No es que no le creamos. No es lo que queremos. Y si fuese lo que queremos, no nos

representa.

Leandro Paredes J.

Egresado Derecho UACh

CEADE

Esta frase que, en un inicio, puede dar a entender una postura caprichosa, infantil o sectaria

será sostenida en esta presentación como el argumento más propio a favor de lo que

llamamos la autonomía política de los movimientos sociales y del movimiento estudiantil, en

particular. Esta autonomía es uno de los aspectos centrales, que a nuestro parecer (como

Centro de Estudios) están en juego en una coyuntura de alza de demandas sociales y de

esfuerzos de reorganización de la política.

En particular mi presentación se refiere a la relación que puede llegar a darse entre el

movimiento estudiantil, por un lado, y las propuestas presidenciales, por otro, en particular de

aquellas planteadas por la candidata con mayores posibilidades de gobernar, conforme a las

encuestas y el escenario electoral: Michelle Bachelet.

No es que no le creamos…

Las pocas veces que hemos escuchado a la candidata referirse al movimiento estudiantil ha

sido para dar explicaciones sobre su gobierno anterior, e inmediatamente pasar hacia las

propuestas que hoy forman parte de su programa de gobierno. Ella ha dicho que entiende que

los estudiantes tengan “desconfianza” respecto a lo que se propone. También diversos

sectores más afines al movimiento estudiantil y dirigentes colocan el énfasis en la

desconfianza y el escepticismo respecto a que un nuevo gobierno de Bachelet efectivamente

avance en las demandas de los estudiantes.

Pero, al menos para nosotros, no es un tema de confianza o desconfianza. Podemos confiar o

no confiar en ella o en la Nueva Mayoría, creerle o no creerle que impulsará la gratuidad

universal o el fin al lucro, pero, eso no nos resuelve nada. Tanto quien le crea, como quien no

le crea comparten la misma posición: ambos están ausentes de la resolución del dilema. Yo

puedo creer que Chile le ganará a Venezuela, otros podrán creer que no, pero, ambos

sabremos quién de los 2 tenía la razón (o quien acertó, porque este ejercicio tiende a

parecerse más a un juego de azar que a otra cosa) una vez que se jueguen los 90 minutos y

conforme al rendimiento de los jugadores en la cancha. Procesar el asunto bajo el prisma

confianza/desconfianza (cosa que se extiende también al argumento: si no lo hicieron en 20

años, por qué tendríamos que creer que lo harán ahora) no es propio (o no debiera ser

propio) de un movimiento social de la magnitud del movimiento estudiantil que no pretende

ser un mero expectador, sino ser un actor.

La diferencia y distancia entre el movimiento estudiantil y la Nueva Mayoría no es un asunto

de mera desconfianza, que es lo primero que hay que despejar. Por eso decimos que “no es

que no le creamos”. Sino que obedece a diferencias políticas sustanciales entre uno y otro.

No es lo que queremos…

El historiador Luis Thielemann, en un Taller de la Escuela Eugenio González Rojas organizado

por una Fundación aliada (Fundación Nodo XXI), relataba como el movimiento estudiantil que

estalló el 2011 no es un asunto que haya surgido ese mismo año, sino que extiende sus

gérmenes mucho más allá de la revolución pingüina, incluso1. El movimiento estudiantil es

fundamentalmente un sector social que fue acumulando experiencias, aprendizajes,

organización y masividad de la mano de la “mezquindad” de las políticas en educación de los

gobiernos de la Concertación. Eso se puede apreciar en la forma como las juventudes de los

partidos oficialistas durante los 90 fueron progresivamente siendo “desterrados” de los

procesos de organización estudiantil, y en su interior se fueron formando nuevas

organizaciones políticas propiamente estudiantiles que hicieron carne del malestar social

(UNE, NAU, Izquierda Autónoma, FEL, FUR, etc.).

Las sucesivas luchas estudiantiles: ley marco, ley de financiamiento, derogación de la LOCE, el

mochilazo del 2001, revolución pingüina 2006, tomas del 2008 (unas de las más “agresivas”

de la última etapa) y la del 2011 que se mantiene vigente hasta la fecha sirvió para que al

interior del mundo estudiantil se vayan creando una serie de análisis, propuestas y

argumentos que tenían por fundamento la centralidad de que la crisis educacional que

1 “El reciente cierre de la Universidad del Mar es sólo un puerto de llegada para un drama de proporciones.

De ahí que el Movimiento Estudiantil haya decantado en una crítica frontal al negociado con un derecho social, y también de ahí viene su capacidad única de interpretar el malestar de las mayorías. La politización largamente larvada de las franjas organizadas del Movimiento Estudiantil ha procesado esa crítica, a través de las dirigencias, en una crítica anti-neoliberal. Es una crítica de masas por la promesa liberal incumplida, pero que en el conflicto tiende a expresarse 'por la izquierda', deviniendo en la demanda por derechos sociales universales garantizados por el Estado. De una crítica de masas propia de las contradicciones maduras del neoliberalismo, pareciera que emerge una crítica anticapitalista propia de dicho conflicto”. Thielemann, Luis: “Para una periodificación del movimiento estudiantil de la transición”, en Revista Pretérito Imperfecto, 2012.

justificaba cada una de las luchas parciales que en los noventa e inicios del 2000 se hacían

contra nuestros Rectores, sólo se resolvería mediante la transformación estructural del

modelo educacional. Así se fue elaborando y afinando lo que finalmente fueron las demandas

de educación pública, gratuita, de libre acceso y de calidad que aparecieron el 2011

sustentadas en una concepción de la educación como un derecho social que supere a aquella -

hasta entonces naturalizada - concepción de la educación como bien de mercado.

Por ello es que nunca pudo haber entendimiento entre los estudiantes y el gobierno el 2011.

Ambos se posicionaban desde perspectivas totalmente antagónicas en educación. Pero, ese

problema no es solo un problema del gobierno, sino también un problema de la Concertación

y las propuestas de la Nueva Mayoría. No se trata de que la gratuidad y el fin del lucro y al

copago, como propuestas aisladas vayan a hacer que la educación sea un derecho, como

apresuradamente se escucha de algunos2.

Hacer que la educación sea un derecho social, requiere de muchas más transformaciones

sobre las cuales no se han escuchado ni hemos leído propuestas a la fecha. Es un asunto más

complejo que a lo menos requiere propuestas en estos 10 elementos, que han formado parte

de los textos oficiales de las organizaciones representativas de los estudiantes como el

CONFECh3.

2 http://www.df.cl/bachelet-reitera-promesa-de-educacion-gratuita-asi-garantizamos-un-derecho-

social/prontus_df/2013-08-26/111409.html Bachelet reitera promesa de educación gratuita: "Así

garantizamos un derecho social", Diario Financiero, 26 de Agosto de 2013.

3 Ver Documento de Convocatoria de Congreso de Educación del Bloque Social de 2006, conclusiones del

Congreso Nacional de Educación de 2009, y Bases técnicas y políticas para un nuevo proyecto educativo de

2011.

1º.- Educación como un bien de consumo de beneficio individual, cuyo acceso está

determinado por la capacidad de pago de las familias.

2º.- Aporte subsidiario del Estado como política de gasto social focalizado en los sectores más

vulnerables, sometido a estándares de desempeño meritorio individual.

3º.- Formación curricular orientada únicamente a crear capital humano básico y avanzado

para competir en un mercado laboral flexible, precario y desregulado.

4º.- Resultados de calidad (SIMCE) determinados por la capacidad de pago de las familias y la

cantidad de lucro de corporaciones educacionales y empresas asociadas (sociedades

inmobiliarias), y utilizados como herramienta de marketing.

5º.- Acceso a la ESUP mediante un sistema de selección que reproduce las desigualdades de

origen entre los estudiantes.

6º.- Libertad de enseñanza entendida como libertad de empresa para emprender proyectos

educacionales con fines de lucro, de forma directa o indirecta, mediante el cobro de matriculas

y aranceles fijados y reajustados de forma arbitraria por las instituciones.

7º.- Financiamiento a la demanda estudiantil en ESUP, preferentemente, mediante créditos

pagados por el estudiante, en alianza con la banca privada, a la que se asegura una tasa de

ganancia fija por estudiante.

8º.- Financiamiento a la oferta en ESUP residual que representa menos del 25% del

presupuesto de cada institución.

9º.- Políticas de investigación y Desarrollo orientadas a crear conocimiento que se transfiera

al sector productivo mediante instrumentos privativos de propiedad intelectual.

10º.- Privatización absoluta de la educación técnica y técnico-profesional de nivel superior,

que se desarrolla como una actividad con fines de lucro.

Esta es la estructura del modelo educacional que se tendrá que cambiar para hacer que la

educación deje de ser un bien de mercado o para superar la crisis educacional. Y, como es eso

lo que persigue el movimiento estudiantil, no se resolverá SÓLO con las propuestas de

gratuidad universal, fin al lucro y fin al copago. Por eso decimos que no es lo que queremos.

Y si fuese lo que queremos, NO nos representa…

Pero, si debe reconocerse que dichas propuestas de la Nueva Mayoría avanzan en la dirección

(digamos) correcta. De hecho, por primera vez en los 23 años de transición se recogen

propuestas provenientes de un movimiento social (excepto, casos aislados, quizá con las

organizaciones de derechos humanos violados en Dictadura, cosa también debatible). Por eso,

por ejemplo, Camila y Camilo (Vallejo y Ballesteros) justifican su incorporación a la Nueva

Mayoría en que se recogen las demandas “de la calle”. Eso es cierto. Pero, ¿basta que un

candidato presidencial o una coalición política recojan nuestras demandas para entregarle su

apoyo?

Nosotros creemos que no. Y, no por una razón sectaria, sino por reivindicar la necesaria y

adecuada autonomía entre el movimiento social y los partidos políticos, entre lo social y lo

político.

Es cierto. En una elección no existe el candidato “movimiento estudiantil”, pero, no por ello la

salida de un movimiento social tendrá que ser necesariamente apoyar a tal o cual candidato,

por muy afín que ese candidato sea (por ejemplo, hay muchos estudiantes que apoyan a

Marcel Claude). Tampoco porque ese candidato recoja mis propuestas. Por lo escaso del

tiempo me limitaré a exponer una sola razón para sostener la autonomía del movimiento

estudiantil. Esta razón mira al aprendizaje histórico de los movimientos sociales.

A fines de los 90 la Concertación de Partidos por la Democracia aglutinaba a 17 partidos

políticos. Esta coalición derrotó a la izquierda del Movimiento Democrático Popular en

representar el interés por superar la Dictadura y retornar a la Democracia. Esto lo hizo la

Concertación bajo una alianza de clase muy amplia que expresaba a los miles que se

movilizaron contra la Dictadura en las Jornadas de protesta del 83, 85 y 87. Pero,

inmediatamente llegado al Gobierno, la Concertación rompe esta alianza de clases al

inclinarse por desactivar al fuerte movimiento sindical que lo sostenía, entre otros, y colocar

al movimiento social, como mera correa transportadora de las políticas del Gobierno.

En los sucesivos gobiernos de la Concertación se fue naturalizando la idea de que la

delegación de las demandas sociales en un Gobierno resolvería sus problemas. Eso es lo que

se rompió en el ciclo 2006-2011. Ese año se hizo evidente el distanciamiento entre lo político

y lo social.

Por tanto, los aprendizajes del pasado nos recomiendan levantar una postura propia del

movimiento estudiantil frente a lo presidencial, que no será (o no debiera ser) la delegación en

tal o cual candidato, sino en demandar la legítima participación en la resolución de la

crisis educacional.

Si algo demostró el 2011 es que el movimiento estudiantil es el único actor legitimado para

hablar de educación en términos de transformación, por tanto, su demanda tiene que

orientarse a que: sea quien sea el Presidente, la resolución de la cuestión educacional

debe considerar la participación directa del movimiento estudiantil y las

organizaciones que lo representan (CONFECh, CONES, ACES, Colegio de Profesores, etc.).

Si existe voluntad en la candidata de que se avance en las demandas planteadas por el

movimiento estudiantil, no por eso pasa a representar el interés social de los estudiantes (que

la educación sea un derecho social), sino que el diseño concreto de cómo se avanza en dichas

transformaciones, el alcance de las mismas y su implementación debe ser definida

soberanamente por las organizaciones que representan al movimiento. Esa es la autonomía de

la que hablamos al comienzo. No es más que la auto-representación del movimiento, sin

entregar ni delegar sus fuerzas en un Gobierno, ni en tal o cual candidato.

Muchas gracias!