LEY DE MINERÍA EL BIEN COMÚN Y LOS INTERESES SECTORIALES

Como en el pasado, todavía persiste en nuestro país una situación política donde los actores corporativos, con intereses sectoriales específicos, promueven acciones o iniciativas legislativas sin considerar los intereses generales de la población.

Cuando el debate ingresa a espacios democráticos e institucionales donde están representados los intereses colectivos, como la Asamblea Legislativa Plurinacional, no se establecen mecanismos de concertación y acuerdos; por lo tanto, se generan situaciones conflictivas que afectan las bases de la institucionalidad democrática.

Por todo ello, buscar consensos, a través de la participación ciudadana en su conjunto, confirma una vez más que es el mecanismo más acertado para encontrar acuerdos consistentes que busquen el bien común entre todos los bolivianos y bolivianas, considerando además que en el Art. 241 de la Constitución Política del Estado se establece que “el pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas…”

Tomando en cuenta que la renta extractiva representa la tercera parte de los ingresos que genera el Estado; y que el sector hidrocarburos generó muchos más recursos para el Estado con la Ley aprobada el 2005, por la creación del IDH, que se sumó a la regalía existente; consideramos importante analizar de manera integral al sector minero, el cual a pesar del incremento del valor de la producción en estos últimos años, su aporte al Estado sigue siendo muy reducido.

Por lo expuesto, la plataforma “Pacto por el Bien Común” manifiesta lo siguiente:

Primero, hacemos un llamado a las autoridades de gobierno para que en el tratamiento de la Ley Minera incluyan en sus reuniones de concertación a todos los actores involucrados, los diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil, instituciones y organizaciones sociales, indígenas, sectoriales, y otras en sus diversas formas y representaciones, y no se limite sólo a reuniones con el sector cooperativista.

Segundo, demandamos una mirada más integral, donde no sólo velemos por un buen uso y adecuada explotación de nuestros recursos naturales, sino también busquemos el incremento del bienestar común en un contexto equilibrado con el medio ambiente, reduciendo los riesgos socio-ambientales que se generan.

Tercero, enfatizamos en la importancia y necesidad que tiene el país, de ir logrando acuerdos consensuados, más allá de intereses sectoriales que busquen un desarrollo equitativo y sostenible del país en el marco de un Pacto Fiscal participativo, integral, sostenible y a largo plazo.

Cuarto, evitar el riesgo que supone que las demandas sectoriales defiendan intereses parciales en desmedro de nuestros recursos naturales y los intereses generales de todos los bolivianos y bolivianas.

La Paz, 23 de abril de 2014

Federación de Profesionales de Santa Cruz

FEDEMAR-SC

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