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PALABRAS DE DESPEDIDA COMO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD Miraflores, 9 noviembre 2010

Luis Bustamante Belaunde

Señor Doctor Gonzalo Galdos, Rector nombrado de la Universidad,

Señores Rectores,

Señores Vicerrectores,

Señor Presidente y señores miembros de la Oficina Regional Andina de Laureate

International Universities,

Señores Decanos y Directores de Área,

Señores Directores de Carrera,

Señores Profesores,

Señores Alumnos,

Señoras y señores invitados:

Luego de más de diez años como primer Rector de la Universidad ―y cinco previos como

Director General―, juzgué que se había acumulado mucho tiempo en un puesto para una

misma persona. Y creyendo, como creo, en la necesidad de la alternancia y la renovación

como signos de vitalidad de las instituciones, decidí apartarme de las funciones

encomendadas.

Así lo hice saber a los niveles correspondientes de nuestra organización, y

convinimos en buscar una programada sucesión para el Rectorado.

Esta se puso en marcha y se decidió nombrar como nuevo Rector al Dr. Gonzalo

Galdos Jiménez, Director de la Escuela de Postgrado, distinguido y respetado miembro del

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claustro, y personalidad acreedora del reconocimiento académico, profesional y

empresarial de nuestro medio.

Quiero que estas palabras, de saludo y congratulación, lleven mis mejores deseos

de éxito a mi muy digno sucesor, de quien todos esperamos una acertada gestión y un

sólido y brillante gobierno institucional.

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La vida de las personas, como la de las instituciones, es una sucesión de etapas. Al

término de mis funciones, no pretendo presentar una memoria de su cumplimiento de la

etapa que hoy culminamos. No voy a invitarles ahora a mirar hacia atrás. Les invitaré,

más bien, a echar una rápida mirada a nuestro rededor y a nuestro interior.

Miremos, primero, alrededor. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones

sobre ciertos temas relacionados con la evolución de educación superior en nuestro país

durante los años de vida de esta Universidad.

Cuando ella fue fundada quince años atrás, en 1994, existían en nuestro país 56

universidades. Hoy existen 103. El incremento del número de universidades no indica,

por sí solo, muchas cosas, dado que un crecimiento similar es observado en muchos países

y, más claramente en los similares al nuestro.

Más elocuente (aun dentro de la precariedad que caracteriza la información

estadística en esta materia) resulta comparar el número de alumnos universitarios. En

1994, ellos eran 385 mil. Hoy son 728 mil. Y los docentes universitarios, de 1994 a hoy,

han pasado de ser cerca de 29 mil a ser cerca de 60 mil.

En otras palabras, hoy tenemos 47 universidades más que en 1994. Pero en los

últimos tres lustros la población estudiantil ha aumentado casi un 90%, y los docentes

universitarios se han más que duplicado.

Estas cifras y proporciones revelan un crecimiento absolutamente impresionante

de la educación superior universitaria, y muestran que algo muy importante está

cambiando en nuestro país, aunque no todos quieran advertirlo.

Muchos permanecen entrampados en la perplejidad ante lo que denominan una

proliferación o multiplicación aparentemente desordenada del número de universidades

―y que, por cierto, con paradójica frecuencia, son los mismos que predican y repiten que

la mejor manera de llegar al desarrollo es a través de la mayor educación―. Son menos

los que descubren que estamos frente a un cambio dramático en la mayor cobertura y en

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las oportunidades de acceso a la educación superior. Todavía son menos los que ven en

ello el colosal cambio social que supone el creciente número de estudiantes que

constituyen los primeros exponentes de sus historias familiares en acceder a la educación

universitaria. Y son menos aún los capaces de intuir algún tipo de relación entre el

crecimiento resultante en el stock profesional con el reciente crecimiento de la economía

dentro de estas nuevas condiciones. Todavía la contemplación resignada ante los vasos

medio vacíos prevalece sobre el sorpresivo descubrimiento de que, en verdad, están ya

medio llenos.

Pero, tras las cifras mostradas, hay otras que es preciso analizar con una visión aún

más auspiciosa. En 1994, la mitad de las universidades eran públicas y la otra mitad

privadas (a razón de 28 cada mitad). Hoy, las públicas son 37, o sea, aumentaron en 32%.

Mientras que las privadas son hoy 66, con lo que su aumento ha sido del 136%.

En cuanto al número de alumnos universitarios, los que estudian en las

universidades estatales han experimentado un decrecimiento de casi 2%, mientras los que

estudian en las universidades privadas han crecido en 342%. Hoy, más de 2 de cada 3

universitarios estudian en una universidad privada, cuando 15 años atrás eran apenas

poco más del tercio del total.

En el caso de los docentes, en las universidades públicas su crecimiento fue de

17%. Mientras que en las privadas se han casi cuadruplicado y, mientras en 1994 eran

apenas el 34% del total, hoy representan el 63%.

Estas cifras denotan también un cambio cuya importancia trasciende la aritmética.

Sobre todo si se tiene en cuenta que, en la educación básica, el alumnado de los colegios

públicos bordea el 80% y el de los privados el 20%. Al ver cómo los porcentajes se alteran

e invierten en el nivel de la educación superior, no podemos menos que admitir que nos

encontramos frente a un cambio en el orden ideológico ―pues es un cambio de

principios, conceptos y valores― de proporciones aún difíciles de imaginar y proyectar. Se

trata no sólo de atribuirlo al mejoramiento de las condiciones de vida entre los distintos

niveles socioeconómicos de nuestro país. Se trata sobre todo de constatar que para los

padres de familia de los distintos sectores socioeconómicos, incluyendo los más bajos,

resulta importante que sus hijos estudien en instituciones privadas, aunque ello signifique

renunciar al privilegio discutible de una educación gratuita indiscriminada por el solo

hecho de que ella se curse en una universidad pública.

Finalmente, hay otro dato interesante que vale la pena mencionar. En noviembre

de 1996, se aprobó la Ley de Promoción de la Inversión en la Educación (Decreto

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Legislativo 882). Esta ley ha permitido a las universidades privadas adecuarse a cualquier

forma de organización distinta a la tradicional dentro de las modalidades permitidas por el

derecho común. De las 66 universidades privadas de hoy, prácticamente 3 de cada 4 se

han adecuado a esta legislación. Dentro de ellas, a su vez, las tres cuartas partes han

optado por hacerlo dentro de la modalidad de sociedades empresariales.

Hoy hay muchas razones para sentirse optimistas. Soplan aires nuevos y

saludables que es preciso aprovechar con las alas más desplegadas que nunca. Es cierto

que la calidad de las nuevas universidades es muy variada, y en algunos casos inexistente.

Las diferencias relativas son muy grandes. Pero lo hemos dicho más de una vez: no se

puede cambiar a las universidades desde afuera. Hay que hacerlo desde dentro de ellas.

Y hemos visto que ese cambio es posible si se conjugan el liderazgo, el buen ejemplo y la

competencia, pues esa competencia ha hecho más por el mejoramiento de la educación

superior que cualquier ley imaginable.

En esa dinámica, es preciso reconocer que las instituciones privadas juegan un rol

cada vez más significativo en la democratización de las oportunidades de acceso a la

profesionalización universitaria. Por eso es justo y preciso permitirles que sean capaces

de afrontar con responsabilidad el desafío de prestar esa educación privada en

condiciones de creciente calidad, procurando la inversión de nuevos recursos y la

reinversión de sus excedentes.

En la iniciativa privada reposa hoy el peso de la educación superior y, por tanto,

está llamada a jugar un papel determinante en la creciente democratización de las

oportunidades educativas, y en constituirse en el vivo testimonio de que no existe mejor

alternativa de progresar que aquel empeño educativo que se basa en el esfuerzo propio y

familiar antes que pensar en el fácil expediente de los subsidios o en el paternalismo de

una gratuidad indiscriminada.

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Ahora quisiera invitarles a dirigir la mirada a nuestro interior. Dentro del complejo

sector privado de la educación superior ―que, ya lo dijimos, es indiscutiblemente variado

y heterogéneo, aunque dinámico y plural―, se encuentra el caso de la Universidad

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Ella cumplió con aportar una cuota de innovación y

saludable diferencia. Nacimos, lo decimos así, no para ser una universidad más, sino para

ser una diferente. Esa diferencia la hizo desmarcarse muy pronto respecto a otras.

Fueron múltiples las materias y actividades donde la UPC aparece como primera y

―haciendo honor a su lema― como protagonista del cambio.

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La UPC se acercó a los estudiantes de secundaria a través de sus colegios, y

estableció con estos una relación de generación recíproca de valor con el desarrollo de

asesorías académicas, de talleres vivenciales, de talleres de líderes para estudiantes, y

otras actividades similares. Reconoció los méritos del destacado rendimiento académico

de los estudiantes secundarios para su incorporación en condiciones preferentes a la

universidad e introdujo cambios radicales en sus procesos de admisión. Reconoció

también el programa del Bachillerato Internacional (IB) y los convenios y programas

internacionales análogos para la incorporación al nivel universitario.

La UPC aplicó a los estudiantes del último año de secundaria una prueba de

potencial universitario que, desde 1997, ha totalizado más de 108 mil colegiales

examinados y que este año alcanzó ya a más de 14 mil en Lima y cinco capitales de

provincias.

La UPC ofreció cursos de formación profesional desde el primer ciclo. Ofreció

carreras mixtas o de doble grado y doble título. Ofreció a los colegiales de provincias

beneficios especiales y creó un programa de acompañamiento que facilite su adaptación a

la vida en la capital.

Cambió y acuñó el concepto del Centro de Información, y ofreció en forma pionera

y libre ciertos servicios a sus alumnos y profesores como la biblioteca autoasistida, el

acceso a Internet y el correo electrónico.

La UPC cambió el paradigma del desempeño de sus profesores, buscando a

quienes se encuentran en el mercado laboral ejerciendo la profesión a fin de que

importen de allí sus experiencias y enseñanzas.

Nuestra Universidad diseñó los currículos de todas sus carreras sobre la base de los

perfiles profesionales por competencias.

La UPC estableció un programa especialmente diseñado para adultos que trabajan,

reconociendo el valor académico de la experiencia laboral, conducente a su

complementación académica y a su formación, graduación y titulación profesional.

Nuestra Universidad también amplió y diversificó la oferta de estudios de

postgrado incorporando diplomas, diplomados, másters europeos y especializados y

maestrías en nuevas áreas y en diferentes modalidades que atienden la variedad de sus

públicos y con un diseño modular que hace posible un seguimiento y una calificación con

carácter progresivo y acumulativo.

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Todos estos pasos y avances fueron haciendo que la UPC lograrse situarse desde

un primer momento en un terreno diferenciado, desmarcado del conjunto, e

identificándose como una alternativa singular, con características muy definidas e

inconfundibles. Ocupó muy pronto una posición única. Así, cuando en el año 2004, la red

de Laureate International Universities vino al Perú y la invitó a formar parte de ella, lo

anunciamos en voz alta al público y, en especial, a nuestros alumnos. “Nos han escogido

―les decíamos― por las mismas razones que tú: por atrevernos a proponer caminos

distintos.”

Hoy, podemos observar con complacencia que no son pocas sino muchas las

universidades que han diversificado sus sistemas de admisión, que ofrecen carreras

mixtas, que han redefinido sus servicios de documentación e información, que han

adecuado sus sistemas informáticos, que ofrecen programas para adultos que trabajan,

que diversifican su oferta de postgrado.

Y decimos que observamos este nuevo panorama con complacencia porque ello no

hace sino reafirmarnos en la idea de que más ha hecho por la mejoría de los servicios de

educación superior una sana, dinámica y muy exigente competencia que cualquier

mecanismo de control regulatorio o de frustrantes ensayos legislativos.

Junto a este nuevo panorama, de datos tangibles, observables y constatables, hay

también otros cambios quizás menos visibles y aparentes, pero no menos reales y

efectivos. Las universidades, en general, han perdido el temor a innovar, a redefinir

paradigmas. Hoy se acepta por todas ellas la competencia y los mecanismos de mercado,

independientemente de su condición de entidades privadas o públicas, y se admite que

esa competencia es un instrumento eficaz para la mejora de la calidad y del servicio.

Y hoy se acepta que la participación de la educación dentro del proceso de la

globalización lleva a sus actores y agentes a buscar como referentes los estándares de

calidad vigentes a nivel internacional a fin de que nuestras universidades sean cada vez

más de clase mundial.

Hoy, la educación ha pasado a ser un sector muy dinámico dentro del mercado

productivo, sólidamente constituido como un elemento central de nuestra economía,

cuya suerte está ligada a la de nuestro desarrollo.

Y de allí también que muchas universidades privadas, juntamente con otras

instituciones educativas del nivel superior, como los institutos tecnológicos, hayan

buscado federarse con el doble propósito de constituirse en un gremio representativo de

la actividad en el medio productivo del país, y de encontrar mecanismos de búsqueda y

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exigencia recíproca de las condiciones que acrediten y aseguren la calidad de los servicios

a su cargo. Es así que se ha constituido, hace ya un año ―por 10 universidades privadas y

19 institutos tecnológicos superiores― la Federación de Instituciones Privadas de

Educación Superior (FIPES), la misma que ha solicitado y obtenido su representación ante

la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), con la

aceptación unánime de sus miembros y con asiento en su Consejo Ejecutivo. Esto es

también, qué duda cabe, una buena noticia y un paso adelante en la modernización e

institucionalización de la responsabilidad de la educación superior en el crecimiento y

desarrollo del país.

Decíamos antes que hoy hay muchas razones para sentirse optimistas.

Hablábamos de aires nuevos y saludables. Sería una presunción arrogante e inaceptable

pensar que este nuevo paisaje ha sido posible gracias a la UPC. Pero también sería ciego e

injusto suponer que hubiera sido posible sin el concurso de la UPC. Y ello tenemos que

admitirlo sin arrogancia alguna, con humildad y con conciencia de la inmensa

responsabilidad que ello lleva aparejada.

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Cumplido el ejercicio de mirar a nuestro rededor y a nuestro interior, quisiera

recordarles ahora la necesidad de mirar al futuro. Mirar hacia adelante es alinearse con

el sentido de la historia. No en vano tenemos los ojos debajo de la frente, para ayudarnos

en nuestro avance y paso firme hacia adelante.

Tenemos, todavía, ante nosotros muchos desafíos pendientes, que debemos

enfrentar de una manera pronta y efectiva, con determinación y esfuerzos. Dentro de

esos numerosos y grandes desafíos, quiero referirme especialmente a tres.

En primer término, un desafío común a todas las universidades, privadas y

públicas: es imperativo afrontar la tragedia que supone la deserción de amplios

segmentos de la población estudiantil que abandonan, interrumpen o descontinúan sus

estudios universitarios, por razones difíciles de interpretar si obedecen a causas

económicas o de deficiencia académica de base. El país no puede permitirse esta

hemorragia incesante de recursos desperdiciados que priva de sentido tantas inversiones

privadas y públicas, que frustra tantas y tan legítimas expectativas personales y familiares.

Hay que poner en juego abanicos de alternativas de solución pronta y duradera

―incluyendo el apoyo personalizado y los mecanismos legales o acordados con las

entidades financieras, de crédito educativo recuperable y revolviente―.

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En segundo lugar, un desafío que corresponde a las universidades privadas: hay

que asumir con determinación obsesiva el compromiso de seguir respondiendo a las

expectativas de nuestra sociedad, de toda nuestra población, sin exclusiones, marginación

ni postergación de los sectores sociales de menores recursos. La educación superior

privada hoy es una expectativa de todos los niveles socioeconómicos. Y el Estado está

obligado a mantener los mecanismos legales que permitan a la iniciativa privada la nueva

inversión y la reinversión de sus excedentes para continuar ampliando la cobertura y

mejorando la calidad de la educación superior a su cargo.

Y, en tercer lugar, un desafío que corresponde en forma específica a esas 37

universidades (la mayoría de las privadas y más de un tercio del total de universidades del

país) que están o estarán pronto funcionando como sociedades empresariales por

entender que esa es la mejor forma de situarse a la altura de los tiempos en que les ha

tocado desenvolverse. Ya vimos que las diferencias, las deficiencias o la ausencia de la

calidad educativa es un mal extendido entre las universidades públicas y privadas. Pero

las universidades privadas con personería empresarial tienen que trabajar especialmente

para derrotar y dejar al fin sin base esa concepción tan extendida en nuestra sociedad que

contrapone intencionalmente esa personería con las exigencias de la calidad educativa. A

estas universidades privadas les toca demostrar con su conducta que la calidad educativa

no solo no está reñida con la eficiencia y la expectativa de rentabilidad sino que, por el

contrario, estas se constituyen en la mejor garantía para lograrla; y que la eficiencia

productiva resulta indispensable para hacer sostenible cualquier propósito educativo

proveniente de la iniciativa privada. Si estas instituciones educativas privadas fracasasen

en este propósito, no solamente estarían frustrando su avance, sino que estarían

descalificando un concepto que merece el mejor de los futuros.

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Termino esta despedida por donde quise comenzarla: con palabras de gratitud.

Gratitud hacia esas cuatro personas, los cuatro promotores de la Universidad, que,

confiando en mí antes de conocerme plenamente ―gracias a la presentación de un amigo

común, el Dr. Jorge Salmón Jordán― tuvieron la idea de confiarme las responsabilidades

que me entregaron hace quince años y medio. Gracias a David Fischman, Mariana

Rodríguez, Graciela Bancalari y Alfredo Miró Quesada, quienes me invitaron a sumarme a

ellos en esta fascinante aventura de edificar conjuntamente una universidad diferente.

Nunca encontraré las palabras suficientes para expresarles todo mi agradecimiento por lo

que ha supuesto esta empresa compartida y esta experiencia determinante de mi vida.

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Quiero agradecer también a cada uno de mis colaboradores, a quienes me gustaría

de veras dirigirme con su nombre propio en este momento, y cuyo trabajo, apoyo y

consejo, con amistad y lealtad, permitió el cumplimiento de la tarea confiada. He recibido

de ellos innumerables e inolvidables testimonios ―monumentos, diría más bien― de

lealtad, afecto, amistad. Su compañía fue indispensable para lograr lo que se alcanzó. Su

labor fue insustituible para hacerlo en el plazo y con la calidad deseados. La palabra

‘equipo’ queda corta para describir lo que, más bien, fue una gran familia, donde cada uno

quiso cumplir mejor que el otro su papel. Tengo hacia ellos una deuda impagable de

reconocimiento y gratitud. Gracias por ser como fueron. Gracias por ser como son.

Cuando asumí el Rectorado, en diciembre de 1999, pedí a Dios que me ayudara en

el mejor cumplimiento de la función asumida. Hoy le agradezco profundamente que me

haya permitido concluirla en la compañía de todos ustedes.