Sábado 18.08.12 LA VERDAD 21OPINIÓN

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La irresponsable decisión del Gobier-no de excluir de la atención sanita-ria a los inmigrantes sin papeles ha generado un debate social acerca del alcance de los deberes profesiona-les. El Grupo de Bioética de la Socie-

dad Española de Medicina de Familia y Comuni-taria (semFYC), siguiendo una iniciativa previa de la murciana Red Ciudadana Por la Salud (Re-CIPS), ha recomendado a sus socios la objeción de conciencia al cumplimiento del Real Decreto. La OMC ha apoyado esta petición. Sin embargo, la mayoría de las opiniones de los ciudadanos son contrarias a dichos posicionamientos. Algunas, con argumentos xenófobos; otras, con prejuicios acerca de abusos en la utilización de la sanidad pública o su falta de contribución a las arcas pú-blicas. Las hay más sofisticadas. Éstas sostienen que los profesionales sanitarios son trabajadores de una institución que es quien paga y, por tan-to, impone las condiciones en las que se debe de-sarrollar su trabajo. Argumentos como el del pre-sidente de Extremadura, «el dinero que gasten lo descontaremos de sus sueldos» o «que les atien-dan en su tiempo libre» son comunes en esta lí-nea de opinión. Es un argumento con parte de verdad. En efecto, los profesionales

sanitarios debemos obedecer las directrices de nuestra empresa y no podemos cambiarlas a nues-tro antojo. Sería absurdo que de-cidiéramos nuestra nómina, ho-rario o el número de días de va-caciones. Pero el conflicto gene-rado en este caso parece de otra naturaleza. No es laboral sino profesional. ¿Significa que si un conflicto es tipificado como pro-fesional los sanitarios pueden desobedecer a sus jefes pero si es laboral deben acatar sus órdenes? Bueno, es algo así. No es casualidad que la libertad profesional, su

independencia, esté protegida fuertemente en los distintos códigos legales y deontológicos. Por supuesto, esta independencia no puede ser abso-luta: no se puede pretender introducir por esta vía situaciones de privilegio que generen espa-cios de discrecionalidad, impunidad, falta de con-trol u opacidad. Pero la búsqueda de un equilibrio entre la legí-

tima obligación de obedecer las normas impues-tas por el empleador y permitir, al mismo tiem-po, áreas de independencia profesional, se ha mos-trado como una exigencia básica para el buen fun-cionamiento de las sociedades democráticas. ¿Por qué? Porque los profesionales sanitarios son un sector de la sociedad fundamental en la defensa de los derechos ciudadanos. Todos los esfuerzos por «controlar» rígidamente la actividad de los profesionales sanitarios ha conducido a perver-siones en las que finalmente se acaba perjudican-do a los pacientes. La estancia media en los ingre-sos, por ejemplo, es un indicador muy utilizado

para mejorar la eficiencia hospitalaria pero los in-tentos de los gerentes por reducirla presionan-do excesivamente a los profesionales puede per-judicar a los pacientes. Otro ejemplo. La introduc-ción de reformas por el Gobierno para limitar la libertad del médico a la hora de gestionar una baja laboral con el objetivo de reducir su duración pue-de perjudicar a los trabajadores enfermos. Tam-bién se ha intentado que sean los propios profe-sionales los que busquen la optimización del uso de los recursos introduciendo incentivos econó-micos. Nuevamente, las evidencias científicas de-muestran que se generan importantes perversio-nes cuando estos incentivos son excesivos. Por eso, las sociedades necesitan profesionales inde-pendientes que defiendan a los ciudadanos tan-to de los excesos de los Estados como de aquéllos derivados de los intereses privados. Y esta inde-pendencia solo puede estar sustentada en un com-promiso ético profesional con el mejor conoci-miento y los intereses de los pacientes. El profesional sanitario establece una alianza

con su paciente en la que, implícitamente, le co-munica que no le va a abandonar, que no lo va a discriminar, que no va a poner sus intereses per-sonales sobre los suyos, que lo tratará basándose en el mejor conocimiento científico y que no va

a aceptar regulaciones guberna-mentales que atenten contra es-tos compromisos adquiridos. La nada cómoda posición de la semFYC defendiendo ciertas re-formas del Real Decreto, como garantizar una atención sanita-ria básica a los nuevos inmigran-tes sin papeles –que incluya aten-ción primaria, preventiva, medi-camentos esenciales además de la urgente–, o la necesidad de res-petar los compromisos que los

profesionales han adquirido con los inmigrantes sin papeles que ya atienden y, por tanto, mante-ner sus prestaciones, se enmarca en esta labor pro-fesional moduladora y de defensa de los derechos ciudadanos basada en principios éticos que cons-tituye el corazón de nuestra profesión, pero tam-bién de la democracia. Renunciar a ello por conveniencia política o so-

cial sería ceder ante imposiciones que ahora afec-tan a una minoría frágil pero que, en un futuro no muy lejano, podrán afectar a una mayoría. Es en-tonces cuando los ciudadanos que critican estas posiciones reconocerán lo importante que es la independencia profesional para defender sus de-rechos elementales en una atención sanitaria cada vez más tensionada por los intereses de industria farmacéutica, las aseguradoras privadas o los go-biernos –en la búsqueda del puro beneficio eco-nómico o una eficiencia pública mal entendida– a costa de valores cívicos o, lo que es lo mismo, de valores profesionales imprescindibles para una democracia. Abel Jaime Novoa Jurado es doctor en medicina. Per-

tenece al semFYC, a la Plataforma NoGracias y a la ReCIPS

Los profesionales sanitarios en una

sociedad democrática

El equilibrio entre la obligación de obedecer las normas del empleador y la existencia de áreas de independencia profesional es una exigencia de la

democracia

ABEL JAIME NOVOA JURADO*

:: M. CASAL

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que se encuentra de guardia esta semana, decidió ayer prohibir la manifestación con-vocada para hoy en Bilbao por la plataforma Herrira en apoyo del preso etarra Josu Uribetxebarria Bolinaga, cuya salida de prisión se reclama por enfermedad terminal, al entender que tiene como objetivo ensalzar al recluso «alabando, amparando o justificando las actividades por él cometidas y por las que fue condenado, ensal-zando además la lucha armada». Conviene recordar que este suje-to, que ahora padece cáncer, está en prisión por tres asesinatos y dos secuestros, uno de ellos el de Ortega Lara. El propio Pedraz había solicitado el jueves a Instituciones Penitenciarias que procediera a «estudiar la posible aplicación del tercer grado» al etarra, atendien-do a la gravedad de su estado, con vistas a otorgarle la libertad con-dicional según prevé para estos casos el artículo 104 del reglamen-to penitenciario en vigor, que fue por cierto promulgado cuando Mayor Oreja era ministro del Interior. En otras palabras, la ex-carcelación del recluso está ya en marcha, y ayer mismo la Junta de tratamiento de la prisión de Zaballa, donde está internado (ac-tualmente se halla en un hospital), y la Secretaría General de Pri-siones concluían los trámites pertinentes. La ley española, demo-crática, respeta los derechos humanos y la dignidad de los presos, sobre todo en el trance supremo de la muerte. Y en ello se diferen-cia el estado de derecho de la horda terrorista. Y también en esta ocasión, el Gobierno y la Justicia, en cuanto el preso enfermo se ha dejado examinar por los forenses –al principio, se negó a ello–, se han puesto en marcha para cumplir el designio humanitario. Pero una cosa es la magnanimidad de permitir que el preso muera en su domicilio rodeado de los suyos y otra muy distinta convertir el episodio en una clamorosa adhesión festiva a ETA o, lo que es aún más grave, en un gran mitin electoral de Bildu ante las próximas elecciones autonómicas vascas. La Audiencia Nacional, con buen criterio, ha entendido que el alarde estaba de más y ha cortado de cuajo una manifestación que, de celebrarse, hubiera supuesto el es-carnio de las víctimas y un golpe en la cerviz de la democracia.

Más leña al fuego El ministro de Industria, canario de origen, echó ayer más leña al fue-go de las críticas realizadas la víspera por Arias Cañete a las autono-mías por los recortes realizados en medios antiincendios: «Es mu-chísimo más importante –dijo Soria– gestionar recursos y alquilar hidroaviones durante los meses de verano que tener una televisión autonómica». Y redondeó la idea diciendo que «es mucho más prio-ritario en Canarias tener unos equipos preparados específicamente teniendo en cuenta la especial orografía de las islas que tener, por ejemplo, un cuerpo de policía autonómica». El presidente de las is-las, de Coalición Canaria, menospreció estas críticas diciendo lacó-nicamente que «ya tenemos suficientes pirómanos». El encontro-nazo revela el intento de ambas partes de responsabilizar a la otra por los graves siniestros que han afectado al archipiélago, y tales ac-titudes son impropias de quienes ostentan una importante repre-sentación política y social. La lucha contra el fuego es, en efecto, una competencia autonómica pero el Gobierno interviene también con los medios de que dispone cuando se lo reclaman las autonomías.

EDITORIALES

La Audiencia corta la fiesta

Convertir el caso Uribetxebarria en un enaltecimiento a ETA traspasa todo límite