Domingo 15 de mayo de 2011

INFORMACIÓN POR SUSCRIPCIÓN

PEDRO GUADIANA GARCÍA

Acceso libre Información que nunca, o de manera parcial y limitada, vemos en TV

http://pedroguadiana.blogspot.com

Acceso libre

http://www.slideshare.net/pedroguadiana

De la revista Proceso, misma fecha

1. A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena política. Jorge

Carrasco Araizaga 2. Argentina, nuevo dominio de “El Chapo”. Jesusa Cervantes 3. Juárez: Cómo se vive en la muerte... Judith Torrea 4. Se multiplican las autodefensas ciudadanas. José Gil Olmos 5. En Cherán, a punto de gritar “a las armas”. Francisco Castellanos y

José Gil Olmos 6. ...Y el EZLN, a la expectativa. Isaín Mandujano 7. La escasez que se aproxima. 8. La debacle. Alejandro Gutiérrez 9. Alfredo Rivera Flores y la “Sosa Nostra”. Ernesto Villanueva 10. Eric Burdon: el blues de la clase obrera. Rafael Vargas 11. El negocito de “Billy”. Rosalía Vergara 12. Golpe de Gracia. Rosalía Vergara 13. El hoyo azul. Raúl Ochoa

1. A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena política

Jorge Carrasco Araizaga Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno: • Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la Ley Electoral en 2009. • Él y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos. • Quiso para él todos los lauros de la victoria; tendrá todo el acíbar de la derrota. • El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia. • En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno. • Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes. • “No queremos ser gobernados por delincuentes ni tener expresidentes en la cárcel, pero...” Con intención o sin ella, Javier Sicilia colocó al presidente Calderón –en el mitin con el que culminó la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad en el Zócalo de la Ciudad de México– en una situación límite: despedir o no al hombre al que, se ha visto, no puede tocar. Con su inesperada exigencia, el poeta y periodista pareció sacrificar mediáticamente el contenido del pacto que su movimiento propone, en aras de un golpe a las fibras íntimas del mandatario. Por Calderón y para Calderón, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública ha sobrevivido a reiterados fracasos, escándalos por malos manejos de dinero, señalamientos de sus presuntos vínculos con el narco y al naufragio de su dependencia en la corrupción. A Felipe Calderón lo aguarda un proceso judicial para cuando abandone la Presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral. A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución política durante el proceso electoral del año pasado. La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM. Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”. Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”. Incluso la declaratoria de guerra que Calderón le hizo al narcotráfico, comenta, fue una expresión coloquial que no tiene implicaciones jurídicas. “Pero lo que no podrá hacerse es que todo lo ocurrido quede sin investigarse y sin dictamen oficial, independientemente de que sea la verdad histórica”. Por ello, Valadés propone que desde el Congreso se cree “una gran comisión nacional de investigación de la violencia”.

Esta instancia, dice, realizaría el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió, que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por los delitos que pudiera haber cometido”. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Valadés señala que “la democracia a medio construir” de México impide la censura y consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En el “sistema semidemocrático” que prevalece en México la responsabilidad política no se puede traducir en sanciones, dice en entrevista con Proceso, efectuada en medio de la discusión pública desatada a raíz de la demanda de que renuncie García Luna, planteada por el poeta Javier Sicilia al final de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad. Doctor en derecho constitucional cuyas investigaciones abordan temas como el control del poder, el también exdirector del IIJ advierte sobre la falta de mecanismos para procesar ese tipo de exigencias. “Esto denota la insuficiencia de nuestro sistema constitucional en materia de consolidación democrática, porque si bien tenemos libertades públicas, como se expresó el domingo (8 de mayo), cuando todos los ciudadanos que lo desearon pudieron participar (en la marcha) en los términos más libres posibles, no tenemos el complemento de las libertades públicas, que son las responsabilidades políticas”, apunta. Inmunidad temporal

La Constitución establece con claridad las responsabilidades jurídicas de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. El TEPJF refrendó este precepto el 25 de agosto pasado al emitir su fallo en el juicio promovido por el PRI en contra de Calderón por hacer propaganda ilegal en el proceso electoral de 2010. La resolución fue adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a propuesta de su presidenta, María del Carmen Alanís, quien en 2006, debido a su cercanía con Margarita Zavala, fue una de las impulsoras de la candidatura presidencial de Calderón. Los magistrados determinaron que el titular del Ejecutivo federal violó el artículo 41 constitucional, “que se refiere nada menos que al ejercicio de la soberanía popular”, apunta el constitucionalista, quien desde febrero de 2007 es miembro de El Colegio Nacional. Explica que aunque el título IV de la Constitución, que alude a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, no establece responsabilidades específicas para el presidente, el TEPJF determinó que Calderón “sí puede ser sujeto a un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral”, a pesar de lo establecido en el artículo 108 de la Constitución. De acuerdo con ese precepto, durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. “Sin embargo –sentenció el tribunal– ello no descarta la posibilidad de que a la conclusión del mandato pueda ser juzgado de manera ordinaria por cualquier otro delito cometido durante el

periodo de su gestión, puesto que la inmunidad de la que goza sólo se hace efectiva durante el tiempo que funge como presidente de la República.” En su dictamen, los magistrados electorales advirtieron: “La inmunidad constitucional establecida a favor del presidente de la República no tiene alcances de eximirlo de responsabilidad por una violación a normas constitucionales y legales en materia electoral”. Asimismo, el tribunal determinó que Calderón violó la Constitución “al difundir propaganda gubernamental” los días 15 y 30 de junio y 1 de julio, en vísperas de las elecciones del 4 de julio de 2010. Entre otras, Calderón hizo alarde de sus acciones en materia de seguridad. Los magistrados le imputaron al mandatario “la violación directa” al segundo párrafo del apartado C, base III, del artículo 41 de la Constitución. Según esa disposición, durante el tiempo que duren las campañas electorales federales y estatales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, salvo que se trate de una emergencia. Con su conducta, plantea Valadés, Calderón violó el artículo 87 constitucional “que contiene el juramento que hizo el 1 de diciembre de 2006 de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y que termina: „y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande‟”. Afina su argumentación: El artículo 51 de la Carta Magna dice que para efectos de representación de la nación está la Cámara de Diputados. Así es que en función de ambos artículos, ésta “debía presentar una denuncia a la brevedad ante la PGR en contra del ciudadano Felipe Calderón para que la averiguación proceda cuando deje de ser presidente de la República”. Considera que esa acción debe ser emprendida de inmediato por la actual legislatura. Dejarlo para la siguiente “parecería un acto de venganza política y no debe ser entendido así, sino como observación de una obligación, la que tienen los representantes de defender los intereses de la nación”. Además, “actuarían apoyados en una resolución que tiene fuerza de ley”, como lo es la sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. Respecto de una eventual sanción contra Calderón, dice que le es aplicable el artículo 407, fracción III, del Código Penal Federal, que establece de 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años al servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, como es el aparato propagandístico gubernamental. La prescripción del delito, equivalente al término medio de la pena, se empezaría a contar a partir de que haya una denuncia contra Calderón. “Por eso considero que la actual legislatura debe poner en conocimiento del Ministerio Público lo que ya resolvió el Tribunal Electoral”, indica el jurista. Reincidencia Una conducta similar a la de Calderón le atribuyó el propio Tribunal Electoral al expresidente Vicente Fox. En su dictamen del 8 de septiembre de 2006, en el que declaró presidente a Calderón, el TEPJF matizó su imputación al decir que si bien Fox “puso en grave riesgo la elección” al operar en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, su interferencia no se podía medir electoralmente. Miembro de institutos y academias de derecho en América Latina y Europa, Valadés habla de las implicaciones de la violación cometida por Calderón: “Hubo impunidad para el presidente en 2006. En 2009, el presidente reiteró los hechos, y si de nueva cuenta hay impunidad, entonces quiere decir que muy bien podrá reiterar los hechos en

2012. Es decir, si ya violó la Constitución en 2009 y no hay nada ni nadie que se lo impida, podemos presumir y temer que puede hacer lo mismo en 2012.” Admite que una denuncia de la Cámara de Diputados generaría tensión en el país, “pero si el año que entra hubiera otra vez violación de la Constitución por parte del presidente, la tensión también sería inevitable. De manera que estamos lamentablemente condenados a vivir un periodo de tensión política mientras no resolvamos la estructura de nuestro sistema constitucional, por lo que se refiere al régimen de gobierno”. Y añade: “No queremos ser gobernados por delincuentes y tener expresidentes en la cárcel; pero para evitarlo tenemos que mandarles a los presidentes mensajes firmes, claros, precisos y basados en derecho para que se abstengan de violar la ley y cumplan con la obligación a la que se comprometieron cuando tomaron posesión conforme al artículo 87 de la Constitución”. –¿Es un asunto de equilibrios? –No, es un asunto de control del poder. Explica: “El gobierno no está controlado ni por lo que respecta a sus actos ni a sus omisiones”. Y cita el caso del obsequio de entre 13 mil y 17 mil millones de pesos –mediante deducciones impositivas– al sistema educativo privado decretado este año por Calderón, y apoyado a su vez en un decreto de 1977 del entonces presidente José López Portillo. La medida, dice Valadés, se tomó en un momento de restricciones presupuestales en que la educación pública presenta muchas carencias. “No tenemos formas de fincar responsabilidades. Esto quiere decir que nuestros controles son los que están fallando”, en particular el del Legislativo. “No puede ser que el Congreso establezca los impuestos y que el presidente decida quiénes no los pagan”, expone. Autor, entre otros, de textos acerca del sistema representativo, asegura que esa ausencia de controles demuestra que el Estado mexicano es “altamente deficitario”. En el caso del gobierno de Calderón, dice, este hecho se expresa en su actuación ante el problema de la inseguridad. Valadés considera que no obstante estar apoyada en el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional, la solicitud de renuncia de García Luna “carece de instrumentos constitucionales para procesarla”. En cambio, en un sistema democrático consolidado, esa demanda tendría un gran respaldo al permitir la censura de los integrantes del gabinete, formulada fundamentalmente por los congresos o los parlamentos. “Si ese fuera el caso, el secretario García Luna habría dejado hace tiempo de formar parte del gabinete presidencial. Pero en las democracias a medio construir, como la mexicana, en la que todavía padecemos los efectos de un presidencialismo autoritario, altamente concentrador del poder, lo que planteen la sociedad y el Congreso, así sea de manera mayoritaria, puede ser ignorado por el presidente de la República. Es un signo más de la caduquez de nuestro sistema presidencial”, lamenta. Anacronismo Aunque en México no se establece la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, “lo que no podemos entender es que la irresponsabilidad del jefe de Estado trascienda y beneficie a todos los que colaboran con él”.

Y apunta: “En México no se equivocan el presidente ni el secretario de Seguridad Pública o el de Gobernación ni ningún otro secretario de Estado, aunque todos los mexicanos estemos enterados y seamos conscientes de los múltiples errores en que incurren. “Los fracasos de los secretarios de Estado son palmarios y los estamos pagando todos. Tenemos una pluralidad de secretarios fallidos que fracasaron hace mucho tiempo y que demuestran que el problema va más allá del narcotráfico. El eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.” Modificado el sistema en el que el titular del Ejecutivo concentraba el poder, ahora “el presidente ocupa el vértice de poder, pero sin los instrumentos del mismo. En esas circunstancias, ni hace ni deja hacer. “Ser jefe de Estado en México –puntualiza– es ser el protagonista de un sistema que ya falleció y del que sólo nos queda la representación fantasmagórica de una autoridad que carece de instrumentos para alcanzar resultados objetivos.” Y si, además, “llevado por ese falso principio de autoridad de que sus decisiones son perfectas y por lo tanto irrevocables, como en el tema de la seguridad, entonces puede sostener a quien se le ocurre y antoje”, dice en relación con el apoyo de Calderón a García Luna. En una entrevista con Julio Scherer García, publicada en el libro Historias de muerte y corrupción, escrito por el fundador de Proceso y cuyo adelanto apareció en la edición 1790 del semanario, el general retirado del Ejército Luis Garfias Magaña insistió en que Calderón debió haber procedido a la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional para actuar contra el narcotráfico. Valadés coincide: “Los actos de gobierno habrían sido controlados por el Congreso y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tendría el apoyo de todos los partidos. Se habría construido una política de Estado. Pero el presidente quiso tener todos los lauros de la victoria; pero también va a recibir todo el acíbar de la derrota”. A la violencia exacerbada, detalla, se suma la lenidad en la PGR; es decir, el incumplimiento de su deber de investigar los delitos, sobre todo de aquellos emblemáticos, como los que se relacionan con el caso de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; el de las fosas clandestinas en estados norteños, o el de la situación de los inmigrantes centroamericanos, quienes son asesinados y sometidos a toda clase de vejaciones en su paso por México hacia Estados Unidos. “Esto habla de que el país está viviendo una dilución institucional como no conocíamos desde el siglo XIX. Y, o tenemos una respuesta rápida, constructiva, de una reforma institucional muy profunda en el tiempo más breve posible, o bien lo que estamos viviendo hoy nos lleve a situaciones peores, y muy bien podría ocurrir que en 2015 digamos: „qué bien estábamos en 2011‟”, sentencia.

2. Argentina, nuevo dominio de “El Chapo”

Jesusa Cervantes Los principales cárteles mexicanos de la droga –el de Sinaloa, el de Tijuana y Los Zetas– lograron expandirse hasta Argentina, donde operan a sus anchas mediante complicidades sui generis. En revelaciones exclusivas a Proceso como parte de una investigación que realiza en ese país, el especialista Edgardo Buscaglia explica que esas organizaciones delictivas se han valido de las iglesias a fin de penetrar en las comunidades pobres con el propósito de obtener la aceptación que requieren para actuar con total libertad. Para ello, dichos cárteles, en especial el de Sinaloa, que lidera El Chapo Guzmán, cuentan con la complicidad de las autoridades de esa nación sudamericana que, a diferencia de las colombianas o chilenas, no hacen nada para frenar “la invasión mexicana”. El cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, amplió su campo de operaciones hacia las provincias más pobres del norte de Argentina, donde ha establecido centros de producción, acopio y distribución de drogas. Arropada por algunas iglesias de la región, esta organización ha logrado mantenerse a salvo de operativos policiacos y desde hace tres o cuatro años se ha vinculado con las comunidades locales, que le brindan la protección que requiere. El modus operandi gracias al cual el cártel de Sinaloa ha podido desplazarse y trabajar en ese país tiene como uno de sus ejes a la Iglesia, sostiene el especialista e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México Edgardo Buscaglia. Entrevistado desde México mientras viaja por Argentina, a donde acudió junto con su equipo de trabajo para efectuar un sondeo de campo sobre las andanzas de los cárteles mexicanos, el especialista revela a Proceso sus hallazgos y la manera en que los barones de la droga se infiltran en las comunidades más pobres de ese país, pues aclara que, además del cártel de Sinaloa, el de Tijuana y Los Zetas lograron extenderse hacia esa nación. Y lo hacen, puntualiza Buscaglia, mediante el trabajo social que impulsan las iglesias, en especial las evangélicas. Argentina, el segundo país más grande de Latinoamérica fue elegido por El Chapo para “diversificar sus posiciones” y “minimizar riesgos”. Pero si bien las provincias elegidas por el narcotraficante mexicano –Chaco, Formosa, Misiones– no son las más remotas, sí son las más pobres. Se encuentran en la zona norte en regiones selváticas o boscosas con un clima tropical y templado, aunque en verano las temperaturas llegan a 50 grados centígrados. Su ubicación es estratégica, pues colindan, por un lado, con Paraguay y, por el otro, con Uruguay. Según el equipo de Buscaglia, El Chapo instaló centros de producción de droga en esas localidades, con la complicidad de algunas iglesias. El especialista detalla: “En los últimos años Argentina se ha transformado en un centro de producción de drogas sintéticas y esa zona (donde opera El Chapo) está compuesta por Formosa, Chaco y Misiones, que están en el norte del país. “Ahí se ha establecido una base patrimonial y productiva del cártel de Sinaloa y del cártel de Tijuana en combinación, ¡aunque parezca mentira! Pero también hay atisbos de presencia de Los Zetas en la parte central del país, en Córdoba y Santa Fe.”

–¿Desde cuándo tiene usted conocimiento de que el cártel de Sinaloa comenzó a operar en Argentina? –Hace tres o cuatro años. Los colombianos ya tenían participación en ese país desde los años noventa, pero los cárteles mexicanos comenzaron a expandirse visiblemente a partir de 2007 y se han ubicado en la zona norte, que son los centros productivos. Su manejo patrimonial y de inversiones está muy focalizado en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe. El posicionamiento

Hasta donde se sabe, el cártel del Chapo llegó a la provincia del Chaco en 2007. Su emisaria fue María Alejandra López Madrid, quien tenía como objetivo poner en funcionamiento la “Iglesia Evangélica del Nuevo Milenio”, según reveló a medios de aquel país Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina. Al cabo de dos años no había ninguna información de lo que hizo en ese templo enclavado en una de las zonas más pobres del país. No fue sino hasta agosto de 2009 cuando se suscitó un conflicto entre los habitantes del lugar y un mexicano que aseguró ser pastor y reclamaba la iglesia. Intervinieron las autoridades y el supuesto pastor se identificó con el nombre de Jerónimo López Valdez; reiteró que iba para hacerse cargo del templo. La policía argentina verificó los datos y comprobó que nadie con ese nombre había ingresado al país y que en México no había registrado pastor alguno con ese nombre. Lo que sí encontraron fue una fotografía con el nombre de Víctor Hugo López Valdez, una persona con antecedentes penales y que en México era buscado por narcotráfico. El mismo Claudio Izaguirre dio a conocer que la mujer que dos años antes había fundado el templo fue detenida por las autoridades de Paraguay el 2 de mayo de 2009 “por actividades ilícitas”. El 28 de agosto de 2009, Radio Fénix La Rioja, de la provincia La Rioja, cercana al Chaco, difundió: “El tenebroso cártel mexicano de Sinaloa pretendería instalarse en Chaco mediante la fachada de iglesias evangélicas… se estima que los individuos tratarían de enviar efedrina al exterior mediante vuelos ilegales”. La radiodifusora reprodujo una declaración del integrante de la Asociación Antidrogas, Claudio Izaguirre: “Hay fuertes sospechas de que el norte argentino sería usado para enviar ilegalmente al exterior, por avionetas, importantes cargamentos de efedrina… pueden transportar hasta 600 kilogramos. Salen de Argentina, arriban al suelo mexicano y hacen escalas en Perú, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala”. En mayo de 2010, el periodista mexicano especializado en temas de narcotráfico José Reveles indagó el caso del Chaco y lo documentó en su libro El cártel incómodo. El 18 de mayo de 2010, la prensa argentina divulgó la versión de que elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) estarían en la localidad de Resistencia, perteneciente a la provincia del Chaco, para indagar la presencia del Chapo Guzmán y el uso de iglesias evangélicas como fachada para encubrir sus actividades. En su libro Reveles menciona el templo evangélico que El Chapo le construyó a su madre, Consuelo Loera de Guzmán, en la comunidad de La Tuna, en Sinaloa. El templo se convirtió en poco tiempo en el centro de convenciones y ceremoniales al que acuden fieles 200 kilómetros a la redonda y que provienen de Durango, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima y Nayarit. Si bien la presencia del cártel de Sinaloa en algunas provincias de Argentina se detectó hasta 2009, según los funcionarios antidrogas de ese país ya operaba desde 2007.

Sin embargo, de acuerdo con un reporte que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó en octubre de 2010 a los diputados de la LXI Legislatura, fue a inicios de 2003 cuando los cárteles mexicanos redimensionaron su rol para fortalecer su participación e influencia en países de Centro y Sudamérica. Intensificaron su presencia en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Centroamérica para la producción de cocaína, y a partir de 2007 se trasladaron a Argentina para la fabricación de efedrina, precursora de drogas sintéticas. Fachadas

Para algunos especialistas la estrecha relación entre iglesias de diferentes denominaciones y grupos criminales tiene como uno de sus fines el lavado de dinero. Marcelo E. Decoud, director regional para América Latina y el Caribe de la International Compliance Association, con sede en Londres –institución que imparte capacitación en materia de criminalidad financiera y combate el lavado de capitales–, sostiene que las organizaciones criminales utilizan iglesias con representación en varios países de Latinoamérica para el lavado de dinero. De acuerdo con este especialista, las agrupaciones religiosas acuden a un banco para depositar fuertes sumas en efectivo que dicen haber recibido de sus fieles; luego el dinero es transferido a otro banco y finalmente a otro, fuera de su país de origen, principalmente en instituciones ubicadas en paraísos fiscales. Aunque Buscaglia no descarta que se utilicen las estructuras religiosas para lavar dinero, considera que las organizaciones criminales las usan para granjearse el favor de la gente, y de esta manera garantizar su propia seguridad. Explica: “La situación de penetración es con fines típicos que todo grupo criminal tiene para poder protegerse socialmente en determinadas áreas. A veces lo hacen a través de la Iglesia católica y en otras ocasiones utilizan a las asociaciones evangélicas, protestantes. En Centroamérica se valen de las bautistas y evangélicas”. Detalla que los grupos criminales promueven su protección social mediante la construcción de iglesias y de infraestructura religiosa, y asimismo por medio del financiamiento de actos religiosos. En ese sentido, sostiene, las iglesias no buscan lavarles dinero a los grupos criminales. Protegerse socialmente y obtener legitimidad social, ese es el modus operandi de los grupos criminales. Destaca que la delincuencia organizada “tiene que ser vista cercana a los valores religiosos de las poblaciones en donde los grupos mafiosos buscan protección… Éstos pretenden que con sus actos el pueblo les dé su beneplácito”. El investigador enfatiza que esa relación “es un factor de penetración muy importante para que los grupos criminales cuenten con protección social. Ésta es tan importante como la protección política. No puede entender hoy cómo El Chapo se protege si no se entiende el ángulo social de esa cobertura que tiene una faceta religiosa. “Las construcciones, las actividades que la familia realiza en los templos, ese tipo de cosas implican realmente un lavado patrimonial que no es de gran envergadura, pero que adquiere relevancia para explicar los niveles de protección social de los que gozan los cárteles en México y en otros países.” Mediante su trabajo, el experto se ha percatado de que los cárteles establecen centros productivos en lugares donde pueden realizar sus actividades de manera abierta y notoria. “Para ello necesitan dos cosas: la protección política por parte de los gobernadores de estas provincias y la protección social, que implica que la población no los denuncie, no los expulse. ¡No todo se logra con

amenazas ni con asesinatos! Por lo tanto, sí han penetrado las iglesias, no solamente las evangélicas sino también la católica en estas regiones”, puntualiza. Diversificación

Mediante sus pesquisas Buscaglia pudo constatar cómo tres iglesias evangélicas –además de la del Nuevo Milenio– han sido penetradas patrimonialmente por el cártel de Sinaloa. Aunque revela la zona donde se ubican, solicita que no se mencione el sitio exacto donde se encuentran, por razones de seguridad. “Son tres iglesias evangélicas… En poblaciones en donde no estaban acostumbrados a este tipo de presencia hoy se observan amplias presencias productivas y patrimoniales de cárteles mexicanos en esa región, que el gobierno argentino no está combatiendo. El gobierno está permitiendo activamente la presencia de esos grupos y eso significa que también existen indicios de penetración política.” Agrega que el siguiente paso es la penetración patrimonial en el sector privado, sobre todo en las empresas farmacéuticas. Incluso recuerda que en Argentina ya se han presentado en fechas recientes varios homicidios de empresarios de este ramo. –¿La razón por la que los cárteles mexicanos se están trasladando a Argentina se debe a la persecución del gobierno, a que buscan lugares más seguros o países más facilitadores? –La expansión de los cárteles mexicanos a 52 países muestra sin lugar a dudas mayor fortaleza patrimonial. México ha sido su base de corrupción, de poderío político que les ha permitido expandirse a otros países. Ellos, cuando incrementan su riqueza tratan de diversificar sus posiciones para minimizar riesgos. “No eligen cualquier país; por ejemplo, no se van a Chile o a Colombia a establecer sus bases productivas; acuden a lugares donde hay más impunidad, como Argentina. En este momento –explica– ese país tiene índices muy altos de impunidad en donde causas ligadas a grupos criminales prescriben, no se les tipifica como delincuencia organizada; amplios sectores políticos están siendo penetrados por grupos criminales y por eso la presencia del cártel de Sinaloa en Argentina no es casual. Ellos buscan paraísos patrimoniales, como México y Argentina.” Buscaglia destaca el trabajo de Paraguay y de Brasil para frenar la presencia de cárteles de la droga. “Ahí no hay surgimiento como hongos de bases productivas; sí se observan en Argentina, donde la impunidad es mayor y, por lo tanto, la vinculación con iglesias responde a intereses productivos, patrimoniales y políticos de los grupos criminales”, Buscaglia advierte a las iglesias que deben ser muy cuidadosas para no dejarse capturar mediante la treta de la obra social proveniente del narco: “Porque si bien uno argumenta que las iglesias no están activamente buscando ese canal de lavado patrimonial, también es cierto que muchos actores de las iglesias y de la Iglesia católica se hacen de la vista gorda. Fingen que no se percatan de esa búsqueda de legitimidad social por parte de las mafias mexicanas. La Iglesia tiene que ser mucho más activa en impedirlo, pero es algo que no se observa en Latinoamérica ni en México”. Y añade: “Las iglesias son bastante cómodas y aceptadoras de la infiltración delincuencial y eso hace que desde el punto de vista pasivo también sean sujetas a acusaciones de corrupción. Aunque se trata de corrupción pasiva, es corrupción al fin”.

3. Juárez: Cómo se vive en la muerte... Judith Torrea

Juárez en la sombra es el resultado de haber vivido en la ciudad más violenta del mundo los últimos 14 años y de observar y narrar sus tragedias cotidianas. Con crónicas incluidas en este volumen, la periodista-bloguera española Judith Torrea Oiz mereció los premios Ortega y Gasset de Periodismo Digital 2010 y el BOB-Reporteros Sin Fronteras 2011. Con autorización de la editorial Aguilar y de la autora publicamos un fragmento de este libro de reciente aparición. “El Buitre”

Los 70 casquillos en la arena. Y él, acercándose con su camisa planchada, impecable, de color blanco. Los pantalones son de mezclilla. Ve dos cadáveres, la mirada de unos niños que sonríen como si fueran inmunes al dolor. Y no sabe qué le aterra más: si el presente o el futuro. De pronto, descubre otros dos. Más uno: son cinco los nuevos. Los convertidos en muertitos. Como en una película. Real. Se fija en los cuerpos tirados en las calles sin pavimentar de Ciudad Juárez. La puerta del Nissan 2001 está abierta, como si hubieran intentado huir y al hacerlo se abrazaron en la muerte: uno encima de otro. Una mujer sale de la casa de enfrente con una cobija para cubrir a los jóvenes. Llegan los gritos de las madres, las novias, los novios y él preferiría huir. Le gustan más los muertos que ya no pueden susurrar ni lo que casi nunca se sabrá con precisión en Ciudad Juárez: quién los mató y por qué. Por el cerro suben riadas de personas que se distribuyen en el triángulo mortífero de las calles. Lo hacen para salir de la agonía de la duda: ver si les tocó o no a sus hijos. Ya cayó la noche. Del vehículo los rafaguean, es un Pontiac que surgió con un atardecer mágico de feroces rojos y que ya se ha esfumado. Primero dispararon a un chavo. Luego dieron la vuelta, comenzaron a perseguir al carro de los dos jóvenes y al de las chicas, de 15 años. A una de ellas le habían asesinado un hermano hacía unos meses. Él se acerca con cautela, va de un escenario del crimen al otro, recorriéndolo en unos tres minutos a pie. Y se fija quién está más tranquilo de todos los familiares de las víctimas. A veces, en unos 45 minutos, las madres que han entrado en crisis comienzan a asumir lo que ha pasado. Ésta es la clave para su trabajo: saber cuál es el momento. Se acercará. Y hará lo que está haciendo ahora: “Disculpa que me atreva a hablar contigo ahorita, pero es necesario que te explique lo que tienes que hacer: el día de mañana te tienes que presentar a Averiguaciones Previas, con dos familiares y la papelería. Es necesario que te presentes con una funeraria. Si en algo te puedo servir, aquí tienes mi tarjeta.” Los “buitres” son personas que van en busca de cadáveres: para vender a sus familiares un servicio funerario. Lo antes posible. Y este hombre es un “buitre”. Trabajan en silencio, de incógnito hasta que sienten un tantito de confianza. Pueden ser muy mal recibidos. En ocasiones, un mismo buitre puede trabajar para varias funerarias. Como si fuera un freelance de los entierros. Se llevará una comisión. El servicio más solicitado ahora es el más barato. Cuesta unos 4 mil 500 pesos (unos 372 dólares), de los que le tocarán al “buitre” unos 500 (41 dólares) por

servicio contratado. Otros reciben el salario fijo de la funeraria, unos 2 mil 500 pesos (unos 200 dólares) a la semana. Los mejores son los que llegan antes a la tragedia: la estudian, se acercan con discreción y consiguen que los familiares los atiendan. Cada vez hay más buitres “reciclados” de otras profesiones que se van extinguiendo al mismo tiempo que sus negocios. Entre los nuevos muerteros –porque también les llaman así–hay desempleados de las maquiladoras, de discotecas, cantinas y restaurantes que huyeron con la violencia. Pero ya pocos se atreven a lanzarse hasta las escenas del crimen. Trabajan de otras maneras: vendiendo servicios a los vivos que saben que la vida es un instante genial que puede ser arrebatado. Este buitre es Ángel, el nombre que eligió por seguridad. Porque a ellos también los matan. Su promesa

Un domingo de hace casi un año. Cervezas en la tarde. Entre los ataúdes. Al finalizar la jornada. El Buitre y su amigo, con sus esposas, en la funeraria donde trabajaban. “Si algo llega a pasarme a mí, mándame en este ataúd, el más corriente, y ahí le encargo yo que me vaya y mi familia a Veracruz”, dijo El Buitre. Y él le contestó: “No, licenciado. Si a mí me toca irme antes quiero éste (un ataúd de madera fina y con la Virgen de Guadalupe grabada) y también le encargo la familia”. Dos semanas después el amigo estrenó su ataúd: como otro compañero de la misma compañía de servicios fúnebres pero que había sido asesinado un día antes. Eran las 3:30 de la tarde, lo mataron e incendiaron también la funeraria: con los cadáveres dentro. Sobrevivió, entre las cenizas, un letrero en una de las paredes que dice: “Un digno adiós a quien amor merece”. La compañía fúnebre era de un padre de familia que había huido dos años antes a Estados Unidos, por la violencia. Y tenía tres sucursales. Dos fueron quemadas al segundo de acribillar a los trabajadores, y la tercera la abandonaron los empleados: al día siguiente del segundo asesinato. El Buitre pensó en huir. Como lo hicieron algunos de sus 20 compañeros. Y miles de juarenses: en un paisaje de edificios incendiados por no pagar una cuota de extorsión y casas abandonadas. Imaginó cómo sería regresar a su natal Veracruz, de la que emigró hace una década en busca de trabajo. No tenía dinero para irse pero podía tomar unos pesos que le habían quedado para hacer unos pagos pendientes de la funeraria. En ese instante, su esposa le recordó aquellas cervezas. “Decidí quedarme y empezar a fregar la existencia a ella (dice riéndose, mirando a la viuda de su amigo), y ahorita sí, ha habido momentos en que yo me desespero y quisiera irme, pero me he aguantado y creo que no va a suceder, porque entre más tiempo pasa, más me encariño aquí con Juaritos”. Y mucho. Hace seis años, El Buitre partió por casi un año, con toda su familia, al histórico puerto de Veracruz: una ciudad hermosísima, en la que todavía se puede salir a las calles sin peligro de que te maten. Lo hizo por motivos personales. Cuando terminó el ciclo escolar preguntó a sus hijos si querían volver a Ciudad Juárez o se quedaban. La respuesta fue: “Vamos para Juárez”. Y él escuchó el deseo de su familia un tanto aliviado: “Te voy a decir que en Veracruz ya no me aclimaté. Dicen que si tomas agua de Juárez, acá te quedas”. La viuda del compadre

Nunca había visto un muerto: hasta que le tocó ver a su esposo. Lo había acompañado antes a su trabajo, en la funeraria, pero lo máximo que había querido divisar eran los ataúdes. Lo suyo era la venta de perfumes en un mercado de segundas. Le gustaba transformar el universo polvoriento de su puesto con olores que soñaban a Europa. Cuando fue asesinado, se enfrentó al mundo de su marido. En su propio cadáver: la cara deformada, la sonrisa oculta, los agujeros de las balas. Lo peor vino después. La soledad de la casa, el silencio de su hijo. Quiso caer en una depresión. La familia de El Buitre no la abandonó. Tanto así que al mes se mudaron a una casita contigua. Y contaban con ella para todo, “que si vamos por un muertito en la calle, al Semefo (Servicio Médico Forense), a visitar a la familia de un asesinado”. No querían dejarla sola y la invitaban a compartir sus actividades, que ya no eran divertidas: en los últimos tres años –desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente de México, Felipe Calderón– los domingos habían pasado de ser motivo de carne asada en el parque, a convertirse en jornadas agotadoras. Había demasiada chamba, asesinatos. En una ciudad donde los únicos negocios que nacen son los de la muerte: pequeñas funerarias, arreglos florales, canciones para los difuntos. Ahora es una viuda la que acompaña al compadre de su esposo asesinado a buscar cadáveres: como si el ser testigo directo de la muerte fuera un antídoto ante los porqués de la pérdida. “A veces, lo que una ve es más horrible que lo que tú pasaste. Lo más duro es cuando a una madre le matan a su hijo”. Va con la esposa de El Buitre. A unos pasitos más adelante que ella. Como si fueran guardaespaldas improvisados que intentan esquivar la muerte: a la vez que la persiguen. “Yo ando con él por lo mismo, por la situación que existe ahora, para no dejarlo solo”. Ni en los cadáveres. “Y olvidar”. Apunta la viuda. Buscando “muertitos”

Cada vez veo más a El Buitre. Hay días en que me lo encuentro seis veces, otros 15 o 20, incluso hasta 27. Las muertes golpean con más fuerza a la ciudad. Los muertitos son cada vez más jóvenes, adolescentes, niños. Y la brutalidad de los asesinatos aumenta: masacres, cuerpos torturados y calcinados e incluso han comenzado los coches bomba, las granadas. Y las persecuciones de los policías federales por la ciudad, mientras la gente corre del pánico y sufre crisis nerviosas. A las desapariciones y asesinatos del Ejército se han sumado los de la Policía Federal, que también son acusados de extorsionar a la población y secuestrar, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que continúa igual es que los asesinados no portan, la mayoría de las veces, armas. Lo que hay son más fuerzas de seguridad, son 10 mil agentes: federales y soldados enviados por el presidente de México, Felipe Calderón. Los reporteros y los “buitres” llegamos (muchas veces) antes que ellos al lugar de los hechos. Y uno comienza a cuestionarse muchos porqués. Nuestro trabajo cada vez es más difícil. La mayoría de las agresiones directas que recibimos son de las fuerzas de seguridad. Para no informar. También hay presiones de los cárteles de la droga que tratan de imponer su agenda informativa (incluso con periodistas corruptos) y la posibilidad de morir en una balacera, un granadazo o una bomba en la calle, como cualquier ciudadano. El peligro ahora se ha democratizado: ya no es sólo para las jóvenes, bellas (y eso sí, pobres) que siguen desapareciendo desde hace 18 años y con comisiones ineficaces que surgen para calmar

la presión internacional. Encontrarlas, prevenir y esclarecer los hechos es todavía un imposible: posible. El riesgo está en estar vivo: más de 7 mil 500 personas (asesinadas) en cuatro años fueron testigos. La versión oficial es que el cártel de Sinaloa está disputando la codiciada plaza del paso de las drogas –que llegan desde Colombia para que en Estados Unidos las consuman (en paz) –. Y que el presidente Calderón comenzó su guerra para proteger a la ciudadanía de la violencia generada por el crimen organizado, además para exterminar uno de los mayores negocios del mundo, que ha convertido a políticos y empresarios en millonarios. Las autoridades dicen que la mayoría de los muertos están relacionados con el narcotráfico. Pero yo veo otro mundo. El Buitre también. El mundo de los que se quedan. (...) Tragedia en cada esquina Con El Buitre empiezo a descubrir la Ciudad Juárez que se resiste a morir. La que muere cada día, varias veces, pero resucita con los que se quedan, forjados en este desierto traicionero: de inviernos heladores y veranos que desearías huir. Vamos por la colonia Manuel Valdez, una de las tantas zonas pobres de la ciudad: las casitas en hilera. Observamos las rejas que protegen algunas ventanas. Las calles están pavimentadas, algo no muy común en una ciudad como ésta, donde 60% son de arena, como el desierto. –Aquí, Judith, han pasado muchas desgracias, en esta colonia, todas relacionadas con el narcomenudeo: entra un comando armado y asesinan a dos hermanas en la casa, delante de niños y la mamá de ellas. Al mes, matan al tío en la misma zona. Manejamos unos minutos más, hasta llegar a un retén de los soldados: hay que reducir la velocidad, mejor incluso detener el vehículo, estar muy atentos porque pueden comenzar a dispararte si de pronto piensan que eres sospechoso. –Al señor de esta esquina le matan al hijo por la cuota. Se han cerrado negocios así como no tienes idea... Me da mucha tristeza. Te voy a decir algo: Juárez me ha dado mucho, le tengo un cariño enorme pero también me ha pegado. Me ha pegado en dos personas, por decirlo así, mis compañeros de trabajo que han fallecido... y eso que hay temporadas en las que no hay chamba, en que si comiste carne en un mes, en un mes vas a comer puros frijoles... pues como quiera se pasa. Pero te digo que de tres años para acá, esto ha cambiado. Varias personas están fuera de una casa. Mujeres y muchos niños. También algunos adolescentes. El llanto de una mujer se escucha por toda la calle. Es un llanto continuo, capaz de desgarrar las entrañas de cualquier ser humano: aunque no sepas su nombre ni nunca la hayas conocido. Ni a ella ni a su hijo, y al que está velando en el patio de la casa. Y El Buitre va a cerciorarse en qué estado se encuentra el cadáver. Muy pocos en este oficio hacen esto. Pero siente un apego especial hacia sus muertos... y con sus vivos. Entra a la casa. Saluda y observa quién está más tranquilo de los allí presentes. Va hacia el cuñado, le recuerda que tiene que conseguir una misa a más tardar para la 1:00 de la tarde y así llegar a tiempo al cementerio. La familia es la que debe de hablar con el párroco de la iglesia porque no hacen tratos con ellos. Les recomienda que sepulten al joven al día siguiente y que no esperen una jornada más, por la salud psicológica de la madre. El Buitre se acerca al féretro y se asegura que no haya veladoras a los lados, porque el efecto del calor derretirá aún más un cadáver que espera ser sepultado bajo los más de 40 grados centígrados que azotan hoy a Ciudad Juárez. Su dictamen es que el cuerpo está en buenas condiciones aunque fue herido en el rostro. En ese recinto, el muertero es el único que piensa que todo está en orden.

El Buitre se despide del féretro: lo que queda de un joven que se dedicaba a vender raspados: hielos de sabores con los colores de la vida. “Ahorita, lo que muchas familias (como ésta) enfrentan es costear un servicio funerario. En éste nos damos cuenta al recibir el cuerpo que es un toro...” El servicio costó 2 mil pesos (unos 165 dólares) más. Por obeso. “Murió ahí donde estabas parada.”

4. Se multiplican las autodefensas ciudadanas

José Gil Olmos Ante la incapacidad de las autoridades municipales, y aun de las federales, para aprehender a los delincuentes, controlar los asaltos y los plagios que se han elevado en los últimos dos años, comuneros, productores y empresarios de los municipios de Ocuituco, Ocoxaltepec y Tetela del Volcán, todos ellos de Morelos, decidieron formar grupos ciudadanos de autodefensa. Ellos dicen que sólo siguen el ejemplo de comunidades de Guerrero, Chihuahua y Michoacán, que desde hace tiempo tienen sus propios cuerpos de seguridad. Y aclaran: “no somos policías”, así que con el narco “no nos metemos”. TETELA DEL VOLCÁN, MOR.- Desde lo alto del cerro del Calabazo se avistan los pueblos morelenses y poblanos empotrados en las faldas del Popocatépetl. Desde ahí, un vigía domina todo el entorno, al tiempo que escucha su aparato de radio de baja frecuencia que le sirve para comunicarse con sus compañeros, sobre todo cuando algún maleante merodea por la zona. “Si los delincuentes se organizan, nosotros también lo hacemos”, dice el vigía, quien se identifica con el código Zorro. En su puesto de observación ondea una bandera que simboliza la unidad nacional y el sentido patriótico de la organización. Zorro suelta una advertencia: “Ahora saben que la perra también es brava y no nos vamos a rajar”. Junto con otros lugareños, empresarios y productores de durazno y aguacate, él forma parte del grupo ciudadano de autodefensa Relámpago, que desde septiembre del año pasado opera en los altos de Morelos. Los pobladores se organizaron para adquirir la tecnología necesaria a fin de instalar su centro de operaciones, que incluye una antena de radio instalada en el pico del cerro para tener una mejor recepción. Gracias a esa infraestructura, la organización tiene una cobertura que va más allá del estado. Al igual que en Morelos, donde la delincuencia se eleva cada día ante la incapacidad de las autoridades, en otras poblaciones como Cherán, en Michoacán; en las regiones de la Costa y de la Montaña, en Guerrero, y en LeBarón, Chihuahua, también existen grupos de autodefensa como Relámpago. La Policía Comunitaria guerrerense es quizá la experiencia más antigua. Surgió a finales de 1995, meses después de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, para defender a la población de la represión militar y para protegerla de las bandas delincuenciales de la zona.

Hoy, ese cuerpo está conformado por 700 elementos y su ámbito de influencia abarca 70 comunidades en nueve municipios. Su sistema de impartición de justicia es singular, pues se basa en la reeducación. Así, quien delinque es obligado a pagar su falta con trabajo comunitario. “La Policía Comunitaria es una institución de los pueblos creada como una forma de justicia que no se cobra, cimentada en un nuevo derecho, distinto al impuesto por el Estado, vigila la seguridad en los caminos y vela por la impartición de justicia, derecho arrebatado al pueblo”, comenta Asunción Ponce Ramos, presidente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), encargada de supervisar a esta agrupación. En el caso de la comunidad mormona de Chihuahua, donde Benjamín LeBarón y su cuñado Luis Widmar Stubss fueron asesinados el 7 julio del 2009 por sicarios luego de que denunciaron a un grupo de secuestradores en esa entidad, Julián LeBarón propuso la creación de una policía comunitaria armada en esta zona de Chihuahua. Dice que la autodefensa viene del sentido común y del derecho inalienable que tienen las personas para defenderse: “Si no tienes manera de hacerlo, se acabó toda tu libertad; si sabes que la autoridad no ha defendido a tus vecinos y no tomas el asunto en tus propias manos, entonces estás abdicando de cierta manera tu derecho a la vida. “Esa es una mejor manera de vivir y de morir que aceptar lo que nos humilla y nos denigra como seres humanos. Como decía Emiliano Zapata: „Prefiero morir siendo esclavo de los principios que vivir siendo esclavo de los hombres‟.” Añade: “Creo que todas las leyes o las autoridades que nos dicen que no tenemos derecho a defendernos o que no podemos defendernos están mal, porque esa es una obligación de la autoridad, y si no cumple con eso es una autoridad totalmente falsa que traiciona a la ciudadanía porque no permite que se defienda”. Miembro ahora del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta y colaborador de Proceso Javier Sicilia, Julián LeBarón, productor de algodón, dice que está totalmente convencido de que la violencia no se puede combatir con la violencia. E insiste: “Pero creo en el derecho de todos los seres humanos a defenderse”. Instinto cazador Renuentes a dar sus nombres por temor a represalias –“en octubre pasado atrapamos a varios delincuentes y sus compañeros nos amenazaron de muerte”, dice a Proceso uno de los entrevistados–, los integrantes del grupo Relámpago comentan que no están armados porque, insisten, su única defensa es la unidad y la red de intercomunicación. “No somos policías ni queremos enfrentar a los narcotraficantes. Si hacemos labores de seguridad es porque tuvimos que entrarle; el pueblo nos apoya. En septiembre del año pasado ya no podíamos vivir tranquilos, por lo que decidimos constituirnos en un grupo de autodefensa ciudadana”, dice uno de los lugareños. Incluso muestra su credencial, autorizada por la Dirección General de Enlace Interinstitucional Comité de Colaboración Comunitaria de la Procuraduría estatal, en la que se especifica que los integrantes del grupo no están autorizados a portar armas. Por eso, insiste, “sólo actuamos como autodefensa. Cuando agarramos a un delincuente, lo entregamos a las autoridades para que lo arresten; cuando se trata de armamento, de inmediato informamos a las corporaciones policiacas. Esa es nuestra labor”.

Zorro es un campesino que admite que en un tiempo estuvo en el Ejército. Y aunque aclara que no tiene experiencia en logística militar, cuando explica la estructura del grupo se notan de inmediato sus reminiscencias castrenses. Los integrantes de Relámpago, expone, se dividen en tres secciones, cada una con tres pelotones que reportan sus actividades a un comandante; también cuentan con escuadras que le dan una verticalidad a toda la estructura. En total son 200 elementos cuyo tiempo de reacción es de tres a cinco minutos. Todos portan radios o celulares y su cobertura incluye a los pueblos colindantes con Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. “No hemos recibido instrucción militar de nadie –dice Zorro–; es nuestro propio instinto cazador el que nos ha ayudado. Aquí todos somos campeadores, conocemos perfectamente el monte, la montaña, las veredas, todos los caminos. Eso nos ha ayudado mucho. “Cuando hay un evento, en menos de tres minutos más de 200 elementos reciben la comunicación. Saben cómo liberar la frecuencia, pues todos manejan las claves. Nadie pregunta, sólo actúa. En el caso de un secuestro, cerramos de inmediato el pueblo. La gente tiene claves y consignas, órdenes precisas para cerrar las calles. La señal puede ser un toque de campana, un cohete”, explica. Las instituciones, rebasadas Al igual que los habitantes de este municipio morelense, sus vecinos de Ocuituco y Ocoxaltepec decidieron organizar sus grupos de autodefensa. Dicen que están cansados de las “deficiencias de los gobiernos municipal y estatal”, incapaces de “detener la violencia, los secuestros, asaltos y robos”. Durante los últimos dos años, los levantones, extorsiones y robo de autos se dispararon; los asaltos y plagios en carreteras y en las viviendas han afectado lo mismo a los campesinos que a los empresarios locales de esta próspera región de los altos de Morelos por su producción de aguacate y de durazno californiano de exportación. Los primeros en organizarse fueron los de Ocuituco, señala Heberto Escobar, quien trabaja como ayudante municipal. Relata que el 15 de octubre de 2009 la población acordó poner un alto a los secuestros y el robo de autos que, dice, “nos traían asoleados”. “Todos los hombres mayores de 18 años nos organizamos en grupos; somos como 3 mil. Vigilamos las cuatro entradas y salidas del pueblo, sacamos nuestras armas de campo, escopetas, pistolas, machetes... Hasta que los del gobierno y el Ejército llegaron y nos dijeron que no podíamos hacer eso. Entonces nos dieron algunos radios e instalaron módulos. “Desde esa fecha hemos participado en la vigilancia con grupos de cinco personas en el día y ocho en la noche. Lo hacemos sin armas; sólo llevamos radios, que nosotros mismos compramos”, explica el ayudante municipal. Escobar asegura que los habitantes de Ocoxaltepec siguieron el ejemplo de sus vecinos de Ocuituco y comenzaron a organizar sus grupos de vigilancia de día y de noche. Luego lo hicieron los de Tetela del Volcán. La diputada local del PRI Liliana Ibarra Campos, originaria de Ocuituco, narra a Proceso: “Yo lo dije en la tribuna del Congreso: la desesperación de la gente era mucha y ya no estaba dispuesta a arriesgar su vida. Ante el vacío que dejaban las autoridades del gobierno del estado y del municipio, el pueblo de Jumiltepec comenzó a organizarse y a armarse. Pusieron retenes, lo que

es ilegal, pero lo hicieron para defenderse, como en Cherán, Michoacán, y otras comunidades del país”. Por fortuna, agrega, el alcalde de Jumiltepec reaccionó y envió a unos policías para reforzar la vigilancia. Sólo así los pobladores dejaron las armas; únicamente se quedaron con machetes y palos. Incluso se construyó un módulo para que organizaran sus guardias de vigilancia. En 2010, la ola de violencia se elevó en las comunidades de Jumiltepec, Ocoxaltepec y Huecahuaxco, del municipio de Ocuituco y en Tetela del Volcán. En dos años, en este municipio se registraron 50 secuestros. Eso fue lo que movió a los habitantes a organizarse. “Agarraban pobres, ricos; de todo. Los niños ya no podían salir a jugar, los jóvenes tampoco. Había psicosis”, dice uno de los integrantes de Relámpago. Al principio sólo participaban los de más confianza porque, aclara, ellos ya tenían identificados a los asaltantes y secuestradores que vivían en la misma comunidad. Zorro comenta: “Empezamos con 30 personas equipadas con radio de escasa frecuencia porque nos los prestaba la presidencia municipal. Ahora somos 200 y contamos con equipo propio y de mayor alcance, incluidos celulares. –¿Las instituciones han sido rebasadas? –Estamos conscientes de esta situación. La seguridad a nivel nacional está por los suelos. Definitivamente no sé cómo analizarla pero la maldad se ha desbordado. Los límites

Los grupos ciudadanos de autodefensa del poblado de Jumiltepec, perteneciente al municipio de Ocuituco, y los de Tetela del Volcán, aseguran que ellos no se meten con los narcos. Heberto Escobar, de Jumiltepec, expone: “Nosotros revisamos los autos… que no lleven a gente secuestrada o cosas que se hayan robado del pueblo. Pero si vemos que llevan droga o armas, no nos metemos… Los dejamos pasar”. Cuando se le pregunta a Zorro sobre el mismo asunto, el comunero responde: “Sabemos que existen (los narcos) pero no nos metemos con ellos. Nuestro problema es la seguridad; nosotros no haremos nada (contra ellos) porque no somos policías. Que quede bien claro: no somos policías: somos un grupo de autodefensa; somos un grupo de reacción inmediata y queremos mantenernos independientes del gobierno”. Dice que el propósito del grupo Relámpago es fortalecerse e interactuar con organizaciones ciudadanas de otros poblados, como Ocoxaltepec, Jumiltepec y Zacualpan. “Hemos invitado a más comunidades. Ya nos reunimos con la gente de allá y están totalmente de acuerdo. Vamos a ver a todos los pueblos circunvecinos para que se unan a la causa, para que nos apoyen a limpiar completamente la región. Ojalá el movimiento se extienda por todo el país.”

5. En Cherán, a punto de gritar “a las armas”

Francisco Castellanos y José Gil Olmos CHERÁN, MICH.- El pueblo parece un campo de batalla: 350 barricadas, fogatas, montones de piedras y de leña, costales de arena y autos hacen las veces de trincheras que los habitantes utilizan para defenderse de talamontes apoyados por bandas armadas del crimen organizado. Desde hace más de un mes se mantiene en este lugar un estado de sitio autoimpuesto. Los pobladores vigilan día y noche las entradas y salidas del poblado. Cada día que pasa la situación se torna más crítica en la zona purépecha de Michoacán. Además del bloqueo que mantienen los habitantes de este pueblo, los accesos a toda la zona también fueron cerrados el jueves 12 por los talamontes, apoyados por bandas de la delincuencia organizada. Este doble bloqueo afecta a toda la Meseta Purépecha, integrada por ocho poblaciones en donde fueron arrasadas 12 mil hectáreas de bosque, informó una comisión de Cherán. Un comunero comenta: “Las escuelas seguirán cerradas y los negocios también. Mucha gente que trabaja en otros lados, incluso en Morelia, no puede salir. La policía municipal se alejó del pueblo pero nadie confía en ellos porque protegen a los talamontes. El lunes 9, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, nos dijo que llegarían policías federales y el Ejército, pero no hay nada”. Durante casi un mes, los habitantes de la región estuvieron abandonados a su suerte. Fue hasta el jueves 19 cuando llegaron integrantes de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), formadas por policías municipales, estatales y federales y soldados. Les pidieron terrenos para instalarse y que formaran un grupo para coordinar las labores de vigilancia. Los comuneros aseguran que las BOM no están operando y se mantienen en sus puestos sin hacer nada. “Nosotros cumplimos de inmediato. Les avisamos que ya estaban los terrenos y la coordinación del pueblo, pero la situación sigue tensa porque siguen talando el bosque y están armados”, dice un campesino que pidió el anonimato debido a las amenazas de muerte que han recibido desde que el pasado 15 de abril formaron el grupo de autodefensa ciudadana y se impusieron un estado de sitio en Cherán. Ese día la población purépecha decidió reaccionar ante los taladores de madera que, dicen, están protegidos por el crimen organizado, presumiblemente por integrantes de La Familia que aún siguen operando en la región. Según algunos comuneros de Cherán este grupo de narcotraficantes tiene sometidos a decenas de hombres, a quienes obligan a trabajar en la tala de árboles y sólo les pagan 150 pesos por día. Un representante de los comuneros comenta que precisamente el 15 de abril varios pobladores detuvieron 10 camiones cargados de madera y se enfrentaron con los hombres armados que viajaban en ellos: “Trataron de rescatarlos y se armó la balacera. Hirieron a Eugenio Sánchez Rendón, quien se encuentra hospitalizado. Se llevaron a tres compañeros y se fugaron protegidos por patrullas de la policía municipal que trabaja para el crimen organizado.”

Dos días después de este enfrentamiento cerraron todos los accesos al pueblo. Sin embargo, las barricadas no pudieron detener a los hombres armados, que el 27 de abril se llevaron a dos comuneros, Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada, quienes aparecieron torturados y ejecutados días más tarde. No más violencia

“Ya estamos cansados de tanto abuso y Cherán está al borde del estallido social. No sólo esta comuna, sino toda la Meseta Purépecha, se encuentra en estado de alerta. Sólo esperamos una señal para levantarnos en armas contra el crimen organizado, que ya nos tiene hasta la madre”, dice a los reporteros un comunero con el rostro cubierto. Comenta que, de 2008 a la fecha, han sido asesinados nueve pobladores y cinco más están desaparecidos por haber defendido los bosques y enfrentar a los talamontes que tienen guardias con hombres armados. “La lucha no es entre las comunidades como quieren hacer creer, sino contra las bandas organizadas y el gobierno. Ya nos cansamos de explotación, chantaje, secuestros, levantones, homicidios, extorsiones, y de vivir y morir con miedo. Ahora nos vamos a enfrentar a los malos, sean mañosos o del gobierno. Sólo estamos esperando un tiempo prudente, y si no hay respuestas, pues a las armas”, dice a los reporteros un indígena purépecha. Los habitantes de Cherán aseguran que durante tres años los talamontes han saqueado sus bosques en perjuicio de toda la población, que asciende a unas 18 mil personas. “Saque cuentas: 180 mil pesos diarios, casi 35 millones al mes, durante tres años. Una fortuna, ¿no? Los talamontes están protegidos por un sujeto conocido como El Güero, que sembraba mariguana en estos sitios sin que nadie le dijera nada. Ahora se dedican a cortar madera y han pelado 13 mil hectáreas”, acota otro indígena. Entre las piedras que sirven de retén, los pobladores de Cherán levantaron una bandera mexicana. Las mujeres hacen tortillas, cocinan frijoles, arroz, corundas y tamales. Varios niños portan carteles en los que se lee: “Felipe Calderón, como michoacano, protege nuestros bosques, no más saqueos”; “No más muertos en la Meseta Purépecha”; “Tenemos sed de justicia y seguridad”, y “Señor gobernador queremos pronta solución y efectiva, no más promesas”. Los hombres llevan azadones, hachas, machetes, palos con punta, bates, guadañas, hondas, piedras, navajas y cuchillos. Si hay una señal de alerta lanzan un cohete o tocan las campanas de la iglesia. Una mujer del pueblo grita a los reporteros: “¡Ayúdennos! ¡Queremos vivir en paz! Ya los malos acabaron con nuestros bosques, los quemaron; quemaron yerbas medicinales, pinos, animalitos de los cerros. Nos tienen asustados. Llegaron con sus armas a las escuelas y amagaron a los niños y maestros y los sacaron, por eso no hay clases. Nos tienen amenazados. Por eso se levantó el pueblo, porque no queremos que regresen los malos. Queremos que intervenga el Ejército o la Marina, que estén de manera permanente. Pero vean: ¿Cuál policía ven? ¡Ni uno! Nada de nada!”. En la noche, los vigilantes prenden fogatas y sus rescoldos aún se ven cuando los reporteros hacen su recorrido al amanecer. En el barrio El Calvario todavía se advierten las huellas del enfrentamiento del 15 de abril: camiones quemados, casas, postes y ventanas baleadas. De camino a los montes, los comuneros muestran a los reporteros la “casita de campo” del alcalde priista de Cherán, Roberto Bautista Chapina, donde cada ocho días hace grandes fiestas. Los indígenas aseguran que él es gente del Güero.

La situación es grave, dicen los encargados de prensa y difusión de los movimientos: no hay alimentos ni clases y los niños tienen miedo de ir a la escuela y que los saquen a balazos. La señal de teléfono se va constantemente. Un encapuchado dice a los medios que las escuelas no abrirán hasta que no haya seguridad para profesores y alumnos, hasta que lleguen el Ejército y la Policía Federal. Integrantes del Comité de Lucha comentan que para subsistir están recibiendo víveres de organizaciones sociales, comunidades indígenas y de la sociedad civil, los cuales son almacenados en el centro de acopio habilitado en el curato de la parroquia del pueblo. El abogado de la comunidad, David Peña, advierte: “Estamos ante una situación excepcional; es la primera vez que una comunidad indígena decide aislarse y autoimponerse un estado de sitio real para hacer frente a la delincuencia organizada”. Y lanza un llamado: “Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que actuar de manera inmediata y efectiva para evitar que este hecho se convierta en una tragedia…”

6. ...Y el EZLN, a la expectativa Isaín Mandujano

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El sábado 7 a mediodía, en el marco de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad convocada por el escritor Javier Sicilia y que se realizó en decenas de ciudades del país y aun del extranjero, reapareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Ante 25 mil indígenas que llegaron desde los cinco caracoles zapatistas, el comandante David expresó: “Hoy estamos aquí miles de hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para decir nuestra pequeña palabra. Hoy estamos aquí porque personas de corazón noble y dignidad firme nos han convocado a manifestarnos para parar la guerra que ha llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México”. El indígena tzotzil habló en perfecto castellano: “Nos hemos sentido llamados por el clamor de justicia de madres y padres de niños y niñas que han sido asesinados por bala y por la altanería y torpeza de los malos gobiernos. Porque nos sentimos llamados por la digna rabia de las madres y padres de los jóvenes asesinados por bandas criminales y por el cinismo gubernamental…” Durante más de un lustro no se supo nada del grupo, desde que sus huestes se replegaron en las comunidades zapatistas de la Selva Lacandona. Llegó a especularse incluso que el subcomandante Marcos había sido relevado del cargo; que había sido ejecutado; que estaba fuera del país. Sin embargo, el 25 de enero pasado, el líder político-militar reapareció para expresar sus condolencias por la muerte del obispo emérito Samuel Ruiz García. Y pronto volvió a reposicionarse en los medios. Semanas después envió una carta al escritor Luis Villoro y otra más en la que convocó a la bases de apoyo del EZLN para que salieran de la Selva Lacandona y de Las Cañadas y se concentraran en San Cristóbal de Las Casas para solidarizarse con el movimiento encabezado por Javier Sicilia. Los zapatistas marcharon hasta la Plaza de la Paz, también llamada de la Resistencia, frente a la Catedral. Ahí se concentraron los indígenas provenientes de los cinco caracoles. Vestidos con sus coloridos trajes típicos manifestaron en sus lenguas originarias la consigna: “Estamos hasta la madre por la guerra de Calderón”.

Con su convocatoria, la dirigencia del EZLN se proponía movilizar por lo menos a 5 mil indígenas por cada uno de los cinco caracoles zapatistas y lo cumplió. Había de todo: veteranos que participaron en el levantamiento armado de 1994, adolescentes que vivieron ese episodio cuando eran pequeños, niños que nacieron años después. En su alocución, el comandante David dijo también que la guerra de Calderón afecta por igual a todos los sectores, aun a los inocentes: “Los malos gobiernos, todos, el federal, los estatales y municipales, han convertido las calles en zonas de guerra sin que quienes las caminan y trabajan estuvieran de acuerdo y vieran la forma de resguardarse”. Y agregó: “Los malos gobiernos han convertido en zonas de guerra las escuelas y universidades públicas y privadas, y los niños y los jóvenes no entran a clases sino a emboscadas de uno y otro bando y que los lugares de reunión y diversión son ahora objetivos militares”. Vigor zapatista

Es la primera vez que las comunidades zapatistas se desbordan. No lo hicieron el 20 de mayo de 1992, cuando 5 mil zapatistas se juntaron para decir si declaraban la guerra al gobierno federal; tampoco el 12 de octubre de 1992, durante la marcha alusiva a los 500 años de resistencia indígena, en la que participaron 10 mil indígenas; menos aún en las movilizaciones posteriores al levantamiento armado de 1994. Pero el sábado 17 todo cambió. Gustavo Esteva, asesor del EZLN durante los diálogos de San Andrés, se mostró impresionado por la movilización indígena: “Es la movilización más grande en toda la historia del EZLN. Vinieron 5 mil personas por cada uno de los cinco caracoles. Estamos hablando de unas 25 mil personas. Esta movilización es también la más importante presencia indígena de la historia de la San Cristóbal de Las Casas”, asegura Esteva, autor de innumerables libros sobre movimientos sociales. Para él, esa movilización es una muestra de que a pesar de la agresión permanente y del aislamiento mediático, el EZLN está vivo; una segunda lectura, dice, es la importancia que el grupo le está dando a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. E insiste: el EZLN está manifestando que “en México se vive realmente un momento muy grave; un momento de peligro. Por eso, el salir de la selva tuvo un gran significado. Hace dos semanas, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, comandante de la VII Región Militar, anunció una movilización de tropas en la frontera sur para combatir al crimen organizado. Dijo que uno de los batallones se instaló en Rancho Nuevo, mientras que otro se desplazaría al municipio de Chicomuselo. Cada uno con 600 soldados. Y aun cuando las tropas han disminuido de manera notoria con respecto a la década de los noventa, cuando había 40 mil soldados en territorio chiapaneco –hoy no rebasan los 14 mil–, Esteva considera que, con las maniobras recientes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende controlar la frontera con Guatemala y, por ende el territorio del EZLN, que sigue vigente en su lucha. El exasesor asegura que la mitad de los habitantes de las comunidades indígenas tienen menos de 20 años; crecieron en la resistencia. Ellos son los nuevos hombres y mujeres del zapatismo. Son los mismos que acudieron al llamado del EZLN el sábado 7; es una muestra de que el grupo “puso todo lo que es y ha hecho al servicio de una movilización nacional que no organizó”. Con esta movilización, insiste, el movimiento zapatista no se renueva; se renueva el movimiento de la sociedad civil nacional. Y es precisamente en este contexto que resurge el EZLN para exponer

de nueva cuenta que ellos no quieren ser guías ni asumir el liderazgo, sino simplemente decir que en esta ocasión salieron para ratificar que quieren ser acompañantes de la sociedad civil. Gaspar Morquecho Escamilla, quien también estuvo la tarde del sábado 7 en la plaza, considera que en toda la historia del movimiento social y campesino ninguna organización había movilizado tantas personas con sus propios recursos como lo hicieron los zapatistas ese histórico día. Fue también, dice, que el EZLN sale para sumarse a otro movimiento que no es el suyo. Según él, los comandantes Tacho y David, el orador principal, son quienes juegan un papel político; incluso aventura que la ausencia del subcomandante Marcos y del teniente coronel Moisés, a quienes se identifica como parte de los mandos militares se debe a que el EZLN “sigue apuntando hacia la paz, no hacia la guerra”. Morquecho asegura que aun cuando muchos historiadores e investigadores hablaban con desdén del EZLN –muchos de los libros y publicaciones referentes al zapatismo dejaron de publicarse desde mediados de la década pasada, dice–, la irrupción de las comunidades zapatistas, los desmienten. Gustavo Castro, de la organización civil Otros Mundos, cuya sede está en esa ciudad colonial, afirma que, aun cuando él nunca considera que el EZLN se hubiera apagado, le sorprendió gratamente la capacidad de convocatoria del movimiento convocado por el colaborador de Proceso Javier Sicilia. Para él lo importante es definir qué sigue: si el EZLN espera a que se defina el rumbo del movimiento convocado por Sicilia o sigue con su propia lucha. Morquecho sostiene que el EZLN debe definir su papel rumbo al 2012, pues el proyecto que apunta por ahora con mucha fuerza hacia la Presidencia de la República es el de Carlos Salinas de Gortari, con Enrique Peña Nieto como punta de lanza: “No olvidemos que el EZLN le debe una factura a Salinas de Gortari, pues le desmoronó el falso argumento de un México de primer mundo con el TLC y si éste se empodera en el 2012 el escenario no podría ser bueno para el grupo armado”, dice. Castro, por su parte, argumenta que en 2006 la postura del EZLN fue criticada porque no ayudó en mucho a la izquierda electorera que veía esa forma de alcanzar el poder, pero con las críticas y acciones de la Otra Campaña, encabezada por el subcomandante Marcos, mermaron el poder del lopezobradorismo. Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo en Chiapas el jueves 5, dos días antes del desbordamiento de las comunidades zapatistas, declaró que el papel que jugó el EZLN en 2006 fue un error y comentó que espera que eso no vuelva a repetirse en 2012; aunque admitió que él respetará “la decisión que ellos tomen”. Ojalá vean hacia delante, comentó el tabasqueño.

7. La escasez que se aproxima

Afectada por el cambio climático y los incesantes aumentos en los precios de las materias primas, la producción de alimentos y la consecuente protección a los sectores agropecuarios es un asunto que ha prendido los focos rojos en muchos países. Las sequías extremas, producidas por el sobrecalentamiento, causan incendios que arrasan cosechas enteras. En otras partes, heladas intensas destruyen cientos de miles de hectáreas de cultivos.

Un ejemplo del primer caso está en Rusia, que el año pasado padeció una ola de calor sin precedente y que dio origen a una grave sequía y a cientos de incendios forestales que acabaron con la cuarta parte de sus cultivos de cereales. En agosto pasado, el gobierno ruso se vio obligado a decretar una suspensión de las exportaciones de trigo, centeno, cebada, maíz y las de harina de trigo y de centeno, que durará hasta septiembre de este año. Ahora Rusia, uno de los principales graneros del mundo, importa cereales de Estados Unidos, lo que no había hecho en los últimos 10 años. Ejemplo del segundo caso lo dan Sinaloa, Chihuahua y Durango. Las severas heladas que empezaron a finales del año pasado obligaron al gobierno federal a decretar la emergencia en unos 80 municipios de esos estados. Las heladas acabaron con campos enteros. En Sinaloa hubo pérdidas totales o parciales en 90% de sus 715 mil hectáreas de cultivos de granos, hortalizas y frutas, especialmente las de exportación. Así lo reportó el gobierno de la entidad. Y si a los efectos del cambio climático se suman factores como los altos y volátiles precios de las materias primas, el aumento extraordinario de la demanda alimentaria en China e India, el alza del precio del petróleo, el uso de cosechas para la producción de biocombustibles, la especulación en los mercados mundiales y los elevados subsidios a los agricultores de los países desarrollados, lo que está a la vista es una próxima y grave escasez de alimentos. De esta crisis alimentaria han alertado recientemente la ONU –por conducto de su oficina para la Alimentación y la Agricultura–, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el G-8 –que recientemente acordó destinar 20 mil millones de dólares para incentivar la producción de alimentos en los países pobres– y hasta organismos que antes desdeñaban la protección de los sectores agropecuarios, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI). A principios de la década pasada estos organismos sostenían que era inútil que los gobiernos del mundo destinaran recursos a la producción de alimentos básicos, cuando los podían importar más baratos. Lejos de su ortodoxia hoy reconsideran su tesis y afirman que, dado el contexto actual, los países deben tener al menos 75% de autosuficiencia alimentaria, que esa cantidad se debe producir para el abasto interno. Apenas el miércoles 4 estuvo en México el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, el chileno Nicolás Eyzaguirre, quien afirmó que una forma de reducir la dependencia comercial de México respecto de Estados Unidos –una de las mayores vulnerabilidades de la economía mexicana– es volver la mirada a la producción agropecuaria y a la demanda de alimentos en Asia. Eyzaguirre aseguró que México tiene potencial para aumentar la producción de alimentos, satisfacer la demanda interna y aun para exportar. (CA y JCC)

8. La debacle Alejandro Gutiérrez

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero no pudo evitar los efectos de la crisis económica que golpea a España. Su partido, el Socialista Obrero Español, está pagando la factura: según las encuestas, será el gran perdedor en las elecciones municipales y autonómicas de este domingo

22. El Partido Popular –y en especial sus sectores más radicales– esperaba una holgada victoria… Pero, en vísperas de los comicios, un espontáneo movimiento juvenil irrumpió en la escena y gritó su repudio a toda la clase política del país. MADRID.- En España se vive el fin de la era de José Luis Rodríguez Zapatero en un ambiente de creciente crispación política atizada por el ala de ultraderecha del Partido Popular (PP) y un sector limitado de medios de comunicación que le son afines. Así lo considera José Nevado, quien fuera director de Comunicación en varios ministerios durante los años ochenta y exportavoz de la Junta de Andalucía. Añade que estas fuerza políticas responsabilizan al gobierno de la crisis económica y del desempleo en que se encuentran casi 5 millones de personas. Por su parte, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Beltrán, advierte que el desastroso panorama económico permitirá que “regrese al gobierno la derecha más radical de España, la que gravita en el Partido Popular (PP) y en el pensamiento del nacional-catolicismo, y que también hará posible la expansión real de partidos xenófobos cuya presencia hoy puede parecer testimonial, como la Plataforma per Catalunya (PxC)”. Una encuesta que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), dependiente del Ministerio de la Presidencia, difundió el pasado 29 de abril, refleja el malestar ciudadano ante la crisis, que se ha visto exacerbado por la alharaca de los grupos de ultraderecha. Según los datos del sondeo, el desempleo sigue siendo el principal problema para los españoles (82.8% de los consultados), y el pesimismo de la ciudadanía acerca de la situación económica del país alcanzaba a 78.4% de los encuestados. Lo que sucede en la calle no se refleja sin embargo en ninguna encuesta: políticos, sindicatos y medios de comunicación vieron con sorpresa cómo un grupo de jóvenes salió a protestar el domingo 15 (Movimiento 15-M) en las principales calles de 50 ciudades españolas. Son los “indignados” con todos los partidos políticos y los sindicatos porque no se sienten representados, carecen de oportunidades de desarrollo y exigen “un cambio de rumbo y un futuro digno”. Alrededor de 40% de los desempleados en España son jóvenes, muchos de ellos con estudios universitarios. Del otro lado están aquellos que tienen un empleo pero reciben salarios muy bajos. Convocados mediante redes sociales por la plataforma ¡Democracia Real Ya!, y motivados por la Primavera Árabe, muchos de los jóvenes que salieron a las calles una semana antes de las elecciones autonómicas y municipales que se realizan este domingo 22, expresaron que están “sin casa, sin curro (trabajo) y sin miedo”. El manifiesto que leyeron en la multitudinaria concentración en la Plaza del Sol, en el centro de Madrid, el martes 17, dice: “Representamos a parados (desempleados), mileuristas (que sólo ganan mil euros al mes), amas de casa e inmigrantes, a ciudadanos en general”. Se dicen “preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… por la indefensión del ciudadano de a pie”. Consideran que algunos derechos básicos deberían “estar cubiertos en estas sociedades: a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal…”. Es sorprendente la amplia gama de exigencias del Movimiento 15-M, así como su organización y la efectividad de la convocatoria.

Ante la movilización juvenil, el miércoles 18 la Junta Electoral de Madrid prohibió la concentración de ese día por considerar que no existen “causas extraordinarias y graves” que la justifiquen y porque puede “afectar el derecho a votar libremente”. Esta decisión fue desafiada por la presencia masiva de jóvenes de todas las clases sociales. Algunos portaban la máscara que utilizó Gay Fawkes en la película V de Vendetta, antifaz que ha sido adoptado por el colectivo de internautas Anonymouse. Grupos cada vez más numerosos se sumaron a quienes pernoctaron en la Plaza del Sol desde el día anterior y portaban pancartas que decían: “Creemos que la clase política vive lejos de la ciudadanía. Tenemos derecho a indignarnos”; “No nos falta dinero. Nos sobran ladrones”; “Democracia real ya. No estafas”; “Que no nos engañen, que nos digan la verdad”, y “Que no nos representen”, entre otras consignas. Fin de una era El 2 de abril pasado, en un mitin del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Rodríguez Zapatero despejó las dudas luego de semanas de debate sobre su permanencia en la política. Anunció que no contendería por un tercer período de gobierno. Lucía agobiado por la crisis económica y el desempleo, que no ceden a pesar de las antipopulares medidas de choque que adoptó desde el año pasado (Proceso 1726, 1755 y 1769). En ese acto también dijo que el candidato de su partido deberá ser elegido en elecciones primarias. Como respuesta a la exigencia del PP y de los medios del denominado TDT Party para que renunciara anticipadamente, respondió que terminará su periodo de gobierno cuando oficialmente concluye, en marzo de 2012. Antes de este anuncio, las preferencias electorales lo colocaban 15% por debajo de Mariano Rajoy, presidente del PP. Hace siete años, en 2004, con su llegada a La Moncloa, Rodríguez Zapatero aparecía, dentro y fuera de España, como “la nueva esperanza del socialismo en Europa”. José Nevado plantea: “Despertó ese sentimiento esperanzador en el socialismo moderado europeo porque es un hombre muy soñador de izquierda. Ha creído en los derechos civiles pensando en que los temas económicos irían tan bien como en la primera legislatura”. Por este motivo, el presidente se dedicó a impulsar los derechos civiles: legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo; acciones contra la violencia de género, e impulsó la incorporación de la mujer en cargos de responsabilidad y la Ley del Aborto. Aunque estas acciones fueron muy meritorias, apunta Nevado, cuando vino la crisis económica el mandatario no midió el tamaño de la catástrofe, no supo cómo enfrentarla. El acelerado desgaste de Rodríguez Zapatero es un lastre para el PSOE, que se refleja en los sondeos elaborados de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se efectuarán este domingo 22. Los resultados de una encuesta del CIS difundida el jueves 5 prevén un avance importante del PP, que podría alcanzar 50 escaños regionales frente a 32 del PSOE. Además, aquel partido estaría en posición de reelegirse en sus principales feudos: Madrid, Valencia, Murcia y La Rioja; asimismo, tiene amplias posibilidades de arrebatarle Castilla-La Mancha a los socialistas. Un sondeo del CIS realizado el pasado 29 de abril indicaba que, para las elecciones generales de 2012, el PP superaba al PSOE por 10.4% en intención de voto (43.8% contra 33.4%). Zapatero obtenía una nota de 3.41% y un índice de confianza negativo de 80%.

En este conteo se refleja que Rajoy, si bien no es un líder muy valorado, superaba al presidente de gobierno por 3.46%. Antes de que éste anunciara su salida, las encuestas colocaban al PSOE 15% por debajo del PP. Las cifras son sorprendentes si se consideran los casos de corrupción en los que están implicados casi todos los partidos, sobre todo el PP, en el caso Gürtel, considerado el mayor escándalo de corrupción política en España. El periódico El País hizo un recuento y encontró 80 casos de candidatos con acusaciones de corrupción, 50% de los cuales son del PP y 35% del PSOE. Las encuestas no reflejan la intención ciudadana de castigar la corrupción en las elecciones de este domingo 22. Ante tal panorama, Nevado se pregunta: “¿Qué llevó a Zapatero y al PSOE a esta situación?”. Y recurre a una opinión del escritor y exministro de Felipe González, Jorge Semprún, quien señaló que “no comprendía cómo en un país como España, con las tensiones que vive y con una derecha en crecimiento, el presidente iba tomando decisiones solo”. Añade: “Esa imagen es un acierto, porque Rodríguez Zapatero se manejó de modo muy libre, autónomo; no tomaba decisiones colegiadas y hubo decisiones de mucha complejidad que debió tomar de manera colegiada con su equipo de gobierno”. La ultraderecha, firme Esteban Ibarra, integrante del Movimiento contra la Intolerancia, quien ha estudiado durante 20 años a la ultraderecha, advierte que en España hay un movimiento de avance de la ultraderecha política y de creciente presencia en internet de grupúsculos de presión y agitación, como Hazte Oír, derechoavivir.com, profesionalesporlaetica.org, cuya postura es cercana a los postulados de la Iglesia católica en temas como el aborto, las familias y otros. Advierte que España se encamina a la misma situación de Hungría, donde triunfó el partido nacionalista Jobbik; de Italia, donde se impuso la hegemonía de la Liga Norte de Italia, y de Francia, donde está en ascenso la fuerza del Frente Nacional, de Jean Marie Le Pen. Apunta que el avance de la derecha se aprecia asimismo en Suecia, Dinamarca, Austria, Eslovaquia, Letonia, Bulgaria, Finlandia, Grecia y Reino Unido, con “discursos populistas, xenófobos, identatarios y nacionalistas”. “Hacia allá vamos”, sentencia. Ibarra señala que “la crisis económica en Europa explica en parte el resurgimiento de la extrema derecha, aunque no es el único factor porque muchos centran su objetivo de ataque a la inmigración y al Islam”. En España hay 1.5 millones de musulmanes, una cuarta parte de los que hay en Francia. Explica que en España, a diferencia de otros países, existió una extrema derecha de corte franquista que fue rescatada y moldeada por el aznarismo tras el fallido intento de golpe de Estado que en 1981 realizó el 23-F por medio de Alianza Popular, antecedente del PP. “Desde los años ochenta –puntualiza– emergió en España una nueva extrema derecha que tiene otros presupuestos, entre ellos el rechazo a la inmigración, a las minorías étnicas y a la diversidad cultural y religiosa. Levanta la bandera identataria y se configura en distintos lugares con los restos de la antigua extrema derecha, como es el caso de Plataforma per Catalunya (PxC), más influida por la nueva derecha europea, con la que mantienen vínculos.”

Recuerda que en esta elección, salvo el PP de Cataluña, cuya presidenta, Alicia Sánchez Camacho, insiste en asegurar que la inmigración ha traído a España “enfermedades que ya estaban erradicadas”, y el discurso contra el Islam difundido por el PxC, en el resto del país no se ha insistido en posiciones xenófobas “porque en estas elecciones los inmigrantes tienen derecho a votar y son miles”, puntualiza. Asimismo, Ibarra advierte que, por su fácil aplicación, el discurso xenófobo puede influir para que partidos de izquierda, como el ERC y PSC, y de derecha moderada, como CiU, acepten las tesis restrictivas hacia la inmigración. Sin embargo, esta agitación política no es nueva. En 2008 y con cuatro años de gobierno de Rodríguez Zapatero, el viejo político comunista y artífice de la transición española Santiago Carrillo señalaba en su libro La crispación en España que la derecha española no ha cambiado, porque “su núcleo duro sigue pensando que es de origen divino y que „por la gracia de Dios‟ disfruta del derecho de monopolizar el ejercicio del poder político, y que la izquierda, cuando lo ocupa y sale de su hábitat natural, que es la oposición, comete una usurpación. Las derechas no han aceptado todavía el principio de la alternativa del poder”. Tanto Nevado como Ibarra, entrevistados por separado, atribuyen esas posturas al sector más radical del PP, representado por el expresidente José María Aznar y el think thank del PP que preside, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes). En este núcleo también pueden incluirse el eurodiputado Jaime Mayor Oreja y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quienes han emprendido activas campañas en contra del gobierno de Rodríguez Zapatero. Los dos entrevistados coinciden en que el líder del PP, Mariano Rajoy, un personaje más débil que los anteriores, deja que esa corriente haga lo que se le antoje para caldear el ambiente político. No obstante, él ha hecho su propia labor de golpeteo con ataques al gobierno de Rodríguez Zapatero en el Parlamento

9. Alfredo Rivera Flores y la “Sosa Nostra” Ernesto Villanueva

El ejercicio de la libertad de expresión adquiere un valor preferente cuando se trata de personas públicas y de casos de interés colectivo. En ese supuesto, los derechos de la personalidad reducen su esfera de protección. Hay, con todo, una tensión constante en estos derechos fundamentales en conflicto. Alfredo Rivera Flores, un escritor de Hidalgo y hombre de un prestigio sin mella, está a punto de perder su patrimonio –como han perdido ya él y su familia la tranquilidad durante varios años– por revelar datos de interés público del señor Gerardo Sosa Castelán, una persona pública en un caso de interés general. Veamos por qué. Primero. En mayo del 2004, Alfredo Rivera escribió un libro titulado La Sosa Nostra / Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, prologado por Miguel Ángel Granados Chapa y editado por la empresa Miguel Ángel Porrúa. En esa obra Rivera hace un recuento del paso de Sosa Castelán por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con el fin de recordar los errores que se han cometido. Como diría Santayana, el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. La obra, como apuntó Granados Chapa, fue “compuesta mediante los procedimientos propios de la investigación académica: la indagación documental, la revisión bibliográfica, las entrevistas personales”. He leído y releído el libro y no advierto imputaciones injuriosas por sí mismas ni acusaciones sin fuentes, que es lo que generalmente habilita para ser objeto de una demanda judicial. Tres meses

después de la edición del volumen, el 6 de agosto del 2004, el señor Gerardo Sosa Castelán demandó a Alfredo Rivera, a Granados Chapa e incluso a los editores, formadores y diseñadores del texto referido. Gerardo Sosa Castelán los demanda por causarle daño moral en virtud de ligar su actuación en la UAEH al porrismo y al vandalismo. Como medio de reparación, Sosa requirió una indemnización económica y, además, que se retiraran y destruyeran todos los ejemplares del citado libro. Segundo. El daño moral –ya derogado en el DF a partir del 2006– requiere para su configuración de tres elementos básicos: a) que se demuestre el daño que se ocasionó; b) que dicho daño sea consecuencia de un hecho ilícito, y c) que exista vínculo entre la persona que demanda y la que produjo el daño moral. La ausencia de algunos elementos citados impide que se integre el daño moral. Uno de los elementos es la ilicitud de la conducta. Un hecho ilícito es aquella conducta humana culpable, por intención o negligencia, que pugna con un deber jurídico, con una manifestación unilateral de voluntad o con lo acordado por las partes en un convenio. Cabe reiterar que Rivera jamás hace referencia a la vida privada del señor Sosa Castelán, quien es una persona pública por su quehacer laboral (diputado, rector de la UAEH y presidente estatal del PRI), y lo hace en razón y medida de su actuación pública, la que es objeto de escrutinio con el soporte de las fuentes disponibles. El caso de Alfredo Rivera ha inspirado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a identificar largos juicios como una medida de inhibición de la libertad de expresión. Y aquí no es para menos. La resolución en primera instancia, que debió haber durado ocho meses aproximadamente, tardó más de cuatro años. Este hecho consiste por sí mismo en una sanción para el periodista o escritor al estar sujeto a un constante desgaste económico y anímico. El juez 29 de lo civil, Miguel Ángel Robles Villegas, quien conoció del caso fundado más en sus percepciones y en tesis aisladas del Poder Judicial de la Federación (es decir, que no son obligatorias por no generar jurisprudencia), condenó a Rivera, a Granados Chapa, al formador, al editor y al fotógrafo. En la apelación, cuatro meses después, se confirmó la resolución condenatoria a Alfredo Rivera y fueron absueltos Granados Chapa, el formador, el editor y el fotógrafo. Tercero. Por negligencia judicial, Alfredo Rivera fue condenado no sólo por causar daño moral, sino por la “elaboración, publicación y comercialización del libro”. Como es evidente, el autor sólo es responsable de los contenidos y no de publicar y comercializar su obra, salvo prueba en contrario. De ahí que la abogada patrona Perla Gómez Gallardo (recientemente nombrada directora del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa) afirmara que Rivera fue condenado hasta por lo que no hizo. El amparo directo resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial de la Federación fue negado y se confirmó la condena formulada en primera instancia. Las propias características del asunto fueron factor para que el caso fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia para los efectos de resolver si debiese resolverse conforme a la ley especial (aprobada en el DF en 2006) o de acuerdo al daño moral derogado del Código Civil. La ministra ponente, Olga Sánchez Cordero, con muy buen criterio jurídico, propuso que el asunto debía resolverse de acuerdo con la ley especial. Los cuatro ministros de la Sala negaron, sin embargo, esa propuesta, a pesar de que el artículo 20 del Código Civil en el DF establece que: “cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados”. Este caso pone de relieve tres cosas: a) la pertinencia y oportunidad de la aprobación en 2006 de la ley especial en la materia; b) la ausencia de cuidado de los juzgadores federales y locales sobre sus resoluciones, y c) el peligro concreto y puntual que existe para el ejercicio de la libertad de expresión, pues la ley especial del DF establece como sanción sustituta el pago de 23 mil pesos, y el derogado daño moral puede establecer el tope que la imaginación del juez decida, lo que abre la

puerta para enviar un mensaje de inhibición para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a saber de los gobernados.

10. Eric Burdon: el blues de la clase obrera Rafael Vargas

En 1970, después de nueve años de formar parte de los Beatles, John Lennon dio a conocer su primer álbum como solista: John Lennon/Plastic Ono Band, que incluía entre sus piezas más notables la titulada A Working Class Hero (Un héroe de la clase obrera). En efecto, Lennon, hijo de la clase obrera, era en más de un sentido su héroe, su ícono cultural. Pero ese apelativo bien podría ser compartido por un puñado de músicos de blues, algunos de ellos bastante más cercanos a la clase obrera que el propio Lennon. Por ejemplo, Eric Burdon, nacido en 1941 en Newcastle, ciudad cuya economía se basó en la minería de carbón durante tanto tiempo que acabó por convertirse en el principal puerto exportador de Inglaterra. En La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845) Friedrich Engels se refiere a la admirable huelga que durante cinco meses de 1844 sostuvieron los mineros de Newcastle, a pesar de la arbitrariedad y la crueldad con que se les trataba a ellos y a sus familias. Fue un movimiento que a la postre permitió importantes reivindicaciones y enriqueció la cultura de la clase trabajadora de Inglaterra. Es parte del legado de la gente de Newcastle. Y eso se nota en la música que Eric Burdon hace con The Animals desde el comienzo de su carrera, profundamente influida por el blues, el jazz y otras formas cultivadas por la población negra de Estados Unidos. En 1965, el grupo logró uno de sus grandes éxitos con una canción –We Gotta Get Out of this Place– que aludía a la miserable vida de los trabajadores: Tenemos que salir de este lugar Así sea lo último que logremos. Quien escuche con atención la letra de media docena de sus discos –desde los más antiguos hasta los más recientes– se dará cuenta de que la pobreza, la lucha por salir adelante, la necesidad de cambiar las cosas, las broncas con la policía, han sido siempre tema de sus canciones. Burdon no es un hombre superficial. A diferencia de muchos de sus coetáneos, que han logrado convertirse en caricaturas de sí mismos, trabaja con la intención de transmitir ideas. Tampoco es panfletario. Es un hombre sumamente politizado, pero sabe que la música es su manera de hacer política y que la música debe ser bella. Es, además, un hombre con gran sentido del humor. En una de sus canciones más recientes, un blues delicioso, Invitation To The White House (It Was A Dream) (Invitación a la Casa Blanca –se trataba de un sueño) cuenta que el presidente de Estados Unidos lo invita a cenar y él le sugiere una serie de cosas que le ayudarán a ganar votos y a convertirse en el héroe de todo el mundo. Entre otras, comenzar por arreglar la propia casa y por hacer de los Estados Unidos auténticos amigos de sus vecinos (“los canadienses tienen algo más que nieve y hay una enorme fuerza de trabajo en México”). Esta es la cuarta ocasión que Burdon se presenta en nuestro país. La primera vez que tocó aquí fue en noviembre de 1968, en el Teatro Metropolitan. Al respecto ha contado en su autobiografía Don‟t Let Me Be Missunderstood (Que no se me malinterprete) que estaba dolorosamente consciente de la matanza que había ocurrido muy poco antes en Tlatelolco.

Hoy que vuelve a México, tampoco ignora, como bien lo demuestra una estrofa de la letra de esa última canción mencionada, que “los narcotraficantes no quieren parar; se están hinchando de dinero con cada gota de sangre que cae”.

11. El negocito de “Billy” Rosalía Vergara

La lista de presuntos ilícitos cometidos alrededor de Cruz Azul se va agrandando. A las investigaciones por supuesto lavado de dinero y fraude, ahora se suma la de un negocio que se mantenía en secreto. Guillermo Álvarez Cuevas, el máximo dirigente de la cooperativa y del equipo de futbol, otorgó a una empresa privada los derechos para usufructuar la marca Cruz Azul, que se calcula estaría dejando dividendos anuales por alrededor de 15 millones de dólares, ganancias que, por supuesto, no llegan a los socios de la cementera. El 10 de agosto de 2006, el director general de la cooperativa Cruz Azul y presidente de su Club Deportivo, Social y Cultural, Guillermo Billy Álvarez Cuevas, otorgó a la empresa Impulso FC, representada por Juan Carlos Terroba Dodero, el uso de la marca Cruz Azul... del equipo y de la cementera. Pero las regalías no llegan a la cooperativa. De acuerdo con socios consultados por Proceso, desde hace cinco años la cooperativa no recibe un centavo por la venta de su imagen, diseño, logotipo y colores, incluyendo “los derechos de marcas mixtas, nominativas e innominativas”, es decir, todos los nuevos logotipos que Cruz Azul llegue a usar para su comercialización. En este quinquenio, señalan los entrevistados que pidieron que se reservaran sus nombres por temor a represalias, las regalías deben haber sido aproximadamente de 15 millones de dólares, mismos que, aseguran, no han sido depositados en las arcas de la cooperativa. El contrato de licencia, del que Proceso tiene una copia, está firmado por Guillermo Álvarez Cuevas y Juan Carlos Terroba Dodero, hijo de Juan Carlos Terroba Wolf, quien fue actuario de la cooperativa. Desde ese cargo, el 22 de mayo de 2007 Terroba Wolf elaboró un reporte confidencial por encargo de Álvarez Cuevas sobre las gestiones de la dirección jurídica presidida entonces por Víctor Garcés Rojo, cuñado de Álvarez Cuevas, en la que se revelan presuntos fraudes en las filiales de Cruz Azul. Es el mismo Terroba Wolf que contó a los socios las tropelías y negocios fraudulentos de Garcés Rojo, en un encuentro que fue videograbado (Proceso 1741). El contrato con Impulso detalla en una de sus cláusulas que uno de sus objetivos es obtener beneficios por “las marcas mixtas, nominativas e innominadas” que se hayan registrado desde 2006 hasta agosto de 2011 (fecha en la que se vence la vigencia del acuerdo que se renueva automáticamente otros cinco años) y se registren ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, “así como cualquier otra marca registrada por Cruz Azul en el futuro en cualquier clase”. La licencia otorgada al grupo Impulso no se limita a México. Esta empresa puede licenciar o sublicenciar la marca Cruz Azul en Estados Unidos y en cualquier otro país para fabricar, manufacturar, publicitar, promover, comercializar, vender, distribuir, exportar, importar, así como prestar cualquier servicio relacionado con los productos o imagen de las marcas de Cruz Azul.

Impulso es una empresa que, según la escritura pública 3 mil 183 del Registro Público de la Propiedad –con fecha de actualización del 10 de agosto de 2006–, tiene el derecho exclusivo para usar la marca y recibir las regalías de los servicios prestados por los productos identificados de Cruz Azul, de acuerdo con el contrato del que Proceso tiene copia. Por si fuera poco, dicho convenio faculta a Impulso para que en nombre de Cruz Azul ejerza denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) y cualquier otra autoridad judicial o administrativa para proteger los derechos de propiedad intelectual. Es más, deja a Cruz Azul la obligatoriedad para “defender, indemnizar y sacar en paz y a salvo a la licenciataria y a sus compañías afiliadas, subsidiarias y controladoras y a sus respectivos directivos, empleados, personal, agentes, representantes legales, funcionarios, asesores y miembros respecto de cualesquiera acciones que resulten del uso de la marca”. El convenio incluye un acuerdo de confidencialidad que es extensivo a empleados, accionistas, consejeros o funcionarios de la cooperativa, y detalla que el contrato podrá ser traducido a diferentes idiomas para obtener los registros correspondientes en el extranjero. En el contrato se especifica que este convenio no irá en detrimento de la empresa Enfoque Deportivo, creada por Víctor Garcés Rojo, y que por lo tanto podrá seguir comercializando en exclusiva “el jersey y el short oficiales en sus diversos colores”, las playeras, camisetas, chamarras, pantalones de mezclilla deportivos o de vestir, pants, sudaderas, maletas y gorras del club Cruz Azul de Primera División. Solamente el jersey original cuesta entre 600 y 800 pesos. Los productos que sí podrán ser comercializados por Impulso son la ropa, accesorios, artículos para el hogar, papelería, alimentos, bebidas, juguetes y productos de higiene personal que incluyan el logotipo de Cruz Azul. El convenio entre Álvarez Cuevas y Terroba Dodero fue notificado al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual el 8 de septiembre de 2006 por la entonces apoderada de Impulso, Norma Angélica Mora García, quien informó que la empresa Club Deportivo, Social y Cultural Cruz Azul celebró con su representada un contrato de licencia exclusiva de la marca y pidió ordenar la inscripción de la marca registrada con el número 772 mil 551. Más transas El negocio con la marca Cruz Azul al margen de los cooperativistas se suma a las varias irregularidades denunciadas por socios disidentes. El viernes 13, por ejemplo, Armando Valverde Talango, del llamado Grupo de los Veinte y presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, pidió al contador Miguel Ángel Soto García información sobre las auditorías realizadas a Cruz Azul. “Incluyendo, si así se requería, proporcionar copia de las auditorías practicadas a la cooperativa, así como a sus empresas filiales, por despachos de reconocida solvencia y prestigio profesional”, destaca. En esas auditorías se reconoce la existencia de dos DVD con las grabaciones de Terroba Wolf del 23 y 30 de septiembre de 2009, en el hotel City Express de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ante casi 200 personas (Proceso 1741). Las auditorías realizadas por el despacho Sánchez Barbosa al Club Deportivo Cruz Azul, sector profesional, y a PCM Concretos, a su área comercial, su cooperativa de vivienda, agencia de transportación, asesoría y servicios profesionales, textiles generación 2000, Grupo Azul Hidalgo, Grupo Azul Oaxaca, Médica Azul, Sinergia, Purificadora de Agua Niza y el Centro Comercial Cruz Azul detectaron graves anomalías, pero desde hace dos años los directivos han minimizado la información.

Los cooperativistas quejosos exhibieron diversos documentos dirigidos a socios que tienen representatividad en el Consejo de Administración, y a quienes pretenden destituir en la asamblea del próximo sábado 28 para evitar que sigan indagando los negocios de Víctor Garcés Rojo al amparo de la cementera. Las anomalías incluyen a la agencia KPMG por excesos en el proyecto de la ampliación del hotel Azul Ixtapa; los costos de la obra están sobrevaluados. También se sobrevaluó el edificio y no hay transparencia en las operaciones del hotel, además de que las utilidades “son dudosas”, señala una denuncia presentada por los socios en Tula de Allende, Hidalgo. De igual manera, “el auditor detectó que las utilidades presentadas por la administración entre 2004 y 2008 son falsas y en realidad debieron ser pérdidas”, señala. También se detectaron irregularidades en los Seguros Cooperativa Cruz Azul pues durante “más de 20 años el pago de los diversos seguros de la cooperativa han sido inflados en 20 millones de dólares por año, según información proporcionada por el agente de seguros Juan Carlos Terroba Wolf”, dice la documentación sobre las auditorías que pudieron agenciarse los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa. Se descubrió igualmente que por órdenes de la Dirección Jurídica de Cruz Azul todas las cuentas por cobrar a la cementera que llegaban a 90 días debían ser entregadas a David Cohen, abogado externo. Dice: “Se pagó al licenciado David Cohen 15% de comisión por labor de cobranza, lo cual es mayor a la utilidad marginal de la compañía por la venta de concreto. En ocasiones, según se observó, ni siquiera hubo una gestión real de cobranza, sin embargo el pago de comisión se realizó. La compañía pagó más de 8 millones 400 mil pesos a David Cohen”. Ante las investigaciones que se realizan en su contra, Víctor Garcés Rojo, director jurídico inhabilitado por los manejos a su favor del dinero de la cooperativa, envió una carta a Guillermo Álvarez para que convoque a una asamblea extraordinaria y excluya a los miembros del Consejo de Administración que lo investigan. En esa misiva, publicada por el diario Récord el viernes 6, Garcés Rojo le informó que su casa había sido cateada por “las investigaciones a las que estamos siendo sometidos. “Dicha diligencia para solventarla tuvo un costo de mi patrimonio millonario. Por lo tanto y por seguridad de usted proceda a efecto de que no corramos más riesgo en nuestro patrimonio y en nuestra libertad individual controlando por entero el proceso que se le sigue.” En la averiguación previa PGR/DDF/SCZ/CAM/919/2011-03 sobre la orden judicial de cateo 128/2001-IV se detallan los pormenores de la investigación que hicieron los policías federales en la casa de Garcés Rojo, quien –según el acta– dijo llamarse Víctor Garcés Romero. El acta foliada por la PGR está firmada por el cuñado de Guillermo Álvarez, pero con el segundo apellido cambiado. El 2 de marzo pasado, en una carta notariada el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa notificó a Garcés Rojo que fue expulsado de la cooperativa por decisión de la asamblea del 12 de febrero de 2011. Por eso Valverde Talango se lanza contra Álvarez Cuevas y Garcés Rojo, pues en la convocatoria a la asamblea extraordinaria del próximo sábado 28 está incluida en el orden del día la exclusión de los miembros del Consejo de Administración que encabeza Valverde:

De acuerdo con él, lo que pretenden Álvarez Cuevas y Garcés Rojo es expulsarlos, detener las investigaciones y que se conserve el actual estado de la cooperativa para quebrarla y después venderla. Feudo familiar A más de 80 años de creada, una de las tres cementeras más importantes del país y una de las cooperativas sobrevivientes –junto con la empresa Pascual– pasa por una crisis interna porque desde febrero de 2010 socios de la empresa llamaron a cuentas a su director, Guillermo Álvarez, por las irregularidades cometidas por el inhabilitado Víctor Garcés. La bomba explotó después de que se denunció que la cooperativa compró a sobreprecio el terreno donde construyó sus oficinas, a un costado del centro comercial Gran Sur (Proceso 1736). Y surgieron más irregularidades que impulsaron a la directiva de Cruz Azul a informar a los socios, mediante un comunicado, que el Servicio de Administración Tributaria y su área de inteligencia financiera, dependientes de la Secretaría de Hacienda, realizan una investigación del año fiscal 2007 de las oficinas corporativas de Cruz Azul. Los delitos que indagan son presunto lavado de dinero y fraude, de acuerdo con Eugenio Olvera, abogado del Consejo de Administración. En su número 1760, del 25 de julio de 2010, Proceso publicó que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de la PGR, investigaba a la cooperativa por operaciones con fondos presuntamente de procedencia ilícita.

12. Golpe de Gracia Rosalía Vergara

Ante el descubrimiento de sus malos manejos de la Cooperativa La Cruz Azul, la prioridad de Guillermo Álvarez y su séquito de directivos no es sanear las finanzas y recuperar la credibilidad, sino acallar las denuncias. Para ello convocaron a una asamblea extraordinaria, el sábado 28, a fin de disolver el Consejo de Administración que les pidió cuentas e impulsó una investigación a fondo. Armando Valverde, uno de los acusadores, revela que Álvarez y su cuñado, Víctor Garcés, pretenden quebrar a la cementera con el fin de venderla, lo que sería el golpe de gracia para el patrimonio de los socios El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Armando Valverde Talango, denuncia que el director general de la misma, Guillermo Álvarez Cuevas, y un grupo de directivos que incluye a su cuñado Víctor Garcés Rojo –inhabilitado como director jurídico– pretenden llevar a la quiebra a la cementera para venderla. Asegura, en entrevista, que el próximo sábado 28 se realizará una asamblea extraordinaria para expulsar a los miembros del Consejo de Administración –entre ellos al propio Valverde– y así evitar que se siga investigando a Garcés Rojo y a los socios que con él llevaron a cabo maniobras financieras irregulares mediante filiales de la cementera. De salirse con la suya el director general y su grupo, advierte Valverde, como empresa “tenemos un futuro nada halagüeño; hay información de que inclusive la quieren vender. No lo sabemos a ciencia cierta, pero puede ser a Carlos Slim”.

Puntualiza que “la dirección de la empresa pretende extinguir al Consejo de Administración para que no investigue”, porque los integrantes de éste conocen la precaria situación financiera derivada de los negocios irregulares realizados por la dirección general, a cargo de Guillermo Álvarez Cuevas. “Pensamos que hay fraude porque así lo menciona una de las auditorías hechas a la cooperativa. (Los directivos del grupo de Guillermo Álvarez) no nos han respondido por qué a Garcés Rojo se le ha dado dinero por la venta de PCM”, una empresa de concretos de Cruz Azul. Tampoco se ha aclarado por qué Garcés Rojo recibió 3 millones de pesos por la compra del terreno adjunto a la sede de Cruz Azul en la Ciudad de México, a un costado del centro comercial Gran Sur. “Eso es lo que queremos saber”, insiste Valverde. Silenciamiento El pasado jueves 5, Víctor Garcés Rojo, director jurídico inhabilitado por beneficiarse ilegalmente con dinero de la cooperativa, envió una carta al director general, Guillermo Álvarez, en la cual le pide que convoque a una asamblea extraordinaria para excluir a los miembros del Consejo de Administración que promovieron la investigación de la que es objeto. “Derivado de las investigaciones a las que estamos siendo sometidos”, le cuenta, su casa fue cateada y “dicha diligencia para solventarla tuvo un costo de mi patrimonio millonario. Por lo tanto y por seguridad de usted proceda a efecto de que no corramos más riesgo en nuestro patrimonio y en nuestra libertad individual controlando por entero el proceso que se le sigue”, le advierte. Todo parece indicar que el próximo sábado 28 la directiva intentará esa maniobra. En el orden del día, la convocatoria para la asamblea dice que se disolverá el Consejo de Administración nombrado para indagar las presuntas irregularidades cometidas por Garcés Rojo en la cooperativa. De esta manera se pretende excluir a los socios José Alfredo Álvarez Cuevas –hermano de Guillermo–, Saúl Álvarez Cepeda, Enrique Zavaleta, Arturo Hernández, Armando Valverde, Héctor Rojas, Jorge Rueda, Tomás Rivera, Ramsés Dolores y Federico Sanabria, supuestamente por violar los estatutos. La intención es que el mismo día se nombre y se tome protesta a los nuevos consejos de Administración y de Vigilancia. “A nosotros nos están culpando porque dicen que le faltamos al respeto al director general, que no cumplimos acuerdos de asamblea y que somos revoltosos, traidores, subversivos, pero en realidad es porque no quieren que (el resto de) los socios sepan la verdad sobre la cooperativa”, denuncia Valverde. Además, dice, la eventual venta de la cementera provocará un problema social porque no sólo representa una marca, sino a mil 50 socios directos y a 10 mil familias, y no únicamente en Ciudad Cruz Azul, Hidalgo, sino también en Lagunas, Oaxaca, igual que a los trabajadores de las empresas más pequeñas que el corporativo tiene en Aguascalientes y Puebla. Por eso denunciaron las anomalías en el manejo de la cooperativa ante las autoridades: “A éstas debe interesarles también que no lleguemos a la quiebra, como lo estamos suponiendo”. Sin embargo, dice, no han hecho caso de las acusaciones contra el grupo de Álvarez, todas documentadas. “Tenemos la razón y (si no es así) queremos que nos desmientan las acusaciones que hacemos. No han podido. En noviembre del año pasado hicimos un ejercicio donde demostramos que teníamos problemas financieros y a la fecha no hemos recibido ninguna respuesta contraria a lo que nosotros denunciamos”, desafía.

En su afán de bloquear las indagatorias, agrega Valverde, la directiva ordenó que se impidiera la entrada de los disidentes a las instalaciones de La Cruz Azul. Advertencia a los socios En una misiva dirigida a los socios y fechada el miércoles 18, Valverde Talango expone su preocupación por el futuro de la cooperativa, dados los graves problemas financieros que existen y ya que se están realizando prácticas muy parecidas a las que llevaron a la extinción a cooperativas como las que en otras épocas editaban La Prensa y Excélsior. Ahí comenta que desde hace varios años muchos inversionistas del sector cementero nacional e internacional han querido apropiarse de La Cruz Azul, lo cual se comprende porque es una de las tres cementeras más importantes del país y se considera un modelo en la industria. “La utilidad es grande –reflexiona el presidente del Consejo de Administración–; sin embargo, también pesan grandes deudas en la cooperativa por avales a préstamos vía sociedades anónimas propiedad de la cooperativa y de la cooperativa misma; el resultado es la falta de liquidez y en una misma única administración irresponsable, silenciada con préstamos como en los tiempos de tiendas de raya.” Posteriormente señala que Víctor Garcés Rojo, el asesor jurídico Carlos Terroba Wolf y Guillermo Álvarez planean vender la cementera, para lo cual quieren declararla insolvente por incapacidad administrativa. Indica que con ese fin pretenden concentrar más facultades y poderes en manos del director general, anular las facultades del Consejo de Vigilancia, echar a andar una política de producción sin planeación ni reposición de equipos vitales, endeudar constantemente a la empresa y dejar que las finanzas sean manejadas por personas incapaces, entre otras medidas perjudiciales. “Al asumir el mandato de nuestra asamblea general de socios, los integrantes del Consejo de Administración nos propusimos defender nuestra cooperativa y la estabilidad económica y financiera de la empresa, (de modo) que nos permitiera asegurar el presente y el futuro de nuestras familias.” Como las auditorías confirman la administración fraudulenta, resalta Valverde, el grupo disidente emprendió acciones legales para defender el patrimonio de los cooperativistas y de esta forma están afectando “los grandes intereses de los que silenciosamente nos llevan a la ruina” –el grupo de Víctor Garcés y Guillermo Álvarez–, es decir, los mismos que quieren facilitar la venta de la cooperativa y con ello “hacer un gran negocio”. Agrega: “Nos acusan de divisionistas porque somos un obstáculo a esos turbios intentos de negociación. Por eso nos han pretendido suspender, por eso ilegalmente nos quieren excluir”. Según el presidente del Consejo de Administración, el llamado “grupo de los veinte”, la disidencia, seguirá con sus denuncias públicas porque su futuro depende de la cooperativa. “Tenemos experiencia, la ley nos ampara y no los abandonaremos, la legitimidad del consejo está asegurada”, afirma. A cada integrante del grupo que rodea a Guillermo Álvarez le pide que se sume a la defensa de su casa, La Cruz Azul: “Ni siquiera han permitido que en asamblea te expliquemos la gravedad de la situación. Qué triste que por migajas dejes pasar la oportunidad de limpiar nuestra casa y barrer la corrupción de arriba hacia abajo. Qué triste que hagas caso a mentirosos y embusteros”. En la entrevista, Valverde informa que Guillermo Álvarez está recolectando firmas entre los socios para que se concrete la destitución del Consejo de Administración el 28 de mayo, sin dejarlos

exponer los resultados de la investigación sobre las anomalías en el manejo de la cooperativa, que este semanario documentó a principios de 2010 (Proceso 1736 y 1741). Y aporta un par de datos: “Este actuar por parte de Guillermo Álvarez Cuevas se está llevando a cabo con el propósito de que los integrantes del consejo de administración no coadyuven con Hacienda en los hechos que ya está investigando, incluyendo el SAT, a la que, dice, pagaron 30 millones de pesos para que no revelara su investigación. Se pretende excluirnos con el objetivo de que ya no proporcionemos información que sin duda es y ha sido de vital importancia para que esta autoridad lleve a cabo sus investigaciones.” Por eso, los socios disidentes de La Cruz Azul piden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, de realizarse la asamblea, los acompañe para verificar cómo se realiza. También solicitan que la dependencia notifique del caso a las autoridades competentes para que cesen las actividades que afectan el patrimonio de los socios cooperativistas, de los integrantes del Consejo de Administración y de la propia hacienda pública.

13. El hoyo azul Raúl Ochoa

A la crisis de la Cooperativa La Cruz Azul se suma la de su equipo de futbol. La noche del 15 de mayo en Morelia el conjunto cementero tocó fondo. Pero la situación, que raya en el escándalo, confronta una vez más a los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas. Para el primero, ni cabezas rodando ni crisis ni desastre. Para el segundo, urgen los cambios, pues la institución azul “está enferma de todo”. Con la cooperativa haciendo agua, entre acusaciones de fraudes, desfalcos multimillonarios, investigaciones fiscales en curso, cateos y fracturas en la familia propietaria del negocio, a Cruz Azul sólo le faltaba el descrédito en la cancha, y lo consiguió. Dos de sus jugadores más valiosos, Jesús Corona y Christian Chaco Giménez, exhibieron el estado de ánimo de una institución resquebrajada. Se desentendieron de lo deportivo y optaron por la violencia. La escuadra cementera tocó fondo la noche del 15 de mayo en Michoacán. El escenario fue el estadio Morelos. Se quedaron en el camino hacia el título al perder 3-0 con Morelia, en juego correspondiente a la semifinal de la liguilla del torneo Clausura 2011. Un torneo más sin corona, 14 años en total. Mientras, se ahondan las diferencias entre los dos principales dirigentes de la cooperativa y del equipo, los hermanos Guillermo y Alfredo Álvarez Cuevas. Al referirse a la derrota ante Monarcas, Guillermo Álvarez, cabeza de la institución, no habla de crisis y dice que sólo se trató de una mala noche. –¿Una institución como Cruz Azul puede permitirse tener jugadores (Corona y Chaco) con esos arrebatos en el terreno de juego? –se le pregunta. –Hoy se señala y etiqueta a dos jugadores bases de nuestro plantel cuya ausencia nos afectaría 30% del siguiente torneo. Por eso no creo que debamos hacernos el harakiri para darles gusto a quienes desean verlos fuera del próximo torneo. El directivo, quien condicionó la entrevista a que no se abordara la problemática de la cooperativa y sólo se trataran cuestiones deportivas, reconoce que Cruz Azul tuvo un torneo irregular. “No fue el cierre ideal y llegar a las semifinales sólo cumplió una parte de las expectativas”, apunta.

Menciona que no está de acuerdo con los calificativos usados por el técnico Enrique Meza, quien al final del zafarrancho en el juego contra el Morelia señaló que algunos de sus jugadores se comportaron como “bandoleros, como gente que no es deportista”. Para Guillermo Álvarez “es necesario mantener la serenidad y la cabeza fría para no emitir opiniones a botepronto y utilizando palabras que después deben corregirse. Para mí no es un término que sea aplicable en este caso”. –¿Cuál sería el término adecuado? –De muchachos que perdieron la cabeza y que deben ser sancionados por el club y por la federación. Agrega que fue una noche “muy desafortunada y triste por el resultado y mucho más para la imagen de la institución y de los jugadores”. –¿Es hora de hacer cambios en todos los niveles? –Todas las instituciones deben renovarse, pero no se trata sólo de mover personas, sino de delegar tareas, funciones y responsabilidades. Es lo que hemos hecho desde hace cinco años. –¿Usted se ve dentro o fuera de la institución? –Es que uno tiene esa responsabilidad dependiendo siempre de la voluntad de nuestros asociados. Uno nunca soslaya la respuesta a esa pregunta, pero lo importante es lo que significa la fortaleza interna y el apoyo de nuestros socios. –¿Usted cuenta con ese apoyo? –Desde luego, tenemos ese apoyo... Todo se va a medir siempre si se gana o no un campeonato. (Por eso) los directivos siempre van a ser muy cuestionados. –¿Se siente en deuda con los cooperativistas en general? –Todos los que tenemos la responsabilidad de dar resultados, de buscar lo mejor para la institución, siempre nos quedamos con esa espinita clavada, en deuda con nuestra gente para alcanzar esas metas y replantearlas. Indudablemente que aquí en el club todo lo miden, en especial los medios, con base en si se obtiene o no el título. –Entonces, ¿es momento de realizar alguna renovación en el equipo? –Tanto administrativa como deportivamente hemos actualizado muchos aspectos. Cuando no se logra el título no se aprecian estas acciones, pero se ha hecho un buen trabajo. Se ha consolidado a muchachos de fuerzas básicas, a los que no basta con debutarlos, sino que deben ser alineados de manera constante. Ahora tenemos un puesto de director deportivo, así como áreas de mercadotecnia y de relaciones públicas. “Cuando no se gana un campeonato se cuestiona en general a la organización, no a la institución como asociación civil, sino al equipo de Primera División. Cuando no se alcanza esa meta hay tristeza y desilusión. Queremos que nuestra afición tenga la alegría de que las nuevas generaciones puedan ver un nuevo título.” Para el jerarca azul, lo que se vivió en Morelia fue un asunto estrictamente disciplinario que acarreó sanciones que considera injustas.

Por ello, anuncia que apelará el castigo de seis juegos impuesto a Corona y al Chaco. Revela a Proceso que pedirá a TV Azteca, empresa que posee los derechos de transmisión del Cruz Azul, los videos sin edición de lo acontecido en Morelia para revisar las incidencias de los últimos siete o 10 minutos del juego. Comenta que buscará atenuantes para que el alcance de las sanciones sea mejor dimensionado, porque en el caso de Corona, además, se le separó de la Selección. Cruz Azul, enfermo A diferencia de su hermano Guillermo, Alfredo aborda la problemática de la cooperativa y asegura que por primera vez la crisis institucional coincide con la deportiva. Y añade: “Cuando se está enfermo de una parte se está enfermo del todo. En ese sentido hemos estado preocupados en reorientar todo el proceso de rediseño y reorganización. Como en todas las organizaciones del mundo hay momentos que se tienen que revisar y replantear nuevas bases, porque nada permanece igual; todo evoluciona, todo cambia. “Por esa razón el Consejo de Administración de la cooperativa planteó en la asamblea del año pasado un rediseño de la organización, en función de los resultados de nuestras auditorías, para sentar la plataforma que reimpulsará muchos aspectos en el futuro de la organización. Todas las asociaciones tienen crisis en mayor o menor medida. Tengo confianza que las cosas se van a dar porque siempre la razón y el derecho prevalecen por sobre todas las cosas. Tengo plena seguridad de que mis compañeros de consejo, gente de muchos años y trayectoria, están planteando las cosas por el interés de la institución. Estamos en un momento de crisis, pero es superable.” –¿Qué pesa más, la crisis institucional o la deportiva? –Van de la mano. Una parte muy importante de Cruz Azul es el futbol, y una parte muy importante de la imagen y de la vida es la empresa. Es parte de un esquema integral que debemos resolver, y ya están los planteamientos para que una vez encausados nos permitan darle al Cruz Azul otra perspectiva de muchos años. Alfredo Álvarez es uno de los 10 cooperativistas suspendidos de la Cooperativa La Cruz Azul en febrero pasado. Por esta razón entablaron una demanda contra Guillermo Álvarez y el cuñado de éste, Víctor Garcés, por presunta administración fraudulenta de la empresa. De los acontecimientos que ocurrieron en el juego Morelia-Cruz Azul, Alfredo admite que aún no alcanza a entender tan penosa situación. Precisa que lo sucedido en el terreno estrictamente deportivo “es un reflejo de lo que se viene repitiendo desde hace algún tiempo en nuestra organización, y lamentamos mucho que así siga y que no exista ni el compromiso ni la responsabilidad para satisfacción de la gente”. –¿El entrenador Enrique Meza falló en su planteamiento? –Respeto mucho la forma de ser del profe Meza, pero el domingo necesitábamos algo más que estar en las bandas; que el equipo se motivara, se impulsara, cosa que no vi. Queremos el campeonato, y si no se logra es porque hicimos todo y los otros fueron mejores que nosotros, pero no porque hayamos dejado algo dentro del vestidor. El domingo pareció que dejamos muchas cosas en el vestidor, y a la hora de la verdad desde los 11 minutos ya habíamos perdido la oportunidad de continuar en la siguiente fase. Laxitud

Para Alfredo Álvarez llegó el momento de profesionalizar al Cruz Azul, que a su juicio necesita otro tipo de enfoque y esfuerzo, como en los mejores clubes del mundo. Dice que como parte integrante del equipo desea tener la oportunidad de trabajar “en toda la reingeniería, porque Cruz Azul debe convertirse en un ente muy profesional, en el que no entremos sólo para tomarlo como una distracción o pasatiempo, sino de tiempo completo. Es la única manera de ser profesionales en todos los sentidos”. –¿Cuáles son sus propuestas? –Analizar el verdadero estado del equipo. Se han venido dando una serie de distorsiones que vienen disfrazadas, sobre todo porque Cruz Azul ha hecho un esfuerzo por tener magníficos jugadores, pero en este torneo no pudimos conformar un equipo. Debemos replantear a fondo las reglas del juego para saber qué debe hacerse. Hemos sido muy laxos en todo lo que se viene haciendo. Precisamente por eso los resultados son los mismos: falta de compromiso, de responsabilidad y de resultados. “Hay que aplicar una lógica sencilla; no hay que inventar el hilo negro. En la vida hay derechos y obligaciones, y en razón del cumplimiento cabal de las partes estaremos sentando una base sana para aspirar a que el equipo, y quienes lo integran, logremos los resultados. De otra manera cuando las cosas se cargan de un sólo lado y se ven afectados los intereses del otro, pues habrá cosas que nunca se van a lograr.” –¿La reingeniería contempla la continuidad de su hermano Guillermo? –Los resultados de la reestructura implican muchas repercusiones. Es una organización que debería pensar en una reestructuración de todos los elementos de la empresa, con lo que Cruz Azul dará otro paso adelante. En ese sentido tendrán que ser los miembros del consejo quienes hagan el diagnóstico y digan en qué se está trabajando y qué resultados se esperan de esta labor. Recuerda a este semanario que el profesionalismo en Cruz Azul lo vienen planteando desde hace tiempo. Asegura que por la importancia del futbol en el país, es necesario trabajar para dar una respuesta seria, sólida y profesional. “Para que haya avances en el equipo –apunta– es necesario lograr un compromiso en los tres niveles: directiva, cuerpo técnico y jugadores. Pero parece que a la hora de la verdad hay quienes no cumplen cabalmente, no inspiran, no motivan ni alientan, como el domingo en Morelia cuando vimos una actitud sorprendente, diferente del Cruz Azul en relación con el club Morelia.” El miércoles 18, un par de días después de la entrevista con Proceso, Alfredo declaró al diario deportivo Récord, a propósito de que su hermano abandone la presidencia: “Sí creo que necesitamos una persona que tenga más atención. Nosotros no tenemos el tiempo”.