Los “usos” y “abusos” políticos de la memoria del conflicto colombianoReflexiones sobre memoria, verdad, justicia y reparación en el proceso de Justicia y Paz

Jefferson Jaramillo Marín1

jefferson.jaramillo@flacso.edu.mx

Resumen

En Colombia desde el año 2005, se lleva a cabo un proceso jurídico y político singular denominado Justicia y Paz. El gobierno de Alvaro Uribe Vélez, su principal gestor, pretende con el mismo desmovilizar las estructuras de los actores armados ilegales, reincorporarlas a la vida civil y encontrar caminos de justicia, verdad y reparación para las víctimas de estos grupos. Esta ponencia busca a reflexionar hoy, cuatro años después de iniciado dicho proceso, sobre la gestión y tramitación de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Me concentro en particular en los “usos” y “abusos” políticos de la memoria del conflicto colombiano. La discusión se enmarca dentro de los intereses de mi tesis doctoral por comprender las políticas de la memoria de este proceso, así como las narrativas de recuperación del pasado reciente de la violencia colombiana.

Introducción

El 25 de julio de 2005, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975). Con ella, se dió paso a un proceso judicial ambicioso y sin precedentes en el país: servir de instrumento jurídico y político tanto a los victimarios como a sus víctimas. Para los primeros, la ley formula un ofrecimiento amplio de desmovilización colectiva o individual de sus estructuras paramilitares y guerrilleras, además de su reincorporación a la vida civil. Para las segundas, se ofrece verdad, justicia y reparación. En el marco de esa ley se constituyó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) con unos mandatos específicos: acompañar los procesos de desmovilización y reincorporación de los actores armados, procurar una atención integral a las víctimas, facilitar los procesos de justicia y verdad, y generar mecanismos de reparación simbólica y material para ellas. Al interior de dicha Comisión también se creó otro organismo, llamado Grupo de Memoria Histórica (GMH), encargado de realizar una reconstrucción global e incluyente sobre el origen y evolución del conflicto armado interno en los últimos 45 años, en particular, la memoria de todos aquellos hechos derivados de los actos cometidos por los actores armados ilegales.

Mas allá de las posibilidades o limitaciones de este proceso, a la luz de otros casos de esclarecimiento histórico y judicial de los hechos nacionales de violencia ocurridos en América Latina y en otras partes del mundo, el colombiano resulta bastante singular. En algunos países, el esclarecimiento se dió como resultado de una transición a la democracia, tras un largo período de represión política y militar (Argentina, Chile y Uruguay, entre otros). También la búsqueda de verdad y de la reconciliación se llevó a cabo tras un prolongado período de “apartheid” con un sector mayoritario de población (Sudáfrica). En algunos, se generaron tras la firma de acuerdos de paz entre dos actores políticos - Estado y guerrilla - luego de una prolongada guerra civil (Guatemala y el Salvador). En unos pocos, los mas recientes quizá, el esclarecimiento se ha intentado en medio de un conflicto bélico entre facciones de población y con connotaciones étnicas de fondo (Burundi, Sri Lanka y Sierra Leona)2. En todos ellos, se constituyeron Comisiones de 1 Sociólogo y Magíster en Filosofía Política por la Universidad del Valle, Colombia. Estudiante del Doctorado en Investigación en Ciencias Sociales. Flacso – México. Becario del CONACYT. Profesor asistente del departamento de sociología, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Este texto surge como insumo analítico del proyecto de tesis doctoral y se escribió para ser presentado en el Congreso Mundial de Ciencia Política, Santiago de Chile, 12 al 16 de julio de 2009. 2Springer, Natalia. 2002. Sobre la verdad en los tiempos del miedo: del establecimiento de una comision de ta verdad en Colombia y los desafios para la justicia restaurativa. Facultad de Finanzas, Gobiemo y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia, Bogota.

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Verdad o Comisiones de Esclarecimiento Histórico de corta duración, con el mandato presidencial de investigar los hechos y las causas de la violencia ocurridos durante un período determinado de tiempo, y generar recomendaciones para los procesos de reconciliación. Sin embargo, Colombia, ofrece respecto de estos procesos, definitivamente algunas diferencias y particularidades. Por ahora menciono solo algunas cosas, las cuales profundizo más adelante: no hay transición; Justicia y Paz se incrusta en medio de un conflicto armado interno de larga duración y con un sector de paramilitares que se desmovilizó frente a otro que todavía sigue en la guerra o que se ha rearmado; la lógica de de funcionamiento de justicia y paz ha sido más impugnada que legitimada, especialmente por las víctimas; no hay una comisión de la verdad; se pretende en una misma coyuntura reparar a las víctimas, generar penas alternativas y proyectos productivos para los victimarios, y levantar una memoria histórica de “ciertos” hechos ocurridos; y finalmente, gran parte del ideario de justicia y paz está anclado en el proyecto político de seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez. Ese proceso “sui-generis”, parecido más a un “laboratorio”, que diera la impresión que pretende resumir aprendizajes anteriores de todo tipo, es el que me lleva a reflexionar en esta ponencia alrededor de los “usos” y “abusos” políticos de la memoria del conflicto colombiano, prestando particular atención a la gestión y tramitación de la verdad, la justicia y la reparación en el marco del actual proceso de justicia y paz.

La discusión que propongo al respecto, la oriento en cinco sentidos. En un primer momento clarifico qué entiendo conceptualmente por usos y abusos políticos de la memoria del conflicto; además muestro a la luz de qué horizontes reflexivos voy a abordar la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. En un segundo momento señalo, a partir de un balance del proceso de justicia y paz, los alcances y deudas del mismo, en estos tres años (2005 – 2008).3 Esto permitirá detallar en “caliente” parte de los usos y abusos políticos mencionados antes. En un tercer momento, destaco el papel y los retos de la CNRR, y dentro de ella del GMH, en el levantamiento de la memoria histórica del conflicto. Expongo los presupuestos básicos que alimentan este trabajo, con la idea de tener elementos de juicio para poder referenciar los alcances y las limitaciones de la utilización de los “casos emblemáticos” en el primer informe que se genera de este proceso: “TRUJILLO. UNA TRAGEDIA QUE NO CESA”4. En un cuarto momento, presento algunas de las tensiones que existen entre algunas organizaciones de víctimas, en este caso el MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de crímenes de Estado) frente a la reconstrucción de la memoria y la verdad del conflicto; sobre todo de aquella que no visibiliza las víctimas de crímenes de estado y las excluye de la reparación. Finalmente, aventuro tras esta ponencia, algunas pistas de investigación para seguir explorando a más largo plazo en la tesis doctoral. Para su elaboración he revisado varios informes públicos emitidos por la CNRR, y por otras entidades nacionales e internacionales ligadas directa o indirectamente a lo que está pasando hoy en Colombia con Justicia y Paz. También me apoyo en literatura secundaria que permite soportar teóricamente lo expuesto y, en lo posible, provocar junto con los lectores una mayor discusión y reacción sobre lo propuesto.

1. Sobre los usos y abusos políticos de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación.

Es innegable la actualidad y pertinencia de lo que Andreas Huyssen ha llamado el “giro cultural hacia el pasado”, cuando se trata de estudiar pasados recientes traumáticos. Este giro se activa a partir de los años ochentas en el mundo europeo y norteamericano a propósito de la emergencia de las “memorias holocausticas”. Desde hace más de tres décadas estas vienen siendo una especie de “discurso global del dolor”, un “tropos universal del trauma histórico”, un “poderoso prisma a través del cual [se pueden] percibir otros genocidios”5 . Ese “boom memorial” llevará, sin embargo, a muchos otros autores a decir que Europa al día de hoy, raya con un abuso 3Tomo este período dado que existen datos consolidados del mismo. Aún así, se notará que también hago referencia a informaciones del 2009.4CNRR. 2008. Trujillo. Una Tragedia que no cesa. Primer Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá: Planeta.

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del pasado, caracterizado por una especie de “saturación” “culto” o “exceso” en la conjuración de sus culpas o deudas históricas6. Sin embargo, más allá de lo respetable que pueda ser esa apreciación, sostengo que América Latina atraviesa por una realidad distinta. No pasamos por un momento en que la memoria, la justicia, la verdad y la reparación sean “obsesiones culturales”, sino todo lo contrario: seguimos recuperando, como una “necesidad política” la memoria, mejor aún las memorias de nuestros pasados recientes de represión estatal, violencia política y conflicto armado interno. Y lo seguimos haciendo, precisamente porque nuestros proyectos nacionales están construidos sobre la base de unos déficits memoriales, de unos olvidos declarados oficialmente como parte de la historia construida e impuesta por los proyectos nacionales y de unas impunidades decretadas por la fuerza política y militar de ciertos actores privilegiados. Incluso, estos olvidos, defícits, amnesias e impunidades han llevado a que actualmente se sigan cuestionando, desde distintos agentes (las víctimas, los victimarios, las organizaciones de la sociedad civil, las élites políticas e intelectuales) los procesos democráticos recientes en muchos países del Continente.

Ahora bien, desde los años ochentas hasta el día de hoy, las comisiones de verdad, esclarecimiento histórico y reconciliación nacional han intentado prestar atención a los defícits memoriales. Ellas, aunque no exclusivamente, tratan de reconstruir y tramitar las memorias de los traumas históricos de pasados violentos, consolidando unas “memorias emblemáticas”, es decir, unos relatos condensadores del pasado – reciente, cuya principal función sea la de garantizar “oficialmente” la verdad, la justicia y la reparación para con las víctimas, procurando un futuro de reconciliación nacional o al menos de “nunca más”. Sin embargo, la historia reciente también nos ha enseñado que, el ejercicio de memoria pública “inclusivo”, es aún inconcluso en América Latina; si hay una “obsesión memorial” de diversos actores, es por hacer de la memoria un instrumento plural de discusión pública y política, “una vena abierta” en contextos democráticos que se levantan sobre la desmemoria. De hecho, mantener las memorias abiertas ha sido y es en América Latina, un ejercicio de muchos sectores subalternos. Aún así, se ha querido legitimar oficialmente en más de una ocasión, la desmemoria, generando unos enormes costos políticos y sociales, especialmente para las víctimas y, también para nuestras jóvenes y formales democracias.

¿Que nos dice entonces todo esto para los fines de esta ponencia? Varias cosas. No basta un ejercicio profesional y oficial del levantamiento de los hechos ocurridos en un país para que se cierren las heridas y se consolide el “nunca más”. Un informe público no es la única, ni la más efectiva herramienta para procurar la justicia, la verdad y la reparación. Las memorias de la represión que producen diversos actores políticos y sociales, deben constantemente reactualizarse; en este sentido, el giro cultural de Europa hacia el pasado, es para nosotros un giro político hacia pasados y presentes recientes de terror profundo y de represión. Este giro además, nos obliga a reconocer que la verdad histórica consignada en los informe de memoria puede, de cuando en cuando, volver a ser cuestionada desde distintos sectores, como ha acontecido recientemente en Guatemala7 y, como de hecho ya lo está siendo en Colombia, como veremos más adelante con respecto al trabajo de la CNRR. En ese sentido, debe ser claro para nosotros que el desafío y el problema de todo proyecto de recuperación y tramitación de la memoria, de la justicia, de la verdad, tiene que ver con un proceso siempre abierto y público para todos, un lugar para la deliberación. Por tanto, es un espacio que debe producir una conjugación de sentidos y voces múltiples, sobre ¿qué tipo de olvidos y recuerdos se privilegian?, ¿en función de qué presentes? y ¿para quienes se hace? 5Huyssen, Andreas. (2002). En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; p. 17 – 18. 6Cfr. Augé, Marc. (2000), Las formas del olvido, Madrid, Gedisa; Nora, Pierre. (2001), “Entre Mémoire et Histoire”, en Pierre Nora (ed.), Les lieux de mémoire, t. 1, La République, 2e éd., Paris, Gallimard, p. 23-43; Ricoeur, Paul. (2004), La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica; Todorov, Tzvetan. (2000), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós.7A propósito del balance de los 10 años del informe Guatemala: Memoria del Silencio producido por la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999. Véase Impunity Watch y Convergencia por los Derechos Humanos. 2009. La persistencia de la Verdad: A diez años del informe de la CEH. Guatemala: Impunity Watch. Especialmente el cuestionamiento que existe desde ciertos sectores “radicales” de derecha sobre lo consignado en el informe.

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La necesidad de situar el acento sobre la reactualización de las memorias políticas de nuestros pasados violentos, debe llevar también a comprender la manera como se reconstruyen y recuperan las memorias de naciones que transitaron al postconflicto, o las que siguen en él. Es decir, los usos y abusos políticos que de ella se hace por distintos actores en distintos escenarios nacionales. Al comprender eso, podremos entender la forma y el sentido político que toma posteriormente el recuerdo o el olvido para nuestros países, y en especial para las víctimas. Sobretodo, asuntos tan delicados como la justicia restaurativa, la verdad judicial o histórica y la reparación integral.

Llegados a este punto es claro que me interesa situar la discusión en el terreno político, es decir, aquel que engloba el debate sobre la lucha, desde diversos actores e instituciones, por la recuperación del pasado y las funciones que éste tiene en el presente de una nación. En tal sentido, quiero destacar el significado político de la memoria, la justicia, la verdad y la reparación en contextos de conflicto armado interno como el colombiano. Por memoria, entiendo básicamente todos aquellos procesos y narrativas subjetivas de individuos y grupos que se soportan en experiencias simbólicas y materiales, y que se convierten en objeto de disputa política e histórica.8

Aclaro que la memoria no es sólo un depósito de “subjetividades” sino que también se vuelve histórica cuando se utiliza para construir “datos” sobre el pasado, o cuando se convierte en objeto de investigación.9 La aclaración, se verá más adelante, vale para el caso colombiano. Por verdad, concibo un derecho inalienable de las personas y sociedades a “conocer la realidad integra, completa y publica sobre los hechos ocurridos que rodearon las violaciones a los derechos humanos, sus circunstancias especificas, los motivos que las propiciaron y quienes participaron en ellas"10. La verdad es el elemento indispensable y primario para todo proceso de reconciliación; sin embargo, como más adelante se observará, esta verdad debe ser, tanto judicial como histórica, y no debe pretenderse la subordinación o la subsunción de la una a la otra. Por justicia hago referencia a todas aquellas “obligaciones que tienen los Estados de investigar sobre las violaciones, de tomar las medidas adecuadas para detener a sus autores, para que estos sean perseguidos, juzgados y condenados a penas apropiadas, de asegurar a sus victimas los recursos eficaces y la reparacion de los perjuicios sufridos, y de tomar todas las medidas destinadas a evitar la repeticion de tales violaciones.11 Aquí es importante reconocer que, para el caso de sociedades que le apuestan a procesos de justicia transicional como el colombiano, la justicia no puede propender una amnesia impuesta oficialmente, o valorar solo los procesos punitivos que hagan imposible la reconciliación. Lo que se busca es una justicia restaurativa que responsabilice y equilibre las cargas, que establezca los hechos, que reconozca el daño causado por el crimen, que involucre a las víctimas y comunidades, y genere perdones responsabilizantes.12 Finalmente, por reparación, abrigo el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe a los actores armados y al Estado en los hechos y circunstancias que rodean las violaciones a los derechos humanos. La reparación involucra permanentemente actos en favor de las víctimas, proporcionales a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido. Esta comprenderá restitucion, compensacion, rehabilitacion, satisfaccion y garantias de no repeticion13. En el caso colombiano, la apuesta es por una convergencia entre reparación material y reparación simbólica.

Dado que no existe “una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad” (Jelin, 2002: 5), ya que la memoria es siempre un campo de lucha política, debe quedar claro que estoy defendiendo la tesis de que ella genera unos usos y abusos políticos. Por ello, entiendo tres cosas: a. múltiples maneras de recuperar, gestionar, 8Jelin, Elizabeth. 2002. Los Trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI. 9Jelin, E. Op. Cit.10Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comision de Derechos Humanos. 1996. "Informe del relator especial Theo Van Boven, Proyecto de Principios y Directrices Basicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Obtener Reparacion"; pp. 64-65.11Ver Joinet, "Conjunto dc principios para la proteccion y promocion de los DDUn", p. 32.12Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. 2006. ¿Justicia Transicional sin transición? Bogotá: DJS. Fundación Social. 13Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. Op. Cit.

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tramitar o lidiar políticamente con el pasado reciente; b. diversos fines y funciones con los que se recupera el pasado; c. constantes tensiones, disputas y luchas que genera entre diversos actores, la recuperación y gestión del pasado. En el primer caso, la recuperación involucra tanto unas políticas de la memoria como unas memorias políticas. Esto significa unas “medidas de justicia retroactiva, juicios históricos-políticos, [...] apropiaciones simbólicas de distinto tipo; [pero también] unas formas y narraciones a través de las cuales los que fueron contemporáneos de un periodo construyen el recuerdo de ese pasado político, narran sus experiencias y articulan, de manera polémica, pasado, presente y futuro”14. En el segundo caso, siempre que se recupera un pasado, este se hace con unos fines políticos y públicos. Estos usos siempre tienen una dobla faceta, pueden ser “buenos” y “malos”, dependiendo de qué pasado se pretenda recuperar y en función de qué presente. Debemos tener en cuenta aquí que se puede recuperar una memoria ejemplar, una memoria sanadora en función de un presente reconciliador; o persistir en una memoria literal, de un pasado que ancla en el resentimiento y que provoca paulatina y sistemáticamente una estirilización de la posibilidad del perdón15. Finalmente, la memoria, al igual que lo es la verdad, la justicia, la reparación, no son terrenos neutrales de discusión, sino escenarios de litigio político, de disenso16. Es decir, siguiendo a Elizabeth Jelin, lo político y lo público de estos dispositivos está representado en que producen y generan un espacio y unas prácticas de disputa entre “actores sociales diversos con diferentes vinculaciones con la experiencia pasada” los cuales “pugnan por afirmar la legitimidad de ´su verdad´”17. Estos actores luchan básicamente por el poder. Uno de los actores con mayor fuerza en el espacio de disputa son los agentes estatales “que tienen un papel y un peso central para establecer y elaborar la historia / memoria oficial”18. Otros son los “expertos en violencia” (para el caso colombiano) que pueden construir narrativas oficiales sobre los hechos ocurridos. Además están las víctimas las cuales buscan mantener vivas unas memorias subalternas, no hegemónicas, que reclaman por ser escuchadas, defendidas, no silenciadas. De hecho, deberíamos decir que los actores en disputa pueden ser muchísimos más, solo mencionamos aquí algunos. La búsqueda de claves interpretativas y empíricas sobre la memoria, la justicia, la verdad y la reparación como dispositivos de lucha política me conduce entonces a mirar a continuacion, ese proceso paradigmático y/o singular que es justicia y paz.

2. Justicia y Paz “al banquillo”

Antes de iniciar el balance, quisiera reforzar la idea que he mencionado ya varias veces: Justicia y Paz es un proceso singular, incluso paradigmático. Busco con ello establecer un marco de discusión más amplio, en el que el ideario político de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2006; 2006 -2010) juega un papel crucial.

2.1 Lo singular/paradigmático del proceso y la conexión con la seguridad democrática

En el proceso de Justicia y Paz, dijimos arriba, no hay transición de una situación de guerra civil a una de paz concertada, ni de una dictadura a una democracia. Como efectivamente ha sido el caso de varios países latinoamericanos que han creado comisiones para esclarecer la verdad o los hechos de sus violencias19. Posiblemente haya pasos lentos y con ciertos actores del conflicto, de transitar de situaciones específicas de conflicto degradado a “experiencias” postconflicto en 14Rabotnikof, Nora. 2007. “Memoria y política a treinta años del golpe” En Clara E. Lida, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comp.) Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. México: El Colegio de México; p. p 260 – 261. 15Todorov, T. Op. Cit. 16 Utilizo esta noción a partir de un lectura libre de Ranciere, Jacques. 2006. Política, Policía y Democracia. Santiago de Chile: Lom.17Jelin, Elizabeth. 2002. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI; p. 40. 18Jelin, Op. Cit; p. 40.

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determinadas zonas del país, pero no es la generalidad. Lo más parecido a lo que ocurre hoy en Colombia, es una especie de búsqueda de “justicia transicional sin transición”20. Como ha dicho un historiador colombiano este proceso como otros tantos que han ocurrido en Colombia, deben operar en un escenario de “guerra permanente y negociación permanente”21 Nuestro contexto es tan singular en el continente, pues combina históricamente dos elementos bastante difíciles de sostener en otras partes por tanto tiempo: violencia y legitimidad. Hemos, dirían algunos intelectuales, logrando subsistir al día de hoy como “la democracia más antigua de Latinoamérica”22 El conflicto colombiano tiene además una larga duración y una intensidad variada a lo largo su historia, lo cual rompe cualquier esquema de conflicto latinoamericano y posiblemente del mundo, ya que introduce a múltiples actores, intereses y estrategias de lucha y depredación, las cuales han mutado drasticamente en 45 años o más. Así hemos pasado desde la lucha por la tierra, el control de rutas de drogas ilícitas, hasta la hegemonía en territorios estratégicos para el ejercicio de monopolios privados de la fuerza. Justicia y Paz además reconoce como sujetos de ley solo a los actores armados ilegales del conflicto histórico: en este caso Paramilitares y guerrilla. Sin embargo, son los paramilitares, los que en mayor medida se han beneficiado del proceso. El asunto es que este conflicto tiene muchos más actores: la insurgencia que no se ha desmovilizado y que es la mayoría, el Estado, los empresarios, el narcotráfico, la delincuencia organizada, los paramilitares que siguen delinquiendo o que se han rearmado, entre otros. Además, Justicia y Paz, no reconoce hasta la fecha al Estado como responsable directo del conflicto. Con ello suspende, no se sabe hasta cuando, su responsabilidad histórica en los hechos crueles y lo coloca como actor imparcial del mismo.

De otra parte, la CNRR, columna vertebral de justicia y paz, no es una comisión de la verdad o de esclarecimiento, tampoco quiere constituirse en una tan pronto, es una especie de “hibrido político - jurídico”, que pretende resumir aprendizajes llevados a cabo en otros países, aunque al día de hoy sus logros sean más complicados de lo esperado, incluso sus fundamentos operativos y filosóficos estén siendo cuestionados nacional e internacionalmente23. Se ha dicho de parte de uno de sus integrantes, que este proceso es lo mas parecido a la pre-comisión de la verdad del proyecto de Recuperación de Memoria Histórica en Guatemala (REMHI), liderado por la Iglesia Católica y que en 1998 produjo el informe Guatemala Nunca Más.24 Así como este informe y la experiencia de trabajo generada en las comunidades de Guatemala, sirvieron de experiencia acumulada para lo que sería luego la Comisión de Esclarecimiento Histórico, también se podría pensar que el trabajo que esta comisión realice sirva en un futuro para una comisión de la verdad en el país. Aunque debe decirse aqui, que Colombia (probablemente en esto también sea único) ha pasado al menos por siete u ocho “laboratorios” oficiales e internos de esclarecimiento de los hechos de violencia (entre 1958 y 1998) nombrados por distintos gobiernos, pero con escasa repercusión en la paz nacional, y con bajo impacto en reducidos sectores sociales de población. Y otros tantos ejercicios “no oficiales”que continúan hasta el dia de hoy25. Precisamente está por

19Springer, Natalia. 2002. Sobre la verdad en los tiempos del miedo: del establedmiento de una comision de ta verdad en Colombiay los desafios para la justida restaurativa. Facultad de Finanzas, Gobiemo y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia, Bogota. 20Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. 2006. ¿Justicia Transicional sin transición? Bogotá: DJS. Fundación Social. 21Sánchez, Gonzálo. 2007. “Retos de la verdad y la memoria en medio del conflicto”. En: Bleeker, Mô, Ciurlizza, Javier y Bolaños Vargas, Andrea. 2007. Memorias de la conferencia “El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en América Latina”. Realizado en Bogotá del 19 al 21 de julio de 2007. Disponible on-line: p, 61 – 71. 22Palacios, Marco. 1995, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Bogotá: Norma; Pécaut, Daniel. 1987, Orden y Violencia: Colombia 1930-1954, Bogotá: Siglo XXI – CEREC. 23International Crisis Group. 2008. Corregir el Curso: Las Víctimas y la ley de justicia y Paz en Colombia. Informe sobre América Latina N°29– 30 de octubre de 2008. Disponible on-line: http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/spanish_and_portuguese/29_correcting_course___victims_and_spanish.pdfl. Consultado el 5 de diciembre de 2008.24 Cfr. Sánchez, Gonzalo. 2007. “Retos de la verdad y la memoria en medio del conflicto”. Op. Cit.

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establecer ¿cuáles son los “aprendizajes internos” que Justicia y Paz toma de estos otros procesos de recuperación del pasado violento?

Este “laboratorio” pretende además llevar a cabo, desde diversas instancias institucionales y de forma más o menos paralela, una serie de acciones y procesos complejos, que otras comisiones que han funcionado en América Latina, han hecho consecutivamente, desde luego no siempre de forma afortunada. Por ejemplo, la Fiscalía lleva los procesos judiciales con los desmovilizados y los escucha en audiencias públicas. La justicia ordinaria dicta las sentencias y otorga penas alternativas. La CNRR acompaña los procesos de desmovilización y reinserción de los desmovilizados a la vida social a través de programas de atención; además atiende a las víctimas en todo el proceso de juicio, sentencia y búsqueda de reparación y les está generando algunos mecanismos de reparación. Por su parte, algunos organismos internacionales están apoyando algunos procesos institucionales y comunitarios. El GMH pretende levantar un informe global de la memoria de los hechos derivados de los actos crueles de los actores armados ilegales, en un período de tiempo muy heterógeneo y nada fácil de establecer, como han reconocido sus mismos integrantes, y que va más o menos desde 1964 hasta 2007.26 Este período se extiende hasta la consolidación de las FARC como movimiento insurgente. Como si esto no fuera poco, el mandato de funcionamiento de la CNRR es bastante atípico (ocho años) y tiene que operar en el marco de todas las contingencias propias del desarrollo y agudización del conflicto armado interno. Esto hace que la misma aplicación de los procesos de justicia y paz tengan que rehacerse jurídica y políticamente de manera constante en el camino. Además, los funcionarios de la CNRR, algunos de ellos analistas políticos de la violencia nacional bastante críticos sobre el tema, deben trabajar ahora con el fantasma de la negación oficial del conflicto armado interno en Colombia. Ellos han tenido que sortear el cuestionamiento permanente a su legitimidad como organismo autónomo de la política oficial de Uribe Vélez y de su proyecto ideológico de seguridad democrática. Quisiera para no extenderme en lo singular y paragidmático, referirme a este último aspecto puesto que considero es crucial para comprender mas ampliamente lo que está sucediendo en el país en lo que respecta a los usos y abusos políticos de justicia y paz.

Sostengo que es imposible pensar ambos proyectos (ley de justicia y paz y seguridad democrática) por separado, aunque el primero haya tomado otros matices por el camino y esté involucrando nuevas dimensiones que no se reducen al uribismo. Brevemente diré que la seguridad democrática es un proyecto político de largo alcance, que involucra aspectos ideológicos, sociales y económicos, que ha ido mutando en los dos periodos presidenciales, y seguramente seguirá con su metamorfósis de obtener un tercer mandato presidencial. Inicialmente (período 2002 – 2006) se

25 Cfr. Entre los proyectos oficiales destacan: La Comision Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la violencia en el Territorio Nacional (1958); Comision de Estudios sobre la Violencia (1987); Comisión de Investigaciones de los sucesos violentos de Trujillo (1994); Comisión de la verdad de los hechos del Palacio de Justicia (2005). Felix Reátegui Carrillo en un texto titulado: “Estudio sobre búsquedas de la verdad para una sociedad posconflicto” ha documentado más de 20 experiencias de recuperación de la memoria y la verdad en el país. Cfr. AA.VV. 2007. El Mosaico de la Memoria. Experiencias locales, no – oficiales o parciales de búsqueda de la verdad histórica. Bogotá: Fundación Social/Centro Internacional para la Justicia Transicional. María Victoria Uribe, en el marco de las actividades del GMH, ha estado trabajando en la búsqueda de iniciativas de este tipo en todo el país. Algunas de estas iniciativas están siendo lideradas por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES); el Programa Testimonio, Verdad y Reconciliación de Pastoral Social; el Banco de Datos de Violencia Política del CINEP; el Sistema de Información de Población Desplazada liderado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES y el Grupo de Trabajo por el Esclarecimiento de los Hechos contra la Unión Patriótica. Entre las experiencias de más largo alcance en el país, están el Proyecto Nunca Más que desde 1996, viene documentando crímenes de Estado. A este proyecto se suma la iniciativa de las Galerías de la Memoria del MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado) las cuales se encuentran disponibles en red. 26 La temporalidad es la primera batalla de la memoria”, así ha dicho el historiador Gonzálo Sánchez. La cuestión es que la discusión sobre el asunto trasciende lo académico y llega a lo político. Se ha hablado de comenzar en 1948 inicio de la violencia en el país, de 1964 cuando irrumpe la insurgencia armada contemporánea, de 1985 con el holocausto del Palacio de Justicia y 1991 con la Constitución Política. Aquí la disputa sigue. El asunto es que alargar y acortar esta temporalidad tiene efectos en el universo de víctimas a considerar, así como en los alcances de la justicia, la verdad y la reparación con las víctimas histórcas del conflicto colombiano. Cfr. Sánchez, Gonzalo. 2007. Retos de la verdad y la memoria en medio del conflicto. En: Bleeker, Mô, Ciurlizza, Javier y Bolaños, Andrea. 2007. Op. Cit

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concentró en un ideario de “unidad nacional” y en una política de “mano dura y corazón blando”. El principal objetivo era lograr la “restauración” de la autoridad en el territorio, sin perder el “sentimiento” de la unidad; además de atraer y recuperar la “confianza” inversionista. En el segundo período presidencial (2006 – 2010), el proyecto pasa lentamente de la “restauración” a la “securitización”. Se hace más popular la idea que practicamente ha defendido Uribe desde la llegada al poder: no hay un conflicto armado interno, sino una “amenaza terrorista”. Esto tiene implicaciones reales para el país y para la lucha contra la insurgencia, ya que al legitimar la doctrina de seguridad democrática, se despolitiza una gran parte del conflicto y se lleva al que antes era “enemigo político” al rango de “terrorista”, radicalizando con ello el ejercicio de lo politico y legitimando toda acción militar contra grupos como las FARC. Sin embargo, lo más preocupante es como ese discurso de la seguridad impregna a la “disidencia política o intelectual”, así esta no apoye las acciones de las FARC27. No es de extrañar que dentro de las metamórfosis que se avecinan de este proyecto ideológico, esté el de convertirlo en parte del articulado de la Constitución Nacional, ya por cierto bastante golpeada con el uribismo.

Si quisieramos hacer un balance rápido de la seguridad democrática habría que comenzar diciendo que ha tenido en los políticos de la coalición a sus mejores aliados. Sin embargo, se ha valido adecuadamente de los medios de comunicación y las élites políticas y económicas. Recientemente se ha soportado su prestigio en “otros” sectores y “logros” como los obtenidos por los organizadores de las marchas nacionales, o las fugas de los secuestrados y, en particular, los últimos éxitos de las campañas militares en contra de este grupo. Lo alarmante es que la lógica de “penalización” que funciona para unos dentro de la seguridad democrática, no opera de igual forma con las estructuras paramilitares, con los parapolíticos, y con muchos de los militares responsables por acción u omisión histórica en masacres sistemáticas ocurridas en el país o en los llamados “falsos positivos”28. Ahora bien, durante estos dos periodos, lo que ha hecho Uribe Vélez es defender a capa y espada en cualquier escenario nacional e internacional los logros, muchos de ellos contrafácticos, de su proyecto político29. La síntesis de esta lógica política de la seguridad

27Esto está pasando por ejemplo con miembros del colectivo Ciudadanos y Ciudadanas por la paz que reune personas de distintos sectores políticos y de la intelectualidad del país y que trabajan por la liberación de los secuestrados políticos en manos de las FARC, muchos de los cuales son presentados por el gobierno y por muchos medios como “simpatizantes de los terroristas”. 28Civiles, en su mayoria jóvenes de sectores populares, presentados como individuos abatidos en combate, pero ejecutados extrajudicialmente por el ejército, con el fin de mostrar éxitos militares y recibir beneficios. El Cinep en una reciente publicacion (abril de 2009) ha reconocido que “aunque la problemática de falsos positivos ha venido creciendo desde el año 2002, la discusión pública ganó preponderancia desde septiembre hasta hoy , cuando se descubrió el delicado caso de Soacha (Cundinamarca), donde once jóvenes aparecieron muertos en Ocaña, Norte de Santander y fueron registrados como presuntos guerrilleros dados de baja por el Ejército. El impulso mediático dado por este hecho, ha llevado a un incremento en las denuncias sobre otros casos, particularmente en Antioquia, Sucre y Boyacá, entre otros departamentos del país” Cfr. Cinep. 2009. Falsos Positivos. Balance del Segundo Semestre de 2008. Informe Especial. Disponible en: http://www.alboan.org/docs/articulos/canales/alboan/InformeFalsosPos.pdf. Consultado el 1 de junio de 2009. A la fecha se calculan más de 1.400 de estos casos denunciados por organizaciones defensoras de los derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación está investigando más de 700 casos. Recientemente el gobierno destituyó 40 militares, entre oficiales, suboficiales y soldados. Tres de los destituidos eran generales. Ha sido considerada una purga militar sin precedentes en Latinoamérica. Esto desembocó en la renuncia del jefe del Ejército, Mario Montoya, presentado como héroe militar en los golpes recientes contras las FARC. Pese a esto, no han cesado los casos de falsos positivos. 29 Algunos analitas han mostrado esto. Por ejemplo, en el primer período de la seguridad democrática, aumentó la incidencia de la pobreza, pasando en el 2001 del 74,6% de colombianos por debajo de la línea de pobreza al 77,3% en el 2004 (Cfr.Sarmiento A, Libardo. 2004. “Malestar social y política pública” en Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Reelección: el embrujo continúa. Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Bogotá: 89- 97. En un reciente artículo de un investigador del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular, Colombia) se muestra el doble rostro de la seguridad democrática en lo que va corrido de este proyecto. Por un lado, las acciones unilaterales de las FARC disminuyeron de 400 en el 2001 a menos de 50 en el 2008; las masacres que en el 2000 eran el 47% de la acción paramilitar, en el 2004 fueron el 8% y en el 2007 son el 3%. Pero por otro, se ha hecho más notoria “la amenaza” de los paras como estrategia de guerra y tecnología de desplazamiento, ya que en el 2004 era el 4% y en el 2007 es el 57% de la acción. A esto se suma el proceso de desinstitucionalización del Congreso por la parapolítica, especialmente los partidos de la coalición uribista y del aumento considerable de revictimización. Cfr. Angulo, Alejandro

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democrática está en que funge como un programa político de “restauración – securitización”, secundado además por los discursos de “guerra contra el terrorismo” que defienden países como Estados Unidos. Proyecto que por momentos tiene visos neopopulistas, aunque “no está cimentado en una sólida base popular, rasgo fundamental del populismo latinoamericano”30 (2007: 161). Pretende además contribuir a la tramitación de la fractura acumulada por la violencia de los últimos 45 años, a través de la derrota militar de los “violentos” y del aniquilamiento de la “amenaza terrorista” (léanse las FARC). Con ella pretende además ofrecer beneficios políticos y jurídicos para los desmovilizados. Busca además admitir, que si bien hay víctimas que reparar, no son todas las que los organismos defensores de derechos humanos dicen que son. Con esta política Uribe Vélez también se está asegurando un control político y simbólico de las cifras reales de los problemas del país real.

A tenor de esta política de seguridad democrática se aprobó y está funcionando al dia de hoy la ley de Justicia y Paz. Hay de todas formas que reconocer que esta ley se enmarca en un conjunto de leyes promulgadas para facilitar el acercamiento con los grupos armados.31 Por ejemplo, la ley 782 de 2002 que cobija a muchos de los desmovilizados en el actual proceso, pero que a diferencia de la anterior, no contempla reparación, o el Decreto 2767 de 2004 que garantiza beneficios amplios para los desmovilizados, por colaboración, por entrega de material o por desarticulación de grupos armados. El objetivo central de la 975 quedó planteado así: “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”32. Sin embargo, durante todo el proceso de aprobación de la ley ésta sufre algunos reparos. En septiembre de 2005, el texto original, reglamentado por el Decreto 4760 de 2005, fue demandado por inconstitucional por algunos sectores de la sociedad civil, que consideraban que esta ley nacida en el seno del proyecto de seguridad democrática, lesionaba abiertamente los derechos de las víctimas a la reparación, a la justicia y a la verdad, y legitimaba un sistema de impunidad abierto y declarado para los victimarios.33 La Corte Constitucional revisó la demanda y aprobó el 18 de mayo de 2006 el texto final, con algunas correcciones de fondo, obligando al gobierno a replantear varias de ellas. La Corte dijo que no podía constituirse en una ley de amnistía (2008). El Reacomodamiento. Disponible en: http://www.cinep.org.co/node/617. Consultado 11/02/2009. 30Galindo, Carolina.“Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez” en Iconos, Quito – Ecuador, No. 27: 147-162 31 El proceso de discusión comienza en 2002 (ley 782) y se extiende hasta 2005 (Ley 975). En diciembre de 2003 se discutió la propuesta gubernamental de “alternatividad penal”, pero fue descabezada rapidamente pues favorecía la impunidad. Luego se presentaron varias iniciativas legislativas, por distintos congresistas (Rafael Pardo, Gina Parody, Wison Borja, Carlos Moreno de Caro, Luis Fernando Velazco, Piedad Cordoba), unas mas acordes que otras a la defensa de los derechos de las víctimas. A finales del 2004, el gobierno solicita a Rafael Pardo quien lideraba algunas de esas iniciativas legislativas, conciliar un texto, pero en 2005 el gobierno, en cabeza del Alto Comisionado para la Paz y otros congresistas presentan varias propuestas distintas. De nuevo, la oposición y el congresista Rafael Pardo presentan otro texto que permite ratificar ante la opinión pública y las víctimas, la necesidad de que el paramilitarismo sea un delito común, que debe haber confesión plena, que deben haber penas mínimas que no se rebajen por otros acuerdo y que deben participar las víctimas en todo el proceso. Cfr. Síntesis de la Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 975 de 2005 (presentada por 105 demandantes, entre ellos 32 organizaciones de derechos humanos y 73 personas naturales), sep. de 200532República de Colombia. Congreso de la República. 2005. Ley 975. Capítulo I, Artículo 1. 33 A propósito del cuestionamiento sistemático de la ley se pueden consultar, entre otros documentos: la Síntesis de la Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 975 de 2005 (presentada por 105 demandantes, entre ellos 32 organizaciones de derechos humanos y 73 personas naturales), sep. de 2005; La Síntesis del Fallo de la Corte Constitucional Colombiana sobre la inconstitucionalidad de la ley 975, de mayo de 2006 y el Acuerdo 3391 de 2006 (Reglamentario de la Ley 975) de septiembre de 2006. También se recomienda consultar algunos artículos críticos emitidos por la Comisión de Juristas sobre el Decreto 3391 de 2006 que reglamenta la ley de Justicia y Paz y sobre la Sentencia de la Corte (C-370). Documento de octubre de 2006. Comunicados de prensa de la Corte Constitucional sobre la Sentencia (C-370) sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 975 de 2005. Mayo de 2006; Comunicado de prensa de la Comisión de Juristas sobre fallo de la Corte Constitucional, mayo 19 de 2006; y el comunicado de prensa de esta misma comisión de juristas sobre el proyecto de acuerdo 3391, agosto 30 de 2006. Un estudio más sistemático del proceso aparece consignado en el libro de Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. Op. Cit.

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e indulto; que la víctima debía ser reparada integralmente por el victimario y debía participar en todo el proceso; que la ley debía ser considerada una ley ordinaria que otorga beneficios de alternatividad penal solo si se confiesa la verdad total de los hechos cometidos por los victimarios y se entregan los bienes adquiridos ilícitamente; y que el paramilitarismo no podía constituirse en delito político34

Tras el control de constitucionalidad que sufrió la ley, el gobierno de Uribe Vélez, aprobó un acuerdo reglamentario en septiembre de 2006 (acuerdo 3391) introduciendo los elementos sugeridos por la Corte, pero dejando también de lado otros muy problemáticos que podrían minar su proyecto de seguridad democrática, especialmente los concernientes a nociones más comprehensivas de víctima y de reparación. Se consideraron solo las víctimas de actores armados ilegales, y aunque se incluyeron los “familiares de las víctimas” según lo demandó la Corte, no se tuvieron en cuenta las víctimas de crímenes de estado35. Además se concibió a los desmovilizados del paramilitarismo como los primeros titulares de la obligación de reparar a las víctimas y al Estado como un “reparador residual”36. La lógica del gobierno de Uribe Vélez fue pragmática de cabo a rabo, con la aprobación del documento final. Se trató de apostar de inmediato por una ley que permitiera a mediano plazo construir una política criminal especial encaminada a la justicia restaurativa para la transición, mediante procesos judiciales de investigación, juzgamiento, sanción y otorgamiento de beneficios penales. En esa lógica estaba de “fondo” el ideario de reconciliación nacional uribista: reconciliar víctimas y victimarios al mismo nivel. El asunto es que visto hoy, tal y como quedó ajustada la ley, lo que se gestó fue un conflicto y una disputa política entre víctimas, victimarios y gobierno. Escenario que no ha cesado de generar debates e impugnaciones de las partes.

2.2 Alcances y Cifras. Deudas y abusos

Tres años después de iniciado el camino, en un gobierno cuestionado en Latinoamérica y Europa por sus actuaciones condescendientes respecto del paramilitarismo y la parapolítica en zonas estratégicas del país37, el proceso arroja más o menos las siguientes cifras. Aclaro que estas

34República de Colombia. Corte Constitucional Colombiana. 2006. Sentencia C-370. 35La “víctima” según la ley 975 (art. 5) tiene las siguientes características : a. persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos y permanentes que causen discapacidad física, psíquica y sensorial, además de sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales; b. los daños deberán ser consecuencia de acciones realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley; c. se extenderá la afectación a la cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida; d. la condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima; e. son víctimas también los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley; f. se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley. 36 En la sentencia C-370 de 2006, la Corte Constitucional señaló: "los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos". En tal sentido, “el Estado ingresa en esta secuencia sólo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (inciso segundo del artículo 42 de la Ley 975 de 2005) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes”. 37 Cfr. Valencia, León y Observatorio del Conflicto Armado. 2007. “Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos”: 11 – 58. En: Mauricio Romero (editor). La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Cerec /Corporación Nuevo Arco Iris. Disponible en: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/files/libros/Libro_parapolitica.pdf. Consultado el 5/12/2008

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son cifras de organismos nacionales e internacionales publicadas en la red. Entre agosto de 2002 y enero de 2009, se han desmovilizado colectiva e individualmente 49.839 paramilitares y guerrilleros38. Se ha producido la confesión de cerca de unos 2.700 crímenes, con información de 8,700 más. Las autoridades judiciales han exhumado aproximadamente 1.700 cadáveres en algunas zonas del país donde hubo asesinatos múltiples y selectivos39. En cuanto a las víctimas, 211.000 se han registrado en la Unidad de Justicia y Paz (UJP) de la Fiscalía40. Por su parte, la CNRR manifiesta haber atendido a diciembre de 2008 cerca de 93.000 víctimas por diferentes servicios41. El GMH ha publicado el primer informe de una serie de varios informes que sobre la memoria emblemática del conflicto en Colombia se han propuesto. Sin embargo, el proceso de justicia y paz no se puede valorar sólo a la luz de estas cifras y logros. Desde sus inicios viene sufriendo enormes reparos, además de las víctimas, de amplios sectores de opinión independiente nacionales e internacionales, precisamente por las enormes deudas, asuntos pendientes y ciertos abusos políticos que se están cometiendo en temas como reparación, verdad y justicia. De no atenderse estos, pueden desembocar en un ejercicio espúreo de justicia y verdad para las víctimas, y en una reconciliación forzada para todo el país42. Menciono a continuación tres planos en los que operan las dificultades: jurídico, económico – moral, politico - social.

2.2.1 En el plano jurídico

A. La ley finalmente aprobada establece como víctimas solo las de grupos armados ilegales que hayan entrado en acuerdos de desmovilización. Pero ya se mencionó que el universo de víctimas no termina aquí. El asunto que se sigue cuestionando es ¿por qué unas víctimas sí y otras no?, ¿que pasaria si el Estado reconociera todo el universo de ellas, incluyendo las que ha producido, a través de agentes como la policía o el ejército?. ¿Seria el momento de hacerlo, o habría que esperar a cerrar este proceso de justicia y paz, y abrir otro de comisión nacional de la verdad de crimenes de Estado? Además, acecha el interrogante de si el ocultamiento de un tipo de victimas ¿no estaría reflejando que se quiere encubrir un tipo de verdad de largo aliento que de ser reconocida oficialmente podría socavar el mismo proceso de justicia y paz, tal y como está actualmente planteado desde el gobierno de Uribe Vélez?. De otra parte, sospecho (y repito es sólo una sospecha) podría estarse legitimando dentro de justicia y paz, un cierto tipo de víctima “funcional” al mismo proceso, con ciertos privilegios de atención y reparación, en detrimento de otras que no han sido debidamente atendidas o que no han tenido la posibilidad de movilizar ciertos recursos (dificultades de conocimiento del proceso, dificultades de acceso a los mecanismos juridicos y políticos) para reclamar y resistir al olvido.

B. Tal y como está caminando el proceso, no se establecen instrumentos suficientes para garantizar la verdad histórica. Se busca la verdad judicial, la derivada del proceso realizado por la Fiscalía General de la Nación, que incluye una declaración fidedigna y completa; pero no se ha

38Cifras del Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD) -Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Corte al 31 de enero de 2009. Un poco más del 70% equivaldría a Paramilitares y el resto a insurgentes de las FARC y del ELN. 39 International Crisis Group. 2008. Corregir el Curso: Las Víctimas y la ley de justicia y Paz en Colombia. Informe sobre América Latina N°29– 30 de octubre de 2008. Disponible en: http://www.crisisgroup.org/library/documents/latin_america/spanish_and_portuguese/29_correcting_course___victims_and_spanish.pdfl. Consultado 5/12/2008. Posiblemente haya cifras más actuales, pero no se lograron consolidar para esta ponencia. 40 Datos de Acción Social (Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperación Internacional) a enero de 2009. La zona donde más se han presentado solicitudes es el Departamento de Antioquia 41Informe de Gestión 2005 – 2008. CNRR. Disponible en http:/www.cnrr.org.co/new/interior_otros/InfGestion2005-2008.pdf.Consultado1/06/2009. 42 Cfr. González Posso, Camilo y González Perafán, Leonardo. 2008. “Los Complejos debates de la ley de Víctimas”. En: Kas Papers No. 2. Konrad Adenauer Stiftung – Colombia. Disponible en: http://www.kas.de/wf/doc/kas_15324-544-4-30.pdf. Consultado el 26/01/2009; Cfr. International Crisis Group. 2008. Op. Cit.

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abordado lo suficiente el asunto de la verdad histórica, la que le permite a la victima tener una memoria más amplia de lo acontecido. Incluso no se ha profundizado sobre cómo compaginar la verdad recogida en el ejercicio de reconstrución de la memoria histórica, con la verdad del caso específico declarado por el desmovilizado. Precisamente han señalado algunos analistas, que para el caso colombiano esa verdad judicial podría terminar por ser fragmentaria, ajustada solo a los casos; unilateral, ya que proviene del declarante y no toma en cuenta la voz del afectado, u otras voces; y ajustada solo al conocimiento de las circunstancias en las que sucedió el delito, pero incapaz de dar cuenta de las condiciones estructurales que lo ocasionaron.43 Y es que si la principal búsqueda del proceso de justicia y paz colombiano es fundamentalmente la verdad judicial, la cual deriva de un proceso penal, de unas audiencias públicas, de una sentencia dictada, ¿que tan efectiva para la reconciliación y la reparación puede ser esta verdad?, ¿No será que se está abusando de la verdad judicial en favor de los victimarios, en desmedro de la verdad histórica para las víctimas? Por ahora, es claro que la verdad judicial y la verdad histórica están generando lucha política, la misma que involucra y enfrenta a víctimas, victimarios y gobierno.Las primeras quieren una verdad integral, donde confluya lo judicial con lo histórico. Las segundas ofrecen una verdad a su medida ajustada a su condición de desmovilizados, no a lo que digan las víctimas o a lo que se recabe en otros informes. Ellos estan amparados en unas garantías y legitimidad que les otorga un proceso hecho a su medida. El gobierno por su parte ofrece una verdad judicial pragmática ajustada a las declaraciones de los desmovilizados, a los casos de los cuales ellos tengan noticia; el problema es que muchos de ellos, vaya ironía, se han declarado con amnesia frente a sus propias víctimas.

C. Si bien el proceso está diseñado para generar sentencias judiciales que conduzca a otorgar las penas alternativas, al día de hoy solo existe una sentencia de Justicia y Paz, por lo demás cuestionada dado que correponde a un mando medio44, y no precisamente la sentencia se profiere por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la misma abre el camino para examinar con mas detenimiento, cómo deberían llevarse a cabo las que siguen. Sobre todo, como conectar en ellas, los “casos más duros”, aquellos en los que personas de altos mandos, están involucrados en violaciones de derechos humanos y frente a los cuales se han señalado responsabilidades directas desde organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos45. El tema central aquí será como garantizar que dichas sentencias que se avecinan propendan por una justicia restaurativa y responsabilizante que facilite la reparación para la víctima, pero no impida por su dureza el cierre de posibilidades de declaraciones de los desmovilizados de los hechos de violación de derechos en los que han participado. De todas maneras sigue abierta la discusión sobre ¿qué tipo de justicia se requiere hoy en Colombia en el marco de este proceso? Y además, ¿cómo hacer para que la justicia no cubra sólo los crimenes cometidos por los desmovilizados, sino también los cometidos por los agentes estatales?. Solo traigo a colación aquí lo dicho por un analista externo respecto a lo que podría desencadenar justicia y paz de no examinarse debidamente

43Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. Op. Cit. 44 La condena se profirió contra alias “El Loro”. Fue condenado a una pena alternativa de cinco años por el homicidio de tres personas, extorsión y falsedad de documentos públicos. Como ha señalado una investigadora de Dejusticia “A primera vista, la sentencia constituye un acontecimiento positivo, pues lanza el mensaje de que la Ley de Justicia y Paz está empezando a producir efectos. Sin embargo, un análisis detallado de la sentencia y de su significado en el proceso de Justicia y Paz muestra que esta deja mucho qué desear como hito histórico en materia de lucha contra la impunidad” Safón, María Paula. La primera sentencia de Justicia y Paz, mucho qué desear. Revista Semana. Abril 23 de 2009. Disponible on-line: http://dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=1&id_publicacion=579. Consultado 20 de mayo de 2009. 45 Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Colombia en los casos de La Rochela (Mayo de 2007), Ituango (Julio de 2006), Mapiripán (Septiembre de 2005), Wilson Gutiérrez Soler (Septiembre de 2005), Pueblo Bello (Enero de 2006), 19 Comerciantes (Julio de 2004), Las Palmeras (Noviembre de 2002) e Isidro Caballero y María del Carmen Santana (Diciembre de 1995). Cfr. Corporación Viva la Ciudadanía. 2008. En busca de verdad, justicia y reparación Propuestas desde las víctimas. Papeles para la democracia. Disponible en: http://www.viva.org.co/documentos.htm?x=18812426. Consultado 9/02/2009.

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su rumbo: “en un indulgente sistema de justicia criminal doméstico, con énfasis en la revelación de la verdad e indemnizaciones”46.

D. Finalmente, una preocupación sentida por casi todos los observadores internacionales y nacionales de este proceso es ¿qué tanto las víctimas conocen las instancias y procedimientos judiciales? Esto es esencial si se quiere que sean sujetos políticos con voz para demandar y exigir. Aquí el asunto es preocupante, pues según lo arroja una reciente investigación realizada en el país, las víctimas realmente desconocen los procesos jurídicos o las instancias directas a las que acudir para denunciar o solicitar reparación47. Esto las coloca en una situación de vulnerabilidad como “mantenedores de la memoria” y en situación de incertidumbre frente a instituciones como la Fiscalía o la CNRR. Pasan a representar unos sujetos sin voz, unas simples cifras de un proceso que les resulta extraño o que simplemente no logran entender.

2.2.2 En el plano económico – moral A. El asunto más preocupante es la reparación. Y es que hay cantidad de piezas que todavía

no acaban de cuadrar en este “rompecabezas” criollo. Por ejemplo, se supone que para la ley 975, los principales reparadores son los desmovilizados, pero ellos hasta ahora han entregado muy pocos bienes o lo que han entregado es realmente “irrisorio” al Fondo Nacional de Reparación. Además, los jefes de las estructuras paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos para que respondieran por casos de narcotráfico (no por violaciones a los derechos humanos) y esto ha sido un duro golpe para el proceso que internamente se llevaba con las víctimas. Sin embargo, pese a que los victimarios han entregado solo lo que han querido, las víctimas están resistiendo, están problematizando la reparación, no quieren una reparación que termine por adecuarse al libre arbitrio de lo que entregaran los desmovilizados. Al respecto puede resultar interesante fijarse en la propuesta del Movice del Catastro Alternativo de Bienes48.

B. En el proceso de reparación, el gobierno no se ha comprometido debidamente con una reparación sustantiva con todos, porque de paso estaría reconociendo su responsabilidad en el conflicto armado interno, lo que iría en contravía del presupuesto ideológico de la seguridad democrática. Para el gobierno, el ejercicio derivado del proceso judicial con los desmovilizados es el que conduce a reparación. Sin embargo, en el 2008 el mismo gobierno expidió un decreto de “reparación administrativa” (Acuerdo 1290 de 2008)49. Este ha sido seriamente cuestionado por ciertas organizaciones de víctimas, ya que excluye de manera tajante los delitos contra la propiedad, el patrimonio y las violaciones colectivas o atribuibles a agentes del Estado. Además podría terminar por limitar las posibilidades de lograr una mínima verdad judicial, en la medida en que no

46 Thierry Cruvellier.2008. “Los medios masivos de comunicación en contextos de justicia transicional”. En: Autores Varios. Cuadernos del Conflicto. Verdad, Memoria Histórica y Medios de Comunicación. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz/Publicaciones Semana/Centro Internacional para la Justicia Transicional. 47 Cfr. Rettberg, Angelika. 2008. Reparación en Colombia. ¿Qué quieren las víctimas? Bogotá: GTZ/Fiscalía General de la Nación/Universidad de los Andes. Disponible en: http://www.postconflicto.uniandes.edu.co Consultado 25/01/200948Mediante esta estrategia se busca que las mismas víctimas y sobrevivientes recauden información sobre los bienes que fueron arrebatados violentamente a los campesinos por estrategias políticas de despojo sistemático lideradas por el Estado, los terratenientes y las empresas transnacionales en zonas de tierras productivas. La información es acopiada y sistematizada por las organizaciones en las zonas, através de una ficha, y luego es entregada al gobierno para ser evaluada, definiéndose las vías judiciales más apropiadas para iniciar un proceso de reparación más ajustado a las necesidades de las víctimas y no solo a la racionalidad estatal. Algunos investigadores calcula que en Colombia 5,5 millones de hectáreas han sido usurpadas a los desplazados forzados que ascienden hoy a más de 4´000.000 de personas, entre 1985 y 2009. Estas hectáreas usurpadas equivalen al 10,8% de la superficie agropecuaria del país. Esta cifra no incluye despojo de tierras colectivas de comunidades afrocolombianas e indígenas, ni de propiedades mayores a 100 hectáreas. La superficie agropecuaria del país para el 2006 era de cerca de 51.000.000. De estas más o menos 4.300000 son áreas agrícolas. Cfr. Garay Salamanca, Luis Jorge , Barbiere Gómez, Fernando y Celeide Prada, Gladys. 2009. “Impactos económicos del desplazamiento forzado. Disponible on – line: http://indh.pnud.org.co/files/boletin_hechos/impactos_economicos.pdf. Consultado el 4 de junio de 2009. 49 Mediante el cual se crea el“Programa de Reparación Individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”.

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contempla una investigación ni sanción penal con base en confesiones o colaboraciones con la justicia. Ahora bien, habría que indagar con más detenimiento ¿qué tipo de victimas han solicitado la reparación? ¿cual reparación está funcionando mejor para ellos? ¿Corresponden estas solicitudes a víctimas “comunes” que la toman porque no hay de otra frente a la necesidad sentida? ¿que pasa con las víctimas que tiene algún status político y que fueron victimizados por actores armados ilegales? ¿han aceptado o problematizado la reparación? Aquí definitivamente hay un terreno para indagar.

2.2.3 En el plano político y social

A. En medio de un proceso que se supone, tal y como lo presenta el gobierno de Uribe Vélez, ha desarmado y desarticulado las estructuras paramilitares, se observa con preocupación brotes de revictimización, rearme de viejas estructuras y emergencia de nuevas. La revictimización además va acompañada de una escalada selectiva de terror contra ciertos grupos, colectivos y líderes que han mantenido vigente la voz de las víctimas. Un ejemplo de ello es Trujillo-Valle, caso emblemático mencionado arriba, donde se han presentado “asedios” a los familiares de las víctimas que fungen como mantenedores de la memoria y reclaman justicia. Estas amenazas provienen de bandas criminales al servicio del narcotráfico como Los Machos y Los Rastrojos50.

B. Las organizaciones de víctimas, por ejemplo el MOVICE (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) reclaman porque los ejercicios “oficiales” de reconstrucción de las memorias de la violencia, también incluyan las memorias de las víctimas de crímenes de Estado. Un proceso en el que se visibilice de igual manera la memoria de los hechos crueles cometidos por los paramilitares, la guerrilla y por el Estado. Lo interesante es que estas víctimas se han encargado, por más de 13 años de levantar su propio registro memorial (Proyecto Nunca Más) donde documentan crimenes de Estado. El mismo ha sido entregado a instancias como la Fiscalía y ha sido recogido por el GMH, pero aquí la pregunta es ¿qué tanto se van a articular en los informes del GMH esas “otras memorias” y esas otros registros del pasado? Al parecer el Informe de Trujillo Valle ha sido consciente de esto pero también amerita una investigación más detenida.

C. El actual gobierno a través de los medios de comunicación, se ha encargado de generar un ambiente de “satanización” de los reclamos de ciertas víctimas y organizaciones, y de “exaltación”, en muchos escenarios políticos, de los victimarios desmovilizados como víctimas de una violencia que primero generaron otros demonios como los “terroristas de las guerrillas”. Esto a lo que lleva es a disminuir las responsabilidades históricas de los victimarios. Las audiencias públicas han reflejado esta lógica. Algunos líderes de las estructuras paramilitares desmovilizadas han terminado por racionalizar y minimizar su propia responsabilidad, aumentando así la tensión sobre el pasado y sobre la verdad histórica, y descargando parte de la culpa en sus víctimas51 .

D. Preocupa el “descuartizamiento” de la “Ley de Víctimas” a mediados y finales del año pasado en el Congreso de la República. Esta iniciativa, había sido presentada, a finales del 2007, desde algunos sectores de oposición política (Partido Liberal, Polo Democrático) e incluso por sectores moderados de la coalición uribista, con la anuencia de las organizaciones de víctimas, bajo

50Los Machos está integrado por mercenarios al servicio de Diego Montoya, alias ´don Diego´, capturado por el ejército en septiembre de 2007 y Los Rastrojos lo conforman hombres de Wílber Varela, asesinado en Venezuela a comienzos de 2008. Ambos grupos están integrados por más de 600 hombres cada uno y su misión además de servir como anillo de seguridad para sus jefes, es la de cuidar laboratorios y rutas para evacuar la droga hacia el Océano Pacífico en una zona de topografía difícil en los límites entre los departamentos de Valle y Chocó. Lo integran jóvenes exsoldados provenientes de las zonas de Antioquia, Eje Cafetero y Valle. En 2005 intentaron mimetizarse en el proceso de Paz con los paramilitares, haciéndose pasar los Machos como Autodefensas Campesinas del Valle, ACV y los Rastrojos por Rondas Campesinas Populares, RCP. Uno de sus comandantes, Jhony Cano, miembro del cartel del Norte del Valle y extraditado hacia los Estados Unidos a finales de 2006, logró estar en la lista de jefes paramilitares que buscaban desmovilizarse. 51 A propósito de esto Cfr. Payne, Leigh A. 2008. “Relatos inquietantes: las confesiones de los perpetradores y los medios”. En: Autores Varios. Cuadernos del Conflicto. Verdad, Memoria Histórica y Medios de Comunicación. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz/Publicaciones Semana/Centro Internacional para la Justicia Transicional.

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el nombre de “proyecto de ley 157/2007”. El proyecto pretendía subsanar las deficiencias notorias de la ley 975. Si bien, fue aprobado en segundo debate el 18 de junio de 2008 por la Plenaria de la misma Corporación, luego de haberse incorporado algunas propuestas del Gobierno Nacional, lo que se hizo notorio en la “versión oficial” del proyecto fue la “eliminación arbitraria y con claros intereses políticos” de temas gruesos para la nación, sin los cuales las víctimas quedan aún más en situación de vulnerabilidad: la exclusión de la noción de conflicto armado interno, la supresión de los artículos referentes a la responsabilidad del Estado por el daño emergente y lucro cesante, la eliminación de la reparación patrimonial de bienes muebles, la exclusión de las víctimas de agentes del Estado y la supresión de la figura del Alto Comisionado para las Víctimas52.

2.3 Retos

La apuesta futura de este proceso está plagada de inmensos retos. De los reales y conscientes aprendizajes históricos internos y externos, dependerá su mejor articulación en un futuro. Algunos de estos pueden ser: A. Articular en todo el proceso de Justicia y Paz, a favor de las víctimas, la relación entre verdad histórica, verdad judicial, justicia restitutiva y reparación integral. B. Devolverle al proyecto de Ley de Víctimas su carácter de proyecto integral y restitutivo para las víctimas. C. Hacer que la noción y la práctica de “reparación integral” permita un necesario balance entre las reparaciones materiales y las simbólicas así como entre las reparaciones individuales y colectivas. De otra parte, se debería examinar el tema de las reparaciones en contextos regionales y locales, para tener un buen balance del asunto, y no terminar ponderando unas zonas o unas víctimas más que otras, como lo que está pasando, por ejemplo, con Antioquia, donde se han presentado el mayor numero de solicitudes de reparación. E. Incluir en el Programa Nacional de Reparaciones a las víctimas de crímenes de estado. F. En el proceso de reparación, no debe imperar la racionalidad económica o la mezquindad política como los principales argumentos para que el gobierno cada vez más restrinja el universo de víctimas.

3. La CNRR y el GMH. Alcances y dificultades de la reconstrucción de la memoria

La CNRR fue creada mediante la Ley 975 de 2005, con una vigencia de ocho años. Desde su creación ha facultado “a sus miembros para hacer seguimiento a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades nacionales y locales, a fin de garantizar la desmovilización plena de los grupos armados ilegales y evaluar la reparación y la restitución a las víctimas” (CNRR, 2006). El artículo 52 de la Ley le asignó a esta comisión, entre otras funciones: 1.Garantizar a las víctimas su participación en los procesos judiciales y la materialización de sus derechos; 2. Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales en el país; 3. Llevar a cabo un seguimiento a los procesos de reincorporación de los excombatientes a la vida civil e igualmente de la política de desmovilización de los grupos armados al margen de la ley y del cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios; 4. Llevar a cabo una evaluación periódica de las políticas de reparación señalando recomendaciones al Estado para su adecuada ejecución; 5. Presentar en dos años al gobierno nacional y las Comisiones de Paz de Senado y Cámara de Representantes un informe acerca del

52A propósito, Cfr. Sarmiento, Fernando. 2008. “Ley de Víctimas, gato por liebre”. En: Revista Cien días vistos por Cinep. No. 65. Disponible en: http://www.cinep.org.co/revistas/ciendias/RevistaCienDias65/FSarmiento65.pdf. Consultado el 25/01/2009. Debe registrarse con cierto “desconcierto” que pese a todas las “inconsistencias” de esta ley, el 16 de junio de 2009, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto presentado por el gobierno, desconociendo tanto los mínimos estándares internacionales y constitucionales sobre los derechos de las víctimas, como todas las voces que se manifestaron en contra del mismo.

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proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley; 6. Recomendar los criterios para las reparaciones a las víctimas con cargo al Fondo de Reparación de las Víctimas; 7. Coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes; finalmente, 8. Adelantar las acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional.

Fue nombrada por el gobierno nacional y orgánicamente en su composición tiene un carácter mixto y nacional por cuanto la integran un coordinador, cinco representantes del gobierno y de organismos de control del Estado (Vicepresidente de la República, ministerios del Interior y de Hacienda, Acción Social, Procuraduría y Defensoría del Pueblo); cinco representantes de la sociedad civil; y dos representantes de las organizaciones de víctimas53. Se define con “un carácter pluralista… ya que la diversidad es un elemento que [la] distingue […]reflejándose en los perfiles de quienes la integran. Por eso, desde su creación, ha buscado un equilibrio regional, político y de género”54. Ahora bien, para ciertos sectores de la sociedad civil, críticos del proceso de justicia y paz, el asunto cuestionable es que el procedimiento de nombramiento estuvo basado fundamentalmente en el “buen juicio del presidente y sus asesores”, sin un proceso consultivo nacional que permitiera saber ¿cómo y quienes deberían integrarla?55.

Dentro de la CNRR se han constituido ocho áreas de trabajo, con sus respectivos coordinadores. Destacan las áreas de reparación y atención a víctimas; reconciliación; desmovilización, desarme y reinserción; género y poblaciones específicas; y el grupo de Memoria Histórica (GMH). Además se han creado 62 sedes regionales de la CNRR en el país, para facilitar el proceso de descentralización y operación de las distintas áreas de trabajo.56 Presupuestalmente cuenta con recursos nacionales y de cooperación internacional57 Ahora bien, dentro de este sistema orgánico, el GMH tiene una misión crucial, ya que está orientado a investigar el origen y desarrollo de los actores y eventos violentos en el país. En la actualidad este grupo de trabajo está formado por un coordinador, el historiador Gonzálo Sánchez y quince investigadores, en su gran mayoría académicos dedicados desde hace varios años al análisis del conflicto armado y los diversos procesos de violencias en el país58. Para llevar a cabo su tarea ha decido utilizar una metodología

53 Cfr. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR (2006). “Hoja de Ruta”. Disponible en: http://www.cnrr.org.co/indexnavidad.html.Consultado 1/12/2008.54 Ibíd.55El trabajo operativo de la comisión es cuestionado por varios sectores de la sociedad civil. Se señala, por ejemplo, que el hecho de no encontrarse el país ante una verdadera situación de transición ni ante una desmovilización efectiva de todas las estructuras paramilitares, hace que las acciones de la Comisión se desdibujen y pierdan eficacia para muchos. Además, hay un enorme número de víctimas que no conocen nada sobre el proceso que se adelanta y están desesperadas por encontrar un camino legal para hacer valer sus derechos. Finalmente, algunos cuestionan el papel de liderazgo, por parte de la CNRR, en defender los derechos de las víctimas en las audiencias de versión libre que se han adelantado hasta el momento. Cfr. Corporación Viva la Ciudadanía. 2008. En busca de verdad, justicia y reparación Propuestas desde las víctimas. Papeles para la democracia.56Están ubicadas en la zonas de Antioquia, Centro del país, Nororiente, Barranquilla, Valle del Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Valledupar, Quibdó y Villavicencio. 57 En 2006 el Gobierno asignó 1.300 millones de pesos, en 2008, 5.829 millones, para 2009, se aprobaron 8.000 millones. De cooperación internacional se recibieron 6000 millones en 2008. Cfr. CNRR. 2008. Informe de Gestión 2005- 2008. Op. Cit. 58 En el grupo se encuentran tres antropólogos, dos historiadores, dos economistas, dos sociólogos, dos abogados, dos politólogos, una trabajadora social, un analista político y columnista, un comunicador social y periodista. La mayoría son catedráticos universitarios, directores de centros de investigación y consultoría, consultores independientes. Uno de los integrantes es un desmovilizado de un grupo insurgente y actualmente director de una de las ONG´s de mayor activismo político en el país. Algunos de ellos han participado en procesos institucionales de más largo aliento de la memoria del conflicto colombiano como es el caso de Gonzalo Sánchez, coordinador del grupo A este grupo se suman también un sinnúmero de asistentes de investigación que contribuyen en el trabajo de campo a nivel regional, en el proceso de recolección y análisis de información. Para el informe de Trujillo, Valle, por ejemplo participaron 21 asistentes, fuera de los investigadores de la comisión. Se realizaron más de 100 horas de entrevistas en Bogotá, Cali, Trujillo, y Riofrío. Más allá del considerable número de personas que integran esta comisión y del trabajo loable que han realizado, considero que algo significativo a tomar en cuenta en un proceso de investigación de más largo aliento es cómo impactan las distintas

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denominada casos emblemáticos capaces “de ilustrar procesos y tendencias de la violencia” entre 1964 y 2007. Se pretende que los mismos sean abordados “interdisciplinariamente”, “regionalmente” y se articulen al final a un “relato globlal interpretativo” bajo la figura de un informe público que condense los informes parciales producidos. El caso emblemático es principalmente “un entramado histórico y no simplemente un caso judicial”, que explica causalidades de la violencia, discursos y representaciones de las víctimas y los perpetradores. Se busca que en la recolección de información sobre estos casos impere la participación y el diálogo con los actores implicados. El “criterio especializado” de los miembros del GMH, así como el “grado de sistematicidad, voracidad y dolor” de ciertos eventos históricos, han servido para identificar qué casos y en qué zonas del país se han de elegir los mismos. También se ha contemplado para la selección, los casos en los que ha habido condenas de organismos como la Corte Interaméricana de Derechos, como en Trujillo y la Rochela.

En 2008, el GMH públicó el informe conocido con el nombre de “TRUJILLO: UNA TRAGEDIA QUE NO CESA”. La estructura del texto comprende tres partes: a. hechos, actores y contexto de la masacre; b. procesos de memoria, olvido e impunidad; c. principales limitaciones, alcances y recomendaciones sobre los procesos de verdad, justicia y reparación. El Informe presentado recoge, sintetiza y amplía discusiones previas dada por otras dos Comisiones que funcionaron en 1994 y en 1996 respectivamente para el esclarecimiento de los hechos. La primera fue la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT ) nombrada por el gobierno de Samper Pizano. Reconoció, a partir de las declaraciones de un testigo presencial, llamado Daniel Arcila Cardona - desaparecido y asesinado luego - que en esa zona ocurrieron 34 asesinatos, entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990. La segunda, exigida al Estado por AFAVIT (Asociación de Familiares Víctimas de Trujillo) y denominada Comité de Evaluación de Casos de Trujillo (CECT), conformada además por un equipo mixto integrado por ONG´s de derechos humanos, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Documentó hechos de crueldad entre 1986 hasta 1994 y exigió un universo de víctimas mayor que ascendió a 342 víctimas. El GMH dados los antecedentes de las otras comisiones, admite en el informe las conclusiones del Comité de Evaluación del Caso de Trujillo (CECT), delimitando los hechos violentos a lo ocurrido en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrio entre 1986 y 1994. Nombra además el acontecimiento como una “Masacre” en la que 342 víctimas fueron torturadas, desaparecieron y fueron asesinadas, mediante un proceso sistemático de eliminación “contrainsurgente”. Los principales agentes responsables por estas masacres fueron grupos paramilitares, el Estado y las organizaciones criminales del narcotráfico. Las principales víctimas fueron hombres y mujeres entre 25 y 29 años, campesinos y líderes comunales, políticos y religiosos. Trujillo es emblemático para el GMH básicamente por la profesionalización del torturador y por el uso de una herramienta de tortura y muerte que haría carrera en en el país: la “motosierra”. También en el Informe se reconoce, que el mantenimiento de la memoria de dicha masacre sistemática, ha sido posible gracias a cuatro estrategias de la misma comunidad: la denuncia, los procesos organizativos, la movilización local y global y el tránsito de una memoria ligada al duelo a una memoria ligada al derecho a la resistencia al olvido. Esto lo señalo porque da cuenta de cómo es que el caso se torna significativo como objeto de una historia de la memoria para el GMH y para las luchas memoriales de las mismas comunidades.

A través de la denuncia se logra una gran cantidad de acopio de pruebas, testimonios e informaciones encabezado por algunos defensores de derechos humanos lo que hace que la memoria – archivo, se constituya en un escenario de materialización para que las víctimas generadas entre el 88 y el 94 no queden silenciadas por el olvido nacional. La denuncia reiterada, lleva a que esta masacre sistemática se convierta en un escenario legítimo de disputa y controversia

trayectorias biográficas (intelectuales y políticas) de estos investigadores en los informes de memoria. Además que papel asumen en todo el proceso de confrontación política que esta reconstrucción demanda para las víctimas, para el Estado y para ellos como grupo de trabajo.

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hasta la actualidad, entre las víctimas y el Estado59. Posiblemente esto sea un indicador de lo que le espera con otros casos que debe reconstruir la GMH.60De otra parte, los procesos organizativos que trascienden los estrados judiciales, lleva a que las víctimas se organicen en 1995 en Afavit (Asociación de Familiares de Victimas de Trujillo). Como dice el informe mismo con ellos “se inicia un proceso de recuperación de la confianza, de fortalecimiento de la cohesión interna de las víctimas, en suma, la creación de una comunidad de duelo que asume por si misma tareas básicas de reparación”61. A partir de la movilización, las víctimas logran ganar en apoyo a su causa integrándose al Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOVICE). En ese sentido, su lucha trasciende el territorio local y se enlaza a una cadena equivalencial de demandas por la memoria. Finalmente, la lucha por las memorias no únicamente se ubica en el terreno del duelo y la tragedia personal, sino que crea una comunidad activa de sobrevivientes que reivindican espacios62

para “el reconocimiento, la construcción y el aprendizaje de instrumentos de pedagogía humanitaria, y para la protección frente a los enemigos reales o potenciales”. 63 Aquí las mujeres van a ser realmente decisivas en el plano de mantener viva las memorias, al “asumir el relevo de los liderazgos familiares y sociales que ejercían los hombres, asesinados o desaparecidos”64

Con el Informe del caso de Trujillo Valle se asume que en la reconstrucción del pasado no se puede “cuantificar” el dolor, ni pretender utilizar guarismos para dar cuenta de cuánto o cuantos han sufrido. Al leerlo no sólo se detalla lo que sucedió (historia), sino cómo la gente narra lo que sucedió y por qué lo sigue narrando de diversas maneras (memoria) incluso dando cuenta que existen tensiones y disputas, hasta el día de hoy, entre distintos “mantenedores de la memoria” por ejemplo, entre Afavit, Justicia y Paz, la CMH y la Orden Perdida. Ahora bien, el texto final del informe revela que para la CMH no importa tanto el caso en sí, sino como éste se articula a una historia regional y local de sujetos que sobrevivieron al dolor y que siguen siendo narradores y reconstructores, así sean disidentes de las versiones oficialistas de la memoria, como es el caso de las mujeres, los jóvenes y algunos líderes religiosos en la zona. Finalmente, a través del caso de Trujillo destaca la idea de reconstrucción como un proceso descentrado, donde lo local y lo regional

59La disputa con el Estado, ha sido liderada históricamente por AFAVIT, pero también por la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, fundada por el padre Javier Giraldo, quien junto con la religiosa Maritze Trigos han liderado por más de una década la lucha por la visibilización nacional e internacional de este caso. El padre Javier Giraldo recientemente ha sido ausado por la Fiscalía por una denuncia en su contra instaurada por el Coronel Nestor Iván Duque López, por los supuestos delitos de falsa denuncia, injuria y calumnia. El Padre había denunciado a este coronel por graves irregularidades cometidas por el personal perteneciente al Batallón de Ingenieros “Carlos Bejarano Muñoz”, de la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, cuyo comandante era el Coronel Duque López. El 21 de febrero de 2005 hubo una masacre en la zona de San José de Apartado y esos hechos fueron denunciados por el sacerdote, el abogado Elkin Ramírez y el ex-defensor del pueblo en la región de Urabá Miguel Angel Afanador. Para una versión más ampliada del asunto se recomienda la “carta de objección de conciencia” dirigida por el padre Giraldo a la Fiscalía el 16 de marzo de 2009. Disponible on-line: http://www.cinep.org.co/sites/cinep.cinep.org.co/files/carta%20de%20objeción%20de%20conciencia%20P.%20Giraldo.pdfConsultado 5 de junio de 2009. 60Actualmente se está trabajando en el desarrollo simultáneo de cinco casos emblemáticos: La Rochela; Bojayá; El despojo de tierras y los impactos de la violencia en el movimiento campesino; Memorias de Género en la Guerra: Costa Atlántica; Resistencia de la sociedad civil: Los casos de La India, la Comunidad de Paz de San José de Apartado y las Guardias Indígenas del Cauca. Asimismo durante el 2009 las doce líneas de investigación que la conforman avanzarán en la construcción del relato general que desembocara en el documento final. Cfr. CNRR. 2008. Informe de Gestión 2005- 2008. Op. Cit. 61 Ibíd.;62 Uno de estos espacios artísticos es el Parque Monumento, dedicado a la memoria de las víctimas de Trujillo, iniciativa de Afavit. También está la creación de organizaciones que reivindican ciertos ejercicios políticos a partir de la memoria de los martires de una comunidad. Por ejemplo, es el caso de la “Orden Perdida”, colectivo de jóvenes que se desprenden de AFAVIT y que reivindican la memoria del padre Tiberio Fernández, en particular su visión del trabajo de base con las comunidades rurales. El padre Tiberio, es hasta el día de hoy uno de los mártires “emblemáticos” de Trujillo. El parque monumento ha sufrido cuatro atentados, uno de ellos ocurrió en 2008, y fue la profanación de la tumba del padre Tiberio, la cual se encuentra en la cúspide del Monumento. 63 Trujillo, una tragedia que no cesa; Op. cit. 64 Ibíd;

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sobresale, ya que la memoria del conflicto no puede ser concentrada en un solo lugar del país, ni en un solo escenario de narración y enunciación.

Ahora bien, frente a todo este proceso es claro el significado que tiene la creación de una CNRR y de un GMH en un contexto como el colombiano, que pese a tener otras experiencias de comisiones de esclarecimiento histórico en el pasado como se mencionó antes, por primera vez está avanzando en el proceso de atención a las víctimas y de recuperación y tramitación de una verdad judicial y una memoria histórica. Por supuesto, con todas las dificultades y limitaciones que tiene aquí el proceso de desmovilización de los paramilitares y de justicia, verdad y reparación para las víctimas. Destaca además en todo esto, que el GMH busque darle una singular importancia a la función interpretativa y reconstructiva de la memoria que subyace al proceso de crímenes y violencia sistemática en el país. En esa óptica es explicable la tarea de “construir un relato que sea incluyente no sólo en cuanto al producto, sino en relación al proceso mismo. Es decir, se trata de la elaboración de una memoria histórica derivada de un ejercicio participativo y dialogante y no de una mera repetición del acumulado investigativo. Por ello, se propone interpelar y repensar hipótesis dentro del campo de investigación pero, a su vez, incorporar y articular a las memorias en conflicto y a las memorias suprimidas o silenciadas”65. El caso de Trujillo, representa y condensa precisamente gran parte de esas memorias suprimidas y silenciadas; es parte de una tragedia nacional que se repite y perpetua en muchas zonas y de la cual no hay que dejar perder el rastro de su memoria.

No obstante, el proceso emprendido por el GMH deja entrever lo problemático de ciertos órdenes de discurso sobre los que se quiere levantar la memoria histórica, la verdad histórica y además legitimar una reconciliación nacional. Lo interesante de este proceso es que se está llevando a cabo aún y eso exige aún más “imaginación sociológica” para pensar ¿qué puede realmente estar pasando?, ¿qué ha pasado con otros procesos nacionales similares? , y ¿qué podría pasar en el futuro? Creo que una dificultad central es que se parte del supuesto “académico” que las memorias que se están levantando en Colombia son “incluyentes” que la gran mayoría pueden ser escuchados y condensados en el relato final de la violencia. Esto simplemente no ha pasado con otros procesos en Colombia, y es posible que no pase con el actual. El GMH integrado por “expertos” debería ponderar mejor este juicio de lo “inclusivo”. Siempre se “privilegian voces”, se da prioridad a ciertos “lugares o sujetos de enunciación”, por ejemplo, la voz del “especialista” como enunciador privilegiado, que decide cómo contar lo que ocurrió, lo que escuchó o lo que interpretó de otros, en el proceso de recolección de la información. También la voz de ciertos testigos claves imperan en estas memorias. Aquí los vínculos entre verdad histórica y memoria siguen siendo tensos. Con esto lo que quiero decir, es que algo casi inevitable en las comisiones, o en grupos de memoria como estos, es privilegiar voces y lugares. Y eso se ha hecho porque se trata de crear sentido oficial de la memoria que resulta de unos hechos recogidos en un período de tiempo, también etiquetado y clasificado “oficialmente”. Aquí se desmiente el supuesto políticamente correcto de que todos los “discursos” y “narrativas” valen por igual. Tres preguntas quedan pendientes al respecto ¿un proceso que privilegia voces puede o debe asumirse como sesgado? ¿cómo hacer para que las “voces no incluidas” lo sean dentro de un ejercicio más integrador de memorias? ¿qué papel están cumpliendo esos otros registros de memoria no oficiales?.

De otra parte, el énfasis en el caso emblemático, en ese “entramado histórico” genera la sensación que se coloca mucha atención al “método”, al proceso académico de levantamiento, y no tanto al ejercicio público de discusión sobre cómo recuperarla y cómo tramitarla. En este sentido, resultaria significativo conocer en qué medida el GMH es consciente de que a la memoria hay que darle su lugar político, no solo como “archivo” o “reservorio de exaltación del pasado”66 Y es que el lugar primario de la memoria histórica es la política, la vida pública, “a reserva de que entendamos

65 CNRR, 2006. Op. Cit66 Calveiro, Pilar. 2007. Memoria, Política y violencia; p. p; 53 – 62. En: Sandra Lorenzano y Ralph Buchenhorst (Eds). Políticas de la Memoria. Tensiones en la Palabra y la Imagen. Buenos Aires: Editorial Gorla

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ésta como la constitución de comunidades de debate y discusión y no sólo de exhibición”67. Aquí entonces lo que destacamos es que una memoria recuperada en función de un proyecto reconciliador, debe trascender el estudio de caso, la técnica y ser un espacio deliberativo tanto en la forma de su recolección, como en la forma en que se discute sobre ella. Y esto tiene sus implicaciones puesto que la memoria condensada en un informe, no necesariamente se hace pública. Ello implica diversas estrategias comunicativas para que realmente las víctimas puedan verse reflejadas en un proceso que no se agota con la consolidación de los casos emblemáticos, sino que constituya un esfuerzo por tejer espacios abiertos para la reconstrucción de la memoria.

Sería interesante preguntarse además ¿qué tanto la noción de caso emblemático acarrea el riesgo de privilegiar una cierta historicidad de aquello que debe ser “contado” para legitimar un proceso político, un orden discursivo o un régimen de historicidad, en este caso el del proceso de justicia y paz o la seguridad democrática de Uribe Vélez?. De no entenderse realmente el posicionamiento político y no sólo académico de los que participan en el GMH, frente a un gobierno que demanda su saber específico, podríamos terminar legitimando un tipo de verdad y memoria en función de una política que favorece una reconciliación forzada, pero que no problematiza el sentido de esa política en la historia nacional. También es importante cuestionarse ¿qué ha pasado con esos otros procesos de esclarecimiento histórico que han existido en Colombia?, ¿en función de qué tipo de orden político se han levantado, qué papel han jugado los académicos allí? ¿terminará siendo éste ejercicio actual de reconstrucción y tramitación de la memoria, inevitablemente una forma de legitimación autorizada desde “arriba” de recuerdo, conservación, justicia y reparación? Esto aún está por esclarecer.

5. La confrontación sobre la memoria, la justicia y la verdad desde las organizaciones de víctimas.

A mi entender, y soy consciente que esto hay que validarlo empíricamente, un nuevo poder social se está gestando en Colombia en los últimos años: las organizaciones de víctimas políticas que luchan por una inscripción distinta de lo político, a través del mantenimiento de sus luchas memoriales. Un caso específico al que quiero referirme es el del MOVICE (Movimiento de Víctimas de Crimenes de Estado). Aclaro que no es el único caso de estos “nuevos poderes sociales”. Nace en Colombia el 25 de junio de 2005, durante el II Encuentro Nacional de Víctimas de Crimenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos realizado en la ciudad de Bogotá, al cual asistieron cerca de 800 delegados de organizaciones de todo el país. Surgió en medio de la coyuntura política de aprobación, por parte del Congreso colombiano, de la Ley 975. Desde su nacimiento hasta ahora, el MOVICE se ha conflictuado con esta ley y proceso, a los cuales considera expresión de impunidad para con las víctimas de crimenes de Estado. En tal sentido, el MOVICE se origina y pretende consolidarse como movimiento, “afirmando el derecho a la auténtica verdad, justicia y reparación Integral”68.

Este movimiento, sin embargo, tiene un antecedente histórico de visibilización de víctimas de crimenes de Estado que va más allá del 2005: el proyecto Colombia Nunca Más. Esta iniciativa fue liderada por diecisiete (17) organizaciones69 sociales y de derechos humanos a nivel nacional y

67 Martínez de la Escalera, Ana María. 2007. “Políticas de memoria colectiva: beligerancia o diferencia”; p. p 45 – 52. En: Sandra Lorenzano y Ralph Buchenhorst (Eds). Políticas de la Memoria. Tensiones en la Palabra y la Imagen. Buenos Aires: Editorial Gorla. También se aborda este tema de la memoria como espacio de lo político en: Allier Montaño, Eugenia. 2007. “La (no) construcción de memorias sociales sobre el exilio político uruguayo”; p. p 273 – 291. En: Rey Tristán, Eduardo (dir.) Memorias de la violencia en Uruguay y Argentina. Golpes, dictaduras, exilios (1973 – 2006). Universidad de Santiago de Compostela; Calveiro, Pilar. 2007. “Argentina, las suturas de la memoria”; p. p 293 – 308. En: Rey Tristán, Eduardo (dir.) Op. Cit. 68MOVICE (2005).“Acta de Constitución del Movimiento Nacional de Víctimas”.Disponible on-line: http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=61,Consultado 4/Abril/2009.69Las organizaciones son: 1. Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colomiba (ASFADDES); 2. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”; 3. Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz; 4. Fundación Comité

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tuvo un carácter local, regional y nacional. Se inició en agosto de 1996 y hasta la fecha ha documentado cerca de 41.000 crímenes de Estado. Entre los delitos documentados se encuentran la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios políticos y las torturas. La base de datos que constituye el acervo documental del Proyecto Nunca Más, también es utilizada por el MOVICE, y ha permitido mantener hasta el día de hoy la memoria de las víctimas de crimenes estatales, especificando las circunstancias del crimen y presuntos autores, también los nombres de los bloques paramilitares implicados y las unidades militares o de Policía a las que estuvieron o están adscritos los agentes que participaron de los hechos. El MOVICE en su ideario, recoge experiencias de luchas y acumulados históricos de resistencia de otras organizaciones y movimientos políicos y sociales en Colombia.

Actualmente agrupa cerca de doscientas (200) organizaciones sociales, formadas en su interior por diversos sectores de población con demandas organizativas muy diferenciadas, aunque equivalentes. En esa medida es un movimiento de movimientos. Entre los sectores que agrupa, encontramos a los familiares de desaparecidos, familiares de víctimas de crímenes de estado, poblaciones desplazadas por la fuerza de sus tierras, sindicalistas perseguidos por su ejercicio político, indígenas acosados en sus territorios, mujeres violentadas, miembros de partidos políticos de oposición considerados enemigos internos, o familiares de miembros de partidos que fueron sujetos de exterminio político (el caso de la Unión Patriótica), periodistas amenazados, campesinos despojados, jóvenes, afro descendientes, miembros de “minorías sexuales”, familiares de secuestrados y movimientos estudiantiles estigmatizados. Estas demandas diferenciadas, forjadas a partir de identidades, historias y narrativas específicas de victimización y militancia, terminan articulándose a una identidad colectiva que logra articular la lucha del movimiento, hasta la fecha: la lucha contra la impunidad.

Esta identidad debe entenderse ligada a unas disputas, que en unos casos resultan ser más programáticas y en otros mas coyunturales70, aunque todas ellas confluyan en la negociación constante de una identidad colectiva. En el caso de las primeras habría que decir que están atadas a estrategias contensiosas y sustantivas de largo alcance, lideradas contra el Estado colombiano, pero en el fondo también por “ganar en democracia” para las víctimas de crímenes de Estado, ignoradas históricamente en los conteos de la justicia tradicionales en el pais, pero también en los planes oficiales de reparación no sólo de este gobierno sino de otros en la historia nacional. El movimiento tiene actualmente ocho objetivos programático, entre ellos: a. la lucha por la memoria histórica de las víctimas de crímenes de Estado; b. la lucha por la prohibición legal del paramilitarismo; c. la lucha por la reparación a las víctimas a partir de lo que el movimiento denomina un catastro alternativo de bienes; d. la lucha contra la desaparición forzada a partir de la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar; y f. la lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica71.

de Solidaridad con los Presos Políticos - CSPP; 5. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH; 6.Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación; 7. Corporación Sembrar; 8. Comité Regional de Derechos Humanos de Santander –CREDHOS; 9. Fundación Reiniciar; 10. Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad –CODEHSEL; 11. Corporación Jurídica Libertad; 12. Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia CEBS; 13. Humanidad Vigente; 14. Corporación Jurídica, Fundación Manuel Cepeda; 15. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC; 16. Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS; 17. Comunidad de los Misioneros Claretianos de Colombia. Cfr. Colombia Nunca Más (2008). 70 Esta sugerencia de luchas coyunturales y programáticas me surge a partir de un análisis del movimiento de mujeres en Guatemala realizado por Solórzano Castillo, Ivonne (2006) ¿Aliadas en resistencia o resistencia a las alianzas?. Un acercamiento de mujeres en Guatemala. Guatemala, Flacso. De todas formas, la diferencia entre identidad programática y estructural no debe dar la impresión que existe una división del ideario del MOVICE. Muestra solo, desde mi óptica como investigador, distintas estrategias de reivindicación que se activan dependiendo también de los contextos y las necesidades locales y nacionales de las víctimas. Las llamadas “ocho estrategias de lucha” son parte de la unidad del movimiento y es en ellas donde se reconocen todas las organizaciones que hacen parte del mismo. Cfr. Cepeda Castro, Iván. 2007. “Ocho estrategias para la no repetición de los crímenes atroces y el desplazamiento forzado en Colombia”en: AA.VV. 2007. El Mosaico de la Memoria.Op. Cit.

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Las demandas coyunturales estarían ligadas a estrategias y acciones políticas, culturales y jurídicas de mas corto alcance, pero igualmente necesarias y efectivas para solidificar las identidades particulares y colectivas dentro del movimiento. Estas luchas más específicas, se estarían enlazando también a la búsqueda de logros parciales en esferas más plurales y más informales de la sociedad civil, así como en escenarios nacionales e internacionales coyunturales. En ese sentido, nos encontramos a un movimiento que busca consolidar a nivel nacional capítulos regionales y locales que permitan hacer visible al movimiento en zonas donde no lo es tanto. Pero también a un movimiento que busca crear alianzas con las víctimas que han sufrido las prácticas de la violencia política en otros países, por ejemplo, aprender de los procesos organizativos de países que han padecido guerra civil, dictaduras militares y represión y terror estatal. El MOVICE ha estado también liderando el fortalecimiento de nuevos procesos organizativos locales y la movilización popular callejera que favorezca la profundización de la crisis del actual gobierno, y que contribuya al empoderamiento local y regional de las víctimas y sus derechos. Adicionalmente, sus disputas coyunturales se han extendido hacia la concreción de los llamados “acuerdos humanitarios” que disminuyan el impacto del conflicto armado contra la población civil, el seguimiento a las audiencias públicas de juzgamiento de los jefes paramilitares que comenzaron a finales del 2005, así como a la defensa de acciones de inconstitucionalidad y de protección jurídica de los derechos de las víctimas72.

Una de las principales fortalezas del movimiento está precisamente en la creación y consolidación de espacios interactivos de comunicación que ha permitido articular sus demandas e identidades en redes más amplias de lucha y reivindicación y defender la recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas. El uso de la internet, en particular de ciertas herramientas virtuales como los blogs y el facebook, han permitido legitimar estos canales de comunicación, como una fuerza simbólica para la movilización de la memoria. Además de estas estrategias comunicativas, el MOVICE está trabajando alrededor de la promoción de las Galerías de la Memoria con la finalidad de mantener vigente el recuerdo de los desaparecidos y propiciar simbólicamente la lucha contra la impunidad. Las galerías se han hecho en diferentes ciudades del país, pero también en la página Web del movimiento se puede consultar permanentemente una exposición virtual de la memoria de los desaparecidos y asesinados.

Ahora bien, he querido ilustrar la ponencia con este movimiento, dado que considero que es un claro ejemplo de confrontación directa con un proceso judicial, de verdad y de memoria histórica como el actual de justicia y paz, que no reconoce dentro del mismo las responsabilidades estatales por crimenes de Estado. Es también la puesta en escena de la reivindicación de una historia más amplia e integradora del conflicto colombiano, bajo la articulación de demandas múltiples por las memorias y no solo por la memoria derivada de un proceso con los desmovilizados o de los crimenes cometidos por actores armados ilegales. Es además una apuesta por la construción de una visión de democracia más incluyente. En esa medida también propone una tramitación del daño distinta a la política del gobierno de Uribe Vélez que busca reconciliar a la nación, negando el conflicto armado y concentrándose sólo en el discurso de la amenaza terrorista y el logro de la desmovilización de los paramilitares. El MOVICE, por su parte, propone reivindicar las múltiples memorias de las victimas de crimenes de Estado, asi como sus registros históricos y las responsabilidades judiciales, reafirmando que si existe conflicto armado interno. Las luchas memoriales emprendidas por el MOVICE y por otras organizaciones en el país, señalan la importancia de seguir enfatizando que frente a la memoria hay un juego de poderes sobre los

71MOVICE (2006) “Declaración Final del Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado”. Disponible on-line: http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=56, Consultado 4/Abril/2009. 72MOVICE. (2008) “Objetivos”. Disponible on-line: http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=62, Consultado 4/Abril/2009; MOVICE. (2008) “Pedagogía”. Disponible on-line: http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=63, Consultado 4/Abril/2009.

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significados de lo que ha acontecido y lo que en consecuencia debe ser conservado u olvidado en una nación, en unos individuos, en unos lugares. Aquello que debe ser protegido ante el peligro de desvanecerse con el paso implacable del tiempo, o lo que debe ser oculto o clausurado por razones e intencionalidades políticas diversas.

La visibilidad que han adquirido las luchas memoriales en el país, colocan de manifiesto la confrontación existente hoy entre múltiples agentes de la memoria, la verdad, la justicia: la CNRR, el GMH, la Fiscalía, las organizaciones de víctimas, los victimarios. Los tres primeros, buscan darle más peso a los procesos judiciales y a la reconstrucción del relato inclusivo de la violencia, y tratar de encadenar lo uno y lo otro. Algunas organizaciones, por su parte, no aceptan sólo un relato global oficial que desconozca a unos tipos específicos de víctimas, por ejemplo, las víctimas de crímenes de estado, y que la memoria reconstruida tenga solo efectos vinculantes “efimeros” a nivel jurídico para los responsables directos de los hechos de crueldad73. Finalmente, estarían muchos victimarios, que respaldados en el proceso de justicia y paz, buscan esgrimir su condición de víctimas de otras violencias y justificar su accionar, reduciendo así su culpa histórica. Todos ellos construyen variados “órdenes de discurso” y “regímenes de historicidad” sobre el conflicto armado, sobre la justicia, la verdad y la memoria. Todos ellos, luchan entre sí por legitimar o subvertir visiones e intencionalidades del pasado, del presente y del futuro, así como maneras particulares de significar el recuerdo y el olvido. Lejos está la memoria de ser un cemento social, más bien, insisto, es un espacio de disputa.

El MOVICE muestra de manera interesante que la noción de reconstitución de lo democrático puede operar en un país por la vía de la resistencia al olvido, a través de registros de reivindicación radicales como son las memorias colectivas de los “no nombrados”. Siguiendo a Ranciere74 esos “no nombrados” “ni contados”, lo que reclaman es un lugar dentro de lo político. Este lugar político es el de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación para todos, es decir, “espacios plurales” donde se puedan reivindicar banderas como la que propone el MOVICE: “contra la impunidad y el olvido”; pero también espacios donde otras organizaciones también puedan defender su derecho a ser “visibilizados”. A mi entender, este proyecto, es una apuesta por la profundización de la democracia, no por su destrucción como se hace notar desde sectores de extrema derecha, en una sociedad donde este asunto de lo democrático ha sido tan “tibio”. No es por lo tanto cualquier democracia, sino una en la que sea posible la lucha legítima por construir espacios y redes más radicales de deliberación sobre la verdad, la justicia y la verdad y superar sus abusos.

Finalmente, lo que ha demostrado la historia reciente del país es que no basta un contexto institucional y formal de democracia, para garantizar los espacios de lucha para ciertos sectores, política, social e históricamente victimizados de la sociedad. Muchos analistas de movimientos sociales sostienen la importancia de los contextos democráticos como garantía institucional para el desarrollo de las acciones contenciosas. Sin embargo, el MOVICE mismo ha tenido que legitimarse como movimiento en medio de la revictimización constante que desde el 2006 hasta hoy, experimenta por parte de agentes estatales y paraestatales. Y eso se da en un contexto de democracia formal75. Una de las tantas expresiones de esta revictimización, está ligada precisamente a la marcha del 6 de marzo de 2008. Esta marcha se convocó y realizó dentro y fuera del país, a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Algunas organizaciones políticas y 73 Un episodio reciente revela esto. Una orden judicial de liberación del Mayor Alirio Urueña y del Teniente de la policía José Fernando Berrío Velásquez, directos responsables en los hechos crueles de Trujillo Valle, tal y como queda establecido por varios “informes de memoria” ha desatado la ira e indignación de Afavit (Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo- perteneciente también al MOVICE). Mientras que para el juez penal de la ciudad de Tuluá, que ordenó la liberación, existen “vicios de forma” en el procedimiento judicial llevado a cabo; para las organizaciones de víctimas lo que se evidencia aquí es de nuevo una total impunidad, burla y cinismo de la administración de justicia y del gobierno de Uribe Vélez. Cfr. AFAVIT, (Abril 5 de 2009)74Ranciere, Jacques. Op. Cit75Hay otras muestras históricas mas claras al respecto, por ejemplo, lo que aconteció con la Unión Patrótica y su exterminio político desde mediados de los años ochenta.

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sociales que participaron en ella, varias de ellas vinculadas al MOVICE, denunciaron días después, amenazas y asesinatos cometidos contra personas que la promovieron. Las declaraciones abusivas de algunas personalidades políticas del país, señalando que detras de ella estaban las FARC, fueron posiblemente un detonante de las amenazas, provenientes del grupo paramiliar las Aguilas Negras. Este gobierno que se dice “democrático”, en ningún momento las descalificó.76

Claves para seguir indagando

A. El proceso de justicia y paz está atravesado en su totalidad por unas intencionalidades y unos usos políticos que fundamentan la reconstrucción de la memoria, el esclarecimiento de los hechos y la reparación. Y esto es clave tomarlo en cuenta para futuras indagaciones, dado que ninguna memoria, ni tampoco ninguna verdad, ni ningún ejercicio de justicia, son narrativas neutrales. Además, la racionalidad política que alimenta el actual proceso, así como otras racionalidades políticas de otros procesos que han existido en Colombia, siguen teniendo repercusiones para la reconciliación nacional de un país, para las víctimas, para los victimarios. Desde la investigación social es necesario visibilizar el significado y alcances de esas repercusiones.

B. Asumiendo lo anterior, habría que realizar en el país un ejercicio de fenomenología de la memoria77.. Es decir, escudriñar los diversos sentidos (¿qué se dice y cómo?) y los lugares de enunciación (¿quién lo dice? y ¿desde qué posición social, histórica y política?) sobre la verdad de los hechos, la memoria del conflicto, el pasado reciente, la reconciliación y la justicia. Pero hay que buscar tanto en los reservorios de memoria (archivos, declaraciones, relatos) como en los mantenedores de la memoria (expertos, víctimas, organizaciones, instituciones). De lo que se trata es de “reconocer” los significados culturales y políticos sobre lo que ha acontecido y lo que en consecuencia, para los distintos sectores, debe ser conservado u olvidado en una nación, en unos individuos, en unos lugares; aquello que debe ser protegido ante el peligro de desvanecerse con el paso implacable del tiempo, o aquello que debe ser oculto o clausurado por razones e intencionalidades políticas.

C. Pero se requiere también analizar comparativamente las políticas de la memoria y del pasado tanto de este proceso como de otros que han existido en Colombia. Esto es clave porque en el país han existido intentos desde 1958 de esclarecimiento de las causas de la violencia con comisiones nombradas por los ejecutivos de turno en unos casos, pero que a la fecha han tenido resultados mínimos o espúreos para la reconciliación nacional. Además existen intentos no oficiales que tienen importancia sin igual en esas políticas de la memoria. Estas ayudarían a comprender ¿cómo se ha gestionado y tramitado en la historia del país, la memoria del conflicto y del pasado violento en Colombia?. Favorecería una deconstrucción de ¿qué se ha recordado? ¿quién ha recordado? y ¿cómo se ha recordado, conservado y transmitido un pasado violento?78. Es decir, tanto la fenomenologia como las políticas de la memoria, estarian orientadas a escudriñar las

76 Otro caso de victimización, de los muchos que se han presentado con miembros de este movimiento es el de Carmelo Agamez, detenido en noviembre de 2008 y acusado de ser complice del paramilitarismo en la región de Sucre, Costa Atlántica del País. Sucre ha sido el departamento donde las relaciones entre políticos y paramilitares, han sido más conocidas. Cerca de 27 políticos/as de Sucre desde el año 2006 vienen siendo investigados/as por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía debido a vínculos con los grupos paramilitares. Carmelo Agamez, es uno de los promotores del MOVICE en el capítulo de Sucre y ha denunciado el accionar de los paramilitares en la región desde mediados de los años 90, cuando entran las CONVIVIR. Hoy, es inculpado en el proceso conocido como la “Parapolítica” por un testigo que asegura que los paramilitares lo apoyaron para su candidatura como Concejal en el 2003 en el municipio de San Onofre. Para ampliar información sobre esto se recomienda consultar la “Carta Abierta al Fiscal General de la Nación sobre el caso de CARMELO AGAMEZ” dirigida por el MOVICE el 17 de marzo de 2009. Disponible on-line: http://www.movimientodevictimas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=38. Consultado 5 de junio 2009. 77 Tomo prestado el término de Ricoeur, Paul. Op. Cit. 78 Martínez de la Escalera, Ana María. Op. Cit; p. 50.

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representaciones del pasado y cómo producen “efectos de verdad” en la construcción de país y en la preservación/contestación de órdenes sociales79.

D. La memoria tiene además una dimensión pública inherente al proyecto de nación. El asunto es que en el caso colombiano ese proyecto está atravesado en su historia reciente por el conflicto armado interno. Es necesario entonces preguntar ¿cómo históricamente esos relatos globales o parciales sobre lo que ha pasado en Colombia se articulan a un proyecto nacional? ¿que tanto lo ayudan a transformar o a ratificar?, más aún ¿cómo se legitima cierto orden de discurso en los intelectuales y en los gobiernos, sobre la necesidad permanente de levantar una memoria de la violencia?, ¿cómo en diversos momentos históricos se articulan memoria histórica, verdad histórica, verdad judicial, reparación para las víctimas?, ¿qué aprendizajes políticos hemos logrado de otros intentos “oficiales” y “no oficiales” de esclarecimiento de los hechos de la violencia y de recuperación de la memoria? E. Lo anterior me conduce a pensar que es importante rastrear empíricamente la premisa de que existe un nexo indisoluble pero tensionante a lo largo de la historia del país entre memoria y democracia. En el caso colombiano, sostengo que pese a algunos intentos por recuperarla, siempre ha existo una memoria y un pasado funcional al sistema institucional, las cuales se soportan sobre la conocida retórica de la estabilidad democrática. Esa memoria funcional acepta que se repitan comisiones como requisito formal, pero no toma en serio lo que los informes finales revelan. Esta funcionalidad memorial probablemente sea una parte de la explicación de la exclusión social y del conflicto armado interno en los últimos cuarenta y cinco años en el país. También podría estar explicando la continuada resistencia política y la movilización social de diversos sectores sociales, entre ellas las víctimas organizadas que lucha por mantener y fortalecer otras memorias, no funcionales al sistema. De todas formas están por indagar todos estos supuestos de investigación.

F. Respecto a las luchas memoriales, dejo abierto algunos caminos de indagación futuros: ¿en qué medida esas memorias plurales que proponen algunos movimientos mantenedores de la memoria, dan cuenta de un nuevo poder social en el país?, ¿que tipo de pasado están reivindicando o instrumentalizando políticamente? ¿qué pasa con las memorias subordinadas y subalternas cuando se colocan en su función de “recuperadoras” de pasados olvidados oficialmente?, ¿correrían también el riesgo de ser parciales y sesgadas como otras memorias oficiales que critican?.

79 Alonso, Ana María. 1988. “The Effects of Truth: Re-presentations of the Past and the Imagining of Community in Mexico.” En: Journal of Historical Sociology, 1(1): 33-57.

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