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Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala - SEJUST - Monitoreo de Noticias Sector Seguridad y Justicia Equipo de Comunicación y Visibilidad 17-6-2014

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Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala - SEJUST -

Monitoreo de Noticias Sector Seguridad y Justicia

Equipo de Comunicación y Visibilidad 17-6-2014

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Noticias sobre el Sector Seguridad y Justicia

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Contenido PRENSA LIBRE .............................................................................................................................................................2

Inauguran centro de monitoreo de seguridad .......................................................................................................2

Exministro Raúl Velásquez deberá pagar al Estado Q2 millones ...........................................................................3

Fiscalía solicita condena contra agentes de la Policía ............................................................................................4

Opinión: Ley y Derecho ..........................................................................................................................................4

Opinión: La vérité ...................................................................................................................................................5

EL PERIÓDICO .............................................................................................................................................................6

Postuladora de la CSJ copada por el Gobierno y “el Rey del Tenis” .......................................................................6

Editorial: El poder de los capos del contrabando ...................................................................................................6

Opinión: Preso de conciencia, antes que tolerar la prostitución de la ley .............................................................7

Opinión: Los oenegeros y el crimen organizado ....................................................................................................8

LA HORA .....................................................................................................................................................................9

Más de 13 mil 900 menores guatemaltecos deportados .......................................................................................9

El MP recibió 177,553 denuncias por violencia contra la mujer ......................................................................... 10

Preocupa intromisión en Comisiones de Postulación ......................................................................................... 11

Anuncian Jornadas de la Memoria ...................................................................................................................... 12

Pocos casos de desaparición forzada llegan a los tribunales .............................................................................. 12

Magistraturas, un negocio de inversión y ganancias .......................................................................................... 13

Opinión: El problema fue no cumplir los acuerdos ............................................................................................. 13

Opinión: Políticas de niñez, juventud y tercera edad, aún pendientes ............................................................... 14

Opinión: Burlar la Constitución implica más violencia ........................................................................................ 15

PLAZA PÚBLICA ........................................................................................................................................................ 16

Opinión: ¿Justicia o venganza? ............................................................................................................................ 16

SOY 502 .................................................................................................................................................................... 17

Thelma Aldana apuesta por nueva estrategia en caso Siekavizza ...................................................................... 17

DIARIO DIGITAL ........................................................................................................................................................ 18

Comandante Verde y la muerte de 27 jornaleros en Petén ................................................................................ 18

EMISORAS UNIDAS .................................................................................................................................................. 19

Según López Bonilla, estructura de los zetas está debilitada .............................................................................. 19

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Noticias sobre el Sector Seguridad y Justicia

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Guatemala, martes 17 de junio de 2014

PRENSA LIBRE

Inauguran centro de monitoreo de seguridad

Byron Rolando Vásquez Con el objetivo de convertir la zona 18 en un área segura y que deje de ser estigmatizada por la incidencia criminal, Gobernación puso ayer en marcha un plan de videovigilancia con mil 18 cámaras con un centro de monitoreo en la Comisaría 12.

Ese programa obedece al índice de criminalidad antes de que llegara la Fuerza de Tarea Maya a la zona mencionada, donde se perpetraban entre 71 y 72 homicidios por cada cien mil habitantes a inicios del 2012, refirió el viceministro de Seguridad, Edi Juárez. El 11 de abril último, el ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, anunció que se invertirían Q1 mil 232 millones en un sistema de videovigilancia para 60 meses, en un contrato firmado con la empresa Tigo. El objetivo es utilizar las cámaras en seis municipios, con cuatro propósitos en materia de seguridad, que son la prevención, la disuasión, la reacción policial y el análisis forense. Primera fase La primera fase del proyecto de las cinco mil cámaras para el área metropolitana incluye mil 18 cámaras que permitirán la identificación de placas de automotores y de rostros en alta resolución, las cuales están instaladas en áreas de la zona 18, explicó Juan Carlos Argueta, viceministro de Tecnología.

Este contrato es por 72 meses —seis años—, por Q262 millones por arrendamiento del equipo. Se han ubicado 350 cámaras y a finales de julio se espera hacerlo con las 668 restantes —mil 18 cámaras—, las cuales se sumarán a 400 que ya están instaladas por otra entidad. “Cada cámara son los ojos de un sistema, pero cada cámara se convierte en tres policías que están vigilando las 24 horas, a quienes no les pagamos un sueldo, al que no les damos de comer y no se nos enferman. Es un nuevo despliegue de tecnología”, dijo López Bonilla. El centro de monitoreo formará parte de la integración de bases de datos, lo cual permitirá vincular a las cámaras lectoras de placas con las bases de datos de autos robados. También está conectado con la base de datos de la

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Superintendencia de Administración Tributaria. Así como con el Registro Nacional de las Personas, Migración y Tránsito, para las licencias de conducir, por medio de las cámaras de reconocimiento facial. Estrategia en marcha Gobernación implementa un nuevo mecanismo para reducir los hechos delictivos. Expansiónde videovigilancia incluye Mixco, con mil 300; Villa Nueva, mil 400, y la capital, con tres mil. Escuintla también formará parte, con 115; Sacatepéquez, 60, y Amatitlán tendrá 428. Control de vehículos que ingresan y salen del distrito central. Son cinco mil cámaras a un costo de Q1 mil 232 millones. Para la zona 18 son mil 18, a un costo de Q262 millones el alquiler. Por tres meses serán guardadas las imágenes captadas por las cámaras.

Exministro Raúl Velásquez deberá pagar al Estado Q2 millones

Jerson Ramos El Tribunal Octavo de Sentencia Penal ordenó este lunes al exministro de Gobernación, Raúl Velásquez, al pago de Q2 millones de resarcimiento al Estado, por las anomalías en la reconstrucción de la cárcel de alta seguridad Fraijanes 2. El juez Elvis Hernández dijo que el exministro deberá pagar ese dinero por haber omitido su responsabilidad de funcionario porque no denunció el mal manejo de los recursos de Gobernación cuando se construyó la prisión. El pasado 13 de junio Velásquez fue condenado a tres años de prisiónpor el delito de incumplimiento de deberes, junto a él también fueron sentenciados dos auditores de la Contraloría General de Cuentas. Por las irregularidades en la prisión de Fraijanes 2 el juez Hernández le concedió la inmediata libertad al exfuncionario, quien ya permaneció en prisión desde hace tres años y cinco meses. Sin embargo, continuará en prisión debido a que todavía tiene un proceso penal en su contra pendiente. Velásquez es señalado por el caso Maskana por irregularidades en la compra de gasolina para la Policía Nacional Civil con vales. Condena El exministro fue sentenciado a tres años de prisión por omisión de denuncia. Los auditores públicos Francisco Javier Villatoro y Luis Antonio Álvarez fueron condenados a un año de cárcel por el mismo delito.

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Fiscalía solicita condena contra agentes de la Policía

Jerson Ramos El Ministerio Público pidió al Tribunal B de Mayor Riesgo una pena de 58 años de prisión contra cinco agentes de la Policía Nacional Civil sindicados de ser parte de una banda de secuestradores. La estructura es denominada los Temerarios, y se le sindica por el secuestro de Nancy Gabriela Aguilar Joachín, quien fue interceptada en un sector de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, en el 2009. Hasta hoy se desconoce el paradero de la víctima.

Opinión: Ley y Derecho

Pedro Trujillo La sentencia a Sperisen en Suiza ha promovido comentarios y debates. Hay quienes ven aquel sistema judicial “mejor” que el nacional, aludiendo a que los jueces son menos “corruptos” o manipulables. Otros, argumentan que están alejados de la realidad nacional, por lo tanto ausentes del contexto. Un tercer grupo sostiene que la justicia es el cumplimiento de la ley, al margen de donde ocurran los hechos. El contexto y el ambiente en cada país, y consecuentemente en las comunidades humanas que los habitan, es diferente. Por ello, en Suiza jamás tendría eco la pena de muerte; en algunos estados de EE. UU. se aplica y ejecuta a los condenados sin discusión ni compasión, y en Guatemala, figura en la Constitución y en el Código Penal, pero no se aplica. Tres realidades diferentes que contrastan. ¿Por qué ocurre eso en un marco de universalización de la justicia? ¿Debería ser igual en todas partes? Cada sociedad —suiza, norteamericana, guatemalteca, etc.— percibe, aprecia y defiende la realidad que vive en forma diferente. Como la costumbre es fuente de Derecho, se traduce en cada país en una realidad distinta. Un reo acusado en Texas de asesinato sería, posiblemente, condenado a la pena capital; a cadena perpetua en Suiza, y aquí a 30 años porque no se aplica en la práctica la pena de muerte. Decisiones desiguales frente una misma situación —no mejor ni peor—, al sentir y valorar en forma diferente ciudadanos y jueces que aplican la ley vigente. Ese es el punto de reflexión generador de la pregunta: ¿puede un tribunal —voluntariamente o consecuencia de la imposición de una “justicia universal”— analizar, evaluar, valorar y decidir cabalmente sobre hechos cometidos en otro? Algunos aducen que, a fin de cuentas, el delincuente es responsable en todas partes. El hecho cometido puede ciertamente percibirse por todos más uniforme que la pena impuesta, pero tampoco es totalmente cierto. En EE. UU. se admite fácilmente el uso de armas en defensa propia —producto de su tradición—; en Guatemala es permitido portarlas —consecuencia de su idiosincrasia—, mientras, en Suiza, ni se les ocurre —aunque las guarden en sus casas, consecuencia del sistema de defensa nacional—. Otra más: en Suiza hay bancos con cuentas sin identificar y enormes sumas de dinero —algunas de muy dudosa procedencia—, algo inconcebible en Estados Unidos. Por tanto, el hecho cometido tampoco sería considerado igualmente en todos países a pesar de sentirse uniforme desde una perspectiva externa. El problema de fondo —o el más importante— es que se ha positivado el Derecho e impuesto leyes universales para ciertas actuaciones en realidades diversas, sustituyendo la costumbre como principal elemento generador.

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Sin embargo, se mantiene y potencia el respeto al derecho consuetudinario en algunos lugares —que choca en ocasiones con el formal— como, por ejemplo, las consultas populares para minería, aplicada en aquellos sitios donde hay grupos étnicos o situaciones particulares que así lo ameritan. Pareciera natural y lógico que los tribunales juzguen teniendo presente el entorno en que se cometió el delito y no estando ausentes o insensibles a la situación, lo que únicamente puede ocurrir en el lugar y con jueces de origen ¿Sirve siempre? Esa es una pregunta de difícil respuesta, pero pareciera que no. La reflexión final, en relación con el caso, es si desde Suiza se entiende lo que ocurre aquí—o en EE. UU.— o viceversa. Ejemplos sobran en el análisis de otros hechos: Guantánamo, Cuba, Venezuela, la muerte/desaparición de Bin Laden; Assange, Snowden, etc. ¡“Tan iguales” y “tan distintos” todos ellos!

Opinión: La vérité

Antonio Mosquera Erwin Sperisen compartía una concepción reaccionaria de la seguridad pública. Los Benítez, de la Escuela de Historia, y el venezolano Rivera decidieron sobre la vida y muerte de muchos. También había algunos jefes policiales. Las ejecuciones extrajudiciales son absolutamente condenables. El crimen de Chez Pierre es descrito por el Parisien como una escena del film Casablanca. Se trata de un ambiente donde acudían altos jefes militares, magistrados y funcionarios de gobierno por ser una de las meilleures tables du pays. Allí, Phillipe Biret, conviviente del sobrino de los dueños, Jean Bernard, ofrecía implementos militares franceses durante el enfrentamiento armado. Esta pareja macabra se une a Thierry Ascione, un delincuente recién liberado, para despojar a los propietarios. El 27 de diciembre de 1991, Bernard y Antoinette Béreaud, fueron torturados hasta la muerte para conocer los registros de cajas fuertes y cuentas bancarias. Conocidos los datos, Ascione huyó a Miami para saquear las cuentas bancarias. Cargado de dinero, viajó a Hong Kong, India, Malasia y finalmente, establece una compañía de importaciones en Tailandia. En 1995, se descubre su pasado. Huye a Saigón. Con pasaporte norteamericano falso, intenta perderse de nuevo en Malasia. Falla, cuando decide viajar a China. Es detenido en Tailandia cuando el vuelo hace escala. Ante un tribunal, en París, declara que altos funcionarios del Gobierno de Guatemala montaron el crimen, para ocultar el tráfico de drogas que había descubierto. El 27 de abril del 2000, la justicia francesa, por dilación en la integración de la acusación, lo libera bajo caución. Ya no acude a citaciones, se le declara prófugo. Mientras tanto, en 1992, en Guatemala, la pareja que participó en el destace y calcinación de los restauranteros fue condenada a 30 años. En Pavón se apresuran a negociar su evasión, con fondos facilitados por los padres de Bernard. El abogado Katz, de una ONG de derechos humanos de Francia, afirma que los jueces guatemaltecos fueron injustos y deficientes. La licencia está dada. El 7 de junio de 1995 sucede la fuga. Biret declara al Parisien: “Estoy feliz por Jean-Philippe (Bernard), que escapó del infierno, pero yo he sido abandonado para sufrir las represalias. Me transferirán al último calabozo o me matarán a golpes. Debieron pagar por los dos, pero me dejaron solo en estas galeras”.

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La Cicig, apoyada por Trial (Track Impunity Always) libera a Biret. Cumplió 14 años, en vez de 30. Ciudadano ejemplar, veraz hasta el sacrificio, incapaz de mentir, declaró la jueza Isabelle Cuendet. Su testimonio indica que vio a Erwin Sperisen, matar a José Abraham Tiniguar Guevara, falló en la hora pero se corrigió, no era las 4 de la tarde, sino de la mañana. Y así termina el cuento, parecido al de Maléfica. Por allí anda, Ascione habla con Angeline Jolie entre los rosales de Francia, Jean Bernard quién sabe dónde y Phillipe Biret como testigo protegido de Cicig. Y todos vivieron muy felices…

EL PERIÓDICO

Postuladora de la CSJ copada por el Gobierno y “el Rey del Tenis”

Carmen Quintela Las fuerzas están divididas y el peso de decanos y abogados será clave en el proceso. A días de ser juramentados los 34 miembros de la Comisión de Postulación, responsables de entregar una nómina de 26 profesionales al Congreso para elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuatro grupos que representan distintos intereses comienzan a diferenciarse: el de Roberto López Villatoro, alias el Rey del Tenis; el del Gobierno; el bloque de las universidades privadas y el de cinco decanos que actuaría como “bisagra”. Leer nota completa en este link: http://www.elperiodico.com.gt/es/20140617/pais/249376/

Editorial: El poder de los capos del contrabando

Una de las cabezas visibles de la hidra del crimen organizado en Guatemala es el contrabando (introducción o exportación de productos sin pagar los derechos de aduana a que están sometidos legalmente) y la defraudación aduanera (mercaderías introducidas fraudulentamente). Las otras cabezas visibles del crimen organizado son el narcotráfico, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el tráfico de madera, el lavado de dinero, el robo de vehículos, la corrupción estatal y el tráfico de personas. El Fisco deja de percibir decenas de millardos de quetzales anuales, por razones del contrabando y de la defraudación aduanera, por lo que se convierte en la mayor fuente de evasión tributaria. Empero, estos delitos no solo se traducen en evasión tributaria, sino que también inoculan el veneno de la corrupción y la impunidad a todas las instituciones estatales, especialmente aquellas que están encargadas del control de legalidad y del castigo a los criminales (tribunales, fiscalías, cárceles y Policía). El poder de la mafia es tan grande que el territorio nacional ha caído virtualmente bajo la férula, el control total, de la delincuencia organizada nacional y transnacional, que opera con absoluta impunidad. Esto, prácticamente, significa que el Estado es totalmente impotente para enfrentar a los gánsteres, a las bandas armadas, a las maras y al Estado paralelo.

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La impotencia de la justicia es patética. La conflictividad ha aumentado exponencialmente y el crimen reina en el país. La compra de voluntades se da a todo nivel y todo se “lava”. Se planea y ejecuta el asalto mafioso de las instituciones del sector justicia, así como el socavamiento del sistema de control financiero del Estado, sin que nadie objete o se oponga. El saqueo y defraudación de las arcas nacionales se hace con cinismo y desparpajo, al extremo de que hasta se publican los despropósitos. Los mafiosos y corruptos hacen gala de sus artilugios, trampas, ardides y componendas; y, por supuesto, se pavonean haciendo alarde de sus logros, inmoralidades, lujos y excentricidades. Hasta las otrora condenas morales desaparecieron, al punto que en las elites sus delitos se cuentan como hazañas y anécdotas. El poder de los “capos del contrabando” es tal que, no satisfechos con su desleal “ventaja competitiva” (derivada del no pago de impuestos), se dan el lujo de presionar y lograr que las autoridades estatales eleven los aranceles (impuestos de importación) a los productos que internan ilegalmente al territorio nacional, para que sus competidores, que sí pagan impuestos, quiebren o salgan del mercado, dada la imposibilidad de bajar sus precios. ¡Qué gobiernito!

Opinión: Preso de conciencia, antes que tolerar la prostitución de la ley José Rubén Zamora La jueza Karen Chinchilla desestimó todos mis argumentos jurídicos, y, según ella, mi derecho a la crítica pública, garantizada por la Constitución de la República, ante los desmanes, corruptelas, tráfico de influencias y presuntas asociaciones ilícitas de la señora vicepresidenta Roxana Baldetti, sí tipifica en la Ley de Femicidio. Supuestamente, en cualquier momento, la jueza me notificará una citación, ó, simplemente, la Policía, sin mayores miramientos, me conducirá ante la autoridad judicial correspondiente, por desobediencia y me impondrán una multa de Q 500, so pena de ir a parar a la cárcel. Estoy dispuesto a ir a la cárcel, antes que pagar esta multa de Q 500, que tienen su origen espurio en una estúpida aberración jurídica. Pagar,sería avalar una decisión judicial a todas luces antojadiza, ilegal e injusta, dictada por la jueza Chinchilla sólo con el ánimo de quedar bien con la todopoderosa Vicepresidenta. Sinceramente, lamento y me avergüenza que nuestro sistema de justicia exhiba estas acciones tan grotescas e indignas, típicas, eso sí, de los regímenes más corruptos, del período de las sofocantes dictaduras de los siglos XIX y XX, y de gobiernos totalitarios, irrespetuosos de la independencia de poderes. También es triste constatar que una norma indispensable, hecha para contener y sancionar la violencia intrafamiliar y abusos contra las mujeres en el ámbito privado–lamentablementetan frecuentes en nuestra sociedad- se desnaturalice y manipule a favor de gobernantesmanoslargas, asaltantes y ladrones, que, una vez más, han traicionado la confianza del pueblo, y no conformes con garantizarse la impunidad penal por sus delitos y fechorías, pretenden además asfixiar la libertad de expresión. Primero preso por convicción, que libre por mera comodidad. Gente de más estatura intelectual y política he enfrentado en las últimas dos décadas. Mientras ellos han terminado en la cárcel, extraditados, en el ostracismo o viviendo en el exilio, dorado, es cierto, yo sigo aquí, defendiendo mi derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento y a rechazar resoluciones judiciales inconstitucionales y absolutamente fuera de Ley. Dos años –uno de ellos con poder- hacen falta para que veamos caminar hacia la cárcel a Pérez y a Baldetti.

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De cualquier forma, le recuerdo a estos miembros prominentes de la cleptocracia, que el articulo 45, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su parte conducente establece de manera categórica:que es legitima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución.

Opinión: Los oenegeros y el crimen organizado

Ricardo Méndez-Ruiz Hemos decidido constituirnos en querellantes adhesivos en este caso. Debido a que Mario Polanco y su empresa familiar, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), fueron sindicados ante el Ministerio Público por el delito de intento de estafa al Estado por el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), en diciembre de 2012, el equipo legal de la Fundación Contra el Terrorismo indagó al respecto, y encontró elementos muy interesantes que evidencian de nuevo lo que ya todos sabemos: el tema del resarcimiento para las supuestas víctimas del enfrentamiento armado, es un buen negocio para algunos vivos vividores. En lo que respecta al GAM –organización que Polanco dirige–, y específicamente en la denuncia arriba mencionada, se trata de un intento de estafa por unos Q400 mil, en apenas diez casos de supuestas víctimas. Cabe preguntarse, entonces, ¿cuántos goles habrá anotado Polanco al PNR entre los muchísimos casos que ha presentado y, además, cuántas estafas similares habrá llevado a cabo oenegés que utilizan un modo de operar parecido al del GAM? En la querella presentada por el PNR se lee que “de la investigación y verificación de los testimonios y documentos presentados (por el GAM, dirigido por Mario Polanco) se desprenden contradicciones y relación de hechos falsos, así como alteración de los documentos, siendo tales acciones de carácter punible”. Para mencionar un ejemplo, con respecto al caso 05-12-00088, en el reporte del PNR se lee que “La declarante manifiesta que no le dijo al GAM cómo murió su madre, y el GAM indica que de una bala en la espalda y desnutrición”. Ante la contundencia de la denuncia, hemos decidido iniciar la gestión para constituirnos en querellantes adhesivos en este caso, que encaja en la figura del crimen organizado. Es muy probable que con respecto a este proceso, nos encontremos con que el Ministerio Público de Claudia Paz y Paz lo haya engavetado, por ser Polanco uno de sus adláteres. Ya nosotros nos encargaremos de abrir las gavetas que sean necesarias para que siga su curso. Pretender que se crea que alguien puede morir simultáneamente de un balazo en la espalda y de desnutrición suena monumentalmente estúpido, pero argumentos de esa naturaleza se han esgrimido en procesos judiciales contra nuestros soldados, y además se les ha dado valor probatorio. En su libro Las Huellas de Guatemala (página 412), Gustavo Porras Castejón explica que Hellen Mack siempre supo que el responsable del asesinato de su hermana Myrna, no fue Noel de Jesús Beteta y, es más, señala que Mack sabe quién fue el asesino. Sin embargo, poco le importa a ella que Beteta se pudra desde hace 20 años en la cárcel. Pero este será un tema para otra columna.

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Mentiras. Mentiras y más mentiras. Es sobre ellas que algunos permiten que se construya una nueva Guatemala, que más temprano que tarde se derrumbará porque sus cimientos son de barro.

LA HORA

Más de 13 mil 900 menores guatemaltecos deportados

Eder Juárez Según estadísticas de la Dirección General de Migración (DGM), desde 2009 a la fecha se han deportado vía aérea a 2,539 niños desde los Estados Unidos, mientras que por vía terrestre las deportaciones desde México ascienden a 11,396, lo que significa en un total de 13 mil 935 menores guatemaltecos deportados. Los datos oficiales dejan ver que hay años críticos, como el 2009, cuando se reportaron 566 niños deportados vía aérea y 2024 por la ruta terrestre, mientras que durante 2012 se reportaron un incremento con 586 menores deportados vía área y 2,251 por vía terrestre desde México. Fernando Lucero, portavoz de la DGM, asegura que la mayoría de menores viaja y son deportados sin el acompañamiento de un adulto, lo que según activistas, supone un riesgo para su integridad. A su llegada a Guatemala, los menores son puestos a disposición de las autoridades de la Procuraduría General de la Nación (PGN), ente encargado de buscar a los padres o familiares de los niños deportados. Sin embargo el Canciller, Fernando Carrera, ha explicado en anteriores ocasiones que no existe deportación de niños solos desde los Estados Unidos. “La Ley no permite que haya deportación de niños solos; todo niño solo termina en reunificación familiar”, ha comentado el Canciller, lo que contradice a Lucero. De acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Migración, (DGM) en lo que va de 2014 se han deportado vía área desde Estados Unidos a 58 niños y 10 niñas, mientras que por vía terrestre desde México 1,530 menores. Biden visita Guatemala Por este tema, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará Guatemala el próximo viernes, en el marco de la gira latinoamericana que también le llevará a Brasil, Colombia y República Dominicana, en donde abordará el tema de la niñez migrante no acompañada. El presidente Otto Pérez Molina en conferencia de prensa dijo esta mañana que la reunión con Biden será el viernes por la mañana. Según explicó el mandatario se tendrá una reunión bilateral con el vicepresidente estadounidense, después se sostendrá un encuentro multilateral en donde están invitados los presidentes de El Salvador y una delegación de alto nivel de Honduras. Pérez Molina dijo que los temas que se trataran son diversos pero que los Estados Unidos se encuentran preocupados por los niños migrantes no acompañados. “Es un tema que seguramente se abordará, nosotros hemos dado pasos importantes aquí”, apuntó.

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Además aseguró que se hablará de los migrantes en general especialmente de los guatemaltecos que se encuentran en los Estados Unidos. “Voy a reiterarle al vicepresidente Biden la solicitud que nosotros tenemos para que los guatemaltecos que están allá desde antes del 2011 les pueda ser otorgado el Estatus de Protección Temporal (TPS)”.

El MP recibió 177,553 denuncias por violencia contra la mujer

Mariela Castañón Según el Sistema Informático de Control del Ministerio Público (Sicomp), de enero de 2011 a mayo de 2014, recibió un total de 177, 553 denuncias por violencia contra la mujer, principalmente por violación, agresión sexual y violación agravada. El pasado fin de semana, Estefanía Isabel Javier Ibáñez, de 20 años, fue reportada como secuestrada, en Alta Verapaz, cuando supuestamente cuatro hombres en un vehículo se la llevaron; horas más tarde fue localizada muerta a inmediaciones del Río Escondido de esa localidad. Según la Policía Nacional Civil (PNC), el cónyuge, Jason Armando Yanes, de 24 años y de nacionalidad estadounidense, habría indicado esa versión, sin embargo, tras verificar los hallazgos en la escena, fue capturado por su presunta responsabilidad en la muerte de Javier Ibáñez. De acuerdo con las autoridades, el cadáver de la joven fue trasladado en el picop P-443 FFQ marca Toyota, el cual abandonaron frente a la residencia de la madre de Yanes, Edith Yanes, quien reside en Residenciales Imperial en ese departamento, ahí se encontraron rastros de sangre en la alfombra y algunos cabellos. Mientras que en un terreno, propiedad de Denis Ramírez, padrastro del detenido, se localizó una pieza dental –que se presume podría ser de la joven muerta– y un casquillo de escopeta. La PNC presume que el responsable del crimen de la joven mujer es Yanes, quien presentó la denuncia ante la Oficina de Atención Ciudadana de la subestación 51-11 y sostuvo la versión del secuestro. De acuerdo con Amalia Mazariegos, coordinadora nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y a sus Familiares del Instituto de la Defensa Pública Penal, en Guatemala, es común que varias mujeres sean asesinadas por sus parejas sentimentales y después se tergiversen las hipótesis. “La mayoría de ellas han muerto en manos de sus parejas, por eso los protocolos de investigación de muertes violentas de mujeres tienen que dirigir su atención en primera instancia hacia la parte afectiva de la pareja y ver quién es la persona con la que la víctima ha tenido una relación más cercana en su vida”, indicó. La entrevistada reiteró que la denuncia oportuna puede evitar estos hechos, pues es necesario recordar que el ciclo de la violencia inicia con agresión verbal y termina con la muerte. Mazariegos dijo que la línea disponible para asesorar legalmente a las mujeres afectadas por violencia es 1571.

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Denuncias De acuerdo con los casos registrados en el Sicomp, se ha conocido un total de 177 mil 553 denuncias de violencia contra la mujer. Los delitos más frecuentes son violación, agresión sexual, violación agravada, violencia económica y psicológica, femicidio, trata de personas, violencia física y violación a la intimidad sexual.

Preocupa intromisión en Comisiones de Postulación

Manuel Rodríguez Según el movimiento Pro Justicia, existe preocupación de que las Comisiones de Postulación para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, así como de elección de Contralor General de Cuentas, se vean copadas por grupos de poder que podrían infiltrarse con mayor facilidad debido a los plazos para evaluar los expedientes de aspirantes a ocupar estos cargos. Ana María de Klein, del Consejo directivo de Madres Angustiadas, y parte del Movimiento Pro Justicia, manifestó su preocupación por los procesos de elección a cargos públicos que quedan pendientes en el presente año, pues a su parecer, incrementa el riesgo de intromisión de grupos de poder en la designación de candidatos a magistrados de la CSJ, Corte de Apelaciones y la Contraloría General de Cuentas. La entrevistada consideró que los plazos de las Postuladoras para evaluar los expedientes de aspirantes es breve y esa ligereza hace que no se puedan analizar a fondo los expedientes, tachas y la honorabilidad de los candidatos; por lo cual instó al Congreso de la República juramentar cuanto antes, a la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones para no provocar más atrasos. “Por ejemplo, hay fuerte número de abogados que pretenden ser nombrados. Se espera que habrá que revisar el currículo de por lo menos 800 mil abogados que van a presentarlo a la Comisión de Postulación de la Corte de Apelaciones”, explicó De Klein. Cabe mencionar que el Congreso elegirá de una nómina de 26 candidatos, a 13 miembros de la Corte Suprema de Justicia, misma que es propuesta por una Comisión de Postulación integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, decanos de las facultades de Derecho, representantes del Colegio de Abogados y Notarios y representantes de los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones. En el caso de la elección de magistrados de las Cortes de Apelaciones se realiza un proceso similar. Asimismo, la representante de Madres Angustiadas se congratuló porque la tabla de gradación quedo vigente por resolución de la Corte de Constitucionalidad, luego de una acción presentada sobre el Artículo 12 de la Ley de Comisiones de Postulación, que buscaba dejar sin efecto el uso de la tabla en las postuladoras. No obstante, Ana María de Klein enfatizó en que la reconocida honorabilidad e idoneidad, aunque no se pueden puntear, si es obligación de los postulantes pronunciarse de manera individual para determinar si los candidatos reúnen los requisitos y declarar de forma pública y a viva voz, por qué votan o no por ellos. “Desgraciadamente nunca ha habido una elección en la que se pueda decir que todos los funcionarios son

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honestos y capaces y muchos operadores políticos están tratando de infiltrarse dentro de las instancias en donde se aplica la justicia”, puntualizó.

Anuncian Jornadas de la Memoria

Manuel Rodríguez El Memorial de la Concordia y la Cooperación Alemana en Guatemala GIZ anunciaron la Cuarta realización de las Jornadas de la Memoria 2014, cuyo objetivo es abrir espacios de diálogo y encuentro sobre la incidencia del conflicto armado interno en la situación actual del país, así como la construcción de condiciones para una convivencia pacífica. El evento dará inicio el próximo miércoles 18 de junio en el Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Nacional, 9ª. avenida A 18-95 zona 1, a las 16:00 horas. El mismo se acompañará de conferencias, exposiciones y conversatorios sobre Memoria Histórica, hasta el sábado 21 de junio.

Pocos casos de desaparición forzada llegan a los tribunales

Jody García Según el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de 45 mil personas desaparecidas que reporta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CHE), únicamente se han abierto once procesos penales. El pasado sábado fueron capturados dos exmilitares por el caso Sepur Zarco. Mario Polanco, director del GAM, dio a conocer que hasta la fecha en el Organismo Judicial (OJ) se han diligenciado once procesos penales por el delito de desaparición forzada cometidas durante el Conflicto Armado Interno. Según señaló Polanco, de dichos casos nueve expedientes han llegado a Tribunales de Sentencia. La cifra contrasta con la cantidad de desapariciones forzadas –45 mil– que reporta la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, criticó. El entrevistado manifestó que no en todos los casos es posible acceder a la documentación que permita comprobar las desapariciones. “Fundamentalmente no es posible lograr encontrar pruebas de estas desapariciones, documentos o algo que demuestre qué fue lo que sucedió y luego enfrentarse uno a jueces que promueven la impunidad”, acotó. En tanto, según estadísticas del Organismo Judicial desde el año 2012 a la fecha, a los juzgados han ingresado cuatro procesos por dicho delito y se han dictado dos condenas. Detenidos Por otro lado, el pasado sábado fueron capturados Esteelmer Reyes Girón, exoficial del Ejército, y Heriberto Valdez Asij, excomisionado militar, por su supuesta participación en los hechos ocurridos en Sepur Zarco, El Estor, Izabal de 1982 a 1983. Según la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, Reyes Girón fue comandante de una base militar

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en la comunidad indígena Sepur Zarco, en el departamento de Izabal y bajo su mando se capturó y ejecutó a una madre y sus tres hijas. En tanto el excomisionado Valdez es señalado de la desaparición forzada de 18 personas, tras un operativo militar realizado en agosto de 1982. Estas capturas se realizaron luego de que quince mujeres indígenas declararan en septiembre del 2012, ante el Juzgado B de Mayor Riesgo que durante seis meses fueron víctimas de esclavitud y violencia sexual en dicho destacamento. Cuatro hombres también testificaron por este caso. La primera declaración contra los exmilitares podría ser recibida hasta la próxima semana, ya que según la información la judicatura tiene la agenda llena. En tanto, el Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales le hizo saber el motivo de su detención a Reyes Girón, quien permanecerá en la carceleta del edificio hasta ser indagado por el juez Miguel Ángel Gálvez. Paula Barrios, representante de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, querellante en el proceso penal, informó que el caso se encuentra bajo reserva y que esperan que las personas señaladas sean ligadas a proceso.

Magistraturas, un negocio de inversión y ganancias

Jody García En los procesos de postulación no solo participan los aspirantes a magistrados y los comisionados. Diversos analistas hablan acerca de actores que mueven sus piezas para acomodar el sistema de justicia, de tal forma que en adelante los fallos que emitan las cortes de justicia beneficien o afecten a ciertos grupos. Leer artículo completo en este link: http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/197403-magistraturas-un-negocio-de-inversion-y-ganancias

Opinión: El problema fue no cumplir los acuerdos

Oscar Clemente Marroquín Álvaro Uribe, en su afán de derrotar a quien fuera su delfín en la presidencia, hizo uso de cualquier recurso para desprestigiar el proceso de paz colombiano y recurrió a la crítica del proceso de paz de Guatemala como último y desesperado recurso. Uribe, por supuesto, no conoce a fondo lo que ocurrió en Guatemala y no entiende que nuestro problema de hoy no es consecuencia de los Acuerdos de Paz, sino del incumplimiento de esos acuerdos porque el contubernio entre las llamadas partes, Gobierno y guerrilla, enterró la parte sustantiva de lo que se había negociado, dejando todo como un simple cese al fuego que abrió espacio político para que los comandantes guerrilleros candidatearan a puestos públicos. El proceso de paz de Guatemala fue serio y profundo, abordando las causas del conflicto armado interno que desangró al país. Pero también fue llevado de mala fe por las partes que no honraron su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos. Para la guerrilla cerrar la lucha con su pase a la política tradicional fue suficiente y

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para el Gobierno y el ¡status! que representaba bastó una reforma constitucional fallida, en la que deliberadamente mezclaron sebo con manteca para evitar que la consulta popular la ratificara, a fin de dejar las cosas como estaban, como le han funcionado tan bien a los grupos que han dominado al país históricamente y que hubieran visto un cambio trascendente si se aprueban los Acuerdos de Paz. Si alguna voz de alerta hay que darle a los colombianos es sobre el peligro de una paz que no tenga sustento en acuerdos que tomen en cuenta las causas directas del conflicto armado interno. Una paz que se cifre en un simple cese al fuego no es una paz firme y duradera, como no lo fue la nuestra porque no hubo voluntad política ni de las partes ni de la sociedad para hacer efectivos los compromisos que apuntaban a enmendar las deficiencias que fueron causa profunda de nuestra confrontación. Nada se cumplió, ni los acuerdos en temas económicos y sociales, ni lo que tenía que ver con la reconciliación. La prueba es que hoy estamos ideológicamente más confrontados de lo que estábamos durante el conflicto y el macartismo que hoy se vive en Guatemala es peor que el que se vivió en los años cincuenta. Hoy en día quien habla de derechos humanos es calificado de terrorista y quien clama por justicia es vilipendiado porque aquí no creemos en la justicia sino únicamente en la venganza. Pero nada de ello es culpa de la negociación de la paz, sino del incumplimiento de los acuerdos que fueron suscritos y que terminaron en puro papel sin que la sociedad los hiciera suyos y sin que los políticos volvieran a recordarlos. Acuerdos que iban a la raíz del problema y que en su momento fueron señalados como ejemplares porque no se quedaron en la superficie de los problemas del país. Los colombianos tienen por delante un proceso de paz interesante en el que pueden dar pasos muy serios si no se quedan en la periferia, como pasó al final en Guatemala. Y la derrota de Uribe y su candidato es un espaldarazo a la búsqueda de la paz.

Opinión: Políticas de niñez, juventud y tercera edad, aún pendientes

Jorge Mario Andrino Grotewold Los niños, jóvenes y adultos mayores son tres de los más importantes grupos sociales identificados en una sociedad. En su conjunto, forman una gran parte de cualquier país, especialmente aquellos que como Guatemala, están en un proceso de desarrollo económico y humano que tienda a brindar equidad en sus vidas. Estos grupos sociales se convierten en importantes valores agregados cuando desde su inicio el Estado los reconoce como tales, creando políticas públicas, generando espacios de inclusión, protección y desarrollo. Además, y especialmente, cuando estos grupos se han reconocido como de naturaleza vital para los países, por su contribución presente, futura o pasada. De los niños y niñas se dice que son el futuro de la nación, pero en el caso guatemalteco más parecen que se convierten en parte de la población económicamente activa, al ver los índices de trabajo infantil, legal e ilegal. De lo legalizado, puede entenderse que existan oficios que permitan aprendizaje de los menores de edad, y que tiendan a formarles en su carácter y en su vida, siempre y cuando sean acordes a su edad y no infrinjan daño físico o psicológico, o bien que menoscaben su dignidad. Del trabajo infantil ilegal, poco se puede decir, más que quienes abusan de esta condición de los menores, debieran tener sanciones ejemplares, desde el cierre del

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negocio inmediato, pasando por la reparación para los niños y sus familias, hasta penas que pudieran llegar a ser de prisión. De la juventud o adolescencia, la preocupación es igual de importante, toda vez que por su dinámica hormonal, en esta etapa de la vida los jóvenes son altamente influenciables, y esto está siendo aprovechado por criminales de distinta índole, en países con graves problemas de narcotráfico al usarlos como “mulas” o transportadores de droga; en países en guerras civiles, como sicarios y soldados; mientras que en países como Guatemala, las pandillas o grupos de antisociales les ofrecen convivencia, afinidad y amistad, a cambio de sicariato, extorsión y robos. Las políticas de integración familiar son las más necesarias en esta etapa, pero sus resultados son a largo plazo, y algunos de ellos quizá no lleguen a ese momento. Tocará pensar entonces en otras alternativas urgentes, sin dejar a un lado las importantes. Y en cuanto a la tercera edad, o aquellas personas que sobrepasan los 65 años (según el índice del sistema de Naciones Unidas), las sociedades inteligentes aprovechan ese recurso humano como un gran aporte de experiencia y conocimiento adquirido, además de comprender que por su edad a la que han llegado, requieren también de cierta asistencia. Dependiendo del sistema de seguridad social, el adulto mayor deberá tener más o menos atención del Estado. Si se cuenta con un seguro social integral, el Estado no tendrá que hacer nada más que velar porque ese sistema funcione, pues inmediatamente le da cobertura a medicina, médicos, nutrición y ocupación, principales necesidades de este grupo. Si por el contrario el Estado no cuenta con ese seguro social funcional (el caso de Guatemala), son necesarias algunas acciones particulares y muy importantes para este grupo, principalmente para evitar que por inacción, sufran física o mentalmente un abandono. Las políticas públicas del Estado, principalmente orientadas a proteger, deben tener congruencia con el respeto al ser humano y a la importancia que significan todos los seres para el país y para la sociedad. Si todos contribuyen, todos se benefician. Y así, solo resta que las autoridades tengan conciencia y sean honestos en el manejo del erario público.

Opinión: Burlar la Constitución implica más violencia

Fernando Mollinedo Sí, no cabe duda, los actos violatorios a la Constitución de la República de Guatemala traen como consecuencia una cascada de protestas legales por medios eminentemente jurídicos como las apelaciones, amparos, ocursos y recursos de inconstitucionalidad, además, protestas sociales manifestadas de hecho con plantones, bloqueos de carreteras y arterias vehiculares. La Historia de Guatemala nos muestra que el sistema judicial fue hecho, moldeado y remodelado para que la justicia llegue a quienes tienen la posibilidad de pagar por ella; es decir, para quienes tienen la capacidad económica de maniobrar en ese laberinto de comisarios, oficiales, secretarios, jueces y magistrados, sin olvidarnos de los operadores de justicia a nivel de acusación pública. El desbalance económico entre la mayoría de población (muchísimos) y el sector económico privilegiado (muy pocos), ha proporcionado ventajas a quienes con o sin razón pueden comprar las sentencias que les favorezcan por medio del pago en especie dineraria, otorgamiento de empleos a familiares o testaferros en instituciones gubernamentales, municipalidades y entidades descentralizadas del Estado, Congreso, otorgamiento de inmuebles y otras muchas más.

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¿A quién se le paga, por un favor de esa naturaleza? ¿Cómo se le paga, en dónde, qué tipo de transacción bancaria se utiliza para no dejar rastro? Todas esas inquietudes pueden ser respondidas por miles de miles de personas que ejercieron y ejercen cargos públicos, de elección popular y hasta en la iniciativa privada. Los fallos en contra de la primacía legal de la Constitución Política de la República de Guatemala, a muchos jueces les viene del norte; es decir que no les importa violarla, puesto que los mecanismos para sancionarlos por ello, no se les aplican además de no ser efectivos; por lo tanto, muchos juzgadores, burlan, omiten conscientemente la aplicación de los artículos supremos constitucionales sin observar la jerarquía normativa sobre las leyes de orden común. Por lo tanto, los primeros artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, son pura paja; es decir, que no son positivos, porque son irrespetados por los mismos aplicadores de la “justicia” sin importarles la lejana posibilidad de ser sancionados por tal conducta. El INCUMPLIMIENTO de los artículos 2º y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala; de la Ley del Organismo Judicial: artículos 9 y 57, éste último en su primera oración del segundo párrafo; es cosa común entre muchos juzgadores. ¿Por qué será? Se debe, por este medio, reconocer la honorabilidad, sensatez, honestidad y decencia de algunos operadores de justicia quienes son ejemplo ante la sociedad guatemalteca, más no es así con otros; por ello es que hasta la CICIG anda tras los pasos de quienes con sus conductas ilegales dan pábulo a creer en la realidad del enquistamiento de los poderes paralelos en ese organismo. Política y corrupción, en todos lados tienen entrada, su miasma llega hasta sus hogares, cuando la falta de valores morales es carencia reconocida. O ¿no es cierto?

PLAZA PÚBLICA

Opinión: ¿Justicia o venganza?

Verónica Molina Lee La primera vez que me encontré con la muerte fue cuando tenía cinco años. Se aproximaba la madrugada y el silencio de la noche fue interrumpido por los gritos de una señora que tocaba a nuestra puerta. Desperté y cuando salí me encontré con una niña, en pijama rosada, acostada sobre un cofre antiguo que adornaba mi casa. Papá y otro vecino le daban primeros auxilios. El cuerpo inerte de la niña se movía con cada impacto al pecho. «No hay nada que podamos hacer», dijo mi papá, entregándole el cuerpo de la niña a su madre. No recuerdo su cara —sólo su pijama rosada—, pero sí el rostro de esa mujer que sostenía a su hija sin vida. La segunda vez fue frente al Mercado de Artesanías. Un motorista se aproximó a un vehículo y disparó hacia la cara del conductor. Su cabeza, de inmediato, se desplomó contra el timón. Lo vi y seguí de largo. Al día siguiente, un medio escrito le dedicaba un párrafo a la noticia. Había sido un ajuste de cuentas. Claro, he visto tantas más, pero las imágenes ya se han ido perdiendo en algún recoveco de mi memoria. Pienso en la muerte, todos los días. No sé si por miedo o porque ya estamos tan acostumbrados a ella.

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También he pensado en matar a alguien. Sí, a los cuatro asaltantes que por segundos me colocaron una pistola en la cabeza, para luego huir con mi celular. Me parece justo en esos instantes, cuando el monstruo se despierta en mí, cargado de enojo, rabia, incongruencia y venganza, pero luego de pasar el susto y calmar el cuerpo tembloroso, sé que no podría hacerlo. Hemos visto tanto asesinato. ¿Por qué no acabar con todos los delincuentes de un solo? ¿Qué más da? Prendámosles fuego para eliminar la metástasis que se propaga en este país. El síntoma permanece por algunas horas para luego quedar en el olvido, como esas campañas facebookeras que, por instantes, exigen justicia. Agradezco dejar atrás el odio, y no por cumplir con una orden divina, sino porque creo en la vida como derecho fundamental del ser humano; en la aplicación de la ley como único camino para hacer justicia; en la verdad, el respeto, la transparencia e igualdad como principios para prevalecer con dignidad. A pesar de lo vivido, continúo aferrándome a todo aquello que asegure la vida y nos encamine a la justicia, aunque, por momentos, los síntomas de esta enfermedad que padecemos aparezcan. Pienso en la muerte todos los días. Sin embargo, llevaba años de no recordar a la niña de la pijama rosada y al señor asesinado frente al mercado de artesanías. Tal vez sea porque conocía poco o nada de ellos. Sólo me queda la imagen de esa madre que sostenía el cuerpo de su hija y la indiferencia plasmada en el rostro de las personas que pasábamos frente al hombre asesinado.

SOY 502

Thelma Aldana apuesta por nueva estrategia en caso Siekavizza

Evelyn De León A casi tres años de la desaparición de Cristina Siekavizza, la Fiscal General Thelma Aldana pretende dar un giro al caso, en lo que se podría considerar la primera gran estrategiade Aldana. La nueva jefa del Ministerio Público (MP) ha pedido a laCorte Suprema de Justicia (CSJ) que el proceso judicial sea tramitado en un juzgado de femicidio y que no continúe a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo A , que preside Carol Flores. Aldana declaró “Es un memorial que se presentó a la Cámara Penal para que acepte la renuncia del MP a la competencia ampliada y se traslade a un juzgado especializado”. La Fiscal General asegura que se trata de un caso defemicidio y por ello se solicitó la semana pasada el cambio. La Cámara Penal de la CSJ presidida por Héctor Maldonado ya recibió la petición y previo a resolverla, realizará una vista pública donde se conocerán los argumentos tanto deAldana, como de la defensa del sindicado Roberto Barrrera y los querellantes. La audiencia aún no ha sido programada. Aldana fue integrante de la Cámara Penal, durante su mandato como magistrada de la CSJ

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De acuerdo La fundación Sobrevivientes, querellantes en el proceso penal, se mostró a favor de la petición declaró su directoraNorma Cruz: “Estamos de acuerdo que sea conocido por jueces especializados y que no han emitido opinión” expresó. El principal sospechoso de la desaparición de Siekavizza es su esposo Roberto Barreda, quien guarda prisión acusado de femicidio, obstrucción a la justicia y maltrato contra menores de edad. Retoman su vida Los hijos del matrimonio Barreda-Siekavizza, María Mercedes y Roberto José, han retomado la vida familiar al lado de sus abuelos maternos. Los niños no han visitado a su padre en prisión aunque él lo ha solicitado y mantienen asistencia psicológica. Otros implicados La Corte de Constitucionalidad (CC) realizará el miércoles por la mañana una vista pública solicitada por el cuñado de Barreda, Joaquín España, quien pretende que en el juicio en su contra no se acepte como pruebas las escuchas telefónicas que posee la fiscalía y que lo vinculan según las pesquisas al encubrimiento.

DIARIO DIGITAL

Comandante Verde y la muerte de 27 jornaleros en Petén

Sergio Osegueda La captura de Gabriel Ortiz López -alías el Comandante Verde- vinculado al grupo de narcotraficantes Los Zetas abre un capítulo doloroso de la historia reciente del país, al ser culpado como uno de los supuestos ejecutores de la masacre de 27 jornaleros en la finca Los Cocos ubicado en La Libertad, Petén, del 15 de mayo de 2011. De acuerdo al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, el “Comandante Verde” es uno de los jefes principales de un sector de la estructura de los Zetas, “por lo que no descartan un ajuste en la estructura después de su captura”, dijo. Supuestamente, además de la muerte de los jornaleros, “el ‘Comandante Verde’ está vinculado a otros hechos delictivos ocurridos en las Verapaces”, afirmó López Bonilla. La cartera de seguridad da cuenta que al momento son 115 los capturados vinculados a los Zetas, por lo que el ministro cree “que la banda ya está debilitada” en el país. “Te voy a dejar así” La mañana del 15 de mayo de 2011 había tranquilidad en la finca Los Cocos, ubicada en el municipio La Libertad, en Petén. No obstante, esa tranquilidad era generada por la muerte de 27 jornaleros que yacían en los alrededores de la finca los cuales fueron masacrados por integrantes del grupo “Los Zetas”. En uno de los inmuebles se leía el mensaje escrito con sangre sobre la pared: “Que onda Otto Salguero, te voy a Encontrar y te voy a dejar así. Atte. Z200” (sic).

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Dentro de este caso fueron capturados nueve mexicanos vinculados a la masacre, los cuales fueron condenados por el Tribunal de Mayor riesgo B a 106 años de prisión por secuestro y asesinato. De la misma manera fueron multados con el pago de Q75 mil de multa por los hechos. Sin embargo faltaban más capturas dentro de estas la de Ortiz que fue emanada el 31 de mayo de 2012.

EMISORAS UNIDAS

Según López Bonilla, estructura de los zetas está debilitada

De acuerdo con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la estructura de los zetas en Guatemala se encuentra debilitada, ya que aseguró que en las cárceles del país están recluidos 115 miembros de esa estructura. López Bonilla señaló que la estructura nacional que les permitió a ellos ingresar al país está debilitada y que en el país el nombre funciona como una marca.