no. 31 el derecho a la tierra

17 de abril de 2010 • Número 31

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

17 de abril de 20102

Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 17 de abril de 2010 • Número 31 • Año III

LA TIERRA Y EL QUE LA TRABAJADERECHOS TERRITORIALES Y REFORMA AGRARIA

La tierra es la condición que hace posible nuestro tra-bajo productivo, pero la tierra son también sus recur-

sos superfi ciales y profundos, y la tierra es el territorio de las autonomías indias y los autogobiernos mestizos.

Pero ante todo la tierra es raíz, es vida, es cultura...Manifi esto de Xochimilco. Movimiento Indígena

y Campesino Mesoamericano

Todas las comunidades humanas inte-ractúan con la naturaleza circundante y forman parte de sistemas agroeco-lógicos que las sustentan. De ahí que

todas sean directa o indirectamente territoriales y tengan derechos territoriales.

Unitaria y orgánica, esta interacción tiene di-versas dimensiones. Una es el abigarrado entreve-ro de hombres y ecosistemas localizados. Otra, la producción de bienes y servicios, en donde los ele-mentos del entorno natural social –tierras, aguas, biodiversidad, saberes, capacidades, infraestructu-ra y equipamiento– aparecen como medios y obje-tos de trabajo. Otra más surge cuando en su labor transformadora los hombres se relacionan entre sí definiendo normas de convivencia y estableciendo nexos sociales y políticos. Y está por último la que se origina en la interacción con el medio en tanto que es práctica simbólica que otorga significados, asigna valores y define espacios culturales.

Porque se hace terruño al andar, en su múlti-ple trajín las comunidades humanas construyen su hábitat. Espacio agroecológico, económico, sociopolítico e imaginario; ámbito territorial-mente delimitado en las comunidades sedenta-rias y extendido si no es que discontinuo en las nómadas o que dispersó la diáspora.

Espacio unificado por el sujeto colectivo que lo conforma pero aprehensible mediante diferen-tes códigos: regionalizaciones agroecológicas, planos catastrales, cartografías políticas, mapeos lingüísticos o culturales.

Los pobladores del Valle de México, por ejemplo, habitamos una cuenca lacustre en mala hora dese-cada, conformamos una monstruosa conurbación metropolitana donde predominan la industria y los servicios, pertenecemos a diversas y abigarradas cir-cunscripciones políticas y, pese a nuestra proverbial policromía, somos irremediablemente chilangos.

Pero más allá de cartas de uso del suelo, mapas políticos y guías Roji el hecho es que las comu-nidades somos inseparables del territorio que ha-bitamos, del sitio donde trabajamos, del lugares donde votamos o nos abstenemos, de las calles y plazas donde protestamos contra el mal go-bierno, de los ámbitos entrañables que guardan nuestro ombligo y arropan a nuestros ancestros o cuando menos conservan nuestros recuerdos.

Las colectividades no ocupamos espacios pre-existentes, las colectividades somos el entorno que hemos construido, somos el territorio que hemos inventado. Y tenemos derecho a este territorio. De-recho a que se nos reconozca como usufructua-rios y preservadores de un específico ecosistema, como dueños de la parcela que cultivamos y del lote que habitamos, como usuarios de las calles que caminamos, como ciudadanos de la localidad donde vivimos, como portadores de la cultura que

nos identifica. Las comunidades tenemos dere-chos territoriales y en la centuria pasada la reivin-dicación de estos derechos dio lugar a revoluciones campesinas y reformas agrarias.

El siglo XX despertó desmañanado por los perentorios gritos de ¡Zemlia i Volia! ¡Tierra y libertad!, que hermanan a los narodniki rusos con los zapatistas mexicanos, se desayunó leyen-do la crónica de dos grandes revoluciones campe-sinas y le llegó la noche en medio de un renovado entrampe del mundo rural. Al alba del siglo XXI el malestar agrario no ha remitido y los campesi-nos reclaman de nueva cuenta tierra y libertad, zemlia i volia. En el amanecer del tercer milenio la reforma agraria es aún asignatura pendiente.

Pero ya no es la misma reforma. Las mudan-zas agrarias del pasado siglo crearon situaciones nuevas que plantean desafíos inéditos. Las trans-formaciones rurales del milenio en curso deman-dan paradigmas de repuesto.

La reforma agraria de antes debía abolir las formas de propiedad del “viejo régimen” pro-piciando el desarrollo de la agricultura y de la economía capitalista en su conjunto y, si era impulsada desde abajo por los campesinos, adop-taba un talante justiciero, suponía repartos terri-toriales más o menos extensos y con frecuencia apostaba a una acumulación de capital agrario basada en el trabajo propio, sea por una vía fa-miliar tipo farmer o por medio de cooperativas.

Sin embargo en muchos países la estructura agraria “señorial” no provenía del “viejo régi-men” sino del moderno colonialismo capitalista, siempre proclive al saqueo y los modos serviles de expoliación. Entonces la reforma agraria se insertaba en la lucha por la independencia y la expropiación de latifundios extranjeros era parte del programa de “liberación nacional”.

Con el “socialismo real”, que se estableció mayormente en países agrarios y en deuda con el “viejo régimen”, el siglo XX buscó soslayar los pa-decimientos del “despegue” capitalista transitan-do a la modernidad por una vía alterna. Así, las reformas democrático-burguesas se empalmaron con trasformaciones poscapitalistas y en el campo la conversión agraria antifeudal se entreveró con la progresiva implantación del socialismo rural encarnado en empresas estatales y cooperativas.

Finalmente, después de la segunda guerra mun-dial, la regulación de la economía por el Estado se generalizó incluso en el mundo capitalista y en mu-

chos países periféricos se impulsaron reformas rura-les fuertemente intervenidas por la burocracia y las paraestatales, lo que por un tiempo hizo poco discer-nibles los modelos agrarios socialistas, del semiestati-zado campo de ciertos países de “economía mixta”.

Así, en menos de cien años el programa de la reforma agraria se fue haciendo más diverso y complejo: a la misión original de abolir el viejo régimen de propiedad se sumó la descoloniza-ción del campo y se le añadieron diversos mo-delos de reordenamiento rural, unos destinados a propiciar el desarrollo del capitalismo y otros a favorecer la acumulación originaria socialista. De esta manera, la reforma agraria pasó de ser ajuste de cuentas con los remanentes del régi-men feudal a ser también premisa de las expe-riencias poscapitalistas del siglo XX.

Pero en el último cuarto de la pasada centuria se desmoronaron el “socialismo real” y el “Estado de bienestar”, Marx y Keynes salieron de las biblio-grafías y cobró fuerza una contrarreforma agraria neoliberal que favorecía la agroexportación sobre la soberanía alimentaria, privatizaba paraestatales, suprimía regulaciones y propiciaba la reconcen-tración de la tierra. Paradójicamente la apuesta li-brecambista no se dio tanto en las economías más fuertes –que protegieron sus agriculturas– como en las menos desarrolladas, que en muchos casos desmantelaron la producción de alimentos.

En la década pasada el paradigma neoliberal topó con pared y sus recetas están siendo fuerte-mente cuestionadas. La crisis de los alimentos de 2007 y 2008 mostró que la total “libertad de mer-cado” tiene efectos perniciosos en un mundo de bloques y monopolios pero más aún en el sector agropecuario, del que depende la alimentación, es decir la vida humana, y en un ámbito ecoló-gico donde la diversidad natural es incompatible con la uniformidad productiva.

Una nueva reforma agraria global comienza a perfilarse y se anuncia más profunda que las del pasado pues incluye nuevos derechos territoriales. Los campesinos siguen reclamando tierras de cul-tivo, pero desde hace rato exigen también condi-ciones técnico-económicas que les permitan vivir dignamente de sus cosechas sin degradar el medio, demandan el derecho al usufructo de los recursos naturales y de los ecosistemas que están a su cuida-do, reivindican el derecho a preservar y reproducir sus culturas y defienden el derecho a autogobernar-se en los ámbitos a veces ancestrales donde habitan.

Reclaman, en fin, un multidimensional dere-cho al territorio que, por su énfasis en la repro-ducción de la vida, en el cuidado del medio am-biente con aprovechamientos diversificados y en la preservación de los saberes y de la cultura, es una reivindicación con enfoque de género: una mudanza rural con rostro de mujer donde ellas y ellos ahora sí deberán tener los mismos derechos.

Pero no por poner al día el programa agrario de la humanidad olvidemos que en muchos paí-ses la vieja reforma antilatifundista y descoloni-zadora está pendiente, que en el amanecer del tercer milenio millones de trabajadores rurales sin tierra siguen demandando dignidad y reparto agrario: ¡Zemlia i volia!, ¡Tierra y libertad!

PORT

ADA:

Die

go R

ivera

. Pue

rta d

e en

trada

al sa

lón

de ac

tos,

Cha

ping

o

COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

Publicidad 56 88 7591 / 56 88 7913

Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPO

ILUS

TRAC

IÓN

: Tro

pa V

ieja,

de

Urqu

izo. V

ersió

n en

hist

orie

ta d

e A.

Car

doso

Anarquistas como Bakunin, estuvieron cerca de Herzen y Ogariov, en la fundación de Zemlia i Volia, de modo que el nombre vuelto consigna devino patrimonio del movimiento ácrata. Y fue por esa vía que a principios del siglo pasado llegó a los revolucionarios mexicanos afi nes al anarquismo que conformaban la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano (PLM), entre ellos Ricardo Flores Magón. Así, desde fi nes de 1910, y al calor de los alzamientos revolucionarios, la consigna ¡Tierra y Libertad! aparece en artículos publicados en Regeneración, y al año siguiente el PLM rubrica con ella el anticapitalista Manifi esto del 23 de septiembre de 1911.

El Ejército Liberador del Sur siempre empleó la leyenda Reforma, Libertad, Justicia y Ley, pero la cercanía entre el zapatismo y el PLM fue grande, y cuando menos desde marzo de 1913 Zapata emplea la consigna magonista Tierra y Libertad y lo hacen también sus colaboradores.

E 31 1913 F V G , : L R (...) P A (..)

: T L .

E Z , P G 1914 C

A : “E P A , R ,

, . T L , T J , P A ”.

D S G 1917

T : “E V A , , T L ”.

E M , 25 1918, Z : L R

.

El yucateco Felipe Carrillo Puerto milita en el Ejército Liberador del Sur entre 1913 y 1915, y al regresar a su estado incorpora al ideario y a la estrategia del Partido Socialista del Sureste, del que llega a ser presidente, no sólo las propuestas zapatistas sino la consigna Tierra y Libertad, que se vuelve su lema. Y Tierra y Libertad se titula la primera ponencia presentada al programático Congreso de Motul de 1917.

Así, el efímero socialismo maya, que tuvo en vilo a Yucatán entre 1922 y 1924, se construye en torno a una consigna campesina internacionalista:

¡Lu um etel almehenil!, ¡Tierra y Libertad!, ¡Zemlia i Volia!Por la búsqueda y edición: A. Bartra

En 1877, en medio de la represión, Zemlia i Volia se escinde y la corriente más radical, de tendencia anarco-terrorista, funda Narodnaia Volia (Voluntad del Pueblo), cuyo periódico se sigue llamando Zemlia i Volia. Para principios de la década siguiente la organización ha sido aniquilada por la policía zarista, sin embargo el nombre de la publicación se ha vuelto consigna campesina y lema del ruralista Partido Socialista Revolucionario, fundado en 1901.

En las asambleas legislativas, o Dumas, establecidas a resultas de los alzamientos revolucionarios de 1905 y 1907, los diputados campesinos confl uyen en torno a la demanda de Zemlia i Volia.

S : “O , ; ,

”.

S : “L : , , ”.

K : “¿P ? L ,

”.

La revolución de 1917, que condujo a Rusia al socialismo, se origina en el campo y se aglutina en torno a la consigna Zemlia i Volia, del Partido Social Revolucionario.

A T , : “E 1917

- T L ”.

E 1911 F M : “E

. ¡V T L ! P :

”.

E “E Y ”, C P 1923

, :

“E , . E

: T L ”.

E 1866, K , A II

: “¿P ?”, :

“P , ”.

Los campesinos rusos se inconformaron con la falsa reforma agraria zarista de 1861, que les entregó magros trozos de tierra a cambio de endeudarlos de por vida. Y al calor de sus protestas, intelectuales revolucionarios como Chernichevsky, en San Petersburgo, y Herzen y Ogariov, en el exilio, fundaron la organización Zemlia i Volia (Tierra y Libertad), que exigía la entrega de parcelas sin pago de rescate y cuyo nombre devino lema del movimiento campesino ruso.


Martha I. Flores Pacheco y Laura E. Hernández Bautista

A partir de dife-rentes estudios sobre el maíz en México, nos

parece importante reflexionar sobre el vín-culo entre la pérdida de nuestra tradición alimentaria y los festejos del bicentenario y del centenario, y preguntamos ¿qué debe-mos festejar este año las y los mexicanos?

Sobre los orígenes del maíz, se sabe que algunos pueblos indígenas tienen mitos que narran un conflicto o una “lucha” entre las plantas comestibles por definir cuál de ellas es la que mejor alimenta al hombre. Existen varias historias que relatan la pelea entre el espíritu del maíz, dhipac o cinteotl y el ojite, en donde este último al perder le tocó vivir en la sierra y ayudar al hombre en época de escasez.

Un ejemplo lo encontramos en el pueblo indígena teenek (o huasteco), que vive en una zona de selva perennifolia, compartiendo con aproximadamente unas cuatro mil espe-cies vegetales diferentes, lo que ha permitido a sus habitantes proveerse de ella durante si-glos. Casi toda la flora está clasificada por los pueblos indígenas, ya sea por su color, sabor y temporalidad; si son frías o calientes; silves-tres o cultivadas; de la selva, del monte, de la comunidad o del solar. Muchas de ellas han pasado por un proceso de apropiación, duran-te siglos, por parte de los pueblos indígenas.

“En la antigüedad arriba del cerro Tamab cerca de Huehuetlán, vivía un matrimonio.

El hombre todos los días revisaba y cuidaba su milpa, él siempre tenía maíz, por lo que los hombres que habitaban abajo del cerro estaban enojados, ellos no tenían agua, y te-nían escasez de alimentos. Como tenía exce-so, decidió venderlo, cuando bajó, los hom-bres lo esperaron y le preguntaron por qué él tenía todo, él les dijo que realizaba rituales al espíritu del maíz, pero no le entendieron y lo encerraron.

Él era el dios de las tormentas, el aire y la lluvia, convenció a todos y lo soltaron, por lo que cumplió enviando lluvia, pero los hombres querían más y subieron a exigir-le. Se molestó e inundó todo. Muxi, el dios de todos los teenek que vive en el Golfo de México, se enojó con él, lo desterró al norte

y los hombres desde entonces tienen sequías e inundaciones, por no respetarlo y cuidarlo.

El mito muestra que al transformar el proceso del maíz y concebirlo co mo una mercancía, se está afectando al cultivo como cereal y está ocasionando la pérdida de la cultura milenaria de los mexicanos que, en el caso de los indígenas, significa mermar su dieta y violentar sus derechos culturales, sociales y políticos colocándolos en desven-taja ante los nuevos productos. La introduc-ción del maíz transgénico está llevando a la pérdida de esta tradición alimentaria; las de-cisiones del gobierno de México en su afán de pertenecer al “primer mundo” y fomentar la importación de alimentos con poco valor nutricional, desestimulan la producción y el consumo de una dieta rica en los alimentos tradicionales mexicanos.

Con el cultivo del maíz se fortalecen las relaciones de parentesco, los procesos co-munitarios de apoyo mutuo, la danza, la música, entre otros, y esto lo tenemos regis-trado en diversas fuentes históricas, relatos y estudios realizados en las distintas épocas de la historia de México, que demuestran que todos estos elementos culturales alrede-dor del maíz son continuos desde el pasado

prehispánico hasta el presente, y han sido factor en la construcción de nuestra identi-dad como país.

¿Qué festejaremos entonces? Que en un futuro cercano la mayoría de los pue-blos indígenas y campesinos no realizarán rituales vinculados al cultivo del maíz y que perderemos la variedad de productos que lo acompañan, como el frijol, las yucas y la calabaza. ¿Al maíz transgénico se le ha-rían cantos, danzas y rituales a la milpa y a los lugares sagrados? Obviamente la planta perdería su carácter sagrado y se rompería la continuidad milenaria, lo cual violaría los derechos culturales de los pueblos indíge-nas. ¿Habrá un ciclo anual con fiestas liga-das a cada uno de los procesos? Si bien una característica importante de la mayoría de los pueblos y la culturas indígenas es la ca-pacidad de intercambiar diferentes códigos culturales, podrían generarse nuevos ritua-les para agradecerle al maíz transgénico el otorgar el alimento, o bien dejar de realizar el ciclo ritual.

El actual modelo económico, territorial y cultural que ha impuesto el gobierno de México desde hace casi tres décadas, no in-tegra ni conjuga posiciones que fomenten la multiculturalidad y la pluralidad. Todo lo contrario, fomenta su destrucción y de paso el debilitamiento de la agricultura indíge-na y campesina. No es ningún secreto que el desequilibrio ecológico y las catástrofes del calentamiento global por el cambio cli-mático responden a un exceso mercantil de ambición y lucro, donde la comercialización de alimentos y grandes ganancias para los ca-pitalistas ya no se garantizan por la llamada revolución verde, sino que se buscan nuevas garantías en las tecnologías de hoy que se apropian del conocimiento ancestral de las comunidades y en el cambio de formas de consumo agroindustrial.

El fomento a la carestía de alimentos por la crisis energética y el desconocer e ignorar la cultura indígena propician una crisis so-cio ambiental que va a galope al permitir el deterioro del patrimonio territorial, natural, cultural de los indígenas y la violentización de sus derechos territoriales, culturales, ali-mentarios y políticos. Esto nos pone en la idea de que la resistencia de las comunida-des indígenas no es una “resistencia en sí”, como la quieren ver algunos, sino que se tra-ta de una “resistencia para sí”, que respon-de a un proceso de acción y defensa de la identidad frente a la crisis civilizatoria que fomenta la globalización mercantil en la vida humana.

Entre tanto, tenemos que seguir en la re-flexión para que esa ofensiva en resistencia construya certidumbre para un México plu-ricultural que viva en armonía con la natura-leza. ¿Cuál es la perspectiva de alimentación para nosotros los mexicanos?, ¿qué dieta de-bemos de tener?

FOTO

: Lau

ra E

. Her

nánd

ez

FOTO

: Ben

igno

Robl

es R

eyes

FOTO

LE

Há

d

FOTO

BR

blR

PREDOMINIO DEL MINIFUNDIOA pesar de todas las disposiciones legales que establecieron los cambios al ar culo 27 cons tucional en 1992, para promover la venta y reconcentración de la erra ejidal, y a pesar de la ausencia de polí cas dirigidas al desarrollo del minifundio, la unidad de pro-ducción (UP) más generalizada en el campo es precisamente el minifundio. De acuerdo con el VIII Censo Agrícola, Ganadero y Fo-restal, existen hoy día dos millones 688 mil 611 UP con menos de cinco hectáreas, que representan 71.6 por ciento del total.

Un análisis elaborado por Héctor Robles, muestra que las UP minifundistas se han mul plicado y han resis do todas las dis-posiciones legales en su contra y la falta de

apoyo gubernamental. Su crecimiento en 80 años es del 708.7 por ciento, al pasar de 332 mil que exis an en 1930, a 2.6 millones de unidades en el 2007.

Año Unidad de Producción Menos de 5 ha %1930 614,101 332,439 54.11940 858209 567,874 66.11950 1,383,212 1,004,839 72.61960 1,220,324 928,757 76.11970 846,994 567,129 67.01980 3,062,950 1,792,654 58.51990 3,504,510 2,114,622 60.32007 3,755,043 2,688,611 71.6

Fuente: Inegi. I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal

Tierra y territorio

el maíz esidentidad

Casi toda la fl ora está

clasifi cada por los pueblos

indígenas, ya sea por su color,

sabor o temporalidad; si son

frías o calientes; silvestres o

cultivadas; de la selva, del monte,

de la comunidad o del solar

¿Al maíz transgénico se le harían

cantos, danzas y rituales a la

milpa y a los lugares sagrados?

Obviamente la planta perdería su

carácter sagrado y se rompería

la continuidad milenaria, lo cual

violaría los derechos culturales

de los pueblos indígenas

17 de abril de 2010 5

Alejandro Cruz Juárez

A Carlos Montemayor, por sus enseñanzas

El territorio na-cional tiene una superficie de 198 millo-

nes 512 mil 363 hectáreas, de las cuales 101 millones 937 mil 176 están en manos de poco más de 30 mil ejidos y comunidades, en don-de se encuentran 80 por ciento de selvas y bosques, 74 por ciento de biodiversidad y dos terceras partes de los litorales.

Sin embargo, la mayoría de las comunida-des y los ejidos se encuentran en la pobreza y carentes de infraestructura (hospitales, es-cuelas, carretera). La pregunta es ¿no tiene valor la tierra de la que son dueños?

¿Quién aprovecha los recursos que el go-bierno dice destinar al campo?, “el presu-puesto más alto en la historia de México”. ¿A quiénes llega realmente este presupuesto? Trataremos de responder.

En la Colonia la única empresa que floreció fue la minería. La prosperidad de España y de Europa se debió en gran parte a la plata que recibía de la Nueva España. Hoy con gobiernos elegidos democráticamente¿?, la minería vuelve a florecer en nuestro país, con las mismas prácticas depredadoras: enve-nenamiento de agua, de suelos, de atmósfera, por el ruido, y destrucción de los cimientos de las casas, a consecuencia de las explosio-nes con dinamita, y la autoridad brilla por su ausencia. Un caso emblemático es la Minera San Javier, en la capital del estado de San Luis Potosí; a pesar de los amparos ganados para que detenga su explotación, la empresa de origen canadiense se burla de nuestras le-yes, sabiendo que cuenta con la complicidad de las autoridades.

Y no podemos dejar de mencionar el asesinato de Mariano Abarca Roblero, diri-gente de la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) –la cual se opone a las actividades de la minera canadiense Blackfire en el munici-pio de Chicomuselo–, perpetrado el pasado 27 de noviembre 2009.

En el caso de los desarrollos turísticos en nuestras playas, el despojo con la compla-cencia de las autoridades es una constante, como es el caso de los habitantes del poblado de San Antonio Ebula en el estado de Cam-peche, que fueron desalojados de predios que tenían en posesión desde hace 40 años, por un grupo de golpeadores, presuntamente pagados por el empresario Eduardo Escalan-te Escalante, quien fue suegro del anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.(La Jornada, 15 de agosto, 2009), y las autoridades en lugar de actuar conforme a derecho, protegieron al empresario. Éste es solamente un caso, pero en la construc-ción de desarrollos turísticos, los que menos cuentan son los dueños de la tierra, y la re-presión es un hecho cotidiano.

En cuanto a las unidades habitacionales, que hoy vemos crecer alrededor de las gran-des ciudades, se edifican en tierras ejidales,

sin ninguna planeación, sin considerar la fal-ta de servicios, principalmente del agua, que hoy es otro de los grandes problemas que en-frentamos debido al agotamiento de los man-tos freáticos. Quienes impulsan las construc-ciones de unidades solamente consideran el lucro, no les importa qué pasará después.

Otro uso actual del suelo es la produc-ción de agrocombustibles. Se ha anunciado la construcción de plantas procesadoras en Sinaloa, Chiapas y Veracruz, al igual que los permisos para las siembras de maíz trans-génico. Ambas cosas van de la mano ya que una de las tecnologías para la producción de agrocombustibles utiliza el maíz como mate-ria prima, y como siempre el negocio está en la exportación del combustible.

Y la producción de alimentos, que es el principal uso que debería de tener la tie-

rra en nuestro país, como nos podemos dar cuenta, está olvidada de los programas ofi-ciales, tan metidos en sus negocios de pro-ducción de agrocombustibles, siembra expe-rimental de maíz transgénico, explotación minera y los grandes desarrollos turísticos en nuestras playas, mientras los campesinos e indígenas se van del país en busca de los re-cursos que se les niega aquí, para mejorar las condiciones de vida para ellos y sus familias. En el sexenio foxista se fueron dos millones, y en éste ¿será una cantidad igual?

Tal parece que piensan que con la importa-ción de alimentos se podrá cubrir la demanda interna. Por eso hoy le están dando otro uso a la tierra, dicen que lo que deje más ganancias, pero quienes mal dirigen al país ni siquiera es-tán enterados de lo que sucede en otras regio-nes del mundo: países como China, India y los del Medio Oriente están adquiriendo tierras en África, Asia Central, Rusia, América del Sur y Asia sudoriental, para la producción de alimen-tos, ya que se han convencido de que el merca-do no será capaz de resolver el sustento de su población (la información se puede encontrar en http://www.grain.org/briefings/?id=214).

Hoy que el gobierno de Felipe Calderón promueve los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolu-ción, los pueblos indígenas no tienen nada qué festejar, a pesar de haber sido actores principales en estas luchas. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

LA TIERRA Y SUS USOS

María de los Ángeles Muñoz G.

Cada pueblo, cada cultura po-see un sentido profundo, sim-bólico y mítico en su relación con la tierra; en un continuo

devenir de lo abstracto a lo concreto y viceversa, esta relación recrea integralmente la vida cotidiana en el ámbito rural. La tierra juega un papel central en la vida de los hombres y las mu-jeres como elemento de identidad y como espacio simbólico.

En la cosmovisión totonaca la tierra tiene varias acep-ciones: es Katiyatnit el territorio donde habitamos todos, donde nacemos, vivimos y morimos. Es tiyat, la tierra que pisamos, la porción donde nacemos y nos establecemos. A la tierra se le debe respeto porque es la que nos da de co-mer, es Kimpakatsikan (nuestra madre) a quien se le identi-fica con un ser divino femenino, omnipresente.

La mujer en la cosmovisión indígena era tratada con respeto porque constituía parte esencial para la reproduc-ción social, cultural y biológica. Se celebraban ritos, cos-tumbres y ceremonias en la que jugaba el papel central. La mujer está vinculada con la madre tierra, sin ella no había producción ni reproducción cultural. Se expresa en víncu-lo simbólico mujer-tierra, mujer-semilla y mujer-madre.

La vida del ser humano es explicable biológica y social-mente; sin embargo, para los y las indígenas totonacas es uno de los acontecimientos más importantes y de gran cuidado, donde la vida del niño o niña necesita algo más allá del cuidado “normal” que sus padres puedan darle, necesita de la protección divina. La partera al recibirlo realizará “el costumbre” invocando a Makgtakalhná, que son las enanitas, las cuidanderas de los chiquitos que na-cen. Estas madres se encuentran fuera de la tierra. Es algo que anda flotando por el oriente. Cuando un niño o niña nace, el primer acto ritual es ofrendar a las madrecitas. Por esto, el ombligo del niño o niña se cuelga en la rama de un árbol cuya dirección esté hacia donde nace el sol, hacia el oriente. O “si los papás quieren que su hijo sea bueno para la pesca, su ombligo lo llevarán a la rama de un sauce junto al río, hasta que se seque y ahí se quedará. Ese niño será un buen pescador”. Las mujeres paren en un petate sobre el suelo; a los seis días (seis es la mitad de las doce madrecitas que forman el makgtakalhnan) se celebra el levantamiento y con sumo cuidado se levanta la tierra donde nació el niño o niña, para depositarla en una cubeta y que no sea pisoteada por nadie, ahí se quedará, hasta que nazca otro hijo. En el levantamiento se hace el lavado de las manos y se ofrenda un guajolote a la tierra y a Makgtakalhná. Si en la familia alguien se enoja o se pelea, el niño puede enfermar y morir pronto. Por lo tanto, para

recuperar la armonía se reunirá a la familia y los padrinos para celebrar el rito que asegure la salud y las buenas rela-ciones entre la familia y con la comunidad.

La creencia, la costumbre, el rito se vuelven parte de la vida cotidiana, se integra al todo, en la relación entre los miembros de la familia y la comunidad, se asegura la re-producción y el sustento desde el momento en que se nace, como aquel que puede ser un buen pescador o la niña que cuidará el fuego y el hogar.

Es necesario comprender el pensamiento indígena, en el que una roca o un árbol permite construir una lógica distinta y por consiguiente mantener una forma de vivir y relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos con mayor respeto. Es determinante para nuestras socie-dades recuperar la valoración de dos centros de la vida y la reproducción: la tierra y la mujer. Sobre todo hoy día cuando en la lucha diaria contra el control y poder mas-culino la mujer indígena tiene que librar la peor parte, superando esa triple discriminación por ser indígena, ser pobre y ser mujer.

Luchar por la tierra también significa luchar por la mujer, significa comprometernos a luchar por la igualdad entre hombres y mujeres para lograr el equilibrio y la armo-nía, en la que todas y todos tenemos voz y derechos y somos constructoras y constructores de la historia. Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

LA TIERRA: NUESTRA MADRE

¿Quién aprovecha los recursos

que el gobierno dice destinar

al campo?, “el presupuesto

más alto en la historia de

México”. ¿A quiénes llega

realmente este presupuesto?

El territorio nacional tiene

una superfi cie de 198 millones

512 mil 363 hectáreas, de las

cuales 101 millones 937 mil 176

están en manos de poco más de

30 mil ejidos y comunidades,

en donde se encuentran 80 por

ciento de selvas y bosques, 74

por ciento de biodiversidad y dos

terceras partes de los litorales

ILUS

TRAC

IÓN

: Die

go R

ivera


Entre 1993 y 2006 el Pro-grama de Cer-tificación de

Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) regularizó 93 mil 132 mil 667 hectáreas otorgando certificados a los ejidatarios o comuneros integrantes de 28 mil 757 núcleos agrarios. Con ello, cubrió 90.4 por ciento del total de núcleos y más de 91 por ciento de la superficie social del país.

El Procede puso en 2006 punto final a su labor, y a partir de 2007 surgió el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regu-larizar (Fanar) que busca certificar a los nú-cleos que quedaron pendientes. El problema es que Procede contaba con un presupuesto federal anual de unos dos mil millones de pe-sos, y el Fanar sólo tiene 17 millones por año.

Entre 2007 y hasta febrero de 2010 el Fa-nar ha regularizado 219 núcleos con una su-

perficie de 456 mil 198 hectáreas, pero si su presupuesto se mantiene escaso “yo creo que en 200 años terminaremos de regularizar, pues el costo por ejido va de 300 mil a un mi-llón de pesos”, señala Rocendo González Pa-tiño, titular de la Procuraduría Agraria (PA).

“Si el Congreso (de la Unión) no nos au-toriza más recursos, vamos a trabajar hasta donde alcance la gasolina”. La PA ha cabil-deado infructuosamente con diputados para incrementar los presupuestos de Fanar.

Entre los ejidos que no entraron al Procede se cuentan muchos que estaban inmersos en procesos judiciales, y hoy ya concluyeron sus controversias. También es-tán 393 núcleos agrarios que durante toda la vida del Procede manifestaron rechazo a ser regularizados. A los que hoy quieren entrar a Fanar, “les decimos, fórmate, vas a la fila”, o también está la opción de buscar su regula-rización con una empresa particular, la cual deberá cuidar las técnicas de medición.

El objetivo declarado del Procede fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra por medio de la entrega de certificados par-celarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según el caso, así como títu-los de los solares a favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios.

La ejecución del Procede fue responsabi-lidad de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), de la PA, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Registro Agrario Nacional (RAN). El Fanar lo operan sólo la PA y el RAN. El RAN realiza lo que era responsabilidad del Inegi (que hacía el posicionamiento satelital) pero con la gran limitante de la escasez de recursos.

Según el procurador agrario, lo costoso de la certificación radica en que son muchos los pasos que deben darse para hacer la me-dición clara de los predios. “Hay que llevar peritos, ingenieros, hacer el posicionamiento satelital, pagar viáticos, gasolina, pues hay que ir al ejido no una sino diez veces o más; también está la generación de documentos, la realización de asambleas de información y de aprobación; hay que llevar el borrador, corroborar que no haya errores”.

El procurador precisó que hay casos de campesinos que carecen aún de su certifi-cado, porque, aunque sus predios están me-

didos y regularizados, hay algún asunto que detiene la entrega del certificado, como pue-de ser que la persona carezca de su acta de nacimiento, o que hay algún error en algún dato del documento. Pero el hecho es que la tierra ya está regularizada.

Dijo que cuando el Procede comenzó a certificar hubo expresiones de temor de que la tierra iba a privatizarse, y no ha sido así. Según estadísticas del RAN, sólo unos dos millones de hectáreas han pasado de propie-dad social a privada, y esto es básicamente porque las áreas donde se encontraban los poblados de los ejidos fueron escriturados y se les sacó de la operativa ejidal; pasaron a ser propiedad privada (LER).

Daniela Griego Ceballos

El 26 de febrero de 1992 se pu-blicó en el Dia-rio Oficial de la

Federación el Reglamento en Materia de Cer-tificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que reguló la aplicación del Pro-grama de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), como resul-tado de la reforma constitucional al artículo 27 constitucional, donde se estableció el fin del reparto agrario y se sentaron las bases para la privatización del ejido y los bienes comunales.

El Procede fue ejecutado por la Procura-duría Agraria (PA), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Registro Agrario Nacional (RAN). Desde los inicios, su aplicación estuvo acompañada de una fuerte campaña de promoción donde se resaltaban sus “bondades”, argumentando que con el Procede se certificaban los derechos agrarios y se daba certeza jurídica al campo. Sin embar-go, con esto se disfrazó la verdadera intención del programa, que era desaparecer la propie-dad social de la tierra, para volverla una mer-cancía; pero a pesar de los muchos intentos y recursos gubernamentales invertidos en la operación, esto no ha sucedido en la magnitud ni en el tiempo que se esperaba.

Según información contenida en la pá-gina web del RAN, el Procede concluyó en noviembre de 2006, y sus resultados más im-portantes fueron: la certificación y titulación de 28 mil 757 núcleos agrarios, de un total de 31 mil 201 que hay en el país, lo que represen-tó un avance del 92.16 por ciento, abarcando cuatro millones 445 mil 213 familias campe-sinas, a quienes se les generaron poco más de 9.5 millones de documentos agrarios. Una gran parte de los ejidos sin regularizar se lo-calizan en los estados de Chiapas y Oaxaca, debido entre otras razones a la resistencia de comunidades y organizaciones indígenas frente al Procede.

Del universo de ejidos incorporados al programa, según datos del RAN de diciem-bre de 2008, tres mil 115 núcleos agrarios ha-bían adoptado el dominio pleno de parcelas ejidales, cifra que representa alrededor del 10 por ciento del total; los estados con más nú-cleos agrarios que pasaron a dominio pleno fueron Guanajuato con 331, Jalisco con 214, Veracruz con 183, Coahuila con 179 y Sina-loa con 163.

En los 13 años de su aplicación, el Pro-cede pasó de ser un instrumento técnico agrario del gobierno a una estrategia po-lítica para ir desmembrando la vida ejidal y comunal en México, y son muchos los

casos de ejidos y comunidades en el país que evidencian esto. Además este progra-ma dejó una serie de secuelas que han provocado y agudizado conflictos agrarios, sociales, culturales, y ambientales. Algunos problemas e irregularidades en la aplica-ción del Procede se pueden caracterizar de la siguiente manera:

AGRARIOS: Linderos encimados entre parce-las y núcleos, certificados y títulos de so-lar pendientes de entregar, documentos con errores evidentes, miles de hectáreas sin asignar, parcelas mal asignadas, aca-paramientos internos legalizados, viola-ciones a los reglamentos internos de los ejidos y comunidades, no reconocimien-to de parcelamientos económicos, padro-nes de ejidatarios alterados, superficies no medidas.

SOCIALES: Asignación de parcelas a perso-nas sin derecho, conflictos entre colin-dantes, conflictos entre sucesores, no asignación de derechos a posesionarios y avecindados, división de las asambleas, debilitamiento de la vida interna de los ejidos y comunidades, desincorpora-ción de la zona urbana del ejido, aca-paramiento y especulación de empresas inmobiliarias.

CULTURALES: Desaparición de formas de tra-bajo y de propiedad colectiva de la tierra, cambio de dinámica y de formas de toma

de decisiones y tiempos en las asambleas comunitarias, exclusión de la toma de de-cisiones de avecindados y posesionarios.

AMBIENTALES: Reparto de las tierras de uso común, medición de territorios de selva, bosques y montaña, adjudicación a parti-culares de nacimientos de agua, explota-ción desmedida de zonas arboladas.

Al final del Procede no existió o no se dio a conocer una evaluación gubernamental de los impactos positivos y negativos del progra-ma, así como los pendientes y las consecuen-cias que dejó en el campo mexicano. Sin em-bargo, al año siguiente en el 2007, se inició el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), con el fin de continuar los trabajos de certificación y titulación en los núcleos agrarios que no fue-ron incorporados el Procede. Integrante de la Coordinación Estatal del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) en Veracruz

CERTIFICADA, MÁS DE 90% DE LA TIERRA EJIDAL Y COMUNAL• Núcleos agrarios pendientes quieren regularizar, pero el presupuesto es escaso: Procuraduría Agraria

LAS SECUELAS DEL PROCEDE

ORDENAMIENTO DE LA TIERRA EJIDAL Y COMUNALSuperfi cie del territorio nacional196,718,300 has.

Superfi cie de los núcleos agrarios (ejidos y comunidades)101,832,626 has.

Núcleos agrarios en el país31,795

Núcleos agrarios cer fi cados por Procede y Fanar28,976

Porcentaje de núcleos cer fi cados91.13%

Superfi cie regularizada por Procede y Fanar93,588,865 has.

Porcentaje de hectáreas ejidales y comunales regularizadas 91.90%

Familias involucradas en la cer fi cación4,445,213

El Procede puso en 2006 punto

fi nal a su labor, y a partir de

2007 surgió el Fondo de Apoyo

para los Núcleos Agrarios

sin Regularizar (Fanar) que

busca certifi car a los núcleos

que quedaron pendientes

Una gran parte de los ejidos

sin regularizar se localizan

en los estados de Chiapas y

Oaxaca, debido entre otras

razones a la resistencia de

comunidades y organizaciones

indígenas frente al Procede

ILUS

TRAC

IÓN

: Die

go R

ivera


Lourdes Edith Rudiño

Desde la ópti-ca de la Se-cretaría de la Reforma

Agraria (SRA), los “conflictos gravísimos” por la tierra, los cuales generaban muchas muertes, son cosa del pasado, y si bien hoy se observan conflictos difíciles y graves, ya se ha reducido sustancialmente la violencia pues los campesinos prefieren conciliar ami-gablemente, llegar a acuerdos comunes.

De acuerdo con el subsecretario de Orde-namiento de la Propiedad Rural de la SRA, Jaime Tomás Ríos Bernal, “el año 1992 mar-ca una pauta en que hay muchas muertes en el campo; después estas muertes van dismi-nuyendo por la conciliación que propician programas federales (....) y la meta de este gobierno es concluir el sexenio con una re-ducción sustancial de los conflictos; tal vez dejarlos en unos 200, que sean manejables” y al mismo tiempo que el Registro Agrario Na-cional (RAN) cuente con un mapa de toda la República identificados los dueños de la tierra con nombre y apellido.

En entrevista señaló que los conflictos agrarios identificados al inicio de 2010 su-man 546, y los estados donde se concentra el mayor número son Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. Algunos casos co-rresponden a problemas añejos centrados en comunidades, como los que hay en los pueblos huichol, yaqui y purépecha, así como en la Selva Lacandona (este último donde la SRA ha logrado avanzar en conci-liación en 90 por ciento) o los Chimalapas, en los límites de Oaxaca y Chiapas, donde el conflicto suma ya 80 años y entre el sexe-nio anterior y el actual ha habido tres inten-tos de conciliación, “dos que se nos caye-ron, y el actual, donde llevamos un avance de 50 por ciento”.

Para hablar del grado de dificultad de estos casos, ejemplificó con el conflicto de la Meseta Purépecha, el cual involucra a 49 de las 64 comunidades indígenas presentes en los 17 municipios de la meseta; sus con-troversias por la tenencia de la tierra –por límites, resoluciones y sentencias no eje-cutadas, sobreposición de planos, posesio-nes irregulares y procedimientos agrarios inconclusos— tienen una antigüedad pro-medio de 60 años y en ese periodo se han registrado 122 enfrentamientos con saldo de 300 muertos y mil heridos, y hay más de 22 mil 500 hectáreas y 25 mil 267 sujetos involucrados.

El funcionario explicó que el gobierno de Felipe Calderón puso en marcha el Progra-ma de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), para atender todos los problemas por la tierra. Con ello, dejó de manejarse los conceptos de focos rojos y fo-cos amarillos que utilizó la SRA el sexenio anterior, que significaban conflictos de gran magnitud en el primer caso y de menor gra-do en el segundo. (Recordemos que los focos rojos contabilizados al inicio del sexenio de Fox eran 14 en 11 estados, con 288 conflictos implicados y los focos amarillos eran 364 en 25 estados).

Aclaró que el Cosomer –el cual compensa con dinero a quienes en los conflictos que-dan como perdedores de la tierra– deja fuera demandas como las de los campesinos que fueron desplazados en Chiapas en el marco de la lucha del Ejército Zapatista de Libera-ción Nacional (EZLN).

“A muchos de los desplazados no se les dio tierra; a otros sí. Hoy (los primeros) vie-nen y nos dicen que les demos tierra, pero nosotros no tenemos tierra y no podríamos abrir la puerta para decir fórmense para aten-derlos. No tendríamos fondo. El gobierno del estado los ha contenido, y nos coordinamos con la Comisión Nacional de Pueblos Indí-genas para atender la situación. Son grupos chiquitos, de 30 o 20 familias, pero no sé cuanta tierra están demandando”.

Asimismo, la SRA detecta que hay asun-tos “artificialmente creados” que buscan obtener dinero del Cosomer, “pero esos no los atendemos. Tratamos de saber de dónde viene la conflictividad, y en general (además de los muy viejos mencionados arriba) los asuntos que atendemos tienen diez, 20 años”. Las invasiones de tierra recientes también quedan fuera del Cosomer; éstas se observan en casi todos los estado de la República, y “Chiapas tiene mucha conciencia y no per-miten las invasiones, y si las hay, van y los sacan, pero hay otros lugares como Oaxaca, donde, por no tener broncas, las permiten. En Veracruz en algunos casos el gobierno entra con la policía y desaloja, pero tiene que ser muy fresquesito, muy rápido, para que no se establezcan”.

El Cosomer ha ejercido un presupuesto de mil 990 millones 800 mil pesos entre 2007 y lo que va de 2010 (hasta el 17 de marzo) para resolver 532 conflictos “uno en promedio por cada dos días”, que involucraban a más de 48 mil personas y donde estaban en juego casi 226 mil hectáreas.

El número de conflictos no es estable, “hay nuevos que van surgiendo”, así a veces la situa-ción se vuelve “un cuento de nunca acabar”. Pero el funcionario confía en que al cierre del sexenio habrá un avance importante de conci-liación. Este año 2010, con un presupuesto de 837 millones de pesos, el Cosomer lleva más de 30 casos resueltos y “tenemos dinero para cerrar el año resolviendo unos 170”.

¿Qué hace el Cosomer? “Tenemos gru-pos especializados de personas que capaci-tamos en negociación y conciliación. Ellos conviven con la gente en los lugares, van platicando, les explican las bondades, con mucho cuidado, tiempo y paciencia, y ya cuando están cabildeados, entramos, nos permiten medir, hacer avalúos de la tierra, y ver si les falta o les sobra tierra (respecto de lo que muestran sus papeles de posesión)”. Quienes tienen en uso menos tierra de la que les corresponde, se les paga una “contra-prestación”, una especie de indemnización, para que ya no reclamen la tierra que está en posesión del grupo con el que tienen con-flicto, y al que tiene la tierra en uso se le da certeza jurídica de esa posesión, para que en adelante ya no haya reclamos.

A quienes se les paga la “contraprestación” se les entrega cheques, preferentemente per-sonalizados, a menos que la asamblea deci-da que sea una sola persona la que reciba el dinero, y se hace el trámite ante tribunales, con la lista de las personas beneficiarias, a fin de que no resurjan los conflictos. Y los campesinos saben que si incurren nueva-mente en confrontación por la misma tierra ya el Cosomer no entrará.

El monto de los pagos los define el área jurídica de la SRA. Ya medidos los predios a pagar, se hace una valuación considerando el tipo de tierra que es (de agostadero, riego, et-cétera) “y la verdad negociamos hacia abajo, pues es una contraprestación. No tomamos en cuenta contenidos de la tierra (si tiene caña, o una casa) ni potencial”.

Ejemplificó con el caso de los Chimalapas. Allí los pueblos de Santa María y de San Mi-guel están confrontados desde hace 80 años. En la actual década ha habido dos intentos de conciliación que se cayeron por diversas causas (conflictos por religión, intereses por la tala de árboles, pues es zona boscosa, li-derazgos en las comunidades que impiden la negociación). “Desde hace año y medio, hemos ido allá; un mes vamos a Chiapas y otro a Oaxaca. En el caso de Santa María ya nos permitieron entrar a medir, que es el primer paso para poder decir ‘tú tienes una resolución presidencial que señala que tienes tantas hectáreas, vamos a ver que esas hectá-reas estén delimitadas y podamos medir’ (...)

Si en una de las dos partes la superficie se pasa de lo que dice la resolución, les decimos ‘se pasaron mil hectáreas’ por ejemplo, ‘ya es-tán ocupadas, hay siembras, animales, comu-nidades, lo más fácil es que te la paguemos. Tú vas a recibir un dinero y podrás aplicarlo productivamente a la tierra que tienes’. Ya cuando conciliamos, podemos titular y dar la certeza jurídica que buscamos”.

Ríos Bernal comentó también que la Ley de Amparo ha permitido que muchos de los conflictos se prolonguen. “Hay gru-pos de campesinos que se promueven un amparo y lo ganan, pero luego la otra parte también se ampara, van a los tribunales, cam-bian sentencias y reviven los problemas. Y no creamos certeza jurídica en la tierra. Viene amparo tras amparo, tras amparo y nunca ter-minamos. Modificar esta Ley de Amparo nos ayudaría muchísimo y terminaríamos más rápido con los conflictos. A las organizacio-nes, a muchos grupos no les interesa que se termine el amparo porque es un instrumento de defensa que pueden activar en cualquier momento, pero para nosotros lo mejor sería que los conflictos concluyan pronto”.

–Pero, ¿será que hay todavía mucha gente sin tierra que tiene expectativa de obtenerla?’

–Sí, pero también hay muchos intereses. Normalmente la gente más callada es la gen-te que está satisfecha y está siendo productiva y hay intereses por fuera que quieren tener la tierra para venderla y hacer un negocio de ella (...) Hay muchos que dicen ‘quiero tierra’, pero ya el reparto se terminó (en 1992 con la modificación al 27 constitucional). Es muy difícil que actualmente el gobierno sea tan paternal para decir ahora le vamos a dar un pedacito de tierra para todos los que faltan. Lo que estamos buscando ahora en la Refor-ma Agraria es pasar a la siguiente etapa de ha-cer productiva esa tierra porque hay mucha que está improductivas. Lo que hay que ha-cer ahora es meter inversión. Y que muchas de las personas que viven en los núcleos agra-rios, que no tienen sus parcelas, que ellos ten-gan proyectos productivos dentro de la mis-ma comunidad o del mismo núcleo ejidal, para que puedan vivir de una mejor manera.

“Hay que meter inversión privada y públi-ca. Y ya los ejidatarios han abierto su mente. Aceptan que vengan inversionistas privadas, pues así reciben beneficios, trabajo, carrete-ras, luz, agua, que las empresas llevan. Hay campesinos que dicen ‘ese cerro es mío’, pero de qué sirve si no es productivo, y teniendo potencial para ser una mina, es susceptible de inversión privada.”

LOS CONFLICTOS DE LA TIERRA, MENOS VIOLENTOS HOY QUE ANTES: SRA• Con pagos y conciliaciones, se ha logrado generar paz• Persisten problemas, sobre todo en el sureste y Michoacán

Ríos Bernal comentó

que la Ley de Amparo ha

permitido que muchos de los

confl ictos se prolonguen

“Hay muchos que dicen

‘quiero tierra’, pero ya

el reparto se terminó (en

1992 con la modifi cación

al 27 constitucional)”

Jaime Tomás Ríos Bernal, subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la SRA

FOTO

: Lou

rdes

Edi

th R

udiñ

o



La Procuraduría Agraria (PA), nacida en 1992 y concebida como

ombudsman o defensora de los derechos de los ejidatarios y comuneros, está enfocando hoy gran parte de su atención y su labor a asociar a los campesinos con inversionistas privados o con gobiernos para que desarro-llen proyectos empresariales tanto en el sector agropecuario como en el turístico, el industrial, en energía alternativa, minería, en desarrollos inmobiliarios, en servicios y equipamiento urbano y más.

El titular de la PA, Rocendo González Pa-tiño, precisó en entrevista que del universo de 28 mil 976 núcleos agrarios certificados, con 93 millones 588 mil 865 hectáreas, la Procuraduría ha recibido solicitudes de 2 mil 820 núcleos, poseedores de 14 millones 39 mil 435 hectáreas, para ser objeto, en parte de sus superficies, de desarrollos empresa-riales en los diversos sectores, y hay un di-rectorio de 723 inversionistas interesados en asociarse con los campesinos.

Y desde 2008 la PA ha facilitado aso-ciaciones de este tipo en el marco de su esquema Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (FIPP). En 2008 y 2009 contabilizó 896 proyectos de in-versión formalizados, con una inversión total aproximada de casi 40 mil millones de pesos sobre 227 mil 32 hectáreas, y que involucra a 57 mil 332 ejidatarios o comuneros. El be-neficio comprometido para los campesinos (pagos por renta o venta de tierra, regalías, utilidades, etcétera) en los proyectos, que son multianuales, es de 3 mil 634 millones de pesos. Y el programa sigue avanzando este 2010; hasta febrero se tenían 47 proyectos for-

malizados con una inversión comprometida de mil 127 millones de pesos.

El funcionario dijo que así se está inician-do la tercera etapa agraria, de capitalización, luego de la primera, de reparto, que duró 77 años (de 1915 a 1991), y la segunda iniciada en 1993, de ordenamiento de la tenencia de la tierra social, con el Programa de Certifi-cación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) y con el actual Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar).

“La ley permite la asociación, celebrar contratos, convenios. Como PA, estamos tra-bajando para dar seguridad a ambas partes; buscamos que los contratos sean trasparen-tes, legales, que beneficien a ambas partes, que sean justos, que haya seguridad jurídica, que se cuiden todas las formalidades, como la convocatoria de las asambleas, para evitar que haya conflictos a futuro (...) Buscamos que el campesino no venda su tierra, que sea parte del proyecto y tenga participación de las utilidades (...) Hay empresarios que dicen ‘yo quiero hacer bien las cosas, no quiero robar; quiero ganar pero que también el otro gane’.

Tenemos este objetivo de jalar inversión al campo (...) Hay ejidos más grandes que mu-chos estados del país. Uno queda impresiona-do por la real situación de estas propiedades, que son terrenos inmensos y que requieren también proyectos de esa magnitud. Hablar de aprovechar 20 mil hectáreas en un pro-yecto agrícola es viable, porque se tiene el te-rreno. (Pero) tenemos la idea de que cuando hablamos del campo es sólo maíz y frijol y no es así; hay potenciales urbano, industrial, ecológico, minero y es donde deben aterrizar los proyectos que estemos presentando”.

Rocendo González comentó que en 2007 la PA intervino en la defensa o conciliación de campesinos en 47 mil juicios. Algunos re-lativos a tierras sin testamento, otros a conflic-tos entre vecinos, otros más en búsqueda de reconocimientos parcelarios, pero también en estos juicios estaban involucrados muchos donde los ejidos demandaban nulidad de contratos de arrendamiento o usufructo de la tierra de proyectos empresariales fallidos, “y nos dimos cuenta que había muchos errores a la hora de convenir tanto del campesino como del empresario; a veces los contratos no se validaban por la asamblea. Vimos esta la-guna institucional para jalar inversión”.

Por ello surgió el FIPP. “Empezamos a unir a campesinos y a inversionistas. Se pre-senta (a los campesinos) el proyecto que se pretende, cuánto se va a ganar; decimos cuál es el convenio o el esquema más adecuado. Buscamos trajes a la medida. En los contratos absolutamente todo se anota, nada queda a la interpretación, hacemos los registros que marcan las leyes de Inversión, de Minas, los trámites ante el Registro Agrario Nacional (RAN) ante el Registro Federal de la Propie-dad, ante Relaciones Exteriores y cerramos la pinza, y nos mantenemos al pendiente de que vayan caminando los contratos suscritos”.

Ejemplificó con un proyecto en firme de una central eólica de energía eléctrica, que implicó un contrato de usufructo par-celario entre el ejido La Venta, de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y la empresa españo-la Eurus SAPI de CV. El proyecto, donde también participa Cemex, implica 2 mil 450 hectáreas, esto es 40 por ciento del total de superficie parcelada del ejido. La inversión es superior a los 500 millones de dólares; su duración es de 30 años con posibilidad de prórroga y los beneficios comprometidos

para los campesinos son por 472 millones de pesos. La energía se vende a la Comisión Fe-deral de Electricidad.

“Allí (en La Venta) por más que pongan se-milla, el aire se la va a llevar. Les dijimos ‘tu tierra no es agrícola’. Hay ejidatarios allí que tie-nen 30 hectáreas y van a recibir más de medio millón de pesos anuales por la renta de su tierra a Eurus, otros van a recibir 20 mil, todo depen-de de su ubicación (dentro del proyecto). Ade-más la empresa se compromete a darles trabajo calificado o no calificado. Se requieren mate-riales y les piden que participen en el acarreo”.

Señaló que algunos de los proyectos impli-can la privatización de la tierra, pues corres-ponden a fraccionamientos inmobiliarios o turísticos en zonas urbanas, pero el ejidatario se vuelve empresario y se abre a la coinversión con privados y la tierra no se valúa en térmi-nos de hectáreas sino de metros cuadrados, con lo cual su precio es mucho mayor al que obtuvieron campesinos de la misma zona en ventas que hicieron en el pasado dentro del proceso del crecimiento de la mancha urba-na. “En Huixquilucan, estado de México, hay un desarrollo inmobiliario de un ejido que se llama Chichicaspa. En Sinaloa hay otro ejido, la Isla de la Tierra, que también está aportando tierra a una sociedad inmobiliaria. En Guerrero hay un ejido que aporta tierra para un proyecto ecoturístico. Ellos son los dueños y abren su sociedad a inversionistas”.

Esto deberá escribir un capítulo nuevo en el uso de tierra ejidal para crecimiento urbano pues, según el procurador, “tan sólo en el Distrito Federal la gran mayoría de los desarrollos inmobiliarios se realizaron de for-ma irregular (sobre tierra ejidal). En Oaxaca tenemos más de seis mil desarrollos urbanos en tierras ejidales. En Morelos hay proble-mas por desarrollos urbanos en tierras comu-nales, y la junta directiva de la comunidad pasa cada año y les pide ‘cáiganse con su ren-ta’. Hubo ventas de manera directa, simple, sin pasar por los procesos que marca la ley, y mientras esa tierra no se ordene (vía expro-piación que debería realizar la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, Corett) va a seguir habiendo problemas”. Y lo mismo ocurre con desarrollos turísticos que adquirieron tierra social de forma irregular.

En cuanto a otros convenios firmados pre-vio a que comenzara a intermediar la PA, el funcionario comentó que “hay miles que se han suscrito de manera directa entre ejidos y empresarios y muchos salen mal. (En el caso de los de energía eólica), en donde nosotros participamos no hay problema. Hay otros que se hicieron antes y no intervino la PA; los empresarios negociaron directamente, y la ley los faculta. Si a nosotros el ejido nos pide que hagamos una demanda (contra el em-presario) tenemos la obligación de hacerlo”.

Hoy la participación activa de la PA en estas asociaciones es “porque queremos dar seguridad en la tenencia de la tierra, que el empresario sepa que no hay ningún proble-ma con el ejidatario, con el comunero, que jamás lo va a demandar por la cuestión del suelo. Nosotros estamos garantizando”.

FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE CAMPESINOS Y CAPITAL PRIVADO, LABOR DE LA PROCURADURÍA AGRARIA• Suman más de 900 proyectos en 227 mil hectáreas desde 2008

FOTO

: Lou

rdes

Edi

th R

udiñ

oFO

TOL

dEd

hR

d

PROYECTOS CON GOBIERNOS Y CON PRIVADOSPara facilitar los convenios de asociación entre campesinos e inversionistas privados o públicos, la Procuraduría Agraria (PA) rea-liza acciones de cer fi cación, expropiación, aportación de erras, adopción de dominio pleno (paso de propiedad social a priva-da) y la celebración misma de contratos y convenios.

La PA ene un mapa donde iden fi ca los núcleos agrarios que hasta hoy ha detecta-do con potencial agropecuario, ecológico, turís co, de desarrollos urbanos, mineros, de infraestructura, industriales, etcétera, y ene el registro de los convenios donde ha

par cipado como facilitadora.

Entre esos proyectos aparece uno turís co en la comunidad de San José de Gracia, en

el municipio del mismo nombre, en Aguas-calientes. Es un contrato de usufructo sus-crito entre el ejido y el gobierno del estado. Están involucradas en el convenio 30 hec-táreas de uso común (de un total de 8 mil 711 hectáreas cer fi cadas). La inversión es de 50 millones de pesos; 50 por ciento de los frutos industriales y benefi cios que se obtengan se entregarán a los campesinos. Se generarán 20 empleos directos y 40 indi-rectos, y concesiones para manejo de pala-pas y comercios, y al vencimiento del con-trato, que es de 30 años, la infraestructura pasará a ser propiedad del núcleo agrario.

Otro proyecto es uno de asociación en par- cipación entre el ejido La Gloria, de Perote,

Veracruz y la empresa Construcciones NAVI SA de CV. El convenio, que pretende la ex-tracción, industrialización y comercialización de mármol, durará casi 20 años e involucra el total de mil 566 hectáreas de las erras de uso común del ejido (el resto, parcelado, de 2 mil 870 hectáreas queda al margen del plan). La inversión es de 650 millones de pe-sos, y la empresa se compromete a pagar a los campesinos 711.53 millones de pesos como resultado del pago mensual de tres mil 288 pesos a par r de la primera extracción del mineral más un bono anual de 20 mil dos pesos a cada uno de los 665 miembros del ejido durante los 18.5 años de operación del proyecto. Asimismo, la empresa dejará en manos de los ejidatarios 10 por ciento del total de la mina y les concederá créditos con tasa de cuatro por ciento anual para el desa-rrollo de proyectos produc vos.

Rocendo González Patiño, titular de la Procuraduría Agraria

La Procuraduría Agraria está

enfocando hoy gran parte de su

atención y su labor a asociar a

los campesinos con inversionistas

privados o con gobiernos

ILUS

TRAC

IÓN

: Die

go R

ivera


Alejo Girón y Carlos Beas Torres

El principio. Desde hace más de 30 años algunos investi-

gadores ya habían advertido el gran potencial eólico del Istmo mexicano. Los vientos del nor-te en otoño-invierno y los del sur en primavera, con rachas sostenidas de más de 80 kilómetros por hora y durante un promedio de 240 días al año hacían de la región del Istmo de Tehuan-tepec un escenario propicio para la generación de energía eléctrica con el uso del viento.

A principios de los 90s del siglo pasado, de pronto aparecieron personajes extraños en los pueblos de La Venta y La Ventosa, próximos a la ciudad zapoteca de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Eran agentes inmobiliarios que apar-taban tierras de los campesinos e indígenas para un misterioso proyecto. Para la gente del lugar resultaba sumamente extraño que “gen-tes venidas de México den 50 o 100 pesos al año para rentar las tierras y no hacer nada en ellas”.

A la par, personal de la Comisión Fede-ral de Electricidad (CFE) realizó estudios técnicos y negoció una franja del terreno en el ejido La Venta, ubicado a un costado de la carretera que comunica al centro del país con el estado sureño de Chiapas. En 1994 se construyeron los siete primeros aerogenera-dores; estos ventiladores, como los llamaron los campesinos del lugar, se convirtieron en el Proyecto Piloto La Venta I.

En 1999 los ejidatarios iniciaron un mo-vimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al eji-do. Como resultado de esta protesta, en el 2001 el gobierno ordenó la aprehensión de 12 campesinos y encarceló al representante ejidal Arturo Hernández.

En marzo de 2001, en El Salvador, el en-tonces presidente Vicente Fox anunció el lan-zamiento del Plan Puebla-Panamá (PPP), un gigantesco megaproyecto orientado a construir y modernizar infraestructura energética y de comunicaciones en el área mesoamericana. El gobierno mexicano fue el instrumento para im-pulsar entre los gobiernos de Centroamérica un plan que en el fondo buscaba proveer de energía y materias primas baratas a la economía de Esta-dos Unidos y que respondía además plenamen-te a la lógica de seguridad nacional de ese país.

Puertos, represas, aeropuertos, carreteras, nuevas refinerías, tendidos eléctricos y par-ques eólicos formaban parte del portafolio de proyectos del PPP a realizar en la región mesoamericana. Es por ello que a partir del año 2002 se intensifica en la región la presen-cia de los arrendadores y su campo de acción se extiende ahora por toda la parte oriental y central del Istmo de Tehuantepec.

La destrucción de un ejido. En el 2002 la empresa Windrock International, realiza en la zona de La Venta nuevos estudios téc-nicos y, ante la resistencia de los campesi-nos para arrendar sus terrenos, el gobierno estatal criminaliza al representante ejidal Rafael Solórzano Ordaz, quien es acusado de falsos delitos, calumniado, encarcelado y destituido. El gobierno estatal entonces im-pone nuevos representantes ejidales, quienes con engaños y amenazas tratan de arrendar un polígono de dos mil 80 hectáreas para la edificación de un nuevo parque eólico.

El evidente interés gubernamental exis-tente detrás de este proyecto, explica el acele-rado ritmo de ejecución y la presión ejercida contra los campesinos. Es grande el impulso que dan a este proyecto Felipe Calderón, quien era entonces secretario de Energía, y el entonces diputado Juan Camilo Mouriño, quien fungía como presidente de la Comi-sión de Energía de la legislatura federal. Am-bos tenían fuertes nexos con las compañías eléctricas españolas y más Mouriño, quien era socio de la empresa GES, sumamente involucrada en estos proyectos.

Además de la represión directa, el gobier-no impuso en el ejido La Venta el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Pro-cede), un programa de supuesta regulariza-ción agraria, que ha sido el medio para la privatización de las tierras ejidales y la des-trucción de la asamblea de ejidatarios como eje organizador del núcleo agrario. A pesar de ello, y gracias a la resistencia campesina, el proyecto se reduce primero a mil 310 hec-táreas y al final de cuentas a un polígono de 850 hectáreas, menos de la mitad de las dos mil 80 originalmente proyectadas.

La construcción del Parque La Venta II consistente en 98 aerogeneradores, con una capacidad para generar 93.3 megavatios, ini-ció a fines del 2005 con una inversión cer-cana a los 110 millones de dólares. La obra fue asignada a las corporaciones españolas Gamesa Eólica e Iberdrola. De esta última

es sabido que varios de sus principales ac-cionistas tienen vínculos muy estrechos con el Partido Popular de España, aliado al go-bernante PAN, al que pertenecen Mouriño y Calderón.

En la ejecución de este proyecto se incu-rrió en numerosas irregularidades, ya que los campesinos no fueron informados de los alcances y restricciones de los contratos de arrendamiento, los cuales tienen una vigen-cia de 30 años, y ni siquiera recibieron copia. El mismo proyecto fue una verdadera impo-sición a pesar de que algunos empleados del Banco Mundial hicieron un simulacro de consulta. En La Venta ocurrió un verdadero despojo de tierras maquillado de legalidad. Otra de las irregularidades más evidentes es un truculento estudio de impacto ambien-tal, aprobado por el gobierno mexicano que oculta que la zona de edificación del parque es una de las rutas de aves migratorias más importantes del mundo, ya que los especia-listas estiman que en las noches de otoño y a principios del invierno, cruzan esa región más de 800 mil aves al día.

La construcción de este parque trajo graves impactos en la vida del ejido La Venta, pues se generó un profundo divisionismo y conflictos internos, mismos que provocaron el desgarra-miento del tejido social. El despojo alcanzó incluso tierras de uso común, mismas que fueron cedidas de manera fraudulenta; por las tierras arrendadas se pagaron bajos precios y las obras realizadas perjudicaron los terrenos de cultivo ubicados dentro del polígono.

En marzo de 2007, pocos días antes de que el ya presidente Felipe Calderón inaugurara el Parque La Venta II, los gobiernos federal y el de Oaxaca dieron un nuevo golpe represivo contra los campesinos de La Venta, quienes en septiembre de 2006 habían recuperado tierras de uso común que les habían sido arrebatadas de manera ilegal por la CFE. Sin aviso previo, a principios de marzo de 2007 fueron brutalmente desalojados por 350 po-licías federales; 73 de los campesinos fueron demandados penalmente, acusados de los delitos federales de obstrucción de obra pú-blica y daños por un monto de 19 millones de pesos. Los dueños de la tierra además de ser despojados fueron convertidos en criminales.

Despojados, enfrentados y perseguidos terminaron siendo los campesinos de La Venta por un proyecto de “energía limpia” ejecutado de “manera sucia”.

Un nuevo despojo. Apenas había sido inau-gurado el Parque La Venta II, por cierto en me-dio de un gigantesco operativo policiaco-militar, cuando ya operadores de la empresa Maderas y Granos de la Laguna, propiedad de políticos pa-nistas ligados a Vicente Fox, recorrían de nuevo los terrenos de la zona de riego del ejido La Ven-ta con el fin de negociar tierras para un nuevo y gigantesco proyecto.

En La Venta, en terrenos de gran valor económico, por existir ahí una zona de rie-go, la empresa Acciona inició en 2008 –con una inversión superior a los 550 millones de dólares y en unas dos mil 250 hectáreas– la construcción del que, dicen, será el parque eolo-eléctrico más grande de América Lati-na: El Parque Eurus; en la construcción de este Parque han tenido lugar numerosos pro-blemas, derivados del despojo de tierras, da-ños a las parcelas y abusos cometidos contra los trabajadores. De nueva cuenta, los ope-radores inmobiliarios hicieron ofrecimientos

extraordinarios y sin dejar copia de los con-tratos a los campesinos. Con engaños, pre-siones y amenazas contrataron las tierras por seis mil pesos al año (unos 480 dólares). En algunos casos se apoderaron de predios sin haberlos contratado y destruyeron palmares y arbolado nativo, ante la mirada pasiva de las autoridades ambientales mexicanas. La construcción del parque Eurus ha enfrenta-do numerosos retrasos, una veces ocasiona-dos por protestas de los trabajadores, que se quejan de las pésimas condiciones y la au-sencia de las prestaciones que marca la ley laboral mexicana, y otras veces por la resis-tencia de los campesinos.

Pero el caso del ejido La Venta no es aisla-do; en los vecinos ejidos La Ventosa, Unión Hidalgo e Ingenio Santo Domingo, las em-presas se han apoderado ya de más de dos mil 500 hectáreas. Para principios de 2009 los analistas consideran que más de 15 mil hectáreas ejidales y comunales han sido pri-vatizadas bajo esquemas de arrendamiento, dando vida a un verdadero despojo y a una gigantesca contrarreforma agraria en el Ist-mo de Tehuantepec.

Hasta ahora el megaproyecto eólico del Istmo mexicano sólo ha beneficiado a las trasnacionales europeas y a políticos y fun-cionarios mexicanos de diferentes niveles; mientras que para los campesinos este pro-yecto ha significado pérdida de empleos rurales, disminución de la capacidad de producir alimentos, despojo de tierras, daños ambientales, conflictos internos y violación generalizada a sus derechos.

El final. En el Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a pasos acelerados un me-gaproyecto de “energía limpia y renovable” que ha significado un pingüe negocio para empre-sas eléctricas españolas y funcionarios guber-namentales mexicanos y que a la vez ha re-presentado graves impactos socio-ambientales para las comunidades indígenas de la región.

Sin embargo lo que se vive en el Istmo mexicano no es un hecho aislado; en toda la región mesoamericana han avanzado los procesos de privatización de los servicios públicos y en particular del sector eléctrico, lo cual ha significado un mal servicio y altas tarifas, pero también ha significado la impo-sición de parques eólicos, represas y tendidos eléctricos. Esta expansión acelerada, esta nueva invasión se ha dado en el marco del PPP, ahora llamado Proyecto Mesoamerica-no de Integración y Desarrollo.

La lucha de los pueblos mesoamericanos no es sólo es ahora en contra de los despojos de territorio y graves daños ambientales que dejan los megaproyectos; también es en con-tra de la privatización de los servicios públi-cos y la criminalización gubernamental de los movimientos ciudadanos. Mesoamérica sufre una “nueva invasión” al cumplirse 200 años de su Independencia. Grupo Solidario La Venta, UCIZONI, MAIZ-Oaxaca

LA CONTRAREFORMA

AGRARIA

Proyecto eoloeléctrico del Istmo y la destrucción del ejido

Más de 15 mil hectáreas ejidales y

comunales han sido privatizadas

bajo esquemas de arrendamiento,

dando vida a un verdadero

despojo y a una gigantesca

contrarreforma agraria en

el Istmo de Tehuantepec

FOTO

: Arc

hivo

UC

IZO

NI


Plutarco Emilio García Jiménez

Tu lucha, señor, no era el combate,la fugaz marea, el odio de la turba pasajera;

era la tuya, pelea esencial de un territorio;sin tierra no hay destino, ni sueño, ni bandera.

Efrén Orozco

Hace cien años, en 1910, antes de que estalla-ra la revolución

maderista, el joven Emiliano Zapata encabezó a petición de sus coterráneos la primera toma de tierras en el campo El Guajar de Anene-cuilco, las cuales habían sido despojadas a la comunidad por la hacienda de El Hospital. En el mismo año, Zapata y sus compañeros recuperaron tierras en los pueblos de Villa de Ayala y Moyotepec. Estas fueron las primeras acciones de una centenaria lucha agraria que aún no ha terminado en México.

El pensamiento y la praxis agrarista del zapatismo quedaron plasmados en el Plan de Ayala, firmado y promulgado por el Ejército Libertador del Sur en Ayoxustla, el 28 de no-viembre de 1911. Este histórico documento también marca la ruptura definitiva de Zapata con Francisco I. Madero, quien siendo ya pre-sidente se negó a entregar la tierra a los campe-sinos violando el espíritu del Plan de San Luis.

Si Madero no cumplió su compromiso con los hombres del campo, tampoco lo hicieron Carranza, Obregón y Calles. Fue el general Lázaro Cárdenas, quien entendió la impor-tancia histórica de dar solución al problema de la tierra, por lo que, con una alianza con los campesinos en pie de lucha, impulsó una reforma agraria integral a partir de la cual el gobierno repartió a los campesinos más de 20 millones de hectáreas, cantidad varias veces mayor que las que repartieron todos los ante-riores gobiernos posrevolucionarios.

La contrarreforma, modernización y monopolización. En 1946, Miguel Alemán reformó la Constitución para implantar el amparo agrario a favor de los terratenientes y ampliar los límites de la pequeña propie-dad. Esta acción de gobierno sentó la base jurídica para una nueva concentración de la tierra, que en los gobiernos subsecuentes daría lugar al surgimiento de nuevos lati-fundios y al crecimiento de los ya existentes. Durante 1940-1965, la agricultura mexicana contribuyó con excedentes y divisas al desa-rrollo industrial. Fueron tiempos en que el producto agropecuario creció a un promedio del cinco por ciento anual. Algunos investi-gadores llamaron a este período la etapa de la “modernización” de la agricultura, otros el “milagro mexicano”. Después de esos años siguió floreciendo la agricultura empresarial a costa de la agricultura campesina tradicio-nal que iniciaría una crisis crónica.

A fines de la década de los 50s y principios de los 60s, se produjeron importantes movilizacio-nes campesinas por la tierra. Las más notables fueron las impulsadas por la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) en Sonora, Sinaloa y Durango. En Morelos, Rubén Jaramillo apoyó las luchas de los comu-neros despojados por los fraccionadores y tomó tierras de los llanos de Michapa y El Guarín, de donde los campesinos fueron desalojados en dos ocasiones y Jaramillo fue asesinado con su familia el 23 de mayo de 1962. Las luchas agra-rias seguirán activas en varias regiones, donde sonarán los nombres de líderes como Jacinto López, Ramón Danzós Palomino y Álvaro Ríos.

Mientras tanto, el nuevo modelo agrope-cuario hace florecer la ganadería extensiva, monopoliza la tierra y sustituye los cultivos de granos para consumo humano, como el maíz y el frijol, por la producción forrajera y productos de exportación. Un modelo basado en la especulación, en la dependencia de ex-terior, en la depredación de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente, con la con-siguiente pérdida de la soberanía alimentaria.

Las últimas grandes batallas por la tierra. Al comenzar la década de los 70s el campo mexicano estaba en llamas. No era para me-nos, pues había tres millones de campesinos demandantes de tierras, agrupados en 60 mil comités particulares ejecutivos, los cuales en-frentaban fallos negativos de los tribunales, amparos a favor de los terratenientes, resolu-ciones sin ejecutar, expedientes agrarios reza-gados por decenios, ejidatarios y comuneros sin carpeta básica y expuestos a los despojos; y los ejidatarios y comuneros que tenían asegu-rada su parcela, tenían que dividirla entre los hijos para subsistir en la precariedad. A toda esta situación había que agregar el despotis-mo y la corrupción de la burocracia agraria.

Desde los inicios del gobierno de Luis Echeverría (1970-76), surgieron como hon-gos brotes de descontento campesino en la mayor parte del país. En el trienio de 1971-73, había tomas e invasiones de tierras en Puebla, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa, Chihu-ahua, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Mi-choacán, Veracruz, Chiapas y Nayarit. Los campesinos hacían campamentos, donde día y noche cuidaban las tierras ocupadas; realizaban caravanas hacia la capital del país, tomaban oficinas del entonces Depar-tamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). Tan sólo en 1973 se reportaron más de 600 tomas de tierras en todo el país.

La efervescencia en el campo obligó a Echeverría a moderar su postura an-tiagraria, a cambiar su discurso, a decla-rar la “apertura democrática” y a anunciar mayores recursos para el campo. Al mismo tiempo, llamó a la unidad desde arriba a las organizaciones campesinas más importan-tes, para que por medio del Pacto de Ocam-po legitimaran su política rural. Como una demostración de su “agrarismo”, expropió latifundios en Sinaloa y, ante la presión y las crecientes tomas de tierras en el sur de Sonora, un día antes de dejar la Presidencia, decretó la expropiación de enormes latifun-dios en los valles del Yaqui y Mayo, donde se creó la Coalición de Ejidos.

El gobierno de José López Portillo, decidi-do a terminar con el Estado mediador de las contradicciones entre el campesinado y los te-rratenientes, anunció el fin del reparto agrario, pero esto alborotó aún más el panal, y las ac-ciones cada vez más radicales de los campesi-nos sin tierra no se hicieron esperar. Tal como lo hizo su antecesor Echeverría, tuvo que ma-tizar su discurso y sus pretensiones, y de ser –como sostiene Armando Bartra–, el primer presidente antiagrarista, optó por ser el último presidente agrarista. Sin embargo, López Por-tillo dio prioridad a la política productivista, lanzando la llamada Alianza para la Produc-ción y la Ley de Fomento Agropecuario.

A finales de los 70s el campo continuaba incendiado: los combates por la tierra seguían extendiéndose por todo el país, con formas de lucha y de organización cada vez más avanza-das, construyendo uniones y coordinaciones regionales, incorporando a las mujeres y a los jóvenes. La lucha de clases en el campo cobraba la dimensión de una guerra rural, donde los campesinos llevaban la peor parte. Cada mes eran asesinados en promedio 20 campesinos y encarcelados cientos de ellos. Tan grave era la situación que Mateo Emi-liano, hijo menor del general Zapata, siendo priísta, exigió a López Portillo la libertad de los presos políticos en el centenario del naci-miento del Caudillo del Sur.

En este contexto, del 12 al 14 de octubre de 1979, se reunieron en Milpa Alta más de 40 organizaciones campesinas regionales y nacio-nales, las cuales, después de tres días de delibe-raciones, acordaron constituir la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Este proyecto frentista, que se declara de inicio independien-te del gobierno y los partidos políticos, represen-ta la ruptura con el agrarismo hecho gobierno y con el corporativismo de las organizaciones oficialistas o paraestatales. Integraron la CNPA cientos de comités particulares ejecutivos y gru-pos que inicialmente daban seguimiento a más de 650 expedientes de solicitudes de tierras, res-tituciones, o regularización de tierras ejidales y comunales con sus carpetas básicas. Así tocaba a su fin el modelo agropecuario que se mantu-vo vigente por más de 40 años y surgía el frente más representativo de lucha por la tierra.

Ante la deslegitimación campesina, López Portillo intensificó la represión. Más de 800 campesinos miembros de la CNPA llenaban las prisiones en todo el país, quienes para ser liberados hicieron huelgas de hambre, al tiempo que los campesinos se movilizaban en varios estados. La CNPA no sólo enfrentó la represión policíaca y militar, también fue-ron asesinados muchos de sus militantes por pistoleros a sueldo, guardias blancas de los caciques y grupos paramilitares de Antorcha Campesina. Pese a lo anterior, la CNPA con-tinuó su lucha, y a 30 años de su fundación no ha arriado la bandera agrarista.

Clausura oficial de la reforma agraria, la resistencia sigue… Si López Portillo no pudo darle sustento legal a la clausura de la reforma agraria, debido a la resistencia del campesi-nado, esto lo conseguiría Carlos Salinas de Gortari con la reforma decretada al artículo 27 de la Constitución en 1992, ante un movi-miento campesino debilitado y disperso. En estas condiciones el gobierno salinista pudo

poner en práctica su estrategia neoliberal de privatización de la economía y liberalización comercial, gracias al Tratado de Libre Comer-cio con Estados Unidos y Canadá, echado a andar en 1994. El llamado finiquito agrario y la entrega de certificados que acreditaban la propiedad individual de solares urbanos y parcelas ejidales abrieron la puerta a la priva-tización de la tierra de propiedad social. Para ello Salinas privilegió la interlocución con el Congreso Agrario Permanente (CAP) creado por él en 1989, a cambio de prebendas y co-rruptelas de varios de sus líderes. Esta práctica contrastó con las recuperaciones de tierras en Chiapas, que dirigió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con la lucha combativa que sostuvieron en 2003 organiza-ciones de El Campo no Aguanta Más.

Actualmente, la lucha agraria se mani-fiesta aisladamente en territorios indígenas y comunidades donde miles de expedientes se cerraron tras la reforma al 27; ante la pre-sión de algunas organizaciones rurales, el go-bierno ha comprado tierras, más con un fin clientelar que como un reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra.

Esta somera revisión histórica de la lucha agraria nos lleva a reflexionar sobre la necesi-dad de un debate en torno a la política agraria de gobiernos de derecha; la viabilidad de la reforma agraria; las formas de tenencia de la tierra en el futuro; la propiedad social no sólo de la tierra, sino de todos los recursos natura-les, culturales e históricos; sobre el papel futu-ro del campesinado como portador de formas de producción y de vida, como promotor de la multifuncionalidad de la tierra y defensor de la soberanía alimentaria, como parte de una cla-se social que ha contribuido al cambio, como portador de valores y de la utopía zapatista.

Todavía son millones los campesinos e indígenas que siguen aferrados a sus legíti-mos territorios, que siguen defendiendo sus tierras, sus organizaciones, sus semillas, sus maíces y su cultura. Por ello, a cien años del inicio de su lucha, Zapata sigue cabalgando, y no hay duda de que mientras haya concen-tración de la tierra en el campo y las ciuda-des, habrá lucha agraria.

CIEN AÑOS DE LUCHA POR TIERRA Y LIBERTAD…Y ZAPATA SIGUE CABALGANDO

FOTO

: Enr

ique

Pér

ez S

. / A

NEC

Pág. 46. La fi rma del Plan de Ayala


Juan Gómez Bravo

El asesinato del líder zapatista Rubén Jarami-llo el 23 de mayo

de 1962 en Xochicalco Morelos, ejecutado por soldados, dio qué hablar en todo el país y a pe-sar del humo que manchó el ambiente del cri-men, la responsabilidad histórica recayó en el presidente López Mateos, con quien se había entrevistado algunos días antes de la tragedia.

Jaramillo promotor –fundador del ingenio azucarero de Zacatepec y primer presidente del consejo cooperativo–, desde niño se en-listó en las filas de la revolución de Zapata, a la orden del general Dolores Oliván, quien actuaba en el sur de Puebla, Huachinantla su tierra natal, Ayoxuxtla e Ixcamilpa, donde Zapata ejecutó el primer reparto agrario de tierras fértiles a la orilla del río, que pronto volvieron a manos de los terratenientes, lue-go de la muerte del Caudillo del Sur.

Rubén, por su decisión revolucionaria al-canzó el grado de capitán a los 17 años, al man-do de 75 hombres armados. Conoció a Zapata de manera directa, siguiendo en la guerrilla hasta el trágico suceso de Chinameca, mo-mento en que dijo a sus hombres: “Frente a las condiciones actuales de fatal decadencia revolucionaria, nosotros de ninguna mane-

ra debemos ir a entregarnos en las manos de nuestros enemigos (…) guarden sus fusiles cada cual donde los puedan volver a tomar”. Y los volvieron a empuñar en 1943, cuando Jara-millo llamó a sus compañeros a remontarse a los cerros en calidad de rebeldes; fue entonces cuando Félix Serdán, luego de pedir opinión a sus padres, se integró a la guerrilla de Rubén, quien se movía entre Morelos y Puebla, entre Ayoxuxtla y Tlanquiltenango, donde vivían to-davía sus compañeros de armas.

Félix Serdán Nájera, de pequeña esta-tura, cara ligeramente redonda, con una sonrisa siempre en sus labios, de bigote po-blado, sombrero de ala corta doblada hacia abajo y envidiable condición física, prefería prestar su cabalgadura a un compañero can-sado, prefería caminar a pie.

Dejó aulas, pizarra y silabario para empu-ñar un fusil y cargar una máquina de escri-bir, después de haber formado parte de los maestros pioneros de la escuela rural, cuan-do Rubén lo invitó a participar como su se-cretario y escolta.

Los motivos, los mismos: luchar por la tie-rra que no se había repartido, mientras los hacendados estaban recuperando las tierras que habían sido suyas antes de la rebelión, con apoyo de los gobiernos que decían ser “gobiernos de la revolución”.

También se luchaba por la justicia, en contra de los precios injustos que recibían los campesinos por sus cosechas y detener las actitudes caciquiles de personajes que en los pueblos imponían su autoridad y su ley –nos dice en entrevista Félix Serdán–. Se juntó también el motivo de “leva” que el gobierno había impuesto a los jóvenes con motivo de la segunda guerra mundial y que los padres de los muchachos no estaban de acuerdo en que sus hijos fueran a pelear por causas ajenas.

“La gente de los pueblos nos brindaba su apoyo, nos daban bastimentos, nos entrega-ban pastura para nuestros caballos, nos avisa-ban en caso de peligro y algo muy importante, nos entregaban a sus jóvenes hijos como una aportación a la causa, de tal manera que a ve-ces Rubén les agradecía y tenía que rechazar algunas ofertas por cuestión de alimentos.

“Un día, continúa don Félix, nos dijeron que había una partida de soldados en las cer-canías; como era tiempo de secas, se miraba el polvo de los caballos tanto de ellos como los nuestros y no pudimos más que enfrentarnos en un terreno a su favor, recibimos orden de dispersarnos y algunos de los nuestros hicie-ron disparos para que los demás avanzaran a su refugio; de pronto sentí una herida en el pie y no pude dar paso alguno, inmediatamente me afianzaron el arma que ya no disponía de cartuchos y me exigieron la ubicación de mis compañeros, les di dirección contraria.

“Me trasladaron inconsciente en camión militar, cuando volví en mí, un doctor me ubicó en la ciudad de México en el hospital militar; días después, cuando podía caminar en muletas, me llevaron ante un jefe de alto rango quien me hizo preguntas sobre los su-blevados, le di nombres ficticios, mientras es-peraba un posible fusilamiento. Me llevaron ante el presidente Ávila Camacho, me levantó un poco la voz para decir que cómo era po-sible que en momentos de guerra mundial, anduviéramos sublevados y me planteó dos opciones, el destierro a Quintana Roo bajo vigilancia, y la otra, entendí que sería respon-sabilidad de un tribunal designado. Considero que pesó la opinión del general Lázaro Cárde-nas que era autoridad militar en ese momento.

“Me fui unos años a las montañas penin-sulares, como un colonizador más de esas selvas vírgenes con árboles de maderas pre-ciosas y abundancias inimaginables, traba-jé bajo vigilancia que más bien sentí como protección por parte de Javier Rojo Gómez, quien era como el gobernador del lugar.

“En pocos años cambiaron las cosas y pude regresar a Morelos para sumarme al movi-miento de Jaramillo, que jamás se cansaba de luchar por los trabajadores, campesinos y obre-ros y en busca de apoyo fue a entrevistarse con

López Mateos quien conocía su rebeldía, y en respuesta, el 23 de mayo de 1962, sitiaron su casa con ametralladoras y armas de alto poder, el teniente Martínez y un grupo de militares le pidieron el rendimiento y junto a sus hijos y esposa, los llevaron a Tetecala, sin embargo se desviaron a Xochicalco y ahí los masacraron.

“En 1980-86 volvimos a la región de Ixcamilpa y Huachinantla, me invitaron a organizarlos y con ese motivo, iniciamos la formación de lo que llamamos Unión Re-gional de Ejidos y Comunidades del Sur del Estado de Puebla, Urecsep; muy pronto cre-cimos y pudimos luchar y construir brechas a pico y pala como la de Tepemexquitla que enlazamos a la ruta Huachinantla-Axochia-pan; logramos otros apoyos y exigimos ante la Secretaría de la Reforma Agraria la ejecu-ción del primer reparto de tierra de Zapata, en Ixcamilpa, sin haberlo logrado ante un gobierno bien identificado con los ricos.

“Cuando se da el derrumbe de los países soviéticos –nos dice don Félix Serdán– nos pesó la nostalgia al creer que los movimientos sociales se paralizarían mientras que el impe-rio yanqui daba pasos agigantados metiendo las narices hasta el rincón más lejano de los países pobres, mediante el Tratado de Libre Comercio; sin embargo, con el levantamiento zapatista de Chiapas el 94 volvimos a nacer, Zapata volvió a cabalgar junto al pueblo y los nombres de Zapata, Villa, El Che, Jaramillo y Lucio Cabañas volvieron a escucharse en las calles y plazas públicas. Me sorprendió el he-cho que los zapatistas encabezados por el Sub-comandante Marcos, en una de sus conven-ciones, me hicieron el honor inmerecido de darme el nombramiento de Mayor Honorario.

“Lo que tenemos muy claro es que los des-cendientes de los mismos que traicionaron a Zapata, Villa y Jaramillo son los que siguen traicionando al pueblo, entregando nuestras riquezas al extranjero, los ferrocarriles, los territorios con minerales, las costas y mangla-res, los bancos e industrias importantes y se les hace tarde la venta de lo que queda de nuestro petróleo, sin embargo, los vientos del mundo soplan hacia nuestra liberación y México no se quedará atrás”, termina diciendo el legen-dario veterano, que está por cumplir un siglo de vida y sin embargo, sigue en lucha y de pie. Éstos son los imprescindibles.

DON FÉLIX SERDÁN:TODA UNA VIDA DE LUCHA

Félix Serdán, luego de pedir

opinión a sus padres, se integró

a la guerrilla de Rubén

Jaramillo, quien se movía

entre Morelos y Puebla, entre

Ayoxuxtla y Tlanquiltenango

Tier

ra y

liber

tad.

Gui

ón: A

rman

do B

artra

. Dib

ujo:

Áng

el M

ora.

De la

serie

Méx

ico h

istor

ia de

un

pueb

lo, S

EP 19

82

FOTO

: Enr

ique

Pér

ez S

. / A

NEC

Pag 54. El zapatismo habla en náhuatl


En los pasados 30 años Brasil desarrolló una política de asen-

tamientos rurales que permitió que cerca de un millón de familias tuviese acceso a un lote de tierra. Esos asentamientos se hicieron en momentos en que el exacerbamiento de la lucha por la tierra era más intenso y se distri-buyeron de forma desigual en el país: se con-centraron en la región norte, mientras que las ocupaciones de tierra ocurrían principalmen-te en el centro-sur y noreste del país.

A pesar de los percances de la política de asentamientos a lo largo de las tres décadas, el hecho es que el tema de la reforma agraria nunca salió de la agenda política nacional.

Para ello concurrieron diversos procesos: la continuidad de la luchas de resistencia por la tierra en las áreas donde se expandían las grandes inversiones agrarias (productivas y es-peculativas) y las ocupaciones de inmuebles rurales ocurridas en la región centro-sur del país. En una situación en que los conflictos agrarios eran generalizados y constantes, en el proceso de redemocratización del país, la ban-dera de la reforma agraria fue incorporada por la Alianza Democrática, complejo arreglo de fuerzas políticas que tenía como único punto de consenso la crítica al régimen militar.

En 1985, una propuesta del Plan Nacional de Reforma Agraria (PNRA), basado en el Estatuto de la Tierra –ley de reforma agra-ria aprobada después del inicio el régimen militar (1964)– encontró fuerte oposición, en especial de los intereses relacionados con la propiedad de la tierra. La promesa del

primer gobierno civil de asentar un millón 400 mil familias en cinco años resultó en un asentamiento de apenas 83 mil 687.

El debate sobre el tema marcó una nue-va Constitución brasileña, aprobada en 1988. En ella se estableció que el inmueble rural debe cumplir una función social, pero también definió que las tierras productivas no podían ser expropiadas. En este cuadro jurídico ambiguo pueden entenderse algu-nos de los impasses de la política actual de asentamientos, principalmente las dificulta-des de obtener tierra para dar continuidad al asentamiento de nuevas familias.

A lo largo de los años 90s las ocupaciones y los campamentos organizados por los dife-rentes movimientos sociales rurales se inten-sificaron y se extendieron por todo el país. La presión social forzó que se aceleraran las ex-propiaciones y el asentamiento de un signifi-cativo (comparado con períodos anteriores) contingente de familias. Paralelamente se observaron intentos de impedir las ocupacio-nes, determinando que tierras ocupadas no podían ser expropiadas. También se intentó estimular, con apoyo del Banco Mundial, el acceso a la tierra por medio del mercado, con apoyo del programa de crédito agrario.

Durante los dos mandatos del gobierno de Lula (2003-2010), se elaboró un segundo PNRA y se mantuvieron las presiones y los asentamientos continuaron, aunque no en el ritmo esperado por los movimientos sociales que lo habían apoyado: 2005 marca el punto más alto del desempeño gubernamental, y partir de entonces los resultados son cada vez más modestos, especialmente aquellos del segundo mandato (2007-10). A pesar de que las metas en términos de familias asentadas propuestas por el segundo PNRA hayan sido limitadas (400 mil) en relación al cuadro ge-neral de demandantes potenciales, éstas no fueron completamente cumplidas. Una de

las críticas se centró en el hecho de que el concepto “asentamientos rurales” involucró el asentamiento de familias en tierras expro-piadas y en tierras públicas (federales, esta-tales y municipales), además de contemplar procesos de reordenamiento y regularización agraria. Podemos suponer que, tal vez, el re-curso del uso de tierras públicas no estuvie-ra en las intenciones iniciales del gobierno. Pero, frente a las dificultades administrati-vas, y particularmente jurídicas, de ejecutar el proceso de expropiación, se recurrió a ese instrumento que acabó siendo una propor-ción por encima de lo deseable.

Debe mencionarse que el Instituto Nacio-nal de Colonización y Reforma Agraria (IN-CRA) fortaleció el reconocimiento de una diversidad de situaciones agrarias, especial-mente aquellas encontradas en la región nor-te del país, mostrando diferentes modalidades de proyectos de asentamiento (los llamados proyectos ambientales: agroextractivistas, de asentamiento forestal, de desarrollo sustenta-ble), con lo que evitó restringirse a un único modelo de asentamiento de familias.

Estudios de caso en asentamientos así como investigaciones más amplias que cu-bren diferentes regiones muestran que, en general, hubo una mejoría en las condicio-nes de vida de las familias asentadas, en es-pecial cuando se compara su pasado con su presente: garantía de alimentación, morada, acceso a crédito, posibilidades de pro-

Reforma

Agraria en

Brasil:

un balance

provicional

FOTO

: Dan

iel Z

anin

i H.

FOTO

: Luc

iano

Gar

cía

Gráfi ca 1. Número de Proyectos de Asentamientos

Implantados – Brasil – 1995/2008

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Funte: INCRA. Datos elaborados por IPEA.

Gráfi ca 2. Número de Familias Asentadas – Brasil –

1995/2008

392467

714755

670

422477

382322

456

873

704

394326

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Funte: INCRA. Datos elaborados por IPEA.

Leonilde Sérvolo de Medeiros y Sergio Pereira Leite

Hubo estímulo para la expansión

de las grandes empresas en

el campo, en especial las

encargadas de la producción

de granos y de caña con

miras a la producción de

agrocombustibles. Es así como

Brasil sigue siendo uno de los

países con más alto grado de

concentración agraria, con un

índice Gini del orden de 0.85



Sólo 20 familias poseen la mayor parte de las tie-rras agrícolas de

calidad en Bolivia. Algunas de ellas cuentan hasta con 200 mil hectáreas, y si bien Evo Morales, que arribó en 2006 a la Presiden-cia del país, ha dado los primeros pasos para una reforma agraria –al determinar un lí-mite legal de hasta cinco mil hectáreas por posesión—, los latifundistas se mantienen intocados pues negociaron con el gobierno que esta regla no fuera retroactiva.

Félix Cárdenas, viceministro de Descolo-nización del Ministerio de Cultura de Bo-livia, afirma que la situación es crítica, no equitativa y tendrá que modificarse, pues esas familias de origen europeo –“que no quieren para nada a Bolivia, pues no es su país”— han gozado en el pasado de conce-siones a cambio de nada (la propia tierra y condonaciones de deuda de recursos públi-cos que les hacían con complicidad los go-biernos de derecha en el pasado) y mientras la mayor parte de los indígenas aymaras, quechuas y de otras 34 etnias presentes en Bolivia no tienen ni una hectárea.

En entrevista –en el marco de una confe-rencia que dio en la Universidad Autónoma

de México, unidad Xochimilco–, el funcio-nario explica que la prohibición del latifun-dio ya existía en la anterior Constitución de Bolivia, pero no se definía qué significaba latifundio. El gobierno de Evo Morales so-metió a votación popular el concepto y se determinó y legisló que de cinco mil hec-táreas en adelante cualquier posesión sería latifundio e ilegal.

“Esa medida sigue y seguirá siendo exce-siva mientras haya indígenas que no tienen ni una hectárea, pero era la forma de ne-gociar con la gente de derecha que general-mente es dueña de periódicos importantes, de medios de televisión influyentes que han hecho terrorismo mediático en contra del gobierno, con el mensaje de que se venía en-cima una dictadura, un socialismo (...) Para viabilizar la aprobación de la nueva Cons-titución no hubo más remedio que ponerse de acuerdo con la derecha y ésta puso como condición, por ejemplo, el tema de la no re-troactividad de la ley”.

Optimista, Félix Cárdenas dice sin em-bargo que en virtud de que el gobierno de Morales logró en las elecciones de diciembre un nuevo triunfo con una votación de 64 por ciento (contra la anterior de 54) y tiene hoy mayoría absoluta en las cámaras de senadores y de diputados, “es posible que ese techo de cinco mil se discuta pues es un insulto para la mayoría de los bolivianos, de los campesinos que han sido arrebatados de sus tierras o que las han perdido por los desastres naturales”.

Y además “tenemos la certidumbre de que el gobierno va a hacer cumplir la normativa de que la tierra cumple una función social, y las que no la cumplan tendrán que retornar al Estado para que éste las redistribuya entre los campesinos que no tienen tierra”, cosa que sí afectaría a las 20 familias.

Explica: antes (del gobierno actual) había disposiciones normativas sobre el tratamien-to de la tierra (que regulaban su uso para fines agrícolas con propósitos sociales), pero no se acataban porque esas familias eran parte de las “castas” del poder y “ellos mis-mos eran los ministros”. Cuando el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) iba a los predios de esta gente a comprobar si realmente utilizaban la tierra para producir alimentos, observaba que las vacas que esta-ban en un rancho aparecían luego en otro al momento de ser verificado. “En Bolivia los perros hacen de pastores, y cuando se trasla-daban las vacas, también iban los perros, eso no lo podían controlar. Entonces un mismo perro estaba en varios lugares”.

Así, “los terratenientes argumentaban que tenían producción y ganadería, pedían prés-tamos al gobierno y los gobiernos, como eran de ellos, les prestaba, y luego se declaraban en quiebra y el gobierno les condonaba. Esa fue la forma perniciosa, permanente de enri-quecerse a costa del Estado”.

Esas 20 familias son descendientes de europeos que en el pasado llegaron a Bolivia desde Croacia, Alemania y otros países en el marco del interés de las autoridades de enton-ces de “blanquear a la gente, de limpiar lo indio” y también del interés de captar recur-sos económicos. “A ellos se les entregó tierras

con preferencia y a los indígenas se les arreba-tó la tierra. Eso no puede ocurrir más. Es una casta que ahora está en serios problemas”.

El viceministro comenta que la revolu-ción boliviana de 1952 implicó una reforma agraria pero que fue una farsa, un juego de manos. “Los empresarios de las minas, que también eran patrones en el altiplano, fue-ron expulsados de esa zona pero se traslada-ron a las tierras bajas y se apropiaron de ellas, expulsando a los pueblos indígenas”. Y si bien es cierto que tierras que eran de los pa-trones fueron distribuidas entre campesinos, el Estado se olvidó de brindarles apoyo, los dejó “bajo su propio riesgo” y no pudieron hacer producir la tierra.

“Por eso ahora el gobierno está diciendo que hay que hacer la revolución agraria de otra forma, y la gente que ha salido del país (campesino o no) tiene la posibilidad de vol-ver, y se les entrega tierra y apoyo técnico y económico para fomentar y entrar en el tema de la soberanía alimentaria”. Explica que esta decisión todavía no define cuánta tierra entregará, “pero no serán posesiones indivi-duales, sino colectivas. Tendrán que confor-marse grupos de gente que acepten vivir en algún lugar, hacer comunidad y luego ten-drán las posibilidades del apoyo del Estado”.

Félix Cárdenas –quien sostiene que Boli-via está en un proceso de muerte y parto en las formas de ver, de ser y de hacer, pues se está descolonizando, es decir abriendo una forma de desarrollo nueva, sin preceden-tes (que está apenas en definición) para la población, que en 70 por ciento es indíge-na— dice que hay peligros para el país, pues éste cuenta con grandes riquezas en litio y gas, “y debemos prever que al ser dueños de estos recursos no van a faltar los pretextos, como ocurrió con Iraq y otros países, que en nombre de la democracia, son invadidos. Por eso hay que pensar seriamente que el pue-blo boliviano tiene que estar preparado ante cualquier agresión. Estamos en el ojo de la tormenta, y sólo nos da confianza la movi-lización permanente del pueblo boliviano, que es lo que ha logrado arrinconar a la dere-cha y es lo que va a continuar logrando este Estado plurinacional”.

ducción, acceso a mercados locales, escolarización, participación política, etcéte-ra, para un contingente de familias que antes estaban expuestas a limitaciones económicas importantes, procesos de desestructuración de lazos sociales y poco o ningún acceso a sus derechos. Para ello, contribuyó no sólo el acceso a la tierra, sino también un conjun-to de políticas públicas (crédito y asistencia técnica), así como los esfuerzos de las orga-nizaciones que estuvieron al frente de las ocupaciones (el Movimiento de los Sin Tie-rra, MST, en especial) de estimular formas diferenciadas de organización de la produc-ción, presionar por mejores condiciones de educación, etcétera.

Sin embargo, la situación precaria aún es notable, en especial en lo que se refiere a infraestructura de carreteras, comunicación, etcétera. Además, a pesar del número de fa-milias asentadas y de algunas alteraciones agrarias locales, no hubo cambio en el cua-dro de la concentración de tierras en el pla-no nacional. Eso porque, paralelamente a los asentamientos, hubo estímulo para la expan-sión de las grandes empresas en el campo,

en especial las encargadas de la producción de granos y de caña con miras a la produc-ción de agrocombustibles. Es así como Brasil sigue siendo uno de los países con más alto grado de concentración agraria, con un índi-ce Gini del orden de 0.85.

En este panorama ambiguo, no se puede negar un conjunto de cambios provocados por esa nueva realidad, inclusive dentro del Estado, que pasó a reconocer los conflictos que surgen y a intentar redireccionar sus demandas, resignificándolas y generando

mecanismos institucionales para su encua-dramiento. Al mismo tiempo, las demandas provocaron la necesidad de reconocer las necesidades de las diversas poblaciones del campo y de sus necesidades, haciendo que el propio modelo único de asentamientos se flexibilizara para atender la complejidad que brota del medio rural brasileño. Profesores del Programa de Postgrado en Ciencias Sociales en Desarrollo, Agricultura y. Sociedad de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro

FOTO

: Lea

ndro

Bie

rhals

FOTO

Ld

Bih

l

Bolivia

LATIFUNDISMO BOLIVIANO, RETO PARA EVO MORALES• 20 familias, dueñas de las tierras de calidad

A lo largo de los años 90s las

ocupaciones y los campamentos

organizados por los diferentes

movimientos sociales rurales se

intensifi caron y se extendieron

por todo el país. La presión

social forzó que se aceleraran

las expropiaciones y el

asentamiento de un signifi cativo

contingente de familias

Tenemos la certidumbre de que

el gobierno va a hacer cumplir

la normativa de que la tierra

cumple una función social, y

las que no la cumplan tendrán

que retornar al Estado para

que éste las redistribuya

FOTO

: Lou

rdes

Edi

th R

udiñ

o

Félix Cárdenas, viceministro de Descolonización del Ministerio de Cultura de Bolivia


Víctor M. Quintana S.

La lucha agraria acompaña la historia de Chi-huahua. Los an-

tecedentes inmediatos de la Revolución de 1910, de la que este estado norteño fue cuna, remiten a las movilizaciones de los pueblos de los distritos del oeste y noroeste de la enti-dad por recuperar sus tierras arrebatadas por caciques y latifundistas. Los contingentes orozquistas y villistas de la gesta revoluciona-ria estaban formados y motivados en buena parte por rancheros que buscaban defender o acceder a un pedazo de tierra.

No para la derrota de los ejércitos campe-sinos y populares y la “reforma agraria desde arriba” la lucha del agrarismo chihuahuense. Los años 20s y 30s ven de nuevo a campesi-nos armados demandando tierra. Algunos la logran en forma de ejidos, otros en forma de colonias estatales o colonias nacionales. Es de destacarse la gesta de Socorro Rivera y compañeros, que luchan por el reparto del la-tifundio Babícora, propiedad del magnate es-tadounidense de la prensa Randolph Hearst, que los lleva a ser asesinados por las guardias blancas de éste en 1938. Sin embargo, la lu-cha da sus frutos, pues la Babícora comienza a repartirse en ejidos en los mismos años 30s y la Baja Babícora se reparte en siete colonias apenas en 1954.

Al cumplirse los primeros 25 años de los cer-tificados de inafectabilidad ganadera, a media-

dos de los años 6Os, hay un gran ciclo de mo-vilizaciones agrarias en Chihuahua. Las dirige en su mayoría la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), de Jacinto López. En Chihuahua comandan el resurgi-miento agrarista Arturo Gámiz, el doctor. Pablo Gómez y Álvaro Ríos. Los dos primeros pasan de la lucha agraria a la guerrilla rural. Álvaro seguirá combatiendo por la vía pacífica hasta el final de sus días como dirigente de la UNOR-CA. Las batallas pacíficas y hechos como el ata-que al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965, o el del ataque al aserradero de Tomóchi en el verano de 1968, por el grupo guerrillero comandado por Óscar González Eguiarte, no son en vano. Logran que se repartan algunos latifundios que aún quedaban, como el de Bos-ques de Chihuahua, en 1971.

De entonces en adelante, el grueso de las movilizaciones agrarias han sido más bien defensivas. Las han conducido la Central In-dependiente de Obreros Agrícolas y Campe-sinos (CIOAC) a principios de los años 80s y posteriormente el Frente Democrático Cam-pesino y El Barzón. Aquí debe destacarse la lucha por la recuperación las tierras ejidales de Palanganas, en Casas Grandes, donde ambas organizaciones logran la restitución de 11 mil hectáreas a los ejidatarios en 1997.

Actualmente la situación ha cambiado en la mayor parte del estado, salvo en la Sierra Tarahumara. La emigración de la inmensa mayoría de los municipios, sobre todo del lla-no, donde no habitan indígenas, ha disminui-do la presión sobre la tierra. La conflictividad

agraria, sin embargo, no ha disminuido. Se manifiesta de muy diversas formas: mancomu-nes con documentos denominados “hijuelas” que datan del siglo XIX y no se han regulari-zado; posesionarios de terrenos ejidales; pose-sionarios inmemoriales de terrenos nacionales y/o pequeñas propiedades, y sobreposiciones de ejidos. Las demasías de la pequeña propiedad ganadera se estiman en más de 300 mil hec-táreas en el estado; por otra parte hay todavía faltantes de terrenos dotados en la resolución presidencial, y en las pasadas dos décadas se ha disparado la compra-venta de terrenos gana-deros con excedencias por parte de menonitas para convertirlos en zonas de riego (Datos pro-porcionados por Martín Solís, de El Barzón).

Ahora bien, en estos años recientes, el grue-so de la problemática por la tierra, así como los movimientos más significativos se con-centran en la Sierra Tarahumara. Ahí las co-munidades indígenas, rarámuris sobre todo, se las han tenido que ver con los negocian-tes que acosan sus territorios como hidra de mil cabezas. Una primera forma de despojo a los terrenos comunales es que, al terminar la Revolución, muchos de ellos fueron conside-rados como “terrenos nacionales”, sin tomar en cuenta a los indígenas que tenían posesión –a su modo– de ellos desde tiempos inmemo-riales. Los “chabochis”, es decir, los mestizos negociantes, denuncian los terrenos, se los ad-judica el gobierno y luego quieren echar a los indígenas de donde siempre han vivido. En este tipo de problemática se ubican las luchas de las comunidades de La Laguna en Bocoy-na y Repechike, también en Bocoyna.

Vienen luego los casos en que los ganaderos invaden terrenos de la comunidad indígena, a veces aprovechándose de los mestizos que son parte del ejido. Es el caso de las comunidades de Bakéachi y Wawachérare en el municipio de Carichí. Gracias a una adecuada combinación de la movilización comunitaria y la asesoría le-gal, estas comunidades han recuperado sus tie-rras. Aunque ocasionó el asesinato hace menos de un mes al licenciado Ernesto Rábago, com-pañero de la abogada agrarista Estela Ángeles.

La tercera forma de despojo, la más ac-tual, la más extendida, es la que empren-den los proyectos turísticos en la Sierra Tarahuamara en contra de las comunidades indígenas. Aquí destacan los casos de las co-munidades de Recowata, Abogato, Bacajípare y El Madroño, entre otras. La construcción del teleférico de las Barrancas del Cobre y todo el “desarrollo” turístico que se hará en torno a él significa un despojo y una invasión real a varias comunidades rarámuris. En total, según la ONG Consultoría Técnica Comuni-taria, AC, y el Programa Interinstitucional de Apoyo al Indígena, existen 22 casos agrarios, 11 de ellos documentados, en que las comu-nidades indígenas han sido afectadas por pro-yectos turísticos gubernamentales o privados. En los casos documentados se afecta a mil 712 familias de 11 comunidades en una superficie de 115 mil 79 hectáreas (Datos proporcionados por Diana Villalobos, de CONTEC).

Nadie puede decir, pues, que en Chihu-ahua se haya levantado la “bandera blanca” del fin del reparto y de los conflictos agra-rios. Mientras haya hombres y mujeres del campo sedientos de justicia por su tierra y sus recursos naturales, la lucha seguirá cun-diendo por los llanos dorados y los cerros de pinos y los barrancos a tajo.

CHIHUAHUA

CONFLICTOS Y MOVIMIENTOS AGRARIOS

Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable

¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!

¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!

A las Diputadas y los Diputados FederalesA los Grupos Parlamentarios de la Cámara de DiputadosLXI LegislaturaA la opinión pública

Las organizaciones que integramos el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) nos sumamos a la iniciativa de diversas organizaciones de la sociedad civil y de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos para urgir a los diputados la aprobación inaplazable por el pleno de la Cámara de Diputados de la Minuta del Senado de la República mediante la cual se reforma el artículo 4º de nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional el derecho humano a la alimentación.

Dicha Minuta, enviada por el Senado a la Cámara de Diputados desde el año de 2005, adiciona el siguiente párrafo al artículo 4º y un segundo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución, para quedar como sigue:

“Artículo 4º .-

El Estado tiene la obligación de garantizar efi cientemente el acceso de toda persona a una alimentación sufi ciente y de calidad, que le permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su desarrollo físico y mental.

Artículo 27.-

XX.

Las políticas para el desarrollo rural integral, a que se refi ere el párrafo anterior, tendrán como fi nalidad que el Estado garantice el abasto sufi ciente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

La demanda de la sociedad civil por elevar a rango constitucional uno de los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no padecer hambre y malnutrición, ha sido una larga e incansable lucha que, desde 1992 a la fecha, han llevado a cabo una amplia y plural gama de organizaciones campesinas, pro-derechos humanos, sindicales, urbanas, magisteriales, religiosas, de académicos e investigadores, de profesionistas de la nutrición así como de innumerables intelectuales, científi cos, artistas y ciudadanos y ciudadanas de a pie.

Si nuestro país quiere transitar hacia un Estado democrático, cuyo desarrollo sea social y medioambientalmente sustentable, justo e incluyente que le permita, por ello, enfrentar efi cientemente la crisis alimentaria por la que atraviesa, no puede seguir soslayando el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), así como los contraídos en la Cumbre Mundial de la Alimentación y la Cumbre del Milenio. Al respecto de estos últimos, nuestro país se comprometió a reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus ciudadanos para el año 2015. La inaceptable realidad en México es que el hambre se está incrementando en 50% respecto al año base, mientras que en la mayor parte de América Latina y el Caribe (ALC), ésta se reduce al igual que la malnutrición, con los ejemplos notables de Brasil y Cuba.

Al respecto del artículo 11 del PIDESC, en el cual se establece la obligación de los Estados a reconocer el derecho a la alimentación, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha emitido la Observación General 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada en la que establece lo siguiente:

“El Comité afi rma que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos para todos.” (PIDESC; 1999; E/C.12/1999/5).

La falta de atención a una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano –elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación–, y con ello, el incumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos, ha propiciado que nuestro país se encuentre en un lamentable e inaceptable estado de hambre, malnutrición, inseguridad y vulnerabilidad alimentarias que afecta a la mayoría de la población, violando fl agrantemente el Estado de Derecho y comprometiendo gravemente el futuro de nuestro país, la seguridad nacional y nuestra soberanía.

Hoy en pleno siglo XXI y en el año del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, más del 20% de la población padece hambre y desnutrición y más del 50% de los mexicanos se encuentra en el nivel de pobreza. Por si fuera poco, el modelo agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto a nuestro país una epidemia de obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2006), padecen sobrepeso y obesidad el 72% de las mujeres y 67% de los hombres; 34% de los adolescentes y 26% de los niños y niñas de 5 a 11 años. Al mismo tiempo, crecen la dependencia alimentaria del país, el abandono del campo, la degradación de suelos y el agotamiento de acuíferos, el poder de los monopolios agroalimentarios, la carestía de los alimentos y, con ello, crecen la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias de nuestro país expresadas en la crisis de la tortilla del 2007 y las consecuencias negativas que han conllevado las crisis mundiales de alimentos y la económica de 2008-2010. Todo esto se da a la par de la abdicación en la práctica de las obligaciones del Estado en lo tocante a los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas; consecuencia de la adopción a raja tabla y acrítica del modelo de libre mercado.

La alimentación es un derecho humano fundamental, no es una mercancía. Es una obligación del Estado garantizar su cumplimiento a partir de un mandato constitucional y una política de Estado de largo plazo, con la participación

corresponsable de los poderes de la República, los tres niveles de gobierno y la sociedad. El mercado no puede ni podrá jamás garantizar el derecho a la alimentación. Menos lo podrá hacer el ya histórico asistencialismo clientelar de los programas gubernamentales o la fi lantropía privada.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en 2009, por la recesión económica aumentaron en 9 millones de personas en condiciones de pobreza en ALC, de los cuales el 40% correspondió a México; es decir, tenemos 3.6 millones de pobres más.

Si hoy nuestro país vive una crisis alimentaria sin precedentes, la situación puede tornarse aún más dramática en virtud de las amenazas del entorno mundial, a saber: a) el cambio climático global y su impacto en la producción y disponibilidad de alimentos; b) agotamiento de los hidrocarburos y la volatilidad de los precios del petróleo; c) el uso creciente de alimentos y de tierras para la producción de biocombustibles; d) el agotamiento de la disponibilidad del agua para la agricultura y su disputa por usos alternativos; e) la inversión sin regulación de fondos especulativos en las bolsas de granos; f) la inestabilidad económica y fi nanciera global, incluyendo una alta volatilidad en los tipos de cambio; g) el poder creciente de las megacorporaciones agroalimentarias en el comercio y las políticas agrícolas internacionales y nacionales; h) la creciente preeminencia de la agricultura empresarial y/o de gran escala –ya sea de exportación o de básicos– en detrimento de las agriculturas de pequeña escala y/o familiar, y, con ello la agudización de la desigual distribución de recursos públicos, la polarización entre productores y regiones, el privilegio de la urbanización frente al “descuido” del sector rural; i) el uso geopolítico del poder alimentario; e, i) el deterioro de los hábitos alimentarios y la dieta tradicional por el impacto de la comercialización y de la publicidad de la industria procesadora de alimentos.

Sin alimentos no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay libertad, no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de criar y formar a los hijos e hijas, no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay futuro, no hay país. El derecho a la alimentación es integral e inherente a otros derechos.

Hoy es la oportunidad. No la dejemos ir. En medio de la desesperanza, abriguemos una esperanza y luchemos por ella todos y todas, sin excepción, en la pluralidad y en la corresponsabilidad.

Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable.

¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!

¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!

Atentamente,Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC:

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS)Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras

de Productores del Campo (ANEC)Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)

Coordinadora Estatal de los Productores de Café de Oaxaca (CEPCO)Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC)

Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)

www.conoc.org.mx [email protected]


Ángel Pérez Silva

La creación de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas (RBLT)

en Veracruz es parte de un proceso de pro-tección y conservación de los recursos natu-rales de la región que data de 1936, cuando el gobierno federal establece la Zona Protectora Forestal Veda de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Catemaco, abarcando una superficie de 28 mil 500 hectáreas.

Después, en 1967 se funda la Estación de Biología Tropical “Los Tuxtlas” con una superficie de 700 hectáreas, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co; entre 1979 y 1980 se decreta la Zona Protectora Forestal y Refugio Faunístico en las regiones de los volcanes de San Martín y Santa Marta. El 13 de noviembre de 1998, por decreto presidencial, se crea la RBLT abarcando 155 mil 122 hectáreas de territo-rio de ocho municipios de la región: Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan. Para su creación, en otros dos decretos expedidos por el gobernador de Veracruz del 13 y 19 de noviembre de ese mismo año, se expro-pian nueve mil 366 hectáreas de terrenos ejidales y seis mil 318 hectáreas de pequeña propiedad. El decreto abarca ocho ejidos, y tuvo como fin dedicar estas superficies a la conservación de un área natural protegida (información tomada del Programa de Con-servación y Manejo de la RBLT).

Los ejidos expropiados fueron indemni-zados con dos mil pesos por hectárea más el pago por bienes distintos a los de la tierra en algunos casos. Sin embargo, la mitad de

los ejidos estuvieron inconformes con los montos y en general con el proceso de crea-ción de la Reserva. Fue el caso de los ejidos Península de Moreno, Miguel Hidalgo, El Mirador del municipio de Catemaco, y Ma-zumiapan y el Poblado Nuevo México del municipio de Soteapan.

La creación de la Reserva de la Biosfera presenta de origen serias inconsistencias que a lo largo de los años han hecho surgir pro-blemas que están aún sin solución y que se suman a problemas anteriores que afectaban a la zona:

PROBLEMAS AMBIENTALES: La deforestación y pérdidas de hábitat; sobreexplotación de recursos; uso de plaguicidas y agro-químicos; erosión de suelos; agotamiento del agua; aprovechamiento irregular de materiales pétreos, arenas y gravas, y con-cesiones mineras.

PROBLEMAS PRODUCTIVOS: Falta de alterna-tivas productivas, sobreexplotación de zonas turísticas y grandes extensiones dedicadas a la ganadería.

PROBLEMAS AGRARIOS: Concentración de tie-rras en manos privadas, asentamientos irregulares, resoluciones presidenciales no ejecutadas, constitución de colonias agrícolas y ganaderas, poblados con la amenaza de ser desplazados y reubica-dos, predios inexistentes que cobraron su indemnización, falta de un censo real de propietarios y ejidatarios en las zonas nú-cleo, falta de un deslinde a tiempo y real de las zonas de la Reserva.

PROBLEMAS SOCIALES: Desarrollo urbano desordenado y concentración de pobla-ción marginada, visión depredadora y falta de educación y conocimiento am-biental, confrontación entre ejidatarios y autoridades gubernamentales, nula consulta para la creación de la Reserva y para la expropiación de las tierras ejida-les, falta de información y participación del manejo de la Reserva y de la situa-ción agraria y legal de los ejidos.

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS: Falta de vigi-lancia, falta de coordinación entre de-pendencias gubernamentales estatales y

federales, falta de planeación en el ma-nejo de los recursos naturales, manejo a discreción de recursos económicos desti-nados a la Reserva.

Si algo hay que tener claro en cuanto a los casos de los ejidos expropiados en el proceso de creación de la Reserva, es que se violen-taron algunos derechos de los pobladores de las zonas núcleo, además de irregularidades administrativas que se han cometido. Esto se debe en gran parte a:

–Que los pobladores y ejidatarios campe-sinos e indígenas no fueron consultados para la creación de la Reserva, y resultó un proce-so impuesto no consensuado ni consultado y violó lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto al derecho de consulta de los pueblos indígenas, y que en el caso de ser reubicados debería ser en tierras de la misma o de mejor calidad y con la misma superficie.

–La visión de conservación y protección de los recursos naturales por encima de las poblaciones campesinas e indígenas y no conjuntamente con ellas.

–La falta de voluntad y disposición de autoridades, funcionarios, investigadores a dialogar sus actos y decisiones con los ciuda-danos implicados.

–La falta de reconocimiento gubernamen-tal de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, ya que han sido éstos quienes primeramente han cuidado sus recursos por-que han vivido por años y en algunos casos por siglos en la región.

–Que la creación de la Reserva fue más un acto político de parte de los gobiernos estatal y federal que ya se iban, que un verdadero acto de preocupación por el cuidado y la pro-tección de los recursos naturales y la biodi-versidad de la región, al decretar una reserva y expropiaciones sin la debida planeación y transparencia, resultando predios expropiados sin dueños pero de los que se cobró la indem-nización, propietarios que no les pagaron, eji-dos que no se enteraron que fueron expropia-dos, pago de indemnizaciones por cantidades injustas, amenazas de desalojos, judicializa-ción de la vigilancia y del cuidado de la Re-serva (en algún tiempo se siguieron procesos judiciales contra campesinos de Nuevo Méxi-co acusados por la tala de árboles), deslindes y ejecuciones de escritorio y mediciones que encimaron ejidos y propiedades privadas.

En 2005 Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) logró poner el caso en la agenda del gobernador Fidel Herrera, quien en una reunión en agosto de ese año con co-misariados ejidales, representantes de MAIZ y el director de la Reserva, se comprometió a resolverlo durante su sexenio, se avanzó en la medición en campo y la elaboración de un nuevo padrón, y se propusieron una serie de mesas para la negociación con la dependen-cias, sin embargo hasta ahí se quedó, lo que evidenció una vez más que no hay voluntad política para resolver este conflicto. Es ne-cesaria una propuesta de solución integral que abarque lo agrario, lo ambiental, lo productivo y lo social, que incorpore a los pobladores en la vigilancia y protección de la selva, y rompa con la visión conservacionista que ha prevalecido desde la creación de la Reserva. Coordinador estatal de MAIZ en Veracruz

PROBLEMAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS

Eva Gálvez y Fernando Urbano

Sus destellos fl orecen en el sur, le llaman la tierra del sol, pero los más primeros le llamaban Ñusabi. El Ñu, nuestro pueblo más reciente, ha

caminado las travesías que acarrea la migración, la mayoría ha jalado pa’l norte. Quizás, hace unos tres o cuatro años, las cosas han venido

cambiando, y donde más se mira este cambio es en los jóvenes.

Para los pueblos indígenas, la juventud no existe, se es niño, niña, o se es adulto. Los jóvenes em-piezan a ser llamados así conforme se abren espa-cios educativos o de atención médica que intro-

ducen la categoría. Sin embargo, distintas experiencias nos advierten no sólo sobre la vulnerabilidad de estos grupos, sino también sobre la tarea histórica que recae en ellos.

La pobreza y el rezago educativo en las regiones indíge-nas, han provocado la migración hacia los estados del norte de México y a Estados Unidos. En este contexto no origi-nario, los jóvenes son híbridos culturales, hablan inglés y mixteco, bailan chilenas vistiendo sus blue jeans.

Al igual que sus padres, su horizonte se encuentra en el nor-te, su caminar y su esperanza buscan esas tierras. Sin embargo, algunas propuestas comienzan a revertir la situación; los es-fuerzos comunitarios que se desarrollan en la región mixteca permiten que estos jóvenes tengan otras expectativas de vida.

Las preparatorias comunitarias, que CACTUS ha im-pulsado, se crean a partir de la preocupación por detener la migración, pero también se han concebido como espacios de resistencia y reflexión cultural. Las aulas son el lugar donde se pretende que los jóvenes se reconozcan como indígenas, comprendan el acontecer histórico que los ha situado en esa realidad y se dispongan a la transformación.

En el pasado, el campo floreció en manos de nuestros abuelos. Hoy, la globalización predica que “es más barato comprar que producir” y la tierra casi nos es extraña. Pero las escuelas comunitarias abren brecha ante estos escena-rios, invitando al reencuentro de la tierra con sus hijos, los más pequeños, para construir procesos de autonomía, de soberanía alimentaria.

Para los jóvenes del campo y la ciudad, la tarea no es sencilla: luchar por nuestra dignidad. Así lo escribió Carlos Montemayor “La dignidad de nuestro abuelos y nuestros padres no asegura hoy nuestra dignidad. Cada generación tiene el compromiso con su propia dignidad. La dignidad se acrisola con el paso de los días, de los años, de las luchas, de las dudas, para no pisotear lo que or-gullosamente fuimos, para que nadie se vuelva contra sí mismo y contra lo que amó, contra lo que respetó, contra lo que aspiraba a ser”. CACTUS-Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)

ÑUSABI, UNA TIERRA JOVEN

Es necesaria una propuesta

de solución integral que

abarque lo agrario, lo

ambiental, lo productivo y lo

social, que incorpore a los

pobladores en la vigilancia

y protección de la selva

FOTO

: Arc

hivo

MAÍ

Z Ve

racr

uz


Damián G. Camacho Guzmán

Desde 2000, con el PAN en el go-bierno, la confrontación del Esta-do contra el movimiento social se ha agudizado y su escenario se ha

trasladado a una arena de violencia política. Para ello se ha modificado el marco jurídi-co, se concibe la política de seguridad como prioridad nacional, se ha subordinado la polí-tica interna a la seguridad del imperio estado-unidense y se ha lanzado una campaña me-diática e ideológica que justifica y normaliza esa situación. Las razones son claras: la pro-fundización de la mundialización capitalista en nuestro país, la búsqueda de legitimación del gobierno y la disputa por el poder político para afianzar la ideología clerical panista.

Así lo vivimos en el caótico 2006 cuando, en mayo, en el ataque al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, habilitaron a elementos del Ejército Mexicano como Policía Federal Preventiva (PFP) para emprender la ocupación y controlar a la población. En noviembre de ese año, para someter a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, también incursionó la PFP, pero la acción incluyó la intervención directa de la Marina, como un rasgo novedoso luego de la llegada al poder de Felipe Calderón. Poco des-pués el gobierno federal anunció su espectacu-lar guerra contra el crimen organizado, cuya finalidad ha sido militarizar al país y norma-lizar esa situación en el norte de México, en particular en Ciudad Juárez, y en Michoacán. El hecho significativo de esta escalada se dio cuando en octubre de 2008 el Ejército acudió a desbloquear las carreteras tomadas por el Movimiento Magisterial de Bases, junto con los padres de familia y varias comunidades del Consejo de Pueblos de Morelos, y lo mismo

hizo en Puebla y Guerrero. De igual forma, en octubre de 2009 fue el Ejército el que tomó las instalaciones de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro cuando el gobierno anunció su ex-tinción, con la finalidad de evitar la respuesta del Sindicato Mexicano de Electricistas, y en diciembre de 2009 el gobierno federal ordenó una acción espectacular con la participación de fuerzas especiales de la Marina para asesi-nar a Arturo Beltrán Leyva.

El mensaje es claro, si antes había que cubrir los requisitos legales para vestir al Ejér-cito de PFP, ahora no hace falta tomarse esa molestia, porque el Ejército ya está en las ca-lles, mientras que para las acciones especiales y la confrontación con la protesta callejera ge-neralizada es la Marina la principal aliada de Calderón. Lo que se ha venido gestando en los primeros años del gobierno ilegítimo son una serie de modificaciones legales como la reforma judicial que le da mayores facultades al ministerio público, a la Policía Ministerial o Judicial, a la seguridad pública y en parti-cular a las Fuerzas Armadas, que rebasan el ámbito doméstico con la implementación del Plan Mérida o Plan México, además de las funciones en seguridad pública que poco a poco van copando altos mandos castrenses. El objetivo es la normalización de la presen-cia militar, la reducción y restricción de dere-chos humanos, así como la resolución de la problemática social vía la dominación pura y maciza mediante la confrontación militar.

Otro rasgo de la forma de confrontar a los movimientos sociales por parte del go-bierno de Calderón es la represión selectiva, como una medida de la campaña de contra-insurgencia cuya finalidad es detectar y des-truir a los miembros de los grupos, organi-zaciones y movimientos sociales para buscar

neutralizar y desanimar la protesta social. La característica es que, para implementar la es-trategia de contrainsurgencia, aparecen acto-res ajenos al aparato de seguridad del Estado. En todos ellos hay conflictos entre partes antagónicas (campesinos contra caciques o empresas), intracomunitarios (campesinos e indígenas contra iguales) y grupos paramili-tares, guardias blancas y narco paramilitares contra guerrilleros o activistas.

Los ejemplos de la escalada de la repre-sión selectiva son varios: en julio de 2009, en la comunidad tzotzil de Mitziton, en Chia-pas, el Ejército de Dios, grupo paramilitar al mando de Carmen Díaz López, asesinó a Aurelio Díaz Hernández e hirió a cinco más, por la oposición que presenta esa comunidad a la construcción de la autopista que va de San Cristóbal a Palenque; en el movimien-to que realizan en el pueblo nahua de Os-tula, Michoacán, por la defensa de la tierra, la autonomía y la auto-organización con

su policía comunitaria, denunciaron que de agosto a finales de 2009 han asesinado a ocho de sus miembros por conflictos con rancheros y grupos paramilitares a su servi-cio; nuevamente en Chiapas, el ataque a la organización Emiliano Zapata con el asesi-nato de dos de sus miembros en la detención de Chema, el atentado y las amenazas a los miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y a fines de no-viembre, el asesinato de Mariano Abarca en Chicomosuelo, a manos de un empleado de la empresa minera canadiense Blackfire; en Morelos, el asesinato de Miguel Pérez, co-munero de Santa Catarina, Tepoztlán, por parte de los priístas vendedores de tierras co-munales a principios de noviembre pasado; en Guerrero, el asesinato del Comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pue-blo Insurgente a principios de noviembre a manos de narcosicarios al mando de los prin-cipales caciques del estado; en Chihuahua, el asesinato de activistas y familiares de ac-tivistas defensoras de la justicia por los casos de los feminicidios en Ciudad Juárez.

En ningún caso aparecen ligados el go-bierno federal, los gobiernos estatales o los municipales. Estos asesinatos se suman a la estadística que produce la ola de violencia de la llamada “guerra contra el crimen or-ganizado” y se invisibilizan. Además hay que agregarle la situación de impunidad en la que se encuentran. Para analizar estos casos no basta saber quiénes asesinaron a cada uno de los activistas sino identificar a quiénes fa-vorecen esas muertes.

Es importante saber en qué sentido se de-sarrolla la confrontación de clase, por eso si el gobierno de Calderón trata de llevar la re-solución de los conflictos sociales al terreno militar para apartarlos del escenario político y social, pues el reto del movimiento social es trasladar nuevamente estos conflictos a la arena política para evitar caer en la confron-tación desigual que consumaría la domina-ción pura y maciza.

LA OFENSIVA CONTRA EL MOVIMIENTO SOCIAL

DESMITIFICAR EL CAFÉ ROBUSTA, PIDE RODOLFO TRAMPEEl fomento a la producción de café robusta en México es un tema que genera polémica: contrapone el interés de productores con el de in-dustriales y con la posición gubernamental.

Mientras cafi cultores denuncian que hay una intención deliberada del gobierno por apoyar básicamente a la Nestlé para ampliar la produc-ción de esta especie de café (cuyo precio es menor al arábiga, predo-minante en el país) y con ello demeritar los intentos para que México repunte en términos de café de alta calidad, por otra parte el gobierno jus fi ca el impulso al robusta y dice que lo que está detrás es sólo na visión realista del mercado.

El asunto ha sido objeto de espacios periodís cos, incluido el número an-terior de La Jornada del Campo, que expuso la posición de los productores.

En entrevista, Rodolfo Trampe, coordinador nacional del Sistema Pro-ducto Café (SPC), reconoció que el Programa de Trópico Húmedo, cuyo presupuesto anual ronda los 600 millones de pesos, apoya la renovación de cafetales y la cer fi cación de café robusta, pero el programa también está enfocado a otros diez cul vos del sur-sureste, como el hule y el ca-cao. No todo el monto va al grano robusta y además, dijo, “no se trata de ampliar la frontera agrícola del robusta, sino hacer que los 20 mil productores de robusta que ya existen (en Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca) sean más compe vos” pues México es defi citario en esta es-pecie. Hoy el país produce 200 mil sacos (de 60 kilos) de grano robusta, que representan sólo cuatro por ciento de la producción nacional. Y las industrias solubilizadoras demandan el grano robusta tanto para el mer-cado interno como para la exportación de producto procesado, y deben obtener buena parte de su materia prima de la importación.

Dijo que, efec vamente en el seno de la Amecafé (instancia opera va del SPC), se escucha de parte de representantes de productores “discursos que datan de los años 70s u 80s cuando el café robusta se consideraba de segunda categoría. En ese entonces el mundo tenía un consumo de café donde el robusta representaba 20 o 25 por ciento del total (el resto eran arábigas). La cafe cultura ha cambiado radicalmente; en los 90s emergió Vietnam como gran productor de robustas, lo cual llevó al mundo a un consumo de 40 por ciento de robustas y 60 de arábigas, y los robustas, que se usan para producir soluble, están presentes en las preparaciones de expresos, frapuchinos y otros que están ganando espacios en la demanda.

Reiteró que no hay intención de ampliar la frontera agrícola del ro-busta, pero señaló también que en México hay predios de café arábiga debajo de la línea de 600 metros sobre el nivel del mar, y esa altura no es óp ma para el arábiga, pues merma su rendimiento y lo hace muy vulnerable a la plaga de la broca. “Sin embargo está comprobado cien- fi camente que la producción de robustas puede ser muy efi ciente en

estos niveles y brinda a los productores una alterna va importante”.

Señaló que el mundo presenta una demanda de café que crece anual-mente en 2.5 por ciento, sobre todo en los mercados emergentes, como China y Rusia, y que, considerando que hoy la demanda es de 130 millones de sacos, dentro de diez años se va a generar un mercado adicional de 40 millones, y México debe ver cómo par cipa de este pastel. Y debe considerar que la demanda global es en 13 por ciento de cafés especiales (orgánicos, de alta calidad, con diversas cer fi ca-ciones) y 87 por ciento es de café genérico.

Se le comentó al entrevistado que los productores descontentos con el impulso al robusta manifi estan en general preocupación por el do-mino de las trasnacionales, como Nestlé y Agroindustrias Unidas de México (AMSA), en el comercio del grano en México, por su capacidad

para demeritar y manipular los precios en campo (pues la competencia en la compra a los campesinos es poca, los coyotes son pagados por la propia AMSA) por su infl uencia sobre el aparato público del café.

Rodolfo Trampe afi rma que es una “leyenda urbana” que AMSA con-trole un 50 por ciento de la exportación (como lo señalan producto-res). Las exportaciones del grano, que en 2009 sumaron 2.8 millones de sacos, están en 78 por ciento en manos de 10 empresas, según cifras de Aduanas, dijo. Detalló los principales: 17 por ciento corresponde a exportaciones de AMSA, otro 17 de Cafés de California, ocho por ciento de Nestlé, diez por ciento de Compromex, ocho por ciento Expogranos, siete Cafi ver, tres Descafeinadores Mexicanos y tres Industrias Marino.

Ante la pregunta de qué debe hacer el gobierno para proteger a los productores de café (casi 500 mil en el país) ante las prác cas an com-pe vas de los compradores, señaló que en la Amecafé (donde hay tres representantes cafi cultores, tres de la industria y la exportación y cuatro de instancias estatales del café de Chiapas, Veracruz, Oaxa-ca y Puebla) se está discu endo la modifi cación de la norma de cafés verdes, que data de los años 70s, y que establece los parámetros para defi nir calidades según altura, “Queremos establecer una norma de convivencia que sea aceptada y observada por los integrantes de la cadena y que pueda tener seguimiento desde el ámbito ins tucional”.

Asimismo, desde la Amecafé “podemos entrar a temas de trazabilidad y generar en las cadenas de suministro entre productores, comercia-lizadores y exportadores un mecanismo para observar de dónde pro-viene el café, qué calidad ene (...) que podamos llegar al punto de ofrecer a los mercados de exportación (la información) de cuánto es lo que se le paga al productor por quintal o por kilo. Hoy las cer fi cado-ras, que privilegian la sustentabilidad (económica, social y ecológica) insisten mucho en eso” (Lourdes Edith Rudiño).

El objetivo es la normalización de

la presencia militar, la reducción

y restricción de derechos

humanos, así como la resolución

de la problemática social vía

la dominación pura y maciza

mediante la confrontación militar

ILUS

TRAC

IÓN

: Jos

h M

acph

ee &

Fav

ianna

Rod

rígue

z


Pánfilo Hernández* y María Cecilia Oviedo**

El segundo sábado de marzo de cada año, la or-ganización campesina Grupo Vicente Guerrero con sede en la comunidad de Vicente Guerrero en Españita, Tlaxcala, realiza la feria del maíz

nativo y otras semillas; este año tuvimos la décimo tercera feria y participaron campesinos de los estados de: Puebla, Oaxaca, Michoacán y Tlaxcala, así como invitados del Dis-trito Federal, Estado de México y Veracruz.

Se contó con la presencia de 95 campesinos y campesi-nas que expusieron y compartieron alrededor de 20 razas de semillas de maíces nativos de 10 colores (rojo claro e intenso, amarillo, cremoso, blanco, azul, negro, pinto, ana-ranjado, cristalino) así como 30 expositores que llevaron hortalizas, productos de plantas medicinales, hongos setas, miel, huevos, artesanías de hoja de maíz y de pino, pinole de maíz, amaranto, antojitos y pulque.

También participaron campesinos de las comunidades y ejidos de Cuaula, Sultepec, San Felipe Hidalgo, Moxo-lahuac, Nanacamilpa, Mazapa, San Juan y San Fran-cisco Mitepec, Álvaro Obregón, López Mateos, Miguel Aldama, Reforma, Españita, Pipillola, Vicente Guerrero, Atotonilco, Alpotzonga, Espíritu Santo, La Calera, La Magdalena Tlatelulco, Santa María Texcalac, Ixtenco, Atlangatepec, Xiloxoxtla, Texoloc, Tepetitla, Techalote, Santa Ana y Zacatelco.

Hicieron presencia personas que representaban a: MAE-LA México, Museo de Historia Natural, Economía Solida-ria, Semillas de Vida, Alumbral Axochiatl, Red Indígena de Turismo Alternativo, Radio Educación, Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA) México, Mercado Alternativo de Tlaxcala y Guerreros Verdes. También in-vestigadores de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Colegio de Postgraduados, Instituto Nacional de Investi-gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Uni-versidad Autónoma Chapingo, UNAM, Universidad de la Ciudad de México, profesionistas independientes y público en general, sumando 600 personas, que llegaban con gran interés, expectativa y solidaridad.

La feria se inició con la bienvenida del comisariado ejidal de Vicente Guerrero, con un saludo ceremonial del grupo de Niños Guerreros por la Naturaleza de Vicente Guerrero y con una danza prehispánica de ofrenda al maíz, con dan-zantes de Tlaxcala, Xochimilco y otros lugares.

Custodios del maíz nativo. Se dio a conocer y se reali-zó la toma de protesta de los integrantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa y Preservación del maíz Nativo del Estado de Tlaxcala, en la cual participa-rán ejidatarios, ejidatarias, campesinos, campesinas e in-dígenas; con el objetivo principal de defender a los maíces

nativos y detener la entrada de las semillas transgénicas en ese estado.

También se presentó el primer comité de custodio co-munitario del fondo regional de semillas nativas que bene-ficiará en una primera etapa a cuatro municipios (Nanaca-milpa, Españita, Calpulalpan e Ixtacuixtla) del nororiente del estado de Tlaxcala. Este comité manejará, administrará y tendrá bajo su custodia este año cinco variedades de maí-ces nativos (azul, amarillo, chalqueño, blanco y cañuela) que se prestarán a campesinos que estén interesados en la obtención de semillas, así como de formar parte del padrón de custodios. Cada campesino o campesina que reciba se-milla de maíz este año tiene el compromiso moral de en-tregar el doble para la próxima feria.

Ejidos se declaran libres de transgénicos. Se informó también sobre el proceso de la iniciativa de Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Ori-ginario, en Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de Tlaxcala, la cual se encuentra en comisiones unidas del Congreso del estado en revisión.

Un momento muy importante fue cuando se dieron a conocer las declaratorias de las asambleas ejidales de Cuaula y San Felipe Sultepec del municipio de Calpu-lalpan; de Vicente Guerrero, Álvaro Obregón y San Juan Mitepec del municipio de Espanta, y de Santa María Tex-calac del municipio de Apizaco, donde se declaran libres de transgénicos. Este momento muy emotivo fue aplaudi-do por todos. En las siguientes semanas se sumarán otros ejidos, y nuestra expectativa es lograr, junto con otras or-ganizaciones, que esto se haga en todas las comunidades del país, para que México sea realmente nuestra Tierra del Maíz libre de transgénicos. *Grupo Vicente Guerrero** Secretaria técnica del PIDAASSA

John Burstein W.

Pongámonos a soñar y preguntémo-nos: ¿cuál sería la agenda migratoria de una supuesta América del Norte consolidada y progresista? Con ello

quiero decir poseedora de una traslatinidad madura y una cultura política que comparta el sentido de responsabilidad entre México y Estados Unidos (EU). Supongamos también que predomina tanto una economía formal como la ratificación de los instrumentos in-ternacionales de derechos humanos en lo político. Lo que es más, imaginemos que esta región trasnacional logró avanzar sufi-cientemente para contar con un parlamento o por lo menos con un espacio de debate por el estilo. La agenda migratoria se entendería entonces como un instrumento para nivelar las desigualdades económicas, estableciendo un mercado laboral eficiente que permita el acceso de mayores sectores de la población a las oportunidades de crecimiento.

Para ello, podríamos adaptar el modelo europeo de “fondos estructurales”, que logró la armonización económica en esta región supranacional. En nuestro caso, la comuni-dad traslatina podría jugar un papel deter-minante, tanto por motivación y convicción propias (mercado solidario), como por ven-taja comparativa. Esto surge de las particu-

laridades del mercado trasnacionalizado debido a afinidades culturales, lingüísticas y demás. En las instituciones y praxis de esta América del Norte imaginada, las expresio-nes autonómicas habrán encontrado eco. La experiencia mexicana de las autonomías de los pueblos indígenas habrían aportado a este modelo socio-político descentraliza-do. El sector rural será una palanca potente en el desarrollo de toda América del Norte, mediante la transformación del modelo agrí-cola, siempre incorporado la planeación am-biental global. El nivel de vida será mejorado por la ampliación de los servicios sociales de salud y educación; asimismo, la economía diversificada de la “nueva ruralidad” será consecuente con el actual desarrollo de la tecnología informática, que contribuirá a la definición de la ciudadanía trasnacional.

Proponiendo justicia. Si tal fuera la vi-sión consensuada para el futuro de América del Norte, primero tendríamos que revalorar a fondo la migración masiva de los 20 años recientes. Lo anterior se debe ligar a la ge-neración de un estímulo a la inversión para el desarrollo.

Los discursos políticos de hoy prescinden de perspectivas que impiden darnos cuenta sobre los significados de la gran migración de esta época. Por ello es preciso un re-

cuento puntual y contable del fenómeno en términos económicos, sociales y políticos, reconociendo las consecuencias profundas en cuanto al tejido social, el papel de las mu-jeres, los efectos en los pueblos indígenas, y la explotación económica, por citar algunos aspectos. De esta forma se podría garantizar que las acciones dirigidas a fomentar el de-sarrollo regional estuvieran comprometidas con la justicia.

El mecanismo conocido como “comisión de la verdad” es aplicado cuando el sistema de justicia ordinario es inadecuado para ad-ministrarla, sea por el gran número de víc-timas o por el hecho de que el gobierno no condenara los actos delictivos en el momen-to en que se originaron. En dicho caso, esta “comisión” visibilizará elementos diferentes que pueden comprender desde el abuso sis-temático de los derechos laborales; el tráfico de personas y sus consecuencias (de mane-ra destacada el abuso hacia las mujeres); el narcotráfico y el crimen organizado; y hasta la pérdida inconmensurable del tejido social en la familia, la comunidad y el país, cuyo impacto resulta particularmente grave en las y los jóvenes.

Con respecto a los cálculos de los efectos económicos, hay quienes argumentan que los migrantes se benefician de los programas sociales de EU, y otros, que subsidian a los mismos. Una comisión de la verdad ponde-rará ambas posturas y se pronunciará sobre este importante punto.

De manera semejante, podría hacer un balance entre el impulso de la migración a la economía estadounidense, la aportación de remesas a la estabilización del peso y la demanda adquisitiva de las economías lo-

cales mexicanas, y la justicia social de estas transacciones macroeconómicas.

Este proceso de “justicia transicional” depende del reconocimiento público como factor para que la población –tanto la vícti-ma como el perpetrador– pueda cerrar un período histórico, caracterizado por la in-justicia, sin dejar de exigir la reparación del daño debida, aunque fuera dada de manera colectiva y con el fin de reconstruir el tejido social.

En este caso, la reparación podrá tomar la forma de un fondo estructural de fomento a la superación de la pobreza y la marginación, en especial la de las zonas de mayor emigra-ción. Dicho fondo deberá ser construido con las aportaciones de los Estados, que se hacen responsables de las injusticias estructurales de marras. Este fondo estructural de desarro-llo regional abandonaría el paradigma de la “ayuda” de los países ricos a los pobres, al re-conocer que los fondos generados por ambos países provienen de manera importante del trabajo de los migrante y sus familias. Con esta reparación, se les restituiría la riqueza que las diásporas y sus comunidades gene-raron. Esto contribuiría a la regionalización trasnacional en marcha y a la construcción de una ciudadanía trasnacional y traslatina, como sujetos individuales y colectivo.

En conclusión, creemos que una reforma migratoria realmente integral pasa por la re-formulación de la visión política del desarro-llo regional y sus instituciones, ligada a un proceso de justicia socio-política profundo en América del Norte y basada en un replan-teamiento de las relaciones trasnacionales y la construcción de la identidad traslatina. www.tsotsil.com; [email protected]

LA AMÉRICA DEL NORTE IMAGINADA Y LA NUEVA RURALIDAD

Tlaxcala

CUSTODIOS DEL MAÍZ13ª Feria del Maíz Nativo en Vicente Guerrero

En el número 30, de marzo de 2010, publicamos el ar culo tulado “No hay polí ca migratoria sin desarrollo y jus cia” de John Burstein W. A con nuación presentamos la segunda entrega del texto.

FOTO

: Héc

tor D

omín

guez


Armando Bartra

Hay que repetirlo: los mesoameri-canos no sembramos maíz, los mesoamericanos hacemos mil-pa. Y son cosas distintas porque

el maíz es una planta y la milpa un modo de vida. La milpa es matriz de la civilización mesoamericana. Si en verdad queremos pre-servar y fortalecer nuestra identidad profun-da, no sólo agroecológica sino socioeconó-mica, cultural y civilizatoria, debemos pasar del paradigma maíz al paradigma milpa: un concepto complejo que incluye al maíz pero lo rebasa por la izquierda.

Solo y su alma el maíz es monotonía mien-tras que la milpa es de por sí diversidad. En la milpa el maíz, el frijol, la calabaza, el chi-le, el chayote, el tomatillo, los quelites, los árboles frutales, el nopal, los magueyes y las vestezuelas del campo se hacen compañía. A diferencia de los uniformados maizales, las milpas son abigarrados policultivos.

El maíz es uno la milpa es muchos; el maíz discursea la milpa dialoga; el maíz es ensimismado la milpa solidaria; el maíz es monocorde la milpa polifónica; el maíz es singular la milpa plural; los maizales son dis-ciplinados cual desfiles militares las milpas jacarandosas y desfajadas como carnavales; el maíz se siembra la milpa se hace; el maíz es un cultivo la milpa somos todos.

Los mesoamericanos no nos distingui-mos de los europeos y estadounidenses en que para comer ellos siembran trigo y noso-tros maíz, porque a fin de cuentas entre un maizal y un trigal no hay tanta diferencia. Lo que nos distingue de los pueblos de cli-mas fríos y templados es que ahí se siembran granos y nosotros hacemos milpa; ellos pro-ducen su alimento en plantaciones homogé-neas y nosotros –si nos dejan– lo cosechamos en barrocos jardines.

Hacer milpa es cultura. Pero es un he-cho cultural que resulta de un condiciona-miento natural. Los ecosistemas de climas

fríos y templados son poco diversos y a la vez estables y resistentes a las perturbacio-nes pues su biota está impuesta a los cam-bios extremos de temperatura. En cambio los ecosistemas ecuatoriales son más diver-sos y sin embargo más frágiles pues su biota no tiene que lidiar con severas variaciones estacionales.

Los ecosistemas sutiles de diversidad abi-garrada en frágil equilibrio son nuestro sino, nuestra fatalidad natural. Hagamos de ellos patrimonio, virtud, ventaja, orgullo. No de-mos la espalda al nicho ecológico que nos es propio, no traicionemos nuestra condición equinoccial dejándonos llevar por los verti-ginosos cultivos del Norte. No nos dejemos seducir por las rudas tecnologías que arrasan

con nuestra biosfera, nuestros suelos, nues-tros sistemas hídricos, nuestras culturas.

“Francia es diversidad”, se ufanaba el his-toriador Fernand Braudel en Las civilizacio-nes actuales. Pero es que Braudel no conocía México: una región y un pueblo muchas ve-ces más plural, más variopinto, más biodiver-so que el galo. Y si los europeos abonan sus raíces identitarias cuantimás debemos hacer-lo nosotros. Honremos nuestra diversidad de suelos, topografías, climas, paisajes y ecosis-temas. Cultivemos nuestra riqueza cultural, lingüística, culinaria, espirituosa, musical, festiva, indumentaria… Hagamos de Méxi-co, no un monótono maizal del noroeste, sino una milpa multicolor; un mosaico de aprovechamientos diversos pero entrevera-dos y complementarios; un policromo mural de paisajes agroecológicos pero también de otros aprovechamientos, que el modelo mil-pero no vale sólo para la agricultura sino para la vida toda. Porque no está mal escuchar las “señales del mercado” –siempre que no nos atrapen como cantos de sirena– pero lo pri-mero es atender las señales de la naturaleza.

La fuerza de la milpa no está en la pro-ductividad del maíz o del frijol o de la cala-baza o del chile o del tomatillo medidas por separado. Su virtud está en la sinérgica ar-monía del conjunto. Su eficacia no le viene de las partes sino de su entrevero, de su abi-garrada simbiosis. Fuerza de lo diverso soli-dario que es recurso de primera necesidad en tiempos de cambio climático antropogénico. Años turbulentos en que lo único seguro es la incertidumbre. Y cuando la creciente in-certidumbre medioambiental se asocia con la cada vez mayor incertidumbre económi-ca, no hay mejor estrategia que atender a la sabiduría popular que recomienda no poner todos los huevos en una misma canasta y apostar a la diversidad entreverada.

Un último argumento para hacer milpa es que la milpa es anticapitalista. Porque capitalismo es sinónimo de especialización y homogeneidad, es separación del campo y la ciudad, es desarrollo de la industria a costa

de la agricultura. Sumiso al mercado y mo-vido sólo por la ganancia, el gran dinero vive obsesionado por incrementar de la producti-vidad mediante tecnologías estandarizadas y siempre en vertiginosa renovación. El campo en cambio es reducto de la diversidad natu-ral-social siempre resistente al uniformador modelo de agricultura industrial. Es verdad que el monocultivo tuvo algún éxito en las grandes planicies templadas y fácilmente mecanizables, pero cuando irrumpe en las regiones equinocciales en las que la poca fluctuación climática propicia una gran di-versidad ecosistémica, la especialización ex-trema resulta suicida y el único paradigma viable es el de la milpa.

Los usos y costumbres del capitalismo marchan del frío al calor y a los pueblos equinocciales nos llegaron del norte. No es casual que en los climas templados donde la naturaleza aguanta más o resiente menos el trato rudo y las intervenciones desconsidera-das, haya nacido y embarnecido el mercan-tilismo absoluto. Pero en el trópico el avasa-llante y emparejador modelo de agricultura industrial resulta literalmente contra natura. Nuestra vocación agroecológica son los apro-vechamientos múltiples, biodiversos, tecno-lógicamente plurales y de manejo holista. Es nuestra vocación natural y socioeconómica la integración armónica del campo y la ciu-dad, la articulación virtuosa de agricultura e industria. Por temperamento y por cultura se nos da la policromía societaria, la solidaria pluralidad de talantes.

En el trópico la gente es risueña, cantado-ra, fiestera, desfajada, libertaria, imaginativa, soñadora. Pero todo esto que somos por in-clinación y por naturaleza es mal visto por un capitalismo mandón, rígido, disciplinado, racional que al sueño contrapone una vigilia perpetua. Entonces, hay que resistir al capita-lismo que nos llegó del frío. Hay que pararlo antes de que sea tarde. Pero resistir no basta, hace falta también paradigmas de repuesto. Y en Mesoamérica el más inspirador, el más sugerente, el más poderoso, el más visionario paradigma alternativo es la milpa.

Porque sin maíz no hay país, hagamos milpa. Y hacer milpa es mirar el campo –mirar el mundo– con otros ojos: con ojos de mujer.

Asomarnos al agro adoptando el punto de vista de las mujeres es fijar los contornos de un universo que está ahí pero que desde otras perspectivas resulta invisible. Por ejem-plo: las calamidades del campo a todos ato-sigan, pero nombrar la penuria rural con la voz de las campesinas es darle un contenido distinto y más filoso a las palabras. Porque adoptar un enfoque de género no es docu-mentar la situación particular de las muje-res sino asumir que la realidad está cruzada por una injusta y asimétrica diferenciación sexual históricamente construida. Y ese pro-fundo desgarramiento, que en el agro es aún más doloroso, sólo puede ser develado desde la perspectiva de las oprimidas.

El “feminismo” es una filiación ideológi-ca y política con la que se puede concordar o no. Pero el enfoque de género es insosla-yable. Y el enfoque de género es feminista o mujerista por las mismas razones por las que el enfoque de clase exige ponerse en el lugar de los explotados: porque cuestionar la sociedad patriarcal y el sistema capitalista es tomar partido por sus víctimas, por las y los oprimidos.

De milpas,

mujeres

y otros

mitotes*

Hagamos de México, no un

monótono maizal del noroeste,

sino una milpa multicolor; un

mosaico de aprovechamientos

diversos pero entreverados

y complementarios

*Mitote (del náhuatl, mihtotía: danzar) alcaraza, bulla, escándalo, alboroto.

FOTO

: Jos

eph

Sorre

ntin

o

FOTO

: Jos

eph

Sorre

ntin

o


Toma de partido que es opción políti-ca pero también epistémica pues más allá de darle visibilidad a prácticas y espacios socia-les poco atendidos si no es que soslayados, de lo que se trata de ejercitar un modo de ver el mundo distinto del hegemónico que corres-ponde a un modo distinto de estar en el mun-do. Adoptar el género como atalaya y como trinchera no se agota en documentar lo invi-sibilizado, exige repensarlo todo: edificar una nueva sociología, una nueva economía y una nueva historia; demanda restaurar la unidad del trabajo productivo y el reproductivo; con-voca a construir un nuevo tipo de organiza-ción social y gremial; supone rediseñar las re-laciones laborales y las formas de convivencia.

Dice bien Mercedes Olivera en El impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rura-les de bajos ingresos en México: “El género, por su transversalidad en todos los ámbitos de la realidad, es una categoría útil para

analizar los efectos de la crisis alimentaria y global actual, proporcionándonos una visión amplia capaz de contemplar desde nuestra condición de mujeres, los múltiples factores, dimensiones y diversidades que son causa y consecuencia de este complejo proceso”.

En Género e historia, Joan Wallach Scott, una de las mayores teóricas del feminismo, hace una crítica del empobrecimiento del término género. A veces pareciera que “gé-nero es tan sólo otra manera de referirse a las mujeres y a los hombres (Con frecuencia) los libros que supuestamente practican un “aná-lisis de género” (…) no son más que estudios, bastante predecibles sobre las mujeres o so-bre las diferencias de estatus, de experiencia, y de posibilidades que se ofrecen a las mu-jeres y los hombres (…) En nuestros días, el género es un término que ha perdido su filo crítico”. La propuesta de Joan es devolverle al concepto su carácter subversivo asumién-

dolo como la estructura del “conocimiento que organiza nuestras percepciones”.

Y creo que esto es lo que necesitamos ha-cer. Conversión intelectual y política trascen-dente porque otro mundo será posible si, y sólo si, lo soñamos y lo construimos desde la perspectiva de los oprimidos. Y el género es una de las formas más filosas de la opresión.

Pero además ese enfoque es importante porque la utopía se construye desde la crítica al orden inicuo pero también desde el pro-yecto alternativo. Visión de futuro que por lo general se inspira en las formas generosas y solidarias de convivencia, en las utopías he-chas a mano que a pesar de los pesares flore-cen en los intersticios del sistema.

Y una de las experiencias altermundistas más inspiradoras es la de los campesinos y las campesinas. Tercos defensores de un mundo desgarrado y escarnecido donde sin embargo se mantiene viva la memoria, don-de –en la medida en que los dejan– se pre-serva la naturaleza, donde la producción y la reproducción no son ámbitos tan separados (…) Núcleo civilizatorio duro de cuya preser-vación se han ocupado siempre las mujeres.

Territoriales, multiactivas, duchas en el bri-colaje y las estrategias holistas; preservadoras de la naturaleza, los saberes locales y la memo-ria las mujeres de la tierra abordan la produc-ción económica desde la reproducción social privilegiando la calidad sobre la cantidad, el valor de uso sobre de cambio y la vida sobre la economía. Y es por eso que las mujeres rurales representan en mayor medida que los varo-nes los recursos civilizatorios necesarios para salvar al campo. Arrinconada pero poderosa, persiste la economía moral del mujerío, un virtuoso modo de hacer cuyo paradigma no es la empresa sino la familia y la comunidad.

Porque el campo profundo es femenino, el nue-vo mundo –si lo hay– tendrá rostro de mujer.

Del 22 al 24 de marzo la ARIC Indepen-diente y Democrática realizó su asamblea general y Vicenta Méndez Ruiz fue elegi-da presidenta de la organización por los más de 400 participantes. Ella comparti-rá la dirección de la ARIC ID con Rosario Vázquez, Antonio López y Antonio Pérez. Esta elección es única en la historia de la ARIC, por ser la primera vez que una mu-jer ocupa el máximo cargo de dirección. Los miembros de la organización están convencidos de la necesidad de avan-zar en la equidad de género y de lograr “una buena vida”. Faustino Guzmán le dio a Vicenta un mensaje de felicitación en tzeltal: Tse’eluk a wotan yu’un te atel. Junuk a wotan, spisil de a p’ijilal te sno-pel a wu’un ya koltayat ta ja watel. SKan Dios te bintik Kot ta pasel ta ARIC yakuk xscojt ta pasel ta yantik tsoblej. Kilojtik te atel yu’un te antsetik te yakal stsakbel yip,

abeya yipal te atel. Te yantik antsetik sok winiquitik soknix te Dios ya scoltayat. Tse’eluk a wotan. En español: Que estés muy contenta por el trabajo. Ánimo, toda sabiduría y conocimiento te ayudan en el trabajo. Gracias a Dios que haya sucedido este nombramiento en ARIC y que esto pueda suceder en otras organizaciones. Hemos visto que el trabajo de la mujeres está tomando fuerza, mucha fuerza, en el trabajo. Las demás mujeres, hombres y Dios te ayudan en el trabajo. Que estés muy contenta.

VICENTA MÉNDEZ

FOTO

: PID

AASS

A M

éxico

Documental: Aguasabajo “el proyecto de presa paso de la reina”. Realización y edición Roberto Stefani. Productores: PRODH, COPU-DEVER, EDUCA, CDH TIERRA DEL SOL, LA VENTANA. Fecha: 2010.

Evento: Muestra “Paraíso recobrado. Es-cenario Rural del arte mexicano”. Organiza: Financiera Rural y el Museo Nacional de Arte. Fecha: Del 16 de marzo al 31 de mayo de 2010. Lugar: Museo Nacional de Arte (Tacuba 8, Col. Centro Histórico). Informes: Salvador Leal 5230 1600 ext. 2177, sleal@fi nancierarural.gob.mx

Evento: Primer Expo Agropecuaria. Or-ganiza: Consejo Impulsor para el Desarrollo Agropecuario A.C. (CIDAP). Fecha: Del 30 de abril al 16 de mayo de 2010. Lugar: Apizaco, Tlaxcala. Informes: http://www.imperium.org.mx/ExpoAgropecTlax2010.html [email protected] / www.cidap.org.mx

Evento: Desde los pueblos, otras salidas a la crisis global son posibles”. Organiza: Foro Social Mundial – México. Lugar: Zócalo de la Ciudad de México. Fecha: 2 – 4 de mayor de 2010. Informes: www.fsmexico.org / [email protected]

Evento: 6to Festival de cine y video Indígena. Organiza: La Comisión Interinstitucional para la Cul-tura de los Pueblos Indígenas de Michoacán, así como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del Centro de Investigación de la Cultura P’urhépecha, el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán a través de la Filmoteca Michoacana, el Ayuntamiento de Morelia y Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Centro de Video Indígena “Valente Soto Bravo” de la Comisión Na-cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Informes: www.cdi.gob.mx/festivaldevideoindigena

Documental: El Ciruelo (la desaparición de un pueblo bajo las aguas). Producción Foprocine, Pysma Films, Bambu Audiovisual. Guión y dirección – Carlos Rossini, Emiliano Altuna. Año: 2008.

POSDATADicen que el campo se ha feminizado. ¡Falso! Una cosa es que en las comuni-dades rurales predominen las mujeres, los viejos y los niños, y otra muy dis n-ta es que el campo tenga ya rostro de mujer. Lo primero es un saldo nefasto del agrocidio, lo segundo una tarea pendiente. Este agro desertado mayor-mente por una de sus dos mitades, este agro de familias desgarradas, este agro mocho no es –en modo alguno– un agro femenino. Hay que feminizar al campo, sí. Pero el campo tendrá rostro de mujer cuando se restauren las estrategias de sustentabilidad ambiental y seguridad alimentaria que en sus ámbitos ellas han seguido prac cando; cuando se ponderen, armonicen y redistribuyan equita vamente el trabajo produc vo y el reproduc vo; cuando se recupere la memoria histórica res tuyendo los saberes tradicionales que ellas han pre-servado; cuando los varones reconoz-can que en la crisis del produc vismo mercan lista y depredador se impone el regreso a las estrategias femeninas del buen vivir. El campo se feminizará cuando ni ellos ni ellas tengan que mi-grar a fuerzas, cuando las mujeres y los hombres de la erra encuentren –si así lo quieren– un futuro promisorio en sus propias comunidades.

FOTO

: Eun

ice A

dorn

o


Rodolfo Chávez Galindo

La resistencia de comunidades y pueblos amenazados con el des-plazamiento y el despojo por la construcción de presas comienza a

posicionarse en los medios y en los ámbitos social y de defensa de los derechos humanos, por el avanzado nivel de organización de los afectados, agrupados en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), que acaba de realizar su Séptimo Encuentro Nacional en los territorios de los compañeros mixtecos y chatinos amenazados por el proyecto de pre-sa Paso de la Reyna en la costa de Oaxaca.

La construcción de presas implica despla-zamientos masivos. La constante ha sido la imposición a toda costa de los proyectos, des-plazando de sus tierras, territorios y poblados a decenas o cientos de miles de afectados, pi-soteando sus derechos. Por los fuertes impac-tos sociales y ambientales, los constructores, las instituciones promotoras de los proyectos y los tres niveles de gobierno se han valido de promesas, engaños y actos ilegales para que los afectados cedan los derechos sobre sus tie-rras, o prometen pagos que nunca cumplen y en casos extremos realizan desalojos forzosos. Esta ha sido la tónica por mucho tiempo y en el mundo globalizado se ha endurecido con el papel asignado a nuestro país, como provee-dor de recursos estratégicos, lo que ha genera-do la rapiña sobre territorios y recursos básicos comenzando con el acaparamiento de tierras y el dominio sobre el agua. La resistencia fren-te a la construcción de presas deja al desnudo el nuevo proceso de acumulación capitalista basado en el saqueo y el despojo.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas nace de la decisión de los afec-tados de distintos estados para integrar una resistencia unificada frente a la agresión. En México las instituciones encargadas de abrir el camino a los capitales saqueadores son la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambien-te como agente de ventas y permisos para el saqueo y de la Secretaría de la Reforma Agra-ria (SRA) para validar el despojo de tierras. Estas promotoras gubernamentales entregan los proyectos a las grandes constructoras, so-bre todo por medio del esquema de inversión financiada con capitales contratados con la banca internacional básicamente por medio de Pidiregas, que vendrían a originar deuda pública millonaria que tendríamos que pa-gar todos los mexicanos. Por citar un caso, para hablar de montos, el presupuesto pro-gramado para el proyecto Presa La Parota, hoy suspendido por la lucha de los pueblos, era de mil millones de dólares.

El Primer Encuentro del Mapder se rea-lizó en octubre de 2004 en Guerrero, en la resistencia contra la Presa La Parota. Con base en las experiencias compartidas por afectados de todo el país y la asimilación de la información vertida por organizaciones y expertos, se definieron los lineamientos de una lucha común en defensa de tierras, te-rritorios y recursos naturales. Se comenzó a trabajar en un esquema de derechos. Se de-finieron las bases para una correcta defensa

jurídica como respaldo de los movimientos en los terrenos penal y agrario. Se reforza-ron lazos de cooperación con defensores de derechos humanos y se fijaron líneas de defensa de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; además se integra-ron expedientes para ejercer derechos como pueblos indígenas. Se definió además la lí-

nea política independiente del movimiento y se adoptó la movilización como método fundamental de lucha.

El Mapder integra las resistencias con-tra los proyectos de las presas La Parota en Guerrero; Arcediano en Jalisco; El Cajón y La Yesca en Nayarit; Itzantún en Huitiupán, Chiapas; los proyectos binacionales compar-tidos con Guatemala en el Río Usumacinta, y la presa Benito Juárez en Jalapa del Mar-qués, Oaxaca, y representa a grupos de des-plazados desde décadas atrás por las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro en la Cuen-ca del Papaloapan, y a quienes ahora enfren-tan las mayores agresiones por los proyectos El Zapotillo en Jalisco y Paso de la Reyna en Oaxaca, además de que apoya a los desplaza-dos por la presa Picachos en Sinaloa.

Nuestros esfuerzos se centran en las resis-tencias locales que son diversas, con carac-terísticas propias y niveles distintos de res-puesta y, a la vez, trabajamos en fortalecer el carácter nacional del Mapder, definir su

programa y estrategia nacionales y darle una visión de largo plazo que vaya más allá de los movimientos locales y acciones coyun-turales. Deberemos avanzar en la discusión sobre el problema energético en general en tanto que la construcción de presas tiene un lugar estratégico en las definiciones sobre el control de la energía. Nos corresponde con-vencer de que la lucha contra las presas co-rresponde a toda la población.

La lucha ha rendido frutos. Arcediano está cancelada y La Parota suspendida por decisión de los pueblos. Las últimas agresiones recaen sobre El Zapotillo ante las declaraciones del gobernador de Jalisco y del director de la cuen-ca Lerma Santiago de la Conagua que afirman

que no harán caso de las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y amenazan con expropiar a pobladores que se niegan a vender sus tierras y sus casas. En Sinaloa, los desplazados por la presa Picachos culpan al gobierno de la muerte de seis com-pañeros atrapados por fuego cruzado, muertos cuando regresaban del plantón en el Congre-so local en el que exigían, junto con muchos más, el cumplimiento de compromisos y la indemnización por sus tierras inundadas.

Estamos preparando, junto con muchas organizaciones, la exposición “Agua, Ríos y Pueblos” que se expondrá en el Bosque de Chapultepec del 13 de abril al 5 de junio y será acompañada de actividades en diferen-tes puntos de la ciudad. Además tenemos por delante la realización del Tercer Encuentro Mundial de Afectados por las Presas que ten-drá lugar del uno al siete de octubre de este año en Temacapulín, Jalisco, el pueblo en resistencia contra el proyecto de la presa El Zapotillo. Al Mapder le toca unir las voces de los afectados de todo el mundo. Vendrán representantes de 60 países para hablar de las afectaciones y también de las resistencias ante la depredación, el ecocidio y los daños sociales ocasionados por esos megaproyec-tos que son las grandes presas, generadoras de energía acumulable para las trasnaciona-les. Al sur de México y Centroamérica les ha sido asignada la creación de uno de los grandes mercados de energía, como progra-ma estratégico del Proyecto Mesoamérica, antes Plan Puebla Panamá. A los afectados por las presas nos toca visibilizar, además de enfrentar ese nuevo esquema depredador y de saqueo del capitalismo mundial.

EL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS

La resistencia frente a la

construcción de presas deja al

desnudo el nuevo proceso de

acumulación capitalista basado

en el saqueo y el despojo

FOTO

: Gon

zalo

Pér

ez

FOTO

: Mar

ibel

Rol

dón

FOTO

: Jav

ier V

erdí

n R.

/ La

Jorn

ada

Gue

rrero

no. 31 el derecho a la tierra

Documents