 0.89 0.66 1.11 1.29 1.13 1.18

Estado de México 0.91 0.78 0.81 1.00 0.72 0.77 1.22 0.92 1.26 1.41 1.09 1.11 0.97 1.05

Michoacán 1.23 1.62 0.94 0.74 1.02 1.35 0.60 1.22 1.04 0.78 1.15 0.59 0.93 0.98

Morelos 2.16 0.99 1.76 0.65 1.24 1.12 2.76 0.66 0.18 0.99 0.91 0.21 0.18 0.77

Nayarit 1.38 0.60 0.25 1.22 0.89 0.43 0.41 0.69 1.06 2.33 1.53 1.44 1.54 0.55

Nuevo León 0.33 0.86 0.70 0.78 0.76 0.83 0.35 1.23 1.45 0.32 0.27 2.06 2.48 0.82

Oaxaca 1.57 1.26 2.56 0.67 0.39 1.58 0.75 0.43 0.24 0.57 0.36 1.03 1.05 1.20

Puebla 0.63 1.20 1.14 1.66 0.69 1.43 1.13 1.15 0.65 1.05 0.78 0.60 0.82 1.06

Querétaro 0.92 1.61 1.48 0.45 0.79 0.87 0.82 1.11 0.41 0.56 1.12 1.28 1.31 0.98

Quintana Roo 0.24 0.00 0.17 0.38 1.25 1.82 0.19 1.16 1.06 0.23 1.76 1.85 1.87 1.28

San Luis Potosí 0.59 1.56 0.84 0.47 0.77 0.00 0.23 1.19 1.82 2.87 0.96 0.41 1.94 0.63

Sinaloa 1.11 1.30 1.47 1.42 1.43 1.05 1.26 0.56 0.59 1.01 1.20 0.51 0.99 0.43

Sonora 0.61 0.93 1.01 0.79 0.65 1.27 0.92 1.67 0.53 0.63 0.90 1.48 0.96 1.26

Tabasco 1.57 1.61 1.03 0.52 0.79 1.21 0.72 1.26 1.27 1.90 0.42 1.19 0.63 0.56

Tamaulipas 1.00 1.22 0.07 0.39 0.43 0.33 0.87 2.25 1.23 0.87 1.05 1.81 1.07 1.22

Tlaxcala 2.89 0.95 2.06 0.57 1.25 0.30 1.71 0.00 0.95 0.70 1.17 0.75 1.29 0.00

Veracruz 1.21 0.51 0.50 0.59 1.58 1.26 1.18 1.31 0.99 0.85 0.74 1.48 1.09 0.80

Yucatán 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83 0.00 0.00 0.00 1.94 1.66 0.00

Zacatecas 0.00 1.56 0.21 0.47 0.00 1.74 1.87 1.43 1.04 2.58 0.72 0.00 0.71 1.74



Cociente entre el número de sentencias condenatorias observadas y esperadas según entidad federativa y año de ocurrencia (1997-2010)

TABLA 5.4

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aguascalientes 1.68 1.60 1.64 0.23 0.21 0.25 0.00 0.45 1.98 0.28 1.95 2.28 1.05 0.29

Baja California 0.60 0.40 1.19 0.77 0.94 1.38 0.62 0.92 0.70 1.32 1.53 1.26 1.31 1.13


Campeche 0.00 2.05 2.46 0.00 0.00 1.47 0.62 1.36 0.66 0.85 2.93 0.00 1.25 0.00

Coahuila 1.71 0.00 0.00 0.63 1.31 1.36 0.92 1.63 1.10 0.63 0.27 0.76 2.79 0.79

Colima 5.18 2.53 0.38 0.00 0.20 0.00 0.19 0.42 1.01 1.58 0.90 2.11 0.19 0.26

Chiapas 1.58 1.49 1.25 1.56 1.40 1.42 1.05 0.74 0.59 0.85 0.36 0.75 0.50 0.42

Chihuahua 1.73 0.79 1.72 0.39 1.01 1.09 0.87 0.39 1.41 0.63 0.54 0.45 1.70 1.20


Durango 0.86 1.39 0.42 0.93 0.87 2.74 1.06 1.38 0.00 1.16 1.49 1.39 0.00 0.58

Guanajuato 1.53 0.92 1.17 0.76 0.46 1.10 0.59 1.45 0.83 0.54 0.81 0.54 1.64 1.83

Guerrero 1.54 1.84 1.02 2.36 1.98 0.67 0.98 0.87 1.01 0.14 0.46 0.26 0.29 0.32

Hidalgo 0.33 0.53 0.95 0.79 1.00 1.33 1.69 0.79 0.85 0.77 1.23 1.06 1.05 1.55

Jalisco 1.54 0.97 0.97 1.41 1.06 0.83 0.86 1.32 0.99 0.22 1.12 1.02 0.82 0.80

Estado de México 0.77 0.82 0.83 0.79 0.87 1.18 1.13 1.26 1.50 1.45 0.93 0.97 0.84 0.65

Michoacán 0.94 1.56 1.28 1.08 1.26 0.73 0.67 0.48 0.90 0.50 1.92 1.25 0.78 0.46

Morelos 2.27 0.88 0.87 1.84 1.24 1.32 2.00 0.26 0.93 0.44 0.84 0.26 0.40 0.44

Nayarit 0.94 0.66 0.59 2.63 0.41 0.71 0.50 0.22 1.06 2.05 1.76 0.66 1.81 0.14

Nuevo León 0.42 1.20 0.62 1.11 2.09 0.64 0.55 1.44 0.16 0.11 0.46 2.14 1.33 1.50

Oaxaca 2.91 0.49 3.46 0.30 0.56 2.01 0.72 0.98 0.47 0.37 0.21 0.49 0.45 0.62

Puebla 0.42 1.08 0.98 1.60 0.48 1.96 1.14 1.41 0.93 1.50 0.43 0.57 0.99 0.43

Querétaro 2.51 1.89 1.42 0.94 1.04 0.34 0.57 0.78 0.61 0.39 0.84 1.57 0.43 0.79

Quintana Roo 0.00 0.93 1.40 0.00 0.88 2.68 0.00 1.85 0.00 0.00 1.66 1.25 1.43 1.95

San Luis Potosí 0.31 0.25 0.57 0.38 0.95 0.67 2.75 1.37 1.09 1.41 1.34 1.13 1.04 0.47

Sinaloa 1.47 1.51 1.16 1.69 1.82 0.66 0.98 0.52 0.44 1.00 1.18 0.40 0.56 0.58

Sonora 0.34 1.59 1.05 0.58 0.52 0.85 1.39 0.94 0.79 1.18 1.27 1.38 0.90 1.18

Tabasco 1.53 3.51 0.31 0.23 0.85 0.85 1.34 0.45 0.76 2.68 0.36 1.02 0.21 0.28

Tamaulipas 0.86 0.35 0.95 0.70 0.41 1.32 0.64 1.13 0.85 1.31 1.13 1.32 1.37 1.98

Tlaxcala 0.00 0.33 1.80 1.00 3.46 0.00 2.43 0.33 0.97 1.25 0.00 0.67 0.92 0.00

Veracruz 1.04 0.96 0.41 0.45 1.59 1.39 1.13 1.12 0.87 1.55 0.66 0.85 1.08 1.06

Yucatán 3.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 7.53 0.00

Zacatecas 0.00 0.78 1.06 0.78 0.00 0.84 2.14 1.16 0.75 2.20 0.84 0.78 1.97 0.49


Capítulo 6

Delitos sexuales y violencia familiar

Víctor Manuel García

6.1 Introducción

Los delitos sexuales son de las más graves manifestaciones de agresión fí-sica y psíquica que puede expresar un ser humano contra otro. Estos delitos pueden ser de muy diversa índole —tanto por las formas de agresión como por las características del ofendido y del ofensor—por lo que su medición representa un reto tanto en la captación de la información como en la elabo-ración de indicadores que la sinteticen. Por su parte, la violencia familiar, que puede definirse como “la conducta violenta ejecutada fuera de la razón y de la justicia, que se produce entre personas que tiene cierto parentesco o que viven juntas”,1 agrede al núcleo básico de la sociedad. Existen fronteras bo-rrosas en las dinámicas internas de cada familia que ha representado un reto no sólo al momento de cuantificar estos eventos sino para la acción judicial.

Por ello, es importante cuantificar y medir adecuadamente estos delitos para que el órgano de procuración de justicia cuente con más y mejores ele-mentos que evalúen su quehacer. En este capítulo se analizan las fuentes de información disponibles para cuantificar los delitos sexuales y de violencia familiar. A partir de dichas fuentes, se proponen algunos indicadores para coadyuvar a medir y evaluar la procuración de justicia.

Como se puede advertir, este capítulo trata de dos temas que si bien pa-recen inconexos en realidad pueden tener intersecciones. Sin embargo, como se tratará más adelante en este capítulo, las fuentes de información dispo-nibles no permiten medir todas las intersecciones (por ejemplo, violaciones, estupro u otros delitos sexuales que se dan en un contexto de violencia al interior de las familias). Esto, como se comenta al final, representa un área de oportunidad que muy bien podrá ser atendida por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el futuro.

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Violencia Familiar”, p. 14.

Víctor Manuel García238

Así, en la primera parte de este capítulo, se muestra un panorama general sobre las fuentes de información internacionales sobre este tipo de delitos. Lo anterior con el fin de contextualizar y notar las ventajas y limitaciones de las fuentes de datos na-cionales utilizadas, las cuales se explican un poco más adelante. Después se muestra la terminología que será empleada a lo largo del capítulo. Asimismo, se señalan los conceptos que serán utilizados y los delitos que serán estudiados. En la segunda parte se explica brevemente en qué consisten los indicadores que se utilizarán y la lógica de los mismos.

Después, se comienza el análisis con los delitos sexuales; en este apartado se ana-lizan las tendencias temporales y distribuciones geográficas y se evalúa la calidad de la información, empleando una serie de indicadores que miden la eficiencia del aparato de procuración de justicia. En el apartado siguiente se hace lo mismo, pero respecto a los delitos relacionados con la violencia familiar. Como se detalla más adelante, adicio-nalmente se hace un breve análisis de la distribución geográfica y evolución temporal de los homicidios ocurridos al interior del seno familiar. Por último, se concluye con una serie de observaciones y recomendaciones finales.

6.2 Fuentes de información internacional en la medición de los delitos sexuales y de violencia familiar

Los delitos sexuales, así como los que atentan contra la familia, son considerados en muchas leyes del mundo aunque con algunas diferencias. De igual forma lo son las fuentes de información básicas que se utilizan para medirlos. En este apartado se ana-lizan algunos marcos internacionales que han servido a diversos países para llevar a cabo una eficiente medición de los delitos sexuales y de violencia familiar y sobre todo para contar con elementos que permitan la evaluación eficiente en el progreso en la procuración de justicia.

Este análisis no tiene el propósito de ser exhaustivo —ya que se podría realizar todo un libro al respecto—, sino que el lector tenga un panorama general sobre la for-ma en que algunos países desarrollados han llevado a cabo esta tarea. De esta forma es posible establecer el presente trabajo en el contexto internacional sobre la medición de los delitos sexuales y de violencia familiar.

Para comenzar, se revisan los estándares para captar la información relacionada con delitos sexuales y violencia familiar de la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).2 El FBI cuenta con el programa Reporte Unificado del Crimen (UCR, por sus siglas en inglés), el cual fue concebido en 1929 por la Asociación Internacional de Jefes de Policía para satisfacer una necesidad de esta-dísticas nacionales unificadas y confiables. En 1930, el FBI tenía asignada sólo la tarea de recopilar, publicar y archivar esas estadísticas; en la actualidad esta oficina lleva a cabo análisis más sofisticados de esta información y publica varias series de estadís-

2 Federal Bureau of Investigation, U. S. Department of Justice. Disponible en <http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2010/crime-in-the-u.s.-2010>.

Delitos sexuales y violencia familiar 239

ticas anuales: 1) sobre la delincuencia general en los Estados Unidos que se producen a partir de los datos proporcionados por cerca de 17 mil agencias policiales en todo el país, y 2) las relacionadas con crímenes de odio y con policías asesinados o asalta-dos. Además de estos informes, el FBI cuenta con la información del Sistema Nacional de Informes sobre Incidentes (NIBRS, por sus siglas en inglés). Cabe mencionar que las distintas corporaciones policiacas de los Estados Unidos no están obligadas a reportar su información interna, sino que lo hacen de manera voluntaria.

Para este propósito, el UCR cuenta con series anuales sobre:

1. Estadísticas sobre el Crimen en Estados Unidos (CIUS, por sus siglas en inglés): presenta

datos sobre el volumen y la frecuencia de los delitos para la nación, los estados y los

ámbitos locales. Este reporte también incluye la información sobre detenidos, aduanas

y datos sobre empleados de las oficinas encargadas de la seguridad pública. La base de

datos cuenta con registros desde 1960.

2. Estadísticas sobre delitos de odio: presenta datos sobre incidentes, delitos, víctimas y

agresores en delitos denunciados que fueron motivados en su totalidad o en parte por

un sesgo en contra de la raza percibida de la víctima, religión, origen étnico, orientación

sexual o discapacidad.

3. Estadísticas sobre oficiales asaltados o asesinados: presenta los datos anuales relaciona-

dos con las defunciones y agresiones criminales que atentan contra los policías y sobre

los agentes que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Las estadísticas

incluyen número de policías muertos o lesionados y tablas sobre las armas utilizadas, uso

de chalecos antibalas y las circunstancias que rodean los asesinatos y agresiones hacia

los agentes.

Respecto a la información del CIUS se cuenta con estadísticas sobre:

a. Crímenes violentos

b. Crimen a la propiedad privada

c. Crímenes aclarados (por arresto)

d. Base de datos expandida sobre delitos

e. Homicidios

f. Tendencias

g. Tasas

h. Armas

Dentro de los crímenes violentos se encuentra la violación forzada, vinculado úni-camente hacia las violaciones de mujeres. Las violaciones no forzadas no están con-templadas.

El programa contempla un delito por cada mujer víctima de una violación, intento de violación, o asalto con intento de violación, independientemente de la edad de la víctima. Una violación por la fuerza en la que se encuentren involucrados una mujer


como víctima y un familiar como delincuente se cuenta como una violación forzada y no como un acto de incesto. Todos los otros delitos de índole sexual se consideran como delitos de la Parte II y, como tales, el programa de UCR sólo recoge datos sobre los detenidos. Por otra parte, el delito de violación de menores, en la que no se usa la fuerza pero la víctima es una mujer menor de edad, se incluye en el total de los delitos sexuales. Las agresiones sexuales a varones se cuentan como agresiones graves o deli-tos sexuales, dependiendo de las circunstancias y el alcance de las lesiones.

La base de datos ampliada sobre delitos contiene más detalles sobre los delitos que recoge el programa de UCR, más allá del conteo de casos que reportan las agencias, entre los cuales se pueden incluir el tipo de arma utilizada y tipo o valor de los obje-tos robados, entre muchos otros. Además, los datos ampliados incluyen las tendencias (por ejemplo, comparaciones interanuales de cada dos años) y tasas por cada 100 000 habitantes.

La información reportada se encuentra desagregada a nivel nacional, estatal, por agencia local y agencia estatal, por colegios y universidades, etnias, ciudades y loca-lidades, por edad y áreas estadísticas metropolitanas. De igual forma, respecto a los crímenes aclarados por arresto, se muestra la proporción de denuncias que fueron es-clarecidas por arresto, arresto en flagrancia o que fueron turnados a la corte de proce-samiento.

También es posible encontrar información relacionada con los datos de las perso-nas arrestadas por los delitos de violación forzada, prostitución, otros delitos sexuales (excepto violaciones forzadas y prostitución), delitos contra la familia y la infancia. Esta información muestra la edad del delincuente, sexo y raza. Los homicidios se desagre-gan por parentesco con la víctima, lo cual permite establecer un vínculo del homicidio con un contexto de violencia familiar.

Por otro lado, Estados Unidos cuenta con la Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS, por sus siglas en inglés) que se encarga de recolectar, analizar, publicar y difundir la información sobre delincuencia, delincuentes, víctimas y operación de los sistemas de justicia en todos los niveles de gobierno. La BJS se estableció por primera vez el 27 de diciembre de 1979 bajo la Ley de Mejora de los Sistemas de Justicia, Ley Pública 96-157 (la enmienda de 1979 a la Lucha contra el Crimen y la Ley Ómnibus de Calles Seguras de 1968, Ley Pública 90-351). La BJS es parte de la Oficina de Programas de Justicia, la cual a su vez pertenece al Departamento de Justicia de Estados Unidos.3

Respecto a los delitos sexuales y de violencia familiar, la BJS recolecta informa-ción, en primer lugar, sobre delitos violentos los cuales incluyen violación4 y asalto sexual.5 La BJS cuenta con dos medidas de violencia no mortal: los UCR, analizados pre-

3 Oficina de Estadísticas de Justicia. Disponible en <http://bjs.ojp.usdoj.gov>.4 Bureau of Justice Statistics, “Criminal Victimization in the United States, 2008 Statistical Tables”, p. 52. Definida como las “relaciones sexuales forzadas incluyendo tanto la coacción psicológica como la fuerza física. Por relaciones sexuales forzadas se entiende a la penetración vaginal, anal u oral por parte del (de los) delincuente(s). Esta categoría también incluye incidentes donde la penetración es de un objeto extraño, como una botella. Incluye intentos de violación, hombres y mujeres víctimas de violación, tanto heterosexuales como homosexuales. Intento de violación, incluye amenazas verbales de violación”.5 Ibid., p. 53. Se refiere a una amplia gama de victimizaciones, aparte de la violación o intento de violación.


viamente, y la Encuesta Nacional de Victimización Criminal (NCVS, por sus siglas en in-glés). La NCVS de violación y asalto sexual, robo y asalto agravado y simple.6 La NCVS

es la fuente principal de información que posee Estados Unidos sobre victimización delictiva. Cada año, los datos se obtienen a partir de una muestra representativa a nivel nacional de unos 40 000 hogares que comprenden cerca de 75 000 personas, sobre frecuencia, características y consecuencias de la victimización criminal en Estados Uni-dos. Cada hogar fue entrevistado en dos ocasiones durante el año.

La encuesta permite al BJS estimar la probabilidad de ser víctima de violación, asal-to sexual, robo, asalto, robo, allanamiento de morada familiar y robo de vehículos de motor para la población en su conjunto, así como para los sectores vulnerables de la población, mujeres, ancianos, miembros de distintos grupos raciales, habitantes de la ciudad u otros grupos. La NCVS es además el foro nacional más importante para las víctimas para describir el impacto de la delincuencia y las características de los de-lincuentes violentos.7 El periodo que comprende la información data de 1973 y toda la información recolectada tiene el objetivo de identificar a los grupos vulnerables de cada delito relacionado y así elaborar políticas o programas que coadyuven a reducirlo.

El conjunto de datos que recolecta y publica la BJS es más detallado que el del UCR. En efecto, para el caso de los delitos sexuales, la NCVS reporta el número de vícti-mas por violación o asalto sexual calculando la proporción de todas las víctimas por el resto de los delitos considerados y la tasa de víctimas por cada 1 000 habitantes. Las dimensiones demográficas de las víctimas que se consideran incluyen sexo, origen racial, etnia, grupo de edad y estado civil. Adicionalmente se obtiene la información del hogar al que pertenecen, como tipo de jefatura (también se captan las variables demográficas anteriores sobre el jefe del hogar), extensión e ingreso familiar. De igual forma, se ofrecen todas las combinaciones posibles de cruces entre las variables a ni-vel a hogar y las demográficas (a nivel de la víctima). Ésta es la información base sobre la que se calculan indicadores descriptivos como proporciones y frecuencia por cada 1 000 habitantes.

Además se calculan diversas razones, como el número de víctimas por incidentes.8 También se obtiene información sobre la relación entre la víctima y el delincuente, que para el caso de los delitos sexuales es muy importante ya que de acuerdo a las cifras históricas de esta encuesta la mayoría de las violaciones y asaltos sexuales son cometidos por un conocido de la víctima. Esto refleja un amplio conocimiento del tema por parte de los encargados de recolectar esta información. Todas estas variables junto

Estos crímenes incluyen ataques o intentos de ataques que por lo general implican el contacto sexual no deseado entre la víctima y el delincuente. Agresiones sexuales pueden o no involucrar fuerza física e incluyen cosas tales como el acaparamiento o caricias. También se incluyen las amenazas verbales.6 Oficina de Estadísticas de Justicia. Disponible en <http://bjs.ojp.usdoj.gov>.7 Disponible en <http://bjs.ojp.usdoj.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245>.8 Se refiere a un acto criminal específico relacionado con una o más víctimas y victimarios. Por ejemplo, si dos personas se les ataca sexualmente a la misma hora y lugar, se clasifica como dos víctimas de violación, pero un sólo incidente.


con las demográficas y del hogar son cruzadas para obtener distintas perspectivas de los delitos.

Por otra parte también se captan algunas dimensiones sobre el delincuente, como el uso de alcohol o drogas, relación directa con la víctima y si utilizó un arma o no. Esto se hace a un nivel de desagregación mayor que lo mencionado anteriormente. Asimis-mo, se capta el número de incidentes, la cantidad de víctimas que cada uno originó y el número de delincuentes involucrados. De igual forma se captura la información demográfica del delincuente: raza, sexo, edad, estado civil, etc. Aquí los cruces de la información entre víctimas y delincuentes se realizan por número de delincuentes in-volucrados en cada incidente.

Resulta interesante lo bien reflexionada que se encuentra esta encuesta ya que inclusive captan la hora aproximada y el lugar en que ocurrió el delito; por ejemplo, en la serie histórica de la encuesta se ha encontrado que la mayoría de los delitos sexuales considerados son cometidos durante el día y en la casa de la víctima. Por ello, también se pregunta por la actividad de la víctima al momento del crimen y si recibió ayuda médica y dónde fue. La víctima también es cuestionada acerca de alguna pérdi-da económica colateral al evento (monetaria o en días de trabajo perdidos) y si el delito fue reportado o no a la policía y a qué obedeció la decisión. Finalmente, se captura el tiempo de respuesta de la policía al llamado de emergencia, así como el tipo de asis-tencia que ésta ofreció.

De igual forma, la NCVS registra la información relacionada con la violencia fami-liar o violencia doméstica. Al respecto se capturan las siguientes variables: número de víctimas (a nivel familiar) por tipo de crimen y relación con el delincuente en términos absolutos y relativos. Esta información se cruza también con las características demo-gráficas de la víctima.

Por otro lado, en el Reino Unido el Ministerio del Interior (Home Office, HO) se en-carga, entre otras cosas, de registrar la información sobre el crimen y el terrorismo en el país. El Ministerio del Interior incluye la Oficina para la Seguridad y la Lucha contra el Terrorismo, que trabaja con otros departamentos y organismos para garantizar una respuesta eficaz y coordinada a la amenaza del terrorismo; con el Grupo de Combate a la Delincuencia y la Policía, que trabaja con el servicio de policía y otros asociados para reducir el crimen y proteger al público; con la Oficina de Gobierno y Equidad, que funciona a través de todo el gobierno para promover la igualdad y reducir la discrimi-nación y desventaja para todos en el trabajo, la vida pública y política y las oportunida-des de vida de las personas; y con la Fuerza Fronteriza, un comando del Ministerio del Interior operativo responsable de inmigración y aduanas en el Reino Unido, incluidos los controles en Francia y Bélgica.9

El HO tiene una dependencia de Ciencia, Investigación y Estadística que se encar-ga de recolectar y analizar la información relacionada con el combate al terrorismo, crimen, migración, policía y lo que denominan como “otra ciencia”. Desde el 1 de abril

9 Disponible en <http://www.homeoffice.gov.uk/about-us/our-organisation/>.


de 2012, las Estadísticas Nacionales sobre Crimen son publicadas por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés).

La ONS publica las estadísticas relacionadas con delincuencia y justicia, las cuales se obtienen de la opinión pública, la policía y otras agencias de justicia. Estas estadísti-cas incluyen tipos de delitos, el quehacer de la policía y el funcionamiento del sistema de justicia. También se refieren a la experiencia del público en general y la percep-ción de la delincuencia.

En este marco y respecto a las estadísticas de crímenes sexuales y violaciones, la ONS filtra esta clase de delitos de la base principal de delitos registrados (violencia con-tra las personas, delitos sexuales, robo), y la cruza con los resultados sobre violencia de la Encuesta Británica de Crimen (BCS por sus siglas en inglés), y con la información sobre homicidios (el índice de homicidios), delitos con arma blanca y de fuego, de la policía.

De los registros sobre crimen de la policía se captan los hechos violentos contra las personas, los delitos sexuales y robos. La violencia contra las personas comprende un amplio abanico de posibilidades respecto al tema de los asaltos. Asimismo estos regis-tros representan una medida importante de la actividad local y una fuente de informa-ción operativa para ayudar a identificar y resolver los problemas de delincuencia local.

Por su parte, el módulo sobre violencia de la BCS ofrece información de coyuntura y refleja la verdadera incidencia de los delitos cometidos con violencia en compara-ción con los registros de las estadísticas policiales, ya que la encuesta incluye delitos que no se denuncian o no son registrados por la policía. También ofrece las tendencias más relevantes de violencia delincuencial, lo que permite mejores comparaciones a través del tiempo para los tipos de violencia. La BCS no se ve afectada por los cambios en información, registro policial y la actividad policial local, y se ha medido de forma consistente desde 1981.

La policía del Reino Unido registra los delitos sexuales cubriendo diferentes tipos de actividad sexual ilegal incluida la violación y el asalto sexual, así como algunos de los delitos que no implican necesariamente la violencia como las relaciones sexuales ilícitas con una persona menor de 16 años o con un trastorno mental, por ejemplo. Hay dos subcategorías: 1) delito sexual más grave (como violaciones, agresiones sexuales y la actividad sexual con niños) y 2) otros delitos sexuales (incluyendo su ejercicio, la explotación de la prostitución y otras actividades sexuales ilegales).

Debido al pequeño número de denuncias sobre delitos sexuales recopiladas a tra-vés de entrevistas cara a cara como los de la BCS, los resultados no son rutinariamente reportados. Sin embargo, desde mayo de 2004 la BCS ha incluido un módulo de auto-realización en el que se solicita información a los encuestados sobre sus experiencias de violencia doméstica, asalto sexual y acoso. Este método produce datos más confia-bles e incluye experiencias de las víctimas que no reportaron el incidente a la policía. En este sentido, la BCS reporta dos categorías principales de asalto sexual:

1. Asalto sexual grave (incluida la violación, el asalto por la penetración y los intentos de

ambos).


2. Asalto sexual menos grave (incluida la exposición indecente, contacto sexual y amenazas

de tipo sexual).

Asimismo, se recolecta la información sobre los delincuentes o presuntos delin-cuentes de delitos sexuales. La complejidad del sistema de justicia penal del Reino Unido, así como las limitaciones de los recursos de recopilación y procesamiento de datos, limitan la cantidad de información recolectada de forma rutinaria y tan sólo el resultado final de los procedimientos llevados en los tribunales de magistrados y el Tribunal de la Corona (en su caso) se registran.

Las estadísticas de los procedimientos judiciales se basan en las declaraciones hechas por la policía al Ministerio de Justicia/Ministerio del Interior. Aunque éstos son delitos en los que no ha habido participación de la policía, por ejemplo los procesos instigados por los departamentos gubernamentales o las organizaciones privadas y los particulares, se sabe que la denuncia de este tipo de delitos es incompleta.

Para cerrar con este panorama internacional, el Instituto Australiano de Crimino-logía (AIC, por sus siglas en inglés) publica anualmente los datos sobre el crimen en aquel país.10 Los datos utilizados provienen principalmente de dos fuentes: 1) registros administrativos y 2) encuestas.

Los registros administrativos provienen de la información que las distintas agen-cias de justicia criminal recaban sobre su flujo de trabajo. Por ejemplo, la policía lleva a cabo un reporte de incidentes, las cortes registran los detalles de los casos y su dis-posición, y las correccionales comprendían los detalles de los delincuentes. La infor-mación más básica proviene de estos registros y abarcan a toda la población que entra en contacto con el sistema de justicia penal, los cuales se mantienen relativamente estables en términos de la producción en el tiempo. Existen ciertas limitaciones, sin embargo, mantienen la comparabilidad entre las agencias y jurisdicciones.

La mayoría de los datos han sido recopilados recientemente –la delincuencia se encuentra en los registros policiales desde 1996; los presos, desde 1983 y, todos los tribunales penales, desde 2001. No se dispone aún de datos nacionales sobre los in-fractores. Las colecciones no están basadas en la misma unidad de medida, por ejem-plo, la policía registra varios detalles sobre los delitos, las cortes sobre pormenores sobre los casos y las cárceles, la información sobre los prisioneros.

Un problema al que también se enfrentan las estadísticas criminales en Australia es que no todos los delitos son denunciados a la policía –se cree que esto puede va-riar 20 % respecto a las agresiones sexuales y 95 % respecto a los robos de vehículos de motor. Esta es una de las razones principales por las que se utilizan encuestas por muestreo.

Las encuestas de victimización delictiva tienen la ventaja de homogeneidad en las preguntas realizadas para toda la muestra. Estas respuestas son registradas de una manera uniforme de modo que la información que proporcionan es confiable y compa-

10 Australian Institute of Criminology, Australian Crime, Facts and Figures 2006.


rable. Asimismo, estas encuestas proporcionan un panorama más preciso de las tasas de delincuencia reales de la sociedad. El costo de dichas encuestas es elevado por lo que tienden a ser únicas o poco frecuentes. La Oficina Australiana de Estadística ha sido la encargada de levantar dichas encuestas.

Por otro lado, las tasas calculadas consideran dos tipos de población: población total de un cierto año y población “relevante”. Con el primer denominador se calcula la tasa de victimización y con el segundo se hace un mejor acercamiento a la población expuesta al riesgo.

En suma, existe una amplia gama de métodos para registrar la información so-bre delitos sexuales y violencia familiar en el mundo. El diseño y logística del regis-tro de los mismos obedece al contexto institucional y social de cada país. Por ello, se recomienda llevar a cabo una reflexión más profunda y crítica sobre la captación de información sobre estos delitos en México de acuerdo con el marco institucional del sistema judicial. Éste es uno de los propósitos del presente trabajo.

6.3 Fuentes de información utilizadas

La información utilizada en este capítulo proviene de cuatro fuentes principalmente:

1. Del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

2. De las Estadísticas Judiciales en Materia Penal reportadas por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI).

3. De las Estadísticas Vitales de Mortalidad reportadas por el INEGI.

4. De la Conciliación demográfica de México y las entidades federativas realizada por la

Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE).

Respecto a la información reportada por el SESNSP se trabaja con el conjunto de denuncias o averiguaciones previas iniciadas11 por los delitos de violación, estupro y otros delitos sexuales, el cual se basa en la información de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas. Como se ha señalado en los capítulos previos, la metodología del SESNSP aún no es del todo clara, por lo que se supone que las ave-riguaciones previas por los delitos antes mencionados se refieren a los casos donde el agente del Ministerio Público considera que existen los elementos suficientes para suponer la ocurrencia de uno de los delitos sexuales.

Esta información no incluye datos de la Procuraduría General de la República (PGR) para los delitos relacionados con el ámbito del fuero federal. Además, la información proveniente del SESNSP no reporta averiguaciones previas relacionadas con violencia familiar o por homicidio ocurrido en un contexto de violencia familiar o doméstica, lo

11 Disponible en <http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/mondrian/testpage.jsp>.


cual impide realizar un análisis más detallado al respecto. Cabe mencionar que, duran-te el periodo de estudio, las averiguaciones previas pueden:

1. Concluirse y consignarse ante el Poder Judicial.

2. Permanecer en la fase de investigación.

3. Determinarse el no ejercicio de la acción penal, o bien la incompetencia, ya sea territorial

por haberse cometido en otra entidad o por tratarse de un delito del fuero federal.

Estas estadísticas sólo se encuentran con un nivel de desagregación geográfica hasta entidad federativa. El periodo que abarca dicha información comienza en 1997 y termina en 2011.

Por otra parte, se utiliza la información de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal que reporta el INEGI referentes a los presuntos delincuentes o procesados12 por los delitos antes mencionados, tomando en cuenta sólo a los que se les dictó formal prisión o sujeción a proceso con intencionalidad dolosa, así como a los delincuentes sentenciados (condenados con intencionalidad dolosa) para el mismo periodo y desa-gregación geográfica. Esta información se deriva de los registros de los juzgados pena-les y mixtos de primera instancia en el fuero común, y en el caso del Distrito Federal, en el fuero federal.13

Esta información se encuentra basada en el Catálogo Único de Delitos (CUD), elabo-rado en 1996; en él se agrupan los presuntos delincuentes por cada uno de los delitos analizados en este capítulo, tanto del fuero común como del federal, a los que se les dictó “formal prisión”, o bien, “sujeción a proceso”. Adicionalmente, se cuenta con la in-formación de los delincuentes sentenciados por cada uno de los delitos considerados, acotando este trabajo a aquellos con sentencia condenatoria, tanto del fuero federal como del común. Como se mencionó en un capítulo precedente, el CUD no fue actuali-zado desde su creación y tan sólo incorporó en 1998 el delito de “violencia intrafami-liar”, por lo que no considera las modificaciones experimentadas por la legislación en los ámbitos estatal y federal. Respecto a las leyes, sólo considera 22 de las 37 leyes federales que actualmente contienen delitos, y tampoco especifica los diversos tipos penales contemplados en cada una de éstas.

Por su parte, el INEGI creó en 2008 “la Clasificación Mexicana de Delitos, misma que en 2010 cambió su denominación a Clasificación Estadística de Delitos (CED), al precisarse su carácter de instrumento para compilar exhaustivamente los delitos (pre-viamente establecidos y plasmados en códigos penales y leyes de diversa índole en materia de fuero común por las legislaturas de cada una de las entidades federativas del país; y los del fuero federal, establecidos por la Cámara de Diputados y plasmados

12 Personas a quienes el juez de primera instancia les ha dictado “auto de término constitucional” relativo al delito por el que fueron consignados.13 Disponible en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/registros/sociales/judiciales/default.aspx>.


tanto en el Código Penal Federal como en 37 diversas leyes federales que establecen delitos)”.14

De 2009 a 2011, se presentan por un lado a los procesados, tanto de los fueros co-mún y federal, consignados por los delitos de violación, estupro y otros delitos sexua-les, con una intencionalidad dolosa, y para los que el “auto de término constitucional-sobreseimiento” se refería a: 1) formal prisión, 2) sujeción a proceso o 3) reclusión provisional en departamento especial. Por otra parte, se dispone de los dictados con sentencia condenatoria, consignados por los delitos antes mencionados, con intencio-nalidad dolosa, que por simplicidad serán llamados “condenados”. Cabe señalar que la dilación de los procesos judiciales hace que se presente una caída en el número de condenas para el último año de observación, 2011 en nuestro caso, ya que aún no han tenido tiempo de finalizar estos juicios y de emitir la condena correspondiente.

Cada denuncia o averiguación previa puede estar relacionada con al menos un presunto delincuente, lo mismo ocurre entre el número de averiguaciones previas y de condenas. Sin embargo, la información disponible no permite establecer un vínculo entre la averiguación previa y el número de sujetos a proceso o sentenciados con con-dena, lo cual limita el análisis. En cambio, a cada condena la precede sólo un auto de término constitucional o en otras palabras, cada condenado debió ser procesado por el delito en cuestión. El problema que se presenta al intentar comparar ambos conjuntos es que no todos los procesados en un año determinado obtienen sentencia, es decir, que los condenados en un año determinado fueron procesados o el mismo año en que fueron condenados o cualquier año anterior. Esto no debería representar problema al-guno si se tuviera la fecha de inicio del proceso correspondiente a cada condena, pero la información proveniente del SESNSP no ofrece ese nivel de detalle.

Como se mencionó, el SESNSP no publica la información relacionada con las ave-riguaciones previas por el delito de violencia familiar. Sin embargo, para ahondar un poco más en el análisis se explora la información sobre homicidios ocurridos cuando existió violencia familiar. Esta información la publica el INEGI en las Estadísticas Vitales de Mortalidad referente a homicidios,15 información detallada por año de ocurrencia de la defunción y año de registro. Más adelante se detallará que fue necesario sumar todas las defunciones registradas en los años posteriores al año de ocurrencia.

Sin embargo, dado el retraso en la captación de esta información, los homicidios ocurridos y registrados antes de 2010 representan una cota inferior del total ocurrido, que sólo se conocerá en los siguientes años. Es decir que la información más vieja del periodo de análisis será de mayor calidad que la más reciente, aunque sería importante analizar cuánto ha avanzado la captación de esta información. Sin embargo, ese tipo de análisis excede por mucho la extensión y objetivos del presente trabajo.

Finalmente, es importante especificar a qué se referirá el presente trabajo res-pecto al término “otros delitos sexuales”. A pesar de que cada código penal estatal

14 INEGI, Clasificación Estadística de Delitos 2011.15 Disponible en <http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=11094&c=15273&s=est&cl=4#>.


especifica lo que se entiende por éstos,16 en general y de acuerdo con la información publicada por el INEGI, el rubro “otros delitos sexuales” u “otros” se refiere a:

1. Abuso o aprovechamiento sexual. Comete este delito quien ejecute en una persona, sin su

consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el

propósito de llegar a la cópula. También se considera abuso sexual cuando se obligue a

la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento.17 Ocho

de las 32 entidades federativas (25 %) no contemplan ninguna de estas acciones como

delito: Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla y

Sinaloa.18

2. Corrupción sexual de menores e incapaces. Comete este delito quien obligue, induzca, facilite

o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas

que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o una o varias perso-

nas que no tienen capacidad para resistirlo, a realizar actos de exhibicionismo corporal o

sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual.19 Este delito se encuentra contemplado

en alguna de sus modalidades en el código penal de todas las entidades federativas.

3. Delito sexual con propósito de cópula no considerado anteriormente.

4. Explotación sexual de menores e incapaces. Se refiere a los delitos de trata, turismo sexual,

pornografía y prostitución de menores de 18 años o de personas que no tienen capaci-

dad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad

para resistirlo20.

5. Hostigamiento o acoso sexual. Comete este delito quien con fines lascivos asedie reitera-

damente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de

sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordina-

ción.21 Campeche no contempla este delito en su código penal.22

6. Incesto. Ocurre este el delito cuando los ascendientes tienen relaciones sexuales con sus

descendientes, siempre y cuando estos últimos sean mayores de edad. Los estados de

Puebla y Tlaxcala no contemplan este delito dentro de sus códigos penales.23

7. Lenocinio e incitación a la prostitución. Se refiere a toda persona que explote el cuerpo

de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él

un lucro cualquiera; al que induzca o solicite a una persona para que con otra, comercie

sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitu-

ción, y al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente prostíbulos, casas

16 INEGI, Clasificación…, op. cit.17 Se entiende por actos sexuales los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. Artículo 260 del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-2012.18 INEGI, Clasificación…, op. cit.19 Artículo 201 del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-2012.20 Título cuarto, capítulos III, IV y V del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-2012.21 Artículo 259 bis del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-2012.22 INEGI, Clasificación…, op. cit.23 Idem.


de cita o lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la prostitución,

u obtenga cualquier beneficio con sus productos.24 Aguascalientes no contempla estos

delitos dentro de su código penal.25

8. Privación de la libertad con propósitos sexuales. La trata de personas se encuentra contem-

plada en casi todos los códigos penales estatales, sin embargo, en Campeche sólo se

considera este delito cuando la trata es de menores de edad.26

Por otra parte, el delito de violación se define como el acto cometido por quien utilizando la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo en-tendiendo por cópula, la introducción del miembro viril o cualquier elemento o instru-mento, en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.27 También se considera un acto de violación al que sin violencia realice cópula con una persona menor de 15 años —en algunos estados esta edad disminuye a 12—, al que sin violencia realice cópula con una persona que no tenga la capacidad de com-prender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; y al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona menor de 15 años o que no ten-ga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.28

En todos los códigos penales de los estados se contempla el delito de violación con sus distintas modalidades —violación, violación equiparada o violación impropia por instrumento o elemento distinto al natural (sic)—, en Michoacán también se agrega la modalidad de “realización de cópula por error o engaño”.29

El estupro o pederastia es cometido por quien se aproveche de la confianza, sub-ordinación o superioridad que tiene sobre una persona mayor de 12 años —de 15 años en algunos estados— y menor de 18 años o en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a realizar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.30 Este delito está considerado en todos los códigos penales de los estados excepto en el de Tlaxcala. Otra cuestión que varía es la edad del ofendido, en algunos casos se consi-dera este delito cuando el ofendido u ofendida es menor de 18 años y en otros casos cuando es menor de 16 años.31

24 Título octavo, capítulo VI del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-2012.25 INEGI, Clasificación…, op. cit.26 Idem.27 Artículo 265 del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-2012.28 Artículo 266 del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-2012.29 INEGI, Clasificación…, op. cit.30 Art. 209bis del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-201231 INEGI, Clasificación…, op. cit.


Por otro lado, para analizar las estadísticas sobre violencia familiar, tan sólo se cuenta con la información de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal que reporta el INEGI referentes a los presuntos delincuentes procesados por los delitos antes mencio-nados, tomando en cuenta sólo a los que se les dictó formal prisión o sujeción a proce-so con intencionalidad dolosa, así como a los delincuentes sentenciados (condenados con intencionalidad dolosa) para el periodo 1997-2010 desagregado por entidad fe-derativa.32 De igual manera también están disponibles las cifras de homicidios en un contexto de violencia familiar reportados por el INEGI, pero referentes a las estadísticas vitales de defunciones por homicidio en caso de violencia familiar.

Comete el delito de violencia familiar quien lleva a cabo actos o conductas de do-minio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o en una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar o en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.33 Cabe men-cionar que Campeche y Tlaxcala no contemplan la violencia familiar como un delito dentro de sus códigos penales.34

Finalmente, para calcular algunas tasas por entidad federativa se considera la in-formación de la reconstrucción histórica de la dinámica demográfica de México y las entidades federativas para el periodo de 1990-2010 realizada por la Sociedad Mexi-cana de Demografía (SOMEDE), información referente a los volúmenes poblacionales de cada estado por sexo, entidad federativa y edad desplegada (no agrupada) para cada año entre 1997 y 2010.35 La razón para utilizar esta información y no otra como las pro-yecciones de población 2005-2050 publicadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) se debe, en primer lugar, a que son las estimaciones más recientes disponi-bles y, en segundo, a que se ha demostrado que las proyecciones subestimaron a la población total del país en cerca de cuatro millones de habitantes.36

6.4 Metodología

En este trabajo se propone, a partir de la información disponible, llevar a cabo una me-dición de distintos aspectos de los delitos considerados como sexuales, así como de la violencia familiar a nivel estatal. En virtud de lo analizado en la primera parte de este capítulo, no todos los estados contemplan los mismos delitos en sus códigos penales, sobre todo aquellos agrupados en la categoría otros delitos sexuales, por lo que el

32 No se encontró información alguna sobre averiguaciones previas presentadas por este delito en la SESNSP.33 Título decimonoveno, capítulo VIII del Código Penal Federal, última reforma publicada en DOF 14-06-2012.34 INEGI, Clasificación…, op. cit.35 SOMEDE, Conciliación Demográfica de México y sus Entidades Federativas, 1990-2010.36 Víctor García, “Un análisis de las diferencias entre las proyecciones de población 2006-2050 y el Censo 2010”, pp. 63-66.


valor de los indicadores propuestos no serviría para analizar y comparar la efectividad del proceso de procuración de justicia de un estado respecto a otro; el hecho de que en algunos estados no se consideren ciertas conductas como delitos descansa en la conformación de México como una federación, una consecuencia de la forma en que está conformado el sistema político, lo que ocasiona que cada entidad posea su propio código penal. Esa conformación es lo que afecta la recopilación de información y la comparabilidad de ésta entre entidades. Sin embargo, con un poco de cuidado, en este capítulo se especificará cuando no haya información correspondiente para ser analiza-da, resaltando la dinámica en el tiempo de cada indicador, en cada estado.

Así, para realizar una primera aproximación a la medición de la efectividad del apa-rato de procuración e impartición de justicia se proponen los siguientes indicadores:

1. Razón de sujetos a proceso sobre las averiguaciones previas. Medida como el cociente del nú-

mero de sujetos a proceso entre el número de averiguaciones previas. Como se men-

cionó, la información correspondiente es incompleta en el sentido de que no es posible

vincular cuántos procesados fueron producto de una averiguación previa. Por ello, este

indicador podrá tomar cualquier valor mayor o igual a cero. Cuando esto último ocurra

significará que ninguna de las averiguaciones previas tuvo al menos un sujeto a proceso.

2. Razón de los sentenciados con condena sobre los sujetos a proceso. Medido como el cociente del

número de condenados entre el número de procesados. Tanto los sujetos a proceso como

los condenados fueron ubicados en el año en que se cometió el delito en cuestión, por

lo que los segundos conforman un subconjunto de los primeros. Por ello, este indicador

puede tomar valores entre cero y uno; si llegara a valer cero significaría que ninguno de

los sujetos a proceso fue condenado y si valiese uno significa que todos los sujetos a

proceso fueron condenados.

3. Razón de los sentenciados con condena sobre las averiguaciones previas. Medido como el co-

ciente del número de sentenciados con condena entre el número de averiguaciones pre-

vias. Al igual que el primer indicador, la información correspondiente es incompleta en el

sentido de que no es posible saber cuántos condenados fueron producto de una averi-

guación previa. Por ello, este indicador podrá tomar cualquier valor mayor o igual a cero.

Cuando esto último ocurra significará que ninguna de las averiguaciones previas resultó

en algún sentenciado con condena.

De igual manera, se calcula la cantidad de averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes, con el fin de eliminar el efecto del volumen poblacional sobre dichas averi-guaciones previas. Es decir, se divide el número de averiguaciones previas entre el nú-mero de habitantes de cada entidad federativa; con ello, se evita la ilusión que produce el que en una entidad muy poblada existan muchas averiguaciones previas.

Por otra parte, se analiza la tendencia histórica de dichas averiguaciones per cápita a nivel nacional, para identificar si éstas se encuentran en ascenso, descenso o perma-necen inalteradas a lo largo de los 15 años del periodo de estudio.


Finalmente, para el caso de homicidios en el contexto de violencia familiar se cal-cula el número de homicidios por cada un millón de habitantes. La razón de que se realice este cálculo es para ofrecer una explicación más intuitiva al lector.

Cabe mencionar que las distribuciones por cada 100 000 o cada millón de habi-tantes anteriores se realiza de tres maneras: 1) considerando los valores acumulados entre 1997 y 2010 para cada estado, 2) considerando los totales nacionales para cada año en dicho periodo y 3) considerando el total de casos para cada año respecto a la población media de dicho año.37

6.5 Análisis de las estadísticas sobre los delitos sexuales y la violencia familiar

6.5.1 Delitos sexualesLos delitos sexuales, considerados en este capítulo, incluyen un conjunto de acciones que violentan y perturban el desarrollo sexual de los individuos. Ésta es una de las formas más graves de violencia, ya que si bien no tiene como objetivo privar de la vida a la víctima, sí se le afecta en su integridad física y psicológica. Esta clase de delitos comprende los actos verbales o físicos de contenido sexual que se cometen contra una persona de cualquier edad o sexo sin su consentimiento y, en el caso de los menores de edad, con engaño y afectación de su desarrollo psicosexual. Como se mencionó, en este trabajo se divide esta clase de delitos en violaciones, estupro y otros delitos sexuales.

6.5.1.1 ViolaciónEntre 1997 y 2011 se iniciaron 202 964 averiguaciones previas por el delito de viola-ción en toda la República mexicana, de las cuales 18.4 % fueron realizadas en el Estado de México, 9.5 % en el Distrito Federal y 8.1 % en Veracruz. Sin embargo, esto se debe a que en dichas entidades federativas se encuentran las mayores concentraciones de población del país. En efecto, de acuerdo con las últimas estimaciones demográficas 1990-2010,38 en 2010 el Estado de México concentró 13.5 % de la población total na-cional, mientras que el Distrito Federal concentró 7.9 % y Veracruz 6.8 %. Por ello, para eliminar el efecto que produce el volumen poblacional de cada entidad y para captar más eficientemente la intensidad del delito en cada entidad federativa, se calcula el número de averiguaciones previas por violación por cada 100 000 habitantes.39 Así, es posible medir en dónde hubo mayor densidad de averiguaciones previas por este delito.

37 De acuerdo con las estimaciones de SOMEDE, op.cit.38 Idem.39 Al número de averiguaciones previas se divide entre el número de habitantes total en cada entidad federativa y se le multiplica por 100 000.


De esta manera, como se muestra en la figura 6.1, la mayor cantidad de averi-guaciones previas acumuladas durante 1997-2011 se ubicó en el estado de Quintana Roo, que concentró 8 % (479 por cada 100 000 habitantes) del total, seguido por Baja California y Baja California Sur con 5 % (268 y 267 por cada 100 000 habitantes). El estado con menor cantidad de averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes fue Guanajuato con sólo 1.3 % de las averiguaciones previas totales (74 por cada 100 000 habitantes).

A nivel nacional, la evolución temporal de las averiguaciones previas por el delito de violación (por cada 100 000 habitantes) entre 1997 y 2010 se muestra en la figura 6.2. El año en que hubo más averiguaciones previas por este delito fue 2002 en el que se alcanzó un total de 14 por cada 100 000 habitantes. Entre 1997 y 1998 la canti-dad de averiguaciones a nivel nacional disminuyó 4.3 %, pero entre este último año y 2002, el número de averiguaciones previas se incrementó 21 %. Entre 2002 y 2005, las averiguaciones disminuyeron 9 % y finalmente, entre 2005 y 2010 el número de averiguaciones previas por violación se estabilizó, cerca de 13 averiguaciones previas anuales por cada 100 000 habitantes.


FIGURA6.1

Número de averiguaciones previas por violación acumuladas por cada 100 000 habitantes (1997 y 2010)

Cálculos propios con base en SESNSP, Incidencia Delictiva; SOMEDE, Conciliación Demográ�ca de México y sus Entidades Federativas, 1990-2010.Fuente:

-

200

10099

268 267

196142

258

98

210 207 192 186140

246

98 94

231

159121

174150

196165

253210

235 224 204

14283

479

9374

300

400

Aver

igua

cione

s pre

vias

Entidad federativa

Agua

scalie

ntes

Baja

Calif

ornia

Baja

Calif

ornia

Sur

Casm

pech

eCh

iapas

Chihu

ahua

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Colim

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raTa

basco

Tam

aulip

asTla

xcala

Vera

cruz

Yuca

tán

Zaca

teca

s

500

600

FIGURA6.2

Número de averiguaciones previas por violación por cada 100 000 habitantes(1997-2010)

10.0

1997

Aver

igua

cione

s pre

vias

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12.5

12.0

13.0

12.2

11.7 11.7

13.2

12.9

14.1

13.6

13.1

12.913.0

13.1

12.8

13.3

13.3

11.0

10.5

11.5

13.5

14.0

14.5



Conjuntando ambos análisis, el geográfico y el espacial, en el mapa 6.1 se muestra la evolución temporal de las averiguaciones previas por violación por cada 100 000 habitantes por entidad federativa. Sobresale la permanencia del estado de Chihuahua, encabezando el número de averiguaciones previas a lo largo del periodo de análisis. Otro dato destacable es que el Estado de México aparece como una de las entidades con mayor número de averiguaciones previas por este delito durante todo el perio-do de estudio; a diferencia del Distrito Federal, donde disminuye el número de ave-riguaciones previas por cada 100 000 habitantes. Entre los estados que permanecen durante todo el periodo de análisis con bajo nivel de averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes destacan Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas y Chiapas.


Ahora bien, respecto a la medición de la efectividad del aparato de procuración de justicia, en la tabla 6.1 se muestra el resultado de calcular la razón de procesados por el delito de violación entre las averiguaciones previas por ese mismo delito entre 1997 y 2011. Como cada averiguación previa puede llevar a más de un sujeto o a ninguno a proceso, idealmente se debería conocer cuántos procesos tuvieron lugar a partir de cada una de ellas. Desafortunadamente esto no es posible con la información dispo-nible por lo que no es posible establecer alguna conclusión respecto a la calidad de la información.

Suponiendo que los datos son correctos, en general, a nivel nacional sólo 29 % de las averiguaciones previas por violación conllevan sujeciones a proceso. No se observa un patrón general a nivel estatal que indique una tendencia predominante. Sin embar-go, se observa que a lo largo del periodo de análisis, los estados en los que se efectuó la mayor parte de las averiguaciones previas que se sujetaron a proceso fueron: Colima (63 %), Durango (58 %) y Nayarit (51 %); por otro lado, entre las entidades en las que fue menor esta proporción estuvieron: Yucatán (15.7 %), Tlaxcala (15.8 %) y (16.8 %) en el Distrito Federal.

Lo anterior significa que en el caso de estos tres últimos estados, en la mayoría de las averiguaciones previas hubo pocas pruebas para iniciar un proceso contra el acusado y en el caso de Colima, Durango y Nayarit, significa que la mayoría de las averiguaciones previas fueron sujetas a proceso. De hecho en Colima, en 2005 hay evidencia de que hubo averiguaciones previas que produjeron más de un procesado. Sin embargo, la información disponible no permite establecer alguna afirmación con-cluyente al respecto.


Razón de procesados por el delito de violación respecto al número de averiguaciones previas por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.1

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 0.083 0.174 0.333 0.184 0.422 0.291 0.298 0.381 0.324 0.226 0.122 0.136 0.165 0.126 0.165

Baja California 0.268 0.278 0.361 0.257 0.288 0.248 0.302 0.384 0.398 0.482 0.504 0.365 0.230 0.204 0.142


Campeche 0.215 0.245 0.300 0.263 0.421 0.486 0.339 0.365 0.557 0.447 0.521 0.612 0.468 0.326 0.184

Chiapas 0.237 0.754 0.352 0.322 0.314 0.301 0.442 0.522 0.568 0.888 0.782 0.908 0.165 0.202 0.157

Chihuahua 0.122 0.243 0.325 0.329 0.287 0.352 0.346 0.308 0.368 0.305 0.335 0.183 0.112 0.074 0.084

Coahuila 0.242 0.345 0.411 0.380 0.371 0.424 0.387 0.442 0.372 0.540 0.337 0.404 0.186 0.122 0.108

Colima 0.301 0.353 0.633 0.615 0.471 0.686 0.821 0.555 1.063 0.721 0.884 0.798 0.589 0.689 0.295


Durango 0.840 0.600 0.717 0.486 0.528 0.576 0.434 0.872 0.569 0.763 0.915 0.934 0.580 0.282 0.065

Guanajuato 0.113 0.421 0.360 0.382 0.216 0.211 0.195 0.234 0.257 0.301 0.267 0.395 0.185 0.138 0.098

Guerrero 0.192 0.342 0.296 0.336 0.480 0.341 0.335 0.350 0.375 0.271 0.355 0.339 0.279 0.251 0.167

Hidalgo 0.168 0.198 0.289 0.336 0.269 0.321 0.329 0.263 0.340 0.318 0.386 0.383 0.213 0.198 0.230

Jalisco 0.212 0.216 0.242 0.232 0.239 0.228 0.240 0.294 0.301 0.307 0.345 0.448 0.254 0.235 0.161

México 0.150 0.200 0.236 0.216 0.177 0.193 0.228 0.206 0.189 0.176 0.180 0.203 0.156 0.107 0.060

Michoacán 0.471 0.479 0.476 0.469 0.418 0.557 0.564 0.641 0.649 0.735 0.464 0.446 0.229 0.291 0.201

Morelos 0.349 0.400 0.402 0.382 0.297 0.344 0.370 0.382 0.254 0.330 0.283 0.339 0.084 0.070 0.040

Nayarit 0.506 0.534 0.372 0.376 0.388 0.537 0.790 0.818 0.726 0.407 0.535 0.657 0.500 0.513 0.390

Nuevo León 0.542 0.394 0.397 0.478 0.362 0.403 0.343 0.279 0.355 0.332 0.219 0.198 0.142 0.165 0.080

Oaxaca 0.197 0.421 0.529 0.422 0.773 0.505 0.352 0.414 0.409 0.330 0.394 0.817 0.230 0.227 0.432

Puebla 0.175 0.207 0.222 0.206 0.185 0.231 0.212 0.191 0.231 0.197 0.210 0.239 0.155 0.159 0.097

Querétaro 0.146 0.215 0.233 0.320 0.335 0.281 0.359 0.476 0.275 0.241 0.405 0.370 0.404 0.247 0.127

Quintana Roo 0.141 0.383 0.263 0.216 0.283 0.193 0.256 0.241 0.333 0.271 0.271 0.339 0.245 0.180 0.147

San Luis Potosí 0.271 0.307 0.305 0.314 0.348 0.262 0.286 0.396 0.358 0.333 0.232 0.238 0.140 0.128 0.175

Sinaloa 0.225 0.326 0.401 0.381 0.414 0.358 0.375 0.311 0.453 0.350 0.315 0.341 0.247 0.190 0.225

Sonora 0.286 0.306 0.453 0.455 0.568 0.556 0.766 0.588 0.365 0.397 0.429 0.667 0.551 0.403 0.320

Tabasco 0.152 0.285 0.286 0.552 0.448 0.375 0.478 0.419 0.372 0.373 0.272 0.355 0.238 0.292 0.293

Tamaulipas 0.157 0.159 0.182 0.207 0.218 0.201 0.190 0.261 0.218 0.309 0.252 0.291 0.234 0.177 0.157

Tlaxcala 0.120 0.169 0.236 0.173 0.132 0.160 0.150 0.078 0.110 0.071 0.122 0.158 0.343 0.357 0.170

Veracruz 0.179 0.290 0.346 0.323 0.320 0.298 0.294 0.286 0.313 0.311 0.313 0.399 0.365 0.145 0.245

Yucatán 0.093 0.147 0.211 0.138 0.157 0.143 0.142 0.163 0.265 0.221 0.186 0.191 0.159 0.152 0.135

Zacatecas 0.118 0.182 0.256 0.208 0.229 0.194 0.299 0.284 0.232 0.170 0.251 0.268 0.204 0.118 0.116

Fuente: Cálculos propios con base en SESNSP, incidencia Delictiva; SOMEDE, Conciliación Demográfica de México y sus Entidades Federativas, 1990-2010.


Por otra parte, al analizar la razón de condenados entre averiguaciones previas por violación, como se muestra en la tabla 6.2, existen varios casos en que este indicador fue mayor que uno, Chiapas 2008 y Durango 2007 y 2008; es decir que hubo averi-guaciones previas que produjeron más de un condenado. Suponiendo que los datos son correctos, sólo 19 % de las averiguaciones previas por violación a nivel nacional llegaron a condena durante el periodo analizado. No se observa un patrón general a nivel estatal que indique una tendencia predominante. Sin embargo, se aprecia que a lo largo del periodo de análisis el estado en el que la mayor parte de las averiguaciones previas llegaron a condena fue Durango (51.5 %)40 y las entidades federativas en que pocas averiguaciones previas por este delito llegaron a condena son Tlaxcala (8 %) y Yucatán (11.5 %). Sin embargo, al igual que en el análisis anterior, la información dispo-nible no permite establecer alguna afirmación concluyente al respecto.

Finalmente, al analizar la proporción de condenas respecto a los sujetos a proce-so por el delito de violación (tabla 6.3), se observa que en promedio existe una alta esperanza de que un procesado por este delito llegue a ser condenado; en general, 68 % de los procesados fueron condenados entre 1997 y 2010. Así, se puede asegurar que en los estados de Durango, Nuevo León, Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Distrito Federal y Sonora más de 75 % de los procesados por el delito de violación llegó a ser condenado. En cambio, en Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí, Hidal-go, Quintana Roo y Estado de México existe una baja expectativa de ser condenados, menos de 60 % de los procesados fueron sentenciados.

En Chiapas, durante 2008 y en Durango entre 2007 y 2008 se observa que dicha proporción es mayor que uno, lo que refleja una mala calidad de la información ya que, por las características de la misma, ningún condenado podría serlo sin un auto de tér-mino constitucional que le preceda. El nivel de agregación del dato impide determinar si la falla se encuentra en la información de procesados o de condenados. Para ello se requeriría un número de identificación, en ambas bases de datos, para los procesados y los condenados.

40 De hecho esta entidad fue la única en que más de la mitad de las averiguaciones previas (en promedio) culminaron en condena.


Proporción de sentenciados por el delito de violación respecto al número de averiguaciones previas por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.2

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes - 0.081 0.105 0.158 0.266 0.218 0.281 0.349 0.243 0.262 0.173 0.182 0.144 0.069 0.039

Baja California 0.105 0.199 0.312 0.206 0.331 0.215 0.211 0.310 0.338 0.327 0.382 0.535 0.172 0.133 0.041

Baja California Sur 0.102 0.212 0.204 0.339 0.275 0.176 0.241 0.290 0.229 0.250 0.218 0.301 0.098 0.069 -

Campeche 0.007 0.058 0.200 0.246 0.252 0.314 0.459 0.376 0.392 0.342 0.534 0.576 0.194 0.106 0.006

Chiapas 0.059 0.532 0.230 0.227 0.260 0.203 0.364 0.492 0.699 0.721 0.893 1.050 0.087 0.043 0.019

Chihuahua 0.048 0.131 0.260 0.180 0.170 0.214 0.312 0.310 0.236 0.298 0.290 0.235 0.068 0.043 0.012

Coahuila 0.013 0.186 0.281 0.193 0.357 0.251 0.320 0.379 0.314 0.304 0.393 0.409 0.131 0.078 0.010

Colima 0.043 0.118 0.551 0.321 0.391 0.457 0.462 0.395 0.700 0.676 0.811 0.919 0.271 0.262 0.015


Durango 0.040 0.370 0.717 0.168 0.272 0.515 0.699 0.884 0.667 0.742 1.237 1.092 0.174 0.024 -

Guanajuato 0.050 0.347 0.360 0.250 0.167 0.175 0.153 0.184 0.355 0.425 0.417 0.529 0.153 0.088 0.026

Guerrero 0.019 0.107 0.093 0.138 0.217 0.216 0.190 0.200 0.312 0.296 0.307 0.356 0.104 0.021 0.010

Hidalgo 0.024 0.110 0.140 0.097 0.153 0.187 0.175 0.203 0.197 0.203 0.436 0.408 0.128 0.081 0.003

Jalisco 0.078 0.138 0.161 0.178 0.109 0.130 0.168 0.222 0.196 0.244 0.296 0.414 0.133 0.105 0.038

México 0.050 0.128 0.138 0.122 0.100 0.102 0.135 0.138 0.137 0.139 0.178 0.247 0.100 0.056 0.016

Michoacán 0.102 0.275 0.307 0.490 0.518 0.478 0.509 0.601 0.546 0.609 0.502 0.523 0.188 0.124 0.065

Morelos 0.026 0.247 0.160 0.191 0.250 0.180 0.149 0.191 0.162 0.212 0.233 0.322 0.035 0.026 -

Nayarit 0.096 0.420 0.279 0.168 0.328 0.516 0.568 0.571 0.537 0.312 0.512 0.601 0.361 0.168 0.060

Nuevo León 0.127 0.181 0.292 0.296 0.323 0.273 0.373 0.340 0.359 0.287 0.316 0.304 0.175 0.112 0.021

Oaxaca 0.028 0.168 0.389 0.249 0.464 0.281 0.216 0.249 0.297 0.289 0.404 0.695 0.094 0.107 0.009

Puebla 0.039 0.103 0.153 0.103 0.157 0.161 0.142 0.139 0.211 0.215 0.221 0.277 0.090 0.054 0.005

Querétaro 0.010 0.154 0.178 0.209 0.236 0.233 0.271 0.468 0.197 0.241 0.294 0.411 0.281 0.074 0.005

Quintana Roo 0.033 0.141 0.150 0.131 0.143 0.084 0.206 0.249 0.237 0.183 0.299 0.368 0.105 0.023 -

San Luis Potosí 0.045 0.137 0.154 0.113 0.145 0.218 0.157 0.217 0.229 0.242 0.222 0.262 0.117 0.052 0.004

Sinaloa 0.079 0.129 0.185 0.226 0.290 0.230 0.205 0.153 0.311 0.224 0.145 0.373 0.144 0.078 0.085

Sonora 0.093 0.135 0.356 0.403 0.452 0.646 0.445 0.441 0.365 0.427 0.403 0.903 0.425 0.347 0.081

Tabasco 0.040 0.212 0.319 0.485 0.625 0.314 0.386 0.469 0.344 0.317 0.226 0.384 0.204 0.173 0.060

Tamaulipas 0.027 0.117 0.158 0.107 0.131 0.102 0.169 0.187 0.250 0.383 0.308 0.262 0.144 0.110 0.038

Tlaxcala 0.015 0.084 0.118 0.081 0.064 0.067 0.064 0.117 0.057 0.096 0.233 0.203 0.143 0.071 0.010

Veracruz 0.058 0.161 0.216 0.225 0.235 0.255 0.255 0.226 0.246 0.242 0.241 0.355 0.227 0.062 0.016

Yucatán 0.041 0.042 0.092 0.151 0.118 0.085 0.130 0.115 0.151 0.151 0.143 0.252 0.091 0.065 0.005

Zacatecas 0.035 0.145 0.113 0.153 0.153 0.161 0.172 0.181 0.213 0.170 0.198 0.254 0.197 0.076 0.072



Razón de sentenciados por el delito de violación respecto al número de procesados por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.3

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes - 0.467 0.316 0.857 0.630 0.750 0.941 0.917 0.750 1.158 1.417 1.333 0.875 0.545 0.238

Baja California 0.391 0.716 0.863 0.802 1.151 0.868 0.698 0.808 0.851 0.679 0.759 1.464 0.747 0.652 0.289

Baja California Sur 0.217 0.647 0.455 0.769 1.188 0.571 0.650 0.912 0.970 0.774 1.000 1.171 0.550 0.360 -

Campeche 0.034 0.237 0.667 0.935 0.600 0.647 1.351 1.032 0.705 0.765 1.026 0.942 0.414 0.326 0.034

Chiapas 0.250 0.705 0.652 0.707 0.828 0.675 0.824 0.942 1.230 0.812 1.142 1.157 0.527 0.214 0.123

Chihuahua 0.393 0.538 0.800 0.547 0.594 0.606 0.904 1.006 0.640 0.977 0.867 1.284 0.607 0.579 0.148

Coahuila 0.053 0.540 0.683 0.507 0.962 0.593 0.826 0.857 0.844 0.563 1.167 1.014 0.706 0.636 0.091

Colima 0.143 0.333 0.871 0.521 0.829 0.667 0.563 0.712 0.659 0.938 0.917 1.152 0.460 0.381 0.051


Durango 0.048 0.617 1.000 0.344 0.515 0.895 1.612 1.013 1.172 0.972 1.352 1.169 0.300 0.083 -

Guanajuato 0.442 0.825 1.000 0.654 0.776 0.829 0.787 0.787 1.381 1.409 1.560 1.341 0.828 0.636 0.263

Guerrero 0.097 0.313 0.313 0.410 0.453 0.632 0.566 0.573 0.832 1.095 0.863 1.050 0.374 0.082 0.057

Hidalgo 0.143 0.556 0.485 0.290 0.570 0.583 0.531 0.771 0.579 0.638 1.129 1.064 0.600 0.408 0.015

Jalisco 0.367 0.638 0.664 0.766 0.456 0.571 0.698 0.756 0.652 0.795 0.859 0.922 0.521 0.449 0.237

México 0.333 0.640 0.585 0.566 0.566 0.531 0.590 0.667 0.726 0.790 0.988 1.213 0.640 0.528 0.266

Michoacán 0.217 0.575 0.645 1.045 1.238 0.859 0.902 0.937 0.841 0.829 1.082 1.171 0.819 0.427 0.324

Morelos 0.075 0.618 0.398 0.500 0.841 0.525 0.402 0.500 0.638 0.644 0.824 0.951 0.419 0.375 -

Nayarit 0.190 0.787 0.750 0.446 0.844 0.961 0.719 0.698 0.739 0.766 0.957 0.915 0.722 0.328 0.154

Nuevo León 0.234 0.460 0.735 0.619 0.891 0.678 1.088 1.221 1.010 0.865 1.441 1.538 1.227 0.679 0.263

Oaxaca 0.141 0.398 0.736 0.589 0.600 0.556 0.614 0.602 0.725 0.877 1.025 0.851 0.411 0.471 0.021

Puebla 0.220 0.500 0.689 0.500 0.847 0.696 0.667 0.730 0.913 1.096 1.056 1.159 0.579 0.337 0.056

Querétaro 0.069 0.714 0.762 0.653 0.703 0.831 0.754 0.983 0.718 1.000 0.727 1.111 0.695 0.300 0.036

Quintana Roo 0.231 0.368 0.571 0.603 0.506 0.432 0.804 1.031 0.712 0.674 1.104 1.085 0.429 0.129 -

San Luis Potosí 0.167 0.446 0.505 0.359 0.415 0.830 0.548 0.548 0.641 0.727 0.957 1.103 0.836 0.404 0.020

Sinaloa 0.353 0.395 0.462 0.594 0.700 0.644 0.545 0.491 0.687 0.640 0.462 1.093 0.583 0.409 0.375

Sonora 0.324 0.440 0.785 0.885 0.796 1.161 0.581 0.750 1.000 1.075 0.940 1.354 0.771 0.861 0.252

Tabasco 0.260 0.746 1.113 0.879 1.394 0.837 0.808 1.119 0.925 0.848 0.829 1.084 0.856 0.594 0.205

Tamaulipas 0.170 0.733 0.868 0.520 0.602 0.504 0.889 0.717 1.151 1.239 1.224 0.901 0.613 0.621 0.245

Tlaxcala 0.125 0.500 0.500 0.465 0.484 0.417 0.424 1.500 0.516 1.353 1.909 1.286 0.417 0.200 0.059

Veracruz 0.326 0.556 0.626 0.698 0.734 0.856 0.869 0.792 0.786 0.778 0.772 0.888 0.621 0.429 0.066

Yucatán 0.438 0.289 0.438 1.094 0.750 0.595 0.917 0.705 0.571 0.683 0.769 1.317 0.574 0.429 0.038

Zacatecas 0.300 0.800 0.441 0.733 0.667 0.829 0.574 0.636 0.917 1.000 0.786 0.947 0.967 0.643 0.625



6.5.1.2 EstuproEntre 1997 y 2011 se iniciaron 41 379 averiguaciones previas por estupro en toda la República mexicana, de las cuales, 7.73 % fueron realizadas en Tabasco, 7.67 % en el Estado de México y 7.13 % en Jalisco. Sin embargo, esto sucede porque en dichas en-tidades federativas, entre otras, se encuentran las mayores concentraciones de pobla-ción del país. En efecto, de acuerdo con las últimas estimaciones demográficas 1990-201041, en 2010 en Tabasco habitaba cerca de 2 % de la población total de país, en el Estado de México, 13.5 % de la población total nacional, y en Jalisco 6.5 %. Por ello, para eliminar el efecto que produce el volumen poblacional de cada entidad y para captar más eficientemente la intensidad del delito en cada entidad federativa, se cal-cula el número de averiguaciones previas por violación por cada 100 000 habitantes42.

Así, es posible medir en dónde hubo mayor densidad de averiguaciones previas por este delito.

Como se muestra en la figura 6.3, la mayor cantidad de averiguaciones previas acumuladas entre 1997 y 2011 se ubicaron en el estado de Tabasco (155 por cada 100 000 habitantes), Quintana Roo (88 por cada 100 000 habitantes) y Colima (85 por cada 100 000 habitantes). Los estados con menor cantidad de averiguaciones previas por estupro por cada 100 000 habitantes han sido el Distrito Federal (5), Guanajuato (13) y Querétaro (14). Tlaxcala no contempla el estupro como un delito dentro de su código penal, por lo que no tiene ninguna averiguación previa a lo largo del periodo de análisis.

A nivel nacional, la evolución temporal de las averiguaciones previas por el delito de estupro, por cada 100 000 habitantes (figura 6.4) entre 1997 y 2010, muestra una tendencia descendente. En 2006 se observa un importante repunte en la cantidad de averiguaciones previas per cápita a nivel nacional (tres por cada 100 000 habitantes), pero después la tasa de averiguación previa a nivel nacional continúa su tendencia descendente. Hacia 2010 se reportaron cerca de dos averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes.

41 SOMEDE, op. cit.42 Para ello, el número de averiguaciones previas se divide entre el número total de habitantes en cada entidad federativa y se le multiplica por 100 000.


FIGURA6.3

Número de averiguaciones previas por estupro por cada 100 000 habitantes(1997 y 2010)

-

40

2099

268267 196

142

25898

210

207

192

186 140

246

9894

231

159

121174

150

196

165

253

210

0

224204

14283

479

9374

60

80

Aver

igua

cione

s pre

vias

Entidad federativa

Agua

scalie

ntes

Baja

Calif

ornia

Sur

Chiap

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o Leó

n

Pueb

la

Quint

ana R

oo

Sinalo

a

Taba

sco

Tlaxc

ala

Yuca

tán

100

120

140

160


FIGURA6.4

Número de averiguaciones previas por estupro por cada 100 000 habitantes(1997-2010)

2.0

1997

Aver

igua

cione

s pre

vias

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.0

2.8

3.2

3.4

3.3

3.2

3.3

2.9

2.6

2.5

2.6

2.4

2.62.5

2.32.3

2.1

2.4

2.2

2.6

3.4

3.6



Ahora bien, respecto a la evolución temporal por entidad federativa, en el mapa 6.2 se muestra que Sonora, Baja California Sur, Tabasco y Quintana Roo son los estados con las tasas más altas de averiguaciones previas permanentes a lo largo del periodo de análisis. Por otro lado, sobresalen el Distrito Federal, Guanajuato y Querétaro como aquellos estados en los que a lo largo del tiempo presentan bajas tasas de averigua-ción previa por estupro. También destaca Chihuahua, que comenzó ubicado como un estado en el que había relativamente muchas averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes en 1997 y terminó en 2010 con un bajo nivel (pasa del cuarto al segundo quintil).


En la tabla 6.4 se muestra el resultado de calcular la razón de procesados por el delito de estupro entre las averiguaciones previas por ese mismo delito entre 1997 y 2011. Suponiendo que los datos son correctos, en general, sólo 14 % de las averigua-ciones previas por estupro conllevan a sujeciones a proceso a nivel nacional. No se observa un patrón general a nivel estatal que indique una tendencia predominante. Sin embargo, se puede apreciar que a lo largo del periodo de análisis los estados donde la mayor parte de las averiguaciones previas culminaron en personas procesadas fueron Nayarit (50 %), Campeche (39 %) y Durango (33 %) y en las que pocas averiguacio-nes previas por este delito llevaron a sujeciones a proceso se encuentran Coahuila y Guanajuato, donde prácticamente ninguna de las averiguaciones previas fue sujeta a proceso.

Los resultados anteriores tienen dos posibles explicaciones, una es que hubo po-cas pruebas para comenzar un proceso contra el acusado o que en realidad se trata de casos de impunidad y mala efectividad del aparato de impartición de justicia. Sin em-bargo, la información disponible no permite establecer alguna afirmación concluyente al respecto. Otro aspecto que sobresale a partir de la información analizada es que en 2008, en Campeche se muestra que en promedio cada averiguación previa conllevó a cuatro sujetos a proceso. Mientras que en Chihuahua, Distrito Federal, Durango y Ta-basco falta información sobre averiguaciones previas para algunos años.

Por otra parte, al analizar la razón de sentenciados entre averiguaciones previas por estupro, como se muestra en la tabla 6.5, suponiendo que los datos son correctos, en general, sólo 6 % de las averiguaciones previas por este delito a nivel nacional llegan a condena. No se observa un patrón general a nivel estatal que indique una tendencia predominante. Sin embargo, se aprecia que a lo largo del periodo de análisis el estado en el que la mayor parte de las averiguaciones previas llegaron a condena fue Nayarit (40 %) seguido a lo lejos por Durango y Michoacán (con 21 y 20 %, respectivamente). Las entidades federativas donde pocas averiguaciones previas por este delito llegaron a condena son Coahuila y Guanajuato, donde ninguna averiguación previa culminó en sentencia condenatoria. Sin embargo, al igual que en el análisis anterior, la información disponible no permite establecer alguna afirmación concluyente al respecto.


Razón de procesados por el delito de estupro respecto al número de averiguaciones previas por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.4

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes - 0.222 0.071 0.059 0.188 - 0.077 0.125 0.400 - 0.100 - 0.074 0.077 -

Baja California 0.044 0.084 0.067 0.028 0.039 0.029 0.083 0.033 0.042 0.017 0.039 0.015 0.023 - -

Baja California Sur 0.174 0.208 0.105 0.100 - 0.207 0.100 0.130 0.097 0.067 0.267 - 0.043 0.034 0.034

Campeche 0.092 0.075 0.144 0.136 0.313 0.739 0.368 0.625 0.556 0.438 0.750 4.000 0.889 0.391 0.167

Chiapas 0.153 0.509 0.194 0.174 0.214 0.189 0.157 0.153 0.204 0.099 0.156 0.252 0.085 0.101 0.037

Chihuahua 0.019 0.018 0.095 0.088 0.100 0.078 0.060 0.057 0.105 0.064 0.051 - - - 0.026

Coahuila 0.051 0.019 0.025 - - - - - 0.038 - - - - - -

Colima 0.081 0.105 0.348 0.300 0.344 0.706 0.208 0.750 0.227 0.279 0.406 0.378 0.286 0.200 0.174

Distrito Federal - 0.044 0.089 0.082 0.211 0.040 0.143 - 0.080 0.071 - - 0.021 - 0.034

Durango 0.023 0.230 0.548 - 0.737 0.205 0.267 1.071 0.429 0.400 0.611 0.278 0.385 0.016 -

Guanajuato - 0.017 - 0.026 - - - - - - - - - - -

Guerrero 0.043 0.158 0.168 0.168 0.250 0.239 0.230 0.182 0.267 0.259 0.264 0.236 0.170 0.193 0.103

Hidalgo 0.033 0.096 0.143 0.184 0.237 0.123 0.160 0.200 0.290 0.200 0.173 0.362 0.218 0.149 0.061

Jalisco 0.162 1.353 0.156 0.170 0.127 0.179 0.165 0.147 0.229 0.127 0.119 0.278 0.161 0.145 0.058

México 0.099 0.245 0.288 0.332 0.203 0.187 0.135 0.069 0.054 0.079 0.071 0.100 0.051 0.008 -

Michoacán 0.217 0.283 0.248 0.340 0.260 0.281 0.269 0.423 0.500 0.254 0.284 0.326 0.119 0.123 0.053

Morelos 0.038 0.131 0.230 0.086 0.074 0.127 0.080 0.093 0.136 0.015 0.042 0.021 0.023 0.014 -

Nayarit 0.356 0.632 0.500 0.561 0.380 0.755 0.500 0.658 0.444 0.175 0.519 0.956 0.857 0.459 0.088

Nuevo León 0.030 0.022 0.008 0.016 0.056 0.048 0.038 0.033 0.013 0.021 0.012 0.019 0.021 0.008 0.010

Oaxaca 0.146 0.342 0.451 0.148 0.146 0.211 0.159 0.210 0.183 0.212 0.268 0.522 0.163 0.185 0.108

Puebla 0.048 0.121 0.195 0.114 0.183 0.132 0.115 0.122 0.122 0.117 0.198 0.202 0.073 0.052 0.043

Querétaro 0.025 0.205 0.111 0.381 0.313 0.294 0.235 0.385 0.500 0.250 0.182 0.500 0.250 0.333 0.125

Quintana Roo 0.063 0.025 0.180 0.143 0.190 0.125 0.120 0.139 0.207 0.121 0.136 0.119 0.083 0.033 -

San Luis Potosí 0.090 0.214 0.189 0.198 0.214 0.176 0.143 0.118 0.215 0.162 0.108 0.194 0.019 0.020 0.033

Sinaloa 0.156 0.213 0.162 0.143 0.313 0.200 0.238 0.200 0.278 0.205 0.240 0.352 0.250 0.234 0.148

Sonora 0.047 0.095 0.112 0.167 0.158 0.241 0.286 0.200 0.145 0.092 0.123 0.260 0.225 0.196 0.132

Tabasco 0.033 0.054 0.060 0.093 0.100 0.123 0.143 0.024 - 0.034 0.071 0.033 0.024 0.013 0.029

Tamaulipas 0.089 0.272 0.121 0.212 0.176 0.170 0.253 0.167 0.078 0.243 0.217 0.225 0.162 0.048 0.031

Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - -

Veracruz 0.074 0.198 0.166 0.233 0.220 0.349 0.197 0.271 0.251 0.377 0.387 0.676 0.184 0.083 0.158

Yucatán 0.061 0.049 0.048 0.116 0.079 0.100 0.148 0.190 0.074 0.353 0.357 0.667 0.214 0.042 -

Zacatecas 0.101 0.161 0.205 0.125 0.088 0.190 0.171 0.278 0.242 0.211 0.158 0.412 0.167 0.083 0.063



Razón de sentenciados por el delito de estupro respecto al número de averiguaciones previas por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.5

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes - - 0.071 0.059 0.063 0.111 - 0.125 0.600 - 0.100 0.077 0.074 - -

Baja California 0.044 0.059 0.050 0.028 0.031 0.043 0.009 0.057 0.028 - 0.031 0.044 - 0.009 -

Baja California Sur 0.043 0.208 0.158 0.067 0.074 - 0.167 - - - 0.267 0.043 0.043 - -

Campeche - 0.013 0.011 0.062 0.125 0.435 0.632 0.375 0.333 0.188 0.583 1.400 0.444 0.043 -

Chiapas 0.018 0.273 0.092 0.067 0.125 0.083 0.098 0.091 0.096 0.066 0.067 0.252 0.085 0.020 -

Chihuahua 0.010 0.009 0.024 0.018 0.033 0.059 0.036 0.034 0.066 0.028 0.013 - - - 0.026

Coahuila - - 0.025 0.027 - - - - - 0.063 0.043 0.049 - 0.027 -

Colima - 0.018 0.217 0.167 0.313 0.412 0.667 0.100 0.273 0.209 0.406 0.378 0.171 0.120 0.130

Distrito Federal - 0.044 0.089 0.061 0.105 0.120 0.143 - - 0.071 0.034 0.032 - 0.033 0.034

Durango 0.023 0.098 0.226 - 0.526 0.128 0.200 0.357 0.667 0.200 0.333 0.389 0.308 - -

Guanajuato - - - - - - - - - - - 0.020 - - -

Guerrero 0.006 0.055 0.045 0.067 0.048 0.029 0.053 0.030 0.060 0.089 0.132 0.154 0.043 0.059 -

Hidalgo 0.011 0.032 0.039 0.049 0.102 0.041 0.067 0.063 0.130 0.133 0.192 0.174 0.103 0.043 0.030

Jalisco 0.048 1.000 0.156 0.102 0.100 0.153 0.120 0.141 0.147 0.145 0.103 0.217 0.089 0.063 0.010

México 0.024 0.074 0.150 0.079 0.097 0.077 0.051 0.033 0.011 0.037 0.040 0.050 - 0.015 -

Michoacán 0.013 0.198 0.201 0.142 0.236 0.289 0.250 0.282 0.435 0.254 0.203 0.349 0.119 0.068 0.026

Morelos - 0.033 0.016 0.034 0.025 0.048 0.013 0.019 0.017 0.029 - 0.021 - - -

Nayarit 0.115 0.579 0.500 0.333 0.408 0.469 0.464 0.579 0.444 0.237 0.278 0.689 0.321 0.243 0.029

Nuevo León - 0.022 - 0.016 - 0.010 - 0.013 - 0.021 0.006 0.006 - 0.008 -

Oaxaca 0.049 0.184 0.235 0.071 0.185 0.109 0.114 0.101 0.157 0.175 0.299 0.232 0.035 0.019 -

Puebla 0.016 0.034 0.105 0.068 0.073 0.106 0.049 0.110 0.122 0.061 0.099 0.145 0.046 0.036 -

Querétaro - 0.051 0.185 0.143 0.125 0.118 0.176 0.154 0.500 - 0.273 - - - -

Quintana Roo - - 0.020 0.048 0.048 0.050 0.060 0.038 0.138 0.066 0.091 0.090 0.042 - -

San Luis Potosí 0.011 0.071 0.126 0.116 0.071 0.165 0.155 0.092 0.169 0.118 0.086 0.102 0.028 - -

Sinaloa 0.011 0.120 0.103 0.050 0.104 0.176 0.150 0.050 0.190 0.159 0.140 0.239 0.091 0.156 0.049

Sonora 0.012 0.045 0.107 0.080 0.129 0.172 0.202 0.116 0.087 0.083 0.117 0.290 0.202 0.125 0.051

Tabasco 0.006 0.027 0.043 0.057 0.050 0.062 0.036 0.041 - 0.034 0.036 0.048 0.006 0.013 -

Tamaulipas 0.030 0.037 0.167 0.091 0.044 0.064 0.133 0.167 0.156 0.216 0.174 0.198 0.068 - 0.016

Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - -

Veracruz 0.026 0.059 0.127 0.108 0.175 0.195 0.211 0.113 0.114 0.181 0.245 0.234 0.102 0.023 -

Yucatán 0.020 0.016 0.012 0.014 0.026 - 0.148 0.095 0.111 0.176 0.071 - 0.071 - -

Zacatecas 0.043 0.194 0.128 0.104 0.070 0.143 0.143 0.333 0.152 0.211 0.105 0.294 0.083 0.083 -



Finalmente, en la proporción de condenados respecto a los procesados por este delito (tabla 6.6) se observa que en general, a nivel nacional, 50 % de los sujetos a pro-ceso por estupro terminan condenados. No se observa un patrón general a nivel estatal que indique una tendencia predominante. Sin embargo, se observa que, en promedio, a lo largo del periodo de análisis las entidades en las que todos los sujetos a proceso llegaron a ser condenados fueron el Distrito Federal y Aguascalientes, esto indica que un procesado por estupro en cualquiera de ellas puede esperar que se le condene. Mientras tanto, los estados en los que pocos procesos por este delito llevaron a una condena fueron nuevamente Coahuila y Guanajuato, aunque esto puede deberse a que en ellos no se cuenta con información sobre el proceso de impartición de justicia. A estas dos entidades, les siguen Nuevo León (20 %) y Guerrero (25 %). Es decir que un procesado por estupro en cualquiera de estas entidades espera que su proceso termi-ne sin condena. Sin embargo, la información disponible no permite establecer alguna afirmación concluyente al respecto.

Respecto a este delito, existe un mayor número de entidades federativas en las que la información indica que hay más condenados que procesados (valores mayores a uno). Sobresalen los casos de Colima en 2003, Distrito Federal en 2002, Baja California en 2008, Estado de México en 2010, Morelos en 2006 y Tamaulipas en 2005, en ellos, se duplica o triplica el número de condenados respecto de los sujetos a proceso. Sin embargo, no existe información adicional que permita establecer alguna causa de este error ya que podría estar ubicado en la base de procesados, en la de condenados o en el aparato de justicia.


Proporción de sentenciados por el delito de estupro respecto al número de procesados por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.6

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes - - 1.000 1.000 0.333 - - 1.000 1.500 - 1.000 - 1.000 - -

Baja California 1.000 0.700 0.750 1.000 0.800 1.500 0.111 1.750 0.667 - 0.800 3.000 - - -

Baja California Sur 0.250 1.000 1.500 0.667 - - 1.667 - - - 1.000 - 1.000 - -

Campeche - 0.167 0.077 0.455 0.400 0.588 1.714 0.600 0.600 0.429 0.778 0.350 0.500 0.111 -

Chiapas 0.118 0.536 0.474 0.382 0.585 0.439 0.625 0.594 0.471 0.667 0.429 1.000 1.000 0.200 -

Chihuahua 0.500 0.500 0.250 0.200 0.333 0.750 0.600 0.600 0.625 0.429 0.250 - - - 1.000

Coahuila - - 1.000 - - - - - - - - - - - -

Colima - 0.167 0.625 0.556 0.909 0.583 3.200 0.133 1.200 0.750 1.000 1.000 0.600 0.600 0.750

Distrito Federal 0.500 1.000 1.000 0.750 0.500 3.000 1.000 - - 1.000 - - - - 1.000

Durango 1.000 0.429 0.412 0.200 0.714 0.625 0.750 0.333 1.556 0.500 0.545 1.400 0.800 - -

Guanajuato - - - - - - - - - - - - - - -

Guerrero 0.143 0.346 0.265 0.400 0.192 0.121 0.231 0.167 0.226 0.345 0.500 0.655 0.250 0.304 -

Hidalgo 0.333 0.333 0.273 0.263 0.429 0.333 0.417 0.313 0.450 0.667 1.111 0.480 0.471 0.286 0.500

Jalisco 0.296 0.739 1.000 0.600 0.786 0.853 0.727 0.960 0.641 1.143 0.867 0.781 0.556 0.438 0.167

México 0.238 0.302 0.522 0.238 0.478 0.410 0.375 0.474 0.200 0.471 0.563 0.500 - 2.000 -

Michoacán 0.061 0.698 0.811 0.417 0.909 1.026 0.929 0.667 0.871 1.000 0.714 1.071 1.000 0.556 0.500

Morelos - 0.250 0.071 0.400 0.333 0.375 0.167 0.200 0.125 2.000 - 1.000 - - -

Nayarit 0.323 0.917 1.000 0.594 1.074 0.622 0.929 0.880 1.000 1.353 0.536 0.721 0.375 0.529 0.333

Nuevo León - 1.000 - 1.000 - 0.200 - 0.400 - 1.000 0.500 0.333 - 1.000 -

Oaxaca 0.333 0.538 0.522 0.481 1.263 0.519 0.714 0.480 0.857 0.828 1.115 0.444 0.214 0.100 -

Puebla 0.333 0.278 0.538 0.600 0.400 0.800 0.429 0.909 1.000 0.524 0.500 0.718 0.625 0.700 -

Querétaro - 0.250 1.667 0.375 0.400 0.400 0.750 0.400 1.000 - 1.500 - - - -

Quintana Roo - - 0.111 0.333 0.250 0.400 0.500 0.273 0.667 0.545 0.667 0.750 0.500 - -

San Luis Potosí 0.125 0.333 0.667 0.583 0.333 0.938 1.083 0.778 0.786 0.727 0.800 0.526 1.500 - -

Sinaloa 0.071 0.563 0.636 0.353 0.333 0.882 0.632 0.250 0.682 0.778 0.583 0.677 0.364 0.667 0.333

Sonora 0.250 0.474 0.947 0.481 0.818 0.714 0.708 0.581 0.600 0.895 0.947 1.115 0.897 0.636 0.389

Tabasco 0.188 0.500 0.714 0.609 0.500 0.500 0.250 1.750 0.600 1.000 0.500 1.429 0.250 1.000 -

Tamaulipas 0.333 0.136 1.375 0.429 0.250 0.375 0.524 1.000 2.000 0.889 0.800 0.880 0.417 - 0.500

Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - -

Veracruz 0.357 0.297 0.765 0.463 0.795 0.558 1.067 0.417 0.452 0.481 0.633 0.347 0.556 0.273 -

Yucatán 0.333 0.333 0.250 0.125 0.333 - 1.000 0.500 1.500 0.500 0.200 - 0.333 - -

Zacatecas 0.429 1.200 0.625 0.833 0.800 0.750 0.833 1.200 0.625 1.000 0.667 0.714 0.500 1.000 -



6.5.1.3 Otros delitos sexualesEntre 1997 y 2011 se iniciaron 189 519 averiguaciones previas por otros delitos sexua-les distintos a la violación y estupro en toda la República mexicana, de los cuales, 15 % fueron realizados en el Distrito Federal y 8.7 % en Baja California. Eliminando el efecto que produce el volumen poblacional de cada entidad y para captar más eficientemente la intensidad del delito en cada entidad federativa, se calcula el número de averigua-ciones previas por otros delitos sexuales por cada 100 000 habitantes.43

De esta manera, como se muestra en la figura 6.5, la mayor cantidad de averigua-ciones previas acumuladas durante 1997-2011 se ubicó en Baja California (541 por cada 100 000 habitantes), seguido por Quintana Roo (446), Baja California Sur (354), Nuevo León (320) y Distrito Federal (296). Los estados con menor cantidad de averigua-ciones previas cada 100 000 habitantes fueron Zacatecas, Estado de México, Durango, Michoacán y Jalisco. Sin embargo, en el grupo de entidades federativas con menor proporción de averiguaciones previas ocurre que muchos de los delitos considerados como otros delitos sexuales no están contemplados en sus respectivos códigos pena-les. En cambio, en el grupo de las mayores proporciones se encuentra contemplada la mayoría de ellas.44

A nivel nacional, la evolución temporal de las averiguaciones previas del resto de los delitos sexuales (por cada 100 000 habitantes) entre 1997 y 2010 se muestra en la figura 6.6. Entre 1997 y 2002 la cantidad de averiguaciones previas a nivel nacional se incrementó 53 %, entre este último año y 2005, el número disminuyó a 18.4 % ubi-cándose en 12 averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes. Finalmente, entre 2005 y 2010 el número de averiguaciones previas por violación se incrementó, relati-vamente, en cerca de 20 %. En general entre 1997 y 2010, (142 %) fue la cantidad de denuncias por delitos sexuales diferentes a la violación y al estupro.

43 El número de averiguaciones previas se divide entre el número total de habitantes en cada entidad federativa y se multiplica por 100 000.44 INEGI, Clasificación…, op.cit.


FIGURA6.5

Número de averiguaciones previas por otros delitos sexuales por cada 100 000 habitantes (1997-2010)

-

200

100

216

541

354

118

184 181145

205

296

109134

9254

89

320

197164

190146 135

203 216170

188

132 132

220

41

94

446

61

128

300

400

Aver

igua

cione

s pre

vias

Entidad federativa

Agua

scalie

ntes

Baja

Calif

ornia

Baja

Calif

ornia

Sur

Casm

pech

eCh

iapas

Chihu

ahua

Coah

uila

Colim

aDi

strito

Fede

ral

Dura

ngo

Guan

ajuat

oGu

erre

roHi

dalgo

Jalis

coM

éxico

Mich

oacá

nM

orelo

sNa

yarit

Nuev

o Leó

nOa

xaca

Pueb

laQu

erét

aro

Quint

ana R

ooSa

n Luis

Poto

síSin

aloa

Sono

raTa

basco

Tam

aulip

asTla

xcala

Vera

cruz

Yuca

tán

Zaca

teca

s

500

600


FIGURA6.6

Número de averiguaciones previas por otros delitos sexuales por cada 100 000 habitantes (1997-2010)

4.0

1997

Aver

igua

cione

s pre

vias

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12.0

10.0

14.0

16.0

7.88.4

10.1

9.6

13.2 12.9

12.0 11.9

13.3

14.9 14.7 14.7

14.8

6.0

8.0

6.1



Respecto a la evolución temporal de cada una de las entidades federativas, en el mapa 6.3 se aprecia que las penínsulas de Yucatán y Baja California, y los estados de Chihuahua, Nuevo León y Distrito Federal permanecen con las tasas más altas de averiguaciones previas por cada 100 000 habitantes. En cambio los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí permanecen con las menores tasas de averiguación previa.


Respecto a la medición de la efectividad del aparato de procuración de justicia, en la tabla 6.7 se muestra el resultado de calcular la razón de procesados por otros delitos sexuales entre las averiguaciones previas en el periodo comprendido entre 1997 y 2011. Suponiendo que los datos son correctos, en general, sólo 8 % de las averigua-ciones previas a nivel nacional por el resto de los delitos sexuales llegan a sujeciones a proceso. No se observa un patrón general a nivel estatal que indique una tendencia predominante. Sin embargo, se observa que a lo largo del periodo de análisis, los esta-dos en los que la mayor parte de las averiguaciones previas culminaron en sujeciones a proceso fueron Colima (40 %) y, muy por debajo, Guanajuato (21 %); entre los que tuvieron pocas averiguaciones previas por este delito que llegaron a esta etapa se encuentran Oaxaca (1.6 %), Guerrero (1.8 %) y Coahuila (1.8 %). Sin embargo, la infor-mación disponible no permite establecer alguna afirmación concluyente al respecto.

Por otra parte, al analizar la razón de condenados entre averiguaciones previas por otros delitos sexuales, entre 1997 y 2011 (tabla 6.8), sólo 5.5 % de las averiguaciones previas por otros delitos sexuales a nivel nacional llegan a condena. Se observa que a lo largo del periodo de análisis, las entidades federativas en las que la mayor parte de las averiguaciones previas llevaron a una condena fueron el Distrito Federal (23 %), Colima (20.5 %) y Chihuahua (20.1 %); mientras que los estados en los que hubo pocas averiguaciones previas por este delito que alcanzaron esta etapa del proceso fueron Guerrero (1.4 %) y Chihuahua (1.8 %). Sin embargo, al igual que en el análisis anterior, la información disponible tampoco permite establecer alguna afirmación concluyente al respecto.


Razón de procesados por otros delitos sexuales respecto al número de averiguaciones previas por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.7

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 0.073 0.068 0.033 0.036 0.099 0.043 0.054 0.111 0.089 0.061 0.028 0.050 0.171 0.121 0.133

Baja California 0.117 0.097 0.109 0.083 0.899 0.077 0.119 0.106 0.157 0.141 0.160 0.152 0.118 0.107 0.092

Baja California Sur 0.050 0.024 0.029 0.057 0.009 - 0.014 0.015 0.039 0.039 0.056 0.071 0.093 0.115 0.106

Campeche - - 0.029 0.041 0.013 0.054 0.044 0.067 0.094 - 0.057 0.406 1.611 0.635 0.406

Chiapas 0.010 0.007 0.007 0.010 0.010 0.085 0.038 0.049 0.071 0.052 0.054 0.069 0.257 0.234 0.282

Chihuahua 0.060 0.203 0.280 0.321 0.206 0.224 0.259 0.495 0.594 0.822 0.835 0.769 0.123 0.071 0.076

Coahuila 0.027 0.064 0.035 0.012 0.021 0.017 0.018 0.029 0.013 0.016 0.008 0.011 0.018 0.021 0.018

Colima 0.017 0.023 0.108 0.074 0.032 0.080 0.477 0.300 0.402 0.505 0.617 0.602 0.617 0.432 0.456

Distrito Federal - 0.278 0.277 0.312 0.278 0.254 0.322 0.341 0.310 0.279 0.320 0.378 0.260 0.258 0.258

Durango - 0.092 0.047 - 0.102 0.059 0.009 0.014 0.025 0.068 0.032 2.333 - 0.052 0.034

Guanajuato 0.025 0.014 0.044 0.031 0.032 0.213 0.214 0.150 0.244 0.258 0.266 0.378 0.285 0.239 0.190

Guerrero 0.012 - - 0.018 0.029 - 0.037 0.004 0.014 0.008 0.017 0.111 0.246 0.223 0.180

Hidalgo - 0.010 0.018 0.018 0.019 0.027 0.023 - 0.029 0.039 0.042 0.140 0.238 0.208 0.199

Jalisco - - - - - 0.036 0.065 0.073 0.074 0.092 0.147 0.161 0.229 0.195 0.119

México - - - - - - - - - - 0.017 0.026 0.095 0.086 0.055

Michoacán 0.037 0.031 0.035 0.014 0.030 0.034 0.097 0.104 0.087 0.107 0.030 0.103 0.262 0.215 0.162

Morelos 0.105 0.202 0.214 0.170 0.169 0.181 0.254 0.171 0.135 0.155 0.101 0.087 0.033 0.032 0.014

Nayarit - 0.120 0.010 0.043 0.057 0.033 0.048 0.089 0.048 0.049 0.100 0.388 0.681 0.589 0.384

Nuevo León 0.086 0.045 0.025 0.019 0.021 0.041 0.018 0.018 0.026 0.009 0.014 0.010 0.073 0.065 0.040

Oaxaca 0.010 0.149 0.086 0.064 0.103 0.152 0.225 0.223 0.222 0.082 0.216 0.454 0.197 0.123 0.320

Puebla 0.006 0.015 0.016 0.002 0.015 0.006 0.012 0.004 0.030 0.019 0.038 0.048 0.144 0.151 0.124

Querétaro 0.007 0.113 0.032 0.056 0.010 0.081 0.047 0.068 0.101 0.040 0.090 0.084 0.392 0.510 0.249

Quintana Roo 0.025 - 0.018 0.004 0.014 0.017 0.012 0.012 0.005 0.050 0.193 0.324 0.281 0.184 0.191

San Luis Potosí 0.029 0.005 0.043 0.291 1.123 0.071 0.380 0.413 0.242 0.226 0.180 0.261 0.150 0.133 0.152

Sinaloa 0.037 0.025 0.087 0.021 0.010 0.023 0.040 0.013 0.088 0.068 0.091 0.092 0.405 0.342 0.163

Sonora 0.015 0.037 0.023 0.037 0.064 0.034 0.040 0.163 0.326 0.218 0.170 0.442 0.788 0.620 0.435

Tabasco 0.076 - - 0.126 0.135 0.125 0.160 - - 0.211 0.154 0.227 0.138 0.123 0.174

Tamaulipas 0.068 0.049 0.037 0.056 0.059 0.061 0.059 0.030 0.050 0.024 0.034 0.061 0.227 0.186 0.114

Tlaxcala - - 0.048 0.008 0.014 - 0.103 0.009 0.007 0.016 0.025 0.680 0.270 0.133 0.605

Veracruz 0.017 0.022 0.019 0.017 0.015 0.010 0.010 0.147 0.234 0.168 0.158 0.222 0.243 0.215 0.625

Yucatán - 0.008 0.018 0.052 0.164 0.151 0.103 0.133 0.167 0.135 0.139 0.164 0.161 0.105 0.075

Zacatecas 0.019 0.067 0.026 0.081 0.143 0.021 0.146 0.409 0.182 0.156 0.196 0.575 1.400 0.571 0.171



Razón de sentenciados por otros delitos sexuales respecto al número de averiguaciones previas por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.8

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 0.018 0.041 0.017 0.043 0.043 0.068 0.060 0.111 0.070 0.071 0.037 0.070 0.077 0.066 0.041

Baja California 0.110 0.094 0.130 0.092 1.152 0.063 0.088 0.137 0.133 0.107 0.125 0.202 0.102 0.073 0.039

Baja California Sur - 0.012 0.086 0.028 0.018 0.014 0.014 0.022 0.008 0.052 0.049 0.090 0.058 0.051 0.016

Campeche - - 0.010 0.041 0.026 0.027 - 0.050 0.125 0.114 0.200 0.656 1.389 0.519 0.094

Chiapas - 0.005 0.007 0.010 0.012 0.049 0.051 0.049 0.067 0.052 0.063 0.086 0.241 0.126 0.065

Chihuahua 0.028 0.098 0.214 0.203 0.158 0.184 0.201 0.361 0.430 0.573 0.640 0.769 0.055 0.045 0.014

Coahuila - 0.027 0.006 0.036 0.011 0.007 0.018 0.016 0.021 0.008 0.023 0.049 0.021 0.035 0.013

Colima - 0.008 0.054 0.056 0.081 0.040 0.205 0.343 0.261 0.311 0.585 0.819 0.500 0.318 0.100

Distrito Federal - 0.216 0.242 0.317 0.295 0.233 0.229 0.222 0.267 0.216 0.241 0.352 0.192 0.167 0.127

Durango - 0.011 - - 0.041 0.029 0.121 0.027 0.152 0.114 0.238 6.667 - 0.036 0.004

Guanajuato 0.013 0.009 0.022 0.035 0.037 0.152 0.212 0.127 0.233 0.251 0.299 0.416 0.285 0.223 0.107

Guerrero - - - 0.004 0.012 0.006 0.002 0.007 0.014 0.020 0.037 0.132 0.116 0.069 0.020

Hidalgo - 0.005 - 0.012 0.019 0.004 0.008 0.010 0.029 0.039 0.126 0.163 0.149 0.099 0.024

Jalisco - - - - - 0.050 0.028 0.065 0.055 0.070 0.126 0.224 0.184 0.100 0.052

México - - - - - - - - - - 0.041 0.082 0.065 0.074 0.036

Michoacán - 0.021 0.031 0.005 0.020 0.034 0.063 0.077 0.097 0.086 0.074 0.199 0.218 0.165 0.066

Morelos 0.026 0.071 0.123 0.170 0.111 0.090 0.096 0.106 0.104 0.098 0.089 0.107 0.020 0.012 -

Nayarit - - 0.061 0.029 0.067 0.066 0.029 0.044 0.056 0.034 0.135 0.540 0.479 0.280 0.045

Nuevo León 0.018 0.023 0.028 0.021 0.021 0.011 0.024 0.014 0.024 0.014 0.022 0.031 0.035 0.026 0.010

Oaxaca 0.003 0.053 0.050 0.039 0.066 0.104 0.142 0.190 0.224 0.108 0.235 0.562 0.103 0.030 0.023

Puebla - - 0.011 0.007 0.007 0.021 0.012 0.013 0.022 0.044 0.080 0.114 0.102 0.084 0.023

Querétaro - - 0.095 0.028 0.010 0.022 0.078 0.034 0.101 0.056 0.095 0.053 0.210 0.111 0.005

Quintana Roo 0.006 0.027 0.004 0.004 0.011 0.003 0.009 0.022 0.019 0.081 0.118 0.256 0.128 0.071 0.013

San Luis Potosí - - 0.009 0.067 0.400 0.057 0.235 0.226 0.182 0.247 0.168 0.258 0.112 0.070 0.006

Sinaloa - 0.038 0.016 0.011 0.015 0.023 0.025 0.013 0.031 0.045 0.145 0.151 0.220 0.196 0.065

Sonora 0.010 0.003 0.043 0.034 0.024 0.038 0.060 0.051 0.108 0.227 0.221 0.600 0.596 0.484 0.167

Tabasco 0.024 - - 0.132 0.118 0.136 0.143 - - 0.219 0.137 0.261 0.116 0.098 0.082

Tamaulipas 0.026 0.039 0.037 0.028 0.050 0.039 0.048 0.024 0.048 0.086 0.071 0.158 0.205 0.157 0.065

Tlaxcala - - 0.010 - 0.007 0.007 0.032 0.036 - 0.041 0.033 0.440 0.135 0.033 0.023

Veracruz - 0.020 0.012 0.017 0.009 0.012 0.010 0.062 0.145 0.159 0.177 0.261 0.156 0.091 0.058

Yucatán - - 0.004 0.013 0.070 0.143 0.089 0.120 0.097 0.103 0.158 0.222 0.102 0.039 -

Zacatecas - - 0.026 0.027 0.107 0.043 0.104 0.068 0.159 0.200 0.196 0.550 0.880 0.381 0.098



Finalmente, al analizar la proporción de condenados por otros delitos sexuales respecto a los sujetos a proceso (tabla 6.9), se aprecia en general que a nivel nacional 75 % de los procesos por otros delitos sexuales terminan en condena. No se observa un patrón general a nivel estatal que indique una tendencia predominante. Sin embar-go, se observa que a lo largo del periodo de análisis, los estados en los que la mayor parte de los sujetos a proceso llegaron a condena son Chiapas (100 %), Guanajuato (96 %) y Nuevo León (90 %); en cambio, entre las entidades federativas entre las que pocas averiguaciones previas llegaron a condena por este delito están Tlaxcala (40 %) y Guerrero (43.5 %). Destacan los casos de Durango, Coahuila y Nayarit en los que el número de condenados supera hasta 13 veces más al de procesados. Sin embargo, al igual que en el análisis anterior, la información disponible no permite establecer algu-na afirmación concluyente al respecto.


Razón de sentenciados por otros delitos sexuales respecto al número de procesados por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.9

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes 0.250 0.600 0.500 1.200 0.438 1.571 1.125 1.000 0.786 1.154 1.333 1.400 0.452 0.548 0.308

Baja California 0.941 0.968 1.203 1.108 1.281 0.822 0.739 1.300 0.851 0.761 0.781 1.325 0.861 0.677 0.430

Baja California Sur - 0.500 3.000 0.500 2.000 - 1.000 1.500 0.200 1.333 0.875 1.273 0.625 0.444 0.150

Campeche - - 0.333 1.000 2.000 0.500 - 0.750 1.333 - 3.500 1.615 0.862 0.818 0.231

Chiapas - 0.750 1.000 1.000 1.250 0.571 1.345 1.000 0.945 1.000 1.163 1.250 0.938 0.537 0.232

Chihuahua 0.457 0.482 0.763 0.632 0.766 0.824 0.775 0.730 0.723 0.697 0.766 1.000 0.447 0.633 0.180

Coahuila - 0.429 0.167 3.000 0.500 0.400 1.000 0.571 1.667 0.500 3.000 4.500 1.143 1.714 0.714

Colima - 0.333 0.500 0.750 2.500 0.500 0.429 1.143 0.649 0.615 0.948 1.360 0.810 0.737 0.220


Durango - 0.125 - 0.333 0.400 0.500 13.000 2.000 6.000 1.667 7.500 2.857 0.516 0.700 0.111

Guanajuato 0.500 0.667 0.500 1.125 1.182 0.714 0.989 0.850 0.958 0.973 1.127 1.101 1.000 0.934 0.561

Guerrero - 1.000 - 0.200 0.400 - 0.045 1.500 1.000 2.500 2.200 1.188 0.471 0.310 0.109

Hidalgo - 0.500 - 0.667 1.000 0.143 0.333 - 1.000 1.000 3.000 1.162 0.625 0.477 0.123

Jalisco 1.000 0.381 0.826 2.600 0.524 1.381 0.438 0.891 0.741 0.766 0.855 1.396 0.803 0.510 0.439

México 0.333 0.542 0.594 1.136 0.270 0.341 0.850 1.333 0.917 1.000 2.433 3.098 0.681 0.863 0.656

Michoacán - 0.667 0.889 0.333 0.667 1.000 0.652 0.737 1.111 0.800 2.444 1.944 0.832 0.769 0.406

Morelos 0.250 0.350 0.576 1.000 0.657 0.500 0.377 0.622 0.769 0.627 0.886 1.238 0.600 0.364 -

Nayarit - - 6.000 0.667 1.167 2.000 0.600 0.500 1.167 0.692 1.353 1.389 0.704 0.476 0.116

Nuevo León 0.212 0.515 1.105 1.125 1.000 0.271 1.333 0.800 0.897 1.600 1.600 3.100 0.486 0.393 0.257

Oaxaca 0.333 0.357 0.581 0.612 0.644 0.688 0.632 0.850 1.010 1.316 1.088 1.237 0.520 0.246 0.071

Puebla - - 0.667 3.000 0.500 3.333 1.000 3.500 0.722 2.308 2.080 2.351 0.711 0.557 0.188

Querétaro - - 3.000 0.500 1.000 0.273 1.667 0.500 1.000 1.400 1.059 0.634 0.536 0.218 0.020

Quintana Roo 0.250 - 0.250 1.000 0.750 0.167 0.750 1.800 3.500 1.636 0.610 0.792 0.456 0.388 0.067

San Luis Potosí - - 0.211 0.229 0.356 0.794 0.617 0.547 0.754 1.092 0.932 0.990 0.742 0.525 0.040

Sinaloa - 1.500 0.182 0.500 1.500 1.000 0.625 1.000 0.350 0.667 1.588 1.647 0.543 0.571 0.400

Sonora 0.667 0.083 1.857 0.909 0.368 1.111 1.500 0.313 0.330 1.043 1.299 1.360 0.757 0.780 0.384

Tabasco 0.318 1.000 0.595 1.043 0.870 1.085 0.891 0.970 0.875 1.038 0.893 1.150 0.843 0.796 0.472

Tamaulipas 0.375 0.800 1.000 0.500 0.850 0.640 0.806 0.800 0.962 3.636 2.118 2.594 0.904 0.841 0.568

Tlaxcala - - 0.200 - 0.500 - 0.308 4.000 - 2.500 1.333 0.647 0.500 0.250 0.038

Veracruz - 0.889 0.600 1.000 0.556 1.167 1.000 0.419 0.618 0.943 1.120 1.176 0.642 0.422 0.092

Yucatán - - 0.200 0.250 0.429 0.951 0.861 0.900 0.580 0.762 1.133 1.353 0.630 0.372 -

Zacatecas - - 1.000 0.333 0.750 2.000 0.714 0.167 0.875 1.286 1.000 0.957 0.629 0.667 0.571



6.5.2 Violencia familiarEn el caso de los delitos catalogados dentro de la violencia familiar, no se cuenta con in-formación sobre las averiguaciones previas realizadas durante el periodo 1997-2011. Sin embargo, sí tiene información sobre procesados y condenados por este delito para el periodo de estudio por entidad federativa. A diferencia de los delitos sexuales antes analizados, sí hay información sobre los homicidios ocurridos en un contexto de vio-lencia familiar. Así, que sobre estas fuentes se llevará a cabo el análisis de esta sección.

En la figura 6.6 se muestra el número de procesados por el delito de violencia familiar acumulado entre 1997 y 2011 por entidad federativa. Destacan los casos de Distrito Federal, Chihuahua, Sonora y Veracruz. De forma similar a los análisis previos, para eliminar el efecto del volumen poblacional, se calcula la tasa de procesados por entidad federativa por cada 100 000 habitantes (figura 6.7). De esta manera, se obser-va que Sonora, Chihuahua y Colima son los estados en los que han habido más pro-cesados por el delito de violencia familiar. Resulta interesante que a pesar de que en Tlaxcala este delito no está considerado en el Código Penal hubo dos averiguaciones previas (una en 2008 y otra en 2010).

Por otra parte, en la figura 6.8 se muestra la evolución temporal de los procesados a nivel nacional por violencia familiar. La tendencia es creciente y aunque el volu-men de estos es relativamente pequeño, 22 144 casos acumulados a nivel nacional entre 1997 y 2011, la cantidad de procesados por este delito se ha incrementado casi 150 000 %. Esta cifra tan grande puede deberse a que al inicio del periodo de análisis esta información no se captaba o se captaba mal. Sin embargo, al comparar los últimos años, se observa que entre 2010 y 2011 el número de procesados se incrementó 66 % mientras que entre 2009 y 2010 esta cifra disminuyó 7%.


FIGURA6.7

Número acumulado de procesados por el delito de violencia familiar (1997-2011)

500

0

1,000

76203 183

701

2,0882,217

264311

97

778

1,329

378

1,354 1,3011,487 1,459

1,201

1,8351,646

116 65

305

776

407

140 6565

2 100

799

1640

1,500

Núm

ero d

e pro

cesa

dos a

cum

ulad

os

Entidad federativa

2,000

2,500


Agua

scalie

ntes

Baja

Calif

ornia

Baja

Calif

ornia

Sur

Casm

pech

eCh

iapas

Chihu

ahua

Coah

uila

Colim

aDi

strito

Fede

ral

Dura

ngo

Guan

ajuat

oGu

erre

roHi

dalgo

Jalis

coM

éxico

Mich

oacá

nM

orelo

sNa

yarit

Nuev

o Leó

nOa

xaca

Pueb

laQu

erét

aro

Quint

ana R

ooSa

n Luis

Poto

síSin

aloa

Sono

raTa

basco

Tam

aulip

as

Tlaxc

alaVe

racru

zYu

catá

nZa

cate

cas

FIGURA6.8

Número de procesados por el delito de violencia familiar por cada 100 000 habitantes (1997-2011)

-

20.0

10.0

30.0

40.0

Aver

igua

cione

s pre

vias

Entidad federativa

50.0

60.0

70,0

80.0

90.0

Agua

scalie

ntes

Baja

Calif

ornia

Baja

Calif

ornia

Sur

Casm

pech

eCh

iapas

Chihu

ahua

Coah

uila

Colim

aDi

strito

Fede

ral

Dura

ngo

Guan

ajuat

oGu

erre

roHi

dalgo

Jalis

coM

éxico

Mich

oacá

nM

orelo

sNa

yarit

Nuev

o Leó

nOa

xaca

Pueb

laQu

erét

aro

Quint

ana R

ooSa

n Luis

Poto

síSin

aloa

Sono

raTa

basco

Tam

aulip

asTla

xcala

Vera

cruz

Yuca

tán

Zaca

teca

s

7.27.4

36.4

0

16.4

64.9

54.0

25.2

41.4

15.820.0

0.8

31.635.6

4.0

31.2

21.627.125.9

49.3

13.2

76.3

26.7

0.2

22.7

5.6

11.6

2.5

13.3

6.3

15.610.6



FIGURA6.9

Número de procesados por el delito de violencia familiar a nivel nacional, 1997-2011.

1997

Proc

esad

os

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,000

1,500

2,500

2 8102

291560

7271,054

1,514

1,7821,982

2,475

3,385

2,959

2,7482,555

1,000

500

0

3,000

3,500


Ahora bien, respecto al número de condenados por entidad federativa, en la figura 6.10 se muestra la cantidad acumulada de condenados a lo largo del periodo analiza-do. Es importante destacar que el Distrito Federal, Puebla y Sonora son las entidades en las que hay un mayor número de condenas. Por el lugar que ocupan dichas enti-dades dentro de la distribución nacional de población, sólo el Distrito Federal puede presentar un sesgo por el volumen poblacional, en los otros no es probable que haya un efecto de este factor sobre los resultados, sin embargo, no está de más eliminarlo. Por otro lado, destaca el caso del Estado de México, el cual a pesar de ser la entidad más poblada (es decir, donde puede haber más delitos y por ende más condenas) se encuentra entre las entidades federativas con menos condenas por este delito.

Por otra parte, en la figura 6.11 se muestra que es Sonora (54 por 100 000 habi-tantes) el estado con mayor cantidad de condenados por el delito de violencia familiar, seguido muy por debajo por Chihuahua (32 por cada 100 000 habitantes).

Al analizar la evolución histórica de las condenas, se observa un crecimiento ex-ponencial entre 1997 y 2008, lo que puede deberse a que al inicio del periodo de análisis la información era muy escasa. Sin embargo, llama la atención el descenso tan pronunciado en los últimos tres años, al pasar de 2 903 condenas en 2008, a 794 en 2010. No hay elementos para concluir al respecto y la explicación de este fenómeno puede ser multifactorial.


FIGURA6.10

Número de condenados por el delito de violencia familiar a nivel nacional(1997-2011)

-

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

200

Núm

ero d

e sen

tenc

iado

s acu

mul

ado

Entidad federativa

56 101 62 0

388

1,030

100 104

1,405

289193

1,005

123

868

537

27154

389

1,346

101

518

1,292

70

565

1

1,014

43 107

501

2343

619

Agua

scalie

ntes

Baja

Calif

ornia

Baja

Calif

ornia

Sur

Casm

pech

eCh

iapas

Chihu

ahua

Coah

uila

Colim

aDi

strito

Fede

ral

Dura

ngo

Guan

ajuat

oGu

erre

roHi

dalgo

Jalis

coM

éxico

Mich

oacá

nM

orelo

sNa

yarit

Nuev

o Leó

nOa

xaca

Pueb

laQu

erét

aro

Quint

ana R

ooSa

n Luis

Poto

síSin

aloa

Sono

raTa

basco

Tam

aulip

asTla

xcala

Vera

cruz

Yuca

tán

Zaca

teca

s


FIGURA6.11

Número de condenados por el delito de violencia familiar por cada 100 000 habitantes (1997-2011)

-

30.0

20.0

10.0

40.0

50.0

60.0

Sent

encia

dos

Entidad federativa

Agua

scalie

ntes

Baja

Calif

ornia

Baja

Calif

ornia

Sur

Casm

pech

eCh

iapas

Chihu

ahua

Coah

uila

Colim

aDi

strito

Fede

ral

Dura

ngo

Guan

ajuat

oGu

erre

roHi

dalgo

Jalis

coM

éxico

Mich

oacá

nM

orelo

sNa

yarit

Nuev

o Leó

nOa

xaca

Pueb

laQu

erét

aro

Quint

ana R

ooSa

n Luis

Poto

síSin

aloa

Sono

raTa

basco

Tam

aulip

asTla

xcala

Vera

cruz

Yuca

tán

Zaca

teca

s

5.3 3.7

12.3

0

9.1

32.0

4.0

18.116.0

9.0 8.0

14.8

0.9

21.1

12.9

1.7

15.710.8

25.0

6.4

21.3

53.8

3.5

18.9

0.1

14.0

2.4

7.6

18.9

2.22.8

12.4



Analizando la distribución por entidad federativa y temporal de la proporción de condenas por el delito de violencia familiar respecto a la cantidad de sujetos a proceso por este mismo delito, en la tabla 6.10 se observa que en muchos casos no ha habido información que indique algún patrón o tendencia geográfica o temporal. Sin embargo, destacan algunas particularidades: 1) hacia 2000 sólo una cuarta parte de las entida-des federativas reportaban información sobre procesos y condenas (celdas en color gris), 2) a lo largo del tiempo, la única entidad federativa que no cuenta con esta infor-mación es Campeche (porque no contempla este delito en su código penal).

En general, se puede asegurar que a nivel nacional cerca de 46 % de los sujetos a proceso fueron condenados entre 1997 y 2010. Sobresale el estado de Sinaloa, en el que prácticamente el número de condenados es, por lo menos, cuatro veces mayor al de sujetos a proceso; asimismo ocurre en el Estado de México, donde la cantidad de condenados es hasta cinco veces mayor que la de sujetos a proceso. En cambio, en los estados de Colima y Tabasco es claro que la impunidad por este delito es absoluta, igual que en Campeche y Tlaxcala, dado el vacío legal en el que se encuentran.

FIGURA6.12

Número de condenados por el delito de violencia familiar a nivel nacional(1997-2011)

1997

Sent

encia

dos

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2,000

1,500

2,500

0 4 19 78 251337

520786

1,1561,458

1,920

2,903

794

1,649

1,332

1,000

500

0

3,000

3,500


Por último, en las figuras 6.12 y 6.13 se muestra la evolución temporal de las de-funciones ocurridas en contextos de violencia familiar y las ocurridas durante el perio-do de análisis por cada millón de habitantes,45 respectivamente. En el primer caso, se observa que la información comenzó a recopilarse más eficazmente al principio de la primera década del siglo xxI. De igual forma, se puede apreciar que ocurre un máximo de defunciones en caso de violencia familiar en 2003 (tres defunciones por cada mi-llón) y después desciende para mantenerse prácticamente estable en dos defunciones por cada millón de habitantes.

45 En este caso se tomaron como referencia los eventos por cada millón de habitantes para facilitar la explicación, ya que no hay defunciones fraccionadas.


Razón de condenados por el delito de violencia familiar respecto al número de procesados por entidad federativa (1997-2011)

TABLA 6.10

Entidad 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aguascalientes - - - - - 0.50 1.00 0.63 1.13 0.75 0.64 0.80 0.88 0.67 0.20

Baja California - - - - 0.33 - - 1.00 - 0.67 0.33 0.42 0.86 0.47 0.43

Baja California Sur - - - - - - - - - 0.20 0.43 0.52 0.27 0.22 0.13

Campeche - - - - - - - - - - - - - - -

Chiapas - - - - 0.50 0.43 0.50 0.50 0.42 0.57 0.81 0.74 0.56 0.44 0.20

Chihuahua - - - - - 0.46 0.12 0.54 0.68 0.97 0.50 0.69 0.16 0.12 0.06

Coahuila - - - - - 1.33 1.00 0.25 0.20 0.23 0.33 0.70 0.37 0.40 0.22

Colima - - - - - - 2.00 - 0.13 0.19 0.64 0.45 0.41 0.21 0.09

Distrito Federal - - 0.54 0.60 0.76 0.65 0.63 0.65 0.81 0.87 0.76 0.84 0.66 0.53 0.42

Durango - - - - - - - - 0.25 0.43 0.85 0.48 0.08 0.25 0.20

Guanajuato - - - - - 0.76 0.56 0.72 1.10 0.71 0.96 0.84 0.91 0.71 0.55

Guerrero - - - 0.11 0.22 0.13 0.24 0.25 0.32 0.32 0.17 0.39 0.23 0.19 0.17

Hidalgo - - - - - 0.33 0.11 1.00 0.81 0.59 0.58 0.64 0.42 0.32 0.08

Jalisco - - - - - - - 0.38 0.77 0.66 0.90 1.01 0.93 0.67 0.37

México - - - - - - 1.00 - 3.00 5.00 3.50 2.07 0.70 0.52 0.22

Michoacán - - - - - 0.40 0.48 0.57 0.80 0.68 0.79 1.06 0.56 0.54 0.23

Morelos - - - - - - - 0.25 0.31 1.33 0.31 0.35 0.67 0.25 0.20

Nayarit - - - - - - - - 0.25 0.50 0.66 0.63 0.56 0.44 0.17

Nuevo León - - - 0.44 0.58 0.48 0.46 0.33 0.43 0.42 0.45 0.44 0.20 0.17 0.08

Oaxaca - - 0.13 0.28 0.56 0.29 0.84 0.56 0.59 0.81 0.68 0.76 0.30 0.16 -

Puebla - - - - - - - 0.18 0.77 1.08 1.15 1.39 0.82 0.80 0.33

Querétaro - - - - - - - - - - 0.33 0.31 0.24 0.23 0.05

Quintana Roo - - - - - - - 1.00 - 0.50 0.14 0.31 0.23 - -

San Luis Potosí - - 0.07 0.05 0.36 0.68 0.47 0.36 0.42 0.58 0.75 0.64 0.37 0.30 0.10

Sinaloa - - - - - - - 4.00 9.00 16.00 6.82 8.89 9.09 9.00 3.64

Sonora - 1.00 - 1.00 - 0.12 0.54 0.65 0.43 0.58 1.13 0.97 0.64 0.68 0.40

Tabasco - - - - - - 0.20 0.08 0.31 0.19 0.31 0.42 0.29 0.20 0.14

Tamaulipas - - - 0.10 0.24 0.27 0.53 0.79 1.03 1.34 1.19 0.92 0.64 0.45 0.28

Tlaxcala - - - - - - - - - - - - - - -

Veracruz - 1.00 - 0.50 0.35 0.42 0.75 1.13 0.54 0.71 1.04 0.99 0.58 0.50 0.14

Yucatán - - - - - - 0.25 0.44 0.29 0.67 0.60 1.22 0.08 0.20 -

Zacatecas - - - - - 0.60 0.17 0.14 0.56 1.32 0.73 0.62 0.58 0.67 -



FIGURA6.13

Evolución de las defunciones en caso de violencia familiar a nivel nacional(1997-2011)

-

1997

Defu

ncio

nes

Año

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3.00

2.50

3.50

0 0.01 0.10

1.96

2.36

1.97

3.15

2.65

2.352.25

1.83 1.92

2.05

1.921.50

1.00

0.50

2.00


Por otra parte, en la figura 6.14 se muestra la distribución de las defunciones por cada 1 000 000 de habitantes por entidad federativa. Las entidades en las que hay una mayor tasa de decesos en caso de violencia familiar son Chihuahua, Querétaro y Coli-ma. Es decir que, en función de la información disponible, cuando se suscita un caso de violencia familiar, existe una probabilidad mayor de que haya un homicidio si esta se da en cualquiera de las tres entidades mencionadas. En contraste, Chiapas, Nuevo León y Baja California se encuentran entre las primeras tres entidades en las que hubo menos cantidad de homicidios en contextos de violencia familiar a nivel nacional.


FIGURA6.14

Distribución de las defunciones en caso de violencia familiar (1997-2011)

-

30.0

20.0

10.0

40.0

50.0

60.0De

func

ione

s

Entidad federativa

Agua

scalie

ntes

Baja

Calif

ornia

Baja

Calif

ornia

Sur

Casm

pech

eCh

iapas

Chihu

ahua

Coah

uila

Colim

aDi

strito

Fede

ral

Dura

ngo

Guan

ajuat

oGu

erre

roHi

dalgo

Jalis

coM

éxico

Mich

oacá

nM

orelo

sNa

yarit

Nuev

o Leó

nOa

xaca

Pueb

laQu

erét

aro

Quint

ana R

ooSa

n Luis

Poto

síSin

aloa

Sono

raTa

basco

Tam

aulip

asTla

xcala

Vera

cruz

Yuca

tán

Zaca

teca

s

15.3

8.0

35.8

25.3

2.6

53.8

16.6

49.1

23.3

36.5

20.4

11.4

22.9

42.5

7.9

13.5

46.0

39.5

25.0

52.7

34.9

28.7

46.4

27.1

19.822.7

16.7

39.0

27.6

22.8

37.8

30.3


Finalmente, al analizar la permanencia temporal de las defunciones en caso de violencia familiar por entidad federativa en el mapa 6.4, se aprecian los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, que permanecen en el primer quintil de este indicador a lo largo del periodo de análisis. En cambio, Nuevo león y Chiapas se ubican como los estados en los quintiles más bajos. Sobresale también el Distrito Federal, Oaxaca y Puebla como las entidades en que hubo un mayor incremento de defunciones en estas condiciones.


6.6 Conclusiones y recomendaciones

En este capítulo se analizaron las fuentes de datos disponibles respecto a los delitos sexuales y a la violencia familiar. Se estudió la factibilidad del uso de un conjunto de indicadores que permiten analizar y evaluar la efectividad de la procuración de justicia respecto a los delitos que quedan enmarcados en los temas aquí estudiados. Estos indicadores parten de relaciones conceptuales entre las variables utilizadas, de la in-formación disponible. Así, se captó la información a partir de tres fuentes principales: 1) las Estadísticas Judiciales en Materia Penal reportadas por el INEGI, 2) las estadísti-cas sobre averiguaciones previas reportadas por el SESNSP y 3) las Estadísticas Vitales de Mortalidad reportadas también por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).


Para el caso de los delitos sexuales se observó que falta mayor desagregación de las averiguaciones previas por tipo de delito. Por ejemplo, en el código penal el estupro ya es incorporado al concepto de pederastia, lo cual no ha sido modificado en las bases de datos. En general, la información de “mejor” calidad corresponde a las estadísticas sobre violación, posiblemente porque este delito está bien conceptualizado y no ha habido cambios sustanciales respecto a este en el periodo de estudio.

Un tema pendiente en materia del mejoramiento de la calidad de la información sobre delitos es que exista congruencia entre las estadísticas relacionadas con los pro-cesados, condenados y averiguaciones previas, ya que ante la duda de la calidad de información y los mecanismos que se manejan para evitar los errores operativos en la captación de información, es prácticamente imposible concluir sobre la eficacia del aparato de procuración de justicia y evaluar las disparidades regionales al respecto. Asimismo, es importante que se organice y sistematice la recolección de esta informa-ción en todas las entidades federativas ya que, como se mostró, en algunas de ellas no existe información sobre procesados por violencia familiar o delitos sexuales.

Sin embargo, el presente trabajo pretende abonar a la discusión sobre la calidad de las estadísticas sobre los delitos violentos en el país, lo cual constituye un paso hacia la mejora de la medición de los mismos y consecuentemente se espera que re-dunde en un incremento de la eficacia del Estado para su combate.

Posibles mejoras recomendadas

Delitos sexuales

1. Desagregación de las averiguaciones previas sobre otros delitos sexuales homologando

definiciones de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

2. Vincular número de sujetos a proceso por denuncia.

3. Desagregar las estadísticas por sexo del ofensor y sexo del ofendido.

4. Desagregar por edad de ofensor y edad del ofendido (para analizar aquellos delitos refe-

rentes a menores de edad).

Violencia familiar

1. Recopilar información sobre averiguaciones previas vinculadas con los sujetos a proceso

y los condenados.

2. Recabar información de llamados a la policía por estos delitos, aunque no lleguen a de-

nuncia ante el Ministerio Público; de esta manera se podría saber cuántas denuncias se

llevan a cabo respecto a todos los casos en que hubo violencia familiar y que fueron

reportados a las autoridades.

3. Vincular los llamados a la policía con las denuncias presentadas para medir el tiempo que

transcurre desde que se inician los casos de violencia familiar hasta que son denunciados.

4. Señalar el sexo y edad del demandado, procesado y/o condenado. Para establecer perfiles.

Conclusiones


Una constante en los distintos capítulos que conforman esta obra lo cons-tituye el problema de la información: su ausencia en algunos casos, su es-pecificidad, su oportunidad y su cobertura. Cuando los delitos violentos y la inseguridad se convierten en un problema público, como indudablemente es el caso en nuestro país, las estadísticas sobre la violencia, los delitos y su cas-tigo se vuelven indispensables para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas y, por lo mismo, temas políticamente sensi-bles. Resulta indispensable seguir avanzando en el desarrollo de sistemas de información que permitan proporcionar mediciones cuantitativas confiables de la actividad criminal, así como de sus tendencias y manifestaciones en el territorio nacional, que garanticen a la sociedad la posibilidad de exigir la rendición de cuentas por parte de todas las instancias gubernamentales involucradas en la salvaguarda de los derechos de la población.

Tales sistemas de información deben tener explícitamente como uno de sus objetivos mantener informado al público, los medios de comunicación, la academia y las organizaciones de la sociedad civil sobre el estado de la delincuencia en el país, así como proporcionar acceso a datos e indicado-res que permitan un amplio debate basado en evidencias. Asimismo, deben informar sobre la asignación y ejercicio de recursos, en todas las instancias relacionadas con el tema, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Judicial, en todos los niveles de gobierno y también para organismos relacionados, como los sistemas de apoyo a las víctimas. Esto permite mantener a la ciudadanía informada sobre la gestión del desempeño y la rendición de cuentas a todos los niveles de todos los organismos que intervienen, y proporcionar una base de evidencia empírica para la estrategia gubernamental a largo plazo y el desarrollo de políticas y programas, tanto federales como locales.

Desafortunadamente, los problemas con los que nos enfrentamos para tener información adecuada son de tal magnitud que obstaculizan el análi-sis metodológicamente correcto y preciso del fenómeno delictivo en toda


su amplitud. Como hemos visto, nuestro país tiene la particularidad de que la policía aparece en la generación de información estadística totalmente ajena al proceso tanto de procuración como de impartición de justicia, cuando la mayoría de las veces es la institución con quien las víctimas tienen el primer contacto, ya sea porque son a quie-nes se llama, o bien porque tienen conocimiento de los hechos delictivos. Sin embargo, aunque exista información sobre las intervenciones policiacas, como el Informe Poli-cial Homologado, no es de acceso público. A partir de 2011, el INEGI recoge, en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, informa-ción sobre las intervenciones de la policía estatal, separándolas por presuntos delitos del fuero común, por presuntos delitos del fuero federal, por presuntas infracciones, así como por otras causas. Sin embargo, el término presunto no está relacionado con la presunción de inocencia, sino que está vinculado con que la policía no tiene atribucio-nes para establecer si un evento constituye un delito o una falta administrativa, lo cual está reservado exclusivamente al Ministerio Público o al juez calificador o cívico. Dado que se trata de una fuente de información relativamente nueva, aún se encuentra en etapa de maduración, por lo que surgen algunas interrogantes, por ejemplo que para 61.6 % de las intervenciones de las policías estatales en 2010 por presuntos delitos del fuero común, no haya información sobre la notificación al Ministerio Público.

Resulta indispensable considerar de manera simultánea las conexiones entre to-dos los elementos del fenómeno delictivo desde su ocurrencia, denuncia, integración de la averiguación previa, así como la sujeción a proceso del o los probables responsa-bles, el seguimiento del proceso judicial, la ejecución de la condena, la reparación del daño, hasta la atención a víctimas y ofendidos. De esta manera, se hace necesaria la asociación de la información sobre las intervenciones policiales con las denuncias ante el Ministerio Público, tomando en cuenta lo que dice la Encuesta Sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), para detallar las razones por las cuales no hay concordancia entre los eventos ocurridos, aquellos de los que tiene conocimiento la policía y los que llegan a constituir una denuncia real ante el Ministerio Público.

Para explicar por qué, de acuerdo con la edición de 2011 de la ENVIPE, la población sólo denunció 12.3 % de los delitos ocurridos y de ellos sólo se inició una averiguación previa en 64.9 % de los casos, hay que considerar, entre otros factores, que una tercera parte no denunció porque lo consideraba una pérdida de tiempo, 15 % por descon-fianza en la autoridad, poco menos de 11 % porque consideraba que era un delito de poca importancia, pero uno de cada diez porque no tenía pruebas. Más grave aún es la experiencia de los que sí denunciaron, puesto que en 29.3 % de los casos la denuncia no procedió y en 28.6 % no pasó nada. ¿Cómo desarrollar programas y políticas que reviertan esta muy mala percepción de la procuración de justicia? Además de continuar con la profesionalización de todo el personal involucrado en los procesos de procu-ración e impartición de justicia, se requiere que todas las actuaciones respondan a manuales de procedimientos y a protocolos de actuación y que las actividades queden registradas en sistemas de información que funcionen como herramientas de gestión que permitan monitorear y evaluar el desempeño de las instituciones encargadas de

Conclusiones 289

dichos procesos. La única manera de saber si las cuantiosas inversiones que se han hecho en los últimos años en distintas tecnologías y herramientas policiales han sido exitosas es probar con cifras verificables, cuál ha sido el impacto para que en los casos de intervenciones policiales por distintos delitos, se efectúe una denuncia, se integre una averiguación previa, se consigne a los presuntos responsables y se obtenga una sentencia condenatoria. Es decir, no podemos ver a cada parte del proceso de manera aislada, sino como el elemento de un sistema, como eslabones de una cadena donde todos son necesarios.

De esta manera, de poco sirve que se incluyan en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2011 preguntas sobre mecanis-mos o instrumentos para el apoyo del ejercicio de la función de seguridad pública (cá-maras de vigilancia en la vía pública, sistemas de georreferenciación e imagen satelital, mecanismos de coordinación y/o apoyo con la ciudadanía para fortalecer la seguridad pública, atención de emergencias a través del sistema teléfónico 066 o de otro núme-ro, botones de pánico, mecanismos para captar emergencias y/o denuncias a través de correo electrónico, algún sitio web, mensajes SMS u otro medio), sino se cuenta con esta información para cada una de las intervenciones, y ella no está conectada con la que produce el aparato de procuración de justicia, el cual forzosamente tiene que seguir el caso hasta la conclusión del proceso penal. Solamente comparando si en una zona con cámaras de vigilancia respecto a una que carezca de ellas, por ejemplo, las intervenciones policiales son más rápidas y llevan a un mayor número de detenciones en flagrancia, se integran más averiguaciones previas o sirven para localizar, detener y consignar a más probables responsables y además, las grabaciones son presentadas como prueba en el proceso penal por el Ministerio Público y aceptadas por los jueces y se logran así más sentencias condenatorias, se podría calificar de exitoso un progra-ma de establecimiento de esa o cualquier otra tecnología, procedimiento o programa, como el patrullaje en bicicleta o cualquier otro.

De la misma manera, la ausencia actual de información sobre los procedimientos seguidos en la investigación y el uso de tecnología y herramientas periciales resulta insostenible. Además se requiere la homologación de los peritajes en todo el país, comenzando por la actuación de los médicos forenses, no sólo en el caso de los ho-micidios, sino también en los casos de lesiones y delitos sexuales, incorporando una perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación en los manuales de procedimientos y en la capacitación del personal.

Esto nos lleva a otra necesidad de información, o mejor dicho a una mayor desa-gregación de la misma y específicamente a su georreferenciación, por un lado y a un mayor detalle en la ubicación temporal de los datos, además de considerar información acerca de las víctimas y de otras características del evento, como el involucramiento de policías o miembros de las fuerzas armadas, la presencia de alcohol y otras drogas y de manera particular una estimación de los daños, por el otro. Resulta increíble que, a partir de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal, no conozcamos el monto de lo robado, ni los gastos en que se incurre por las lesiones, el tratamiento de las víctimas y


sus familiares, y los gastos funerarios, ya sea que todos estos costos sean cubiertos por las propias víctimas u ofendidos o por el Estado. Si no tenemos un acercamiento eco-nómico al impacto de los delitos violentos, difícilmente podremos estimar los requeri-mientos en términos de reparación del daño. Si desconocemos los tiempos precisos de cada uno de los elementos, estamos imposibilitados para medir las duraciones entre cada etapa, la celeridad de la justicia y si esta varía de acuerdo con las características socioeconómicas de la víctima o del delincuente, del lugar o del agente del Ministerio Público que integró la averiguación.

Hoy no podemos saber si las lesiones de una mujer indígena analfabeta son cas-tigadas con mayor dureza y rapidez que aquellas causadas a un empresario; si es más frecuente que hayan sentencias condenatorias por el homicidio de un policía muni-cipal que por el de una empleada doméstica; es decir, no estamos en condiciones de afirmar que en México hay o no un ejercicio de la ciudadanía en el acceso a la justicia, basado primordialemente en la acción profesional de los órganos de seguridad pú-blica, de impartición y de procuración de justicia, y especialmente en los derechos humanos y la no discriminación.

Muchas de estas ideas no son nuevas, han sido mencionadas en las recomendacio-nes internacionales comentadas a lo largo del documento. En particular, cabe señalar el Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal, de la División de Estadística de Naciones Unidas,1 el Sistema Nacional de Reportes Basados en Inci-dentes (NIBRS, por sus siglas en inglés), del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos,2 los observatorios de violencia propuestos por el Instituto Cisalva,3 o bien la propuesta del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de crear un sistema inte-gral de recolección y procesamiento de datos para la generación de estadísticas e indi-cadores del sistema judicial.4 Consideramos un avance muy importante la creación del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y su Comité Técnico Especializado y de los trabajos que han emprendido, para lograr que los Censos de Gobierno remplacen paulatinamente a las Estadísticas Judiciales en Materia Penal, subsanando sus deficiencias e integrando la información de todos los actores y etapas del proceso. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer, en particular en relación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y su Centro Nacional de Información.

Cabe señalar que las recomendaciones anteriores van en el sentido de estructurar un sistema de información y no pretenden necesariamente que se genere una base de datos única, sino más bien posibilitar la conexión de las múltiples bases de da-tos que ya existen, de tal manera que se puedan relacionar eventos, víctimas, delitos,

1 Organización de las Naciones Unidas, “Manual para la Elaboración de un Sistema de Estadísticas sobre Justicia Penal”.2 FBI, National Incident-Based Reporting System. Vol. 1: Data Collection Guidelines.3 Instituto Cisalva, Sistema Regional de Indicadores de Convivencia y Seguridad Ciudadana.4 Santos Pastor y Liliana Maspóns, Cifrar y descifrar. Manual para generar, recopilar, difundir y homologar estadísticas e indicadores judiciales.

Conclusiones 291

averiguaciones previas, intervenciones policiacas, actuaciones de peritos, sentencias y cumplimiento de penas. Obviamente, la integración de tal sistema de información y los productos resultantes deben cuidar la normatividad y diferenciar distintos usos que se le pueden dar: desde la inteligencia policial para la prevención del delito o incluso la seguridad nacional, la gestión administrativa de los distintos órganos involucrados, la rendición de cuentas, hasta la investigación para el monitoreo y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad pública. Esta última en particular, debe ser muy cuidadosa de guardar la confidencialidad de la información, de tal manera que se trabaje con infomación estadística, que no contradiga los diversos ordenamientos jurídicos pertinentes, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual si bien en su artículo 8 establece que “El Poder Judi-cial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales”; la agregación de los datos para su manejo estadístico está prevista en el artículo 22, según el cual:

No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos […] II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos personales con el individuo a quien se refieran.

La renuencia de la Procuraduría General de la República a proporcionar informa-ción sobre las averiguaciones previas por delitos del fuero federal deriva de un des-conocimiento o mala interpretación de los artículos 37, 38, 45, 46 y 47 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que regulan la confidencia-lidad estadística y la obligación de Informantes del Sistema y Unidades del Estado. En la séptima reunión de la Junta de Gobierno del INEGI, celebrada el 20 de diciembre de 2011, se determinó como información de interés nacional el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, la ENVIPE y el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.5

Por todo lo aquí expuesto y analizado podemos concluir que difícilmente tendre-mos un panorama completo y certero de las características, incidencia, castigo e im-punidad de los delitos violentos ocurridos en el pasado reciente de nuestro país. Sin embargo, en los distintos capítulos se ha desarrollado el mejor análisis posible dada la información existente. A pesar de las limitaciones, se ofrecen indicadores novedo-sos que se considera constituyen un aporte no sólo al conocimiento de los distintos fenómenos abordados, sino al cuerpo de evidencia empírica requerido para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia. En este volúmen se sientan las bases para que en un futuro cercano puedan subsanarse gran parte de las deficiencias encontradas y sea posible realizar análisis más finos y detallados; espera-

5 Disponible en <http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/iin/juntagob/doc_acuerdo_7.htm>.


mos que se sigan dando los pasos necesarios en esa dirección para que la investiga-ción pueda poner de su parte en el esfuerzo colectivo de avanzar hacia una sociedad más democrática, con un mayor acceso a la justicia.

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Auto de término constitucional. Es la determinación judicial sobre la situación jurídica del indiciado cuyos efectos pueden ser tres: formal prisión, sujeción a proceso o libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley.

Averiguación previa. Es la primera etapa del proceso penal mexicano, en la que se practi-can las diligencias básicas establecidas para cada caso y todas aquellas que se requieran para el total esclarecimiento de los hechos, incluyendo las tendien-tes a acreditar los daños y perjuicios causados, así como a la fijación del monto de su reparación.

Consignación con detenido. Cuando el indiciado se encuentre bajo custodia preventiva, por flagrante delito o en caso urgente.

Consignación sin detenido. Cuando el Ministerio Público ha llegado a la conclusión, des-pués de las averiguaciones, de que existe un sujeto responsable de un delito que debe ser sancionado con pena corporal, procederá consignando la averi-guación previa ante el juez competente. El Ministerio Público se verá obligado a solicitar a la autoridad jurisdiccional una orden de aprehensión cuando la pena es privativa de libertad. Cuando la pena asignada al delito es distinta de la privativa de libertad el Ministerio Público deberá solicitar al juzgado una orden de comparecencia.

Consignación. Instancia a través de la cual el Ministerio Público ejercita la acción puni-toria, por considerar que durante la averiguación previa se ha comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado.

Cuerpo del delito. Es en sí el delito con sus complementos, como los instrumentos, los modos, las condiciones y las circunstancias en que se cometió.

De oficio. Se denomina actuación de oficio a un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte.

Delito. Conducta típica, antijurídica y culpable que ocasiona que el Ministerio Público inicie la acción penal y ponga al inculpado a disposición de la autoridad judicial para ser juzgado o sentenciado.

Denuncia. Es el acto procesal mediante el cual se hace del conocimiento de la autoridad (necesariamente el Ministerio Público) el relato de ciertos hechos que pueden ser constitutivos de algún ilícito.

Glosario

304 Glosario

Ejercicio de la acción penal. En caso que de las diligencias practicadas acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.

Fuero del delito. Jurisdicción común o federal de validez y sanción de las normas que sancionan la conducta típica, antijurídica y culpable en cuestión.

Intencionalidad. Condición de orientar conscientemente la propia voluntad hacia un fin determinado.

No ejercicio de la acción penal. La determinación que hace el Ministerio Público de que no existe material probatorio suficiente para acreditar el cuerpo del delito o la culpabilidad del presunto responsable.

Pena. Sanción establecida al actor de un delito.

Procesados. Las personas a quienes el juez de primera instancia les ha dictado auto de término constitucional relativo al (los) delito (s) por el (los) que fueron consig-nados.

Querella. Es un relato de hechos presumiblemente ilícitos que se presente ante el Mi-nisterio Público que se exige ser presentada por la victima u ofendido del delito (o representante).

Sentencia. Es un acto jurisdiccional que emana de un juez que pone fin al proceso o a una etapa del mismo, la cual tiene como objetivo reconocer, modificar o ex-tinguir una situación jurídica así como formular órdenes y prohibiciones. Ésta es regida por normas de derecho público, ya que es un acto emanado por una autoridad pública en nombre del Estado y que se impone no sólo a las partes litigantes sino a todos los demás órganos del poder público; y por normas de derecho privado en cuanto constituye una decisión respecto de una contro-versia de carácter privado, cuyas consecuencias se producen con relación a las partes litigantes.

Sentenciado. La persona a quien el juez de primera instancia le ha dictado sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria.

Sobreseimiento. Es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal.

Siglas

AIC: australian criminology Institute [Instituto Australiano de Criminología]

AP: Averiguaciones previas

AVISA: Años de vida saludable perdidos

BANAVIM: Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres

BJS: Bureau of Justice Statistics [Departamento de Estadísticas de Justicia, gobierno de los Estados Unidos]

CDC: Centers for Disease Control and Prevention [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, gobierno de los Estados Unidos]

CEAMEG: Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados

CED: Clasificación Estadística de Delitos

CENAPI: Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Procuraduría General de la República

CIE-10: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, 10ª Revisión

CIEISP: Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública

DGIS: Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud

CIEISP: Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública

CISEN: Centro de Investigación y Seguridad Nacional

CIUS: Crime in United States [Crimen en Estados Unidos]

CODES: Crash Outcome Data Evaluation System [Sistema de evaluación de datos del resultado de choques]

CONAPO: Consejo Nacional de Población

CUD: Catálogo Único de Delitos

CHD: Condenados por Homicidio Doloso

DEN: Denuncias por Homicidio Doloso

DGIS: Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud

306 Siglas

DPH: Defunciones con presunción de homicidio

ENDIREH: Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares

ENSI: Encuesta Nacional sobre Inseguridad

ENVIM: Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres

ENVIPE: Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

FARS: Fatality Analysis Reporting System [Sistema de análisis de reportes de fallecimientos de la NHTSA]

FBI: Federal Bureau of Investigation [Oficina Federal de Investigación, gobierno de los Estados Unidos]

HV: Hechos violentos

ICESI: Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres

LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

MP: Ministerio Público

NCIS: National Coroners Information System [Sistema nacional de información de forenses]

NEI: Número de expediente integrado

NFFIRS: National Fatal Firearm Injury Reporting System [Sistema nacional de reporte de lesiones fatales por arma de fuego]

NHTSA: National Highway Traffic Safety Administration [Administración nacional de seguridad en las autopistas, gobierno de los Estados Unidos]

NIBRS: National Incident-Based Reporting System [Sistema Nacional de Informes sobre Incidentes, Buró Federal de Investigación FBI de los Estados Unidos]

NVDRS: National Violent Death Reporting System [Sistema Nacional de Información de Muertes Violentas]

NVISS: National Violent Injury Statistics System [Sistema Nacional de Vigilancia de Lesiones Violentas]

ONS: Office of National Statistics [Oficina de Estadísticas Nacionales, Reino Unido]

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PGR: Procuraduría General de la República

PHD: Procesados por Homicidio Doloso

307Siglas

RAH: Razón de las averiguaciones previas sobre los hechos violentos

RCA: Razón de los sentenciados con condena sobre las averiguaciones previas

RCP: Razón de los sentenciados con condena sobre los sujetos a proceso

RCH: Razón de los sentenciados con condena sobre los hechos violentos

RPA: Razón de sujetos a proceso sobre las averiguaciones previas

SAEH: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios

SC: Sentenciados con condena

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social

SESNSP: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

SNIEG: Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

SNIGSPIJ: Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia

SOMEDE: Sociedad Mexicana de Demografía

SP: Sujetos a proceso

UCR: Unified Crime Report [Reporte Unificado del Crimen]

UFASE: Unidad Especial Fiscal Móvil para la Investigación de Secuestros Extorsivos, República de Argentina

UNECE: United Nations Economic Commission for Europe [Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa]

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime [Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito]

VIFM: Victoria Institute of Forensic Medicine [Instituto de Medicina Forense de Victoria]

ZMVM: Zona Metropolitana del Valle de México

Sobre los autores

Carlos Javier Echarri Cánovas es doctor en Demografía por el Institut de Démographie de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es investigador nacional Nivel II, profesor-investigador del Centro de Estudios Demográfi-cos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, y hasta diciembre de 2011 coordinó el Programa Salud Reproductiva y Sociedad. También cola-boró como investigador asociado “A” en la Dirección General de Planifica-ción Familiar de la Secretaría de Salud de México. Sus líneas de investigación abarcan temas como violencia contra las mujeres; estructura familiar y salud materno-infantil en México; salud reproductiva y transiciones a la vida adulta. Entre sus publicaciones más recientes destacan Feminicidio en México. Aproxi-mación, tendencias y cambios: 1985-2009 (ONUMUJERES/Cámara de Diputados/IN-

MUJERES/El Colegio de México, 2011), Hijo de mi hija... Estructura familiar y salud materno-infantil (El Colegio de México/Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, 2003),“Hogares y familias en México: una visión socio-demográfica”, en Susana Lerner y Lucía Melgar, coords., Familias en el siglo xxi: realidades diversas y políticas públicas (vol. 1, UNAM/Colegio de México, 2010), y “Construcción del estrato socioeconómico en la ENDIREH 2006”, en Roberto Castro e Irene Casique, Violencia de género en las parejas mexicanas. Análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006. Componente para mujeres unidas o casadas de 15 años y más (vol. 1. INMUJE-

RES/CRIM-UNAM, 2008).

Carlos Galindo es maestro en Demografía por El Colegio de México y cuenta con el grado de Research Master por el Max Planck Institute for Demographic Research. Se desempeña como consultor independiente. Sus líneas de inves-tigación y trabajo consisten en áreas de migración internacional, proyeccio-nes y estimaciones de población, así como políticas de población. Entre sus publicaciones más recientes destacan “Las categorías raciales en el mundo y sus implicaciones para nuevos proyectos en México”, en López, coord., Genes (&) mestizos: genómica y raza en la biomedicina mexicana (UNAM, 2011) y “Violen-cia de género en las parejas mexicanas” (CONAPO, 2009).

Víctor Manuel García es doctor en Estudios de Población por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Asi-mismo, es actuario y maestro en Investigación de Operaciones por la Univer-

310 Sobre los autores

sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y cuenta con un diplomado en Econome-tría Avanzada de la misma institución. Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Demografía (SOMEDE), de la Popu-lation Asociation of America (PAA), del Colegio Nacional de Actuarios y de la International Society on Multicriteria Decision Making, y pertenece a la Red de Expertos para las Esti-maciones y Proyecciones de Población de América Latina y el Caribe de la Asociación Latinoamericana de Población y del Centro Latinoamericano de Demografía. También forma parte del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM como investiga-dor asociado.

Juan Carlos Hernández es maestro en Planeación Metropolitana por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-A) y actualmente cursa el Doctorado en Geografía en el Instituto de Geografía en la UNAM. Cuenta con 20 años de experiencia en temas de desarrollo urbano y regional, poblamiento, así como desarrollo y geografía de la inci-dencia delictiva en diversas instituciones públicas como el Consejo Nacional de Pobla-ción (CONAPO), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), así como en instituciones académicas, entre ellas la UAM-x, el Centro de Investigaciones Económicas y Administrativas y Sociales del Ins-tituto Politécnico Nacional (CIECAS-IPN) y el Instituto de Geografía de la UNAM. Además es consultor especializado para las empresas Planeación y Desarrollo y SERURBE. Entre sus publicaciones destacan La Ciudad de México en el fin del segundo milenio (COLMEx, 2000), Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe (FLACSO, 2002), La situación demográfica de México (CONAPO, ediciones 2003, 2004 y 2006), Delimitación de las zonas metropolitanas de México (SEDESOL/CONAPO/INEGI, ediciones 2000 y 2005), Gobierno y sociedad civil (RNIU, 2005) y, finalmente, Espacios metropolitanos 2 (UAM-RNIU, 2006).

Mario Martínez Salgado es doctor en Estudios de Población y maestro en Demografía por El Colegio de México, además de actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus intereses de investigación se enfocan en temas como la violencia social, el análisis espacial de procesos demográficos, la transición a la vida adulta y salud reproductiva. En el ámbito académico se desempeña como profesor de asignatura en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Actualmente se encuentra desarrollando una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Asimismo, ha impartido varios cursos de estadística en El Colegio de México y participa como ponente en múltiples seminarios, congresos y coloquios nacionales e internacionales acerca de temas de población, transición a la vida adulta y género.

311Sobre los autores

Karla Ramírez Ducoing es maestra en Estadística Social por la University of Southamp-ton, del Reino Unido. Actualmente es consultora independiente en los temas de vio-lencia contra las mujeres, violencia social, demografía y acceso efectivo a la salud, ju-ventud, entre otros. Se ha desempeñado como titular de Información Demográfica de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, fue coordinadora de los observatorios de violencia social y de género del Programa Hábitat y como ase-sora del subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secreta-ría de Desarrollo Social. Entre sus publicaciones más recientes destacan Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios 1985-2009 y Cuaderno 17. Mapeo de procesos de atención y construcción de indicadores sobre casos de violencia contra las mujeres.

Landy Sánchez Peña es profesora-investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y coordinadora de la Maestría en Demografía de El Colegio de México. Es doctora en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, donde se especializó en el estudio de la desigualdad urbana y del cambio económico. Ha publi-cado nacional e internacionalmente temas relacionados con ajuste estructural y trans-formaciones laborales, segregación residencial, así como acerca de la dimensión espa-cial de la desigualdad. Actualmente realiza investigación sobre cambio demográfico, distribución del ingreso y patrones de consumo de los hogares urbanos. En el Colegio de México ha impartido cursos de análisis espacial y longitudinal y sobre familia, traba-jo y desigualdad. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.

Prólogo 7Genaro García Luna

Introducción 9Carlos Javier Echarri Cánovas

Capítulo 1

Pautas para el análisis de los delitos violentos a partir de la información estadística en México Karla Ramírez Ducoing

1.1 Antecedentes internacionales de fuentes estadísticas de información sobre delitos y violencia 151.2 La estadística sobre violencia en México 191.3 Estandarización de las definiciones del objeto de estudio 211.4 Fuentes de información 23

1.4.1 Las fuentes de información sobre los delitos violentos en México 241.5 Procesos de procuración e impartición de justicia y sus fuentes de información 26

1.5.1 El proceso de procuración de justicia 261.5.2 El proceso de impartición de justicia 311.5.3 Información estadística de los procesos de procuración e impartición de justicia 34

1.6 Propuesta de indicadores para el análisis de los delitos violentos 421.6.1 Indicadores 421.6.2 Matriz de concentración espacio-temporal 44

1.7 Recomendaciones acerca de la generación de información estadística sobre delincuencia 47

Capítulo 2

HomicidioCarlos Javier Echarri Cánovas

2.1 Introducción 512.2 Antecedentes 522.3 Fuentes de información 542.4 Metodología 602.5 La incidencia del homicidio en México 62

2.5.1 Los niveles de homicidio en México y en el mundo 652.6 La procuración de justicia en el ámbito del homicidio 832.7 La impartición de justicia 922.8 Recomendaciones internacionales 99

Índice

314 Índice

Capítulo 3

Lesiones y AgresionesCarlos Galindo

3.1 Introducción 1053.2 Registros de atención hospitalaria por lesiones 106

3.2.1 Distribución por edad y sexo 1133.3 Registros de averiguaciones previas 115

3.3.1 Tasa e indicador de concentración 1193.4 Personas procesadas judicialmente 122

3.4.1 Tasa e indicador de concentración 1293.4.2 Comparaciones 132

3.5 Personas sentenciadas 1363.5.1 Tasa e indicador de concentración 1413.5.2 Comparaciones 144

3.6 Recomendaciones 153

Capítulo 4

Delitos de robo en México: tendencias de la incidencia Juan Carlos Hernández • Landy Sánchez Peña

4.1 Introducción 1574.2 Estudios sobre el delito de robo en México 1584.3 Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de robo 1614.4 Tendencias y características del robo 165

4.4.1 Delitos de robo 1654.4.2 Incidencia delictiva 1714.4.3 Distribución territorial de la incidencia delictiva 1724.4.4 Características del robo 1814.4.5 Tipos de delitos 183

4.5 Indicadores del sistema judicial 1864.6 Observaciones y recomendaciones 193

Capítulo 5

El secuestro en México. Niveles, tendencias y distribución espacial entre 1997-2010 Mario Martínez Salgado

5.1 Resumen 1975.2 Introducción 1975.3 La información estadística sobre el secuestro en el contexto internacional La producción de información en algunos países de América 199

5.3.1 Generación de la información y los marcos legales 1995.3.2 Fuentes y estándares internacionales en la medición del secuestro 201

5.4 El secuestro en México a través de los códigos penales estatales 204

315Índice

5.5 Metodología 2075.6 Resultados 208

5.6.1 Las averiguaciones previas por el delito de secuestro 2085.6.2 Las sujeciones a proceso por el delito de secuestro 2125.6.3 Las sentencias condenatorias por el delito de secuestro 2165.6.4 Total de sujeciones a proceso por cada averiguación previa por el delito de secuestro 2195.6.5 Total de sentencias condenatorias por cada sujeción a proceso por el delito de secuestro 2235.6.6 Total de sentencias condenatorias por cada averiguación previa por el delito de secuestro 227

5.7 Conclusiones 2315.8 Anexo Estadístico 233

Capítulo 6

Delitos sexuales y violencia familiarVíctor Manuel García

6.1 Introducción 2376.2 Fuentes de información internacional en la medición de los delitos sexuales y de violencia familiar 2386.3 Fuentes de información utilizadas 2456.4 Metodología 2506.5 Análisis de las estadísticas sobre los delitos sexuales y la violencia familiar 252

6.5.1 Delitos sexuales 2526.5.2 Violencia familiar 277

6.6 Conclusiones y recomendaciones 285

Conclusiones 287 Carlos Javier Echarri Cánovas Referencias 293

Glosario 303

Siglas 305

Sobre los autores 309

PAN

ORA

MA

ESTA

DÍS

TICO

DE

LA V

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NCI

A EN

MEX

ICO

PANO

RAM

A ES

TADÍ

STIC

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LA V

IOLE

NCIA

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ÉXIC

OCoordinador: Carlos Javier Echarri Cánovas

Carlos Galindo • Víctor Manuel García • Juan Carlos HernándezMario Martínez Salgado • Karla Ramírez Ducoing • Landy Sánchez Peña

Prólogo de Genaro García Luna

México requiere contar con información estadística su�ciente y con�able

para comprender mejor los retos que enfrenta en materia de justicia. El

presente trabajo fue elaborado por un destacado grupo de investigadores,

a partir de un convenio de colaboración entre El Colegio de México y el

Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES) de la Secretaría de

Seguridad Pública Federal. En él se ofrece un diagnóstico de la dimensión y

evolución de los más importantes delitos violentos que se cometen en el

país: homicidio, lesiones, robo, secuestro, delitos sexuales y violencia intra-

familiar. En él se formula, asimismo, una metodología común para el análi-

sis de estos delitos, y se incluyen propuestas dirigidas a mejorar la eviden-

cia empírica necesaria para el diseño, implementación y evaluación de las

políticas públicas en la materia

Se trata, en síntesis, de una aportación valiosa al conocimiento de estas

formas de violencia, y un apoyo para orientar investigaciones futuras sobre

la procuración e impartición de justicia en nuestro país.CENTRO DE INVESTIGACIÓNY ESTUDIOS EN SEGURIDAD

PANORAMA ESTADÍSTICODE LA VIOLENCIA EN MÉXICO

panorama estadÍstico de la violencia en mÉxico sobre violencia/estudios violencia... · pública...

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