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12 de enero de 2016
Martes 12 de Enero de 2016
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El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, a través de su presidente, contador Hugo Borelli, ratificó el compromiso del ente portuario con la finalización del Frente Costero, entre el balneario Maldonado y la zona de Galván.
El proyecto permanece paralizado desde 2012 como consecuencia de la no remisión, por parte de la Provincia de Buenos Aires, de los fondos requeridos.
“He dicho muchas veces en estos años que el Consorcio asume una postura colaborativa para terminar el Frente Costero”, sostuvo ayer vía twitter Borelli.
“Hubo palabras o escritos que no se oyeron ni leyeron. No podemos tomar la iniciativa porque no es nuestra jurisdicción. Pero no faltaremos a la cita .Vivimos en una Ciudad Puerto. Estamos preparados para colaborar con el Frente Costero”, agregó.
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La decisión del Consorcio, tal como lo expresó su titular, no deja de ser una novedad tras la parálisis que envolvió al frente marítimo en los últimos años, incluso porque se pensaba que el ente se había desligado de la iniciativa luego de decidir encarar un paseo en el puerto de Ingeniero White, obra que fue inaugurada a fines del año pasado.
En su edición de ayer La Nueva dio a conocer el estado actual del proyecto, a cual hoy se accede con dificultar luego de atravesar un camino de tierra prácticamente intransitable hacia lo que debió ser el mayor intento en las últimas décadas por unir a los bahienses con el mar.
En la primera de las tres etapas se invirtieron 3.500.000 pesos, pero los 6.500.000 restantes jamás llegaron desde La Plata.
La idea preveía la concreción de un sector de recreación a lo largo de 3 kilómetros con frente al estuario, de los cuales ya se ejecutaron 300 metros de un paseo en bulevar con doble nivel de costanera en marea alta y baja, y una bahía mirador en uno de sus extremos con un malecón de borde para hacer frente a las sudestadas.
Como consecuencia de la paralización del proyecto, en 2012 la Municipalidad decidió suprimir la colocación del equipamiento urbano previsto originalmente, es decir, bancos, cestos y farolas, por ejemplo, haciendo alusión a la falta de seguridad para resguardar esos bienes.
Cuatro grandes zonas para el área costera bahiense
Estuario de la Bahía. A fines de la década pasada el denominado "Proyecto Urbano Sustentable del Estuario de la Bahía", en el cual trabajaron técnicos urbanistas, economistas y especialistas portuarios de nuestra ciudad,definieron cuatro áreas a potenciar en la zona costera bahiense.
Una por una. Las cuatro zonas son: un área agroindustrial, con centro en Cerri; una reserva y paseo costero en los terrenos del ex basural, la zona portuaria/industrial y un sector de actividad logística en cercanías de Grünbein.
Reserva. El paseo costero prevé la ejecución de una reserva y parque temático denominado "Paseo del Estuario", para que los vecinos puedan acceder al mar.
Además. También contemplaba la instalación de un acuario y laboratorios de investigación por parte del IADO, junto con pasarelas que permitan "caminar" dentro del estuario.
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En el segundo semestre de este año comenzará la obra que acercará un corredor rápido de colectivos a los vecinos de Lanús. El recorrido será sobre la avenida Remedios de Escalada de San Martín, desde el puente Alsina hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, a lo largo de 4,6 kilómetros. Se estrenaría durante el primer cuatrimestre de 2017.
El proyecto, que extiende la red metropolitana de metrobuses, fue anunciado tras un encuentro entre el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, ambos de Cambiemos.
"Ésta es una clara demostración de que trabajando juntos Nación, provincia y Ciudad podemos avanzar en obras que tienen por objetivo mejorar la vida a las personas. Lo demostramos cuando hicimos Metrobus Norte, ahora vamos a continuar con Lanús y seguir con los demás municipios del conurbano que anunció la gobernadora María Eugenia Vidal" (ver aparte), expresó Dietrich.
Según agregó Grindetti, la obra "permitirá que los 100.000 lanusenses que realizan diariamente este trayecto reduzcan significativamente el tiempo de viaje todos los días".
Los equipos técnicos de ambos funcionarios detallaron que el Metrobus Lanús incluirá en carriles centrales veinte líneas de colectivo que hoy recorren los barrios Valentín Alsina, Lanús Oeste y Gerli.
"En estas semanas se está terminando de cerrar el proyecto y luego se llamará a licitación", dijeron a LA NACION voceros del ministro de Transporte. "Estimamos que la obra efectivamente va a arrancar durante el segundo semestre de este año. Como el plazo de ejecución será de siete meses
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aproximadamente, se estaría estrenando durante primer cuatrimestre de 2017", explicaron, y agregaron que todavía no está estimada la inversión total que demandará el proyecto.
La obra delimitará sobre Remedios de Escalada de San Martín dos carriles centrales para el tránsito de los colectivos y a cada lado quedarán dos carriles para circulación de automóviles particulares.
El nuevo corredor potencia la conexión entre los barrios de la Capital y del conurbano. Un primer paso fue dado por el gobierno porteño y el municipio de Vicente López con la inauguración del Metrobus Norte, en junio del año pasado, que une la ciudad con la zona norte por las avenidas Cabildo y Maipú.
Antes de abandonar el poder, el anterior ministro de Transporte, Florencio Randazzo, lanzó la obra del Metrobus La Matanza, financiada por un crédito internacional.
La modalidad, conocida como BRT por sus siglas en inglés (buses de tránsito rápido), fue instrumentada por primera vez en 2011 dentro del ámbito de la Capital exclusivamente. Permite concretar viajes más rápidos y más cómodos en transporte público, y desalienta así el uso del automóvil.
Durante cuatro años, sumó más de 50 km de extensión en cinco corredores: cuatro en avenidas (Juan B. Justo, 9 de Julio, Fernández de la Cruz y Cabildo) más uno por autopista (25 de Mayo). Actualmente se construye el de la avenida San Martín.
Según estimaciones oficiales, la red beneficia a diario a un millón de personas que utilizan los circuitos a bordo de las diversas líneas de colectivos involucradas en el sistema.
Otros servicios que llegarán al conurbano
La Matanza
La obra ya empezó sobre la ruta N° 3. El eje central incluirá 16 estaciones entre Laferrère y San Justo. A partir de allí habrá dos ramales: uno finalizará en el Obelisco y otro, en Once.
San Martín
Unirá la General Paz con el Camino del Buen Ayre por la ruta 8. Circularán 13 líneas de colectivos.
San Isidro
Será la continuación del Metrobus Norte. Se extendería 5,5 kilómetros hasta la avenida Márquez.
Ciudadela
Se construirían dos ramales, Acceso Oeste y avenida Perón, con un total de 17,3 kilómetros.
Avellaneda
La traza principal correrá por la avenida Mitre, desde el Puente Pueyrredón hasta el Triángulo de Bernal.
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E1 gobierno analiza modificar a1 partir de febrero próximo el sistema de tarifas de luz y gas en la zona metropolitana y generalizar una modalidad de pago mensual, en paralelo con la quita gradual de subsidios y aumentos periódicos mediante un mecanismo de indexación por definir.
La periodicidad mensual permitiría a las distribuidoras percibir los fondos con mayor rapidez en un escenario inflacionario, pero también hacer menos notorio el impacto de los ajustes en el bolsillo de los consumidores.
El nuevo marco regulatorio del sector incluirá revisiones periódicas, tal como lo estipuló la legislación sancionada en el momento de la privatización, lo cual se espera que represente un fuerte incremento en las tarifas.
El gobierno estima que llevar las tarifas a un nivel de equilibrio demandará un proceso de dos años y a partir de allí habrá ajustes periódicos para situarlas a nivel de-los costos más cerca de niveles internacionales. Según fuentes del Ministerio de Energía y Minería, se analiza un sistema de indexación periódica que incluiría la evolución de los costos locales del servicio y la evolución del dólar, para que las empresas puedan planificar sus inversiones.
De acuerdo con las fuentes oficiales una vez que estén recompuestos los ingresos de las empresas hasta garantizarles su sustentabilidad, el gobierno avanzará en alternativas de ajustes de tarifas que incluyan la realización de audiencias públicas, en las que diversos actores vinculados a los servicios públicos den su opinión.
En el gobierno ya se descartó utilizar como mecanismo indexatorio el "Price Producer Index (PP1)", que mide la inflación industrial de Estados Unidos y era la referencia para los ajustes que se estableció en los 90.
Hoy el costo de la tarifa residencial en centavos de dólar del kilowatts horario en la Argentina estaría alrededor de 1,10 dólares con subsidio y.6,30 dólares sin subsidio.
Si se considera este último valor, ya que el gobierno ha anunciado que eliminará gradualmente los subsidios, el precio de la luz en la argentina está 160% por debajo de los que se paga en Perú (16,4 dólares por kwh), es 133% inferior a las tarifas de Chile (14,7) y 196% por debajo de Brasil (18,7).
Lo que sí ya decidió el gobierno es que las facturas de la luz comenzarán a llegar una vez por mes (en lugar de cada dos meses como es hasta ahora) para reducir el impacto de las subas que tendrán los aumentos que comenzarían a regir desde febrero próximo.
Como en el caso del gas, las empresas aún no tienen estructura para una medición mensual se estudia que la factura continúe llegando bimestralmente, pero con dos cupones, para pagar uno cada mes.
El gobierno tiene también decidido darle prioridad a la recomposición de tarifas eléctricas antes que a las del gas, debido a que considera que el sector eléctrico es que atraviesa por una crisis más importante, ya que de hecho declaró la emergencia eléctrica.
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El kirchnerismo destinó más de $ 475.000 millones en subsidios energéticos desde 2004 a 2015. A través de esa transferencia de dinero estatal a privados, logró que las empresas dedicadas a la distribución de luz y gas solo pudieran pagar sueldos de sus empleados y algunas obras de mantenimiento.
El sistema está colapsado: se interrumpe el suministro eléctrico con cada ola de calor y falta gas para la industria en el invierno.
El relevamiento de los subsidios fue realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap) y el Instituto Argentino de Energía (IAE), encabezado por el ex secretario Jorge Lapeña. Sirvió para poner un contexto a lo que se viene.
Desde el 1° de febrero, el Gobierno quitará los subsidios para el 60% de los hogares en Buenos Aires y el conurbano, mientras que también aplicará una suba de tarifas, que los especialistas estiman en 300%.
Con la declaración de la “emergencia económica” (desde enero de 2002) el Gobierno impidió que las distribuidoras de Buenos Aires (Edesur, Edenor) pudieran aumentar sus tarifas, por lo que quedaron con precios congelados. Pero, en simultáneo, las compañías tuvieron que afrontar incrementos salariales y de sus costos de un 1.385%, que es la inflación acumulada entre 2002 y 2015.
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IAE y ASAP calculan en $ 342.000 millones los subsidios otorgados entre 2004 y 2014. Aunque los números de 2015 pueden sufrir algunas revisión, lo desembolsado por el Estado supera los US$ 135.000 millones, según expresó el ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico de control estatal, recibió un 55% del dinero público volcado entre 2004 y 2014. Enarsa consumió el 30% de esos subsidios. El ministro de Planificación, Julio De Vido, fue responsable de ambas firmas, que después compartió con el ministro de Economía Axel Kicillof, desde 2013.
El kirchnerismo saliente justifica el crecimiento de los subsidios en la mayor demanda de energía por el crecimiento de la economía (8% promedio entre 2007-2011 y 4% entre 2007-2011; después no hubo casi mejora del PBI). Pero omite que fue el mismo gobierno el que empujó las importaciones de fuel-oil, gasoil y gas natural para poder abastecer las usinas eléctricas.
La administración kirchnerista fijó topes a los precios que los productores de gas y petróleo podían cobrar. Eso desalentó la actividad en el sector y provocó una caída en la producción de gas. Se perdió el autoabastecimiento energético.
El país importó a US$ 14 el millón de BTU (la unidad de medición en gas), mientras al productor local le pagaba US$ 2,50 por ese mismo producto. El Estado nacional pagó la cuenta (US$ 10.000 millones anuales promedio entre 2011 y 2013) y las comisiones para los intermediarios.
“Las empresas proveedoras de servicios públicos se descapitalización.
Muchas firmas del sector prefirieron retirarse del país, aun vendiendo a pérdida”, explicaron en IAE y ASAP. Los subsidios están más concentrados en Buenos Aires. Los hogares pagan $ 0,16 por kilowatt/hora, mientras que en Santa Fe abonan $ 1,14 por ese mismo concepto.
“Una boleta de luz en Brasil o Uruguay es 16 veces superior a la de Buenos Aires”, agregó Rafael Flores, de ASAP, que recomendó una recomposición tarifaria “gradual” y tarifa social. “Quizás la quita de subsidio o aumento de tarifa a un jubilado que gane la mínima sea diferente al que cobra una jubilación alta”, comentó Lapeña en privado cuando lo consultaron sobre qué camino podría adoptar el Gobierno para bajar el dineral que se va en erogaciones estatales.
Precio diferencial para el petróleo Preocupación de los exportadores
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, reunió ayer a los sindicatos petroleros y las empresas que allí operan (YPF, PAE, Tecpetrol, Enap Sipetrol) para pedirle al Gobierno nacional “un tratamiento equitativo al precio del petróleo de exportación”.
El ministerio de Energía arregló con las petroleras cambios en barril de crudo (van de US$ 54,9 a US$ 67) para el mercado interno.
Pero no entregó definiciones para las exportadoras. Luego, manifestó su preocupación por “las provincias” como Chubut, donde hay empresas que exportan hasta 90% de su producción.
Con el crudo a US$ 31, en Chubut piden ayuda del Gobierno nacional. “De no resolverse la problemática planteada al 20 de enero”, los gremios amenazaron con que “no podrán garantizar la paz social”, según expresaron en un comunicado. Hasta el próximo miércoles, está pactada una disminución de la actividad, acordada entre la provincia, empresas y sindicatos. Luego, podría haber conflictos de no encontrar una salida con el Ejecutivo nacional.
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emergencias.
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El Senado y la Cámara de Diputados bonaerense oficializaron ayer el llamado a sesiones extraordinarias para este jueves. Ese día, la Legislatura bonaerense podría sancionar los proyectos de Presupuesto y Ley Impositiva, cuyo tratamiento disparó una extensa pulseada con los legisladores del peronismo.
“Espero que el día jueves la Provincia tenga su Presupuesto para que podamos transformar la enorme deuda que tenemos en recursos”, dijo ayer la gobernadora María Eugenia Vidal, en una declaración que reveló las expectativa del Ejecutivo en torno a la posibilidad de cerrar un acuerdo con el peronismo.
En un mensaje enviado a la oposición, Vidal advirtió que “aprobar el Presupuesto no es aprobarle el Presupuesto a Cambiemos” sino “a los 16 millones de bonaerenses”.
Las negociaciones tuvieron ayer otra jornada clave. En la sede porteña del Bapro, el ministro de Gobierno Federico Salvai y su par de Economía Hernán Lacunza recibieron a una comisión de legisladores e intendentes peronistas.
Antes de esa cumbre, Lacunza se reunió en la Casa Rosada con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, a quien brindó información sobre la marcha de las negociaciones con el peronismo.
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El encuentro en el Bapro sirvió para ultimar los detalles del acuerdo sobre el que trabajan desde la semana pasada y que tiene dos ejes centrales: la reducción del monto del endeudamiento que se autorizará para 2016 y los fondos que llegarán a los municipios a través de distintos mecanismos.
Si bien no se brindaron datos oficiales sobre los números que se manejaron en la reunión de ayer, trascendió que la decisión es reducir el monto original del endeudamiento de los 98 mil millones de pesos contenidos en el proyecto enviado por Vidal a las cámaras a unos 50 mil millones de pesos, de los cuales entre 10 y 15 mil millones serán destinados a obras en los municipios.
Con todo, la cifra exacta que se incluirá en el proyecto final todavía no fue acordada.
De la reunión participaron los intendentes Alberto Descalzo, Mariano Cascallares, Eduardo Bucca, Juan Pablo de Jesús, Gabriel Katopodis, Fernando Gray y Martín Insaurralde y los legisladores Fernando “Chino” Navarro, Walter Abarca, Héctor Vitale, Juan Manuel Pignocco, Marina Moretti, Mónica Macha y Patricio García.
Descalzo señaló en diálogo con la prensa que “la reunión fue muy positiva” y dijo que esperan que entre hoy y mañana se convoque a una nueva ronda de negociación para intentar acercar posiciones, pese a que no quisieron dar detalles sobre los números que manejan desde ambos sectores.
Las negociaciones se reabrieron la semana pasada luego de las escandalosas sesiones de fines de diciembre, cuando el bloque de diputados del Frente para la Victoria se negó a último momento a prestar los votos para sancionar los proyectos en rechazo al nivel de endeudamiento pedido por el Ejecutivo.
A la nueva instancia de diálogo se sumaron intendentes peronistas que buscaron fomentar un acuerdo que incluya el envío de fondos a las comunas a través de diversos mecanismos, como la afectación de parte del endeudamiento a obras, por coparticipación y en concepto de la cancelación de obligaciones impagas que mantiene la Provincia con los distritos.
De sancionarse los proyectos, también quedará firme el aumento en el Impuesto Inmobiliario, de entre un 20 y un 30 por ciento.
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FEBRILES NEGOCIACIONES ESTA SEMANA PARA TERMINAR DE DEFINIR MONTO DEL ENDEUDAMIENTO Y FONDOS PARA INTENDENTES
Buenos Aires - La Legislatura bonaerense intentará aprobar este jueves, en sesión extraordinaria en ambas cámaras, los lineamientos centrales de la ley impositiva y del Presupuesto 2016, mientras continúan las febriles negociaciones entre el oficialismo y el Frente para la Victoria para arribar a un acuerdo respecto del monto del endeudamiento solicitado por María Eugenia Vidal.
Ese consenso es, en rigor, clave para la búsqueda de la sanción del endeudamiento, ya que esa instancia exige dos tercios para sancionar la norma.
El Gobierno de Vidal solicitó un endeudamiento de unos 100.000 millones de pesos, pero el Frente para la Victoria busca reducir ese monto a 45.000 millones, de los cuales 15.000 millones deberían ser destinados a los municipios como fondos coparticipables.
Esa cuestión fue el tema central de diversos encuentros que se desarrollan desde la semana pasada entre intendentes y legisladores del peronismo y funcionarios provinciales, y que ayer tuvo otro capítulo en la sede porteña del Banco Provincia con la presencia del ministro de Gobierno, Federico Salvai.
La propia gobernadora se mostró confiada en que el jueves se sancionará la denominada ley de leyes y analizó que "aprobar el Presupuesto de la provincia no es aprobarlo a Cambiemos o a Vidal" sino a todos los bonaerenses, y expresó su deseo de que "para el día jueves la provincia tenga su Presupuesto" para "darle respuesta de manera directa a la gente y poder trabajar en conjunto con los intendentes".El proyecto que el Gobierno giró a la Legislatura y que tropezó en Diputados el 29 de diciembre destaca la existencia de un déficit de 16.000 millones y una amortización de deuda por 15.038 millones.
También se manifestó una deuda con los municipios de 1.256 millones de pesos; una deuda con proveedores y contratistas por 8.015 millones y otra con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), por aportes patronales por 2.605 millones.Se detalló una deuda del Tesoro de 19.015 millones que comprende un préstamo de Nación para el control de inundaciones (3.551 millones), Caja de la Policía Bonaerense (2.405 millones); Fondo Federal Solidario (2.000 millones).
Incluye, además, un Fondo Educativo (1.485 millones); Dirección de Escuelas (1.739 millones); Lotería y Casinos (1.304 millones); Organismos del Ministerio de Economía (964 millones), Instituto de Previsión Social (782 millones) y otros organismos (4.785 millones).
A eso se le suma la deuda con el Banco Provincia, que asciende a 28.800 millones, que el Gobierno está dispuesto a quitar de la discusión para avanzar sobre eso en marzo; y unos 3.271 millones de libre disponibilidad.
El vicepresidente del bloque de diputados bonaerenses del FpV, Walter Abarca, expresó que su bancada aguarda que el oficialismo "reduzca el monto del endeudamiento y ofrezca garantías sobre el uso de esos fondos"."Esperamos respuestas en cuanto a una serie de inquietudes que planteamos la semana pasada, entre otras cosas el tema de las paritarias municipales, que fue un decreto y que debe ser ratificado en el Presupuesto, si no, no tiene validez; le planteamos también la necesidad de que haya garantías en la redacción de los recursos que van a ir a los municipios", explicó el legislador.
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Alan Soria Guadalupe
El impulso del Gobierno para lograr una modificación en la ley de coparticipación federal dio un paso más ayer, cuando el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibió en la Casa Rosada al ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, uno de los más interesados en que prosperen las negociaciones con los gobernadores y, posteriormente, en el Congreso.
"No es algo de un día para el otro", dicen en el entorno de Frigerio. Según afirmaron a LA NACION, ya se hizo contacto con todos los gobernadores y hubo reuniones personales con casi la totalidad de ellos, pero la iniciativa recién comienza a dar sus primeros pasos: aún queda un camino largo de negociaciones y de coordinación interministerial para delinear los detalles de una reforma que, además de requerir un consenso amplio, planteará ciertas exigencias a los distritos. "La Nación va a ceder más recursos siempre y cuando las provincias acepten más responsabilidades políticas", señalaron en Interior.
Todavía falta un encuentro con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, aunque ya se hicieron los nexos con parte de su gabinete.
A pesar de ser un proceso complejo y aunque es probable que el proyecto llegue al Parlamento meses después de la apertura de sesiones, el objetivo es que la nueva legislación se abra camino por los recintos este año. Antes, el Gobierno buscará aprobar el paquete de leyes "más urgente", que incluye, entre otras medidas, la derogación de la ley cerrojo, lo que facilitaría el diálogo con los holdouts.
La reunión entre Frigerio y Lacunza, que mantienen una estrecha relación, fue breve y no duró más de treinta o cuarenta minutos. Además de los fondos automáticos, los funcionarios también conversaron sobre la situación financiera de la provincia y analizaron las chances de que la Legislatura bonaerense llegue a un acuerdo sobre el monto de endeudamiento autorizado y apruebe esta semana el nuevo presupuesto, que llegaría como una bocanada de aire fresco tanto a la gobernadora, María Eugenia Vidal, como al Gobierno.
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El diputado provincial Maximiliano Abad pasó el fin de semana en Mar del Plata, donde disfrutó de un atrapante American Seven, que tuvo como campeón a Los Pumas.
En medio de su agitada agenda personal, se tomó un tiempo para atender en exclusiva a diario "Crónica", donde analizó el primer mes de gestión de Mauricio Macri, criticó con dureza a sus colegas del Frente Para la Victoria por no dar el quórum y analizó el evento deportivo al que asistió.
-Se cumplió un mes desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, ¿qué balance realiza sobre la gestión? -Balance positivo. Vemos que hay un gobierno que tiene agenda en el orden nacional y provincial. Como la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ha echado mano en cosas que son muy delicadas, en la corrupción que había en distintos estamentos del Estado, el servicio penitenciario, la policía.
Las consecuencias se ven a diario. Tenemos en claro que María Eugenia Vidal quiere gobernar la provincia, no tiene una carrera presidencial, en tanto no está pensando en los costos que va a pagar. Va a meter mano para que tengamos un Estado libre de corrupción y que realmente sea digno de vivir para los bonaerenses.
-¿Y en cuanto a su primer mes de gestión? -Trabajando mucho. Hoy estamos abocados a sacar el endeudamiento y el presupuesto tan necesario para que la provincia tenga los fondos para afrontar una provincia devastada, una Provincia que cuando asumimos solamente nos encontramos con 197 millones de pesos en caja, una deuda sideral en donde no estaba documentada. Encontramos 54 millones de pesos y, día a día, cuando vamos viendo las cosas, hay más deuda. Hay 8.000 millones de pesos en proveedores, deuda con todos. Hasta los premios de Lotería dentro de poco no se van a pagar. Entonces esta provincia absolutamente está quebrada. Tenemos que ponerla de pie. Ponerla a andar y que realmente pueda ser la vanguardia por la cantidad de habitantes, por su producción y que esté a la altura del país.
-¿Por qué cree que el Frente para la Victoria no dio el quórum para aprobar el presupuesto? -Creo que no dio el quórum porque tratan de poner palos en la rueda porque realmente la provincia está quebrada. Nosotros le documentamos toda la deuda, pero creo que ponen palos en la rueda por ponerlo.
Por algo los intendentes del Frente para la Victoria ya salieron a decir las necesidades que hay, la deuda que hay y tratar de buscar un puente para tratar de canalizar esta demanda que tenemos de presupuesto-endeudamiento, porque, en definitiva, tenemos que poner de pie al país, la provincia y a los municipios.
Renovación El legislador bonaernese remarcó la transformación que la gobernadora bonaerense busca impulsar en la provincia, con foco en el fin de la corrupción y un nuevo manejo del poder y la relación con otras fuerzas políticas.
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Luego de la movilización de unas 2 mil personas frente al palacio municipal, ayer, la gestión de Julio Garro se comprometió a crear una comisión que revise los 2.500 contratos que fueron cesanteados por la nueva administración por pertenecer a “personas que cobraban pero no trabajaban”.
La medida se convino luego de que un grupo de delegados y dirigentes provinciales y nacionales del peronismo, la izquierda y el sindicalismo se reunieran con el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Ponce, el secretario general del municipio, Javier Mor Roig, y concejales del FpV y del FpV Nacional y Popular.
Los dirigentes opositores encabezaron una movilización junto con sectores de la CTA Provincia y distintas organizaciones, en apoyo a los empleados cesanteados y en rechazo a la represión ejercida el viernes contra un grupo de manifestantes.
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En total, a la movilización acudieron unas 2 mil personas que se movilizaron desde las 10 y hasta pasadas las 14.
Estuvieron los diputados nacionales Andrés Larroque, Omar Plaini y Jorge “Quito” Aragón (FpV) y Nicolás del Caño (FIT). Por el mismo frente también lo acompañaba el diputado provincial Guillermo Kane. También estuvieron Miguel Funes y Valeria Amendolara (FpV).
Tardaron más de dos horas en poder ingresar al edificio. Allí, además de ser recibidos, entregaron un petitorio de los trabajadores cesanteados y pidieron su reincorporación. Como contrapartida se prometió revisar esas decisiones, tomadas por el Intendente luego de un exhaustivo análisis de los casos de empleados que figuraban en las planillas pero “no asistían a trabajar y tenían cargos políticos”, estimados, según Garro, en unos “2.500 personas”.
FUERTE TENSION
La charla se dio en un clima de fuerte tensión en el palacio de calle 12, porque si bien no se registró ningún incidente, dirigentes políticos y gremiales de la oposición movilizaron a unas 3 mil personas que, pacíficamente, expresaron un fuerte reclamo en la Plaza Moreno.
Participaron en la protesta unas 50 organizaciones. Desde la CTA, Suteba La Plata y el Partido Obrero, hasta Patria Grande, Libres del Sur, ATE, Unidos y Organizados y otras agrupaciones.
La consigna, esta vez, no sólo se relacionaba con las cesantías de los contratos, sino también en repudio por la “brutal represión” sufrida por los manifestantes que el viernes pasado reclamaron en las puertas del municipio, y, tras algunos forcejeos con la Infantería, recibieron gases lacrimógenos y balas de goma, con el resultado de unos 20 heridos.
Ayer, el operativo de seguridad fue diferente. Un vallado de contención fue instalado en la puerta principal del palacio, por la calle 12, y otro en la zona del estacionamiento del Concejo Deliberante, en 11. Nutridos grupos de efectivos de la Infantería formaron parte del operativo, pero, esta vez, del lado de adentro del edificio y, sin contacto con los manifestantes, no hubo que lamentar incidentes.
NUEVOS CRUCES
Los diputados y concejales del FpV que ayer participaron de la marcha ratificaron el pedido de interpelación del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, por la represión del viernes e insistieron en rechazar las “maniobras de persecución política y achicamiento del Estado”, al tiempo que denunciaron que “la denuncia de la presencia de los ñoquis es una forma de encubrir despidos masivos”.
En tanto, los bloques de concejales y senadores de Cambiemos expresaron el apoyo a Garro a las medidas adoptadas para “transparentar” el funcionamiento del Estado municipal, e insistieron en reprochar que “quienes gobernaron durante más de 25 años realizaron maniobras que obstaculizan el normal funcionamiento de la Comuna, que van contra el espíritu democrático y que sólo buscan dañar la gestión”, cuestionando que “algunos de los hoy se manifiestan han logrado resultados catastróficos con escándalos de corrupción, déficit económico y problemas de infraestructura y precarización laboral”.
El presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, José Arteaga, por su parte, aseguró al respecto que “el Estado no puede seguir manteniendo un sistema clientelar, ya que el dinero de los contribuyentes platenses debe ser usado para el desarrollo de la Ciudad”, y calificó los reclamos como “maniobras políticas”, al tiempo que sugirió sugirió la creación de una mesa donde la representación gremial sea la que audite y defienda la continuidad laboral de los trabajadores.
12 de enero de 2016
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La suspensión de la negociación salarial de las comunas bonaerenses, defi nida por la gobernadora María Eugenia Vidal, será el eje de la protesta que Ate Buenos Aires cumplirá en la bajada de la Autopista Buenos Aires-Plata de la capital provincial. El titular del gremio Oscar De Isasi remarcó que además del reclamo contra el freno paritario la convocatoria también incluye el repudio a las cesantías impuestas en las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
No alcanzó para atenuar el reclamo, la “aclaración oficial” del gobierno de Cambiemos en cuanto a que la paralización de la negociación colectiva sólo regirá por seis meses “a fin de definir cuestiones técnicas, estudio del que tomará parte activa el ministerio de Trabajo bonaerense.
La medida de fuerza se extenderá a toda la provincia desde las 8.00 y el acto central se realizará en la bajada de la autovía por “la reincorporación de los despedidos, su pase a planta permanente y la vigencia de la paritaria municipal y en las demás dependencias del Estado”, enfatizaron desde el gremio.
El gobierno bonaerense suspendió por seis meses la aplicación de la Ley 14.656, que establecía, por primera vez, las negociaciones paritarias para los empleados municipales de la provincia y los gremios del sector se declararon en ‘estado de alerta y movilización’.
Vidal, en declaraciones periodísticas ratificó que la medida busca “darnos tiempo para definir cuestiones técnicas con el Ministerio de Trabajo y que los intendentes resuelvan sus propios convenios de trabajo”.
Por su parte, De Isasi dijo que esa medida “intenta cercenar derechos construidos por consenso por el conjunto de los trabajadores municipales, como el salario mínimo, vital y móvil, la estabilidad de la planta de personal y el derecho a la licencia por violencia de género, maternidad y paternidad”.
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
Por: Ezequiel Rudman
María Eugenia Vidal acompañada por los intendentes de San Miguel, Joaquin de la Torre; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y de Merlo, Gustavo Menéndez. El intendente massista de San Miguel, Joaquín de la Torre, fue a buscar a María Eugenia Vidal hasta el helipuerto de Campo de Mayo. La gobernadora de Buenos Aires optó ayer por un escenario plural, junto a intendentes del peronismo, en su primera aparición pública luego de la recaptura de Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. Una señal política, no sólo de cara a la sesión del jueves en la Legislatura bonaerense para aprobar el Presupuesto, sino también ante el asado que esta noche organiza Alejandro Granados en Ezeiza para hacer catarsis en el PJ bonaerense. Vidal se mostró en San Miguel junto al intendente local, De la Torre, el hombre de mayor confianza de Sergio Massa. Sin embargo, también estaban el peronista Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo), dos exponentes de la renovación generacional del Frente para la Victoria ante los barones del conurbano. La excusa del acto era para presentar el programa "Cultura de Verano", el mismo que Daniel Scioli centralizaba en Mar del Plata con un megaescenario frente al Hotel Provincial. La gestión Vidal dispuso descentralizar los recitales y obras teatrales gratuitas del verano, organizados por la gobernación, y trasladarlos a municipios donde la población tiene dificultades económicas para poder vacacionar en la Costa Atlántica. Por primera vez abarcará a los distritos de Merlo, San Miguel, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y Quilmes. El ambiente político ecuménico se sentía ayer en San Miguel pese al calor. De la Torre estuvo a cargo de la apertura del acto y le dedicó un párrafo especial a Insaurralde: "Martín, te quiero agradecer especialmente por estar hoy acá con la gobernadora y conmigo. A pesar de pertenecer al Frente para la Victoria estás haciendo un trabajo ejemplar en la lucha contra la inseguridad en Lomas de Zamora", dijo el intendente massista. Acto seguido, le propinó un abrazo. De la Torre, ventrílocuo político de Massa, aprovechó sin embargo para reivindicar su estirpe peronista: "Estamos dispuestos a colaborar con la gobernabilidad desde el peronismo, Somos una oposición responsable que no quiere poner trabas sino colaborar para el bienestar de los bonaerenses", explicó de cara a Vidal. Fue apenas un capítulo más de la sociedad Massa-Vidal en la provincia de Buenos Aires, y del objetivo en común Macri-Massa por reconstruir el peronismo post kirchnerista sin Cristina de Kirchner ni Scioli en el horizonte. Vidal llegó acompañada por Federico Salvai (secretario de Gobierno) y Alex Campbell (subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales). La gobernadora fue la única oradora junto a De la Torre. En su discurso, el primero tras la recaptura de los prófugos del triple crimen de la efedrina, aseguró que en materia de narcotráfico "durante muchas años la política miró para otro lado o fue cómplice" y afirmó que su Gobierno buscará al prófugo Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el jefe de los evadidos del penal de General Alvear. La mandataria advirtió además que "la corrupción y el narcotráfico en las fuerzas de seguridad y en el Estado es el resultado de una política que quiso mirar para otro lado o fue cómplice" y aclaró que su gestión no va a hacer "ninguna de las dos cosas". Los intendentes del peronismo bonaerense iniciaron un paulatino proceso de abandono de Scioli. Derrotado como candidato a presidente, y también responsable por omisión de la candidatura de Aníbal Fernández, el exgobernador no participa por ahora del proceso de reorganización del peronismo. La presunta Liga de
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Gobernadores del PJ nunca entró en escena para respaldar a Scioli. Y ese vacío es aprovechado por Macri vía Rogelio Frigerio, el ministro del Interior encargado de abrochar un "new deal" con los mandatarios provinciales del PJ. Esta noche, en Ezeiza, un grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires se reunirá para evaluar el futuro del PJ en la era Macri. Será el primer encuentro después de la reunión que el salteño Juan Manuel Urtubey mantuviera con Massa y Diego Bossio el viernes pasado en Pinamar. La cumbre de peronismo post kirchnerista se celebrará en El Mangrullo, el restorán propiedad del intendente de Ezeiza, donde confluirán entre otros Julio Pereyra, jefe comunal de Florencio Varela y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM); el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; además de Insaurralde, Menéndez y el exjefe municipal de La Matanza y presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza. Vidal, y Massa sobrevuelan ese proceso de reorganización del peronismo. En la última semana de enero, el Presidente y el jefe del Frente Renovador irán juntos a buscar inversiones al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
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"Esta es la oportunidad para purgar a la policía", se le oyó decir el jueves pasado al flamante ministro de Gobierno de Buenos Aires, Federico Salvai, luego de enterarse de una serie de sospechas de complicidades de sectores infieles de la policía o ligados con narcos que habrían dejado libre el camino para que los hermanos Martín y Cristian Lanatta, junto con Víctor Schillaci, escaparan hacia la provincia de Santa Fe. Para ese entonces ya habían pasado 11 días estériles de búsqueda desde que el trío de condenados se había escapado, con complicidad de sus carceleros, de la prisión más segura del Servicio Penitenciario provincial.
Desde que había asumido la gobernación, María Eugenia Vidal sabía que no iba a ser fácil manejar a la policía, en primer lugar, y luego, al Servicio Penitenciario. Las primeras medidas para combatir el delito se conocieron con la declaración de la emergencia en seguridad y la designación del nuevo jefe de policía, Juan Pablo Bressi, de 49 años, quien se desempeñaba al frente del área de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de la fuerza.
En el decreto de declaración de la emergencia firmado por Vidal, se explicó que sólo será por un año y de inmediato se giró a la Legislatura.
Cabe recordar que la provincia ya había estado en emergencia por la seguridad entre abril de 2014 y abril de 2015. Esa medida le permitió al entonces gobernador Daniel Scioli agilizar los tiempos y contar con más fondos -sin el obligado requerimiento de licitaciones- para la compra de armas, patrulleros, equipamiento y financiar la incorporación de 25.000 uniformados provinciales y 18.000 policías municipales.
Una deuda de $ 2.000.000.000
Estos gastos los vivió con mucha bronca Vidal cuando apenas asumió vio las cuentas en rojo. Sólo en el Ministerio de Seguridad habían dejado una deuda de unos $ 2.000.000.000. Ayer la gobernadora admitió públicamente con preocupación que, por falta de fondos en dicha cartera, están vencidos el 40% de los chalecos antibalas de los casi 90.000 policías que deben vigilar las calles de la provincia.
"Creemos que la policía bonaerense necesita un proceso de reforma sostenido en el tiempo, que tiene que ver con dignificar la carrera policial para poder controlar y exigir. Tuvimos una experiencia exitosa en la Policía Metropolitana; les dimos buenos sueldos, obra social. O sea, que se dediquen sólo a ser policías, no a custodiar shoppings ni bancos. Eso dio un giro copernicano: nos permitió exigirles. Permitió cortar la cultura de pasar la gorra y manguear en comercios, que hace mucho daño. Por otra parte tenés que rendir un apto físico, si no, no podés trabajar en la calle y se gana menos. Las prácticas de tiro son obligatorias", así afirmaba convencida Vidal sus nobles pretensiones para la "nueva policía bonaerense".
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Para ese entonces, tal vez la gobernadora no habría terminado de leer el informe sobre la difícil situación de su policía: existen varias investigaciones en curso por corrupción a agentes y a oficiales jefes; también la provincia presenta altos niveles de inseguridad seguida de violencia en varios puntos del Gran Buenos Aires, así como en algunas ciudades del interior, y no es una cuestión menor que muchas comisarías alojen a centenares de presos con los consiguientes riesgos de fuga.
Hace pocas horas, el fiscal federal Jorge Di Lello afirmó a la prensa: "Hoy existe evidencia o semievidencia de que hubo puntos de apoyo de alguna organización narcocriminal en la fuga de los condenados".
Ayer por la tarde, desde Santa Fe, la ministra de Justicia de la Nación, Patricia Bullrich, fue clara sobre las pistas falsas que le sembraron a los investigadores para distraer la cacería de los prófugos: "Desde el primer día del caso nos pusieron piedras en el camino". La alusión tuvo un blanco nítido: la policía bonaerense.
Todo indica que no fue suficiente el relevo de jefes de la cúpula en la policía. Para que funcione mejor y no se repitan estos episodios oscuros, decían anoche en La Plata, no sería descabellado que se adopten cambios más rápidos y profundos.
La mirada de la oposición
Alicia Ciciliani
Jefa del bloque del Socialismo
"Se cumplió la meta de recapturarlos vivos. Estamos satisfechos"
Graciela Camaño
Jefa del bloque Frente Renovador
"Hay interrogantes que los funcionarios deben aclarar. Que vengan al Congreso"
Héctor Recalde
Jefe del bloque de diputados FPV
"Hubo torpeza en la captura. Si no fuera por los vecinos, no los agarraban"
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El diputado radical reclamó que el gobierno convoque a todas las fuerzas partidarias y organizaciones de la sociedad para "avanzar" en el saneamiento "de las fuerzas" policiales, "penitenciarias", y de la "justicia". Demián Verduga >[email protected] De un modo todavía cuidadoso, ciertos dirigentes de la UCR, fuerza aliada del presidente Mauricio Macri, han comenzado a marcar públicamente diferencias con el rumbo elegido por el gobierno nacional, particularmente en el manejo político. El diputado Ricardo Alfonsín, que en su momento había cuestionado la decisión del presidente de nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, abogó ayer para que el oficialismo, el nacional y los provinciales, "convoquen a todas las fuerzas políticas para debatir la problemática de la inseguridad". En un comunicado, que circuló luego de que se conociera la detención de los últimos dos prófugos de la cinematográfica triple fuga, el diputado expresó: "Cada vez queda más claro que sin el saneamiento de las fuerzas de seguridad, del servicio penitenciario y de la justicia, no resolveremos los graves problemas de inseguridad". El parlamentario, y presidente del Comité radical de la provincia de Buenos Aires, subrayó la necesidad de convocar al diálogo político, algo que había sido pregonado por Macri durante la campaña electoral, pero que terminó con el Congreso cerrado por decisión presidencial. "Esta tarea no será posible sin un compromiso serio y responsable de todas las fuerzas partidarias, de oficialismo y oposición. Y aun así no será sencillo", dijo Alfonsín. "En este sentido –afirmócreo que la gobernadora María Eugenia Vidal y todos los oficialismos, el nacional y los provinciales, deberían invitar a las fuerzas partidarias e instituciones de la sociedad civil a participar". "No se trata sólo de la elaboración de las políticas sino también de su ejecución y evaluación. Todos deben actuar y responder con lealtad cívica y democrática." "Seriedad y responsabilidad es lo mínimo que la ciudadanía puede exigir a los dirigentes", concluyó el diputado.
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U n grupo de intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires se reunirá hoy, con la presencia del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en un encuentro más de los realineamientos internos del justicialismo tras la derrota electoral de octubre y a días de la reunión que el mandatario salteño Juan Manuel Urtubey mantuviera con el líder de Frente Renovador, Sergio Massa.
El encuentro se realizará esta noche en El Mangrullo, el restaurant propiedad del intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, donde confluirán dirigentes e intendentes bonaerenses, entre ellos Julio Pereyra, jefe comunal de Florencio Varela y titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), y el ex jefe municipal de La Matanza y presidente del PJ bonaerense Fernando Espinoza.
También confirmó su presencia el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, un dirigente que fue ponderado por Cristina Fernández de Kirchner durante sus últimos actos como jefa de Estado y el mandatario que gobierna la provincia con mayor peso electoral de los que se encuentran administradas por el peronismo.
La presencia de Manzur resulta una novedad, dado que a excepción de Urtubey, que se mostró el fin de semana con Sergio Massa y el diputado. Al mismo tiempo, la cena hará las veces de respuesta al encuentro convocado por el líder del Frente Renovador Sergio Massa, que se llevó a cabo en Pinamar el fin de semana pasado, pero también se diferencia del sector partidario alineado con Cristina Fernández Kirchner que al día de hoy aún no hay realizado ninguna demostración de fuerza.
El antecedente
El último viernes, Massa organizó un asado en un barrio privado de Pinamar como primer paso para reagrupar dirigentes de cara a las internas del justicialismo, en su apuesta por consolidarse como un referente opositor del gobierno nacional.
Entre los asistentes estuvie ron los intendentes mendocinos de San Rafael y San Martírt, Emir Félix y Ornar Giménez, emisarios del ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, y del titular del Ejecutivo de Chubut, Mario Das Neves, y dirigentes del Frente Renovador a quienes se les sumaron Bossio y Urtubey, que durante la campaña presidencial de Daniel Scioli ya había demostrado autonomía de la conducción del Frente para la Victoria y que en la previa al encuentro clamó por la construcción de un peronismo "competitivo y racional".
Uno de los asistentes fue el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, que luego del encuentro consideró que la confluencia de esos dirigentes que se dieron cita en Pinamar apunta a "construir un peronismo más moderno, con nuevos dirigentes, que miren hacia adelante", y cargó contra el FpV al asegurar que el espacio que conduce Cristina Fernández de Kirchner "no es peronismo".
Como si los gestos de diferenciación del sector "renovador" fueran insuficientes, ayer por la tarde, De La Torre ofició de anfitrión de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia
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Vidal, durante un acto realizado en Bella Vista donde se lanzó el programa Cultura de Verano, y al que también asistieron intendentes que fueron elegidos en las listas del FpV.
Entre ellos estuvieron Gustavo Menéndez de Merlo y Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, dos dirigentes que se mostraron como "dialoguistas" con el oficialismo provincial para tratar de acercar posiciones en la negociación para la aprobación del presupuesto bonaerense .
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A un mes de la asunción de las autoridades del PRO en la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, todavía no se terminaron de armar los equipos de gestión de los ministerios de Educación respectivos –como ocurrió en otras carteras–, pero ya hay algunos nombres oficializados que, junto con las declaraciones de los funcionarios, permiten avizorar las políticas hacia las aulas que se verán en los próximos años. Esteban Bullrich saltó de la cartera educativa porteña a la nacional con parte del equipo que lo acompaño en los últimos seis años, pero resignó a María Soledad Acuña, quien lo reemplazará en el cargo; y a Alejandro Finocchiaro, quién será el director general de Cultura y Educación de la gobernadora María Eugenia Vidal. Al Palacio Pizzurno, Bullrich se llevó de Ciudad a Diego Marías (ex director de Coordinación Legal e Institucional, ahora jefe de Gabinete); Max Gulmanelli (ex subsecretario de Gestión Educativo y Coordinación Pedagógica, designado secretario de Fortalecimiento Educativo); María de las Mercedes Miguel (ex directora de Planeamiento e Innovación Educativa, ahora secretaria de Innovación y Calidad Educativa) y Ana María Ravaglia (ex Unidad de Proyectos Especiales, ahora subsecretaria de Enlace Institucional). Otros que ya acompañaban a Bullrich y lo seguirán haciendo son Hugo Martini y Agustín Bavio, como asesores en comunicación, y Marcelo Cugliandolo, ex director General de Educación Superior de la Ciudad, desde ahora subsecretario de Políticas Socioeducativas. Los que se suman, algunos debutantes en la función pública, son el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, Albor Cantard, como secretario de Políticas Universitarias; el ex futbolista de Boca Juniors, Carlos Mac Allister, como secretario de Deportes; y Félix Lacroze, subsecretario de Coordinación Administrativa. Otros designados son Danya Tavela, subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias; Orlando Moccagatta, subsecretario de Deportes y Alto Rendimiento; Luis Mesones, de Educación Física; Gabriel Sánchez Zinny, en la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Educacion Tecnológica; Guillermo Fretes, como gerente general de Educ.ar; y Cecilia Veleda, a cargo del Instituto Nacional de Formación Docente. De Fretes sólo se conoce que viene de ser gerente de móviles de Despegar. com, pero Veleda y Sánchez Zinny sí tienen antecedentes vinculados a la educación. La primera viene del área educativa del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); y el segundo, aunque es economista, se especializó en la convergencia de educación y tecnología. En Pizzurno también se oficializó llegada de Elena Duro, proveniente de Unicef, para dirigir el proyectado Instituto Nacional de Calidad y Equidad Educativa; y de Claudia Romero, especialista en Educación y directora del área en la Universidad Torcuato Di Tella, como subsecretaria de Innovación y Mejora de los Aprendizajes. Las primeras medidas adoptadas por Bullrich permiten advertir que dará una fuerte impronta al Consejo Federal de Educación, el órgano que lo reúne con sus pares de las provincias, y que –como ocurrió en la gestión de Alberto Sileoni– sirve para consensuar políticas generales que luego se bajan a cada distrito. Tan federal sería ese rol que la primera reunión se hizo el 29 de diciembre en La Plata y se anunció que la próxima será el 29 de febrero (fecha de inicio de clases) en Jujuy. En el encuentro inicial, además de las presentaciones, Bullrich anticipó "una serie de desafíos para los próximos años de gestión: fortalecer la formación y capacitación docente; garantizar la obligatoriedad de la sala de tres años en todo el país; mejorar los aprendizajes; crear un instituto de evaluación educativa; articular la universidad con el secundario y llevar Internet a todas las escuelas del país". En la última semana, Bullrich visitó La Rioja, Catamarca, Mendoza y San Juan acompañado por Sánchez Zinny y Gulmanelli, y en todas esas provincias, al hablar con los medios de comunicación y funcionarios, insistió en la calidad educativa y el rol del docente. "Hay que volver a darle al maestro un lugar de privilegio dentro de la sociedad. Deseo poder aportar una gota del sudor de (Domingo F.) Sarmiento a la Nación Argentina", dijo por ejemplo desde las tierras sanjuaninas.
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En los distritos porteño y bonae- rense, la política educativa y los funcionarios todavía son una incógnita (de hecho, ni siquiera hay información en las páginas web). La ministra porteña Acuña es licenciada en Ciencias Políticas, viene de ser la subsecretaria de Equidad Educativa de Bullrich y antes había acompañado a Vidal en el Ministerio de Desarrollo Social. En la cartera educativa se le reconocen como propios los planes "Familias a la Escuela" y "Terminá la Secundaria", que propiciaba la finalización de estudios para adultos. Todavía se desconoce quién la secundará y en la primera reunión pública con los 17 gremios docentes por la paritaria fue acompañada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, un hecho que algunos sindicalistas consideraron positivo, porque Mauricio Macri no lo había hecho en sus ocho años de gestión. En la provincia, Vidal designó al ex subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente de Bullrich, Finocchiaro, quien llegó al ministerio en 2011, pero ya había estado antes, hasta 2009, cuando debió renunciar por haber recomendado al acusado de espionaje Ciro James. Ahora como director general de Cultura y Educación, sus primeras declaraciones apuntaron a mejorar la evaluación de docentes, directivos y alumnos y a fortalecer la escuela pública. "Nosotros tenemos dos grandes misiones –anticipó–. Una es volver a poner a la escuela en el centro de la escena, y la otra, jerarquizar a los docentes. Sin embargo, es importante que empecemos a tomar conciencia de que la provincia de Buenos Aires ha dejado de ser la hermana mayor rica del país. A nosotros nos es muy difícil decir que vamos a construir sobre lo construido, porque lo que hemos encontrado aquí es una carencia enorme de políticas educativas en los últimos años; es decir, necesitamos la ayuda de este Consejo, y necesitamos la ayuda de la Nación si queremos volver a poner en valor a la escuela. Ya hemos hablado con el ministro Bullrich y él nos ha escuchado." Según supo este diario, como segundo de Finocchiaro irá Sergio Siciliano, otro ex funcionario de la cartera educativa porteña: dirigió el Instituto de Evaluación Integral de Calidad y Equidad Educativa. También preside La Generación, un grupo de debate de ideas del PRO. Como jefe de Gabinete de la cartera educativa bonaerense asumirá Javier Mezzamico, otro ex funcionario porteño, entonces como director general de Personal Docente y No Docente. Otros ya designados son María José García Santillán, subsecretaria administrativa, y Manuel Vidal, en Políticas Docentes y Gestión Territorial. « Paritaria: aún no hablan de números pero sí de pretensiones Menos de 30 días hábiles quedarán para el inicio oficial de clases –el próximo 29 de febrero– cuando el ministro de Educación Esteban Bullrich y los cinco gremios docentes de alcance nacional vuelvan a reunirse la última semana de este mes, en el tercer encuentro por la paritaria. En las primeras dos citas –la última fue el jueves– no se habló de números, aunque sí de pretensiones. Eduardo López, secretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), contó a Tiempo que le plantearon al ministro que buscarán recuperar el poder adquisitivo arrebatado por la devaluación, la quita de subsidios al transporte y la suba de los servicios públicos y los combustibles. María Lazzaro, secretaria general adjunta del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), también habló de "una recomposición acorde a lo que se perdió". El viernes, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, sí dio un número y anticipó que solicitarán un incremento salarial del 35% como piso para 2016 y que no descartan el pedido de apertura semestral de paritarias. "Vamos a tener un año difícil para discutir la paritaria pero no vamos a resignar salario. No aceptaríamos ningún número por debajo del 35%", señaló la dirigente gremial en diálogo con Radio América. Consultado por este diario, Lazzaro también mencionó que en el encuentro del jueves todos coincidieron en que las reuniones serían más frecuentes que antes, que se buscará garantizar el inicio de clases el 29 de febrero y que en la próxima se buscará "no crear expectativas" sino delinear un número. La paritaria nacional es clave porque sirve como referencia y piso para las que se realicen en cada provincia. Los dirigentes se llevaron el compromiso de Bullrich de discutir con el Ministerio de Economía el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias; la rectificación del decreto de necesidad y urgencia que retrotraía el Ministerio de Educación a épocas del menemismo; la continuidad de los planes sociales como el FINES, el Centro de Atención a la Infancia y de Atención juvenil; las orquestas infantiles y radios escolares. Además de CTERA y SADOP, en las reuniones participan las conducciones nacionales de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Al margen de lo salarial, se conformará una comisión pedagógica educativa y del convenio colectivo. dialoguista Esteban Bullrich lidió en los últimos seis años con los sindicatos docentes desde su cargo al frente del Ministerio de Educación porteño. Ahora en la cartera educativa nacional, los dirigentes le reconocen su disposición al diálogo (los convocó a reunirse al día siguiente de asumir) y que sea una persona accesible (suele dar un número de teléfono celular para que lo llamen sin intermediarios).
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12 de enero de 2016
La cacería humana que puso en alerta a todas las fuerzas de seguridad del país durante los últimos 15 días terminó ayer con la recaptura de Cristian Lanatta y Víctor Schillaci en la provincia de Santa Fe. Estaban escondidos en el mismo pueblo donde el sábado cayó el otro evadido del penal de General Alvear, Martín Lanatta, y se entregaron sin disparar un solo tiro. Durante la tarde fueron trasladados a Buenos Aires. Al cierre de esta edición permanecían alojados en el penal de máxima seguridad de Ezeiza.
Más allá de que el domingo se había visto un gran despliegue de Gendarmería en la localidad de Helvecia, el escenario de esta doble captura volvió a ser Cayastá, un poblado de menos de cinco mil habitantes ubicado a 82 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.
Fuentes de la investigación explicaron que las detenciones se realizaron en el predio del molino arrocero Spalletti, ubicado sobre la ruta 1, a 500 metros de donde fue detenido el otro acusado del triple crimen de General Rodríguez.
Todo comenzó cuando Martín Franco, un peón de esa firma, iba a hacer su labor diaria, aunque por precaución pasó primero por la comisaría de Cayastá para avisar que iba a estar en un lugar donde los prófugos podrían esconderse.
Su paranoia fue muy certera. Franco inspeccionó el galpón de lejos y al no notar nada raro entró, pero se encontró a los hombres más buscados del país apuntándolo con una pistola 9 milímetros. "Me tomaron de sorpresa", explicó a los medios.
Los prófugos le dijeron que "me quedara tranquilo y que colaborara con ellos". Estaban sucios y bastante desmejorados en relación a las fotos que circularon en las últimas semanas por los medios. "Me pidieron agua y comida", dijo.
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"Me di cuenta enseguida que eran ellos pero me hice el que no sabía nada. Me dijeron ‘no te hagas el tonto que vos sabés quienes somos nosotros’, pero a pesar de todo me trataron bien", afirmó.
Más allá del buen trato, los prófugos le recomendaron que no hiciera "ninguna macana", porque ya se habían "agarrado a los tiros" y estaban dispuestos a usarlo de escudo humano.
Sin embargo, la policía tomó nota de la advertencia previa de Franco y al poco tiempo se acercó a inspeccionar el molino. Al descubrir a los prófugos en el lugar se dispuso un operativo de captura.
Las amenazas de Lanatta y Schillaci quedaron en la nada. Más allá de estar armados con la 9 milímetros y otras armas largas, cuando los efectivos irrumpieron en el galpón se entregaron sin disparar un solo tiro.
"Los dos prófugos están detenidos. Los han detenido las Tropas de Operaciones Especiales de la Policía de Santa Fe", expresó el vicegobernador santafesino Carlos Fascendini a Radio del Plata.
"La Provincia de Santa Fe demostró estar siempre dispuesta a colaborar, comprometida con este asunto", agregó al rechazar las versiones que apuntan a su gobierno como la fuente de la falsa captura del sábado, que dejó en ridículo hasta al presidente Mauricio Macri.
Tras las detenciones, el juez federal Sergio Torres dispuso el traslado inmediato de los sospechosos a Comodoro Py, mediante un fuerte operativo de las fuerzas federales.
Los prófugos estuvieron varias horas alojados en la Unidad Regional VII de Helvecia hasta que se los llevó en helicóptero al aeropuerto de Sauce Viejo. Alrededor de las 17 aterrizaron en Aeroparque y los llevaron ante el juez, quien los notificó sobre las actuaciones en su contra y les ofreció algo para beber al verlos con claros signos de deshidratación.
Humberto Próspero, uno de los abogados de los detenidos, contó que estos le "agradecieron al juez y a las fuerzas de seguridad estár con vida".
Terminada la diligencia judicial, los ex prófugos fueron llevados al penal de Ezeiza, donde se les realizó una revisión médica para determinar si estaban en condiciones de declarar.
Al igual que Martín Lanatta, los dos nuevos detenidos tendrán muchas visitas judiciales. Desde su fuga, el 27 de diciembre, los condenados por el triple crimen homicidio Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, acumulan siete causas penales.
En principio, deben rendir cuentas ante el fiscal de Azul Cristian Citterio por la fuga de la cárcel de General Alvear, en la que se les imputan los delitos de evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad.
También se los investiga por doble homicidio agravado en grado de tentativa de los policías bonaerenses Lucrecia Yudati y Fernando Pengsawath, atacados en Ranchos el 31 de diciembre a la madrugada. Ese hecho es investigado por el fiscal de Brandsen Mariano Sibuet.
Por otro lado está la causa que lleva el propio juez Torres junto a los fiscales Jorge Di Lello y Diego Iglesias para establecer si los prófugos tuvieron ayuda o soporte de una organización narco en su fuga.
La justicia federal de Santa Fe también los investiga por el tiroteo en esa provincia en el que resultaron heridos dos gendarmes que los buscaban, así como también por el robo de una camioneta de esa fuerza, armas y chalecos antibalas.
En Santa Fe tienen otras tres causas: la que involucra al ingeniero agrónomo Juan Ignacio Reynoso, a quien tuvieron cautivo en su casa de la capital provincial por tres días y le robaron su camioneta; el robo de una camioneta Toyota Hilux, luego de volcar la Amarok de Reynoso, y privación de la libertad del productor agropecuario Héctor Ferreira; y la privación de la libertad del peón de la arrocera
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Spalletti, única causa en la que no está involucrado Martín Lanatta por haber sido capturado dos días antes. «
Miedo
En su entrevista con el juez federal Sergio Torres, en su despacho de los tribunales de Comodoro Py, Víctor Schillaci le dijo que tiene “miedo de que lo maten dentro de un penal”. Eso sucedió antes de que fuera trasladado al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde los tres prófugos estarán alojados en distintos pabellones.
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Esta vez no hubo festejos por Twitter y la conferencia de prensa llegó luego de que los ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, hubieran visto con sus propios ojos a los apresados, Cristian Lanatta y Víctor Schillaci. Nadie quiso arriesgarse a un nuevo papelón, como el que protagonizaron el gobierno de Mauricio Macri y la administración de María Eugenia Vidal con el anuncio de la detención de los fugados por el triple crimen de General Rodríguez sin que hubieran sido efectivamente capturados. “Tuvimos muchos problemas, muchos sinsabores, muchas pistas falsas y muchos intentos de desviar esta investigación desde el primer día”, admitió “La Piba” ayer ante los micrófonos. Desde el Ejecutivo santafesino expresaron su descontento con el tratamiento del macrismo con la detención de los presos y deslindaron responsabilidades.
El escándalo del pasado sábado puso al macrismo a la defensiva, y lo que ayer debió ser un festejo por la captura de los fugados de General Alvear, se transformó en alivio. Cada uno de los 15 días que los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci eludieron a las fuerzas de seguridad, fueron puro daño para el macrismo. En un principio Vidal y Ritondo se hicieron cargo de comunicar los pormenores del caso, más allá del apoyo del Ministerio de Seguridad que comanda Bullrich. La provincia actuó como un dique para que el barro no llegara hasta los pies de Macri, pero con el cambio de jurisdicción, la Nación tomó un papel protagónico en la persecución de los reos. “El de hoy es un primer paso, es el inicio de un camino. Tenemos mucho que luchar en una lucha que va a ser muy difícil, que nos va a llevar tiempo, donde vamos a tener dificultades pero tenemos nuestro compromiso de ir a fondo”, explicó Vidal. Un asesor del partido amarillo tradujo los dichos de la gobernadora. “De estas nos vamos a comer varias, pero no nos parece algo tan grave”, comentó. En Casa Rosada maldijeron por las “mil pistas falsas que aparecieron” y al tiempo apuntaron contra el sistema penitenciario. “Es lamentable lo que ocurrió, y tampoco hay comunicación eficiente entre las distintas fuerzas de seguridad”, reconocieron. “Al menos quedó demostrado que la fuga no fue un pago de favores de ningún tipo”, comentaron. Por la errónea confirmación de la captura, miraron hacia Bullrich. “No nos dejamos llevar por los tiempos de la televisión, fue nuestra propia ministra la que le confirmó al presidente que los prófugos estaban en la comisaría”, le dijeron a Tiempo. Desde el socialismo santafesino defendieron el
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accionar del gobierno y descargaron responsabilidades en Nación. “Siempre informamos que uno de los prófugos había sido detenido, qué pasó en el medio, no lo sabemos. Tal vez alguien metió la cola para hacerle pisar el palito a Bullrich”, conjeturaron. “La idea de que los hubieran detenido y soltado no sólo es absurda sino también malintencionada. Los presos se le escaparon a ellos, estuvieron una semana dando vueltas en Buenos Aires y resulta que los palos nos los ligamos nosotros. Es todo ridículo”, se indignaron en el gobierno santafesino. “Encima después se felicitaban entre ellos. Nuestro estilo es poner la otra mejilla y por eso seguimos laburando honestamente. Al menos tuvimos final feliz”, señalaron.
El mal paso de Bullrich
Después del papelón con los tres presos detenidos el sábado, que en un tris se transformaron en uno, la ministra de Seguridad llegó hasta la comisaría de Cayastá, donde había sido alojado provisoriamente Martín Lanatta. Según admitió Bullrich en diálogo con un canal de televisión, tuvo contacto con el detenido y eso puede traer graves consecuencias para la posterior investigación. El diálogo con Lanatta se produjo sin que estuvieran presentes el juez de la causa ni el fiscal algo que puede derivar en la nulidad de lo de declarado por el fugado. Ayer, Cristian Ritondo y “La Piba” estuvieron en la misma comisaría que Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, pero sin controles judiciales en el lugar. Ese mal paso que podría aliviar la situación de los condenados. «
En Twitter, a diferencia del sábado, hubo un sonoro silencio
Esta vez no hubo Twitter. A diferencia del papelón que hicieron el sábado pasado, cuando anunciaron la captura de los tres prófugos cuando quien el único que había caído era Martín Lanatta, ni Mauricio Macri ni Gabriela Michetti ni María Eugenia Vidal se prodigaron ayer elogios a través de la red social que suelen frecuentar a diario.
Los únicos que se atrevieron a los 140 caracteres -y más- fueron los responsables políticos de dos áreas que, desde hace poco menos de dos semanas, aparecen cuestionadas por la comedia de enredos en que se convirtió la triple fuga de la cárcel de General Alvear: los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich (Nación) y Cristian Ritondo (provincia).
Ayer, el Twitter de Macri mantenía estático una felicitación a la familia Rodríguez Larreta por el nacimiento de Serena, la hija del actual jefe de Gobierno. En tanto, el de Vidal y el de Michetti estaban clavados en sus posteos del sábado, en la que se deshicieron en agradecimientos al "trabajo en equipo" de las dos capturas de... hoy.
12 de enero de 2016
Martín Lanatta anunció que en un futuro impreciso colaborará con la justicia para explicar por qué se escapó de la cárcel de General Alvear, en la que estaba cumpliendo una condena a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez. Ayer, cuando el fiscal de Azul Cristian Citterio lo entrevistó en el penal de Ezeiza, donde ahora está detenido, se negó a declarar por consejo de sus abogados.
Es habitual que alguien sobre quien pesan cargos derivados de un supuesto raid delictivo cometido durante la fuga rechace brindar explicaciones apenas 48 horas después de ser arrestado. Ello no genera presunciones en su contra y, aunque así fuera, Lanatta está condenado a la pena más grave que contempla el Código Penal.
Sus abogados podrían utilizar la exposición mediática que le generó la duración de la fuga para llamar la atención sobre la causa madre, la condena por los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Por estas horas, está en construcción la argumentación que liga el pedido de revisión de la condena –a partir de la supuesta debilidad que invocan los defensores sobre las pruebas de cargo– y el singular escape de la cárcel bonaerense.
"Dijo que en un futuro cercano iba a colaborar", anunció el fiscal Citterio. Los abogados que lo defienden –encabezados por María Elizabeth Gasaro– ya tienen en claro qué fue lo que pasó y qué es lo que, cuando lo consideren apropiado, le harán declarar. Mientras duró la fuga, los abogados deslizaron que en rigor no se había tratado de un acto voluntario. Y uno de los hermanos de Víctor Schillaci, Franco –hoy también detenido por el delito de encubrimiento– deslizó que les habían "abierto la puerta" para hacerlos "aparecer muertos" porque "no podían matarlos en la cárcel". Pero nada de ello ocurrió.
Por lo pronto, uno de los integrantes de ese equipo de defensores, Humberto Próspero, movió la primera pieza de la estrategia procesal. Le pidió al juez federal Sergio Torres una suerte de unificación de dos causas, la fuga y el episodio del tiroteo con policías bonaerenses en un retén en la localidad de Ranchos. Pero Torres es un juez federal, y está en la causa por una denuncia presentada por el gobierno nacional sobre el supuesto apoyo que le habrían prestado –a él y a los otros dos prófugos– organizaciones de narcotraficantes todavía no identificadas. El planteo parece tener pocas posibilidades de prosperar.
En términos concretos, la acumulación de causas les permitiría a los defensores batallar en un solo frente. Pero a menos que se pueda demostrar que hubo sostén narco para la fuga y la logística posterior, probablemente Torres deje de intervenir, más tarde o más temprano, en los expedientes. Todo lo que ocurrió tuvo escenarios geográficos ajenos a la Capital Federal, y Torres es juez federal en el distrito porteño.
La defensa de Lanatta pidió a Torres que le reclame la inhibitoria a los tribunales penales de Azul y Coronel Brandsen. Pero la causa que instruye Torres está en "pleno trámite" y más allá de las imputaciones genéricas, no hay un avance que explique por qué los tres recapturados están detenidos a su disposición. Ni Martín Lanatta, ni su hermano, ni Víctor Schillaci fueron siquiera indagados en el expediente sobre los supuestos vínculos con organizaciones narcocriminales.Sin embargo, el juez anotó las detenciones de los prófugos a disposición de todos los juzgados que ordenaron sus arrestos. Los tres recapturados estarán separados entre sí y del resto de los presos, pero en el mismo penal, el de Ezeiza. Y bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. «
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
"Hicimos el gol en el último minuto del alargue." La frase corresponde a un alto funcionario nacional y evaluaba de esa manera el final de la fuga de los tres presos de General Alvear.
El resultado es exitoso para el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo porque se trató de un ostensible desafío del delito y el narcotráfico a una administración que tenía apenas 15 días en el momento de la fuga. Había sido un desafío doble.
Sobre todo porque se lo hicieron a un gobierno que había planteado desde la campaña electoral que la lucha contra el narcotráfico es una de sus tres prioridades. El levantamiento del cepo al dólar, sin mayores sobresaltos, y ahora la captura de los tres prófugos fueron, tal vez, los dos mejores resultados concretos que puede ofrecer la nueva administración.
Sin embargo, la fuga y la posterior excursión de los delincuentes más buscados del país dejaron muchos interrogantes sobre las complicidades con el tráfico de drogas. Las hay en las fuerzas de seguridad y también existen pruebas de que sectores del Poder Judicial están vinculados al narcotráfico. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó ayer a una esfera de la que se habla poco: la política.
En rigor, ni los uniformados ni la Justicia podrían moverse tan fácilmente en sus relaciones oscuras con los narcotraficantes si no existiera la protección de influyentes sectores políticos.
Nadie puede ignorar a estas alturas que un ex jefe de Gabinete del gobierno de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández -que fue antes ministro del Interior y Seguridad-, está seriamente involucrado en una investigación por el tráfico de efedrina. Los trasiegos con esa droga (esencial para la fabricación de metanfetamina o éxtasis) significaron un negocio de 500 millones de dólares. Los que acusan a Aníbal en ese expediente son importantes ex funcionarios de su propio gobierno.
La declaración más explícita contra el involucramiento de Aníbal Fernández en el tráfico de efedrina fue la del ex subsecretario de la Sedronar Gabriel Yusef Abboud, quien le dijo a la jueza María Servini de Cubría que Fernández impidió siempre resolver el problema de la importación de esa droga, que luego era contrabandeada a México.
El testimonio de Martín Lanatta ante el periodista Jorge Lanata señaló a Fernández como autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, que significó la muerte de tres empresarios de laboratorios farmacéuticos que importaban efedrina para incorporarla luego al mundo de la droga.
También está prófugo desde hace cuatro años Ibar Pérez Corradi, porque la justicia argentina le armó una causa local cuando estaba por ser extraditado a los Estados Unidos, donde está acusado de traficar heroína. Pérez Corradi se benefició de la legislación nacional que señala que un argentino no puede ser extraditado si tiene una causa abierta en el país.
En la causa local, la Justicia le dio la libertad condicional. Pérez Corradi desapareció en el acto. Pérez Corradi está sindicado como el cerebro de la banda que integraban los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, condenados a cadena perpetua como autores materiales del triple crimen. Sicarios, en fin.
Maridaje siniestro
12 de enero de 2016
En ese maridaje entre política y Justicia debe interpretarse la acción sospechosa de las fuerzas de seguridad. Capturados los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Schillaci, corresponde insistir con algunas preguntas.
La primera de ellas: ¿cómo fue posible que se fugaran de un penal de extrema seguridad por la puerta principal, empujando un auto viejo y destartalado y con un revólver de juguete? Ni siquiera guardaron las apariencias construyendo un túnel o rompiendo una ventana. El Servicio Penitenciario Bonaerense estuvo siempre sospechado (y el nacional también) de estrechas vinculaciones con el narcotráfico. No se trata sólo de una complicidad argentina. Basta observar la experiencia de Colombia o México para establecer la conexión permanente entre el narcotráfico y los guardicárceles. La fuga de los Lanatta y Schillaci confirmó que esa complicidad no sólo existe; también es descarada.
¿Por qué la policía de Buenos Aires se movió con la ingenuidad y la impericia de los boy scouts? Los prófugos recorrieron gran parte de la zona sur de la provincia (Quilmes y Berazategui, sobre todo) y visitaron a familiares y amigos, como si se desplazaran por zonas liberadas. Mientras los sicarios deambulaban cerca, el departamento policial de Quilmes llegó a tener cortes de luz cada media hora, que apagaban todo el sistema de computadoras, y dejaban inservibles las cámaras de seguridad instaladas en las calles. Coincidió con los cortes de electricidad de fin de año, pero los investigadores creen que también hubo complicidad entre los cortes, la policía y los prófugos.
Error de cálculo
Otra pregunta: ¿por qué la Gendarmería erró en 2000 metros las coordenadas precisas que le suministró la AFI (ex SIDE), que estableció la última covacha en la que se refugiaron los tres, en San Carlos Norte, en Santa Fe? Si hubieran seguido con exactitud esos datos, los Lanatta y Schillaci estarían presos desde el jueves pasado. En la noche del miércoles, el servicio de inteligencia le pasó al juez federal Sergio Torres las coordenadas exactas del lugar en donde se encontraban los sicarios. El magistrado se los dio a la Gendarmería, que al día siguiente hizo un megaoperativo... a dos kilómetros de donde estaban. Se fueron rápidamente del lugar. Lo que siguió fue una huida descontrolada, pero llegaron al centro de la ciudad de Santa Fe, donde descansaron en el departamento de un ingeniero al que habían secuestrado.
Más preguntas: ¿por qué la policía de Santa Fe dio dos informaciones distintas sobre la detención de Martín Lanatta? Primero dijo que los tres habían sido capturados y, luego, precisó que había uno solo en poder de las fuerzas de seguridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué, además, hubo tanto recelo entre las fuerzas federales y la policía santafecina? Versiones que no fueron confirmadas señalan que hasta hubo tiroteos entre las dos fuerzas. La ministra Bullrich debió entrar a los empujones a una comisaría santafecina para ver a Martín Lanatta. Y ayer la policía provincial no entregó a los otros dos a la Gendarmería ni a la Policía Federal. Sólo se los entregó a Bullrich en persona. ¿Desconfiaban los policías santafecinos de los federales? ¿De qué desconfiaban?
Los prófugos tuvieron apoyo interno en el penal de General Alvear. Y tuvieron apoyo externo para poder desplazarse entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos impunemente. Al final, vencidos por el cansancio, agotados de correr por campos anegados y llenos de alimañas, fueron capturados.
Hay también, al final del día, sectores honestos de las fuerzas de seguridad que hicieron posible acorralar a los sicarios, pero es evidente que la complicidad se une a la falta de preparación y de recursos.
La última pregunta: ¿para qué se fugaron? ¿Sólo para salir corriendo entre la adversidad y la escasez? ¿O tenían programada una salida al exterior que se frustró a último momento? Sólo los prófugos pueden responder todas las preguntas sobre las complicidades y sobre el plan final de la fuga. Esas respuestas son cruciales para que el Gobierno conozca los infinitos lazos del tráfico de drogas con el propio Estado.
12 de enero de 2016
Después del tiroteo de Ranchos del 31 de diciembre, una serie de pistas falsas y ineficiencias varias, llevaron a los gobiernos provincial y nacional a perder seis días clave buscando a los fugados en el sur del Gran Buenos Aires y la zona de Chascomús. El miércoles 6 la AFI aportó el dato del "aguantadero" en que estaban escondidos desde hacía seis días en San Carlos, Santa Fe. Al día siguiente, "un error operativo" de la Gendarmería llevó a mandar el grueso de las tropas que habían llegado a tres construcciones de ese campo de Santa Fe y un pequeño pelotón al galpón-"aguantadero", ubicado mil metros más al sur. Los Lanatta y Schillaci se dieron cuenta del operativo, hirieron a tres gendarmes y les robaron una camioneta Berlingo. A 40 kilómetros sostuvieron otro tiroteo y tuvieron que huir a pie, sin celulares, comida y agua. Ahí quedaron quebrados en su voluntad de huir. Su entrega era, entonces, una cuestión de resistencia física y días.
En el buche de la puerta de la Berlingo se encontraron dos celulares. En una mochila de Schillaci había un mapa en el que habían señalado las rutas alternativas para llegar al Chaco y desde allí a la Triple Frontera, donde tenían contactos y viejos cómplices.
El juez federal Sergio Torres ordenó a la Policía Federal, la Gendarmería y la AFI que investigaran con quiénes hablaron por teléfonos durante esta cinematográfica fuga.
Descubrieron más de "cien contactos", algunos de los cuales serán capturados o citados a declarar en los próximos días y otros datos que reflejan esas ineficiencias. La Kangoo de la ex suegra de Schillaci atravesó el 31 de diciembre la Capital Federal, a pesar de que tenía un pedido de captura, sin que ninguna fuerza de seguridad la detuviera. Quizás gracias que los fugados llevaban encima dos radios para escuchar las frecuencias de la policía. La agencia que maneja Gustavo Arribas aportó el dato que la Kanggo había sido comprada el 18 de diciembre y que disponía de tres células azules para poder ser manejada. Estos y otros datos confirman que la fuga fue planificada.
En las huellas de las llamadas telefónicas de los fugados se encontró que unos días antes del escape del 27 de diciembre mantuvieron un llamativo silencio. Se trata de la misma estrategia que el fiscal de Delitos Complejos de Mercedes, Juan Ignacio Bidone detectó que los fugados habían usado antes del Triple Crimen de General Rodríguez. Bidone entregó a todos sus colegas y a las fuerzas de seguridad listas de los contactos frecuentes de los teléfonos de Lanatta y Schillaci en la cárcel y de sus allegados y direcciones. Bidone tiene ahora su cargo la investigación para intentar capturar al acusado de ser el ideólogo del asesinato de Sebastián Forza y sus dos socios y financista, Ibar Pérez Corradi (Ver aparte). Pese a que tiene un pedido de captura de EE.UU. Pérez Corradi se encontraría en un país vecino, según fuentes judiciales. También se sabe que cambia frecuentemente de computadoras y que alquila varias casas a la vez.
Una de las líneas de investigación apuntan a gente de Pérez Corradi como apoyo logístico de los fugados durante estos 15 días de fuga. Sin embargo, no tuvieron equipos muy caros.
Lo más sofisticado fue un fusil de combate FAL y haber podido plotear la camioneta con los símbolos de la Gendarmería en Santa Fe. Pero otras fuentes, ponen al "El Faraón" Melnyk en la mira (Ver página 14). Los investigadores suponen que los fugados habían convenido el 27 de diciembre con "El Faraón" volver por más suministros 24 horas después. Pero la AFI advirtió a la Justicia de ese contacto y se frustró esa segunda visita, lo que dejó al trío con menos recursos de los previstos.
12 de enero de 2016
Este tema de los recursos logísticos lleva a la pregunta si detrás de los recapturados está el cartel de Sinaloa del "Chapo" Guzmán. Es cierto que este cartel estaba detrás de la efedrina.
Pero por lo que se conoce hasta ahora parece no haber apoyado la frustrada fuga. En cambio, sí el cartel podría sostener a Pérez Corradi, quien ya hace casi 3 años permanece prófugo.
Contenta con el desenlace de la fuga, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a Aníbal Fernández de "haber puesto permanentemente palos en la rueda de la investigación".
El ex jefe de Gabinete dijo irónicamente que los fugados cayeron por "un bache" en la ruta y no por la investigación. Pero, en realidad, fue recapturados tras un intenso operativo con errores y aciertos.
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
Mientras el río Uruguay continúa su descenso paulatino, el Paraná sigue creciendo y complica la situación en la localidad entrerriana de Victoria, cuyo puerto se encuentra “cubierto de agua en una zona” y en donde hay más de un centenar de personas damnificadas. La Prefectura Naval informó que se esperan “más precipitaciones en la cuenca norte y nuevos desbordes de agua en Corrientes”. Esto puso en alerta a la provincia de Buenos Aires, en particular los municipios de Zárate y Campana. En Chaco cedieron las defensas contra el río Paraguay en Puerto Bermejo y 112 familias tuvieron que ser evacuadas. Por el fenómeno de El Niño, fue prorrogada la emergencia hidrometeorológica, que podría generar nuevas crecidas en marzo.
El desborde de los ríos que provocó inundaciones en las últimas semanas en distintas provincias de la Mesopotamia y el Nordeste argentinos sigue causando inconvenientes en poblaciones ribereñas.
A diferencia de lo que sucede en el resto de los puertos de la costa oeste entrerriana, donde el río Uruguay se mantiene estacionario, Victoria continúa sufriendo la crecida del Paraná, que ayer por la tarde marcó 6,44 metros de altura y tendía a incrementarse. Desde la Prefectura local informaron que luego de una fuerte crecida registrada el último viernes, el río “comenzó a desbordar en algunos sectores del puerto”, y durante el fin de semana estuvo muy cerca de “superar el piso de las dársenas y alcanzar la oficina” de la delegación de la fuerza.
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, recorrió las zonas afectadas junto al intendente local, Domingo Maiocco, y los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Salud, Ariel De la Rosa. Bordet resaltó que las familias evacuadas “tienen toda la contención sociosanitaria adecuada, en el marco de un trabajo articulado”, y destacó su compromiso “para hacerlo también en otras etapas que vienen, por ejemplo cuando haya que retornar a los hogares, para lo cual se necesita esfuerzo logístico”. Por su parte, el intendente Maiocco señaló que “hay que pensar que estos fenómenos que tienen que ver con el cambio climático lamentablemente se van a repetir con mayor frecuencia; eso obliga a pensar una política en el mediano y largo plazo”.
En tanto, las defensas de protección contra las aguas del río Paraguay que protegen al Pueblo Viejo en la localidad chaqueña de Puerto Bermejo cedieron en la madrugada de ayer, por lo que 112 familias debieron ser albergadas en diferentes escuelas y salones comunitarios. “La situación es delicada y preocupante”, señaló el intendente Isaac Velozo. Por su parte,
Francisco Zisuela, presidente del Servicio de Alerta Hidrometeorológico de la Administración Provincial del Agua del Chaco, estimó que en marzo podría registrarse un nuevo pico del Paraná que supere los 7,50 metros y detalló que el fenómeno del Niño se mantendrá hasta el otoño 2016, para desaparecer o neutralizarse hacia el invierno del Hemisferio Sur.
12 de enero de 2016
En la provincia de Buenos Aires, el comportamiento de las aguas en el río Paraná también experimentó un crecimiento en su cauce que podría afectar a Zárate y Campana, por lo que el director bonaerense de Defensa Civil, Luciano Timerman, se entrevistó con autoridades y funcionarios de esos distritos ubicados a la vera del Paraná para interiorizarse acerca de “cómo están preparados y qué les hace falta”, ya que la semana pasada hubo una sudestada. Hay que “estar preparados para lo peor”, aseguró. Del encuentro participaron representantes de las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Económico y Desarrollo Humano, junto con Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y Policía Bonaerense. Mientras el director de Defensa Civil de Zárate, Claudio García, adelantó que “el Paraná tendrá durante enero y febrero valores más altos que los normales”, Timerman remarcó que “Zárate es un municipio que está preparado para poder llevar adelante este tipo de situaciones de manera favorable”. Durante el fin de semana se repartieron en los barrios ubicados cerca del río y en la zona de islas folletos con indicaciones sobre cómo actuar en caso de inundación, y la Subsecretaría de Desarrollo Territorial bonaerense llevó agua mineral y asistió a las familias radicadas en zonas de islas junto con la Prefectura Naval.
En tanto, en Campana, el intendente Sebastián Abella también se reunió con representantes de Bomberos Voluntarios, Gendarmería y funcionarios de distintas áreas vitales del municipio para analizar la situación. “Ante todo queremos llevar tranquilidad a la gente. Estamos tomando medidas de prevención para afrontar cualquier contingencia que pueda afectar a Campana”, dijo el secretario de Prevención Ciudadana, Abel Milano, al finalizar el encuentro.
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
Los fondos buitre y el gobierno argentino volverán a verse las caras en Nueva York. El primer paso en la negociación con la que las nuevas autoridades buscan cerrar la prolongada disputa tendrá lugar mañana por la tarde en las oficinas del abogado Daniel Pollack, el mediador impuesto por la justicia estadounidense. La representación oficial estará encabezada por el secretario de Finanzas, Luis Caputo. El funcionario arribó ayer a Manhattan. La mesa de discusión será solo con la porción más agresiva del 7,6 por ciento de los tenedores de bonos argentinos todavía en default. Se trata de buitres como Elliott, Aurelius y Blue Angel que fueron favorecidos por las sentencias y órdenes del magistrado Thomas Griesa. El gobierno busca cancelar las sentencias emitiendo nueva deuda externa. En paralelo a esas conversaciones, el Ministerio de Hacienda y Finanzas encabezado por Alfonso Prat-Gay está terminando de definir la contratación de un nuevo estudio de abogados para representar al país en la causa.
La última vez que funcionarios argentinos y abogados de los fondos buitre mantuvieron una conversación formal fue en julio de 2014, semanas después de que el bloqueo al mecanismo de pago de la deuda quedó firme. Ese canal de diálogo, narró entonces el ex ministro Axel Kicillof, fracasó ante la negativa de los litigantes carroñeros para solicitarle al juez que suspendiera el retén a los vencimientos de los bonos reestructurados. En ese momento, excediéndose en sus atribuciones, Pollack consideró públicamente que Argentina había entrado en default, lo que valió el cierre definitivo de esa vía.
El gobierno de Mauricio Macri no precisó cómo será el intercambio con los buitres pero es probable que intente obtener algún guiño formal que le permita rehabilitar el acceso al mercado financiero internacional. Los reclamos de los “tenedores de bonos”, la nueva denominación elegida por el Gobierno para los buitres, que tienen sentencias firmes suman aproximadamente 10.000 millones de dólares gracias a la fórmula convalidada por el magistrado neoyorquino. Hasta ayer, Prat-Gay desconocía quiénes serán sus interlocutores. El ministro ya anticipó que Argentina no cuestionará más la sentencia pero sí pretende discutir el cálculo de los intereses.
Prat-Gay no estará presente en la reunión de mañana pero no se descarta que asista el vicejefe de Gabinete y ex titular de Farmacity, Mario Quintana, como sucedió a mediados de diciembre. Caputo estará acompañado en la mesa de negociación por el abogado Lee Buchheit de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton. Prat-Gay afirmó que ese estudio será desplazado de las negociaciones principales en los próximos días. Como todavía no se decidió su reemplazo, el letrado se sumará a la comitiva argentina. Durante su última visita al país, Buchheit consideró que “la decisión de Griesa es aberrante puesto que los fondos especulativos encontraron un arma que nadie había imaginado que iban a tener a su disposición”, y advirtió que “los fondos buitre seguirán estorbando en el sistema financiero internacional durante los próximos diez años”.
Los inversores carroñeros cobijados por Griesa –buitres originales y me too– representan solo una porción del 7,6 por ciento de los bonistas que rechazaron las ofertas de canje de 2005 y 2010. Para
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clausurar definitivamente la disputa se deberá lograr un arreglo con la mayor parte del heterogéneo y disperso universo de inversores carroñeros. El equipo económico pretende clausurar la disputa entregando nuevos títulos en moneda extranjera, un canal facilitado por el bajo nivel de endeudamiento heredado del kirchnerismo.
Los buitres no tienen ningún interés en quedarse con esos bonos que seguramente liquidarán en el mercado internacional en una operación coordinada con bancos extranjeros. Para poner en marcha un acuerdo de esas características, el Palacio de Hacienda deberá impulsar cambios en el plexo normativo que impide ofrecer mejores condiciones financieras a las entregadas durante la reestructuración. En el equipo económico precisaron que la rubricación de los términos en el Congreso llegará recién a partir de marzo y, según reconocen, requerirá una ardua negociación política.
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
CÓRDOBA.- Uno de los problemas que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, deberá atender por estos días es la deuda de las empresas eléctricas con la administradora del mercado mayorista, Cammesa. Según datos de esa compañía mixta, a los que accedió LA NACION, son unos 15.000 millones de pesos (a los que se debe sumar el rojo de las cooperativas). La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) encabeza el listado con 5136 millones de pesos.
El presidente de EPEC, Jorge González, admitió que "hace tiempo" que buscan sincerar los números con Cammesa para avanzar en un acuerdo y establecer un plan de pagos, e insiste en que la provincia viene siendo "discriminada", situación que, espera, se resuelva con la nueva administración nacional. Reconoce una deuda de $ 1876 millones. Ya hubo una reunión y hay una mesa de trabajo en marcha.
La empresa cordobesa es la única integrada del país, ya que genera, distribuye y comercializa electricidad. La deuda que le reclama Cammesa surge de las compras de energía que EPEC hace en el mercado eléctrico mayorista, pero en el medio hay medidas cautelares presentadas por la provincia.
González explicó que la Secretaría de Energía de la Nación tomó decisiones que "implicaron la manipulación del funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista y el abuso de las facultades regulatorias para modificar de manera arbitraria e ilegal el precio de compra de la energía".
Fue cuando la Nación reclamó a las provincias que congelaran los precios de la energía y le fijó a EPEC un precio más alto, con el argumento de que lo podía pagar porque tenía capacidad. González plantea que el Gobierno no aplicó el mismo criterio, por ejemplo, con las distribuidoras Edenor y Edesur, que atienden a la ciudad de Buenos Aires. "Claramente era una posición política", desliza.
Pero EPEC no sólo tiene deudas con Cammesa, sino también acreencias. En un resumen que presentó en una reunión con autoridades de Cammesa hace unos días les reclamó $ 3498 millones. "Las autoridades ahora tienen disposición al diálogo y otro análisis del tema", dice González. También la compañía estatal santafecina, EPE, presentó una cautelar por la misma situación. La empresa tiene una deuda de $ 1700 millones con Cammesa, mientras que la mendocina Edemsa suma 1300 millones.
En el caso de EPEC, hace varios meses que no paga nada a la administradora. Espera que Cammesa le mejore fuertemente el precio que le paga por la energía que genera; las autoridades cordobesas dicen que eas "insostenible" que la situación se extienda y que, en breve, debe haber un "sinceramiento". EPEC vende a Cammesa todo lo que genera (equivalente al 30% de lo que demanda la provincia) a un precio que no cubre los costos y, después Cammesa le revende esa energía a un valor mucho más alto.
Los cordobeses plantean que Cammesa les paga alrededor del 40 por ciento menos que a otros generadores. Plantean que la vara que aplica con cada empresa es diferente: a Edenor y Edesur les cancelaron deuda con un subsidio para evitar su quiebra, mientras que en otros casos entregaba combustible o les traspasaba una central.
12 de enero de 2016
Córdoba firmó con la Nación el primer contrato de venta de energía bajo el paraguas de la Resolución 220/07, que autoriza a Cammesa a pagar un precio diferencial a las generadoras que amplíen sus centrales térmicas. Fue por la central térmica de Pilar; todos los que siguieron fueron mejores y el gobernador Juan Schiaretti está convencido de que en esta nueva etapa habrá cambios. Los expertos -con los que coincide Aranguren- remarcan que si los costos de la generación no se remuneran el sistema entra en riesgo; hoy cubrirían sólo el diez o 15 por ciento. El convencimiento de Schiaretti de que se "transparentará" la ecuación lo hace proyectar, incluso, una posible privatización de la generación en Córdoba. En EPEC el rojo por generación ronda los 300 millones de pesos anuales.
Schiaretti, en su primera gestión, para repotenciar Pilar tomó un crédito de 525 millones de dólares con la Anses a una tasa del 12,5 por ciento anual. Quedan por pagar 50 cuotas y la devaluación impactó en el monto. Además de las ineficiencias de EPEC hay una distorsión de arranque: la deuda es en dólares y la energía se vende en pesos.
Por su lado, fuentes de la Federación de Cooperativas Eléctricas Argentinas (FACE) señalaron a LA NACION que están buscando "un principio de solución para los quebrantos producidos por falta de tarifas". Señalaron que las distorsiones provocaron pasivos "significativos" y deudas no sólo con Cammesa, sino con sindicatos, proveedores y bancos. Resolverlo -dijeron- "no pasa por lo técnico sino por lo político".
Una herencia complicada
15.000 Millones de pesos
Es la deuda que las empresas eléctricas provinciales tendrían con Cammesa, la administradora del mercado mayorista
5136 Millones de pesos
Es la mayor deuda de todas y corresponde a la firma eléctrica de la provincia de Córdoba, EPEC
En 10 años, los subsidios energéticos aumentaron 110 veces y pasaron de $ 1157 millones en 2004 a 128.000 millones de pesos en 2014
En términos de PBI, la cuenta por subsidios se elevó del 0,2% en 2004 al 2,9% en 2014, según un informe de ASAP y el Instituto Argentino de Energía
12 de enero de 2016
Lo explica un gerente de Recursos Humanos de un firma tecnológica. "Nadie va a jugarse hasta mitad de año. Se va a dar un 15 o 20% en el primer semestre y después se verá qué pasa. Eso sí, no habrá aumentos tremendos para no comerse la devaluación", afirma.
Ese es el pensamiento que trasciende, a grandes rasgos, a las grandes empresas locales, que proyectan aumentos salariales de un 30% -tres puntos menos de lo que ya reclaman los sindicatos- para este año, según una encuesta de SEL Consultores.
El relevamiento, que abarcó a 145 empresas líderes entre noviembre y diciembre pasados, afirma que tres de cada cuatro empresas (un 74%, más precisamente) ya tienen proyecciones salariales para el personal fuera de convenio. Sólo 39% fueron ya aprobadas.
Casi el 65% de los consultados por la firma especializada en el mercado laboral estima que los aumentos se darán en dos veces. Ante la pregunta sobre en qué mes deberán iniciarse las negociaciones de convenio para acordar los aumentos salariales, un 55% dice que serán en marzo o abril, mientras que un 16% indica que será antes (este mes y el próximo) y un29%, más tarde (resto del año).
El promedio de ajuste salarial proyectado por las empresas privadas para el año es de 30% (en una franja que oscila entre 28 y 32%), mientras que los sindicatos están exigiendo -siempre, según la mirada de las firmas- un 33%% (una franja de entre 30 y 35%).
"La devaluación de Brasil hace que los salarios allí sean más bajos que en la Argentina. Si los sueldos suben mucho, no habrá espacio para ganar competitividad", sostiene el gerente de la firma tecnológica. "Hoy los niveles de rotación están en los mínimos históricos, porque hay menos actividad y todo el mundo tiene miedo. Por eso habrá un período de wait and see (esperar y ver), que será un marco de aprovechamiento para las empresas", sugiere el ejecutivo.
"Este año va a haber un piso inamovible del 25%", completa otro director de Recursos Humanos de una firma industrial estadounidense. "De acuerdo a la salud de cada sector, habrá luego aumentos de entre 28 y 32%. Este gobierno propone cambiar pero no romper, por lo que no habrá un ajuste por salarios, y ni el empresario ni el sindicalista serán muy duros", anticipa.
De acuerdo con la encuesta de SEL Consultores, un 66% de las firmas relevadas afirma que las negociaciones con los sindicatos serán semejantes a las del año pasado. Sólo un 34% considera que serán más complejas. "¿Qué probabilidad de conflictividad laboral piensa que habrá en 2016?", preguntó la consultora especializada. Un 17% respondió que será alta; en tanto, un 58% estimó que será mediana y un 25%, baja.
Sin embargo, algunos debates ya comenzaron a darse entre los protagonistas del futuro Consejo Económico y Social. "Cada paritaria discute lo que puede discutir, y acá no es sólo la dimensión del salario sino también cuidar el empleo. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos", afirmó días atrás el ministro de Hacienda y
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Finanzas, Alfonso Prat-Gay. La respuesta llegó rápidamente: "Cuando comencemos a discutir, vamos a pedir lo que la inflación haya deteriorado el salario, y para eso no tiene que haber aprietes. Que no quieran meter miedo con eso porque no lo van a conseguir", retrucó el camionero Hugo Moyano.
Prat-Gay ya deslizó que estima un aumento de precios durante este año de 25%, pese a que la devaluación fue aproximadamente de 35%. El ministro busca que las paritarias se enfoquen en las subas de precio futuras y no pasadas, pero parece un deseo difícil de cumplir sin un índice de precios oficial (el Indec pedirá que se usen los de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis) y sin proyecciones del Banco Central. "Si se concreta lo que espera el Gobierno, que proyecta una inflación de entre el 20 y el 25%, las subas deberían estar en ese nivel", afirmó a LA NACION Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal. "Hay que negociar por lo que viene, no por lo que pasó".
Según la encuesta de SEL, las empresas esperan un promedio de inflación para este año del 30%. En tanto, estiman que el tipo de cambio oficial cierre el año en torno a 13,50 pesos. Ayer fue de $ 14,13.
Para el 73% de los consultados, se mantendrá la plantilla de empleados. El 18% aumentará su dotación, mientras que el 9% la disminuirá. Se trata de un cambio de tendencia positivo, pero lejos de los mejores años de incorporación de personal. Entre las expectativas de contratación, mejoran las de analistas y operarios (6 y 4%, respectivamente).
"El aumento salarial va a estar entre el 25 y el 30%; si no, nos quedamos de nuevo sin competitividad y el que viene de afuera te mata. Hay que defender el laburo. No se puede matar a las gallinas de los huevos de oro", afirmó a LA NACION Héctor Méndez, ex presidente de la UIA. Sus palabras anticipan la tensión de cada año entre dos mundos: salario y empleo.
12 de enero de 2016
12 de enero de 2016
ESTAMBUL.- Una gran explosión que sacudió hoy el barrio turco Sultanahmet, una zona turística de la vieja Estambul, causó al menos 10 muertos y 15 heridos, en un caso que es estudiado como un "acto terrorista", según un responsable del gobierno turco.
La explosión, ocurrida a las 10.18 (5.18 en la Argentina), se produjo en el antiguo hipódromo cercano a la basílica de Santa Sofía y a la famosa Mezquita Azul, los dos monumentos más visitados de la ciudad. La explosión se oyó a algunos kilómetros de distancia.
"Sospechamos que es de origen terrorista", dijo una fuente que pidió el anonimato. En tanto, los medios locales señalan que se habría tratado de un atentado suicida, pero no hubo confirmación oficial al respecto.
Turquía vive en estado de alerta desde el doble atentado suicida que causó 103 muertos el 10 de octubre en la estación de trenes de Ankara. Las autoridades atribuyeron su autoría al grupo jihadista Estado Islámico (EI). Por otro lado, el país también sufrió varios atentados terroristas de parte de los rebeldes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), enfrentado con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. El grupo opera principalmente en el sudeste del país y contra fuerzas de seguridad.
Los primeros identificados
La agencia de noticias turca Dogan informó que entre los heridos hay seis alemanes, un ciudadano noruego y uno peruano.
No hay argentinos. El cónsul argentino en Estambul, Ernesto Pfirter, confirmó hoy a Radio 10 que no hay argentinos entre las víctimas de la explosión.