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XX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Lima, Perú, 10- 13 nov. 2015

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Los tiempos están cambiando: análisis y perspectivas sobre las políticas de

gobierno abierto en América Latina y el Caribe en el marco de la Alianza para el

Gobierno Abierto

Álvaro V. Ramírez-Alujas

I. Introducción

“[…] El gobierno abierto se postula como un renovado paradigma de reforma del Estado y

modernización de la administración pública a partir de una nueva forma de articular las iniciativas de

transparencia, participación ciudadana y colaboración de diversos actores para la co-producción de

valor público […]” Ramírez-Alujas y Dassen, Vientos de Cambio (2014)

En los últimos años, el paradigma de gobierno abierto se ha posicionado en la agenda internacional como

un conjunto de políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información pública,

rendición de cuentas e integridad que responde al dilema de resolver el agotamiento de un modelo de

gestión pública, y que intenta hacerse cargo de las múltiples y variadas demandas ciudadanas en un

contexto de profundos cambios en materia política, social y económica. Se trata de abrir nuevos espacios

para la participación ciudadana, promoviendo un mejoramiento en el uso de los recursos fiscales y la

generación de nuevos modelos de gestión y provisión de servicios públicos, a través del uso intensivo de

plataformas digitales e innovaciones de carácter cívico que le han dado un nuevo impulso a las

tradicionales estrategias de gobierno electrónico en el mundo (Ramírez-Alujas, 2011; Ramírez-Alujas y

Dassen, 2012).

Las políticas de gobierno abierto se sustentan en la articulación de tres principios fundamentales: 1) La

transparencia, que supone proporcionar información sobre lo que está haciendo el gobierno, poner a

disposición sus fuentes y bases de datos, y publicar los planes de actuación, por los que puede ser

considerado responsable frente a la sociedad. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas ante la

ciudadanía y un permanente control social; 2) La participación, para promover el derecho de la

ciudadanía a participar activamente en la formulación de las políticas públicas y facilitar el camino para

que las administraciones públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los ciudadanos,

creando nuevos espacios de encuentro y diálogo que favorezcan el protagonismo, implicación y

deliberación de los ciudadanos en los asuntos públicos; y 3). La colaboración, que significa comprometer

e implicar a los ciudadanos, y demás agentes sociales, en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para

resolver los problemas públicos, aprovechando el potencial y energías disponibles en vastos sectores de

la sociedad. Ello supone la colaboración, cooperación y el trabajo coordinado, no sólo con la ciudadanía,

sino con las empresas, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y demás actores, y permite el

esfuerzo conjunto dentro de las propias administraciones, entre ellas y sus funcionarios transversalmente

(Ramírez-Alujas y Dassen, 2014; Naser y Ramírez Alujas, 2014).

La aplicación de estos principios se ha ido materializando en iniciativas concretas, las cuales han

permitido mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos

públicos en formatos abiertos (para favorecer la transparencia y facilitar la rendición de cuentas) y la

reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo

económico); facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas

públicas (e incidir en la toma de decisiones) a través de plataformas tecnológicas y las posibilidades que

alberga la Web 2.0; y favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos

actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para

co-diseñar y/o co-producir valor público, social y cívico.


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Estamos entonces frente a la evolución de lo que por más de una década se ha venido asumiendo como

gobierno electrónico, al ampliarse la manera de entender el relacionamiento entre la administración, la

ciudadanía y las empresas, al dar paso más allá de la participación a la colaboración. Esta evolución surge

de la capacidad y recursos limitados de los Estados y de una ciudadanía cada vez más informada, exigente

y con necesidades cambiantes que buscan ser atendidas.

II. La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en el contexto de América Latina y el Caribe.

La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral voluntaria que fue lanzada en

septiembre de 2011 para proveer una plataforma internacional para reformadores domésticos

comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de

respuesta hacia sus ciudadanos (OGP, 2015). Desde entonces a la fecha, AGA ha pasado de 8 países

participantes a contar con los 65 países miembros, lugares donde el gobierno y sociedad civil trabajan

juntos para desarrollar e implementar reformas ambiciosas en torno a los principios de la transparencia,

rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e innovación1 (Cuadro 1).

Para ser miembros de AGA, los países participantes deben confirmar su acuerdo en cumplir con las

cuatro expectativas comunes que le dan sustento a la iniciativa: a) suscribir la Declaración de Principios

sobre Gobierno Abierto y aprobarla al más alto nivel; b) asumir compromisos concretos, mediante la

elaboración e implementación de un plan de acción nacional que se extiende más allá de las prácticas

actuales en desarrollo y que debe ser llevado a cabo a través de un proceso de consulta con las múltiples

partes interesadas y con la participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil; c) comprometerse

a un informe de evaluación a cargo de un panel de expertos independientes sobre el progreso del país en

el cumplimiento de los compromisos incluidos en el plan de acción; y d) contribuir a la promoción del

gobierno abierto en otro países mediante el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y asistencia

técnica, tecnologías y recursos, entre otros.

En este contexto, el eje central y el centro neurálgico de esta iniciativa es la formulación (co-creación)

e implementación de un plan nacional de gobierno abierto cuyo elemento esencial es que el proceso

de diseño, consulta y posterior monitoreo y evaluación del mismo, sea de carácter participativo.

Estos planes de acción nacionales incluyen compromisos para promover la transparencia y rendición de

cuentas, empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para

fortalecer la gobernanza. En tal sentido, desde la Alianza se releva la importancia de la planificación

como proceso que permite concretar una hoja de ruta nacional, establecer propósitos claros y

realizables, articular esfuerzos y recursos de diversos actores (más allá del sector público) al

configurar compromisos en clave participativa, y en definitiva, facilitar un espacio de trabajo que da

cuenta de un nuevo enfoque donde los mismos principios de gobierno abierto van sustentando las

prácticas y el proceso de hacerlo posible, generando complicidades y dando viabilidad al desarrollo y

cumplimiento de las iniciativas, inclusive más allá del mero ejercicio de co-creación del plan (por el

énfasis en que las acciones de monitoreo y evaluación de los resultados de la implementación del plan

de acción también se realizan en conjunto con representantes de la sociedad civil). Es por este motivo

que nuestro objeto de análisis en este trabajo se circunscribe a los planes de acción de gobierno abierto

como plataforma desde la que se articulan los esfuerzos por avanzar y consolidar este tipo de políticas y

estrategias en nuestra región.

Por otro lado, la misma Alianza promueve el trabajo en clave colaborativa no solo en lo referente a la

creación, desarrollo e implementación de los planes de acción nacionales sino también a través de sugerir

la institucionalización de un mecanismo de diálogo y cooperación permanente entre gobierno y

1 http://www.opengovpartnership.org/es

http://www.opengovpartnership.org/es


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sociedad civil (OGP, 2015). En este sentido, se plantea que una verdadera alianza entre gobierno y

sociedad civil a nivel nacional es la piedra angular de la AGA y es por ello que la participación

ciudadana es un elemento esencial, tanto en los procesos como en los resultados a impacto de los

compromisos suscritos, lo cual se fundamenta en:

La puerta está abierta: El proceso de AGA requiere que los gobiernos consulten a sociedad civil

y a sus ciudadanos, y el Mecanismo de Reporte Independiente (MRI) evalúa la calidad de esta

consulta. Como resultado, AGA puede asegurar que los expertos de sociedad civil tengan un sitio

en la mesa para discutir reformas críticas sobre gobierno abierto con las autoridades y

funcionarios públicos de cada país miembro.

Construcción de coaliciones: La Alianza no trata sólo de datos abiertos o leyes de acceso a la

información, presupuestos o combate a la corrupción. La AGA busca avanzar en todos estos

temas asegurando que la voz de los ciudadanos pueda ser escuchada en este proceso y por lo tanto

pueda ser una plataforma para construir una coalición diversa con actores de sociedad civil

provenientes de varias disciplinas.

Resultados concretos: La Alianza puede ser una plataforma útil para discutir objetivos existentes

y avanzar temas que no han tenido tracción. La sociedad civil puede incidir en planes de acción

que incluyan sus prioridades. En muchos países la sociedad civil ha logrado incluir muchas de

sus inquietudes en los planes de acción nacionales – y ha obtenido resultados concretos.

Una breve síntesis del avance que ha tenido la Alianza desde su creación a la fecha (tanto a nivel mundial

como en América Latina y el Caribe), se puede elaborar a partir de la información disponible en la base

de datos publicada por el equipo responsable del Mecanismo de Reporte Independiente (MRI), donde se

destaca la cantidad de compromisos sumando a todos los países miembros (sobre 2.000 en total) y el que

en promedio casi un 25% de éstos se relacionen a iniciativas ambiciosas en materia de transparencia,

participación y rendición de cuentas (Cuadro 2).

Considerando los resultados de la misma base de datos del MRI, los 5 ejes que concentran la mayor

cantidad de compromisos en los planes de acción a nivel mundial se desglosan en el Cuadro 3.

Sobre esta base y considerando la situación regional, para América Latina y el Caribe, el desglose se

presenta en el Cuadro 4.

En contraste y considerando la clasificación de base que sustenta el modelo que promueve la AGA, se

presenta un desglose que muestra la distribución de los compromisos para cada país de la región según

la adscripción a alguno de los cinco ámbitos de acción de la alianza (véase Cuadro 5). Es así, como la

suma total de compromisos contemplados en los primeros 15 planes de acción para la región asciende

a 341 compromisos2, en los cuales se releva un interés especial en los ámbitos de integridad y mejora de

servicios públicos (Cuadro 5). Utilizando la nomenclatura de base que sustenta el modelo de trabajo que

la AGA promueve, se observa una tendencia a nivel regional: un 52,19% de las iniciativas dicen relación

con el eje/reto estratégico de incremento de la integridad pública (178 compromisos) y un 24,92% con

el de mejoramiento de los servicios públicos (85 compromisos). Al mismo tiempo, se observa un leve

aumento en el eje/reto de incremento de la responsabilidad corporativa que alcanza el 4,10% derivado

de los 2 nuevos compromisos que suma al conjunto el plan de acción de Trinidad y Tobago (Cuadro 5)3.

2 Los países miembros de la AGA en la región son actualmente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay. 3 Particularmente, el primer plan de acción de Trinidad y Tobago (con un total de 13 compromisos) publicado en septiembre

de 2014, se desglosa en 10 compromisos en el ámbito de mejoramiento de servicios públicos, 1 en incremento de la integridad

pública y 2 en materia de fortalecimiento de la responsabilidad corporativa. Dichos compromisos fueron agrupados en 4 áreas


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En términos generales e incorporando los compromisos del plan de acción de Trinidad y Tobago, el

mayor incremento se focaliza en materia de mejoramiento de servicios públicos ya que 10 de los 13

compromisos se orientan a atender dicho eje/reto en materias tales como: certificar la calidad de servicio

de las agencias públicas y generar un índice para medir y evaluar dicho elemento desde la perspectiva de

los ciudadanos; desarrollar capacidades estratégicas en materia de recursos humanos en el sector público;

mejorar el acceso y facilitación de trámites; adoptar una política sobre estándares de datos y marcos de

clasificación, y aumentar el número de conjuntos de datos gubernamentales de acceso público en

formatos abiertos; y crear un portal de gobierno abierto de fácil acceso, con una plataforma / repositorio

de datos abiertos, así como una interfaz para permitir la retroalimentación del público.

Sobre este detalle general, obtenemos una visión panorámica de carácter agregado acerca de la agenda

regional de gobierno abierto (Gráfico 1), definida a partir de los compromisos presentes en los primeros

planes de acción de los 15 países latinoamericanos miembros de la AGA donde se destacan: 178

compromisos en materia de integridad pública (52,19%), 85 compromisos en el ámbito del

mejoramiento de los servicios públicos (24,92%), 63 iniciativas en materia de gestión efectiva de

recursos públicos (18,47%), 14 compromisos en lo relativo a incremento de la responsabilidad

corporativa (4,10%) y 1 compromiso en creación de comunidades más seguras (equivalente al

0,29%).

Parte de los avances más interesantes y significativos en la región, radican en la promulgación y entrada

en vigencia de leyes de acceso a información pública en los últimos 4 años. Si bien este fenómeno dice

relación directa con el resultado de un proceso histórico de trabajo, donde las organizaciones de la

sociedad civil, entidades internacionales y otros actores relevantes han sido fundamentales para tal efecto,

en los casos de la región la adscripción a la AGA ha resultado ser un eje que ha permitido apalancar y

dar mayor fuerza a concretar esta demanda ciudadana. En la región, los casos de Brasil, Colombia y

recientemente, Paraguay, son un claro ejemplo de ello.

Por otro lado y considerando aquellos países de la región que ya cuentan con un segundo plan de acción

en fase de implementación4 (9 en total), podemos realizar una breve mirada que permita contrastar la

agenda resultado de los primeros planes de acción con lo que actualmente aparece sobre el tema (Cuadro

6). En tal sentido, de un total de 232 nuevos compromisos, se observa que se mantiene la tendencia en

la región dado que los compromisos sobre incremento de la integridad pública alcanzan las 115

iniciativas (50% aproximadamente) seguido de los relacionados con mejoramiento de los servicios

públicos con 61 (26%) y gestión más efectiva de los recursos públicos con 35 (15%) (Gráfico 2).

Cabe destacar que además aparecen 14 compromisos (6%) vinculados a la creación de comunidades

más seguras (muchos más en contraste con la primera fase de planes) y solo 7 compromisos en

relación a incrementar la responsabilidad corporativa (3%).

Con estos datos y en perspectiva comparada, podemos afirmar que se consolidan tres ejes temáticos

como foco prioritario en la promoción de políticas de gobierno abierto en la región (Cuadro 7),

considerando la muestra de primeros y segundos planes de acción (sobre un universo total de 573

compromisos a la fecha): los ámbitos de integridad pública (más del 50% del total de compromisos),

mejora de servicios (25% del total) y gestión efectiva de recursos (17%). Para observar de manera más

temáticas: mejora de la función pública (5 compromisos); acceso a información (4 compromisos); gobernanza (1 compromiso)

y gobernanza de los recursos nacionales (3 compromisos). 4 Corresponde a los casos de Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y

Uruguay.


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detallada y poder comparar por eje estratégico (entre los compromisos asumidos en los primeros y

segundos planes de acción) se presenta el Gráfico 3.

Para cerrar y dado el interés que se ha mantenido por parte de los países miembros de la Alianza en la

región de dar continuidad a estos esfuerzos, podemos acotar con algunas reflexiones que contribuyen a

visualizar una cierta consolidación de las políticas de gobierno abierto como un factor que apalanca

nuevos e innovadores procesos en lo referente a las tareas por reformar el Estado y modernizar la gestión

pública:

En primer lugar y pese a que en muchos países de la región han cambiado los gobiernos o han

existido variaciones en el ciclo político (inclusive de coalición política gobernante), se sostiene

la adhesión a la plataforma de trabajo y adscripción a la AGA, se han desarrollado los procesos

de evaluación de los planes desarrollados y se ha dado continuidad a un nuevo conjunto de

iniciativas y compromisos en materia de gobierno abierto. Ello supone la idea de un tránsito de

políticas de gobierno (de turno) a tratar de consolidar un espacio de políticas de Estado que,

además en muchos casos, viene acompañado de la incorporación de compromisos o apoyos de

otros actores institucionales (Contralorías, Poder Legislativo y Judicial) o niveles de gestión

político-administrativa (gobiernos subnacionales y/o locales). Es rescatable el énfasis en este

punto dado que la sostenibilidad, viabilidad (política, financiera y técnica), coherencia y

consistencia de políticas (o reformas), cuyos resultados requieren acciones de corto plazo

articuladas con una visión de mediano y largo plazo, dan una lección sobre el potencial que tiene

el gobierno abierto no solo a nivel de la voluntad política y el asumir compromisos concretos en

un espacio intertemporal (sobre todo considerando la transición entre distintos gobiernos), sino

que aparece como un potencial eje prioritario en las agendas gubernamentales y un mecanismo

real que posibilita un tipo de aproximación que rompe con la lógica de los silos o islas de gestión

(sectorial), permite concretar modelos de coordinación y trabajo transversal tanto al interior del

sector público como en el trabajo con otros actores de la sociedad, y finalmente, intenta de manera

atrevida e innovadora el desarrollar el gobierno abierto desde la propia practica de sus principios,

en especial la apertura, la participación ciudadana y la generación de espacios para la

colaboración cívica y el trabajo conjunto entre una red de actores.

En los países de la región que están actualmente implementando y/o evaluando los resultados de

los segundos planes de acción se reconoce un evidente proceso de aprendizaje y la generación de

nuevos marcos de referencia y/o metodologías para afianzar el compromiso de garantizar reales

espacios de participación y consulta ciudadana en el proceso (que va desde la co-creación de los

planes a su posterior monitoreo y evaluación de resultados e impacto), y un nivel más alto de co-

responsabilidad y complicidad entre los actores que han sumado esfuerzos para promover el

gobierno abierto como política público o mecanismo de gobernanza de los asuntos públicos

Es cada vez más visible que las estrategias y/o políticas de gobierno abierto sean consideradas

como una generación de recambio frente a las tradicionales modelos de reforma del sector público

desarrolladas desde fines de los años 80 del siglo XX hasta los primeros años del siglo XXI en la

región (bajo el enfoque de la Nueva Gestión Pública y sus derivados). Muchos países le están

dando un carácter sustantivo a sus iniciativas de gobierno abierto que van mucho más allá de lo

meramente tecnológico, promoviendo nuevos marcos institucionales (leyes de acceso a

información pública por ejemplo), nuevas prácticas y plataformas de trabajo colaborativo (desde

las normas relativas a datos abiertos y uso y reutilización de información pública a herramientas

que facilitan la participación, compromiso y vinculación ciudadana con los asuntos públicos), e

innovadoras formas que le dan frescura a las estrategias de gobierno digital.

Se ha favorecido un ecosistema de trabajo en red y clave colaborativa no solo entre los propios

gobiernos de la región, que hoy en día comparten buenas prácticas y herramientas o modelos

concretos de gestión para hacer posible la cristalización de los principios de gobierno abierto con


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medidas reales, sino que se ha instalado un modelo de trabajo con organizaciones y representantes

de la sociedad civil que resultan ser un gran ejemplo sobre los desafíos que tiene la gestión pública

para aprovechar las capacidades y talentos distribuidos en la sociedad y orientar los esfuerzos a

trabajar en esquemas más “ciudadano-céntricos”, donde sean las propias personas las

protagonistas de los procesos de diseño e implementación de políticas públicas. Una suerte de

cambio trascendental hacia un modelo de gobernanza abierto basado en la apertura del ciclo de

políticas públicas (Figura 1).

III. Las políticas de gobierno abierto en la región: Más allá del uso intensivo de tecnologías y

plataformas digitales.

“[…] El gobierno abierto es un camino, no la meta. Es un medio, no un fin en sí mismo, y de ello

dependerá en el futuro próximo si este nuevo espacio de “contrato social” logra brindar los frutos

esperados para contribuir a la construcción de sociedades más prósperas, equitativas, justas y cuyos

resultados vayan orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar colectivo de

nuestros pueblos […]”

Ramírez-Alujas y Dassen, Vientos de Cambio (2014)

En el contexto general, si bien las iniciativas más frecuentes que se encuentran en las llamadas estrategias

de gobierno abierto dicen relación con el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación,

y en especial con las emergentes plataformas digitales y redes sociales, no debemos confundir el medio

con los fines. Las políticas de gobierno abierto suponen entender el gobierno como una plataforma que

se apoya en la apertura de datos públicos (transparencia y acceso a la información) y en la promoción de

la participación ciudadana y colaboración cívica, para promover el crecimiento económico, la eficiencia

gubernamental, la creación y mejoramiento de los servicios públicos, y la rendición de cuentas. Todo

ello en el marco de generar una nueva arquitectura de relaciones entre los diversos actores, donde el

Estado cede espacios de interlocución, deliberación y co-creación para trabajar de manera conjunta con

la sociedad (no exclusivamente “para ella”) en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos desde

el entendimiento de que ya no posee el monopolio exclusivo del conocimiento y de las respuestas

adecuadas para asumir en solitario los desafíos que enfrentan nuestros países en el siglo XXI.

Dicho de otro modo, las iniciativas de gobierno electrónico o digital, frecuentemente generadas y puestas

a disposición desde el gobierno y los servicios públicos hacia la ciudadanía de manera unilateral, es solo

una cara de la moneda (como medio o instrumentos) puesto que la idea de apertura dice relación con

trabajar de manera más horizontal y colaborativa con actores más allá de la esfera estatal, aprovechando

la inteligencia y capacidades distribuidas en la sociedad para generar valor público. Por tanto, se trata de

crear un verdadero ecosistema de gobernanza donde trabajan de manera conjunta todos los actores

promoviendo una arquitectura institucional más flexible que sirva de fuente para procesos de innovación.

Es por ello que al contrastar el avance en la agenda global resultante de los compromisos asumidos y sus

ejes, y mirar en perspectiva lo que está sucediendo en América Latina y el Caribe, se constata que más

allá de la tendencia tecnológica y el intensivo uso de éstas herramientas, la estrategia ha sido más bien

apostar por avances de carácter institucional (normativo y de procesos) que, en algunos casos, se apoyen

en plataformas digitales como medios, pero no al revés. Ello es una interesante peculiaridad en el

contexto regional dadas las cifras analizadas.


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IV. La nueva frontera: Gobierno Abierto, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la

Agenda Post 2015. Los grandes desafíos para América Latina y el Caribe.

Uno de los debates más interesantes que se ha venido instalando sobre estas materias radica en la pregunta

de cómo las políticas y estrategias de gobierno abierto pueden llegar a convertirse en un habilitador clave

para lograr la implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS). Los ODS serán una herramienta para poner en práctica y monitorear la agenda para

el desarrollo después de 2015 y deberían reflejar una agenda universal de desarrollo, con obligaciones,

responsabilidades y oportunidades para todos los países, no solo los países en desarrollo (CEPAL,

2014:24).

La CEPAL viene planteando hace varios años propuestas y caminos para poner a la igualdad en el centro

de la agenda de desarrollo, el cambio estructural con mayor intensidad de conocimiento y tecnología

como el camino a seguir, y la política pública como herramienta al servicio de éstos fines, en el marco

de una renovada ecuación entre Estado, mercado y sociedad. La estrategia para avanzar en el logro de

estos objetivos supone combinar políticas sociales con la transformación de las estructuras productivas,

haciendo que la innovación y la productividad se difundan más homogéneamente en las mismas. En tal

sentido, la necesidad por superar la llamada heterogeneidad estructural, esto es, las elevadas diferencias

de productividad al interior de nuestras economías, con sus bolsones de subsistencia e informalidad, que,

junto con las grandes diferencias en la distribución de la propiedad de los activos físicos y del capital

humano son la base de la desigualdad, son hoy en día un imperativo ético ineludible para el presente y

futuro de nuestras sociedades.

Las estructuras productivas no sólo deben ser más intensivas en conocimientos e innovación, sino que

las mismas deben estar dirigidas hacia los objetivos de sostenibilidad social y ambiental. Tanto como la

intensidad del progreso técnico, interesa su dirección, sus contenidos, las trayectorias de sostenibilidad

que se abren hacia el futuro. Las tecnologías de la información y de las comunicaciones, los nuevos

materiales, la biotecnología y la nanotecnología son las fuerzas que están transformando el sistema

productivo. Una convergencia entre estas tecnologías y los temas ambientales y de inclusión es factible,

urgente y necesaria.

Esta hoja de ruta tiene un enfoque universal, basado en derechos y plantea “no dejar a nadie atrás”. La

erradicación de la pobreza extrema, la mejora de la productividad, el trabajo decente y la igualdad están

en el centro de esta agenda, así como el cambio de patrones de producción y consumo. Ello además,

convoca a un pacto global entre países desarrollados y en desarrollo para asegurar financiamiento,

transferencia de tecnología, comercio y provisión de seguridad climática.

Revolución de los datos, ODS y Gobierno Abierto.

De acuerdo al Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos para el

Desarrollo Sostenible (GAEI), la revolución de los datos es (GAEI, 2014):

a) Una explosión en el volumen de datos, en la velocidad con que se producen los datos, el número

de productores de datos, la diseminación de datos, y la gama de asuntos sobre los que existen

datos, ya sea que se produzcan a partir de nuevas tecnologías, como la telefonía celular y la

“Internet de las cosas”, como de otras fuentes, como los datos cualitativos, los datos generados

por los ciudadanos y los datos acerca de las percepciones subjetivas;

b) Una demanda creciente de datos en todos los sectores de la sociedad.

Este nuevo paradigma replantea los equilibrios de poder por el surgimiento de nuevos actores que hacen

un uso estratégico de los datos, y cuestiona las formas en que los actores públicos, el sector privado y la

sociedad civil actúan en el actual contexto del desarrollo de una economía del conocimiento y una


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sociedad-red. Es por ello que en la perspectiva de la definición de los ODS, la revolución de los datos es

un factor esencial: El logro de estos objetivos requerirá la adopción de medidas integradas ante los

desafíos sociales, ambientales y económicos, enfocadas a un desarrollo participativo e inclusivo que no

se olvide de nadie. Ello, a su vez, exigirá otro aumento importante de los datos y la información de que

puedan disponer las personas, los gobiernos, la sociedad civil, las empresas y las organizaciones

internacionales para planificar, vigilar y rendir cuentas por sus acciones. Se requerirá un enorme aumento

de la capacidad de muchos gobiernos, instituciones y particulares para ofrecer y utilizar estos datos

(GAEI, 2014:4).

Se trata de lograr que la revolución de los datos sea un vector de la nueva agenda de desarrollo. Es

imprescindible que esta revolución tecnológica sea un instrumento para cerrar las brechas tanto socio-

económicas como de accesibilidad a los recursos digitales. Un nuevo ecosistema innovador y

digitalizado, en el cual colaboran el sector privado, centros académicos pioneros y actores emprendedores

de la sociedad civil, ha liderado el proceso de la revolución de los datos, en gran medida mediante la

inversión en infraestructura para el ecosistema digital, pero sobre todo por su habilidad de innovar en

tecnologías digitales y de generar, almacenar y procesar gran cantidad de nuevos datos, a tal punto de

convertirlos exitosamente en motores de nuevos modelos de producción e interacción.

Es necesario promover innovaciones con estas tecnologías en la esfera pública en aras de favorecer el

bien común. De allí que este salto tecnológico requiera un cambio estructural en las formas de producción

y consumo y una profunda redefinición de la ecuación Estado-mercado-sociedad. Y por tanto, empoderar

la vertiente ciudadana de esta ecuación es una tarea pendiente de nuestras sociedades.

Es en este marco conceptual donde se entiende el rol protagónico de los pilares fundamentales del

gobierno abierto: la transparencia, la participación, la colaboración y la innovación tecnológica a través

de los datos abiertos. No es una discusión técnica; por el contrario, es eminentemente política. Encarar

privilegios, garantizar igualdad de derechos, afirmar la plena ciudadanía, abreviar las brechas de

desigualdad en recursos materiales y simbólicos, son todas tareas que se sirven mejor cuando todos

pueden disponer de la información esencial que determina los asuntos públicos. La información es poder

político o, al menos, una condición para que este pueda ejercerse (Bárcena, 2015).

V. Reflexiones finales.

Finalmente y frente al análisis desarrollado en el contexto regional, hacemos caja de resonancia respecto

de algunas de las conclusiones del Conversatorio sobre Gobierno Abierto desarrollado en el marco del

XIX Congreso del CLAD y al Primer Coloquio Iberoamericano sobre Gobierno Abierto (CLAD, 2014a;

CLAD, 2014b):

Es importante cambiar el código genético de la Administración Pública para que los funcionarios

se abran a la idea de co-crear, co-diseñar y co-producir políticas públicas junto con la ciudadanía.

En Iberoamérica todavía existen serios retos que hay que superar para hacer del gobierno abierto

una realidad. Aun persiste una cultura de opacidad y secretismo, de clientelismo político y

nepotismo, así como ciertas patologías burocráticas que subsisten en las estructuras

administrativas (recordemos por ejemplo que la participación ciudadana y la idea de apertura

nunca estuvieron en el ADN o en la tradicional configuración burocrática del sistema

weberiano… La administración como sistema de dominación racional-legal, no como plataforma

para la acción cívica en clave abierta y colaborativa);

Si empleamos la analogía de que el gobierno abierto es una especie de software y el

gobierno/administración pública el hardware, entonces, se debe reflexionar sobre cuáles son las

características que ha de tener ese gobierno/administración pública para poder hacer correr

(implementar) dicho software (gobierno abierto). De lo que se trata es de identificar las


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capacidades institucionales y la infraestructura de gestión necesarias para darle viabilidad y

concreción;

El componente más institucionalizado y que más iniciativas agrupa en la región, ha sido el eje de

transparencia e integridad pública (293 compromisos de un total de 573) y existe una cierta deuda

pendiente para con los ámbitos de participación y colaboración cívica (Ramírez-Alujas y Prieto-

Martín, 2014). Si bien es cierto, que el amplio desarrollo de iniciativas de transparencia pueda

deberse a que es necesario un mínimo de información para que la gente participe, es igualmente

cierto que la información por sí sola no es suficiente para promover el involucramiento en los

asuntos públicos, es preciso la existencia de algún tipo de motivación por parte del ciudadano que

active la necesidad de buscar esa información y participar.

Los gobiernos locales juegan un papel esencial si pensamos el gobierno abierto como una política

bottom-up y no top-down, ya que ellos son el nivel más cercano a la ciudadanía. Los municipios

son actores interesantes para el desarrollo del Gobierno Abierto debido a que tienden a usar más

mecanismos que permiten el involucramiento directo de los ciudadanos, en parte porque la

participación es más fácil de manejar a esa escala y los ciudadanos se muestran más interesados

en los temas que afectan su día a día. Hay muchas iniciativas que se están implementado en los

gobiernos locales y que no están siendo reconocidas por los planes de acción (nacionales) de los

gobiernos. Se le está dando una mayor importancia a las iniciativas en el nivel central (o nacional)

cuando son los gobiernos municipales los que realmente pueden enriquecer y acercar el tema del

gobierno abierto a los ciudadanos. Esto supone una oportunidad fundamental para las siguientes

fases de consolidación e integralidad de los esfuerzos por avanzar de manera holística a la

anhelada apertura gubernamental en todo el sentido que ello supone;

Pareciera ser que la sociedad civil es la gran ausente en el debate y en las iniciativas de gobierno

abierto y los ciudadanos corrientes ni conocen ni entienden de qué se trata y cómo podría afectar

y/o mejorar sus vidas. Por ello, se debe asegurar que el tema tenga un impacto real en el bienestar

de las personas. El fin no es presentar planes de acción cada dos años (marco AGA) o tener

iniciativas para cada uno de los pilares, el fin último es crear o incrementar el valor público y que

realmente haya un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos. Lograr que exista un

ámbito público capaz, no solo de mejorar las relaciones o de gestionar las interdependencias, sino

que de mejorar la equidad, aumentar la efectividad social en la prestación de servicios públicos

(satisfacción de las necesidades sociales) y aumentar la rendición de cuentas hacia la sociedad no

solo es deseable sino que, hoy en día, es un imperativo ético que actúa como eje para garantizar

derechos y deberes en el contexto de un sistema democrático, y una vía para superar la

desigualdad y alcanzar justicia social. Como ya se ha planteado en otras ocasiones, gobierno

abierto tiene que ver con reducir las asimetrías de poder – en última instancia es un fenómeno

político en su amplio sentido, no un mero desafío técnico, administrativo o tecnológico – y

permitir que las personas sean protagonistas de su propio destino. Se trata de un vehículo para

promover y garantizar el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestras comunidades. Y por todo

ello debe ser parte sustantiva y permanente del quehacer de nuestras instituciones públicas, ya no

como discurso o apología que sustente la apertura como valor esencial, sino como una forma de

trabajo cotidiano, como un modo de cambiar la relación entre gobernantes y gobernados, como

el reflejo de prácticas habituales en la gestión de lo público, como una nueva forma de gobernar:

para, por y a través de las personas y nuestros pueblos.

Bibliografía.

Alianza para el Gobierno Abierto – AGA/Open Government Partnership – OGP:


Bárcena, Alicia (2015). Discurso en la Cumbre Ministerial de la Alianza para el Gobierno Abierto,

México DF, 22 de abril de 2015.



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CEPAL (2014). América Latina y el Caribe en la Agenda para el Desarrollo después de 2015: reflexiones

preliminares basadas en la Trilogía de la Igualdad. 25 de junio de 2014.

CLAD (2014a). Informe de Relatoría Conversatorio sobre Gobierno Abierto. Disponible en:

https://www.academia.edu/11530954/Relator%C3%ADa_Conversatorio_Gobierno_Abierto_-

_XIX_Congreso_CLAD_2014

CLAD (2014b). Informe de Conclusiones y Recomendaciones Coloquio Iberoamericano sobre Gobierno

Abierto: Lecciones y Desafíos para la Región (04 y 05 de septiembre 2014, Asunción, Paraguay).

Disponible en:

https://www.academia.edu/11497143/Informe_de_Conclusiones_y_Recomendaciones_Coloquio_Ibero

americano_sobre_Gobierno_Abierto

Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible

(GAEI) (2014). Un mundo que cuenta. Movilización de la revolución de los datos para el desarrollo

sostenible. Naciones Unidas, noviembre de 2014. Disponible en: http://bit.ly/1CJXVPj

Hofmann, Ramírez-Alujas y Bojórquez (2013). La promesa del Gobierno Abierto. InfoDF e ITAIP.

Disponible en:

https://www.academia.edu/3013878/La_Promesa_del_Gobierno_Abierto

Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) - Alianza para el Gobierno Abierto (2015). OGP Exporer.

Disponible en: http://www.opengovpartnership.org/explorer/all-data.html

Ramírez Alujas, Álvaro y Alejandra Naser (2014). “Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los

gobiernos de la región”, LC/L.3802, Serie Manuales ILPES/SEPAL Nº 81, 70 pp. Disponible en:

http://bit.ly/1C3Zl6G

Ramírez Alujas, Álvaro y Nicolás Dassen (2014). “Vientos de cambio: El avance de las políticas de

gobierno abierto en América Latina y el Caribe”, Nota Técnica Nº IDB-TN-629, Banco

Interamericano de Desarrollo (BID). Disponible en: http://bit.ly/1e4kYTl

Ramírez Alujas, Álvaro y Pedro Prieto-Martín (2014). “Caracterizando la participación ciudadana en el

marco del Gobierno Abierto”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 58, Feb. 2014,

pp. 61-100. Disponible en: http://bit.ly/1IT2xPH

Ramírez-Alujas, Álvaro V. y César Cruz-Rubio (2012). “¿Políticas públicas abiertas”: Hacia la

definición y análisis de los diseños políticos bajo los principios del gobierno abierto”, en Revista

Buen Gobierno Nº13, Jul-Dic 2012, pp. 52-76.

Ramírez-Alujas, Álvaro V. y Nicolás Dassen (2012). “Gobierno abierto: la ruta hacia una nueva agenda

de reforma del Estado y modernización de la administración pública en América Latina y el

Caribe”, en “Gobierno Abierto y Transparencia Focalizada. Tendencias y desafíos para América

Latina y el Caribe”, Nicolás Dassen y Juan Cruz Veyra (Editores), Banco Inter-Americano de

Desarrollo [pág. 41 - 71]

Disponible para descarga en: http://bit.ly/SWyNbR

Ramírez-Alujas, Álvaro V. (2011). “Gobierno abierto y modernización de la gestión pública: Tendencias

actuales y el (inevitable) camino que viene. Reflexiones seminales”, Revista Enfoques. Volumen

IX, N°15. Disponible en: http://bit.ly/1e3kx1t

Reseña biográfica.

Fundador, investigador principal y coordinador del área de Administración Pública del Grupo de

Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) del Instituto Universitario de

Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) en Madrid (http://www.gigapp.org).

Actualmente es Consultor del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y

Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización

de las Naciones Unidas (ONU), y profesor e investigador del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la

Universidad de Chile. También es parte del Jurado de Open Government Awards (para los años 2014 y

2015) de la Alianza para el Gobierno Abierto (https://www.opengovawards.org), Director de la

https://www.academia.edu/11530954/Relator%C3%ADa_Conversatorio_Gobierno_Abierto_-_XIX_Congreso_CLAD_2014

https://www.academia.edu/11530954/Relator%C3%ADa_Conversatorio_Gobierno_Abierto_-_XIX_Congreso_CLAD_2014

https://www.academia.edu/11497143/Informe_de_Conclusiones_y_Recomendaciones_Coloquio_Iberoamericano_sobre_Gobierno_Abierto

https://www.academia.edu/11497143/Informe_de_Conclusiones_y_Recomendaciones_Coloquio_Iberoamericano_sobre_Gobierno_Abierto

http://bit.ly/1CJXVPj

https://www.academia.edu/3013878/La_Promesa_del_Gobierno_Abierto

http://www.opengovpartnership.org/explorer/all-data.html

http://bit.ly/1C3Zl6G

http://bit.ly/1e4kYTl

http://bit.ly/1IT2xPH

http://bit.ly/SWyNbR

http://bit.ly/1e3kx1t

http://www.gigapp.org/

https://www.opengovawards.org/


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Fundación Multitudes en Chile y Fundador de la iniciativa Open Government Standards

(http://opengovstandards.org).

Doctorando en Ciencia Política – Mención Gobierno y Administración Pública, del IUIOG, adscrito a la

Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Ciencia Política, Administrador Público y Magíster

en Gestión y Políticas Públicas (MGPP) de la Universidad de Chile.

Datos de contacto:

e-mail: [email protected] / [email protected]

Twitter: http://twitter.com/redmatriz & Publicaciones: http://bit.ly/188kIFV

Cuadros, tablas y gráficos.

Cuadro 1. Principios de la Alianza para el Gobierno Abierto

Transparencia Rendición de

Cuentas

Participación

Ciudadana

Tecnología e

Innovación

La información sobre

las actividades y

decisiones

gubernamentales está

abierta y actualizada,

además es exhaustiva

y se encuentra

disponible al público

en cumplimiento con

estándares de datos

abiertos (ejemplo:

datos legibles, sin

procesar).

Existen reglas, normas

y mecanismos para

que los actores

gubernamentales

justifiquen sus

acciones, respondan a

críticas o

requerimientos y

acepten

responsabilidad por

omisiones en lo

referente a leyes y

compromisos.

Los gobiernos

procuran que sus

ciudadanos p se

involucren en debates

públicos, provean

insumos y contribuyan

a un régimen más

innovador, efectivo y

receptivo.

Los gobiernos

reconocen la

importancia de:

proveer a los

ciudadanos acceso

abierto a la tecnología;

las nuevas tecnologías

como impulsoras de la

innovación; y la

importancia de

aumentar la capacidad

de los ciudadanos para

utilizar tecnologías.

Fuente: Alianza para el Gobierno Abierto – AGA (2015)

Cuadro 2. La Alianza para el Gobierno Abierto en Perspectiva 2015

Total Mundial

(65 países/100 planes de acción publicados e

implementados)

América Latina y el Caribe

(15 países/24 planes de acción publicados e

implementados)

Cantidad de compromisos Más de 2000 Cantidad de compromisos Más de 590

Compromisos en actual

desarrollo Más de 950 Compromisos en actual

desarrollo Más de 200

Compromisos que se

reconocen por su ambición,

relevancia y haber sido

finalizados

24% Compromisos que se reconocen

por su ambición, relevancia y

haber sido finalizados

30%

Países que actualmente están

trabajando con la sociedad

civil para co-crear nuevos

planes de acción

24 Países que actualmente están

trabajando con la sociedad civil

para co-crear nuevos planes de

acción

7

Número promedio de

compromisos en curso por

país

18.6 Número promedio de

compromisos en curso por país 24.7

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del MRI (para junio de 2015)

http://opengovstandards.org/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

http://twitter.com/redmatriz

http://bit.ly/188kIFV


12

Cuadro 3. Tópicos relevantes en compromisos planes de acción AGA (mundial)

Temáticas Cantidad de compromisos

Participación ciudadana 303

Datos abiertos 242

Transparencia fiscal 204

Mejoramiento de los servicios públicos 165

Acceso a la Información 132

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del MRI (2015)

Cuadro 4. Tópicos relevantes en compromisos planes de acción AGA

(América Latina y el Caribe)

Temáticas Cantidad de compromisos

Participación ciudadana 181

Datos abiertos 139

Legislación y regulaciones 113

Mejoramiento de los servicios públicos 108

Transparencia fiscal 84

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del MRI (2015)


13

Cuadro 5. Desglose de compromisos de los primeros planes de acción nacionales, por país y eje

estratégico (periodo 2011-2014)

Ejes estratégicos de la AGA

País

Compromis

os en Plan de

Acción

Mejoramien

to de los

servicios

públicos

Increment

o de la

integridad

pública

Gestión

más

efectiva

de los

recurso

s

público

s

Creación de

comunidad

es más

seguras

Incremento de

la

responsabilid

ad

corporativa

Argentina 19 6 11 2 0 0

Brasil 32 4 22 5 0 1

Chile 19 4 11 0 1 3

Colombia 27 8 13 6 0 0

Costa Rica 23 9 11 3 0 0

El

Salvador 21 3 14 3 0 1

Guatemala 3 0 1 2 0 0

Honduras 20 7 6 7 0 0

México 55 7 22 19 0 7

Panamá 5 0 5 0 0 0

Paraguay 15 7 3 5 0 0

Perú 47 8 37 2 0 0

República

Dominican

a 24 5 15 4 0 0

Trinidad y

Tobago 13 10 1 0 0 2

Uruguay 18 7 6 5 0 0

Total 341 85 178 63 1 14

Porcentaj

e del total 100.00% 24,92% 52,19% 18,47% 0,29% 4,10%

Fuente: Elaboración propia actualizada sobre la base de Ramírez-Alujas y Dassen (2014).


14

Cuadro 6. Desglose de compromisos de los segundos planes de acción nacionales, por país y eje

estratégico (periodo 2013-2015)

Ejes estratégicos de la AGA

País

Compromis

os en Plan de

Acción

Mejoramien

to de los

servicios

públicos

Increment

o de la

integridad

pública

Gestión

más

efectiva

de los

recurso

s

público

s

Creación de

comunidad

es más

seguras

Incremento de

la

responsabilid

ad

corporativa

Brasil 52 11 22 13 4 2

Chile 12 2 9 0 1 0

El

Salvador 20 4 5 6 3 2

Guatemala 48 23 24 0 1 0

Honduras 14 4 5 5 0 0

México 26 1 11 7 4 3

Paraguay 9 0 9 0 0 0

República

Dominican

a 11 2 8 0 1 0

Uruguay 40 14 22 4 0 0

Total 232 61 115 35 14 7

Procentaj

e del Total 100.00% 26,29% 49,56% 15,08% 6,03% 3,01%

Fuente: Elaboración propia.


15

Cuadro 7. El avance de los compromisos de gobierno abierto por eje estratégico en la región (2011-

2015)

Mejoramiento

de los

servicios

públicos

Incremento

de la

integridad

pública

Gestión

más

efectiva de

los recursos

públicos

Creación de

comunidades

más seguras

Incremento de

la

responsabilidad

corporativa

Totales

Primer plan 85 178 63 1 14 341

Segundo plan 61 115 35 14 7 232

Sumatoria 146 293 98 15 21 573

Porcentaje 24,47% 51,13% 17,10% 2,61% 3,66% 100%

Fuente: Elaboración propia a junio de 2015.

Gráfico 1. Desafíos de gobierno abierto y compromisos en la región:

Primeros Planes de Acción de Gobierno Abierto en el marco AGA

Fuente: Elaboración propia actualizada sobre la base de Ramírez-Alujas y Dassen (2014).


16

Gráfico 2. Desafíos de gobierno abierto y compromisos en la región:

Segundos Planes de Acción de Gobierno Abierto en el marco AGA

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3. Avance comparado de compromisos por eje estratégico (Primer y Segundo Plan)

Fuente: Elaboración propia a junio de 2015.

- 20 40 60 80

100 120 140 160 180

Mejoramiento

de los servicios

públicos

Incremento de la

integridad

pública

Gestión más

efectiva de los

recursos

públicos

Creación de

comunidades

más seguras

Incremento de la

responsabilidad

corporativa

85

178

63

1 14

61

115

35

14 7

Primer plan Segundo plan


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Figura 1. El ciclo de políticas públicas en el nuevo contexto del Gobierno Abierto

Fuente: Adaptado de Ramírez-Alujas y Cruz-Rubio (2012).

los tiempos están cambiando: análisis y perspectivas sobre ... · a 341 compromisos2, en los...

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