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EL COMERCIO
Gobierno olvidó la honra del despedido
Miércoles 09/11/2011
El discurso del gobierno de Rafael Correa, de defender el buen nombre de las personas, entró
en contradicción con el despedido masivo de funcionarios públicos. Aunque Correa ha llamado
a la población a defender su honra de acusaciones infundadas, en especial de la prensa, su
régimen no dudó en pintar como corruptos y negligentes a quienes fueron separados de sus
cargos. Para ello, recurrió a una cadena nacional de radio y televisión, en la que dos de sus
ministros justificaron la medida por la existencia de supuestos actos de corrupción. Se trató de
los ministros Doris Soliz (Política) y Richard Espinosa (Relaciones Laborales), quienes
sustentaron su acusación en un estudio de las hojas de vida de los despedidos que, de
momento, no ha sido divulgado. A renglón seguido, el propio Correa, que acusa a El Universo y
a los autores del libro ‘El Gran Hermano’ de dañar su buen nombre, también descalificó a los
burócratas removidos de sus funciones. Y sugirió que se compró la renuncia a quienes
presuntamente caminaban por los senderos de las “argollas” y la “corrupción”. Estos
señalamientos provocan indignación entre los funcionarios despedidos, que sienten que su
buen nombre es vulnerado. Así lo sostiene Miguel García, titular de la Federación Nacional de
Servidores Públicos. El dirigente cuestiona que este tipo de epítetos contra los burócratas
despedidos haya salido precisamente del Gobierno, amparado en una generalización. “Así
como el Presidente ha dicho que la verdad siempre debe brillar, en este caso también se debe
decir la verdad y precisar quiénes son los corruptos”. Esas son las expresiones de García, quien
al parafrasear al Presidente recuerda que no decir toda la verdad es una forma de corrupción.
Desde la Federación Médica Ecuatoriana también hay malestar por la forma ligera en que el
Gobierno ha manejado la honra de quiénes fueron despedidos. “Se ha jugado con la honra de
los profesionales de la Salud, que debe ser reparada”, afirma Orly Oyague, dirigente del gremio
de la Salud, quien exige que el Gobierno también respete la honra de todas las personas. Estas
descalificaciones lanzadas desde el Gobierno coincidieron con observaciones de organismos
internacionales, sobre cómo se está manejando el derecho a la honra en el Ecuador. Catalina
Botero, relatora de libertad de expresión de la CIDH, había preguntado hace poco si en el país
solo se protege la honra de las autoridades. Y luego una comitiva Asociación Mundial de
Periódicos señaló que “exigir respeto a la honra supone respetar la honra de los demás”.
Desde el campo jurídico se advierte que este tipo de aseveraciones menoscaba el buen
nombre de los burócratas obligados a vender sus renuncias. En esencia, porque el Gobierno no
demuestra ni precisa cuáles de los funcionarios despedidos cometieron supuestos actos
reñidos con la ley. “Está afectado el buen nombre y el prestigio profesional”, señala Juan
Francisco Guerrero, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica. En este
punto, el jurista subraya que el Gobierno no cuida del buen nombre de miles de burócratas,
pese a que es sensible cuando se trata del honor de sus ministros. ¿Qué acciones legales
pueden tomar las personas que sientan afectado su buen nombre? Guerrero explica que
pueden entablar una acción civil de daños y perjuicios contra el Estado, en caso de que estas
descalificaciones impidan, por ejemplo, obtener un empleo a futuro. Servidores públicos
negocian revisión de despidos Los representantes de los servidores públicos buscan la revisión
de 2 700 despidos en el Estado. El presidente de la Confederación de Servidores Públicos
(Conasep), Remigio Hurtado, se reunió ayer con el viceministro Coordinador de la Política,
Edmundo Villavicencio, el asesor de Doris Soliz, Marcelo Ortega, y el coordinador de Actores
Sociales, Edgar Ávalos, para tratar el tema. Hurtado dio a conocer a este Diario que la próxima
semana se establecerá una mesa de diálogo y una veeduría con la participación de la Conasep
y el Ministerio Coordinador de la Política. Ello a fin de que se revisen los casos en que los
funcionarios fueron despedidos “sin justificativos técnicos” y sean reintegrados. Según
Hurtado, en las mesas se presentarán pruebas de los servidores como evaluaciones positivas
para demostrar que fueron separados “injustamente”. Hurtado también indicó que se
presentarán los casos de funcionarios en los que ni siquiera se presentó una acción de
personal para su salida, sino solo un oficio. La mesa se establecerá con la firma de un convenio
entre el Ministerio Coordinador de la Política y la Conasep la próxima semana. Este Diario
buscó la confirmación de la Cartera de Estado pero no tuvo respuesta. Según el Ministerio de
Finanzas hasta diciembre se destinarán USD 140 millones por despidos y jubilaciones.
Análisis:
En las declaraciones del gobierno que el despido masivo de médicos se hizo porque
cometieron actos de negligencia médica, los doctores no cumplían las ocho horas diarias
como lo dice la ley de servidores públicos etc… , este asunto tomo un gran giro al querer
plantearse demandas legales bajo el argumento que este despido afectaba a la honra de los
médicos al no presentarse pruebas claras y por persona de quienes formaron parte de la lista
de perjudicados.
Debemos tener claro que para que un despido sea legal se deben presentar pruebas que
constaten en este caso un mal servicio.
Además que, al establecer el despido intempestivo de varios galenos bajo le renuncia
obligatoria se violenta la Constitución en los artículos 325, 326 los cuales mencionan lo
siguiente:
Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y
cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores.
Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:
1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en
contrario.
Sumado a esto se elimina además el derecho para acogerse a la jubilación y la seguridad social
de los servidores públicos, lo que violenta lo estipulado en los derechos constitucionales
consagrados en los artículos 325 y 326.
EL COMERCIO
Los ‘corruptos’ se multiplican
Miércoles 09/11/2011
Detrás del despido a miles de empleados públicos el Gobierno ha dejado flotando la acusación
de que éstos actuaron de modo corrupto, negligente o ineficiente en sus cargos, todo esto con
base en una investigación de inteligencia policial que, dentro de la normativa ecuatoriana, no
reemplaza de ninguna manera el debido proceso. Un modo de refrendar ilegalidades que
empezaron con un decreto que, inconstitucionalmente, reforma una ley para permitir la
compra de renuncias “obligatorias” a los servidores públicos. Es más que una mera cuestión de
semántica. Tras esta acción no solo hay una actitud de prepotencia, falta de diálogo e
incoherencia con el discurso de estabilidad laboral que ha defendido el Gobierno. Una vez que
la tesis del relevo generacional no funcionó, se acude al conocido patrón de la descalificación.
Tanto el Presidente de la República como la Ministra Coordinadora de la Política y el Ministro
de Relaciones Laborales defienden una investigación de inteligencia policial como el gran
argumento para las salidas de los empleados, cuando es claro que en cualquier sistema de
derechos no se puede declarar corrupto o negligente a nadie sino hasta cuando se lo
demuestre a través del sistema judicial. Por lo demás, si se tratara de personas corruptas -algo
que contradicen los testimonios de destacados profesionales y de quienes los conocen- no
sería aceptable que el Gobierno les entregara indemnizaciones como premio. Un empleado
que trabajó 20 años puede recibir hasta USD 39 600. Adicionalmente, es bastante difícil
entender que junto a la acusación de corrupción el Gobierno defienda un proceso técnico para
los relevos. No es difícil imaginar qué calificativo emplearía el Gobierno para referirse a algún
empleador privado que aplicara con sus dependientes una sola, o peor todavía, todas las
acciones que él ha usado en contra de empleados públicos. Si no de “corrupto”, por lo menos
lo acusaría de “doble moral”…
Análisis:
Para que el despido legal de los doctores y demás galenos que siendo afectados directamente
en lo económico, moral y otros aspectos sea legal y no sea inconstitucional se debio proceder a
las respectivas evaluaciones para de esta forma se determine la incapacidad de los mismos
como profesionales de la medicina.
De tal manera la única forma de demostrar que existió integridad a la hora de separar a un
fuerte grupo de su ejercicio profesional sería mostrando información que respalde el o los
asuntos que demuestren actos de corrupción o falta d cumplimiento en cualquier aspecto que
afecte a la comunidad a la que sirve y no ejecutar acciones incorrectas que sean vistas como
incoherentes.
EL COMERCIO
César Ricaurte denuncia amenazas de muerte
Jueves 10/11/2011
El Director de la Fundamedios denunció que ha recibido amenazas de ataque y de muerte,
luego de la difusión de las cadenas presidenciales sobre la comparecencia que realizó ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su participación, junto a periodistas que son
acusados por el gobierno de Rafael Correa, de supuestas injurias, molestó al Régimen, que
dedicó dos cadenas nacionales, una de radio y otra de televisión, para rechazar y descalificar
las denuncias hechas ante el organismo interamericano. Según Ricaurte, esta persecución y
ataques se agudizaron luego de la difusión de la cadena nacional. “El Gobierno nos ha puesto
como enemigos públicos. Es irónico que el Estado que debería protegernos es el que nos
persigue”, señaló el Director de Fundamedios. Ricaurte contó que se está analizando con
cuidado si se toman acciones legales en contra del Régimen, por las “falsedades” emitidas.
Pues cree que si se inicia una demanda por injurias se “caería en el juego del Gobierno de
judicializar la opinión y coartar la libertad de expresión”.
Análisis:
Luego de las denuncias presentadas por Cesar Ricaurte quien dice haber sido amenazado de
muerte luego de presentarse en la reunión de la cdi , lo que nos demuestra que los medios
pueden ser utilizados de manera positiva o negativa al trasmitir información que va
direccionada a actuar o en tal caso a arremeter contra alguien volviendo violentas a las
personas pensando solo en defender algo y cayendo en acciones de violencia. lo que nos debe
hacer analizar y permitirnos ver las dos caras de la moneda para no dejarnos llevar por lo que
dice solo un sector de poder sino ambos.
2 de cada 10 hogares han sufrido robos
EL COMERCIO
Jueves 10/11/2011
Con una pistola lo apuntaron en la cabeza. Con otras dos en el cuerpo. Eran cinco armados, lo
obligaron a subirse a su vehículo y comenzaron las ocho horas que duró el secuestro exprés.
Era jueves. 14:30. A esa hora, Jorge E. (nombre protegido) detuvo el auto en la avenida Brasil y
calle Diguja (norte de Quito). Lo hizo, porque aparentemente golpeó a una joven que se cruzó
de imprevisto. “Me quedé unos metros adelante y me bajé para ayudarla. Al acercarme me
dijo: me quebraste. La senté en el puesto de pasajeros y cuando empecé a ver qué pasaba
sentí las armas”. Jorge E. recordó ayer cómo los desconocidos se subieron al carro, le pusieron
una gorra para que manejara, lo llevaron a una casa que, con documentos falsos, habrían
arrendado un día antes. Horas previas de este relato, en la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso), el alcalde de Quito, Augusto Barrera, reconocía el repunte del
secuestro exprés en la ciudad. “Teníamos seis, siete u ocho casos, pero ahora tenemos 20 y
pico”. Un informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana (OMSC) dice que el año pasado en
la capital hubo 19 casos, aunque en el 2009 no hubo registros. Este tipo de delitos
precisamente se analizaron en el seminario internacional La Seguridad ciudadana en cifras, al
que asistió Barrera. Allí se presentó la tercera encuesta de victimización en Quito. La
investigación tiene 10 capítulos y en el tercero se revela que en el 2010, el 82,9% de víctimas
no denunció los robos violentos. En el año 2008, ese porcentaje fue del 85,7%. Jorge E.
denunció el secuestro apenas logró desatarse de pies y manos y salir de esa casa pidiendo
auxilio. Eran casi las 23:00. “Al verme, una persona paró su auto y trajo a los policías. Lo único
que hicieron es pedirme el nombre y el número de cédula. No entraron ni al lugar en el que
estaba y ahora ya no tengo ganas ni de ir a ver qué sucede con las investigaciones”. La vivienda
en la que ocurrió el secuestro estaba vacía. En uno de los cuartos obligaron a Jorge E. a firmar
dos cheques por USD 8 000 y le quitaron las tarjetas. De una de ellas retiraron USD 500 y con
otra hicieron compras por USD 3 000. ¿Por qué se presenta este nivel de violencia? El ministro
de Seguridad, Homero Arellano, dice que temas como el crimen no ha recrudecido solo en
Ecuador, sino en América Latina. “Nosotros sentimos acá, porque somos ecuatorianos.
Ecuador no tiene, ni de lejos, los niveles comparados (de violencia) de los vecinos”. No
obstante, la Encuesta revela además que el 83% de los encuestados respondió que en las
noches, en los barrios “es poco o nada seguro”. Para el 2008, ese porcentaje era del 70%. “Esto
nos lleva a la conclusión que la percepción de inseguridad en el 2011 ha aumentado”, dice el
informe. Además, el 50,2% de quiteños considera que su barrio es menos seguro. Jorge E. dice
que la casa que fue secuestrada está en plena zona residencial. En las ocho horas que estuvo
detenido su teléfono sonó permanentemente. Le llamó su esposa, hija, el cuñado. Uno de los
hombres ordenó que respondiera, pero que dijera que estaba en una reunión. Cuando entregó
las claves de las tarjetas, los armados salieron de la casa y solo uno quedó para vigilar al
secuestrado. Todos estaban con sus rostros descubiertos y el que lo acompañaba incluso le
ofreció vender un arma en USD 700 , para que lo pagara hasta febrero próximo. “Me dijo eso,
porque quería ir a mi casa y llevarse las cosas. Le conté que no tengo nada, que me robaron
antes y que se llevaron todo. Allí fue cuando me respondió: debiste estar armado para que no
te pase eso”. El año pasado, a Jorge E. le robaron su casa. Un poco antes de las 19:00, siete
hombres armados entraron, amarraron a seis personas que estaban en el interior y se llevaron
las joyas, cuatro televisores, computadoras, carteras, etc. En la Encuesta de 81 páginas
también se midió la percepción de seguridad en las casas al estar solo. El 24,5% de los
consultados respondió que se siente poco seguro, el 15,8% manifestó sentirse nada seguro. De
las ocho administraciones zonales que existen en Quito, solo en la de Los Chillos, el 56% de la
gente señaló que se siente bastante o muy segura. “Esto contrasta con el resto de
administraciones donde la percepción negativa de inseguridad dentro del hogar es mayor”, se
dice en el estudio. A esto se suma que el 18,71% de los hogares de Quito ha sufrido un robo en
alguna ocasión. La Policía incluso ha detectado asaltos en durante fiestas o reuniones sociales.
Los agentes dicen que para ello las bandas operan con cinco o seis armados y se movilizan en
vehículos robados, de marcas comerciales. “Atacan en los momentos de mayor efusividad
cuando los asistentes están bailando y disfrutando de la reunión. Ingresan por la fuerza y
obligan a las víctimas a que entreguen sus pertenencias (celulares, dinero, computadores
portátiles, etc.). Si pueden también se llevan electrodomésticos como televisores o consolas de
videojuegos. Por lo general, buscan viviendas en sitios alejados donde existe escaso resguardo
policial”. El director del OMSC, Daniel Pontón, dice que los robos a personas en las calles han
subido. El asalto a transeúntes con menor porcentaje se registra en la Administración Zonal
Tumbaco (8.2%), mientras que la Norte duplica ese número (19%). Dos semanas han pasado
del secuestro y ayer Jorge E. recordaba que los armados le decían que no los mire y que lo
amenazaban con dejarlo en Conocoto. No fue así. Quedó en la casa y ellos se fugaron en su
auto que lo halló a la 01:00 en el sur de Quito. La investigación La encuesta de victimización se
realizó en 12 meses del año pasado, en 4 008 hogares de Quito. El estudio se hizo en casas y a
personas mayores de 15 años. Según el documento, el objeto más apetecido durante los
asaltos es el teléfono celular en un 70%, seguido por el dinero en un 55%. Luego vienen las
carteras, maletas o mochilas con un 24% y las computadoras portátiles (‘laptop’) alcanzan un
3%. En lo que se refiere al uso de armas, el estudio refiere que el 58% de atracos se ha
producido con armas blancas (navajas), mientras que en un 27% se utilizaron armas de fuego.
Un 6,3% de asaltos ocurrieron con armas contundentes (palos, piedras).
Análisis:
Los delitos por robo a casar u otros cada vez van en aumento, lo grave del tema es que muy
aparte del daño económico en el patrimonio familiar es también el impacto psicológico que
este produce.
De las cifras reveladas el gobierno debe tomar cartas en el asunto ya que las cifras y
porcentajes altos denotan claramente la falta de seguridad en la que vivimos y la ineficacia de
algunas leyes.
No se trata de violar los derechos humanos sino de crear seguridad física en las calles y en los
hogares de los ciudadanos.
La ciudadanía debe cooperar con la policía en la recolección de pruebas suficientes que
permitan demostrar la culpa de una persona como autora de un hecho delictivo y pueda existir
una sentencia justa por el delito cometido. Delo contrario se aplicaría el onus probandi o
principio de presunción de inocencia que es lo aplicable en un estado de derecho como el
nuestro.
EL UNIVERSO
Viernes 11 de noviembre del 2011 Política
Fundamedios y la Aedep replican cadenas del régimen
Como un intento de amedrentamiento del Gobierno consideró el presidente de la Asociación
de Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, y el director de
Fundamedios, César Ricaurte, a las cadenas de radio y televisión que durante esta semana
difundió el régimen en su contra.
En las cadenas, emitidas desde el pasado 8 de noviembre, la Secretaría de Comunicación de la
Presidencia criticó la denuncia de estas organizaciones y varios periodistas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en Washington (EE.UU.) sobre las amenazas en contra
de la libertad de expresión en el Ecuador.
El Gobierno replicó un supuesto silencio de Ricaurte sobre agresiones a periodistas –sobre
todo de los que trabajan en medios públicos– y su presunta cercanía con sectores de la
derecha.
En rueda de prensa Ricaurte mostró documentos en los cuales Fundamedios lanzó las
respectivas alertas cuando comunicadores sociales vinculados al Gobierno sufrieron algún tipo
de agresión o amenaza.
Calificó de falsa e inexacta la información emitida en las cadenas y exigió al Gobierno el
cumplimiento del artículo 66 de la Constitución, respecto al derecho de las personas
agraviadas con información sin pruebas e inexactas a la correspondiente rectificación y réplica
de forma inmediata, obligatoria y gratuita. “Exigimos al Gobierno que nos dé ese mismo
espacio para aclarar toda esa información inexacta y falsa que ha emitido durante tres cadenas
nacionales”.
En ese marco advirtió al Gobierno que seguirá denunciando todos los casos de violación a la
libertad de prensa en el país. “No nos hemos callado, ni nos callaremos. Si el Gobierno
pretende silenciarnos les vamos a decir que no nos vamos a callar, seguiremos denunciando
todos los casos”, expresó.
Cornejo deslindó responsabilidad alguna sobre la presencia del ciudadano Gustavo Lemos
durante la audiencia en la Comisión Interamericana. Aclaró que es el Gobierno el indicado en
aclarar el hecho porque “ha sido jefe de seguridad del Banco del Pacífico en Miami”.
En las cadenas el Gobierno acusó de una supuesta relación de Lemos con los periodistas.
Cornejo mostró un correo electrónico de Pedro Restrepo, padre de los desaparecidos
hermanos Restrepo, en donde se refiere a Lemos como “represor que se exhibe sin ningún
pudor en foros internacionales de Derechos Humanos en vez de estar aquí en el Ecuador
respondiendo por tantas víctimas que dejó su paso como brazo derecho de la política represiva
de Febres-Cordero”.
El director de Proyectos de Fundamedios, Mauricio Alarcón, denunció que en la Comisión
Interamericana, en el lugar determinado para los periodistas, apareció un delegado de una
empresa de relaciones públicas contratada por el Gobierno en EE.UU. y la funcionaria del
gobierno Gina Chávez, según dijo, esposa del presidente de la Corte Constitucional, Patricio
Pazmiño.
Análisis:
De acuerdo con lo escuchado desde el año anterior al presente año de las declaraciones que
emite el presidente n conjunto con los enlaces sabatinos se deber reconocer que el lenguaje
utilizado no es el correcto cuando se pronuncia sobre la oposición y no duda en agraviar a
diferentes sectores d la prensa a políticos o en algunos casos a particulares como el insulto
dicho a una periodista cuyos términos fueron los siguientes mujer nefasta.
A la terminación que quiero llegar es que los espacios que se utilizan para insultar o arremeter
contra la prensa y otros sectores se debe utilizar para lo que fueron creados que es informar lo
que hace el gobierno. En todo caso debo mencionar que el pertenecer a un sector de poder u
otro no es motivo suficiente para arremeter contra una persona de manera física o verbal
porque se violan sus derechos y según la ley si infringes en esta falta debe tener una sanción.
El gobierno no debe demostrar que lo quiere controlar absolutamente todo, debe cambiar la
relación hostil que tiene con el periodismo porque este tipo de actitudes crearan
consecuencias negativas y de hostilidad ante la prensa que él denomina en palabras textuales
corrupta.
EL UNIVERSO
Viernes 11 de noviembre del 2011 Política
Aspirantes a jueces nacionales rendirán pruebas
QUITO
Cien preguntas deberán responder los 183 candidatos que participan en el proceso de
selección y designación de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, a cargo del Consejo de
la Judicatura de Transición (CJT).
Ayer, los vocales del CJT ajustaban los detalles del operativo que permitirá trasladar a los
aspirantes a jueces nacionales al Teleférico de Quito, en cuyos salones se tomarán las pruebas
el próximo lunes.
Las preguntas que responderán los candidatos, según el mecanismo definido por la Judicatura,
serán escogidas por sorteo electrónico, de un banco de 2.500 preguntas, cuyo texto será
publicado con 48 horas de anticipación a la fecha fijada para las pruebas.
Según el presidente del CJT, Paulo Rodríguez, el Teleférico fue escogido por ser un lugar
amplio, adecuado, cómodo y tranquilo.
Luego de las pruebas escritas se tomarán las orales, en las que se solicitará a los aspirantes a
jueces analizar un caso y redactar un fallo.
Las preguntas de las pruebas teóricas fueron elaboradas por las universidades acreditadas en
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y revisadas y
depuradas por el comité de expertos, integrado por disposición reglamentaria. Las preguntas
serán objetivas y de opción múltiple.
Paralelamente a los exámenes, el 15 de noviembre se iniciarán las audiencias públicas, en las
que los 75 candidatos que están sometidos a escrutinio público o impugnación responderán
las acusaciones en su contra.
El lugar para estas audiencias aún no ha sido definido, pero se barajan las aulas del Centro de
Estudios Superiores para América Latina y el Caribe (Ciespal) y el Consejo de la Judicatura.
Según Rodríguez, el CJT cumplirá con la designación de la nueva CNJ antes de los seis meses de
plazo que les otorga la Constitución, es decir, el 26 de enero del 2012.
Respecto al proceso de evaluación de los jueces, Rodríguez explicó que también están
empeñados en resolver los más de 200 expedientes administrativos que se abrieron contra
jueces y servidores judiciales.
Mientras que el vocal del Consejo de la Judicatura, Fernando Yávar, indicó que la Fiscalía
ofreció entregar en el transcurso de la próxima semana los expedientes disciplinarios que se
abrieron en contra de los fiscales, cuyo análisis y resolución es competencia de ese organismo.
Análisis:
En el proceso para los aspirantes a jueces que desean pertenecer en la Corte de Justicia se
debe tener en cuenta todo el proceso y requerimientos antes y después del mismo, de esta
forma estaríamos hablando de la calificación de requisitos formales, la calificación de la
idoneidad moral donde se analizarían en profundidad si existiría una posible impugnación y
acorde a esto una resolución, entre otros aspectos a considerarse estarían la calificación de la
idoneidad profesional y la psicológica donde se considerarían los antecedentes de la persona
evaluada para finalmente arrojar una puntuación y proceder a la selección y finalmente la
designación .
Para garantizar la transparencia de este proceso se debe tener en cuenta que en cumplimiento
con la ley orgánica de transparencia y acceso a la información este proceso debe ser conocido
por la ciudadanía de forma inmediata y permanente mediante la secretaría del comité y del
portal de la función judicial, sumándose a estos los medios de comunicación
Solo si se cumple con todo el proceso mencionado anteriormente de forma estricta
estaríamos hablando de un proceso democrático, legal y justo.
EL UNIVERSO
Lunes 14 de noviembre del 2011
Hay dudas sobre postura de los aliados a ley de medios
QUITO
La Ley de Comunicación es otro de los proyectos en los cuales no hay precisión sobre la
posición que tendrán los asambleístas aliados al régimen.
Pese a que el debate recién será mañana, algunos legisladores tienen dudas sobre cuál será su
postura al momento de votar por la aprobación de esta propuesta.
En el caso de los legisladores Galo Vaca y Ramón Cedeño, ambos aseguran que aún no han
discutido su contenido y que esperarán el avance del debate para tomar una decisión.
Gerardo Morán, en tanto, asegura que tendría una posición crítica. Así lo indica también la
firma de respaldo de su alterna Marcela Chávez, para el envío de una carta al presidente de la
República, Rafael Correa, para pedirle que invite al país a una delegación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el municipalista Jimmy Pinoargote, Morán confirmó su apoyo a esta acción.
Otra de las aliadas de Alianza PAIS (AP) que apoyó este procedimiento fue Scheznarda
Fernández, quien también mantuvo una posición discordante con el Gobierno por el despido
de los servidores públicos y cuestionó la actuación del ministro de Relaciones Laborales,
Richard Espinosa.
La independiente Gioconda Saltos, a su vez, señaló que desde el principio de este debate
apreció que este proyecto no puede estar dirigido solo a los medios de comunicación, sino a
los ciudadanos.
Aseguró que mientras se mantenga ese espíritu ella no votará por esa norma. Aunque
reconoció que se requiere una ley de medios de comunicación, porque los procesos de
autorregulación no han funcionado en el país.
Análisis:
Existen diferentes posturas a favor y en contra de la ley de comunicación que fue aprobada
por una Comisión Ocasional.
Entre las argumentaciones que presentan quienes no están a favor están las siguientes
razones: la primera de ellas es que para que exista un ministerio de comunicación y no uno de
telecomunicaciones como se había planteado, además que este proyecto de ley contempla
de algunas fallas como la medida discriminatoria que apunta con dedicatoria a los
accionistas de medios de comunicación donde se atenta al principio del tratamiento
equitativo de las leyes y se habla únicamente de los medios privados y no de los que están en
manos del gobierno donde también hay conflictos de intereses.
Mientras que las posturas a favor defienden por su lado que los grupos financieros y de
comunicación privados se dediquen exclusivamente a las funciones que como tales les
corresponde, y no tomen parte en otro tipo de actividades ajenas a su objeto. Pero quiero
recalcar en esta defensa solo se nombra a los medios privados mas no los que están en manos
del estado. Ambas posturas encubre ciertos intereses.
Lo expuesto nos debe dar una clara idea de que es lo que se busca al final y ser nosotros
quienes juzguemos.
EL UNIVERSO
Lunes 14 de noviembre del 2011
AEDEP presentó argumentación para declarar desacato e injuria como inconstitucional
Diego Cornejo, director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos de
Ecuador (Aedep), presentó este mediodía una argumentación jurídica de respaldo a la
demanda de Fundamedios, conocida como “Amicus Curie”.
“La despenalización del desacato y los llamados delitos de opinión es una corriente
internacional de los países en democracia, esperamos conocer la opinión jurídica de los jueces
constitucionales del Ecuador”, expresó Cornejo.
La Corte Constitucional deberá conocer mañana, en audiencia pública, la demanda de
inconstitucionalidad presentada por la Fundación Andina para la Observación y Estudios de
Medios (Fundamedios) contra el delito de desacato, tipificado en el artículo 230 del Código
Penal.
Al respecto, la Human Rights Watch (HRW) expresa a los miembros de la Corte Constitucional
de Ecuador que envía algunos argumentos sobre derecho internacional de los derechos
humanos de relevancia para resolver la causa presentada por Fundamedios.
Al igual que la HRW, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información
(CELE) fundamentan su interés de participar en la causa.
En la demanda que fue presentada el 25 de mayo de este año, el director de Fundamedios,
César Ricaurte, señala que la tipificación del desacato contraviene la Constitución de la
República, la Declaratoria Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana de
Derechos Humanos por vulnerar el derecho a la libertad de expresión.
El artículo 230 del Código Penal establece que quien ofenda al presidente de la República o al
que ejerza la Función Ejecutiva será reprimido con seis meses a dos años de prisión y multa de
$ 16 a $ 77.
“Al Estado le corresponde garantizar el derecho a la libertad de expresión y no debe ser el
propio Estado que a través de normas internas viole este derecho”, expresa Fundamedios en
su escrito.
Análisis:
tal como lo señala Cesar Ricaurte quien ejerce el cargo de director ejecutivo de Fundamedios
lo redactado en el artículo 230 del Código Penal transgrede a la constitución al establecer
diferencias entre el faltar el respeto a una autoridad y aun ciudadano común ya que si
hablamos de lo moral ambas personas merecen respeto y ningún individuo vale más que otro
y si nos apoyamos en las leyes estas lo respaldan al mencionar que todos los seres humanos
son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas . Este derecho lo apoya la
constitución del 2008 la cual sigue vigente hasta la actualidad.
No debemos olvidar que la constitución es la máxima ley de nuestro país y que fue creada
para ayudar a la población a mantener el orden, evitar el caos social y proteger los derechos de
los ciudadanos de diversas agresiones y ninguno de sus códigos, estatutos o leyes deben ser
ignorados o violentados. De tal manera las leyes son para todos y nadie está exento de
cumplirlas sino estaría cayendo en la figura de desacato.
Correa acosa a la oposición con demandas, como en el caso de Chuji
EL COMERCIO
Miércoles 16/11/2011
El gobierno de Rafael Correa ha logrado instrumental una exitosa doble estrategia para
neutralizar a la oposición con demandas y juicios en contra de la prensa y de dirigentes
indígenas que lideran la protesta social. Esta es la tesis que mantiene en un blog de la cadena
árabe Aljazeera, la académica Manuela Picq, quien se refiere a este tema a propósito de la
comparecencia que deberá atender la dirigente indígena Mónica Chuji el viernes en el juzgado
15 de lo Penal de Pichincha. Chuji, quien fue secretaria de Comunicación al inicio del Gobierno,
está demandada por el secretario de la Administración, Vinicio Alvarado quien la acusa de
haber mancillado su honra con la afirmación de que es uno de los nuevos ricos del Gobierno.
Esa afirmación la hizo Chuji en una entrevista a EL COMERCIO. Alvarado pide tres años de
cárcel para Chuji y el pago de USD 400 000. Chuji ha dicho que sí asistirá a la audiencia aunque
no descarta que pida asilo político, posiblemente a Canadá según le ha manifestado al diario
Hoy. Manuela Picq, una académica especializada en derechos indígenas de la Amazonia de la
universidad de Amherst, EE.UU., ha publicado una pieza de opinión en la plataforma digital de
Aljazeera. Picq sostiene que el gobierno de Rafael Correa está utilizando el mecanismo de las
demandas para desarticular la protesta social. Por un lado apuntando a la prensa y por otro a
los dirigentes indígenas. En su artículo, Manuela Picq sostiene que más allá de una auténtica
intención de ganar estos juicios como el que le sigue Alvarado a Chuji, está el objetivo de
ejercer presión a los acusados. "Silenciarlos a través de la intimidación y el desgaste de los
procesos legales. Esto es precisamente la estrategia que ha utilizado Correa para debilitar a la
oposición", sostiene Picq. En el artículo se anota que el caso de Chuji no es aislado.
Actualmente hay más de 200 juicios de este tipo que se siguen en contra de activistas que se
oponen a las políticas del Gobierno. Estos juicios, ha dicho Chuji según el blog de Picq, deben
ser interpretados como una retaliación política. Una amenaza dentro de una política a largo
plazo de acoso y censura a las voces de la oposición. Según Picq, una retaliación política bajo
este esquema puede ser particularmente fácil, dado el actual proceso de desmantelamiento
de la autonomía judicial. Con la consulta del 7 de mayo, dice Picq, Correa asumió la
autoridades para reformar el aparato judicial. Con el despido, hasta hoy, de 48 jueces, se
confirma la popular tesis de que los presidentes gobiernan a través de las cortes. Picq también
anota que el caso por injuria en contra de Chuji revela mucho más que un supuesto daño
moral. "Este caso es sintomático de las crecientes prácticas autoritarias del gobierno
ecuatoriano, al igual que la peligrosa pérdida de la autonomía judicial". Anota la autora del
artículo de opinión que Chuji fue una de las más cercanas colaboradoras de Correa y que la
demanda ilustra la voluntad del gobierno para perseguir a quienes tienen visiones distintas,
incluso si provienen de sus propios integrantes. Este caso, agrega, calza en la doble estrategia
del gobierno de Correa para socavar a la oposición. De un lado, la administración de Correa ha
estado apuntando a la prensa, provocando temor y promoviendo el auto censura para
neutralizar el aparecimiento de alternativas políticas, dice. Los periodistas han sido
repetidamente acosados y agredidos, y las demandas han sido utilizadas para castigar a la
oposición en los medios. El caso más visible, dice, es el del diario El Universo. La otra cara de
esta doble estrategia, dice Picq, es el debilitamiento de la oposición indígena. En esa dirección
apunta la desproporcionada "represión legal" en contra de dirigentes indígenas.
Análisis:
En uno de sus enlaces sabatinos el Presidente solicitó públicamente que se condene a Chuji,
que es parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), apoyando de esta
manera a Vinicio Alvarado quien pide que Chuji sea condenada con tres años de prisión y el
pago de USD 250 000 de indemnización, por haberlo llamado “nuevo rico”, durante una
entrevista en El Diario El Comercio.
Con estos antecedentes la demandada seria acusada bajo delito de la injuria, aunque el decir
nuevo rico no es un insulto ahora bien Para la correspondiente clasificación y tipificación de
delito debemos conocer que este está contemplado en el ART. 489 del Código Penal y tiene
dos clasificaciones las mismas que se deben adaptar según el caso:
a) injuria Calumniosa.- cuando consiste en la falsa imputación de un delito; y,
b) injuria No calumniosa.- Cuando consiste en toda otra expresión proferida en descrédito,
deshonra o menosprecio de otra persona, o en cualquier acción ejecutada con el mismo
objeto.
En este caso respectivamente la injuria es no calumniosa ni calumniosa, sin embargo el delito
que se persigue es de la injuria calumniosa por parte del agraviado.
Si existiese el delito el único recurso para hacer desaparecerlo es el Excepto Veritatis, que
corresponde a comprobar lo que se dijo y en esencia se desvanecerse la figura de delito de
injuria.
EL COMERCIO
El Pleno discute sobre reforma tributaria
Miércoles 16/11/2011
Luego de treinta minutos de receso, se reanuda la sesión, en la que desde la mañana se
desarrolla el segundo debate de Ley de Medios. Fernando Cordero suspendió ese tema y dio
paso a la propuesta de Fausto Cobo (PSP), que consiguió 63 votos, para que el Pleno trate la
reforma tributaria, para que no pase por el ministerio de la ley sin que los legisladores se
pronuncien. Hay 110 legisladores en la sala. Cobo interviene y dice que el Pleno es la máxima
autoridad. Alianza País ha ratificado que el Pleno no está sobre la Constitución. Taiano pide
apoyo de Corte Constitucional Vicente Taiano (Prian) dice que con la reforma tributaria están
enredados en un tema que puede avergonzarles. La Comisión de Régimen Económico no
presentó informe para primer debate en los plazos previstos debido a que Ramiro Terán (MPD)
dejó sin quórum. También les pidió no ingresar. Taiano pide encontrar una salida institucional
para que este proyecto económico urgente no pase por el ministerio de la ley, el 24. Hay un
choque y vacío legal entre arts. 140 de la Constitución, que dice que las leyes de urgencia en
materia económica deben tener trámite ordinario no mayor de treinta días. Y el art. 68 de la
ley orgánica de la Función Legislativa. Por eso propone resolver que se deje sin efecto la
resolución del CAL y que se autorice a ola Corte Constitucional la interpretación sobre cuál es
el trámite ordinario. Y que una vez que se tenga la interpretación se suspendan los plazos. El
art. 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que solo el Ejecutivo y mediante
trámite ordinario, la Asamblea Nacional podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir
impuestos.
Análisis:
La Comisión de Régimen Económico debe reunirse a debatir sobre el proyecto buscando en el
mismo establecer reglas que no perjudiquen al pueblo ecuatoriano como llegar a imponer
impuestos nocivos e ilegales.
Los organismos pertinentes deben llegar a un acuerdo dentro del plazo que las leyes
establecen y emitir un informa pertinente, ya que no se pueden establecer impuestos sin
haber realizado un profundo análisis hasta llegar a un consenso que beneficie a la mayoría de
la población ecuatoriana que son finalmente quienes tendrán que pagar los mismos de tal
forma los más afectados en los casos de impuestos por salida de divisas, los denominados
impuestos verdes, entre otros.
Se debe tomar en cuenta que este tipo de impuestos aunque al principio se puede pensar que
incrementaran las guanacias para el país también pueden resultar perjudiciales porque si los
empresarios ya invierten en comprar en nuestro país, difícilmente pueden querer pagar a esto
un valor agregado para sacar los productos y llevarlos afuera.
De tal manera los impuestos que se determinen deberían ajustar al porcentaje de cosas que se
saca del país y deben ajustarse a ciertos parámetros que no perjudiquen a la economía.
EL COMERCIO
Medios y tributos se mezclan en el Pleno
Jueves 17/11/2011
Las dos son rubias. Y tal vez ese es el único punto que tienen en común. Por el lado de Alianza
País: Betty Carrillo. Por la oposición: Cynthia Viteri, de Madera de Guerrero. Ambas se
enfrentaron en el Pleno, ayer, en el segundo debate de la Ley de Comunicación. Carrillo se
dedicó a hablar sobre los ‘mitos’ en torno a esta propuesta. Ironizó diciendo que no entendía a
la oposición, que primero quería que se aprobara el texto y ahora buscaba dilatar el debate.
Esto por la insistencia de Fausto Cobo (PSP), quien pidió a Fernando Cordero que permitiera
resolver sobre la Reforma Tributaria, para evitar que pase por el Ministerio de la Ley, el 24.
Antes, Cobo reconoció que se equivocó el martes en el texto de su pedido de cambio del orden
del día. El ‘Corcho’ anticipó que estudiaría la pertinencia del pedido. Hizo llamadas y siguió el
debate. En su defensa al proyecto, Carrillo descartó que fuese una ‘ley mordaza’; recordó que
sobre eso escribió un libro el activista político Carlos Vera, ex presentador de Ecuavisa.
Comentó que había que regular el lenguaje inapropiado de los medios y criticó a su aliado
Gerardo Morán por adelantar que no votará por algo que los perjudique porque le han dado
apertura. “Si no se aprobara el proyecto, el más contento sería el Ejecutivo porque podrá
seguir clausurando medios”, apuntó.
Enseguida, Viteri le respondió que a confesión de parte, relevo de pruebas... sobre el poder del
presidente Rafael Correa para cerrar medios. Le sugirió prohibir el lenguaje inapropiado que él
usa en los enlaces sabatinos... Interrumpiéndola, Carrillo le gritó: “no me refería al lenguaje de
Correa sino al tuyo”. Viteri contestó: “yo en público no lo uso, pero en privado te lo puede
decir”. Durante la sesión, que tuvo dos jornadas, César Montufar (Concertación) escuchó las
intervenciones de pie. Antes del Pleno ratificó que la única salida era el archivo. Y propuso una
consulta popular, para que el pueblo decida.
A su turno, Jimmy Pinoargote, miembro de la Comisión de Comunicación, expuso sus críticas a
la Ley. Y puso sobre la mesa un tema del que se habló durante la sesión del martes y la de
ayer: la situación de la Reforma Tributaria. “El debate de esta Ley es una cortina de humo para
que el pueblo no se dé cuenta que le están ingresando por debajo impuestos”. La ex A. País,
María Paula Romo, también se refirió al tema, diciendo que no repetiría el discurso de “no más
impuestos”, de la oposición. “Eso es irresponsable, los impuestos pagan las carreteras,
escuelas y nuestros sueldos”. Pero también criticó que se pase una ley sin debatirla. La
posición del oficialismo en torno a la Reforma Tributaria se discutió ayer en la mañana con la
ministra de la Política, Betty Tola.
Según Paco Velasco, presidente de la mesa a cargo del tema, el Pleno no puede violar la
Constitución por una resolución. Mostró un video en el cual se ve a Ramiro Terán (MPD) dejar
sin quórum la sesión en la que se debía aprobar un informe de primer debate. También se ve
cuando les pide a otros tres legisladores no ingresar. Ayer, a las 18:55, luego de 30 minutos de
receso, Cordero comunicó a 110 legisladores que el Consejo de Administración Legislativa
(CAL), integrado por cuatro legisladores oficialistas y tres de oposición, decidió que el Pleno
discutiera una salida para que la reforma tributaria no pasara por el ministerio de la ley.
Vicente Taiano (Prian) planteó pedir a la Corte Constitucional interpretar el vacío legal. Luego
retiró su moción y apoyó la de Gilmar Gutiérrez (PSP), para que se niegue o archive el
proyecto. Hasta el cierre de esta edición, no llegaron a un consenso. Un vistazo a siete leyes
estratégicas Reforma a la Ley de Hidrocarburos Proponente: Presidencia de la República
(urgente). Aprobación: Asamblea no cumplió el trámite y pasó por el Ministerio de la Ley.
Regulación del Mercado (Antimonopolio) Proponente: Presidencia de la República (urgente).
Aprobación: La Asamblea aprobó la Ley casi sin cambios al proyecto original. Ley Orgánica del
Servicio Público Proponente: Presidencia de la República. Aprobación: El Pleno negó la compra
de renuncias, pero el Ejecutivo insistió a través de un decreto. Código Orgánico de la
Producción e Inversiones Proponente: Presidencia de la República (urgente). Aprobación: La
Asamblea aceptó al veto parcial que el Ejecutivo presentó al texto aprobado en el Pleno. Ley
Orgánica de Empresas Públicas Proponente: Presidencia de la República. Aprobación: El
Congreso también aceptó las observaciones del Ejecutivo. Ley de Garantías y Control
Constitucional Proponente: Presidencia de la República. Aprobación: Asamblea solo se ratificó
en 4 de 14 observaciones del Ejecutivo. Ley Orgánica de Educación Superior Proponente:
Presidencia de la República (urgente). Aprobación: Pleno no trató el veto que se aprobó por el
Ministerio de la Ley.
Análisis:
La discusión sobre si debe aprobarse la Ley de comunicación sigue vigente, en tanto la
aplicación de la misma demandaría la creación de un Concejo. El problema con este asunto es
que este organismo debe ser independiente de las partes en conflicto y no ser controlado por
el gobierno para que no se produzcan errores e incluso el cometimiento de delitos.
Si se desea crear un Concejo de Regulación para vigilar los contenidos de los medios de
comunicación no tiene sentido que estas designaciones de quienes lo conformen sean
personas que solo obedecerán a quien predomine en la política nacional.
Los procesos deben respetarse y cumplirse en el tiempo estipulado que determina la ley.
EL UNIVERSO
Jueves 17 de noviembre del 2011 Política
Admiten que desacato no es constitucional
La Presidencia de la República, la Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado se
pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad del artículo 230 del Código Penal que tipifica el
desacato en el marco de la demanda presentada por Fundamedios ante la Corte Constitucional
(CC).
Aunque el abogado Farith Simon, en representación de Fundamedios, insistió ayer, en la
audiencia pública instalada en la Corte por esta causa, que es necesario declarar la
inconstitucionalidad del artículo 230 y de diez artículos relacionados más, solo el
representante de la Procuraduría, Jimmy Carvajal, se refirió en plural a “las normas...
impugnadas”.
La Presidencia de la República y la Asamblea no enviaron representantes y, a través de
respuestas por escrito, señalaron estar de acuerdo específicamente con la inconstitucionalidad
del artículo 230 sin hacer referencia a las normas relacionadas al desacato que también
penalizan la opinión y constan en los artículos 121, 128, 133, 135, 231, 232, 233, 234, 297, 493
del Código Penal.
En cuanto a la penalización de las injurias, establecida en los artículos 489 al 502 del Código
Penal, Simon señaló que también son normas contrarias a la Constitución y los instrumentos
internacionales, pero tanto la Asamblea como la Procuraduría se expresaron a favor de que se
mantengan estos artículos, considerados como los delitos contra la honra de las personas,
independientemente de si son o no autoridades.
“Es evidente que la honra de los servidores públicos, al igual que la honra de los demás
ciudadanos no quedaría desprotegida en la medida que para el efecto se encuentran
dispuestas aquellas disposiciones concentradas en el artículo 489 al 495 del Código Penal que
en definitiva se refiere al delito de injurias”, dijo Carvajal al juez constitucional encargado de la
sustanciación del caso, Alfonso Luz Yúnez, quien estaba acompañado del magistrado Hernando
Morales.
Al final de la audiencia, el director de Fundamedios, César Ricaurte, señaló que una
declaratoria de inconstitucionalidad del desacato y sus normas conexas sentaría un
precedente en los juicios que actualmente siguen autoridades contra periodistas o medios de
comunicación.
Este es el caso de Diario EL UNIVERSO que afronta una demanda del presidente Rafael Correa
por $ 40 millones y tres años de prisión en contra de sus directivos Carlos, César y Nicolás
Pérez y su ex editor de Opinión, Emilio Palacio y, de los periodistas Juan Carlos Calderón y
Christian Zurita, demandados también por Correa, quien pide $ 10 millones.
En esta semana la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Human Rights
Watch y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la
Universidad de Palermo (Argentina) presentaron sus argumentos de respaldo a la demanda
hecha por Fundamedios.
Los demandantes señalan que tener como norma jurídica el desacato y artículos relacionados
contraviene la Constitución, la Declaratoria Universal de Derechos Humanos y la Convención
Americana de Derechos Humanos por vulnerar la libertad de expresión.
Trámite: En la Corte Constitucional Civil La organización Fundamedios insistió ayer en que las sanciones de carácter civil no deben ser exageradas para que no se conviertan en vehículos de censura previa indirecta. Legitimación La Procuraduría General del Estado tiene 72 horas para presentar la legitimación de su argumentación, es decir, para remitir por escrito a la Corte Constitucional su contestación sobre el caso. Plazo Los magistrados no especificaron si existe o no plazo para que la Corte Constitucional dé su dictamen definitivo sobre este caso. Análisis:
Luego de haberse dado la impugnación al artículo 230 del Código Penal contra el delito de
desacato, las autoridades como Presidente de la república y Procurador General del Estado
deben intervenir para disputar o defender la misma en un plazo no mayor a quince días.
Sin embargo existen varias defensas a favor de declarar como inconstitucional a este artículo
del Código Penal entre ellas esta que violenta la Constitución de la República del Ecuador en
los artículos 66 y 76 para lo cual expongo su contenido:
El artículo 66 garantiza el derecho de opinar libremente, mientras que el artículo 76 determina
que “en todo proceso en el que se determinen obligaciones de cualquier orden se asegurará el
derecho al debido proceso…”
Más allá de violentar los derechos humanos donde por lo expresado por la Convención
Interamericana de Derechos Humanos según el artículo 13 establece que toda apersona tiene
el derecho a la libertad de pensamiento y expresión que comprende: buscar, recibir, difundir
informaciones e ideas de todo tipo.
Vivimos en un país democrático por lo tanto no se debe coartar la libertad de expresión
porque este es un derecho fundamental e improrrogable de la democracia.
No se pueden aplicar demandas que vayan en contra de los derechos de los ciudadanos y que
más aun violen lo estipulado en la Constitución.
EL COMERCIO
Diego Cornejo: ‘Somos víctimas de un poder abusivo’
Viernes 18/11/2011
“Somos víctimas de un poder abusivo”, dice Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación
Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP). Cornejo denuncia que las cadenas nacionales
de televisión en su contra y en contra de Fundamedios pretenden convertirlos en
delincuentes. Aclara que el Gobierno también tuvo oportunidad de defenderse en
Washington, pero lamenta el papel que cumplió el canciller Patiño: “Fue un fracaso rotundo”.
Cornejo añade que el Ecuador no vive un “estado de opinión”, como dice el presidente Correa,
sino un estado de propaganda que implanta marcas, conceptos, adjetivos y estigmas como
“prensa corrupta” y “sicarios de tinta”.
Análisis:
Actualmente los medios de comunicación son utilizados como una herramienta para
desprestigiar a los periodistas que se consideran independientes y no son afines al gobierno.
Ahora es muy usual que mediante noticias negativas los actores principales de las mismas son
los periodistas o en algunos casos los dueños de los medios de comunicación como sucedió en
el caso el universo.
En este momento nuestro país vive en un estado de propaganda como lo menciona Diego
Cornejo Menacho quien es el nuevo Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de
Editores de Periódicos (AEDEP), en reemplazo de Alfredo Negrete.
Hoy en día es muy común que se escuche o se vea propaganda de desprestigio hacia un sector
de periodistas, sobre todo en los enlaces sabatinos que duran horas y que son espacios que
deben utilizados para informar sobre lo que se hace en el país.
EL COMERCIO
Rafael Correa y Doris Soliz asistieron a la audiencia contra Mónica Chuji
Viernes 18/11/2011
La audiencia final contra la ex secretaria de Comunicación del Gobierno, Mónica Chuji,
comenzó sin posibilidad de acceso a la prensa. A la 14:00 llegó el denunciante, Vinicio
Alvarado. Él acusó a Chuji de supuestas injurias calumniosas y pidió una sentencia de 3 años y
USD 250 mil. El actual Secretario de la Administración toma como evidencia la entrevista de
Chuji con este Diario, el 6 de febrero. Allí la dirigente, quien fue secretaria de Comunicación de
Correa y asambleísta de A. País, aseguró que Alvarado era uno de los "nuevos ricos del
Gobierno". Alvarado ingresó a la sala con guardaespaldas. También ingresaron la ministra de
Desarrollo Social, Doris Soliz, junto con un nutrido equipo y finalmente, a las 14:18, arribó el
presidente Rafael Correa quien ingresó junto con seis colaboradores. Por el lado del Gobierno,
también asistieron el secretario de Alianza País, Galo Mora; el secretario Jurídico de la
Presidencia, Alexis Mera; y el hermano del demandante y secretario de Comunicación,
Fernando Alvarado. Chuji en cambio llegó con el dirigente indígena Humberto Cholango, su
hermano y otro acompañante. Más tarde se hizo presente la asambleísta por Pachakutik,
Lourdes Tibán; dijo que el Gobierno persigue al movimiento indígena. Marcos Martínez, ex
asambleísta de Montecristi, denunció que en la audiencia solamente se estaba permitiendo la
entrada de la gente del Gobierno y que eso era una audiencia no un linchamiento
gubernamental. El Primer Mandatario, después de más de una hora, abandonó la sala del
Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal de Pichincha. Afirmó que no van a permitir más
acusaciones falsas, que se defenderán con la ley en la mano. La audiencia terminó. Chuji salió
junto con las asambleístas Diana Atamait y Tibán. Ratificó que lo que dijo no fue difamación.
Los hermanos Alvarado, Soliz y Mora salieron sin dar declaraciones. El Juez décimo cuarto de lo
penal, Wilson Lozada, tiene cuatro días (hasta el Martes) para dictar una sentencia en este
caso.
Análisis:
En este caso se debe presentar las pruebas que ratifiquen lo que la Sra. Mónica Chuji ex
secretaria de Comunicación del Gobierno dijo en la entrevista al Diario El Comercio.
Por otro lado no se debe buscar oscurecer el proceso aplicando influencias por parte de
quienes son aliados del gobierno.
Además d la acusad tiene todo el derecho a su defensa y de ser acompañada de su gente.
Al ratificar que lo que dijo no fue una difamación debe seguir con los procesos
correspondientes y necesarios para comprobar que no existe tal delito.
Porque en tal caso el decir nuevo rico no es insulto ni está tipificada dentro de las leyes.
EL COMERCIO
Cordero y Mera niegan validez de resolución sobre reforma tributaria
Viernes 18/11/2011
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, dijo que para archivar un proyecto de ley se
necesitan 63 votos y que lo que ocurrió el jueves no tiene validez jurídica. “Lo de ayer es una
expresión política”, dijo Cordero en relación al tratamiento de la reforma tributaria, según lo
consignó en su cuenta @anniecanizares, periodista de Teleamazonas. Al mismo tiempo, el
secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, calificó como un saludo a la bandera a la
resolución de la Asamblea (propuesta por la oposición) para negar el proyecto de reforma
tributaria. Estas declaraciones responden a la resolución aprobada con 53 votos el jueves. Así
lo informa el portal electrónico del Gobierno, El Ciudadano. Según la Ley de la Función
Legislativa, se necesita el voto de la mayoría absoluta de la sala (63 votos) para aprobar este
tipo de medidas, por lo que “no deja de ser más que una simple opinión”, dijo Mera al
recordar que no contaron con los votos suficientes. El Ciudadano informa que Mera descartó
que por parte del Ejecutivo se pidan algún tipo de aclaración, al tiempo que resaltó que “el
plazo para tratar la Ley vence el miércoles (23 de noviembre) a la media noche y le jueves se
tomará la decisión”. Asimismo, desde Santo Domingo de los Tsáchilas, el Presidente Rafael
Correa cuestionó la forma como se aprobó la resolución señalando que “fue un exhorto, lo que
siempre andan haciendo (los asambleístas de oposición), malgastando el sueldo que les paga
el pueblo ecuatoriano”. La urgencia obliga a la Legislatura a emitir sus observaciones en un
plazo de 30 días. En caso contrario, el proyecto se convierte en ley.
Análisis:
Según el marco legal que rodea este hecho existe un plazo de 30 días para evitar que el
proyecto se convierta en ley para lo cual para su negación es necesario contar con 63 votos en
contra de la misma.
Entre los aspectos que deben tomarse en cuentas son los beneficios y los prejuicios que puede
causar la misma si esta entra en vigencia porque no solo se trata de ganancias a partir de los
impuestos, sino también de que pueden disminuir el número de inversiones que hasta el
momento tenemos con la venta de nuestros productos al exterior.
A esto se suma que se debe considerar si los valores a los impuestos de renta serán favorables
en qué medida y cuáles son los valores que se aplicarán a los consumos especiales fijando
porcentajes claros y números que demuestren cuan favorable es para el país este nuevo
esquema.
EL COMERCIO
Médico cuestionado en cadena nacional responde al Gobierno
Lunes 21/11/2011
En una cadena transmitida desde la noche de ayer y la mañana de hoy, el Gobierno cuestionó
las críticas del médico Milton Jijón a la compra de renuncias obligatorias, quien a su vez las
calificó de “infamias”. Jijón es uno de los 110 médicos que han sido despedidos del sector
público. Genetista y con una puntuación de 99 sobre 100, impulsó proyectos como la primera
unidad de diálisis renal infantil o la unidad para tratamientos de síndromes genéticos en el
Hospital de Niños Baca Ortiz, donde fue director. En la cadena, el Gobierno afirmó que solo
atendía dos pacientes por día y en el 2011 “ni un solo paciente por día”. Jijón explica que
desde el 2007 hasta el 2009 en su calidad de director del Hospital no estaba en sus
obligaciones trabajar en consulta externa. “Pese a eso al no haber otro genetista clínico
examinaba pacientes”. Mientras que en el 2010 hasta inicios del 2011 su tiempo lo dedicó a la
misión gubernamental Manuela Espejo, que estudió las causas de las discapacidades en el
Ecuador. Jijón ha mencionado que no recibió remuneración por esta labor. “Jijón nunca
trabajó gratis, recibió el sueldo del hospital Baca Ortiz (donde trabajaba antes de la renuncia
obligatoria) y no dijo que recibió 5 000 dólares en viáticos el 2010”, se dijo en la transmisión
del Ejecutivo. Jijón aclaró que trabajó durante casi 13 meses “yo recibí una cantidad mucho
menor a los 5 000 dólares”. Según él, se le pagó unos 300 dólares y sí mantuvo su sueldo en el
hospital. “Para irme a la misión renuncié a mi salario como director y pasé a una comisión de
servicio con un sueldo básico unificado”. “Yo tengo hijos, familia, pago pensiones, ni modo que
pueda sobrevivir con solo 300 dólares mensuales”. “La preeminencia de una gestión sin
precedentes ha creado al parecer celos en algún sector del Gobierno y por eso se adelantan en
hacer una campaña de difamación”, agregó. El médico adelantó que analiza posibles acciones
legales contra su despido y de las afirmaciones difundidas en la cadena nacional.
Análisis:
Al ser un medico con una puntuación de 99 puntos sobre 100 difícil es pensar que era un mal
elemento como se lo cuestiono a través de las largas cadenas sabatinas que se emiten por
parte del gobierno. De tal manera no es excusable que su despido fue porque el no brindaba
consulta cuando el cargo que ostentaba era el de director y debía por lo tanto cuidar que todo
marche bien en cuanto al servicio que brindan quienes trabajaban dentro del hospital y la
administración del mismo.
En este caso el Dr. podría presentar acciones legales contra el gobierno debido a que los
argumentos para su despido son flojos y pobres.
EL COMERCIO
Rodríguez pide votar artículo por artículo la Ley de Medios
Martes 22/11/2011
La sesión del Pleno número 136 se reinstaló cuarenta minutos tarde, estaba convocada para
las 09:30. Es la continuación del segundo debate de la Ley de Medios. Hay 78 legisladores
presentes de 124. César Rodríguez, desafiliado de Alianza País, en julio pasado, mocionó en el
Pleno que la Ley de Comunicación debe ser aprobada. Esto como "una responsabilidad
histórica" y un mandato constitucional, en referencia a la consulta popular del 07 de mayo
pasado. Sin embargo, pidió que se debata artículo por artículo. Antes señaló: "no creo que la
mejor ley es la que no existe porque no creo en la auto regulación de los medios. Pero
tampoco creo que los medios deban ser sumisos ni alineados al gobierno de Rafael Correa".
Además, criticó que se mantenga la "feria de frecuencias de radio". Cuestionó que según él, los
medios estén ajenos a necesidades ciudadanas. Dijo que, por ejemplo, presentan a la
inseguridad como algo enorme e incontrolable, generan miedo. También criticó a la
programación difundida en los medios incautados, calificándola como una evidencia del "doble
discurso que maneja el Régimen". Asimismo, abogó por medios no alienantes y tampoco
vinculados a ningún poder, incluso el poder político gobernante. Según este legislador, la
comunicación como se la maneja actualmente es "primitiva y maniquea". En este sentido, dijo
que el Gobierno usa la propaganda y la publicidad para polarizar y dividir. Jorge Escala (MPD)
dijo que en nada se diferencia el comunicador Jorge Ortiz con Carlos Ochoa. Llamó al
periodista de GamaTv "sinvergüenza" porque insulta a su partido. Escala asegura que ha
pedido derecho a la réplica y no ha recibido respuesta. La municipalista Nívea Vélez, en su
intervención, cuestionó el papel de los medios públicos. Dijo que éstos han servido para
denigrar a quienes se oponen. Además, afirmó que le sorprende los sueldos que reciben los
periodistas que trabajan en esos medios, a quienes llamó 'mercenarios de comunicación'. La
legisladora independiente Scheznarda Fernández apoya el no archivo del proyecto de Ley.
Considera que regular a los medios de comunicación y la responsabilidad ulterior es una
necesidad. Paco Moncayo (Alianza Libertad) también intervino. Es uno de los 36 legisladores
que deben presentar su posición sobre la Ley de Comunicación en esta sesión. Criticó los
juicios a periodistas iniciados en el gobierno de Rafael Correa, con el fin de resarcir honra
afectada. Además, sostuvo que no se puede hablar de una ley anti medios privados,
comunitarios y públicos. El asambleísta oficialista Juan Carlos Cassinelli cuestionó sorprendido
que de los 1525 miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el 65% pertenezcan
a EE.UU. y el 100% a diarios privados.
Para el legislador de Alianza País, la actual de Ley de Radio y Televisión ha permitido a los
medios de comunicación "convertirse en verdaderos monopolios capaces para derrocar
presidentes". "La libertad de expresión no es el derecho subjetivo de ciertos comunicadores",
dijo Cassinelli.
Análisis:
La ley de medios con la cual se busca regular los contenidos que se presentan en los medios de
comunicación debe si bien es cierto ser estudiada y evaluada artículo por artículo como lo
propone César Rodríguez ex miembro del partido de Alianza País y no ser tomada en su
totalidad ya que si esto sucede esto favorecerá a ciertos grupos de poder perjudicando a otros
por los vacíos legales existentes que siempre dan hincapié para manipular o tergiversar las
leyes a conveniencia.
Dentro del proyecto debe tomarse en cuenta la cantidad de espacios que se obliga a destinar
la publicidad y programación oficial, ya que sabemos que esa disposición no es una elección
sino una exigencia que si se incumple se debe pagar una multa, si bien el gobierno le debe a la
ciudadanía una rendición de cuentas estos espacios deben ser equilibrados entre todos los
entes del estado, tanto nacional como seccional, y no restringirse únicamente al gobierno o en
otras palabras la Función Ejecutiva.
Lo que debe regularse es por tanto la cantidad y extensión de los espacios antes mencionados
el equilibrio de los mismos como antes menciones y que estos sean empleados para lo que
fueron creados una rendición de cuentas no para desatar polémicas.
Sobre la incautación de medios se debe regular que quienes están al frente de los mismos no
este ni a favor ni en contra dl gobierno de tal manera que los medios que están incautados por
el gobierno deben ser subastados mediante mecanismos transparentes. Pero por ningún
motivo estos medios deben seguir bajo lo que disponen sectores de poder porque se cae en
proselitismo oficial.
EL COMERCIO
Gobierno acepta que no puede demostrar la corrupción en los despidos
Martes 22/11/2011
La falta de argumentos técnicos por el despido de 2 700 burócratas puede pasarle la factura al
Gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, al justificar la medida implementada a
finales del mes pasado, señaló ayer que “hay corrupciones evidentes, pero que no se pueden
demostrar. Tenemos que actuar”.
Si no se puede demostrar algo evidente, las demandas legales que han emprendido cientos de
servidores públicos que fueron separados pueden tener éxito en las instancias legales.
Freddy Carrión, abogado laborista, señaló hoy en Radio Visión que una acusación de actos de
corrupción se debe tramitar a través de sumarios administrativos, sin ninguna indemnización.
No se puede generalizar la corrupción en los servidores públicos, pues el propio Presidente ha
dicho que no decir la verdad completa es una forma de corrupción. En ese sentido, los
despidos bajo esa justificación es “ilegal y además es inhumano”. Alabó que se trate de
mejorar el servicio público que tiene demasiadas falencias, pero eso no quita el hecho que se
tenga que hacer un debido proceso para que las personas que salgan de la función pública lo
hagan adecuada o legalmente.
Por su parte, Marcelo Solórzano, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector
Público, cree que lo prudente hubiera sido que se eleve a sumarios administrativos a los
servidores de carrera. Existen 36 causales para destituirlos. El proceso de separación de
funcionarios públicos ha carecido de objetividad y se ha dado sobre un sinnúmero de
suposiciones que al final aparecen válidas.
Análisis:
Al no existir los fundamentos para demostrar el porqué del despido a 2700 empleados de la
salud convertiría a este hecho en inconstitucional e ilegal, esto de tal manera es inaudito ya
que en declaraciones por parte del gobierno la justificación que se presentaba era que el
despido intempestivo a un gran número de servidores públicos fue porque hacían mal su
trabajo sin presentarse una lista de nombres y con cada uno respectivamente la prueba o
pruebas que evidencien lo manifestado.
Hagamos remembranza de algo acontecido hace un tiempo atrás cuando la función ejecutiva
dijo en palabras textuales lo siguiente “no decir la verdad completa es una forma de
corrupción” de tal manera que si las medidas que se aplicaron eran justas se debió mostrar
todo lo que evidenciaba el mal servicio de los galenos y no caer en decisiones
inconstitucionales.
Muy aparte de lo dicho anteriormente está el impacto que esto causa en la honra de la gente
despedida eliminando cualquier posibilidad de buscar trabajo en otro lugar por haber sido
calificado como un mal elemento. En resumen causando implicaciones negativas de tipo
económico, psicológico.
EL UNIVERSO
Miércoles 23 de noviembre del 2011 | 11:12 Política
Periodistas acudieron a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea
La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional recibió esta mañana a la
delegación de periodistas que viajó el pasado 25 de octubre a Washington, en Estados Unidos,
para exponer la situación de la libertad de expresión en el Ecuador.
El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, y
Cristian Zurita, coautor del libro 'El Gran Hermano', solicitaron a la Comisión que se realice una
investigación profunda sobre el uso de los recursos públicos que se invierten en cadenas
nacionales realizadas por la Secretaria Nacional de Comunicación (Secom).
Los periodistas argumentan que, con estas cadenas de radio y televisión, el Gobierno trata de
desprestigiar a los peticionarios que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), para denunciar sobre las amenazas a la libertad de expresión.
La presidenta de esta Comisión, la asambleísta Lourdes Tibán (Pachakutik), señaló que se van a
investigar los incrementos de estos recursos, y más aún todavía cuando se contempla para el
tratamiento del manejo comunicacional, en la proforma presupuestaria para el 2012, más de
200 millones de dólares, detalló Radio City (89.3 FM para Guayaquil).
Análisis:
Las formas de intimidación de las que hoy son víctimas todos aquellos que comparecieron ante
la (CIDH) Corte Interamericana de Derechos Humanos ocurrieron de manera breve, según las
declaraciones de algunos representantes de los medios de comunicación
Lo que evidencia una gran disputa por el poder y ahora los actores de la noticia son los
periodistas, los dueños de un medio de comunicación, además de personas que pertenecen al
gobierno.
Es conveniente que observemos lo que ahora sucede en los medios de comunicación donde el
gobierno ahora ha encontrado en su peor enemigo su mejor aliado ya que mediante los
medios incautados diariamente se trasmite una campaña de desprestigio creando de tal
manera arrebatos e indignación hacia el personal que labora en los medios y que no están de
acuerdo con el actual gobierno presidido por el Presidente Rafael Correa.
EL UNIVERSO
Miércoles 23 de noviembre del 2011
Remesas hacia Ecuador caen un 4,7 % en el tercer trimestre por la crisis internacional
EFE | QUITO
Las remesas que recibe Ecuador cayeron un 4,7 % en el tercer trimestre del año, al sumar unos
597 millones de dólares frente a los 626 millones de los tres meses anteriores, debido
principalmente a una reducción aguda de los envíos desde España, informó hoy el Banco
Central del Ecuador.
En comparación con el tercer trimestre de 2010 bajaron un 2,4 %, pues entonces entraron en
el país 612 millones de dólares en remesas, detalló el Banco Central en un comunicado.
La disminución se atribuye a la crisis internacional que afecta a Estados Unidos y a Europa, en
particular España, indicó el Banco Central.
Estados Unidos es el principal origen de las remesas, con 269 millones de dólares en el tercer
trimestre, tras una caída de un 0,6 % frente a los tres meses anteriores.
Los envíos desde España bajaron un 12,5 % entre julio y septiembre y quedaron en 228
millones de dólares, tras haber alcanzado 260 millones tres meses antes.
Las remesas procedentes de Italia aumentaron un 27,3 %, pues en el tercer trimestre
ascendieron a casi 47 millones de dólares, frente a los casi 37 millones del segundo trimestre,
mientras que los envíos de dinero de otros países se redujeron un 8,6 %, al pasar de los 57
millones de dólares a 52 millones en ese período.
Las remesas llegaron principalmente a las provincias de Guayas, Pichincha, Cañar, Loja y
Tungurahua, que sumaron 488 millones de dólares del total de las remesas en el tercer
trimestre.
Análisis:
El aporte que los migrantes ecuatorianos generen a nuestro país mediante las remesas
dependerá totalmente de las medidas que tomen Estados Unidos, Europa y España para frenar
la crisis; ya que si sus actividades de comercio y otras no logran aumentar con miras al
progreso las remesas generadas hasta el momento seguirán cayendo inevitablemente y las
pérdidas ya no serán de un 5% sino en un porcentaje mucho mayor al citado por el Banco
Central en un comunicado.
EL COMERCIO
"Yo sí le dije traidor y me ratifico": Salvador Quishpe luego de incidentes con Correa
Jueves 24/11/2011
"Yo sí le dije que es un traidor y me ratifico en eso porque él prometió recuperar la patria y
ahora se la está entregando a las mineras canadienses y chinas". Así respondió hoy Salvador
Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, a la versión de la agencia gubernamental Andes según
la cual Quishpe habría agredido al presidente Rafael Correa esta madrugada en el recinto
Nuevo Paraíso. La versión de la gubernamental Andes dice que el altercado se produjo debido
a que el líder indígena habría interrumpido la caravana en la que iba Correa con destino a la
comunidad Nuevo Paraíso. Además, habría insultado y lanzado piedras a Correa, dice Andes.
Esta tarde, el portal web de El Ciudadano publicó un video sobre el incidente. La grabación
muestra primero al líder indígena bailando durante las campañas para las elecciones de la
junta parroquial, que se desarrollará este domingo. Luego, el Prefecto aparece en un cruce de
palabras con Correa, donde Quishpe le dice a Correa traidor, vende patria.
Quisphe al ser consultado por este Diario sobre este tema dijo que el incidente se produjo a las
dos de la mañana. Él salía del recinto Nuevo Paraíso que este domingo celebra elecciones de
sus autoridades parroquiales y luego de cruzar a pie el puente colgante trató de salir del lugar
en su carro. Según la versión del Prefecto, el carro estaba bloqueado por un grupo de militares
que esperaban la llegada del Presidente. Como la carretera es muy angosta, explica, su
vehículo no podía moverse cuando en esas circunstancias llegó el Presidente. Según Quishpe
cuando Correa lo vio exclamó "Ahí está el loco de Quispe". Según la versión del Prefecto, ante
ese insulto el le dijo "Qué le pasa traidor. Ofreciste devolver la patria y estás entregando la
riqueza de nuestro pueblo a las mineras canadienses y chinas". Inmediatamente, Correa se
enfureció y trató de salir de su carro para golpearme pero su guardia se lo impidió, sostiene el
prefecto. En cambio, la versión de la gubernamental Andes dice lo siguiente: "El prefecto y su
comitiva nos recibió con piedras, ¿esos son los dirigentes que queremos?", preguntó el primer
mandatario durante un desayuno de trabajo junto a la comunidad de Nuevo Paraíso. Para el
Prefecto y dirigente indígena, el verdadero meollo del incidente se explica en las elecciones de
Nuevo Paraíso que tiene que elegir a sus nuevas autoridades parroquiales. De esas elecciones
depende, dice, el futuro de la extracción minera de la zona ya que hay concesiones a favor de
las empresas Kinross y Aurelian. "Es muy extraño que el Presidente llegue a las dos de la
mañana. Lo que pasa es que trata de recuperar espacio en Zamora Chinchipe para poder
entregar la riqueza que es de todo el pueblo", sostiene.
El Gobierno, a través de Andes, también informó que luego del incidente, la Policía detuvo al
hermano de Quishpe. El Prefecto sostiene desconocer el paradero de su hermano y
responsabilizó al Presidente de cualquier cosa que le ocurra. "Él se quedó cuidando el carro
porque yo con mi chofer tuvimos que salir en otro", sostiene Salvador Quishpe. Según el
Prefecto y dirigente indígena, Correa tiene planificado quedarse tres días en Zamora haciendo
campaña. En el portal de la Presidencia de la República, por su lado, se dijo que Correa fue
recibido afectuosamente por el recinto Nuevo Paraíso. Ahí se afirma que Correa estaba
acompañado por los ministros de Salud, David Chiriboga; Inclusión Económica Social, Ximena
Ponce; Comunicación, Fernando Alvarado; Secretario de Ecorae, Carlos Viteri, entre otros. "El
Jefe de Estado acudió a la parroquia con un mensaje de esperanza, paz y solidaridad", dice el
portal. "Nosotros les traemos un mensaje de paz, armonía y democracia", dijo el Presidente,
según la Presidencia, frente a la plaza principal del poblado, que rechazó la actitud violenta de
pocos ciudadanos cuya intención fue provocar incidentes a su llegada. Agregó que "había
gente bebiendo (...) de hecho apedrearon a algunos funcionarios de Gobierno, desde la sede
de la otra lista que está a la entrada de la parroquia", expresó, al tiempo de aclarar que es su
derecho ir a todos los lugares de la Patria.
Respecto a las elecciones para escoger al Presidente de la Junta Parroquial de Nuevo Paraíso,
la Presidencia de la República dice que Correa vaticinó que el candidato oficial derrotará a una
oposición violenta que representa a la partidocracia. "Está en sus manos elegir entre los
peleones, tira piedras, mentirosos; o una Junta Parroquial para que su presidente y alcalde
trabajen juntos con la seguridad de sacar adelante a Nuevo Paraíso y Zamora".
Análisis:
El enfrentamiento entre el prefecto de Zamora y el PRESIDENTE Rafael Correa evidencia el
problema que existe por la explotación de recursos como el petróleo. Del altercado existe la
discusión de quien empezó con los agravios y quien respondió a lo que se manifiesta que quien
se pronunció primero diciendo ahí está el loco del Quishpe y como respuesta este le diría al
presidente vende patria pero antes de esto le diría respete Presidente .
En tal caso no existiría un delito que perseguir ya que si un agravio es respondido con otro no
existe delito.
Debemos tener en cuenta la visita hecha por el Presidente al mismo tiempo en que tres
provincias entraron a elecciones y donde el movimiento país es uno de los más interesados en
gobernar.
EL UNIVERSO
Viernes 25 de noviembre del 2011
Ecuador decomisa una tonelada de marihuana en frontera con Colombia
AFP | QUITO
Ecuador incautó una tonelada de marihuana en la provincia costera de Esmeraldas (noroeste y
limítrofe con Colombia) en operativos que además incluyeron la ubicación de dos laboratorios
para procesar cocaína, informó el viernes la Policía.
La droga fue hallada en el subterráneo construido en una casa de la periferia de la ciudad de
Esmeraldas (capital provincial), indicó el coronel Fernando Basante, comandante policial en
esa jurisdicción, quien apuntó que el alijo sería de "un millón de gramos (una tonelada)".
En los últimos días, la Policía también localizó dos laboratorios para procesar cocaína, uno de
los cuales estaba a punto de entrar en funcionamiento para elaborar dos toneladas de droga al
mes.
"La pasta básica (de cocaína para ser refinada) subía desde el sur de nuestro país (frontera con
Perú)", dijo a su vez el jefe Antinarcóticos de la provincia costera del Guayas (suroeste), Freddy
Ramos.
Agregó que "los laboratorios encontrados son de conversión y refinamiento, es decir que traen
la pasta básica y aquí la refinan y la convierten en clorhidrato de cocaína. Eso no nos pone en
un sitio de productores".
Las operaciones dejan unos 14 detenidos, entre ellos seis colombianos.
Entre enero y octubre de 2011, fueron confiscadas unas 13,2 toneladas de drogas,
principalmente cocaína, en las provincias de Guayas y Pichincha (capital Quito), las más
populosas del país, según la Policía.
Ecuador aprehendió un récord de 68 toneladas de drogas (64 de ellas de cocaína) en todo el
2009 y 18 toneladas en 2010, de acuerdo con la institución.
Análisis:
En Ecuador según el artículo 364 del código penal la pena por el delito de tráfico ilícito,
tenencia o transporte de drogas es de 12 a 16 años.
En Colombia este tipo de delitos conllevan penas de prisión de 3 a 20 años, así como fuertes
multas. Sin embargo esto no ha sido impedimento suficiente para que se siga buscando las
formas de trasportarla de un país a otro.
Los operativos que se hacen en las zonas limítrofes deben incrementarse al mismo tiempo que
deben ser ininterrumpidos para de esta forma cerrar las puertas a l narcotráfico e ir limitando
sus opciones de transporte y bajar los porcentajes de consumo y venta.
La mejor prevención para los ciudadanos es que no deben aceptar llevar ni cuidar paquetes y
equipajes ajenos.
EL UNIVERSO
Viernes 25 de noviembre del 2011
Representantes de la Amazonía ecuatoriana abordan planes mineros y petroleros
EFE | ZAMORA
Autoridades de las provincias amazónicas de Ecuador se congregaron hoy en la localidad de
Zamora para tratar los problemas de la región, en particular los planes del Gobierno para
implantar la minería a gran escala y abrir nuevas zonas a la exploración petrolera.
La III Cumbre de la Región Amazónica reunió a los prefectos de la zona, la máxima autoridad
electa de las provincias, con la ausencia del de Sucumbíos, Orlando Grefa.
El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, del movimiento indígena opositor
Pachakutik, pidió una ley que "respete los derechos ambientales de la Amazonía" y se opuso a
los contratos mineros que el Gobierno ha dicho que está a punto de firmar con empresas
privadas, al tiempo que se quejó de la falta de información sobre el plan minero del Ejecutivo.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, mantiene que esos contratos son necesarios para
financiar el desarrollo del país.
"No podemos ser pobres sentados en un sofá de oro", manifestó el mandatario el pasado
martes en un encuentro con la prensa extranjera.
En julio, el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pástor, dijo que Ecuador
negocia con cinco empresas extranjeras concesiones mineras que implicarían una inversión de
4.020 millones de dólares y con las cuales comenzarían las explotaciones a gran escala en el
país.
Quishpe también pidió que haya una reforma en la ley ecuatoriana porque, según él, de cada
barril de petróleo que el país exporta, un dólar se queda en la Amazonía, mientras que ellos
piden que se quede como mínimo un dólar por barril extraído.
Sin embargo, el Gobierno sostiene que destina un 12 % de la renta petrolera a las
comunidades amazónicas, de donde sale la totalidad del crudo ecuatoriano, unos 500.000
barriles al día actualmente.
El Ejecutivo pretende abrir a licitación 21 nuevos bloques petroleros de 200.000 hectáreas
cada uno en esa región.
Quishpe dijo que otras de las peticiones a corto plazo es que el Ejecutivo transfiera más
recursos a la zona para construir carreteras, escuelas y otras infraestructuras, así como que se
aumenten las atribuciones de las regiones y que la ley territorial reconozca a la Amazonía,
compuesta por seis provincias, como una zona autónoma.
Actualmente, la provincia de Zamora Chinchipe está agrupada en la misma entidad territorial
que la serrana de Loja y la costera del Oro, mientras que los prefectos apoyan la creación de
una circunscripción territorial amazónica.
La cumbre estuvo marcada por la crítica al Gobierno, pues todos los prefectos son de partidos
de oposición, y por las muestras de apoyo a Quisphe por parte de sus homólogos tras un
encontronazo que sostuvo con Correa ayer de madrugada.
En un vídeo difundido por el periódico oficial El Ciudadano se ve a Quisphe llamándole
"traidor, vende patria" a Correa.
El secretario General de Comunicación, Fernando Alvarado, acusó a Quisphe de agredirle
físicamente, mientras que el prefecto no quiso pronunciarse sobre el tema. "Que digan lo que
quieran", dijo.
En la cumbre se esperaba que acudieran el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento),
el oficialista Fernando Cordero, y la ministra de Coordinación de la Política y Gobiernos
Autónomos Descentralizadas, Betty Tola, pero no asistieron.
Análisis:
En la reunión dada en la localidad de Zamora si se iba a tratar sobre los problemas de la región
en conjunto con los contratos mineros que anuncio realizar el gobierno con empresas privadas
se debió contar con toda la información sobre los mismos y no con información a medias que
no permite establecer los daños que acarrea realizar dichos proyectos y no solo ver las cifras
que estos arrojan en ganancias sin contemplar el daño al medio ambiente y que no tendrá
vuelta atrás y que luego necesitaran de una mayor inversión para resarcir el daño a medias.
EL COMERCIO
Correa dice que no enjuicia a su hermano porque no le da la gana
Lunes 28/11/2011
El presidente Rafael Correa no demandará a su hermano Fabricio porque "no me da la gana".
Así lo acaba de decir el Primer Mandatario durante un diálogo con periodistas luego de rendir
su juramento deferido dentro del caso Gran Hermano Esta diligencia es parte del proceso que
lleva el Primer Mandatario en contra de los autores del libro El Gran Hermano, Juan Carlos
Calderón y Christian Zurita. La obra, que va por su cuarta edición, relata los millonarios
contratos de Fabricio, hermano del Presidente, con el Estado. Cuando una periodista le
preguntó los motivos por los cuales él no enjuicia a Fabricio Correa de la misma forma que lo
hizo a los dos autores del libro El Gran Hermano, el Presidente se molestó y dijo varias veces:
“Porque no me da la gana”. Luego de preguntar a la periodista de qué medio era, Correa
empezó a acusarla de falta de ética y de responder órdenes del banquero Fidel Egas. “No me
da la gana y aquí no manda Fidel Egas”, le dijo en tono evidentemente fastidiado. Acusó a
Calderón y a Zurita de sinvergüenzas y dijo que tendrán que responder por haber dicho sin
pruebas que él sabía de los contratos con su hermano. El mandatario volvió a ratificar que si
los periodistas se disculpan públicamente y reconocen que mintieron en el proceso judicial
concluye. "Se lo dijo antes de iniciar los procesos judiciales, pero no lo hicieron, ¿qué nos
queda?, afirmó. Asimismo, añadió que "no me interesa meter preso a nadie". Por su parte,
Alembert Vera, abogado del presidente, adelantó que un proceso contra la veeduría que
estuvo presidida por Pablo Chambers, basada en el libro El Gran Hermano, se encuentra en
indagación previa. Correa arribó a las 16:05 al Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, en
Quito. Demanda USD 10 millones a los periodistas. “Tienen que demostrar que yo conocía los
contratos de mi hermano”, dijo el Mandatario en una rueda de prensa después de la diligencia.
La prensa no tuvo acceso a la audiencia. Correa manifestó que por disposición de la jueza que
lleva el caso, María Mercedes Padilla, los medios de comunicación no podían presenciar el
juramento.
Análisis:
Por un lado existe la actitud prepotente por parte del Presidente de responder hacia ciertos
medios con coraje lo que no resuelve nada y más bien es motivo de fuertes críticas además de
que nos limita en cuanto a las garantías que debe ofrecer el gobierno de ser un garante que
respete y proteja los derechos de los ciudadanos.
Si bien los medios de comunicación y la función ejecutiva no deben enfrentarse por obtener el
poder de ninguna manera es justificable que se agredan en ninguna forma.
Tampoco se debe dar que el gobierno cuantifique en grandes sumas de dinero todo lo que no
le agrada de lo que informan los medios.
EL COMERCIO
El Presidente jura que lo difaman
Martes 29/11/2011
‘A Juan Carlos Calderón y Christian Zurita no se los juzga por ser periodistas”, dijo el
presidente Rafael Correa-. “Se los juzga por haber afirmado lo que no es cierto, por haber
ofendido, calumniado, difamado... Si lo hubieran hecho un par de bomberos voluntarios
tendrían la misma reacción”. Lo afirmó con ironía. Para entonces se diluyó la sonrisa con la que
se ubicó frente a los medios de comunicación, para una rueda de prensa que duró 15 minutos.
El Jefe de Estado dejó la sala de audiencias del Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, en la av.
6 de Diciembre y Piedrahita, en Quito, a las 17:09. A las 16:00 rindió su juramento deferido
(versión juramentada) dentro de la demanda por USD 10 millones en contra de los autores del
libro ‘El Gran Hermano’, que relata los contratos millonarios de su hermano Fabricio. Al salir de
la diligencia se acomodó en un salón de espera contiguo, sentado frente a una mesa, entre sus
dos abogados: Alembert y Gutemberg Vera, padre e hijo de 29 y 56 años. Los dos lo defienden
también en el caso contra diario El Universo. Los ‘funcionarios’ de la Secretaría Nacional de
Comunicación (Secom) habían preparado el lugar, para que brindara declaraciones a la prensa.
La jueza Quinta de lo Civil, María Mercedes Portilla, no aceptó que la prensa cubriera el
juramento. Solo las cámaras de medios oficiales pudieron acceder. Incluso, consultado por
este Diario, el presidente Correa apuntó que la Secom podía entregar un video sin editar...
“Vengo para otro interrogatorio”. Palabras más o palabras menos, lo señaló Correa con una
sonrisa, al ver a la prensa: diarios Expreso, El Universo, La Hora, EL COMERCIO, El Telégrafo,
Pepe, además los canales Ecuavisa, Teleamazonas y más periodistas de radio, que se
empujaban, incluso sin querer, por la falta de espacio.
Una línea, no imaginaria, sino creada por ocho sillas colocadas en línea recta, como barrera,
separaban a la prensa privada y pública de la oficial: El Ciudadano y la Secom, que estaban
literalmente del lado de Correa, en la sala. Ellos entraban y salían de la sala de audiencias, sin
dificultad. Un fotógrafo de El Ciudadano, respondió que no tomaba fotos a los periodistas, que
solo medía la luz y preguntó: “¿Eres una de las ‘psicoseadas’? ¿Qué vamos a hacer con sus
fotos?”. Pero no borró la toma. Otra de esas funcionarias le dijo a su compañero: “No están los
abogados de los periodistas, solo los de nuestro lado”. El presidente Correa repitió que: “Ya
basta para tanta infamia, mentira, de auparse con manipulación de la libertad de expresión...
Nadie puede defender la libertad para difamar, acompañada de impunidad para mentir,
injuriar.... Solo por tener una imprenta...”. Cuando Miriam Zambrano, de Teleamazonas, le
consultó si demandaría a su hermano Fabricio, por decir que él conocía de sus contratos con el
Estado, la expresión en el rostro de Correa se endureció. Y respondió que no le daba la gana.
Que ya le había dicho que no y que querían hacerle pasar como que tiene una inmensa
contradicción. “Soy el afectado. Que quede claro, aquí no manda Fidel Egas (ex propietario de
Teleamazonas). Aquí no tenemos patrones, como periodista sea más ética, no haga cualquier
cosa por un mendrugo...”. Ella aseguró que era la primera vez que se lo preguntaba. Para
Ramiro Aguilar, abogado de los periodistas, el juramento del presidente Correa “no tiene
valor”. “Se vuelve un artículo decorativo dentro del proceso. Aunque para ellos es una pieza
gravitante. No han podido probar que hubo daño moral. No se trató de un acto procesal sino
de algo político y proselitista”. Aguilar sostiene que el proceso es nulo porque la Jueza no
debió aceptar el juramento deferido. Entre otras cosas porque, dice, esta prueba solo es
admisible si una de las partes demanda de la otra, que jure sobre una materia. “El Presidente
se autopidió el juramento deferido”. A esto se suma que la Jueza no dio paso al recurso de
hecho que interpuso la contraparte, para que el tema de la validez del juramento deferido sea
resuelto por la Corte Provincial. Los periodistas esperan que en unos dos meses en el Juzgado
transcriban las entrevistas de varias horas de grabación de Fabricio Correa, entre otras, que
presentaron como pruebas. Luego presentarán un alegato escrito y de no ser favorable la
sentencia, interpondrán un recurso de apelación ante la Corte Provincial, luego irán a la Corte
Nacional.
Procuraduría responde a la CIDH que no debe interferir
La Procuraduría rechazó el pedido de medidas cautelares planteado por la defensa de los
directivos de diario El Universo y el ex editorialista Emilio Palacio ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el juicio planteado por el presidente Rafael
Correa. Con esta petición, se buscaba que la Comisión deje sin efecto la sentencia que pesa en
contra de los hermanos Nicolás, Carlos y César Pérez; y de Emilio Palacio, por considerar que
los jueces no habían actuado de forma independiente y que el monto de la indemnización era
excesivo. Ellos fueron condenados a tres años de prisión y al pago de USD 40 millones, por un
artículo de opinión sobre los hechos del 30 de septiembre del 2010. La CIDH consultó al Estado
sobre la sentencia emitida y si existían antecedentes de multas similares en otros casos. Sin
embargo, en la respuesta difundida ayer, la Procuraduría se limitó a explicar por qué no
considera viable la aplicación de las medidas cautelares. “La petición es improcedente, ya que
no cumple las condiciones de extrema gravedad, urgencia, irreparabilidad, inminencia,
verosimilitud y temporalidad necesarias para el otorgamiento de medidas cautelares”, señaló.
Para Jorge Alvear, abogado de Emilio Palacio, este argumento no es válido porque “el Estado
no puede determinar si un caso es grave o urgente, porque solo la CIDH valora esa
importancia”. Además, la Procuraduría consideró que la Comisión no puede pronunciarse
sobre las medidas cautelares, pues el proceso todavía está en análisis en la Corte Nacional de
Justicia. “La naturaleza subsidiaria del Sistema Interamericano impide que la CIDH pueda
pronunciarse en contra de procesos judiciales que aún se ventilan en el derecho interno. En
consecuencia, el otorgamiento de las medidas cautelares en este caso implicaría una
intromisión manifiesta en la soberanía nacional”, respondió la Procuraduría. Alvear considera
que las medidas cautelares se aplican para prevenir daños y no se requiere que un proceso
haya concluido. La defensa de los hermanos Pérez y de Palacio analiza enviar un escrito en el
que comenten la respuesta del Estado. Luego de ello, la Comisión deberá resolver si se dictan o
no las medidas cautelares.
Análisis:
La admisión o denegación de un recurso debe aplicarse de manera legal y no hacerse de
manera irresponsable como se viene realizando en diferentes casos donde se deniega un
recurso a unos y a otros se les concede sin los suficientes argumentos de porque es concebido
el recurso o viceversa.
Para la ejecución de cualquier decreto o sentencia primero se debió dar paso a que ambas
partes involucradas presenten pruebas de lo que defienden y no que se excluya cualquier
asunto.
Se debe considerar que toda prueba seria valedera mientras no haya sido editada de tal forma
que sea sacada de contexto.
Si existiese un delito por parte del medio de comunicación el agraviado se puede apoyar en el
artículo 7 de la constitución Capítulo sexto sobre los Derechos de libertad el cual manifiesta el
derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por
medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en
forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.
EL COMERCIO
Estado recibirá del 5 al 8% de regalías en los contratos mineros
Redacción Negocios y Reuters 00:00 Martes 29/11/2011
Luego de más de un año de diálogos y reuniones, la negociación de los primeros contratos
mineros a gran escala llega a su etapa final. El ministro de Recursos No Renovables, Wilson
Pastor, dio a conocer ayer los primeros detalles de los acuerdos durante una visita que realizó
a Santiago de Chile para suscribir un acuerdo de exploración entre la Empresa Nacional Minera
de Ecuador y su similar, Codelco de Chile. Allí, Pastor indicó que el Estado recibirá por
concepto de regalías entre el 5% y 8% de los contratos que firmará con la canadiense Kinross y
la china Ecuacorriente. Es decir, esos porcentajes recibirá el Ecuador de las exportaciones de
minerales generadas por ambas compañías desde el país. “Para ellos es una escala que va del
5% al 8% en función del precio y, por otro lado, el Estado recibe por lo menos el 50% de la
renta neta que genera la producción minera”, dijo Pastor. El funcionario agregó que entre
diciembre próximo y comienzos del 2012 se firman los dos acuerdos que además de ser
contratos de explotación minera son también contratos de inversión. En los próximos días, las
partes sellarían un “acuerdo de negocios”. La canadiense Kinross planea desarrollar el mayor
proyecto de oro de Ecuador, Fruta del Norte, donde se estiman reservas probadas por 6,8
millones de onzas de oro, que a precio actual representarían USD 11 500 millones. Según los
cronogramas que maneja el Ministerio de Recursos No Renovables, la construcción de la mina
subterránea de este proyecto arrancará el próximo año y la extracción del mineral arrancará el
segundo trimestre del 2014. Mientras que Ecuacorriente, filial de la canadiense Corriente
Resources —propiedad de China Railway Construction Corporation (CRCC) y el grupo chino
Tongling Nonferrous Metals —, tiene a su cargo el proyecto Mirador, con reservas estimadas
por 11 000 millones de libras de cobre, que a valor actual representan cerca de USD 81 000
millones. La construcción de la mina a cielo abierto del proyecto se iniciaría el próximo año y la
extracción arrancaría en el 2013. Además del porcentaje de regalías, las empresas deberán
pagar el 25% del Impuesto a la Renta, el 12% del IVA y el 15% de las utilidades para
comunidades y trabajadores. Con ello, el Estado percibirá cerca del 53% de la renta minera. El
presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, José Gómez, dijo que pese al
acuerdo alcanzado con las empresas mineras, la entrega de al menos el 5% de regalías le resta
competitividad al Ecuador respecto de países como Chile y Perú. En estos últimos, advierte, las
regalías no superan el 3%. Adelantó que se negocian además en los contratos USD 100
millones de la entrega de regalías anticipadas. La firma del tercer contrato para la explotación
proyecto Río Blanco de la empresa IMC quedó para el próximo año, indicaron fuentes de esa
compañía.
Alianza con Codelco
En Santiago de Chile, el ministro Wilson Pastor firmó ayer un acuerdo de exploración entre las
estatales Enami de Ecuador y la chilena Codelco. El acuerdo tendrá un horizonte de cuatro
años para analizar el desarrollo de seis áreas de un total de 20 prospectos que empezaron a
evaluar ambas estatales. El presidente de Codelco, Gerardo Jofré, dijo que se analiza invertir
varias “decenas de millones de dólares” pero no precisó cifras.
Análisis:
Muy aparte de lo que reciba el estado por regalías ya si es el 5 % o el 8% por los contratos
mineros se debe contemplar como parte de los acuerdos que se haga medidas para evitar que
la explotación minera afecte nuestro ambiente y después tener que invertir costos mayores
para arreglar lo que se pudo evitar.
De las regalías estas deben servir a los municipios para la solución de las necesidades básicas
insatisfechas. Por lo tanto, deben utilizarlas en proyectos que permitan a crear acceso a los
servicios de educación, salud, agua potable y alcantarillado entre otros, tal y como sucede con
las regalías que se reciben por la extracción de petróleo que son recursos no renovables.
EL UNIVERSO
Miércoles 30 de noviembre del 2011
Ecuador es uno de los países con más muertes provocadas por accidentes de tránsito
EFE | QUITO
El Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) indicó que los accidentes de tráfico son la
primera causa de muerte entre los jóvenes latinoamericanos de entre 15 y 30 años y la tercera
de los fallecimientos en las otras franjas de edad.
La consultora del BID, Karla González, manifestó en Quito que anualmente en Latinoamérica
mueren 120.000 personas por accidentes, de los cuales el 40 % son peatones, mientras que se
registran alrededor de 360.000 heridos.
Ecuador, después de Paraguay, es el país con más accidentes por cada 100.000 habitantes,
relató Juan Manuel Leaño, especialista de Transporte del BID.
Leaño detalló que en 2010, hubo 50.000 accidentes en Ecuador, en los que murieron 2.500
personas y hubo 15.000 heridos graves, mientras que este año el país ya registró 5.160
fallecidos por esta causa.
Estos días, el BID ha organizado la Semana Vial en Ecuador, que inició el 28 de noviembre y
termina el 2 de diciembre, para concienciar a las autoridades sobre la importancia de que
exista una verdadera seguridad vial en el país.
Soraya Herrea hace cuatro años perdió a su hija en un accidente de tráfico, y ahora trabaja en
la Organización No Gubernamental (ONG) ecuatoriana Centro de Apoyo de Víctimas y
Accidentes de Tránsito Nicole Paredes.
Según Herrera, ha habido "un incremento de víctimas mortales" en Ecuador y su organización
estima que "diariamente entre diez y quince jóvenes, sobre todo, mueren en las calles del país
por accidentes de tráfico".
Para evitar los siniestros, Herrera cree que se debe "educar a la ciudadanía y aplicar la ley, el
control y la sanción para acabar con la corrupción de las coimas (sobornos) a las autoridades".
Además de diversas conferencias de expertos nacionales e internacionales, los quiteños
pueden ver por las calles una persona disfrazada de la muerte y otra de ángel que te indican lo
que tienes que hacer para utilizar responsablemente las carreteras.
"Si bebes conduce", dice la muerte, mientras que su contrario recuerda "Si bebes no
conduzcas", pues el alcohol, coincidieron todos los expertos, sigue acompañando a la mayoría
de accidentes, sobre todo, entre los jóvenes.
El representante del BID en Ecuador, Carlos Melo, señaló que esta campaña, que ha costado
unos 40 millones de dólares, es importante para concienciar a las personas sobre el uso de los
vehículos y las vías, pues "el 95 % de los accidentes se pueden evitar".
González, ex ministra de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica, destacó que los motivos
de la inseguridad vial en la región son: la falta de buenas infraestructuras, que las personas no
se dan cuenta de los riesgos que supone conducir un vehículo y la carencia de sanciones para
los que violan las leyes de circulación.
Además, resaltó que la mayoría de automóviles que arriban a Latinoamérica "son inseguros",
pues pese que son los mismo modelos que se usan en Europa, a la región llegan vehículos de
mala calidad porque sus "Gobiernos no exigen normas de importación".
Por su parte, José María Sánchez, jefe de la rea de la Policía Local y Movilidad del
Ayuntamiento de Toledo (España), resaltó que en Latinoamérica, normalmente, los que sufren
los accidentes son los padres de hogar o un hijo mayor que se ve obligado a dejar de trabajar
"y su cuidado empobrece a la familia para toda su vida".
González subrayó que los estados latinoamericanos se gastan entre "el 1 y el 2 % de su PIB en
atender a las víctimas de accidentes de tráfico, lo mismo que destinan en Salud".
Añadió que además de la educación ciudadana y que se cumpla la ley, se necesitan detectar
"los puntos negros", es decir, zonas donde se registran repetidamente siniestros.
Antoni Riu, jefe del departamento de relaciones con Iberoamérica de la Dirección General de
Tráfico de España, país que en los últimos cuatro años ha disminuido un 40 % la siniestralidad
en las carreteras con medidas como el carné por puntos, destacó que uno de los problemas en
la región es "la poca rigurosidad" en la entrega de licencias, por lo que "hay jóvenes
inexpertos" al volante.
Riu aseguró que en materia vial "todo está inventado", por lo que recomendó a los estados
latinoamericanos que "miren lo que hacen los otros países", que es lo mismo que hizo España
para mejorar sus políticas viales.
Análisis:
El estado debe crear políticas y estrategias para incorporar la prevención de accidentes de
tránsito dentro de la planificación en los programas de gestión de riesgo.
Se debe tener en cuenta que la mayor parte de accidentes de tránsito predecibles y evitables,
por eso es importante implementar políticas que permitan educar y concientizar a la gente
del peligro al que se exponen y lograr frenar el número de heridos, lesionados de por vida y
evitar la muerte de muchas personas.
A esto se debe sumar la identificación de lugares de posible riesgo donde debe existir una
adecuada señalización e implantación de algún sistema que haga seguro el transitar por ese
sitio.
EL UNIVERSO
Viernes 02 de diciembre del 2011
Presidente demanda penalmente a Galo Lara
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) solicitó a la Asamblea Nacional el levantamiento de la
inmunidad parlamentaria del asambleísta de Sociedad Patriótica (SP) Galo Lara y la
autorización para el inicio de una causa penal por injuriar al presidente Rafael Correa.
El mandatario presentó la demanda contra el legislador de la provincia de Los Ríos en la
Fiscalía el pasado 15 de octubre, por unas declaraciones dadas al canal de televisión RTU, en
donde aseguró que el mandatario “dirige y protege la corrupción” desde Carondelet.
La solicitud para iniciar el juicio fue remitida al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero
(AP), el pasado 10 de noviembre y hasta el momento no ha dado trámite.
El riesgo es que si no lo hace, el pedido se ejecute y Lara pierda su inmunidad. Según el artículo
128 de la Constitución, si en 30 días la Asamblea no se pronuncia, se entenderá concedido (el
levantamiento de la inmunidad).
Si el pedido llega al pleno, se necesitarán 63 votos para levantar la inmunidad y los mismos
para mantenerla.
El asambleísta de SP dijo ayer que no se retracta de sus afirmaciones. “Me ratifico. Correa
engríe, protege y dirige la corrupción desde Carondelet”. Y acusó a Cordero de ‘esconder’ el
pedido para viabilizar el juicio de Correa en su contra.
Análisis:
Rafael Correa, ha presentado una demanda por injurias en contra del asambleísta de Sociedad
Patriótica, Galo Lara, el pasado 15 de octubre pero este gozaba de inmunidad parlamentaria
por lo cual para quitársela se debía seguir el siguiente proceso ratificado en el artículo 128
El art. 128 de la constitución ecuatoriana otorga a los asambleístas fuero o en otras palabras
un privilegio de Corte Nacional de justicia, esto es, que solo podrán ser juzgados por la
instancia superior de la función judicial, a la vez que también garantiza la llamada
irresponsabilidad jurídica en favor de ellos, quienes no podrán ser enjuiciados, ni civil ni
penalmente por las opiniones que emitan, o por las decisiones o actos que realicen en el
ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la asamblea nacional; es decir, que el artículo en
mención establece, tanto el fuero de los asambleístas como la irresponsabilidad jurídica
también llamada inmunidad. De acuerdo a este artículo para iniciar una causa penal en contra
de un asambleísta se requerirá la autorización de la asamblea, excepto en casos que no se
relacionen con el ejercicio de sus funciones. si la solicitud del juez no se respondía en el plazo
de 30 días, se concebiría como otorgada.
En este proceso ocurre que el 10 de noviembre, enrique pacheco quien ejerce el cargo de
conjuez nacional de la segunda sala penal de la corte nacional de justicia remite al presidente
de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, la solicitud para levantar la inmunidad
parlamentaria de Lara. Pero esta noticia era desconocida para Galo Lara hasta la fecha 2 de
diciembre lo cual es denunciado por el mismo quien acusa al presidente cordero de ocultar el
hecho durante 21 días con el objeto de que el levantamiento de su inmunidad ingrese por el
ministerio de la ley y no sea discutida en la asamblea como debe hacerse en este caso según lo
dispuesto en el artículo 128. Al no suceder lo que se dispone según la ley se incurriría en
medidas inconstitucionales.
EL UNIVERSO
Lunes 05 de diciembre del 2011
Acuerdo parcial en aumento de salario
QUITO
Veinte de las 22 comisiones sectoriales del Consejo Nacional de Salarios (Conades), que
discuten el incremento salarial del año siguiente, llegaron a un acuerdo preliminar de manera
unánime, aunque la convergencia es mínima, según involucrados en el proceso.
Las únicas áreas en donde no hubo consenso fueron las actividades comunitarias y de
transporte y logística, dijo un representante del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, espera
conseguir un mejor entendimiento en una sesión que mantendrán a mediados de mes.
El Ministerio de Trabajo no confirmó el porcentaje del acuerdo, pero Carlos Sánchez,
representante de las centrales sindicales al Conades, explicó que hay una propuesta del
Ministerio de la Producción de un alza de entre el 4% y el 5%.
Según Sánchez, ese acuerdo preliminar mínimo se produjo porque han cambiado algunos
ítems en las comisiones y eso impide, incluso, que se establezcan rangos promedios de
aumento. Debido a ello, precisó, no puede establecerse ni un mínimo ni un máximo.
La propuesta de los trabajadores se mantiene como cada año: que el aumento llegue al costo
de la canasta básica familiar, que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) es
de $ 571,08, a octubre pasado.
Análisis:
El Código del Trabajo establece que el Consejo Nacional de Salarios (Conades) debe definir el
incremento anual del Salario Básico Unificado en dos reuniones, entre un representante de los
trabajadores y otro por los empleados y de no llegar a un acuerdo le compete al Ministerio de
Relaciones Laborales fijar el incremento.
En la primera reunión realizada al no llegar a un acuerdo entre los diferentes sectores se
esperaría una segunda reunión para establecer si el porcentaje se sube de acuerdo a la canasta
básica familiar o elegir la otra opción de un alza al salario básico.
De acuerdo al tiempo estipulado hasta fines de este mes el Conades tendría para llegar a
determinar el porcentaje de incremento para el siguiente año para luego ser comunicado de
manera oficial por el Ministro de Relaciones Laborales.
EL UNIVERSO
Lunes 05 de diciembre del 2011 | 12:49 Economía
Se fija el precio de la caja de banano para 2012
El ministro de Agricultura, Stanley Vera, anunció este lunes los nuevos precios de la caja de
banano para el 2012.
De acuerdo al funcionario, el costo será de $ 6,25 por caja para la temporada alta, que regirá
en las primeras 22 semanas.
El costo de 4,90 para la temporada baja, se aplicará en las 30 semanas restantes.
Análisis:
Con la venida del nuevo año empezaron las discusiones sobre los nuevos precios a los
productos de exportación e importación.
Entre la lista de estos estuvo el precio de la caja de banano que luego de una reunión entre
productores y exportadores se discutió la posibilidad de que la caja suba a USD 6 cuando el
costo de producción oscilaba entre los USD 4, 50 a USD 5,50.
En los precios fijados para el nuevo año existiría una diferencia de 0,40 ctvs. en el precio para
la temporada baja y una diferencia de 75 ctvs. en el precio de temporada alta.