no. 11 empresas grandes de productores pequeños

14 de agosto de 2008 • Número 11

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

EEEEEEEECCCCCOOOOOOONNNNNNOOOOOOMMMMMMMMMMÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAA SSSSSOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAARRRRRRRRRRIIIAAAAAAAAAAAAA:::::::: UUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAA FFFFFFFFOOOOOORRRRRRRMMMMAAAAAAA DDDDDDDEEEEEEE OOOOOOORRRRRRRRRRRGGGGGGGGAAAAAAANNNNNNIIIIZZZZZZAAAAAAAACCCCCCCCCIIIIIÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNN RRRRRRRUUUUUURRRRRAAAAAALLLLLTEMA DEL MES

14 de agosto de 20082

Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 14 de agosto de 2008 • Número 11

Los ideales marxistas y burgueses de igualdad, presuponen

un mundo de abundancia (…) El ideal campesino de

igualdad reconoce un mundo de escasez, y su promesa

es la de una ayuda mutua fraternal en la lucha contra

esta y un reparto justo del producto del trabajo.

John Berger. Puerca tierra.

En Tarejero, Michoacán, una coopera-tiva campesina pudo equiparse con la maquinaria agrícola que necesitaba

para trabajar, gracias a las remesas en dólares enviadas desde Estados Unidos por un gru-po de jóvenes de la comunidad. Lo curioso es que esto no ocurrió ayer sino hace casi 90 años. Y la experiencia da fe de que las formas asociativas exitosas nunca resultan de la apli-cación de paradigmas concebidos arriba sino de la construcción social desde abajo.

Así lo cuenta Miguel Othón de Mendizábal en un ensayo de 1939 (¡El problema agrario de La Laguna!, Obras completas, T. IV, p. 260) donde opone la “socialización voluntaria” de los michoacanos de la ciénaga de Zacapu a la colectivización y mecanización forzadas de otras regiones. Destaca, ahí, cómo “las orga-nizaciones de carácter social existen entre los campesinos desde antes de recibir la dotación precisamente como organismos de lucha para contrarrestar la resistencia, con frecuencia sangrienta, (del) hacendado y para activar los trámites maliciosamente lentos y difíciles”, mientras que la organización económica res-ponde, por lo general, a una promoción ex-terna e impositiva, cuyos resultados acostum-bran ser lesivos para el productor.

“Por el año de 1926 –escribe–, recién fundados los bancos regionales de crédito ejidal, se hizo gran propaganda, por cierto no completamente desinteresada, para la adquisición de maquinaria agrícola por los ejidos. Numerosas cooperativas ejidales ad-quirieron arados de discos, rastras, segadoras, trilladoras, desgranadoras y empacadoras. Los campesinos contemplaron a los tracto-res barbechando y rastreando sus tierras; a las segadoras y trilladoras segando, trillando, limpiando y encostalando el trigo. Entre tan-to, su yunta rumiaba los rastrojos sin rendir provecho y el campesino y su familia habían dejado de utilizar su fuerza de trabajo, que constituye el origen principal de sus ingresos, y tenían en cambio que pagar la correspon-diente prorrata del valor de los combustibles y lubricantes; de los salarios de mecánicos y ayudantes; así como la amortización de la maquinaria y del rédito del capital invertido (...) La experiencia ha demostrado suficien-temente que los ejidos que adquirieron esta clase de maquinaria (...) tuvieron, a la postre, que entregarla al banco para que éste se en-cargara de su manejo”.

A esto De Mendizábal opone la “socializa-ción voluntaria” del ejido de Tarejero, que después de una larga brega, en 1924 recibió en dotación 632 hectáreas. “Uno de los di-rigentes de la comunidad, Juan de la Cruz,

que había sido el iniciador de la solicitud de tierra y que luchó tenazmente durante la tramitación, al resultar electo para el Comi-té administrativo, concibió la idea de enviar a los jóvenes más enérgicos y decididos del grupo ejidal a los Estados Unidos, con objeto de que lo que pudieran ahorrar de los altos salarios (...), se invirtiera en la adquisición del equipo agrícola indispensable, en tanto que los demás ejidatarios trabajaban las tierras de los ausentes, entregando la parte correspon-diente de las cosechas a las familias.

“La sabia determinación hizo que desde los primeros años los ejidatarios trabajaran en forma comunal”. Para 1931 la Cooperati-va Ejidal de Producción de Tarejero contaba con “dos trilladoras, dos tractores, un camión de tonelada y media para carga y pasajeros, equipos de carpintería, herrería, y mecánica; carros, carretas, arados, desgranadoras, etc. (...) En esta cooperativa modelo toda jorna-da de trabajo, cualquiera que sea la función que a cada campesino le toca desempeñar, da derecho a una participación igual en la cosecha”. Operaba, también, la sociedad fe-menina Josefa Ortiz de Domínguez, fundada en 1923 con 190 socias y que, para 1925, ha-bía logrado reunir “por concepto de cuotas la cantidad de $218.35, que manejados con gran habilidad en la compraventa de granos y animales, permitieron adquirir un motor para mover el molino de nixtamal y la instalación del servicio de luz eléctrica”. Años más tarde la cooperativa de las mujeres sembraba “por su cuenta, en la misma forma que la masculi-na, 12.41 hectáreas”.

De Mendizábal, quien visitó el ejido en 1931, señala que a su parecer lo que “ha permitido a Tarejero ser un ejemplo de co-lectivización no es el factor hereditario ni el cultural, sino el social, es decir, un elevado y enérgico concepto de solidaridad de clase”.

Experiencias como ésta eran, sin embargo, excepcionales, pues en México por lo general las formas colectivas de producción agrope-cuaria habían sido impuestas por el Estado. En un país donde entre 1917 y 1992, de 197 mi-llones de hectáreas disponibles 103 millones fueron entregadas a 29 mil 162 ejidos y 2 mil 366 comunidades agrarias, con un régimen de producción semicolectivo (pues las tierras de cultivo están casi siempre parceladas pero no los potreros, bosques y aguas, que son de uso compartido), el sector social de la agri-cultura no pudo menos que desarrollar algún tipo de asociación productiva.

Entre 1934 y 1940 el presidente Cárdenas entregó para su aprovechamiento ejidal co-lectivo cientos de miles de hectáreas sem-bradas con henequén, caña, algodón y café, entre otros cultivos, bajo el supuesto de que la agricultura de plantación abastecedora de agroindustrias sólo en gran escala puede ser operada con eficiencia. Sin embargo estas “haciendas sin hacendados”, como los lla-maba la Liga de Agrónomos Socialistas, se

desarticularon y fragmentaron, no sólo por-que los gobiernos posteriores fueron hostiles, también porque pocas veces los campesinos debutantes pudieron adueñarse realmente de sus procesos productivos.

En los años 70s del siglo pasado, como al-ternativa al exhausto reparto agrario, el presi-dente Echeverría intentó mejorar el desem-peño de los pequeños productores mediante políticas agrícolas que incluían la promoción del asociacionismo ejidal. Sin embargo, al fin del sexenio de los 11 mil ejidos que quiso co-lectivizar únicamente operaban así 633 y de las 350 empresas ejidales que se crearon sólo medio funcionaban 30.

Paradójicamente, hace dos décadas, en plena fiebre privatizadora neoliberal, se des-pliega en el campo una nueva oleada de aso-ciacionismo, que puede verse como respuesta a la abrupta retirada del Estado de las fun-ciones de regulación y fomento agropecuario, que mal que bien venía realizando. Sólo me-diante el “control del proceso productivo” –se decía– podrán los campesinos, descobijados por papá gobierno, responder a los retos del mercado.

Pero la viabilidad de la estructuración empresarial del sector social resulta un espe-jismo cuando la propia administración que dizque la impulsa impone una apertura co-mercial que arruina a los pequeños producto-res de mercado interno –organizados o no– y desmantela las paraestatales agroindustriales dejando a la intemperie a los campesinos agroexportadores. Así, de las mil 243 organi-zaciones económicas rurales de segundo ni-vel (básicamente uniones de ejidos y asocia-ciones regionales de interés colectivo) que se formaron a principios del sexenio, al término de la administración de Carlos Salinas, que-daban menos de cien.

Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas, en la fiebre asociativa de hace tres o cuatro lustros se respiraba un plausible espíritu autogestionario. Impulso libertario que sobrevive al naufragio, animando una nueva generación de organizaciones rurales de base económica que en muchos casos es-tán estructuradas por cultivo o actividad. Ca-fetaleros, productores de granos, silvicultores, organismos de crédito y otros muchos sectores, se organizan local, regional y nacionalmente para enfrentar juntos los problemas del finan-ciamiento, los insumos, la comercialización y a veces el procesamiento agroindustrial. Y en los casos del café orgánico y el manejo sustentable de los bosques, cuando menos el trabajo asociativo se extiende en mayor o me-nor medida al proceso mismo de producción primaria, que debe ser reconfigurado.

El panismo en el poder sigue inducien-do modelos organizativos y socavando a las organizaciones económicas rurales que le incomodan. Sin embargo algunas experien-cias precursoras del nuevo asociacionismo siguen en pie y proliferan en el campo las más diversas modalidades de la economía so-lidaria. Por suerte el solidarismo económico y social del tercer milenio no es receta sino movimiento; despliegue multicolor donde se entreveran, sin fundamentalismos, los más diversos paradigmas.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Francisco Godoy Cortés

Desde hace unos 25 años empezó la crisis y el abandono gubernamental del cam-po mexicano. En 1992 se reformaron el

artículo 27 Constitucional y gran parte del marco jurídico agrario, y se dio por concluido el reparto agrario. En compensación se prometió otorgarles la mayoría de edad a ejidatarios y comuneros y por tanto la capacidad de decidir sobre el destino de sus tierras. También se ofreció seguridad jurídica me-diante la regularización de la propiedad y con ello fomentar la capitalización en el campo; atraer cré-ditos, apoyos gubernamentales e inversión pública y privada; revertir el minifundio; generar empleo, producción, ingreso, desarrollo y bienestar social, y mayores niveles de procuración e impartición de justicia social para este sector, lo cual sería posible promoviendo la organización y las formas jurídicas de ésta, las asociaciones con fines productivos.

Tierra dividida. A más de 16 años, cualquier análisis serio reconoce que los resultados son muy diferentes de lo que se esperaba: la parcela ejidal y en general las tierras de propiedad social se pul-verizaron aún más; subsiste la necesidad de crear empleos al menos para 12 millones de personas que habitan en el campo; el crédito y la inversión privada no llegaron; persisten el estancamiento, la dependencia alimentaria y la migración, y se ha agudizado la pobreza en el campo.

Otro efecto ha sido la desarticulación de las for-mas tradicionales de organización y representación de los núcleos agrarios. En la Ley Federal de Re-forma Agraria de 1971 se consideraban los ejidos

y las comunidades como las figuras organizativas básicas, las cuales podían directamente, o por me-dio de unidades de desarrollo rural, sectores de producción y grupos para la producción (GP), ex-plotar los recursos, obtener créditos, derechos pre-ferentes y garantías económicas y sociales. Asimis-mo, se contemplaba la integración a mecanismos organizativos superiores, de segundo nivel: unio-nes de ejidos y/o comunidades, y de tercer nivel: asociaciones rurales de interés colectivo (ARIC) de carácter regional, estatal o nacional, para mejorar la producción y la comercialización y desarrollar economías de mayor escala.

Según las estadísticas del INEGI (VII y IX Censo Ejidal), desde la reforma de 1992 al año 2007, mil 920 GP se desintegraron, 6 mil 295 núcleos agrarios se desincorporaron de las uniones de ejidos y/o comuni-dades, y mil 184 se desafiliaron de alguna ARIC.

Organizaciones debilitadas a partir de las re-formas. La Ley Agraria de 1992, con la menciona-da pretensión de superar las restricciones del mini-fundio e impulsar la producción de gran escala y la inserción en los mercados, incorporó a la organiza-ción social agraria figuras asociativas de primer ni-vel como la sociedad de producción rural (SPR) y la sociedad mercantil o civil propietaria de tierras. Esto tampoco dio resultados halagüeños: si bien a partir de 1992 se constituyeron, según datos del Re-gistro Agrario Nacional, 9 mil 793 SPR, éstas cuen-tan con muy pocos socios (ya que pueden integrar-se con dos o más) y se dedican a una sola actividad, por lo que no son un fenómeno representativo de organización de nuestros productores rurales; y sólo se han constituido 65 sociedades mercantiles

y una civil en las que se han incluido 189 ejidos, y la gran mayoría de ellas han tenido como objeto el incorporar suelo rústico al desarrollo urbano y no el de desarrollar actividades productivas y co-merciales de gran escala, como se pretendía con la reforma. Con esto queda claro que tampoco se alcanzó este propósito.

El hecho de que en vez de ampliar y fortalecer la organización social agraria, ésta fuera desarticulada, disminuida y debilitada, no es asunto de poca impor-tancia. Se trata de una de las razones fundamentales que explican el fracaso de la reforma en su conjunto.

Porque el problema fundamental de los campesi-nos mexicanos pobres es el aislamiento y la desorga-nización de que son objeto, y esto es precisamente lo que hay que superar como condición sine qua non para emprender cualquier proyecto verdadero de desarrollo. Se trata de eliminar los viejos y nue-vos vicios, deficiencias y errores en que ha caído la gran mayoría de las organizaciones existentes: or-ganización más formal que real; carencia de prin-cipios; perpetuación de las dirigencias; manejo discrecional y con frecuencia arbitrario que éstas hacen de los bienes y derechos de los asociados; falta de información y transparencia; escasez de verdadera y democrática participación de los so-cios en las decisiones y actividades de la sociedad; ausencia de reglas claras, y existencia de conflictos internos que obstaculizan la consolidación, vita-lidad y sana evolución de las organizaciones. El reto es enorme, pero es condición para el acceso de los campesinos pobres al desarrollo y a mejores estándares de vida.

Desarrollo de las cooperativasEs habitual distinguir entre dos tipos de desarrollo colectivo:

1) “DE ABAJO HACIA ARRIBA”. La cooperación comienza como un movimiento popular, iniciado y realizado por los cooperativistas mismos, aguijoneados por la voluntad fi rme y decidida de establecer la cooperación sobre bases ideológicas, económicas o de otra índo-le, con poca o ninguna intervención del Estado.2) “DE ARRIBA HACIA ABAJO”. La iniciativa emana del gobierno, que desea directamen-te establecer y estimular a las cooperativas, llamándolas a desempeñar determinadas fun-ciones económicas y sociales, como es el caso de la mayoría de los países en proceso de desarrollo. (...)En América Latina (...) se sigue necesariamente el segundo camino. La cooperación se ini-cia por decreto gubernamental, se establecen instituciones llamadas a crear, fomentar y orientar a las cooperativas, y el movimiento desciende “desde arriba hacia abajo”. Pero es bien sabido, aun en esos casos, que es imposible formar cooperativas con la fi rma de un decreto.Salomón Eckstein. El ejido colectivo en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

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Miguel Meza Castillo

El aumento de inversiones en el mercado de materias primas, como consecuencia

de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, ha incidido en el incre-mento de los precios agrícolas y agudiza el problema del hambre. En el mundo globalizado, domi-nado por el capital especulativo, el mercado de productos agrícolas no está exento de los efectos pro-vocados por los flujos del capital financiero.

La liberalización de los mercados de productos, servicios y dinero y la desregulación de las economías na-cionales, promovidas por los orga-nismos financieros internacionales

dieron mayor movilidad al dinero y sentaron las bases para el predomi-nio del capital financiero sobre el industrial.

Como parte de este proceso, a fi-nes de los 80s el gobierno de Méxi-co firma con el Fondo Monetario Internacional el Acuerdo de Facili-dad Ampliado, mediante el cual se compromete a realizar la reforma del sistema financiero mexicano con la intención de liberalizar el mercado de dinero, un objetivo pri-mordial del capital trasnacional.

Con la ejecución de ese acuer-do las tasas de interés se liberan, la banca se privatiza, el Banco de México adquiere la autonomía y se abren las puertas a instituciones financieras extranjeras. En esencia

los cambios van dirigidos a elimi-nar todo aquello que distorsione los mercados financieros e impida el libre flujo del capital financiero.

En el sector rural el sistema fi-nanciero sufre cambios sustancia-les con la reforma. A principios de los 90s la banca comercial aumen-ta el crédito dirigido al sector rural dando la impresión de que las me-didas tomadas son las correctas, no obstante pronto se ve que esto no es así. La mayor inversión de la banca privada se sustenta en el apalanca-miento de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), que impulsa esquemas de financiamiento que ofrecen garan-tías suficientes a los banqueros para reducir riesgos, y con el “error de

diciembre” la situación cambia y el crédito de la banca privada se desploma.

La banca privada privilegia la ganancia fácil, por eso prefiere in-vertir en valores de gobierno que le garantizan jugosas ganancias sin co-rrer ningún riesgo, utilizando para esto el dinero de los ahorradores. El negocio de estos grupos financieros está más en la adquisición de este tipo de valores y en la especulación que en el crédito dirigido a la inver-sión productiva.

Por su parte, la banca de fomento abandona la política de crédito se-guida por décadas, para ponerse en sintonía con la estrategia económi-ca neoliberal, mediante la diferen-ciación del crédito y de los apoyos subsidiados, la liberalización de las tasas de interés, la reorientación de la banca de segundo piso y la ca-nalización de créditos a proyectos rentables económicamente.

Propósitos incumplidos. Según los impulsores de la reforma, con la liberalización de los mercados de dinero en el sector rural se asigna-ría de forma más eficiente el aho-rro, habría mayor disponibilidad de crédito, aumentaría la inversión,

mejoraría la oferta de productos y servicios financieros y se ofrecerían créditos a menores costos.

Al igual que en la propuesta de reforma petrolera del actual gobier-no, el argumento central de los pro-motores de las transformaciones del sistema financiero rural es el uso más productivo y eficiente de los recursos para apoyar el crecimiento económico del campo. Sin embar-go, a casi 20 años de su puesta en marcha, esta pregonada tesis no se ha cumplido y, en gran medida, ha resultado falsa.

Un efecto inmediato de la refor-ma fue la reducción drástica del crédito al campo, particularmente a los pequeños productores de más bajos ingresos. Con el desmantela-miento del sistema Banrural y la re-orientación de la política de FIRA, el crédito dirigido a campesinos de más escasos recursos se contrajo notablemente y la Financiera Ru-ral (Finrural) está muy lejos de al-canzar la cobertura del sistema que le antecedió.

Por otro lado, más allá de los problemas de descoordinación y de competencia entre FIRA y Finru-ral, que son las dos institucio-

Álvaro Aguilar Ayón

Los bancos, creados para captar ahorros y otorgar crédi-tos, han establecido sucursales en el campo mexicano y de haber cumplido su misión hubieran jugado un

papel importante. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los campesinos no son atendidos por ellos.

Es por eso que el agro se ha visto invadido por otras ins-tituciones que ofrecen servicios microfinancieros. Algunas, creadas por empresarios, sólo buscan hacer negocio; otras, for-madas con recursos de los propios campesinos, buscan ofrecer un servicio. Las primeras tienen una visión estrictamente mer-cantil y quieren clientes, las segundas son solidarias y buscan socios responsables y participativos; a las primeras les interesan sólo las ganancias, las segundas quieren generar confianza y fortalecer tanto a los ahorradores como a los acreditados.

Entre las primeras están financieras como Compartamos, Crédito Familiar, Finca, Banco Azteca, e innumerables Sofo-mes, que durante los años recientes han alcanzado una pene-tración considerable en las zonas rurales; entre las segundas se cuenta una gran cantidad de cooperativas, cajas solidarias, microbancos, cajas de ahorro y crédito, de alcance local o regional.

Muchas organizaciones campesinas han creado sus propios organismos financieros, partiendo de la idea de que en sus re-giones el dinero es un recurso escaso, y por lo mismo se debe aprovechar en forma adecuada: utilizándose en la misma zona donde se capta y buscando beneficiar a quienes ahorran sin perjudicar a quienes necesitan créditos. Para que el dinero sir-va al desarrollo sustentable, deben pagarse al ahorro tasas de interés por arriba de la inflación y cobrar por los créditos tasas que permitan cubrir los costos financieros y administrativos.

Las organizaciones campesinas también se esfuerzan por-que el ahorro de los socios se convierta en la mayor fuente financiera para el otorgamiento de microcréditos, lo que les permite tener autonomía de gestión y generar estrategias de operación propias, no dictadas por instituciones crediticias.

Banco de indígenas. En la sierra nororiental de Puebla los socios de la Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Ti-tataniske decidieron formar su propia caja de ahorro y crédito en 1998. Le pusieron el nombre de Tosepantomin, que signifi-ca Dinero de Todos en náhuatl. Se constituyó como sociedad civil con un capital inicial de 636 mil pesos aportado por los primeros mil 266 socios de 41 comunidades, pertenecientes a cinco municipios. Actualmente cuenta con 7 mil 986 socios que viven en 150 comunidades de 15 municipios. El 76 por ciento es población indígena.

Desde el principio la Tosepantomin se dedicó a captar aho-rros para ofrecerlos como créditos, tanto a sus socios como a los distintos programas de trabajo de la Tosepan. Ha sido preocu-pación constante adaptar los servicios y productos financieros a las necesidades de la población. En la actualidad ofrece

FINANCIAMIENTO RURAL EN TIEMPOS NEOLIBERALES

Extremadamente contraído el crédito a los campesinos pobres• Urgentes nuevos esquemas frente a la crisis alimentaria y el hambre•

EL GUARDADITO SOCIAL: AHORRO Y CRÉDITO

Puebla

TOSEPANTOMIN: DINERO DE TODOS

PARA BENEFICIO DE TODOS

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: Tos

epan


cinco productos de ahorro (infantil, jubilación, compromisos y festividades, inver-sión y cuenta corriente) y cuatro de crédito (productivo, vivienda, credimujer y emer-gencia). Además se otorgan los servicios de seguros de vida y pago de remesas. El cuadro estadístico muestra cómo han evolucionado los montos de ahorro y de crédito en los diez años de existencia de la Tosepantomin.

En abril de 2001 fue aprobada la Ley de Ahorro y Crédito Popular por las cámaras de Diputados y de Senadores y promulgada el 4 de junio del mismo año. El fin primordial de esta ley es proteger y asegurar el ahorro de los mexicanos, además de promover el desarro-llo ordenado del sector financiero de ahorro y crédito popular. En ella se establece que los intermediarios financieros que deseen seguir captando ahorros, solamente podrán hacerlo si se transforman en sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o en sociedades finan-cieras populares. Para ello deben ser dictami-nadas favorablemente por una federación y

autorizadas por la Comisión Nacional Banca-ria y de Valores.

Entre los retos que le trajo el nuevo esce-nario nacional a la Tosepantomin están los siguientes: la necesidad de profesionalizar sus estructuras administrativas; el uso de mejores tecnologías de información, comunicación y de administración; una mayor capacita-ción para su personal directivo y de opera-ción, y el aumento de costos derivado de la supervisión.

Para enfrentar estos desafíos, la Tosepan-tomin ha diseñado una imagen corporativa propia; ha elaborado sus propios manuales de operación y procedimientos; ha brindado ca-pacitación a sus directivos y a todo el personal operativo; ha instalado un sistema informáti-co automatizado, y ha extendido su área de atención a 15 municipios, por medio de tres sucursales y seis kaltomineualoyan (lugar donde se guarda dinero, en náhuatl) en las comunidades más alejadas para atender des-de ahí a sus socios.

nes financieras de mayor relevancia en el sector rural, en general el crédito operado por ellas ha beneficiado principalmente a los medianos y grandes productores agrope-cuarios, en particular a los que destinan su producción a la exportación, y excluyen al grueso de los campesinos.

El agio fortalecido. Como contraparte, la presencia de los prestamistas locales que cobran altas tasas de interés aumentó, de tal manera que paradójicamente la llamada

“modernización” del sistema financiero rural acrecentó la vieja práctica de la usura, con el agravante de que al desaparecer las funciones que el Estado desempeñaba en el acopio y distribución de insumos (semillas y fertilizan-tes principalmente) y en la comercialización de productos agrícolas, el agio vinculado a la intermediación y el acaparamiento se ha for-talecido afectando a los campesinos que no tienen alternativa financiera. Esta situación ha provocado la desvalorización del trabajo de los campesinos.

Y es que en el sector rural los riesgos de la producción agrícola –-especialmente de aque-lla que depende del temporal–, las dificulta-des para minimizar los riesgos crediticios por falta de información de los acreditados, los altos costos de transacción debido a los serios problemas de comunicación y falta de infra-estructura, y la carencia de un marco jurídico adecuado, dan lugar a serias fallas en el mer-cado de dinero, de tal manera que la famosa mano invisible del mercado no funciona, a tal punto que la banca de fomento tiene poca co-bertura y la banca comercial no invierte.

En un momento en el que la crisis agroa-limentaria se ha agudizado y los problemas del hambre se agravan, es urgente definir nuevos esquemas de financiamiento dirigidos a fomentar la producción campesina en la perspectiva de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentarias.

EL GUARDADITO SOCIAL: AHORRO Y CRÉDITO

Miguel Meza Castillo

Buscando mejorar las condiciones de vida de sus familias, a mediados del 2002 un grupo de campesinas gue-

rrerenses de la comunidad El Carrizo del municipio de Azoyú decide empezar su ahorro colectivo y forman el Fondo de Aho-rro y Préstamo (FAP) Mujeres en Unidad.

Las fundadoras se proponen: fomentar el ahorro y tener una alternativa de crédi-to, ya que dependen de prestamistas par-ticulares que cobran tasas de interés muy altas (de 15 a 20 por ciento mensual).

Efecto multiplicador.Al principio son menos de 20 las que integran el fondo y los montos del ahorro y el préstamo son bajos, pero con un gran esfuerzo de organización poco a poco el número de socias crece y hoy son más de cien, no so-lamente de El Carrizo, sino también de comu-nidades vecinas de El Puente, La Pelota y de la cabecera municipal de Azoyú, y algunas ya piensan formar sus pro-pios fondos de ahorro, pues han visto las virtudes que tiene el de El Carrizo y ya saben hacer cuentas cla-ras de ahorro y préstamo. Y es que, como dicen las mujeres de El Carrizo: “nuestro grupo es ejemplo de organización”

El FAP ha mostrado sus bondades y las socias lo reconocen. Ésta es una muestra de las muy diversas necesidades que satisface: “la caja de ahorro está muy bien porque si se enferman los chiquillos de ahí sacamos y aquí no cobran mucho rédito como en otro lado”, “nos sirve para cualquier cosa, a mí me prestó para curar a mi madre”, “yo le pedí para ayudar a mi hijo en el estudio, pues la caja presta sin tanto requisito”, “yo recibí préstamo para comprar pan y ven-derlo”, “pedí para comprar medicina para los chivos”, “estoy ahorrando para cuando los niños entren a la escuela”, “la caja es una ayuda porque nos presta con interés de 5 por ciento mientras los prestamistas que están en Azoyú cobran carísimo”.

Prestar sin tantos requisitos, con in-tereses más bajos que los prestamistas particulares, para lo que una quiera, con oportunidad y sin tener que pagar tanto por el trámite, son ventajas que ofrece el FAP a sus socias.

Además, algunas mujeres dicen que les conviene porque “antes vivíamos por la casualidad, no teníamos la fortaleza de estar organizadas, ahora ya tenemos esa fortaleza y la casualidad no nos gobierna, tenemos otros apoyos y esperamos que nuestra organización siga creciendo”.

Las socias del FAP entienden que su vida ha mejorado un poco: “Antes no con-tábamos con ningún apoyo; ahora, como somos mayoría las organizadas, tenemos apoyo con crédito”. “En el pasado no tra-bajábamos en grupo y ni compartíamos beneficios, hoy sí y compartimos ideas, beneficios y nos ponemos de acuerdo. Gracias a que estamos organizadas nues-tros problemas económicos no son tan fuertes o les sacamos la vuelta más fácil”.

La cultura de pago. Con el fondo se ha fomentado el hábito del ahorro y la cultura de pago, pues los préstamos están respaldados por el ahorro y así no puede

tener quebranto la caja. Mucho han logrado las socias, pues aparte de que prestan para lo que quieren de acuerdo con lo que tienen ahorrado, cada fin de año reciben una ganancia por su ahorro, y a quien aho-rra más y durante más tiempo en el año le va mejor, pues el reparto es equitativo.

Además de los prés-tamos, la organización les ha servido para te-ner crédito del Fondo Campesino e Indígena

de Guerrero (Focigro), utilizando sus ahorros como garantía y la solidaridad de las socias como aval. Así, en 2003 nue-ve socias solicitaron crédito al Focigro y desde entonces año con año han recibi-do financiamiento, y hoy son más de 70 mujeres las acreditadas y también algu-nos hombres. Todo gracias a que son muy cumplidas, pues aunque cada una recibe su crédito y lo puede usar en lo que más le convenga, la organización es la respon-sable de todo el crédito. Esto garantiza el cobro y fortalece la cultura del pago.

El crédito del Focigro lo usan para comprar insumos agrícolas, sembrar maíz o frijol, adquirir chivos, sufragar gastos es-colares de los hijos, invertir en pequeños negocios (tiendas de abarrotes; venta de pozole, de tamales, de pan, etcétera) y para atención médica. El fondo ha cam-biado la vida a las mujeres: “Nos sentimos valoradas, nos apoyamos unas y otras y nos sentimos orgullosas; estamos aprendiendo a decidir qué hacer, Nos sentimos realiza-das porque con el crédito podemos con nuestros proyectos; hoy tenemos nuestro propio trabajo como mujeres y valor para enfrentar cualquier problema”.

“Antes

vivíamos por

la casualidad,

no teníamos

la fortaleza

de estar

organizadas.

Ahora ya

tenemos esa

fortaleza y la

casualidad no

nos gobierna”

Guerrero

PARA LO QUE SIRVE AHORRAREl Fondo Mujeres en Unidad•

LAS CUENTAS DE TOSEPANTOMIN

Año Ahorros Captados ($) Créditos Otorgados ($)

1998 1,600,000.00 1,226,000.00

1999 3,686,000.00 2,815,000.00

2000 6,620,000.00 5,635,000.00

2001 4,870,000.00 4,245,000.00

2002 6,768,337.00 6,980,900.00

2003 13,150,000.00 11,675,000.00

2004 16,225,000.00 15,832,000.00

2005 28,577,000.00 24,325,000.00

2006 55,000,000.00 48,500,000.00

2007 86,000,000.00 79,500,000.00


Ileana Gómez Galo

En Centroamérica el turismo se está convirtiendo en un importante eje de acumulación para las econo-mías nacionales. Casi ocho millones de turistas lle-

garon a la región en 2007 y generaron un ingreso de 4 mil 343.7 millones de dólares.

La estabilidad política, más una variada oferta de recur-sos naturales y culturales –ecosistemas tropicales protegi-dos, sitios arqueológicos, ciudades coloniales, patrimonio cultural intangible y los más conocidos destinos de sol y playa– permiten que Centroamérica sea un destino turís-tico en ascenso. Sin embargo estos atractivos tienen como escenario la pobreza y la inseguridad ciudadana que aún prevalecen.

Así, el turismo es un fenómeno imparable que transfor-ma las relaciones sociales y productivas en los territorios de la región a una velocidad que rebasa la capacidad de ges-

tión de muchas instituciones públicas y agentes privados. Si bien permite diversificar las estrategias de vida, también genera conflictos por los impactos ambientales debidos al cambio de uso de suelo y la inseguridad en los derechos de acceso y tenencia de la tierra, lo cual afecta sobre todo a la población más vulnerable como las comunidades rurales, indígenas y afro descendientes.

Rechazo a megaproyectos. En zonas costeras como la Bahía de Tela (Honduras), Guanacaste (Costa Rica), o Tola (Nicaragua) y en la selva maya de Petén (Guatema-la), encontramos movimientos de resistencia y oposición a megaproyectos de turismo y a la dinámica de desarrollo inmobiliario asociada a éste.

Los conflictos se agudizan por la inseguridad en los de-rechos de acceso y tenencia de la tierra, en un contexto donde la política pública beneficia a las inversiones extran-jeras en detrimento del acceso a los recursos por parte de las comunidades pobres. Además prevalecen débiles regu-laciones para la mitigación de impactos ambientales, la planificación y el ordenamiento del territorio.

Opciones incluyentes. No obstante, el turismo no tiene que ser sinónimo de conflicto o degradación ambiental. Como otros fenómenos de la globalización, es algo que no podemos evitar, pero sí podemos conducir a partir del diálogo y la participación efectiva de sus actores: empresas, Estado, gobierno local y ciudadanos. Y hay ejemplos: en Altagracia y Moyogalpa, en Nicaragua, y Suchitoto, en El Salvador, los actores locales han logrado planificar y formar una institucionalidad capaz de marcar la pauta del desa-rrollo del turismo en forma descentralizada, antes que éste arremeta con fuerza. Estos municipios desarrollan un estilo de turismo propio, que incluye actores locales y contribuye

a mejorar las condiciones de vida de pequeñas empresas y familias campesinas.

En Centroamérica las comunidades campesinas también promueven su participación efectiva por medio del turismo comunitario. Existen diversas redes integradas por pequeños productores, cooperativistas, comunidades indígenas y de afro descendientes y pequeños empresarios locales, apoya-das por organizaciones no gubernamentales, la cooperación internacional y municipalidades. Encontramos casos desta-cados como la Cooperativa Carlos Díaz Cajina, en Nicara-gua, que ofrece servicios de turismo en la propiedad conoci-da como Finca Magdalena, en la Isla de Ometepe; además del turismo, la cooperativa sigue produciendo café, plátanos y otros productos agrícolas. En Guatemala, la Asociación Maya Q’eqchi’ de Desarrollo y Turismo de Candelaria-Camposanto maneja el turismo en las cuevas localizadas dentro del Parque Nacional Cuevas de Candelaria; la co-munidad ofrece la visita a dos impresionantes cuevas secas y recorridos acuáticos. Según miembros de la asociación, hasta hoy el principal beneficio del turismo es la posibilidad de contar con empleo dentro de su propia comunidad.

Para que el turismo sea un elemento de desarrollo hay que ir más allá de la promoción, comercialización y desa-rrollo de mercados. Debe contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias campesinas. Además es preciso avanzar en la participación e inclusión de ac-tores para la creación de un proyecto compartido de tu-rismo, a partir del establecimiento de acuerdos, alianzas intersectoriales y agendas de investigación y la creación de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial descentralizado.Socióloga, investigadora principal de la Fundación PRISMA

Centroamérica

Los caminosdel turismo

Conflictos por megaproyectos, • pero también experiencias comunitarias exitosas

ALTER-TURISMO DE CINCO ESTRELLAS

Leonardo Durán Olguín

México tiene un sinnúme-ro de atractivos dignos de ser visitados por personas

que viajan cientos o miles de kiló-metros para disfrutarlos. Gracias a esta riqueza, el turismo es impor-tante generador de ingresos, pero está en manos de grandes corpora-tivos principalmente.

Al turismo se le asocia con el de-sarrollo de una región, pero ello es cuestionable. La actividad conven-cional se sustenta en la promoción de la inversión privada y aprovecha la belleza paisajística de los lugares

donde se instala. Los habitantes de las comunidades de esos territorios son desplazados y, en el mejor de los casos, contratados como em-pleados de las empresas que operan el turismo. El impacto en los recur-sos naturales es muy fuerte por el crecimiento de las zonas urbanas y el mayor consumo de agua y ge-neración de desechos, entre otros factores.

Si se considera además las distor-siones sociales (prostitución, consu-mo de drogas, delincuencia, etcéte-ra), el turismo viene a ser un arma de doble filo; en algunos casos su única aportación al desarrollo re-

gional es el ingreso de dinero y la generación de algunos servicios.

Así, surge la duda: ¿es posible in-tegrar al turismo como herramien-ta de desarrollo sustentable para las comunidades y regiones indígenas?

Estrategia social. Una respues-ta se puede encontrar en la sierra nororiental de Puebla, en donde empresas comunitarias y organiza-ciones indígenas han desarrollado la actividad turística como una es-trategia para mejorar su calidad de vida, haciendo un aprovechamien-to racional de sus recursos natura-les. La presencia histórica y viva de las culturas totonaca y nahua, su es-

carpada topografía, sus pueblos con arquitectura vernácula, su vegeta-ción, sus grutas, sus ríos y cascadas, son tan sólo algunos de los muchos encantos que hacen de esta sierra un rincón mágico.

Las mujeres y los hombres que han decidido emprender proyectos de tu-rismo alternativo valoran este patri-monio y saben que cuidarlo signifi-ca no sólo mantener el negocio, sino además propiciar un mejor futuro para sus hijos. Con más de 15 grupos de turismo alternativo existentes hoy, la región se posiciona como destino con una identidad propia. Estas ini-ciativas son procesos autogestivos: los grupos tienen el control de sus pro-yectos y generan sus propias fuentes de empleo, manteniendo los usos y costumbres de sus comunidades.

Estas experiencias posibilitan la integración horizontal y vertical de la sociedad: la Red de Turismo Alternativo Totaltikpak (RETA) es una iniciativa conformada por siete empresas sociales, y suma recursos, conocimientos, experiencias y es-fuerzos para enfrentar problemas comunes de forma organizada y a escala regional. RETA pertenece a la Red Indígena de Turismo de México (RITA).

Tosepankali es el programa de tu-rismo alternativo que ha desarrollado la Cooperativa Tosepan Titataniske, organización indígena con 31 años de experiencia. Con el agroturismo, Tosepankali ha permitido la diver-sificación de las fuentes de ingreso y empleo de sus socios y el acerca-

miento entre campesinos y consu-midores de productos orgánicos.

Vigilar el patrimonio cultural y ambiental. Para hacer un frente común, este año se creó el Colec-tivo Regional para el Desarrollo con Identidad (Cordesi), el cual integra a las empresas sociales y las redes de turismo, y se han sumado las voluntades de prestadores de servicios turísticos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y algunos funcionarios de turismo municipales. El Cordesi busca in-cidir en el diseño y puesta en mar-cha de estrategias regionales para un desarrollo turístico sustentado en la participación de las comuni-dades indígenas y campesinas. El 24 y 25 de junio pasado el Cordesi realizó el Foro Regional sobre Tu-rismo Sustentable en Xochitlán de Vicente Suárez. Uno de los com-promisos resultantes es trabajar ha-cia un “programa de turismo con identidad en la sierra nororiental de Puebla”. Asimismo, se asumió el compromiso de vigilar los planes, programas y proyectos del gobierno o la iniciativa privada, para que no afecten el patrimonio social, cultu-ral y ambiental de la región.

Con estas experiencias se puede demostrar que el turismo en las co-munidades indígenas y campesinas es una forma de diversificar las eco-nomías regionales, y también un medio por el cual las comunidades asumen la dirección de su propio desarrollo.Cooperativa Tosepan Titataniske

Puebla

RED ALTERNATIVA TOTALTIKPAKTOTALTIKPAK

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Ernest Cañada

Durante años comunidades indígenas y familias campesinas en Centro-américa se han esforzado por diver-

sificar sus actividades productivas y fuentes de ingresos. Algunas iniciativas han puesto en marcha servicios turísticos caracterizados por el control colectivo de la población ru-ral, por medio de sus organizaciones. Así, el turismo comunitario se concibe como parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer una economía popular solidaria.

El camino no ha sido fácil y ha estado pla-gado de fracasos y expectativas frustradas, pero contamos ya con muchas historias de éxito de organizaciones campesinas en toda la región que, sin abandonar la producción agropecua-ria tradicional, han logrado incorporar el turis-mo, con lo cual han mejorado sus condiciones de vida. Como el calendario de los ingresos turísticos no coincide con el del agro, se han generado entradas de dinero en metálico en momentos del año que antes estaban en cero.

También se han revalorizado las tierras, el bosque y el agua, controlados por las comuni-dades rurales. Ello ha contribuido a que per-manezcan en manos campesinas no obstante las presiones del mercado. La introducción del turismo ha permitido además ampliar la base social que se beneficia directamente de las actividades vinculadas al campo, especial-mente mujeres y jóvenes, fortaleciendo así el vínculo de esta población con sus territorios.

Sin embargo, las orientaciones de algunos organismos y consultores internacionales, cada vez más presentes en la región y con más recursos, han convertido el turismo comuni-tario en un espacio de “fuego cruzado” entre posiciones neoliberales y otras de carácter al-termundista. Desde la perspectiva neoliberal, lo que se busca es mejorar las condiciones ambientales que permitan elevar al máximo los beneficios del gran capital turístico y des-activar la capacidad de autoorganización y de creación de espacios de autonomía económi-ca por parte de las comunidades.

Enfoque inadecuado. El “paquete” de me-didas recomendadas desde este enfoque nos pone en alerta. Por ejemplo, promueve la espe-cialización de las iniciativas comunitarias, esto es dedicarse sólo a aquello en lo que uno puede obtener más beneficios en un contexto compe-titivo. Esta propuesta olvida que la potencia de las economías campesinas está precisamente en su diversidad y complementariedad, y que el turismo es una actividad sumamente vulne-rable y dependiente de factores externos que la comunidad no puede controlar.

También “el paquete” promueve una estrate-gia de comercialización basada exclusivamente en el mercado turístico internacional, cuando bien sabemos que el incremento de los precios

del petróleo encarece de forma imparable los boletos de avión y pone en crisis este modelo de turismo, ya de por sí asentado en bases ecoló-gicas totalmente insostenibles. Para el turismo comunitario sería mucho más importante for-talecer mercados locales, con circuitos de corta distancia, de base nacional y regional, y evitar la dependencia del mercado internacional.

Vemos también cómo se acentúan las pre-siones para que las iniciativas comunitarias introduzcan sellos o certificaciones de ga-rantía de carácter internacional, siguiendo el ejemplo del comercio justo. Este tipo de iniciativa concentra su atención en el turismo internacional. Además, genera nuevos y cuan-tiosos gastos que alguien tiene que asumir, ya sea las organizaciones campesinas o la coope-ración internacional. Es limitado el número de iniciativas que pueden acceder a la certi-ficación, y se generan por tanto desigualda-des entre ellas. El problema fundamental de propuestas de certificación es que desplazan el poder político a favor de las organizaciones del Norte, las cuales se abrogan la prerroga-tiva de decidir qué se promueve y qué no se promueve. El turismo comunitario debe más bien contribuir a colocar el poder político en manos de las organizaciones y que sean ellas las que den garantías a los turistas, como parte de su estrategia de comercialización.

Aliados peligrosos. Finalmente, otra orien-tación neoliberal que llega a las organizaciones comunitarias es la de establecer alianzas co-merciales con megaproyectos turísticos. Pero esto es erróneo, porque implica legitimar a los actores que están destruyendo las posibilidades de vida del sector campesino e indígena.

Con su apoyo a algunas iniciativas comu-nitarias y redes en que éstas se han agrupado, los organismos internacionales tratan de des-activar conflictos potenciales provocados por la usurpación de recursos básicos para la sus-tentabilidad de las poblaciones locales, como la tierra o el agua, por parte de megaproyectos turísticos e inmobiliarios.

La identificación de sectores con enfoques netamente neoliberales con influencia crecien-te en el turismo comunitario supone un reto mayúsculo para un movimiento que hasta hace poco creíamos totalmente vinculado a la cons-trucción de una economía popular solidaria.Investigador nicaragüense asociado a Alba Sud

Centroamérica

AMENAZAS AL TURISMO COMUNITARIO

Enfoques neoliberales promueven certificación, • alianza con megaproyectos y especialización


Víctor Perezgrovas

La organización autónoma de los cafi-cultores en México surgió a fines de los años 80s en paralelo con el inicio

de la crisis del aromático. En 1989 se rom-pieron los acuerdos de la Organización In-ternacional del Café (OIC) y sobrevino una caída brutal de los precios mundiales y la desincorporación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé). Abandonados a su suerte, los productores buscaron alternativas y nacie-ron organizaciones independientes de la gran corporativa Confederación Nacional Campe-sina (CNC).

Al inicio de los 90s, las políticas públicas para el café se constriñeron en dos progra-mas: INI-Solidaridad y Fidecafé (Fideicomi-so del Café, que implicó recursos financieros que el Inmecafé retenía a los exportadores). Ello, luego de que el Inmecafé tuvo en las dos décadas previas una injerencia amplia en financiamiento, beneficiado del grano y comercialización internacional, y se respon-sabilizó de la investigación agrícola, del desa-rrollo de tecnología, de producir maquinaria industrial y de asegurar el abasto interno a los torrefactores nacionales. El Inmecafé incluso asumió las tareas de organizar a los producto-res, pero con esquemas paternalistas y, como instancia del Estado, controlaba acopio, be-neficiado y comercialización.

En busca de alternativas productivas y co-merciales, dos procesos de acercamiento se dieron en paralelo: uno, entre las organiza-ciones de los principales estados cafetaleros, y dos, entre las incipientes agrupaciones nacio-nales. Durante cuatro años hubo múltiples encuentros regionales y nacionales encami-

nados a definir líneas de acción conjuntas y exigir transferencia de instalaciones, recursos y capital que operaba el Inmecafé.

Surgió así la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), en la cual participan algunas de las principales or-ganizaciones de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo y San Luis Poto-sí. Destacan la Unión de Ejidos de la Selva, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI), la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), la Cooperativa Tosepan Titatanis-ke, la Unión de Ejidos Alfredo V. Bonfil y la Unión de Productores de Café de Veracruz.

Desde su nacimiento, la CNOC se caracte-riza por ser una red gremial basada en la toma de decisiones democrática y por consenso, lo que logra eliminar las prácticas de manipu-lación y búsqueda de mayorías ficticias que imperan en el movimiento campesino. Otros principios son la pluralidad y el respeto a las posiciones distintas, la independencia del go-bierno y de los partidos políticos y la lucha por la autonomía. Se construyeron mecanis-mos mixtos de campesinos y asesores que le dieron a la CNOC una gran fortaleza y ca-pacidad de gestión y propuesta, y la hicieron distinguirse del resto de agrupaciones.

El mercado orgánico. La tendencia nega-tiva de los precios alentó la construcción y el fortalecimiento de mercados solidarios, y se impulsó la producción orgánica. La inserción en el mercado que paga sobreprecios por la producción sin agroquímicos y con prácticas ambientalmente sanas se convirtió en un eje principal de la Coordinadora.

Los colectivos de la CNOC se orientaron a promover este tipo de producción, a buscar

nichos de mercado solidario y hacerse de re-cursos para el acopio, el beneficiado y la co-mercialización. En 1993-1994 y 1999-2000 se obtuvieron apoyos crecientes del Fondo Na-cional de Empresas de Solidaridad (Fonaes), pero luego, en año de elecciones federales, la política pública viró.

Para ese momento, la CNOC se había constituido ya como el gremio nacional autó-nomo más organizado y con gran capacidad de propuesta de políticas públicas. A pesar de ello, el gobierno insistió en negociaciones bilaterales con algunos grupos, que en varios estados profundizaron las tensiones y la dife-renciación entre las organizaciones.

La historia de hoy. El desarrollo más recien-te de la Coordinadora ha sido determinado por los cambios en las políticas federales y estata-les, por el reacomodo de las organizaciones y por las fluctuaciones en los precios del café.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presiden-cia de la República, las políticas federales pro-fundizaron su sesgo anticampesino. El Fonaes –que había servido a los productores como interlocutor en política social y como impor-tante fuente de financiamiento para capitali-zarse y obtener fondos para acopio y comercia-lización— pasó de la Secretaría de Desarrollo Social a la de Economía con criterios neolibe-rales. El descobijo de recursos fiscales llevó a muchos cafetaleros a migrar hacia el norte.

La caída de los precios internacionales, persistente entre 1989 y 2003-04 (con un li-gero repunte en 1998) hizo que los sobrepre-cios pagados a la producción orgánica y de Comercio Justo fueran muy atractivos. Las organizaciones que habían avanzado en los procesos de producción, certificación y ven-ta directa tenían ventajas frente a aquellas que apenas comenzaban a incorporarse a la experiencia; sin embargo se crearon lazos de solidaridad, y se compartieron conocimientos y contactos.

El desinterés del gobierno federal ante los problemas del sector y el recorte de recursos de Fonaes pusieron en peligro los procesos organizativos y llevaron a los cafetaleros a definir estrategias comunes. El logro más im-portante en cuanto a captación de recursos fiscales lo constituyeron los programas de Fo-mento Productivo y Fondo de Estabilización de Precios. Una coyuntura favorable creada por el gobierno de Chiapas permitió que las propuestas de política pública de la Coordi-

nadora Nacional se filtraran a las reuniones de gobernadores y pudieran ser discutidas y aprobadas en las propuestas de presupuesto de la Cámara de Diputados.

Suben los precios del café convencional. A partir de 2004-05, las organizaciones cafeta-leras han debido enfrentar no sólo malas po-líticas, sino también los giros en el mercado internacional, pues se han elevado los precios de bolsa del café convencional, incluso por arriba del orgánico y del Comercio Justo. Con ello se ha desatado una feroz compe-tencia entre los acaparadores privados y las organizaciones.

El resultado es que muchas de las orga-nizaciones no logran cubrir los volúmenes comprometidos con sus compradores habi-tuales y enfrentan multas y castigos por el incumplimiento de contratos; mientras que otras han tenido que acopiar a precios muy altos a costa de su capitalización o de quedar endeudadas.

La red de organizaciones surgida en 1989 ha superando convulsiones sociales, escena-rios desfavorables y catástrofes naturales. Se ha fortalecido también su incidencia política como representación gremial. Ciertamente a partir de 2004-2005 muchas agrupaciones su-fren descalabros pero persiste la búsqueda de permanencia como cafetaleros campesinos ante una política neoliberal feroz que les da la única alternativa de la migración.Asesor de organizaciones cafetaleras desde 1989 y actualmente de Comercio Justo, AC

UN CAFÉ MUY MENEADO

LARGA EXPERIENCIA ORGANIZATIVA

Economía solidaria

La economía popular es el modo en que los productores por cuenta propia y los consumi-dores pobres nos organizamos para sobrevivir en el mundo deshumanizado del capital.

En la economía popular lo que cuenta no es la ganancia sino la producción para satisfacer necesidades. Acorralada y agredi-da por las políticas neoliberales y la com-petencia desleal de los monopolios y de los productos agrícolas subsidiados de los países centrales, la economía popular y campesina resiste, y en su resistencia prefigura el orden justo y solidario por el que luchamos.

Los campesinos parcelarios o asociativos, que somos el núcleo de la economía popu-lar, padecemos una guerra de exterminio instrumentada por las trasnacionales, pues doblegada la mediana y pequeña agricultu-ra que produce alimentos, los países y los pueblos estaremos a merced del capital.

Defender la economía popular es defen-der el presente y el futuro de nuestros países, pues en una región estragada donde hasta la burguesía es torpe y mezquina, atenerse a

la otra economía, la economía empresarial, es apostar a la exclusión y el desempleo, y en el mejor de los casos a una explotación asalariada maquiladora y finquera, propia del régimen fabril y de las plantaciones es-clavistas del siglo XIX.

Mientras la lógica del capital es rapaz y predadora, la economía popular campesi-na es, en principio, amable con el medio ambiente y justa con los trabajadores; una producción amigable con la naturaleza y socialmente equitativa. (...)

Los tecnócratas nos quieren hacer creer que sólo existen dos esferas económicas: la del Estado y la de la empresa privada, de modo que en el mejor de los casos noso-tros resultaríamos empresarios deficientes e imperfectos. Frente a eso los campesinos reivindicamos nuestra especificidad, las funciones y los valores (...) propios de la economía popular. Reivindicamos la exis-tencia e importancia del sector social de la producción.Plataforma campesina mesoamericana. Segundo Encuentro Campesino Mesoamericano, Managua, Nicaragua 14 y 15 de julio de 2002.

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Lourdes Edith Rudiño

Como experiencia sui gene-ris y en contraste con los demás gremios del agro,

en la caficultura todas las organi-zaciones nacionales –sector social o privado, de pequeños o grandes productores, priistas o no– han lo-grado aliarse y desde hace más de 15 años presentan en bloque diag-nósticos, propuestas de política pú-blica e interlocución con el gobier-no y demás agentes involucrados en la actividad.

Los logros de este frente –llamado al inicio en 1992 Grupo Operativo Na-cional, luego Foro Nacional de Orga-nizaciones Cafetaleras y desde 2004 Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café (CNOPC)– son significativos, afirma Fernando Celis, asesor de una de las integran-tes, la Coordinadora Nacional de Pro-ductores de Café (CNOC).

Se observan en la generación de padrones que han ordenado la entrega de recursos públicos a esta rama y han mostrado quien es quien en la actividad; en la aproba-ción anual desde 2000 de la Cáma-ra de Diputados de las propuestas que este bloque hace para el presu-puesto federal del café; en acuer-dos para limitar la importación de

grano verde, y en programas como el Fondo de Estabilización de Pre-cios del Café, donde el productor recibe apoyo cuando los precios internacionales caen y se corres-ponsabiliza al reponer cuando las cotizaciones suben de determinado nivel. Este fondo dio apoyos por 2 mil 800 millones de pesos en sus primeros cuatro años y ha recibido de los campesinos 470 millones en los recientes cuatro años.

Precariedad campesina. Sin embargo, la crisis de precios inter-nacionales del café, extendida en-tre 1987 y 2003, ha minado la eco-nomía de los campesinos y éstos en su mayoría han seguido estrategias familiares, de subdivisión de los predios, de diversificación de acti-vidades e ingresos –y de migración masiva a partir de 2002 cuando los ingresos por el café cayeron hasta en 70 por ciento afectados por la devaluación del peso.

Entonces, lejos de avanzar en la cadena de valor del aromático, el grueso de los campesinos –igual que ocurre en otros gremios, y con la herencia priista del clientelis-mo– se inserta a las organizaciones “con fines utilitaristas, pragmáti-cos, para tener acceso a los subsi-dios del café, del Procampo, de Oportunidades. Lo que buscan es

sobrevivir, pues han pasado por un periodo de mucha incertidumbre, de precariedad”. Se dificulta, pues, consolidar organizaciones con más responsabilidad, con más discipli-na. Ni siquiera 10 por ciento de la producción nacional del café, de alrededor de 5 millones de sacos (de 60 kilos), es comercializado di-rectamente por los productores.

Pulverización de la tierra. Los padrones demuestran que la tie-rra se está subdividiendo por pro-blemas económicos y no sólo los productores pequeños incurren en esa estrategia, lo hacen también los medianos y los grandes. En los años 80s se tenía censados a 282 mil productores, 70 por ciento de ellos indígenas y de escala muy peque-ña. Al principio de esta década el padrón promovido por el CNOPC dio como resultado que había 480 mil productores, con un prome-dio de 1.4 hectáreas cada uno, y la actualización que está en proceso muestra que suman ya más de 490 mil y que seguramente rebasarán los 500 mil.

De acuerdo con Celis, en contras-te con el éxito que es el CNOPC, “hay una dinámica de fractura de la organización” y en paralelo hay una condición de “debilidad” del Estado, pues la instancia que rige

al café desde 2004 –con el antece-dente del Consejo Mexicano del Café y antes el Instituto Mexicano del Café— es el Sistema Producto Café (SPC), que sólo es órgano de consulta. “Allí podemos acordar cómo ejercer el presupuesto, pero luego la Secretaría de Agricultura dice ‘yo tengo mis propios criterios’. La secretaría ofreció que consulta-ría y acordaría con el SPC las políti-cas públicas y no ha cumplido”.

Ocurre que la visión del gobier-no actual “es que el Estado no debe intervenir, ve con horror que haya tantos productores y que cientos de miles tengan apenas media hectárea con cosechas de dos o tres quinta-les. Y les preocupa que el CNOPC –que se inserta en el SPC como re-presentación de los caficultores– sea crítico y autónomo. Este gobierno, igual que sus antecesores, quisieran que los organismos estén subordi-nados (...) otros sistemas productos son dependientes totalmente de la Secretaría de Agricultura”.

Peso nefasto. A esto se suma un in-grediente que frena la modernización y competitividad de la caficultura: la influencia poderosa que ejercen los

trasnacionalizados comercializado-res industriales del café, los cuales frenan cualquier medida de fomento de la calidad del grano, pues tienen grandes ganancias con su esquema de venta de café soluble mezclado con azúcar y con exportaciones de granos de calidad mezclada. “México se está rezagando, mientras en Brasil los propios comercializadores han promovido un esquema de pureza, mientras Brasil produce a costos muy bajos, y otros países que producen la misma variedad de México (arábiga) como Guatemala y Colombia tienen programas de mejoramiento de cali-dad y venden al extranjero a precios mucho mejores que México. El SPC no trata ningún asunto que tenga que ver con la comercialización. Eso lo tienen vetado”.

El CNOPC aglutina a los cafeta-leros de las priístas confederaciones nacionales Campesina (CNC) y de Propietarios Rurales (CNPR) a la autónoma CNOC, a los privados de la Confederación Mexicana de Productores de Café (CMPC) y a los de la Central Independiente de Organizaciones Autónomas Cam-pesinas (CIOAC), entre otras.

FUERTE ALIANZA NACIONAL CAFETALERA CONVERGENCIA EXCEPCIONAL EN EL CAMPO MEXICANO

Comercializadores impiden modernización y calidad•

Mario A. Suárez

El encabezado de este artículo encierra una contradicción pues el término “empresa” se asume

inherente a la “iniciativa privada”, ese ente que desde hace buen rato se adueñó de nuestra razón de ser en el desarro-llo económico-productivo del país e incluso de la llamada cultura nacional.

Además, la connotación de “resistencia” podría confun-dirnos, en un contexto en que la competencia, la voracidad y la ley del más fuerte marcan las pautas del “progreso”.

Entonces, ¿de qué tipo de empresas estamos hablando y a qué se resisten? Una posible respuesta es que este tipo de empresas confrontan al neoliberalismo y a las fuerzas del mercado fetichizadas por los que nos gobiernan, por medio de una fuerza democratizante y solidaria para atender los requerimientos materiales y económicos inmediatos de los núcleos de población –en este caso rurales– históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo nacional.

Pero esta respuesta resulta limitada si se omite que el movimiento indígena y campesino se plantea (se debe plantear) ir más allá: sustituir el orden establecido y cons-truir un “mundo donde quepan todos los mundos”.

En este empeño se inscriben las comunidades de base za-patistas con la constitución de organismos asociativos espe-cíficos, dentro de la experiencias autonómicas en resistencia hacia los “modos” institucionales del quehacer político.

El desafío de los subsidios. En Chiapas, las cooperativas de unidades familiares de producción de café que se desen-vuelven en los territorios zapatistas enfrentan un doble reto:

La producción y la comercialización colectiva ocurren en medio de la carencia de infraestructura de almacenamiento y transporte, de la inefable competencia desventajosa con los co-yotes, el escaso o nulo financiamiento para el acopio, la com-plejidad burocrática cuando se realizan exportaciones y los vaivenes de los precios. Y a ello se añade que las cooperativas zapatistas rechazan los apoyos compensatorios gubernamenta-les, como los del Fondo de Estabilización de Precios del Café y los del programa de Fomento a la Producción; están dejando de percibir apoyos que pudieran paliar las adversidades.

Cabe mencionar que dichos apoyos no están acompaña-dos de políticas públicas que aborden decididamente los problemas estructurales de la caficultura, los cuales se ex-presan en la caída de la producción y de las exportaciones y en la creciente emigración campesina.

El rechazo a los programas gubernamentales ha obliga-do a estas organizaciones zapatistas a buscar apoyos de la cooperación internacional, para dar viabilidad a la autoges-tión y a la apropiación de la cadena productiva.

La visión ecológica. Como parte de la concepción autonó-mica, y en oposición a la explotación irracional de los recursos naturales, la población indígena y sus autoridades reconocidas han hecho de la preservación ecológica una práctica cotidiana.

En la producción de café –lo mismo se hace con la milpa y las hortalizas–, se está adoptando el cultivo orgánico, no sólo por exigencias del mercado, sino por propia convic-ción, de tal manera que los campesinos zapatistas tienen proscrito el uso de agroquímicos. Así, la totalidad de la pro-ducción es natural y considerada orgánica por instancias independientes de certificación.

Además las cooperativas están vinculadas con organis-mos nacionales y de la comunidad internacional que sos-tienen visiones y prácticas solidarias bajo los principios del llamado comercio justo. Ello ha posibilitado mejores precios para el café y algunas cooperativas también han ob-tenido medios para fortalecer su infraestructura y procesar (beneficiar) sus cosechas.

Aun y cuando estos organismos de comercio justo rei-vindican la relación directa con los productores, se iden-tifican y apoyan la lucha por la autonomía, prevalece una tendencia unilateral en el establecimiento de condiciones y precios en las relaciones contractuales con las cooperativas de productores. Ocurre así porque éstas no se han fortale-cido lo suficiente como para equilibrar la relación con sus contrapartes.

Los retos de las cooperativas zapatistas son fortalecer su capacidad de gestión, estrechando vínculos con or-ganizaciones afines; acercarse al control de la cadena productiva, creando plataformas de negociación con las contrapartes; atraer recursos monetarios a los territorios zapatistas para fortalecer el proceso autonómico, y vin-cular las actividades cafetaleras con las encaminadas a producir alimentos básicos.

Chiapas

EMPRESAS EN RESISTENCIA

UN CAFÉ MUY MENEADO

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Sergio Madrid

Los bosques y las selvas son un importante recurso natural que posee México y consti-

tuyen la base natural del bienestar económico y social del país. Del total de 214 países que existen en el mundo, México ocupa el lugar 14 por la extensión de su territorio forestal y forma parte de los diez con mayor diversidad biológica. No obstante el alto valor que tiene, este recurso sufre múltiples presiones y amenazas de grupos que buscar usar las tierras para ganadería, plan-taciones comerciales, fruticultura, agrocombustibles y desarrollos ur-banos y turísticos.

Esas iniciativas, con importante respaldo económico y político, han logrado cambiar el uso forestal del suelo en varios millones de hectá-reas; sin embargo, han tenido que enfrentar el rechazo de las comuni-dades y los ejidos organizados que se han opuesto de manera férrea a la destrucción de sus recursos forestales.

Defensa de la tierra. De hecho, es posible afirmar que si México aún posee una enorme riqueza fo-restal es gracias al resguardo, con-

servación y protección de los re-cursos por parte de comunidades y ejidos. Sin la desconfiada posición que asumen permanentemente es-tos campesinos, empecinados en no vender sus tierras, lo más pro-bable es que ya no existieran los manglares en las costas, la enorme biodiversidad de los desiertos se hu-biese extinguido y nuestras selvas fuesen sólo un recuerdo, como en otros muchos países donde la sobre-explotación de caobas y otras ma-deras preciosas han terminado con estos ecosistemas.

La aferrada posición campesina no es sólo por la defensa de la tierra sino también en favor del cuidado y buen manejo del recurso. Así lo demuestran varias docenas de co-munidades y ejidos forestales que han obtenido el certificado inter-nacional de buen manejo forestal otorgado por el Forest Stewardship Council (FSC). Esta entidad otor-ga su certificación a las operaciones forestales que demuestran cumplir con los estándares internacionales, después de intensos procesos de evaluación externa. Los informes del FSC reportan que han sido cer-tificadas más de 600 mil hectáreas propiedad de ejidos y comunidades

principalmente en Durango, Chi-huahua, Oaxaca y Quintana Roo.

Acciones colectivas. Los cam-pesinos han podido realizar el resguardo de sus bosques y selvas gracias a una gran capacidad de organización interna y regional, gracias también al carácter colecti-vo de la propiedad de los bosques y la necesidad de regular el uso común. Esto ha propiciado que la mayor parte de los ejidatarios y comuneros se reúnan periódica-mente en asamblea para discutir y analizar las cuestiones relacionadas con sus territorios, y determinan democráticamente las acciones de protección, conservación y aprove-chamiento, con base en cargos otor-gados, mecanismos de supervisión y reglamentos que las mismas co-munidades generan. Este esfuerzo colectivo deriva en una importante sinergia para proteger el bosque contra los incendios y el robo de madera, para impulsar prácticas de manejo forestal sustentables y para mejorar las condiciones de vida de la población local.

Estimaciones actuales señalan que hay unas nueve mil comunida-des que poseen terrenos forestales, de las cuales un porcentaje impor-

tante cuenta con un plan de manejo forestal y muchas otras han inte-grado un ordenamiento territorial comunitario en el que han definido áreas para la conservación, lo que constituye sin lugar a dudas una gran aportación a la sustentabilidad de los bosques y las selvas mexicanas.

Las comunidades y los ejidos también suelen conformar orga-nizaciones intercomunitarias para atender problemáticas regionales y sumar esfuerzos que les permitan competir en los mercados, realizar un aprovechamiento sostenible y desarrollar acciones conjuntas para el resguardo de sus bosques.

Asociaciones impuestas. A pesar de su valioso esfuerzo para manejar de manera sostenible los bosques y mantenerse en un mercado in-ternacional muy competido, las organizaciones han enfrentado a menudo acciones adversas, como la reciente creación gubernamen-tal desde el escritorio de 219 asocia-ciones regionales de silvicultores (ARS) que, sin tomar en cuenta los esfuerzos de décadas de organiza-ción regional, han sido impuestas como principales interlocutores. Todo esto responde a una obtusa vi-sión desde el Estado, que entiende

a la organización espontánea como una amenaza por representar un sector de la sociedad que se reúne, analiza colectivamente y plantea demandas en torno a sus intereses.

Lo anterior da cuenta de la gran importancia de los ejidos y las co-munidades en el aprovechamiento, la producción y la conservación fo-restal en México, y de la necesidad de políticas gubernamentales que, más allá de paternalismos y meca-nismos de control, logre reconocer el gran potencial que subyace en éstos para lograr el desarrollo eco-nómico y social de las comunidades rurales y la recuperación de los eco-sistemas que hacen posible el bien-estar nacional.Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

VER LOS ÁRBOLES Y TAMBIÉN EL BOSQUE

BOSQUES Y ORGANIZACIÓN CAMPESINA

Ejidos y comunidades, • empecinados en defender sus recursos

Busca el gobierno suplantar la • organización legítima

Explota el bosque sin agotarloLos bosques son riqueza que la naturaleza entrega al hombre para que disfrute de ella; pero no para agotarla con la tala inhumana, sino para que vaya usando de ella dentro de sus posibilidades, dejándola que siga de generación en gene-ración. Los pueblos que talan sus bosques se suicidan.

Las tierras en que los bos-ques crecen no siempre son útiles para la siembra; y cuan-do esto sucede, estas tierras dejan de producir si se quita el arbolado, y entonces el aire y el agua de lluvia se encargan de destruir la tierra dejando al descubierto la roca viva.

Hay que cuidar el bosque sa-cando los productos que pue-de dar y dejándolo para que los hijos y los nietos y sus hijos puedan seguir disfrutando de su sombra y de sus productos.Domingos culturales. Partido Nacional Revolucionario (PNR), México, 1936.

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN LUGAR

Unión de ejidos Hermenegildo Galeana Costa Grande, Guerrero

Unión de ejidos Adalberto Tejeda Huayacocotla Veracruz

Unión de ejidos Emiliano Zapata Santiago Papasquiaro, Durango

Unión de Comunidades Zapoteca Chinanteca Sierra Norte, Oaxaca

Unión de ejidos Emiliano Zapata Amanalco, Edo de México

Unión de ejidos Chignahuapan Chignahuapan, Puebla

Unión de ejidos de El Salto El Salto, Durango

Silvicultores Unidos de Guachochi Guachochi, Chihuahua

Sistema Comunitario de Biodiversidad (SICOBI) Copalita, Oaxaca

Consorcio Chiclero Quintana Roo y Campeche

Organizaciones forestales que destacan por su madurez:

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Manuel Aldrete Terrazas

En Quintana Roo y Campe-che, México cuenta con una región de selva natural de un

alto valor ambiental –que involucra el corredor ecológico que va de la reserva de Sián Kaan a Calakmul— donde el chicle, como actividad no maderable, genera ingresos a la po-blación rural y alienta la conserva-ción del recurso forestal.

La extracción del chicle es y ha sido una actividad económica muy importante en esta zona denomina-da Gran Petén; poco más de dos mil chicleros laboran cada temporada en su selva. La conservación del chicozapote y de su entorno, así como el fomento y la comercializa-ción de la goma natural son la base de la preservación de la selva.

El chicle es la segunda fuente de ingresos del sector forestal en Quintana Roo y Campeche; se exporta en su totalidad a Corea, Japón, Indonesia y Europa, y genera una derrama económica anual en la región de un millón y me-dio de dólares aproximadamente.

Burocracia y pérdida de mercado. Sin embargo, a causa del reglamento forestal –que sobre-regula con una trami-tología para el aprovechamiento y movilización difícil de cumplir– el chicle ha sufrido fuertes contracciones en su producción en los años recientes, lo que ha afectado su mercado y el manejo y la rentabilidad de los sistemas pro-ductivos, dañando seriamente la economía de las comu-nidades forestales del Gran Petén. Las exportaciones han caído hasta en 40 por ciento.

Esto es muy lamentable ahora que se están abriendo nuevas opor-tunidades de mercado. Para este 2008 se tiene previsto iniciar opera-ciones comerciales con un produc-to de alto valor agregado, la goma de mascar orgánica chicza, de la que se espera obtener más de tres millones de dólares en la tempora-da agosto 2008-febrero 2009.

En un esfuerzo por contar con información técnica profesional para una planeación estratégica de los aprovechamientos del chicle, los productores de la región realiza-

ron en 2002 el “Estudio para el ordenamiento de la activi-dad chiclera en el estado de Quintana Roo”, que recabó datos de campo y determinó la capacidad productiva. El resultado fue que hay un recurso forestal renovable, sano, con una gran capacidad regenerativa y compatible con el medio ambiente y el desarrollo de la economía de las co-munidades forestales.

Producto noble. El aprovechamiento del látex del chi-cozapote no daña al ecosistema, su extracción no mata al árbol, ni siquiera se requiere que éste se corte. Con estos argumentos, llegamos a la conclusión que la normativa ac-tual para el chicle es inadecuada y frena el desarrollo de una actividad forestal que genera divisas.

Aunado a ello, la normativa no contempla una metodolo-gía práctica, flexible y económica para el cálculo de posibili-dad de aquellos montes pobres en maderas preciosas y deco-rativas pero que tienen un gran potencial en chicozapote.

Al desalentarse el aprovechamiento del chicle, la selva se desvalora y corre el riesgo de mayor presión para cambio

de uso del suelo: se agudizan las presiones para la deforesta-ción. Recordemos que en la medida que el bosque adquie-re valores más diversos con sus productos, más oportunidad tiene para asegurar su conservación.

Malas regulaciones e impuestos disfrazados. Preocupa particularmente que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 97, sección 3, es contradictoria, y abre el espacio para la sobre-regulación. En la primera parte de su texto dice a la letra que “el aprovechamiento de recur-sos no maderables únicamente requerirá de un aviso por es-crito a la autoridad competente”, esto es, induce contunden-temente la simplicidad, pero luego dice que “el reglamento o las normas oficiales mexicanas establecerán los requisitos y casos en que se requerirá autorización y/o presentación de programas de manejo simplificado”, lo cual ha propiciado un exceso de tramitología y costos excesivos para le productor.

Podemos citar por ejemplo: para obtener la autorización para el aprovechamiento del chicle es necesario contar con un plan de manejo, donde por lo general los presta-dores de servicios contemplan el número de árboles pero dejan fuera la capacidad productiva de látex, y una notifi-cación de aprovechamiento de chicle acompañada de un estudio justificativo que contemple todos los elementos de un estudio de impacto ambiental, con un costo aproxima-do de 600 mil pesos por predio o comunidad.

Creemos que una normativa más adecuada con relación a la solicitud, notificación, informes de paso de año, etcé-tera, debería ser más flexible, que responda a la naturaleza del producto y su mercado, bajo la responsabilidad úni-ca de los dueños y poseedores del recurso, ello alentaría mucho su aprovechamiento en beneficio de la economía forestal de la región. De otra forma, se está condenando a los ejidatarios, comuneros y al sector agrario en general a regulaciones que les dan trato de menores de edad.

Otro factor crítico en la producción del chicle es el pago de “derechos” que debe hacerse a la Secretaría de Hacien-da, y que particularmente lastima el bolsillo de los campe-sinos con predios de bajo rendimiento (menos de cuatro toneladas por anualidad). Los “derechos” en realidad son impuestos, pero Hacienda usa ese eufemismo, debido a que, por ley, los ejidos y comunidades están o deberían es-tar exentos del pago de impuestos.Consorcio Chiclero [email protected]


Gustavo Sánchez

Con casi dos años cumplidos, el go-bierno de Felipe Calderón empieza a reconocer con señales tímidas la

gravedad de los problemas forestales del país. Ya era hora y esperamos que no se les vaya el sexenio en ello.

No se puede ocultar por más tiempo que en el sexenio foxista hubo una relación in-versamente proporcional entre resultados y recursos invertidos en materia forestal. Las cuentas nacionales son dramáticas: disminu-ción de la producción maderable y de la su-perficie bajo manejo, crecimiento del déficit comercial en productos forestales y de la tala ilegal, pérdida de competitividad, integración pobre de cadenas de valor y poca mejoría en las condiciones de vida de la población margi-nada que habita en las regiones forestales.

Propiedad social. Frente a esta realidad, el papel del manejo forestal comunitario y de la organización campesina se revaloriza como la

principal estrategia a seguir en un país donde cerca de 80 por ciento de las tierras forestales pertenecen a ejidos, comunidades indígenas y pequeños productores.

Es esta estrategia la que hemos tratado de impulsar y fomentar en la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf). Nos constituimos formalmente en 1994, agrupando a organizaciones regionales de dueños y poseedores de terrenos foresta-les, a sus empresas y a sus equipos técnicos, preocupados por el creciente deterioro de los ecosistemas naturales, del empobrecimiento y la falta de oportunidades de la población que habita en ellos; de la ausencia de polí-ticas públicas que impulsaran el manejo fo-restal sustentable, así como de la falta de una representación que a escala nacional defen-diera sus intereses.

Autonomía. Elegimos la figura de red como alternativa a los modelos existentes de central campesina, aspirando a construir un espacio donde cada organización socia es

autónoma en sus decisiones internas y en el manejo de sus recursos, y en el que se cons-truyera una agenda de trabajo conjunto en torno a intereses comunes.

Como parte fundamental de nuestra ac-tividad hemos impulsado a los productores potenciales para apropiarse de su proceso productivo, y a los que ya tenían aprovecha-miento, a integrar sus cadenas de valor. He-mos fomentado la diversificación productiva con actividades sustentables, el desarrollo de capacidades propias y la autogestión.

Respecto de la política pública, hemos participado en la discusión de la legislación y normatividad aplicable al sector forestal, defendiendo los intereses de nuestros compa-ñeros y de sus organizaciones, así como en la creación de instrumentos de apoyo al manejo forestal comunitario.

Programas y presupuestos. En los 90s im-pulsamos la creación del Programa para el Desarrollo Forestal (Prodefor), que permitió que muchos ejidos y comunidades se apropia-ran de su proceso productivo y que se elevara significativamente la producción forestal ma-derable en el sexenio 1994-2000, e iniciamos una larga gestión y lucha para que el Progra-ma de Desarrollo de Plantaciones Forestales con fines Comerciales (Prodeplan) se trans-formara de ser un instrumento al servicio ex-

clusivo de grandes corporaciones a uno que apoya también a ejidos y comunidades intere-sadas en esta actividad productiva.

En la coyuntura del movimiento campesi-no de 2003 logramos que el gobierno federal se comprometiera en el Acuerdo Nacional para el Campo a reconocer la multifunciona-lidad de los ecosistemas forestales, mas allá de su papel de productores de materias primas. Con apoyo del Congreso conseguimos que en 2004 el gobierno federal accediera a crear el programa de Pago por Servicios Ambienta-les en Captura de Carbono, Biodiversidad y Sistemas Agroforestales.

Una de las deformaciones en política pú-blica de la administración pasada y que se arrastra por inercia en la actual es creer que corporativizando a los dueños y poseedores de los recursos forestales se creará una organiza-ción social fuerte que represente los intereses del sector social. Modificar esta política ana-crónica es un reto para organizaciones como la Red Mocaf, pero también lo es para el país entero si aspiramos a construir una sociedad más equitativa, democrática y transparente y si aspiramos a conservar lo que queda de nuestros recursos forestales, a incrementarlos y a manejarlos sustentablemente para las ge-neraciones futuras.Director de Red Mocaf

MANEJO COMUNITARIO EN TIEMPOS DE CRISIS

Quintana Roo y Campeche

La reglamentación forestal frena producción y exportación chiclera

En juego, oportunidades de mercado para producto orgánico•


Francisco Chapela

La Unión de Comunidades Zapoteca-Chinanteca (Uzachi) es emblemática de una generación de or-ganizaciones surgidas en los 90s como consecuen-

cia de la lucha de los 70s por la apropiación primero de la tierra y después de los medios y procesos de producción, pero que evolucionaron en los planos político, económico y técnico, y contribuyeron a sentar las bases de un desarro-llo alternativo para el campo.

En el plano político, a diferencia de las organizaciones agrarias de tipo corporativo, la Uzachi es de las que rompie-ron con la tradición caciquil. Después de la Revolución, el desarrollo de las comunidades rurales dependió de la bue-na voluntad de los caciques. Era pues fundamental ganar la voluntad de esos jefes locales para conseguir el acceso a la tierra, al financiamiento, a los servicios de educación, salud y a las comunicaciones. La Uzachi proviene de un movimiento amplio que en 1983 demandó legalmente al presidente José López Portillo por haber concesionado los bosques comunales a empresas privadas o paraestatales. Esto rompió la tradición de conducir el desarrollo rural a partir de los favores y las voluntades de los jefes políticos lo-cales. Las comunidades demandantes no pedían los favores de un cacique, sino respeto a su derecho de propiedad.

En el plano económico, en contraste con las que con-ciertan subsidios gubernamentales a cambio de apoyo po-lítico, las organizaciones de la generación de la Uzachi de-mandaron un mejor acceso al mercado y operar de manera autónoma sus propias empresas. Un botón de muestra: en diciembre de 1982, durante una reunión de representan-tes de decenas de comunidades forestales, ”la totalidad de los presentes se manifestó por la defensa del régimen de

mercado libre, que permita a cada una de las comunida-des representadas disponer de sus recursos naturales, en particular el bosque, de acuerdo a sus propios intereses y decisiones comunales”, según documentaron Francisco Abardía y Carlos Solano.

En el plano técnico, a contracorriente con las organiza-ciones que se conformaron con la orientación de los exten-sionistas y debieron adaptar las formas de uso de sus recur-sos naturales, la Uzachi formó sus propios cuadros técnicos y los puso a trabajar para las comunidades, no a favor de los proveedores de equipos o de empresas externas.

La Uzachi debió pagar costos considerables por su inde-pendencia política. Todas sus gestiones fueron bloqueadas durante la gubernatura de Heladio Ramírez. En 1985 el hoy senador pretendía corporativizar todas las agrupaciones rura-les dentro de la Confederación Nacional Campesina (CNC), pero la Uzachi expresa en su acta constitutiva que no pertene-cerá a ninguna central del PRI ni de ningún otro partido.

Tuvo que pagar su pretensión de independencia eco-nómica, usando recursos de las comunidades o incluso de algunos comuneros, para hacerse de los medios de produc-ción. En algunos casos recurrió a contratos a futuro con precios castigados. También vendió algunos equipos. Un comunero hipotecó su casa con tal de reunir el dinero para montar la empresa comunal.

La organización tuvo que pagar su afán por adaptar la técni-ca a sus propias necesidades, con una reducción del volumen de madera cosechada a menos de la mitad, con tal de ajustar-lo a la posibilidad de rendimiento sostenible del bosque.

Sin embargo, a casi 25 años de fundada, la Unión Zapote-co-Chinanteca ha atestiguado la desaparición de decenas de organizaciones clientelares. A partir de una visión de manejo integrado del territorio de cada comunidad, ha ido balan-

ceando las demandas de los distintos sectores con las posi-bilidades de sus recursos naturales. De esta manera, después de darle dos pasos de corta completos a los bosques de las co-munidades de la Uzachi, la productividad se ha mantenido o incrementado, la superficie arbolada ha crecido y los indica-dores de bienestar social han mejorado sustancialmente.

Siguiendo la tradición de los zapotecos de la sierra, de promover por todos los medios la generación y uso del conocimiento, las comunidades de la Uzachi han sabido allegarse de asesoría técnica de calidad, que les ha permi-tido formar cuadros técnicos capaces. Si bien en la fase de formación de la Unión (1990-1996) y en su consolidación (1997-2003), contó con la colaboración y apoyo profesional estrecho de la organización civil Estudios Rurales y Aseso-ría, AC, en la actualidad opera con su propio personal téc-nico e incluso ha constituido en un centro de capacitación regional en silvicultura comunitaria.

La Uzachi muestra la viabilidad de un futuro respetuoso de las diversidades, justo y no explotador. Jaime Luna, líder e in-telectual zapoteco reconocido de la Sierra Juárez, lo pone en estos términos: “Hace poco un intelectual se preguntaba si los indígenas estábamos reclamando una autonomía subsidiada, es decir una autonomía de caricatura. Identificar autonomía con autosuficiencia es una trampa de discurso (...) La autono-mía para nosotros es una posibilidad de crecer más sanos, sí, aunque no lo crean, libres de interminables contaminaciones, incluso para que de esa manera discriminemos a la sociedad restante, no como lo han hecho con nosotros, sino más bien en el sentido más constructivo, el tratarse como sociedades iguales, con los mismos derechos y las mismas obligaciones (...) El no entender el sentido profundo de nuestro reclamo autonómico es no entender nuestros afanes democráticos, es empecinarse en la necesaria exterminación de nuestros pue-blos, es creer que el futuro de la humanidad es el futuro de nuestros vecinos del norte, es creer que no tenemos origen y patria, en tirar a la basura la sangre de tantas generaciones que nos han forjado, es no sembrar para el futuro (...)”Estudios Rurales y Asesoría Campesina, AC [email protected]

Francisco Chapela

Hacia 1956 el gobierno federal buscaba propiciar inversiones para aprovechar el “tesoro forestal” u “oro verde” que yacía en las sierras Sur y Norte de Oaxaca, y otorgó conce-siones por 25 años sobre los bosques comunales indígenas a empresas madereras y papeleras, a cambio de generar las divisas que traerían servi-cios públicos, desarrollo y bienestar a las comunidades pobres de Oaxaca.

A principios de los 80s, al acer-carse el vencimiento de las conce-siones, las promesas no se habían cumplido. Pero lejos de reconocer el fracaso, el gobierno federal ce-dió a las presiones de madereros y de la industria del papel para que se les ampliaran las concesiones por otros 25 años.

La administración de José López Portillo desoyó las peticiones de que no se otorgaran más concesio-

nes sobre los terrenos comunales y expidió un decreto para su conti-nuación. Ante ello, las comunida-des forestales de Oaxaca, agrupadas en la Organización en Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (Odre-nasij) se reunieron en Santiago Comaltepec el 17 de diciembre de 1982 para analizar la situación, vista como una amenaza de avance de la privatización o enajenación de los bosques comunales.

Amparo a favor de campesinos. Unos días después de esa junta en la Sierra Norte, las comunidades de San Pedro el Alto y San Vi-cente Lachixío, de la Sierra Sur, se reunieron con 13 comunidades afectadas con la posible renovación del decreto a favor de la Compañía Forestal de Oaxaca.

Esta historia fue recordada por antiguos líderes y participantes del Movimiento por la Recuperación de

los Bosques Comunales de Oaxaca, que se reunieron el 19 de abril pa-sado en San Pablo Guelatao. Entre ellos estaban el antropólogo Jaime Martínez Luna; Teodoro Castillo y Anacleto Ruiz, de la comunidad de La Trinidad, y el presidente del comisariado de Pueblos Mancomu-nados, Delfino Hernández.

Don Teodoro Castillo, quien era el agente municipal de la comuni-dad La Trinidad en 1980, expresó que para él la lucha “fue sagrada, porque pensábamos mucho más a futuro”. Con el apoyo de un grupo de profesionistas comprometidos, el 23 de marzo de 1983, un juez fe-deral otorgó el amparo provisional a las 27 comunidades de la Sierra Norte y Sierra Sur de Oaxaca que se inconformaron en contra del de-creto de concesión de sus bosques a particulares o paraestatales.

A 25 años de manejo comunal de los bosques, lejos de deteriorarse, es-

tán bien cuidados, sanos y vigorosos. Resulta difícil encontrar terrenos susceptibles de reforestar para las campañas del gobierno, pues lo que antes eran tierras degradadas, hoy son terrenos forestales productivos.

En La Trinidad tenemos “sólo 732 hectáreas. No es mucho, pero si se le hubiera dejado a la Papelera ya estaríamos en la calle”, dijo Teo-doro Castillo, quien a sus 80 años, sigue siendo un líder lúcido que re-cordó haber actuado inspirado por una frase: “No hay nada más pre-cioso bajo el cielo que la libertad de los oprimidos”.

Apoyo de la sociedad. En la re-unión fue posible escuchar los tes-timonios de los antiguos líderes del movimiento contra las concesiones, así como de diversos aliados que, a título personal o como parte de di-versas organizaciones de la sociedad civil, apoyaron esta lucha. Entre ellos, estuvieron Alfonso González, del Grupo de Estudios Ambientales; Xóchitl Ramírez, fundadora de Es-tudios Rurales y Asesoría; Francisco Chapela; Yolanda Lara; Altagracia Villareal, entonces integrante del Centro Nacional de Misiones In-dígenas, y Francisco Abardía, quien fungió como abogado del caso.

En las conclusiones se mencionó que la victoria de las comunidades

demostró que “es posible, por me-dio de la vía legal y pacífica, encon-trar respuesta a nuestras demandas cuando nos asiste la razón”.

Hoy, no obstante los logros y la au-toridad moral conseguida, los líderes de las comunidades luchan para ser interlocutores directos en la construc-ción del nuevo marco legal forestal que actualmente se discute para el es-tado de Oaxaca. También piden que se simplifiquen las numerosas regula-ciones, las cuales reducen y retrasan enormemente los proyectos de las co-munidades y han provocado una caída alarmante de la producción forestal a los niveles de hace dos décadas.

En semejanza con La Odisea hoy, igual que 25 años atrás, los di-rigentes políticos están tentados por el canto de las sirenas, que prome-ten desenterrar tesoros y salvar a los pobres con los milagros de la privati-zación. La lucha terca de las comu-nidades de Oaxaca podría ayudar a que esos cantos no desvíen el barco y lo hagan naufragar al abandonar las rutas seguras en que los políticos escuchan al pueblo y no a las sire-nas que ofrecen milagros. Igual que hace 25 años, la inteligencia de las comunidades de Oaxaca nos ayuda a encontrar esas rutas seguras.Estudios Rurales y Asesoría Campesina, AC [email protected]

Sembrar para el futuro: la Unión de Comunidades Zapoteca-Chinanteca

Oaxaca

CELEBRAN 25 AÑOS DE LA RECUPERACIÓN DE SUS BOSQUES

La lucha contra el decreto privatizador de López Portillo•



Heladio Ramírez LópezSenador de la República

Estamos en una encrucijada especial de la vida política del país. Se han juntando diversos componentes que dibujan un cua-dro problemático para la sociedad y en especial para el pueblo

campesino. La tormenta viene de afuera, de arriba y por varios lados.La inflación y los precios de los alimentos que encarecen la vida,

la ausencia de apoyos adecuados por parte de las instituciones, la crisis financiera que sube las tasas de interés, los cambios climáticos que perjudican las cosechas, los agrocombustibles elaborados con productos alimenticios, la carestía de la energía y la especulación desatada forman parte no de problemas aislados y desconectados entre sí, sino anuncian un panorama gravísimo para los pobres del campo y también de la ciudad. Estos problemas no están de paso, vinieron para permanecer un buen tiempo, es una larga tormenta en la noche oscura de esta economía excesivamente de mercado.

Desequilibrios inhumanos. Las fuerzas que se ocultan bajo el manto de la globalización nos han llevado a tal punto que hoy día los campesinos mexicanos están obligados a realizar el peor de los negocios: cambian trabajo barato por comida cara; el défi-cit de semejante intercambio no es sólo pobreza, es algo todavía más grave: es el hambre. La inflación pone al alza los precios y a la baja los salarios, ello sobrevalúa las cosas, pero a costa de desvalorizar a las personas, y además, afecta dramáticamente la economía campesina: insumos caros, créditos inalcanzables, sa-larios bajos y alimentos caros. Así se llega a la extraña paradoja de que las familias campesinas, pese a vivir donde se producen los alimentos, son las primeras en ser golpeadas por la escasez.

Cuando se deteriora el campo, las mujeres son las primeras que reciben en su casa aquellos problemas que nunca crearon. Reciben el peor de los pagos: más trabajo, más dificultades para alimentar a sus hijos, más sufrimiento en su noble tarea social. Hay una distan-cia creciente entre las hermosas odas amorosas que se cantan a las madres y las tristes odas implacables con que el sistema las castiga.

Multifunciones. El papel que la economía asigna a la mujer y a la familia es cada vez más preocupante. La mujer presta una serie de servicios en el hogar: cuida de los niños, vela por la sa-lud familiar, protege a los ancianos, prepara la comida, impulsa la producción de alimentos en el traspatio, limpia la casa, lava, remienda, educa a sus hijos, etcétera. Ahora bien, este trabajo de la mujer en su casa es indispensable para el funcionamiento de la economía del país, puesto que garantiza a la sociedad un impor-tante suministro de mano de obra. Mientras la mujer es un fantás-tico taller natural que forja la vida, el hogar es un taller social que forma a las personas hasta que entran al mercado de trabajo.

Aquí caben dos preguntas: si la actividad que realizan las mu-jeres en la casa es un trabajo, ¿por qué no se les paga?, y si no se les paga ¿quién se está beneficiando con ello? ¡Cuánta pobreza se evitaría si las mujeres campesinas recibieran una compensación por su trabajo doméstico!

Sería un error pensar que la solución está en pavimentar el camino para que la mujer abandone su casa y se incorpore al actual mercado de trabajo. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más humano: se trata de abrir un espacio por donde las mujeres puedan transitar hacia el desarrollo en sus propios pue-blos y sustentadas en los valores de las comunidades. Se trata de que la mujer participe en los procesos de cambio para que desde las bases vaya surgiendo una economía protectora de las familias. De ahí que incorporar a la mujer a la sociedad no pasa por incor-porarla al actual y desfigurado mercado de trabajo, sino a muchos y pequeños proyectos de desarrollo que creen riqueza para ellas mismas, para las comunidades y las regiones.

Concentración de las remesas. Ha surgido la falsa idea de que las remesas que les envían sus esposos desde Estados Unidos son una solución para combatir la pobreza. Se olvida que las remesas enviadas a las familias son salarios ahorrados a costa de grandes sacrificios. Las remesas son pequeñas cantidades repartidas en mu-chas familias, que sumadas representan significativas cantidades de dinero que llega a pocas manos. Son apoyos útiles a las familias,

pero están creando importantes riquezas para otros. Al seguir la pista de esas remesas, resulta que terminan en las cajas del comer-cio y servicios ubicados en las ciudades. Ello explica el surgimien-to explosivo, en los recientes 20 años, en las regiones más pobres, del comercio, la banca y otras actividades que acumulan gracias a este ingreso extraordinario que reciben las familias campesinas.

Por las manos de muchas mujeres pobres del campo pasa el dinero que enriquece a minorías urbanas, las que se han transfor-mado en los polos que dominan la economía de la región, me-diante una simple operación: compran barato los productos al por mayor y los venden caro al por menor, a los campesinos. Acosan a los campesinos con mercancías a plazos que ocultan bárbaros intereses usurarios. De esta manera, si bien las remesas son una ayuda a las familias, potencian las fuerzas que oprimen a los cam-pesinos, ampliando las desigualdades en las regiones pobres.

¿Cómo las mujeres podrían romper y salir victoriosas de esta trampa en que se encuentran la sociedad rural y la economía campesina, de inflación, desintegración familiar, remesas que alivian pero no curan, debilidad de los apoyos institucionales, desempleo y trabajo excesivo sin recompensa?

Desde mi perspectiva, la mejor manera de romper ese círculo vicioso es organizándose en actividades productivas, crear una eco-nomía de defensa para sus familias, capacitarse para formar una pequeña empresa con una visión social y participar activamente en el diseño de una nueva política para el desarrollo rural. Parece-ría difícil, pero es ya una realidad que la mujer campesina ha ido ganando cada día su derecho a nuevos espacios; a inéditas oportu-nidades para progresar. No es hoy el conformismo o el silencio lo que domina la vida de las mujeres, al contrario, es el deseo de cam-bio; su imparable deseo de participación lo que caracteriza hoy la actitud de las mujeres en el mundo rural. Esta realidad, significa una auténtica esperanza para el desarrollo de nuestra patria.

MUJERES CAMPESINASEN LA ENCRUCIJADA

Incierto, el panorama para los pobres: alimentos caros y salarios bajos• Necesarios proyectos locales para las familias•

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Las presiones económicas –los incrementos desmedidos de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas–, la amenaza de desatención

absoluta a los huertos y la competencia desleal que imponen empresas gigantes del norte de la República, son los motores que están conducien-do a los citricultores de Álamo, Veracruz, a orga-nizarse en una cooperativa y de paso ven como algo necesario poner en alto el nombre su mu-nicipio, “pues la mejor naranja de México y el mundo se da aquí”.

Esteban Argüelles, miembro de El Barzón, co-menta que unos 700 productores de naranja, so-bre todo, pero también de toronja y mandarina, con un promedio cada uno de unas tres a cinco hectáreas, tramitan ya la creación de una coope-rativa mediante la cual puedan realizar compras consolidadas del fertilizante que –importado de Ucrania— pasó de 7 mil 200 pesos en que se coti-zaba en enero de 2007 a 16 mil o 16 mil 500.

También quieren comprar conjuntamente fun-gicidas –“el que usamos, que se llama Proyectil, se cotizaba al inicio de 2007 en 80 pesos y ahora está en 190—y herbicidas, pues éstos se han elevado sensiblemente, “en más de 200 por ciento”.

Con las compras unidas de insumos lograrán reducir en alrededor de 10 por ciento los costos de producción y prevenir el abandono en que suelen quedar los huertos de cítricos cuando el precio de la fruta resulta inferior a lo que se invirtió.

El barzonista comenta que los productores de Álamo no lo saben generalizadamente, pero “nuestra naranja es la que tiene la mejor relación (calidad de jugo), y eso se puede ver porque aho-rita, cuando de todas las regiones está llegando naranja a las centrales de abasto en volúmenes fuertes (fruta que estaba sin cosechar y con la expectativa frustrada de los productores de que repuntaría en precio), la que más se demanda y aprecia por parte de los compradores es la de nuestro municipio”.

Por eso mismo es que Álamo, con cítricos esta-blecidos sobre 46 mil hectáreas y un padrón de 8 mil 46 productores, enfrenta el señalamiento de que tiene el virus de la tristeza, y su fruta tiene una veda para ingresar a los mercados del norte. “Lo que yo digo es que es una veda política, pues no hay evidencia científica que demuestre que tene-mos el virus, y sí hay interés de las grandes empre-sas asentadas en Tamaulipas, y en Montemorelos, Nuevo León –donde las propiedades son de mil o mil 500 hectáreas– por defender su mercado”.

Argüelles considera que la cooperativa deberá defender la calidad de la naranja de Álamo, eli-minar de una vez por todas el mito de que ésta sufre el virus de la tristeza (enfermedad presente en Centro y Sudamérica que se mueve por medio de un áfido o insecto), y obtener la fama de gran citricultor de alta calidad que hoy no goza y que sí merece, sobre todo si se considera que Martí-nez de la Torre, un municipio muy cercano, sólo tiene 18 mil hectáreas de cítricos, en particular de limón, y sin embargo se le conoce mundialmente por este tipo de fruta. Lourdes Edith Rudiño.

Citricultores unidos para defender su buena fama

Con una cooperativa • barzonista buscan reducir costos de insumos

Lamenta profundamente el fallecimiento de la señora

CONCEPCIÓN JIMÉNEZ GARCÍA

madre del Gerente General de LA JORNADA

Jorge Martínez Jiménez

Y se une a la pena que embarga a toda

la familia Martínez Jiménez


Ivan Polanco

Los granos básicos y las oleaginosas (maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, cebada, avena, soya) son el subsector más importante de

la agricultura mexicana. Contribuyen con 65 por ciento del producto interno bruto agrope-cuario, silvícola y pesquero. El 80 por ciento de la superficie sembrada del país se destina a su producción en 2 mil 500 municipios, es decir en 81 por ciento del total y en todas las entida-des federativas. Del conjunto de 4.2 millones de ejidatarios y comuneros, 70 por ciento siembra alguno de estos cultivos. El subsector aporta la mayoría de los alimentos para la población, así como para la engorda animal y la agroindustria.

El Programa de Apoyos Directos (Pro-campo) beneficia, según datos de 2007, a 2.4 millones de productores de granos con una superficie de 12 millones de hectáreas, de la cual 12.5 por ciento corresponde a zonas in-dígenas, 33.3 a zonas de alta y muy alta mar-ginación y 50 por ciento a propiedades de mujeres, jóvenes y adultos mayores.

El 75 por ciento de los granos y las olea-ginosas se cultiva en régimen de temporal y sólo 25 por ciento bajo riego. Según el padrón de Procampo, 84.7 por ciento de los predios del subsector tiene cinco o menos hectáreas.

Del total de 31 mil 518 ejidos y comunida-

des, únicamente 13.7 por ciento dispone de algún tipo de bodega para almacenar las co-sechas de granos.

La (des) organización económica de los pro-ductores de granos y oleaginosas. La falta de organización económica de los productores de granos básicos con autonomía, independencia y autogestión es una de las causas principales por las que el subsector ha sido sometido a un pro-longado y radical proceso de desmantelamiento, descapitalización y empobrecimiento de 1982 a la fecha. La inclusión de estos cultivos en el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Co-mercio de América del Norte (TLCAN) repre-sentó el golpe más demoledor a los intereses de los campesinos graneros del país.

A diferencia de los países industrializados y otros en vías de desarrollo como China, Cuba, Vietnam, en que los productores de granos básicos se encuentran organizados a escala lo-cal, regional y nacional, en México apenas un 10 por ciento participan en una organización económica autónoma e independiente.

A continuación se presenta un panorama de la situación de (des) organización econó-mica de los productores del subsector.

Organización por ramas de producción CNC-PRI. Formalmente los productores de maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz y cebada del país están integrados a las uniones o confederacio-

nes por rama de producción de la Confedera-ción Nacional Campesina (CNC) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las cuales son organismos políticos, cupulares, de carác-ter gremial, no económicos, no representati-vos, autoritarios, asociados a cacicazgos, subor-dinados a los intereses político-electorales del PRI y generalmente sometidos a las políticas gubernamentales y a los intereses de las gran-des empresas agroprocesadoras de cada rama.

Organizaciones por sistema-producto. Es-tas figuras establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable fueron constituidas desde la Secretaría de Agricultura de manera auto-ritaria, antidemocrática y no representativa. Los consejos nacionales por sistema-producto (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, cebada) están dirigidos ya sea por representantes de la CNC o por los directivos de las empresas procesadoras líderes en el sistema-producto. Son una expre-sión del neocorporativismo panista y su alianza con el viejo corporativismo priísta, al servicio de las corporaciones agroalimentarias y de las políticas gubernamentales anticampesinas.

Organizaciones económicas de producto-res privados. En la mayoría de las regiones agrí-colas desarrolladas del país, los grandes produc-tores de granos se agrupan en organizaciones económicas para la producción, comercializa-ción, financiamiento, asistencia técnica, etcé-tera. Representan a una minoría de producto-res pero con una gran capacidad económica y política. Sin embargo, no han sido capaces, en la mayoría de los casos, de articularse a escala estatal (con excepción de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, CAADES) y mucho menos nacional. Su inci-dencia en los mercados nacionales es limitada e influyen poco en el debate y orientación de las políticas públicas para el sector.

Organizaciones económicas de producto-res del sector social. A partir de la década de los 80s surgieron importantes organizaciones económicas de pequeños y medianos campe-sinos de granos básicos. El propósito princi-pal estaba orientado a controlar los procesos productivos y a luchar por la apropiación de los excedentes económicos. Nacieron organi-zaciones regionales muy importantes en Jalis-co, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, entre otros. A partir de los 90s, y so-bre todo de la puesta en vigor del TLCAN, se desplegó un proceso de organización comer-cial de pequeños y medianos productores de granos con la creación de empresas comercia-lizadoras campesinas autónomas y de integra-doras campesinas independientes. Sobresale el trabajo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros y de organizaciones económicas regionales de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).Director de Políticas Públicas de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC).

CEREALES, OLEAGINOSAS Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICADE LOS PRODUCTORES

MERCARÁN GRANOS BÁSICOS

Leticia López Z. y Luis Chaparro A.

Bajo el lema “Por una modernización del campo con campesinos y campesinas” se constituye en 1995 la Asociación Nacional de Empresas Comercializado-

ras de Productores del Campo, AC (ANEC). En este lema va implícita la demanda de una revalorización de la agri-cultura campesina, amenazada por la política neoliberal que impulsa el gobierno federal desde 1982, y profundizada con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La renuncia del gobierno a la regulación de los merca-dos y la privatización de éstos ha implicado que en el mun-do rural se produzcan cambios radicales en la estructura y funcionamiento de los mercados agroalimentarios, en particular en granos básicos, así como en las condiciones de vida de millones de campesinos y sus familias. Se trata de un proceso que ha mermado las condiciones de vida de los agricultores menos favorecidos y tiende a excluirlos no sólo del mercado sino incluso como productores.

Los incrementos en los precios globales y la migración son pruebas fehacientes de lo erróneo de las predicciones y teorías de los estrategas financieros y defensores del neoliberalismo. Esta situación es el marco ideal para hacer una aportación (in-eludible) acerca de uno de los bastiones en la economía que mantiene la dinámica microeconómica en las localidades y re-giones rurales, no sólo de nuestro país sino del mundo entero,

principalmente en los países pobres. La agricultura campesina y sus organizaciones económicas son los cimientos en donde se soporta la macroeconomía, simplemente por ser los produc-tores de la materias primas de donde parte todo el ciclo econó-mico industrial y macrocomercial, y además son los producto-res, administradores y distribuidores de los alimentos de toda la sociedad; por ello su importancia es capital e indiscutible.

Surge la ANEC. En México, a partir de que el Estado se alejó de la rectoría y tutoría de las actividades económicas en el campo, los campesinos en franca resistencia y por cuenta propia iniciaron su incursión en la apropiación de todos los procesos económicos en los que por fuerza esta-ban profundamente implicados. En este contexto, en 1995 se constituyó legalmente la ANEC, como una iniciativa CAMPESINA, y con una práctica de 13 años está presente y activa no sólo en el terreno organizativo y económico, sino en el político e ideológico.

A partir de iniciativas de autoorganización económica de pequeños y medianos productores de granos básicos, cien-tos de organizaciones campesinas estructuradas en torno a la ANEC toman la decisión de conformar un “nuevo mercado de granos básicos más justo, incluyente, equitativo, eficiente, competitivo y socialmente responsable” construyendo para ello un modelo de Empresa Comercializadora Campesina(ECC) con incidencia desde lo local, zonal, regional, estatal, interestatal y nacional, de tal forma que los actores del mer-cado tiendan a superar el actual desequilibrio de fuerzas.

Estas iniciativas tienen no sólo un carácter económico sino principalmente organizativo, pues para afrontar cues-tiones como la venta y compra en común de sus produc-tos, insumos, equipos y servicios (economías de escala); así como el cumplimiento de responsabilidades tributa-rias, se han sometido a procesos de aprendizaje acelerado y de constitución legal, para obtener resultados de ren-tabilidad y permanencia. Por ello integran objetivos so-ciales, económicos y ambientales, combinando las formas campesinas de organización (participación, asambleísmo, distribución equitativa de responsabilidades y beneficios, interés colectivo, bienestar general, etcétera) con las formas gerenciales empresariales (administración profe-sional gerencial, rentabilidad, productividad, eficiencia, competitividad, racionalidad, delegación de funciones, distribución de beneficios, participación en las operacio-nes, etcétera).

En su inicio, con un objetivo predominantemente co-mercial para apoyar a sus agremiados a realizar una comer-cialización más rentable y justa de sus productos, la ANEC ha avanzado en la apropiación de la cadena productiva desde las fases de producción, comercialización e indus-trialización de granos, así como en la diversificación de las actividades rurales.

Actualmente la ANEC tiene presencia en 19 estados del país con 19 empresas integradoras a nivel regional y con 220 organizaciones económicas de base. Por medio de la red de almacenamiento más grande de todo el país y domi-nando ese proceso desde las ECC, está participando exito-samente en el mercado de maíz, sorgo, frijol, trigo y arroz principalmente, logrando colocar en el mercado hoy casi un millón de toneladas con la participación de cerca de 60 mil productores.

La experiencia de la ANECConstruyendo empresas campesinas•

FOTO

: Ced

icam


Guillermo Correa

Modelo único en el mun-do orientado al rescate de las tierras rentadas del

sector social, la empresa campesi-na Tetabiate cosecha éxitos desde hace cuatro años, cuando surgió en Sonora. Pronto llamó la atención en Sinaloa, Chihuahua, Baja Ca-lifornia y Guanajuato, al grado de que ahora la Secretaría de la Refor-ma Agraria (SRA) se comprometió a impulsarlo en todo el país.

Todo empezó al tomarse en cuen-ta que de las 322 mil 956 hectáreas que tiene el sector social sonorense, 258 mil 365 se encontraban en 2004 en poder de los arrendatarios; el resto se sembraba con el trabajo y apuros de la gente.

Esta situación y la fuerte derra-ma económica que genera la renta de tierra en el norte de la Repúbli-ca, donde más de 80 por ciento de los predios ejidales se arriendan, fue lo que llevó a la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Sonora, que preside Salvador Sán-chez Peñuelas, a impulsar el pro-grama de rescate de tierras lucradas por medio de Tetabiate.

El objetivo es combatir el cán-cer social en que se ha convertido este tipo de renta en todo el país, producto de políticas para el cam-po mal orientadas, baja rentabili-dad agrícola, altos costos de pro-ducción, además de los efectos del monocultivo, el minifundismo, la baja transferencia de tecnología y la gran cartera vencida que tiene a muchos en el buró de crédito.

Se busca lograr una organización campesina que participe en la solu-ción estructural de los problemas, en especial los del sector social. Por ello Tetabiate pretende pasar del reparto agrario a la reforma agraria produc-tiva, y poco a poco lo ha logrado; el

objetivo del modelo es reincorporar a los ejidatarios a la vida productiva y que el bienestar y la gracia que da la tierra sean para sus dueños.

La característica del modelo so-cial cenecista es ser una empresa integradora, propiedad de los eji-datarios, con un consejo de admi-nistración fuerte, constituido por el ejido, la banca (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agri-cultura, FIRA), gobierno, CNC y una empresa comercializadora. La novedosa forma productiva cuenta con una autorrenta: los hijos de eji-datarios rentan la tierra a los padres, quienes al mismo tiempo reciben un salario por trabajar en ella; una economía de escala, administración empresarial y una agricultura por contrato. De ahí que los beneficios tanto directos como adicionales van a parar a la gente que lo necesita y no al que renta la parcela.

Las utilidades de la empresa so-cial sirven para el pago de carteras vencidas, seguro social, vivienda, be-cas y reconversión productiva.

El plan piloto de mil 16 hectá-reas en el ejido El Yaqui, beneficia a más de 350 campesinos. Los pro-blemas que se tuvieron el primer año fueron: la renta que se tenía en algunos predios convenida por más de un ciclo agrícola, la falta de existencia de un esquema de financiamiento, la desconfianza, la incredulidad, la rumorología, la escasez de agua al inicio de la siembra, plagas, enfermedades y el promedio de producción histó-rico por hectárea que había bajado considerablemente.

Resultados positivos. A pesar de todo, el éxito fue total; se logró una utilidad de un millón 955 mil 485 pesos; la generación de seis mil 815 jornales; el pago del impuesto ejidal; rehabilitación de infraestructura; ad-quisición de maquinaria; el pago de

garantías líquidas, y mayor acceso a programas de apoyos, entre los que figuran la rehabilitación de vivien-das y colocación de pisos firmes.

El rescate de tierras se ha tradu-cido en obras y un gran “bombazo social” en servicios médicos para el campesinado, mejoras en sus casas, educación, acceso a programas de apoyos como Alianza para el Campo y mejor distribución de la riqueza.

Esto ha sido objeto de envidias de otras organizaciones de produc-tores, pero sobre todo de mala fe de los que llegan a rentar las tierras.

Pero que las tierras vuelvan a beneficiar a los legítimos dueños, como quiere la CNC, requiere más voluntad política de parte de las autoridades estatales y federales, lograr una coordinación interinsti-tucional y más recursos financieros, así como más garantías líquidas.

Para todo ello se ha estado traba-jando, señaló Sánchez Peñuelas; en el ciclo agrícola 2006-07 se logró la meta de rescatar 12 mil 500 hectá-reas en beneficio de miles de cene-cistas sonorenses. Los cultivos que se establecieron mayoritariamente fueron trigo, cártamo y alfalfa.

Proyecto pecuario. Pero además la CNC en Sonora impulsa, por medio de Tetabiate, un ambicioso proyecto de repoblación del hato ganadero (con la meta de 10 mil vaquillas cargadas y 10 mil vientres de producción), cuyo propósito es reactivar la economía y la actividad pecuaria de las zonas rurales más apartadas de la entidad.

Hoy la actividad pecuaria enfren-ta baja capacidad instalada, cierre de las industrias farmacéuticas y veterinarias, discriminación de la investigación, escasa transferencia de tecnología e imposibilidad de efectuar nuevas inversiones.

Lo más grave es que en el país existe un déficit de 10 millones de cabezas y los productores arrastran una cartera vencida superior a los cuatro mil millones de pesos. En So-nora había un inventario de 900 mil vientres a finales de los 90s, y luego de diez años de sequía y del desalojo de animales improductivos, hoy la cifra es de alrededor de 700 mil.

La estrategia será un detonante económico para las unidades de pro-ducción y ranchos diseminados en el medio rural, que por falta de recur-sos y apoyos mantienen deprimida la actividad, situación que se ha recru-decido en los 15 años recientes.

Sonora

UNA FORMA NOVEDOSA DE CULTIVAR EL EJIDO

Rentadas 80% de las tierras del sector social en el estado•

Zacatecas

BARZONISTASpor la Autosuficiencia


Con un proyecto que nace “de abajo hacia arriba”, por motivación

de la organización campesina –y no como el famoso y fraca-sado plan salinista de Vaquerías que fue por instrucción guber-namental–, productores de Zacatecas quieren dar ejemplo al país de que sí es viable la autosuficiencia en cultivos básicos por medio de la tecnología, de la transferencia del conocimiento a los campesinos y del uso racional del agua y los apoyos públicos.

Enlaces al Campo es una sociedad de producción rural (SPR) perte-neciente a El Barzón, que nació en 1993, y que encabeza hoy la prime-ra estrategia estatal de autosuficiencia en maíz, frijol y trigo.

Su gerente, Manuel Alvarado Pérez, comenta con detalle el caso del maíz, donde el plan implica atender al cien por ciento la demanda de 7 mil 500 toneladas anuales de los diez municipios más vulnerables en su abasto, que hoy se surten en buena parte con grano de Sinaloa y de Jalisco, el cual llega encarecido (pasa de 2 mil 800 pesos a 3 mil 300 por tonelada) debido a las maniobras de traslado y almacenamiento. Y ade-más se producirán otras 2 mil 500 toneladas que constituirán la primera “reserva estratégica” de granos de Zacatecas y del país.

“De las 60 mil toneladas de maíz que requiere al año la población de Zacatecas, el estado no produce ni siquiera 50 por ciento (...) lo que buscamos en principio es atender a los municipios vulnerables, y lo vamos a hacer con una estrategia cuyo eje es la SPR pero cuenta con apoyo de la Secretaría de Agricultura, de Apoyos y Servicios a la Co-mercialización Agropecuaria (Aserca) y de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) e implica la comercialización bajo contrato con Diconsa, que distribuye el maíz en esos municipios”.

Tecnología y empleo. El proyecto busca “ser un ejemplo para decir a México que sí podemos ser autosuficientes en granos y que se repli-que en cada estado de la República”.

El plan toma en cuenta que Zacatecas es gran generador de migran-tes y por eso “queremos crear empleo, aplicar tecnología, usar racio-nalmente el agua y la energía y tener una comercialización segura”. Las 10 mil toneladas se producirán a partir de la cosecha primavera/verano 2009 en el municipio de Fresnillo, en los ejidos El Salto, Nuevo Zaragoza y Carrillo y en la pequeña propiedad Colonia Emancipación. Se utilizarán 2 mil hectáreas de riego, propiedad de unos 400 producto-res, que hoy tienen rendimientos de seis a siete toneladas por hectárea, pero que habrán de subir a 10,“aunque la meta es austera pues algunos predios van a dar hasta 14”.

“Por ahora estamos en etapa de organización, consolidación y de-mostración. Tenemos 50 hectáreas en plan experimental –que permi-ten a los campesinos observar tecnología y resultados— donde hay aná-lisis de suelo y agua y el consecuente manejo adecuado de fertilizantes y riego por goteo, semilla mejorada de maíz blanco y amarillo, obligada sembradora de precisión y aplicación de insecticidas”.

En camino de la producción orgánica. Estos parámetros regirán en las 2 mil hectáreas, pero también los productores tendrán la opción de las compostas –fertilizantes orgánicos— en la medida que sus tierras estén en condición de ello; pues la SPR busca inducir una agricultura cada vez más orgánica debido a que las tierras del estado (y del país) están sumamente agotadas en sus nutrientes por el uso indiscriminado de químicos.

Enlaces al Campo actúa como parafinanciera, tiene un desarrollo importante en producción, financiamiento, comercialización y agre-gación de valor al frijol, y congrega a 600 socios (más otros indirectos, como lo serán los productores que participarán en el plan del maíz).

Manuel Alvarado comenta que los proyectos de autosuficiencia re-quieren como elemento clave la gestión desde la organización; ésta ha permitido concertar para el caso del maíz el que Aserca subsidie los contratos de cobertura de precios en el mercado de Chicago, el que FIRA aplique el Fondo Nacional de Garantías (Fonagra), que Diconsa acepte la compra del maíz, y que los proveedores de insumos colabo-ren con asesoría en el proyecto.

MERCARÁN GRANOS BÁSICOS


Catarina Illsley Granich

Mezcal Sanzekan es la marca comercial de la bebida envasada y co-

mercializada por la SSS Sanzekan Tinemi (Seguimos Estando Juntos, en náhuatl), organización campesi-na guerrerense. Detrás de ella hay años de esfuerzo por colocar en el mercado un mezcal de calidad artesanal elaborado con nuevos es-quemas de sustentabilidad ambien-tal y comercio justo.

La historia de los mezcales, las fuertes bebidas que se obtienen de la destilación de numerosas especies mexicanas de agave, está marca-da por el extraordinario desarrollo del tequila, que ha conquistado los mercados internacionales con una producción anual que superó los 200 millones de litros en 2007. El tequila creció así porque se crearon con-diciones para ello, en particular la homogeneización genética y la pro-ducción agroindustrial, que dan prio-ridad al volumen y la ganancia eco-nómica sobre la calidad, la equidad

y la sustentabilidad. La agavecultura agroindustrial conlleva fuertes costos ambientales: deforestación, pérdida de biodiversidad, fragmentación de ecosistemas, contaminación de sue-los y aguas por uso excesivo de agro-químicos... Y sus beneficios se han concentrado en pocas manos, cada vez más en empresas trasnacionales.

Sin embargo, los tiempos han cam-biado y las perspectivas han incluido a la sociedad y el ambiente. Sería irresponsable repetir la historia del tequila. La oportunidad de mercado para los restantes mezcales parece encontrarse justamente en su diversi-dad y unicidad, así como en los pai-sajes, las culturas y las personas que los sustentan. La crisis ambiental de-manda modelos de producción con mínimo impacto sobre los bosques, los suelos y los mantos acuíferos.

Justo aquí se encuentra el valor del mezcal Sanzekan, que se arries-ga a proponer y a experimentar nue-vos esquemas. Por un lado rescata el conocimiento y la organización de las comunidades campesinas y de-sarrolla un modelo de producción

agroforestal del maguey papalote no sólo con producción orgánica, sino manteniendo su carácter de planta silvestre, garantizando su manejo sustentable sin eliminar las selvas y bosques de los que forma parte, y protegiendo así biodiversidad, sue-los y mantos freáticos, a cambio de una producción limitada.

Por otro lado, se ponen en marcha nuevos mecanismos para mantener la producción artesanal y la cadena completa en manos del sector social, y se reduce la distancia entre el pro-ductor y el consumidor. Con una membresía superior a la veintena de maestros mezcaleros y varios cien-tos de magueyeros, el proyecto de la empresa campesina se basa en el principio de la diferenciación, que es también una forma de garantizar la calidad, de dignificar el trabajo y de promover la conservación y el desa-rrollo del conocimiento tradicional. Cada botella lleva en la etiqueta el nombre del maestro mezcalero y el de la comunidad, el año de cosecha y el número de lote. El añejamiento se realiza en vidrio, como dicta la

tradición guerrerense. Se está cons-truyendo una cava con capacidad para añejar 60 mil litros en vidrio, la primera en México. Se formó un órgano local de autorregulación, la Asociación de Magueyeros y Mezca-leros del Chilapan (Ammchi), con la representación de todos los sectores involucrados en el proceso del mez-cal (magueyeros –particulares y co-munidades–, maestros mezcaleros, envasadores y comercializadores), que certifica y garantiza el origen, la autenticidad y la calidad del maguey y del mezcal con base en los criterios de calidad y sustentabilidad plasma-dos en su reglamento interno.

Comercio equitativo. Mezcal Sanzekan avanza bajo la premisa que reconocer y promover la perma-nencia de los mezcales campesinos, garantizando una distribución equi-tativa de los beneficios a lo largo de la cadena, es una oportunidad para impulsar enfoques más integrados de desarrollo regional, con identi-dad cultural, en las regiones áridas más pobres del país, en donde los

magueyes y los mezcales son de los pocos recursos generadores de in-gresos para las familias campesinas.

Ahora bien, para promover mo-delos como éste, se requiere en primer lugar reconocer que los mezcales artesanales son productos diferentes a las bebidas industriales homogeneizadas y que por tanto requieren de estrategias, legislación y esquemas de mercado diferentes. Tales políticas por ahora no son las impulsadas desde las instancias oficiales, pero poco a poco los pro-ductores y los consumidores, cons-cientes y cada más conocedores del valor de la diversidad mezcalera de México, las iremos empujando. El actual auge de los mezcales campe-sinos en numerosos bares y restau-rantes de la ciudad de México son clara muestra de ello. La experien-cia de la Sanzekan Tinemi tiene mucho que aportar en esa cons-trucción, además de que, por ser producido cien por ciento de agave, su mezcal no causa cruda.Grupo de Estudios Ambientales, AC

Guerrero

MEZCALES CAMPESINOS:LA OPCIÓN DE LA SANZEKAN TINEMI

PARA BEBER


Con una membresía de 30 mil ganaderos de 19 es-tados y una trayectoria de casi seis años, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Le-

che de El Barzón considera que su principal logro como organización es el saber expresar y defender el interés de los pequeños y medianos productores de leche, y eso le da au-toridad moral sobre las viejas estructuras corporativizadas.

Álvaro González Muñoz, presidente del Frente con sede en Pachuca, Hidalgo, señala que la lechería nacional, no obstante ocupar el lugar número 13 en el mundo en volumen de producción, enfrenta una situación adversa: de precios al productor oprimidos por la influencia de la industria procesadora, que actúa como bloque, como mo-nopolio; importaciones crecientes baratas, y competencia desleal de parte de las llamadas “fórmulas lácteas” y quesos y yogures que en realidad no lo son (que están hechos con lactosueros de baja calidad proteínica) pero que se comer-cializan libremente ante la falta de vigilancia de la autori-dad y de normas de calidad obligatorias.

Como resultado, durante los 20 años recientes, el padrón nacional de productores de leche cayó de 400 mil a 150 mil, y las quiebras continúan. En este periodo desaparecieron los precios controlados al consumidor, y se ha afianzado un esquema en que la industria (Nestlé, Danone, Alpura, Sigma, Lala) aplica precios bajos al productor, hoy de 3.80 a 4.50 pesos por litro, similares a los de hace cuatro años, y cobra caro al consumidor, 10.50 pesos el litro en el caso de la leche pasteurizada.

También dentro de esos 20 años se desarrolló la desgrava-ción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) e, igual que ocurrió en maíz, el gobierno liberó a los importadores del pago de aranceles en sobrecupos de importación, a tal grado que “con 170 mil toneladas de le-che en polvo importadas anualmente de 1994 a 2007, el gobierno dejó de cobrar más de cuatro mil millones de dó-lares, dinero que bien pudo servir para apoyar a los produc-tores lecheros nacionales a ser más competitivos”.

Lecheros pequeños. Según el entrevistado, los lecheros que predominan en el país son los de pequeña y mediana escala: “el 90 por ciento tiene menos de 50 vacas”. Por eso preocupa la forma de actuar de la priista Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

“Hace cuatro años el Frente se movilizó y logramos que Liconsa pagara el litro de leche a 3.84 pesos. La CNOG negoció al año siguiente con Liconsa y aceptó 3.22. Por ello, tan sólo en un mes desaparecieron 12 mil producto-res”. El problema es que la CNOG ha sido en ocasiones beneficiaria de cupos de importación de leche en polvo, y perdió la noción de su objetivo: la defensa del interés de los productores.

Por eso “al Frente se le reconoce como voz legítima de los productores”. Y se ha hecho muy visible su presencia: el 26 de enero pasado, previo a la marcha campesina en la Ciudad de México, sus miembros hicieron un corral en el Monumento a la Revolución, y en varias ocasiones, movili-zados frente a las secretarías de Agricultura y Economía, han sacrificado vacas y han regalado leche a las amas de casa.

“Son vacas que ya estaban listas para el sacrificio en el rastro, con siete u ocho años de edad, pero les hemos dado muerte públicamente para que la gente se dé cuenta de que, por los bajos precios que recibimos, muchas veces te-nemos que sacrificar las vacas antes de tiempo. La actividad

no es rentable. Si seguimos en esto es porque no sabemos hacer otra cosa, y hay que trabajar. El maíz para el alimento animal nos costaba en diciembre dos mil 300 pesos la to-nelada, ahora cuesta cuatro mil. Antes el alimento animal representaba 48 por ciento de cada litro de leche, ahora es 60 por ciento”, señala González Muñoz y subraya que en Estados Unidos y Europa la leche al consumidor se vende a 19 pesos el litro. “Ese es el precio que regirá aquí cuando desaparezcan totalmente los productores nacionales”.

Propuesta de reactivación. El Frente hoy está propo-niendo desarrollar una estrategia nacional de fomento a la producción, para enfrentar la carestía global de alimentos.

El plan que promueve es que Liconsa, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, incremente su padrón de proveedores de 10 mil actuales a 80 mil productores leche-ros y que amplíe significativamente sus compras de leche fluida, que hoy son de un millón y medio de litros. Liconsa dice que no está en condiciones de comprar más producto fluido, pues sus instalaciones no son aptas para éste, sino para rehidratar leche en polvo (de importación). El Frente le pide que invierta para readecuar sus instalaciones. La in-tención es garantizar la venta de leche y que el precio de Li-consa influya en los precios que paga la industria priavada.

Asimismo, el Frente pide que Liconsa incremente de seis a 12 millones su padrón de beneficiarios (de población po-bre) que adquiere leche subsidiada a cuatro pesos el litro, y que además de la leche que coloca en este mercado, de 3.2 millones de litros hoy al día, genere la venta de otros ocho millones de litros diarios a un precio más alto, de ocho pesos, para atender a población que no es paupérrima pero que requiere un precio inferior al comercial. Con esto Liconsa podría sostener sus finanzas.

La idea es que Liconsa sea la columna vertebral de esta estrategia y que por su intermediación lleguen todos los apoyos públicos que maneja la Secretaría de Agricultura, y que hoy día son “muy manoseados” y no llegan a quien realmente los necesita.

Frente barzonista de lecheros defiende a pequeños productores


Víctor Suárez Carrera

En la primera entrega de este artículo (La Jornada del Campo no. 10, 10 de junio de 2008) abordamos la reforma

agraria y los modelos de organización pro-ductiva de la agricultura china en el periodo posrevolucionario (1949-2008), así como la política de modernización e industrialización agrícola de 1989 a la fecha. Ahora presentare-mos un mosaico de experiencias y elementos destacados de la agricultura china de hoy, re-cogidos a partir de un viaje reciente del autor por diversas ciudades y localidades rurales de la provincia de Shandong.

Empresas cabeza de dragón. La integra-ción de las cadenas agroalimentarias articu-ladas y dirigidas por megacorporaciones pri-vadas (empresas cabeza de dragón) constituye uno de los pilares fundamentales de la políti-ca de industrialización agrícola de China. He aquí dos ejemplos:

Grupo Delisi. Establecido en 1986, produ-ce y procesa 2 millones de cerdos en la prefec-tura de Zhucheng. Es una de las 10 mayores empresas agroalimentarias de China. En la base se encuentran 3 mil 500 granjas familiares estandarizadas (500 a mil cabezas cada una) que cumplen con los requisitos “verdes y eco-lógicos” y están asociadas a cooperativas cam-pesinas (36). Producen estandarizadamente cerdo de la raza Odelai (Europa-Estados Uni-dos-China), especialmente desarrollada para obtener carne fina, adaptada al gusto chino, con poca grasa y animales de alta inmunidad y alta eficiencia en conversión. El grupo pro-duce todos sus alimentos balanceados a partir de una planta con capacidad de un millón de toneladas de granos y oleaginosas. El cerdo se procesa en una planta ultramoderna con tecnología alemana, con capacidad para cin-co millones de cabezas por año y para produ-cir 450 mil toneladas de productos. Produce carne chilling meat (carne enfriada): desde el sacrificio del animal hasta su venta final, la carne permanece debajo de los cuatro grados. Esto permite aumentar significativamente la calidad nutricional. El grupo posee una red de centros de venta (12 mil) en todo el país, que distribuye 160 diferentes productos de car-ne de cerdo chilling meat. El proceso integral cumple con los estándares internacionales de calidad e inocuidad; el grupo tiene su propio

centro de inspección y certificación; aplica un sistema de rastreabilidad en todo el proce-so y ha obtenido 38 patentes, no sólo del cerdo Odelai, sino de diversos procesos y productos. El grupo tiene como meta para el 2010 “cons-truir 10 mil tiendas en 100 ciudades, 10 mil granjas en 100 cooperativas y una compañía con 10 mil millones de yuanes en activos, y así contribuir a un nuevo campo socialista”.

Compañía de Comercio Exterior de Zhu-cheng. Es una de las 151 empresas cabeza de dragón y es clave en la industrialización agrí-cola china. Es una empresa avícola de clase mundial, altamente integrada, con estándares internacionales de calidad, certificada, con alto valor agregado y orientada a la exporta-ción. La producción de pollo se realiza en una red de granjas familiares estandarizadas (con tres mil a cinco mil pollos cada una) y granjas propias. Se trata de producción bajo contrato. La compañía ofrece servicios en serie para la producción estandarizada a escala: entrega de polluelos, suministro de alimentos balanceados y medicinas, asisten-cia tecnológica, prevención de epidemias y adquisición de los pollos adultos. Su sistema reproducción integrada está compuesta por una capacidad de 100 millones de polluelos, 500 mil toneladas de alimentos balanceados,

150 mil toneladas de carne congelada de po-llo, 50 mil toneladas de productos para expor-tación (principalmente para Japón) y 80 mil toneladas de alimentos procesados y cocidos. Además produce 1.6 millones de toneladas de almidón de maíz y 200 millones de gramos de pigmento de crisantemo, beneficiando a 200 mil productores de dicha flor. Todo el proceso de cría, engorda, procesamiento y distribución de productos avícolas se efectúa bajo un estricto sistema certificado de control de calidad e inocuidad. El proceso de la com-pañía fue como sigue: a) antes de 1983: forma atrasada de crianza; b) 1983-2001: aprendiza-je de las experiencias de países avanzados; y c) logros en términos de inocuidad. Para la compañía, la elevación de los precios de los granos es una gran oportunidad para la pro-ducción de carne de pollo puesto que tiene la mayor eficiencia de conversión (1.9) frente a carne de cerdo y carne de res. Para 2010 la compañía tiene previsto duplicar su actual capacidad de producción.

Intervención gubernamental y reserva de granos. A diferencia de otros subsectores de la agricultura, en materia de granos y oleagi-nosas el gobierno chino mantiene un sistema de intervención en los mercados y el comer-cio exterior por medio de la Administración Central de Granos y de la Empresa Estatal de la Reserva de Granos, dependientes de la Comisión Nacional de Desarrollo y Refor-ma del gobierno central. El objetivo central es garantizar una oferta estable y segura de granos a escala nacional, así como garantizar un ingreso adecuado a los campesinos y pre-cios estables a los consumidores. El sistema incluye compras garantizadas de granos a los campesinos y la conformación y administra-ción de una reserva estrategia alimentaria con el 30 por ciento de las cosechas. El sistema gubernamental de distribución de granos in-cluye un sistema de transporte avanzado con ferrocarril, autotransporte, transporte maríti-mo y fluvial, así como el puerto de Dalian, que es el tercer puerto granelero del mundo.

Organización campesina. No obstante re-presentar la base y fuerza motriz de la moder-nización agrícola china, el campesinado se encuentra con un bajo nivel organizativo eco-nómico y gremial autónomo y representativo a todos los niveles: local, prefectura, provincia y nacional. Frente a la estrategia de privilegiar a las empresas cabeza de dragón, pareciera

que el papel asignado a los campesinos en la política de industrialización agrícola es ser la cola de dragón. En este sentido, el gobierno chino reconoce los problemas de la relación entre trabajo y capital y los beneficios desigua-les en la política de industrialización agríco-la. Las revueltas campesinas e innumerables protestas obligaron al gobierno central y al Congreso chino a expedir apenas en 2007 una ley de cooperativas campesinas, mediante la cual se promueve la organización cooperati-va y se reconoce personalidad jurídica a estas agrupaciones. Para el doctor Zhang Xioshan, director del Instituto de Desarrollo Rural de la Academia China de Ciencias Sociales, “la cuestión del campesinado tiene que ver con transformaciones profundas, con los derechos democráticos de los campesinos. Los campe-sinos chinos son numerosos pero su fuerza es débil. Elevar el grado de organización cam-pesina es una opción. Las organizaciones del campesinado están en un primer paso. En el mediano plazo deberán estar organizados como en la Unión Europea. Los logros y los éxitos de la reforma de China son resultado del esfuerzo de los campesinos y obreros; y por tanto ellos deben ser los beneficiarios”.

A manera de pregunta final ante los impre-sionantes logros del sistema agroalimentario chino de las últimas dos décadas: ¿moderni-dad capitalista o socialismo con característi-cas chinas?Director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, AC

Las comunas mexicanas según los agrónomos socialistasLa única solución racional (al proble-ma agrícola) es la creación de unidades en donde se puedan aplicar métodos modernos de explotación de la tierra y organización del trabajo; (...) unidades cuyo esbozo es el siguiente: (...) Las re-giones económico-agrícolas que cuenten con un elevado porcentaje de ejidatarios (...) serán declaradas como Sistema Eji-dal (...) Dentro de estos sistemas la pro-piedad de la tierra será exclusivamente ejidal y las industrias de transformación agrícola que existan (...) serán adquiridas por los ejidos por medio del Banco Na-cional de Crédito Ejidal (BNCE).

Dentro de estos sistemas se implantará la explotación colectiva del ejido, y por lo tanto será necesario suprimir el Patri-monio Familiar Ejidal, contrario a los principios de explotación racional de la tierra. La organización de estos sistemas estará a cargo del BNCE y facilitarán la obra educacional, de salubridad, de caminos, de dotación de agua a los pue-blos, etc., etc., por constituir una unidad económico social.

Ignacio Malo Álvarez, “Sistemas ejidales”, en Ponencias que presenta la Liga de Agrónomos Socialistas ante el Congreso de Unifi cación Proletaria. México 1936.

China

UNA MIRADA A LA AGRICULTURA DE HOY (Segunda parte y última)

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Montaña Sagrada Taishan, provincia de Shangdong.

Campo de cultivo alrededor de la granja porcícola estandarizada del Grupo Delisi.

no. 11 empresas grandes de productores pequeños

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