CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MARBURY Y OTROS v. MADISON, SECRETARIO DE ESTADO

5 U.S. 137 (Cranch)

Alegatos: Febrero 11, 1803 – Fallo: Febrero 24, 1803

Los funcionarios de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos pueden ser

citados a declarar con relación a asuntos de dicha secretaría que no revistan

carácter confidencial.

El Secretario de Estado no puede ser citado como testigo en cuestiones que se

refieran a asuntos estatales de carácter confidencial que hayan sido tratados en la

Secretaría. Empero, el mismo puede ser citado a fin de testificar respecto de

cuestiones que no revistan tal carácter.

Se requirió a los funcionarios de la Secretaría de Estado prestar juramento sujeto a

objeciones en referencia a cuestiones relativas a asuntos confidenciales.

Algún punto de partida ha de ser tomado cuando el poder del Ejecutivo respecto a

un funcionario no removible a su voluntad, debe cesar. Tal punto ha de ser el

momento en el cual el poder de nombramiento ha sido ejercido. Y el poder ha sido

ejercido cuando el último acto requerido de la persona que ejerce dichos poderes

ha sido llevado a cabo. Tal acto está dado por la firma del instrumento de

nombramiento.

Si el acto de libramiento resulta necesario para dar validez al nombramiento de un

funcionario, éste ha sido librado cuando es ejecutado, y remitido al Secretario de

Estado para que lo selle, registre y notifique al interesado.

En lo que a nombramiento de funcionarios respecta, la ley ordena al Secretario de

Estado que los registre. Cuando, consecuentemente, los mismos han sido firmados

y sellados, la orden para su registro es emitida, sea que se inserten o no en el

libro, los mismos se encuentran registrados.

Cuando las autoridades de los departamentos del Gobierno son funcionarios

políticos o de confianza del Ejecutivo, simples ejecutores de la voluntad del

Presidente, o que actúan en casos en los que el Ejecutivo posee discreción legal o

constitucional, nada resulta más claro como que sus actos únicamente pueden ser

examinados desde la óptica de lo político. No obstante, cuando una función

específica les ha sido asignada por la Ley, y cuando un derecho individual depende

del ejercicio de tal función, resulta igualmente claro que el individuo que se

considera lesionado tiene derecho a recurrir a las leyes de la nación en busca de

una solución.

El Presidente de los Estados Unidos, al firmar el instrumento correspondiente,

nombró al señor Marbury como juez de paz para el Condado de Washington, en el

Distrito de Columbia, y el Sello de los Estados Unidos puesto allí por el Secretario

de Estado, constituye un testimonio conclusivo de la veracidad de la firma y que el

nombramiento ha sido concluido; y que el referido nombramiento le confiere

derecho legal a ocupar el cargo por un período de cinco años. Teniendo derecho

legal a ocupar el cargo, subsecuentemente tiene derecho al nombramiento, la

denegación de su entrega constituye una violación de tal derecho para lo cual las

leyes de la nación prevén una solución.

Para que el mandamiento resulte una solución apropiada, el funcionario al cual

éste se dirige debe ser uno a quien, de acuerdo a los principios legales, tal

instrumento pueda ser dirigido, y la persona que lo solicita debe carecer de

cualquier otra vía específica de solución.

Cuando un nombramiento de un funcionario público ha sido elaborado, firmado y

sellado y se niega su entrega a la persona que tiene derecho al mismo, un

interdicto de recuperar la posesión del instrumento incoada contra el Secretario de

Estado que se niega a entregar el mismo no resulta el remedio apropiado, puesto

que el interdicto es por la cosa en sí misma, o su valor. El valor del servicio público

no puede ser medido, pues resulta imposible de ser comprobado. Este es un caso

para un mandamiento, ya sea para la entrega del nombramiento o la entrega de

una copia del mismo a partir del registro.

Para habilitar a la Corte a emitir un mandamiento que ordene al Secretario de

Estado la entrega de un nombramiento para un cargo público, debe demostrarse

que ello se realiza en ejercicio de la jurisdicción de apelación o que es necesario

habilitar el ejercicio de la jurisdicción apelada.

El criterio esencial de la jurisdicción de apelación es que la misma revisa y corrige

lo actuado en el marco de una causa ya instituida, y no que la misma crea la causa.

La autoridad que la ley orgánica de la judicatura de los Estados Unidos otorga a

esta Corte Suprema para emitir mandamientos a funcionarios públicos no parece

estar prevista en la Constitución.

Sin lugar a dudas es competencia y obligación de la Judicatura decidir qué es la

ley. Quienes aplican la norma a los casos particulares deben, necesariamente,

analizar e interpretar dicha norma. Si dos normas se encuentran en conflicto entre

sí, la Corte debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una.

Si los tribunales deben observar la Constitución, y la Constitución es una norma

superior a las leyes ordinarias sancionadas por el Legislativo, la Constitución, y no

las leyes ordinarias, debe gobernar el caso al cual ambas resultan aplicables.

En el período de diciembre de 1801, William Marbury, Dennis Ramsay, Robert

Townsend Hooe y William Harper, a través de sus abogados promovieron una

acción judicial contra James Madison, Secretario de Estado de los Estados Unidos, a

fin que éste señale la razón por la cual no se podría emitir un mandamiento que lo

obligue a entregarles sus respectivos nombramientos como jueces de paz para el

Distrito de Columbia.

La moción se fundada en affidávits con relación a los siguientes hechos: que la

presente acción ha sido notificada al señor Madison, que el señor Adams, ex

presidente de los Estados Unidos nominó a los recurrentes para ocupar el cargo de

jueces de paz para el Distrito de Columbia, que el Senado aprobó dichos

nombramientos, que los nombramientos en debida forma fueron firmados por el

referido presidente y que el Sello de los Estados Unidos estaba fijado en debida

forma en los referidos nombramientos por el Secretario de Estado; que los

recurrentes requirieron al señor Madison la entrega de los nombramientos, el cual

no cumplió con lo requerido; y que dichos nombramientos les fueron retenidos;

que los recurrentes solicitaron al señor Madison, en su carácter de Secretario de

Estado de los Estados Unidos en su despacho a fin que éste informe si los

nombramientos fueron firmados y sellados como se dijo; que ninguna información

explícita y satisfactoria les fue proporcionada ni por el Secretario de Estado ni por

ningún funcionario de la Secretaría de Estado; que se presentó una aplicación ante

el secretario del Senado a fin que se certifique la nominación de los recurrentes y

de la aprobación del Senado, el cual se negó a emitir tal certificación, con lo cual

se dictó una orden para que se demuestre la causa dentro del cuarto día.

Habiendo sido tal providencia debidamente emitida – el señor Jacob Wagner y el

señor Daniel Brent, fueron citados a comparecer ante la Corte, y se los requirió que

aporten pruebas, los mismos objetaron prestar juramento, alegando ser

funcionarios de la Secretaría de Estado y que no están obligados a divulgar

ninguno de los asuntos o negocios de la oficina.

Esta Corte ordenó que se tome juramento a los testigos y que sus respuestas sean

consignadas por escrito, empero informaron que cuando las preguntas fueran

formuladas podrían dejar asentadas sus objeciones a cada cuestión en particular,

en caso de tenerlas.

El señor Lincoln, que ofició de Secretario de Estado interino, al momento de

presentarse las circunstancias referidas en los affidávits fue citado a testificar. El

mismo objetó contestar. Las cuestiones fueron planteadas por escrito.

La Corte sostuvo que no se requería la divulgación de ningún asunto confidencial.

En caso de haberlas, el mismo no estaba obligado a responder, y si en caso de

pensar que le fue comunicado algún asunto confidencial, no estaba obligado a

divulgar nada que pudiera incriminarlo.

Las cuestiones planteadas por los abogados son: 1. ¿Puede la Corte emitir un

mandamiento en todos los casos?; 2. ¿Obliga dicho mandamiento al Secretario de

Estado?; 3. ¿En el presente caso puede emitirse un mandamiento a James Madison,

Secretario de Estado?

EL SR. MAGISTRADO PRESIDENTE MARSHALL redacta la opinión de la Corte:

En el último período, según los affidávits presentados ante la Secretaría de la

Corte, se dictó una providencia admitiendo la acción y requiriendo al Secretario de

Estado que señale las razones por las cuales no se podría emitir un mandamiento

en el que se le ordene que proceda a entregar a William Marbury su nombramiento

como juez de paz para el Condado de Washington, en el Distrito de Columbia.

No habiéndose obtenido respuesta, la presente moción se dirige a la obtención de

un mandamiento. Lo particularmente delicado de este caso, la novedad de algunas

de sus circunstancias, y la verdadera dificultad que encierran los puntos

contenidos en el mismo, requieren una exposición completa de los fundamentos

que sostienen la opinión que dará esta Corte.

Estos principios han sido, por el lado de los recurrentes, muy bien fundamentados

desde el estrado. Al emitir su opinión, la Corte partirá en la forma, aunque no en la

sustancia, de los puntos planteados en los referidos argumentos.

Según el orden seguido en el análisis del caso, la Corte ha considerado y decidido

las siguientes cuestiones:

1. ¿Tiene el recurrente derecho al nombramiento que reclama?

2. Si lo tiene, y ese derecho ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio

a esa violación?

3. Si lo provee, ¿es dicho remedio un mandamiento que corresponda a esta Corte

emitir?

La primera cuestión a ser analizada es:

1. ¿Tiene el recurrente derecho al nombramiento que reclama?

Su derecho tiene origen en la Ley sancionada por el Congreso en el mes de febrero

de 1801, referida al Distrito de Columbia.

Tras dividir el distrito en dos condados, el art. 11 de la misma dispone:

En cada uno de los referidos condados se designará cierta cantidad

equivalente de personas discretas para ocupar el cargo de jueces de

paz, de tiempo en tiempo, como el Presidente de los Estados Unidos

crea conveniente, por cinco años.

De los affidávits presentados se desprende que, en cumplimiento de dicha ley, se

emitió un nombramiento a favor de William Marbury para ocupar el cargo de juez

de paz del Condado de Washington, firmado por John Adams, entonces Presidente

de los Estados Unidos, tras lo cual estampó en el mismo el sello de los Estados

Unidos, empero, dicho nombramiento nunca fue entregado a la persona a cuyo

favor fue emitido.

En orden a determinar si el mismo tiene derecho a dicho nombramiento, se

muestra necesario analizar si el mismo fue nombrado para el cargo. En caso de

haber sido nombrado, la ley le permite ocupar el cargo por espacio de cinco años y

tiene derecho a la posesión del documento que lo evidencia, el cual, al estar

completo, se convierte en propiedad suya.

El Art. II, sección 2 de la Constitución de los Estados Unidos dispone:

El Presidente…con el consejo y consentimiento del Senado, nombrará a

los embajadores, a los demás ministros públicos y cónsules, a los

magistrados de la Corte Suprema y a todos los demás funcionarios de

los Estados Unidos cuyos nombramientos no se dispongan aquí de otra

forma…

La sección 3 dispone que “…nombrará a todos los funcionarios de los Estados

Unidos…”.

Una ley sancionada por el Congreso encarga a la Secretaría de Estado la guarda del

sello de los Estados Unidos,

para su custodia y archivo y para que el referido sello sea estampado en

los nombramientos de todos los funcionarios de los Estados Unidos

nombrados por el Presidente, con el consejo y consentimiento del

Senado, o por el Presidente por sí mismo; disponiéndose igualmente

que el referido sello no sea estampado sobre ningún documento

mientras éste no haya sido firmado por el Presidente de los Estados

Unidos.

Las antes indicadas son las cláusulas de la Constitución y las leyes de los Estados

que afectan esta parte del caso. De acuerdo a las mismas, existen tres acciones

distintas que deben considerarse:

1. La nominación. Este acto corresponde únicamente al Presidente y de naturaleza

completamente voluntaria.

2. La elección. Este acto igualmente corresponde al Presidente e igualmente de

naturaleza voluntaria, aun cuando únicamente pueda ser realizado con el consejo y

consentimiento del Senado.

3. El nombramiento. El nombramiento de una persona escogida debe ser, quizá,

considerado como un deber impuesto por la Constitución. “Nombrará”, dice la

norma, “a todos los funcionarios de los Estados Unidos”.

Los actos de escoger y nombrar a una persona designada pueden apenas ser

considerados como uno solo, puesto que la atribución para su realización está

otorgada por dos normas separadas en la Constitución. La distinción entre la

elección y el nombramiento viene a resultar más aparente si se advierte que dicha

previsión se encuentra en la sección 2 del Art. II de la Constitución que autoriza al

Congreso a

por ley, asignar el nombramiento de oficiales de inferior rango ya al

Presidente por sí mismo, a los tribunales de justicia o a los ministros

contemplando así los casos en que la ley requiere que el Presidente nombre a un

funcionario elegido por los tribunales o las autoridades de los departamentos. En

tal caso, emitir un nombramiento vendría a ser un acto distinto al de la elección, y

legalmente, quizá no podría negarse a ejercer tal función.

No obstante, la cláusula de la Constitución que requiere al Presidente que nombre

a todos los funcionarios de los Estados Unidos nunca podrá ser aplicada a otros

funcionarios más que aquellos escogidos por él, sería, sin embargo, difícil negar el

poder del Legislativo para aplicarla a tales casos. En consecuencia, la distinción

constitucional entre la elección del funcionario y el nombramiento del funcionario

escogido, viene a ser, en la práctica, la misma que cuando el Presidente nombra a

funcionarios escogidos por otras autoridades que no venga a ser él mismo.

De la existencia de tal distinción se desprende igualmente que, si un

nombramiento ha de ser atestiguado por algún acto público distinto al

nombramiento, el ejercicio de tal acto público crearía al funcionario, y si éste no es

removible a la voluntad del presidente, igualmente le dará derecho a su

nombramiento o lo habilitará al ejercicio de la función sin el mismo.

Estas observaciones se realizan con el solo propósito de hacer más inteligible

aquellas que se aplican directamente al caso en particular bajo consideración.

En el caso bajo consideración se trata de un nombramiento emitido por el

Presidente, con el consejo y consentimiento del Senado, y ello está demostrado

por el nombramiento en sí mismo y no por otro acto. En tal caso, por tanto, la

elección y el nombramiento resultan, en apariencia, inseparables, siendo

prácticamente imposible demostrar la existencia de un nombramiento más que a

través del instrumento; aun así, el nombramiento no es necesariamente la

elección; aun cuando sea evidencia conclusiva de ello.

No obstante, ¿en qué etapa nos lleva ello a arribar a esta evidencia conclusiva?

La respuesta al referido interrogante parecer ser obvia. Siendo que el

nombramiento corresponde a un acto individual del Presidente, este queda

evidenciado cuando se demuestra que se han realizado todos los actos que éste

debía ejecutar.

En caso que el nombramiento sea considerado como evidencia de una elección, o

incluso ser considerada con constituyendo la elección misma, aun así éste se

considerará completo cuando el último acto a ser ejecutado por el Presidente haya

sido realizado o, posteriormente, cuando el instrumento esté completo.

El último acto a ser ejecutado por el Presidente es la firma del instrumento de

nombramiento. En consecuencia, el mismo ha actuado con el consejo y

consentimiento del Senado con relación a su propia nominación. El tiempo de las

deliberaciones ha concluido. La decisión ha sido tomada. Su elección, con el

consejo y consentimiento del Senado en concurrencia con la nominación, ha sido

realizada, y el funcionario ha sido nombrado. Este nombramiento queda

evidenciado por un abierto e inequívoco acto, y, siendo el último acto requerido de

la persona que lo realiza, necesariamente excluye la idea que éste será con

relación a la elección una transacción incipiente e incompleta.

Debe establecerse un punto en el tiempo en el cual el poder del Ejecutivo respecto

a un funcionario no removible a su voluntad ha de cesar. Este punto en el tiempo

se da cuando la atribución constitucional del nombramiento ha sido ejercida. Y tal

atribución ha de considerarse ejercida cuando el último acto requerido de la

persona en quien se deposita tal atribución ha sido realizado. Este acto está dado

por la firma del instrumento de nombramiento. Esta idea parece haber prevalecido

en el Congreso cuando se sancionó la ley que convirtió a la Secretaría de

Relaciones Exteriores en la Secretaría de Estado. A través de dicha ley, se dispuso

que la Secretaría de Estado guardaría el sello de los Estados Unidos,

para que el referido sello sea estampado en los nombramientos de

todos los funcionarios de los Estados Unidos nombrados por el

Presidente…disponiéndose igualmente que el referido sello no sea

estampado sobre ningún documento mientras éste no haya sido

firmado por el Presidente de los Estados Unidos

La firma constituye una garantía para el estampado del sello en el instrumento de

nombramiento y el gran sello únicamente se estampa en un instrumento completo.

El mismo da fe, a través de un acto ideado para ser de pública notoriedad, que la

firma del Presidente es la verdadera.

El mismo nunca se estampa mientras el instrumento carezca de firma, puesto que

es la firma la que da fuerza y efecto al instrumento, lo cual resulta una evidencia

conclusiva que el nombramiento ha sido realizado.

Habiendo sido firmado el instrumento el subsiguiente deber del Secretario de

Estado está prescripto por ley y no está sometido a la voluntad del Presidente. El

mismo debe estampar el sello de los Estados Unidos en el instrumento y

registrarlo.

Lo expuesto no constituye un procedimiento que pueda ser variado de acuerdo a

la voluntad del Ejecutivo de sugerir uno mejor, sino que sigue un curso preciso

impuesto por la ley misma, y debe ser seguido estrictamente. El deber del

Secretario de Estado es cumplir la ley, y siendo el mismo un funcionario bajo el

poder los Estados Unidos, está obligado a obedecer a las leyes. Su actuación, al

respecto, como bien se ha señalado en el estrado, se da bajo la autoridad de la ley,

y no bajo las instrucciones del Presidente. Es una actuación ministerial a la que la

ley obliga a un funcionario en particular para un propósito en particular.

Debe suponerse que la solemnidad de estampar el sello resulta necesario no solo

respecto a la validez del nombramiento, sino también para que el instrumento está

completo, así, cuando se estampa el sello, el nombramiento ha sido realizado y el

instrumento es válido. La ley no requiere ninguna solemnidad adicional; no se

requiere la ejecución de ningún otro acto de parte del Gobierno. Todo cuando está

en manos del Ejecutivo para investir a una persona con un cargo ha sido realizado,

y habiendo sido realizado el nombramiento, el Ejecutivo no puede hacer nada más

sin la cooperación de otros.

Tras investigar ansiosamente los principios en los cuales podría apoyarse una

opinión contraria, ninguno ha sido encontrado que posea entidad suficiente como

para sostener la doctrina contraria.

Tanto como la imaginación de la Corte sugiere han sido analizados

deliberadamente y luego de dar a los mismos y tras otorgarles todo el peso que

parece posible, no resultan suficientes para modificar la opinión que al respecto ha

sido formada.

Al considerar esta cuestión, se ha conjeturado que el nombramiento puede ser

asimilado a una escritura de validez cuya entrega resulta esencial.

Esta idea se funda en la suposición que el instrumento no constituye una mera

evidencia del nombramiento, sino que constituye el nombramiento en sí mismo –

una suposición de ninguna manera incuestionable. Empero, para los fines de

analizar esta objeción suficientemente, debe concederse que el principio señalado

para su soporte ha sido demostrado.

Siendo que el nombramiento debe ser realizado, en los términos de la

Constitución, por el Presidente en persona, la entrega del instrumento de

nombramiento, si resulta necesaria para que el acto esté completo debe ser

realizada igualmente por el Presidente. No es necesario que la entrega deba ser

realizada personalmente al nombrado; nunca lo ha sido. La ley al parecer

contempla que ello sea realizado por el Secretario de Estado puesto que ella le

impone el estampado del sello en el instrumento una vez que el mismo haya sido

firmado por el Presidente. Si el acto de libramiento resulta necesario para dar

validez al nombramiento de un funcionario, éste ha sido librado cuando es

ejecutado, y remitido al Secretario de Estado para que lo selle, registre y notifique

al interesado.

Empero, en los casos de letras patentes, la ley requiere ciertas solemnidades, las

cuales constituyen una evidencia de la validez del instrumento. La entrega formal

al interesado no se cuenta entre las mismas. En los casos de nombramientos, la

firma manual del Presidente y el sello de los Estados constituyen las solemnidades.

Esta objeción, por tanto, no afecta al caso.

Igualmente se ha dado, y ello resulta apenas posible, que la entrega del

nombramiento y la aceptación del mismo resulte necesaria para que el derecho del

recurrente se encuentre completo.

La entrega del nombramiento constituye una práctica dirigida por la conveniencia,

pero no por la ley. Por tanto, ella no puede resultar necesaria como para constituir

el nombramiento, el cual como ha quedado dicho corresponde a un acto del

Presidente. Si el Ejecutivo requiriera que cada persona nombrada para ocupar un

cargo arbitrara los medios para hacerse con el instrumento, el nombramiento no

vendría a resultar menos válido por ello. El nombramiento es un acto exclusivo del

Presidente, la entrega del mismo es el acto de un funcionario al cual dicha función

ha sido asignada, y puede acelerada o retardada por las circunstancias que pueden

tener influencia en el nombramiento. Un nombramiento se entrega a una persona

que ha sido nombrada, no a una persona que será nombrada, así igualmente el

instrumento puede ser depositada en el correo y ser entregada en total seguridad

o bien puede resultar extraviada.

Seguramente existirá alguna tendencia a evadir este punto del análisis si la

posesión del original del instrumento de nombramiento resulta necesario a fin de

autorizar a una persona nombrada para cualquier cargo a desempeñar las

responsabilidades del mismo. Si ello resulta necesario, entonces, la pérdida del

instrumento implicaría la pérdida del cargo. No solo por negligencia, sino

igualmente por accidente o fraude, un incendio o un hurto pueden privar a una

persona del cargo. En tal caso, presumo, no cabe duda que una copia del registro

de la Secretaría de Estado sería, en todo caso, igual al original. La ley sancionada

por el Congreso lo dice expresamente. A fin de dota a dicha copia de validez, es

necesario que el instrumento haya sido entregado y luego perdido. La copia

constituiría una completa evidencia de la existencia del original, y que el

nombramiento fue realizado, pero no que el original haya sido entregado. Si

ciertamente debe desprenderse que el original se ha extraviado de la Secretaría de

Estado, tal circunstancia no afectará la operatividad de la copia. Cuando han sido

cumplidos todos los requisitos que autorizan al registrador a proceder al registro

de cualquier instrumento, y la orden para ello ha sido emitida el instrumento se

considerará legalmente registrado, aun cuando el trabajo manual de insertarlo en

el libro llevado al efecto aún no se haya efectivizado.

En el caso de los nombramientos, la ley ordena al Secretario de Estado que los

registre. Cuando, por ende, los mismos han sido firmados y sellados y la orden

para su registro ha sido emitido, sea que hayan sido o no insertados en el libro

respectivo, legalmente han de considerarse registrados.

La copia obrante en el registro es equivalente al original, y la tasa a ser abonada

por quien requiera una copia se encuentra fijada por ley. ¿Puede el guardián de un

registro público eliminar de ellos un nombramiento que ha sido registrado? O

¿puede éste denegar la entrega de una copia a una persona que lo solicita y que

haya cumplido con todas las previsiones legales?

Tal copia, al igual que el original, autoriza al juez de paz a proceder al ejercicio de

sus funciones, puesto que la misma, al igual que el original, constituye prueba de

su nombramiento.

Si la entrega del instrumento de nombramiento no se considera necesaria para la

validez a un nombramiento, menor aún resulta su aceptabilidad. El nombramiento,

como ya se dijo, es un acto exclusivo del Presidente; la aceptación es el acto de un

funcionario, y es, por virtud del sentido común, posterior al nombramiento. Tal

como puede renunciar, puede negarse a aceptar, pero ni uno ni otro es capaz de

privar de valor a un nombramiento.

Este entendimiento de parte del Gobierno se desprende de todo el tenor de su

conducta.

El nombramiento posee una fecha, y el salario del funcionario corre a partir del

nombramiento, no de la entrega o aceptación del nombramiento. Cuando una

persona nombrada para cualquier cargo se niega a tomar posesión, el sucesor será

nombrado en lugar de la persona que haya declinado aceptar, y no en lugar de la

persona que previamente haya ocupado el cargo y que generó la vacancia original.

Es, por lo tanto, decididamente la opinión de esta Corte que, cuando el

instrumento correspondiente ha sido firmado por el Presidente la designación

debe considerarse hecha; y que la misma se encuentra completa cuando el sello de

los Estados Unidos ha sido estampado sobre el mismo por el Secretario de Estado.

Cuando un funcionario es removible a la voluntad del Ejecutivo, la circunstancia

que completa el nombramiento carece de importancia puesto que el mismo puede

ser revocado en cualquier momento, y el nombramiento puede ser retenido en

caso de no haber sido entregado. Empero, cuando el funcionario no puede ser

removido a la voluntad del Ejecutivo, el nombramiento no resulta revocable y no

puede ser anulado. El mismo confiere, pues, derechos que no pueden ser

revocados.

El poder discrecional del Ejecutivo puede ser ejercido hasta que se haya realizado

el nombramiento. No obstante, una vez que éste haya sido completado, su poder

con relación a dicho cargo ha concluido en todos los casos, puesto que por ley el

funcionario no puede ser removido por él. El derecho a ocupar el cargo

corresponde, pues, a la persona nombrada, quien tiene la absoluta e incondicional

posibilidad de aceptarlo o rechazarlo.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que su nombramiento fue firmado por el

Presidente y sellado por el Secretario de Estado, el señor Marbury ha sido

nombrado; y como la ley que crea el cargo dio al funcionario el derecho de

ejercerlo por cinco años en forma independiente del Ejecutivo, el nombramiento es

irrevocable por conferir al funcionario designado derechos legítimos que están

protegidos por las leyes de su país.

La retención de su nombramiento, es por lo tanto, un acto que la Corte considera

no respaldado por la ley y por ellos violatorio de legítimos derechos adquiridos.

Lo expuesto, nos conduce a la segunda cuestión, la cual es:

2. Si lo tiene, y ese derecho ha sido violado, ¿proveen las leyes del país un remedio

a esa violación?

La esencia misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el derecho de cada

individuo a reclamar la protección de las leyes cuando haya sido objeto de un

daño. Uno de los principales deberes del Gobierno consiste en proveer dicha

protección. En Gran Bretaña, la petición se presenta en contra del mismo Rey, en la

forma una respetuosa petición, y el mismo nunca deja de cumplir con la resolución

de sus tribunales.

En el Volumen III de sus Commentaries, p. 23, Blackstone dos casos en los cuales

se emite por la mera operación de la ley.

En todos los demás casos, resulta una regla general e indisputada que

cuando existe un derecho derivado de la ley, existe igualmente un

remedio legal por litigio o por acción cuando sea que tal derecho se vea

afectado.

Posteriormente, en la p. 109 del mismo volumen, señala:

Me inclino por considerar que tal tipo de cuestiones son cognoscibles

por los tribunales de common law. Y haré aquí, por el momento, una

sola observación, que todos posibles daños sea que caigan bajo el

conocimiento exclusivo sea de la jurisdicción eclesiástica, militar o

marítima, son, por esa misma razón, cognoscibles por los tribunales de

common law, puesto que constituye un principio establecido e

invariable de las leyes de Inglaterra que todo derecho, cuando afectado,

debe contar con un remedio, y cada daño con una compensación

apropiada.

El Gobierno de los Estados Unidos ha enfáticamente señalado como un gobierno

de leyes y no de hombres. Tal gobierno, ciertamente, dejaría de merecer ese alto

calificativo si las leyes no brindaran modos de reparar la violación de un derecho

legítimamente adquirido.

Si tal cosa fuera a suceder en la jurisprudencia de nuestro país, ello sólo podría

deberse a las especiales características del caso.

Nos corresponde, por lo tanto, preguntarnos si existe en este caso algún

ingrediente que lo exima de investigaciones o que prive a la parte perjudicada de

reparación legal. Al indagar en ello la primera cuestión que se plantea radica en

dirimir si el presente puede incluido en la clase de casos que se subsumen en la

descripción de damnum absque injuria – es decir, una pérdida sin daño.

Esta clase de caos nunca ha sido considerada, y creemos, nunca lo será, como

comprendiendo a cargos de confianza, honor y beneficio. El cargo de juez de paz

del Distrito de Columbia es un cargo de los señalados y, por tanto, digno de la

atención y tutela de las leyes. Y ha recibido tal atención y cuidado. Ha sido creado

en virtud de una ley especial sancionada por el Congreso y ha sido asegurado,

tanto como las leyes puedan asegurar a las personas designadas para ocuparlo,

por cinco años. Por ello, no es en razón de la inutilidad de la cosa perseguida que

puede anhelarse que la parte perjudicada puede alegar que se encuentra sin

remedio.

¿Está dicho elemento presente en el caso? ¿Constituye -el acto de entregar o

retener un instrumento de nombramiento- un mero acto político reservado

únicamente al Ejecutivo, para cuyo cumplimiento nuestra Constitución ha

depositado la total confianza en el Ejecutivo supremo, de modo que cualquier

conducta desajustada a su respecto no tenga prevista la consecuente reparación

para el caso que dañe a un individuo?

Sin lugar a dudas tales casos pueden existir y ello no está en cuestión. Sin

embargo, de ahí a sostener que cada función a ser ejercida por uno de los grandes

departamentos del Ejecutivo constituya uno de ellos resulta, indudablemente,

inadmisible.

A través de la ley relativa a los inválidos, sancionada en junio de 1794, se ordenó

al Secretario de Defensa que incluya en la lista de pensiones a todas las personas

cuyos nombres figuraban en una lista previamente remitida por él al Congreso. En

caso de negarse a hacerlo, ¿se verían los veteranos afectados sin un remedio legal?

¿Ha de disputarse, entonces, que donde la ley, en términos precisos, exige la

realización de un acto en el cual está interesado un individuo, la ley resulta

incapaz de asegurar la obediencia a su mandato? ¿Es ello en razón del carácter de

la persona contra quien haya de interponerse? ¿O ha de sostenerse que las

autoridades de los departamentos están fuera de la aplicación de las leyes de su

país?

Cualquiera sea la práctica realizada en ocasiones particulares, la teoría de este

principio, ciertamente, nunca podrá ser defendida. Ninguna ley emanada del

Legislativo confiere tan extraordinario privilegio, así como tampoco pueden

derivarse de las doctrinas del common law. Tras señalar que los daños personales

del Rey respecto a un sujeto se presumen imposibles, Blackstone, en el Vol. III, p.

255, sostiene:

pero los daños a los derechos de propiedad apenas pueden ser

cometidos por la Corona sin la intervención de sus oficiales, para

quienes, la ley, en materia de derechos, no contiene respeto o

delicadeza, sino que proporciona varios métodos de detectar los

errores e inconductas de dichos agentes por quienes el Rey ha sido

engañado e inducido a cometer una injusticia temporal.

A través de una ley sancionada en 1796, que autorizó la venta de tierras por

encima de la boca del río Kentucky, el comprador al abonar el monto, tiene pleno

derecho a la propiedad adquirida, y, al producir la Secretaría de Estado, el recibo

del tesorero en un certificado exigido por ley, el Presidente de los Estados Unidos

está autorizado a emitirle una patente. Seguidamente se dispone que todas las

patentes deban ser firmadas por el Secretario de Estado y registrada en dicha

Secretaría. Si el Secretario de Estado escogiera retener la patente o, habiéndose

perdido ésta, ¿podría éste denegar una copia de la misma, o podría imaginarse

que la ley no otorga remedio alguno a una persona lesionada?

No puede sostenerse que ninguna persona vaya a aceptar defender tal

proposición.

De ello deriva, pues, la cuestión de si la legalidad de un acto emanado de la

máxima autoridad institucional puede examinada judicialmente o no debe

depender siempre de la naturaleza del referido acto.

Si algunos actos son examinables y otros no, debe existir una regla jurídica que

oriente al tribunal en el ejercicio de tal jurisdicción.

En ciertos casos, pueden presentarse dificultades para aplicar la regla a los casos

particulares, pero puede resultar creíble que exista mucha dificultad en establecer

la regla.

Por la Constitución de los Estados Unidos, el Presidente está investido de algunos

importantes poderes políticos, cuyo ejercicio está librado a su exclusivo arbitrio, y

por el cual es sólo responsable ante el pueblo, desde el punto de vista político, y

ante su propia conciencia. Para colaborar con él en el cumplimiento de sus

funciones, puede designar funcionarios que actúen bajo su autoridad y de

conformidad con sus órdenes.

En estos casos, los actos de los funcionarios son los actos del Presidente, y sea

cual fuere la opinión que pueda merecer el modo en que el Ejecutivo utiliza sus

poderes discrecionales, no existe ni puede existir poder alguno que los controle.

Las mismas son materias políticas, y atañen a la Nación, no a derechos

individuales, y habiendo sido confiadas al Ejecutivo, la decisión del Ejecutivo es

definitiva.

Lo dicho está claramente ejemplificado en la creación legislativa de la Secretaría de

Relaciones Exteriores. Su titular debe desempeñarse, desde que su función es

creación legislativa, precisamente de conformidad con la voluntad del Presidente.

El mismo es meramente el órgano a través del cual se transmite la voluntad del

Presidente. Los actos de ese funcionario, en su calidad de tal, nunca pueden ser

examinados por los tribunales.

Pero cuando el Congreso impone a ese funcionario otras obligaciones; cuando se

le encomienda por ley llevar a cabo ciertos actos; cuando los derechos de los

individuos dependen del cumplimiento de tales actos, ese funcionario deja de ser

funcionario del Presidente para convertirse en funcionario de la ley; siendo

responsable ante las leyes por su conducta y no pudiendo desconocer a su

discreción los derechos adquiridos de otros.

La conclusión de este razonamiento es que cuando los titulares de los

departamentos actúan como agentes políticos o confidenciales del Ejecutivo y no

hacen más que poner en práctica la voluntad del Presidente -en aquellos casos en

que éste posee poderes discrecionales legal o constitucionalmente conferidos-,

nada puede resultar más claro que el control de tales actos sólo puede ser político.

Pero cuando se les asigna por ley una obligación determinada de cuyo

cumplimiento depende la vigencia de derechos individuales, parece igualmente

claro que todo aquel que se considere perjudicado por el incumplimiento de tal

clase de obligaciones tiene derecho a recurrir a las leyes de su país para obtener

una reparación.

Si esta es la regla, entonces, nos abocaremos a determinar la manera en que ésta

se aplica al caso sometido a la consideración de la Corte.

La atribución de nominar ante el Senado y el poder de nombrar a la persona

nominada, son atribuciones políticas que deben ser ejercidas por el Presidente de

acuerdo a su propia discreción. Cuando éste ha realizado un nombramiento, su

atribución ha sido ejercida y su discreción ha sido completamente aplicada al caso.

Si, por ley, el funcionario es removible a la voluntad del Presidente, entonces un

nuevo nombramiento puede ser realizado inmediatamente, y los derechos del

interesado han concluido. Empero, como un hecho que ha existido no se lo podrá

tornar en uno que nunca haya existido, el nombramiento no puede aniquilado, y

consecuentemente, si el funcionario, por ley, no es removible a la voluntad del

Presidente, entonces, los derechos que éste ha adquirido están protegidos por la

ley y no pueden ser cesados por el Presidente. Éstos no se extinguen por la

autoridad del Ejecutivo y el interesado tiene el privilegio de hacerlos valer de la

misma manera que si hubieran derivado de cualquier otra fuente.

La cuestión de si un derecho ha sido adquirido o no es, por su propia naturaleza,

justiciable, y debe ser analizada por la autoridad judicial. Si, por ejemplo, el señor

Marbury hubiera prestado el juramento como magistrado y procedido a actuar

como uno, como consecuencia de lo cual se hubiera iniciado en contra suya una

demanda su defensa dependería que el mismo fuera o no magistrado; como puede

verse la validez de su nombramiento habría debido ser determinada por la

autoridad judicial.

Por tanto, si se concibe que, por virtud de su nombramiento, el mismo tiene

derecho legal tanto al instrumento que fuera redactado para sí o a una copia de

éste, resulta igualmente una cuestión justiciable por los tribunales y la decisión de

la Corte al respecto dependerá del entendimiento que se tenga respecto a su

nombramiento.

La cuestión ha sido discutida, y la opinión es el que el último punto de tiempo que

debe ser considerado para tener por completo y probado un nombramiento es

cuando, el instrumento correspondiente ha sido firmado por el Presidente y el

sello de los Estados Unidos ha sido estampado sobre el mismo.

Así, pues, es opinión de la Corte con relación a este punto:

1. Que, al firmar el instrumento correspondiente, el Presidente de los Estados

Unidos nombró al señor Marbury como juez de paz para el Condado de

Washington en el Distrito de Columbia, y que el sello de los Estados Unidos

estampado en el mismo por el Secretario de Estado, constituye prueba de la

veracidad de la firma y que el nombramiento está completo, así como que éste

confiere al interesado derecho legal a ocupar el cargo por el término de cinco

años.

2. Que, teniendo derecho legal a ocupar el cargo, el mismo tiene, en consecuencia,

derecho legal al nombramiento, así la retención del mismo constituye una clara

violación a tal derecho frente a la cual las leyes del país proveen un remedio.

Expuesto lo anterior, resta, pues, por considerar:

3. ¿Tiene el reclamante derecho a remedio que solicita?

Esto depende de: 1) la naturaleza de la medida que solicita y 2) el poder de esta

Corte.

1) La naturaleza de la medida

Blackstone, en el Vol. III de sus Commentaries, p. 110, define al mandamiento

como

una orden emanada del Tribunal en nombre del Rey, y dirigida a

cualquier persona, corporación o instancia judicial inferior de la

judicatura dentro de los dominios del Rey requiriendo se emprenda una

acción particular que en ella se especifica y que corresponda a sus

deberes y atribuciones, y que los tribunales del Rey hayan previamente

determinado como ajustada, o al menos supuesto, sea acordes con el

derecho y la justicia.

Lord Mansfield, en 3 Burrow 1266 en el caso The King v. Baker et al., señala con

precision y en forma explícita los casos en los cuales el mandamiento ha de ser

utilizado:

Siempre que, exista un derecho a ocupar un cargo, llevar a cabo un

servicio, o ejercer una franquicia (específicamente si ello está de

acuerdo con un asunto de interés público o de esperado beneficio) y se

priva a tal persona de la posesión o se la desposee de tal derecho y no

exista otro remedio legal, el tribunal podrá emitir un mandamiento, por

razones de justicia, según se exprese en el escrito y por razones de

orden público, a fin de preservar la paz, orden y buen gobierno.

Afirma igualmente que:

este instrumento debería ser utilizado en todos los casos en que la ley

no establezca un remedio específico y donde la justicia y el buen

gobierno debieran ser una sola.

A más de las autoridades ahora citadas en particular, muchas otras fueron

invocadas desde el estrado a fin de demostrar que la práctica se conforma a las

doctrinas generales que han sido citadas.

Este instrumento, en caso de ser emitido, debe dirigirse a un funcionario público y

el mandato que contenga debe, en palabras de Blackstone,

ordenar algo en particular que se señale en el mismo, que corresponda

a un deber y atribución del funcionario y que el tribunal haya

determinado previamente como ajustado al derecho y la justicia.

O, en palabras de Lord Mansfield, el recurrente en el presente caso, tiene derecho

a ejercer un cargo de interés público, y se ha visto privado de tal derecho.

Las circunstancias apuntadas se encuentran, ciertamente, presentes en este caso.

Aun así, para determinar que el mandamiento constituye el remedio adecuado, el

funcionario al cual éste será dirigido debe ser uno al cual, de acuerdo a los

principios legales, el mismo pueda ser dirigido, y la persona que lo solicita no

debe contar con otro remedio legal específico.

1. Con relación al funcionario al cual se dirigirá el mandamiento. La íntima relación

que subsiste entre el Presidente de los Estados Unidos y las máximas autoridades

institucionales de las secretarías, necesariamente torna que cualquier investigación

legal de los actos de uno de los referidos altos oficiales en peculiarmente

fastidiosa así como delicada, y genera cierto recelo con relación al objeto de la

referida investigación. Las impresiones a menudo son recibidas sin mucha

reflexión o análisis, y no es bueno, en casos como el presente, la alegación de un

individuo respecto de sus peticiones legales en un tribunal de justicia, cuya

atención constituye un deber de la judicatura, sean observados, a primera vista,

como una tentativa de intervención del gabinete y de interferencia con las

prerrogativas del Ejecutivo.

Así, pues, no es necesario que la Corte renuncie a toda su jurisdicción con relación

a tales asuntos. Una extravagancia tan absurda y excesiva no podría haber sido

aceptada en ningún momento. El deber de esta Corte radica únicamente en decidir

con respecto a los derechos de los individuos, no coaccionar al Ejecutivo en sí

mismo o a sus funcionarios a realizar acciones para cuyo ejercicio tienen

discreción. Cuestiones, que por su naturaleza resulten políticas o que, de acuerdo

a la Constitución y las leyes, corresponden al Ejecutivo, nunca pueden ser

planteadas ante esta Corte.

Empero, si la presente no constituye una cuestión del tipo que se ha señalado, se

encuentra lejos de constituir una intrusión en el Gabinete, afecta a un documento,

que se encuentra registrado y a cuya copia la ley confiere el derecho, tras el pago

de diez centavos; si no existe relación con alguna materia de la cual se presuma

que el Ejecutivo haya ejercido cualquier control, ¿existe algo en la alta investidura

de los funcionarios que impida a los tribunales la consideración de una petición en

que se requiere se emita un mandamiento para el ejercicio de una función que la

ley no atribuye a la discreción del Ejecutivo, sino que deriva de una ley sancionada

por el Congreso y de los principios generales de la ley?

Si una de las máximas autoridades institucionales comete un acto ilegal bajo el

amparo de su cargo a cuya causa un individuo sostiene un daño, no puede

pretenderse que dicho cargo exima a dicho funcionario de los modos ordinarios de

proceder en justicia, así como de obedecer los mandatos de la ley. Así pues,

¿puede dicho cargo exceptuar a su titular de esta particular manera de decidir

acerca de la legalidad de su conducta si tal caso fuera como lo haría cualquier otra

parte reclamante, autorizar el proceso?

Que el mandamiento resulte la vía apropiada o inapropiada no deriva del cargo

que ocupa la persona contra quien se dirige, sino que ello se extrae de la

naturaleza de la acción requerida. Cuando la máxima autoridad de un

departamento actúa en un caso en que el Ejecutivo tiene discreción, en el éste se

constituye en un mero órgano de la voluntad del Ejecutivo, vuelve a repetirse,

cualquier requerimiento planteado ante un tribunal, en cualquier forma, a fin de

analizar su conducta sería rechazada sin contemplaciones.

Empero, cuando existe una conducta ordenada por la ley que pueda afectar los

derechos absolutos de los individuos, para cuyo ejercicio éste no se encuentra

bajo la dirección particular del Presidente, y cuyo ejercicio regular el Presidente no

puede prohibir en forma legal, y por tanto nunca puede presumirse prohibida –

por ejemplo el registro de un nombramiento, patente de compraventa, que hayan

recibido todas las solemnidades; o a entregar copia del referido registro – en tales

casos, no se percibe la manera en la cual los tribunales puedan excusarse del

deber de resolver con relación a dicho derecho de la misma manera que si tales

funciones fueran a ser ejercidas por otra persona distinta a la máxima autoridad.

Esta opinión, al parecer, no es la primera vez que se la toma en este país.

Debe recordarse que, en 1792, una ley sancionada, ordenaba al Secretario de

Defensa a incluir en la lista de pensiones a todos aquellos oficiales y soldados tal

como lo hayan reportado a la cartera a su cargo por los tribunales de circuito, esta

ley, así como el deber que imponía a los tribunales estaba considerada como

inconstitucional, empero, varios jueces en el entendimiento que la ley debería ser

ejecutada por ellos en su carácter de comisionados, procedieron a actuar de

acuerdo a lo requerido y a enviar los reportes requeridos.

Habida cuenta de las referidas sospechas respecto a su constitucionalidad, dicha

ley, fue derogada, y un nuevo sistema fue establecido; empero la cuestión de si

estas personas cuyos nombres fueron informados por los jueces en su carácter de

comisionados, tenían, consecuentemente, derecho a ser incluidas en la lista de

pensiones, constituía un asunto que deberían resolver los tribunales, aun cuando

el acto de incluir a dichas personas en la lista debería ser llevado a cabo por la

máxima autoridad de la secretaría.

Para que esta cuestión sea resuelta en forma apropiada, el Congreso sancionó en

febrero de 1793 una ley que convirtió en deber del Secretario de Defensa, en

conjunto con el Procurador General, tomar tales medidas necesarias a fin de

obtener un pronunciamiento de parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos

con relación a la validez de tales derechos, reclamados bajo la ley antes referida.

Tras la entrada en vigencia de dicha ley, se emitió un mandamiento, en el que se

ordenó al Secretario de Defensa, que incluya en la lista de pensiones que debía

elaborar a las personas informadas por los jueces.

Existen, por tanto, suficientes razones para creer que este modo de dilucidar el

derecho legal de los reclamantes fue considerado por la máxima autoridad

instituciones, y por el funcionario legal con mayor rango de los Estados Unidos, el

más apropiado que haya podido haber sido seleccionado con el referido propósito.

Cuando el asunto fue traído a la consideración de la Corte, la decisión no versó

respecto de si el mandamiento obligaría al Secretario a realizar un acción ordenada

por la ley, en cuyo ejercicio tenía interés un individuo, sino en si un mandamiento

no debería ser emitido en dicho caso – la decisión necesariamente debía ser

tomada respecto si el informe de los comisionados confería o no tal derecho a los

reclamantes.

El fallo dictado en dicho caso es entendido como habiendo decidido el fondo de

todas las peticiones que se ajustaban a dicha descripción, y las personas que

figuraban en los informes de los comisionados, encontraron necesario seguir el

modo descripto en la ley subsiguiente a aquella de cuya constitucionalidad se

dudaba a los efectos de incluir sus nombres en la lista de pensiones.

Por tanto, la doctrina tal como se avanza ahora, de ninguna manera es una nueva.

Ciertamente el mandamiento que se requiere ahora no se dirige a exigir el

ejercicio de una función expresamente ordenada por la ley.

El mandamiento requerido se dirige a obtener la entrega de un nombramiento, a

cuyo respecto las leyes emanadas del Congreso guardan silencio. Esta diferencia

no se considera como afectando al caso. Ya se ha dicho que el reclamante tiene, al

referido nombramiento, un derecho adquirido del cual el Ejecutivo no puede

privarlo. Ha sido nombrado a un cargo no removible a la voluntad del Ejecutivo, y

habiendo sido nombrado, tiene derecho al nombramiento que el Secretario de

Estado recibió del Presidente para su entrega, documento que se encuentra en su

poder para ser transmitido al interesado, y no puede ser retenida por otra persona.

Inicialmente presentaron dudas respecto de si un interdicto de recuperar la

posesión no constituía un remedio legal para obtener el documento que había sido

retenido al señor Marbury, en cuyo caso un mandamiento no constituiría un

remedio legal apropiado. Empero, dicha duda ha sido disipada habida cuenta que

el interdicto de recuperar la posesión se dirige hacia la cosa en sí misma o a su

valor. El valor del servicio público no puede ser medido, pues resulta imposible de

ser comprobado. Este es un caso para un mandamiento, ya sea para la entrega del

nombramiento o la entrega de una copia del mismo a partir del registro. Éste

obtendrá el cargo al obtener el instrumento o una copia del mismo obrante en el

registro.

En consecuencia, el presente es un claro caso en el que corresponde emitir un

mandamiento, sea de entrega de la designación o de una copia de la misma

extraída de los registros correspondientes, quedando, entonces, una sola cuestión

por resolver:

¿Puede la Corte emitir dicho mandamiento?

La ley por la que se establecen los tribunales judiciales de los Estados Unidos

autoriza a la Corte Suprema

a emitir mandamientos, en casos en que fuesen comprendidos según

los principios y las costumbres del derecho, a cualquier tribunal o

persona designado en su oficio bajo la autoridad de los Estados Unidos

Siendo el Secretario de Estado un funcionario bajo la autoridad de los Estados

Unidos, se encuentra precisamente comprendido en las previsiones de la ley

precitada; y si esta Corte no está autorizada a emitir un mandamiento a tal

funcionario, sólo puede ser a causa de la inconstitucionalidad de la ley, incapaz

por ello, de conferir la autoridad y de asignar las obligaciones que sus palabras

parecen conferir y asignar.

La Constitución deposita la totalidad del Poder Judicial de los Estados Unidos en

una Corte Suprema y en tantos tribunales inferiores como en Congreso establezca

en el transcurso del tiempo. Este poder se extiende expresamente al conocimiento

de todas las causas que versen sobre puntos regidos por las leyes de los Estados

Unidos; y, consecuentemente, de algún modo puede extenderse al presente caso

ya que el derecho invocado deriva de una ley de los Estados Unidos.

Al distribuir este poder la Constitución dispone:

La Corte Suprema tendrá jurisdicción en única instancia en todos los

pleitos relacionados con embajadores, otros ministros públicos y

cónsules, y en aquellos en que un estado sea una de las partes. En

todos los demás casos antes mencionados, la Corte Suprema tendrá

jurisdicción en apelación.

Se ha sostenido desde el estrado que, como el otorgamiento constitucional de

jurisdicción a la Corte Suprema y a los tribunales ordinarios es general, y la

cláusula que asigna las causas de jurisdicción originaria a la Corte Suprema no

contiene expresiones negativas o restrictivas, el Poder Legislativo mantiene la

facultad de atribuir competencia originaria a la Corte en otros casos distintos a los

precedentemente indicados, tomando en cuenta que tales casos corresponden al

Poder Judicial de los Estados Unidos.

Si se hubiera querido dejar librado a la discreción del Legislativo la posibilidad de

distribuir el Poder Judicial entre la Corte Suprema y los tribunales inferiores de

acuerdo a la voluntad de dicho cuerpo, habría sido ciertamente inútil hacer otra

cosa que definir el ámbito de competencia de la judicatura en general,

mencionando los tribunales a los que corresponde ejercerlo. Si ésta es la

interpretación correcta, el resto de la norma constitucional carece de sentido. Si el

Congreso tiene la libertad de asignar a esta Corte competencia por apelación en

los casos en los que la Constitución le asigna competencia originaria y fijarle

competencia originaria en los casos en que le corresponde ejercerla por apelación,

la distribución hecha en la Constitución es la forma carente de contenido.

Las palabras afirmativas son, a menudo en su operatividad, negatorias de otros

objetos que los prescriptos, y en este caso debe asignárseles ese sentido so pena

de privarlas de sentido absoluto.

No puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución este pensada para no

tener efecto, por lo tanto, la interpretación contraria es inadmisible salvo que el

texto expreso de la Constitución así lo manifieste.

Si la solicitud de la Convención relativa a nuestra paz con las naciones extranjeras

contuviera una provisión que la Corte Suprema tendría jurisdicción originaria en

los casos que se supone las afectara, la cláusula habría procedido no más allá si no

se agregaran más restricciones a los poderes del Congreso. Que deba tener

jurisdicción apelada en todos los demás casos, con las excepciones que pudiera

establecer el Congreso, en caso no existir restricciones a menos que las palabras

sean consideradas como exclusivas de la jurisdicción originaria.

Cuando un instrumento legal organiza las bases fundamentales de un sistema

judicial dividiéndolo en una Corte Suprema y en tantas inferiores como el

Congreso decida, enumerando sus poderes y distribuyéndolos mediante la

delimitación de los casos en los que la Corte Suprema ejercerá jurisdicción

originaria y aquellos en que la ejercerá por vía de apelación, el sentido evidente de

las palabras parece ser que en una clase de casos la competencia será originaria y

no en los demás; y en otra, la misma será apelada y no originaria.

Si cualquier otra interpretación convirtiera en inoperante dicha cláusula,

tendríamos allí una razón adicional para rechazarla y para adherir al sentido obvio

de las palabras.

Luego, para que esta Corte esté en condiciones de emitir una orden de ejecución

como la que se pide, debe demostrarse que se trata de un caso de competencia

por apelación.

Se ha dicho desde el estrado que la jurisdicción apelada puede ejercerse de

diversos modos y que, siendo la voluntad del Congreso que un mandamiento

pueda ser emitido bajo tal propósito, dicha voluntad debe ser obedecida. Esto es

cierto, pero no obstante ello, la jurisdicción debe ser apelada y no originaria.

El criterio esencial de la jurisdicción de apelación es que la misma revisa y corrige

lo actuado en el marco de una causa ya instituida, y no que la misma crea la causa.

Por ello, aunque es posible emitir un mandamiento a los tribunales inferiores,

hacerlo respecto de un funcionario para que entregue un documento resulta, en

sustancia, lo mismo que intentar una acción originaria para la obtención de dicho

documento y por ello, no parece pertenecer a la jurisdicción apelada sino a la

originaria. Tampoco es necesario en este caso, capacitar a la Corte para que ejerza

su competencia por vía de apelación.

Por lo tanto, la autoridad otorgada a la Corte Suprema por la ley de organización

judicial de los Estados Unidos para emitir órdenes directas de ejecución de

conductas a funcionarios públicos, no parece estar respaldada en la Constitución,

y hasta se hace necesario preguntarse si una competencia así conferida pueda ser

ejercida.

La cuestión acerca de si una ley contraria a la Constitución puede convertirse en

ley vigente del país es profundamente interesante para los Estados Unidos pero,

felizmente, no tan complicada como interesante. Para decidir esta cuestión parece

necesario tan sólo reconocer ciertos principios que se suponen establecidos como

resultado de una prolongada y serena elaboración.

Todas las instituciones fundamentales del país se basan en la creencia de que el

pueblo tiene el derecho preexistente de establecer para su gobierno futuro los

principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad. El ejercicio de ese

derecho supone un gran esfuerzo, que no puede ni debe ser repetido con mucha

frecuencia. Los principios así establecidos son considerados fundamentales. Y

desde que la autoridad de la cual proceden es suprema, y puede raramente

manifestarse, están destinados a ser permanentes.

Esta voluntad originaria y suprema organiza el gobierno y asigna a los diversos

poderes sus funciones específicas. Puede hacer sólo esto, o bien fijar, además,

límites que no podrán ser transpuestos por tales poderes.

El Gobierno de los Estados Unidos es de esta última clase. Los poderes del

Legislativo están definidos y limitados, y para que estos límites no se confundan u

olviden, la Constitución es escrita. ¿Con qué objeto son limitados los poderes y a

qué efectos se establece que tal limitación sea escrita si ella puede, en cualquier

momento, ser dejada de lado por los mismos que resultan sujetos pasivos de la

limitación? Si tales límites no restringen a quienes están alcanzados por ellos y no

hay diferencia entre actos prohibidos y actos permitidos, la distinción entre

gobierno limitado y gobierno ilimitado queda abolida. Es una proposición

demasiado clara para ser discutida: o la Constitución controla cualquier ley

contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley

ordinaria.

Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley

suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las

leyes y de tal modo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin

efecto siempre que al Congreso plazca.

Si la proposición es correcta, entonces una ley contraria a la Constitución no es

ley; si, en cambio, es correcta la segunda, entonces, las constituciones escritas son

absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza.

Ciertamente, todos aquellos que han elaborado constituciones escritas las

consideran la ley fundamental y suprema de la Nación, y consecuentemente, la

teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que un acto del Legislativo

contrario a la Constitución es nulo.

Esta teoría está íntimamente ligada al tipo de Constitución escrita y debe, por ello,

ser considerada por esta Corte como uno de los principios básicos de nuestra

sociedad. Por ello esta circunstancia no debe perderse de vista en el tratamiento

ulterior de la materia.

Si un acto del Legislativo contrario a la Constitución es nulo, ¿obliga, no obstante,

a los tribunales a aplicarla a pesar de su invalidez? O bien, en otras palabras, no

siendo ley, ¿constituye una norma operativa como lo sería una ley válida? Ello

anularía en la práctica lo que se estableció en la teoría y constituiría, a primera

vista, un absurdo demasiado grueso para insistir en él. Sin embargo la cuestión

merece recibir un atento tratamiento.

Sin lugar a dudas es competencia y obligación de la Judicatura decidir qué es la

ley. Quienes aplican la norma a los casos particulares deben, necesariamente,

analizar e interpretar dicha norma. Si dos normas se encuentran en conflicto entre

sí, la Corte debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una.

Así pues, cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son

aplicables a un caso, de modo que la Corte debe decidirlo conforme a la ley

desechando la Constitución, o conforme a la Constitución desechando la ley, la

Corte debe determinar cuál de las normas en conflicto gobierna el caso. Esto

constituye la esencia misma del deber de administrar justicia.

Si los tribunales deben observar la Constitución, y la Constitución es una norma

superior a las leyes ordinarias sancionadas por el Legislativo, la Constitución, y no

las leyes ordinarias, debe gobernar el caso al cual ambas resultan aplicables.

Quienes niegan el principio de que la Corte debe considerar la Constitución como

la ley suprema, se ven reducidos a la necesidad de sostener que los tribunales

deben cerrar los ojos a la Constitución y mirar sólo a la ley.

Esta doctrina subvertiría los fundamentos mismos de toda constitución escrita.

Equivaldría a declarar que una ley totalmente nula conforme a los principios y

teorías de nuestro gobierno es, en la práctica, completamente obligatoria.

Significaría sostener que si el Legislativo actúa de un modo que le está

expresamente prohibido la ley así sancionada sería, no obstante tal prohibición,

eficaz. Estaría confiriendo práctica y realmente al Congreso una omnipotencia total

con el mismo aliento con el cual profesa la restricción de sus poderes dentro de

límites estrechos. Equivaldría a establecer al mismo tiempo los límites y el poder

de transgredirlos a discreción.

Reducir de esta manera a la nada lo que hacemos considerado el más grande de

los logros en materia de instituciones políticas -una constitución escrita- sería por

sí mismo suficiente en América, donde las constituciones escritas han sido vistas

con tanta reverencia, para rechazar la tesis. Pero las manifestaciones particulares

que contiene la Constitución de los Estados Unidos construyen un andamiaje de

argumentos adicionales en favor del rechazo de esta interpretación.

El Poder Judicial de los Estados Unidos entiende en todos los casos que versen

sobre puntos regidos por la Constitución.

¿Pudo, acaso, haber sido la intención de quienes concedieron este poder, afirmar

que al usar la Constitución, no debería atenderse a su contenido? ¿Que un caso

regido por la Constitución debiera decidirse sin examinar el instrumento que lo

rige?

Ello resulta en exceso extravagante como para ser sostenido.

En ciertos casos, la Constitución debe ser interpretada y analizado su contenido

por parte de los jueces. Y si de este modo los jueces pueden abrir y examinar la

totalidad de la Constitución ¿qué parte de ella les está prohibido leer u obedecer?

Hay muchas otras partes de la Constitución que ilustran esta materia. Dispone la

Constitución que “No se establecerá ningún tributo o arancel sobre los productos

que se exporten de cualquier estado”. Supóngase una carga impuesta sobre la

exportación de algodón, o de tabaco o harina, y supongamos que se promueve

una acción judicial destinada a exigir la devolución de lo pagado en virtud de dicha

carga. ¿Debe darse un pronunciamiento judicial en tal caso? ¿Deben los jueces

cerrar los ojos a la Constitución y ver sólo la ley?

La Constitución prescribe que: “No se sancionarán leyes conteniendo condenas

penales individualizadas ni leyes retroactivas”.

Si, no obstante, tales leyes son sancionadas y una persona es procesada bajo tales

leyes ¿debe la Corte condenar a muerte a esas víctimas a quienes la Constitución

manda proteger?

Dispone la Constitución “Nadie podrá ser condenado por traición si no es por el

testimonio de dos testigos presenciales del hecho o por confesión en pública

audiencia en un tribunal”.

En este caso, el lenguaje de la Constitución está especialmente dirigido a los

tribunales. Les prescribe directamente una regla de prueba de la que no pueden

apartarse. Si la Legislatura modificara esa norma y permitiera la declaración de un

solo testigo o la confesión fuera de un tribunal de justicia como requisitos

suficientes de prueba, ¿debería la norma constitucional ceder frente a esa ley?

Mediante estos y muchos otros artículos que podrá seleccionarse es claro que los

constituyentes elaboraron ese instrumento como una regla obligatoria tanto para

los tribunales como para el Legislativo.

¿Por qué motivo, si no, prescribe a los jueces jurar su cumplimiento? Este

juramento apela, ciertamente, a su conducta en el desempeño de su cargo de

carácter oficial. ¡Qué inmoralidad sería imponérselos, si ellos los jueces fueran a

ser usados como instrumentos -y como instrumentos conscientes- de la violación

de lo que juran respetar!

El juramento del cargo judicial impuesto por el Congreso, es también

completamente ilustrativo de la opinión legislativa sobre esta cuestión.

Juro solemnemente que administraré justicia sin distinción de personas,

y actuaré de igual manera para rico que para el pobre, y que ejerceré y

desempeñaré fiel y lealmente las funciones que me corresponden

como…, de acuerdo a lo mejor de mi capacidad y comprensión, de

acuerdo con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos.

¿Por qué motivo jura un juez desempeñar sus deberes de acuerdo con la

Constitución de los EEUU., si esa Constitución no fuera una norma obligatoria para

su gobierno? ¿Si estuviere cerrada sobre él y no pudiera ser inspeccionada por él?

Si fuera ese el estado real de las cosas, constituiría algo peor que una solemne

burla. Pero además de ello, imponer, tanto como jurar en esos términos sería una

hipocresía.

No es tampoco inútil observar que, al declarar cual será la ley suprema del país, la

Constitución en sí misma es mencionada en primer lugar, y no todas las leyes de

los Estados Unidos tienen esa calidad, sino sólo aquellas que se hagan de

conformidad con la Constitución.

Así pues, la terminología especial de la Constitución de los Estados Unidos

confirma y enfatiza el principio, que se supone esencial para toda constitución

escrita, de que la ley repugnante a la Constitución es nula, y que los tribunales, así

como los demás poderes, están obligados por ese instrumento.

Por todo lo precedentemente expuesto, se rechaza la petición incoada.

Así se ordena.

LOS SRES. MAGISTRADOS MOORE y CUSHING no han tomado parte en la

consideración y decisión del presente caso.

John Marshall, William Paterson, Samuel Chase, Bushrod Washington.