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Mauricio Romero y Angélica Arias1

SOBRE PARAMILITARES, NEO-PARAMILITARES Y AFINES:

CRECEN SUS ACCIONES CRIMINALES ¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?

Desde comienzos del 2008 las acciones unilaterales por año de los llamados grupos neo-paramilitares2 han sido mayores que las realizadas por las FARC. Esta es la segunda vez en la historia reciente del conflicto armado colombiano que se presenta una situación tal, en la que grupos armados ilegales diferentes a esa guerrilla, han tenido una mayor capacidad operativa en acciones no directamente ligadas al combate que la de la organización rebelde en contra de la cual se ha centrado la política de seguridad del presidente Uribe. La primera vez ocurrió entre 1997 y 1999, cuando las AUC inauguraron sus actividades inundando de sangre al país. Si bien las acciones de la guerrilla requieren un mayor volumen, preparación y logística que las de los sucesores de las AUC, dado que su objetivo es enfrentar al Estado, una aproximación al número de las acciones de estos grupos da una idea de los cambios en su nivel operativo.

La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que ese crecimiento de las acciones de los grupos neo-paramilitares están repartidas entre zonas rurales y urbanas, con una tendencia a que su influencia urbana aumente y se fortalezca. Esto es lo que está sucediendo en Bogotá y Medellín, por mencionar sólo a las dos más grandes ciudades del país, fenómeno que se está replicando en otras capitales departamentales y ciudades menores.

¿Es esto una respuesta a la extradición de los jefes paras en abril del año pasado o es sólo un resultado de la ausencia de una verdadera política de seguridad y reconciliación? Lo que se observa es que el gobierno de la seguridad democrática no tiene una política para enfrentar el problema de crecimiento de los grupos surgidos luego de la desmovilización de las AUC, y su creciente influencia en actividades ilegales urbanas. El gobierno se aferra

1 Mauricio Romero es director del Observatorio del Conflicto Armado, OCA, de la Corporación Nuevo Arco Iris, y Angélica Arias es investigadora del mismo. 2 Grupos reorganizados luego de la desmovilización de las AUC en las diferentes regiones de influencia de esa organización, en la que participan antiguos miembros de los diferentes frentes de las AUC, no desmovilizados de esa organización, y nuevos enlistados. Si bien estos grupos no tienen un mando central como por momentos pudo aspirar Carlos Castaño, antiguo jefe de las AUC, y están vinculados al narcotráfico, también cumplen funciones locales de control social y político muy similares a las de los antiguos paramilitares congregados bajo la sigla de las AUC.

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a lo que ya sabe, le ha dado réditos electorales y lo mantiene arriba en las encuestas: la derrota y humillación de las FARC. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es esto una política verdaderamente nacional y de seguridad, o sólo el resultado de una obsesión rencorosa y vengativa del presidente y su equipo?

Sub-Registro, Ajustes de Cuentas y Acciones de los Neo-Paramilitares

La aplicación durante 7 años continuos de la política de seguridad democrática, incluidos sus ajustes, ha llevado a transformaciones en las guerrillas y en los grupos que se han reorganizado luego de la desmovilización de las AUC. En el caso de las primeras, ahora enfrentan menos al Estado dada la superioridad y la asimetría en la capacidad de combate lograda por éste, y cuando lo hacen, utilizan campos minados o francotiradores, tácticas que antes eran marginales en el repertorio de combate de estos grupos, entre otros cambios. En el caso de los neo-paramilitares, ha sucedido algo similar, aunque con la aclaración que su objetivo principal no ha sido el enfrentamiento al Estado, sino el control por la fuerza de territorios, población y flujos de mercancías de los cuales pueda derivar una extracción de rentas económicas, políticas y militares. Por esta razón, sus acciones tienden a ser clasificadas como “unilaterales”, ya que no buscan establecer una relación de combate con los agentes estatales, y como su objetivo central es población no armada sin capacidad de respuesta, la dimensión de estas actividades tiende a ser subregistrada por ausencia de denuncias, ante el temor de represalias.

Además, cuando estos grupos se enfrentan con actores con capacidad de respuesta bélica, como en los procesos de competencia y eliminación para construir hegemonías, como el caso de Medellín y la zona metropolitana, esas acciones tienden a ser registradas como disputas ente delincuencia común, o “ajuste de cuentas”. En conclusión, hay un riesgo alto que una gran parte de las acciones de los grupos neo-paramilitares no sean “visibles” para el público y las autoridades si no hay una denuncia de los afectados o no ha involucrado a una autoridad, o que se clasifique como un evento entre delincuentes comunes. Esto plantea un reto para los analistas y para las autoridades si se quiere realmente dar cuenta de la dimensión alcanzada por los grupos neo-paramilitares y su penetración en las zonas urbanas y semiurbanas.

A pesar de las limitaciones de los intentos de cuantificación, se pueden hacer aproximaciones. En el inicio del 2008 el número de acciones unilaterales de las FARC llegaron a cerca de 400 por año, cifra similar a la registrada para los grupos neo-paramilitares en el mismo período, algo totalmente inédito en los últimos 10 años. Esta situación es aún más alarmante si se acepta esa tendencia al subregistro de las acciones de estos grupos. Bien sea por presión del estado o por repliegue táctico de las FARC, el hecho que las operaciones de los grupos armados reorganizados luego de la

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desmovilización de las AUC superen las acciones de las FARC, y hacia finales del 2008 hayan sobrepasado las de esta guerrilla y el ELN juntos, plantea un escenario totalmente nuevo en la evolución del conflicto, y por tanto exige unas respuestas oficiales para las cuales el gobierno no parece estar preparado ni capacitado.

Acciones Unilaterales e Incremento del Nivel Operativo de los Sucesores de las AUC

Para comienzos del 2009 el número de acciones unilaterales de los grupos que el gobierno llama “bandas criminales” más que doblaron las de las FARC, sin ninguna reacción particular o cambio de énfasis desde el punto de vista de la acción gubernamental. No se puede negar el éxito de la Policía Nacional en relación con la detención de algunos de los mandos altos y medios de esos grupos, siendo la detención de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, su máximo logro en abril de 2009. Y también se podría decir para contrarrestar la alarma que estos grupos no tienen una organización nacional, no parecen compartir una estrategia conjunta, ni obedecen a un liderazgo identificable como si ocurría en el 1997-99 con las AUC.

Sin embargo, uno de los legados del pasado contrainsurgente de los neo-paramilitares es una disposición ideológica a apoyar al statu quo local, a identificar como amenaza la movilización social por derechos o cualquier asomo de oposición a los poderes de facto regionales, que abundan en zonas rurales o en áreas marginales de las ciudades. La inclinación de estas fuerzas ilegales al control social y político las hace tremendamente útiles para fuerzas conservadoras y autoritarias, que han sabido instrumentalizar en su beneficio la violencia de estos grupos ilegales, juego en el que han caído repetidamente las fuerzas estatales, en perjuicio de sectores de oposición, coaliciones renovadoras, organizaciones y liderazgos sociales, y campesinos despojados de su tierra. Ese dispositivo de control y presión ilegal y violenta de los neo-paramilitares se ha convertido en moneda para ofrecer a cambio de cierta tolerancia para sus actividades ilegales, incluido el narcotráfico.

El argumento planteado tiene como base los últimos resultados de investigación del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC,3 una organización especializada en la elaboración y análisis de bases de datos sobre el conflicto colombiano con las últimas herramientas técnicas en el campo. Además de seria y moderada en sus análisis, CERAC no tiene una filiación partidista que la haga sospechosa de sesgo político. En la gráfica No. 1 se puede observar la evolución de las acciones unilaterales de las FARC, las AUC y los grupos armados que le sucedieron, y el momento alrededor del inicio del 2008 en el que las acciones de estos grupos comenzaron a ser más numerosas que las de las FARC. De 3 Restrepo, Jorge y David Aponte (editores), Guerras y Violencias en Colombia. Herramientas e Interpretaciones, CERAC-Universidad Javeriana, 2009.

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igual forma, se puede observar el período 1997-99 en el cual ocurrió por primera vez el fenómeno observado en la actualidad, aunque en una mayor escala y con unas consecuencias nefastas para los pobladores a donde llegaron esos grupos. La gráfica también muestra un paralelismo entre la variación de las acciones de las fuerzas estatales, los grupos neo-paramilitares y el ELN, que parecen confirmar coincidencias en las dinámicas entre estos actores en los últimos dos años en regiones del suroccidente y nororiente del país.

Gráfica No. 1

ACCIONES UNILATERALES POR GRUPO ARMADO 1989-2009

Fuente: CERAC, Base de Datos sobre Conflicto Armado Colombiano, 2009.

El crecimiento en las actividades delictivas y de control de los sucesores de las AUC registrado por CERAC confirma lo registrado por el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris. En efecto, hay una diversidad de fuentes, cada una con diferente énfasis regional, analítico o de datos utilizados, que no permiten precisar contundentemente el influjo o alcance territorial de los neo-paramilitares, pero que sí permiten hacer aproximaciones. Uno de los puntos de divergencia es el número de municipios en donde se registran actividades de estos grupos. En el balance anual del estado de la guerra presentado por la CNAI a finales del 2008 se sostuvo que su influencia

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se registraba en 247 municipios, y se llamó la atención sobre lo que sucedía en la Costa Atlántica que concentraba el 30% del total de municipios afectados por los neo-paramilitares, lo mismo que sobre la situación del suroccidente del país, que concentraba el 22%.4 Es decir, estas dos subregiones reunían un poco más de la mitad de los municipios con este tipo de grupos ilegales, o sea 136 municipios.

Las reacciones que suscitó el informe fueron inmediatas, unas para alabarlo, otras para descalificarlo. Las fuentes que utilizó fueron la Bitácora Semanal de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, otras fuentes oficiales como Acción Social, prensa regional y nacional, además de trabajo de campo. Los voceros del gobierno señalaron que los municipios afectados no pasaban de 100, CERAC calculaba en ese entonces que su influencia llegaba a 158 municipios, y la MAPP/OEA a 153, aunque lo notorio era que no había cifras concluyentes y desde el gobierno no había preocupación para llevar un registro minucioso o la información sobre el fenómeno no se ha hecho pública. Lo perturbador del hecho es que como las AUC, su antecesor, estos grupos tienden a tener como objetivo sectores de población muy pobres, bien sea en las zonas rurales o urbanas. Y en particular, se han convertido en el azote de las organizaciones de víctimas que buscan la restitución de sus tierras en la Costa Atlántica, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Así lo revela el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en sus diversos informes de riesgo del primer semestre de este año y el último informe de la misión de apoyo a la negociación con las AUC de la OEA.5

Neo-Paramilitares y Cambios en el Repertorio en el Uso de la Fuerza

En el diagrama No. 1 se observa las variaciones en el ejercicio de la fuerza por parte de los paramilitares y sus sucesores. Durante el período de negociación con el gobierno, la principal forma del ejercicio de la fuerza estaba representada por los combates, bien contra la guerrilla, contra fuerzas del gobierno, o entre diferentes frentes en disputa. Hay que recordar que en este período el Estado persiguió selectivamente a estos grupos, y además hubo intensos enfrentamientos entre ellos, como el del Cacique Nutibara y el Bloque Metro en Antioquia, o el del Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Casanare en el Casanare y Vichada. Desde el 2006 en adelante, la modalidad predominante del uso de la fuerza por los neo-paramilitares es la amenaza e intimidación, que corresponden a más de la mitad de las actividades registradas de estos grupos, aunque hay que hacer salvedad que esas amenazas tienden a estar subestimadas por el riesgo que supone la denuncia ante las autoridades o ante la prensa. Este ejercicio de la

4 ‘“Bandas Criminales”, Seguridad Democrática y corrupción’, Revista ARCANOS No. 14, Diciembre 2008, Corporación Nuevo Arco Iris, CNAI, Bogotá. 5 Ver XIII Informe de la MAPP/OEA, segundo semestre de 2009.

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fuerza corresponde con las reiteradas denuncias hechas por organizaciones de víctimas y otras organizaciones sociales sobre la presión a la que están sometidas por estos grupos, que en algunos casos ha llegado a ser letal.

Diagrama No. 1

MODALIDADES EN EL USO DE LA FUERZA POR PARAILITARES Y SUCESORES

2002- 2008

Fuente: Base de Datos sobre el Conflicto Armado Colombiano, CERAC.

Asedio a Líderes Sociales y Persistencia del Desplazamiento

En el cuadro No. 1 se presenta una agrupación provisional e incompleta de líderes de organizaciones sociales, de desplazados y de víctimas asesinadas por subregiones en los últimos 27 meses. La cifra es estremecedora y revela la situación de intimidación, miedo e inseguridad en la que viven estos grupos sociales, en particular en Antioquia, la Costa Atlántica y el suroccidente del país. Si nos permitimos calcular un promedio con vidas humanas, cada mes han sido asesinados dos líderes de estas organizaciones, en un contexto de justicia transicional en donde el Estado debería garantizarles a las víctimas el derecho a la no repetición de los hechos de violencia ejercida por las AUC, agentes estatales o las guerrillas. 59 líderes de organizaciones sociales y de población afectada por

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el conflicto armado asesinados en poco más de dos años es una cifra trágica que revela la desprotección y las precarias condiciones de seguridad para estos grupos.

Cuadro No. 1

NÚMERO DE LÍDERES DE ORGANIZACIONES SOCIALES, DE DESPLAZADOS Y DE VÍCTIMAS ASESINADOS

2007-2009 (primer trimestre)

Subregión Departamento

Número de

Víctimas

Antioquia y Eje Cafetero

Antioquia 18 Caldas 1

Quindío 1 Subtotal 20

Costa Atlántica

Atlántico 2 Bolívar 3

Córdoba 5 La Guajira 4

Sucre 1 Subtotal 15

Llanos Orientales Arauca 2

Caquetá 2 Subtotal 4

Santanderes Norte de

Santander 1 Santander 1

Subtotal 2

Pacífico y Putumayo

Cauca 5 Chocó 2 Nariño 3 Valle 6

Subtotal 16

Centro Bogotá 1 Huila 1

Subtotal 2 TOTAL 59

Fuente: Comisión Colombiana de Juristas y Prensa, datos procesados por Observatorio del Conflicto Armado, CNAI.

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La gráfica No. 2 revela otra dimensión de los resultados diferenciales de la política de seguridad. En efecto, en la gráfica se observa cómo el secuestro ha tenido un descenso sostenido desde mediados del 2003, disminución que se ha desacelerado desde el 2008. En el caso del desplazamiento forzado, no se puede ser tan optimista. Una disminución inicial entre el 2003 y el 2005, dio paso a un incremento a los niveles del 2001, uno de los años más álgidos. El que aún hoy, luego de siete años de gobierno del presidente Uribe se estén presentando cerca de 250.000 desplazados anuales, debe ser motivo de preocupación y reflexión, por decir lo menos.

Gráfica No. 2

Evolución del Número de Secuestros y del Número de Desplazados 1998-2008

Fuente: Base de Datos sobre conflicto armado de CERAC, 2008.

Un enfoque regional del desplazamiento forzado señala que las zonas de operaciones militares del Estado, enfrentamientos con las guerrillas o acciones de los neo-paramilitares son las regiones en donde mayor desplazamiento se registra. El caso de Antioquia es significativo, no sólo por el número de desplazados sino por el no registro del causante del desplazamiento en el caso del mayor responsable. Del Diagrama No. 2 se infiere que los mayores causantes del desplazamiento o son fuerzas estatales o grupos sin

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insignias reconocibles, y que en la mayoría de los casos son antiguos desmovilizados o grupos reorganizados de las antiguas AUC.

Diagrama No. 2

DESPLAZAMIENTO INDIVIDUAL POR AUTORES ANTIOQUIA Y EJE CAFETERO

2009 (Enero-Sepiembre)

Fuente: http://www.accionsocial.gov.co. Estadística sobre Desplazamiento. Datos procesados por el Observatorio del Conflicto Armado, CNAI.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Antioquia Caldas Risaralda

9976

758

321

7166

5402391016

35 8

1076

13843

Total

No Disponible

Autodefensas o Paramilitares

Grupos Guerrilleros

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Diagrama No. 3

DESPLAZAMIENTO INDIVIDUAL POR AUTORES COSTA ATLÁNTICA

2009 (Enero-Septiembre)

Fuente: http://www.accionsocial.gov.co. Estadísticas sobre Desplazamiento. Datos procesados por el Observatorio del Conflicto Armado, CNAI.

En la Costa Atlántica las operaciones militares estatales han bajado significativamente, por lo que se deduce que el causante del desplazamiento forzado que se registra como “no disponible”, son grupos neo-paras. El caso de los departamentos de Córdoba y Bolívar presentan los niveles más altos, y el total de desplazados de la región podría estar en cerca de 20.000 personas para el 2009, cifra que si bien es menor que la del 2008, todavía sigue siendo alta.

Municipios con Actividades Neo-Paras y Problemas de Registro

Para finales del 2009 se puede sostener que la situación en las dos regiones mencionadas en el informe del año pasado como las más afectadas por los grupos que sucedieron a las AUC – Costa Atlántica y Suroccidente - ha variado poco, y en otras ha empeorado, como en los Llanos Orientales, en particular en el Meta, Guaviare y Casanare, en donde el Ejército Revolucionario Anticomunista de Colombia, ERPAC, al mando de Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, ha logrado reorganizar un ejército con cerca de 1300 hombres

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

134

2666

1755

3361

1283

1866

864

93

1937

1320

2477

1011

1415

626

Total

No Disponible

Autodefensas o Paramilitares

Grupos Guerrilleros

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armados. De igual forma, la diversidad de fuentes sobre el fenómeno tampoco ha cambiado, y esta situación no permite hacer apreciaciones concluyentes. Sin embargo, es posible hacer estimaciones conservadoras y otras menos exigentes, con el propósito de visualizar el estado de este fenómeno ilegal armado.

En el Mapa No. 1 están localizados con color azul 173 de los 247 municipios en donde se registraron actividades de los neo-paramilitares en el 2008. En color negro están los que faltan del 2008, pero están de diferente color porque también repitieron en el 2009 con actividades de estos grupos ilegales. Es decir, y de acuerdo con la Vicepresidencia de la República, en todos los municipios azules los neo-paramilitares dejaron de actuar en el 2009. En este año sólo operarían en los municipios en negro, y en los de color rojo, que son los nuevos, que están registrados en los informes de la Vicepresidencia en el 2009, pero no estaban en el 2008.

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Mapa No. 1

Municipios con Actividades de Grupos Neo-Paramilitares 2008 y 2009

Si se aceptan sin discusión los registros de la Vicepresidencia en el 2009 sólo habrían 120 municipios en donde los neo-paras estarían actuando. Es decir, toda la mancha azul en la Costa Atlántica que se observa en el mapa estaría libre de estos grupos, lo que no es

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corroborado por los reportes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ni por las informaciones de los periódicos consultados por el observatorio de la CNAI. Algo parecido se estaría presentando en Nariño, Putumayo, Cesar y Norte de Santander, sin mencionar la Zona Cafetera, en donde también se observan municipios en color azul, es decir, en los que se registraban actividades de los neo-paramilitares en el 2008, pero ya no en el 2009. Lo deducido de los informes de la Vicepresidencia sería una aproximación muy conservadora y limitada a la verdadera dimensión del fenómeno.

Por el contrario, si se hace una lectura menos restrictiva y se consideran todos los municipios registrados durante los dos años con actividades de neo-paras en los reportes de la Vicepresidencia, el número de municipios sumaría 293. Uno de los puntos interesantes del Mapa No. 1 es la localización de los grupos. Estos tienen una fuerte tendencia a ubicarse en las principales vías y alrededor de los centros urbanos. Esto se puede ver con claridad en el valle del río Cauca, en la zona metropolitana alrededor de Medellín, en las capitales de los dos Santanderes y en las capitales de la Costa Atlántica. El cuadro No. 1 permite observar con más detalle los registros agrupados por departamento y subregiones.

Cuadro No. 2

MUNICIPIOS CON ACTIVIDADES DE GRUPOS NEO-PARAMILITARES SEGÚN DEPARTAMENTO Y SUBREGIÓN

2008-2009

Subregión

Departamento

No. Municipios

2008 (Azules)

No. Mun. 2008-2009 (Negros)

No. de Municipios

2009 (Rojos) Total

Subregión

Departamento

No. Municipios

2008 (Azules)

No. Mun. 2008-2009 (Negros)

No. de Municipios 2009

(Rojos) Total

Antioquia y Eje Cafetero

Antioquia 17 15 10 42 Santanderes

Norte de Santander 14 4 3 21

Caldas 3 1 4 Santander 8 4 4 16

Risaralda 1 2 1 4 Subtotal 22 8 7 37

Subtotal 21 18 11 50

Pacífico y Putumayo

Cauca 3 4 3 10

Costa Atlántica

Atlántico 13 1 14 Chocó 4 1 3 8

Bolívar 12 2 14 Nariño 14 5 4 23

Cesar 12 4 16 Putumayo 5 1 1 7

Córdoba 3 13 4 20 Valle 13 4 3 20

La Guajira 4 1 5 Subtotal 39 15 14 68

Magdalena 8 2 1 11

Centro

Bogotá 1 1

Sucre 6 1 1 8 Boyacá 2 1 1 4

Subtotal 58 24 6 88 Cundinamarca 5 1 6

Llanos Arauca 4 4 Huila 2 1 3

15

Orientales Casanare 5 5 Tolima 5 1 6

Caquetá 5 1 6 Subtotal 14 4 2 20

Meta 4 5 4 13 Otros Guainía 1 1

Vichada 1 1 Subtotal 1 1

Subtotal 19 5 5 29 TOTAL 173 74 46 293

Lo que se quiere mostrar con este ejercicio es la urgente necesidad por tener mejor información sobre el fenómeno y una mayor responsabilidad del Estado y del gobierno en ese propósito. El hecho que las acciones unilaterales de los neo-paramilitares hayan superado en número a las de las FARC durante el año en curso, y que en ocasiones hayan sido mayores que las de las FARC y el ELN juntos, y que esas acciones tiendan a situarse en zonas urbanas, en las vías de acceso a los principales centro urbanos, llama a una reflexión y a una reorientación de la política pública sobre seguridad en la capital del país y las capitales departamentales.