memoria de impacto normativo del anteproyecto de … · 2017-07-06 · 4 estos datos reflejan la...
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MEMORIA DE IMPACTO NORMATIVO DEL
ANTEPROYECTO DE LEY DE URBANISMO Y
SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN 1
II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 2
1) Motivación 2
2) Objetivos 4
3) Alternativas 5
III. CONTENIDO, ANÁLISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN 7
1) Contenido 7
2) Análisis jurídico 20
3) Descripción de la tramitación 23
IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS 63
1) Impacto económico y presupuestario 63
2) Impacto por razón de género 68
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I. INTRODUCCIÓN
La memoria de impacto normativo que acompañaba el presente
Anteproyecto de Ley, se firmó con fecha 21 de septiembre de 2016, fecha
anterior a la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector público (en adelante LRJSP), por lo que en
aplicación de lo dispuesto en su disposición transitoria tercera, el
Anteproyecto se sustancia “de acuerdo con lo establecido en la
normativa vigente en el momento en que se iniciaron los trámites ”, es
decir de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de
27 de noviembre, vigente en la citada fecha.
Conforme a lo señalado, la tramitación de este Anteproyecto de Ley debe
cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que
se regula la memoria del análisis de impacto normativo, así como en su
guía metodológica, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11
de diciembre de 2009.
En la normativa señalada, la memoria agrupa los tres informes exigidos por
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno: el informe sobre la
necesidad y oportunidad de la norma, la memoria económica y el informe de
impacto por razón de género.
Con fecha 24 de octubre de 2016, el Consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio sometió el Anteproyecto de
Ley al Consejo de Gobierno, a efectos de que este decidiese sobre los
ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e
informes que resulten convenientes, así como los términos de su
realización.
Tras las decisiones del Consejo de Gobierno, fueron solicitados los informes
que más tarde se señalan, incluyendo los preceptivos. Tras la emisión de
estos informes, esta Memoria trata de completar la elaborada con fecha 21
de septiembre de 2016, agregando el contenido de la opinión de los
distintos organismos, y los cambios que, con motivo de los mismos, se han
producido en el texto del Anteproyecto.
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II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
1) MOTIVACIÓN
La Comunidad de Madrid, conforme establece su Estatuto de Autonomía,
tiene competencia exclusiva en materia de suelo y urbanismo. Dicha
competencia ha sido ejercida plenamente mediante la aprobación de la Ley
9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid.
En los 15 años de vigencia de esta Ley, se han producido más de 15
modificaciones de la misma. Modificaciones que, unas veces se han
producido a través de leyes de Medidas Fiscales y Administrativas que de
forma directa modificaban artículos de la Ley del Suelo, y otras se han
producido a través de distintas leyes de la Comunidad de Madrid, que
regulando cuestiones ajenas al urbanismo han afectado a la Ley del Suelo,
modificándola o desplazando su contenido. Por otro lado, la legislación
Estatal, a lo largo de estos años, se ha ido modificando, con afecciones a la
Ley del Suelo que, sin suponer modificación real de la misma, la han
alterado y ha provocado determinadas lagunas legislativas sobre cuestiones
no previstas en la vigente Ley. Entre las leyes que modifican, alteran o
afectan a la actual Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, sin
pretender ser exhaustivo, se pueden citar, de la Comunidad de Madrid, la
Ley 3/2007, de 26 de julio, de Modernización del Gobierno y Administración
de la Comunidad de Madrid, las leyes de Medidas Fiscales y
Administrativas de los años 2008, 2009, 2010, y 2011, la Ley 8/2009, de 21
de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa
Madrileña, la Ley de Patrimonio Histórico del año 2013 o la Ley 2/2012, de
12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial. Respecto a las del
Estado, la Ley Estatal 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes
de Liberalización del Comercio y de determinados Servicios, Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad del Mercado, Ley 21/2013, de
Medio Ambiente, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y las más
importantes y que más han afectado a la materia urbanística, la Ley del
Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio y la
Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbana, ambas recogidas en el vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo
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y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre.
Esta dispersión normativa, ha provocado descoordinación entre normas
aplicables, incoherencias y desde luego ha alterado el principio de división
material del ordenamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, lo que
perjudica gravemente el conocimiento y localización del ordenamiento
jurídico que debe ser aplicado a la hora de llevar a cabo cualquier actividad
urbanística, y a la seguridad jurídica, dando lugar a numerosas y distintas
interpretaciones sobre la aplicación de esta normativa. En definitiva, no
existe en estos momentos una legislación completa que abarque todas
aquellas cuestiones que, sobre la actividad urbanística debe desarrollar la
Comunidad de Madrid, circunstancia que está generando una gran
inseguridad jurídica. Sin duda esta situación no puede, ni debe ser
mantenida. El Urbanismo es una materia que afecta de manera importante
al derecho de propiedad y su régimen jurídico, a la inversión y a la actividad
económica de la Comunidad de Madrid, y como tal afecta a todos los
Municipios y a todos los ciudadanos de la Región.
Así mismo la experiencia práctica en los largos años de aplicación de la
actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, ha demostrado que la
misma no está pensada para resolver los problemas de los pequeños
municipios, siendo muy costoso para ellos, abordar la elaboración y
aprobación de planes generales tan densos y complejos como los previstos
en la actual Ley, más pensados para resolver problemas de grandes
poblaciones, que para resolver aquellos de pequeños municipios donde la
problemática y necesidades son de carácter rural, lo que nada tiene que ver
con las grandes ciudades.
De un simple análisis de algunas de las características descriptivas de los
179 municipios de la Comunidad de Madrid, como son su población y
territorio protegido, comprobamos que el 38% (68) de los municipios, tienen
una población inferior a 2.000 habitantes, el 32% (58) tienen una población
inferior a 1.500 habitantes, el 26% (47) una población inferior a 1.000
habitantes, y el 15% (28) una población inferior a 500 habitantes.
Además, prácticamente todos ellos tienen una superficie protegida superior
al 90% de su territorio, así de los municipios de menos de 1.000 habitantes,
40 de 47 tienen una superficie total protegida superior al 98%, y el resto
superior al 90%. De los 30 municipios con una población comprendida entre
1.000 y 2.000 habitantes, 18 tiene protegido más del 98%, y todos por
encima del 90%.
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Estos datos reflejan la distinta problemática que tienen estos municipios con
respecto a aquellos cuya población supera los 20.000 habitantes, llegando
algunos a más de 200.000 habitantes, sin hablar por supuesto de la ciudad
de Madrid con una población de casi 4.000.000 de habitantes, diferencias
que no han sido tenidas en cuenta en la actual Ley ni, en cuanto a los
instrumentos de planeamiento que necesitan estos distintos municipios, ni
en cuanto a la regulación de sus necesidades.
De hecho, a día de hoy tras 15 años de vigencia de la Ley, de los 179
municipios con los que cuenta la Comunidad de Madrid, solo 20 de ellos
han adaptado su planeamiento a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de
la Comunidad de Madrid, mientras que 159 siguen trabajando con
planeamientos no adaptados, y 135 no cuentan con Plan General, sino con
Normas Subsidiarias de planeamiento, figura que hoy no existe, obsoleta y
que no responde a las necesidades actuales. Todo ello indica que la actual
Ley no ha dado los resultados esperados, ya que la mayor parte del
territorio de la Comunidad no se ha adaptado a la misma.
Toda esta problemática, solo puede ser solucionada con la redacción de
una nueva Ley que aborde la realidad de un territorio complejo, como es el
de la Comunidad de Madrid, que atienda a las nuevas tendencias derivadas
de las normas europeas y estatales, y que resuelva las nuevas necesidades
socio- económicas de la Región.
2) OBJETIVOS
Conforme se señala en el apartado anterior, la nueva Ley pretende
conseguir los siguientes objetivos:
- Por un lado contar con una normativa que esté plenamente adaptada a
la normativa básica estatal, cubriendo las lagunas legislativas que las
novedades de esta legislación han provocado en la actual Ley del Suelo
de la Comunidad de Madrid, y ejerciendo en plenitud la potestad
legislativa que, en materia de urbanismo y suelo tiene esta
Administración, desarrollando la legislación estatal en todas aquellas
materias que le corresponden a la Comunidad de Madrid, generando
una nueva normativa moderna que se adapte a los nuevos principios
derivados de la normativa Europea y Estatal.
- Acabar con la dispersión normativa existente, creando un único y
concreto código de suelo y urbanismo de la Comunidad de Madrid que
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regule toda la actividad urbanística, lo que generará seguridad jurídica y
reducirá las posibles interpretaciones que sobre esta materia hoy existe,
minorando la conflictividad judicial, favoreciendo la inversión en la
Región y con ello la mejora de la actividad económica y el empleo.
- Adaptarse a las nuevas necesidades sociales y económicas, de forma
que la actividad urbanística de la Comunidad de Madrid se lleve a cabo
con la racionalización y sostenibilidad que hoy en día debe primar en
este tipo de materia, sobre cualquier otra cuestión, mejorando con ello la
calidad de los entornos urbanos y la calidad de vida de los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid, lo que se conseguirá con una norma que
vaya más encaminada a la renovaciones y regeneraciones urbanas que
a los nuevos desarrollos urbanísticos.
- Impulsar que los 179 municipios de la Región cuenten con Plan General
adaptado a las actuales necesidades, y a la legislación vigente, lo que
se logrará, diferenciando las necesidades y por lo tanto los instrumentos
de planeamiento con los que deben contar los pequeños municipios de
carácter rural de los que deben tener grandes municipios, que deben
resolver problemas de grandes ciudades.
3) ALTERNATIVAS
Para alcanzar los objetivos señalados, no existe más alternativa que la de
ejercer de nuevo en plenitud la competencia legislativa que en materia de
urbanismo tiene la Comunidad de Madrid conforme a su Estatuto de
Autonomía, aprobando una nueva Ley que regule la totalidad de la actividad
urbanística de la Región, ya que se pretenden introducir novedades
importantes que afectan al modelo urbanístico que hoy existe en la
legislación vigente y legislando sobre materias que están reservadas a la
Ley.
La toma de decisiones para elaborar la propuesta normativa que se eleva a
tramitación y aprobación, se ha llevado a cabo, mediante su estudio por una
mesa de expertos técnicos, con propuestas que han dado lugar a las
decisiones tomadas por una mesa política. De ambas mesas han formado
parte expertos en materia de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura, Medio
Ambiente y Patrimonio Histórico-Artístico, así como representantes de
partidos políticos y colegios profesionales como el Colegio Oficial de
Arquitectos y el de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid,
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así como representantes de la Federación de Municipios de Madrid. Si bien
este último órgano solo asistió a las primeras sesiones.
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III. CONTENIDO, ANALISIS JURÍDICO Y DESCRIPCIÓN DE LA
TRAMITACIÓN
1) CONTENIDO
La Ley que pretende ser tramitada y aprobada se estructura en un título
preliminar, nueve títulos, divididos en capítulos y secciones, con un total de
279 artículos, dos disposiciones adicionales, catorce disposiciones
transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones finales.
Su contenido puede resumirse de la siguiente manera:
Título preliminar- Establece el objeto y contenido de la Ley, sus fines y
principios rectores, así mismo define la titularidad de las competencias
urbanísticas y los derechos de los ciudadanos.
Como novedad de este título cabe destacar, la inclusión como principios
rectores del urbanismo, la sostenibilidad ambiental, la cohesión territorial, la
accesibilidad, la eficiencia energética, la equidad de género e
intergeneracional, la transparencia administrativa y la participación social. A
estos efectos, la actividad urbanística deberá estar orientada, entre otros, a
la consecución de objetivos como, favorecer el desarrollo urbano sostenible,
fomentar el crecimiento compacto del territorio, mejorar la calidad de la vida
urbana de la población, propiciar la inclusión social de personas con
diversidad funcional, coadyuvar al desarrollo económico y social equilibrado
o priorizar las actuaciones en la ciudad consolidada.
Título I- Información Urbanística y Participación Ciudadana
Establece las reglas relativas a la información urbanística y al derecho a la
participación ciudadana en la actividad urbanística de la Comunidad de
Madrid.
Se trata de un título nuevo, por lo que todo su contenido es novedoso, al no
existir en la ley vigente. Sin duda el título responde a los principios de la Ley
de transparencia, y cumple con la nueva normativa estatal relativa a los
procedimientos administrativos, cuya entrada en vigor se ha producido el
pasado mes de octubre de 2016.
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Título II- Régimen Urbanístico del Suelo y del Subsuelo
Regula las distintas clases y categorías del suelo, así como el régimen
jurídico que es aplicable a cada clase de suelo, definiendo los derechos y
deberes que tiene la propiedad del suelo, en función a su clase y categoría.
En este punto se recoge lo establecido en la Legislación Estatal del suelo,
manteniendo los derechos y deberes que ya se enuncian en esta
legislación, sin que se haya alterado este régimen.
En este título se dispone también que actuaciones urbanísticas son posibles
en cada una de las clases y categorías de los suelos.
El título, se divide en cuatro capítulos, relativos a disposiciones generales
sobre el régimen del suelo y el subsuelo, clasificación del suelo, régimen
urbanístico del suelo urbano y urbanizable y régimen urbanístico del suelo
no urbanizable.
De la regulación introducida, deben destacarse, como novedades, respecto
a la Ley vigente, por un lado, la introducción de una regulación específica
del subsuelo. Se trata de una novedad, porque, hasta ahora el régimen del
suelo y el del subsuelo, tenían el mismo régimen jurídico, no se podía
dividir, la ordenación establecida para el suelo, era la que debía aplicarse al
subsuelo, sin que tuvieran cabida usos o edificabilidades distintos, cada
parcela o solar constituía una única parcela, la cual englobaba el suelo y el
subsuelo. Conforme a la nueva regulación el suelo puede tener una
ordenación y ser en sí misma una parcela independiente del subsuelo, y el
subsuelo puede tener otra ordenación distinta, constituyendo pudiendo
constituir una parcela independiente, o ser susceptible de que sobre esa
parcela se constituyan complejos inmobiliarios.
Otra novedad que se introduce está relacionada con la clasificación del
suelo, y consiste en que desaparece la categoría de suelo urbanizable no
sectorizado, de forma que solo podrá clasificarse de urbanizable aquel que
vaya a ser desarrollado en un plazo determinado. Así mismo aparece o se
recupera de otras legislaciones anteriores la categoría del suelo no
urbanizable común, que viene a sustituir al suelo urbanizable no
sectorizado, siendo aquel, que no haya sido clasificado de urbano o
urbanizable, y que aún careciendo de valores, se preserva de la
urbanización, por otros motivos, entre ellos su preservación de la
transformación urbanística, por motivos meramente urbanísticos de
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contención de los crecimientos. Con este cambio desaparecen las
exceptivas de desarrollo que se daban en el suelo urbanizable no
sectorizado, cumpliendo con ello el principio de desarrollo sostenible. Las
expectativas urbanísticas, solo podrán darse en aquellas partes del territorio
que verdaderamente es necesario desarrollar y transformar, en un plazo
determinado.
La tercera novedad que se introduce consiste en que se lleva a cabo una
regulación específica para los asentamientos no regularizados existentes en
el suelo no urbanizable de determinados municipios de la Comunidad de
Madrid. Esta regulación se introduce con el objetivo principal de eliminar la
incertidumbre en que se encuentran estos asentamientos, los cuales llevan
construidos y ocupados desde hace más de 30 años, lo que supone que los
mismos están en situación legal de fuera de ordenación. Régimen que
impide a la Administración llevar a cabo actuación alguna de
restablecimiento de la legalidad urbanística, debiendo permitir y soportar
que los mismos se mantengan, sin impedir el uso residencial al que van
destinadas las edificaciones existentes. Esta es la situación y siendo una
realidad que ya no se puede evitar, es conveniente darles un tratamiento
que además de mejorar la calidad de vida de quienes residen allí, mejore el
medio ambiente, dotándoles de servicios básicos.
En todo caso, esta posibilidad solo se dará en aquellas parcelaciones y
construcciones, que sean viables desde un punto de vista ambiental.
Esta regularización ya se intentó en el año 1985, cuando la Comunidad de
Madrid aprobó la Ley 9/1985, de 4 de diciembre, Especial para el
Tratamiento de Actuaciones Urbanísticas Ilegales en la Comunidad de
Madrid, sin embargo esta Ley no llegó a conseguir su objetivo, por lo que
parece razonable volver a intentarlo, regulando condiciones y deberes
específicos de urbanización y de cesiones, con el fin de garantizar la
prestación de los servicios mínimos que debe tener cualquier vivienda, pero
sin que pierdan las características que se corresponden con el tipo de suelo
donde se asientan.
Por último, también hay que hacer mención de la regulación que se
introduce en este título, de las denominadas actuaciones de dotación en
suelo urbano, figura introducida por la legislación Estatal, y que nunca se
había regulado en la legislación de la Comunidad de Madrid.
Se entiende por actuación de dotación aquella que tenga por objeto
incrementar las dotaciones de la ciudad existente, es decir del suelo urbano
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consolidado. En estas actuaciones se podrán obtener nuevas dotaciones
aplicando un estándar urbanístico de cesión para este fin de un 15%.
Estándar que se aplica a los incrementos de edificabilidad, densidad o
cambios de usos que se produzcan en este suelo urbano. Así mismo se le
aplica a este tipo de actuaciones un rescate de las plusvalías que genere el
incremento de edificabilidad que se haya producido. Se trata de un nuevo
régimen jurídico del suelo urbano consolidado, ya aplicable a la Comunidad
de Madrid, desde que lo introdujo la legislación Estatal del suelo, pero que
no estaba desarrollado por la legislación de la Comunidad, cuestión que ha
provocado no pocas interpretaciones, y sobre lo que era necesario legislar.
Hay que tener en cuenta que hasta que no se introdujo este nuevo régimen
jurídico, en el suelo urbano consolidado no era posible obtener estas
cesiones. Existe numerosa jurisprudencia que así lo confirma, al expresar
que en el suelo urbano consolidado ya se habían llevado a cabo las
cesiones y los repartos exigidos por la Ley, por lo que, aunque cambie el
planeamiento, los propietarios de suelo urbano consolidado no tenían que
llevar a cabo más cesiones, ya que ello equivaldría a estarlos
desconsolidando constantemente a criterio del planificador, sin que esto
tuviera fin. Conforme a este criterio jurisprudencial y como señala de
manera expresa el informe emitido al Anteproyecto, por la Dirección
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, debe
aclararse respecto a esta posibilidad de cesiones en suelo urbano
consolidado, que serán actuaciones de dotación y por tanto existe la
posibilidad de exigir rescate de plusvalías y cesiones para dotaciones,
aquellas que cumplan su esencia real, como es, su identificación con la
necesidad de nuevas dotaciones, no pudiéndose identificar una actuación
de dotación con la mera existencia de un incremento de edificabilidad, de
densidad o el cambio de un uso. Esto significa que no siempre estas
alteraciones conllevarán el incremento de dotaciones, en cuyo caso, no será
una actuación de dotación y por tanto no se aplicará este régimen jurídico,
aunque haya incrementos de edificabilidad, nuevas densidades o nuevos
usos. Si no se requieren nuevas dotaciones, se aplicará el régimen general
del suelo urbano consolidado general, y si son necesarias dotaciones se
aplicará el nuevo régimen jurídico.
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Título III- Planeamiento Urbanístico
En este título se determinan los distintos tipos y clases de instrumentos de
planeamiento que son necesarios para establecer la ordenación de los
suelos y su desarrollo, señalando cual es el objeto de cada uno de ellos, su
contenido y su procedimiento de aprobación.
La novedad de este título, es, sin duda ninguna, la diferenciación que se
introduce entre lo que es un Plan General Ordinario, obligatorio para los
Municipios de más de 5.000 habitantes, y lo que es un Plan General
Simplificado, Plan que reuniendo las características de un Plan General se
simplifica y flexibiliza, pensado en que este tipo de planeamiento general
sea utilizado por los Municipios de menos de 5.000 habitantes, aunque de
forma voluntaria podrán aprobar el Ordinario. En este Plan General
Simplificado, los Ayuntamientos solo podrán tener desarrollos en el suelo
urbano no consolidado, sin que quepa la clasificación de suelo urbanizable.
Esto facilita la gestión del planeamiento, y se logra que los posibles
desarrollos que se den respondan a una necesidad real, acompasando los
crecimientos de los pequeños municipios al incremento de la población real
y a las demandas, con lo que se favorece el desarrollo sostenible tanto
desde un punto de vista ambiental como económico.
Como nuevos instrumentos de planeamiento también se deben mencionar,
los planes especiales de actuación sobre el medio urbano y los planes
especiales de ordenación de asentamientos no regularizados. La novedad
de los primeros, es que se trata de unos planes que solo serán necesarios
cuando se vaya a desarrollar una o varias actuaciones de rehabilitación,
renovación y regeneración urbana que requieran cambios de ordenación y
que se encuentren incluidas en programas públicos de actuación urbana,
teniendo la virtud estos planes especiales de que se les dota de capacidad
para alterar la ordenación establecida por un planeamiento general,
posibilidad que se da sobre la base de que ese programa público se
encuentra aprobado, y reviste su contenido y procedimiento de aprobación
características de planeamiento general. Con ello se pretende establecer un
procedimiento más ágil y flexible que favorezca este tipo de actuaciones.
La novedad de los segundos, se encuentra en la posibilidad que tienen de
establecer la ordenación urbanística necesaria que necesiten los
asentamientos no regularizados para su regularización, siempre que dicho
asentamiento tenga prevista esta regularización en el planeamiento general.
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Este título, también regula las técnicas que deben ser empleadas por los
planeamientos para calcular los aprovechamientos y edificabilidades de los
suelos, sin que se produzcan grandes cambios, aunque se intenta aclarar y
simplificar la técnica.
En los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeamiento,
hay que destacar que se intenta, por primera vez, coordinar el
procedimiento de aprobación del planeamiento con los procedimientos
ambientales preceptivos. Esta cuestión no es baladí ya que hasta ahora,
existía un gran desconocimiento sobre unos y otros y se provocaban
incertidumbres sobre cómo, de qué manera, con qué documentos, qué tipo
de procedimiento ambiental debía seguirse de entre los previstos en la
legislación ambiental, y en qué momento debía tramitarse. Con esta nueva
regulación, se clarifica qué tipo de evaluación ambiental estratégica debe
llevarse a cabo en cada instrumento de planeamiento, al menos, en
principio, y en qué momento del procedimiento de aprobación del plan debe
realizarse.
Se introduce como novedad, también respecto a la Ley vigente, la
obligatoriedad de que el número máximo de viviendas de un término
Municipal sea establecido por el Plan General. Esta novedad se introduce
por dos motivos, uno contener los crecimientos residenciales, de forma que
respondan siempre a la necesidad real de un municipio, y otra, atender a los
criterios jurisprudenciales que se han ido marcando a este respecto, en los
últimos tiempos.
Título IV- Actuaciones sobre el Medio Urbano
Se trata de un título nuevo, no existiendo en la legislación actual regulación
respecto a este tipo de actuaciones, se refiere a las actuaciones que se
pueden llevar a cabo en el suelo urbano, sus construcciones y sus
edificaciones con la finalidad de recuperarlo, rehabilitarlo y regenerarlo.
La regulación contenida en este título, además de definir, concretar y
establece los derechos de los propietarios y residentes en los ámbitos que
se delimiten para su rehabilitación, renovación y regeneración, tiene por
objeto facilitar este tipo de actuaciones, siendo uno de los objetivos de la
nueva norma, que la actuación urbanística de las Administraciones vaya
más encaminada a llevar a cabo la puesta al día del suelo urbano
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consolidado que a los desarrollos urbanísticos que tengan como fin
incorporar al suelo urbano nuevo suelo.
En el título se crean instrumentos nuevos, como los programas públicos de
actuación sobre el medio urbano. Estos programas pueden ser elaborados
tanto por la Comunidad de Madrid como por los Ayuntamientos. Su
elaboración y aprobación es voluntaria, es decir la delimitación de ámbitos
de renovación, regeneración y rehabilitación, se puede llevar a cabo por los
instrumentos de Planeamiento urbanístico conforme a las técnicas
tradicionales, pero dada la complejidad que reviste este tipo de actuaciones,
que requieren de acciones extraordinarias, al ser actuaciones donde ya hay
residentes, se considera oportuno posibilitar que se programen a medio y
largo plazo, lo que se puede hacer con estos programas públicos, que
actuarán como si fuera un instrumento de planeamiento de carácter general,
aunque más amplio, ya que incluirá las acciones sociales y económicas que
sean precisas, en cada caso. Estos programas públicos permitirán que la
actuación se pueda llevar a cabo, en los plazos que se haya establecido en
los programas, sin tener que acudir a constantes modificaciones de Plan
General, lo cual es muy costoso en el tiempo, permitiendo que aquellas
alteraciones del planeamiento urbanístico vigente en un Municipio que se
deban producir para desarrollar y ejecutar una actuación concreta de
rehabilitación, regeneración o renovación urbana, se pueda hacer mediante
la aprobación de planes especiales, cuyo procedimiento es más sencillo,
más flexible y su aprobación tarda menos en el tiempo, sin que por ello la
actuación se vea privada de cumplir todos los requisitos legales que exigen
las alteraciones del planeamiento, como es la evaluación ambiental
estratégica que requiere toda planificación.
Título V- Gestión Urbanística
El título está destinado a disponer todo lo necesario para llevar a cabo la
gestión y ejecución del planeamiento. El título simplifica los procedimientos
y clarifica las formas de actuar, potenciando la posibilidad de que intervenga
la actividad privada en las distintas actuaciones, bien junto a los propietarios
o de forma independiente. Esta última fórmula se podrá utilizar
fundamentalmente en los supuestos de incumplimiento de la función social
de la propiedad por parte de los propietarios.
En la gestión urbanística se introducen pocos cambios, ya que el sistema
funciona, pero si se puede destacar alguna novedad como, las permutas de
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suelo para facilitar la obtención de sistemas generales o locales, cuando
sea dificultosa la ejecución del planeamiento, y la Administración necesite
adelantar esta obtención, o cuando no esté prevista esta obtención en
ningún planeamiento. La figura ya existía, al igual que la técnica de la
ocupación directa, la novedad estriba en que su nueva regulación prevé que
su aplicación sea siempre voluntaria para el propietario, es decir, no cabe la
permuta forzosa. Con ello se pretende recoger la jurisprudencia obtenida,
respecto de esta técnica. La otra técnica que se regula, es la ocupación
directa que tiene el mismo objetivo y finalidad que la anterior,
diferenciándose de la permuta, en que con esta la obtención del sistema
general o local se lleva a cabo, abonando al propietario su precio con
aprovechamientos de otro ámbito, sector o unidad de ejecución. Otra
diferencia con la permuta, es que en este último caso, la ocupación directa
no tiene que ser voluntaria, sino que se puede aplicar de forma obligatoria o
forzosa.
Título VI- Conservación de la Urbanización, Terrenos, Construcciones
y Edificios
Su contenido define los deberes de conservación de la urbanización,
terrenos, construcciones y edificios que tienen los propietarios, el límite de
los mismos, los títulos habilitantes para dictar órdenes de ejecución y las
situaciones legales de ruina.
De este título, es necesario explicar la nueva regulación que se produce
respecto a los informes de evaluación de edificios, como medio de control y
comprobación del cumplimiento de estos deberes de conservación y como
medio para conocer el estado de las construcciones y los edificios de los
municipios.
Estos informes, no son una novedad completa de este nuevo texto, en la
Ley vigente ya existe la Inspección Técnica de Edificios, cuyo contenido y
objeto es muy similar al de estos informes, pero a estos nuevos se le
añaden dos novedades. En la Inspección Técnica de Edificios el informe a
emitir debía versar sobre el estado de conservación de los edificios, la
comprobación de su deterioro y las obras de rehabilitación que eran
necesarias para recuperar las condiciones de habitabilidad para servir al
uso al que estaban destinados, pues bien, al Informe de Evaluación de
Edificios se añade la necesidad de que este incorpore además, las
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condiciones básicas de accesibilidad del edificio, así como la certificación
de la eficiencia energética del edificio.
La técnica urbanística de la Inspección Técnica de Edificios ha sido
sustituida por esta de Informe de Evaluación de Edificios, como
consecuencia de la regulación que contenía la Legislación Estatal del Suelo,
la cual introdujo como novedad estos informes para los edificios
residenciales de vivienda colectiva. Esta regulación Estatal tenía el carácter
de básica, por lo que las Comunidades Autónomas debían aplicarlo, y
aunque su articulado ha sido declarado inconstitucional por la Sentencia del
Tribunal Constitucional dictada el 21 de Enero de 2016, señalando que era
una técnica urbanística que solo competía a las Comunidades Autónomas,
en la Comunidad de Madrid, dio lugar a que se desarrollara lo prescrito por
dicha normativa, aprobándose el Decreto 103/2016, lo que supone que en
la Comunidad de Madrid ya se exige este Informe para estos edificios
residenciales de vivienda colectiva, en los plazos y forma establecido en
este Decreto.
Ante esta situación se ha considerado oportuno, a fin de ser coherentes en
la unidad que debe existir en el ordenamiento jurídico de la Comunidad de
Madrid, no tener dos técnicas de inspección de edificios diferentes, por lo
que se han unificado las dos, englobando en los Informes de Evaluación de
Edificios ambas técnicas, ya que tienen el mismo objeto y el mismo
contenido, por lo que este informe no se exige solo para edificios de
vivienda colectiva, sino a todas las construcciones y edificios, que tengan
más de 50 años.
Así mismo, para mantener la normativa de la Comunidad de Madrid
recientemente aprobada, se han introducido algunas novedades, respecto a
la antigua Inspección Técnica de Edificios, como los años de vida que
deben tener los edificios para que se pueda exigir este Informe, que pasa
de los 30 previstos en la Ley vigente, a los 50 que se prevén ahora y que ya
estaba previsto en el Decreto 103/2016 de la Comunidad de Madrid. Otra
novedad son los plazos para su exigibilidad por primera vez, cuando
cuenten, en este momento con Inspección Técnica de Edificios. Hay que
tener en cuenta que los edificios que tienen más de 30 años ya cuentan con
Inspección Técnica, por lo que el nuevo Informe se exigirá por primera vez,
cuando tengan que hacer la revisión decenal que exige esta Ley.
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Título VII- Disciplina Urbanística
Se trata de un título novedoso, donde se engloban los títulos habilitantes
para realizar actuaciones urbanísticas, es decir, actos que requieren
licencias, actos que requieren declaraciones responsables y actos que solo
requieren una mera comunicación a la Administración, así mismo se regula
la protección de la legalidad urbanística, las infracciones urbanísticas, así
como el régimen sancionador que puede imponerse a las entidades
urbanísticas de colaboración reguladas en el artículo 266 y siguientes del
Anteproyecto.
A efectos de que se entienda porque este título y su contenido engloba los
títulos habilitantes para realizar actos de uso del suelo y la disciplina
urbanística propiamente dicha, el artículo 179 del texto, define de una
manera amplia el concepto de disciplina urbanística, incluyendo en ella, el
control preventivo de los actos de edificación o construcción, así como la
inspección de la ejecución de los mismos, lo que es más coherente con el
nuevo régimen de declaraciones responsables, cuyo control por la
Administración es posterior a su inicio.
De este título hay que destacar, el nuevo régimen de licencias y
declaraciones responsables que se introduce, derivado de la Ley de Unidad
de Mercado, y de su desarrollo por la propia legislación básica Estatal del
Suelo y de Medidas de Liberalización del Comercio.
Conforme a esta nueva regulación el régimen general aplicable a los actos
de uso del suelo, construcción y edificación, será el de las declaraciones
responsables, siendo la licencia el régimen especial. Así, solo será exigible
la obtención de licencia para aquellos actos y usos del suelo, que con
carácter básico ha establecido el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley
del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, exigiéndose para el resto de actos de uso del
suelo declaración responsable, en los términos previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, salvo los
cambios de titularidad y las pequeñas obras de reparación de interiores,
decoración ornato o limpieza de solares, en los no se requiere más que una
mera comunicación a la Administración.
Debe significarse que, del régimen previsto en esta Ley, se excluyen de
forma expresa en el texto, las actividades comerciales, para las que se
mantiene vigente la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la
Actividad Comercial de la Comunidad de Madrid.
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Así mismo hay que llamar la atención sobre la novedad que se introduce
respecto al silencio administrativo de las licencias, el cual, manteniendo su
carácter positivo a nivel general, determinados actos de uso del suelo pasa
a ser negativo el silencio. Este carácter solo se da en los supuestos
expresamente previstos en la Ley.
Este cambio se produce, no por voluntad de este texto, el cual pretende
evitar trabas al ciudadano, sino porque este régimen de silencio negativo ha
sido el que ha establecido el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación del Estado, antes citado, en su artículo 11, el cual, al tener el
carácter de legislación básica, debe ser respetado por la Comunidad de
Madrid. En el resto de supuestos el silencio negativo deriva de la existencia
de motivos de interés general, por afectar al medio ambiente, al patrimonio
histórico o a la necesidad de inscribir en el Registro de la Propiedad las
obras o usos provisionales, cuyo interés general es la de no perjudicar los
desarrollos previstos y no ejecutados.
En cuanto a las infracciones y sanciones se introduce novedades relativas a
las prescripciones, sanciones administrativas y respecto a las reglas para
determinar su cuantía.
Entre estas novedades se citan, el incremento del plazo de prescripción de
acciones, que pasa de los 4 años dispuestos en la Ley actual a 8 y 6 años
para las infracciones muy graves o graves, manteniéndose el plazo de 4
años solo para las infracciones leves. Con esta ampliación del plazo de
prescripción la Administración podrá adoptar medidas de restablecimiento
de la legalidad urbanística durante más tiempo, en los supuestos en que las
actuaciones llevadas a cabo revistan especial gravedad.
Por otro lado se regula como novedad la posibilidad que tendrá la
Administración para, además de imponer la sanción que corresponda poder
decomisar el beneficio obtenido por el infractor, lo que supone una decidida
apuesta por acabar con las infracciones, puesto que decomisar el beneficio
es mucho más que prohibir que quien infringe no pueda lucrarse si la
sanción no cubre la cuantía del beneficio obtenido.
Otra de las novedades en materia sancionadora es la posible reducción de
sanciones por un importe de un 60% cuando el responsable inicie, dentro
de los diez días siguientes a la notificación de la propuesta de resolución de
la sanción, los trámites necesarios para legalizar los actos sancionados si
estos son compatibles con el planeamiento, o para restaurar la legalidad, en
caso contrario. También se da la posibilidad de que la reducción sea de un
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50% de su cuantía si es abonada dentro del plazo de alegaciones a la
propuesta de resolución y, en el mismo plazo, el infractor muestra por
escrito su conformidad con la misma y renuncia expresamente al ejercicio
de toda acción de impugnación en el referido plazo.
Así mismo se prevé como novedad la posibilidad de que todas las
Administraciones puedan exigir a los infractores el importe de las costas
que se hayan ocasionado como consecuencia de la infracción cometida.
Por último se introduce, como novedad, el régimen de infracciones y
sanciones que se puede imponer a las entidades urbanísticas
colaboradoras por las infracciones que puedan cometer en su actuación y
que pueden ir desde la imposición de sanciones hasta la suspensión o
extinción de su autorización.
Título VIII- Instrumentos de intervención en el Mercado Inmobiliario
Regula los patrimonios públicos del suelo, el derecho de superficie y los
derechos de tanteo y retracto sobre bienes. Se producen pocas novedades
al respecto, más allá que la adaptación del Texto a la Legislación Estatal del
suelo.
Título IX- Organización, Coordinación y Cooperación Administrativa
Determina quienes son los órganos urbanísticos de la Comunidad de
Madrid y de los Municipios, distribuyendo entre ellos las distintas
competencias urbanísticas que otorga la Ley a cada uno. Regula la
necesaria cooperación y coordinación administrativa que debe existir entre
Administraciones y sus órganos, introduciendo fórmulas para llevar a cabo
esta coordinación y cooperación y establece, cuando y como puede existir
la colaboración de la iniciativa privada en la actividad urbanística,
estableciendo las distintas clases de entidades privadas que pueden darse
para llevar a cabo esta colaboración, como las entidades de gestión
urbanística, las de conservación de la urbanización o las entidades
urbanísticas de colaboración. Dentro de cada una de ellas se distingue las
que son de propietarios y las que parten de la iniciativa privada.
De la regulación contenida en este título debe destacarse la regulación que
se introduce respecto a las entidades urbanísticas de colaboración que son
aquellas que, estando debidamente autorizadas por la Comunidad de
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Madrid pueden colaborar con la Administración en la realización de
actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la
normativa, así como en la inspección técnica necesaria para llevar a cabo
los informes de evaluación de edificios. A estos efectos pueden verificar,
inspeccionar y controlar actos de uso del suelo o subsuelo y edificación,
emitiendo informes en los procedimientos de concesión de licencias, en la
de inspección urbanística o los informes necesarios para verificar la
evaluación de edificios, así mismo podrán emitir certificados de conformidad
en las declaraciones responsables y en las comunicaciones.
Esta regulación, refunde lo ya establecido por la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras
y de Apoyo a la Empresa Madrileña, llevando a cabo algunas novedades,
como sustituir la homologación de estas entidades por una autorización de
la Comunidad de Madrid, pero manteniendo su naturaleza y características
principales.
Las disposiciones finales, tratan de solventar los problemas que puedan
derivarse de la entrada en vigor de la nueva Ley. Prevén como deben
tratarse aquellos asuntos que la derogación de la Ley vigente deja sin
regulación, al desparecer determinadas figuras, o formas de llevar a cabo la
actividad urbanística.
Las disposiciones transitorias, establecen en que situación queda el
planeamiento vigente a la entrada en vigor de la Ley y como debe ser
adaptado el mismo, así mismo se prevé como debe interpretarse el régimen
jurídico del suelo vigente con respecto al nuevo, en tanto se producen las
necesarias adaptaciones, como deben ser tratados los procedimientos de
gestión y ejecución del planeamiento que se encuentren en tramitación a la
entrada en vigor de la nueva Ley, así como todas aquellas cuestiones que
deben mantenerse en tanto se produce la adaptación de toda la actividad
urbanística a lo establecido en la nueva Ley, impidiendo que queden vacíos
o lagunas legislativas que puedan paralizar la actividad urbanística de la
Comunidad de Madrid, manteniéndose ésta en plenitud durante el tiempo
que marca la propia Ley para la adaptación de esta actividad a la nueva
regulación.
La Disposición Derogatoria, deroga todas aquellas normas de la
Comunidad de Madrid, cuyo contenido ha sido recogido por la nueva Ley, o
se opone a la nueva regulación que se aprueba.
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Las Disposiciones Finales, modifican aquella normativa de la Comunidad
de Madrid que debe ser alterada para adaptarse a la nueva regulación
contenida en esta Ley, autoriza al Gobierno a adaptar la cuantía de las
multas y a dictar cuantas disposiciones se consideren necesarias para el
desarrollo y aplicación de este nuevo texto.
Por último, la Disposición Final Cuarta establece en que momento debe
entrar en vigor este Texto, una vez que se apruebe, marcando una vacatio
legis de 6 meses, con el fin de que esta entrada en vigor se produzca tras
un conocimiento profundo de su contenido, por todos los Municipios, al ser
estos los más afectados por esta Ley, dando posibilidad de que los mismos
puedan ir adaptando los procedimientos en marcha a las nuevas
disposiciones contenidas en esta Ley.
2) ANALISIS JURÍDICO
La propuesta normativa se lleva a cabo en virtud de la competencia
legislativa que la Comunidad de Madrid tiene conforme se establece en los
artículos 26 y 27 de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica
3/1983, de 25 de febrero, conforme al cual, la Comunidad de Madrid tiene:
- Competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Vivienda, lo que implica que tiene competencia plena para
legislar sobre la actividad urbanística de la Comunidad, lo que se lleva a
cabo con esta Ley, adaptándose y desarrollando la legislación básica
Estatal que en materia de Suelo tiene el Estado en virtud de sus
competencias en materia de régimen jurídico de la propiedad,
procedimiento administrativo común, expropiación y principios que rigen
la economía. A cuyo efecto se ha tenido en cuenta, entre otras normas,
el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
la Ley de Unidad de Mercado, y la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- En el marco de la legislación básica del Estado, la Comunidad de Madrid
también tiene competencia, para el desarrollo legislativo en materia de
Administración Local, y en materia de protección del Medio Ambiente. Lo
que implica la posibilidad que tiene la Comunidad de Madrid para
desarrollar de forma concreta la Ley de Bases del Régimen Local, en
aquello que afecta a la actividad urbanística de los Municipios y la Ley
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21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, aunque el
desarrollo que de esta última Ley se produce, no es, ni pretende ser, en
ningún caso completa, sino solo afecta a aquellas partes que requiere la
necesaria coordinación que debe existir entre los procedimientos de
aprobación del planeamiento y de instrumentos de gestión y ejecución,
con las necesarias evaluaciones ambientales estratégicas y los estudios
ambientales o las declaraciones de Impacto Ambiental que exige la
normativa Ambiental.
Conforme se ha señalado en el párrafo anterior, con la norma que se
propone se conseguirá una coherencia completa entre la legislación estatal
y la de la Comunidad de Madrid. La nueva norma no repite artículos de la
Estatal, pero se remite a ellos, haciendo muy fácil el conocimiento y
aplicación de las normas estatales y de la Comunidad de Madrid, cuyo
contenido afecta de alguna manera a la actividad urbanística de la
Comunidad de Madrid.
Así mismo la Ley es coherente con el resto del ordenamiento jurídico de la
Comunidad de Madrid, recogiendo este nuevo texto normativo todas
aquellas disposiciones que afectando a la actividad urbanística se
encontraban dispersas en distintas normas, salvo la relativa a la actividad
urbanística de la actividad comercial, que por así haberlo solicitado la
Dirección General de Comercio, se mantiene vigente, en su totalidad, la
regulación contenida en la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de
la Actividad Comercial, el resto de normativa que incide en materia
urbanística o se deroga o se modifica, lo que se hace, a fin de conseguir la
coherencia y conocimiento que requiere el ordenamiento jurídico de la
Comunidad de Madrid, facilitando la aplicación del mismo.
En concreto la nueva Ley:
1- Deroga las siguientes normas, que forman parte del ordenamiento
jurídico de la Comunidad de Madrid:
- La Ley 9/1985, de 4 de diciembre, Especial para el Tratamiento de
Actuaciones Urbanísticas Ilegales en la Comunidad de Madrid, que
regulaba el tratamiento que debían llevar las denominadas
urbanizaciones ilegales existentes en la Comunidad de Madrid en aquel
momento. Esta Ley nunca fue derogada y su contenido se ve sustituido
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por la regulación que lleva a cabo esta Ley en relación a los
asentamientos no regularizados.
- La Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid,
cuyo contenido se ve sustituido, en su totalidad, por esta nueva Ley.
Norma que queda completamente sustituida por esta nueva.
- La Disposición Adicional Segunda de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre,
de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, que
regula los requisitos de las entidades privadas colaboradoras. Normativa
que queda sustituida por esta nueva Ley que se pretende aprobar, la
cual contiene una nueva regulación respecto de estas entidades
privadas.
- El Artículo 9 de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales
y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que afecta a los usos que
pueden ser implantados en el suelo no urbanizable como desarrollo rural
sostenible, quedando sustituido el contenido de este artículo por el
nuevo régimen jurídico del suelo no urbanizable que se establece en
este nuevo texto.
- El Decreto 71/1997, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Jurado Territorial de Expropiación
Forzosa de la Comunidad de Madrid. Norma que se deroga al
desaparecer este órgano en la nueva regulación que se pretende
aprobar.
- El Decreto 92/2008, de 10 de julio, por el que se regulan las
modificaciones no sustanciales de planeamiento urbanístico, norma que
se deroga al regularse en esta nueva Ley de forma completa los
procedimientos que deben llevarse a cabo para aprobar modificaciones
de planeamiento.
2- Por otro lado se produce la siguiente modificación de normas que
forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad de Madrid:
- Los artículos 1.1, 2, 3, 7, 8, 9, 14 y 15 de la Ley 7/2000, de 19 de junio,
de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que
deban ser objeto de Preservación. Se considera necesaria esta
modificación, para adaptar su contenido a la nueva regulación que se
produce, en relación a la rehabilitación de espacios urbanos
degradados, en esta nueva Ley. Entre otras cuestiones, desaparece de
la nueva Ley del Urbanismo y Suelo de la Comunidad de Madrid las
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Áreas de Rehabilitación Concertada, las cuales no desaparecen sino
que se incluyen en esta Ley 7/2000, lo que hace que se tenga que
modificar.
En cuanto al rango de Ley que se da a la norma que se pretende aprobar,
se justifica en la transcendencia que tiene su contenido, el cual afecta al
derecho de propiedad completando la función social de la misma, a la
economía, al derecho a una vivienda digna, a las actividades económicas,
al libre ejercicio de las empresas, a la unidad de mercado y a la vida social
general. Por tanto, vista la transcendencia que la norma implica, conforme
al orden Constitucional establecido, el rango de esta norma no puede ser
otro que el de una Ley, cuya aprobación garantiza un procedimiento público
y transparente que incluye el debate en todas sus fases, lo que hace a la
norma más democrática y más legitima.
Por otro lado, la nueva Ley regula materias previamente legisladas por Ley,
por lo que respetando el principio de jerarquía normativa, solo se puede
llevar a cabo por una norma con el mismo rango normativo.
3) DESCRIPCIÓN DE LA TRAMITACIÓN
La elaboración del texto normativo que se pretende aprobar ha seguido los
siguientes trámites:
A.- En el mes de septiembre de 2015 se constituyó una mesa técnica para la
elaboración de la Ley del Suelo, compuesta por:
- Representantes de los grupos parlamentarios del PP, PSOE,
CIUDADANOS y PODEMOS.
- Representante de la Federación de Municipios de Madrid.
- Representante del Colegio de Arquitectos.
- Representante del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos.
- Representantes técnicos de distintas Consejerías de la
Comunidad de Madrid y en concreto de las siguientes Direcciones
Generales: Dirección General de Urbanismo, Dirección General de
Medio Ambiente, Dirección General de Vivienda, Dirección General
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de Patrimonio Cultural, Dirección General de Infraestructuras, así
como la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio.
Esta mesa técnica se ha reunido mensualmente, desde su
constitución hasta el mes de julio de 2016. Las reuniones han
tenido como finalidad el estudio de la normativa urbanística actual,
la problemática que plantea, los cambios producidos en la
legislación Estatal y las necesidades urbanísticas actuales.
El estudio se ha llevado a cabo por temas, y sobre los mismos se
han ido adoptando acuerdos proponiendo los cambios que debían
producirse para redactar el nuevo texto.
Debe señalarse respecto a la composición de esta mesa, que los
representantes de los Grupos Parlamentarios de PSOE y
PODEMOS, solo asistieron a las primeras sesiones, declinando su
asistencia en las convocatorias que se llevaron a cabo a partir del
mes de diciembre de 2015.
Lo mismo ocurrió con la Federación de Municipios de Madrid,
cuyos representantes asistieron a las primeras reuniones, pero más
tarde, aunque eran citados a todas las que se convocaron no
asistieron.
B.- En paralelo a esta mesa técnica, se han celebrado mesas sectoriales, con
la finalidad de contar con propuestas de aquellos sectores de la vida social,
relacionados con el urbanismo. Las mesas sectoriales que se han celebrado,
son las siguientes:
Mesa en materia de vivienda protegida, en la que participó: ASPRIMA
(Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid), AVS (Asociación de
Promotores Inmobiliarios Públicos de Vivienda y Suelo), AGV
(Asociación Gestora de Viviendas). Así mismo fueron invitados dos
catedráticos, uno de geografía física y otro de sociología.
Mesa sobre propuestas de la Federación Regional de Asociaciones
vecinales de Madrid (FRAVM).
Mesa sobre propuestas de Ecologistas en Acción.
Mesa sobre propuestas de Madrid Foro Empresarial.
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Mesa sobre propuestas de Asociaciones relacionadas con el urbanismo
a nivel internacional, participando las siguientes: ACI, ULI, LAI MADRID,
WIRES.
C.- En el mes de septiembre de 2015, se constituyó, una mesa política,
compuesta por el Consejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, el Viceconsejero, y el Secretario General Técnico de
la misma Consejería, el Portavoz de Urbanismo en la Asamblea de Madrid de
los grupos parlamentarios de PP, PSOE, CIUDADANOS y PODEMOS, el
Decano del Colegio de Arquitectos y el Decano del Colegio de Caminos
Canales y Puertos.
El objeto y finalidad de esta mesa ha sido examinar las propuestas elevadas
por las mesas técnicas y sociales señaladas en los apartados anteriores,
tomando decisiones políticas, respecto de las mismas, constituyendo estos
acuerdos adoptados por la mesa política los criterios, objetivos y directrices que
han sido tenidos en cuenta para elaborar el Anteproyecto de Ley.
La mesa política se ha reunido y estuvo tomando decisiones hasta el mes de
julio de 2016, momento en el que se dio por finalizado su trabajo, al haber
tomado todos los acuerdos, criterios y decisiones que se consideraron
necesarios para iniciar la redacción de un borrador de Ley.
Debe hacerse constar, que al igual que en la mesa técnica los Grupos
Parlamentarios de PSOE y PODEMOS, declinaron su participación a partir de
la convocatoria del mes de diciembre de 2015.
d.- Concluida la toma de decisiones se elaboró el Anteproyecto de Ley, el
cual fue remitido con fecha 24 de octubre, por el Consejero de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio al Consejo de Gobierno, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.3 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, a efectos de que este decidiese sobre los ulteriores
trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que
resulten convenientes.
e.- Conforme a las decisiones tomadas por el Consejo de Gobierno, se
han solicitado los siguientes informes:
1. Dirección General de la Mujer, que conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, debe emitir
informe en relación con el impacto por razón de género.
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2. Dirección General de la Familia y el Menor, que conforme a lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, de Modificación del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Disposición Adicional Décima de la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas, deben emitir informe en relación con el impacto en la
infancia, la adolescencia y la familia.
3. Secretarías Generales Técnicas de todas y cada una de las
Consejerías de la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido en el
artículo 35 del Decreto 210/2003, de 16 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento de Funcionamiento Interno del Consejo de
Gobierno y de sus Comisiones, incluyendo el informe preceptivo
requerido por el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio.
4. Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 193/2015, de 4
de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Económica, Empleo y Hacienda.
5. Administración General del Estado.
Como consecuencia de esta petición de informes, se han recibido 26
informes de distintas Consejerías, Direcciones Generales, Subdirecciones,
organismos y entidades dependientes de ellas.
En concreto se han recibido los siguientes informes:
Administración General del Estado (SGT y Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, así como
SGT del Ministerio de Defensa).
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación
del Territorio (SGT, Subdirección General de Evaluación Ambiental y
Subdirección General de Impacto Ambiental).
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras (Dirección
General de la Vivienda y Rehabilitación, Agencia de la Vivienda
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Social, Dirección General de Carreteras e Infraestructuras,
Consorcio de Transportes de Madrid y Metro de Madrid).
Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte.
Consejería de Presidencia (Secretaría General Técnica y Canal de
Isabel II).
La Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad.
Consejería de Políticas Sociales y Familia (Secretaría General
Técnica, Dirección General de Servicios Sociales e Integración
Social, Dirección General de la Mujer y Dirección General de la
Familia y el Menor).
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda (Secretaría General
Técnica, Dirección General de Comercio y Consumo, Dirección
General de Tributos, Dirección General de Contratación, Patrimonio
y Tesorería, Dirección General de Presupuestos y Recursos
Humanos y Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la
cual se han recibido dos informes).
Las observaciones realizadas en estos informes han sido recogidas, en su
mayoría, en el nuevo texto, en la exposición de motivos y en la memoria de
impacto económico, justificándose más tarde el motivo que ha llevado a que
algunas de ellas no se hayan recogido.
De entre las observaciones recogidas en este nuevo texto, debe
hacerse una mención especial de la llevada a cabo por la Dirección
General de Comercio y Consumo, a fin de explicar y justificar los motivos
que llevaron a la redacción del Anteproyecto y a los cambios que ahora se
producen, siendo una de las cuestiones que más dudas jurídicas se han
planteado, respecto a cómo debía interpretarse la aplicación de la
legislación básica Estatal frente a la de la Comunidad de Madrid.
El texto del Anteproyecto, en su artículo 177 (en el nuevo texto artículo 184)
sometía, a licencia expresa, sin distinguir a que uso va destinada, las obras
de nueva planta, de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación
cuando les sea exigibles proyecto técnico de acuerdo con la Ley de
ordenación de la edificación, la apertura de establecimientos permanentes
en los que se desarrollen actividades comerciales cuya superficie útil de
exposición y venta al público sea superior a 750 metros cuadrados y
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siempre que supongan un impacto sobre el patrimonio histórico-artístico o
sobre el uso privativo y ocupación de bienes de dominio público. Por su
parte el artículo 193 (en el texto que ahora presenta artículo 201) sometía a
declaración responsable el inicio y desarrollo de las actividades comerciales
y de servicios sujetos al ámbito de aplicación de la Ley Estatal 12/2012, de
Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio y de determinados
Servicios, y el artículo 199 (en el texto actual artículo 207) somete a
comunicación las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica,
sin distinguir si se trata o no de usos o actividades comerciales. Por otro
lado, el Anteproyecto derogaba determinados artículos de la Ley 2/2012, de
12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial, en concreto
aquellos artículos que afectaban a la actividad urbanística de este tipo de
actividades comerciales, derogación que se producía con el fin de que
existiera una coherencia en el ordenamiento jurídico de la Comunidad de
Madrid, no manteniendo regulaciones contradictorias entre normas que
regulan lo mismo.
Al respecto, la Dirección General de Comercio y consumo entiende que solo
se han tenido en cuenta los términos establecidos en la Ley Estatal
12/2012, de 26 de diciembre, sin tener en cuenta la norma autonómica,
constituida por la Ley 2/2012, de 12 de junio, la cual es mucho más amplia y
suprime todo tipo de licencias (obras y actividad) para los usos comerciales,
incluidas las que afecten al patrimonio-histórico, salvo los bienes declarados
de Interés Cultural , los incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la
Comunidad de Madrid, así como los catalogados dentro del régimen de
máxima protección. Así mismo señala que actos que la Ley 2/2012 de la
Comunidad de Madrid somete a declaraciones responsables, en el
Anteproyecto se incluyen entre los actos que son objeto de comunicación,
como son las obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica.
Consideran que la modificación del régimen de licencias, además de
suponer una anulación del ejercicio de las competencias exclusivas que en
materia de comercio tiene la Comunidad de Madrid, puede suponer un
impacto en la normativa municipal, un impacto sobre la normativa de Unidad
de Mercado y una incidencia sobre actuaciones particulares.
Ante ello, se procedió a un estudio profundo sobre la materia, ya que la
legislación Estatal es posterior a la de la Comunidad de Madrid, y se dicta
con carácter de legislación básica (su disposición final undécima basa el
carácter de esta legislación básica en las competencias exclusivas que
tiene el Estado sobre la regulación de las condiciones básicas que
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garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, el
establecimiento de las bases y la coordinación de la actividad económica,
así como el establecimiento de las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas).
Así, la actividad urbanística de los usos comerciales, se encuentra regulado
en la Ley Estatal 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de
Liberalización del Comercio y de determinados Servicios, la cual define su
ámbito de aplicación como aquel que regula las actividades comerciales
minoristas y la prestación de determinados servicios, realizados a través de
establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio
nacional, y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea
superior a 750 m2 (metros que han sido reducidos por la Ley 14/2013, de
apoyo a emprendedores a 500 m2), y establece en su artículo 3 lo siguiente:
“1. Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios
definidos en el artículo anterior (actividades comerciales minoristas y
servicios cuya superficie de exposición y venta al público no sea superior a
550 m2), no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del
sector público la obtención de licencia previa de instalaciones, de
funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que
sujeten a previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a
desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento
correspondiente.
2. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las
actividades comerciales y de servicios. En estos casos será exigible
comunicación previa a la administración competente a los solos efectos
informativos.
3. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las
obras ligadas al acondicionamiento de los locales para el desempeño de la
actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de
obra de conformidad con el art.2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación.
4. La inexigibilidad de licencia que por este artículo se determina no regirá
respecto de las obras de edificación que fuesen precisas conforme al
ordenamiento vigente, las cuales se seguirán regulando, en cuanto a la
exigencia de licencia previa, requisitos generales y competencia para su
otorgamiento, por su normativa correspondiente.”
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De esta normativa de carácter básica se deduce:
- Está hablando de dos tipos de licencias, la de obras y la de actividad.
- Suprime la necesidad de que las actividades comerciales deban obtener
licencia de actividad, pero no exime a estas actividades de licencia de
edificación u obra, salvo aquellas que no requieran proyecto técnico. Al
contrario, al respecto establece de forma expresa que no será exigible
licencia para realizar obras, cuando no requieran proyecto, y que para
determinar si el resto de obras requieren licencia, se estará a lo que
establezca su legislación específica.
- Además, para que estas licencias de actividad no se exijan, establece un
límite y es que el establecimiento comercial tenga una superficie útil de
exposición y venta al público inferior de 500 m2.
Por su parte, la legislación específica Estatal que regula los actos de uso de
suelo que requieren licencia de obra y los que no, está constituida por el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, cuyo artículo 11.4, de
carácter también básico, exige que exista acto administrativo expreso, con
silencio negativo, a los actos que autoricen obras de edificación,
construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. Es decir,
todas aquellas obras e implantaciones que requieran proyecto, deben ser
objeto de licencia expresa.
Esta regulación Estatal, con entrada en vigor después de haberse aprobado
la Ley 2/2012, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad
de Madrid, fue lo que motivo que en el Anteproyecto se estableciera este
régimen de licencias, desde luego más rígido que el establecido por la Ley
de la Comunidad de Madrid, pero plenamente ajustado al orden
Constitucional de distribución de competencias, derogando parte del
articulado de la Ley 2/2012, con el fin de que toda la actividad urbanística
de la Comunidad de Madrid se regule en un único texto normativo.
No obstante, en el Anteproyecto se cometió un error, al no tener en cuenta,
lo establecido en la disposición final décima de la Ley Estatal 12/2012, la
cual, efectivamente, tal y como dice a Dirección General de Comercio y
Consumo, autoriza a las Comunidades Autónomas a ampliar el umbral de
superficie de los locales, así como a determinar cualesquiera otros
supuestos de inexigibilidad de licencias, pudiendo establecer regulaciones
sobre estas actividades con menor intervención administrativa, incluyendo
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la declaración de inocuidad, motivo por el que se atiende, en su totalidad la
observación de esta Dirección General, excluyendo del régimen previsto en
este nuevo texto de Ley del Urbanismo y Suelo, el régimen de licencias de
las actividades comerciales, a las que se aplicará el régimen previsto en la
Ley 2/2012 de la Comunidad de Madrid, la cual se mantiene vigente, al
entender que la Comunidad de Madrid tiene competencia para ampliar los
supuestos de inexigibilidad de licencias, aunque el Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, no lo prevé para las obras de nueva
planta, de edificación y de rehabilitación, cuando se exige proyecto técnico,
manteniéndose la duda a este respecto.
Con independencia de lo señalado, se mantiene la redacción tal cual estaba
en el Anteproyecto de las Comunicaciones (art.199 y hoy 207), al entender
que las pequeñas obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica,
no es necesario que se sometan a declaración responsable, sino a mero
conocimiento de la Administración.
Entrando ya, en las observaciones realizadas por el resto de
Consejerías, Direcciones Generales y organismos, se procede a
continuación a especificar, tal y como se ha dicho con anterioridad
cuales no han sido atendidas, justificando el motivo que ha llevado a que
determinadas cuestiones no hayan sido recogidas.
La explicación, que a continuación se realiza, se lleva a cabo por
Ministerios, Consejerías y órgano concreto que hace la observación no
atendida, por lo que los que no aparezcan, en esta relación, es bien porque,
no han realizado observaciones, como ocurre en el caso de la Consejería
de Sanidad, en el informe de la Dirección General de Servicios Sociales e
Integración Social, en el de la Dirección General de la Mujer o en el de la
Dirección General de la Familia y el Menor, o bien porque sus
observaciones se han recogido íntegramente, en algunos casos de forma
expresa recogiendo la redacción solicitada y en otros casos llevando a cabo
otras modificaciones en el articulado del Anteproyecto, en su exposición de
motivos o en esta memoria, pero dando plena satisfacción a lo solicitado.
Las observaciones formuladas, y que no se incluyen en el nuevo texto de
Anteproyecto son las siguientes:
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1.- Ministerio de Fomento:
Secretaria General Técnica
De las observaciones llevadas a cabo, no se atienden:
Solicita que se añada un apartado al artículo 1 de la Ley, al
entender que existen numerosos artículos que afectan a
las competencias del Estado, fundamentalmente en
relación a los procedimientos de aprobación de
instrumentos de planeamiento, donde se reducen los
plazos que la legislación estatal establece para emitir
determinados informes o el momento en que debe emitirse
estos informes. En concreto se refiere a la legislación
Aeronáutica, que establece que el Estado cuenta con un
plazo de 6 meses para emitir el informe que debe ser
solicitado en los instrumentos de planeamiento, o el
momento de emitirlo, que será, según señala esta
legislación, antes de la aprobación provisional del
instrumento de planeamiento.
A estos efectos, solicita que, en ese nuevo párrafo se deje
a salvo las peculiaridades de la legislación estatal.
Esta misma observación ha sido señalada por la Dirección
General de Arquitectura Vivienda y Suelo del Ministerio de
Fomento, centrándose en la Legislación de Carreteras que
exige que exista un informe favorable, antes de que se
aprueben inicialmente los instrumentos de planeamiento,
así como otras leyes que establecen el plazo que tiene el
Estado para emitir informes, plazos que no siempre
coinciden.
A estos efectos se han introducido modificaciones en el
procedimiento de aprobación de instrumentos de
planeamiento, pero no se incorpora un apartado nuevo al
artículo 1, al entender, que el Estado en su legislación
sectorial, efectivamente puede exigir que, en los
procedimientos de aprobación del planeamiento conste un
informe del órgano Estatal afectado, y que este informe
sea no solo preceptivo sino vinculante, pero la legislación
sectorial estatal, no puede condicionar un procedimiento
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cuya regulación es competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, hasta el punto de marcar, si
debe existir o no una aprobación provisional, o condicionar
el plazo que deben tener estos procedimientos. La
legislación de la Comunidad de Madrid, debe respetar los
plazos de emisión de informes preceptivos y vinculantes
que da la legislación de procedimiento administrativo
común de las Administraciones públicas, que es de 3
meses y debe respetar la necesidad de que exista ese
informe, y que este deba ser favorable, pero, la Comunidad
de Madrid, no puede estar condicionada al plazo de
emisión de informes que da cada Ley sectorial, o si este
debe ser emitido antes de la aprobación inicial o antes de
la aprobación provisional, esto significaría, que el
procedimiento está tan condicionado, que no cabría tener
una regulación propia, al marcarle cada órgano estatal
cuales son los tramites y plazos.
No se puede entender, en ningún caso que establecer o
quitar un trámite a estos procedimientos, o marcar un
plazo, es inconstitucional, por no cumplir con los requisitos
de tiempo y trámite establecidos por la legislación Estatal,
en cuestiones que no tiene que ser cumplidas por la
legislación Autonómica, al exceder de la competencia que
tiene el Estado para dictar normas sobre procedimiento
administrativo y afectar a las competencias exclusivas de
esta.
Por otro lado, ninguno de estos dos informes emitidos por
organismos del Estado, ha tenido en cuenta, en relación a
los plazos de emisión de informes que, conforme a la
legislación Estatal básica en materia de Medio Ambiente,
los instrumentos de planeamiento deben contar con una
Evaluación Ambiental Estratégica, la cual se lleva a cabo
conforme establece la Ley 13/2013, iniciándose este
procedimiento ambiental antes de la aprobación inicial de
los instrumentos de planeamiento. Pues, en ese inicio del
procedimiento, lo primero que se hace es consultar a todos
los organismos del Estado afectados por el plan, y da, para
que se contesten estas consultas un plazo de 45 días,
siendo esta legislación básica la que marca el plazo, y no
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la legislación de la Comunidad de Madrid, la cual en esta
materia solo se ha adoptado y coordinado los
procedimientos de aprobación del planeamiento al trámite
ambiental preceptivo.
Las relativas a lo especificado en su informe respecto al
cómputo de edificabilidad de los sistemas generales y
bienes de dominio público. Entiende esta Secretaría
General Técnica que puede existir una contradicción entre
lo regulado en el art. 53 (hoy art.51), que permite que los
suelos de dominio público que hubieran sido adquiridos a
título oneroso computen a efectos del cálculo del
aprovechamiento urbanístico, y lo especificado en el
artículo 47 (hoy art. 46), que permite que los sistemas
generales se puedan integrar o no en los ámbitos o
sectores. Entiende que los sistemas generales podrían ser
excluidos de determinados ámbitos o sectores, por lo que
existe la contradicción.
No se recoge la observación en el nuevo texto, ya que no
existe la contradicción señalada, una cosa es que los
bienes de dominio público, puedan, cuando así se decida al
planificar la ciudad, quedar incluidos en ámbitos y sectores,
y otra cosa es que de forma obligatoria deban quedar
incluidos, cuestiones que decidirá el planificador y la
Administración titular, en cada caso. Además, al contrario
de lo que considera esa Secretaria General, se trata de
técnicas urbanísticas, que van más encaminadas a obtener
suelos de sistemas generales que al cómputo o no de
aprovechamiento de las ya existentes.
Respecto a las observaciones llevadas a cabo, en relación
a que no debe equipararse el suelo urbano no consolidado
con el suelo urbanizable, tampoco puede ser recogida la
observación, ya que la equiparación de la que se habla es
a efectos del régimen jurídico aplicable, y este régimen
jurídico no es otro que el establecido en la legislación
Estatal del Suelo, la cual dispone un régimen de deberes y
derechos con carácter básico, teniendo ambas clases de
suelo el mismo, al tratarse ambos de suelo que no puede
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considerarse como urbanizado, por lo que no puede ser
modificado.
En cuanto a las observaciones relativas a la delimitación
de Áreas Homogéneas en suelo urbano, se trata de una
técnica urbanística, cuya regulación es competencia
exclusiva de la Comunidad de Madrid, atender lo
solicitado, sería cambiar todo el sistema, lo que no
procede, ni está justificado. Además entiende esta
Secretaría General que solo puede existir un Área
Homogénea en suelo urbano, cuando la regulación
contenida en el texto, permite que el planificador delimite
cuantas Áreas Homogéneas sean precisas.
Respecto a la petición de que se incluya un párrafo en el
artículo relativo a la regulación de las juntas de
compensación, en el que se indique que las
administraciones puedan incorporarse a estas juntas de
compensación, como propietarios, no se considera
necesario, ya que cuando una Administración participa en
un ámbito con suelo, sea de carácter patrimonial o sea de
carácter dotacional, pero que conforme a la aportación de
esos suelo tenga derechos sobre aprovechamientos, el
tratamiento que se da a esa Administración es la de un
propietario más, con los mismos derechos y deberes que
el resto de propietarios, así funciona y ha funcionado
siempre este sistema, la regulación no ha cambiado.
Por último, en cuanto a la petición de que se modifique el
régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado tal y
como aparece en la Disposición Transitoria Primera,
tampoco procede, ya que la clasificación del suelo urbano
es reglada, por lo que en función a las características
físicas que tengan el suelo, este deberá estar asimilado a
suelo urbano consolidado (urbanizado en términos de la
legislación Estatal del Suelo) o al suelo urbano no
consolidado rustico en términos de la legislación Estatal
del Suelo). Esta clasificación no se puede llevar a cabo de
forma discrecional, si reúne las condiciones que se
establecen en la Ley para ser consolidado, no puede
incorporarse a otra categoría de suelo, ya que su régimen
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jurídico varia y mucho, no pudiendo ser exigido al suelo
que ya está consolidado los mismos deberes que aquel, al
que le falta la urbanización, así se regula en el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
que establece distintos derechos y deberes, en función a
que el suelo esté urbanizado o se encuentre en situación
de rural, pero que el planeamiento prevea su paso a
situación de urbanizado.
Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del
amplio y profuso informe que emite esta Dirección General, no
son recogidas dos observaciones:
La relativa al artículo 58.c) Documentación, en el que se
pide que se distingan los documentos de contenido
económico que reclama el TRLS Y RU, al entender que el
artículo los distingue ya de forma clara, incluyéndose estos
documentos en todos los planeamientos, y no solo a los
referidos al medio urbano, al ser una competencia de la
Comunidad de Madrid, regular el contenido de los
planeamientos, pudiendo desarrollar lo exigido por el
Estado, y ampliar su exigibilidad.
Se realiza una observación a los artículos 113.2, 120.1.a
2º, 231.2.b y al 233.1.d (artículos que conforme a la nueva
redacción del texto se corresponden con los artículos 114,
122.1.a 2º, 238.2.b y 240.1.d, al considerar que el Texto
Refundido de la Ley del Suelo Estatal, no permite
monetizar sistemas generales, ni sistemas locales, salvo
para las actuaciones de dotación. Dicha observación ha
dado lugar a la modificación de los artículos mencionados,
salvo el artículo 122.1.a, el cual aunque es sometido a la
misma observación, no se trata de sustituir sistemas
generales por su valor monetizado, sino que se trata de la
forma en que se deben gestionar los sectores que se
encuentran incluidos dentro de un área de reparto,
constituyendo una técnica urbanística que tiene por objeto
igualar el aprovechamiento entre sectores, lo que se lleva a
cabo adscribiendo sistemas generales al que tiene más
aprovechamiento que el que le corresponde, quitándoselo
al que tiene menos, señalando el artículo que si no fuera
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posible llevar a cabo esta equiparación a través de
sistemas generales, se entregará a la Administración su
valor económico. Se trata de una técnica, cuya regulación,
es competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid, y no
afecta ni es contraria, en absoluto, a la legislación estatal
del suelo. Por el mismo motivo, no se ha modificado el
artículo 164.2 (hoy art. 168.2), relativa a que en el
procedimiento de venta forzosa de terrenos la
Administración pueda descontar un 20 por ciento del precio
que debe abonarse al propietario por el adjudicatario de la
licitación, en concepto de gastos de gestión, cuestión que
no afecta a la legislación estatal del suelo. No obstante,
como consecuencia que sobre esta cuestión lleva a cabo la
Abogacía General de la Comunidad de Madrid, se modifica
este apartado, en el sentido de que este descuento del 20
por ciento se llevará a cabo en concepto de gastos de
gestión, pero ocasionados por el incumplimiento del
propietario.
Por último, respecto a la observación llevada a cabo, en
relación a que la técnica de la ocupación directa para
obtener sistemas generales y locales, señalando que no
puede ser forzosa, tampoco se recoge, ya que, como dice
el informe de la Abogacía General de la Comunidad de
Madrid, no se ha tenido en cuenta que sobre esta cuestión
se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en Sentencia
183/2013, de 23 de octubre de 2013, que resuelve la
cuestión de inconstitucionalidad núm. 4.965-2011,
planteada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
núm.2 de Almería, en relación con el art.141.1 de la Ley
77/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía. En dicha Sentencia el Tribunal señala que la
ocupación directa y la expropiación forzosa son
instituciones distintas, aunque relacionadas entre sí, pues
en la primera se entrelazan, junto a aspectos de las
técnicas de gestión urbanística, elementos propios de la
expropiación, lo que explica que tanto las Comunidades
Autónomas como el Estado cuenten con competencias en
su regulación. Continua diciendo, al Estado no le
corresponde prever la ocupación directa, pues en su
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vertiente técnica de gestión urbanística, solo las
Comunidades Autónomas son competentes para decidir si
esta ha de formar parte o no de su modelo urbanístico, en
cuya regulación están obligadas a “respetar las garantías
expropiatorias con carácter de mínimo mínimas”,
CENTRANDOSE LA CUESTIÓN EN SI ENTRE ESAS
GARANTIAS MÍNIMAS SE ENCUENTRA LA NECESIDAD
DE ACUERDO CON EL AFECTADO. El Estado al respecto
de la ocupación directa se ha limitado a regular los
supuestos en los que dicha ocupación puede dar lugar a
indemnización así como el plazo en que se abre la vía a la
expropiación forzosa, llegando a la conclusión de que la
ausencia de acuerdo con los propietarios incurre en vicio
de inconstitucionalidad.
Dicha sentencia se falló estando vigente el art. 37 de la
LRSV, y posteriormente recogido en el art.35.e del Texto
Refundido de la Ley del Suelo de 2008, y en la medida de
que el actual art.48.e del Real Decreto Legislativo 7/105,
coincide con lo dispuesto en el art.35.e de la Ley del Suelo
de 2008, nos encontramos en la misma situación,
conforme a la cual la regulación contenida en este texto no
incurre en vicio de inconstitucionalidad.
2.- Ministerio de Defensa
Secretaría General Técnica, no se ha atendido la petición
relativa a que se redacte una nueva disposición adicional sobre
las previsiones de la legislación sectorial estatal vigente en
materia de Defensa, dado que no se considera necesario, al
haberse incluido, como consecuencia de otras observaciones
llevadas a cabo por el Estado, en el artículo 13 que las facultades
urbanísticas del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los
límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en la
Legislación básica Estatal.
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3.- Consejería de Presidencia
Canal de Isabel II, las observaciones realizadas por este
organismo, se refieren fundamentalmente a cuestiones vinculadas
a las instalaciones e infraestructuras de abastecimiento y
depuración de aguas, la exigencia de que estas se garanticen, así
como que quede garantizada en la Ley que se cumplen
determinadas fórmulas que lleva a cabo este organismo, para
financiar las mismas. De las observaciones llevadas a cabo, se
han introducido en el texto determinadas cuestiones, pero no
todas, ya que, se considera, que el texto garantiza
suficientemente la existencia, ampliaciones y posibles refuerzos
de estas y otras infraestructuras que requieran los desarrollos
urbanísticos, al disponer el artículo 31 (hoy art. 30) del
Anteproyecto, que entre los deberes que tienen los propietarios
de suelo urbano no consolidado y el urbanizable, se encuentran
los de ceder los suelos destinados a sistemas generales que el
planeamiento adscriba al ámbito correspondiente, y costear, y en
su caso ejecutar o completar las obras de urbanización del
ámbito, así como las de conexiones con los sistemas generales y
las necesarias para su ampliación o refuerzo. Así mismo el
cumplimiento de estos deberes, quedan garantizados en el actual
art.154, que define las obras de urbanización que corresponde a
los propietarios, así como en los art.157, que define de nuevo las
obligaciones de los propietarios en relación a las obras de
urbanización y en el 160 que garantiza la imposibilidad de
edificar, hasta que no sean recibidas las obras de urbanización, y
estas no podrán ser recepcionadas si la obligación consiste en
costear la obra, y el pago no ha finalizado.
4.- Consejería de Economía, Empleo y Hacienda
Secretaría General Técnica, de las observaciones llevadas a
cabo, no se han incorporado al nuevo texto las siguientes:
Artículo 27.2 (hoy art. 26.2). Entiende esta SGT que es
impreciso en el texto la definición de protección, pudiendo
confundirse el termino protección de este artículo, que se
refiere a la obligación de restituir el suelo no urbanizable
que como consecuencia de incendio pierdan el valor que
dio lugar a la repetida protección, con la protección a que
se refiere el artículo 28.8, hoy 27, lo que lleva a confundir o
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al menos, no queda claro, si este régimen de restitución de
los terrenos le es aplicable a los suelos preservados o solo
al protegido. Solicitan, por tanto, que se concrete en este
art. 27.2, actual 26.2, cuales son los suelos no
urbanizables sujetos a protección.
Este apartado del artículo actual 26.2 ha sido modificado,
por una observación llevada a cabo por la Dirección
General de Medio Ambiente, con la modificación
introducida, parece que el tema ya queda claro, siendo solo
aquellos suelos que en términos del actual artículo 27, son
los que están sometidos a algún régimen de protección por
Ley. Por tanto, más que no atender a la observación, la
nueva redacción nada tiene que ver con la anterior,
desapareciendo la duda planteada.
Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos,
esta Dirección General realiza observaciones por bloques de
materias, y no se recogen las siguientes:
Licencias urbanísticas. En esta materia se realizan dos
observaciones, una referente a que los supuestos en los
que debe exigirse licencia, debe respetar lo dispuesto en el
artículo 17.1 de la LGUM, y la otra respecto a la posibilidad
que se da a los interesados de solicitar licencia, si
voluntariamente así lo deciden.
En relación a la primera, hay que señalar, que
efectivamente hay que estar a lo establecido en la LGUM,
pero también hay que estar a lo establecido en la
legislación Estatal dictada al amparo de las competencias
reservadas al legislador Estatal en el art. 149.1.1ª, 13ª, 23ª
y 25ª de la Constitución Española, y más si ésta es
posterior a la Ley de Unidad de Mercado, como es el Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,
aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, que dispone en su artículo 11 que actos de uso
del suelo requieren licencia o autorización expresa, en todo
caso. Pues bien, el artículo 177 (hoy art.181) se limita a
exigir licencia a los mismos actos de uso del suelo que
establece esta legislación básica, y los que no están
previstos en este artículo, se basan en la existencia de un
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interés general por afectar al medio ambiente, al patrimonio
histórico o a la necesaria inscripción registral de una
autorización para ejecutar obras o implantar usos
provisionales, como garantía de la no indemnización de los
mismos cuando se vaya a ejecutar el planeamiento
previsto. Por tanto, se considera que el artículo se
encuentra bien redactado conforme al orden de distribución
de competencias derivadas de la Constitución.
En cuanto a la segunda cuestión, el permitir que los
interesados puedan solicitar licencia, es cierto que nada
tiene que ver con la seguridad jurídica, por lo que se
suprime esta frase, pero se mantiene la posibilidad, ya que
se trata de una disposición no imperativa que cumple con
las reglas de la Ley de Unidad de Mercado. Esta Ley
pretende suprimir trabas al administrado y favorecer la
implantación de actividades, pero nada impide que un
ciudadano quiera acogerse al modelo tradicional de
obtención de licencia, y que pretenda un pronunciamiento
expreso de la Administración sobre los actos urbanísticos
que va a llevar a cabo.
Declaraciones responsables. Se señala que el artículo 195
(hoy art.198) que se refiere a la habilitación de entidades
privadas colaboradoras en el supuesto de declaraciones
responsable, prevé la intervención de estas entidades,
cuando de forma voluntaria así lo considere el particular.
Considera que esta forma de regular el sistema supone un
cambio importante en el sistema de colaboración público
privada, que tendrá un impacto importante y que debe ser
justificado en la correspondiente evaluación del impacto
económico.
Este cambio de modelo no se ha producido, en ningún
caso, ya que la regulación de este tipo de entidades, en
nada ha cambiado respecto a la regulación actual. Hoy la
regulación de estas entidades se encuentra contenida en la
disposición adicional segunda de la Ley 8/2009, de 21 de
diciembre, de Medidas liberalizadoras y de Apoyo a la
Empresa Madrileña, en la que se refiere a ellas como
entidades que pueden o podrán colaborar.
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De hecho, la obligatoriedad o la imposición de tener que
acudir a este tipo de entidades, solo tiene como
antecedente la Ordenanza del Ayuntamiento de Madrid por
la que se establece el Régimen de Gestión y Control de las
Licencias Urbanísticas de Actividades, aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 29 de junio de 2009,
y debe recordarse que, entre otros, los artículos que se
referían a esta imposición, fueron anulados por sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de
febrero de 2011, confirmada esta sentencia por el Tribunal
Supremo, en sentencia de 10 de diciembre de 2013,
momento a partir del cual, el sistema funciona con carácter
voluntario, por lo que en nada se cambia el sistema.
Por otro lado, esta obligatoriedad no se considera
procedente, ya que sería revestir el sistema de más
tramites obligatorios que los que existen en la actualidad,
obligando a los interesados a acudir a este tipo de
entidades, cuando no es necesario, ya que la
Administración llevará a cabo el control posterior que sea
necesario. Además esta exigencia puede contravenir la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
cuyo artículo 69 se define lo que debe entenderse por
declaración responsable y señala que se entiende por tal,
“el documento administrativo suscrito por un interesado en
el que este manifiesta, bajo su responsabilidad, que
cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o
facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentación que así lo acredita, que la pondrá a
disposición de la Administración cuando le sea requerido, y
que se compromete a mantener el cumplimiento de las
anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio”. Como puede
comprobarse, conforme a la legislación básica Estatal, no
es necesario acudir a una entidad privada de colaboración,
para admitir una declaración responsable.
Así mismo se señala en el informe, que sería necesario
regular un procedimiento administrativo, para que las
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declaraciones responsables sean comprobadas a posteriori
por la Administración competente. Al respecto se considera
que se trata de una materia que no está reservada a la
Ley, pero además es materia propia de los Municipios, que
son los competentes para llevar a cabo este control
posterior, por lo que decir, en esta Ley, como, cuando y de
qué forma deben hacerlo podría entrar en colisión con las
competencias de auto-organización que les confiere la Ley
de Bases de Régimen Local.
Comunicaciones. Respecto a la regulación contenida en
estas comunicaciones, entiende la Dirección General de
Presupuestos que la LGUM, no contempla este tercer nivel
de control, debiendo pasar a declaraciones responsables.
Sin embargo, no se trata de un tercer nivel de control, sino
que como su propio nombre indica se trata de una
comunicación, lo que se hace a los meros efectos
informativos del Ayuntamiento. No se considera
procedente someter estas actuaciones a declaración
responsable, ya que no se pretende tener un control sobre
ellos, pero si un conocimiento. Se trata exclusivamente de
conocer los cambios de titularidad, y las pequeñas obras
de decoración, interiores, ornato o limpieza de solares, lo
cual no tiene que requerir, en ningún caso una declaración
responsable, pero si debe ser conocido por el
Ayuntamiento. Incluir estos actos en declaraciones
responsables, sería incrementar trabas, no disminuirlas.
Este tipo de comunicaciones están recogidas en
determinadas normas Estatales, que las regulan con
carácter básico, y por lo tanto debe ser recogido por la
normativa de la Comunidad de Madrid, entre esta
normativa, sirva de ejemplo, la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del
Comercio y de determinados Servicios, en cuyo art. 3 se
prevé este tipo de comunicaciones, en los supuestos de
cambio de titularidad.
Entidades privadas colaboradoras (hoy entidades
urbanísticas de colaboración). Respecto de las
observaciones llevadas a cabo, se señala que ha sido
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modificado parte de su articulado, pero debe hacerse
notar, que la naturaleza y el régimen de estas entidades,
como ya se ha dicho, más arriba, no ha cambiado respecto
a la regulación actual. De hecho, se ha seguido, en parte
dicha regulación. El modelo de colaboración público-
privada no cambia y las entidades hoy existentes,
mantienen su homologación, conforme a la normativa
actualmente vigente. Así lo establece la Disposición
Transitoria Undécima del Anteproyecto. Por tanto, no se
causa perjuicio económico alguno, como dice el informe.
Dirección General de Contratación, Patrimonio y Tesorería.
De las observaciones llevadas a cabo por esta Dirección General,
no se recoge en el texto, la relativa al artículo 64 del Anteproyecto
(actual art. 62) que dispone cuales son las funciones de los
planes especiales. La Dirección General solicita que se permita
que los mencionados planes se puedan emplear, para determinar
la ordenación urbanística, incluida su edificabilidad y condiciones
de construcción, en inmuebles que, aún no formando parte de los
sistemas generales o locales, se precisen por la Administración
para implantar un servicio público.
Se considera que la petición llevada a cabo, ya se encuentra
recogida en el artículo señalado en su apartado a), que establece
que una de las funciones de los planes especiales, es la
definición, mejora, ampliación o protección de cualquiera de los
elementos integrantes de los sistemas generales o locales y la
determinación de su ordenación urbanística completa incluida su
edificabilidad y sus condiciones de construcción. Debe tenerse en
cuenta que un bien patrimonial de la Administración, adquiere el
carácter de demanial, desde el momento en que se afecta al
servicio público correspondiente. Así lo dice la Ley 3/2001, de 21
de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, en cuyo
artículo 4 se establece que, son de dominio público los bienes y
derechos reales afectos al uso general o servicio público y
aquellos a los que una Ley les otorgue este carácter. Por tanto,
desde el momento en que un bien se afecte al servicio público, su
definición, ordenación, edificabilidad y condiciones de
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construcción o reforma, puede quedar establecida por Plan
especial.
Dirección General de Industria Energía y Minas.
Esta Dirección General lleva a cabo observaciones que hacen
referencia expresa a determinadas cuestiones del sector eléctrico
y a las explotaciones extractivas previstas en el suelo no
urbanizable. Sus observaciones se recogen, salvo:
La relativa al procedimiento de aprobación del
planeamiento o de las calificaciones urbanísticas, sobre el
que solicitan que se tenga en cuenta que en numerosas
ocasiones se hace planeamiento sobre infraestructuras de
alimentación eléctrica que ya han estado sometidas a
procedimiento de evaluación ambiental, considerando que
volver a someterlos a nuevos trámites de información al
público y alegaciones de organismos que ya informaron en
el procedimiento ambiental, debería evitarse.
El texto del Anteproyecto, ha intentado coordinar el
procedimiento ambiental exigido por la normativa Estatal y
de la Comunidad de Madrid en materia medio-ambiental
con el procedimiento de aprobación del planeamiento. A
este fin, se pretende que los informes que se emitan por
las Administraciones como consecuencia del trámite
ambiental, que con carácter previo a la aprobación inicial
del planeamiento debe llevarse a cabo, sirvan como
informe del Plan que se pretende aprobar. La exclusión de
trámites en la aprobación de un planeamiento, no procede,
ya que ello podría ir en contra de determinada legislación
Estatal que exige su informe con carácter preceptivo y
vinculante en la aprobación de determinados
planeamientos, y en contra de los propios particulares, que
tiene derecho a participar en la toma de decisiones que
afectan a la ordenación del territorio, constituyendo el
trámite de información al público un trámite esencial del
procedimiento.
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Por otro lado, las calificaciones urbanísticas desaparecen
en esta nueva Ley.
Artículo 210.4 (hoy art. 215.4) Este artículo regula las
medidas cautelares que se pueden adoptar para hacer
efectiva una paralización de obras que se ejecutan con
infracción del ordenamiento jurídico. Señala, esta Dirección
General que debería tenerse en cuenta lo establecido en el
art. 54 de la Ley del Sector Eléctrico en lo relativo a la
suspensión del suministro de energía eléctrica.
No se sabe muy bien a que se refieren, ya que leído el
artículo 54 señalado, nada dice respecto a estos cortes de
suministro. No obstante, si se refieren a que existen
normas que impiden el corte del suministro eléctrico a
viviendas, se debe tener en cuenta, que se trata de obras
que se encuentran en ejecución, y que se paralizan por la
autoridad competente, para que no se consuma la
infracción. Por tanto, este corte no perjudica, al no afectar
más que a la posible continuación de una obra, que en
principio parece ilegal, otra cosa sería que se tratara de
cortes a viviendas ocupadas.
5.- Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio
Dirección General de Medio Ambiente. Esta Dirección General
ha emitido dos informes, uno de la Subdirección General de
Impacto Ambiental cuyas observaciones se han recogido
íntegramente, y otro de la Subdirección General de Evaluación
Ambiental Estratégica, en cuyo informe se hace alguna
observación que no ha sido recogida.
Artículo 7, considera necesario esta Dirección General que
se incluya la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se
regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
No se recoge la observación, al considerar que una
cuestión que ya está regulada por Ley, no es necesario
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repetirlo en otra Ley, se trataría de una mala técnica
legislativa.
Artículo 45.6 (actual art. 45) Este apartado habla de la
posibilidad de que en el suelo no urbanizable se
establezcan zonas urbanísticas de ordenación
pormenorizada. El informe de la Dirección General,
considera que sería mejor hablar de categorías, más que
de zonas urbanísticas.
La observación no ha sido recogida, al considerar que no
se ha entendido bien el artículo. Una cosa es la categoría
del suelo no urbanizable, las cuales están previstas el
actual artículo 27 del Anteproyecto, y otra cosa, es que,
dentro de una misma categoría, puedan darse condiciones
diferentes que obliguen a establecer usos y condiciones de
la edificación diferentes. A esto se refieren las zonas de
ordenación urbanística. Se trata de establecer la
posibilidad de que, dentro de una misma categoría, puedan
existir usos y condiciones para su implantación diferentes,
en función a su situación física, ambiental o condiciones
del terreno. No obstante, en lugar de denominarlas zonas
se sustituye por ámbitos.
Disposición Transitoria Cuarta (actual disposición transitoria
quinta). Prevé esta Disposición que los Ayuntamientos
adapten sus planeamientos a esta Ley en el plazo de
cuatro años. Considera esta Dirección que, dada la
experiencia existente, es imposible cumplir este plazo.
Tampoco se recoge la observación, porque precisamente
uno de los objetivos de esta Ley es que todos los
Municipios de la Región cuenten con un planeamiento
adaptado, lo que se pretende que se lleve a cabo en el
menor plazo posible.
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6.- Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras
De las observaciones realizadas no se incluyen en el texto las
relativas a los artículos 31, 53 y 178 del primer Anteproyecto (en
el nuevo texto art. 30, 51 y 182) por lo siguiente:
Respecto al artículo 31 (hoy 30) se pretende por esta Dirección
General incrementar el plazo de contestación de las consultas a
las que tienen derecho los propietarios de Suelo Urbano no
Consolidado y Urbanizable a 4 meses, en lugar de los 3 previstos
en el Anteproyecto. Uno de los objetivos de este Anteproyecto es
reducir plazos y suprimir trabas burocráticas, por lo que no se
considera oportuno llevar a cabo incrementos de plazos, sobre
cuestiones que ya en la actualidad tienen este plazo de tres
meses, sin que se haya producido modificación alguna. La
Dirección General no justifica esta ampliación de plazo, por lo que
no se ha considerado oportuno tener esta observación en cuenta.
En el artículo 53 (hoy 51), solicita esta Dirección General que se
incluya en el cómputo de aprovechamiento lucrativo todo bien de
dominio público, aunque no se hubiera adquirido de forma
onerosa por la Administración. Dicha observación no puede ser
recogida en el texto, por cuanto, solicitan que computen bienes
destinados a usos y servicios públicos que fueron obtenidos por
cesiones gratuitas (si no se obtuvieron de forma onerosa, quiere
decir que su obtención fue gratuita, es decir por cesiones) y que
se van a mantener con ese uso público. Es decir no se ven
afectados esos bienes, en cuanto a su calificación (esta es la
regulación que se prevé en el art.53 del Anteproyecto, hoy 51).
Pues bien, siendo esto así, carece de sentido que estos bienes
computen aprovechamiento, ya que, se incrementarían
superficies de suelo que no deberían estar en los ámbitos o
sectores, incrementando ficticiamente la edificabilidad de los
mismos, constituiría un enriquecimiento injusto por parte de la
Administración, y además, si se han obtenido por cesiones
derivadas del planeamientos anteriores, estos suelos ya
computaron y generaron aprovechamiento en el ámbito o sector
que dio lugar a la cesión, lo que supondría que computarían dos
veces.
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Por último y en relación a la observación sobre el artículo 178
(actual art.182), se pretende, por la Dirección General de
Carreteras, que queden excluidas todas las obras públicas
promovidas por la Comunidad de Madrid, así como los trabajos
previos a la construcción, de la necesidad de obtener licencia,
suprimiendo con ello la exigencia de que esta exención esté
prevista con carácter previo por la legislación sectorial.
Observación que tampoco puede ser admitida, ya que la
Administración, en principio, tiene las mismas obligaciones y debe
cumplir con las mismas exigencias que establece la Ley para los
particulares, salvo que se prevea otra cosa por su legislación
específica o que un motivo de necesidad, urgencia o excepcional
interés público exijan otra cosa, Pues bien tanto lo uno como lo
otro está previsto en el Anteproyecto, señalando el artículo 178
(hoy art.182) que estarán eximidas las obras públicas, cuando la
legislación sectorial así lo prevea, y el artículo 188 del
Anteproyecto (actual art.193), que tiene una regulación específica
para los actos promovidos por las Administraciones públicas,
señala que la excepción será cuando estos sean de interés
general. Admitir la observación constituiría una reserva de
dispensación, no justificada en modo alguno.
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. De
las observaciones o sugerencias llevadas a cabo por este
organismo, no se han incorporado las relativas a:
El Art.29 (actual art.28), se trata de establecer unos
requisitos de urbanización, recepción de las obras de
urbanización y concesión de licencia de primera ocupación,
que no ha lugar en este artículo, el cual regula los usos
provisionales que se pueden autorizar en suelo urbano no
consolidado y urbanizable, en tanto no se ejecuta el
planeamiento, y no de regular la ejecución de la
urbanización, lo cual es objeto de otros artículos. Además,
los requisitos que se pretenden incluir, son más propios de
Reglamento que de una Ley.
Los Artículos 132, 133 y 135 (se corresponden en el nuevo
texto con los artículos 135,136 y 138). Se solicita, respecto
de estos artículos que pueda aplicarse la Reparcelación
Forzosa en el sistema de Compensación, un sistema en el
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que los propietarios asumen la total responsabilidad sobre
la ejecución del ámbito o sector y que solo se lleva a cabo
si la mayoría de los propietarios así lo quieren. Por tanto,
no parece lógico aplicar una reparcelación forzosa, que
significa obligar a un propietario a estar en un sistema que
es voluntario. Se trata de un derecho de los propietarios el
participar en la ejecución de los desarrollos urbanísticos y
no de un deber, si existe un motivo público que obligue a la
ejecución, existen otros sistemas para llevarlo a cabo,
incluso obligando a los propietarios, así la Reparcelación
Forzosa ya se prevé para el sistema de Cooperación y en
el Sistema de Ejecución Forzosa, sistemas ambos, en los
que la Administración asume la responsabilidad de la
ejecución a costa de los propietarios.
En la Disposición Adicional Primera, se pretende que se
excluya del patrimonio público de suelo los que sean de
titularidad de la Agencia de Vivienda Social, lo cual no es
necesario incluirlo, ya que, si la titularidad la tiene esa
Agencia, en ningún caso los bienes se incluirán en este
patrimonio.
Por último, la relativa a la Disposición Transitoria Cuarta en
la que se pretende que transcurrido el plazo que da la Ley
para que se adapte el planeamiento, se puedan seguir
llevando a cabo modificaciones de planeamiento.
Observación que no puede ser acogida ya que, uno de los
objetivos de la Ley es, precisamente modernizar el
planeamiento Municipal, evitando que se siga trabajando
con instrumentos obsoletos. Se trata de conseguir que
todos los municipios de la Región cuenten con Plan
General, que sirva a sus realidades urbanísticas y les
genere riqueza, lo que no se conseguirá manteniendo la
situación de la actual Ley 9/2001, que permitió estas
modificaciones y la mayor parte de los municipios tras 15
años de vigencia de la Ley, siguen sin adaptarse.
Consorcio de Transportes de Madrid. Solicita este organismo
que se incluya en el artículo 75 el órgano competente para
aprobar el Informe de Impacto Territorial de los Avances de
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planeamiento. Dicho órgano ya está previsto en el artículo
244(actual 251), por lo que no tiene que repetirse en este artículo.
Metro. De esta Empresa no se han recogido aquellas
observaciones relativas a la definición de riesgos en el subsuelo,
a la exención de la Administración pública de la obligación de
llevar a cabo cesiones en las actuaciones de dotación, a
excepcionar a Metro del régimen de licencias o declaraciones
responsables previsto en los artículos 177 y 188 (actuales
artículos181 y 198), y a la propuesta de añadir una nueva
Disposición Adicional en la que se pretenden incluir disposiciones
especiales y específicas para Metro de Madrid. La primera
cuestión señalada no puede ser atendida al no ser propio de una
Ley entrar en esa pormenorización. La Ley habla de riesgos con
carácter general, lo que posteriormente deberá ser estudiado,
valorado y definido en cada caso, por el propio planeamiento. La
segunda cuestión relativa a la exención de cesiones, tampoco
puede ser atendida, el régimen jurídico de la propiedad del suelo
es igual para todos, sea el propietario un particular o la
Administración, este régimen jurídico se establece con carácter
básico por la legislación Estatal, por lo que no puede ser
atendido. En cuanto a la exención del sometimiento de Metro al
régimen de licencias, autorizaciones o declaraciones
responsables establecidos en esta Ley, carece también de
justificación, al tratarse de una empresa, la cual está sometida al
miso régimen de derechos y deberes que los demás particulares.
Debe señalarse al respecto que Metro, efectivamente realiza
obras de interés público, por lo que le es aplicable el
procedimiento especial previsto en el art. 188 (actual art. 196) del
Anteproyecto, para actos promovidos por las Administraciones
públicas. Por último, nada justifica, como solicita Metro, que se
establezcan disposiciones específicas para Metro que le confieran
un régimen urbanístico distinto al que pueden tener otras
empresas públicas o los propios particulares, no siendo posible,
por otro lado, que una Mercantil sea titular de bienes de dominio
público.
7.- Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Solo se ha emitido
informe en esta Consejería por la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios, la cual realiza observaciones relativas a cuestiones que les afectan,
como la necesidad de que se les solicite informe en los planeamientos, cesión
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de suelos destinados a infraestructuras educativas, o las relativas a la
construcción de estas infraestructuras: licencias necesarias, Informes de
Evaluación de Edificios, licencias de actividad.
El texto ha introducido modificaciones intentando resolver parte de la
problemática que plantean, sin embargo, algunas de las peticiones no han
podido ser atendidas, por lo siguiente:
En relación a la necesidad de que se les solicite informe en los
procedimientos de aprobación del planeamiento, no se considera
oportuno que la Ley relacione los informes que son necesarios, estos
serán aquellos que son preceptivos por legislación sectorial, que afecten
a las competencias o intereses de cualquier organismo y aquellos que
se consideren necesarios, en función a las afecciones que tenga el
instrumento de planeamiento que se pretenda aprobar. De considerar
necesario que se diga de forma expresa que informes, distintos a los
previstos como preceptivos por la propia legislación, sería más propio de
un Decreto de los previstos en el artículo 244 del Anteproyecto (hoy
art.251), o una instrucción técnica dictada por Orden del Consejero
competente en materia urbanística, de las previstas en el artículo 245
(hoy art. 252).
En relación a la cesión de suelos, señalan que se aclare a quien deben
ser cedidos los suelos, ya que la Comunidad de Madrid es, o debe ser
propietaria de los Institutos, mientras que los colegios son propiedad de
los Ayuntamientos.
Se considera a este respecto que no hay que hacer aclaración alguna,
ya que conforme al texto de la Ley, a la Comunidad de Madrid solo
cabría cederle aquellos suelos que tengan la calificación de sistema
general de carácter supramunicipal. El artículo 46 del Anteproyecto,
define los sistemas generales como “el conjunto de dotaciones
urbanísticas públicas que se relacionan entre sí con la finalidad de dar
un servicio integral a toda la población, distinguiéndose estos en
aquellos cuyo uso, servicio o gestión es predominantemente de carácter
supramunicipal y los que su uso y servicio se limita a los residentes del
municipio y que por tanto, son propios de la política propiamente
municipal”. Pues bien, conforme a esta definición, siendo la política
educativa propia de la Comunidad de Madrid, cuando se prevea un
instituto en un planeamiento, la calificación de los suelos deberá ser la
de sistema general supramunicipal, y por lo tanto de cesión a la
Comunidad de Madrid. Por el contrario, a los Ayuntamientos se ceden
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los sistemas locales, que conforme al mismo artículo se definen como,
“el conjunto de dotaciones urbanísticas públicas al servicio de los
ámbitos objeto de ordenación y cuya función se limita al uso, servicio y
gestión predominante de los residentes de un ámbito, sector o barrio”. A
estos efectos, los colegios se dimensionan en los planeamientos, para
dar servicio al ámbito, barrio o distrito, por lo que los suelos reservados
para colegio deberán llevar a la calificación de sistema local, de cesión
obligatoria al Ayuntamiento correspondiente.
En cuanto a los Informes de Evaluación de Edificios, señalan una
serie de consideraciones, de los que parece deducirse que no
debería exigirse este informe para otros edificios que no sean los
residenciales de vivienda colectiva, ya que esta es la única
exigencia que establece la Legislación Estatal, y el Decreto
103/2016, de 24 de octubre.
Tampoco se comparte esta observación, por varios motivos, lo
primero es que los artículos de la legislación básica Estatal que
regula el Informe de Evaluación de Edificio, han sido declarados
inconstitucionales en Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de
enero de 2016.
Esta declaración de inconstitucionalidad se hace al entender el
Tribunal que no es competencia del Estado su regulación, sino que
se trata de una técnica urbanística propia de las Comunidades
Autónomas. Por tanto, la Comunidad de Madrid debe incluir esta
regulación, y de forma necesaria, debe estar regulada por Ley, al
imponer obligaciones a los propietarios de los edificios.
El nuevo texto, lo que hace es refundir el informe de Evaluación de
edificios, regulado por el Decreto 103/2016, relativo a edificios de
vivienda colectiva, y la vigente inspección técnica de edificios, la
cual se venía y se viene exigiendo a todos los edificios, con
independencia de su uso, pero el nuevo texto no modifica nada,
respecto a la regulación actual, salvo que incluye la accesibilidad y
el certificado de eficiencia energética. Por otro lado, se ha adaptado
la normativa a las peculiaridades derivadas del Decreto 103/2016,
recientemente aprobado por la Comunidad de Madrid, para darle
cobertura, de forma que no tenga que ser modificado.
La inspección de edificios, se viene aplicando desde el año 2001,
por lo municipios, con un resultado muy positivo, considerando que
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se trata de una buena técnica para el control del deber de
conservación de los edificios, por lo que no procede suprimirlo, ni
modificarlo.
No obstante, se ha ampliado la regulación estableciendo
determinadas especialidades para los edificios de las
Administraciones públicas que pueden paliar los problemas que las
mismas puedan tener.
Por último, en relación al silencio administrativo, esta Dirección
General entiende que no se cumple la legislación Estatal, en cuanto
que esta establece el silencio negativo de las licencias, para más
supuestos que los contemplados en el Anteproyecto. Tras
comprobar los supuestos de la Legislación Estatal y los del
Anteproyecto, los supuestos de silencio negativo en el Anteproyecto
son idénticos a los establecidos en el texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación del Estado, incluidas las obras de
edificación, construcción e implantación de actividades (artículo 177
apartados a, b, c, d, e, f, g, h, i. hoy art.181).
f.- Informe de Abogacía General de la Comunidad de Madrid
Recogidas las observaciones de los distintos informes recibidos, se completó el
texto siendo remitido a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, para
la emisión del informe preceptivo previsto en el artículo 4.1.a) de la Ley
3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la
Comunidad de Madrid,
El Informe de la Abogacía General fue emitido el día 10 de marzo de 2017,
emitiendo en sentido favorable al texto dicho informe, si bien señala que dicho
informe favorable queda condicionado a la observancia de las consideraciones
esenciales consignadas en el cuerpo del informe. En este sentido, la Abogacía
General realiza 42 consideraciones esenciales, las cuales han sido recogidas
en el nuevo texto que se elabora, de la siguiente manera (la referencia a los
artículos son los que aparecen en el Anteproyecto remitido a la Abogacía
General, por lo que dado que, el texto cambia con la introducción de estas
observaciones se pondrá la correspondencia con el nuevo artículo que queda
en el texto definitivo):
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TITULO I: INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Art.7.2.- Se suprime la palabra “al menos”, objetada por la
Abogacía, a fin de no limitar la información urbanística.
Art.9.b.- Se incluye la obligación de que entre la
documentación de los instrumentos o expedientes
urbanísticos que se expongan al público, se incluya un
resumen ejecutivo que exprese los extremos que se
establecen a la legislación estatal. Con ello nos ajustamos
a lo establecido en el art. 25.3 del RDL7/2015, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana.
Art.10.- Se suprime.
TITULO II: RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y DEL SUBSUELO
Art. 23.1 (hoy art. 22).- Se atiende modificando el artículo
21 (actual 20), a fin de adaptar las equivalencias de la
clasificación de suelo establecidas por esta Ley, a las
situaciones básicas de suelo establecidas por la legislación
estatal (sueleo rustico y suelo urbanizado), teniendo en
cuenta para ello el régimen jurídico aplicable a cada
situación básica. Con ello se explica claramente que el
suelo urbano no consolidado, debe estar integrado en la
malla urbana (suelos de renovación o regeneración), o
debe ser susceptible de integrase en la malla urbana
(supuesto que se da, cuando se trata de suelo urbano no
consolidado de nuevo desarrollo. Este suelo, una vez
desarrollado quedará integrado en la malla urbana).
Art. 23.2 (hoy art. 22.3).- Respecto de este artículo, se
llevan a cabo las siguientes modificaciones:
Se suprime “áreas consolidadas por la edificación “, ya
que se trata de un error, y se sustituye por “ubicados
en suelo no urbanizable”.
Se define que se debe entender por asentamientos.
Se incluyen como órganos que deben informar las
autorizaciones de vertido, además del organismo de
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cuenca, cuando afecte al dominio público, el órgano
competente de la Comunidad de Madrid o del
Ayuntamiento, en función a quien tenga la
competencia.
Se añade un apartado 3, que define de forma concreta
las condiciones que deben reunir estos asentamientos
para que puedan ser recogidos por el planeamiento
general y puedan ser clasificados de urbanos.
Se concreta que la regularización de estos
asentamientos se prevea en el Plan General.
Art. 32 (hoy art. 31).- En relación al artículo anterior, se observa que
existe una contradicción entre ambos, y se evita, concretando las
obligaciones concretas que deben tener los propietarios, en relación al
coste de infraestructuras o servicios.
Art. 27.2 (hoy art. 26.2).- Se corrige dicho apartado en los términos que
establece la legislación forestal y de montes.
Art. 31.2.c) (hoy art. 30).- Se suprime el apartado c) de este artículo.
Art. 36.1.e) (hoy art. 35).- Se modifica en último párrafo de la letra e del
apartado 1 de, incluyendo “en los términos que disponga la legislación
sectorial y el planeamiento urbanístico”.
TITULO III. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
Art. 49.3 (hoy art. 47).- Se mantiene. Este apartado del artículo es una
repetición literal de la disposición transitoria primera de la legislación
básica estatal de suelo (Real Decreto 7/2015, de 30 de octubre, siendo
esta la que se viene aplicando desde la entrada en vigor de este Real
Decreto, tal y como se establece en la misma disposición transitoria, lo
cual se adapta a las características del territorio de la Comunidad de
Madrid.
Art. 63.5 (hoy art. 61).- Se modifica la redacción del apartado 5,
incluyendo la frase, “…y si se dan los supuestos previstos en la
legislación Estatal del Suelo, Memoria de viabilidad económica”.
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Art. 76.1.c) (hoy art. 75).- Se modifica la redacción de este apartado
incluyendo a las Administraciones públicas afectadas, entre aquellos a
los que a los que hay que elevar los documentos de plan general
aprobados inicialmente y que hubieran sido consultadas en la
elaboración del documento de alcance del estudio ambiental.
Art. 77 y 78 (hoy art. 76 y art. 69).- Se trata de una observación que se
recoge de forma diferente a lo señalado en el informe.
El texto del art. 77 garantiza el cumplimiento de la legislación básica
estatal, en cuanto que, tanto los planes parciales como los especiales
están sometidos a este procedimiento, el hecho de que se exija su inicio
como ordinario o simplificado, entra dentro de las competencias de la
Comunidad de Madrid para desarrollar la legislación estatal en materia
de medio ambiente, cumpliéndose el principio general, en el propio
artículo, al decir, “…El órgano ambiental competente resolverá mediante
la emisión de informe ambiental estratégico, que podrá determinar bien
que el plan no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, bajo
los términos y condiciones que establezcan en el propio informe
ambiental estratégico, bien que el plan debe someterse a una
evaluación estratégica ordinaria…” .
Por otro lado, y en relación a los Estudios de Detalle, estos han sido
suprimidos de su categoría de instrumentos de planeamiento, para pasar
a formar parte de los instrumentos complementarios del planeamiento
(artículos 67,68 y 69 del nuevo texto), ya que el objeto y finalidad de
estos instrumentos, no es realmente ordenar suelos, sino que, realmente
complementan la ordenación ya establecida, sin que su contenido tenga
efecto alguno sobre el medio ambiente.
Art.86.- Se suprime este artículo.
Artículo 88 (hoy art. 85).- Se modifica la redacción del apartado 2,
incluyendo el requerimiento previo al municipio afectado, y se añade un
apartado 3, que regula los efectos que tendrá el no cumplimiento del
requerimiento por el municipio.
TITULO IV: ACTUACIONES SOBRE EL MEDIO URBANO
Art. 94.2.d) (hoy art. 91).- Se corrige el error detectado por la Abogacía.
Art. 109 (hoy art. 106).- Se corrige el error detectado por la Abogacía.
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TITULO V: GESTIÓN URBANÍSTICA
Art. 110 (hoy art. 107).- Se modifica la redacción del artículo, en los
términos establecidos en el informe.
Artículo 164.2 (hoy art. 161.2).- Se definen los instrumentos de
planeamiento concretos, cuya aprobación conllevará la declaración de
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
sometidos a expropiación.
TITULO VI: CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN, TERRENOS,
CONSTRUCCIONES Y EDIFICOS
Art. 173. 8 y 9 (hoy art. 170).- Se suprime la referencia a la legislación
hipotecaria.
TITULO VII: DISCIPLINA URBANÍSTICA
Art. 184.1 y 1.d) (hoy art. 181).- Se modifica la redacción del primer
párrafo del apartado 1, concretando las obras y actos de uso de suelo
que requieren licencia, y se suprime la exigencia de proyecto técnico.
Art. 188 (hoy art. 185).- Se suprimen los bienes patrimoniales de la
Administración, al no gozar de protección, por lo que están sometidos al
régimen general.
Art. 190 (hoy art. 187).- Se hace mención de forma concreta a que actos
de los sometidos a licencia se les aplica el régimen de silencio negativo,
por afectar al medio ambiente, al patrimonio histórico o son de interés
general.
Art.193 (hoy art. 190).- Se suprimen los actos nulos por resolución
judicial, y se modifica la redacción del artículo, como consecuencia de
otras observaciones realizadas en el informe, que no han sido
consideradas de carácter esencial.
Art. 199 (hoy art. 196).- Se incluye una nueva sección para regular las
actuaciones sometidas a autorización especial en suelo no urbanizable
común, y se modifica la redacción del apartado 3, para que quede
acomodado a lo establecido en el art.68.1 de la Ley 39/2015. Además se
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establece el plazo de audiencia con el que contará el municipio
interesado y los propietarios de terrenos afectados.
Art. 218.3 (hoy art. 215).- Se modifica la redacción del apartado 3, para
adaptarlo a los requisitos que deben darse, conforme a la legislación de
bases del Régimen local, para que la Comunidad de Madrid pueda llevar
a cabo actuaciones de disciplina urbanística, por sustitución del
municipio.
Art. 220 (hoy art. 217).- Se establece el plazo mínimo de un mes que
debe darse al Ayuntamiento para que proceda a adoptar las medidas
necesarias para restituir la legalidad urbanística.
Art. 226 (hoy art. 223).- Se incluyen entre las personas responsables a
los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten
responsables. Así mismo se modifica la redacción del apartado 2. b), en
los términos señalados en el informe.
Art. 230 (hoy art. 227).- Se modifica la redacción del apartado 1. para
acomodarlo al artículo 30.2 de la Ley estatal 40/2015, de 1 de octubre
(LRJSP), en cuanto al comienzo del plazo de prescripción de las
infracciones, y se añade un nuevo apartado 4, para regular las
interrupciones de la prescripción de las mismas.
Art. 231 (hoy art. 228).- Se modifica el apartado 2.d) y 3.d), para asimilar
la comisión de más de una infracción a una agravante que deriva en que
las leves pasan a ser graves, y las graves pasan a ser muy graves.
TITULO VIII: INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN EN EL MERCADO
INMOBILIARIO
Art. 245.1.a) (hoy art. 242).- Se sustituye la remisión de la legislación
reguladora de los contratos del sector público por su remisión a la
Legislación reguladora de los patrimonios de la Administración titular de
los bienes.
Art. 246 (hoy art. 243).- Se precisa que el derecho de superficie solo
puede ser constituido por el propietario del bien, y se añade que el
carácter oneroso o gratuito de su constitución se rige por la legislación
estatal del suelo.
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TITULO IX: ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
ADMINSITRATIVA
Art. 255.1.b) (hoy art. 252).- Se aclaran las competencias del titular de la
Consejería competente en materia de urbanismo, en los términos
señalados en el informe.
Art. 256.3.c) (hoy art. 253).- Se aclaran las competencias de la Comisión
de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, en los términos señalados en
el informe de la Abogacía.
Art. 254.1. h), art. 255.1. f) y 257, (hoy art. 251,252 y 254).- Como en el
caso anterior se refieren a las atribuciones del Consejo de Gobierno,
titular de la Consejería competente en materia de urbanismo. Se refieren
a las atribuciones del Consejo de Gobierno y atribuciones de la
Dirección General competente en materia de urbanismo. Como se ha
señalado más arriba, estos artículos sufren modificaciones, con la
finalidad de aclarar las competencias de cada uno. Respecto a la
observación realizada al art. 257.3, relativo a las atribuciones de la
Dirección General se suprime su competencia para imponer sanciones,
y se le atribuya la competencia para iniciar e instruir estos
procedimientos.
Art. 256 (hoy Art. 253).- Se refiere a la composición de la Comisión de
Urbanismo de la Comunidad de Madrid, y se deja claro que solo
formarán parte de la Comisión de Urbanismo de Madrid, representantes
de la Administración del Estado, si esa Administración así lo considera.
Art. 259.2 (hoy Art. 256).- Se elimina la referencia a la, a fin de
adaptarnos a lo establecido en el art. 140, 141 y 143 de la Ley 40/2015,
conforme a la cual la cooperación es siempre de carácter voluntaria, se
cambia también la redacción del apartado 2, en los términos señalados
en el informe de la Abogacía General.
Art. 263 (hoy Art. 260).- En referencia a las Sociedades urbanísticas, se
concreta el objeto de su creación, suprimiendo la frase, “u otro objeto de
la incumbencia de las Administraciones que las constituyan”. Así mismo
se establece que solo las sociedades de capital íntegramente público
podrán tener la condición de medio propio.
Art. 279.4 y 5.- Relativo a los convenios urbanísticos, se suprime dicho
artículo.
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DISPOSICIONES ADICONALES, TRANSITORIAS Y FINALES
Disposición Adicional Primera.- Se suprime esta disposición, de forma
que ahora solo quedan dos disposiciones adicionales.
Conforme a cuanto antecede, el informe de la Abogacía General de la
Comunidad de Madrid, puede ser considerado favorable, al haber recogido
las consideraciones esenciales realizadas, excepto dos, una referida a las
excepciones, en las que se puede reducir la reserva de vivienda protegida,
ya que la redacción del artículo es copia textual de la disposición transitoria
primera del Real Decreto Ley 7/2015, por el que se aprueba el texto
Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación, siendo lo que se viene
aplicando en esta Comunidad de Madrid, desde su entrada en vigor.
Disposición a la que no se hace referencia en el informe de la Abogacía,
pero que justifica el cumplimiento de la legislación Estatal en materia de
suelo. La otra, se refiere a la determinación concreta del tipo de
procedimiento de evaluación ambiental debe realizarse en los
procedimientos de aprobación del planeamiento. Al respecto la Abogacía
General entiende que no se ajusta a lo establecido en la Ley 21/2013, que
establece que serán sometidos a evaluación estratégica simplificada, los
que establezcan “el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión”.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid, tiene competencia para desarrollar
la legislación Estatal en materia de Medio Ambiente, y dentro de esta
competencia cabe, sin duda alguna, establecer especialidades de
procedimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el art. 6 de la Ley
21 /2013. Es decir debe cumplirse el que solo se llevará a cabo el
procedimiento simplificado, cuando, “si se trata de la implantación de un
uso, esta implantación se lleve a cabo en zonas de reducida extensión,
dentro del municipio”, debiendo ser el órgano ambiental el que determine el
tipo de procedimiento en cada caso. Pues bien, se considera que se cumple
plenamente, ya que los planes Parciales y Especiales a los que nos
referimos en este artículo, son instrumentos de planeamiento de desarrollo
que pueden tener por objeto la implantación de un uso, pero que, también
pueden tener otros objetos, como el establecimiento de otros parámetros
urbanísticos que nada tiene que ver con el uso, pudiendo estar este ya
previsto en planeamientos anteriores o en el planeamiento general,
estableciendo el propio artículo que será el órgano ambiental el que
determina el tipo de procedimiento a que ha de someterse el plan concreto,
en cada caso. Dicho artículo después de decir que el planeamiento de
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desarrollo se someterá a procedimiento de evaluación ambiental
simplificado señala, en su apartado a) que, “… el órgano ambiental
competente resolverá mediante la emisión de informe ambiental estratégica,
que podrá determinar bien que el Plan no tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente… bien que el Plan debe someterse a una evaluación
ambiental estratégica ordinaria…”
Esta forma de regularlo, entra en las competencias de desarrollo legislativo
que, en materia de medio ambiente tiene la Comunidad de Madrid,
conforme a lo establecido en el art. 149 la Constitución Española, y en el
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Por lo demás, en relación a las observaciones no sustanciales, se han
modificado numerosos artículos, se ha reducido la exposición de motivos y
se ha corregido la técnica normativa.
g- Tramites que proceden tras la emisión de informes y la redacción del
nuevo texto:
Elaborado el texto de Anteproyecto definitivo, con inclusión de las
consideraciones llevadas a cabo por la Administración General del estado, los
distintos organismos públicos de la Comunidad de Madrid, y la Abogacía
General de la Comunidad de Madrid, procede que, por el Consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio se eleve este texto
al Consejo de Gobierno para que, si lo considera oportuno, lo apruebe como
Proyecto de Ley, y lo remita a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, a
efectos de seguir los trámites parlamentarios necesarios para que sea
aprobado el proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad de
Madrid.
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IV- ANALISIS DE IMPACTOS
1) IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO
El borrador de Ley que se presenta favorecerá el crecimiento económico
de los municipios de la Región. Por un lado, la nueva normativa, recoge
todas las normas que, afectando a la materia urbanística se encontraban
dispersos en diferentes normas de la Comunidad de Madrid. Por otro
lado, se produce una adaptación plena a las novedades introducidas en
la legislación básica Estatal, además de cubrir aquellas lagunas
legislativas que se habían provocado, con ciertas novedades de esa
legislación básica, que requería ser completada por la legislación de la
Comunidad de Madrid, y que hasta ahora no se había llevado a cabo.
Esto, sin duda favorece el conocimiento sobre la legislación a aplicar en
materia de urbanismo, se produce una coordinación y coherencia del
ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid y evita
interpretaciones, que pueden ser erróneas.
Con todo ello, sin duda, se incrementa de forma notable la seguridad
jurídica que una materia, como esta, requiere.
Esta seguridad jurídica, favorecerá la inversión. Pero además se
favorece la implantación de actividades, al adaptarse a la Ley de Unidad
de Mercado, flexibilizando el régimen de licencias, suprimiendo
numerosas trabas burocráticas, y reduciendo los procedimientos y
tramites de los mismos.
Por otro lado, la nueva Ley exige la adaptación del planeamiento
municipal, en unos plazos determinados, con lo que se conseguirá que
estos se encuentren adaptados, no solo a los nuevos instrumentos
previstos en el Anteproyecto, sino que se adaptarán y darán solución a
la problemática específica de cada uno de los Municipios que hoy
cuentan con planeamientos obsoletos, poco o nada adaptados a los
nuevos retos de sostenibilidad urbana y ambiental que exige la sociedad
actual. Así mismo los nuevos planeamientos estarán adaptados al uso
de las nuevas tecnológicas que hoy existen. Desde este punto de vista,
este Anteproyecto tiene un impacto positivo, ya que, además de
favorecer la inversión, mejorará la capacidad emprendedora y la
organización de empresas, ya que esta incorporación de nuevas
tecnologías a los planeamientos facilitará el conocimiento de la
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ordenación de los distintos términos Municipales y las normas que en los
mismos se aplican, reforzando la seguridad jurídica que ya da la nueva
Ley.
Así mismo la Ley podrá impulsar la generación de empleo, al introducir
nuevos instrumentos para llevar a cabo rehabilitaciones, renovaciones y
regeneraciones urbanas, que facilitaran estas, como son los Programas
Regionales y Municipales de Actuación, que se diseñan con el objetivo
de facilitar las actuaciones sobre el medio urbano.
El conjunto de todas estas cuestiones señaladas supondrá que a medio-
largo plazo la inversión crezca, lo que producirá la creación de nuevos
puestos de trabajo.
En cuanto al impacto en los presupuestos de la Comunidad de
Madrid, el Anteproyecto de Ley tiene un impacto nulo, ya que se
introducen cargas administrativas, como son los registros
administrativos, lo que supondrá la necesidad de llevar a cabo trámites
por la Comunidad de Madrid, pero ya existen en la legislación actual,
siendo solo necesario introducir algunos cambios, los cuales pueden ser
realizados por el mismo personal encargado de los mismos, lo que
significa que no se producen cargas que requiera nuevos gastos
presupuestarios.
En concreto el Anteproyecto, prevé la existencia de varios registros, lo
que se hace, en cumplimiento de la transparencia, y de los derechos que
tienen a la información todos los ciudadanos. No obstante, todos y cada
uno de ellos ya se encuentran creados al exigirlo ya la normativa
urbanística vigente. Estos registros son los siguientes:
1- El registro de instrumentos de Planeamiento, el cual ya está creado,
y se encontraba regulado en el artículo 65 de la actual Ley 9/2001,
de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.
2- El Registro de Convenios Urbanísticos. Registro que ya existe y se
encuentra regulado en el artículo 248 de la vigente Ley del Suelo del
año 2001, de la Comunidad de Madrid.
3- Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, el cual también
existía, por exigirlo así el Reglamento de Gestión Urbanística de
1978, aplicable en la Comunidad de Madrid, al carecer del mismo, y
en la disposición adicional segunda de la Ley 8/2009, de 21 de
diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa
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Madrileña. Además se debe tener en cuenta, que la nueva regulación
introducida en este Anteproyecto, lo que hace respecto a este
registro, es liberar de cargas a la Comunidad de Madrid, ya que
hasta ahora, en el Registro existente, se debían inscribir las Juntas
de Compensación, Las Asociaciones Administrativas de cooperación,
las Entidades de Conservación, y las entidades privadas de
inspección, verificación y control. Sin embargo, en el nuevo texto, la
Comunidad de Madrid, mantiene este registro solo para las entidades
privadas de colaboración (antiguas entidades privadas de inspección,
verificación y control), pasando a ser responsabilidad de los
Ayuntamientos el Registro de Juntas de Compensación,
Asociaciones Administrativas de propietarios y entidades de
conservación.
Por lo que respecta a los presupuestos de ingresos de la Comunidad de
Madrid, el impacto del Anteproyecto también es nulo, ya que todas las
tasas u otros ingresos, que se prevén por la actividad urbanística de la
Comunidad de Madrid, ya se venían aplicando y están previstas en la
Ley de Tasas y Precios públicos.
Así, conforme al texto del Anteproyecto, se podrán recibir ingresos por
los siguientes conceptos:
- Consultas urbanísticas. Las consultas urbanísticas ya se vienen
realizando por la Comunidad de Madrid, siendo una exigencia de los
derechos de los ciudadanos, establecidos en la Legislación Estatal del
Suelo y en la actual Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, en
artículos como el 22.1.c) dicha tasa se encuentra regulada en el artículo
159 “tasa por tramitación de consultas o informes urbanísticos” del
TRLTTPP de la Comunidad de Madrid.
- Inscripciones, anotaciones y expedición de certificaciones derivados del
registro de entidades urbanísticas colaboradoras. Dado que estas
anotaciones, inscripciones y certificados ya se realizan por la
Comunidad de Madrid, no supondrá impacto alguno. La tasa
correspondiente a estos conceptos se encuentra ya establecidas en el
texto refundido de la Ley de Tasa y precios públicos de la Comunidad de
Madrid: “Título IV- Capitulo XXVI. Tasa por inscripciones, anotaciones y
expedición de certificados y notas informativas sobre los libros del
registro de entidades urbanísticas”.
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- Respecto al Registro de Convenios, solo se inscriben aquellos en los
que ha formado parte la Comunidad de Madrid, inscribiéndose en el
Registro de Convenios Central, dependiente de la Consejería de
Presidencia. Otros convenios urbanísticos se inscriben en el registro de
convenios del Ayuntamiento afectado.
- Sanciones por infracciones urbanísticas. Las previsiones de estas
sanciones ya se encontraban recogidas en la actual Ley 9/2001, de 17
de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (art. 231 y siguientes).
Dichas sanciones se impondrán por la Comunidad de Madrid, solo en los
supuestos de inactividad municipal, ya que la potestad originaria para
inspeccionar y controlar la actividad urbanística es de los Municipios,
actuando la Comunidad de Madrid, solo por sustitución de los mismos.
Las cuantías y posible imposición de sanciones por la Comunidad de
Madrid, no ha variado respecto a la legislación vigente, pero se produce
la novedad de que se podrán cobrar al infractor los gastos ocasionados
a la Administración por la infracción, así como decomisar el beneficio
obtenido por el infractor con la comisión de la infracción.
Respecto a los presupuestos de los Ayuntamientos, el Anteproyecto de
Ley, sí produce impacto, tanto en gastos como en ingresos.
En cuanto a los presupuestos de gastos, el Anteproyecto prevé:
- Que en un plazo de plazo de 4 años, desde la entrada en vigor de la
Ley, los Ayuntamientos deban adaptar su Planeamiento General a las
nuevas determinaciones derivadas de la Ley, lo que significa que a lo
largo de estos cuatro años, tendrán que contar con presupuesto
suficiente, para llevar a cabo la redacción de este instrumento de
planeamiento.
La cuantía que ello va a suponer no se puede determinada de forma
concreta ya que depende del tipo de Municipio, y del tipo de plan que se
vaya a tramitar.
En todo caso, la Comunidad de Madrid, todos los años concede
subvenciones para elaborar y tramitar planeamiento a los pequeños
municipios, y siendo una de las prioridades y objetivos de esta ley que
se produzca esa adaptación, en el momento en que entre en vigor la
misma, el objeto de estas subvenciones, será exclusivamente, o al
menos prioritariamente para la redacción de este nuevo planeamiento.
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Por ello, el impacto sobre el presupuesto de gastos del Municipio, será
escaso o poco significativo.
- Por otro lado, se prevé la necesidad de que los Municipios de la Región
constituyan un nuevo registro, el de Entidades de Colaboración para la
inscripción de Juntas de Compensación, Asociaciones administrativas
de propietarios y entidades de conservación.
La creación y mantenimiento de este registro que antes estaba integrado
en las competencias que tenía la Consejería competente en materia de
urbanismo, efectivamente va a suponer una nueva carga para los
Ayuntamientos.
Esta carga tampoco se puede cuantificar, ya que será más o menos
gravosa, en función a la actividad urbanística de cada Municipio. Los
habrá que tengan muchas entidades de este tipo, por tener gran
capacidad para llevar a cabo actividad urbanística, o que tengan muchas
urbanizaciones mantenidas por los propietarios, y los habrá que tengan
muy poca actividad urbanística.
En todo caso, los Ayuntamientos ya llevan otros registros urbanísticos,
sin que se considere que este nuevo vaya a tener un efecto muy
significativo.
Así mismo y en relación a los presupuestos de ingresos de los
Municipios, el Anteproyecto no genera impacto, si acaso, de generarlo
este será positivo.
De las previsiones contenidas en el Anteproyecto, podrán generar
ingresos a los Ayuntamientos:
- La emisión de consultas urbanísticas, las cuales ya se emitían, no solo
porque la ley vigente urbanística lo prevé, como se ha dicho antes, sino
que además las ordenanzas Municipales, en virtud de la potestad
reglamentaria que tienen conforme a las competencias que les otorga la
Ley de Bases del Régimen Local, también prevén la emisión de otro tipo
de consultas de carácter urbanístico. Las tasas por este concepto se
encuentran reguladas en estas ordenanzas Municipales, y de no estarlo,
se trata de una competencia de los propios municipios, los cuales lo
regularán en la forma establecida en la Ley de Haciendas Locales.
- Tasa por licencias urbanísticas o declaraciones responsables. La
concesión de licencias y el control sobre las declaraciones responsables,
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es una competencia municipal, en la Ley vigente y en el Anteproyecto,
siendo también una competencia Municipal establecer las tasas que
corresponden a través de sus ordenanzas y conforme establece la Ley
de Haciendas Locales. Todos los municipios ya cuentan con ordenanzas
que regulan la tasa por concesión de licencias, es posible que solo
tengan que adaptar las mismas a las declaraciones responsables, en
aquellos municipios que todavía no hayan utilizado este sistema.
- Tasa por anotaciones, inscripciones, expedición de certificados y notas
informativas derivadas del Registro de entidades urbanísticas
colaboradoras y Convenios urbanísticos. Al ser registros municipales, las
tasas deberán ser reguladas en las ordenanzas fiscales de cada
Ayuntamiento.
- Sanciones por infracciones urbanísticas. La potestad para imponer
sanciones por la comisión de infracciones urbanísticas, es
esencialmente municipal, actuando la Comunidad de Madrid, solo en los
supuestos de inactividad municipal. Esta imposición de sanciones y sus
cuantías ya estaba previsto en la Ley vigente, ahora se mantienen, pero,
además, se podrán cobrar los gastos ocasionados, y se podrá
decomisar el beneficio obtenido por el infractor.
2) IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
La nueva norma introduce como principios rectores y objetivos de la
actuación urbanística, entre otros, la accesibilidad universal; la igualdad
entre hombres y mujeres; fomentar y propiciar la inclusión social de
personas con diversidad funcional mediante la creación y diseño de
espacios urbanos accesibles e inclusivos, con especial atención a los
parques infantiles, así como la integración de las perspectivas de
género y de edad en los procesos urbanísticos.
Así mismo se establece como objetivo de las actuaciones urbanísticas,
el favorecer la satisfacción del Derecho Constitucional a disfrutar de
una vivienda digna, adecuada y accesible, en un medio ambiente y
paisaje adecuado, libre de ruidos e inmisiones contaminantes,
energéticamente eficientes y dotados de servicios e infraestructuras
sostenibles y accesibles a un precio razonable.
Conforme a dichos principios y objetos, la Ley tendrá un impacto
positivo desde la perspectiva del género, la familia y la infancia, así lo
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confirman los informes emitidos por la Consejería de Políticas Sociales
y Familia, cuyos informes han sido favorables al Anteproyecto.
3) IMPACTO EN LA INFANCIA, EN LA ADOLESCENCIA Y EN LA
FAMILIA.
La Dirección General de la Familia y el Menor ha emitido informe, con
fecha 28 de octubre de 2016, sin que se formulen observaciones sobre
el texto del anteproyecto de Ley por considerarse sin impacto con la
familia, la infancia y la adolescencia.
4) IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD O
EXPRESIÓN DE GÉNERO.
La Dirección General de la Servicios Sociales e Integración ha emitido
informe, con fecha 4 de noviembre de 2016, en el que se concluye que
no existe impacto en materia de orientación sexual, identidad o
expresión de género, por cuanto no conteniendo disposiciones
referidas a la población LGTBI, no pueden producirse situaciones de
discriminación, respetándose, por tanto, las disposiciones normativas
de carácter autonómico en materia LGTBI, contenidas en la Ley
2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y en la
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIFobia
y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la
Comunidad de Madrid.
5) IMPACTO EN LA UNIDAD DE MERCADO.
El anteproyecto de ley no tiene impacto en la unidad de mercado, por
cuanto no obstaculiza la libre circulación y establecimiento de
operaciones económicas, la libre circulación de bienes y servicios por
todo el territorio español y la igualdad en las condiciones básicas de
ejercicio de la actividad económica.
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6) IMPACTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO
DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El anteproyecto de ley no tiene impacto en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, en la medida en que su contenido no
incluye ningún tipo de medida que pueda atentar contra las personas
con discapacidad.
Madrid, a fecha de firma
El Director General de Urbanismo
Fdo.: José Tortosa de la Iglesia
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