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N.º 33 OCTUBRE 2002

BOLETIN INFORMATIVO

EDITADO POR EL SECRETARIADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA

RETRIBUCIONES .............................................XVII CONGRESO .............................................EN LA PRENSA ................................................COMUNICADOS ..............................................LABORAL .........................................................COLABORACIÓN ............................................ENTREVISTA ....................................................VIOLENCIA DE GÉNERO ...............................LEY DEL DIVORCIO .......................................INFORME .........................................................ACTIVIDADES .................................................DEBATE ...........................................................OPINIÓN .........................................................UPF ..................................................................

SUMARIOBOLETÍN INFORMATIVO

Redacción: Secretariado de Jueces para laDemocracia

Director: Edmundo Rodríguez AchúteguiCoordinación: José Rivas EstebanNúñez Morgado, 3 - 4.º B - 28036 MadridCorreo electrónico: info@juecesdemocracia.eshttp://www.juecesdemocracia.esFotocomposición: AMORETTI S.F., S.L.Imprime: IMPRESIÓN AMORETTI, S.L.Depósito Legal: M.21.194-1990

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El año judicial que terminaba nos brindó una buena noticia: la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyec-to de Ley de Retribuciones que se enmarca dentro del Pacto de Estado por la Justicia. Un texto pactado, que noes la ley que Jueces para la Democracia hubiera hecho, pero que responde a un largo proceso de negociación que

involucró a todas las asociaciones judiciales, aunque finalmente sólo se firmara por las mayoritarias.

La ley introduce por primera vez criterios de transparencia, disminuye las diferencias por categorías y supone unaactualización retributiva entre el 14% y el 22%, al margen de la inflación, con efectos retroactivos desde octubre deeste año. Pese a sus deficiencias, constituye un compromiso ante los ciudadanos de mejorar la situación de la admi-nistración de justicia, y ya ha sido presentada en las Cortes, con el informe favorable del CGPJ.

Por el contrario, el presente año judicial comienza con mal pie. El presidente del CGPJ hizo en el acto de apertu-ra un discurso impropio de un solemne acto, descendiendo incluso a pontificar sobre la política de inmigración. Enel mismo acto, el Fiscal General del Estado, tras constatar el aumento de la delincuencia, se deshace en loas a la po-lítica del Partido Popular, manteniendo su línea de dilapidar cualquier asomo de la imparcialidad y prestigio que de-bieran caracterizar su cargo.

Se presenta también un plan contra la delincuencia que propone penas más severas y duras, reproduciendo rece-tas, como los juicios rápidos, eternamente manejadas y en muchos casos aún por hacerse efectivas. Un plan en el que,por mucho que uno repase, no se constata una sola medida preventiva de carácter social.

Por ello, el CGPJ tiene que recuperar su papel constitucional, y marcar el camino por el que debe desarrollarse lapolítica judicial. Como órgano de gobierno del poder judicial debe asegurarse del cumplimiento de las previsiones delPacto de Estado, cobrar protagonismo en el proceso de reformas en marcha, sin subordinación a las directrices delMinisterio de Justicia y, ahora más que nunca, velar por la independencia de los tribunales.

En ese último papel mucho tiene que decir. La apresurada aplicación de la Ley de Partidos ya nos muestra lo quese avecina. El gobierno espera que los jueces estén “a la altura” y los medios de comunicación titulan que ahora lapelota está en el tejado de los jueces. No parece sencillo el papel del Tribunal Supremo, que tendrá que dilucidar pro-blemas jurídicos muy delicados, dados los valores y derechos constitucionales en juego, para llegar a una conclusiónque no puede venir predeterminada por el gobierno, en este caso una de las partes litigantes.

El panorama se completa con un borrador de LOPJ, auspiciado por el Ministerio de Justicia, que apuesta por undiseño de carrera judicial estamental, férreamente encorsetado y muy alejado del modelo de juez cercano al ciudada-no, conocedor de la realidad social, cada vez más integrado en el ámbito de la Unión Europea, que la sociedad delsiglo XXI demanda.

Hora es por lo tanto de responder a esos retos. Los jueces comprometidos con su quehacer diario, la tutela de losderechos de los ciudadanos, tendrán que dedicar también recursos para tal compromiso, evitando que la inacción pro-picie que se imponga un modelo semejante. En ese camino encontrarán a Jueces para la Democracia.

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RETRIBUCIONES

1. La necesidad de una leyque regule las retribuciones dela carrera judicial y fiscal esuna reclamación largamenteplanteada por los jueces y ma-gistrados de nuestro país, quehan visto como la previsióncontenida en el artículo 403 dela LOPJ de 1985 no tenía cum-plido desarrollo en los nume-rosos años que han transcurri-do desde entonces hasta elpresente proyecto de ley.

2. La simple presentacióndel proyecto es, por sí misma,un dato positivo, pues suponeel cumplimiento de esta previ-sión legal y la disposición a es-tablecer un sistema retributivoque permita la actualizaciónautomática, a través de los dis-positivos de rango legal idea-dos para ello, de las retribucio-nes de jueces, magistrados,abogados fiscales y fiscales.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

3. Además de ese dato posi-tivo, la vinculación de una par-te de las retribuciones al cum-plimiento de determinadosobjetivos de trabajos, que de-ben ser negociados entre elCGPJ y las asociaciones judi-ciales, nos parece un paso fun-damental hacia la transparen-cia de la actividad judicial.

Con el Pacto de Estado parala Justicia los representantesparlamentarios de los ciudada-nos quisieron que también lajudicatura se involucrara ycomprometiera en el reto demodernizar la administraciónde justicia, haciéndola más ac-cesible y sobre todo, más ágil.La vinculación de parte de laretribución a la obtención deobjetivos concretos persigueesa finalidad, y es un reto quedebe asumirse con el compro-miso de mejorar el servicio pú-blico que se presta a los usua-rios y profesionales de lajusticia.

Este nuevo concepto retri-butivo contribuirá, en nuestraopinión, a mejorar la eficacia ytransparencia de la administra-ción de justicia, pues el mode-

lo de juez que promociona esel de un profesional compro-metido con facilitar un serviciorápido y de calidad.

Estamos firmemente con-vencidos de que la actividadde los jueces puede medirse,como cualquier otra de tipoprofesional. Desde ese con-vencimiento sostenemos quelos buenos profesionales de lajudicatura y la fiscalía saluda-rán la introducción de un crite-rio como el citado, que impe-dirá que aquellos otrosprofesionales que por causasexclusivamente a ellos imputa-bles, no alcancen los objetivosmínimos que a cualquier juez,fiscal o magistrado le son exi-

gibles, perciban la misma retri-bución que esos otros que hancumplido diligentemente consus obligaciones.

Sin embargo insistimos enque la previsión del artículo 8debería completarse con unaexplícita referencia a la pre-ceptiva audiencia de las aso-ciaciones judiciales, pues el sis-tema no puede venir impuestosin más por el CGPJ, previoinforme del Ministerio de Justi-cia, sino que precisa un ele-vado consenso con estas aso-ciaciones que representan a lamayor parte de la judicatura.

4. Creemos un error que elartículo 1.3 del proyecto deley excluya de su ámbito lasretribuciones de los inte-grantes del Tribunal Supremo.La Constitución dispone bienclaramente en su artículo122.1 que los jueces formanun “cuerpo único”. Si el artí-culo 123 de la CE dispone quees el “órgano jurisdiccionalsuperior en todos los órdenes”,esa especificidad deberá tener,sin duda, reflejo en las retri-

buciones, pero no hay ningu-na razón para que no se regu-len y establezcan en la Ley deRetribuciones, quedando al ar-bitrio de lo que dispongan lasLeyes de Presupuestos Gene-rales del Estado.

ACERCAMIENTOSALARIAL

5. Por otro lado observa-mos que la ley ha hecho un es-fuerzo importante, aunque nosuficiente, de acercamiento delas categorías salariales, al re-ducirlas de las siete actuales alas cinco que se proyectan. Talprevisión es razonable pero,

en nuestra opinión, debieraprofundizarse en una disminu-ción de esos grupos, de formaque las retribuciones de la ca-rrera judicial cada día fueranmás parejas.

En tal sentido, y aunque nosconsta que ya se hizo un es-fuerzo con las categorías sala-riales de los jueces (las anterio-res 9ª, 8ª y 7ª), nos pareceinsuficiente que con el proyec-to no aproveche para disminuiraún más las diferencias y con-crete, como ha hecho con lasrestantes categorías, una actua-lización también para el actualgrupo 7º que afecta exclusiva-mente a jueces, y no a magis-trados.

INSULARIDAD

6. Dentro de la división te-rritorial habría que sostenerotro tanto. En la medida de loposible nos parece aconsejabledisminuir las diferencias segúnlos destinos, y creemos que sies posible hay que tender a re-

ducir el diferente trato que hoyse percibe.

Sobre esa base queremosdestacar, fundamentalmente,los casos de la insularidad, quea nuestro juicio obligan a unespecial esfuerzo de atenciónde quienes se hayan destina-dos en Canarias y Baleares. Encuanto a los primeros, habríaque tender a igualar el trato re-tributivo que perciben los des-tinados en las islas mayoresrespecto a las menores, de for-ma que el complemento fuerasemejante en todas las islas alos previstos para las más pe-queñas. En cuanto a Baleares,pese a que su situación geo-gráfica es mucho más favora-ble que en el caso canario, nosparecería prudente que seacercara, en el mayor gradoposible (vgr. hasta un 50%) alcaso canario.

7. En lo relativo al plan detransparencia judicial, al quealude el artículo 14 del pro-yecto, nos parece un errorque la competencia para sudeterminación radique en elMinisterio de Justicia. El com-petente, a nuestro juicio, debeser el propio CGPJ, órganoque constitucionalmente (art.122) tiene atribuida la funciónde gobierno del poder judi-cial. En él reside el servicio deestadística e inspección, y porlo tanto es quien más apro-piadamente puede y debe fi-jar los objetivos a cubrir, sinperjuicio de la necesaria cola-boración del Ministerio deJusticia y las CCAA con com-petencias en la administraciónde justicia.

8. Por último, hemos dedestacar que la comisión pre-vista en la Disposición Adicio-nal Primera sólo prevé la asis-tencia de tres representantesde las asociaciones de jueces yfiscales, cuando hay al menoscinco representativas en amboscuerpos, por lo que sugerimosque se amplíe la representa-ción de jueces y fiscales hastaese número, para garantizar lapresencia de todas.

El Secretariado de Juecespara la Democracia

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE RETRIBUCIONES

“Los buenos profesionales saludarán

la introducción de un criterio que impide

que quienes no alcancen los objetivos mínimos

exigibles a cualquiera, perciban la misma

retribución que quienes cumplen diligentemente”

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RETRIBUCIONES

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DIJUSA

El proyecto de Ley de Retri-buciones de la Carrera Judicialy Fiscal ha comenzado ya sudiscusión parlamentaria, trastener entrada en el Congresode los Diputados en la últimasemana de septiembre.

El Consejo de Ministros de26 de julio pasado aprobó lapresentación del proyecto deLey de Retribuciones para jue-ces y magistrados, que respon-de al acuerdo que las asociacio-nes judiciales mayoritariasalcanzaron con el Ministerio deJusticia, y que hay que recordarque fue unánimemente apoya-do por todos los vocales delCGPJ. Luego el CGPJ ha dicta-minado también favorablemen-te y ya está en las Cortes.

El proceso ha sido largo, pe-ro finalmente parece que sedespeja y ha terminado por ini-ciar su andadura parlamentariaen este período de sesiones.De esta forma se salda una vie-ja deuda: el cumplimiento dela previsión legal de la LOPJ de1985, que obligaba a elaboraruna norma con rango de leypara resolver esta cuestión, y

que 17 años después pareceque puede ver la luz.

El Secretariado de JpD sefelicita porque en este puntoel Pacto de Estado por la Justi-cia se atienda por los respon-sables obligados a ello. Estaley no responde en su totali-dad a lo que deseábamos, nitampoco es de nuestro absolu-to agrado en todos sus puntos.Pero el acuerdo, fruto del con-senso, es en general positivo,y creemos que contribuirá amejorar el aspecto de serviciopúblico de la administraciónde justicia, ya que introducefactores de transparencia y ra-cionalidad en la retribución delos jueces.

Además en la forma que es-tá concebida, al menos comose pactó con las asociacionesjudiciales mayoritarias, suponeuna disminución de las dife-rencias en la remuneración delos jueces, y estimula la prontaresolución de los procedimien-tos judiciales. Contribuye, conalguno de los complementosideados, a fomentar la perma-nencia de los magistrados en

sus destinos, y supone que losmagistrados que no cumplanlos objetivos mínimos que senegocien con el CGPJ tenganmenor retribución que aque-llos que sí lo hagan.

BENEFICIA AL JUEZCUMPLIDOR

Este punto ha sido muy cri-ticado por algunos jueces. Sinembargo otros muchos no en-tienden como compañeros quetrabajan en juzgados próximos,con idénticas leyes, carga detrabajo y número de funciona-rios u ordenadores, se retrasansistemáticamente perjudicandocon ello la imagen de la admi-nistración de justicia, y por lotanto, de los jueces que se es-fuerzan y cumplen con su obli-gación.

El proyecto dispone que siun juez no alcanza, por causasque le sean imputables (no porfalta de personal, o de númerode registro de asuntos, o porsobrecarga excepcional) el80% de los objetivos que se

consideren exigibles a cual-quier otro compañero, no per-cibirá una parte, el 5%, de laretribución que tengan quienessí cumplan.

Hace tiempo que los juecesse quejan de que no se incen-tiva al juez cumplidor, que losapoyos sólo se dan a quienesgeneran retraso, que “no pasanada” cuando algún compañe-ro no atiende su destino co-rrectamente.

Ahora tenemos un remediopara evitarlo. Y para explicar ala opinión pública que nuestrocompromiso con el serviciopúblico que es la administra-ción de justicia es dar satisfac-ción pronta y diligente de suspretensiones, para lo que lógi-camente esta ley diseña unosincentivos que supondrán, aljuez diligente, un incrementoentre el 14% y el 22% de su sa-lario actual en los próximostres años.

Esas razones determinanque el Secretariado de JpD sa-lude como muy útil este nuevopaso para el cumplimiento delPacto de Estado por la Justicia.

COMIENZA LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIADEL PROYECTO DE LEY

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XVII CONGRESO

Marcado por la convocatoriade huelga general el 20 de ju-nio, Jueces para la Democraciaha celebrado su XVII Congresoen la ciudad de Vigo. El con-greso estaba inicialmente pre-visto para los días 20, 21 y 22de junio, pero el Secretariadode la asociación decidió mos-trar su solidaridad con los con-vocantes de la huelga, por con-siderar que el Real Decreto-Ley5/2002, de 24 de mayo, deto-nante de la huelga, supone un“evidente retroceso en el nivelde protección de los trabajado-res en la cobertura de sus nece-sidades cuando carecen derentas de trabajo y en las in-demnizaciones por despido in-justificado acordado por el em-presario”.

Por esa razón los 120 parti-cipantes en el congreso vieronreducida su duración a dosdías. Fue tema del congreso“La garantía de los derechosfundamentales en el espaciojudicial europeo”. El actoinaugural contó con la partici-pación del alcalde de Vigo, elconsejero de Xustiza de laXunta Antonio Pillado y elpresidente del CGPJ, Francis-co Hernando.

El primer debate se centróen la “Protección de DerechosFundamentales en el EspacioJudicial Europeo”, en el que seestudió “El juez europeo comogarante de los derechos funda-mentales”, con una ponenciade Hortspeter Kreppel, magis-trado del TJ de la UE, e “Inse-guridad Ciudadana”, ponenciaelaborada por Pilar Luna y Ma-ría Ibáñez, magistradas del PaísValenciano. También fue obje-to de debate la “Restricción delas garantías tras el 11-S”, tra-bajo presentado por el Obser-vatorio de Derechos Funda-mentales.

Seguidamente se procedióal informe de gestión del Se-cretariado saliente, por partede Miguel Carmona y RicardoBodas, que fue aprobado porla mayoría de los asistentes. En

la misma sesión los tres voca-les del CGPJ elegidos a pro-puesta de Jueces para la De-

mocracia, Fernando Salinas,Montserrat Comas y Javier Mar-tínez, informaron al congresode su actuación en dicho órga-no, produciéndose despuésnumerosas reflexiones y pre-guntas sobre su trabajo.

Al día siguiente se debatiósobre “La justicia Penal Euro-pea”, con la intervención deJustino Zapatero, fiscal de laUnión Progresista de Fiscales,que desarrolló el tema “El Mi-nisterio Fiscal Europeo”, el ma-gistrado Juan José López, sobre“La euroorden de detención” y“Hacia la integración penaleuropea”, por Ángel Juanes,presidente del TSJ de Extrema-dura.

NUEVO SECRETARIADO

El congreso tenía tambiéncarácter electoral, pues debíarenovarse el secretariado paralos próximos dos años. En totalse presentaron once candida-tos para los nueve puestos, re-sultando elegidos Miguel Car-mona, presidente de laAudiencia de Sevilla, portavoz

del anterior secretariado, quefue el candidato más votado.Repitieron igualmente de la an-

terior dirección Pablo Aramen-di, magistrado de lo Social deMadrid y José María Fernán-dez, magistrado de 1ª Instanciade Barcelona.

Nuevas incorporaciones hansido la de María Ibáñez, magis-trada de Instrucción de Caste-llón, Miguel Aramburu, juez deRedondela (Pontevedra), Da-niel Berthomeus, magistradode lo Social de Barcelona, Pe-dro Herrera, magistrado de Fa-milia de Las Palmas, Juan LuisRascón, magistrado de lo Penalde Córdoba y Edmundo Rodrí-guez, magistrado de 1ª Instan-cia de Bilbao.

El acto de clausura contócon la participación de los pre-sidentes de la Audiencia dePontevedra y del TSJ de Galiciay de Caixa Nova, entidad pa-trocinadora del congreso.

GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ESPACIO

JUDICIAL EUROPEO

L. Ferrajoli, La cuestión del embrión. G. Pisarello-A. deCabo, La larga marcha de Sacco y Vanzetti. M. Cancio Me-liá, ‘Derecho penal de enemigo’. J. Hernández García, Ra-pidez y reforma del proceso penal. Mª Angeles GarcíaGarcía, Luces y sombras del TPI. M. Aparicio Wihelmi, Po-lítica de extranjería y derechos constitucionales. D. Gonzá-lez Lagier, La estructura de la acción humana. E. RojoTorrecilla, Inmigración y derechos humanos. FundaciónAntonio Carretero, Un año de aplicación de la LEC. J. Suau Morey, La uniformidad en la aplicación de las nor-mas procesales. S. Senese, Guerra y nuevo orden mundial.A. Balbuena, La inmovilidad democrática de la justicia cons-titucional mexicana.

44 julio/2002

INFORMACION Y DEBATE

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EN LA PRENSA

Ante la noticia difundida enlos medios de comunicaciónsocial de que el Defensor delPueblo D. Enrique Múgica Her-zog, ha trasladado al pleno delCGPJ las manifestaciones delos jueces José Mateo y ArcadioDíaz Tejera para que éste eva-lúe si son objeto de sanción,por la correspondiente comi-sión disciplinaria, lamentamosque el representante de tan al-ta y digna institución del Esta-do pretenda silenciar medianteel uso de instrumentos discipli-narios el debate sobre la situa-ción legal de los inmigrantesirregulares en el Centro de De-tención de Extranjeros en la Is-la de Fuerteventura, negándo-se a admitir las discrepanciasque se puedan mantener fren-te al informe, tanto por su me-todología de elaboración, sinaudiencia a los jueces, comopor su profundo desconoci-miento, de las singularidadesterritoriales de Canarias, deri-vadas del hecho insular.

De siempre los hombres ymujeres de Jueces para la Demo-cracia se han significado por sudefensa incondicionada de la tu-tela de los derechos fundamen-tales de la persona, con inde-pendencia de su sexo, edad,nacionalidad u otra condición, yhemos estado y estaremos enprimera línea de denuncia decualquier vulneración de los mis-mos, sea cual sea la persona, ins-titución o autoridad que lo violao conculca, incluido por supues-to, si, llegado el caso, fuesen lospropios jueces sus infractores.

Entendemos positivo el inte-rés del Defensor del Pueblopor la situación de los inmi-grantes irregulares en Fuerte-ventura, y bueno es que lle-gue, aunque con notableretraso, un informe sobre di-

cho particular, que sirva paraabrir un amplio debate sobre silos derechos fundamentales deéstas personas han sido y estánsiendo respetados y si los me-canismos de tutela previstospara garantizarlos, incluida latutela judicial, están funcionan-do con la efectividad y firmezaque es exigible en un Estadode Derecho como el nuestro.

De una figura como el De-fensor del Pueblo, alto comisio-nado de las Cortes Generales,designado por éstas para la de-fensa de los derechos com-prendidos en el Título I de laConstitución Española, incluidoel derecho de opinión del ar-tículo 20, se espera que tengael suficiente sentido democráti-co para saber encajar con sere-nidad las críticas a su gestión ya sus informes, y tanto máscuanto se trata de opinionesrespetuosas, que no buscan ladesautorización gratuita del in-forme sino sólo responder deforma leal ante la opinión pú-blica al contenido de algunasconclusiones discutibles quedescalifican la labor tutelar delos Jueces de Fuerteventura yque consideramos desafortuna-das y desconocedoras de larealidad judicial que se vive enCanarias, y en concreto en la is-la de Fuerteventura, trasladan-do de manera artificial, y no sa-bemos si interesada, el centrode la polémica sobre la situa-ción de desatención de los in-migrantes ilegales detenidos enel centro de detención de ex-tranjeros a la órbita judicial.

INFORME SINAUDIENCIA

No se comprende que el De-fensor del Pueblo presente undossier que detecta irregularida-des en el control judicial de los

derechos de los inmigrantes, sininformarse previamente de lascondiciones en que el mismo sedesarrolla y mal puede instruir-se plenamente, si no contrastalas referencias que tiene con losque ejercen dicha función.

Nosotros consideramos quees injusto y demagógico culpa-bilizar sin más a los jueces deFuerteventura de no ampararsuficientemente los derechosde los inmigrantes cuando espor todos conocida la progresi-va y continua llegada masivade inmigrantes irregulares a di-cha isla, que ha desbordadocompletamente la planta judi-cial actualmente existente, detres juzgados solamente, y en-cima mixtos, con jurisdiccióncompartida, civil y penal, inca-paz de asimilar una eventuali-dad como la que nos ocupa yha desvelado que por parte delas administraciones públicascompetentes, que no son losjueces, no se han efectuado lasprevisiones de medios perso-nales y materiales necesariospara atender razonablemente ala nueva situación creada.

Como jueces sentimos unprofundo desamparo ante lapostura adoptada por el Defen-sor del Pueblo para acallar lascríticas procedentes de la judi-catura, legítimas en el fondo ysobre todo en la forma, y nosparece un sinsentido que se es-cude en el artículo 395 de laLOPJ, que impide a los juecesy magistrados realizar felicita-ciones o censuras contra repre-sentantes de otros poderes delEstado, Corporaciones o Auto-ridades, porque cualquiera quesea la interpretación que se ha-ga de la normativa en cuestiónno puede suponer la supresióndel derecho de opinión a losmiembros de la carrera judicial

en asuntos que los afecten,pues ello sería contrario a la ra-zón y al artículo 20 de la Cons-titución Española.

DERECHO A OPINARLos jueces y magistrados so-

mos servidores públicos, en-cargados de velar por la tutelade los derechos de los ciu-dadanos. La justicia emana delpueblo y cuando se cuestionanuestra actividad tutelar, silen-ciar nuestra opinión suponeprivar al ciudadano a quienservimos de la posibilidad deconocer el funcionamiento delcontrol judicial, y por ello, co-mo tales servidores públicosque somos no podemos ni de-bemos permanecer callados,sino expresar públicamentenuestras ideas y sugerencias.

Dentro del más estricto cum-plimiento de la legalidad vamosa seguir aportando nuestra opi-nión cuando la cuestión que seplantee sea de interés público yafecte al ejercicio de nuestrafunción jurisdiccional.

Del mismo modo que nues-tros compañeros fueron denun-ciados ante el CGPJ por opinary discrepar, sabemos de ante-mano que podemos seguiridéntico destino, y ciertamentelo asumimos, con cierta preocu-pación, pero con entereza, por-que mantenemos la firme con-vicción de estar haciendo locorrecto y entendemos que for-ma parte de nuestra responsabi-lidad lo que en definitiva no esmás que un acto de reafirma-ción de los valores constitucio-nales que por función debemosde tutelar, y que en su momen-to prometimos y/o juramos ha-cer cumplir frente a todos.

(Publicado en Canarias 7, 8de julio de 2002)

Pre-impresión

Valentín Beato, 24 4ª planta - Oficina 4

Tels.: 91 327 34 79 / 91 327 00 01Fax: 91 327 34 80

28037 Madrid

Impresión

Camino de Hormigueras, 124Nave 5-J

Tels.: 91 777 22 94 / 91 777 39 40Fax: 91 303 76 35

28031 Madrid

correo electrónico: filmacion@infonegocio.com

INMIGRANTES EN FUERTEVENTURAPedro J. Herrera Puentes, miembro del Secretariado de JpD; Miguel Ángel Parramon

i Bregolat y Humberto Guadalupe, coordinadores de JpD en Canarias

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COMUNICADOS

Tras conocerse la sanciónque el pleno del CGPJ impusoa los magistrados que integra-ban la Sección IV de la Audien-cia Nacional, el Secretariado deJueces para la Democracia hizopúblico un comunicado, el 29de julio, en el que resalta laprofunda preocupación y triste-za que producía tal decisión, enespecial por lo que supone deamenaza para la independenciajudicial, “cuya esencia consisteprecisamente en que un juez nopueda recibir órdenes, instruc-ciones o presiones indebidasantes de adoptar una resolu-ción sobre el sentido que éstahaya de tener y en que, una vezadoptada, no esté expuesto a re-presalias derivadas de la dis-conformidad o disgusto decualquier centro de poder res-pecto de su contenido jurisdic-cional”.

Tras resaltar que JpD siem-pre ha defendido que la inde-pendencia ha de llevar apareja-da la responsabilidad, elcomunicado indicaba que lacompatibilidad entre indepen-dencia y responsabilidad pasasiempre por la imposibilidad desancionar a un magistrado porel desacuerdo sobre el conteni-do de sus resoluciones jurisdic-

cionales. “Abrir la puerta a laposibilidad de sanción en estoscasos puede suponer el princi-pio del fin de la independenciajudicial, que hay que recordarque no es un privilegio personalde los magistrados, sino unacondición necesaria para queéstos puedan garantizar los de-rechos e intereses legítimos delos ciudadanos sin estar sujetosmás que al mandato de la ley yno a los deseos, opiniones, crite-rios o líneas políticas de otros,incluso si son mayoritarios”, se-gún el Secretariado.

Seguidamente se recordabaque, como puso de el TribunalSupremo, para evaluar la deci-sión adoptada por los magistra-dos de la Sección 4ª de la Salade lo Penal no es lícito situarseen un momento posterior, en elque ya se conoce que el pro-cesado no se ha presentado, si-no en el momento en el quelos magistrados están obliga-dos a evaluar por un lado elriesgo de fuga y, por otro, aponderar el derecho la libertad,los indicios existentes, los in-formes recibidos, el tiempoque llevaba en prisión, la ex-cepcionalidad de ésta y todoslos demás factores que el legis-lador y el TC exigen cada vez

que un Tribunal ha de decidirsobre la prisión provisional dealguien aún no juzgado y, co-mo tal, legal y constitucional-mente inocente. Al llevar a ca-bo esta evaluación es posibleque se cometan errores deapreciación, ya que no existejamás la certeza cuando se tra-ta de hacer una prospecciónsobre cuál puede ser la con-ducta futura de una persona.

Subrayaba el comunicadoque no cabe confundir estoseventuales errores de apre-ciación ni con arbitrariedad, in-tencionada o negligente —yalo ha dicho así definitivamenteel Tribunal Supremo—, ni con“desatención de las funcionesdel cargo”.

INDEPENDENCIAAMENAZADA

Por esa razón el Secretariadode JpD consideraba que sancio-nar a unos magistrados por elcontenido de su decisión juris-diccional bajo el título de “de-satención en el ejercicio de suscompetencias judiciales” supo-ne, además de una distorsiónde los términos incluso grama-ticales del texto legal, una seria

amenaza para la independenciajudicial, al emitirse el mensajede que el desacuerdo de los ór-ganos de gobierno del poderjudicial con el contenido deuna resolución puede dar ori-gen a una sanción.

El comunicado concluía así:“si los sancionados son, ade-más, unos magistrados cuyasdecisiones ya eran, en otros ca-sos, cuestionadas por el Gobier-no y por los medios de comuni-cación a través de los cualeséste se expresa; si su decisiónfue objeto de una querella na-da menos que por prevarica-ción presentada por el FiscalGeneral del Estado y si bastócon la admisión a trámite de laquerella para que los magistra-dos fueran apartados temporal-mente de su destino y suspendi-dos de funciones, la amenazapara la independencia no esmeramente teórica sino muyreal, con un mensaje diáfanopara todos y cada uno de losjueces y magistrados españoles:“¡Cuidado con lo que resolvéis,en casos en que esté en juegouna determinada línea de ac-tuación del Gobierno o de lamayoría política del momento,cualquiera que ésta sea, por-que os jugáis el puesto!”.

SOBRE LA SANCIÓN A LOS MAGISTRADOS DE LA AN

Jueces para la Democraciaha examinado en profundidadel Anteproyecto de Ley sobrePartidos Políticos así como lasreacciones que tanto desdeperspectivas jurídicas comopolíticas se han realizado al an-teproyecto. Sin entrar a realizarvaloraciones políticas, Juecespara la Democracia desea ha-cer públicas las siguientes con-sideraciones con el ánimo decontribuir al debate público so-bre esta trascendente Ley.

Los antecedentes del Pro-

yecto. La actual regulación delos partidos políticos se en-cuentra en la Ley 54/1978, de 4de diciembre. Se trataba inme-diatamente anterior a la Consti-tución (aunque aprobada te-niendo ya en cuenta el textoconstitucional) y contaba conuna regulación muy esquemáti-ca, de sólo seis artículos, por lotanto parece razonable acome-ter, pasados más de veinteaños de desarrollo constitucio-nal, una regulación más com-pleta y actual.

La Ley de 1978, en su artícu-lo 5.2, ya prevé la posibilidadde disolución de partidos polí-ticos que incurran en supuestotipificados como asociación ilí-cita en el Código Penal y“cuando su organización oactividades sean contrarias alos principios democráticos”.Gran parte de los supuestos dedisolución que ahora se con-templan en el artículo 8 del An-teproyecto no son sino concre-ciones y desarrollo de esteprincipio general que también

aparece ahora recogido y que,sin embargo, no ha sido utili-zado hasta ahora para la finali-dad que al parecer en este mo-mento se pretende.

La defensa de la Constitu-ción no ampara leyes ins-trumentales. Entendemosque el debate sobre una Leyde Partidos Políticos debe cen-trarse en determinar cuál hade ser la regulación ordinariade estas organizaciones, comocauce institucional de partici-pación política de los ciudada-

ANTEPROYECTO DE LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS

nos (art. 6 de la Constitución),y debe tener como objetivofundamental hacer posibleque todas las opciones políti-cas, cualesquiera que sean,tengan abierta la posibilidadde participación. En este senti-do, elaborar una Ley de Parti-dos Políticos con el pie forza-do de hacer “una ley parailegalizar Batasuna”, como seestá presentando ante la opi-nión pública, puede condicio-nar gravemente el conjunto dela regulación ordinaria de lospartidos; la Ley de PartidosPolíticos no debe convertirseen una ley para perseguir ocastigar comportamientos iden-tificados con el terrorismo, esel Código Penal y la legisla-ción antiterrorista la que debeafrontar esas tareas. En estesentido algunos comporta-mientos prohibidos por el an-teproyecto aparecen comoverdaderas penas accesoriassin límite temporal (la prohibi-ción de constituir partidos delos condenados por sentenciafirme).

Los límites constituciona-les del derecho de aso-ciación y creación de parti-dos políticos. En el marco dela defensa de la Constitución lacuestión fundamental es deter-minar si a tenor del artículo22.1 de la CE, que acota la de-finición de ilegalidad de unaasociación si persigue fines outiliza medios tipificados comodelito, el proyecto no estaráforzando el dicho marco paraacordar la ilegalización frente ailícitos civiles o administrativosno contemplados en el CódigoPenal. La difusa redacción delartículo 8 del anteproyecto ge-nera riesgos ya que recogeunas causas tan genéricas co-mo las referidas en dicho pre-cepto convertidas en difusascláusulas de valor que puedenplantear serios problemas in-terpretativos, penalizando in-cluso ideas en vez de activida-des.

Sobre el pretendido efec-to retroactivo de la ley. Hayque tener en cuenta que la di-solución de un partido políticotiene naturaleza de sanción y,como consecuencia, no puedederivar de causas o conductasanteriores a la propia ley quelas prevé. Por lo tanto, si sepresentan como algo novedoso(hasta ahora inexistente) nue-

vas causas de disolución quese estima que no estaban con-templadas en el artículo 5.2 dela ley hoy vigente, lo que nocabría en caso alguno es refe-rirlas a momentos anteriores ala entrada en vigor de la nuevaregulación. Ese posible efectoretroactivo iría en contra delprincipio de irretroactividad delas normas sancionadoras pre-visto en el artículo 9.3 de laConstitución.

Legitimación y competen-cia. Junto con esos problemasde indefinición el debate sobrela legitimación para instar la di-solución y el órgano competen-te para acordarla también plan-tean problemas jurídicos, yaque el diseño que el proyectorealiza de la legitimación tieneun claro contenido político alatribuir la misma a quienes hanaprobado la Ley; al establecer-se un procedimiento de natura-leza jurisdiccional la legitima-ción debe reconocerse enquien sin intervenir directa-mente en la aprobación de laley asume funciones, ha de evi-tarse el intento de patrimoniali-zar u obtener un aprovecha-miento partidista de cualquieriniciativa en este sentido, esta-bleciendo para ello una iniciati-va lo más institucional posible.

En cuanto al órgano com-petente, entendemos que lagarantía básica radica en que ladisolución sólo pueda acordar-la un órgano jurisdiccional, laSala prevista en el artículo 61de la LOPJ integra a los presi-dentes de las cinco Salas delTribunal Supremo pero no de-ja de ser una Sala Especial concompetencias hasta ahora muylimitadas en cierta medida resi-duales, que actúa como únicainstancia.

Conclusión. El anteproyec-to plantea serias dudas técnico-jurídicas y obliga a una refle-xión que debe ir más allá delenfrentamiento mediático; unaLey de la trascendencia y cala-do que se pretende no puedeaparecer como instrumento po-lítico sino como desarrollo dela Constitución que es patrimo-nio de la inmensa mayoría delos ciudadanos que tienen de-recho a discrepar sin que porello sus críticas pueda ser tilda-da de deslealtad democrática.

El Secretariado, 16 de abril de 2002

COMUNICADOS LABORAL

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Pablo Aramendi, del Secretariado de Jue-ces para la Democracia, acaba de realizarunas declaraciones a los medios de comuni-cación en las que califica de “insuficiente” lalegislación que regula los accidentes labora-les, porque según explicó, las sanciones eindemnizaciones resarcitorias que se impu-tan en esta materia tienen un coste econó-mico “muy inferior” al gasto que generan losservicios de prevención. Por ello, “al em-presario actualmente le resulta más benefi-cioso correr el riesgo de que se produzcauna accidente que atender a estos costes”.

El magistrado, que ejerce en un juzgadode lo social de Madrid, se mostró partidariode que las cargas impuestas al empresarioincumplidor de sus obligaciones en materiade seguridad e higiene en el trabajo y deresponsabilidad por accidentes, sean supe-riores a los gastos que le suponen los servi-cios de prevención.

“Mientras la prevención sea más costosaque las responsabilidades que en vía judicialse puedan imputar al empresario, no habránada que hacer. Es un problema de costeseconómicos”, agregó.

LA SEGURIDAD ES COSTE

Aramendi señaló que las medidas pre-ventivas ralentizan el trabajo, además, exi-gen cursos de formación a los empleados,una vigilancia permanente y se incrementanlos costes en materiales y equipamientos.“Los empresarios se plantean esto en térmi-nos exclusivamente económicos. Hoy porhoy de la legislación penal y laboral se deri-van responsabilidades de coste inferior a lasque supondría atender adecuadamente lasobligaciones en materia de prevención”, in-sistió.

Recalcó que en este sentido, se deberíanrealizar una serie de reformas legislativasque incrementasen las sanciones e indemni-zaciones resarcitorias por accidente. “Mien-tras la legislación continúe por estos derrote-ros y no se consiga establecer sanciones quesuperen el coste de las medidas de preven-ción, difícilmente se podrán cortar de raízlos problemas derivados de los accidentes detrabajo”, concluyó.

ACCIDENTES DE TRABAJO

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COLABORACIÓN

En las distintas entrevistasque he venido manteniendocon los jueces y magistrados,durante los últimos siete me-ses, aparece como constanteuna esperanzadora preocupa-ción por la mejora de la Admi-nistración de Justicia y, al mis-mo tiempo, una inquietantedesilusión por las mejorasanunciadas por el Gobierno, acorto y medio plazo.

Es gratificante que los juecesy magistrados, especialmentelos representantes de los másaltos órganos jurisdiccionales,se manifiesten preocupadospor la mala imagen de la Admi-nistración de Justicia y que ex-presen tantos deseos, aunquetambién frecuentemente impo-tencia, por mejorarla. Pero serequiere algo más que preocu-pación y deseos para que lascosas cambien. Desde luegoque la tarea no resulta fácil, pe-ro creo sinceramente que lascosas pueden adelantar muchoen poco tiempo, incluso pode-mos mejorar las mejoras propi-ciadas desde el gobierno.

Se me ha pedido que, en es-tas líneas de opinión, hable sólode los jueces, aunque no me re-sisto nunca a poner por delanteque también los abogados tene-mos mucho que mejorar, espe-rando alguna aportación que se-guro nos será de gran utilidad.

Lo cierto es que hoy la ma-yor responsabilidad, y tambiénel mayor número de posibilida-des de actuación, para la mejo-ra de la imagen que para elciudadano tiene la Administra-ción de Justicia, está del ladode los jueces y magistrados.

CITACIONESINCOMPRENSIBLES

Desde hace muchos años es-tamos actuando fuera de la rea-lidad social que nos circunda.No tiene sentido hoy la formaen que se “invita” a acudir alJuzgado. En el mejor de los ca-sos se cita para “una diligenciajudicial”, concepto absoluta-mente incomprensible para elciudadano, pero también abso-lutamente indeterminado, y, loque es más grave, perfectamen-te determinable. ¿Alguien ha in-

tentado meterse en el pellejo deuna persona inexperta en asun-tos judiciales, cuando recibe tanexpresiva citación? Como abo-gado puedo asegurar que, co-mo poco, produce zozobra.

Y cuando el citado descubreque se trata simplemente de laratificación de su escrito, el re-conocimiento de una firma o laentrega de una cosa, produceconsiderable cabreo y adnimad-versión hacia la justicia en ge-neral. Pero, en el peor de loscasos, citamos a un testigo queha de colaborar a la realizaciónde la Justicia con frío y lacónicotexto absolutamente intimidato-rio en el que, por encima delbien y del mal, de la salud, de

las obligaciones o apetenciasdel interesado, se le requierepara que en día, hora y minutoexactos comparezca, aperci-biéndole, en caso contrario, deseveras multas e incluso de ser“conducido por la fuerza” anteel Tribunal. ¿No creen que esllegada la hora de adecuar ellenguaje a lo que resulta educa-do en nuestra sociedad? Si elMinisterio de Hacienda ha pos-tergado ya su tradicional len-guaje intimidatorio, pretendien-do mejorar sus relaciones conlos sufridos sujetos contribu-yentes, es hora ya de que la Ad-ministración de Justicia haga lopropio con aquellos que justifi-can y ayudan a su función, pe-ro sobre todo con aquellos quedeben aparecer como sus bene-ficiarios.

ESPERAS INEXPLICADASSi a eso se añade que el cita-

do en minuto concreto puedeser obligado a esperar hasta va-rias horas, sin recibir la más mí-nima disculpa o explicación,faltando a una norma de urba-nidad tan destacada hoy comola puntualidad deberemos en-tender que, al menos las perso-nas afectadas, sus amigos, fami-liares y contertulios no consiganarraigar un buen criterio de laAdministración de Justicia.

Podríamos seguir intentandoimaginar el estado de ánimo decualquier ciudadano mediodescifrando los escritos judicia-les que le afectan o intentandocomprender las dilaciones, las

masificaciones en las antesalas,las discrepancias doctrinales,etc., pero me ha sido limitadoel espacio de esta pequeñaaportación.

En resumen, el trato toleran-te, cortés y amable, incluso porescrito, la puntualidad, la utili-zación de lenguaje comprensi-ble y, en general, los mejoresusos sociales incorporados acuantas actuaciones produce laAdministración de Justicia pue-den generar una inmediata me-jora de su imagen.

Para muchos, la reciente pu-blicada Carta de Derechos delos ciudadanos, más que el re-conocimiento de nuevos dere-chos individuales necesario enun Estado social y democráti-co, contiene comportamientosobvios para quienes de una u

otra forma hacemos posible laJusticia. A mi entender, lo úni-co que resulta obvio es que laimagen de la Administraciónde Justicia no sería la que es silos comportamientos socialesnormalmente considerados exi-gibles se hubieran producido.

No me resisto a denunciar,de forma absolutamente intere-sada, la necesidad de mejorarlas relaciones entre cuantos in-tervenimos en la Administra-ción de Justicia. Es fundamentalque todos tengamos siemprepresente la función social quecada uno desempeña, su gradode dificultad, las posibilidadesde facilitar la labor del otro, po-tenciando, en cuanto sea posi-ble, la mutua colaboración enasuntos de interés común, sin-gularmente en la permanenteformación y actualización deconocimientos. El pertinazapartamiento de los distintosprofesionales del derecho y es-pecialmente de la judicatura noha reportado ni puede producirmejoría alguna en la Adminis-tración de Justicia.

CAMBIO DE TALANTEEl gran cambio debe ser de

talante. El juez es, sin duda,pieza clave del Poder Judicial yde la Administración de Justi-cia, aunque hay otras. Durantemuchos años sostuvo quenuestros jueces debían ser losmejores. Los mejor preparados,los más inteligentes, trabajado-res, responsables y, por qué nodecirlo, los mejor remuneradosde nuestra sociedad. No obs-tante lo anterior, hoy he llegadola convicción de que lo mejorpara la normalización de nues-tra sociedad y de la Administra-ción de Justicia es que nuestrosjueces sean absolutamente nor-males, en todas las acepcionesde la palabra normal, es decir,personas conscientes del enor-me poder que detenta y de sutrascendental función social,correctos no sólo en el sentidode irreprochables, sino tambiénconforme a lo que se consideraeducado, atento, diligente, res-petuoso, comprensivo y com-prensible, solidario, estudioso ycompetente.

PODEMOS MEJORAR LA MEJORACarlos Carnicer Díez, Presidente del Consejo General de la Abogacía

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Pregunta.- El XVII Congre-so de Jueces para la Demo-cracia te ha reelegido, puesformabas parte del anteriorsecretariado, y has sido, condiferencia, el candidato másvotado de los once que sepresentaban ¿Cómo inter-pretas este aval a la gestiónde los últimos dos años?

Respuesta.-Creo que loscompañeros han valorado so-bre todo un trabajo razonabledel anterior secretariado, quealzó la voz sin tapujos cuandocorrespondía y llegó a acuer-dos cuando fue posible. En micaso concreto, ya fui tambiénel más votado en el congresode Gijón y tanto entonces co-mo ahora interpreto estas vota-ciones ante todo como una exi-gencia: muchos compañerosde la asociación, al votarmedesde posiciones plurales, loque están es pidiendo al secre-tariado una actitud integradora.

P.- El congreso mostró unahonda preocupación por losúltimos ataques a la indepen-dencia judicial. ¿Cómo hayque afrontar esta situación?

R.- La situación ni es nueva nies única en Europa. El poder(los poderes) siempre han traba-jado para tener a su servicio alos jueces. Cuando han podidohacerlo con naturalidad todohan sido grandes proclamascantando las excelencias de laindependencia y su profundorespeto hacia ella. Cuando laindependencia, paradójicamen-te, ha empezado a ser real, na-die se atreve a mantener abier-tamente un discurso contra ella,pero entonces empieza un do-ble juego: por un lado se insi-núan dudas sobre la legitimidaddemocrática de unos señoresque ejercen un poder del Estadosin haber sido elegidos por losciudadanos y aún así se atreven

a poner trabas a quienes gozandel apoyo de miles o millonesde votos; por otro, se utilizan losresortes disponibles para tratarde asegurar el control.

Ante ello los jueces y sus aso-ciaciones lo que hemos es demantener la cabeza fría, afirmary defender nuestra independen-cia, explicarla a los ciudadanos,y también ejercerla. Decidir conimparcialidad y sujeción única-mente a la ley y a la Constitu-

ción es nuestra primera obliga-ción profesional, incluso cuandocon ello corramos el riesgo deaparecer ante determinadosmedios como “enemigos delpueblo” ibsenianos. Y nuestraprimera obligación como aso-ciación es promover que los jue-ces actúen de este modo y de-fender a quienes lo hacen de losataques que puedan sufrir.

P.- Después de las críticasa la Sala 2ª del TS, que porprimera vez supuso el uná-nime rechazo del CGPJ ¿No

da la sensación de que el po-der ejecutivo pretende la su-misión a sus tesis de los tri-bunales?

R.- El propósito es especial-mente visible en algunas cues-tiones clave, que el Gobiernoquiere que sean el eje de undebate político monotemático.

P.- El gobierno quiere pre-sentar un proyecto de LOPJque sustituya la anterior.¿Qué opinas del borradorpresentado por el Ministeriode Justicia?

R.- El Pacto de Estado parala reforma de la Justicia propo-nía la modificación de la LeyOrgánica del Poder Judicial enmuchos aspectos: nuevo mapajudicial, redefinición de lascompetencias de los TribunalesSuperiores de Justicia, poten-

ciación de la función selectivade la Escuela Judicial, introduc-ción de criterios objetivos com-plementarios de la antigüedadpara la cobertura de vacantes,reforma en profundidad de laoficina judicial, etc.

Muchas de estas modificacio-nes legislativas se contemplabanya en las propuestas para la re-forma de la Justicia elaboradaspor el Consejo anterior sobre labase del Libro Blanco. Lo queocurre es que en los borradoresconocidos, que según el minis-tro Michavila son sólo un docu-

mento más de trabajo, la líneamaestra que parece primar noes ésta sino una especie devuelta atrás de todo lo que se hahecho desde 1985 e incluso demás atrás. Incluso muchas vecesda la impresión de que el mo-delo de Justicia que tienen inmente es el de 1954.

P.- El otro gran tema delcongreso fue la relación entreinmigración y delincuencia.¿No es un poco tendenciosoidentificar el incremento dedelincuencia sólo con la situa-ción de los “sin papeles”?

R.- Es una auténtica vileza in-troducir la palabra inmigranteen todos los discursos oficialessobre el incremento de la delin-cuencia. Incluso se han llegadoa ofrecer datos abiertamente fal-sos, como el de decir que el90% de los presos preventivoseran extranjeros. Es además unaauténtica irresponsabilidad,porque quienes hablan así nopueden ignorar que este tipo dediscursos constituyen el caldode cultivo de posiciones xenó-fobas. Parece como si fuera ne-cesario encontrar siempre unchivo expiatorio para cubrir laspropias deficiencias en la políti-ca de seguridad: ayer fue el dro-gadicto, hoy el inmigrante.

P.- El último congreso dela Asociación Profesional dela Magistratura rechazó lasupresión del ascenso forzo-so y ahora se presenta unborrador de LOPJ en el quepasamos de uno a tres as-censos. ¿Qué opinas de estaprevisión?

R.- La vuelta atrás a que an-tes me refería es especialmentevisible en el modelo de carrerajudicial. Con la explicación deque es necesario asegurar lacobertura de determinadas pla-zas, en lugar del sistema racio-nal de primarlas (las primaspueden ser no sólo económi-cas), lo que realmente se intro-duce es un modelo fuertemen-te jerarquizado, estructuradoen cuatro categorías y con tras-lado forzoso entre ellas. Noso-tros siempre hemos defendidoque los grados de jurisdiccióny el sistema de recursos no tie-nen por qué apoyarse en una

ENTREVISTA

MIGUEL CARMONA, NUEVO PORTAVOZ DE JpD

“Decidir con imparcialidad y sujeción a la ley y Constitución es nuestra primera obligación profesional, incluso cuando con ello corramos el riesgo de aparecer

ante determinados medios como ‘enemigos del pueblo’ ibsenianos”

MIGUEL CARMONA RUANO, 56 años, es en la actualidadpresidente de la Audiencia Provincial de Sevilla. Antes ha

sido secretario judicial, juez de distrito, juez de 1ªinstancia e instrucción, magistrado de trabajo y

magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia de Andalucía. El XVII

Congreso de Jueces para la Democracia, celebrado enVigo, le ha elegido de nuevo como miembro del

secretariado de la asociación, del que es portavoz.

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carrera jerarquizada. Jerarquíacuadra siempre mal con inde-pendencia.

Pero es que, además, estemodelo pudiera quizás soste-nerse, con enormes costes per-sonales, en una Justicia prota-gonizada por un pater familiaeque tocaba el cornetín e ibaviajando con su familia adondela carera le exigía, pero es evi-dente que dista mucho de larealidad sociológica de hoy,con nuevas relaciones familia-res y personales e incluso conunas nuevas promociones ma-yoritariamente femeninas. Lareforma cada vez más necesa-ria de la carrera es diametral-mente opuesta: lo que ha per-dido ya sentido es la diferenciaentre las categorías de juez ymagistrado y el ascenso forzo-so con cambio de destino.

P.- ¿La reforma de laLECRIM será útil?

La reforma de la LECRIM esnecesaria, porque no podemosseguir manteniendo muchotiempo más una instrucción pe-nal burocratizada, que tiene queconsumir la inmensa mayoría desus esfuerzos en tramitar papelque se va a archivar o en instruirprocesos en los que toda laprueba disponible para el juicioestaba ya de manifiesto desde elprimer momento, mientras que

resulta exasperantemente lentae ineficaz cuando ha de enfren-tarse a delitos de investigacióncompleja, en los que demasia-das veces la acusación se acabacentrando en aspectos margina-les a impulso del interés propiode la acusación particular, o elexpediente acaba en el archivoen cuanto este interés ha queda-do satisfecho. Lo que ocurre esque las reformas necesarias noson sólo legales, sino tambiénorganizativas e incluso de acti-tud. No tiene sentido que, conlos mismos textos legales, enunos sitios (Sevilla, Barcelona,luego Madrid, Alicante) se llevea cabo un determinado númerode juicios rápidos mientras en elresto de España este sistema es-tá inédito, pese a la reforma de1998.

P.- Por fin se ha presenta-do el Proyecto de Ley de Re-tribuciones. ¿Qué opina so-bre ella JpD?

R.- Nosotros ya hemos emiti-do reiteradamente nuestra opi-nión de que se ha llegado a unacuerdo razonable, que era ade-más el único que era posible al-canzar y que lo que no cabía eradejar que la situación se pudrie-ra definitivamente. Creo ademásque todos los jueces y magistra-dos, y no sólo JpD, tenemos unadeuda de gratitud con Ricardo

Bodas y con Javier Martínez Lá-zaro, que han dedicado horas yhoras de esfuerzo para conse-guir cerrar un acuerdo aceptabley que han sido los únicos que,durante toda la negociación, yadesde que tenían que hacerfrente a las posiciones cerradasde la ministra Mariscal de Gan-te, han mantenido una línea co-herente y continuada que final-mente ha sido la que hapermitido el acuerdo.

P.- En el CGPJ sigue exis-tiendo un serio enfrenta-miento. ¿El Pacto de Estadopara la Justicia no tiene ca-bida en esa institución?

R.- Es necesario que lo ten-ga. No es serio que estemosexigiendo un acuerdo a los par-tidos políticos, basándonos enque la Justicia es una cuestiónde Estado, que no puede estarsujeta a mayorías contingentes,y que sin embargo el órgano degobierno del poder judicial vivaposiciones arcaicas de “esta esla nuestra”, cerradas a cual-quier consenso. Como hemosdicho en nuestros comunica-dos, el CGPJ no es un Parla-mento ni puede funcionar a ba-se de mayorías y minorías.

La Constitución, al exigir pa-ra su composición mayorías re-forzadas, está pidiendo otro tipode funcionamiento en el que elprotagonismo ha de correspon-der al diálogo y la búsqueda deacuerdos. Hay, en todo caso, al-gunos datos que permiten soste-ner la esperanza de que se vayaintroduciendo la sensatez.

P.- JpD viene defendiendoque los profesionales del de-recho y juristas progresistashan de aunar sus esfuerzospara conseguir una adminis-tración de justicia mástransparente y cercana. ¿Semantendrá esta política?

R.- Desde luego. Propuestascomo el Foro por la Justicia co-mo servicio público u otrasque surjan en esta línea siguensiendo necesarias. La Adminis-tración de Justicia no la hace-mos sólo los jueces.

P.- ¿Cómo se explica queel Partido Popular haya re-chazado el Plan contra laviolencia de género que ava-laba toda la oposición?

R.- La verdad es que resultadifícil de explicar. Más aúncuando el propio presidentedel gobierno se había compro-metido a presentar un proyec-to de ley integral. Parece queha primado la postura partida-ria de no permitir que pudiera

aparecer como el triunfo deuna propuesta de la oposiciónsobre el interés de miles y mi-les de mujeres víctimas de unaviolencia sistemática, que seven atrapadas además en situa-ciones personales y familiaresde muy difícil salida.

Pero también aquí tiene queacabar imponiéndose el senti-do común, porque no pode-mos seguir pensando que sólolas medidas penales y procesa-les van a arreglar los proble-mas de violencia de género. Locual, por cierto, no puede ser-virnos de excusa para no apli-car los mandatos legislativos.Porque a mí me sigue ponien-do los vellos de punta seguiroyendo a algún colega (e in-cluso a alguna) lugares comu-nes como “total para qué voy aacordar medida alguna, si lue-go va a venir la mujer y va aperdonar” y simplezas seme-jantes.

P.- Dinos tu opinión sobreel nuevo plan contra la cri-minalidad presentado por elgobierno.

R.- Se puede resumir en dospalabras: la mayoría de las pro-puestas son antiguas, por loque no aportan ninguna nove-dad, y las nuevas son inacepta-bles, como la conversión defaltas en delitos o la expulsiónde inmigrantes irregulares co-mo pena única y otras barbari-dades de este género.

P.- Para finalizar te pedi-mos un consejo para los jue-ces que acaban de ingresaren la carrera judicial.

R.- Les diría que trataran deser, ante todo, personas cultasy abiertas al mundo, conocedo-ras de su entorno y sensibles alos problemas de los ciudada-nos. La independencia no tienenada que ver con la cerrazóncultural. También les pediríaque trataran de no pensar enlos asuntos sólo como númerosy de no caer nunca en la “ruti-na de la profesión”. El viejo“siempre se ha hecho así” nosuele ser nunca motivo bastan-te para seguir haciéndolo, es-pecialmente cuando se trata deprácticas que buscan más lacomodidad burocrática (la ma-yoría de las veces ni siquiera lapersonal del juez) que la satis-facción del interés público. Fi-nalmente, claro, les aconsejaríaque se acercasen a Jueces parala Democracia, conocieran suactividad y comprobaran queen su seno pueden encontrarcauce a la defensa de sus inte-reses profesionales.

ENTREVISTA

CURSO DE PREPARACION PARA ELACCESO A LA CARRERRA JUDICIAL POR

EL CUARTO TURNO

La Fundación “Antonio Carrete-ro” cuenta con un programa propiode preparación para el acceso a lacarrera judicial por el cuarto turno.

Diseñado atendiendo a la entre-vista que deben pasar los aspiran-tes, intervienen jueces y magistra-dos especialistas en cada una de lasjurisdicciones.

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Las clases son los jueves de 17 a20 horas. Para más información:

Fundación Antonio CarreteroNúñez Morgado, 3 4º-B28036 MadridTels: 91 314 19 64 y 314 01 38Fax: 91 314 27 52

E-mail: fundantoniocarretero@retemail.es

FUNDACIÓNAntonio Carretero

Cursos de preparación para el ingreso

en la carrera judicial por el cuarto turno

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VIOLENCIA DE GÉNERO

Entre las disfunciones que seachacan al sistema judicial en eltratamiento de los problemasderivados de la violencia de gé-nero, una de las más frecuenteses la que hace referencia a la fal-ta de coordinación entre la juris-dicción civil (Juzgados de Fami-lia) y penal (Juzgados deInstrucción, fundamentalmente),a la hora de dar una respuestajurídica eficiente y de calidad aquienes sufren el problema.Desde una perspectiva más am-plia, la falta de coordinaciónaparece también en muchos delos asuntos en que intervienenambas jurisdicciones (por lasfrecuentes derivaciones penalesde los procesos de ruptura o re-conversión familiar), siendoprueba del mal funcionamientode la Administración de Justiciaen este campo las numerosasquejas en las oficinas de recla-maciones y en los servicios deasistencia a las víctimas.

La situación que se describeha sido puesta de manifiestopor diversas instituciones. Con-cretamente el CGPJ en suAcuerdo del Pleno de 21-3-2001 sobre la problemática ju-rídica derivada de la violenciadoméstica, páginas 49, 60 y 71,propone como uno de los as-pectos a mejorar en los Juzga-dos la coordinación entre losjueces civiles y penales, espe-cialmente en cuanto a las me-didas cautelares en procesosde nulidad, separación y divor-cio y en procesos penales pormalos tratos, así como en lo re-ferente a la intercomunicaciónentre ambos órdenes.

Por su parte el SegundoPlan Integral contra la Violen-cia Doméstica hace hincapiéen esa falta de coordinaciónentre los distintos Juzgadosque intervienen en este tipo deasuntos como uno de los pro-blemas a solucionar para erra-dicar la violencia familiar. Fi-nalmente el Defensor delPueblo en un informe ante elSenado sobre violencia de gé-nero, pidió mayor coordina-ción entre las jurisdicciones ci-viles y penales como forma demejorar la protección de lasvíctimas de este tipo de delitos.

CRITERIOS COMUNESEs evidente que se constata

una deficiente respuesta del sis-tema judicial en el campo con-creto de la violencia de géneroy que ello se debe, además de aotras causas, a una importantefalta de coordinación entre losdistintos Juzgados que intervie-nen. La solución a este proble-ma debe pasar, en tanto se pro-ceda a las reformas legalesespecíficas, por la adopción deunos criterios comunes de ac-tuación que sirvan de referenciaa uno y otro tipo de Juzgados ala hora de abordar los proble-

mas jurídicos que generan losprocesos de ruptura-reconver-sión familiar en general y en losque concurra violencia de géne-ro en particular, tanto desde laperspectiva civil como penal.

La articulación jurídica deesta propuesta debe realizarsemediante la aprobación en Jun-ta de Jueces de los criterios deactuación que se estimen perti-nentes, en base a la competen-cia reconocida a dichas Juntasde Jueces en el artículo 65 c)del Reglamento 1/2000 (“... tra-tar de unificar criterios en cues-tiones jurídicas comunes o ge-nerales, con estricto respeto ala independencia judicial decada uno de sus miembros enmaterias jurisdiccionales”).

PROTOCOLO EN MÁLAGATratando de resolver esa

disfunción jurisdiccional laJunta de Jueces de Instruccióny de Familia de Málaga en reu-

nión celebrada el 22 de eneropasado aprobó un protocolode coordinación fijando unaserie de criterios de actuación:los referidos a aquellos asun-tos en que concurra violenciade género y los relativos a inci-dencias penales en el cumpli-miento de resoluciones adop-tadas por los Juzgados deFamilia (régimen de visitasfundamentalmente).

Dicho protocolo se elaborósobre un documento de trabajoprevio que partió de la recogidade datos en el Servicio de Asis-tencia a la Víctima y Asesoría

Jurídica del Instituto de la Mujerde Málaga, respecto a cualeseran los supuestos mas frecuen-tes de descoordinación en loscampos apuntados y que las/osusuarias/os de los Juzgados po-nían de manifiesto ante talesservicios, documento inicial alque realizaron aportaciones va-rios Jueces de Instrucción y Fa-milia, sometiéndose posterior-mente a la aprobación de laJunta de Jueces que introdujomodificaciones. En resumen elcontenido del protocolo se divi-de en dos apartados:

Criterios relativos aasuntos con violencia de género

Tras enunciarse “Se consideraque la violencia de género ya seafísica o psíquica ejercida sobrecualquiera de las partes en unproceso de separación o divor-cio, en tramitación o ya finaliza-

do por sentencia, debe tener unaadecuada valoración y una res-puesta jurídica eficiente tanto enel ámbito penal como en el civilde familia”, se detallan las pautasa seguir en los supuestos masfrecuentes de confluencia entreambos tipos de Juzgados: violen-cia de género y artículo 158 delCódigo Civil, comunicación entreJuzgados de actuaciones relevan-tes, autos de alejamiento y régi-men de visitas, y equiparaciónde las parejas de hecho a lasuniones matrimoniales.

Criterios relativos aincidencias en elcumplimiento deresoluciones adoptadaspor los juzgados defamilia (régimen devisitas)

Se reconoce una vis atractivade los Juzgados de Familia parala resolución de las cuestionesderivadas del cumplimiento-in-cumplimiento del régimen devisitas y vacacional de menorescon sus progenitores no custo-dios, al estimarse que esos Juz-gados son los que cuentan conmás elementos de juicio parauna mejor respuesta judicial delas incidencias que se plantean.Luego se detallan reglas concre-tas de coordinación entre Juzga-dos: remisión de testimonio dedenuncias penales al Juzgadode Familia, auxilio policial a losJuzgados de Familia, utilizaciónde los Puntos de Encuentro Fa-miliar por los Juzgados de Ins-trucción, intervención de losJuzgados de Guardia en caso deincumplimientos, aspectos pe-nales de los malos tratos psico-lógicos a menores detectadosen procesos de familia y denun-cias penales contra uno de losprogenitores y suspensión derégimen de visitas.

En definitiva el protocolocomentado trata de ser un pri-mer paso en un modelo de tra-bajo coordinado entre órganosjudiciales de distintas jurisdic-ciones que se irá completandoa medida que se detecten nue-vas disfunciones en la respues-ta judicial o posibilidades demejorarla.

COORDINACIÓN ENTRE JUZGADOS DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN

José Luis Utrera. Juez de Familia de Málaga

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LEY DEL DIVORCIO

El pasado mes de julio delaño 2001 se cumplió el vigésimoaniversario de la entrada en vi-gor de la Ley 30/1981. El tiempoque ha transcurrido desde su pu-blicación invita a la reflexión y alanálisis de la denominada Leydel Divorcio, ya que al día dehoy se mantiene prácticamenteinalterable su contenido sustanti-vo, habiendo sido sin embargoobjeto de una modificación sus-tancial, aunque insuficiente, sucontenido adjetivo o procesal.

Esta ley, como es conocido,se elaboró en un momento his-tórico en el que la influencia delextinto Estado preconstitucionaly católico se mantenía latente enun importante y representativosector de la población española,lo que provocó que el procesode gestación de la norma se ca-racterizase por las tensiones yenfrentamientos entre estos ylos integrantes de otros grupossociales de talante más progre-sista. De ahí, que el legisladoroptase por una postura eclécticae híbrida con el fin de conseguiruna ley consensuada y política-mente correcta. Afortunadamen-te, la sociedad española ha evo-lucionado y ese sector radical eintransigente ha quedado sensi-blemente reducido y práctica-mente superado por el resto.

Sabido es que en muchosEstados de nuestro entorno po-lítico, económico y social hadesaparecido la figura jurídicade la Separación, si bien en elnuestro se mantiene. Manteni-miento que considero aconse-jable, pero limitado a dos con-cretos supuestos: a) paraaquellos casos en los que laspartes involucradas pacten decomún acuerdo una suspen-sión de la convivencia conyu-gal, concediéndose un tiempopara reflexionar y para decidirsi han de acudir o no a un se-gundo procedimiento con elfin de conseguir el divorcio; yb) para aquellos otros procesosde crisis matrimonial en losque estén inmersos personasque por convicciones religiosasrechazan abiertamente la diso-lución del vínculo conyugalpor causa de divorcio, siemprey cuando ambas partes loacepten, prolongándose en talcaso sin solución de continui-

dad la suspensión legal de laconvivencia conyugal.

DIVORCIO DIRECTOLa idea expuesta, sin embar-

go, no ha calado en el legisladoractual quien se resiste a refor-mar el primitivo texto legal y si-gue sin permitir que se puedaacceder directamente al divor-cio. Para divorciarse cualquieraque lo pretenda, bien de mutuoacuerdo o por la vía contencio-sa, todavía debe acreditar la pre-via existencia de una separaciónde hecho o de derecho, con laúnica salvedad de la excepcio-nal causa de divorcio que secontempla y regula en el aparta-do 5º del artículo 86 del CódigoCivil, la cual, como resulta a lavista de su contenido, (condenaen sentencia firme por haberatentado contra la vida del cón-yuge, sus ascendientes o des-cendientes), apenas si tiene rele-vancia práctica y la poca quehaya podido tener en modo al-guno es digna de tomarse enconsideración al respecto.

Así pues, considero que lasactuales trabas legales que exis-ten deben desaparecer, para evi-tar que cónyuges que estén dis-puestos a desvincularse total ydefinitivamente puedan conse-guirlo sin necesidad de justificarnada más, y que tanto la sepa-ración como el divorcio pasen aser opciones legales flexibles.

Sin perjuicio de que, en los ca-sos en que proceda, se profun-dice sobre el motivo generadorde la crisis convivencial, perosólo cuando concurran circuns-tancias extremas que lo aconse-jen (malos tratos), y cuando seconsidere necesario para deter-minar las consecuencias que de-rivan de esa ruptura y reflejoque van a tener en las medidascomplementarias que hayan deadoptarse, sobre todo en lo con-cerniente a los hijos menores yal componente de la pareja másdesvalido. En definitiva, no hayque buscar culpables sino reme-dios a las crisis.

PAREJAS DE HECHODel mismo modo el legisla-

dor estatal debería abordar laproblemática que se genera co-mo consecuencia de la separa-ción de las parejas de hecho. Alfin y al cabo se trata de una rea-lidad social a la que también hayque dar respuesta, y no mirarlade soslayo, dejando pasar opor-tunidades para regularla sin ha-cer nada al respecto. El pasadoaño entró en vigor la LEC 1/2000de siete de enero, que dedica ensu Libro IV el Capítulo IV a losProcesos Matrimoniales y de Me-nores, sin que se haga en dichoapartado mención alguna a lasparejas de hecho. Tal omisión yfalta de equiparación entre pare-jas casadas y no casadas debe

ser objeto de la más severa críti-ca, pues los problemas relacio-nados con la crisis de conviven-cia de las segundas cuando hayhijos menores se han de tramitara través de dos procedimientosdistintos: uno para los temas re-lativos a los menores y otro paralos demás temas que derivan dela ruptura, conllevando tal situa-ción un doble esfuerzo personaly económico para los implica-dos, lo que se traduce en unaclara discriminación.

Es preciso por tanto tambiénhacer una reforma adjetiva paraque los procesos relativos a lasparejas de hecho, incluyendoclaro está, las de orientaciónhomosexual, se tramiten de ma-nera unitaria y por las mismasnormas procesales que los ma-trimoniales, encomendado suconocimiento exclusivamente alos Juzgados de Familia, cuyoámbito competencial, tanto ob-jetivo como territorial, debeigualmente corregirse para te-ner una proyección general yno limitada, como ahora ocurre.

Todo lo hasta aquí constata-do, no es más que una simplemuestra que pone de manifies-to la pasividad y desidia del le-gislador estatal, quien se empe-ña en mantener inalterable unaidea de la familia y una con-cepción de la convivencia enpareja que ha sido superadacon creces por la actual reali-dad social.

UNA VISIÓN CRÍTICA DESPUÉS DE 20 AÑOS DE VIGENCIA

Pedro Joaquín Herrera Fuentes. Juez de Familia Las Palmas, Secretariado JpD

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INFORME

Jueces para la Democracia, através de la Fundación AntonioCarretero, ha denunciado hastadiez incumplimientos en el de-sarrollo de la Ley de Enjui-ciamiento Civil, que van desdela falta de salas de juicios, laausencia del fiscal en los asun-tos civiles y la falta de desarro-llo legislativo de las leyes decooperación civil internacional,jurisdicción voluntaria o el de-creto de tasas.

No obstante destaca tambiénel informe que se ha apreciadoun riguroso cumplimiento delprincipio de inmediación, quefacilita la directa percepción porel juez de las pruebas en el jui-cio o vista, y una mayor celeri-dad en la tramitación de losprocesos civiles en primera ins-tancia, aunque no sucede lomismo en apelación y casación.

El informe valora el primeraño de aplicación de la LEC yenumera hasta diez medidasque están aún pendiente deadoptar. En primer lugar, la re-forma de la LOPJ en materiaprocesal, pues el proyecto queacompañaba a la actual ley nose aprobó por falta de apoyosparlamentarios. El informe in-dica que se superponen ahorados regulaciones en materia deforma de las resoluciones judi-ciales, se crea cierta confusiónen lo relativo a la abstención yrecusación de jueces y magis-trados, y no se cumple con elpapel de norma procesal co-mún para otros órdenes juris-diccionales que preconiza laLEC. A ello se une que todo elsistema de recursos extraordi-narios ideado por la LEC, atri-buyendo el recurso extraordi-nario por infracción procesal alos Tribunales Superiores deJusticia, sigue sin aplicarse,manteniéndose el “parche” quese ideó con la Disposición Fi-nal 16 de la LEC, que provisio-nalmente encomienda su reso-lución al Tribunal Supremo.

En segundo lugar se indicaque no se ha aprobado el De-creto de Tasas por Copias deDocumentos Judiciales. LaDisp. Adic. 4ª de la LEC orde-naba que en el plazo de seis

meses desde la aprobación dela ley el gobierno debería ha-ber elaborado un Real Decretoun sistema de precios tasadosreferidos a la obtención de co-pias de documentos judiciales.El plazo concluyó en junio delaño dos mil, y aún no se haaprobado.

En tercer lugar no se ha re-formado el Arancel de los Pro-curadores, salvo la conversión

de las cuantías a euros. Hayproblemas a la hora de determi-nar el coste del proceso, pueshay nuevos procesos (ordinario,monitorio, cambiario...) sin pre-visión en el arancel, recurrién-dose a la analogía lo que gene-ra incertidumbre en quienutiliza los servicios de estos pro-fesionales, imprescindibles enla mayoría de los casos.

FALTAN SALAS DE VISTAS

Se denuncia en cuarto lugarel déficit de Salas de Vista, so-bre todo en los juzgados mix-tos. Se limita así el uso de lasSalas a ciertos días, por la ne-cesidad de compartir entre doso varios juzgados las mismas,es preciso acumular numerososseñalamientos en un día, loque constriñe el tiempo que sedispone para la celebración decada acto, obliga a esperas que

podrían evitarse si se pudierandistribuir las vistas entre todoslos días de la semana, y haceirracional el trabajo, al concen-trase en unos días. También sedenuncia la disparidad de so-portes para grabación de losjuicios, que provoca problemasal grabar pruebas por exhorto,recomendándose el CD puestodos los jueces disponen delector en el PC de su despacho.

También se señala que lafalta de reforma del RD1829/1999, que aprueba el Re-glamento de Servicios Postales,provoca que no puedan cum-plirse los plazos para citar víapostal en los juicios verbales,porque si no se encuentra aldestinatario debe permanecerla citación judicial “hasta trein-ta días” en la sede de correos,lo que obliga a utilizar el agen-te judicial en muchos casos. LaFundación recomienda la refor-ma del RD o un acuerdo entrelas Direcciones Generales afec-tadas y el CGPJ, Ministerio deJusticia y CCAA, en forma se-mejante a como sucede con laFEMP o Hacienda.

El sexto incumplimiento es elrelativo la previsión de copiasde juicios. La D.A. 3ª de la LECdispone que en el plazo de unaño a partir de la aprobación dela LEC, que se produjo en di-ciembre de 1999, gobierno dela nación y de las CCAA tienenque adoptar las medidas nece-sarias para que los juzgados ytribunales dispongan de los me-dios materiales y recursos hu-manos precisos para que laspartes puedan tener constanciade las actuaciones conforme alartículo 147 de la LEC, es decir,a costa de la parte que lo solici-ta. La falta de regulación supo-ne que esta obtención es gratui-ta, se abusa en algún caso yobliga a destinar un funcionarioa ese menester.

JURISDICCIÓNVOLUNTARIA

Tampoco ha tenido desarro-llo la D.A. 18 de la LEC que or-denaba la presentación de un

proyecto de ley de jurisdicciónvoluntaria en el plazo de un añodesde su entrada en vigor, el 8de enero de dos mil. Por otro la-do la D.A. 20ª establecía que enseis meses desde la entrada envigor de la ley, el gobierno re-mitiría a las Cortes un proyectode ley sobre cooperación jurídi-ca internacional en materia civil,plazo que expiró el 8 de juliodel año dos mil uno, sin que sehaya presentado.

En noveno lugar se resalta elfracaso del nuevo sistema derealización procesal de los bie-nes, consistente en los acuer-dos a los que alude el artículo640 de la LEC, entre el ejecu-tante y el deudor. Se dice quelas expectativas que se publici-taron por algunos, al aprobarsela LEC, se han visto defrau-dadas. Este sistema de realiza-ción, por el desconocimientode los ejecutantes, la falta deexperiencia de los juzgados ola deficiente regulación legal,no ha tenido aplicación efecti-va. Por último el informe des-taca los problemas que plan-tea, en materia de familia, lafalta de presencia de fiscales enlos juzgados. Hay muchas fis-calías que son incapaces deatender los señalamientos, pro-vocando problemas para cele-brar estos juicios.

ÉXITO DEL MONITORIO

A pesar de las críticas, el in-forme también señala que eljuicio monitorio ha sido un ro-tundo éxito, y está permitiendoel cobro de pequeñas deudascon rapidez inusitada. Estenuevo procedimiento se intro-dujo en el ordenamiento espa-ñol por primera vez con la LECy está facilitando una rápidocobro de las deudas de peque-ña cuantía.

Concluye la Fundación An-tonio Carretero que muchas deestas medidas precisas para lacorrecta aplicación de la LEC nisiquiera tienen coste económi-co, pues se trata de dictar nor-mas que hagan efectivas lasdisposiciones de la misma.

JpD DENUNCIA HASTA DIEZ INCUMPLIMIENTOSEN EL DESARROLLO DE LA LEY DE

ENJUICIAMIENTO CIVIL

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Siguiendo una tradiciónque se remonta ya a seis en-cuentros, se ha celebrado enCovilhâ (Portugal), el sextoencuentro entre jueces espa-ñoles y portugueses de lasasociaciones Jueces para laDemocracia y Asociación Sin-dical de los Jueces Portugue-ses. Las últimas jornadas cele-bradas en España tuvieronlugar en la ciudad de Carmo-na (Sevilla), que ahora han si-do correspondidas por los co-

legas portugueses que lasorganizaron los días 20, 21 y22 de septiembre, presididaspor el tema “La responsabili-dad del juez”.

Por parte lusitana intervinola juez civil de Lisboa MariaJoao Sousa e Faro, que en suponencia describió el sistemaactual de exigencia de res-ponsabilidad civil a los cole-gas portugueses, caracteriza-do por la imposibilidad deacción directa de los ciudada-nos, pues queda reservada enexclusiva al Estado en vía deregreso.

También explicó el proyec-to de ley que pretende refor-

mar el sistema de responsabi-lidad de los jueces portugue-ses y la posición de la Aso-ciación Sindical de Juecessobre ese debate.

En el lado español fuenuestro compañero GregorioÁlvarez, magistrado de 1ª Ins-tancia e Instrucción de Sala-manca quien explicó de ma-nera exhaustiva el sistema deresponsabilidad civil, penal ydisciplinaria, entregando a loscompañeros toda la legisla-

ción aplicable a esta materia,centrándose en especial en suintervención en lo relativo a laresponsabilidad civil.

Además del debate quepropiciaron ambas interven-ciones, el programa se com-pletó con la visita al munici-pio y a las feligresías deOurondo y Sobral de San Mi-guel, y una interesante visita alas minas de wolframio de Pa-nasqueira.

Las jornadas fueron clausu-radas por el presidente de laAsociación Sindical portugue-sa, Doctor Girao, y el portavozde Jueces para la DemocraciaMiguel Carmona.

Este año se han celebradotambién las II Jornadas sobreel Gobierno de la Justicia, pre-sididas por el lema “La justiciaen las pequeñas localidades”.Laredo, en Cantabria, fue denuevo el lugar elegido para suorganización, desarrollándoseentre el 7 y 8 de febrero de es-te año.

Cuarenta jueces acudieronal encuentro, cuyo directorera José María Fernández Sei-jo, del Secretariado de Juecespara la Democracia. Fue inau-gurado por el alcalde de Lare-do, Fernando Portero, el con-sejero de presidencia delGobierno Autónomo, el presi-dente del TSJ, Javier SánchezPego y el vicepresidente delCGPJ, Fernando Salinas.

SIN FISCALES

En cuanto a su contenidoMiguel Covián, de Lugo, tratóel problema del ascenso for-zoso, concluyéndose por losparticipantes que para un me-jor servicio a los ciudadanoses conveniente su desapari-ción. Antonio Valdivia, juez deLinares, trató sobre los proble-mas de seguridad en los juz-gados de pueblo, bien dife-rentes a los de grandesciudades pues constató quenormalmente se carece de losmás elementales medios paradar un nivel de seguridadaceptable. Enrique San Juan,juez de Vélez-Málaga, relacio-nó los problemas más comu-nes del servicio de guardia, en

particular la inasistencia de lafiscalía.

También se estudió la si-tuación que padecen los jue-ces únicos por Miguel Aram-buru, juez de Redondela(Pontevedra), debatiéndose laconveniencia de su desapari-ción como tales órganos úni-cos, y la formación inicial deljuez por Fernando Valle, coor-dinador de la Escuela Judicial,que criticó el sistema memo-rístico de acceso a la escuela yrelacionó las inquietudes máshabituales de los nuevos jue-ces ante su primer destino.

Fueron objeto de análisis lasdificultades que la gestión de lanueva LEC plantea en los juz-gados mixtos por Raquel Bláz-quez, juez de Zamora, y las

incidencias que la nueva LEC,con su exigencia de inmedia-ción y concentración, planteaen estos órganos en general so-brecargados de trabajo.

En las jornadas participarontambién los vocales del Con-sejo General del Poder Judi-cial Javier Martínez Lázaro yMontserrat Comas, Javier de laHoz, presidente de la Audien-cia de Cantabria y los miem-bros del Secretariado de Jue-ces para la Democracia.

Las jornadas fueron clausu-radas por el alcalde de Laredoy el presidente del Parlamentode Cantabria, Rafael de la Sie-rra, que invitó a Jueces para laDemocracia a reiterar la orga-nización de estas jornadas enla comunidad autónoma.

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ACTIVIDADES

VI JORNADASHISPANOLUSAS

JUECES DE PUEBLO

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DEBATE

Desde que aprobé la oposi-ción en junio del año 2000, mimayor ilusión era llegar a Bar-celona e incorporarme a la tannombrada “Escuela Judicial”,de la que se oían comentariosen todas direcciones, negati-vos, favorables, reservados encuanto a su eficacia, escépti-cos, ilusionados.... todo eranrumores acerca del períodoque comenzaba.

Llegué a la Sede de Valvi-driera tras haber viajado enmetro, ferrocarril, funicular yautobús particular. Un edificiode cristal, titanio y madera seescondía entre las colinas, co-locado inmediatamente debajode la Torre de Colserolla, en unparaje inédito, solitario, silen-cioso y fascinantemente acoge-dor, con unas vistas de la Ciu-dad Condal que alcanzaban elMediterráneo.

El edificio inspiraba sosiego,robustez y modernidad. En suinterior salas de ordenadores,un auditorio, salas de vistas,cafetería, comedor y aulas, 12en total, divididas en dos sec-ciones, A y B, en las que nosdistribuirían por orden alfabéti-co. Los alumnos de la 52 pro-moción comenzábamos enton-ces un período de formación,permaneciendo en la Escuelahasta junio y complementandoposteriormente nuestra prepa-ración con prácticas en diferen-tes juzgados mixtos, o de 1ªInstancia e Instrucción, comojueces adjuntos durante seismeses.

OPOSICIÓNMEMORÍSTICA

De este período formativoyo esperaba sacar el mayorrendimiento. Durante el tiem-po que había pasado estudian-do la oposición siempre habíacriticado su aspecto exclusiva-mente memorístico, meramen-te teórico. Mi preparadora son-reía cuando me revelaba antela forma de estudio, me enfa-daba reclamando un cambio,

una modificación en la formade acceso a la Carrera, medesesperaba lo baldío queconsideraba memorizar literal-mente los artículos que salpi-caban gran parte de nuestrosvigentes códigos. Ella me mira-ba y trataba de tranquilizarmediciéndome: “Tú aprueba ydespués, desde dentro buscael cambio, lucha por él”. Estu-diando echaba en falta la sen-sación práctica, la idea esen-

cial de que los jueces somos elderecho vivo, porque revivi-mos la letra muerta de la leypara ponerla en movimientoaplicándola y acomodándola alas circunstancias que exija ca-da caso particular.

De mi estancia en la EJ yoesperaba entresacar una visiónpráctica del Derecho, un com-plemento a la formación jurídi-ca que los años de estudio noshabían permitido obtener, unavisión real de la labor judicial,de las exigencias y pormenoresdel día a día en el juzgado yempaparme de la problemáticaque en sí encerraba la delin-cuencia y la litigiosidad ennuestro entorno. En este aspec-to la Escuela judicial no me de-fraudó.

Era nuestro primer día en laEJ, nos entregaron un dossierdónde se especificaba el calen-dario de actividades planifica-das para realizar durante el

curso. Con las diversas activi-dades, que comprendía el ca-lendario, se podían formar dosgrandes grupos; un primer gru-po constituido por materiasestrictamente dirigidas a for-marnos en un aspecto jurídico-procesal y en la labor judicial yun segundo grupo dirigido aconcienciar al juez en su laborsocial, acercándonos a la reali-dad humana y al entorno, queen el desempaño de nuestrocometido, hemos de conocer yentender.

El primer grupo compren-día, como he señalado, activi-dades docentes integradas enla labor judicial en sí mismaconsiderada, aquellas actuacio-nes que un juez ha de desem-peñar en su puesto de trabajopor constituir su labor esencial;toma de decisiones, ordena-ción de procedimientos, actua-ciones de investigación o dicta-do de resoluciones.

Tres asignaturas; 1ª Instan-cia, Constitucional e Instruc-ción englobaban el núcleoesencial de este grupo, y secomplementaban con cursosespeciales en diversas materiascomo derecho de familia, cur-sos sobre el juicio verbal y or-dinario en la nueva LEC, regis-tro civil, etc.

Se trataba con éstas clasesde aprender a redactar moti-vadamente sentencias y autos,manejando casos prácticos yaresueltos en la vida real, co-nociendo el devenir procesalde los expedientes judiciales,su tramitación, los problemasque la misma puede llegar aplantear y la forma de resol-verlos.

Aunque resulte increíbledespués de los años de estudioen la oposición, uno se sienteincapaz, o al menos tiene enprincipio la sensación de queno es capaz de dictar, casi deestructurar, una determinadaresolución judicial. En las cla-ses de estas asignaturas empe-cé a empaparme de nuestraverdadera tarea en el Juzgado:dictar un Auto, la estructura del

mismo, la conversión de unasDiligencias Previas en un Pro-cedimiento Abreviado, las di-versas partes en las que se di-vide una Sentencia y la formade redactarla y sobre todo, lanecesidad práctica de atenderal caso particular que te ocupa,de delimitar ciertos datos fácti-cos acaecidos en la realidad,depurarlos, sintetizarlos ysubsumirlos en una concretafundamentación jurídica, razo-nablemente explicada, motiva-damente expuesta.

LENGUAJECOMPRENSIBLE

En la Escuela aprendí que lalabor fundamental de un juez,como garante del Derecho yaplicador de la Ley, es unafunción que el ciudadano hade comprender, para lo cual“conditio sine qua non” es quela resolución que llega a losmismos, ya sea Auto o Senten-cia, la expresemos en un len-guaje accesible que comprendauna explicación coherente yfluida, una fundamentación,que sin escapar de la dimen-sión jurídica, se acerque aljusticiable, haciéndola com-prensible al conjunto de losciudadanos.

El segundo grupo estabaconstituido por un conjunto dematerias dispares, desde activi-dades organizadas fuera de lasede de la EJ, como la visita auna prisión, hasta actividadesde simulación a realizar conalumnos de la Escuela de ArteDramático o de la Escuela dePráctica Jurídica. Este conjuntode actividades nos enseñó ainterrelacionarnos con diver-sos colectivos, mantuvimosdebates con presos, con toxi-cómanos en proyectos de des-habituación, con extranjerosemigrantes, con hombres ymujeres que nos transmitieronsu problemática familiar quehabía terminado en separacióno divorcio, con personas mal-tratadas, aprendimos la efica-

LA ESCUELA JUDICIAL: UNA FORMACIÓN INTEGRAL

Beatriz García Celáa. Juez de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Mollet del Vallés

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DEBATE

cia de la mediación y el ar-bitraje en la resolución de con-flictos.

Se trataba de actividades hu-manísticas todas ellas, dirigidasa hacernos comprender unaproblemática social, a la que almenos yo, había permanecidoajena, ausente mientras ence-rrada en mi habitación tratabade memorizar el temario de laoposición: la indigencia, losmalos tratos, el mundo de ladroga, los sectores marginales,los extranjeros...

HUMANIDAD

Me humanicé, empecé acomprender un mundo, hastaentonces lejano, con el que ne-cesariamente me iba a tenerque relacionar, al que ineludi-blemente iba a tener que aden-trarme y enjuiciar. Las senten-

cias, cada una con las particu-laridades del caso que te ocu-pe, se diseñan estructuralmen-te de igual manera. Sinembargo la problemática sociales diferente y compleja a cadainstante y entiendo que paradecidir sobre ella, es necesarioprimero haberse acercado, aso-mado a la misma. Ésta, sin du-da, fue la formación más ge-nuina que me ofreció la EJporque me colocó dentro delcírculo, para desde él, ser ca-paz de valorar y cumplir mi co-metido como juez.

Cuando en estos momentosse oyen rumores de cambio enla forma de preparar a las nue-vas promociones, cuando seescucha que el nuevo CGPJbusca erradicar, suprimir o almenos limitar este segundogrupo de actividades, paraconvertir la EJ en una sede enla que se impartan exclusiva-

mente materias jurídico-proce-sales que busquen clarificar ycomplementar los conocimien-tos obtenidos en el período deestudio de la oposición, mepregunto: “¿qué clase de jue-ces se pretenden?”; jueces ais-lados de una realidad que hande enjuiciar, jueces técnico-procesalistas que dejen en eltintero valores como la integra-ción, la humanidad y la rela-ción con el entorno socio-cultural que en su laborprofesional diaria les va a ro-dear. Jueces que opinaran ydecidirán sobre un círculo alque no han tenido la posibili-dad de asomarse en su perío-do formativo. Difícil tarea.

JUEZ GARANTISTA

En mi opinión los juecesno podemos ser exclusiva-

mente técnicos del Derechoy quedarnos en la esferateórica de la labor judicial,sino que desde nuestro co-nocimiento de la Ley debe-mos de garantizar derechos,investigar delitos y resolverconflictos, siempre cons-cientes, consecuentes e inte-grados en la realidad social,en la problemática coyuntu-ral que nos toca proteger yenjuiciar.

Sin ese tipo de actividadeshumanísticas creo que la EJquedaría un poco coja en lapreparación de un juez, quepodríamos hablar de una EJde “formación jurídica” y node “formación integral”. Peroes a quienes les toque decidirel futuro de la preparación delas nuevas promociones, alactual CGPJ, a quien este tipode argumentos debe de con-vencer.

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Ser juez en Euskadi es vi-vencial y existencialmente dis-tinto a serlo en otro lugar. En elcampo de la vivencia íntima,porque esta profesión que enotras partes de España suele iracompañada de un respeto ylegitimidad poco cuestionados,en Euskadi carece de todoapriorismo en clave positiva. Esahí donde con más claridad lalegitimidad y credibilidad delrol judicial debe ganarse antela sociedad, día a día en unalegitimidad de ejercicio con-quistada cotidianamente. Nohay lugar para torres de marfil,y que no se vea ninguna valo-ración negativa en esta refle-xión, porque personalmentecreo que esta autoexigencia esmuy enriquecedora para todojuez. Por eso he sostenido quela mejor “escuela judicial” es elejercicio de la jurisdicción en elPaís Vasco. Porque nada le esdado al juez.

También ser juez ha sido yes existencialmente distinto.Distinto porque como poderdel Estado —el único no afec-tado por la descentralizaciónpolítica— se encuentra con elriesgo de ser tratado como ex-traño, y en general asimiladoal ejecutivo central, en un es-quema muy propio del na-cionalismo que tiende en sudiscurso a equiparar Estadocon Ejecutivo. Es por eso queen este contexto resulta másurgente y necesario transmitirel mensaje de que el Judicialtiene un discurso propio, novicario de ningún otro poder,tampoco de los poderes autó-nomos. Es un poder indepen-diente no como privilegio per-sonal o gremial, sino comogarantía de imparcialidad y deaceptación social de su rol conel límite del sometimiento a laley y a la realización de los va-lores constitucionales que con-tiene.

Ser juez en Euskadi es dis-tinto porque las señas de todasociedad democrática verte-

brada alrededor del respeto ala dignidad de la persona hu-mana y a los valores que en-carna, comenzando por el devida, libertad y pluralidad po-lítica, no es algo asumido uná-nimemente en el País Vasco,que por ello carece de ese mí-nimo ético asumido por todos.Por el contrario, en el sub-consciente colectivo existe la

convicción de que la violenciatiene un sentido utilitario yeso encuentra su más acabaday cruel expresión en la com-prensión hacia el asesinatocomo instrumento de acciónpolítica, que una parte minori-taria pero significativa de lasociedad vasca tolera, acepta,explica, contextualiza yapoya.

Es en esa concreta realidaddonde se ejerce la jurisdicción,con una parte de la ciudadaníaque se coloca extramuros delos valores que definen la so-ciedad democrática, situación

que se reproduce a través deespecíficos centros de “deso-cialización”. Es en esta realidaddonde se desarrolla el ejerciciojudicial en su triple función depacificadora de los conflictos,garante e los derechos de to-dos los ciudadanos y controla-dora de la acción pública.

Y sin embargo, hubo untiempo en que el sistema judi-

cial fue respetado por las insti-tuciones y sentido por unagran parte de la ciudadanía co-mo un poder y un servicio pú-blico esencial para la sociedad,reconociéndosele su condiciónde agentes de cohesión socialen una realidad que, como lavasca, tiene como una de susmás acusadas señas, en negati-vo, la de ofrecer una imagende una sociedad fracturada ydesvertebrada en grado inquie-tante, propiciando la actuaciónjudicial procesos de encuentroy respeto alrededor de valorescompartidos.

APOYO PARLAMENTOVASCO

Ahí están los dos acuerdosdel Parlamento Vasco de apoyoal Poder Judicial en dos propo-siciones no de ley de fecha 20de noviembre de 1987 y 30 demayo de 1997, declaracionesque no tienen precedente en lahistoria del parlamentarismo nien nuestro derecho ni en elcomparado. Ambas se produ-jeron en el mismo contexto deataques y descalificaciones glo-bales a los jueces, sólo quedesde posicionamientos opues-tos, y la sola fecha de ambasresoluciones es suficientemen-te ilustrativa.

La constante del quehacerjudicial en el País Vasco es ha-ber estado en el centro de in-tereses encontrados y muchasde sus resoluciones, singularpero no exclusivamente las deorden penal, provocaban des-de posiciones opuestas acusa-ciones unas veces de servilis-mo y sometimiento a interior oa la policía, o bien pago de“peajes” por la seguridad delos jueces ante ETA o su en-torno.

De alguna manera se cuentacon ese entorno crispado quepor otra parte es el propio enel que se ejerce la jurisdicción,bien que en el País Vasco subamuchos grados, pero por enci-ma de esa situación se consta-taba, se sentía un suficienterespeto al sistema judicial, unabuena sintonía institucional yuna buena imbricación social,porque no hay que olvidar queel juez, antes de serlo, es ciu-dadano de la comunidad enque vive.

La reciente radicalizacióndel poder político y la profun-dización en la fractura socialha afectado también a esta si-tuación. Mas aún, me atreveríaa decir que el primer síntomade dicha radicalización tuvopor objetivo la deslegitimacióndel sistema judicial y por excu-

OPINIÓN

JUECES EN EUSKADIJoaquín Jiménez García. Magistrado del Tribunal Supremo

“Que las armas cedan

ante la toga” (Cicerón)

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sa el desconocimiento deleuskera.

PRETEXTO

Ese fue el pretexto —y nocreo que impremeditado— pa-ra iniciar una campaña que te-nía por objeto hacer aparecer alos jueces, hasta entonces pun-to de encuentro e instituciónrespetada, como un cuerpoajeno y extraño a la sociedadvasca, mensaje repetido —ahíestán las hemerotecas—. Másaún, pasaron a ser considera-dos como vulneradores de losderechos de los vascoparlantesde suerte que de garantizado-res de los derechos de todoslos ciudadanos se nos convirtióen vulneradores de los dere-chos humanos (campaña “bui-tres” de Euskal Herrian Euske-raz y el autodenominadosindicato de abogados euskal-dunes, febrero 1997). Afirmabaen un artículo de prensa publi-cado en aquella época que“decir irreflexivamente que losjueces violamos en Euskadi losderechos humanos puede noser gratis...”. Como se ve, no loha sido.

Poco a poco se ha ido te-jiendo una malla de descalifi-caciones, silencios e intimida-ciones hacia el sistemajudicial en su conjunto en cla-ve claramente excluyente.Eramos extraños a la sociedadvasca, los “otros” y se llegó aproponer un circuito judicialen euskera al frente del cualestarían los jueces conocedo-res del idioma, pero al mismotiempo, si el conocimientodel euskera por un juez novenía unido a la comunica-ción con el “imaginario vas-co”, entonces se le “castiga-ba” recibiendo todos losescritos en castellano. Hayejemplos, y así hemos llegadoa la situación actual.

El asesinato del magistradode la Audiencia Provincial deBilbao, José María Lidón, no esningún salto cualitativo en ladinámica del terror desatadopor ETA hace años. Llevo añosoyendo, periódicamente, esateoría de saltos cualitativos. Es,ni más ni menos, el intento deatemorizar a todo el colectivojudicial provocando una des-bandada, con la esperanza deque otros en comunión con esa“mitología pseudohistórica” —tomo el término de un re-

ciente artículo de Joseba Arre-gui—, puedan ocuparlo. Poreso el asesinato de un juez enel País Vasco era una crónicaanunciada.

El judicial es un poder muyespecial, disperso, porque cadajuez lo ostenta dentro del ám-bito de su competencia, quenecesita para existir y cumplirsu función constitucional, delreconocimiento y colaboraciónde otros poderes instituciona-les, estatales y autónomos. Espor eso un poder especialmen-te integrado en la sociedad enla que ejerce, que está necesi-tado de apoyo y respeto com-patible con la crítica —siempresaludable—, de esta o aquellaresolución judicial. Por ello na-da más devastador que el reite-rado y genérico ataque a todoel sistema judicial, que suponeuna deslegitimación de todo elestado de derecho, lo que re-sulta especialmente grave enuna consolidación de la doctri-na que justifique el exterminiodel disidente, ya sea político,profesor, periodista o juez. Estaes una sociedad macrovictimi-zada por encima de otras imá-genes más amables.

En pocos sitios como Eus-kadi es verdad que ver un cri-men en silencio es casi tantocomo cometerlo. El silencio escómplice, y silencios los ha ha-bido. Por eso urge a mi juiciogarantizar el normal funciona-miento del sistema judicial.Existen los medios necesariosy ello debe ser una prioridaddel Gobierno Vasco en cuantoque los temas de seguridad lecorrespondan a él, sin perjui-cio de la necesaria colabora-ción y ayuda del Ejecutivo cen-tral, prioridad que en el campode su propia competencia loes también del CGPJ. Esta es lacondición imprescindible perono la suficiente.

Junto a las medidas de segu-ridad hay que recuperar el re-conocimiento, colaboración ylealtad de todas las institucio-nes, el apoyo y una cercaníano ya en las grandes —y fre-cuentemente trágicas— ocasio-nes, sino en el día a día, por-que los jueces ni son niquieren, ni deben ser tratadoscomo extraños al cuerpo socialen el que trabajan. Es unacuestión de supervivencia delEstado de Derecho, y por tantodebe tener el tratamiento comotal, por encima de posicionespartidarias.

UPF

Los integrantes de los Se-cretariados estatales de JpD yla Unión Progresista de Fisca-les (UPF) se han desplazado elpasado mes de abril a Bilbaopara mostrar su apoyo a loscompañeros que sufren laamenaza terrorista en el PaísVasco. En el transcurso de suvisita se reunieron con sus res-pectivas secciones territorialesy con el consejero de justiciadel gobierno autónomo, Jose-ba Azkarraga a quien hicieronllegar sus preocupaciones enmateria de seguridad.

El primer objetivo de estareunión ha sido respaldar la la-bor que magistrados y fiscalesdesarrollan en Euskadi, en mo-mentos en que el trabajo en es-ta comunidad no es fácil comoconsecuencia de la amenazaterrorista. Así Miguel Carmona,portavoz de JpD tras afirmarante los medios de comunica-ción que “el terrorismo es lanegación absoluta de cualquiermarco mínimo de convivenciaen un sistema democrático”,destacó que jueces enraizadosen esta comunidad, inclusovascoparlantes, la habíanabandonado a raíz del asesina-to del compañero Lidón.

No obstante ambas aso-ciaciones confían en que elconjunto de medidas adopta-das por el CGPJ y la adminis-tración estatal y autonómica,puedan frenar la salida de jue-ces y fiscales del TSJPV, ten-dencia que parece percibirseen los últimos concursos.

JUECES CAPACES

Miguel Carmona destacótambién que es cierto que losúltimos de las promociones dejueces son los que, finalmente,se ven obligados a ejercer “enlas plazas menos deseadas”, eneste caso en Euskadi, aunqueprecisó que “los que están losúltimos en el escalafón no son,en modo alguno, los peoresjueces. Son unos profesionalesmuy capaces, que han pasadouna carrera, que han aprobadouna oposición y que han teni-do un período de más de unaño y medio de formación enla Escuela Judicial”.

También el portavoz de laUPF, Antonio Morales, mani-festó que existen hoy “algunas

carencias” en la seguridad delos jueces y fiscales vascos, re-conociendo que “no es unproblema mayor” que en elresto de colectivos amenaza-dos, pero que merece de lamáxima sensibilidad de lospoderes públicos.

Ambos portavoces manifes-taron el orgullo que JpD y UPFsienten respecto de “nuestroscompañeros, que pueden te-ner mayor o menor incomodi-dad porque están sometidos acierta presión en materia deseguridad que genera una in-comodidad personal evidente,pero que en el ejercicio de lasfunciones de jueces y fiscalesen el País Vasco actúan con to-da normalidad, garantizando elservicio público que prestan”.

CONTRA EL ASCENSOFORZOSO

JpD y UPF aprovecharonsu comparecencia pública pa-ra solicitar la modificación delestatuto orgánico de los jue-ces para acabar con el “trasla-do forzoso” de los juecescuando acceden a la categoríade magistrado.

Este no es el primer gestode apoyo que la magistraturaprogresista ha hecho llegar alcolectivo judicial en la comu-nidad autónoma vasca. Tras elasesinato de Lidón el Secreta-riado de Jueces para la Demo-cracia dirigió una misiva derespaldo a todos y cada unode los jueces y fiscales queejercen en Euskadi. Tambiénsu representante en el Conse-jo General del Poder Judicial,Javier Martínez Lázaro, se hadesplazado desde entonces endiversas ocasiones a varias se-des judiciales del Tribunal Su-perior de Justicia del País Vas-co con el objetivo de escucharde primera mano las inquietu-des de la judicatura.

En otro orden de cosas,Antonio Morales, en nombrede la UPF, salió en defensa desus compañeros de la FiscalíaAnticorrupción, destacandoque “Si precisamente en algodestaca es por la aplicación dela Ley con carácter igual, seacual sea la condición social,económica, de la personacontra la que se sigue unproceso”.

CUMBRE JpD UPF EN EUSKADI

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