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—Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Ciudad de Buenos Aires. El rol del Ministerio Público de la Defensa para su exigibilidad.

Los Derechos económicos, sociaLes y cuLturaLes en La ciuDaD De Buenos aires.

PÁG. 3 / AGOSTO 2016

Defensor General Dr. HOrAciO cOrTi

Defensora General aDjuntaContenCioso aDministrativo y tributario

DrA. GrAcielA elenA cHriSTe

Defensor General aDjuntoPenal, ContravenCional y De faltas

DDr. luiS eSTebAn DuAcASTellA Arbizu

Segunda edición

aGosto 2016

lOS DerecHOS ecOnómicOS, SOciAleS y culTurAleS en lA ciuDAD De buenOS AireS.



Fuero Contencioso Administrativo y TributarioDefensoría ante la Cámara de Apelaciones Nº 1Dr. Fernando Lodeiro MartínezDefensoría ante la Cámara de Apelaciones Nº 2Dra. Mariana Beatriz Pucciarello

Primera InstanciaDefensoría Nº 1Dra. Alejandra Lorena LampolioDefensoría Nº 2Dr. Pablo A. De Giovanni (I)Defensoría Nº 3Dra. María Lorena González Castro FeijóoDefensoría Nº 4Dra. Cecilia Gonzalez de los SantosDefensoría Nº 5Dr. Ramiro Joaquín Dos Santos FreireDefensoría Nº 6Dr. Javier Indalecio Barraza

Fuero Penal, Contravencional y de FaltasDefensoría ante la Cámara de Apelaciones Nº 1Dr. Gustavo Eduardo AbosoDefensoría ante la Cámara de Apelaciones Nº 2Dr. Emilio Antonio Cappuccio

Primera InstanciaDefensoría Nº 1Dra. Patricia Beatriz LópezDefensoría Nº 2Dra. Silvina Noemí NápoliDefensoría Nº 3Dra. María Andrea PiescoDefensoría Nº 4Dr. Sebastián ZanazziDefensoría Nº 5Dr. Francisco J. Malini LarbeigtDefensoría Nº 6Dra. Marcela María Amelia PazDefensoría Nº 7Dr. Marcelino N. CivitilloDefensoría Nº 8Dr. Matías Becerra (I)

Defensoría Nº 9Dra. Andrea Demarco (I)Defensoría Nº 10Dra. María Florencia ZapataDefensoría Nº 11Dra. Mariana SaldunaDefensoría Nº 12Dr. Federico Enrique StolteDefensoría Nº 13Dra. Paula LagosDefensoría Nº 14Dr. Sergio J. PistoneDefensoría Nº 15Dr. Miguel Talento BianchiDefensoría Nº 16Dra. Gabriela Marquiegui Mc LoughlinDefensoría Nº 17Dr. Diego Calo Maiza (I)Defensoría Nº 18Dr. Juan Ignacio CafieroDefensoría Nº 19Dra. Bibiana Marys Birriel MoreiraDefensoría Nº 20Dra. Marina RecabarraDefensoría Nº 21 Dra. María LousteauDefensoría Nº 22 Dr. Christian Federico Brandoni NonellDefensoría Nº 23 Dra. Claudia Analía RodríguezDefensoría Nº 24 Dra. María Laura Giusepucci

Secretaría General de Acceso a la JusticiaDr. Mauro RianoSecretaría General de AdministraciónLic. Jorge CostalesSecretaría General de Coordinación TécnicaDr. Javier José TeliasSecretaría General de Asistencia a la DefensaDra. Marcela MillánSecretaría General de PlanificaciónDr. Francisco M. Talento


ÍnDiCe

ÍNDICE DE SIGLAS

EDITORIAL

INTRODuCCIóN

LA CIuDAD AuTóNOmA DE BuENOS AIRES

DATOS SOCIOECONómICOS DE LA CIuDAD AuTóNOmA DE BuENOS AIRES

EL mINISTERIO PúBLICO DE LA DEFENSA

LA PROTECCIóN JuDICIAL DE LOS DEREChOS ECONómICOS, SOCIALES y CuLTuRALES EN LA CIuDAD DE BuENOS AIRES

DEREChO A uNA vIvIENDA DIGNA y háBITAT ADECuADO

EL DELITO DE uSuRPACIóN y LA PRESuNCIóN DE INOCENCIA

LOS DEREChOS ECONómICOS, SOCIALES y CuLTuRALES EN LOS ASENTAmIENTOS y vILLAS DE LA CIuDAD AuTóNOmA DE BuENOS AIRES

GéNERO y DEREChOS ECONómICOS, SOCIALES y CuLTuRALES EN LA CIuDAD AuTóNOmA DE BuENOS AIRES

DEREChO A LA SALuD

DEREChO A LA SALuD mENTAL

DEREChO A LA EDuCACIóN

CONCLuSIóN

6

9

15

17

23

31

37

41

73

89

111

121

133

143

155



ÍnDiCe De siGlas

ACIJ: Asociación Civil por la Igualdad y la JusticiaACumAR: Autoridad Cuenca Matanza RiachueloAdoP: Atención domiciliaria psiquiátrica-psicológica-social en situaciones de crisisAdoPI: Atención domiciliaria psiquiátrica-psicológica-social infantil en situa-ciones de crisisAGT: Asesoría General TutelarAPDh: Asamblea Permanente por los Derechos HumanosCABA: Ciudad Autónoma de Buenos AiresCADh: Convención Americana sobre Derechos HumanosCAyT: Contencioso, Administrativo y TributarioCCABA: Constitución de la Ciudad de Buenos AiresCCP: Comisión Coordinadora ParticipativaCD: Consejo DeliberanteCEDEm: Centro de Estudios para el Desarrollo Económico MetropolitanoCELS: Centro de Estudios Legales y SocialesCESAC: Centros de Salud y Atención ComunitariaCIDh: Comisión Interamericana de Derechos HumanosCN: Constitución NacionalCPPCBA: Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos AiresCSJN: Corte Suprema de Justicia de la NaciónCSm: Centros de Salud MentalCu: Conjunto urbanoDESC: Derechos Económicos, Sociales y CulturalesDOh: Dirección de Orientación al HabitanteDP: Defensa PúblicaEAh: Encuesta Anual de HogaresEuDEBA: Editorial Universitaria de Buenos AiresFEDEvI: Federación de Villas, Núcleos y Barrios Marginados de la Ciudad GCBA: Gobierno de la Ciudad de Buenos AireshL: Honorable LegislaturaINDEC: Instituto Nacional de Estadística y CensosIvC: Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos AiresmPD: Ministerio Público de la DefensaNAu: Nuevos Asentamientos UrbanosNBI: Necesidades Básicas InsatisfechasNhT: Núcleos Habitacionales TransitoriosObSBA: Obra social de la Ciudad de Buenos AiresPcia. Bs. As.: Provincia de Buenos Aires


PCyF: Penal, Contravencional y de FaltasPE: Poder EjecutivoPIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosPIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y CulturalesPISA: Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza RiachueloPIvESAm: Programas de Investigación y Vigilancia Epidemiológica en Salud MentalPuA: Plan Urbano Ambiental de la CiudadTSJ: Tribunal Superior de Justicia

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires es una institución autónoma dedicada a ase-gurar a todos los habitantes de la Ciudad el acceso a la justicia y la defensa en juicio.

Además de la tradicional defensa en materia penal rea-lizamos una tarea central en lo referido a los derechos económicos, sociales y culturales. A expresar lo medular de esa tarea está dedicado este texto.

La Argentina en general y la Ciudad de Buenos Aires en particular están caracterizadas por una estructura so-cial basada en la exclusión y en las desigualdades persis-tentes. Este modelo de sociedad fue gestado a partir de la dictadura cívico—militar de 1976/1983 —cuyo objetivo fue disciplinar una sociedad políticamente movilizada y social-mente integrada— y luego profundizado por las políticas neoliberales puestas en práctica durante la década del 90.

La profundísima crisis de 2001 fue el acta de defun-ción de ese modelo a nivel nacional, más allá de que dicha visión socio-política aún sigue vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires ha te-nido en cuenta en su texto la existencia de dicha sociedad basada en procesos de exclusión y, por ello, pone como valor central la inclusión social. El Estado local está consti-tucionalmente obligado a realizar políticas para modificar la realidad social. Por eso puede hablarse, de forma inno-vadora, de un genuino Derecho a la Inclusión Social, que engloba y comprende al conjunto de los derechos econó-micos, sociales y culturales.

Las personas tienen derecho a ser incluidas en la so-ciedad en igualdad de condiciones y no como objetos prescindibles.

Se ve la manifiesta contradicción que se vive en la Ciu-dad: una Constitución que valora la inclusión y a la vez una política pública que está pensada bajo otra cultura política, justamente la que produjo la realidad que se debe modificar.

El Ministerio Público de la Defensa trabaja día a día con todas las comunidades excluidas a fin de que su voz sea

eDitorial

escuchada por las autoridades públicas y, ante la falta de res-puesta por parte de la Administración, por el Poder Judicial.

La primera comprobación de nuestra experiencia como abogados públicos es la enorme dignidad que pre-sentan las personas y colectividades que viven en situa-ciones objetivamente indignas. Los procesos políticos de nuestro país han convertido a las personas en seres vulne-rables. La exclusión social es una política para hacer que las personas devengan vulnerables. Es un intento delibe-rado de convertir a los sujetos, individuales y colectivos, en objetos. Y en objetos descartables.

Frente a ello los sujetos responden con dignidad. Orga-nizándose, reuniéndose en asambleas, acudiendo a la De-fensa Pública para hacerse escuchar y acceder a la Justicia.

La tarea de la Defensa Pública consiste en escuchar y proponer, en acompañar a las comunidades excluidas (por su segregación económico-social, pero también por ser mi-grantes, por su género, por su padecimiento mental) en su proceso de autonomía y de exigencia de derechos.

No se trata solo de ofrecer un servicio jurídico, sino, mucho más profundamente, de colaborar en los procesos de creación de ciudadanía popular, de desarrollo conscien-te de la acción colectiva, de difusión de los conocimientos jurídicos y de una cultura constitucional, de acceso a las instituciones estatales, sean administrativas o judiciales.

Lejos de la figura del pobre al que hay que auxiliar de forma tutelar, la Defensa Pública se encuentra con sujetos y comunidades que tienen, en diferente grado e intensidad, conocimiento de sus derechos, de las leyes de la Ciudad, de los procesos judiciales. En lo fundamental, las personas saben que el Estado local tiene la obligación de escucharlos y tratarlos con dignidad. Y saben también, por su expe-riencia propia, que eso no sucede y que tienen que buscar los medios institucionales para ser reconocidos.

En esta breve publicación se sintetizan algunas expe-riencias de la Defensa Pública junto a habitantes y comu-nidades populares de la Ciudad en la lucha judicial por el reconocimiento efectivo de su derecho a ser incluidos de manera digna y sin discriminación.

La tarea continua que llevamos a cabo junto a las per-sonas sin techo, que muestra todo un debate judicial que parte de la dificultad de aceptar, por algunos jueces, que una persona que vive en la calle es un persona que ha sido


eDitorial

DefenSOr GenerAl HOrAciO cOrTi

claramente convertida en un sujeto vulnerable a quien debe tratarse con consideración y respeto asegurando sus derechos básicos, en especial su derecho a la vivienda. De una manera muy extraña, el Estado local solo otorga un subsidio muy exiguo y limitado en el tiempo —10 me-ses, no renovable— y parte de la Justicia, para disponer su continuidad, exige otros requisitos además del simple hecho de vivir en la calle. Como si ese hecho no fuese su-ficiente. Lucha de años que aún continúa.

Junto a esta tarea reseñamos algunas experiencias co-lectivas referidas a barrios, villas y asentamientos donde las comunidades buscan integrarse a la Ciudad. Exigencias en cuanto al derecho a la vivienda, al derecho al agua pota-ble y al acceso a los servicios públicos, a formar parte en igualdad de condiciones de la vida urbana. Urbanización, integración social: derecho a la inclusión.

A pesar del generoso texto constitucional, de leyes generales y particulares que reconocen el derecho a la urbanización y la correlativa obligación del Estado local, las acciones públicas hasta el presente han sido escasas y además no planificadas. Las leyes de urbanización no se cumplen. Y cuando hay sentencias judiciales que así lo declaran comienza la dificultosa tarea de ejecutarlas. Los tiempos son lentísimos y la vida de las personas continúa en las mismas condiciones.

También mencionamos la experiencia que llevamos a cabo en la ejecución de la mayor causa ambiental argen-tina, donde la Defensa Pública asiste a cientos de familias que deben ser desalojadas de manera forzosa y a quienes se debe asegurar su derecho a la vivienda, todo ello por vivir en una zona que la Corte Suprema de Justicia de-claró contaminada. Aquí también vivimos la dificultad de avanzar. Una sentencia de 7 años y que solo ha sido cum-plida en menos de un 20 por ciento.

Luego destacamos diversas experiencias en lo rela-tivo al acceso a la Justicia en defensa del derecho a la alimentación adecuada, a la educación y a la salud.

horacio CortiDefensor General

ministerio Público de la DefensaCiudad Autónoma de Buenos Aires


Introducción

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires


“Las personas no son cosas”



Nota Nº 1: “macri resiste la orden de sanear el ‘Elefante Blanco’”, Buenos Aires Herald, 6 de abril, 2014.


IntroDuCCIón

La Constitución de la Ciudad otorga a sus

habitantes una importante cantidad de de-

rechos y garantías, reconociendo especial

y ampliamente los Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, incluso con mayor

alcance que en algunos instrumentos inter-

nacionales de Derechos Humanos y estable-

ciéndolos directamente operativos, aun fren-

te a posibles omisiones o limitaciones de sus

reglamentaciones.

Con esta publicación el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPD) busca ofre-cer al lector información actualizada sobre el estado de satisfacción de los Derechos Econó-micos, Sociales y Culturales (DESC) en el ám-bito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (CABA) y dar a conocer, desde la experiencia concreta del ejercicio de su rol constitucional, el resultado de los recursos judiciales promovidos en defensa de tales derechos.

El MPD sostiene, desde sus inicios, el compro-miso de defender los derechos de los habitantes de la Ciudad, como promotor de acciones que los protejan contra la ausencia y/o regresividad de las políticas públicas que los puedan afectar.

En esta ocasión se presenta una síntesis de causas emblemáticas impulsadas por la Defensa Pública de la CABA ante los fueros Contencio-so Administrativo y Tributario local (CAyT) y Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) en resguardo al derecho a la vivienda y al hábitat, a la salud1 y a la educación de sus habitantes. A partir de las causas seleccionadas se muestran los caminos transitados, a través de los cuales se asume el desafío de construir y sostener me-canismos institucionales que hagan realidad la exigibilidad de los DESC en sede judicial. Como se desarrollará a lo largo del texto, esta cons-trucción de justiciabilidad implica una actitud fuertemente receptiva del MPD frente a los con-flictos que afectaron y afectan a los habitantes más vulnerados social y económicamente, así como la decisión de traducirlos jurídicamente para que la voz de los afectados sea debidamen-te escuchada en los Tribunales y se garantice su acceso a la justicia.

Se inicia la reconstrucción de esta historia rea-lizando, en primer lugar, una breve presentación

1- A los efectos de esta publicación, se comprenderá el derecho a una alimentación adecuada en el marco más amplio del derecho a la salud.



de la Ciudad recientemente autónoma: tanto en su dimensión formal —su diseño institucional y su normativa— como en su dimensión real —a partir de una selección de indicadores sociales. El análisis en conjunto nos enfrenta a la paradoja de una ciudad rica, con altos niveles de ingreso y con un desarrollo normativo robusto en materia de protección de los DESC, pero a la vez profunda-mente desigual y con grandes sectores de su po-blación privados del goce de estos derechos.

Esta marcada desigualdad es el escenario en el que se despliega la labor del MPD, el cual —como se verá— brega junto a otros actores so-ciales por hacer efectivos los Derechos Huma-nos en el ámbito de nuestra Ciudad. Con este objetivo fue adecuando su diseño institucional, interviniendo en distintas instancias, llegando incluso a acompañar la voz de los habitantes de un asentamiento urbano local en una Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.2

En segundo lugar, abordaremos de manera particular el análisis de las causas judiciales se-leccionadas y clasificadas en función del princi-pal derecho afectado: el derecho a la vivienda digna y a un hábitat adecuado, el derecho a la salud y el derecho a la educación.

En este análisis, la presentación de causas vinculadas con el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado ocupa un lugar pre-ponderante, por dos motivos principales: por la gran cantidad de población afectada en la CABA por el déficit habitacional y por el cúmu-lo de trabajo que desarrolla, desde su creación, la Defensa Pública. Esto no implica entender el derecho a la vivienda de forma aislada: nuestra institución asume que debe comprenderse en el marco más amplio de un Derecho a la ciudad,

2- Audiencia Temática sobre la situación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las y los habitantes de Asentamientos Urbanos en América que tuvo lugar en Washington el día 20 de marzo de 2015.

bajo la premisa de que la falta de planificación urbana aumenta y acentúa la desigualdad, re-percutiendo en el nivel de cumplimiento del conjunto de los DESC considerados de manera integral e interdependiente.

Para cada derecho afectado se presenta-rá muy brevemente su recepción normativa y el alcance de su reconocimiento y se describi-rán los principales programas públicos locales existentes para implementarlo. Cuando la in-formación disponible lo permita, se analizará el presupuesto de la CABA como indicador de cumplimiento de la obligación del Estado local de asignar recursos presupuestarios adecuados para asegurar la satisfacción de este derecho, asumiendo la íntima relación existente entre la decisión presupuestaria y el cumplimiento de los Derechos Humanos.3

Luego se presentarán algunas de las cau-sas judiciales del fuero CAYT más relevantes, destacando aquellas en las que la Defensa Pú-blica promovió acciones de exigibilidad crea-tivas e innovadoras, que abrieron camino a la construcción de una jurisprudencia local que resulta de avanzada en materia de defensa de los DESC. Es así que, más allá de las tensiones y retrocesos que se señalarán en este análisis, se puede afirmar que no existe aún en el país una jurisprudencia tan rica en materia de exigibili-dad judicial de los DESC como la desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires.

Para dar cierre, se intentará dar respuesta a una última pregunta. ¿Se ha mejorado la situa-ción de protección de los DESC de los habitan-tes de la CABA, cumpliendo con la obligación de progresividad o, por el contrario, se han re-ducido sus niveles de protección? Seguramente la respuesta nos exigirá continuar reflexionan-do y asumiendo nuevos desafíos.

3- Corti, H, Derecho Constitucional Presupuestario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, Introducción, p.XXIX.


LA CIuDAD AutónoMA DE BuEnoS AIrES Su autonomía y diseño constitucional

La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad ca-pital de la República Argentina y cuenta con un régimen de gobierno autónomo desde el año 1996, tras la reforma de la Constitución Nacio-nal en el año 1994. En el mismo artículo de la Constitución reformada4 se otorga a la Ciudad facultades propias de legislación y jurisdicción, estipulando a su vez que una ley (nacional) pos-terior garantizaría “los intereses del Estado na-cional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación”. Dicha norma se sancionó a fines del año 1995 (Ley Nº 24.588) y demar-có los contornos de la autonomía de la Ciudad, aunque dichas facultades fueran posteriormente limitadas, en los hechos, en diversas causas falla-das por la Corte Suprema de Justicia de la Na-ción.5 En este proceso, la Ciudad de Buenos Ai-res adquirió la potestad de sancionar su propia Constitución y darse sus propias instituciones.

4- Art. 129 de la Constitución Nacional: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones".

5- Para más detalle sobre esta evolución, ver: Salvatelli, Ana,“Perfiles de la autonomía de la CABA en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un lustro después.” En: Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —Centro de Formación Judicial. 15 años del centro de formación judicial. —1a ed.— Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2014. Disponible en:http://cfj.gov.ar/src/img_up/25112014.0.pdf?PHPSESSID=f6ae22580eefe59099ee0f1239dcdadb



El Consejo de la Magistratura tiene como prin-cipales funciones la selección de los candidatos a la magistratura y al Ministerio Público de la Ciudad, el ejercicio de facultades disciplinarias hacia los integrantes del poder judicial, y la administración los recursos que le fueran asignados.9

Por su parte, el Tribunal Superior de Jus-ticia es la máxima instancia judicial de la Ciu-dad de Buenos Aires y está integrado por cinco jueces. Entre sus principales competencias se encuentra la de resolver en forma originaria y exclusiva las acciones declarativas —con efectos derogatorios erga omnes— contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de ca-rácter general emanada de las autoridades de la Ciudad que sean contrarias a la Constitución Nacional (CN), o a la Constitución de la Ciudad o a los Tratados Internacionales que tienen ese rango (conf. art. 75 inciso 22 de la CN) enten-der en materia electoral y de partidos políticos. A su vez, por vía de recursos de inconstitucio-nalidad, resuelve todos los casos que versen sobre la interpretación o aplicación de normas contenidas en la Constitución Nacional o en la Constitución local.10

En cuanto a los fueros, la justicia en lo CAyT rige su proceso por el Código Contencioso Admi-nistrativo y Tributario sancionado por la Legisla-tura local e interviene en todas las causas en que la Ciudad sea parte, ya sea actora o demandada. Posee incumbencia tanto en el ámbito del derecho

nacionales con asiento en la capital federal y la creación de estos fueros en la Ciudad de Buenos Aires.

9- Sus funciones se encuentran establecidas en el art. 116 de la Constitución de la Ciudad. La página oficial del Consejo de la Magistratura puede consultarse en: https://www.jusbaires.gob.ar

10- El funcionamiento del Tribunal Superior se encuentra regulado en el art. 113 de la Constitución de la Ciudad y en la Ley Nº 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia. Las causas y cuestiones institucionales pueden consultarse en: http://www.tsjbaires.gov.ar.

En el año 1996 los habitantes de la ciudad eligieron en esa oportunidad a su primer Jefe de Gobierno y a los representantes estatuyentes que sancionaron la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA), texto que rige actualmente el funcionamiento de la Ciudad y que consagra un régimen democráti-co participativo, integrado por los tres poderes clásicos del Estado.6

A la fecha se sucedieron cinco mandatos ejercidos por Jefes de Gobierno electos median-te el voto directo en elecciones generales, y se conformaron los poderes legislativo y judicial locales. Más recientemente, en 2005 la Ciudad adoptó a su vez la subdivisión de su territorio en unidades de gestión política y administrativa denominadas Comunas.7

El Poder Legislativo local se encuentra confor-mado por 60 (sesenta) legisladores electos median-te el voto directo. Entre sus muchas competencias, la Constitución local establece que el poder legis-lativo “Sanciona los Códigos Contravencional y de Faltas, Contencioso Administrativo, Tributario, Alimentario y los Procesales, las leyes general de educación, básica de salud, sobre la organización del Poder Judicial, de la mediación voluntaria y las que requiere el establecimiento de los juicios por jurado” (art. 81 inc. 2 CCABA).

El Poder Judicial está integrado por el Con-sejo de la Magistratura, el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público y los Tribunales de la Ciudad en dos fueros: Contencioso Admi-nistrativo y Tributario (CAyT), y Penal Contra-vencional y de Faltas (PCyF).8

6- Art. 1 Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

7- Según la Ley Nº 1.777, las Comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia. La norma dividió a la Ciudad en quince comunas.

8- Aún se encuentra en discusión la transferencia de otro tipo de competencias tales como en materia penal, civil y de familia que en la actualidad tramitan en los juzgados


la CiuDaD autónoma De buenos aires

público como del derecho privado y en cuestiones tributarias. Por este motivo, en ella tramitan gran parte de las causas vinculadas con la protección de los DESC de los habitantes de la Ciudad.

Por su parte, el fuero PCyF interviene ante la infracción a una norma que, según el nivel de gravedad, el procedimiento y la sanción, se denomina delito, contravención o falta, siem-pre que esta infracción sea cometida dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires.11 Es relevante mencionar que este fuero tiene com-petencia para resolver, entre otros, los casos de usurpación y ordenar los desalojos.

La Constitución de la CABA y el reco-nocimiento de los DESC

Es de destacar que la Constitución de la Ciu-dad12 otorga a sus habitantes una importante cantidad de derechos y garantías, reconociendo especial y ampliamente los DESC, incluso con mayor alcance que en algunos instrumentos in-ternacionales de Derechos Humanos y estable-ciéndolos directamente operativos aún frente a posibles omisiones o limitaciones de sus regla-mentaciones (art. 10).13

11- Un delito es una acción para la cual la ley prevé expresamente un castigo para el responsable. La contravención tiene menor gravedad y afecta en general la convivencia entre vecinos. Una falta es la violación a las normas que regulan los distintos aspectos de la actividad comercial y a las normas de tránsito.

12- El texto completo de la Constitución de la CABA puede consultarse en:http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/institucional/constbsas/

13- En el artículo 10 se establece que “Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Estos y la presente Constitución se interpretan de buena fe. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”.

A lo largo de su articulado, la norma recono-ce la obligación de desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión y promover el acceso a los servicios públicos de aquellas personas con me-nores posibilidades, explicitando que las mismas deben implementarse mediante la provisión de recursos presupuestarios, técnicos y humanos (art. 17). Asimismo, garantiza el derecho a la salud integral, vinculado con “la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente” (art. 20). Garantiza también el derecho a la educa-ción, a gozar de un ambiente sano, a acceder a una vivienda digna y un hábitat adecuado, a la cultura y al deporte (arts. 23 a 32).

Es interesante destacar que el texto consti-tucional reconoce la existencia de una situación de exclusión social estructural, consecuencia de las políticas neoliberales iniciadas por la dicta-dura cívico militar que gobernó entre 1976 y 1983 y profundizadas por los gobiernos demo-cráticos de los años 90 hasta la profunda crisis de 2001, cuando la sociedad argentina le dijo “no” al sometimiento del sistema político a las exigencias económicas.

Ese reconocimiento constitucional de la ca-racterística más notable de nuestra sociedad (la exclusión) permite hablar de un genuino de-recho a la inclusión social, que engloba y com-prende al conjunto de los DESC. No se trata solo de asegurar este o aquel derecho, sino de la obligación del Estado de revertir los procesos sociales de exclusión estructural que convierten a las personas en objetos prescindibles.


Datos socioeconómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


“En una c iudad de 203 ,3 km 2 conv iven la mayor r iqueza y la pro fundidad de la exc lus ión soc ia l” .

Datos socioeconómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Nota Nº 3: Página 12, 16 de abril, 2014.


DAtoS SoCIoEConóMICoS DE LA CIuDAD AutónoMA DE BuEnoS AIrES

El MPD cumple la función de garantizar a

todos los habitantes el acceso a la justicia y

la defensa de su persona y de sus derechos

en juicio, sin discriminación por razones eco-

nómicas, con particular énfasis en personas

de menores posibilidades de acceso a los

servicios públicos o con necesidades básicas

insatisfechas.

La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con menor crecimiento poblacional de Argenti-na y una de las ciudades más ricas del país. Pese a los altos niveles de ingreso de una parte de su población y a que cuenta con un gran desarro-llo normativo en materia de protección de los DESC, es una ciudad profundamente desigual y con grandes sectores de su población privados del goce de estos derechos.

En la Ciudad residen cerca de 3 millones de personas que componen 1.150.134 hogares de acuerdo al Censo Nacional de Vivienda y Población realizado en 2010.14 El crecimiento registrado en la Ciudad entre el censo reali-zado en el año 2001 y el de 2010 es de 4,1%, siendo la jurisdicción con menor crecimiento poblacional del país.

14- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. 2010.



11 189.893 89.509 100.384

12 212.846 98.883 113.936

13 235.506 107.193 128.313

14 226.758 102.361 124.397

15 182.354 85.223 97.131

Fuente: DGEyC (Min. De Hacienda GCBA). Proyecciones de población. Informe de Resultados 789/2014.

Según la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de 2014, existe un predominio femeni-no en la Ciudad, ya que cada 100 mujeres hay 88 varones.15 Asimismo, la Ciudad presenta una estructura envejecida: los menores de 15 años concentran el 18,2 % de la población total y los mayores de 59 años el 22,9%.

Sin embargo, las Comunas 4, 7, 8, 9, 10 y 11 presentan más del 20% de menores de 15 años y las Comunas 2, 13 y 14 registran más del 25% de población de 60 años y más. El prome-dio de edad de la población de la Ciudad es de 39 años, mientras que la edad promedio de las personas que viven en villas es de 26 años.

Con relación a la composición de la pobla-ción de la Ciudad según lugar de nacimiento, el 61,5% de los residentes nacieron en esta ciudad, el 25,5 % en alguna provincia del país y solo el 12,9% son extranjeros.16 Como se aprecia en la tabla, el mayor porcentaje de los mismos viven en las Comunas 8, 4, 1 y 7 en las que se concen-tran la mayoría de las villas.

De las comunas mencionadas, la Comuna 8 presenta la mayor proporción de personas na-cidas en países limítrofes (17,3%) y la Comuna 1 la mayor proporción de nacidos en países no limítrofes (10,5%).

15- Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, Síntesis de resultados. 2014.

16- Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires. 2013.

Cuadro Nº 1: Cantidad de habitantes de la CABA, según año, en base a Censos Naciona-les. Evolución intercensal 1947/2010.

1947 2.981.043

1960 2.966.634

1970 2.972.453

1980 2.922.829

1991 2.965.403

2001 2.776.138

2010 2.890.151

Es importante destacar que mientras la po-blación de la Ciudad se mantiene estable desde hace cuatro décadas, la población que reside en villas incrementó en más de un 50% entre 2001 y 2010, concentrándose en la zona sur de la ciudad (Comunas 8 y 7) y en la zona centro (Comuna 1), donde se encuentra el barrio “Ro-drigo Bueno” que es la villa que más ha crecido en el período 2001-2010. Su población aumen-tó en más de 5 veces en los últimos 10 años.

Cuadro Nº 2: Población estimada julio 2014 por sexo según comuna.

Comuna Población

Total Varón Mujer

Total 3.049.229 1.422.507 1.626.722

1 249.433 121.979 127.454

2 150.130 66.963 83.167

3 192.171 90.215 101.956

4 237.214 112.695 124.519

5 186.276 85.256 101.020

6 184.105 83.654 100.451

7 239.057 111.728 127.329

8 223.764 105.795 117.969

9 169.814 81.581 88.233

10 169.908 79.472 90.436


Datos soCioeConómiCos De la Caba

Cuadro Nº 3: Distribución porcentual de la población por lugar de nacimiento según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2013.

Comuna Total CABA Prov. Buenos Aires Otra provincia País limítrofe País no limítrofe

Total 100,0 61,5 12,4 13,1 7,0 5,9

1 100,0 44,8 12,1 20,3 12,3 10,5 a

2 100,0 55,1 19,6 16,3 4,0 b 5,0 a

3 100,0 53,0 13,5 16,4 3,3 a 13,3

4 100,0 56,3 7,5 a 14,3 17,2 4,6 a

5 100,0 63,1 12,5 a 14,1 a 3,2 b 7,1 a

6 100,0 62,6 14,8 a 12,2 a 5,1 a 5,2 a

7 100,0 65,0 9,1 a 8,2 a 11,5 6,2 a

8 100,0 65,0 6,0 a 9,0 17,3 2,6 a

9 100,0 68,8 11,0 a 8,6 a 7,1 a 4,6 a

10 100,0 71,5 11,3 a 9,6 a 2,8 b 4,8 a

11 100,0 74,4 10,9 a 7,3 a 3,5 a 3,9 a

12 100,0 70,1 14,7 9,3 a 2,5 b 3,4 a

13 100,0 64,6 15,7 a 10,2 a 4,7 a 4,7 a

14 100,0 48,9 17,0 a 23,2 5,6 a 5,3 b

15 100,0 66,5 9,7 a 14,5 a 2,6 a 6,7 a

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre el 10 % y el 20 %).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20 %).

Nota: las diferencias con el total se deben a casos de lugar de nacimiento ignorado.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). EAH 2013.

hay una interacción entre las desigualdades de género, la disminución de las familias migrantes y la situación estructural de exclusión social.



Indicadores Económicos

La CABA, tal se sostuvo, es una de las ciu-dades más ricas del país. Su PBG17 asciende a 647 mil millones de pesos; esta cifra representa alrededor de la cuarta parte del Producto del total del país.18 Esta situación la convierte en la ciudad con mayor proporción de riqueza por habitante de la Argentina, sin embargo existe una profunda desigualdad entre los sectores más ricos y los más pobres de la Ciudad.

Según la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires realizada en el año 2014, la tasa de actividad —de la población de 10 años y más— alcanzó el 60,9% mientras que la tasa de empleo llegó al 57,2%.19

Asimismo, la tasa de desocupación aumentó 0,5 puntos porcentuales respecto al año ante-rior, ascendiendo al 6,1% de la población eco-nómicamente activa. Por su parte, la tasa de su-bocupación horaria fue de 8,6%. Si se compara la tasa de empleo de los hombres con la de las mujeres, se obtiene que el porcentaje para los primeros es un 16% mayor que para las muje-res.

Más allá de que estos datos demuestran que la CABA es una ciudad rica, con altos niveles de ocupación, presenta una gran desigualdad en términos de distribución de los ingresos.

17- El Producto Geográfico Bruto (PGB) es un cálculo que permite medir la riqueza de una región mediante la estimación del valor de todos los bienes y servicios que se producen dentro de sus fronteras durante un año.

18- Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), Informe de Resultados Nº821 “Producto Geográfico Bruto de la Ciudad de Buenos Aires”. Datos correspondientes al año 2013, publicado en enero de 2015.Disponible en: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wpcontent/uploads/2015/04/2015_02_buenosaires_en_numeros.pdf

19- Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, Síntesis de resultados. 2014).

Según los datos de la Dirección General de Es-tadística y Censos correspondientes al primer trimestre del 2015, el 20% de los hogares más ricos de la Ciudad concentran el 45,2% del in-greso, mientras que el 20% más pobre solo el 5,2% del total.

Asimismo, si consideramos el índice de Ne-cesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el cual permite identificar a los grupos de pobreza es-tructural a partir de los hogares que presentan al menos una de las siguientes privaciones: ha-cinamiento, condiciones de vivienda y sanitarias deficitarias, menores no escolarizados y falta de capacidad de subsistencia, se hace aún más no-toria la desigualdad.


Datos soCioeConómiCos De la Caba

Cuadro Nº 4: hogares según deciles de ingreso total familiar. Ciudad de Buenos Aires. 1er. tri-mestre de 2015.

Grupo decílico Mínimo Máximo Hogares % hogares Personas % de personas

Ingresos en miles de pesos

% de la suma de ingresos

Media

1 100 4.000 128.947 10,0 231.104 7,7 387.414 1,9 3.004

2 4.000 6.200 128.600 10,0 228.561 7,6 663.214 3,3 5.157

3 6.200 8.000 127.492 9,9 243.194 8,1 899.450 4,4 7.055

4 8.000 10.000 130.179 10,1 272.255 9,0 1.162.871 5,7 8.933

5 10.000 12.400 129.686 10,1 281.321 9,3 1.452.864 7,1 11.203

6 12.400 15.000 127.889 9,9 318.381 10,5 1.757.135 8,6 13.740

7 15.000 18.500 129.049 10,0 344.109 11,4 2.176.026 10,7 16.862

8 18.500 23.200 128.491 10,0 340.198 11,3 2.652.279 13,0 20.642

9 23.250 30.500 128.923 10,0 367.199 12,2 3.494.015 17,2 27.102

10 30.600 211.000 128.818 10,0 393.269 13,0 5.688.586 28,0 44.160

Hogares con in-gresos

100 211.000 1.288.074 98,8 3.019.591 99,0 20.333.853 100,0 15.786

Hogares sin ingresos

0 0 15.723 1,2 29.542 1,0 0 0,0 0

Total 0 211.000 1.303.797 100,0 3.049.133 100,0 20.333.853 100,0 15.596

Nota: Se ha imputado el valor de ingresos a aquellos casos que no declaran el monto de los mismos.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). ETOI 2015.



Cuadro Nº 5: hogares y población con Nece-sidades Básicas Insatisfechas (NBI) según co-muna. Porcentajes. CABA 2010.

Comuna Hogares Población

Total 6,00 7,00

1 15,90 18,10

2 2,00 2,40

3 11,90 12,60

4 12,70 14,90

5 6,10 6,30

6 2,20 2,40

7 8,60 9,80

8 11,30 13,80

9 4,20 5,30

10 3,50 3,80

11 2,00 2,40

12 1,70 1,90

13 1,90 1,90

14 2,40 2,70

15 4,30 5,10

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En promedio, el 6% de los hogares de la Ciudad presentan NBI. La Comuna 1 es la que presenta el porcentaje más alto, alcanzando el 15,9%; seguida de la Comuna 4 que cuenta con el 12,7%.

Lo expuesto precedentemente nos permite afirmar que la CABA es una ciudad rica pero profundamente desigual. Los datos presenta-dos ilustran que, a pesar de los altos niveles de ocupación, existe una gran desigualdad en tér-minos de distribución de los ingresos.

La referida situación de inequidad se hace patente al analizar los índices socioeconómicos de las comunas donde se concentran las villas de emergencia.

Se pudo observar también que el mayor crecimiento poblacional se produjo en las Co-munas 1, 4, 7 y 8, donde se concentra la ma-yor cantidad de hogares con NBI. A su vez, en dichas comunas existe un mayor porcentaje de niños, jóvenes y extranjeros que en el resto de la Ciudad.

Estos indicadores demuestran que cada vez existen más habitantes de la CABA viviendo en villas y padeciendo distintas vulneraciones a sus derechos.

A continuación se analizarán algunos datos relevantes referidos al derecho a la vivienda, a la salud y a la educación. Se observará, también, que la mayor desigualdad se encuentra en las comunas de la zona sur y en la Comuna 1, que alberga a la Villa 31, una de las más pobladas de la Ciudad.


El Ministerio Público de la Defensa

“La De fensa Públ i ca se movi l i za , sa le a la ca l l e y fac i l i ta e l acceso de los sec tores populares a la jus t i c ia” .



Nota Nº 2: Página 12, 19 de marzo, 2015.


La Constitución de la Ciudad incorporó la institución del Ministerio Público como parte integrante del Poder Judicial, y lo define como un organismo autárquico y con autonomía fun-cional, compuesto por tres ramas distintas: Fis-calía General, Defensoría General y Asesoría General Tutelar. Su función primordial es pro-mover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y el interés general de la sociedad, velar por la prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.

Específicamente, el MPD cumple la función de garantizar a todos los habitantes el acceso a la justicia y la defensa de la persona y de sus derechos en juicio, sin discriminación por ra-zones económicas, con particular énfasis en personas de menores posibilidades de acceso a los servicios públicos o con necesidades básicas insatisfechas. Tales deberes emanan de las de-claraciones, derechos y garantías constituciona-les, de los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y de la interpretación de sus órganos de aplicación. En este sentido, corresponde a la Defensa Pública promover y garantizar tanto los derechos individuales fun-damentales como los colectivos, en la búsqueda de la protección del interés social.

EL MInIStErIo PÚBLICo DE LA DEFEnSA

Existen en la CABA una cantidad importante

de personas y familias durmiendo y viviendo

en la calle. Pese a la visibilidad de la pro-

blemática, no se cuentan con cifras certeras

acerca de qué porcentaje de la población

representan ni de cuál ha sido su variación

a lo largo del tiempo, debido a la falta de es-

tudios sistemáticos que den cuenta de ello.



A partir de 2001 las acciones expeditas de amparo en materia de vivienda representan la mayor parte de la labor desarrollada por los defensores que actúan ante el fuero Contencio-so Administrativo. Tal es así que más del 80% de los consultantes atendidos y del 75% de las causas iniciadas, son motivadas principalmente por situaciones de emergencia habitacional. A su vez, gran cantidad de ellas tienen asociadas vulneraciones al derecho a la salud y algunas también al derecho a la educación.

Para ejemplificar el trabajo realizado por el MPD en materia de vivienda, y en particular con la población en situación de calle, se pre-sentan las estadísticas referidas al período 2009- 2014 con relación a los procesos judiciales que tuvieron lugar.

Cuadro Nº 7: Expedientes iniciados entre los años 2009-2014, sentencias favorables cautela-res y de fondo en materia habitacional. Prime-ra instancia.

Expedientes iniciados 2656

Sentencias favorables primera instancia cautelares 2636

Sentencias favorables primera instancia fondo 1661

Cuadro Nº 8: Sentencias favorables, cautelares y de fondo en materia habitacional. Segunda instancia entre los años 2009-2014*.

Sentencias favorables segunda instancia cautelares 917

Sentencias favorables segunda instancia fondo 929

* “Núñez Estigarribia, Basilisa s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” en: Núñez Estigarribia, Basilisa c/GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA), expediente 9858/13 escrito presentado por la DG “Cumple requerimiento. Informa” en octubre de 2014.

Cuadro Nº 6: Cantidad de consultas y causas atendidas por el mPD, año 2008.

MateriaConsultas atendidas

Causas iniciadasMedidas cautelares

Sentencia1° Instancia

Sentencia2° Instancia

Emergencia habitacional 7359 422 313 29 6

Programas sociales 573 3 74 26 1

Licencias de conducir/ Taxista 55 4 3 3 1

Empleo público 115 7 2 2 0

Medicamentos 53 0 0 0 0

Venta ambulante 319 11 11 3 2

Retiro de historias clínicas 2 0 0 0 0

Educación 16 1 0 0 0

Ley N° 104 26 79 0 30 0

Ejecuciones fiscales 281 29 0 2 0

Otros 114 4 1 0 0

Totales 8913 560 404 95 10


el ministerio PúbliCo De la Defensa

La inserción territorial del MPD como estrategia para promover y defender derechos

El trabajo del MPD en defensa de los DESC necesariamente requiere de un paradigma re-novado de la labor jurídica, que incluye un tra-bajo de fuerte inserción territorial. El desafío cotidiano que se propone es receptar las nece-sidades reales de los habitantes en los propios lugares donde los conflictos existen, para tra-ducirlas en diferentes acciones que reclamen el respeto y la garantía de sus derechos. Contri-buye de este modo al empoderamiento de los habitantes de la Ciudad, coadyuvando a que su voz sea escuchada y asumiendo no solo su de-fensa en juicio, sino también la tarea de promo-ción y difusión de los derechos.

Así, el MPD participa activamente en asam-bleas, redes y reuniones donde los vecinos ex-presan sus problemáticas. En los barrios se construyen las estrategias judiciales y se infor-ma sobre el trabajo y estado de los procesos judiciales que los afectan. El MPD sostiene un paradigma de defensa activa, participativa y co-lectiva en el acompañamiento de los conflictos, en particular de aquellos ligados al hábitat de los sectores populares de la Ciudad.

Partiendo de considerar que el reconoci-miento de los problemas sociales es un proceso cultural, el MPD asume el desafío de difundir los derechos expresados en la Constitución de la Ciudad, para que todos los vecinos puedan conocerlos. Para ello se encarga de reforzar en forma proactiva los canales de comunicación, garantizando a todas las personas la posibilidad de alcanzar conocimientos elementales en ma-teria de derecho que les permitan comprender las implicancias y consecuencias de los procesos administrativos y judiciales de que se trate y di-fundir e incentivar los diferentes métodos de resolución alternativa de conflictos, a fin de que

los ciudadanos encuentren resueltos sus proble-mas cotidianos sin tener que recurrir al sistema de justicia formal.

En esta tarea, el MPD ha desarrollado una intensa gestión administrativa de descentrali-zación territorial, creando oficinas en zonas de fácil acceso para diferentes sectores de la pobla-ción y generando estrategias de abordaje en las zonas de conflicto para acercarse a los afectados.

Se trata de un proceso colectivo e interacti-vo, que implica escuchar a las personas, tomar en cuenta sus conocimientos y experiencias y, en ese camino, aportar aquello que hace al ofi-cio jurídico de la Defensa Pública.


La protección judicial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Ciudad de Buenos Aires.


“Una C iudad jus ta in tegra a todos los que v iven en e l la , s in segregac iones” .


Reflexiones introductorias

El Ministerio Público de la Defensa, desde su creación, trabaja en la promoción y defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-rales, como derechos operativos y exigibles en sede judicial.

Así, el MPD se constituye, además de ejercer su labor de defensa penal, como una defensoría de los DESC, que en su real desenvolvimiento resulta en muchos casos innovadora, al implicar amplias y profundas modificaciones en las ma-neras tradicionales de entender el ejercicio de la abogacía y la Defensa Pública.

Una de las principales consecuencias de este ejercicio tiene que ver con un “salir de las ofici-nas” hacia el territorio, redefiniendo la relación defensa-territorio, y por lo tanto, la relación abogado-consultante.

El salir al encuentro de las personas y pen-sar a la Defensa Pública en términos de “ir hacia fuera”, es un cambio de paradigma que

LA ProtECCIón JuDICIAL DE LoS DErECHoS EConóMICoS, SoCIALES Y CuLturALES En LA CIuDAD DE BuEnoS AIrES.

Cuando las personas, en su derrotero por los

órganos burocráticos de la Administración

Pública, no logran una respuesta concreta

frente a sus derechos vulnerados, acuden

al MPD para comenzar a transitar el ámbito

jurisdiccional en búsqueda de su reconoci-

miento.



necesariamente debe extenderse a los propios jueces quienes históricamente suelen resolver sobre numerosas violaciones a Derechos Huma-nos sin salir de sus lugares de trabajo.

Si bien los jueces de los tribunales inferiores son más permeables a las propuestas de inspec-ciones in situ, resulta poco probable que lo haga un juez de alzada y mucho menos un juez de un tribunal superior de justicia.

El hecho de que los jueces experimenten las situaciones donde los problemas realmen-te están, que observen y tengan las vivencias existenciales de los expedientes judiciales que resuelven, resulta necesario para que exista una verdadera correlación entre la realidad y la decisión.

El estar en relación con las personas en el lugar en que viven y donde los problemas son tangibles, permite —y obliga— a repensar la organización del MPD, que es generalmente entendida de forma análoga al Poder Judicial, replicando su lógica de funcionamiento.

Sin embargo, la clásica distinción en instan-cias que puede resultar viable en términos judi-ciales, no se proyecta a la dinámica de la Defen-sa Pública, donde es necesario pensar otro tipo de abordajes, no solo estrictamente jurídicos, sino también interdisciplinarios, que ofrezcan mecanismos alternativos para poder llevar ade-lante la tarea.

En otro orden, se presenta una necesidad de carácter cotidiano, que requiere una presencia diaria de la Defensa Pública con el fin de tomar conocimiento de las problemáticas y generar es-trategias en conjunto con los afectados.

Resulta necesario, entonces, un cambio de concepción no solo de la Defensa sino del ejercicio clásico de la abogacía, donde tradi-cionalmente existe alguien que sabe y alguien que depende de ese saber. Por el contrario, las personas afectadas son quienes más conciencia tienen de sus problemas y, por ello, la Defensa

Pública debe necesariamente aprehender las es-trategias que aquellas han venido construyendo en su saber práctico cotidiano.

Cuando las personas, en su derrotero por los órganos burocráticos de la Administración Pública, no logran una respuesta concreta fren-te a sus derechos vulnerados, acuden al MPD para comenzar a transitar el ámbito jurisdiccio-nal en búsqueda de su reconocimiento.

Desde esta perspectiva, cobra relevancia analizar cuáles son las respuestas jurisdiccio-nales a los reclamos que plantean ante la jus-ticia los afectados, con la intermediación de la Defensa Pública. Un breve recorrido sobre las sentencias judiciales más emblemáticas en ma-teria de derecho a la vivienda, hábitat, derecho a la salud y a la educación, permitirán reflejar los avances y retrocesos del Poder Judicial en el reconocimiento de los DESC, como contracara de las problemáticas que afectan a diario a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.


“Todas las personas t i enen derecho a un lugar d igno donde v iv i r (y no es la ca l l e )” .

Derecho a una vivienda digna y hábitat adecuado

El delito de usurpación y la presunción de inocencia


Datos socioeconómicos de las cues-tiones de hábitat y vivienda

Según el último Censo Nacional de Pobla-ción y Vivienda, en la CABA las condiciones habitacionales de la población se han agravado.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001, un 7,8% de los hogares se encontraban en situación de déficit habitacio-nal, ya sea por las condiciones de la vivienda o por situaciones de hacinamiento. Una década más tarde, el Gobierno de la Ciudad ha estima-do un déficit habitacional de 11,5% de los hoga-res. Este número representa un incremento de más de tres puntos porcentuales desde 2001, lo que equivale a 52.680 hogares más que se en-cuentran en esta situación.20

20- Documento N° 1. “Diagnóstico Déficit Habitacional CABA”, Gerencia General del IVC, Año 2013

DErECHo A unA VIVIEnDA DIGnA Y HÁBItAt ADECuADo

Existen en la CABA una cantidad importante

de personas y familias durmiendo y viviendo

en la calle. Pese a la visibilidad de la pro-

blemática, no se cuenta con cifras certeras

acerca de qué porcentaje de la población

representa ni de cuál ha sido su variación a

lo largo del tiempo, debido a la falta de estu-

dios sistemáticos.



Cuadro Nº 9: Distribución porcentual por calidad de los materiales con que están construidas las viviendas habitadas con moradores presentes y hogares, según Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010.

Comuna Viviendas Hogares

Total (100%) Calidad de los materiales Total (100%)

Calidad de materiales

Calidad I Calidad II C a l i d a d III

C a l i d a d IV

Calidad I CalidadII C a l i d a d III

C a l i d a d IV

Total 1,082,998 87,1 10,5 2,1 0,2 1,150,134 86,0 11,2 2,5 0,3

1 78,360 80,1 15,3 3,8 0,7 84,468 78,6 16,2 4,4 0,8

2 70,869 92,8 6,8 0,4 0,0 73,156 92,7 6,9 0,4 0,0

3 75,605 88,7 10,2 1,0 0,1 80,489 88,3 10,4 1,2 0,1

4 69,680 75,5 16,1 7,5 0,8 76,455 73,6 17,2 8,4 0,9

5 73,226 90,0 9,0 1,0 0,1 76,846 89,7 9,1 1,1 0,1

6 72,942 92,8 6,6 0,5 0,0 75,189 92,7 6,7 0,5 0,0

7 73,034 84,5 12,5 2,7 0,3 81,483 81,6 14,5 3,4 0,5

8 48,631 65,2 23,3 10,3 1,2 58,204 61,4 25,0 12,2 1,4

9 52,355 84,1 12,5 3,2 0,1 56,495 83,1 13,1 3,6 0,1

10 58,332 89,3 9,6 1,1 0,1 61,453 88,7 10,0 1,2 0,1

11 68,652 90,5 8,6 0,8 0,0 71,460 90,3 8,8 0,9 0,1

12 74,995 89,7 9,3 0,9 0,1 78,547 89,5 9,5 1,0 0,1

13 97,732 92,6 6,8 0,6 0,0 100,506 92,5 6,9 0,6 0,1

14 99,552 91,7 7,7 0,5 0,1 102,918 91,6 7,7 0,6 0,1

15 69,033 88,2 10,0 1,6 0,2 72,465 87,6 10,4 1,8 0,2

Nota: Calidad I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos tanto en el piso como en techo; presenta cielorraso. Calidad II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos, tanto en el piso como en el techo. Y techos sin cielorraso o bien materiales de menor calidad en pisos. Calidad III: la vivienda presenta materiales poco resistentes y sólidos en techos y en pisos. Calidad IV: la vivienda presenta materiales de baja calidad en pisos y techos. La suma de la cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censo (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.


DereCho a una vivienDa DiGna y hábitat aDeCuaDo

Gráfico Nº 1: Porcentaje de hogares cuyas viviendas tienen calidad constructiva insuficiente por Comuna. CABA 2010.

Fuente: Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda (CIPUV), en base a Censo Nacional de Población, Hogares y

Viviendas 2010.



Cuadro Nº 10: Distribución porcentual de hogares por condición y situación de hacinamiento según Comuna. CABA. Año 2014.

Comuna Total Condición y situación de hacinamiento

Sin hacinamiento (menos de 2 personas por cuarto)

Con hacinamiento

Hacinamiento no crítico (2 a 3 personas por cuarto)

Hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto)

Total 100,0 90 8,3 1,6

1 100,0 76,9 18,8 4,3

2 100,0 94,1 5,4 0,5

3 100,0 84,7 13,5 1,8

4 100,0 81,3 13,6 5,1

5 100,0 95,5 4,3 0,2

6 100,0 96,5 3,4 0,1

7 100,0 86,1 10,7 3,2

8 100,0 79,4 15,7 4,9

9 100,0 88,3 9,4 2,3

10 100,0 88,8 10,6 0,6

11 100,0 95,1 4,9 -

12 100,0 94,9 5,0 0,1

13 100,0 96,8 2,8 0,4

14 100,0 94,7 5,1 0,2

15 100,0 92,6 5,3 2,1

Nota: excluye los hogares sin habitaciones de uso exclusivo y los hogares para los cuales no se puede determinar la cantidad exacta de habitaciones de uso exclusivo. La celdas en las que se observan porcentajes bajos pueden presentar coeficiente de variación elevados, por lo cual deben considerarse de carácter indicativo. La suma de cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hcienda GCBA) EAH 2014.



La Dirección General de Estadísticas de la CABA21 estima que en la Ciudad, poco más de la mitad de los hogares son propietarios de la vi-vienda y el terreno y el 32,1% son inquilinos, lo que da cuenta de un grado importante de for-malización. Sin embargo, el 11% reside de ma-nera precaria en sus viviendas (son propietarios de la vivienda solamente, ocupante en relación de dependencia o por trabajo, ocupante por préstamo, cesión o permiso, ocupante de hecho de la vivienda u otras situaciones).22

En suma, casi medio millón de personas23 sufre algún tipo de déficit habitacional. La si-tuación más crítica se da en aquellos que no son propietarios y viven hacinados y en los ubicados en villas y casas tomadas. Del total de hogares que requieren una vivienda propia o el cambio de la suya por una más grande, solo 12.000 ho-gares (3% de los que necesitan, y 1% del total de hogares de la Ciudad) estarían en condiciones de tomar un crédito hipotecario.24

21- Instituto de Vivienda, Gerencia General IVC Documento Nº2 Diagnóstico Déficit Habitacional por Comunas. Diciembre 2013.

22- Instituto de Vivienda, Gerencia General IVC, Documento N°1 Diagnostico Déficit Habitacional. Agosto 2013 Disponible en:http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/serie_de_informes_ivc_n_1_-_deficit_habitacional_caba_0.pdf

23- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (2012): Derechos Humanos en Argentina: Informe 2012. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

24- Dirección General de Estadística y Censos -Ministerio de Hacienda GCBA—, Informe Estadístico. 2010.



Gráfico Nº 2: hacinamiento: Porcentaje de hogares en los que hay más de un hogar por vivien-da, por Comuna. CABA. Año 2010.

Fuente: Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda (CIPUV), en base a Censo Nacional de Población, Hogares y

Viviendas 2010.



Cuadro Nº 11: villas, Asentamientos o Núcleos habitacionales Transitorios (NhT), viviendas habita-das con moradores presentes, hogares y población por Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010.

Comuna Villas, asentamientos o NHT

Viviendas habitadas Hogares Poblaciones

Total 42 36,003 50,157 170,054

1 2 7,517 9,563 28,973

2 2 119 133 518

4 9 8,492 10,919 37,145

7 2 4,919 8,223 27,173

8 17 12,237 17,889 63,59

9 1 1,853 2,382 9,3

15 6 866 1,048 3,355

Otras 1 3 /// /// ///

(1) Incluye tres Comunas (3, 6 y 14) en las que se relevaron asentamientos localizados en radios en los que menos de la mitad de las viviendas pertenecen a un asentamiento.

Nota: Incluye viviendas habitadas con moradores presentes, hogares y población en radios censales en los que la totalidad, la mitad o más de la mitad de las viviendas pertenecen a una villa, asentamiento o NHT.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos —Ministerio de Hacienda GCBA— sobre la base de datos de INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, procesado con Redatam+SP.

son hogares de ancianos y el 19% corresponde a la categoría “otro” que contempla a viviendas transitorias y/o paradores del gobierno de la CABA, aunque es importante resaltar que esta categoría no se encuentra definida metodológi-camente en el censo.

Personas en situación de calle

Existen en la CABA una cantidad impor-tante de personas y familias durmiendo y vi-viendo en la calle. Pese a la visibilidad de la problemática, no se cuenta con cifras certeras acerca de qué porcentaje de la población re-presenta ni de cuál ha sido su variación a lo largo del tiempo, debido a la falta de estudios sistemáticos.

En lo que respecta a las viviendas particu-lares ociosas, se registraron 288.564 viviendas vacías, lo que representa el 20.2% del parque habitacional de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en la evolución histórica de las vivien-das ociosas de la ciudad, también se pueden ob-servar variaciones importantes, pues mientras en 1991 este número alcanzaba a las 31.559 vi-viendas, el aumento hacia 2001 fue significati-vo: aumentando un 300%, alcanzó las 126.956 viviendas.25

A su vez, también según el último censo, del total de unidades habitacionales de la Ciudad, el 0,13% corresponde a viviendas colectivas, de las cuales el 31% son hoteles turísticos, el 27%

25- Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, Diagnóstico socio-habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, 2014. Disponible en: www.consejo.gob.ar/dictamenes/informe%20Vivienda%20Final.pdf.



Las dificultades para su análisis remiten a las diferentes definiciones en torno a la cate-goría “persona en situación de calle”. Tal es así que, debido a la falta de acuerdo en la concep-tualización, los datos oficiales proporcionados por el Gobierno de la CABA para el año 2008 remiten a 800 personas en situación de calle, mientras que diversas organizaciones de la so-ciedad civil, contabilizan 17.000 personas para el mismo año 2008.26

Recién en 2010 el Poder Legislativo sancio-nó la Ley Nº 3.706 de “Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Si-tuación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle”, con la intención de incluir en una de-finición amplia a toda la población que vive o está en riesgo de vivir en la calle. Así, definió como “persona en situación de calle” a los hom-bres o mujeres adultos/as o grupo familiar, sin distinción de género u origen que habiten en la calle o espacios públicos de la CABA en for-ma transitoria o permanente y/o que utilicen o no la red de alojamiento nocturno; y como persona “en riesgo de situación de calle” a los hombres o mujeres adultos o grupo familiar, sin distinción de género u origen, que padez-can al menos una de las siguientes situaciones: que se encuentren en instituciones de las cuales egresarán en un tiempo determinado y estén en situación de vulnerabilidad habitacional; que se encuentren debidamente notificados de reso-lución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo; que habiten estructuras tempora-les o asentamientos, sin acceso a servicios o en condiciones de hacinamiento. Pese a contar con una ley específica que contempla a la población en cuestión, aún hoy se carece de datos oficia-les confiables que registren a las personas que viven en la calle o se encuentren en riesgo de vivir en la calle.

26- Idem.

En función de los datos con los que se cuenta y a grandes rasgos, se puede caracterizar a esta población como una mayoría de sexo masculi-na, soltera y argentina. Más de la mitad provie-ne del interior del país y la mayoría se concentra en el centro de la Ciudad, en las Comunas 1 y 3, donde existe gran flujo de personas porque pri-man las actividades comerciales y administra-tivas haciendo más fácil la supervivencia.27 Las personas que asisten a paradores o dispositivos nocturnos suelen superar los 40 años de edad.

La política habitacional en la Ciudad.

En este contexto, el marco normativo local intenta dar respuesta a la atención de las pro-blemáticas habitacionales.

En el artículo 31 de la Constitución local se reconoce expresamente el derecho a una vi-vienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello se sostiene que: “1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y ser-vicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. 2. Auspicia la in-corporación de los inmuebles ociosos, promue-ve los planes autogestionados, la integración ur-banística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. 3. Regula los estable-cimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones”.

27- Idem.



Cuadro Nº 12: Promedio diario de personas sin techo que recibieron asistencia habitacional por tipo de alojamiento. Ciudad de Buenos Aires. Años 2000-2014.

Tipo de Alojamiento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 5.342 5.059 9.670 9.501 9.432 7.659 4.224 3.054 2.817 2.659 2.558 2.565 2.656 2.760 2.915

Alojamiento Transitorio en Hotel 4.832 4.354 9.055 8.548 7.957 6.020 2.546 1.330 1.163 978 636 528 501 499 509,8

Alojamiento Transitorio del GCBA 255 282 288 496 470 463 466 396 363 384 580 556 667 751 815

Hogares 255 282 288 269 258 251 206 154 126 103 132 138 149 156 250

Paradores . . . 227 212 212 260 241 237 250 317 310 370 456 426

Centros de inclusión primaria . . . . . . . . . 32 131 108 147 139 139

Alojamiento Transitorio por convenio con ONG

255 423 327 457 1.005 1.175 1.212 1.328 1.292 1.297 1.342 1.481 1.489 1.510 1.590

Nota: se excluyen del presente cuadro 103 personas asistidas, en promedio, durante el trimestre Junio/Agosto 2012 por el opertivo frío.

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Ministerio de Desarrollo Social. Dirección General de Fortalecimiento Familiar y Socio-Comunitario y Dirección General Sistema de Atención Inmediata.

En los apartados siguientes se hará una sínte-sis de algunas causas promovidas por la Defensa Pública, vinculadas a personas que deben mo-rar en paradores, hogares transitorios, hoteles, villas o asentamientos precarios, con el fin de contrastar el grado de protección jurisdiccional de los derechos involucrados (vivienda digna y hábitat adecuado) e inferir si el escenario es de progresividad o de regresividad en la Ciudad.

Sin embargo, en la práctica, el diseño e im-plementación de la política pública de vivien-da del Gobierno de la Ciudad prioriza la aten-ción de la emergencia, sin generar mecanismos destinados a lograr soluciones estructurales a las problemáticas conforme el mandato consti-tucional (vgr.) ante la falta de agua segura en asentamientos precarios, el GCBA la provee a través de camiones cisterna sin cumplir con la traza de la red de agua para brindar la provi-sión del servicio de manera permanente).

En virtud de esta falla sistémica, son nume-rosos los casos en los que se debe recurrir a la justicia para superar las consecuencias de una política deficitaria.



La intervención del Ministerio Público de la Defensa en la asistencia a las personas en situación de calle

Paradores y hogares de tránsito

• Causa “Pérez Víctor” (hogar de tránsito)

Las primeras acciones promovidas por el MPD ante la justicia local estaban destinadas a paliar el déficit habitacional de las personas que se encon-traban en situación real o inminente de calle,28 ante la falta de gestiones públicas adecuadas.

Desde aquel entonces para las personas en

28- La Ciudad hasta aquel momento tenía como respuesta a la situación de emergencia habitacional de personas de escasos recursos el alojamiento temporario en hoteles (a partir del Decreto 607/97 “Programa integrador para Personas o Grupos Familiares en situación de emergencia habitacional”, complementario del programa “Atención en casos de Emergencia Individual o Familiar” (ACEIF) creado en el año 1986).El mismo crea un beneficio de tipo asistencial bajo la injerencia de la Secretaría de Promoción Social. Es de destacar que la norma de creación del Programa, en sus considerandos no hace alusión al derecho a la vivienda. A la vez considera a la situación habitacional como una problemática social originada en situaciones individuales, lo que se traduce en que la prestación otorgada no comprende la asistencia de un colectivo con un derecho vulnerado, sino que interpela a las personas/familias como sujetos aislados que se encuentran atravesando una determinada situación crítica. Esta prestación incluye, entonces, acciones de detección, de orientación y de asistencia diferenciada según género y conformación del grupo familiar. Contempla la derivación a paradores –servicio de alojamiento nocturno para personas solas— hasta el pago de habitaciones en hoteles seleccionados y conveniados con el GCABA —para el caso de familias conformadas por padre, madre y niños y sólo por el lapso de quince días—.Cabe señalar que el programa mencionado se encuentra diseñado para asistir en la emergencia a aquellas personas que no pudieran acreditar los requisitos para acceder a las políticas de acceso a la vivienda implementadas por la entonces Comisión Municipal de la Vivienda, actualmente Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

situación de calle —que no reúnen los recau-dos para acceder a las políticas de crédito del GCBA por carecer de recursos económicos su-ficientes— no hay programas de vivienda sino programas de emergencia.29

En esa etapa inicial destaca la causa “Pérez, Víctor”, en la que cuatro hombres alojados en un hogar transitorio denunciaban las pésimas condiciones de habitabilidad del establecimien-to público, proyectándose esos perjuicios en su derecho a la salud.

En este contexto, en el año 2000, la Cámara de Apelaciones del fuero CAyT (Sala I)30 se expide sentando jurisprudencia sobre la obligación del Gobierno de la Ciudad a realizar acciones positi-vas para lograr la efectivización de los derechos sociales. En la sentencia expresamente se analizó que “(…) el derecho a la vivienda implica, por su naturaleza, un deber de las autoridades públicas de garantizar un mínimo nivel de efectiva vigen-cia. Como ya se ha señalado, en algunos casos será necesario adoptar medidas que conlleven algún tipo de acción positiva, cuando el grado de satisfacción del derecho se encuentre en niveles que no alcancen los mínimos exigibles”.

Agregó que, “De esta forma, cuando un indi-viduo o grupo es incapaz de acceder a una vivien-da digna, el Estado tiene en tal caso la obligación de adoptar las medidas pertinentes para proveer, al menos en un estadio básico, la satisfacción de esa necesidad. Este deber tiene vigencia aún en períodos de crisis, en especial cuando se trata de grupos en situación de extrema precariedad. En el ámbito internacional, en igual sentido se ha

29- Esta situación continúa inalterada en la actualidad, y fue incluso destacada por la CSJN en ocasión de fallar sobre un caso local llevado adelante también por el MPD al cual nos referiremos más adelante (“Q.C.”, año 2012).

30- Sala de feria, 25/1/2001, “Pérez, Víctor Gustavo y otros c/GCBA s/amparo”, (Expte. 605), sentencia firme por rechazo de los recursos de queja e inconstitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia, de fecha 21/6/2001.



pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales creado por el Pacto Interna-cional de Derechos Económicos Sociales y Cultu-rales— PIDESC (Observación General Nº 4) (…) el derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un derecho fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la au-tonomía individual (conforme artículo 19 de la Constitución Nacional). Esta autonomía consiste básicamente en la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida. El Estado no solo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber inexcusable de rea-lizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquellas no se torne ilusorio. Es cierto que la omisión estatal no es la causa pero sí una condición del resultado – estado de indefensión— máxime cuando existe un deber normativo de ac-tuar según surge de la Constitución de la Ciudad y, en particular, de los decretos 607/97 y 2018/99”.

Se definían así, en una sentencia de la Cá-mara de feria del fuero, a principios de 2001, los siguientes conceptos: aplicación en el ámbito de la CCABA de los tratados internacionales en forma directa al igual que las interpretaciones y estándares fijados por los Comités de cada uno de ellos; la obligación del Estado de realizar ac-ciones positivas y no solo “abstenerse de” para lograr el efectivo ejercicio de los derechos y en especial de aquellos denominados “sociales”, el expreso reconocimiento de la relación entre vivienda—dignidad—salud, la prioridad de las personas sin recursos económicos y excluidos socialmente, entre otros.31

Se iniciaba entonces un largo recorrido para un fuero que fue permeable a las demandas

31- González Castro Feijoo, María Lorena —defensora de primera instancia ante el fuero CAyT—, “La aplicación del art. 335 CPPCABA y la situación habitacional de la CABA”, exposición en el marco de las Jornadas de Debate del 13 de septiembre de 2011, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires.

existentes sobre el derecho a la vivienda y dis-puesto a controlar la razonabilidad de la activi-dad administrativa del Poder Ejecutivo local,32 en este caso, respecto de las condiciones en que éste alojaba a las personas en situación más crítica.

• Causa “Iriarte” (Parador Retiro)33

Como consecuencia de las pésimas condi-ciones de infraestructura en otro de los dispo-sitivos transitorios con que cuenta el gobierno local, en el año 2008 se inició una causa con la intervención conjunta de las dos defensorías de primera instancia que existían en ese entonces en el fuero, con el objeto de peticionar que se dispusiera una intervención judicial en el Para-dor Retiro para controlar las serias irregulari-dades y anomalías que a diario afectaban a las personas que acudían allí, por encontrarse en situación de emergencia habitacional.

En concreto, se denunció que en el estableci-miento no había gas, ni agua caliente, ni calefac-ción. Asimismo, las precarias condiciones edilicias dificultaban el aseo adecuado de los concurren-tes (ausencia de canillas, duchas que no funcio-naban, pérdidas permanentes de agua), sumado al lamentable estado de los inodoros incluso en el único baño destinado a discapacitados, inexis-tencia de ropa de cama (sábanas, almohadas). También se denunció la falta de personal técnico idóneo y la falta de higiene que provocaba la pre-sencia de cucarachas y roedores.

32- Cardinaux,Vita, Aldao, Clérico, “Condiciones de posibi-lidad para la exigibilidad judicial del derecho a la Vivienda en el ámbito local”, publicado en Ada Ciudad, disponible en:http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/vita-condiciones-de-posibilidad-para-la-exigibilidad-judicial-del-derecho-a-la-vivienda.pdf.

33- “Iriarte Miguel Angel y otros contra GCBA y otros sobre amparo (art. 14 CCABA)” (Expte. 29872/0).



En ese cuadro de situación y tras un reco-nocimiento judicial que permitió verificar las falencias denunciadas, el magistrado intervi-niente dispuso como medida cautelar no solo la designación judicial de un interventor infor-mante para que pusiera en conocimiento del tribunal en forma periódica las condiciones del establecimiento sino, además, un conjunto de medidas (limpieza, desinfección, desratización, contratación de personal médico idóneo, entre otras) destinadas a lograr un adecuado y pro-gresivo restablecimiento de la normalidad en la actividad del Parador Retiro.

Durante el trámite del expediente se orde-naron múltiples medidas de variado alcance, cuyo cumplimiento fue monitoreado a través de la actividad que desempeñó el interventor judi-cial. Finalmente al ser cumplido el objeto de la acción, tras una intensa actividad jurisdiccional se declaró abstracto el juicio.

Los “hoteles”, ¿una solución para los “sin techo”?

A partir de 2001, un grupo de beneficia-rios del “Programa integrador para personas o grupos familiares en situación de emergen-cia habitacional”34 que habitaban en hoteles comienzan a denunciar que estos alojamientos tampoco cumplían con las mínimas condiciones de seguridad e higiene. En el mes de julio de ese mismo año el Poder Ejecutivo reúne a los beneficiarios de dicho Programa (previsto en el decreto local 607/97) y les comunica su próximo

34- Programa creado por el Dec. 607/97 por medio del cual las familias accedían al alojamiento en una habitación en alguno de los hoteles contratados por el Ejecutivo y éste se encargaba directamente de su pago, por lo que las familias no elegían el hotel donde vivían, sino que esa elección también recaía en el Gobierno y las personas que no tenían grupo familiar a cargo, eran alojadas en hogares.

cierre, generando su inminente situación de ca-lle. A raíz de ello, en la sede de la única defen-soría CAyT que funcionaba hasta ese momento, se iniciaron 103 amparos “preventivos”, de los cuales podemos destacar los casos “Fernández Silvia” (Sala II) y “Ortiz Celica y Victoriano” (Sala I) todos resueltos a fines del año 2001. En estos casos, considerados leading case en la ma-teria, la cámara de apelaciones “falló afirmando que la discontinuidad de las prestaciones vulne-ra el principio de no regresividad”.35

Una de las magistradas que integra la Sala II de esa cámara afirmaba: “Dos cuestiones resul-taron claves para decidir. Una, se refiere al esta-blecimiento de un umbral que podría resumirse en la siguiente frase: ´las personas en la calle, no´. La otra, progresividad—no regresividad, que implica que si quien reclama estaba ampa-rado de modo tal de haber logrado salir de la calle, no se lo puede volver a dejar en ella”.36

A raíz de la trascendencia que tomaron las denuncias, la fuerte repercusión mediática que tuvo el conflicto y las decisiones judiciales an-tedichas, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 895, del año 2002, en cuyo considerando reco-noce la ineficiencia del programa vigente tanto por su alto costo como por su ineficacia para resolver la emergencia y brindar soluciones es-tructurales. El Programa intentó reemplazar el sistema de alojamiento en hoteles y promover el egreso de las familias que en ellos residían.37

35- González Castro Feijóo, op. cit.

36- Daniele, Mabel. Título: Exigibilidad jurisdiccional de los llamados Derechos sociales en la jurisprudencia argentina. Designación de vol/pag: Suplemento Extraordinario Administrativo 2010, Nº1, p. 28-39

37- Verón, Natalia (2010): “Políticas asistenciales y desalojos en la Ciudad de Buenos Aires: la producción estatal de la Emergencia habitacional”, en Actas del IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Ampliación del campo de los Derechos Humanos. Memoria y perspectivas. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/2011/10/mesa_17/veron_mesa_17.pdf, noviembre 2011.



Para ello, clausura la posibilidad de nuevos in-gresos a la modalidad transitoria de alojamiento hotelero, ofreciendo a los entonces beneficiarios la alternativa de permanecer en dicho hospeda-je o bien optar por el cobro de un subsidio.

Al igual que la norma que lo precedió, este decreto omite mencionar el derecho a la vivien-da y avanza en la definición de la población “be-neficiaria” restringiendo los requisitos de acceso y estableciendo por primera vez un régimen de contraprestaciones. Es interesante resaltar que es-pecifica la necesidad de comprobar al menos un año de residencia en la CABA y probar que los ingresos mensuales sean menores a los reconoci-dos por el índice de la canasta básica alimentaria del INDEC, para poder ser incluido en el progra-ma. Asimismo estipula un sistema de prioridades para la asignación de los subsidios, considerando: situación de empleo, cantidad de “menores” que componen el núcleo familiar y las situaciones de salud de los integrantes de la familia. Analizando la letra del decreto, se reconoce el contexto de au-mento de la pobreza y la obligación del Estado de prestar “auxilio” a las familias con niños y adoles-centes afectadas por la problemática habitacional. Aclara que las mujeres serán quienes obtendrán la titularidad del beneficio, por considerar que son quienes muestran mayor “tenacidad y responsa-bilidad” para obtener mejoras en el nivel de vida propio y de sus hijos.

En el año 2002 debido a la crisis socioeconó-mica del país, al cierre del ejercicio financiero del año 2001 no se aprobó el presupuesto para el año 2002, por lo cual y en función de lo nor-mado por la Constitución local,38 se mantuvo en vigencia el del año anterior prorrogado y el Poder Ejecutivo crea un Manual de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Prorrogado.

En este contexto, el mencionado decreto reconoce la necesidad de diseñar acciones que

38- Art. 53 de la CCABA

faciliten a las familias el acceso a soluciones ha-bitacionales definitivas, no obstante continúa considerando responsabilidad de los grupos familiares la presentación de propuestas en ese sentido. Se puede considerar que el Poder Eje-cutivo reconoce la complejidad de la problemá-tica de vivienda al intentar avanzar en la coor-dinación de la Secretaría de Promoción Social con otras áreas del Estado con el objetivo de brindar esas soluciones de carácter permanen-te. En virtud de ello, el art. 16 crea la Unidad de Gestión para Familias en Situación de Ca-lle, integrada por los responsables de distintas áreas del GCBA, incluyendo a la Secretaría de Hacienda y Finanzas, la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, la Secretaría de Salud, la Se-cretaría de Educación, la Secretaría de Desarro-llo Económico, la Escribanía General de CABA y la Comisión de la Vivienda.

Cabe mencionar que, con la promulgación del Decreto 895, el Tribunal Superior de Justi-cia de la CABA (TSJ) no se expide sobre el fon-do de derecho a la vivienda en los casos “Fer-nández Silvia”; “Ortiz Célica” y “Victoriano” porque la “amenaza” de cierre del Programa de hoteles había desaparecido.

En 2003, en los fallos del TSJ “Jasmín” y “Guerra, Rosa Liliana”, se reconoce que “el de-recho a la vivienda adecuada integra el ordena-miento jurídico, es reclamable en sede judicial y que hay un contenido mínimo que respetar”.39

En este período, la labor del MPD se concen-tró en que el mentado decreto 895 sea aplicado no solo a familias en situación de calle sino tam-bién a las personas solas que se encontraban en esa misma situación, en lugar de ser derivadas a hogares y paradores.

39- González Castro Feijóo, op. cit.



• Causa “Ramallo”

En esta línea, resulta relevante reseñar el caso “Ramallo” en cuanto viene a complementar los argumentos desarrollados por las salas del fuero en las sentencias antedichas. Sobre el particular, se consideró que en virtud de la protección nor-mativa del derecho a la vivienda digna, resulta-ba un deber jurídico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires efectuar prestaciones positivas respecto de las personas o grupos familiares am-parados por dichos planes, no obstante que hu-bieran vencido los plazos por los que originaria-mente fueron objeto de ayuda.

Se enfatiza particularmente en el decisorio el rol de los tribunales en la evaluación de esta problemática, y se descarta la idea de que pueda tratarse de una cuestión ajena al control judicial. Contrariamente, se afirma que el carácter justi-ciable del derecho a la vivienda digna surge de su tutela constitucional, como así también de las recomendaciones del Comité de Derechos Eco-nómicos, Sociales y Culturales —Observación General N° 4—, en cuanto a los deberes de los Estados Partes del Pacto de adoptar medidas ra-zonables para asegurar su vigencia, otorgando prioridad a los grupos sociales que viven en con-diciones desfavorables, sin que sea óbice para ello las dificultades económicas que pueda padecer el Estado. Con respecto al programa gubernamen-tal, consideró que no existía impedimento cons-titucional a la mutación de los planes implemen-tados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto y en cuanto no se interrumpa ni se desvirtúe la prestación de fondo, lo que lleva a efectuar un control acerca de si las normas que implementan ese programa y la actividad estatal que lo lleva adelante respeta el principio de no regresividad en materia de DESC que impone a los Estados Partes la obligación de avanzar ha-cia el objetivo de la plena efectividad del mismo, siendo contraria a toda medida que implique un

deliberado retroceso en la materia. En este en-tendimiento, consideró que no resultaba viable jurídicamente, retrotraer a quienes habían sido beneficiarios de diversos programas habitacio-nales por hallarse en una situación de vulnera-bilidad, al estado anterior de desprotección, a menos que se prevean nuevos mecanismos para ampararlos y/o hasta tanto los beneficiarios se encuentren en condiciones de superar por sí mismos tal estado de emergencia. Por estos argu-mentos, los magistrados entendieron que debía acogerse la acción de amparo promovida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ten-diente a que se cumplan los objetivos de los pro-gramas de emergencia habitacional con carácter previo a efectuarse el egreso de los amparistas, incluso una vez concluida su extensión temporal.

Luego, en el 2004, el Poder Legislativo local declaró, mediante la sanción de la Ley N° 1.408, la “Emergencia Habitacional” en la CABA, defi-niéndola en su art. 2º como “(…) la situación en que se encuentran los siguientes grupos familia-res y/o personas:— Ocupantes de casas o edificios con sentencia judicial firme de desalojo, utiliza-dos con uso manifiesto de vivienda única y que no posean otros bienes inmuebles a su nombre. —Habitantes de Núcleos Habitacionales Tran-sitorios y asentamientos de la Ciudad.—Ocu-pantes de viviendas en situación de hacinamien-to, inhabitables o en estado obsoleto. —Alojados en hoteles o pensiones —En situación de calle”. La norma estableció a su vez la creación de un fondo económico especial destinado a financiar las “soluciones habitacionales transitorias o de-finitivas para los grupos familiares y/o personas mencionadas en el artículo segundo” y dispuso la suspensión de los desalojos de inmuebles propie-dad de la Ciudad por un plazo de 3 años.

Entre los fundamentos de la norma, los le-gisladores reconocen que casi 100.000 personas residían en ese momento en habitaciones de ho-teles o pensiones, con alternancia de períodos



de vida en la calle, mientras que de ellos aproxi-madamente 9.000 lo hacían en hoteles financia-dos directamente por la Ciudad mediante sus programas, hoteles muy cuestionados por sus condiciones de habitabilidad.

Es dable destacar que durante los ejercicios presupuestarios de 2003 y 2004 la Ciudad pre-sentó un superávit fiscal, por lo que existían proyectos que explícitamente solicitaban que se destine una porción del mismo a la solución de la problemática habitacional de los habitantes locales. Asimismo, la norma receptaba las de-mandas de varias organizaciones sociales,40 que reclamando por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad consideraban que las soluciones al défi-cit habitacional debían privilegiar la construc-ción de vivienda social y el freno a los desalojos.

Sin embargo, sancionada la norma, y en ejer-cicio de sus funciones, el Poder Ejecutivo vetó el artículo 2° en el que se definen los grupos fami-liares y personas que deben ser consideradas en emergencia habitacional así como el artículo 7° que prevé la suspensión de los desalojos de to-dos los inmuebles pertenecientes al GCBA, uti-lizados con uso manifiesto de vivienda, que se encuentren ocupados por grupos familiares en situación de pobreza crítica. Recordemos que para ese momento en la Ciudad continuaba en vigencia el ya mencionado Decreto 895/02 con un diseño preponderantemente asistencial.

La vigencia de la prestación económica fijada por ese decreto, una vez finalizado el plazo es-tipulado por la norma y continuando las perso-nas/familias beneficiarias en la misma situación de “emergencia” que motivara su adjudicación, resultó para esa época uno de los principales motivos de intervención de las Defensorías Pú-blicas de la CABA.

Así como en años anteriores habían in-tervenido para evitar la discontinuidad de la

40- Coordinadora de Inquilinos de la CABA, MOI, entre otras.

prestación, en este momento se ampliaron los términos de la discusión.

Al vencimiento del plazo estipulado en la ley referida anteriormente, en 2007 y teniendo en cuenta que el déficit habitacional no se había mo-dificado, la emergencia fue prorrogada a través de otra Ley, la N° 2.472, por tres años más.

Posteriormente, a finales de 2008, se votó una nueva ley(N° 2.973) que declaraba una vez más la emergencia e insistía con la suspensión de los desalojos, pero nuevamente fue veta-da parcialmente por el Poder Ejecutivo de la CABA en enero de 2009. Esto repite y ratifica entonces el vaciamiento de contenido de la ley de declaración de emergencia habitacional.

• Causa “Panza”: vivienda y “cuestión” de género.

En este contexto, es relevante mencionar otro caso paradigmático promovido por la De-fensa Pública, el caso “Panza”,41 que fue enta-blado por el actor y su pareja trans, con quien convivía desde hacía tres años. Ambos se encon-traban desocupados y habían recibido la pres-tación por el subsidio habitacional transitorio del decreto 895/02, un monto único de un mil ochocientos pesos. Al momento de presentar el amparo se encontraban viviendo nuevamente en la vía pública, ante la negativa de la admi-nistración de seguir brindando el subsidio y la imposibilidad de un alojamiento conjunto en los paradores dependientes de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que éstos son solo para hombres o solo para mujeres, por lo que no contemplaban la posibilidad de un alojamiento conjunto para la pareja.

La Cámara, a diferencia de la sentencia de primera instancia que rechazó la acción, entró a analizar si los accionantes tenían derecho a

41- “Panza, Ángel R. c/ GCBA s/ amparo (art. 14, CCABA)” -Expte. N° 4270/05, resolución de fecha 23 de mayo de 2006.



demandar su inclusión en algún plan asistencial aun luego de haber percibido el subsidio habi-tacional, pues la realidad indicaba que todavía se encontraban en situación de vulnerabilidad, viviendo en la calle. De este modo relevó a los ac-tores de tener que presentar una propuesta para superar su situación, dado que en esa precaria condición no tenían ninguna posibilidad de en-contrar una salida estable, considerando así que las obligaciones del Estado no pueden circunscri-birse a una o algunas prestaciones temporarias, sino que la Administración “se encuentra obliga-da a desarrollar en forma permanente políticas positivas tendientes a la inclusión social de los más necesitados”, lo que incluye la satisfacción de sus necesidades mínimas de vivienda, que no pueden suspenderse hasta que se encuen-tre superada la emergencia que diera origen a su implementación. Además, la resolución de Cámara visibiliza la situación afectiva de Panza y su derecho a que esa relación no sea objeto de discriminación por no adecuarse a los patrones sociales dominantes y obliga al gobierno de la Ciudad a que cualquier tipo de solución definiti-va que tome para el problema habitacional de los afectados, contemple la posibilidad de que con-vivan bajo el mismo techo.42 Finalmente, y como se profundizará en el caso “Mansilla”, la Cámara plantea el argumento de la afectación de la au-tonomía individual a raíz de la situación de calle que afecta a los accionantes.

Empero, el Tribunal Superior de Justicia, como máximo intérprete judicial local, no con-validó esta línea, sino que a partir de este caso, y como lo hará posteriormente en otros casos como “Toloza” y “Alba Quintana”, adopta una postura sumamente restrictiva.

Así comienza a revocar las sentencias de Cá-mara favorables desplazando el eje jurídico cen-tral que responsabiliza al GCBA para analizar

42- Cardinaux, et al, op. cit.

cada situación individual restringiendo el con-tenido central del derecho a la vivienda. Se em-pieza a vislumbrar de este modo una marcada tendencia regresiva por parte de la máxima ins-tancia judicial local en el contenido que le asig-na al derecho a la vivienda.43

• Causa “Mansilla”

En este contexto se da la paradoja que mien-tras el TSJ comienza con decisiones regresivas, ambas salas de la Cámara profundizan su crite-rio de progresividad. Así, en el caso “Mansilla”44 (2006), otro caso emblemático del MPD también

43- En el caso “Panza”, decidieron dejar sin efecto la sentencia de la Sala I y requerir que otro tribunal dictara una nueva, siguiendo las pautas que da. La segunda cuestión definitoria para revocar el fallo fue la de no haber tenido en cuenta la Cámara los ofrecimientos que ya había realizado el GCBA. Expresamente se sostuvo que, tales posibilidades eran las de “ ser incluidos en el Proyecto de Viviendas de González Catán,…la posible inclusión en microemprendimientos,…el subsidio del decreto N° 895/02…, y el alojamiento para Panza, aunque no para Saldaño con quien aquel se encuentra unido por un vínculo amoroso”. En el relato de uno de los jueces se menciona que los amparistas gozaron de un subsidio que se daba por única vez “ y que con ese importe podían pagar una habitación de hotel y convivir juntos. Sin contar con trabajo y agotada la ayuda estatal pasaron a vivir en la calle…” . Luego se expresa que habrían solicitado nuevo auxilio ante lo cual el GCBA informó que “no podían ser ubicados juntos en los alojamientos dependientes del Gobierno destinados a hombres, debido, aparentemente, a la opción sexual adoptada por uno de ellos, Miguel Eduardo Saldaño, alias Evelyn Saldaño. Del mismo modo se destaca que los actores no habrían considerado otros planes por no ser una solución inmediata para la situación de calle. Es de aclarar que el emprendimiento de González Catán nunca fue realizado y que sin un inmueble donde poder construir, los materiales, ayuda técnica, etc. se tornan inútiles. La posibilidad de separar a una pareja o a una familia sin hijos nunca antes fue propuesta ni por el GCBA ni por ningún tribunal de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco se había exigido la formalización de la relación ni discutido el grado de “ vínculo amoroso”.

44- “Mansilla, María Mercedes c/ G.C.B.A. s/ amparo”, (Expte. 13817/0), sentencia del día 13 de octubre de 2006.



planteado por la insuficiencia del subsidio pre-visto por el 895/02, la Cámara (Sala I) hace lu-gar a la demanda y enfoca el eje central de la decisión en dos argumentos principales. El pri-mero, ya introducido en “Panza”, se refiere a la vinculación entre el derecho a la vivienda y el ejercicio del derecho a la autonomía personal o autodeterminación como la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida. El segundo, aborda el argumento generalmente utilizado por el GCBA con rela-ción a la falta de recursos disponibles para cum-plir con las obligaciones en materia de DESC.

Con relación al desarrollo de la vivienda como condición para el ejercicio de la auto-determinación, el tribunal destaca que para la elección del plan de vida es necesario contar con las condiciones que posibilitan el ejercicio de la autonomía y que esas condiciones están conformadas, entre otras, por el acceso a la vi-vienda digna.

Así, el tribunal destaca que “se... trata de un principio que proclama el respeto por la perso-na e implica un derecho de no interferencia y un deber de no coartar acciones autónomas y exige, además, la adopción de comportamien-tos activos por parte del Estado que hagan po-sible la inclusión social y, consecuentemente, el goce de los derechos fundamentales. En efec-to, ha señalado este Tribunal que ‘el derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un derecho fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía individual (conforme artículo 19 de la Consti-tución Nacional). Esta autonomía consiste bási-camente en la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida. El Estado no sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene, además, el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejer-cicio de aquéllos no se torne ilusorio’...”. Estas

acciones positivas a las que la Cámara hace refe-rencia se encuadran en lo previsto en el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad en cuanto se encomienda al Estado el deber de desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos.

De este modo, la Cámara concluye que el de-ber estatal del subsidio habitacional no puede ser interrumpido luego de transcurrido el plazo de seis meses previsto en el decreto 895/02, sino que dicha obligación se extiende mientras sub-sista la situación de precariedad habitacional de sus beneficiarios. El argumento sigue conside-rando las razones por las que se generó el plan de subsidios habitacionales: “paliar la emer-gencia y brindar soluciones estructurales”. Por ello, las medidas estatales debieron referirse a “la adopción de medidas idóneas para paliar las consecuencias que la pobreza produce en la ca-lidad de vida de los ciudadanos”, proveyendo “soluciones a la problemática habitacional”.

En cuanto al argumento de limitación de re-cursos esgrimido por el Estado como defensa, el tribunal sostiene que para constituirse como una real defensa, debe estar debidamente fun-dada y probada.

Es decir, para el tribunal, el gobierno deman-dado debe demostrar, en primer lugar, que efec-tivamente carece de recursos suficientes, y, luego, que realiza todas las acciones a su alcance para obtenerlos. No bastan las consideraciones genéri-cas, o la remisión a la cláusula de disponibilidad de recursos como tal, como si ella fuese de aplica-ción automática. Tampoco es suficiente decir que la decisión judicial tiene impacto presupuestario o que implica el uso de recursos por cuanto es ésta una consecuencia habitual de innumerables decisiones judiciales. Cuando los jueces hacen lu-gar a una demanda por daños y perjuicios como consecuencia de un acto estatal, lícito o ilícito, cuando se hace lugar a una demanda patrimonial



referida al empleo público (vgr. diferencia de ha-beres), o cuando se dispone devolver un tributo ingresado sin causa, se está tomando una deci-sión, típica en el debate contencioso, que tiene efectos presupuestarios. Es de advertir que en to-dos estos casos (donde en alguno de ellos sólo hay comprometido un derecho patrimonial) sería ini-maginable que se pretendiera alegar la limitación de recursos, más allá de la eventual incidencia del principio de reserva de ley en materia presupues-taria en el trámite de ejecución de la sentencia que condena al Estado a pagar una suma de di-nero, tal como lo hace nuestro Código ritual, que contiene, como se sabe, un trato especial y más di-ligente para los derechos de carácter alimentario. En el presente caso, no hay ninguna referencia del Gobierno a la imposibilidad de cumplir con la sentencia o, por hipótesis, a las eventuales limita-ciones de recursos disponibles.

En razón del sólido conjunto de argumentos desarrollados por el tribunal, se concluye que el go-bierno local, mientras subsista la situación de emer-gencia habitacional de los afectados, deberá prestar adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones previstas en el decreto Nº 895/02, o bien incorporándolos a cual-quier otro plan que resguarde adecuadamente los fines habitacionales antes mencionados.

• Causa “Toloza”

Mientras tanto el Tribunal Superior de Jus-ticia resuelve el caso “Toloza”45 siguiendo el cri-terio restrictivo ya esbozado en el caso “Panza”. En concreto, en esta causa, el juez de primera instancia había hecho lugar a una acción de am-paro promovida por la actora y su hijo quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad

45- TSJ, “Toloza, Estela Carmen c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” (Expte. 4568/06)

social condenado al Gobierno local a que por intermedio de los organismos correspondientes le otorgara los medios necesarios para solucio-nar su situación de carencia habitacional, inclu-yéndola en alguno de los programas habitacio-nales vigentes, o por medio de otras acciones que estime útiles a tal propósito. Este criterio fue confirmado por la Sala II de la Cámara del fuero, que motivó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad del GCBA.

Con fecha 9 de agosto del 2006 el TSJ, por mayoría, hizo lugar al recurso de inconstitucio-nalidad deducido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejó sin efecto la sentencia recurrida con sustento en los argu-mentos manifestados en el caso “Panza”. En particular, el voto mayoritario (de los jueces Conde, Casás y Lozano) señaló que la senten-cia de Cámara no permitía definir con precisión cuál era la conducta que deben adoptar las au-toridades de la Ciudad y dentro de qué límites, es decir, la acción que se impone cumplir, razón por la cual el acto jurisdiccional de la instancia anterior resultaba inválido.

En virtud de lo dispuesto por la mayoría se devolvió el expediente a la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario para que dicte un nuevo pronuncia-miento con arreglo a lo decidido en dicho fallo. En concreto, en este decisorio si bien no se des-conoció específicamente la situación de vulnera-bilidad de la actora y su hijo, ni los derechos afec-tados, se consideró que no había un verdadero análisis de una omisión gubernamental lesivo, por lo que debía remitirse nuevamente a la Sala a fin de —en palabras del juez Lozano— “dar concreción a la parte dispositiva, y decidir fun-dadamente acerca de la situación personal de los actores, encuadrándola en las normas que resul-ten aplicables, despejando previamente la cues-tión relativa a su operatividad y al cumplimiento que invoca la demandada”.



En consecuencia, la sentencia de la Sala I dispuso incluir a los amparistas en el programa creado por el Decreto Nº 690/06, y otorgarles el subsidio allí previsto y, asimismo, continuar con dicha prestación mensual hasta tanto se cum-plan con los objetivos generales y específicos del programa, o bien hasta que la demandada de-muestre que las circunstancias de emergencia habitacional en la que se encuentran los ampa-ristas han desaparecido.

• Causa “Alba Quintana”

En mayo de 2010, en el caso “Alba Quintana”46 el TSJ vuelve a intervenir en una causa habitacional promovida por el MPD, de similares características que las anteriores, por interrupción de los programas asistenciales que brindaba el GCBA a través de un subsidio ha-bitacional para afrontar el alojamiento. Y, una vez más, sella la suerte del caso de manera su-mamente restrictiva coronando una doctrina que lamentablemente ha servido de argumento a muchos tribunales de primera instancia para rechazar las pretensiones de personas solas en situación de calle. El caso se trataba precisa-mente de un hombre de 41 años sin recursos económicos para afrontar sus necesidades de vivienda y con algunos trastornos de salud, que al momento de la interposición de la demanda se hallaba en un parador del GCBA, es decir, en efectiva situación de calle por haber concluido la asistencia estatal de acuerdo a las normas re-glamentarias que lo rigen (decreto 690/06 que venía a reemplazar los decretos anteriores en materia de prestaciones habitacionales).

Tanto la decisión de primera instancia como la de Cámara resultaron favorables a los

46- TSJ, “Alba Quintana, Pablo c/GCBA y otros s/amparo (art. 14 CCBA) s/recurso de inconstitucionalidad concedido”, (Expte. 6754/09).

reclamos del actor, dejando en claro que los paradores no podían ser equiparados a una vi-vienda digna.

Contrariamente al abordaje realizado por las instancias anteriores, el TSJ realiza un análisis en abstracto de la normativa reglamentaria del Gobierno local sin considerar el contexto fáctico individual y general planteado en el caso, de lo cual deriva que "es evidente que no correspon-de al Poder Judicial seleccionar políticas públi-cas, ni expedirse en torno a su idoneidad o con-veniencia” retomando una postura acotada del control judicial de la actividad administrativa. A su vez, realiza una inversión de la doctrina ac-tual en materia de Derechos Humanos al soste-ner que la progresividad debe ser interpretada como una salvaguarda para los Estados que no pueden cumplir inmediatamente los deberes asumidos, y no como un argumento para impe-dir que los Estados deshagan el camino hecho en materia de garantía de derechos.

En esa misma línea argumental retoman la tesis del piso mínimo, pero no para asegurar un núcleo básico de prestaciones sino como ar-gumento para liberar al Estado de responsabi-lidad.47 En este sentido, la sentencia presentó un carácter francamente regresivo, y echó por tierra los avances obtenidos, ya que interpretó las normas sobre el derecho a la vivienda de un modo restrictivo y arbitrario: se trataría de derechos programáticos, es decir, no habría derechos de las personas sino beneficios de na-turaleza asistencial ofrecidos por el Gobierno a la población, conforme a criterios oportunistas dispuestos discrecionalmente por las autori-dades, destinados a paliar infortunios o emer-gencias; el mínimo básico esencial del disfrute del derecho a la vivienda que exigen los pactos internacionales, se vería satisfecho mediante un abrigo básico, por ejemplo “paradores”, u

47- Cardinaux, et al, op. cit.



hogares temporarios o alguna otra clase de so-luciones contingentes.48

En suma, esta doctrina concluye que fren-te al universo de potenciales beneficiarios, será quien pretenda acceder a una prestación eco-nómica del GCBA, es decir, la persona afectada quien deberá probar que su situación es prio-ritaria respecto del resto de posibles destinata-rios del régimen generando así una puja hacia adentro del sector vulnerable para demostrar quien se encuentra en peor condición. De este dogma, seguirá que quien no logre acabada-mente demostrar ser un sujeto prioritario, es decir, que es el “más pobre entre los pobres”, entonces, no logrará acceder a esa prestación.

Vale dejar a salvo el voto en disidencia de una de las juezas integrantes del TSJ, la Dra. Ruiz, quien reconoce la situación de vulnerabi-lidad del amparista y la regresividad que signi-ficaría revocar la sentencia de primera instancia y de la Cámara, a la vez que insta a que la Ad-ministración pruebe que los recursos del GCBA han sido utilizados hasta el máximo disponible.

Lo cierto es que en ese contexto, se pierde de vista un tema central en materia de exigibilidad de los DESC, que es el control judicial del pre-supuesto como instrumento esencial para que los derechos no se tornen ilusorios, especialmente en torno a la razonabilidad de la Ley de Presupuesto.

Así, vale recordar que el monto del presupues-to original destinado por la Legislatura a vivien-da muestra una tendencia negativa en el período 2008-2013; salvo un incremento excepcional en 2011, que, aunque se incrementó en términos nominales, inició un ciclo descendente en lo con-cerniente a la ejecución total del gasto de la Ad-ministración, como asimismo, al interior del gasto

48- Christe, Graciela Elena, “Apostillas a la sentencia dictada por la CSJN en la causa Quisberth Castro, adA Ciudad, disponible en http://www.adaciudad.org.ar/docs/CHRISTE-Apostillas-a-la-sentencia-Q.-C.-de-la-Corte-Suprema.pdf

social. Además, en el mismo período se registra una notable subejecución presupuestaria y aún más, el crédito destinado a vivienda en 2008, 2009 y 2010 sufrió recortes durante el ejercicio por lo que el presupuesto vigente fue inferior al que fue-ra aprobado por la Legislatura. Es decir que el Po-der Ejecutivo reasignó fondos de vivienda a otras materias reduciéndolo aún más.49

Las leyes locales de protección inte-gral a las personas en situación de vulnerabilidad social y su impacto en la jurisprudencia del fuero.

En este estado de situación, con una juris-prudencia regresiva de la máxima instancia local (TSJ) y una jurisprudencia receptiva del derecho a la vivienda en las salas que integran la Cámara del fuero y en la mayoría de los tribu-nales de primera instancia (CAyT), acontecen dos hechos importantes.

Por una parte, el dictado de la Ley N° 3.706 por la legislatura local que impone al gobierno local la obligación de "proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle".

En lo sustancial de esta norma, se establece que las personas que se encuentren en situación de calle o en riesgo de estarlo deberán ser asisti-das a través de los programas gubernamentales. Y más importante aún, sienta un piso mínimo de asistencia, pues advierte que tanto la utiliza-ción de la red de alojamiento nocturno como las condiciones de hacinamiento o la habitación en

49- “Prespuesto de áreas sociales, regresividad y subejecución, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 2008 / 2014”, documento elaborado por la Lic. María Laura Barral y colab., Directora de Investigación Secretaria General de Planificación del Ministerio Público de la Defensa, del 5/06/15.



estructuras temporales o asentamientos o inclu-so la posibilidad cierta de estar expuesto a un desalojo, constituyen supuestos en los que, se-gún lo establece la norma, el Estado debe actuar mediante la adopción de medidas positivas, de variado alcance (cfr. art. 4°).

Indudablemente, la sanción de la ley ha veni-do a echar por tierra aquella interpretación que tibiamente había acompañado al Superior Tribu-nal de Justicia local, a partir del fallo “Alba Quinta-na”, según el cual la obligación mínima del Estado local consistía en la red de paradores nocturnos.

Así incluso lo interpretó la Cámara del fuero en la jurisprudencia contemporánea a la época, al sostener, en referencia a las disposiciones de la Ley N° 3.706, que “Estos preceptos modifi-can el cuadro establecido en (Alba Quintana). Se mantienen los contenidos referidos a la acti-vidad judicial en la materia, esto es, la tarea de reponer, de ser necesario, el régimen de priori-dades de la Constitución, pero desplaza el (piso) de cumplimiento estatal. Cabe entender que según la ley citada, la situación de calle, como queda definida, constituye una zona de igual-dad frente a la cual solo cabe asistir a quien se encuentra en la emergencia, sin que haya lugar para el ejercicio de la discriminación positiva ya apuntada que sólo adquiere sentido ante peti-ciones fundadas en razones de necesidad distin-tas y de mayor complejidad, dado que la opción del parador no importa ya una asistencia sufi-ciente, sino un remedio temporal extremo que solo da cuenta de una realidad inadmisible ante las garantías constitucionales respecto de quien debe ser protegido en su derecho de un modo que implique una salida de su situación”.50

A su vez, cabe destacar que este tipo de dis-positivos transitorios que descarta con acierto la Ley N° 3.706, tampoco generan las condiciones

50- Sala II, “Gutiérrez Graciela B. c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)”, (Exp. 41639/0), sentencia del 20/3/2012, entre muchas otras.

necesarias para que las personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional puedan procurarse alternativas idóneas tendientes a su-perar el estado de extrema precariedad social. Por el contrario, se transforman en auténticos lugares de “depósito” para pobres e indigentes, que de algún modo logran invisibilizarlos, cir-cunstancia que luego torna muy difícil escapar a esa dinámica de exclusión social.

Esta norma se complementa con el dicta-do en fecha contemporánea de la Ley local N° 4.036 de Protección Integral de los Derechos Sociales para los ciudadanos de acuerdo con los principios establecidos en los artículos 17 y 18 de la Constitución local. Es evidente que la ten-dencia en la Ciudad en materia de vivienda, al menos en el plano normativo, se aborda desde la perspectiva de la asistencia integral de los de-rechos sociales que con ella se vinculan.

Así como lo hizo el legislador en la Ley N°3.706, esta norma igualmente “se sustenta en el reconocimiento integral de los Derechos y Ga-rantías consagrados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales en los que el Estado Argentino sea parte y la Constitución de la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires” (art. 2°).

La ley prioriza el acceso de las personas en condiciones de vulnerabilidad social y/o emergen-cia a las prestaciones de las políticas sociales que brinde el GCBA (art. 1°), las que deben ser de ca-rácter económico, técnico y material (art. 5°).

En la técnica legislativa se optó por definir el concepto de vulnerabilidad social, entendién-dose por ella “a la condición social de riesgo o dificultad que inhabilita, afecta o invalida la sa-tisfacción de las necesidades básicas de los ciuda-danos…”. Y en forma amplia se precisó que son “personas en situación de vulnerabilidad social” aquellas que por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, eco-nómicas, étnicas y/o culturales, encuentran difi-cultades para ejercer sus derechos (art. 6°).



A su vez, la norma distingue diversos grupos de personas vulnerables, a los que concede un tratamiento especial, diferenciado, según sus es-peciales características. En particular, establece responsabilidades que incumben al GCBA respec-to de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en estado de vulnerabilidad social, que involucran medidas de diversa índole destinadas a su inserción social. A tal fin podrá disponer de todas las prestaciones de índole material y técnica que considere necesarias a fin de superar progre-sivamente la situación (conf. arts. 13 a 15).

Asimismo, extiende la aplicación de esas prestaciones a las mujeres jefas de hogar y úni-co sostén de familia, al tiempo que promueve la implementación de acciones que garanticen la igualdad de trato y oportunidades en el goce y ejercicio de nuestros derechos, debiendo incen-tivar su inserción y capacitación laboral (conf. arts. 19 a 21). En particular, la ley destaca que debe brindarse albergue a las mujeres con o sin hijos que atraviesen situaciones de violencia do-méstica (conf. art. 20 inc. 2 y 3), y alojamiento a las personas con discapacidad y adultos mayo-res (conf. arts. 16 a 18 y 22 a 25).

• Causa “Q.C.S.Y.”: la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el derecho a la vivienda adecuada.

De este modo, llegamos a otro aconteci-miento trascendental en la materia que es la intervención de la Corte Suprema de Justicia Nacional (CSJN) en otro caso promovido por la Defensa Pública, el caso “Quisberth Castro”51

51- CSJN, “Quisberth Castro, Sonia Yolanda c/ GCBA s/ amparo” del 24 de abril de 2012. Cabe destacar que, previo a resolver el caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a una audiencia pública en la cual la Sra. Defensora General Adjunta, Dra. Graciela Elena Christe representó a la parte actora. Su exposición se encuentra disponible en: http://www.cij.gov.ar/nota-7670-La-Corte-Suprema-realiz--audiencia-p-blica-en-un-caso-por-el-derecho-a-una-vivienda-digna.html.

(conocido también como “Q.C.”) resuelto el 24 de abril de 2012. Esta causa constituye un lea-ding case en la materia pues por primera vez nuestro máximo tribunal federal analiza el de-recho a la vivienda local a la luz del plexo nor-mativo internacional que lo tutela y dispone una condena dual en cabeza del gobierno lo-cal: de efecto inmediato en procura de proveer un "alojamiento adecuado" y una orden com-plementaria de mantener esa asistencia amplía y efectiva hasta que se decida la inclusión de la persona que reclama en un programa de vivienda (en curso o futuro) para la solución permanente de la necesidad habitacional.

Así, en materia de vivienda, resulta impres-cindible detenerse en el análisis de esta causa, mediante la cual nuestro tribunal supremo aporta claridad con relación a cuáles son las obligaciones del Estado local en materia de de-rechos sociales. Si bien el caso involucra a niños y personas con discapacidad,52 ello no implica que sus consideraciones sean solamente apli-cables a dichos supuestos. Por el contrario, el fallo emanado de la Corte Suprema se refiere, en general, al marco normativo y a las políticas públicas de la Ciudad para atender a los pro-blemas de vivienda de las personas en situación de calle. En concreto: la solución del tribunal se centra en destacar que la obligación del Es-tado consiste en entregar un alojamiento y no un subsidio lo cual se dirige a brindar un mayor grado de satisfacción de los derechos involucra-dos siguiendo el principio pro homine.

En efecto, el Máximo Tribunal Federal lue-go de efectuar un minucioso análisis sobre las fuentes que informan el derecho en cuestión, remarcó el compromiso normativo asumido por la Ciudad de Buenos Aires en la materia, señaló

52- En el caso el grupo familiar estaba compuesto por una madre y su hijo quien padecía una discapacidad crónica y severa y en razón de lo cual dependía de su madre para alimentarse, vestirse, asearse, etc.



que la opción del alojamiento en el sistema de paradores no resultaba adecuada y con respecto a la asistencia que se otorga desde el programa “Atención para Familias en Situación de Calle”, expresamente indicó “no solo no constituye una solución definitiva al problema habitacional (…) sino que se limita a brindar un paliativo tempo-ral…” (Considerando 13).

Más aún, en lo atinente a las políticas públi-cas vigentes en el ámbito local, señaló la Corte que “este menú de soluciones brindado por la demandada para dar cumplimiento a la man-da contemplada en los arts. 14 bis de la Cons-titución Nacional y 31 de la Constitución local aparece como insuficiente para atender la par-ticular situación de la actora”.

Igualmente, se refirió a la defensa estatal acerca de la limitación presupuestaria y re-currió al principio elaborado por el Comité de DESC en cuanto a que para que un Esta-do parte pueda atribuir el incumplimiento de sus compromisos a una falta de recursos “debe demostrar que ha realizado todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposi-ción en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas”. Y aún así, el cabal cumplimiento del compromiso in-ternacional asumido impone que siga en pie la obligación de “…asegurar el disfrute más am-plio posible de los derechos pertinentes dadas las circunstancias reinantes… [en tanto] aun en tiempos de limitaciones graves de recursos, cau-sadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad mediante la adop-ción de programas de relativo bajo costo” (conf. Observación General Nº 3, párr. 10, 11 y 12).

Es de importancia agregar que la Corte destacó que “la propia normativa local que rige esta materia pone en cabeza de la admi-nistración el deber de articular la intervención

de los distintos programas públicos que co-rrespondan actuar” (Considerando 15). Re-sulta relevante ese aspecto ya que compatibili-za con la noción de "integralidad" que alude a que los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes.53

Es dable destacar que si bien la sentencia, como todas las decisiones judiciales, en principio resuelve una causa o caso concreto la Corte no ignora que en la CABA existen infinidad de ca-sos similares al de la actora; no es preciso que lo afirme, puede sin reservas incursionar en este as-pecto. Tanto es así, que además el tribunal contó previamente con una audiencia informativa y de la disponibilidad de datos que colectó a través de un requerimiento expreso a las partes, con la de-bida información para conocer que existían re-cursos presupuestarios suficientes para resolver la problemáticas de las personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, que el Ins-tituto de la Vivienda de la CABA los había sube-jecutado, y que por tanto el Gobierno no había cumplido con la obligación de aplicarlos hasta el máximo de sus posibilidades.54

Uno de los jueces de la Corte Suprema, el Ministro Petracchi, expuso en esa misma sen-tencia que más allá de brindar una “exigua contención",55 la Ciudad “no ha cumplido con

53- Tal y como lo afirma el Relator Especial de Naciones Unidas en su informe sobre la realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1992: “todos los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. En síntesis, la integralidad la entendemos como lo plantea también el Relator Especial cuando afirma que “la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos Derechos Humanos y libertades fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos y libertades fundamentales”.

54- Christe, Graciela Elena, op. cit.

55- Considerando 14, último párrafo.



su obligación de implementar razonablemente el derecho a una vivienda digna en su juris-dicción”; “…no diseñó ni implementó políticas públicas que permitan que la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabili-dad personal, económica y social… tenga una verdadera oportunidad de procurarse un lu-gar donde vivir, con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad necesarias para preservar su integridad física, psíquica y moral56…”. Y agrega: “el segmento más vul-nerable de la población de la Ciudad no tiene garantizadas soluciones mínimas y esenciales en materia habitacional… tampoco existen po-líticas públicas, ni a largo ni a mediano plazo, destinadas a que estas personas logren acceder a un lugar digno para vivir".57 Por el contrario, señala, las medidas adoptadas “revelan que los recursos con los que cuenta el Gobierno local han sido utilizados de manera irrazonable des-de el punto de vista económico… la modalidad elegida… para enfrentar la emergencia habi-tacional resulta una de las más onerosas del mercado y, sin embargo, sólo otorga a sus be-neficiarios paliativos parciales e inadecuados”. Excluidos del mercado formal de alquileres las personas “no tienen otra opción que acudir a la renta de habitaciones en hoteles familiares que… exigen el pago de sumas excesivas por habitaciones pequeñas y precarias".58 Huelga decir que esta es una “omisión inconstitucional grave"59 que no puede ser justificada en razo-nes de índole presupuestaria; al menos no sin la prueba concluyente (a cargo de la autoridad púbica estatal) del "máximo esfuerzo" que exi-ge el PIDESC.60

56- Considerando 15.

57- Considerando 16, última parte.

58- Considerando 18.

59- Considerando 15 última parte.

60- Considerando 17

En suma, el fallo dictado por el Máximo Tri-bunal de la Nación contiene determinaciones precisas en cuanto al derecho a la vivienda, que bien pueden considerarse aplicables a todos los casos que en este fuero se plantean. Puntual-mente, se destacó el carácter operativo de los derechos sociales y la obligación de que ellos deben ser efectivos; encomendó a los jueces el control de las políticas públicas con la vara de la razonabilidad; confirió prioridad a los grupos desaventajados; determinó la insuficiencia de los subsidios, así como de los paradores o alber-gues como programas que contemplen adecua-damente la normativa constitucional; y además definió que el derecho a la vivienda digna exige contar con un alojamiento adecuado que pro-vea habitabilidad. Con palabras precisas lo ha significado la Corte al decir que “se impone que el Estado intervenga con asistencia social en for-ma integral” (Considerando 15 in fine).

Se desprende de esta sentencia, en línea con la doctrina internacional, la justiciabilidad ple-na de este derecho que da lugar a pretensiones exigibles ante la sede de los tribunales. Juega aquí en toda su extensión el control de razona-bilidad por parte del Poder Judicial que posa su mirada crítica sobre las actividades de quienes deciden las políticas públicas, a fin de verificar el ajuste de planes y programas concretos a los principios constitucionales.

Luego, esto implica para el Máximo Tribu-nal argentino la consagración de “una garantía mínima del derecho fundamental que consti-tuye una frontera a la discrecionalidad de los poderes públicos”,61 a la cual debe atenderse (sin excusas ya que no habría aptitud legal para

61- “…una provisión mínima de bienes y servicios puede ser reivindicada ante un tribunal…” por personas que viven en situaciones de extrema pobreza, supo decir en un viejo precedente la Sala II de nuestro fuero (Expte. 17.601/1, sent. del 8/11/05, autos "Ramírez Tito").



elegir actuar o no)62 habida cuenta que de ella depende que “una persona sea considerada tal en condiciones de extrema vulnerabilidad”.

• Causa “K.M.P.” y sus secuelas: Avances y retrocesos en la exigibilidad del derecho a la vivienda.

Ahora bien, para finalizar con los casos más trascendentes en materia de asistencia habitacio-nal como una de las labores de mayor relevan-cia cotidiana de la Defensa Pública, correspon-de reseñar brevemente los últimos precedentes del TSJ de la Ciudad que dan un panorama del estado de situación actual y de los obstáculos que debe sortear la Defensa, especialmente al abordar los casos de personas solas sin proble-mas de salud graves que los afecten.

62- En este orden de ideas, para el Comité existe una “obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos” (Obs. Gral. 3, párr. 10). “Garantizar el acceso a un hogar” figura entre las obligaciones básicas del derecho a la salud, respecto de las cuales “un Estado parte no puede nunca ni en ninguna circunstancia justificar su incumplimiento… [ya] que son inderogables” (Obs. Gral. 14, párrs. 43, lit. c, y 47 in fine). En estos casos el condicionante financiero tiene una modulación peculiar ya que conmina a una prueba de especial rigurosidad a cargo de la autoridad pública: demostrar que realizó “todo esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición” (Obs. Gral. 3, párr. 10 in fine) y para nada suprime deberes primordiales tales como los de vigilancia y elaboración de estrategias (íd. párr. 11) y muy especialmente de “proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo” (ibíd., párr. 12); cfr. también Corte Suprema in re «Q.C.,S. Y.» (cons. 14) donde se recuerdan estas mismas pautas en el marco del Protocolo Facultativo del PIDESC (aprobado por nuestro país mediante la Ley N° 26.663 y ya con vigencia internacional). A esa luz dijo el Tribunal: “el argumento de la utilización de los máximos recursos disponibles parece subordinado a un análisis integral por parte de la Ciudad de la asignación de sus recursos presupuestarios, que no podrá prescindir de la obligación primera que surge de los tratados a los que se comprometió la Argentina, que es dar plena efectividad a los derechos reconocidos en sus textos”.

Se trata de un conjunto de causas resueltas en fecha reciente a partir del reconocido caso “K.M.P.” (2014) que en sucesivas y cada vez más restrictivas versiones se filtra y adhiere a la de muchos tribunales inferiores (en especial de segunda instancia). La razón básica, elemental y hasta trivial que ensaya esta doctrina judicial viene dada por una interpretación restrictiva de quiénes son las personas que integran la catego-ría de sujeto vulnerable destinatario de tutela estatal. Esta visión promueve una distinción a partir de una lectura sesgada de la Ley local Nº 4.036, a partir de la cual se incursiona en la dis-criminación de las personas en situación de vul-nerabilidad en distintas categorías, y según per-tenezcan a una u otra, conllevará una respuesta diferenciada en cabeza del Gobierno local.

Desde esta lógica, distingue entre las perso-nas con discapacidad o una enfermedad crónica asimilable a tal63 (para lo cual aclara que no sería imprescindible contar con certificado de discapa-cidad) y a las personas adultas mayores64 respecto de las cuales cabe suponer que no superaran su situación de vulnerabilidad sino que ésta se pro-fundizará con el tiempo. Respecto de este grupo de personas, a las que luego se integra a las muje-res víctimas de violencia doméstica y/o sexual (con base a lo previsto en el art. 20 de la Ley 4.036),65 el tribunal propicia una obligación de alojamiento en cabeza del gobierno local y reenvía el caso a los tribunales de primera instancia para que, en la etapa de ejecución de sentencia, se precise cuál será el alcance de ese contenido.

Si bien a la fecha no se han podido concretar muchas ejecuciones que permitan establecer el contenido preciso del “derecho a un alojamien-to” al que alude el TSJ, no hay dudas de que

63- TSJ, “K.M.P.” (Expte. 9205/12, sent. del 21/3/14).

64- TSJ, “Valdez, Mario” (Expte. N° 9903/13, sent. del 4/06/14).

65- TSJ, “Sztern” (Expte. 9814/13, sent. del 15/04/14) y sentencia por reenvío de la Sala II del 21/11/14.



al menos esta prestación deberá garantizar una estabilidad y seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda que impida que la persona pueda ser desalojada, aunque el tribunal se encargó de aclarar que no necesariamente debe implicar la entrega en propiedad de una vivienda.

En cualquier caso, y en vista de las decisiones que se han ido tomando en la mayoría de los tribunales de instancias inferiores frente a este tipo de casos (personas con discapacidad, adul-tos mayores, o víctimas de violencia) se aprecia, en lo que a este segmento de la población bene-ficiaria se refiere, una progresividad en materia de exigibilidad del derecho a la vivienda por parte de los tribunales.

En este contexto, cabe hacer una especial men-ción a la decisión del TSJ adoptada en la ya citada causa “Sztern” y posteriormente la de la Cámara-de Apelaciones (Sala II) con motivo del reenvío que efectúa el máximo tribunal, por la especial protección que dispensa a las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y/o sexual. En este caso, el TSJ hace lugar al recurso de inconsti-tucionalidad deducido por la actora contra la sen-tencia de la Cámara que rechazaba la acción de amparo por considerar que no había acreditado su “situación de vulnerabilidad social”, de modo que no alcanzaba “el grado de excepción suficien-te como para considerarla dentro del umbral ne-cesario para acceder a la asistencia pretendida”. Al conceder el recurso, el máximo tribunal tuvo especialmente en cuenta las circunstancias fácticas del caso, en concreto, que la actora presentaba “…secuelas psicológicas debido a la violencia que fuera ejercida por su madre y hermano”.66 Tal ex-

66- En particular, tuvo en cuenta un psicodiagnóstico de salud de la actora presentado ante los estrados del tribunal donde se indicaba que la Sra. María Eugenia “presenta un cuadro psiquiátrico crónico, compatible con PSICOSIS INESPECÍFICA a la que se suma una debilidad mental moderada, ausencia de educación formal y/o especializada y dificultades notables con el lazo social. Este cuadro de evolución crónica se ha resuelto hasta el momento con una suficiente

tremo, hace variar la solución del caso adoptada por la Sala y encuadrar la solución dentro de lo previsto en el art. 20 de la Ley 4.036 en cuanto se dispone que: “El Gobierno de la Ciudad im-plementará acciones destinadas a: …3. Brindar albergue a las mujeres con o sin hijos que atra-viesen situaciones de violencia doméstica y/o se-xual. En todos los casos se brindara a las mujeres alojadas asistencia sicológica, asesoramiento legal, y patrocinio jurídico gratuito”, lo que significa, en palabras del tribunal, que la norma prevé un tratamiento especial para aquellas mujeres que hubieran atravesado “violencia doméstica” —que incluye la obligación de “brindar albergue”—. En consecuencia, se reenvía la causa a la Sala II para que dicte un nuevo fallo de acuerdo a las pautas sentadas por el TSJ. De este modo, la Cámara, al volver a considerar el caso, resalta la vasta canti-dad de normas que en el ámbito local protegen y ordenan medidas de asistencia integral a las vícti-mas de violencia familiar y doméstica desde una perspectiva física, psíquica, jurídica, económica y social. A la luz estas normas y de las probanzas arrimadas a la causa, la Sala destaca varios aspec-tos relevantes que se vinculan con la solución que se dará en el caso: el estado de salud y las secuelas actuales que presenta la actora como consecuen-cia de la violencia sufrida en su infancia y también al presente; la necesidad de la actora de acceder a un alojamiento adecuado a sus necesidades de salud, que entre otras cuestiones permitan ser alojada con su mascota, como único lazo afectivo

autonomía por parte de la Sra. Ma Eugenia, quien relata vivir en un hotel como un logro obtenido, resultado de los serios inconvenientes que sufriera en la convivencia con su madre”.En sentido concordante, el informe social acompañado en esa misma sede, ponía de relieve que: “Se advierte que las situaciones de violencia, hostigamiento y victimización que ha atravesado desde temprana edad por parte de sus allegados y familiares, ha impactado negativamente en su subjetividad. De este modo, presenta temor y desconfianza en vincularse con pares. Lo anterior repercute en sus posibilidades de inserción en el mercado laboral”.



positivo para su tratamiento;67 las dificultades de la actora para insertarse en el mercado laboral; la tramitación del certificado de discapacidad y la atención de salud de la actora. Teniendo en miras todos esos extremos, la Sala resuelve emitiendo una condena dual: por un lado “ordenar al Go-bierno de la Ciudad de Buenos Aires que brin-de a la actora un alojamiento en los términos del artículo 20 de la Ley N°4036, el que deberá reu-nir las condiciones adecuadas a sus necesidades, propiciando la superación o, cuanto menos, la mejora de su situación (…) el alojamiento deberá ser reservado —y su dirección no podrá ser pú-blica—, así como también compatible con el tra-tamiento que requiera su estado de salud —tanto física como mental— que, (…) sería consecuencia directa de la violencia que han ejercido sobre ella desde su primera infancia”, y a su vez, otra caute-lar y urgente “de conformidad con las facultades que conferidas en el artículo 19 de la Ley N° 2145, corresponde establecer que hasta tanto el GCBA dé cabal cumplimiento a lo establecido en el con-siderando precedente, deberá brindar, en el tér-mino de cinco (5) días, una solución habitacional compatible con el tratamiento terapéutico indica-do por los profesionales tratantes de la actora”.

No obstante los notables avances reseña-dos en las sentencias del TSJ que condenan al GCBA a dar “alojamiento adecuado” a determi-nados sectores de la población afectada, se ven fuertemente contrarrestados con respecto a la respuesta jurisdiccional disvaliosa y regresiva que adopta ese mismo tribunal respecto a las

67- Este aspecto de salud de la actora, ponía de relieve la inaptitud del hotel como medio de alojamiento adecuado. Cabe destacar que los sectores vulnerables que son asistidos por los programas gubernamentales quedan en la enorme mayoría de los casos limitados al alojamiento en hoteles —aun cuando generalmente no reúnen condiciones adecuadas para las personas afectadas—, por carecer estos de los requisitos que exigen el resto de los alojamientos que se ofrecen en el mercado inmobiliario (garantías reales o seguros) y a los cuales este segmento de la población no puede acceder.

personas solas sin discapacidad68 o sin patolo-gías severas, para lo cual se produce una supre-sión del caso de la categoría de “grupo vulnera-ble” o de “vulnerabilidad social”; luego, no se tiene derecho a exigir del Estado local ninguna clase de “acción positiva”, mucho menos aun, por supuesto, una prestación de naturaleza económica tendiente a sufragar gastos de alo-jamiento.

En la base del razonamiento bien puede decirse que hay una lectura única y lineal de las normas en juego, exégesis que no consulta con el postulado constitucional de remover la exclusión social ni tampoco con la definición del legislador sobre aquel estado de cosas. Se puede apreciar entonces, una regresión en ma-teria de exigibilidad del derecho habida cuenta que, sobre este punto no aportan nada más que una posición, bien dogmática por cierto, de una mayoría de jueces que insisten con doctrinas superadas, argumentaciones descalificadas por la máxima instancia federal y tesis contradichas por la legislatura local.

Esta tesis ha tenido repercusión también en algunas decisiones recientes, en especial de al-gunas de las Salas de la Cámara del fuero a par-tir de las cuales se acota aún más la categoría de sujeto vulnerable, llegando incluso a excluir de la tutela judicial a los hijos/as que han adquirido la mayoría de edad de la protección otorgada a sus familias en los pronunciamientos judiciales.69 Todo ello, bajo el prisma de considerar que una persona mayor de edad, sana, es decir, que no está afectada por una dolencia totalmente inca-pacitante para el trabajo, debe ser excluida de la

68- TSJ, “Almendras” (Expte. 10.241/13, sent. del 10/7/14); “Verri” (expte. 10.240/13) y “Pallares” (Expte. 10.181/13) (del 11/7/14).

69- CamCAyT Sala II, “Roque Azaña, Ruth Noemí” Expte. 28356/0, sent. del 11/04/13; “Carrizo, María Elena” Expte. 27629/0, sent. del 11/04/13, “Romero Graciela del Carmen” Expte. 43663/0 sent. del 03/09/14, entre muchos otros.



protección judicial.70 De esta forma dogmática, en las decisiones citadas, las Salas —en el voto que compone la mayoría— suplantan el análisis con-creto de las particularidades que caracterizan a hogares y personas pobres como sujetos vulnera-bles prescindiendo de la normativa aplicable (art. 6° Ley N°4036), aun cuando estas personas vivan en condiciones de pobreza extrema o incluso en la calle.71

También, como corolario de ese preceden-te, se derivan otros escollos procesales y sustan-ciales que la Defensa Pública debe sortear en el trámite cotidiano de las causas judiciales que se llevan adelante antes las distintas instancias. Uno de ellos se refiere al cumplimiento de la exigencia de determinado “arraigo” o “anclaje” en la Ciudad acreditable mediante una residen-cia efectiva en la jurisdicción en la cual deman-da asistencia, que según interpreta, se estable-ce en 3 años (adviértase que hasta los propios reglamentos administrativos eran más flexibles, exigiendo solo 2 años, quedando incluso la au-toridad administrativa facultada a excepcionar este recaudo). Este nuevo requisito que han em-pezado a exigir algunos tribunales siguiendo la directriz que propicia esa doctrina judicial, no consulta con la protección amplia que dimana del sistema internacional de protección de los Derechos Humanos que debe darse a los habi-tantes de la Ciudad más allá de la cuestión rela-tiva a la residencia, vinculada a un aspecto de la ciudadanía, más político que social.

Del mismo modo, abre la puerta para que el Estado local trate de evadir su responsabilidad primaria de asistencia en la materia solicitando

70- Pucciarello, Mariana “Subsidios habitacionales y desempleo: la jurisprudencia que retorna al pasado”, Cuadernos del MPD N°2 CABA, agosto 2015, p. 25 y ss.

71- Colombo, Leonora “¿Personas u hogares vulnerables? La exclusión de los hijos mayores de la protección otorgada en los amparos habitacionales”, Cuadernos del MPD N°2 CABA, agosto 2015.

la intervención del Estado Nacional en carácter de tercero en las actuaciones, lo cual ha susci-tado incluso algunos pronunciamientos de pri-mera instancia receptivos a este pedido.

Finalmente, cabe tener presente la tutela que se dispensa a los grupos familiares con niños sin problemas de salud ni discapacidad. Frente a estos casos, la respuesta que propicia la máxi-ma instancia local es aquella que proviene de las “políticas públicas” esto es, el mantenimiento del grupo familiar como beneficiario de las pres-taciones económicas que otorga el GCBA en el marco del “Programa de Atención a Familias en Situación de Calle”, acotando la asistencia a los topes monetarios reglamentarios que estable-ce el programa que de acuerdo a la reglamen-tación actual asciende a un máximo de $1800 pesos mensuales72 (conf. la última actualización mediante decreto 239/13). De este modo, el TSJ ha convalidado la constitucionalidad de los topes reglamentarios que fija el programa aun cuando es sabido que resultan insuficientes para acceder a un alojamiento en el mercado actual.73

Esta tesis ha sido en cierta medida atemperada por una lectura más flexible que propician varias decisiones emitidas recientemente por la mayoría de las Salas de la Cámara del fuero y con arreglo a las cuales se consideró que la “pauta rectora” a los fines de fijar el alcance concreto de la asistencia monetaria (transitoria vía medida cautelar o aun definitiva como condena de fondo), viene dada por el art. 8º de la Ley 4.036.74 Cabe aclarar que

72- Suma equiparable a un máximo de 10 cuotas de aproximadamente 180 dólares mensuales.

73- TSJ, “Abdala” Expte. 9963, del 14/8/14.

74- Ley 4036, artículo 8º. El acceso a las prestaciones económicas de las políticas sociales será establecido por la autoridad de aplicación contemplando los ingresos por hogar, de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas, de emergencia y/o en función de la demanda efectiva. En ningún caso podrá ser inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos



este grupo de sentencias reconoce que esta norma “en modo alguno se refiere a montos máximos” 75 sino que establece “un umbral mínimo y objetivo que no (puede) desconocerse”.76

El sentido de estos fallos, a su mejor luz, es realzar y hacer prevalecer, antes que un mero cálculo aritmético, el conjunto de variables que la ley toma en cuenta para establecer la cuantía de las prestaciones sociales: ingresos de la per-sona o del grupo familiar, situación económica y social, estado de emergencia (todo en línea con lo dispuesto en el art. 6º en torno a la situa-ción de vulnerabilidad), etc. De allí su énfasis “en las circunstancias de hecho de la causa, que no pueden ser desoídas”. Es decir, los indicado-res que procesa el GCBA por intermedio de su oficina técnica (datos que, como se señaló, cons-tituyen un “piso” y nunca un “techo” para las prestaciones económicas) pueden ser tomados como parámetros para cuantificar aquéllas.

(INDEC) o el organismo que en el futuro lo reemplace.

75- Sala I, Palomino González, Expte. A 64.229–2013/0, sent. del 8/9/14.

76- Sala II, Guerrero, Expte. A 1.721–2014/0, sent. del 5/2/15; Leguizamón, Expte. 42.989/0, sent. del 5/3/15. Ya es pacífico en los tribunales del fuero el recurso a los índices de precios y valores de canastas de consumo elaborados por la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Estadística y Censos. En estos casos se dijo que son “el punto de referencia adecuado a esos fines toda vez que se trata, en definitiva, del examen de subsidios concedidos en el marco de esta jurisdicción. Entonces, corresponde recurrir a los índices suministrados y publicados por el organismo referido para ajustar y, en su caso, evaluar en su razonabilidad, los importes otorgados por el GCBA en cumplimiento del mencionado programa social y para cada supuesto concreto”.

A partir del recorrido efectuado por la jurisprudencia más relevante en la materia podrá concluirse sin dificultad que, la programación ad-ministrativa local en materia de vi-vienda no ha sufrido variaciones po-sitivas de ninguna índole desde que fuera descalificada en duros térmi-nos por la Corte Suprema en 2012.

En esta línea de pensamiento, no es ninguna novedad decir que la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un problema serio, el que no puede ya ser considerado marginal ni de-rivado de una coyuntura, sino que la crisis es histórica y estructural. La brecha de implementación es abru-madora y deja bien en claro que un significativo número de familias y personas tienen vulnerado este de-recho fundamental.

En contraste, todos los planes gubernamentales implementados durante casi dos décadas han esta-do dirigidos a "paliar" la emergen-cia pero no fueron acompañados de políticas públicas sustentables que tendieran a revertir la crisis y brin-dar soluciones permanentes, defini-tivas o estables a los afectados. Este comportamiento, junto con otros tantos ocurridos a lo largo de los úl-timos años, permiten afirmar que la inacción y hasta la indiferencia, han sido la característica del GCBA en este área. La pasividad también se ve reflejada en el uso de los fondos que fija la Legislatura para hacer efectivo el derecho en juego.

Todo esto implica, de forma indisputable y en muy resumidas



cuentas, que todo el conjunto de deberes explícitos que impone el bloque de constitucionalidad, está incumplido por la autoridad admi-nistrativa local.

Tal como se destacó anterior-mente, la Corte Suprema al fallar el caso "Q.C.S.Y." reprochó "por insu-ficiente e inadecuado" el “menú de soluciones” que brinda la Ciudad de Buenos Aires, sea por la ausencia de planes de vivienda definitiva, la ba-rrera económica que supone para personas con ingresos de subsisten-cia las líneas de crédito que otorga el Instituto de la Vivienda o el carácter de mero atenuante (temporal y mo-netario) que significan los subsidios habitacionales. Parece claro que allí, el Alto Tribunal formuló una crítica omnicomprensiva a la política públi-ca local: “Si bien puede admitirse que no hay una única manera de respon-der al derecho a la vivienda, lo cierto es que las alternativas implementa-das por la ciudad no dan respuesta adecuada, definitiva y acorde a las extremas circunstancias que debe afrontar la recurrente”. Y no se trata de una cuestión de fondos o recursos presupuestarios. Tal como lo clarifi-có Corte Suprema: aunque se reco-nozca que esta intervención estatal es costosa para el Estado “no parece ser adecuada para resolver (esta) grave problemática”. En palabras enfáticas: “No se trata en esta situación de eva-luar el precio del servicio que paga el Estado y dado su costo dar por cumplido el deber que le incumbe, conforme a un estándar de realiza-ción de los derechos, sino de valorar

su calidad en cuanto a la adecuación a las necesidades del caso". Así, “(…) la inversión del Estado debe ser ade-cuada, lo que no depende únicamen-te del monto que éste destina, sino fundamentalmente de la idoneidad de la erogación para superar la situa-ción o paliarla en la medida de lo po-sible”. Parece estar ausente, establece el Tribunal, un análisis integral para encontrar la solución más eficiente y de “bajo costo” tal como recomienda el Comité DESC.77

En síntesis, sea que en la hora actual atendamos a la versión ori-ginal del programa "Atención para familias en situación de calle" (de-creto 690/06) o a cualquiera de sus reformas (decretos 960/08, 167/11 y 239/13), la conclusión que se im-pone es que el GCBA no ha consi-derado dentro de las prioridades de su agenda pública formas efectivas de resolución de la problemática de vivienda. En su lugar ha optado por respuestas "transitorias" de probada ineficiencia, ineficacia e insuficien-cia para atacar de raíz la crisis y las causas que la originan.

Ahora bien, frente a este estado de situación de las políticas públicas locales en la materia, podrá adver-tirse que la jurisprudencia local ha sido ondulante en cuanto al grado de exigibilidad que le ha reconoci-do a los derechos sociales y en par-ticular al derecho a la vivienda en el ámbito local. Tras un largo y sinuo-so recorrido jurisprudencial por las distintas instancias del fuero en los

77- Conf. Considerandos 13, 14 y 15 del voto mayoritario



casos reseñados podrá concluirse que existe una fuerte tensión en el seno del propio Poder Judicial lo-cal al momento de resolver los casos que llegan a sus estrados planteados por la Defensa Pública.

De un lado se pone de mani-fiesto la progresividad que reflejan aquellas decisiones del Tribunal Su-perior que se adoptan con respecto a las personas con discapacidad, o con enfermedades crónicas graves, los adultos mayores y las personas que han sufrido violencia doméstica y/o sexual, en la medida que prue-ben su condición de vulnerabilidad social. En estos casos, el máximo tribunal local dispensa una tutela amplia e integral a partir de la cual se conmina al Gobierno local a brin-dar soluciones de “alojamiento” su-peradoras en varios aspectos de los paliativos transitorios que derivan de la ejecución de los programas de emergencia habitacional. Este crite-rio ha sido seguido en gran medida por los tribunales inferiores y por las Salas que integran la Cámara, y cuando esto no ha sido así, el TSJ al tomar intervención en aquellas cau-sas reenvió los casos a las instancias correspondientes para que se dicten nuevos pronunciamientos de acuer-do con esa directriz.

Empero, ese criterio amplio dis-pensado a este segmento de la pobla-ción vulnerable, convive en la actua-lidad con su antítesis, que se refleja en las decisiones que se adoptan es-pecialmente respecto de las personas solas sin problemas graves de salud —también integrantes de un sector

vulnerable de la sociedad si se sigue una lectura genuina e igualitaria de la Ley local 4036—. A su respecto, el TSJ adopta una postura sumamente restrictiva y regresiva en materia de exigibilidad de los DESC pues al ex-cluirlos del sector “vulnerable” de la población concluye que no resultan ser destinatarios “prioritarios” de los programas gubernamentales de asis-tencia a las personas sin hogar.

Por su parte, esta tendencia re-gresiva respecto de las “personas so-las sanas”, así como la exigencia de cada vez mayores requisitos formales para acceder a las prestaciones de asistencia (el denominado “arraigo o anclaje” en la Ciudad) se ha impreg-nado en las decisiones de varios tri-bunales de primera instancia y aún de la mayoría de los magistrados que integran la Cámara de Apelaciones del fuero, excluyendo a aquel grupo de personas del derecho al goce del derecho a la vivienda digna. En ese marco, la realidad que se impone a este sector de personas igualmente pobres y vulnerables que habitan la Ciudad, es quedar relegadas a la asis-tencia que brinda el GCBA median-te hogares de tránsito y paradores, dispositivos que, tal como ha dejado bien en claro la legislatura local y la máxima instancia federal de nuestro país, a la luz de la labor del sistema internacional de los Derechos Hu-manos, no pueden ser considerados una vivienda digna y no permiten superar la situación de calle sino que la expresan en su ocurrir.



Personas menores de 60 años sin problemas graves de salud

Se rechaza la demanda y se considera al para-dor como alterna-tiva de asistencia habitacional.

GCBA

GCBA

GCBA

Subsidio

habitacional

por 10 meses

Subsidio

habitacional

por 10 meses

Subsidio

habitacional

por 10 meses

Se otorga un alojamiento abonado por el GCBAo créditos del IVC

Se dispone un subsidio habita-cional de u$s 120 ($1800 ARS) o ayuda económica actualizable por canasta básica mientras persista la situación de vulnerabilidad.

Personas *Mayores de 60 años *Con discapacidad *Víctimas de violencia

Familias monoparentales o biparentales con menores a cargo

Inte

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l MPD

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Gráfico Nº 3: Respuestas políticas y judiciales a la problemática habitacional de la Ciudad


I. En el artículo 181 del Código Penal argen-tino se prevé en tres incisos distintos el delito de “usurpación”, por el que se prohíbe que, mediante ciertas acciones específicamente esta-blecidas por la ley, una persona desapodere a otra de la posesión o tenencia de un inmueble, o del ejercicio de un derecho real sobre aquél; como así también que una persona pretenda el apoderamiento de un inmueble destruyendo o alterando sus límites, o la simple turbación de la mencionada posesión o tenencia .

Se trata de un conjunto de figuras delictivas que han sido incluidas entre los “delitos contra la propiedad” , aunque cabe aclarar que la doc-trina nacional y la jurisprudencia han estableci-do que no existe una equivalencia exacta entre el “derecho a la propiedad” amparado por el artículo 17 CN y la propiedad como bien jurí-dicamente tutelado por el Derecho Penal. En efecto, con esta herramienta punitiva se inten-ta tutelar, fundamentalmente, a la persona que tiene bajo su esfera de custodia el bien inmue-ble, y no a quien tiene el derecho a ocuparlo.

Conviene agregar que el delito de usurpa-ción no extiende su ámbito de aplicación a los bienes muebles; que, en general, el sujeto acti-vo puede ser cualquier persona; y que los me-dios comisivos están delimitados claramente por la ley penal, lo que significa, por ejemplo, que el despojo de la posesión o tenencia de una casa no será punible a menos que el autor haya hecho uso de “violencia, amenazas, enga-ños, abuso de confianza o clandestinidad”, tal como lo prevé el primer inciso del artículo que aquí se examina.

El despojo, el apoderamiento y la turbación no son hechos típicos, salvo cuando la acción se concreta en base a los métodos que este dispositi-vo legal incluyó con carácter excluyente de otros.

II. El delito de usurpación es de vieja data, pues ya se encontraba presente —aunque con

EL DELIto DE uSurPACIón Y LA PrESunCIón DE InoCEnCIA

Es necesario resaltar que el desalojo forzo-

so es aplicado como respuesta de corte pu-

nitivo para una serie de casos que reflejan

una problemática social severa, derivada del

déficit habitacional que afecta a la Ciudad

de Buenos Aires, sin una correcta y amplia

percepción de que está en juego el derecho

a la vivienda digna y a la protección integral

de la familia.



límites distintos a los actuales— en el llama-do “Código Tejedor” o “Proyecto Tejedor”, de 1867, un primer intento de codificación penal nacional. Tras numerosas modificaciones legisla-tivas, la configuración del actual artículo 181 se remonta a la sanción de la Ley 24.454, de 1995.

El examen dogmático de esta figura, como así también el análisis de la jurisprudencia na-cional y local, no pueden ser efectuados sin prestar minuciosa atención a las normas de la Constitución Nacional, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los tratados internacionales sobre Derechos Huma-nos, pero, por cierto, son tareas que tampoco pueden ser enfrentadas sin atender al llamado softlaw que emiten los organismos de control de esos instrumentos internacionales, como, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas.

En este marco es importante resaltar que la Ciudad de Buenos Aires, cuyo Poder Judicial tiene competencia para la investigación y el juz-gamiento del delito de usurpación, cuenta des-de 2007 con un Código Procesal Penal abierto a la implementación de soluciones alternativas al juicio. Es así que se ha recurrido a mecanismos que posibilitan que muchos procesos penales iniciados por la presunta comisión del delito de usurpación terminen sin la imposición de una posible pena. En este aspecto el uso de la “me-diación”, prevista en el artículo 204 de esa nor-ma procesal, es destacable y útil en la búsqueda de soluciones alejadas del uso de la fuerza por parte del Estado.

Sin embargo, se advierten dos grandes problemas en el sistema de administración de justicia local, al menos en lo que respecta a esta figura delictiva. Por un lado, la constante aplicación del artículo 335 del Código Procesal Penal, en el que se prevé el desalojo forzoso de inmuebles como medida cautelar previa a

la sentencia de condena; por otro, una mar-cada tendencia a usar el proceso penal como medio para lograr una restitución anticipada del inmueble a su propietario, medio que, en verdad, termina transformándose en el fin úl-timo de la actividad persecutoria.

Esta conclusión surge del innegable desequi-librio entre el número de procesos penales en trámite, el número de procesos penales que fi-nalizan con una sentencia condenatoria y el nú-mero de causas que no continúan una vez que se logra el desalojo, forzoso o voluntario, de los presuntos usurpadores de un inmueble. Según información suministrada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en-tre 2008 y mediados de septiembre de 2015 se iniciaron 7.792 procesos penales por el delito de usurpación, y en ese mismo período solo se dictaron 12 sentencias condenatorias.

III. En el art. 335 del Código Procesal Pe-

nal de la Ciudad de Buenos Aires, denomina-do “Restitución”, se establece, en lo que aquí interesa, lo siguiente: “En los casos de usur-pación de inmuebles, en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de elevación a juicio, el/la Fiscal o el/la jueza, a pedido del damnificado/a, podrá disponer provisional-mente el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble, cuando el derecho invo-cado fuera verosímil. Se podrá fijar una caución si se lo considerare necesario”.

A poco que se examinan las exigencias de esta norma afloran serios interrogantes y cuestiona-mientos puntuales, pues además —vale la pena aclararlo— se trata de un dispositivo legal que no ha sido complementado o acompañado con otras normas procesales (del mismo código o de otra ley) con las que el legislador local haya cubierto sus serios inconvenientes de constitucionalidad.

Si se lee con detenimiento ese artículo po-drá detectarse, por ejemplo, que es ciertamente


el Delito De usurPaCión y la PresunCión De inoCenCia

criticable que en un sistema acusatorio se le otor-gue al fiscal la potestad de ordenar, por decisión propia, el lanzamiento de los ocupantes de un in-mueble. Asimismo, el intérprete debería pregun-tarse cuál es el procedimiento que debe seguirse para adoptar una decisión de tamaña entidad; pero esta incógnita no es resuelta por el código.

Pues bien, el artículo 335 CPPCBA ha mere-cido innumerables críticas dogmáticas y ha sido blanco de incontables planteos ante los tribuna-les de la Ciudad de Buenos Aires, muchas veces con resultados adversos para quienes corren el riesgo cierto de sufrir una medida de fuerza y quedar en situación de calle.

Iv. A continuación, y en virtud de lo señala-do hasta este punto, se propone una breve críti-ca en torno al artículo 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la base de diversos derechos y garantías constitu-cionales que se ponen en juego a la hora de su aplicación en un caso concreto.

En primer lugar, es necesario resaltar que el desalojo forzoso es aplicado como respuesta de corte punitivo para una serie de casos que reflejan una problemática social severa, deriva-da del déficit habitacional que afecta a la Ciu-dad de Buenos Aires, sin una correcta y amplia percepción de que está en juego el derecho a la vivienda digna y la protección integral de la fa-milia. De allí que resulte necesario enmarcar el análisis de la norma que se cuestiona desde esta perspectiva, ya que de la interpretación que se efectúe dependerá, en última instancia, la efec-tividad de estos derechos.

Es que, en este marco, la tutela de los de-rechos sociales debería ser abordada desde una perspectiva que supere la respuesta penal, pues “un error muy habitual en el que incurren nues-tros tribunales penales al examinar los casos de conflictividad social es el de pensar los derechos desde la ley penal y no desde la Constitución o,

en el mejor de los casos, el de mirar la Consti-tución desde la perspectiva del derecho penal”.

En particular, el bloque de constituciona-lidad consagra varios derechos sociales, entre los cuales sobresale el derecho de acceder a una vivienda digna. En el artículo 14 bis CN se establece el derecho de “acceso a una vi-vienda digna”, complementado y desarrollado por varios de los instrumentos internacionales incorporados tras la reforma constitucional de 1994, particularmente, por el Pacto Inter-nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En efecto, en el artículo 11 inc. 1º PIDESC se prevé “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivien-da adecuados, y una mejora continua de sus condiciones de existencia”.

El PIDESC es, quizás, el más categórico, pero el derecho a la vivienda también está pre-visto por la DUDH (art. 25.1); la DADDH (art. XI); la CADH (art. 26), que remite a las normas sociales de la Carta de la OEA; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 14.2.h); la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 27.3); la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los traba-jadores migratorios y de sus familiares (art. 43 inc. 1, ap. d)); y por la Convención Internacio-nal sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (art. 5.e. III).

La CSJN ha resuelto que los tratados deben ser interpretados conforme las decisiones, reco-mendaciones y jurisprudencia de los organismos internacionales de Derechos Humanos (CSJN, Fallos, 315:1492, considerando 21º; 318:514, considerando 11º; 327:3312; 328:2056), entre los cuales se distingue, tratándose del alcance del indicado art. 11 inc. 1º PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sus precisas recomendaciones.



Así, en sucesivas observaciones generales se ha exhortado a los Estados signatarios a asegu-rar la satisfacción de los niveles esenciales de los derechos sociales, pues por debajo de esos um-brales se estaría violando el pacto. También se aludió a la obligación de adoptar las medidas necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en el pacto, se trate de reformas legislativas o de la disposición de actos concretos hasta la consecución de dichos dere-chos, lo antes posible. Del mismo modo, se hizo referencia a la obligación de derogar aquellas normas jurídicas que resulten manifiestamente contrarias a sus obligaciones y la adopción de aquellas necesarias para hacer efectivos los de-rechos sociales.

Concretamente, el Comité PIDESC definió los alcances del derecho a la vivienda en las Ob-servaciones Generales Nº 4 y Nº 7. El Estado argentino, en tanto ha ratificado los instrumen-tos internacionales de Derechos Humanos que consagran el derecho a la vivienda, es respon-sable por su cumplimiento frente a la comuni-dad internacional. Las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios son igualmente responsables y sus acciones comprometen tam-bién la responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional.

Con relación a este último aspecto, en el con-siderando 12 del fallo “Q.C.,S.Y c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo” (CSJN, Fallos, 335:452), la CSJN, después de reconocer que los derechos sociales consagran “obligacio-nes de hacer” a cargo del Estado, examinó la razonabilidad de las respuestas institucionales implementadas por el gobierno local frente a la problemática que afecta a las personas en situa-ción de calle. Y si bien la situación de la actora, en aquél caso, estaba teñida de una particular gravedad (en atención a la grave patología que afectaba a su hijo), muchas de las considera-ciones desarrolladas en ese fallo pueden ser

trasladadas al análisis que merece la eventual aplicación del artículo 335 CPPCBA.

En segundo lugar se puede sostener que en el artículo 335 CPPCBA se desconoce el prin-cipio de presunción de inocencia y la garantía de juicio previo, al tiempo que se aparta de los principios que rigen las medidas cautelares en el marco del proceso penal. En este último as-pecto debe resaltarse que una orden de allana-miento para lograr la restitución de un inmue-ble a sus propietarios es una medida que no tiene por objeto asegurar los fines del proceso, ni evitar los eventuales “peligros procesales”. En verdad, este tipo de medidas se acerca peli-grosamente a una pena sin una sentencia con-denatoria previa.

Resulta ilegítima toda medida que, a título de precaución, signifique lo mismo que la sen-tencia de condena, razón por la cual su legiti-mación debería depender, en todo caso, de que resulte “absolutamente indispensable para ase-gurar la investigación y la actuación de la ley”, extremo que no es suficientemente contempla-do en el artículo 335 CPPCBA. En otras pala-bras, esta disposición legal permite afectar los derechos de los ocupantes de un inmueble sin ningún fin cautelar, pues se puede hacer apli-cación de esa norma con independencia de que exista algún riesgo procesal que impida cumplir con los fines del proceso.

Si bien se ha aceptado la legitimidad de cier-tas medidas de coerción que se adoptan duran-te el curso del proceso penal, y que funcionan como verdaderas restricciones al estado consti-tucional de inocencia —como, por ejemplo, la prisión preventiva, la imposición de medidas restrictivas no privativas de libertad, el secuestro o la clausura—, ello solo resulta constitucional-mente admisible cuando la medida es dispuesta para evitar algún riesgo procesal concreto. En cambio, en ausencia de dichos riesgos, cualquier medida que pretenda restringir los derechos del



imputado antes de la sentencia definitiva resulta constitucionalmente cuestionable.

En tercer lugar, el artículo 335 CPPCBA, en tanto permite disponer el desalojo forzoso de los ocupantes de un inmueble aun cuando exis-te la posibilidad de acudir a otras alternativas menos gravosas, es una medida que no respeta las exigencias constitucionales de proporciona-lidad y de ultima ratio de las medidas de coer-ción penal, pues habilita a los jueces y a los fis-cales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a disponer desalojos forzosos en cualquier caso.

A esto se suma que la norma cuestionada vulnera el derecho de defensa en juicio porque no garantiza a los imputados, ni a los demás sujetos que resultarán afectados por la medida (por ejemplo, ocupantes de buena fe que nin-guna vinculación tienen con una presunta usur-pación), la posibilidad de ser oídos con carácter previo a la adopción de una medida de tan gra-vosas consecuencias. En efecto, la herramien-ta procesal bajo examen afecta el derecho a la defensa “técnica” y “material”. En esta última vertiente el derecho incluye la posibilidad que tiene el imputado de intervenir personalmente en el proceso, tomar conocimiento de la impu-tación, declarar, dar su explicación de los he-chos, proponer medidas probatorias, preguntar a los testigos y controlar directamente la prue-ba, más allá de la actividad que pueda desarro-llar su defensor.

Pues bien, el artículo 335 CPPCBA resulta incompatible con el derecho consagrado en el artículo 18 CN, porque no establece la obliga-ción del Estado de escuchar a los interesados y a sus defensores en una audiencia dispuesta a tal fin. Es más, ese dispositivo legal ni siquiera im-pone la obligación de hacer saber al imputado cuál es la acusación que se dirige en su contra.

En suma, el artículo 335 CPPCBA es incons-titucional porque permite, en estos términos, disponer el desalojo forzoso de los ocupantes

de un inmueble sin fijar como requisito de vali-dez el aseguramiento de que los afectados por la medida puedan plantear las cuestiones fácticas y jurídicas que consideren conducentes para la correcta resolución del problema.

Pues bien, las críticas constitucionales no ter-minan aquí, pues corresponde reiterar que esta norma faculta al fiscal a ordenar un desalojo for-zoso, constatación que permite sostener una vul-neración al derecho a una tutela judicial efectiva frente a decisiones que pueden generar serias restricciones a derechos de orden constitucional.

Este cuadro se cierra con la verificación de que esta norma no dispone ningún tipo de me-dida de protección sobre la persona o las perso-nas que serán el blanco o target de una medida cautelar que privilegia, como se ve, el derecho a la propiedad. En efecto, para ordenar el allana-miento de un inmueble y el lanzamiento de sus ocupantes el legislador local no estableció, como requisito previo o paralelo a la verificación de la viabilidad legal de la medida, un deber a cargo del juez de poner a resguardo, aunque sea pro-visoriamente, el derecho a la vivienda de quie-nes sufrirán la orden. La respuesta paliativa a esta notoria falencia fue puesta en práctica, con el paso del tiempo, en base a decisiones judi-ciales adoptadas con cierta cautela y en base a protocolos de actuación —no siempre respe-tados–—emitidos por la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires, aunque resulta difícil emitir una conclusión estadística sobre los resul-tados concretos de estas acciones de tutela.

Una última e importante mención merece el sistema de recursos judiciales que contempla el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, como así también la forma en que aquél ha sido aplicado en esta materia por la judicatura. En el artículo 280 CPPCBA se establece que “El recurso de apelación se concederá al solo efecto devolutivo, salvo que se disponga lo contrario”, y en el artículo 267 de la misma ley, ubicado en



el capítulo que prevé las disposiciones generales de todos los recursos, se dispone que “Las reso-luciones judiciales no serán ejecutadas durante el término para recurrir, ni durante la tramita-ción del recurso, en su caso, salvo disposición ex-presa en contrario, o que se hubiera ordenado la libertad del imputado/a”. Pues bien, la criti-cable técnica legislativa de ambas normas, como así también la percepción de que el artículo 335 CPPCBA contempla una suerte de “medida cau-telar” (que, por regla de principio, no permite el efecto suspensivo de un recurso de apelación), son las razones por las cuales en el ámbito de la justicia local ha sido errática la jurisprudencia en torno al momento en que corresponde ejecutar una orden de desalojo.

En un primer momento se verificó una ten-dencia —por cierto no muy clara— hacia la con-cepción de las órdenes de desalojo como resolu-ciones ejecutables de inmediato, sin interferencias sobre ello por la eventual interposición de un recurso de apelación. Más tarde, por un acuerdo plenario de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Bue-nos Aires, se dispuso que las órdenes de desalojo no debían cumplirse hasta tanto fuesen resueltos los eventuales recursos de apelaciones que los imputados y sus defensas pudieran interponer. Pero, por último, esta tendencia jurisprudencial volvió a cambiar, toda vez que la misma Cámara de Apelaciones modificó su postura anterior, de-jando sin efecto ese acuerdo plenario previo.

En conclusión, en los procesos penales en los que se investiga la presunta comisión del delito de usurpación, cuando se adopta una medida cautelar de tanta importancia como lo es una orden de allanamiento para la expulsión de los ocupantes de un inmueble, el derecho al recur-so que contemplan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ar.t 8.2.h) y el Pac-to Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5) es puesto en jaque, sobre todo si se

tiene una concepción amplia de este derecho, tal como lo ha definido la Comisión IDH en el Informe Nº 17/94, de fecha 9 de febrero de 1994, en el caso “MAQUEDA vs. ARGENTI-NA” (caso Nº 11.086): “la protección de los de-rechos y libertades consagrados en la Conven-ción no requiere necesariamente la apelación directa sino que requiere la disponibilidad de un recurso de revisión que al menos permita la revisión legal por un tribunal superior del fa-llo y de todos los autos procesales importantes, incluso la legalidad de la prueba y que permita con relativa sencillez al tribunal de revisión exa-minar la validez de la sentencia recurrida en ge-neral, así como el respeto debido a los derechos fundamentales del imputado en especial los de defensa y el debido proceso”.

v. Los criterios jurisprudenciales que se desprenden de los fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contra-vencional y de Faltas no han variado signifi-cativamente desde la última transferencia de competencias penales al ámbito del Poder Ju-dicial de la ciudad. De todos modos, existen ciertos hitos históricos en esta materia que me-recen ser identificados.

En primer lugar, corresponde destacar que, con posterioridad a una sucesión de planteos de inconstitucionalidad del artículo 335 CPPCBA, y a que las tres Salas de la Cámara de Apelacio-nes mencionada dispusieron el rechazo de tales cuestionamientos, el Tribunal Superior de Jus-ticia emitió un fallo en el caso “GÓMEZ, Cris-tian s/infr. art. 181 CP” (Expte. Nº 8.142/12, con sentencia de fecha 25/2/12), en el que re-solvió definitivamente sobre la constituciona-lidad de las medidas de desalojo y restitución anticipadas, convalidando así la validez de esa herramienta cautelar del modo en que ha sido aplicada por los jueces.



En dicho precedente los señores Jueces Ana María Conde y Luis Francisco Lozano dijeron que “La invocación del derecho a la vivien-da que formula la defensa, aunque puede dar cuenta de necesidades como las ya aludidas en el párrafo que antecede, no permite descalifi-car la adecuación constitucional del art. 335 del CPPCABA ni solucionar a partir del proceso penal el déficit habitacional denunciado. Esto último no solo excede con toda evidencia el al-cance del juicio en trámite, sino que también desborda la garantía prevista por la CCABA en materia de vivienda (voto de los jueces Conde y Lozano ‘Alba Quintana, Pablo c/ GCBA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de incons-titucionalidad concedido’, Expte. Nº 6754/10, sentencia del 12/05/10)” (considerando 9.5).

Es importante señalar que el TSJ ha esta-blecido que las resoluciones que disponen el desalojo forzoso de un inmueble no resultan sentencias definitivas, ni equiparables a ese tipo de decisión, para habilitar la intervención de dicho órgano judicial antes de la sentencia que pone fin a la causa. Sin embargo se ha verifica-do que, cuando la medida es rechazada por el juez y quien recurre es el MPF, el mismo tri-bunal ha dispuesto que sí debe ser equiparada a una sentencia definitiva porque los derechos que ese Ministerio Público protege no pueden ser postergados.

Ahora bien, en el año 2009, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en pleno y por unanimidad, resol-vió que, “(…) a los efectos de asegurar el de-recho de defensa en juicio y en el caso parti-cular cuando los jueces de primera instancia dispongan la medida cautelar del art. 335 del CPPCABA in fine y la misma sea apelada, el recurso tiene efecto suspensivo”. A partir de esta Acordada Nº 4/2009, los jueces y juezas de primera instancia, en su mayoría, optaron por comenzar a postergar la ejecución de desalojos,

en los términos del artículo 335 CPPCBA, has-ta tanto la medida fuese confirmada, al menos, por esa misma Cámara de Apelaciones.

El problema frente a esto es que, una vez dictada la sentencia confirmatoria de ese tribu-nal de segunda instancia, en general los jueces de la instancia anterior efectivizaban la medida, aun cuando estuviera pendiente de resolución algún recurso extraordinario ante el Tribu-nal Superior de Justicia de la ciudad, dato que pone de manifiesto el limitado respeto ofrecido al derecho al recurso y a las reglas de la cosa juzgada. No está de más hacer hincapié aquí en que el efecto suspensivo que se le otorgue, o no, a los recursos que prevé la ley frente a una decisión judicial adversa para el imputado tiene una consecuencia directa sobre el ejercicio pleno del derecho al recurso, pues si la medida de exclusión se dispone antes de que la resolu-ción adquiera firmeza es evidente que el recur-so pierde todo efecto útil.

De todos modos, durante el año 2014 los jueces que integran la Cámara de Apelacio-nes, en un nuevo acuerdo plenario, dictaron la Acordada Nº 4/2014, en la que establecieron lo siguiente: “En atención a que la Acordada Nº 4/2009 de esta Cámara de Apelaciones no ha servido suficientemente al propósito de unifi-car criterios sobre el tema que diera motivo a su dictado, por unanimidad resuelven dejarla sin efecto en procura de una mayor seguridad jurídica”. A su vez, tres de los magistrados agre-garon que ello resultaba conveniente en razón de lo que había sido resuelto el 12 de marzo de 2014 por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el expediente Nº 10.721/14.

Es preciso tener en consideración que, des-pués de un caso muy resonante en los medios de comunicación, en el que se hizo pública la toma de un predio en la zona de Villa Soldati (predio al que se denominó “Papa Francisco”), quien por entonces era el Fiscal General de la



Ciudad de Buenos Aires se presentó ante el Tri-bunal Superior de Justicia a través de una “ac-ción declarativa de inconstitucionalidad” para lograr que ese tribunal resolviera la inconsti-tucionalidad de la Acordada Nº 4/2009. Pues bien, el TSJ rechazó formalmente la acción del titular del Ministerio Público Fiscal, pero, entre las razones expresadas a tal fin, se dejó entrever que las acordadas no tienen valor para los jue-ces de primera instancia.

La toma del predio mencionado (“Papa Francisco”) llevó a la apertura y tramitación de la causa Nº 2.287/14, “JIMENEZ, Roberto Clau-dio y otros s/infr. art. 181, inc. 1º CP”. En esa causa se dispuso el desalojo del predio, medida que fue recurrida y confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones. Como dato desta-cable se debe indicar que en esa resolución, de fecha 19 de marzo de 2014, la Cámara de Ape-laciones prestó especial atención a los derechos individuales y a los instrumentos internaciona-les en juego, disponiendo en consecuencia que se implementaran, para la ejecución del lanza-miento, todas las medidas pertinentes para re-ducir riesgos potenciales . Sin embargo, no es esta la misma preocupación reflejada en otras resoluciones del mismo tribunal, sobre todo en los casos en los cuales el número de personas que sufrirán el desalojo es menor al que se veri-ficaba en el caso que aquí se comenta.

vI. Frente a una serie de problemas que fue-ron advertidos por la defensa pública en torno al modo de tramitación de las causas penales por la presunta comisión del delito de usur-pación, la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires dispuso en el mes de agosto de 2010, como criterio general de actuación para todos los defensores públicos de la ciudad, la obligación de propugnar la vigencia de las ga-rantías constitucionales, y de “plantear la in-constitucionalidad del artículo 335 del CPP”.

Pero en la misma resolución también se esta-bleció: (a) el deber de los defensores de solicitar la interrupción de cualquier desalojo forzoso en que la presunta víctima del hecho sea el Estado; (b) el deber de los defensores, previo al desalo-jo, de pedir la notificación “a todas las personas que serán desalojadas la fecha del lanzamien-to, y el destino alternativo a donde serán tras-ladadas, el que deberá revestir la condición de vivienda adecuada, en los términos del art. 11 del PIDESC”; (c) el deber de la defensa pública de asistir a las personas “para que se presenten ante el juez y la autoridad administrativa, para que puedan exponer sus puntos de vista y opi-niones al respecto”; y (d) el deber de los defen-sores, en el caso de presencia de niños, niñas y adolescentes, o personas afectadas en su salud mental, de “requerir que se ponga en conoci-miento del proceso al Ministerio Público Tute-lar para que intervenga en las actuaciones”.

Estas decisiones de la Defensoría General de la Ciudad fueron adoptadas en base a un por-menorizado examen de los derechos constitu-cionales en juego, a la enumeración de fallos de tribunales nacionales y locales que se expidie-ron sobre el asunto, y en base a un fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Fiscal c. Vila”, de fecha 10 de octu-bre de 1996, que giraban en torno a una norma similar al art. 335 CPPCBA. En aquella oportu-nidad la CSJN estableció lo siguiente: “en razón del respeto a la libertad individual y a la libre disposición de los bienes de quien goza de una presunción de inocencia por no haberse dicta-do sentencia condenatoria, las atribuciones de carácter coercitivo cautelar personal o real que se otorgan al juez de instrucción deben adop-tarse con la mayor mesura que el caso exija, respetándose fundamentalmente el carácter provisional de la medida y observando que su imposición sea indispensable y necesaria para satisfacer —con sacrificio provisorio del interés



individual— el interés público impuesto para evitar —en ciertos casos— que el presunto deli-to siga produciendo sus efectos dañosos”.

vII. El problema, en torno a este último criterio de actuación, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del fallo emi-tido en el caso “Escobar, Silvina y otros s/inf. art. 181, inc. 1º, CP”, con fecha 1º de agosto de 2013, ha desconocido legitimación a la Asesoría Tutelar para intervenir en los casos de usur-pación cuando dentro de los inmuebles se en-cuentran niños, niñas y adolescentes que, como es lógico, también sufren las consecuencias del desahucio. El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad se había pronunciado en igual sentido en el expte. Nº 6.895/09, “Ministerio Público —Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autóno-ma de Buenos Aires— s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘N.N. (Yer-bal 2635) s/ inf. Art. 181, inc. 3, CP –inconstitu-cionalidad—’”, con fecha 12 de julio de 2010.

El problema principal que se desprende de los precedentes jurisprudenciales mencionados es que se le impide una participación activa a un sujeto procesal que coadyuva a la tutela de los derechos de las personas menores de edad, y que ha luchado por el reconocimiento de su intervención frente a situaciones de gravedad y con independencia de que los niños que sufri-rán el desalojo no sean acusados de haber parti-cipado en la supuesta usurpación.

vIII. Ahora bien, para completar el examen del artículo 335 CPPCBA, y de la forma en que esta norma se aplica en la Ciudad de Buenos Ai-res, debe señalarse que la Cámara de Apelacio-nes del fuero, en el mismo sentido que el TSJ, sostiene que el desalojo anticipado para la res-titución del bien inmueble a su propietario tie-nen como fin evitar la subsistencia de los efectos del delito. Se trataría de una medida cautelar

que no afecta de manera inconstitucional los derechos y garantías del imputado, pero que solo puede adoptarse tras la verificación de los requisitos de procedencia que establece la ley.

Son innumerables los fallos emitidos hasta la finalización de este trabajo, y por ello conviene tomar al azar y revisar una sentencia emitida por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas para obser-var cuáles son los fundamentos sobre los que se basan los jueces que rechazan la inconstitucio-nalidad del art. 335 CPPCBA.

En el caso “F. R., M. E. y otros s/infr. art. 181 CP”, ese tribunal fijó su posición sobre la base de los siguientes argumentos: (a) que “la medida cautelar dispuesta en el art. 335 in fine CPPCA-BA tiene por objeto evitar que se tornen iluso-rios los derechos de quien la solicita: la protec-ción anticipada de los derechos que se invocan”; (b) que “el lanzamiento solo tiene por finalidad el cese de los efectos del delito de usurpación”; (c) que “resulta difícil advertir cómo la restitu-ción del bien inmueble… puede resultar asimi-lable a una sanción impuesta a los ocupantes de dicho bien, quienes indudablemente gozan de la presunción que se deriva del art. 18 CN”; (d) que “si se entiende por sanción la privación a una persona de un derecho…, no se advierte cómo el desalojo de personas de un inmueble respecto del cual no demuestran vínculo jurí-dico alguno pueda entrañar tal situación”; (e) que, conforme a los pronunciamientos del TSJ, “la orden de restitución no puede ser calificada como una pena o sanción anticipada porque, como el derecho de propiedad sobre el inmue-ble no queda abarcado por el ámbito propio del pleito, sería difícil hablar de una privación de ese derecho que pueda configurar una pena. En realidad, si la medida es dispuesta válidamente, la única privación que podría provocarle a sus ocupantes sería la de una ventaja, beneficio o “provecho”, cuyo mantenimiento, de acuerdo a



los elementos que deben existir y valorarse en la decisión, carecería de un mínimo respaldo”.

Ahora bien, una vez decido el rechazo del planteo de inconstitucionalidad, el mismo tri-bunal dejó sentada su posición en torno a los requisitos de procedencia —o la falta de ellos—en el caso, y es en este marco que se estableció lo siguiente: (a) que “tal como se desprende de la norma citada [art. 335 CPPCBA], que se efectúe en forma previa la intimación de los hechos en los términos del art. 161 CPP CABA no resulta un requisito indispensable para la procedencia de la medida en cuestión, pues el art. 335 an-tes citado establece que la restitución del bien puede efectivizarse en cualquier estado del pro-ceso…”; (b) que “tampoco es posible exigir en esta etapa del proceso…, a partir de las pruebas hasta aquí recolectadas, precisiones acerca de la autoría y/o participación de los ocupantes del inmueble, ni ello obsta a que pueda disponerse la restitución del mismo. Ello pues, admitir la necesidad de que en forma previa a la restitu-ción del inmueble se deba acreditar la autoría y participación de cada una de las personas que se encuentran en el inmueble, resulta una exi-gencia no establecida legalmente, ni necesaria en esta instancia del proceso donde aún no se efectuó imputación alguna y menos aún se re-quirió un juicio, sino que se encuentra todavía en la etapa de investigación”.

Como se puede apreciar, a partir de la lectu-ra de estos fundamentos, el tribunal menciona-do no analizó en profundidad las razones por las cuales en estos casos no está en juego el principio de presunción de inocencia, de la misma forma que omitió toda referencia al marco normativo constitucional y convencional que debe aplicarse para alcanzar una decisión ajustada a derecho. En este sentido, es preciso destacar que en con-tra de la garantía de la defensa en juicio y de las observaciones del Comité DESC, los jueces que fallaron en este caso no entendieron que fuese

un problema, como obstáculo rotundo para po-der emitir una orden de desalojo, la verificación de que los imputados no habían sido escuchados y de que el Ministerio Público Fiscal, al menos hasta ese momento, no había logrado distinguir la intervención en el delito de cada ocupante del inmueble que, finalmente, fue desalojado por la decisión de esa Sala.

El recurso de apelación y los desalo-jos anticipados

A continuación se presenta el resultado de un limitado relevamiento estadístico efectuado a partir del ingreso de causas penales, por la presunta comisión del delito de usurpación, en las dos defensorías públicas que tienen compe-tencia ante la Cámara de Apelaciones en lo Pe-nal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, que es el tribunal de segunda instancia que, por vía de apelación, revisa las decisiones que adoptan los tribunales de garan-tías en los conflictos vinculados, en este caso, con el desalojo anticipado de inmuebles (art. 335 del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires). Cabe aclarar que el material re-levado es el total de causas ingresadas en am-bas dependencias, desde que fueron puestas en funcionamiento en el mes de octubre de 2012, motivo por el cual no se incluye aquí la realidad estadística ligada a los procesos penales en lo que la defensa técnica es ejercida por abogados particulares.

La importancia de esta información está dada por la verificación de que la Defensa Pú-blica tiene una fuerte participación en los pro-cesos que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires por la comisión del delito de usurpación, pero también por el marcado activismo que los defensores públicos han tenido en este tipo de



casos, impugnando de manera consistente las decisiones adoptadas por los jueces de prime-ra instancia por las que se habilita el uso de la fuerza y el desalojo forzoso de inmuebles. Esta insistente actividad recursiva se vincula, a su vez, con los ya mencionados criterios generales de actuación que emitió la Defensoría General de la Ciudad en su momento.

1) Defensoría de Cámara Nº 1 (período: octubre de 2012/septiembre de 2013).

Una vez hecho el relevamiento del período indicado se observa, con relación a la proble-mática que aquí se examina, que se registró el ingreso de siete causas en la Defensoría de Cá-mara Nº 1.

Como segundo punto se observa que seis de esos expedientes ingresaron porque el desalojo dispuesto por el juez de primera instancia había sido recurrido por la defensa, mientras que solo un caso arribó a esta instancia como consecuen-cia de una apelación interpuesta por el Ministe-rio Público Fiscal.

El resultado es que la Cámara de Apelacio-nes en lo Penal Contravencional y de Faltas dis-puso el desalojo en el total de los expedientes (cinco expulsiones confirmadas por la Sala I, una confirmada por la Sala II, y, finalmente, una confirmada por la Sala III).

Una vez consultadas las defensorías públicas de primera instancia se constató que se efectivi-zó el desalojo en los siete casos.

2) Defensoría de Cámara Nº 2 (período: octubre de 2012/septiembre de 2013).

Una vez hecho el relevamiento del período indicado se observa que se registró el ingreso de quince causas en la Defensoría de Cámara Nº 2.

Como segundo punto se observa que nueve de estos quince expedientes ingresaron debi-do a que el desalojo dispuesto por el juez de primera instancia fue apelado por la Defensa, mientras que en solo tres casos el expediente hizo su ingreso a esa instancia como conse-cuencia de recursos introducidos por el Mi-nisterio Público Fiscal frente a decisiones que denegaron la restitución. También cabe desta-car que tres de todos estos casos fueron impug-nados únicamente por la Asesoría Tutelar de primera instancia.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Con-travencional y de Faltas dispuso el desalojo en nueve de los quince casos (cuatro confirmados por la Sala I, tres confirmados por la Sala II y dos confirmados por la Sala III), lo que repre-senta un porcentaje del 60 % del total de los incidentes tramitados.

Efectuada una consulta con las defensorías públicas de primera instancia se corroboró que se hizo efectivo el desalojo en los nueve casos en que la Cámara de Apelaciones dispuso la medida.

3) Defensoría Nº 1 (período: septiembre de 2013/septiembre de 2014).

En este período se registran veintidós casos in-gresados a la Defensoría de Cámara Nº 1, vincula-dos a esta problemática. Catorce de estos veintidós incidentes ingresaron porque el desalojo dispues-to por el juez de primera instancia fue apelado por la defensa, mientras que siete casos fueron elevados a la Cámara de Apelaciones por recursos del Ministerio Público Fiscal. A esto se suma que en un caso apeló solo la parte querellante.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Con-travencional y de Faltas dispuso el desalojo en quince de las veintidós causas (seis confirma-das por la Sala I, seis confirmadas por la Sala II y tres confirmadas por la Sala III), lo que



representa un porcentaje del 68,18 % del total de los incidentes ingresados.

Finalmente cabe señalar que, efectuada la correspondiente consulta, se corroboró que los desalojos forzosos fueron ejecutados en los quince casos en los que la Cámara de Apelacio-nes ordenó esta medida.

4) Defensoría Nº 2 (período: septiembre de 2013/septiembre de 2014).

En este período se registró el ingreso de dieciocho incidentes a la Defensoría de Cáma-ra Nº 2, vinculados a esta problemática. Trece de estos dieciocho incidentes ingresaron debi-do a que el desalojo dispuesto por el juez fue apelado por la defensa, mientras que tres lo hicieron por recursos de la acusación pública. También es importante expresar que dos de estos casos fueron apelados únicamente por la Asesoría Tutelar.

La Cámara de Apelaciones dispuso el desalo-jo en doce de las dieciocho causas (tres fueron confirmadas por la Sala I, seis por la Sala II y tres por la Sala III), dato que representa un porcentaje del 66,6 % del total de los expedien-tes ingresados.

Finalmente, efectuada la consulta con las de-fensorías de primera instancia se corroboró que se hizo efectivo el desalojo de los doce casos en los que ese tribunal de alzada ordenó el desalojo.

5) Defensoría de Cámara Nº 1 (período: septiembre de 2014/septiembre de 2015).

Una vez hecho el relevamiento por el perío-do indicado se observa que desde el 1º de sep-tiembre de 2014 hasta el cierre de este trabajo se registra el ingreso de trece incidentes a la De-fensoría de Cámara Nº 1.

Como segunda cuestión se observa que diez de estos incidentes ingresaron porque el desalo-jo dispuesto por el magistrado de la instancia anterior fue apelado por la defensa, mientras que tres casos fueron apelados por el Ministerio Público Fiscal.

La Cámara de Apelaciones dispuso el desalo-jo de seis de los trece expedientes (dos resolu-ciones de la Sala I, dos de la Sala II, y dos de la Sala III), lo que representa un porcentaje del 46,15 % del total.

Finalmente, efectuada la pertinente consul-ta con las defensorías de primera instancia, se corroboró que se ejecutaron los desalojos de los seis casos en los que la Cámara de Apelaciones dispuso la medida.

6) Defensoría de Cámara Nº 2 (período: septiembre de 2014/septiembre de 2015).

En este último período se observa que ingre-saron dieciséis causas a la Defensoría de Cáma-ra Nº 2. Además, que seis de estos dieciséis inci-dentes ingresaron porque el desalojo dispuesto por el juez de primera instancia fue apelado por la defensa, mientras que en nueve casos no se había hecho lugar al desalojo y, en con-secuencia, recurrió el Ministerio Público Fiscal. La causa restante fue recurrida únicamente por la Asesoría Tutelar.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Con-travencional y de Faltas dispuso el desalojo en nueve causas, en comparación con los dieciséis expedientes ingresados (tres por la Sala I, dos por la Sala II, y cuatro por la Sala III) lo que representa un porcentaje del 56,25 % del total.

A la fecha del presente informe hay cinco causas que aún no están resueltas; una en la que se declaró la incompetencia en favor de otra ju-risdicción; y una en la cual el desalojo se efectuó por la vía civil. Esto demuestra que durante este



período en ningún caso fue rechazado el pedi-do fiscal de restitución.

Finalmente, efectuada la consulta telefónica con las defensorías de primera instancia, se co-rroboró que se hizo efectivo el desalojo de los nueve casos en los que la Cámara de Apelacio-nes dispuso esa medida.

A partir de los datos reunidos se arriba a la conclusión de que en más del 60% de los expedientes que in-gresaron a las Defensorías Oficiales con competencia ante la Cámara de Apelaciones ese tribunal dispuso la restitución de los inmuebles.

Esto muestra un panorama cier-tamente preocupante, sobre todo si se tiene en consideración que estos resultados estadísticos solo corres-ponden una fracción del total de órdenes judiciales que se dictan en torno a la aplicación del art. 335 CPPCBA. Cabe recordar que no to-das las órdenes de restitución son recurridas, como así también que existe un universo de procesos pe-nales en los que interviene la asis-tencia letrada particular, universo sobre el cual resta realizar un pro-fundo estudio estadístico. A esto se suma, por lo demás, que existe otro grupo de causas penales por este delito que, habiendo ingresado a la Cámara de Apelaciones, todavía no han sido resueltas por ese tribunal.

Finalmente es importante re-saltar, en función de lo señalado en puntos anteriores, la marcada disparidad existente entre los ca-sos en los cuales se recurre a esta medida cautelar y los casos que son

derivados a la efectiva realización de un juicio oral y público. En este marco puede afirmarse que la polí-tica criminal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ha estado pre-ponderantemente enfocada, desde el año 2008, hacia el logro de la restitución de inmuebles a sus pro-pietarios, restándose importancia a la realización de un juicio y la ob-tención de una sentencia condena-toria, declarativa de la existencia del delito y de la responsabilidad penal de quien, previamente, fue acusado como presunto usurpador, y desalo-jado por la fuerza.

Esto no implica sostener que el Ministerio Público Fiscal debería impulsar la acción en estos casos y, por ende, realizar más juicios que los que propone, reduciendo así la aplicación de soluciones alter-nativas o la cantidad de casos que terminan con un archivo dispuesto, de oficio, por el fiscal de la causa. En verdad, estos datos reflejan una situación inquietante: en la Ciu-dad de Buenos Aires se recurre de manera reiterada al uso de la he-rramienta prevista por el art. 335 CPPCBA, aun con todos los cues-tionamientos constitucionales que aquélla provoca, en procesos pena-les en los cuales debería privilegiar-se, con mayor firmeza, el debido respeto por la presunción de ino-cencia y un mayor cuidado con re-lación a la suerte de quienes sufren este tipo de medidas coercitivas.


Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los asentamientos y villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires


“Integrac ión e igualdad en e l derecho a la c iudad y reconoc imiento de la cu l tura popular” .

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en los asentamientos y villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Nota Nº 4: Sur Capitalino, 23 de agosto, 2014.


En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal como se sostuvo oportunamente, mientras la población se mantiene constante, la cantidad de personas que reside en las villas78 o asentamien-tos precarios se incrementó en más de 50% en-tre 2001 y 2010 (último periodo intercensal).79

78- Si bien en algunos casos se diferencia a las villas y asentamientos, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, al compartir sus principales características (hacinamiento, trazado irregular, falta de acceso a servicios públicos, etc.), a los fines de este informe, serán utilizadas como sinónimos.

79- Suele entenderse que las villas constituyen asentamientos poblacionales no planificados, de trazado irregular, surgido de la ocupación de terrenos fiscales o privados, cuyas viviendas están construidas en su mayoría de materiales. La infraestructura de servicios públicos en un principio son realizadas en forma autogestionada. Por su parte, los Núcleos Habitacionales Transitorios son un conjunto de viviendas multifamiliares que tiene las mismas condiciones habitacionales y morfológicas que las villas. La principal diferencia es que surgieron por voluntad estatal que localizó a una población en casas construidas para ser transitorias hasta que se construyeran las viviendas definitivas o se otorgara una solución habitacional definitiva. Esta situación final es la que nunca se produjo y el crecimiento poblacional y edilicio, y el deterioro de la infraestructura de servicios públicos generó que las condiciones habitacionales y del hábitat sean idénticas a la de las villas. Por ejemplo, esto sucedió en el N.H.T. conocido como Barrio Ramón Carrillo.Los Nuevos Asentamientos Urbanos son una categoría que surge en la Ciudad de Buenos Aires a partir de un informe elaborado en el año 2006 por la Defensoría del Pueblo. Entre las principales características distintivas que allí se indican, se destaca el hecho de que surgieron o incrementaron su densidad poblacional y edilicia luego del año 2001, y que no están reconocidos por las leyes históricas relacionadas a las villas precisamente por no existir al momento de la sanción de estas (por ejemplo, por la ordenanza N° 44.873). A su vez y con relación al nivel de consolidación, se invoca que “Las casillas o ranchos son de chapa y cartón, los techos se improvisan con bolsas, plásticos y cartones y los pisos son de tierra o cascotes apisonados. El nivel de consolidación de las construcciones es mínimo o directamente inexistente (…)”.Lo antedicho no resulta en absoluto acertado ya que estas diferencias, en los hechos, carecen de relevancia para realizar distinciones sustanciales entre villas y nuevos asentamientos urbanos. Actualmente, tanto las condiciones de habitabilidad como el grado de consolidación de ambos son prácticamente idénticos. Finalmente, se puede agregar a los asentamientos propiamente dichos. La única referencia normativa a los asentamientos propiamente dichos se encuentra en la Ley Nº 3.706 que como se mencionara anteriormente, en el art. 2 se dispone que se consideran personas en riesgo a la situación de calle a quienes habitan en estructuras temporales o asentamientos.

LoS DErECHoS EConóMICoS, SoCIALES Y CuLturALES En LoS ASEntAMIEntoS Y VILLAS DE LA CIuDAD AutónoMA DE BuEnoS AIrES.

En las villas se concentra la violación de nu-

merosos Derechos Humanos, por la carencia

de infraestructura y de provisión de servicios

públicos básicos, la falta de acceso al equi-

pamiento comunitario, las dificultades para

una integración social real con el resto de la

ciudad formal y en algunos casos, incluso la

falta de seguridad en la tenencia, con el con-

secuente miedo a los desalojos forzosos.



Cuadro Nº 13: Población residente en villas de emergencia, asentamientos, y núcleos habitacio-nales transitorios. Ciudad de Buenos Aires. Años 1962 – 2010]

Villa o asentamiento 1962 1976 1980 1991 2001 2010*

Total 42.462 213.823 37.010 52.608 107.422 163.587

1-11 -14 4.467 36.515 3.114 4.894 21.693 25.973

2 5.538 - - - - -

3 846 48.737 2.097 3.503 7.090 10.144

4 116 - - - - -

5 789 - - - - -

6 3.405 13.775 1.982 5.604 7.993 9.511

7 203 - - - - -

8 255 370 169 - - -

9 80 - - - - -

10 36 375 184 - - -

12 1.355 1.600 1.436 1.943 - -

13-13bis 112 355 319 266 621 482

15 1.946 14.579 7.137 5.167 9.776 15.568

16 150 200 180 110 118 162

17 775 1.750 714 554 784 471

18 647 - - - - -

19 1.258 9.000 2.438 2.006 3343 4.010

20 4.322 21.305 4.144 7.460 16323 19.195

21-24 334 12.120 6.525 10.822 16108 29.782

22 68 - - - - -

23 43 - - - - -

25 768 - - - - -

26 52 125 117 220 456 636

27 185 - - - - -

28 407 1.250 - - - -

29 4.598 9.105 - - - -

30 2.872 12.264 - - - -

31-31 bis 6.731 24.324 796 5.668 12.204 26.492

32 37 75 67 - - -

33 67 120 108 - - -

35 - 75 - - - -


los DesC en los asentamientos y villas De la Caba

36 - 180 157 - - -

37 - 75 67 - - -

38 - 75 67 - - -

39 - 105 108 - - -

40 - 95 - - - -

42 - 81 72 - - -

43 - 153 153 - - -

NHT Av. Del Trabajo - 1.558 1.525 1.645 1.735 1.836

N.H.T. Zavaleta - 2.367 2.110 2.572 4.814 2.906

NHT O. Cruz - 1.115 1.224 -

B° Calaza - - - 174 - -

Piletones - - - - 2328 5.218

Calacita - - - - 640 499

Reserva Ecológica - - - - 356 1.795

Saldías - - - - - 482

Otros asentamientos 8.425

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base de datos censales.

Según datos del censo 2010, unas 163.587 personas viven en una villa de la CABA repre-sentando aproximadamente un 52% más que la población residente en 2001 y el 211% más que la residente en 1991.80

En las villas se concentra la violación de nu-merosos Derechos Humanos, por la carencia de infraestructura y de provisión de servicios públicos básicos, la falta de acceso al equipa-miento comunitario, las dificultades para una

80- En 1991 un 1,8% de población residente en la ciudad de Buenos Aires se localizaba en villas o asentamientos. Diez años más tarde, en 2001, el porcentaje trepó al 3,9%, lo que implicó un crecimiento relativo del 116%. Como ejemplo, la villa 21-24 (en el Barrio de Barracas) es la villa más poblada ya que residen allí casi 30.000 personas luego de haber experimentado en el período un importante crecimiento (84,9%).

integración social real con el resto de la "ciudad formal" y en algunos casos, incluso la falta de seguridad en la tenencia, con el consecuente miedo a los desalojos forzosos.

En este contexto, el Ministerio Público de la Defensa cumple un rol esencial al tener a su cargo gran parte de las causas judiciales que involucran a las villas de la Ciudad, en las que cientos de miles de personas se ven afectadas, requiriendo la intervención del Poder Judicial por la violación a diversos Derechos Humanos que no solo incluyen la vivienda, sino que abar-can la falta de un hábitat adecuado, falta de ac-ceso a la educación, salud e integración social y urbana, entre otros.



Cuadro Nº 14: Población en villas y asentamientos de las Comunas 1, 4, y 8. CABA. 2010.

Comunas Villas y asentamientos Población en villas y asentamientos

Comuna 1 (Zona centro) Villa 31 y 31 bis, Rodrigo Bueno. 28,287

Comuna 4 (Zona sur) NHT Zavaleta, Villa 21-24, El Pueblito y Mar Dulce, Magaldi, Bosch, Villa 26, El triángulo y Lamadrid.

35,557

Comuna 7 (Zona sur) Villa 1 - 11 - 14, Villa 31 Bis. 26,455

Comuna 8 (Zona sur) Los Pinos / Portela, Bermejo / M. Auxiliadora / B. Obrero, Scapino, Calacita, Piletones, NHT AV. Del Trabajo. Villa 20, INTA (Villa 19), Villa 17, Villa 16, Ciudad Oculta (Villa 15), Fátima (Villa 3).

60,802

Total población en villas y asentamientos en Comunas 1, 4, 7 y 8. 150,101

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010.

ciudad.82 Este proceso estuvo acompañado con la paralización de todas las obras de construc-

comedor, dormitorios, baño y toilette para cada cuatro locales de primera, cocina, lavadero, garaje, depósito, servicios centrales de calefacción, agua caliente y/o aire acondicionado. Confortable: no podrán figurar más ambientes que: escritorio, antecocina o antecomedor o comedor diario (siempre que su separación con el ambiente principal esté perfectamente definida), una habitación de servicio y un baño de servicio; un cuarto de planchar. El living y el comedor o el living – comedor no deben exceder en conjunto de 42m2 de superficie. Lujosa: no podrán figurar más que: ascensor en las unifamiliares; ascensor con acceso privado o un solo departamento por piso; ascensor de servicio, siempre que el mismo esté perfectamente caracterizado como tal; hasta tres habitaciones y tres baños de servicio, living o living – comedor que excedan los 42m2 de superficie. Suntuosa: no podrá figurar más que: aquellas que reuniendo las características indicadas en el inciso anterior, tengan su construcción complementada con detalles suntuosos e importantes ambientes de recepción, más de tres habitaciones y tres baños de servicio; pileta de natación, cuerpo independiente para vivienda de servicio, etc.” GCABA (2006).

82- Los barrios de Palermo, Caballito, Villa Urquiza y Puerto Madero. Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) de la Dirección General de Estadística y Censos; (2012), Cuaderno de Trabajo N°13. La otra cara del boom de la construcción y el consumo: dificultades para el acceso al crédito hipotecario para la compra de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/cuadernos_cedem_2012_013.pdf

Reflexiones introductorias en torno a los derechos de los habitantes de las villas de la Ciudad

La problemática de las villas no puede com-prenderse de forma aislada. El crecimiento de la población que allí reside se da en un contexto con determinadas características. Posteriormen-te a la crisis sociopolítica y económico-financiera que atravesó la Argentina a fines del año 2001 y principios del año 2002 en la que se profundi-zaron las condiciones de pobreza y segregación espacial, se fortaleció un proceso de promoción de la inversión privada y construcción inmobi-liaria, que tuvo características particulares en la Ciudad de Buenos Aires. La demanda de suelo urbano para el desarrollo inmobiliario se incre-mentó notablemente y se mantuvo hasta 2006 en alza por el ininterrumpido crecimiento de la superficie solicitada para construir motorizado fundamentalmente por la edificación de vivien-das de primera categoría,81 orientadas a sectores de altos ingresos en determinados barrios de la

81- “Categorías de vivienda: “Sencilla: No podrán figurar más ambientes que: porche o vestíbulo, sala de estar o



ción de viviendas sociales “nuevas” por parte del Gobierno de la Ciudad. En los últimos años, después de la desaceleración de la construcción desde 2008 a la actualidad, ha aumentado la proporción de viviendas sencillas pero las vi-viendas lujosas y suntuosas siguen representado en promedio aproximadamente un tercio de los permisos demandados.83

Tal como se desprende de los datos consig-nados, la dificultad de acceso a una vivienda constituye un problema estructural para secto-res medios y bajos de la población. Esto ya que el precio de los inmuebles no ha tenido relación alguna con el aumento de los salarios en dicho periodo sumado a las escasas posibilidades de acceso al crédito para dichos sectores y, por otro lado, los requisitos para los alquileres resultaron demasiado exigentes por lo que las condiciones de habitabilidad de numerosos grupos de la po-blación se volvieron más deficitarias.

Por ello, en función del incremento de los precios para habitar en la ciudad, los sectores más vulnerables se vieron obligados a buscar viviendas en condiciones más deficitarias que las que tenían o directamente debieron migrar de la ciudad hacia la provincia de Buenos Ai-res, principalmente, lejos de su centro de vida. Aquellos que se quedaron en la ciudad, princi-palmente en busca de una mayor centralidad para los empleos, se fueron mudando a villas y asentamientos.

Al respecto la Relatora Especial sobre una vi-vienda adecuada de Naciones Unidas en ocasión de su visita a la Argentina84 ha expuesto que, “las

83- Asesoría General Tutelar (AGT) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible. Informe de Actualización 2008 - 2011, Eudeba, 2013.

84- Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto, Raquel Rolnik, (2011), Informe sobre su misión a Argentina, Asamblea General, Consejo de Derechos

ocupaciones de tierras y viviendas han represen-tado en la historia reciente argentina la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares. Según varias fuentes, en los últimos años, los asentamientos y ocupaciones se habrían además multiplicado en distintas aéreas urbanas del país, y además de las villas de emer-gencias tradicionales se estarían multiplicando asentamientos precarios que, a diferencia de las villas tradicionales, se sitúan en terrenos inade-cuados para su urbanización, tienen condiciones de habitabilidad extremadamente precarias, y ca-recen de infraestructura y servicios elementales”.

El derecho a la urbanización de los habitantes de las villas de la Ciudad

La Constitución de la Ciudad reconoce es-pecíficamente el derecho que tienen las villas a que se las integre social y urbanísticamente, principalmente a través de la provisión de ser-vicios públicos, aportando la infraestructura ne-cesaria y regularizando la situación dominial.85

A su vez, este reconocimiento también se en-cuentra expresamente reconocido en el Plan Ur-bano Ambiental de la Ciudad (PUA),86 que es la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa

Humanos, 19º período de sesiones, A/HRC/19/53/Add.1, 21 de diciembre.

85- La Constitución de la Ciudad (CCABA) en su art. 31 dispone que la Ciudad reconoce “el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado” y que para ello: “1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. 2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.”

86- Ley Nº 2.930.



urbanística y las obras públicas.87 El mismo dispo-ne entre sus objetivos88 para la mejora del hábitat de los sectores sociales de menores ingresos, y las condiciones de calidad ambiental el lineamiento de implementar e intensificar las acciones de me-joramiento de las situaciones habitacionales críti-cas que puedan ser resueltas sin traslado, como la urbanización de villas.

Por su parte, en la Ley Nº 148 se declara de atención prioritaria a la problemática Social y Habitacional en las villas y núcleos habitacionales transitorios. A su vez, crea una Comisión Coordi-nadora Participativa (CCP)89 que tiene como prin-

87- Art. 29 de la Constitución de la Ciudad: “La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el art. 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras publicas.” Y en el art. 1 del Plan Urbano Ambiental, Ley Nº 2.930 se prevé que “La presente Ley constituye el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas.”

88- Texto del art. 8:“Los objetivos del PUA se refieren tanto a la mejora del hábitat de los sectores sociales de menores ingresos, como a las condiciones de calidad ambiental que debe guardar el hábitat residencial en su conjunto, con la debida preservación de las características singulares que otorgan identidad y diversidad a los distintos espacios urbanos.A los fines del cumplimiento del propósito enunciado, se establecen los siguientes lineamientos: (…) d. La promoción de políticas de vivienda asequible para la población en situación de déficit habitacional, a través de las siguientes acciones:1. Facilitar la resolución habitacional de los sectores socioeconómicos con dificultades de acceso al mercado inmobiliario; 2. Implementar e intensificar las acciones de mejoramiento de las situaciones habitacionales críticas que puedan ser resueltas sin traslado (urbanización de villas; regulación de intrusiones; mejoras en inquilinatos, hoteles y pensiones; resolución de conjuntos habitacionales); 3. Implementar soluciones de las restantes situaciones habitacionales (ocupación del espacio público; casas y edificios tomados) asignando a dicho fin el uso de inmuebles fiscales (predios resultantes de las expropiaciones, autopistas, etcétera).”

89- Art. 4: La Comisión Coordinadora Participativa se integrará de la siguiente forma: a. Representación del Poder Ejecutivo de la Ciudad: Se integrará con la participación permanente de un representante de cada

cipal función diseñar los lineamientos generales de un Programa de Radicación y Transforma-ción definitiva de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios90 que contempla la urbanización in-tegral y la integración de las villas al tejido social, urbano y cultural de la ciudad, mediante la aper-tura de calles, el desarrollo de infraestructura de servicios, la regularización parcelaria, la creación de planes de vivienda social.

Esta ley también reconoce el derecho de los habitantes de las villas a que éstas sean urba-nizadas y establece un mecanismo institucional

Secretaría del Gobierno de la Ciudad, con rango no inferior al de Subsecretario. También podrán participar aquellos funcionarios del Gobierno de la Ciudad que tengan responsabilidad directa e inmediata en la aplicación de las políticas de emergencia habitacional y social. b. Representación de la Legislatura de la Ciudad: Se integrará con siete (7) diputados, garantizando la representación de todos los Bloques Legislativos que posee la misma. c. Representación de los vecinos: Se integrará con un representante por cada villa o NHT comprendido dentro de la presente ley que haya sido electo en comicios regulares, 3 representantes de la Federación de Villas, Núcleos y Barrios Marginados de la Ciudad (FEDEVI) y 3 representantes del Movimiento de Villas y Barrios Carenciados. En aquellas villas o NHT que no tengan regularizada su representación, su integración se realizará tomando como base la última elección abierta realizada. Para su validez, se solicitará el acuerdo de la Federación de Villas, Núcleos y Barrios Marginados de la Ciudad (FEDEVI), el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados y Los presidentes de los barrios regularizados.

90- Este, debe contemplar: a) Un relevamiento integral que describa las condiciones poblacionales de los barrios afectados; b) La regularización dominial de las tierras e inmuebles afectados; c) La urbanización integral y la integración de estos barrios al tejido social, urbano y cultural de la ciudad mediante la apertura de calles, el desarrollo de infraestructura de servicios, la regularización parcelaría, la creación de planes de vivienda social, el fortalecimiento de la infraestructura de servicios y la recuperación de las áreas urbanas adyacentes; d) El desarrollo de políticas sociales activas e integrales y el equipamiento social, sanitario, educacional y deportivo; e) La planificación participativa presupuestaria de los recursos que se determinen como necesarios para la ejecución del programa; y f) La incorporación, a través de metodologías autogestionarias, de los pobladores afectados al proceso de diagramación, administración y ejecución del programa.



participativo91 para la elaboración y ejecución de los proyectos de urbanización.

En conclusión, la Constitución de la Ciudad, aprobada en el año 1996, y las leyes dictadas en consecuencia, brindan herramientas suficientes para comprender el derecho que asiste a los ha-bitantes de las villas de la CABA a ser urbaniza-dos, especificando además los alcances de lo que implica esa “integración urbanística y social”.

En la actualidad suele emplearse el término integración socio-urbanística o re-urbanización, porque la urbanización para los pobladores de las villas tiene el sesgo de la política de destruc-ción de las viviendas existentes en su totalidad y la construcción de viviendas nuevas sin contemplar el esfuerzo conjunto y las decisiones colectivas rea-lizados por los villeros en la construcción de sus casas desde los inicios. Lo que se propugna ahora es la consolidación de las viviendas existentes y no su demolición para la construcción de nuevas.

De esta forma, las cuestiones que deben res-petarse y garantizar esta re-urbanización de una villa son:

Cuestiones que deben respetarse en los proce-sos de re-urbanización de villas

• Radicación definitiva en el lugar en el que se encuentran asentadas, es decir, sin desalojos forzosos ni relocalizacio-nes por fuera del polígono de la villa (art. 31 CCBA).

• Atención prioritaria social y habitacio-nal, lo cual implica también prioridad presupuestaria (Ley N° 148).

91- En la CCABA, en su art. 1, se establece que la Ciudad organiza sus instituciones autónomas como Democracia Participativa. Es decir, en cada una de las políticas que elabore e implemente el GCBA debe dar participación a la ciudadanía y a los integrantes del colectivo que será afectado por la política.

• Relevamientos integrales que describan las condiciones poblacionales de los ba-rrios afectados (estudios de base) y los censos de población con las nóminas de los hogares (Ley N° 148 y Ordenanza N° 44.873).

• Integración al tejido social, urbano y cultural de la ciudad y recuperación de las áreas urbanas adyacentes (Art. 31 de la CCABA, Ley N° 148).

• La recuperación de las viviendas pre-carias, es decir, el mejoramiento y ade-cuación de las viviendas a condiciones de vida digna (Art. 31 de la CCABA y Ordenanza N° 44.873).

• La apertura de calles (Ley N° 148 y Or-denanza N° 44.873).

• El desarrollo y fortalecimiento de la in-fraestructura de servicios (Ley N° 148 y art. 31 de la CCABA).

• La creación de planes de vivienda social (Ley N° 148).

• Relocalización de la población directa-mente afectada por las obras (Ordenan-za N° 44.873)

• La resolución del déficit habitacional. Esto implica otorgar una solución habi-tacional a todas las familias de la villa, tanto a “propietarios” como a “inquili-nos” y a cada una de las familias que se encuentren en estado de hacinamiento. Un procedimiento de urbanización no puede contemplar únicamente la solu-ción habitacional de un grupo de fami-lias, al contrario, debe brindar solucio-nes habitacionales definitivas a cada una de ellas (art. 31 de la CCABA).

• El desarrollo de políticas sociales activas e integrales y el equipamiento social, sanitario, educacional y deportivo (Art. 31 de la CCBA y la Ley N° 148).

• La incorporación, a través de metodolo-gías autogestionarias, de los pobladores



afectados al proceso de diagramación, administración y ejecución del pro-grama y la planificación participativa presupuestaria de los recursos que se determinen como necesarios para la eje-cución del programa (Art. 1 de la CCA-BA y Ley N° 148).

• La regularización dominial y catastral (parcelaria) de las tierras e inmuebles afectados (Art. 31 de la CCBA, Ley N° 148 y Ordenanza N° 44.873).

Así, un proyecto de urbanización debe con-templar cada uno de estos puntos y debe ser elaborado en conjunto entre funcionarios del gobierno local (representantes del Poder Ejecu-tivo y Poder Legislativo) y representantes de las villas en el ámbito de la Comisión Coordinadora Participativa (CCP). Hasta que este proyecto no se encuentre elaborado y aprobado no se po-drían otorgar títulos de propiedad (art. 10 de la Ordenanza N° 44.873).

En algunas villas de la Ciudad, este orden no es respetado, sino que la política llevada a

cabo por el Poder Ejecutivo consiste en entre-gar títulos de propiedad sin garantizar el resto de los derechos constitucionales y humanos de sus habitantes.

Leyes de urbanización particulares

Más allá de la normativa general ya descrip-ta, existen leyes específicas dictadas por la Le-gislatura de la CABA92 en las que se refuerza la voluntad de urbanizar determinadas villas.

Estas continúan con los dos lineamientos principales que establece la Constitución lo-cal, el Derecho a la ciudad y la democracia participativa,reafirmando cuál es el modelo de re-urbanización que el ordenamiento jurídico de la Ciudad reconoce: a) la integralidad que implica que la re-urbanización va más allá de la regularización dominial (entrega títulos de propiedad) y b) la necesidad de contar con la participación de los representantes de las villas en las decisiones involucradas en la elaboración del proyecto de re-urbanización.

92- Así, podemos citar la rdenanza N° 44.873 (Creación de la zonificación U31 que otorga los parámetros urbanísticos para distintas villas de la ciudad), las leyes N° 403 (urbanización del Barrio Villa 1-11-14), N° 1.333 (urbanización del Barrio Ramón Carrillo), N° 1.770 (urbanización del Barrio Villa 20), N° 1.868 (Urbanización de la Villa 21-24), N° 3.343 (urbanización del Barrio Carlos Mugica, ex Barrio Villa 31-31 bis), N° 4.232 (Zonificación villa N° 19), N° 5.197 (Zonificación del Barrio Cildañez- Ex villa 6), y N° 5.235 (Creación de Barrios Nuevos en la Comuna N° 8).

Plan de urbanización

Aprobación

Titulación



Ley N° 403: Se crea el Programa de Planeamiento y Gestión Participativo de

la Villa 1-11-14 destinado a: elaborar, ejecutar y verificar el Plan

Integral de Urbanización a través de una Mesa de Planeamiento

Participativo conformada por representantes de la villa.

Ley N° 1.770: Se dispone la urbanización de la Villa 20 y se ordena que dicha urbanización debe contemplar la

tipología edilicia, emplazamientos, apertura de calles, equipamiento de servicios y saneamiento

del suelo. A su vez, se establece el procedimiento participativo de la audiencia pública.

Ley N° 1.868: Se aprueba un convenio marco entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Gobierno de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, y una asociación de la Villa 21-24 en el que: se crea la Unidad de Gestión Conjunta

integrada por el GCBA (Instituto de la Vivienda-IVC), el Ministerio de Desarrollo Social y la Mutual. Tiene la función de

determinar los planes de acción que se deban llevar a cabo para la ejecución de las obras en la villa, estableciendo

un cronograma de actividades y la distribución de tareas. Entre las tareas se detalla las mesuras, subdivisiones

parcelarias, elaboración de proyectos de reordenamiento urbano, infraestructura y mejoramiento de viviendas.

Ley N° 3.343: Se ordena la urbanización de la Villa 31-31bis (Barrio Carlos Mugica) y se crea la “Mesa de Gestión y Planeamiento

Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis”, integrada por representantes del

barrio, que tiene como principal función la planificación e implementación del proceso de urbanización. El plan debe

contemplar la construcción de viviendas nuevas, la consolidación de las existentes, la apertura de la vía pública y el

equipamiento e infraestructura a fin de alcanzar la integración total a la trama urbana del barrio y la periferia.

Ley N° 1.333: Se declara la emergencia ambiental y de infraestructura del Barrio Ramón Carrillo y se ordena

la adecuación de la infraestructura respecto a la red de desagües cloacales y pluviales, la

red subterránea de distribución de energía eléctrica y de gas natural, la repavimentación,

la construcción de veredas y peatonalización de pasajes y la red de alumbrado público.

Incumplimiento

de Leyes por

el GCBA



La intervención del Ministerio Público de la Defensa en la protección de los derechos de los habitantes de las vi-llas y asentamientos de la Ciudad

No obstante las numerosas garantías consti-tucionales que les asisten a los habitantes de los asentamientos de la CABA y la sanción de deter-minadas leyes que reconocen específicamente su derecho a la urbanización, todas ellas aún se en-cuentran en situación de extrema vulnerabilidad, persistiendo al día de la fecha su incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo —con la resultan-te violación a numerosos Derechos Humanos—, que se traduce en falta de políticas públicas para abordar la problemática y en consecuencia, falta y subejecución de presupuesto para poder reali-zar las intervenciones necesarias.

La falta de urbanización implica una sistemá-tica violación a numerosos derechos incluyendo principalmente vivienda y hábitat adecuados, salud, educación acceso al agua segura y a los servicios púbicos en general, pero a su vez, afec-tando el desarrollo de la vida de sus habitantes, quienes carecen en muchos casos de domicilio con la consecuente dificultad para insertarse en el mercado laboral. Sumado a ello, se profundi-za una fuerte segregación socio-espacial con el resto de los habitantes de la Ciudad.

Ello ha llevado a la necesidad de que dife-rentes actores institucionales comenzaran a dar intervención a los jueces de la Ciudad, para so-licitar el cumplimiento de los mandatos inter-nacionales, constitucionales y lo dispuesto por las leyes locales, requiriendo a los organismos correspondientes de la CABA, que garanticen el derecho a la urbanización de los habitantes de las villas, proveyendo de servicios públicos, infraestructura, regularización e integración.

En esta tarea, el Ministerio Público de la De-fensa cumple un rol esencial a través de la in-tervención en numerosos litigios estructurales

con el objeto de impulsar el cumplimiento de los derechos vulnerados en los asentamientos precarios de la Ciudad.

En este sentido, no solo ha venido actuando en causas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales en forma individual, sino que lo ha hecho de manera colectiva, abriendo camino a novedosas intervenciones y discusiones sobre la problemática de los asentamientos informales.

El tratamiento de estas causas, por su espe-cial complejidad (cantidad de afectados, temá-ticas que plantean, situación de especial vul-nerabilidad de quienes invocan la violación de múltiples derechos, etc.), requieren una diná-mica y entendimiento específicos.

El MPD lidera actualmente la voz en estos re-clamos colectivos avanzando no solo en la aten-ción individual o pluriindividual de afectación de derechos de los habitantes de las villas, sino también incursionando en la discusión sobre la integración socio-urbanística de dichas villas a la Ciudad (urbanización), a fin de reclamar solucio-nes definitivas e integrales que terminaran con la discriminación socio-espacial en la que viven.

Para ello, se han generado estrategias de abordaje que permiten a los habitantes de las villas constituirse como sujetos protagonistas de sus causas, generando espacios de participación y de construcción comunitaria que canalicen y consensuen el tipo de reclamos.

En este camino, la respuesta de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 2000 ha sido, en general, favorable a esos reclamos. Sin embargo, en los últimos años, se han pre-sentado casos de regresividad en las sentencias de los tribunales, y en aquellas causas en los que ha encontrado soluciones judiciales favorables, estas no se han podido ejecutar.

La intención de los próximos apartados es, a través de algunos casos paradigmáticos, mostrar este recorrido que comienza con las primeras in-tervenciones del MPD en el reclamo de procesos



estructurales de villas, ejemplificar los casos en los que se ha logrado sentencia favorable de los tribu-nales pero que aun así estas no han sido cumpli-das y, finalmente, dar cuenta de un reciente caso de regresividad judicial que ilustra cómo por pri-mera vez en la historia de la justicia de la ciudad, y con un fallo de primera instancia favorable, la Cámara de Apelaciones niega el derecho a la vi-vienda y sus derechos conexos a los habitantes de un barrio impidiendo así su integración urbana con el resto de la ciudad.

Primeras intervenciones del Ministe-rio Público: Villa Cartón.

El denominado asentamiento “AU7”, conoci-do como “Villa Cartón” era una villa de emergen-cia ubicada en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no contaba con ningún servicio básico y las condiciones de habitabilidad eran de extrema precariedad generando condiciones crí-ticas en materia de salubridad e higiene.

En 2007, la Legislatura de la Ciudad Au-tónoma de Buenos Aires, sanciona la Ley Nº 1.987 mediante la cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación, una serie de terrenos ubicados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 1). Asimismo, la norma desta-ca que dichos predios, “deben ser destinados al desarrollo del hábitat popular orientado a satis-facer la demanda de viviendas sociales definiti-vas” (art. 2) y dispone garantizar en primer tér-mino el derecho a la vivienda a la totalidad de las familias habitantes del “Asentamiento AU7”.

Posteriormente, se produce un incendio que agrava aún más la situación de sus aproximada-mente 500 grupos familiares, quienes debieron ser trasladados y asistidos por el estado, en la medida que habían perdido todas sus pertenen-cias y quedaron en el más absoluto desamparo.

Así es como se aloja a dicha población en vivien-das transitorias emplazadas en un parque ubi-cado también en la periferia sur de la Ciudad, denominado “Parque Roca” y comienza para ellos un periplo que, a ocho años de aquellos acontecimientos, aún no encuentra final.

Frente a la situación de extrema emergen-cia habitacional y social, el 20 de julio de 2007, con el patrocinio letrado del Defensor Público Oficial, conjuntamente con la Asesoría Tutelar —ambos antes los tribunales de la primera ins-tancia en lo Contencioso Administrativo y Tri-butario de la CABA—, se inició una acción de amparo93 con miras a ejecutar la ley y obtener una salida habitacional definitiva para los habi-tantes de Villa Cartón.94

Luego de un arduo y complejo trámite, el 5 de mayo de 2008 se dictó sentencia de prime-ra instancia, haciendo lugar a la acción de am-paro y, en consecuencia, “ordenando al GCBA de cumplimiento cabal a las prescripciones de la Ley 1.987 (modificada por la Ley 2.271), otor-gando viviendas sociales definitivas a los núcleos familiares involucrados en dicha ley (…)”.

93- La causa se caratula “Medina Benitez, Rosalba y otros contra GCBA y otros sobre Amparo (art. 14 CCABA)”(expte. 26034/0) y tramitó por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo contencioso Administrativo y Tributario de la CABA Nº 2, en ese entonces a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo.

94- El objeto de la mentada acción de amparo consistía específicamente en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (organismo a cargo de ejecutar las políticas públicas en materia de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires —conf. Ley Nº 1251 CABA— con el propósito de: “que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cese en su omisión de otorgar viviendas sociales definitivas a la totalidad de las familias habitantes del ex Asentamiento AU7, también denominado Villa El Cartón, de conformidad con lo establecido en la Ley 1987” .Ello así por entender que se encontraban vulnerados derechos y garantías de raigambre constitucional, como ser el derecho a la vivienda adecuada, la protección de la salud, a la dignidad y a la vida de las familias que otrora habitaran la Villa Cartón y que, luego del incendio, se encontraban alojadas en viviendas transitorias.



Dicha resolución, apelada por la demandada, fue parcialmente confirmada por la Sala I de la Cámara de apelaciones del fuero, en el mes de diciembre del mismo año, quedando firme en los siguientes términos: “Modificar la sentencia apelada, y establecer que la parte demandada deberá: dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 1987, modificada por la ley 2271 y, en con-secuencia, otorgar viviendas sociales definitivas a los núcleos familiares alcanzados por sus disposi-ciones. En el marco del acuerdo de reubicación de los habitantes del asentamiento, ofrecer ho-teles u otros ámbitos que reúnan condiciones de habitabilidad, dignidad y seguridad adecuadas, o poner a disposición un subsidio suficiente para satisfacer las necesidades básicas de vivienda. En ambos casos (albergue o subsidio), hasta tanto se dé cumplimiento a la Ley N° 1987 (…)”.

En el proceso de ejecutar esa sentencia, se llevó a cabo la entrega de algunas viviendas. La primera entrega de 120 (ciento veinte) vivien-das se llevó a cabo en el mes de marzo del año 2011. Alrededor de un año y medio después, se procedió a formalizar la segunda etapa de eje-cución de sentencia, en el marco de la cual, se entregaron otras ciento veinte (120) viviendas.

Entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, se realizó la tercera entrega de viviendas ascen-diendo a un total de cien viviendas en total.

En la actualidad existen alrededor de dos-cientos (200) grupos familiares que aún esperan por la solución habitacional definitiva prome-tida por la Ley Nº 1.987, de los cuales, ciento treinta y siete (137) gozan del patrocinio letrado de la Defensa Pública Oficial.

Pese a ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires —condenado en la causa— no ha denunciado una nueva fecha de entrega ni ha informado sobre el avance en la construcción de las viviendas faltantes.

Barrio Ramón Carrillo, progresividad normativa y judicial: regresividad política.

Este barrio fue construido en tierras conta-minadas, con el objeto de albergar a 700 fami-lias provenientes del albergue “Warnes”.95 Sin embargo, en la actualidad viven alrededor de unas 2.500 familias, aproximadamente 10.000 habitantes.

El Barrio Ramón Carrillo, a pesar de ser uno de los más recientes complejos habitacio-nales construidos en la ciudad, se transformó en uno de los más afectados en términos de su deficiente infraestructura y mantenimiento. La inacción del gobierno local ha llevado a que el barrio se encuentre en una grave situación de emergencia en materia habitacional, de infraes-tructura y ambiental: actualmente se registra un insuficiente y colapsado sistema de cloacas con permanentes desbordes de afluentes a las calles; anegamiento los días de lluvia; falta de pavimentos y veredas; falta de alumbrado pú-blico; falta de acceso a agua para consumo hu-mano; contaminación por basura y otros mate-riales de los terrenos y falta de espacios públicos y verdes adecuados.96

Esta situación es advertida por la legisla-tura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien sanciona en el año 2004 la Ley Nº 1.333, la cual declara la emergencia ambiental y de

95- Poggiese, Atilio, “Warnes: otra vez en la antesala de la urbanización” en Revista de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Vol. 2, junio, 1991, p. 96.Al nuevo complejo, se trasladaron un total de 646 familias del Warnes y las restantes se otorgaron distribuidas entre un grupo de ocupantes del Bar Querandí —que se encontraba en la calle Perú 302—, un grupo de personas alojadas en el Hogar Rawson (ex hospital) y a otro del “bajo autopista”.

96- Asesoría General Tutelar y Centro de Estudios Legales y Sociales, (2008), “Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible”. Disponible en:h t tp : / /www.a se sor i a . ju sba i r e s . gov . a r / c a t egory /publicaciones/otras-publicaciones



infraestructura del Barrio Ramón Carrillo por trescientos sesenta y cinco (365) días —plazo prorrogado por leyes posteriores—, y ordena al Poder Ejecutivo realizar la adecuación de la infraestructura a los fines de lograr su correcto funcionamiento.97

Frente el incumplimiento de dicha ley, en julio de 2005 un grupo de vecinos del barrio inició una acción de amparo98 cuyo objeto fue requerir al juez que ordenara al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que cumpliera con la ejecución de las obras de infraestructura de servicios básicos dispuestas por dicha ley, que informara la realización de estudios epidemio-lógico—ambientales, y en su caso los resultados —dado que el barrio se asienta sobre un anti-guo basural— para determinar el grado de con-taminación del lugar.

En marzo de 2010, se resuelve hacer lugar a la acción de amparo y se ordena que se diera cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 1.333. Frente a ello, el Gobierno de la Ciudad de Bue-nos Aires apeló el fallo, y en septiembre del año 2012 la Cámara de Apelaciones (Sala II) deci-de rechazar el recurso de apelación del GCBA

97- El art. 2 de dicha ley dispone la obligación en cabeza del Poder Ejecutivo de garantizar el correcto funcionamiento de: a) la red de desagües cloacales; b) la red de desagües pluviales; c) la red subterránea de distribución de energía eléctrica; d) la red subterránea de distribución de gas natural; e) la repavimentación; f) la construcción de veredas y peatonalización de pasajes y g) la red de alumbrado público.

98- El amparo es iniciado en el mes de julio del año 2005 y se encuentra caratulado como “Amador, Olga Matilde y otros contra GCBA sobre Amparo (Art. 14 CCABA)” (Expte. 16981/0) tramita por ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 11 a cargo de la Dra. Paola Cabezas Cescato. Se encuentran interviniendo como abogados patrocinantes la Defensoría en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 1 a cargo de la Dra. Lorena Lampolio y la Defensoría de Cámara N° 1 a cargo del Dr. Fernando Lodeiro Martínez.

y confirmar la sentencia de primera instancia.99 Los recursos presentados posteriormente

fueron rechazados, por lo cual la sentencia se encuentra actualmente firme y es ejecutable.

Al día de la fecha, se superaron los 9 años desde la aprobación de la Ley N° 1.333 y a pesar de la voluntad expresada por los legisladores locales y representantes de los habitantes de la CABA, la misma no fue cumplida y tuvo que ser reclamada ante los tribunales.

Luego de ocho años de litigio, la justicia re-conoció que la ley no estaba siendo respetada y ordenó expresamente la urbanización del barrio.

Sin embargo, al día de la fecha el Poder Eje-cutivo, rompiendo todo garantía institucional, no obedece a los mandatos del Poder Legislati-vo ni del Poder Judicial.

Desde el MPD se han intentado implementar diferentes estrategias para poder lograr su cum-plimiento —por ejemplo solicitar la aplicación de multas—, pero han sido infructuosas. La falta de voluntad del gobierno local sigue manteniendo a los habitantes de Ramón Carrillo en situación de vulnerabilidad, violándose sus Derechos Huma-nos más fundamentales y forzando a la Defensa Pública a trazar nuevos mecanismos procesales en pos de su efectivización.

Un caso de regresividad del Poder Judicial: Barrio Rodrigo Bueno.

Rodrigo Bueno se encuentra ubicado en la Costanera Sur de esta Ciudad100 y se calcula que

99- Ante esta situación la parte demandada interpone en el mes de noviembre del año 2012 un recurso de inconstitucionalidad.

100- Según el informe agregado al expediente judicial, el Barrio está construido en un terreno de límites difusos solamente consolidados en el frente de acceso sobre la Av. España al 1800, los tres bordes restantes se han ido



allí residen más de 3600 personas.101 Este barrio comenzó a gestarse aproximadamente a partir del año 1980, momento en que comenzaron a llegar sus primeros habitantes, ubicándose en un espacio de terreno geográficamente lindan-te a lo que actualmente se conoce como la “Re-serva Ecológica”.102

En el año 1986 el entonces Consejo Delibe-rante de la Ciudad de Buenos Aires103 declaró a los terrenos ganados al Río de la Plata, “Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica”, aunque al dictarse dicha norma se omitió analizar, refe-rir o resolver las cuestiones referentes al barrio y los derechos de las personas que allí habitan.

El 6 de septiembre de 2005, un grupo de habitantes del Barrio Rodrigo Bueno inició una acción de amparo104 “en contra el Decreto 1.247/2005 que ordena el desalojo del predio” y solicitó que “se disponga la urbanización del “Barrio Rodrigo Bueno”, proveyendo los ser-vicios públicos necesarios de agua corriente, energía eléctrica, gas, cloaca; pavimentación de caminos internos y de los accesos al predio, o bien se garantizara a todos sus habitantes el

modificando con el tiempo: hacia el norte un terraplén de cerca de 5 metros de altura levantado por el GCBA, al este un alambrado que impide el paso hacia el río y marca el fin del barrio, al sur el borde del canal que separa de la ex Ciudad Deportiva del Club Boca Juniors.

101- Comisión de Vivienda de la Legislatura de la CABA, “Buenos Aires Sin Techo”, Dirección General de Impresiones y Ediciones de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2010.

102- Espacio verde de 350 hectáreas que alberga gran cantidad y diversidad de especies de flora y fauna. Véase en: http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/mantenimiento/espaciosverdes/reservaecologica/flora

103- El Concejo Deliberante fue creado en 1882 por la Ley Nº 1.260. En 1996, la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transformó al cuerpo en el Poder Legislativo de la Ciudad.

104- “Zarate Villalba, Juan Ramon y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” (expte. 17699/0).

acceso a una vivienda digna, dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos previstos por la CCABA (art. 31), Constitución Nacional (art. 14 bis) y tratados internacionales con jerarquía constitucional.

En este caso se han dado dos etapas a nivel judicial. En primera instancia, la justicia reco-noció expresamente el derecho de los habitan-tes de toda villa de la ciudad a la urbanización de su barrio con independencia de la existencia una ley específica que reglamente algunos as-pectos del proceso de urbanización e individua-lice a la villa en forma expresa.105

Sin embargo, el tribunal de alzada revocó esta sentencia desconociendo los derechos de los po-bladores del barrio. Resulta oportuno destacar que en dicha sentencia, de los tres jueces que de-cidieron, solo la jueza que votó a favor de los ac-tores participó de la inspección ocular en el lugar. Es decir, los jueces que restringieron los derechos

105- El 22 de marzo de 2011, la sentencia de primera instancia en los autos de referencia dispuso: “Declarar nulos de nulidad absoluta e insanable los Decretos 1247/05 y su modificatorio Nro. 2136/06, por ser contrarios a la Constitución de la Ciudad de Bs. As. (…) Ordenar al GCBA según lo establece el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adopte las decisiones incluyentes necesarias y debidas tendientes a la efectiva integración urbanística y social del Barrio Rodrigo Bueno de Costanera Sur, atento su carácter de población social y económicamente marginada. En cumplimiento de lo dispuesto en el punto precedente, el GCBA deberá dar participación efectiva a los residentes en relación a los proyectos de reurbanización incluyente conforme lo establecen los artículos 1 y 104 inciso 29 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declarar la inconstitucionalidad del límite Sur de la Reserva Ecológica Costanera Sur, establecido en el art. 1° de la Ordenanza 41.247, por omitir la preexistencia del Barrio en ese lugar. A tal efecto, el Poder Ejecutivo habrá de tomar las medidas necesarias para remitir el proyecto de modificación pertinente a la H. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se proceda a la “desafectación formal” de los terrenos del Barrio Rodrigo Bueno como parte integrante de la Reserva Ecológica. Decretar la incorporación del Barrio Rodrigo Bueno de Costanera Sur al Programa de Radicación e Integración de Villas de la Ley 148, a sus efectos (…)”.



de los habitantes de Rodrigo Bueno, jamás cono-cieron el lugar.

Actualmente, la causa se encuentra en trámi-te ante el Tribunal Superior de Justicia quien, previo a dictar sentencia, recientemente ha con-vocado a las partes a una audiencia en la que estuvieron presentes, además de los jueces del TSJ, los delegados y vecinos del barrio Rodrigo Bueno, el Defensor General porteño, Horacio Corti, representantes del Gobierno de la Ciu-dad, de la Asesoría General Tutelar y de la Fisca-lía. Allí, representantes del Gobierno porteño se comprometieron, ante los delegados del barrio, a realizar una propuesta concreta en 45 días en el marco de una nueva audiencia. También en la próxima audiencia los miembros del TSJ eva-luarán la posibilidad de acercarse al barrio para conocer la problemática en primera persona.

Este caso también fue recientemente presen-tado en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que junto a diferentes organizaciones de la sociedad civil, el MPD llevó la voz de sus habitantes al orga-nismo internacional, representando así a miles de personas que actualmente viven en villas y asenta-mientos en la Ciudad de Buenos Aires.

Causa Mendoza: Intervención del MPD respecto de la defensa de los derechos de los habitantes de villas y asentamientos afectados a las relo-calizaciones en la Cuenca Matanza-Riachuelo.106

106- “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios – Daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo”. Ver revista Institucional de la defensa Pública “La causa Mendoza: la relocalización de las familias y el derecho a una vivienda digna” disponible en http://www.defensoria.jusbaires.gov.ar/biblioteca/biblioteca2.html.

La causa del saneamiento del Riachuelo, es probablemente uno de los procesos estructura-les más importantes de América Latina, en ella el Ministerio Público de la Defensa tiene una activa participación patrocinando a las miles de familias afectadas por la sentencia en la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que el fin último de la sentencia es el mejoramiento de la calidad de vida.

Solo es posible la mejora de la calidad de vida garantizando la adecuada participación de los afectados, escuchando su voz y sus necesidades. En defensa de sus derechos, la Defensoría viene trabajando desde hace años acompañando, con un equipo de abordaje territorial y judicial, a los vecinos y cuerpos de delegados organizados en los distintos barrios de la Ciudad.

Antecedentes de la Causa

El 8 de julio del 2008, la Corte Supre-ma de Justicia dictó sentencia ordenando a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),107 al Estado nacional, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca. Para realizar tal tarea fijó que debían cumplirse tres objetivos claves a través de diversas políticas pú-blicas: mejorar la calidad de vida de los habitan-tes de la cuenca; recomponer el ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y prevenir daños con suficiente y razona-ble grado de predicción.

En este sentido, en 2009, el juez federal de Quilmes dio precisiones a los mandatos de la Corte y ordenó a la ACUMAR que, antes del 31 de diciembre de ese año, planifique y presen-te en el marco del proceso judicial un proyecto

107- Ley Nacional de la Cuenca Matanza Riachuelo (N° 26.168).



integrador para la Cuenca. Respecto a las cues-tiones habitacionales específicamente, solicitó que se planifiquen medidas a fin de evitar nue-vos asentamientos y proceder paulatinamen-te a la urbanización de los existentes. En este marco, la ACUMAR presentó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Ma-tanza Riachuelo (PISA) en diciembre de 2009 y posteriormente fue actualizado en marzo de 2010 fijando como uno de sus objetivos el de brindar soluciones habitacional a aquellos que se encuentren bajo riesgo ambiental. El PISA estableció varias líneas de acción, entre ellas, la de urbanización de villas y asentamientos a fin de dar respuestas a la situación de precariedad habitacional incluyendo no solo la mejora de las viviendas sino también lo relacionado con ser-vicios esenciales. En este sentido, se fijó como prioridad la liberación del camino de sirga o camino ribereño108 de villas y asentamientos informales a fin de mejorar la situación habita-cional de la población así como poder realizar obras que garanticen el acceso público y el man-tenimiento del borde del agua. Para ello, sería necesaria la relocalización de los habitantes de aquellas villas y asentamientos que habitan so-bre el camino de sirga. En segundo lugar, se dispuso la urbanización de los sectores de esas villas y asentamientos que no eran relocalizadas y permanecían en el mismo lugar. Por último se dispuso la urbanización y/o relocalización de otras villas y asentamientos de la cuenca y de aquellos que residen sobre basurales.

108- Código Civil, art. 2.639: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”. Art. 2.640: “Si el río, o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrá modificar por la respectiva Municipalidad, el ancho de la calle pública, no pudiendo dejarla de menos de quince metros.”

En diciembre de 2010, el juez de ejecución solicitó a la ACUMAR que diseñara un plan de características excepcionales para la relocaliza-ción de los habitantes de las villas y asentamien-tos que se encuentran sobre el camino de sirga. En respuesta a dicho requerimiento, en febrero de 2011, aquellas jurisdicciones que tenían po-blación ubicada sobre el camino ribereño pre-sentaron dicho plan excepcional en el que se definieron las villas y asentamientos afectados, los terrenos comprometidos para su relocaliza-ción, cantidad aproximada de familias, etc.

En diciembre de 2012 la Corte dividió el se-guimiento del fallo en dos juzgados en función de las materias. El control de los contratos en el marco del plan de obras de provisión de agua potable y cloacas y del tratamiento de basura quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Cri-minal y Correccional Federal N° 12, a cargo del Dr. Sergio Torres. Mientras que el resto de las cuestiones quedaron bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez.

Asimismo, en dicha resolución la Corte hizo mención a la necesitad de instar a la relocaliza-ción de los vecinos así como también resaltó que los plazos fijados para dicha tarea se encuentran vencidos a raíz de las demoras en la construc-ción de las viviendas. Específicamente advirtió que en todos los casos debe garantizarse a las familias relocalizadas el derecho a los servicios públicos esenciales, a la educación, salud y se-guridad. Por último la Corte resalto que debe asegurarse la efectiva participación de aquellos que resultan afectados en este proceso de sanea-miento ambiental.



El rol del Ministerio Público de la De-fensa en este proceso

El trabajo de la Defensoría engloba tres grandes ejes:

1. Situación de los habitantes de villas y asen-tamientos afectados por el proceso de li-beración del camino de sirga en la CABA, que aún viven sobre el camino de sirga.109

2. Situación de los habitantes de villas y asentamientos afectados por el proceso de liberación del camino de sirga en la CABA, que han sido relocalizados en conjuntos habitacionales.110

3. Situación de los habitantes de las villas y asentamientos afectados por la liberación del camino de sirga, pero que viven fuera del camino de sirga y esperan una política de urbanización e integración urbana.111

En conclusión, desde el MPD, se ha veni-do bregando porque las voces de quienes se encuentran afectados por estas causas, sean escuchadas y respetadas por las autoridades administrativas o judiciales que ejecutan esta sentencia fundamental en nuestra historia.

Estado actual de la causa

A 8 años del dictado de la sentencia de la Corte restan relocalizar 1381 personas de las 2384 afectadas por la relocalización producto de la liberación del camino de sirga, lo que im-plica que aún está pendiente la relocalización del 75% de la población afectada.

109- Comprende a vecinos de: Villa 21- 24, Lamadrid, Villa 26.

110- Comprende a vecinos de: C.U. San Francisco, C.U. Padre Mugica, C.U. Piletones, C.U. Lacarra y Cruz y C.U. Luzuriaga

111- Comprende a vecinos de: Magaldi, El Pueblito, Villa 21-24, Luján.

A abril de 2016, en la CABA, han sido relo-calizadas un total de 612 familias.

Al mes de febrero de 2015, en la CABA, han sido relocalizadas un total de 499 familias.

Gráfico Nº 4: Población afectada en villas.

Gráfico Nº 5: Relocalizaciones en CABA.



Gráfico Nº 6: mapa de las principales intervenciones del ministerio Público de la Defensa en los barrios y asentamientos informales de la Ciudad.

La Carbonilla Se reclama el reconocimiento del barrio, su urbanización y la inmediata provisión de servicios públicos.

Barrio ScapinoSe solicita la provisión de servicio eléctrico, agua potable, tendido cloacal y alumbrado público.

Elefante BlancoSe exige garantizar el derecho a la salud integral de las personas que habitan el complejo ex Centro de Salud Mataderos, conocido como Elefante Blanco.

Playón ChacaritaSe reclama tanto la urbanización del asentamiento, como la provisión de servicios públicos.

Villa 21-24Se solicita la eliminación del riesgo eléctrico en el barrio y la correcta prestación de dicho servicio.

Villa 3 – Barrio Fátima Se solicita la reparación de las viviendas de varias familias habitantes del barrio, en condiciones indignas de habitabilidad.

Los PiletonesSe requiere el control judicial del proceso de urbanización y el suministro de agua potable en aquellas manzanas que carecen de este servicio.

Barrio San Martín (Villa 31/31 bis)Se persigue el reconocimiento del asentamiento, la provisión de servicios públicos indis-pensables y la cobertura del sistema de salud y seguridad.

Barrio Ramón CarrilloSe demanda la urbanización del barrio, de acuerdo a lo establecido en una ley que ordena la adecuación de la infraestructura a las redes de desagües cloa-cales y pluviales, la red subterránea de distribución de energía eléctrica y de gas natural, la repavimen-tación, la construcción de veredas y peatonaliza-ción de pasajes y la red de alumbrado público.

Rodrigo BuenoLa acción de amparo se inicia contra un decreto del Poder Ejecutivo que dispone el desalojo del predio donde se asienta el barrio. Se solicita su urbanización y el suministro de los servicios públicos necesarios de agua corriente, energía eléctrica, gas, cloaca, pavimentación de caminos internos y de acceso al predio, o bien que se garan-tice a todos sus habitantes una vivienda digna, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Causa “Mendoza”La Defensa Pública trabaja sobre tres grandes ejes: 1) la situación de los habitantes de villas y asentamientos afectados por el proceso de liberación de las márgenes del Riachuelo en la CABA, que aún viven sobre el camino de sirga (Villa 21- 24, Lamadrid, Villa 26); 2) la situación de los habitantes de villas y asentamientos afectados por el proceso de liberación del camino de sirga en la CABA, que han sido relocalizados en conjuntos habitacionales; (C.U. San Francisco, C.U. Padre Mugica, C.U. Piletones, C.U. Lacarra y Cruz y C.U. Luzuriaga); 3) la situación de los habitantes de las villas y asentamientos afectados por la liberación del camino de sirga, pero que viven fuera de este y esperan una política de urbanización e integración urbana (Magaldi, El Pueblito, Villa 21-24, Luján).


Complejos urbanos


1. C.U. Padre Mugica

1. C.U. Padre Mugica

4. C.U. Piletones

4. C.U. Piletones

2. C.U. Lacarra y Cruz

2. C.U. Lacarra y Cruz

5. C.U. Luzuriaga

5. C.U. Luzuriaga

3. C.U. San Francisco

3. C.U. San Francisco



Reseñada la situación de las vi-llas y asentamientos precarios ubica-dos en la Ciudad de Buenos Aires podemos afirmar que numerosos derechos se vulneran en las villas en forma cotidiana. Ciento de miles de personas en la Ciudad se encuen-tran privadas del acceso a servicios públicos básicos. No cuentan con agua potable en su domicilio ni red cloacal oficial, padecen las conse-cuencias del riesgo eléctrico y, cuan-do su vida se encuentra en riesgo no tienen la certeza de que la asistencia llegue a tiempo, ya sea por la inse-guridad que alega el personal médi-co o por las malas condiciones en las que se encuentran las vías de acceso a las viviendas.

La marginalidad en la que sus habitantes se encuentran afecta di-versos aspectos de su vida diaria, que incluyen la dificultad para con-seguir un trabajo producto de la fal-ta de domicilio y los problemas de salud por las malas condiciones en el hábitat. Las personas con discapa-cidad motriz padecen especialmente esta problemática, dado que la falta de calles les dificulta el hecho mismo de salir de sus casas.

A su vez, las condiciones de habi-tabilidad no alcanzan los pisos míni-mos que la Constitución de la Ciu-dad reconoce como derecho a cada uno de los habitantes de la ciudad, lo cual constituye una grave discri-minación socio-urbanística.

En su rol de defensor de los de-rechos de los más vulnerados y de los sectores populares, el Ministe-rio Público de la Defensa ha venido

desarrollando una intensa labor, en la que se logró acercar a las perso-nas a la justicia a través de diferen-tes estrategias que resultan novedo-sas a nivel internacional.

La Defensa ya no se limita a los casos individuales, sino que se re-presentan a miles de personas en causas estructurales en las que se reclama el acceso a Derechos Hu-manos fundamentales que com-prenden el poder formar parte in-tegrada de la ciudad.

La complejidad de estas proble-máticas ha llevado a la necesidad de reorganizar la estructura de funcio-namiento del MPD, incorporando la perspectiva interdisciplinaria, el abordaje territorial y una visión integral de la Ciudad, con miras a lograr que las voces de quienes aún se encuentran silenciados, suenen cada vez más fuerte y adquieran protagonismo.

El MPD impulsa y acompaña esos procesos, recordándole y exi-giéndole a los encargados de imple-mentar las políticas públicas y ejecu-tar el presupuesto de la Ciudad que “las personas no son cosas”, y que deben respetarse sus derechos sin discriminación.


“A la exc lus ión soc ioeconómica se l e suma la des igualdad de género” .

Género y Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Reflexiones introductorias acerca de la perspectiva de género

A pesar de los avances logrados en el reco-nocimiento del carácter indivisible de los DESC, todavía es incipiente la apropiación del enfoque de género, tanto en los decisores del sector pú-blico, como en el conjunto de la sociedad. Existe aún una tensión entre la relevancia y la perti-nencia de la integración del enfoque de género en las políticas públicas y los procesos de legiti-mación de dicha perspectiva. La pervivencia de un paradigma que invisibiliza las desigualdades de género y la escasa consolidación de nuevas prácticas, generan un panorama heterogéneo en materia de comprensión de las situaciones de inequidad y de avances en la producción de políticas que contribuyan a su remoción.

Como resultado de ello, persisten formas de exclusión, discriminación y violencia, tanto en el ámbito público como el privado, que condena a un disminuido acceso a los DESC por parte de las mujeres y de personas por cuya iden-tidad sexo-genérica han sido históricamente recluidos a los márgenes de la sociedad; tal el caso, especialmente, de travestis, transexuales y transgénero (en adelante, trans). Resulta obvio

GénEro Y DErECHoS EConóMICoS, SoCIALES Y CuLturALES En LA CIuDAD AutónoMA DE BuEnoS AIrES.

El MPD se encuentra participando del arma-

do de una agenda de discusión política que

incorpore la perspectiva de género en los fu-

turos procesos de urbanización de la CABA.



que la desigualdad en el goce de tales derechos contribuye a profundizar su dependencia eco-nómica, negar su autonomía personal y a ex-cluirlos del ejercicio del poder.

El goce efectivo de los DESC constituye aún, en la práctica, una aspiración para las mujeres y para sectores como los antes presentados. Obs-táculos estructurales tales como la legitimación de la desigualdad vía normas socio-culturales y costumbres, así como el no reconocimiento de la diversidad de experiencias y de desventajas al diseñar medidas orientadas a la implemen-tación de los DESC o, lo que es lo mismo, la subrepresentación en los procesos de toma de decisiones, imponen severas limitaciones en el acceso al pleno goce de tales derechos.

En este contexto, el Ministerio Público De-fensa es un actor estratégico en la protección judicial de los DESC y, por tanto, en la produc-ción de un cambio de paradigma que permita leer la realidad desde el enfoque de género y diversidad sexo-genérica a fin de promover una redistribución equitativa de recursos políticos, culturales, económicos y sociales, es uno de sus ejes centrales.

La transversalización de género a lo largo de todo su accionar es la herramienta escogida. La idea central es que la perspectiva de género no ha de situarse “al lado” de las políticas de la de-fensa pública sino que debe convertirse en una dimensión constitutiva del conjunto de ellas; debe trascender los límites de las intervenciones dirigidas hacia las mujeres y personas trans y abarcar el conjunto de la política de la defensa. En otras palabras, se trata de instalar el género como componente central de las definiciones estratégicas del proceso de defensa a lo largo de su ciclo de desarrollo. Ello implica adoptar una perspectiva que pretende superar aquellas con-cepciones tradicionales de grupo vulnerado, en minusvalidez o víctimas, y reformular el tema en términos de ciudadanía.

Bajo este entendimiento, el MPD ha im-plementado diversas iniciativas destinadas a ampliar y mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y personas trans como garantía para el acceso a los derechos.

Desde esta perspectiva más reactiva, se han proporcionado argumentos para que la defen-sa técnica asumida por Defensores/as advierta a los/as jueces sobre la existencia de demandas de derechos que ameritan ser ponderados aplican-do la perspectiva de género en ocasión de resol-ver un conflicto. En gran parte, tales argumen-tos han girado en torno a defensas vinculadas a la vivienda (amparos habitacionales, procesos de desalojo y relocalización). Un caso particular lo constituye la intervención de la Defensa Pú-blica para garantizar el derecho a la identidad de género de las personas trans.

Desde una perspectiva más propositiva, el MPD también se encuentra participando en el armado de una agenda de discusión política que incorpore la perspectiva de género en los futuros procesos de urbanización en la CABA.

En lo que sigue, se presentará, en primer lu-gar, la inclusión del enfoque de género y diver-sidad sexo-genérica en las estrategias de la De-fensa Pública cuando interviene en los procesos de relocalización, particularmente, en aquel que se está llevando a cabo en el marco del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos Preca-rios en Riesgo Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo y cuando lo hace en la gestión de am-paros habitacionales ante la justicia de la CABA.

En segundo lugar, se reseñará la interven-ción de la Defensa Pública en orden a garan-tizar el derecho al cambio registral de nombre según lo establece la Ley de Identidad de Gé-nero, sancionada en Argentina en el año 2012. Se trata de un caso paradigmático en tanto, al tiempo que el Estado había reconocido, vía Ley de Identidad de Género el derecho de rectifica-ción registral de nombre, negó los efectos de ese


Género y DesC en la CiuDaD

mismo derecho sobre otros instrumentos direc-tamente relacionados entre sí y generados por el propio Estado.

Por último, el documento hace una breve referencia a la necesidad de incorporar la pers-pectiva de género en los futuros procesos de ur-banización que se llevarán a cabo en la ciudad.

La inclusión del enfoque de género y diversidad sexo-genérica en las es-trategias de la Defensa

Consideraciones sobre los procesos de relocalización

No obstante el avance a nivel normativo en el reconocimiento del derecho a la vivienda a nivel internacional, la brecha entre este reconocimien-to y la situación general de este derecho en la práctica es todavía muy grande en la CABA.

Como se señaló, las políticas urbanas y habi-tacionales implementadas por el GCBA son en muchos casos regresivas y continúan asumien-do un concepto restrictivo de vivienda, limitado a “un techo” y no en el sentido integral de hábi-tat; esto es, como el derecho a un entorno que garantice servicios, accesibilidad a las distintas actividades que posibilitan la vida, calidad am-biental y seguridad, como un derecho humano de todas las personas.

Esta perspectiva impacta particularmente en la vida de las mujeres en lo que atañe al ejerci-cio de su ciudadanía y autonomía en condicio-nes de igualdad dada la interdependencia que en su experiencia de vida cotidiana, y en virtud de la división sexual del trabajo, tiene la vivien-da con el acceso al empleo, los servicios públicos de educación, salud, las redes de infraestructu-ra, el transporte público. En gran parte de los casos, los desalojos y la relocalización de familias

y personas en la CABA constituyen un ejemplo paradigmático de lo recién expresado y la De-fensa Pública ha asumido la defensa activa y efectiva de los derechos de los/as pobladores/as que, en razón de sesgos de género, han visto vulnerado aquel que les garantiza el acceso a una vivienda digna.

Un primer aspecto para señalar, en el mar-co de los criterios que, por acción u omisión, utilizó el GCBA en el proceso de asignación de viviendas refiere a la igualación de mujer a ma-dre. El hecho de ser mujer y madre con hijos/as dependientes se impone por sobre otro cri-terio al momento de distribuir un bien como la vivienda. Las mujeres sin hijos/as dependientes tienen más dificultades para calificar en las po-líticas de relocalización del GCABA como be-neficiarias de una propiedad. En estas políticas persiste la idea según la cual las mujeres son su-jetos de ejercicio ciudadano solo a través de una pareja y de tener hijos todavía dependientes. Una mujer sin hijos a cargo parece no ser con-siderada como una persona adulta con derecho a ser tratada independientemente de su familia de origen y con status de jefa de hogar.

Se han presentado ante la Defensa situacio-nes en las que las mujeres que ya han criado a sus hijos/as asumen, siguiendo su tradicional rol de género, el cuidado de otros dependien-tes tales como adultos/as mayores y/o familiares enfermos/as (padres, madres, hermanos), con quienes comparten la residencia. Tratándose incluso de mujeres que son único sostén de ho-gares así conformados, no son vistas como jefas de ellos y, por tanto, tampoco titulares del dere-cho a una vivienda.

Es un hecho conocido que el cuidado de personas dependientes obliga a las mujeres a buscar empleos de tipo informal y compatibles con el cuidado. La asunción de estas responsa-bilidades incide en que las mujeres tengan más dificultades que los varones para integrarse al



mercado formal de trabajo y, por lo tanto, con-tar con los beneficios de la seguridad social. Se ven forzadas a tomar trabajos precarios, gene-ralmente por hora y mal pagos. Esta precarie-dad laboral a lo largo de la vida, resulta en ma-yor pobreza y desprotección en la vejez.

Tampoco las políticas de relocalización han considerado situaciones tales como la violencia de género. En recientes procesos de relocali-zación, han surgido dos situaciones paradig-máticas. Por un lado, mujeres que se han vis-to obligadas a dejar su hogar en razón de ser víctimas de violencia de género. Dado que en el momento mismo que ha de ejecutarse la re-localización no se encuentran en el domicilio, condición sine qua non para ser reconocida titu-lar de la vivienda adjudicada, ven suspendido su reconocimiento como propietaria. Por otro lado, mujeres que permanecen en el hogar vio-lento a fin de no perder lo que ha sido una as-piración a lo largo de su vida y la de sus hijos: la seguridad de tener una vivienda. En situaciones de violencia conyugal, la inseguridad en la te-nencia constituye un factor condicionante para la ruptura del círculo de agresión.

Finalmente, no ha de olvidarse que para las mujeres de sectores populares, la vivienda constituye en muchos casos un recurso econó-mico en cuanto en ella se desarrolla el único trabajo generador de ingresos. La seguridad de su tenencia es un factor protector de la po-breza extrema.

Tampoco el barrio constituye un espacio de observación en los procesos de relocalización. El barrio es, sin duda, un recurso de interés para las mujeres al garantizar un tejido o red de ser-vicios solidarios para ellas. En los procesos de relocalización esto no ha sido especialmente tenido en cuenta reforzando así el aislamiento y exclusión de las mujeres y en particular, una vez más, en situaciones donde se sufre violencia de género. Cuando aspectos como la residencia

y los servicios de apoyo no son contemplados o solo se considera a la mujer como mediadora de las necesidades de sus hijos/as dependientes pueden vulnerarse los derechos de las mujeres.

Para concluir, no parece haber dudas respec-to a que la política de relocalización del GCABA se ha basado en categorías abstractas como po-blación, hogares, familias, razón por la cual las respuestas proporcionadas no contemplaron la heterogeneidad de necesidades del universo so-cial, contribuyendo a reproducir las discrimina-ciones de género. En sectores que viven niveles críticos de exclusión urbana, las mujeres y per-sonas trans constituyen aun un grupo invisible para las políticas de relocalización territorial y de vivienda en general.

Consideraciones sobre los amparos habita-cionales

Puesto que tal como se sostuvo oportuna-mente, el objetivo de la política del GCBA ha sido abordar la emergencia habitacional priori-zando la inmediatez de la asistencia por sobre la estabilidad de la respuesta brindada, un nú-mero significativo de la población tiene vulne-rado su derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. El Ministerio Público de la Defensa trabaja en la elaboración de estrategias argumentales sensibles al género en ocasión de gestionar amparos habitacionales ante la justicia local, enfocadas principalmente a aquellas de-mandas que develan la existencia de violencia de género.

Se trata de mujeres que, producto de la vio-lencia que reciben o han recibido, muestran una gran fragilidad emocional; en ocasiones, cuentan con un capital socio-cultural estrecho en razón del aislamiento socio-afectivo al que han sido sometidas; mujeres cuyas oportuni-dades laborales se han restringido en razón



de tener hijos menores dependientes a cargo. La mayoría de ellas encabezan hogares mono-marentales en los que la madre es única res-ponsable de la atención y cuidado cotidiano de sus hijos o hijas. Las familias de este tipo se ven más expuestas a la vulnerabilidad que es intrínseca a su tipo de organización, ya que la persona que encabeza la familia suele ser la única perceptora de ingresos y al mismo tiem-po responsable de la jornada doméstica ne-cesaria para la reproducción cotidiana. Uno de los tres pilares que son reconocidos como básicos para superar la violencia de género, además del empleo y el buen cuidado de los/as niños/as es, precisamente, el acceso a la vivien-da. En este sentido importa señalar que, por lo general, las medidas de protección para las mujeres víctimas de la violencia de género que establece la Ley Nacional de Violencia contra la Mujer (Ley N° 26.485), no resultan efecti-vas cuando se trata de personas que viven en villas y asentamientos precarios. Por ejemplo, la prohibición de acercamiento del agresor o su exclusión del hogar, así como el uso del bo-tón antipánico, suelen ser medidas inviables en esos contextos donde el trazado urbano no es seguro (las calles son pasillos angostos, sin ilu-minación, las viviendas son precarias y de fácil ingreso) y el acceso de la policía dificultoso.

Si las mujeres de sectores populares y empo-brecidos sufren especiales limitaciones para el acceso a la vivienda, la situación de las personas trans es, sino más, igualmente severa. La mayor parte de esta población enfrenta una situación crítica en relación al acceso al conjunto de los DESC. Invariablemente existen enormes obs-táculos para ingresar al mundo del trabajo, a la seguridad social, la vivienda, la educación, la salud y la cultura, entre otros derechos recono-cidos en los tratados de Derechos Humanos. Se trata de un colectivo que reúne dos tipos de in-justicia, la injusticia socioeconómica, arraigada

en la estructura económica política de la socie-dad y la injusticia cultural o simbólica anclada en los modelos sociales de representación, in-terpretación y comunicación, expresados por ejemplo en la dominación cultural, la falta de reconocimiento y la falta de respeto. Las perso-nas trans han de enfrentarse cotidianamente a la discriminación y los prejuicios arraigados en la sociedad.

Expulsadas de sus hogares a una muy tem-prana edad, despreciadas en la escuela, sujetos de burla y escarnio callejero, obligadas al ejer-cicio de la prostitución como única fuente posi-ble de ingresos, ellas han carecido de soportes sobre los que apoyarse o bien esos soportes son frágiles e inestables. En un marco de desafilia-ción tal, disociadas a muy corta edad de redes sociales y societales que les permitieran su pro-tección frente a adversidades de la vida, para las personas trans la vulnerabilidad es inevitable y la pobreza un aspecto integrante más como resultado de la concentración y acumulación de desventajas.

La trayectoria vital de las personas trans es difícilmente estimada en su total seriedad por la justicia local cuando el conflicto refiere al derecho a la vivienda. Los efectos que tiene la ausencia prolongada o crónica de empleo y, por tanto, de redes laborales apropiadas, sin seguridad en términos salariales y de protec-ción a la salud, sin vivienda y con soportes de proximidad frágiles, son variables difícilmente consideradas de peso en los procesos judicia-les. El umbral de protección del Estado, como principal responsable de garantizar un con-junto de protecciones de carácter social parece desaparecer o desvanecerse cuando las inter-locutoras son las personas trans. Ellas constitu-yen una verdadera alteridad.



La Defensa Pública y el derecho a la Identidad de Género

Desde el 2012, Argentina cuenta con la Ley de Identidad de Género que establece clara-mente que el cambio registral de documentos debe ser administrativo, gratuito, sin necesidad de diagnóstico médico, psiquiátrico o psicológi-co y sin patrocinio de abogados/as.

Acudiendo a la mencionada norma, una persona travesti, había llevado a cabo el cam-bio registral de nombre en el mes de marzo de 2013 e inicia los trámites necesarios para que este cambio figurara en las partidas de naci-miento de sus hijas, adonde se consignaba una identidad que no respondía al género por ella autopercibido. Muchos años antes de su opción por el travestismo, ella había formado pareja con una mujer —ya fallecida en el momento de la consulta— con quien había tenido tres hijas. Siguiendo la letra de la ley, la afectada solicita al Registro Civil de la CABA el cambio de su nombre en las partidas de nacimiento de las tres niñas alegando que si ello no se hiciere se estaría atentando contra la correcta e inequí-voca filiación de las hijas y contra el derecho al reconocimiento de la identidad de género. La petición es denegada por el GCBA y el rechazo se fundamenta en que solo se pueden cambiar las partidas de nacimiento que tuvieran erro-res materiales u omisiones, los que en este caso no existían y, por ende, quien debía atender en un asunto de esta naturaleza era un juez y no el Registro Civil.112

112- Esta situación afectó a la familia en su conjunto, la que quedó en una grave situación de desprotección tanto legal como emocional. La solicitante no podía acreditar el vínculo filial con sus hijas, a excepción de exhibir su DNI anterior; esto es, fingiendo una identidad que no percibía como propia. En la práctica, la familia se encontró imposibilitada de cobrar la Asignación Universal por Hijo, la pensión por discapacidad de las niñas, se vio impedida de tomar decisiones con relación a su salud, viajar fuera del país, etc.

Ante la negación de lo solicitado y recono-cidos los perjuicios que ello implicaba, el caso fue remitido a la Defensa Pública, desde don-de se inició una medida cautelar autónoma que obtuvo una pronta sentencia favorable de un Juzgado de Primera Instancia en lo CAyT de la CABA, mediante la cual se le ordenó al Registro Civil que rectifique las partidas.

El GCBA recurrió la sentencia en cuestión pero el Tribunal de Alzada de la CABA se ex-pidió rechazando el recurso de apelación del GCBA y confirmando la sentencia de grado.

La inclusión del enfoque de género y diversidad sexo-genérica en futuros procesos de urbanización de la CABA

Sostenida en la idea según la cual la plani-ficación y el diseño del espacio urbano tiene el potencial de reforzar las desigualdades de géne-ro o, por el contario, avanzar hacia la equidad, la Defensa Pública de la CABA se encuentra también elaborando estrategias para la incor-poración de la perspectiva de género en futuras urbanizaciones de la ciudad.

Los espacios urbanos no son neutrales; pueden facilitar o impedir su uso, apropiación y seguridad para mujeres y niñas. Ellos están habitualmente diseñados sobre la base de un concepto tradicional de familia y en la división tradicional del trabajo entre varones y mujeres (unos que trabajan en el espacio público y otras como amas de casa y proveedoras de cuidados en el hogar y espacios privados). La violencia contra la mujer que acontece en estos espacios pocas veces es considerada en términos de vio-lencia urbana y, por tanto, los programas que son diseñados para erradicarla, no abarcan la violencia hacia la mujer. Como resultado de ello las mujeres dejan de salir solas cuando



anochece mientras que sus pares varones no lo hacen, ellas cambian sus rutinas con más frecuencia y desarrollan un conjunto de estra-tegias de defensa. El derecho a la libertad de movimiento, al uso y goce de la ciudad y sus espacios públicos suele ser con frecuencia vul-nerado. Planificar espacios urbanos seguros su-pone crear sitios con características que realcen la seguridad y la sensación de seguridad de las mujeres y eliminen los elementos que les cau-san inseguridad o sensación de inseguridad. Se debe prestar especial atención a la iluminación, la visibilidad, el tránsito vehicular y peatonal, el mobiliario urbano, señalización, proximidad a servicios públicos, de emergencia y transporte.

También el transporte público responde a estereotipos de género que impactan negativa-mente en la vida de las mujeres. En gran parte, sus rutas y horarios están definidas según el ser-vicio de los viajes por trabajo, particularmente de varones, no para mujeres con roles múltiples como madres y trabajadoras que necesitan via-jar hacia destinos diferentes fuera de las horas pico. Quienes planifican el transporte urbano y los responsables de la formulación de políticas, priorizan las necesidades de un hogar en el que el varón de mediana edad, principal provee-dor, sale de la casa al trabajo en la mañana y regresa temprano en la noche, en tanto la ten-dencia de las mujeres de combinar viajes no es tomada en la mayoría de los planes y diseños de transporte. Las mujeres no se desplazan solo entre dos puntos de la ciudad; como principa-les cuidadoras y miembros de la fuerza infor-mal de trabajo, los desplazamientos a través de la ciudad son en direcciones entrecruzadas y en zigzag. Ellas tienden a combinar las distintas ac-tividades diarias, responsabilidades domésticas y de cuidados así como viajes por trabajo. Por otro lado, los colectivos, las paradas, el subte-rráneo, sus plataformas, taxis y trenes no son vividos de igual manera por varones y mujeres.

El transporte público incluye espacios donde ocurren diversas formas de violencia de género hacia la mujer (acoso sexual, abuso, manoseos, agresión, etc.)

Los sistemas de transporte público deben ser planificados y diseñados para satisfacer las ne-cesidades específicas de las mujeres de acuerdo con las rutas que utilizan, las horas del día que dependen del transporte público, los lugares donde esperan por éste y los lugares donde se bajan del mismo.

Para asegurar a las mujeres el ejercicio de los DESC, es necesario que los procesos de ur-banización se sustenten en un análisis de sus necesidades específicas; reconocer que por su condición de género, mujeres y varones son di-ferentes y enfrentan situaciones diferentes; no solo desarrollan distintas capacidades y conoci-mientos, sino que tienen necesidades e intereses específicos y enfrentan restricciones diferentes para acceder a los recursos.


Derecho a la salud

Derecho a la salud mental

Derecho a la educación

Conclusión


“Al imentac ión , sa lud y educac ión : todos los derechos soc ia les fundamenta les han requer ido la as i s tenc ia de la De fensa Públ i ca” .



Nota Nº 6: “La Justicia intima al Gobierno de la Ciudad por la falta de obras en el ‘Elefante Blanco’”, Tiempo Argentino, 16 de abril, 2014.


Datos socioeconómicos de la salud en la Ciudad

La CABA cuenta con treinta y tres hospitales públicos que prestan servicios de salud, de los cuales: trece son Hospitales Generales de Agu-dos, tres son Hospitales Generales de Niños, catorce son hospitales especializados y tres son odontológicos. Además, la Ciudad cuenta con el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, centro de investigación, diagnóstico, prevención y control de las enfermedades comunes y transmisibles entre los animales y los seres humanos.

La demanda de atención médica al sector público se canaliza a través del Programa Co-bertura Porteña de Salud113 y de los cuarenta y dos Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC).114

La Ley Básica de Salud de la Ciudad (Ley Nº 153) organiza al subsector de salud por nive-les de atención y establece que, el primer nivel

113- Cobertura Porteña de Salud es un plan de atención médica personalizada, integral y gratuita para los vecinos de la Ciudad. Está dirigido a las personas que no poseen cobertura médica (ni prepaga, ni obra social), y que acrediten residencia habitual y permanente en la ciudad de Buenos Aires.

114- Conforme a los principios de atención primaria de la salud, los CESAC deben llevar adelante programas de atención, promoción y prevención de la salud general (nutrición, salud mental, salud sexual, bucodental, entre otros), en conjunto con la comunidad que habita en el área.

DErECHo A LA SALuD

La Constitución de la Ciudad se hizo eco

de las declaraciones internacionales asu-

miendo un fuerte compromiso en pos de la

protección del derecho a la salud integral el

cual está directamente vinculado con la sa-

tisfacción de necesidades de alimentación,

vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura

y ambiente.



“comprende todas las acciones y servicios desti-nados a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, en especialidades básicas y modalidades ambulatorias”. Contem-pla como segundo nivel a “todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquéllas que requieran internación”115 y se-ñala que el tercer nivel “comprende todas las acciones y servicios que por su alta complejidad médica y tecnológica son el último nivel de re-ferencia de la red asistencial”.116

En ese sentido, resulta interesante destacar que en las Comunas 7, 8 y 9 no existen efectores del tercer nivel de atención, es decir, hospitales especializados.117

Con relación a las condiciones de atención de la salud de la población, el tipo de cobertura médica con que cuentan los habitantes repre-senta situaciones diferenciales respecto a las po-sibilidades de acceso a la salud, en relación a la gratuidad o no de la atención, la diversidad en la oferta de servicios, el alcance del pago de me-dicamentos, entre otras cuestiones.

Según la Encuesta Anual de Hogares realiza-da en 2014, el 17,8% de la población residente en la CABA solo cuenta con sistema público de salud. Este porcentaje supera el 30% en la zona sur, destacándose la Comuna 8, en la que as-ciende al 40%.

Entre los menores de 19 años un 38.4% cuenta solo con el sistema público de salud, lle-gando a más del 40% en las comunas del sur de la ciudad. Por el contrario, entre los mayores de 60 años solo 5,7% depende del sector público,

115- Art. 20 Ley Nº 153.

116- Art. 22 Ley Nº 153.

117- Asesoría General Tutelar, La salud en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un derecho vulnerado Una mirada del primer nivel de atención de la salud de niños/as, adolescentes y personas afectadas en su salud mental. Documento de Trabajo Nº15, octubre de 2012.

en razón de la universalización jubilatoria.En el año 2013, 7 de cada 10 habitantes de

la CABA realizó al menos una consulta de salud, en los seis meses anteriores a la realización de la EAH. De esos consultantes alrededor del 17% corresponde subsector público.118

En la Ciudad de Buenos Aires, 10 personas de cada 100 poseen alguna dificultad de largo plazo o discapacidad. Esta situación es diferen-te según el grupo de edad y el sexo. Entre los niños y adolescentes (hasta 14 años), 3 de cada 100 presenta dificultades de largo plazo, pero a partir de los 40 años la relación es 6 de cada 100 y a partir de los 80 años, 50 de cada 100. La presencia de personas con dificultad de largo plazo es mayor entre las mujeres, en especial a partir de los 65 años; hasta alcanzar una dife-rencia de 10 puntos porcentuales a partir de los 80 años.119

Los datos recabados por la EAH del 2011 in-dican que más de la mitad de la población de la Ciudad ha consumido medicamentos en el últi-mo mes previo a la encuesta. No se presentan variaciones significativas según circunscripción electoral.120

118- Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), “Buenos Aires en números”, Nº 2, Año 2. 2015.

119- Ibídem.

120- Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, Síntesis de resultados, 2011.


DereCho a la saluD

Cuadro Nº 15: Distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica según comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014.

Comuna Tipo de cobertura

Total Solo siste-ma público

Afiliada a algún sistema

de salud

Ns/Nc

Total 100 17,8 82,2 0,0

1 100 28,9 71,1 -

2 100 3,5a 96,5 -

3 100 21,0 79,0 -

4 100 34,0 66,0 -

5 100 10,9 88,9 0,1

6 100 7,6a 92,3 0,1

7 100 25,1 74,9 -

8 100 40,0 60,0 -

9 100 32,0 68,0 -

10 100 16,5a 83,5 -

11 100 9,7a 90,3 -

12 100 9,0a 91,0 -

13 100 3,5b 96,5 -

14 100 5,3a 94,7 -

15 100 17,9 82,1 -

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo. Por tratarse de valores marginales, no se presentan los coeficientes de variación de la categoría Ns/Nc.


Cuadro Nº 16: Distribución porcentual de la po-blación que sólo tiene sistema público de salud por grupos de edad según comuna – CABA 2014.

Comuna Total Grupo de Edad

Hasta 19 20 - 59 60 y más

Total 100,0 38,4 55,9 5,7a

1 100,0 36,0 57,9 6,1a

2 100,0 10,6a 81,8 7,6a

3 100,0 31,9b 61,0 7,1b

4 100,0 44,3 50,1 5,6a

5 100,0 25,8a 66,6 7,6b

6 100,0 10,9b 82,1 7,0b

7 100,0 41,1 54,4 4,6b

8 100,0 42,4 53,4 4,1a

9 100,0 45,6 51,1 3,3b

10 100,0 46,1a 52,2a 1,6b

11 100,0 36,3b 53,5a 10,2b

12 100,0 22,1a 68,7 9,2b

13 100,0 33,1b 60,6a 6,2b

14 100,0 27,1b 66,9a 6,0b

15 100,0 44,2a 46,0 9,8b

a Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados están entre 10% y 20%).

b Valor de la celda con carácter indicativo (en estos grupos los coeficientes de variación aproximados superan el 20%).

Nota: la suma de las cifras parciales difiere del total por procedimientos de redondeo.




Cuadro Nº 17: Tasa de mortalidad Infantil por comuna 2009/2014

Comuna Barrios 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 8,3 6,7 8,5 8,1 8,9 7,9

1 Constitución - Montserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo

8,9 9,9 9,1 10,7 8,9 4,9

2 Recoleta 5,1 6,7 6,6 5,1 7,5 9,2

3 Balvanera - San Cristóbal 5,4 4,9 10,8 7,2 11,9 9,4

4 Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios 10,6 9,9 11,1 11,8 11,8 12,3

5 Almagro - Boedo 7,8 3,6 7,2 5,7 8,7 6,7

6 Caballito 5,9 3,2 5,2 9,0 6,8 7,5

7 Flores - Parque Chacabuco 8,4 8,1 11,0 8,9 11,9 8,5

8 Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati 12,4 7,9 9,7 10,8 10,9 12,7

9 Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda 11,6 8,1 10,4 8,8 9,3 6,5

10 Floresta - Monte Castro - Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real

9,3 7,5 7,1 7,3 12,2 5,3

11 Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita

7,1 5,4 6,3 4,0 5,6 5,3

12 Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza 6,9 6,5 5,5 5,8 8,0 3,4

13 Belgrano - Colegiales - Núñez 5,9 2,3 7,2 6,2 2,7 6,9

14 Palermo 5,2 6,9 5,0 6,9 5,3 6,8

15 Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar

8,5 5,4 10,4 7,2 7,2 7,8

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

Los niveles relativos a mortalidad infantil han sido muy fluctuantes en la Ciudad. Los da-tos relativos al año 2014 indican que se sitúa por debajo del 8 por mil. Durante los años 2011, 2012 y 2013 dicha medición era superada, pro-ducto del descenso de nacimientos y aumento de muertes infantiles.121

121- Dirección General de Estadística y Censos. (Ministerio de Hacienda GCBA), La mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires. Años 2000-2014, informe de resultados Nº 845, abril 2015.


DereCho a la saluD

Resulta relevante resaltar que más del 53% de las muertes infantiles producidas en el 2014, son por causas reducibles.

Cuadro Nº 18: Porcentaje de defunciones infantiles según criterio de reducibilidad. CABA 2009/2014.

Año % Defunciones por causas reducibles

% Defunciones por causas difícilmente

reducibles

2009 45,3 46,1

2010 40,3 45

2011 46,3 39

2012 52 38,6

2013 47 43,9

2014 53,4 30,3

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.

Reflexiones introductorias en torno al derecho a la salud

El Ministerio Público de la Defensa ejerce un rol activo en recepción de consultas de los ciudadanos vinculadas a la afectación del de-recho a la salud muchas de las cuales, frente a la reticencia de la autoridad administrativa en atenderlos, derivan en la promoción de juicios dirigidos a garantizar la protección de la salud integral y un nivel de vida adecuado de los ha-bitantes afectados.

Al hablar del Derecho a la salud es impor-tante tener en cuenta que la Ciudad de Bue-nos Aires es una de las ciudades con mayor presencia hospitalaria y que atiende no solo la demanda efectiva de sus habitantes sino

también de una enorme cantidad de personas que acuden desde diversos lugares en busca de una atención sanitaria, muchas veces por la radicación en esta urbe de centros de aten-ción dedicados a tratar problemáticas especí-ficas o de mayor complejidad. Las problemá-ticas que se derivan de la precarización de los centros de salud, de su infraestructura defi-citaria y de la escasez de recursos humanos e insumos para atender la enorme demanda de salud que recibe la ciudad no es un fenó-meno aislado en nuestro país. Los reclamos más frecuentes provienen de las demoras en los turnos, especialmente en casos de cirugías, extremo que empeoran el estado de salud de las personas, en algunos casos, requiriendo a posteriori intervenciones más complejas o ha-ciendo inviable el plan terapéutico previsto.

En este estado de situación, es relevante re-cordar que en al ámbito local, el derecho a la sa-lud se encuentra protegido expresamente en el capítulo segundo de la CCABA (arts. 20 a 22).

La Constitución de la Ciudad se hizo eco de las declaraciones internacionales asumien-do un fuerte compromiso en pos de la pro-tección del derecho a la salud integral el cual está directamente vinculado con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, tra-bajo, educación, vestido, cultura y ambiente. Con esas miras, estableció que el gasto públi-co en salud es una inversión social prioritaria y que “se aseguran a través del área estatal de salud, las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación, gratuitas, con criterio de accesi-bilidad, equidad, integralidad, solidaridad, uni-versalidad y oportunidad”, es decir que todas las personas quedan expresamente eximidas de cualquier forma de pago directo para acceder al servicio público de salud de esta jurisdicción.

A su vez, desde la propia Constitución se esta-blecen los lineamientos principales con arreglo a



los cuales se dictarían años más tarde la Ley Bá-sica de Salud local y la Ley de Salud Mental (Ley Nº 448). Vale destacar que el gobierno local, a través de su autoridad de aplicación (Ministerio de Salud) tiene el deber de garantizar el derecho a la salud integral de las personas sean residen-tes o no residentes de la Ciudad (art. 2º Ley Nº 153) dentro de los efectores de salud que de él dependen y que integran el subsector estatal de salud, como así también tiene el deber de verifi-car su cumplimiento en la seguridad social y en el subsector privado dentro de los límites de sus competencias. Es decir, que el Estado local no solo tiene la obligación de organizar un servicio que brinde una cobertura gratuita y universal de salud sino que además ejerce un control sobre todos los prestadores de salud de la jurisdicción.

La intervención del Ministerio Públi-co de la Defensa en la protección del derecho a la salud

De acuerdo al panorama general descripto en el cual se inserta el servicio público de sa-lud, se hará referencia a continuación a algunos casos judiciales donde intervino el MPD y que evidencian los déficit y problemas del sistema que afectan a los habitantes que diariamente acuden a él.

El caso A.M.

En primer lugar, se hará referencia a uno de los casos inaugurales del fuero CAyT plan-teado por la Asesoría Tutelar en representa-ción del niño A.M., junto con la intervención de la Defensoría de Primera Instancia N°1 en ejercicio del patrocinio jurídico de la madre

del niño.122 El objeto del juicio consistía en asegurar un adecuado tratamiento y control, según la indicación médica pertinente, por el gravísimo estado de salud del niño quien pre-sentaba una encefalopatía crónica no evolutiva de origen pre o perinatal, con severo compro-miso motor, cognitivo, de la comunicación, sensorial y epilepsia. Así, a lo largo del juicio se ordenó el traslado del paciente del Hospital Piñero al Gutiérrez para que se realizara una traqueostomía tal como fuera indicado por los médicos que lo trataban. Con posterioridad el tribunal ordenó diversos estudios, valoró los arrimados al expediente, sancionó la conducta de funcionarios y personal relacionado con el servicio de traslados, pidió informes a médi-cos de diversas instituciones públicas y priva-das. Finalmente, y de acuerdo a la evolución del paciente y los distintos informes médicos producidos, el tribunal evaluó y determinó en-tre las distintas alternativas ofrecidas por el go-bierno local aquella más adecuada al cuadro de salud del paciente, incluso en contraposición a la voluntad materna de que el niño recibiera internación domiciliaria.

Para así decidir, la Sala II enfatizó que la vida de las personas y su protección —en particular, el derecho a la salud— constituyen un bien fun-damental que, a su vez, resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal (CN, art. 19), a partir de lo cual examinó el alcance de este derecho y la correlativa obligación en cabeza del Estado.

122- “Asesoria Tutelar contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)”(expte. 586/0).


DereCho a la saluD

Garantizar la vivienda para garantizar la salud

En esa misma línea, es relevante mencionar que la defensa pública ha planteado también ante los tribunales de la Ciudad numerosos ca-sos en los cuales el delicado estado de salud del paciente tornaba imprescindible el acceso a una vivienda adecuada en virtud de sus particula-res requerimientos de salud (vrg: determinadas condiciones de habitabilidad, infraestructura e higiene). En el marco de estos procesos judicia-les se ha logrado la solución de la problemáti-ca denunciada mediantes diversas alternativas, tales como: la celebración de convenios de uso precario gratuito, tenencia o comodato de in-muebles de propiedad del GCBA123 así como el acceso a créditos hipotecarios en el marco de la Ley Nº 341 para la adquisición de una vivien-da124 o bien la entrega de sumas de dinero que permitiera acceder a la locación de un inmueble por un lapso de dos años.125

La salud de las personas de tercera edad, adultos mayores y personas con discapacidad

Por otro lado, cabe destacar que el MPD asume una intensa actividad vinculada con las situaciones que afectan a las personas con dis-capacidad y a las personas de la tercera edad, muchas de ellas derivadas del incumplimiento

123- “Rodas Patricia Carolina contra GCBA y otros sobre Amparo (art. 14 CCABA)” (Expte. 43079/0).

124- “Ayala Corina Esther contra GCBA y otros sobre Amparo” (Expte. A71101-2013/0).

125- “Bartra Diaz Eva Esther y otros contra GCBA y otros sobre Amparo (art. 14 CCABA)”, (Expte. 22973/0) y “Acosta Carla Rocío contra GCBA y otros sobre Amparo” (Expte. 42469/0) entre muchos otros.

de obligaciones básicas del estado local en mate-ria de salud o de atención integral a estos colec-tivos vulnerables, que de acuerdo a las normas supremas son destinatarios de especial tutela.

A modo ilustrativo, podemos mencionar un incidente promovido por el MPD126 en el marco de la ejecución de sentencia de una acción enta-blada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y a partir de la cual se había dispuesto declarar “el derecho de todos los afiliados de la ObSBA127 [Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires] que presentaran discapacidad acreditada mediante el respectivo certificado a la cobertura integral de sus necesidades, de modo que tanto la ObS-BA como el GCBA en forma subsidiaria deb[ían] cubrir todo tipo de prestaciones a sus afiliados discapacitados en términos equivalentes a los previstos por la Ley Nº 24.901 o sea en cuanto a las prestaciones básicas, a los servicios específicos, a los sistemas alternativos al grupo familiar y a las prestaciones complementarias”. Como corolario del incumplimiento del estado local de ese man-dato judicial, la defensoría de primera instancia N°1 se presentó ante los estrados para solicitar que se ordenara a la ObSBA la cobertura ínte-gra del costo de la institución donde se hallaba internada la señora A. T., dado que la obra social solo le reconocía hasta ese momento el 30% de la cobertura. Cabe destacar que la paciente, como secuela de la poliomelitis padecida en su infan-cia presentaba “retraso madurativo, escoliosis

126- “Defensoría del Pueblo de la Ciudad contra GCBA sobre Acción Meramente Declarativa (art. 277 CAyT)” (expte. 5348/23).

127- Cabe aclarar que la ObSBA es la Obra Social de la Ciudad de Buenos y brinda una cobertura de salud a sus afiliados entre quienes se encuentran principalmente los trabajadores que se desempeñen en relación de dependencia en el GCBA. Si bien es un ente público no estatal, sus autoridades son designadas por el Poder Ejecutivo local de acuerdo a su ley de creación (Ley Nº 472) y debe ajustarse no solo a su normativa de creación, sino también a la Ley Nº 153 de Salud Pública, así como al entramado de leyes nacionales que regulan a las obras sociales y determinan las prestaciones obligatorias mínimas.



dorso-lumbar, alteración en la marcha, atrofia marcada en los músculos de la prensión, alte-ración en el control de ambos esfínteres” por lo cual dependía de atención especial para la deam-bulación, el aseo, el baño, vestimenta, provisión de alimentos, etc.

La Cámara de Apelaciones (Sala II) revocó la sentencia de primera instancia que había recha-zado la pretensión actora con base en la protec-ción que dispensa a las personas con discapaci-dad el régimen establecido por la Ley nacional 24.901, así como el marco regulatorio de los Es-tablecimientos Residenciales y otros servicios de atención gerontológica que brindan prestaciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (Ley local Nº 661), como es el caso de la institución en la que se hallaba internada la paciente, con-siderando que debían continuarse con las pres-taciones que se le brindaban desde hace años en ese establecimiento pues es un derecho del paciente “mantener los vínculos afectivos, fami-liares y sociales” y que su cobertura total corres-pondía a la obra social. Destacó a su vez que la atención y asistencia integral de la discapacidad constituye una política pública de nuestro país, y que “los menores y los discapacitados a más de la especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y la de la sociedad toda”.

En similares términos, el MPD promovió un amparo en resguardo de un adulto mayor128 que se hallaba internado en el Hospital Fernán-dez, con el objeto de que ordenara al GCBA a llevar a cabo su externación del citado nosoco-mio y se lo trasladara, dado el riesgo de pade-cer infecciones intrahospitalarias, a un hogar en que sus requerimientos médicos y de enferme-ría puedan ser atendidos. La negativa arbitra-ria del gobierno local se escudaba en el carácter de “dependencia absoluta” del paciente, quien

128- “Batista Jose contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” (Expte. 43385/0), iniciado por la defensoría CAyT N°1.

según su interpretación no reunía los requisitos para ser admitido de acuerdo al Reglamento de Admisión, Permanencia, Egreso, Derechos y Obligaciones de los Centros Residenciales para Adultos Mayores dependientes del GCBA.

El tribunal hizo lugar a la acción planteada y condenó al gobierno a externar al paciente y tras-ladarlo a un Centro Residencial de Adultos ma-yores en el que sus requerimientos médicos y de enfermería pudiesen ser atendidos. Para arribar a esa conclusión, consideró en primer término el marco constitucional del caso, en razón del cual el estado porteño se encuentra obligado a velar por la protección de las personas mayores y am-pararlas frente a situación de desprotección (art. 41 CCABA). Y desde ese marco interpretó que si del reglamento administrativo no surgía expresa-mente la imposibilidad o prohibición de admitir pacientes con dependencia total en los centros de adultos mayores dependientes del GCBA, su ex-clusión por esa causal devenía arbitraria.

El derecho a la salud en los estable-cimientos de internación

Otro caso innovador en la materia fue un caso colectivo planteado por el MPD dirigido a mejo-rar las condiciones de vida y de atención de los pacientes internados en el Hogar María Ferrer —dependiente del Hospital María Ferrer del Go-bierno local— afectadas por patologías respirato-rias graves y que requieren respiración asistida para poder sobrevivir.129 Inicialmente, el objeto del pleito se centró en lograr que se ordenara a la demandada que cubra los cargos correspon-dientes a la planta de enfermería y auxiliares de enfermería que se encontraban vacantes en la

129- “Torres María Josefina contra GCBA sobre Amparo (art. 14 CCABA)” (Expte. 38111/0), iniciado por la Defensoría CAyT N°2.


DereCho a la saluD

institución, por cuanto dicha circunstancia afec-taba con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta la atención sanitaria que se dispensaba a las perso-nas internadas. Vale aclarar que la mayoría de los pacientes internados sufrían secuelas de la po-liomelitis y padecían un cuadro de cuadriplejia a raíz del cual debían contar con respiración asistida permanente, por lo que su vida dependía exclusi-vamente de los cuidados que debían recibir a ma-nos de personal especializado, que se encontraba sobrecargado. Por el riesgo cierto e inminente que generaba esta situación, el juez intervinien-do otorgó una medida cautelar para garantizar la debida atención médica de los pacientes interna-dos destacando que “la protección de la salud es uno de los principios fundamentales en cualquier Estado moderno, principio que se plasma en la actualidad como un derecho de toda persona a exigir un mínimo de prestaciones sanitarias con-forme a la dignidad humana y al nivel de desarro-llo social y económico de cada Estado”, aspecto de suma relevancia si se advierten los recursos presu-puestarios con que cuenta la Ciudad para garanti-zar la progresividad en materia de DESC y la alta subejecución en esa materia.

Tras una intensa actividad desplegada por el MPD dentro y fuera del expediente, y del tribunal interviniente la demandada dio cumplimiento a todas las medidas requeridas garantizando la atención adecuada de los pa-cientes internados, razón por la cual se declaró abstracta la acción.

Alimentación adecudada

Finalmente, y por su interconexión con el derecho a la salud cabe mencionar en este apar-tado el rol preponderante del MPD en un vastí-simo caudal de casos promovidos por las distin-tas defensorías de primera instancia en pos de

garantizar el acceso a una alimentación adecua-da de los habitantes de la Ciudad. A su respecto, cabe recordar que el derecho a la salud no se limita a la atención de la salud, pues “el derecho a la salud es un derecho inclusivo”130 que com-prende una gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones para que una persona pueda llevar adelante una vida sana. La alimentación ocupa un lugar superlativo ya que “...está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros Dere-chos Humanos...”.131

En la Constitución local se establece que el derecho a la salud comprende específicamente a la alimentación adecuada.132 Por su parte, la legislatura porteña ha dictado la Ley Nº 1.878 mediante la cual se creó el Programa “Ciudada-nía Porteña. Con todo derecho”, cuyo objetivo consiste en efectuar una transferencia de ingre-sos a los integrantes de los hogares beneficia-rios. La prestación monetaria mensual133 que

130- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 14, párrafo 4.

131- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 12, párrafo 4.

132- Art. 20 de la CCABA.

133- Las prestaciones monetarias del programa se efectúan a través del Banco Ciudad de Buenos Aires. La transferencia se realiza mediante la acreditación del monto en una cuenta bancaria destinada a tal efecto. Los montos de las prestaciones son los siguientes: En los casos determinados en el artículo 4°, inciso a): el monto de la prestación es el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la Canasta Básica Alimentaria estimada por el INDEC. La prestación se calcula según la composición del hogar, considerando al adulto equivalente como parámetro para la estimación del beneficio por hogar, de acuerdo a los parámetros del INDEC. Para todos los casos de hogares beneficiarios con hijos de hasta dos (2) años de edad se considera como adulto equivalente por cada uno de los hijos en esta franja etaria, un monto que no podrá ser inferior al establecido en el art. 18, inc. a) de la Ley N° 24.714 y de la Ley N° 1.669. En los casos determinados en el art. 4º, incisos b) y c): el beneficio es del cincuenta por ciento (50%) de la Canasta



otorga se dirige a sostener el acceso a la alimen-tación de los beneficiarios así como a promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños, niñas, adolescentes y su grupo fa-miliar, la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado laboral de los adultos.134

De conformidad con lo expuesto en el ar-tículo 4, para ser beneficiario han de cubrirse determinados requisitos y se establece un or-den de prelación conforme la aplicación de un índice de vulnerabilidad. A su vez, en base a ese orden de prelación establecido, la autori-dad de aplicación decide la cantidad de dinero que otorgará a cada beneficiario según el caso, la que nunca excederá el 75% de la Canasta Básica Alimentaria del INDEC. Es del caso apuntar que la ley mencionada estipula una serie de condiciones que deberán cumplir los beneficiarios que pretendan mantener dicha calidad y que, a todo evento, para el caso de no cumplimiento de las mismas la penalidad consiste en la baja del programa.

En el marco de este programa, las defenso-rías diariamente judicializan reclamos de los ciu-dadanos tendientes a que sean incorporados en los programas gubernamentales mencionados, o bien cuando ya son beneficiarios se reclama a efectos de que puedan recibir una prestación acorde a las necesidades alimentarias del grupo familiar. En algunos casos, el reclamo proviene

Básica Alimentaria, considerando al adulto equivalente como parámetro para la estimación del beneficio, de acuerdo a los parámetros del INDEC. Para todos lo casos de hogares beneficiarios con hijos de hasta dos (2) años de edad se considera como adulto equivalente por cada uno de los hijos en esta franja etaria, un monto que no podrá ser inferior al establecido en el art. 18, inc a) de la Ley Nº 24.714 y de la Ley Nº 1.669. La actualización de la prestación se realiza semestralmente en función de la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC. En el caso de ser beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de hogar o de otros subsidios que establezca la reglamentación, el monto asignado se adecuará proporcionalmente (art. 8).

134- De acuerdo al art. 2 de la Ley Nº 1.878.

de la quita arbitraria del programa por consi-derar que los beneficiarios no cumplen con to-dos los requisitos reglamentarios para acceder a él. Los casos más frecuentes se vinculan a la acreditación del cumplimiento del requisito de residencia efectiva en la Ciudad fijado en dos años135 o con el requisito de pobreza, por consi-derar la autoridad de aplicación que los ingre-sos del hogar superan la línea de pobreza.

Del mismo modo, representa un importante caudal de casos aquellos donde la falta de ac-ceso a una alimentación suficiente y adecuada impacta de manera diferenciada en el estado de salud de la persona beneficiaria, en razón de su-frir algún trastorno de salud que requiere algu-na dieta específica para evitar el agravamiento del cuadro.

Tal es el caso de la señora Doval quien sufría de hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, gastritis crónica, dispepsia de tipo dismotilidad, desnutrición, anemia y artrosis cervical y lum-bar lo que motivó la intervención del MPD a través de la promoción de un juicio de amparo para reclamar el incremento de la prestación económica que recibía del programa guberna-mental “Ticket Social”136 (otro de los programas alimentarios de la GCBA) hasta la suma que le permitiera cubrir la dieta alimentaria prescripta por los médicos especialistas dependientes del propio GCBA, lo cual tuvo favorable acogida por el tribunal interviniente.137

135- Decreto 249/2014 que reglamenta la Ley Nº 1878, art. 7, inc. a) pto. 4º .

136- El programa busca garantizar el acceso a productos de primera necesidad a las familias residentes en la ciudad en situación de pobreza y/o inseguridad alimentaria. Busca garantizar el acceso a productos de primera necesidad (alimentos, productos de higiene personal, limpieza y combustible para cocción).

137- “Doval Amalia Monica contra GCBA sobre Amparo (art. 14 CCABA)” (Expte. 33293/0), en términos similares cabe citar el caso “Ruiz Rodolfo Agustin contra GCBA sobre Amparo” (Expte. A11831-2015/0), entre muchos otros.


DereCho a la saluD

En todos estos casos se promueven juicios con el objeto de instar el control judicial de la actividad administrativa llevada adelante por las autoridades de estos programas que en sus decisiones afectan el derecho a la ali-mentación de los sectores más vulnerables de la Ciudad.

El Derecho a la salud de los habitan-tes del edifico “Elefante Blanco”.

El “Elefante Blanco” es un imponente edi-ficio —de 16 pisos— ubicado en una villa de la CABA, llamada Ciudad Oculta. Su destino era convertirse en el hospital más grande de Latinoamérica, pero una de las dictaduras cívico—militares que golpearon la estructu-ra democrática del país, lo colocaron en una situación de abandono que persiste al día de hoy. Niños y adultos mayores padecen enfer-medades respiratorias, trastornos gástricos y alteraciones dermatológicas provocados por la contaminación que trae aparejada la acu-mulación de basura y agua en los dos subsue-los del edificio.

Ante la falta sistemática de soluciones ha-bitacionales por parte del Gobierno local, las numerosas familias que fueron ocupando la abandonada estructura decidieron denunciar las condiciones edilicias y sanitarias que afectan gravemente su vida y su salud.

Frente a esta crítica situación y cansados de realizar reclamos antes las autoridades admi-nistrativas sin obtener respuesta, los habitantes del complejo edilicio recurrieron al Ministerio Público de la Defensa, que a partir de entonces los acompaña en la presentación de un amparo judicial exigiendo el saneamiento ambiental del edificio y el resguardo del derecho a la salud de quienes allí habitan.

Específicamente el MPD, junto a los ha-bitantes, solicitó que el Gobierno de la Ciu-dad Autónoma de Buenos Aires cese en su omisión de garantizar el derecho a la salud integral de las personas que habitan en el complejo ex Centro de Salud Mataderos, que incluye el edificio conocido como “Elefante Blanco” y que se implemente un plan sanita-rio integral que incluya como mínimo: higie-ne y limpieza de la totalidad del basural pre-sente en los subsuelos; mantenimiento de la higiene de los subsuelos; higiene y limpieza periódica de los tanques de agua del edificio; higiene y limpieza periódica de los volquetes y contenedores ubicados al interior del edifi-cio; adecuación del sistema de la red cloacal del edificio y posterior conexión con la red troncal; tareas de fumigación y desratización en forma periódica y que, además, se garan-tice la provisión de agua potable para las personas que allí habitan.

La justicia dictó una medida cautelar por medio de la cual se hizo lugar a lo requerido por los actores y se realizaron dos inspeccio-nes oculares en el lugar, a las que concurrieron múltiples funcionarios del Poder Ejecutivo lo-cal, magistrados judiciales y medios de comu-nicación. La jueza a cargo de la causa también convocó a una audiencia en la que participaron dos vecinos del edificio.

La importancia de estas acciones impulsadas por el MPD radica en haber generado espacios que permitieron a los habitantes del edificio "Elefante Blanco" exponer por primera vez sus problemáticas, en forma directa y sin interme-diarios, ante los funcionarios responsables y vi-sibilizar los problemas planteados.

Actualmente, la medida cautelar se encuentra cumplida parcialmente. Se han realizado tareas de limpieza de uno de los tres subsuelos donde se encuentra el basural. Sin embargo, no se pro-vee de agua potable, ni se readecúa el sistema de



la red cloacal del edificio. Las tareas de fumiga-ción y desratización se realizan en forma esporá-dica e irregular. El MPD denuncia el incumpli-miento de la manda judicial y solicitó al Juzgado que ordene al demandado cumplir con las tareas pendientes y que se dicte sentencia.

Esta acción presentada por los habitantes del edificio “Elefante Blanco” con el acompa-ñamiento del MPD resulta trascendental no solo en cuanto a la reivindicación de los de-rechos de los afectados, sino como estrategia de empoderamiento y reclamo popular de las familias que allí habitan, brindando el marco para que sus voces tanta veces ignoradas sean finalmente escuchadas.


No existe justificación científica ni moral para excluir de nuestra comunidad a las personas que padecen enfermedades mentales. Sin embargo, muchas personas, incluso profesionales de la sa-lud y operadores judiciales, se sienten temerosas ante estas personas o se comportan como si no existiesen: se diría que no se atreven a compren-derlos y atenderlos.

Pese a que la República Argentina había asu-mido compromisos internacionales a raíz de tra-tados de Derechos Humanos, muchos de ellos con jerarquía constitucional a partir de la refor-ma de la Constitución Nacional en 1994, en la práctica tales obligaciones se veían relegadas en lo que a la protección de las personas con disca-pacidad se refiere, y en particular en lo que con-cierne a las personas con afecciones mentales.

Merced a los ingentes progresos científicos en cuanto a la comprensión y el tratamiento de los padecimientos mentales, y la mayor concien-cia y sensibilidad social, ha comenzado un lento pero firme proceso de transformación jurídica y social, que pretende derribar las barreras reales o aparentes que obstaculizan la atención a las personas que sufren padecimientos mentales. Porque se dispone de nuevos conocimientos sobre la manera en que los factores genéticos y biológicos, en conjunción con determinantes históricos, socioeconómicos, culturales y psico-lógicos, configuran los trastornos mentales, y se ha demostrado que el mejoramiento de tales determinantes entraña una dinámica de cons-trucción social vinculada a la concreción de los Derechos Humanos y sociales de toda persona.

DErECHo A LA SALuD MEntAL

Resulta imperativo eliminar toda forma de

discriminación por motivo de enfermedad

mental. Toda persona que sufra un pade-

cimiento mental tiene derecho a vivir y a

trabajar, en la medida de lo posible, en la

comunidad, con las adaptaciones y cuidados

especiales que su problemática de salud pu-

diera requerir.



La salud mental es fundamental para el bien-estar general de las personas, de las sociedades y de los países, y es preciso abordarla desde una nueva perspectiva. Resulta imperativo elimi-nar toda forma de discriminación por motivo de enfermedad mental, y que toda persona que sufra un padecimiento mental tenga derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, en la comunidad, con las adaptaciones y cuidados especiales que su problemática de salud pudie-ra requerir. Todo paciente tiene derecho a ser tratado en un ambiente lo menos limitador po-sible y a recibir el tratamiento menos restrictivo y perturbador posible.

Muchas de esas personas sufren en silencio. Muchas están solas. Más allá del sufrimiento y de la falta de atención están las fronteras de la estigmatización, la vergüenza, la exclusión y, con mucha más frecuencia de lo que los gobier-nos quisieran reconocer, la muerte. La depre-sión grave es hoy la causa principal de disca-pacidad a nivel mundial, y la cuarta de las diez causas principales de la carga de enfermedad a nivel mundial. Si las proyecciones son correc-tas, en un plazo de 10 años la depresión habrá de convertirse en la segunda de esas causas. En el mundo hay 24 millones de personas que pa-decen esquizofrenia. Cada año, un millón de personas se suicidan y entre 10 y 20 millones intentan hacerlo. Son muy pocas las familias en las que se desconocen los padecimientos men-tales. Una de cada cuatro personas padece un trastorno mental en alguna etapa de su vida. En el caso de algunos trastornos, entre ellos la enfermedad de Alzheimer, el riesgo aumenta con la edad. Las conclusiones son evidentes si se piensa en el envejecimiento de la población mundial. La carga social y económica que supo-ne la enfermedad mental es enorme.

Por esto, los gobiernos deben aplicar políti-cas con el fin de acabar con la estigmatización y la discriminación y asegurar la adopción y la

financiación suficiente de medidas eficaces en materia de prevención y tratamiento.

Los gobiernos han sido negligentes, como también lo ha sido la comunidad de salud pú-blica. Ya se trate de algo deliberado o de un re-sultado involuntario, todos somos responsables de esta situación. Como organismo responsable de ejercer la defensa de las personas y sus dere-chos, el Ministerio Público de la Defensa se ha puesto por meta que la ciencia y la razón preva-lezcan sobre la vergüenza y la estigmatización.

Reflexiones introductorias en torno al derecho a la salud mental

En el siglo XIX, a pesar de los importantes progresos habidos en el ámbito científico so-bre el conocimiento y el tratamiento de la en-fermedad mental, las personas aquejadas de trastornos mentales, al igual que muchos otros enfermos y personas con comportamiento so-cial inaceptable, eran aisladas de la sociedad en grandes instituciones de internamiento, los manicomios estatales, después conocidos como hospitales psiquiátricos.

Durante la segunda mitad del siglo XX se produjo un cambio de paradigma en la aten-ción de salud mental, principalmente a causa de tres factores independientes. En primer lu-gar, la psicofarmacología hizo grandes progre-sos, con el descubrimiento de nuevas clases de fármacos, y se desarrollaron nuevas formas de intervención psicosocial. En segundo lugar, el movimiento de Derechos Humanos se convir-tió en un fenómeno de auténtico alcance in-ternacional bajo el patrocinio de las Naciones Unidas, recién establecidas, y la democracia progresó a escala mundial. En tercer lugar, la recién creada Organización Mundial de la Salud (OMS), Oficina Sanitaria de las Naciones Unidas,


DereCho a la saluD mental

incorporó de forma inequívoca un componente mental a su definición del concepto de salud. La combinación de esos acontecimientos ha im-pulsado el abandono progresivo de la atención en grandes instituciones custodiales en favor de una atención comunitaria más abierta y flexible.

Es importante poner de resalto que el motivo por el cual se propicia la desaparición de las gran-des instituciones asilares, no consiste solo en las graves falencias que éstas suelen presentar, tales como los reiterados casos de malos tratos a los pa-cientes, el aislamiento geográfico y profesional de las instituciones y de su personal, la mala gestión y la ineficacia administrativa, la incorrecta asigna-ción de los recursos financieros, la falta de capaci-tación del personal y las deficiencias de los proce-dimientos de inspección y de control de la calidad. Incluso si todas estas graves desviaciones fuesen corregidas, el modelo de la institución custodial es contrario al moderno saber científico y al más elemental respeto por los Derechos Humanos.

Por el contrario, la atención comunitaria persigue una asistencia de buena calidad y el empoderamiento de las personas que padecen trastornos mentales y del comportamiento. En la práctica, la atención comunitaria entraña el desarrollo de una amplia gama de servicios de ámbito local. Este proceso, que aún no ha comenzado a ser implementado por las autori-dades sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires, pese al claro mandato en tal sentido de la ley fe-deral, tiene por objeto asegurar que se presten algunas de las funciones de protección de las instituciones de internamiento, sin perpetuar los aspectos negativos de éstas.

Las características esenciales del modelo de atención en la comunidad son:

• La disponibilidad servicios asistenciales cercanos al domicilio, que incluyan aten-ción en el hospital general para los casos

agudos, y residencias para estancias lar-gas en la comunidad.

• La implementación de intervenciones relacionadas con las discapacidades ade-más de con los síntomas.

• La implementación de tratamiento y atención específicos para el diagnóstico y las necesidades de cada persona.

• La puesta en funcionamiento de una am-plia gama de servicios que respondan a las necesidades de las personas con pade-cimientos mentales y trastornos compor-tamentales (tales como las adicciones).

• La coordinación de servicios entre los profesionales de la salud mental y los or-ganismos comunitarios.

• La disponibilidad de servicios ambulato-rios antes que residenciales, incluidos los que permitan el tratamiento a domicilio;

• Que el sistema preste colaboración a los cuidadores (familia, etc.) y brinde res-puesta a sus necesidades.

• La implementación de un marco legis-lativo en apoyo de los aspectos citados.

No obstante, corresponde advertir que no basta con cerrar los hospitales psiquiátricos cus-todiales sin que el gobierno garantice la crea-ción simultánea de alternativas comunitarias. Lo uno y lo otro deben de hacerse a un tiempo, de forma bien coordinada y gradual. El desafío de su implementación es enorme, pues no se trata, a la manera de una de las tantas refor-mas neoliberales de desmantelamiento de las instituciones del Estado —y que dieron lugar a nuestra sociedad basada en la exclusión y en desigualdades persistentes—, de dejar libradas a las personas con padecimientos mentales a su propia suerte. Ya tenemos la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires de la gran cantidad de personas que viven en la calle, a las que se desconoce su derecho a una vivienda digna y



para las que el Estado local ni siquiera intenta brindar respuestas consistentes y que ya sufren un padecimiento mental que no es escuchado. No se trata de convertir la exclusión asilar en la exclusión de las personas sin techo. Es necesaria una profunda modificación primero cultural, y luego institucional del asunto, siempre dándole prioridad al sufrimiento de la persona y al res-peto de su autonomía y de sus derechos.

Ante todo se requiere una adecuada plani-ficación y la asignación de recursos suficientes para generar el conjunto de los dispositivos ins-titucionales que hacen real la atención comuni-taria: atención domiciliaria supervisada, hospi-tales de día, cooperativas de trabajo, consultas ambulatorias, servicios de inclusión laboral y social. Es obligación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, crear esos dispositivos, modifi-cando a su vez las propias instituciones hospita-larias generales para también poder atender en ellas de manera digna a las personas con pade-cimientos mentales.

Esa tarea exige la colaboración de múlti-ples operadores profesionales, de innumera-bles instituciones públicas y, a la vez, de un cambio de conciencia en la propia comuni-dad. Todos tenemos la obligación de modifi-car nuestra mirada y nuestra actitud a fin de convivir de otra manera con las personas que tienen un padecimiento mental. Nada más complejo que un cambio cultural que involu-cra a toda una comunidad.

Para la Organización Mundial de la Salud, un proceso correcto de desinstitucionalización consta de tres componentes esenciales:

• La prevención de ingresos injustificados en hospitales psiquiátricos mediante la dotación de medios comunitarios.

• El reintegro a la comunidad de los pa-cientes institucionalizados a largo plazo que hayan sido debidamente preparados.

• El establecimiento y el mantenimiento de sistemas de apoyo comunitario para los pacientes no institucionalizados.

Lamentablemente, y como se mostrará a continuación, los programas de atención de salud mental apenas tienen prioridad para el Gobierno de la Ciudad. La atención prestada se limita a un número reducido de instituciones que suelen estar saturadas, tienen poco perso-nal y son poco eficientes. Los servicios reflejan un escaso conocimiento de las necesidades de los pacientes o de la gama de métodos disponi-bles para el tratamiento y la asistencia. No hay atención adecuada para la mayoría de la po-blación. Los únicos servicios se encuentran en grandes hospitales psiquiátricos que funcionan con arreglo a criterios que a menudo parecen más afines a un sistema penal que a la terapéu-tica. El acceso a ellos es difícil, y se convierten en comunidades cerradas, aisladas del resto de la sociedad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su rol de garante último de la salud mental en su jurisdicción, debe asumir la responsabili-dad de garantizar que se lleven a cabo esas com-plejas actividades. Un papel crítico al respecto consiste en elaborar y aplicar políticas. Esto sig-nifica definir las cuestiones y los objetivos prin-cipales, especificar los papeles respectivos de los sectores público y privado en la financiación y la prestación de servicios, y determinar los ins-trumentos de política y los arreglos de organi-zación que se necesiten en el sector público, y posiblemente en el privado, para alcanzar los objetivos de salud mental. También significa aplicar medidas que favorezcan el aumento de la capacidad y el desarrollo organizacional, y formular directrices para asignar grados de prioridad a los gastos, vinculando así el análisis de los problemas a las decisiones sobre la asig-nación de recursos.

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La política de salud mental del Go-bierno Federal

El pasaje del modelo asilar al comunitario está presente en el derecho internacional de los Derechos Humanos, en tratados firmados por la República y ya incorporados al ordenamiento jurídico nacional —entre los que se destaca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Uni-das— y fue reglamentado en la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y su decreto reglamen-tario, en 2012, y posteriormente fue integrado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Na-ción, que entró en vigor el 1° de agosto de 2015.

El Código Civil y Comercial y la Ley Nacio-nal de Salud Mental (ley específica complemen-taria) establecen el piso mínimo de derechos y garantías en materia de salud mental. Es una le-gislación directamente aplicable a la Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de la potestad local de otorgar mayores garantías y derechos. De ahí que se encuentre pendiente comenzar el proce-so de implementación, creando, ante todo, los ya mencionados mecanismos institucionales co-munitarios que son los que permitirán en con-creto la progresiva pérdida de centralidad del asilo hasta que solo exista una nueva modalidad de internación, ya en medio de otro paradigma de atención.

La política de salud mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La implementación de la Ley Nacional de Salud Mental en el ámbito de la Ciudad, im-porta un reconocimiento expreso sobre las responsabilidades concretas de las autoridades locales. Las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires constituyen el caso

paradigmático de resistencia a la aplicación del nuevo modelo de atención de la salud mental y de tutela de los Derechos Humanos de las personas con padecimiento mental. El Poder Ejecutivo local no solo se ha abstenido siste-máticamente de participar de las reuniones de coordinación entre el gobierno federal y las provincias, no solo ha puesto innumerables es-collos políticos e institucionales para la aplica-ción del nuevo marco legislativo y del paradig-ma que éste encarna. No satisfecho con ello, ha instruido a su Procurador General para plan-tear una acción declarativa de inconstituciona-lidad contra la ley nacional.

La Ciudad no cuenta con un plan de salud mental actualizado y acorde a las pautas míni-mas previstas en la ley nacional

El paradigma impuesto por la ley nacional establece que las instituciones de encierro de-ben ser sustituidas por servicios de atención ambulatoria con inserción en la comunidad. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad mantiene a los hospitales psiquiátricos monovalentes como “cabeceras” de la red que debe brindar respues-tas sanitarias a los padecimientos mentales. Ello en el contexto de un evidente vaciamiento eco-nómico de los dispositivos sanitarios en general y de los servicios de salud mental en partiular.

Datos socioeconómicos de la salud mental en la Ciudad

Según un informe elaborado por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), la oferta pública del campo de la salud mental se lleva a cabo a través de distintos niveles de atención y efectores.

a. Hospitales Psiquiátricos. Existen cuatro hospitales psiquiátricos monovalentes



de tipo asilar: Psiquiátrico Infanto Ju-venil Dra. Carolina Tobar García, de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, Dr. José T. Borda y Dr. Braulio Moyano.

b. Centros de Salud Mental (CSM). Exis-ten dos para toda el área metropolitana: N° 1 Dr. Hugo Rosarios y N° 3 Arturo Ameghino.

c. Centros de Salud y Atención Comuni-taria (CESAC). Existen 45 con una dis-tribución azarosa que no priorizan el primer nivel de atención de la salud en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos: mientras que en Villa Lugano existen ocho centros, en Boedo o Constitución no hay ninguno.

d. Centros Médico Barriales (CMB). Hay 35 Centros Médico Barriales que se inte-gran dentro de las áreas programáticas de diferentes Hospitales Generales.

e. Programas y Redes. Existe una diver-sidad de Programas y Redes que no in-tegran el organigrama de los hospitales generales o de las regiones sanitarias en una dependencia presupuestaria parti-cular. Se trata de los programas de In-vestigación y Vigilancia Epidemiológica en Salud Mental (PIVESAM), Violencia, Salud Mental y Desastres, Salud Mental y SIDA, AdoP – AdoPi (Atención domi-ciliaria psiquiátrica-psicológica-social en situaciones de crisis y Atención domicilia-ria psiquiátrica-psicológica-social infantil en situaciones de crisis), de Salud Mental en Adultos Mayores, de Atención Comu-nitaria de Niños, Niñas y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos, de Pre-vención, Asistencia y Reinserción Social en Drogadependencia, Psicoeducativo y de investigación con técnicas de asisten-cia animal, de Asistencia-Rehabilitación

con Inclusión Social. También funcionan las redes de Guardias de Salud Mental, Infanto-Juvenil de Salud Mental, de Trastornos de la Alimentación, de Mu-sicoterapia y el Programa de Emprendi-mientos Sociales, Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica.

Explica el CELS que la dispersión discrecio-nal de los servicios en los diferentes barrios y la dependencia funcional y presupuestaria de la Dirección General de Salud Mental determinan el modo en que se materializa la política pú-blica y obstaculizan una comprensión integral del proceso salud–enfermedad. En principio, no se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al derecho a la salud para todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, el abordaje parcial y monovalente estigmatiza, obstaculiza el tratamiento de otras patologías del campo clínico —asociadas o no—, segrega a personas que están en particular situación de fragilidad y no fomenta prácticas inclusivas en los hospitales generales y en los dispositivos comunitarios, en franca contradicción con el mandato compren-dido en todo el plexo normativo vigente.

En la Ciudad de Buenos Aires, entre 2010 y 2014 se registró un aumento nominal en el pre-supuesto global destinado a la salud pero no así en su proporción destinada a la salud mental, que ronda el 7,7%. Esta decisión es contraria a la ley nacional que establece un aumento gra-dual del rubro salud mental hasta llegar al 10% de lo destinado a salud (art. 32).

Del limitado presupuesto, la mayor propor-ción se asigna a los cuatro grandes hospitales psiquiátricos custodiales: Borda, Moyano, Al-vear y Tobar García. Esta distribución no respe-ta la obligación de fortalecer la atención prima-ria de la salud a partir de la consolidación de los servicios descentralizados insertos en la comu-nidad y en el ámbito de los hospitales generales.



La ley nacional prevé la migración progresiva de recursos, como modo de apuntalamiento de las nuevas prácticas.

En efecto, más del 80% del presupuesto se asigna a estas instituciones, quedando disponi-ble apenas el 20% para los dispositivos ambula-torios y los programas que apuntan a la reinser-ción en la comunidad. En cada año se observa un aumento respecto a lo previamente asigna-do para los hospitales monovalentes.

Al analizar el gasto asignado a los CESAC —Centros de Atención Primaria en Salud— se advierte que de entre los once hospitales que cuentan con áreas programáticas de las que se desprenden los CESAC, solo seis tuvieron un incremento en la asignación de presupuesto en el último año (Ramos Mejía, Álvarez, Tornú, Vélez Sarsfield, Fernández y Durand).

Al observar la relación entre ese incremento y el presupuesto total asignado a cada uno de estos hospitales, según datos aportados por el CELS, se advierte que sólo cuatro reflejan un aumento real en el presupuesto destinado a los CESAC de su dependencia (Ramos Mejía, Álva-rez, Vélez Sarsfield y Fernández).

No hubo una partida asignada para 2014 en el caso de los hospitales Argerich, Penna, Piñe-ro y Santojanni. En este sentido, nuevamente se contradice el mandato contenido en el artículo 10 de la Ley N° 448 que plantea y busca pro-mover “la adecuación de los recursos existentes al momento de la sanción de la presente Ley, a los efectos de transformar el modelo hospitalo-céntrico, para el desarrollo de un nuevo modelo de salud mental”. Máxime considerando que la misma ley en su artículo 14, establece como uno de los efectores de la red de salud mental a los CESAC.

En cuanto a la asignación presupuestaria para la atención de la salud mental integrada en el ámbito de los hospitales generales, in-forma el CELS que en el presupuesto de 2014

correspondiente a los hospitales Elizalde, Álva-rez, Piñero, Durand, Pirovano, dicha actividad ocupa menos del 1% del presupuesto; no en-contramos información sobre qué implica con-cretamente.

Ello refleja un ordenamiento discrecional y aleatorio que contradice el Presupuesto por Ju-risdicción de 2014: “El sistema de salud mental deberá atender a los lineamientos de la Ley 448 y los alcances pertinentes de la Ley Nacional de Salud Mental. Promoviendo la desinstitucio-nalización, rehabilitación y reinserción social de los pacientes”. Esto resulta particularmente grave, si se recuerda que en la Constitución de la Ciudad, en su artículo 21, inciso 12, se prevé expresamente que “Las políticas de salud men-tal reconocerán la singularidad de los asistidos por su malestar psíquico y su condición de su-jetos de derecho, garantizando su atención en los establecimientos estatales. No tienen como fin el control social y erradican el castigo; pro-penden a la desinstitucionalización progresiva, creando una red de servicios y de protección social”. El Poder Ejecutivo de la Ciudad a tra-vés de la Dirección General de Salud Mental ha desatendido sistemáticamente los principios constitucionales de la Ciudad y los derechos de sus ciudadanos.

De lo expuesto precedentemente, no cabe sino advertir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se aferra a los modelos históri-cos de segregación asilar, centrado en el gran hospital psiquiátrico custodial y se ha resistido a implementar una red comunitaria que des-pliegue la atención primaria, dejando a las per-sonas abandonadas a merced de las lógicas de una institución de poder totalitario que sostiene prácticas abusivas. Este enfoque restringe el ac-ceso a los derechos de las personas con padeci-mientos mentales.



La intervención del Ministerio Públi-co de la Defensa en la protección del derecho a la salud mental

Entre los aspectos de la Ley Nacional de Sa-lud Mental cabe destacar, se encuentra el de-recho que le asiste a toda persona internada involuntariamente a designar un abogado y el deber del Estado de proporcionarle uno desde el momento de su internación. La ley le asigna así un rol central el Ministerio Público de la Defensa, pues las personas con padecimientos mentales de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a un abogado defensor de su propia Ciudad, que actúe ante las instituciones de la Ciudad y que pueda ser escuchado por los jue-ces de su Ciudad, conforme la plena autono-mía jurisdiccional que le reconoce la Constitu-ción, en igual de condiciones que las restantes provincias.

En la Ley Nacional N° 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental y su Decreto reglamentario N° 603/2013, además de desig-nar al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación, se previó la creación de un novedoso organismo independiente, in-tersectorial e interdisciplinario, en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, denominado “Órgano de Revisión”. Este organismo tiene por función promover y contribuir a proteger los Derechos Humanos de los usuarios de los servicios de salud mental (conf. art. 38 de la ley mencionada), procurando garantizar el efectivo respeto de la dignidad y la capacidad jurídica de las personas con padecimiento mental.

Las funciones de la norma se pueden clasifi-car en tres grandes categorías conceptuales:

a. Funciones operativas, tales como la eva-luación de las internaciones involun-tarias, de las internaciones voluntarias prolongadas y de las derivaciones.

b. De supervisión y monitoreo de las con-diciones de internación.

c. Político institucionales, consistentes en realizar recomendaciones y propuestas, y formular denuncias cuando corresponda.

Así, nos encontramos tanto ante un órgano técnico jurídico, involucrado en la protección de los Derechos Humanos, como frente a uno de carácter político y sanitario. En efecto, el ejer-cicio de las profesiones de la salud, comprende una gama de acciones que va desde la preven-ción, el diagnóstico, la prescripción o indicación terapéutica, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión social —si es pertinente—. El órgano de revisión no es un efector de salud mental y no realiza la atención ni dispensa cuidados a las personas con padecimiento mental, pero sí —en instancia de revisión— diagnostica e indi-ca tratamiento, a través de su equipo interdis-ciplinario, lo que implica el ejercicio de actos propios de las profesiones sanitarias y formula recomendaciones y protocolos sobre estrategias terapéuticas, lo que entraña la formulación de políticas sanitarias y acciones de salud pública.

Todo esto resulta consistente con el enfoque adoptado en la Ley Nacional 26.657 respecto del abordaje comunitario de la salud mental. Este enfoque parte de la noción de que la segre-gación de la persona con padecimiento mental en una “institución total” —en la terminología de Goffman— determina un empeoramiento de su salud y produce una incapacidad que se adiciona a la que pudiera producir el cuadro clínico que demandó su internación. En con-secuencia, se postula un modelo de atención cuyos pilares son la desinstitucionalización, la prevención, la atención primaria, la asistencia coordinada por parte del sistema de atención de la salud, la accesibilidad a las prestaciones, la atención por equipos interdisciplinarios y la participación de la comunidad.



Y nuevamente, en ese camino es decisiva la inmediata creación del órgano de revisión.

La Ley de Salud Mental prevé que cada jurisdicción establezca su órgano de revisión, actor central en la nueva institucionalidad. La Ciudad, que reclama a diario profundizar su autonomía, está aquí claramente en deuda pues la ley federal la autoriza a crear expresamen-te el referido órgano de revisión. Es así que el Ministerio Público de la Defensa elaboró y pre-sentó ante la Legislatura un proyecto para su creación. Es la propia Ciudad la que tiene que llevar a cabo la modificación de sus instituciones y en ese proceso de autonomía es clave crear un órgano de revisión local, con intervención de las autoridades administrativas locales, de las organizaciones de trabajadores y profesionales de la salud locales y de las organizaciones tam-bién locales de la sociedad civil.

Otro importante avance implementado por el Ministerio Público de la Defensa, ha sido la creación de un Programa de Atención Profe-sional Especializada para asesorar y asistir a los magistrados de la defensa pública en la aten-ción a las personas con padecimiento mental. En efecto, el cambio de paradigma y la reforma del Código Civil, determinan también el aban-dono del paradigma tutelar en el ámbito del derecho, en el que la voz del “enfermo mental” era suprimida y subrogada por un curador, que lo representaba “como lo haría un buen padre de familia”, ante las autoridades judiciales y en la realización de todos los actos de la vida civil. El nuevo Código Civil y la Ley de Salud Mental, destierran definitivamente este modelo restric-tivo de la capacidad mental y sustitutivo de la voluntad, y propician el contacto directo de la persona con padecimiento mental y los magis-trados que están obligados a escucharlos y a vin-cularse con ellos personalmente. Se sustituye la tutela por un sistema de apoyos para facilitar la toma de decisiones, el ejercicio de los derechos

personales, la administración de los bienes y el ejercicio de actos jurídicos en general. El obje-tivo de tales medidas de apoyo es promover la autonomía de la persona, y facilitarle la com-prensión, comunicación y manifestación de la voluntad para el ejercicio de los derechos. Por ello, el Ministerio Público de la Defensa debe ser el primero en adoptar políticas y medidas concretas y operativas para asegurar el acceso directo y sin intermediación de las personas con padecimiento mental a su defensor oficial, que debe asumir ante todo en su propia persona, ese deber de escuchar e integrar a la persona, para luego promover su integración en el resto de las instituciones sociales.

La persona que padece tiene su voz y su derecho a ser escuchado. El compromiso de la Defensa Pública es: Menos internación, más comunidad.



Como consideraciones finales se puede sostener que a raíz de los ca-sos mencionados, puede apreciarse que existe un déficit ostensible en la prestación del servicio de salud en el ámbito de la CABA. Algunos aspectos provienen de las presta-ciones que debe brindar el propio gobierno desde el subsector públi-co y otros derivados del incumpli-miento del subsector privado —su-jeto a control estatal— respecto de las normas que regulan el área de salud. En cualquier caso, no hay duda que las falencias apuntadas que presenta el sistema, provienen en la mayor parte de los casos de la falta de presupuesto para atender todas las necesidades que demanda este sector lo cual deriva finalmente en innumerables reclamos adminis-trativos y judiciales, muchos de ellos receptados por el MPD y planteados ante el fuero local.

En este sentido, cabe destacar que la regresividad presupuestaria y la sistemática desinversión en in-fraestructura y equipamiento per-miten explicar el deterioro edilicio y del equipamiento sanitario y las dificultades con los profesionales de la salud, que han sido denunciados por diferentes actores a lo largo de los últimos años. En efecto, tanto organizaciones científicas, sociales y sindicales, como la Auditoría Gene-ral de la Ciudad, la Defensoría del Pueblo, la Asesoría General Tutelar, entre otros, han alertado acerca de los déficits en recursos humanos (particularmente en horas de en-fermería, algunas especialidades y

las condiciones de precarización la-boral de muchos profesionales), el deterioro edilicio, la insuficiencia o falta de mantenimiento del equipa-miento sanitario, y las deficiencias en el primer nivel de atención (CE-SACs). Todo ello ha redundado en dificultades de acceso, en deficien-cias en cuanto a la calidad y opor-tunidad de los tratamientos, en la insuficiencia de estrategias de pre-vención en protección de la salud, que sufren de manera particular los sectores más pobres de la población, quienes dependen en mayor medi-da del sistema público de salud.

En el contexto descripto, puede advertirse un alto grado de per-meabilidad de la demanda de salud en los tribunales judiciales del fuero local en sus distintas instancias que a través de sus decisiones en los ca-sos planteados adoptan una postura progresiva en materia de exigibili-dad del derecho a la salud.


Datos socioeconómicos de la educación en la Ciudad.

La ciudad de Buenos Aires cuenta, según datos oficiales del año 2014, con 2.720 unida-des educativas en todos los niveles (inicial, pri-mario, secundario, y superior no universitario) de las cuales 44.1% son de gestión estatal .

Cuadro Nº 19: unidades educativas por sector de gestión según tipo de educación o modali-dad educativa y nivel de enseñanza. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014.

Estatal Privada Total

Total 1200 1520 2720

Común 918 1425 2343

Inicial 234 472 706

Primario 458 422 880

Secundario 156 335 491

Superior no universitario 70 196 266

Especial 58 49 107

Inicial 20 15 35

Primario 38 32 70

Secundario 2 2

Adultos 224 46 270

Primario 83 7 90

Secundario 141 39 180

Artística /// /// 0

Secundario /// /// 0

Superior no universitario /// /// 0

Fuente: Ministerio de Educación (GCBA). Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa. Gerencia Operativa de Investigación y Estadística sobre la base de Relevamiento Anual 2014.

DErECHo A LA EDuCACIón

La regulación del derecho a la educación

otorga una garantía de acceso irrestricto a

los diferentes niveles del sistema educativo,

inicial, primario y secundario. Empero, dicha

oferta institucional vacantes disponibles en

establecimientos escolares determinados su-

fre las limitaciones derivadas de la gestión

de los recursos de la autoridad competente.



Cuadro Nº 20: matrícula del sector público y privado según comuna. modalidad común. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014

Inicial Primario Secundario

Comuna Total Sector de gestión Total Sector de gestión Total Sector de gestión

Estatal Privado Estatal Privado Estatal Privado

Total 120.784 52.354 68.430 280.893 146.142 134.751 186.818 95.772 91.046

1 8.118 3.842 4.276 16.823 9.023 7.800 17.294 10.707 6.587

2 4.488 1.029 3.459 10.198 4.018 6.180 8.652 4.932 3.720

3 6.641 2.582 4.059 17.791 9.151 8.640 14.110 8.463 5.647

4 10.409 7.195 3.214 26.383 18.531 7.852 14.783 10.177 4.606

5 6.267 2.912 3.355 13.542 6.197 7.345 13.052 5.436 7.616

6 7.120 2.939 4.181 15.940 6.954 8.986 13.244 7.172 6.072

7 8.290 3.680 4.610 20.100 10.993 9.107 10.881 6.233 4.648

8 11.583 7.807 3.776 26.725 18.652 8.073 12.067 7.235 4.832

9 7.440 2.818 4.622 22.150 12.160 9.990 14.399 7.048 7.351

10 7.066 3.494 3.572 18.349 10.749 7.600 11.626 6.170 5.456

11 7.479 2.711 4.768 20.018 10.247 9.771 10.113 3.922 6.191

12 9.108 3.587 5.521 18.981 9.237 9.744 10.834 4.135 6.699

13 11.237 2.385 8.852 22.636 6.085 16.551 17.599 5.532 12.067

14 9.797 3.161 6.636 18.019 6.934 11.085 11.118 4.668 6.450

15 5.741 2.212 3.529 13.238 7.211 6.027 7.046 3.942 3.104

Fuente: Ministerio de Educación (GCBA). Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa. Gerencia Operativa de Investigación y Estadística sobre la base de Relevamiento Anual 2014, datos provisorios.

Es de destacar que en la Ciudad el 50% de la población escolarizada de 3 años y más asiste a establecimientos de gestión pública, superando dicha proporción hasta alcanzar casi el 70% en las comunas 4 y 8.138

Dicho esto, es dable resaltar que en las zo-nas de la ciudad que presentan mayor cantidad

138- Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, Síntesis de resultados. 2014.

de población con NBI, las problemáticas que se producen por la falta de inversión en materia de educación han sido históricamente: la falta de vacantes -obligando a que muchos niños de-ban ser asignados a escuelas lejos de su barrio-; la alta cantidad de alumnos por docente; la falta de escuelas de jornada completa.

Según idéntica fuente, el promedio de años de estudio de la población de 25 años y más es de 13 años. Se presentan diferencias según las


distintas comunas de la Ciudad. En las Comu-nas 4, 8 y 9 el promedio de años de estudio va-ría entre 10 y 11, mientras que en las Comunas 2, 5, 13 y 14 dicho promedio es de 14 o más años de estudio.

Más del 70% de la población de 25 años y más completó como mínimo el nivel secundario, mientras que el 34,3% finalizó el nivel terciario

o el universitario. En las Comunas 2, 13 y 14 este último grupo representa más de la mitad.

Como contracara, los porcentajes más altos de alumnos con sobre edad y repetidores en ni-vel primario, se encuentran en las comunas 1,4, 7 y 8, siendo las dos primeras las que presentan porcentajes más altos para ambas mediciones.

Cuadro Nº 21: Porcentaje de alumnos con sobreedad por sector de gestión y comuna. Nivel pri-mario y secundario Ciudad de Buenos Aires. Año 2014.

Comuna Primario Secundario

Total Sector de gestión Total Sector de gestión

Estatal Privado Estatal Privado

Total 9,3 14,6 3,5 30,1 45,4 14,1

1 13,2 19,6 5,8 35,3 42,8 23,2

2 6,6 10,6 4 30 40 16,6

3 9,7 15,7 3,2 31,8 44,1 13,2

4 14,1 18,2 4,5 39,6 49,5 17,5

5 8,1 15,6 1,7 25,5 51,9 6,7

6 5,4 9,4 2,2 33 47 16,4

7 10,1 15,8 3,2 35,8 49,8 17

8 14,6 18,6 5,5 42,6 56,8 21,3

9 9,1 14,6 2,4 27,4 43 12,4

10 7,8 11,9 2 27,9 37,4 17,1

11 7 9,6 4,3 23,8 47 9,1

12 6,7 11,3 2,4 27,5 46,7 15,6

13 5,4 10,8 3,4 19,7 41,1 10

14 7,4 12,5 4,2 23,1 38,5 12

15 8 11,6 3,6 27,3 40,1 11,1

Nota: incluye información correspondiente a una unidad educativa estatal dependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Ministerio de Educación (GCBA). Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa.Gerencia Operativa de Investigación y Estadística sobre la base de Relevamiento Anual 2014, datos provisorios



Cuadro Nº 22: Porcentaje de alumnos repetidores por sector de gestión y comuna. Nivel prima-rio y secundario. Ciudad de Buenos Aires. Año 2014.

Comuna Primario Secundario

Total Sector de gestión Total Sector de gestión

Estatal Privado Estatal Privado

Total 1,3 2,2 0,4 8,6 13,5 3,4

1 2 3,3 0,5 11,6 14,1 7,5

2 1 1,1 1 10,7 16,3 3,3

3 1,1 2,1 0,1 8,2 11,3 3,5

4 2,2 2,8 0,8 12 15,7 3,8

5 0,8 1,4 0,2 8,2 17,8 1,4

6 1 1,8 0,3 8 12,3 3

7 1,4 2 0,7 7,4 9,1 5,2

8 2,3 2,8 1,2 11,8 16,2 5,1

9 1,5 2,5 0,2 8,2 13,2 3,4

10 1,1 1,7 0,2 7,6 11,2 3,5

11 0,6 1 0,3 7,1 14,9 2,2

12 0,9 1,7 0,3 9,4 17,8 4,2

13 0,6 2 0,1 5,4 13 1,8

14 0,7 1,7 0,1 4,1 6 2,7

15 1,1 2,3 0,1 8,1 12,5 2,7

Nota: incluye información correspondiente a una unidad educativa estataldependiente de Nación localizada en la Ciudad de Buenos,

Fuente: Ministerio de Educación (GCBA). Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa.Gerencia Operativa de Investigación y Estadística sobre la base de Relevamiento Anual 2014, datos provisorios


DereCho a la eDuCaCión

Según los datos censales del 2010, la tasa de analfabetismo de la Ciudad es de 0,5%, siendo igual entre varones y mujeres, mientras que en las comunas de la Zona Norte (2, 13 y 14) y en el Centro de la Ciudad (Comuna 6) se presentan las tasas de analfabetismo más bajas -oscilando entre 0,2% y 0,3%-. Por su parte, las Comunas 4, 7 y 8 presentan las tasas de analfabetismo más altas. En la Comuna 8 alcanza el 1,1%, porcen-taje que representa 1.732 analfabetos.139

En este marco, la Defensa Pública de la Ciu-dad realiza sistemáticamente una evaluación de las leyes de presupuesto sancionadas por la Le-gislatura de la Ciudad desde el año 2008, cons-tatando un proceso de reducción de la partici-pación del gasto en educación en el presupuesto total de la CABA.140 En este sentido, la asigna-ción presupuestaria en infraestructura escolar se redujo en un 83% en relación con el presupuesto educativo total, entre en 2008 y 2015.

Si se compara el monto invertido en la refac-ción y construcción de escuelas en el año 2014 con lo invertido en 2008, se corrobora que la diferencia es de un 45% menos.

139- Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA), Panorama Social Porteño Nº2, agosto 2013.

140- Ministerio Público de la Defensa, Secretaría General de Planificación, Informe Presupuesto de Áreas Sociales Regresividad y Subejecución CABA 2008/2014. 2014.

Cuadro Nº 23: Infraestructura Educativa (Base Ejecutado) Pesos constantes (en millones) - Base año 2008**

Año Pesos Corrientes Pesos Constantes

2008 145,11 145,11

2009 143,88 130,03

2010 211,97 164,01

2011 486,71 313,64

2012 230,47 118,36

2013 260,63 112,02

2014 276,9 90,26

**Fuente: Informe “Presupuesto de Áreas Sociales Regresividad y subejecución CABA 2008/2014” elaborado por la Dirección de Investigación de la Secretaría General de Planificación del MPD.

El cuadro que se presenta a continuación muestra que la distribución de las obras de in-fraestructura entre las distintas zonas de la ciu-dad ha sido discriminatoria. Los distritos esco-lares con niveles de NBI más alto tienen una asignación presupuestaria menor que los que presentan menos población con NBI. La dife-rencia es del 39% más.



Cuadro Nº 24: Inversión en infraestructura escolar por alumno según distritos escolares pobres y no pobres.

Asignación Presupuestaria

Alumnos/as Inversión por alumno

Distritos escolares con mayores niveles de NBI (*)

$71.783.454 88.871 $807,74

Distritos escolares con menores niveles de NBI (**)

$74.770.963 66.457 $1.125,10

(*) DE Nº 3,4,5,19 y 21

(**) DE Nº 10,15,16,17 y 18

Fuente: Informe “Presupuesto de Áreas Sociales Regresividad y subejecución CABA 2008/2014” elaborado por la Dirección de Investigación de la Secretaría General de Planificación del MPD, en función de datos de ACIJ.

Si se considera el presupuesto de la Ciudad destinado a educación descontando el gasto en personal —que en 2014 representó el 64% del to-tal—, podemos observar que el GCBA destina el 45,6% a transferencias al sector privado y solo el 4,3% a infraestructura escolar en escuelas públicas.

Es importante resaltar que el Poder Ejecuti-vo asigna subsidios a escuelas de gestión priva-da de manera discrecional, ya que en la CABA no existe una ley que establezca los criterios me-diante los cuales deban efectuarse.

Cuadro Nº 25: ministerio de Educación Pre-supuesto ejecutado por rubro (sin gastos de personal) 2014 (en millones de $).

Presupuesto %

Presupuesto Educación descontado gastos de personal

5.455,71 100

Transferencias al sector privado 2.485,81 45,6

Infraestructura escolar 236,42 4,3

Mantenimiento 255,15 4,7

Asistencia Alimentaria 933,43 17,1

Becas Estudiantiles 259,51 4,8

Servicios No Personales 985,54 18,1

Otros 299,85 5,5

Fuente: Informe “Presupuesto de Áreas Sociales Regresividad y subejecución CABA 2008/2014” elaborado por la Dirección de Investigación de la Secretaría General de Planificación del MPD, en base a informes de ejecución presupuestaria GCABA 2014.

Reflexiones introductorias en torno al derecho a la educación en la Ciudad

La educación cumple un rol esencial como pilar del desarrollo humano, permitiéndole a las personas reducir su situación de vulnerabi-lidad y generando mejores condiciones para su inserción en la sociedad. Como servicio social universal, su prestación puede reducir la vul-nerabilidad estructural, convirtiéndose en una fuerza poderosa para la igualdad de oportuni-dades y resultados.141

En este entendimiento, el Ministerio Públi-co de la Defensa ha venido desarrollando una

141- Conceptos desarrollados en el Informe sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible. en:http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf



intensa labor con el fin de achicar la brecha de la desigualdad en el acceso a la educación, exi-giendo el cumplimiento de los estándares locales e internacionales del servicio educativo y bre-gando por su prestación universal y de calidad, accesible para todos los habitantes de la Ciudad.

La educación traducida en derecho se en-cuentra reconocida en extensa normativa local, en la que se reconoce y garantiza un sistema educativo tendiente a un desarrollo integral de la persona, asegurando la igualdad de oportu-nidades y posibilidades para el acceso, perma-nencia, reinserción y egreso del sistema edu-cativo. Es de destacar que, en este sentido, la Constitución local asegura que el Estado local tiene la obligación de asegurar y financiar el acceso a la educación —de carácter estatal, lai-ca y gratuita— para todos los habitantes de la Ciudad a partir de los cuarenta y cinco días de vida y hasta el nivel superior, en todos los niveles y modalidades.

Para ello, el Estado debe promover el más alto nivel de calidad de la enseñanza y asegurar políticas sociales complementarias que posibili-ten el efectivo ejercicio de aquellos derechos,142

142- En el art. 24 de la CCABA se dispone que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine. Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones. Crea y reconoce, bajo su dependencia, institutos educativos con capacidad de otorgar títulos académicos y habilitantes en todos los niveles.Se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde con su función social. Garantiza el derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema. Fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y reinserción laboral. Tiende a formar personas

entendiendo que la educación constituye tanto un Derecho Humano cuanto un bien públi-co.143 La educación, en este sentido, es concebi-da como un bien común, y la enseñanza escolar como servicio público.144

En esta línea, adquiere fundamental impor-tancia la obligatoriedad de la enseñanza, la cual, en nuestro país, se extiende desde los cuatro años hasta la finalización de la educación secundaria.145

La intervención del Ministerio Público de la Defensa en la protección del de-recho a la educación de los habitantes de la Ciudad

Tal como se dijo al inicio de este informe, el Ministerio Público de la Defensa, en cumpli-miento del mandato constitucional, asume el compromiso de defender los derechos de los

con conciencia crítica y capacidad de respuesta ante los cambios científicos, tecnológicos y productivos. Contempla la perspectiva de género. Incorpora programas en materia de Derechos Humanos y educación sexual”.

143- Comisión de Derechos Humanos, 56º período de sesiones, Informe provisional de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, U. N. Doc. E/CN.4/2000/6, párrs. 40 y 66; en similar sentido se ha dicho que “definir a la educación como un bien público, como un servicio público gratuito, es un desafío clave para los Derechos Humanos” (Tomasevski, Katarina, Indicadores del derecho a la educación, Revista IIDH 40 [2004], p. 365).

144- Comisión de Derechos Humanos, 57º período de sesiones, Informe anual de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, U.N. Doc. E/CN.4/2001/52, párr. 5; Comisión de Derechos Humanos, 58º período de sesiones, Informe anual de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, U.N. Doc. E/CN.4/2002/60, párrs. 20, 31; Comisión de Derechos Humanos, 59º período de sesiones, Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, U.N. Doc. E/CN.4/2003/9, párr. 20.

145- cfr. art. 16 de la Ley Nº 26.206; la Ley Nº 898 [art. 1] de la CABA establece una lapso igual hasta completar como mínimo trece años de escolaridad obligatoria.



habitantes de la Ciudad a través de la promo-ción de acciones que permitan garantizar su pleno ejercicio. El caso del acceso a la educación no ha sido la excepción.

Ello pues no puede desconocerse que, ade-más de la interdependencia con otros Derechos Humanos trascendentales,146 la educación tiene una importancia superlativa en la elección, for-mulación y ejercicio del propio plan de vida.

Así, con sustento en el marco normativo has-ta aquí desarrollado y en concordancia con la importancia del derecho que se busca proteger, el MPD ha impulsado varios procesos judiciales, entre los que se encuentran uno tendiente a lo-grar vacantes para la educación primaria para niños residentes en la Villa 21-24 de la Ciudad, y otro dirigida impugnar el acto administrativo que disponía la inscripción on line para los es-tablecimientos de educación de gestión pública estatal (al que le siguieron numerosas acciones individuales con reclamos diversos en virtud de las problemáticas concretas suscitadas).

Causa sobre vacantes escolares147

El Ministerio Público de la Defensa tuvo a cargo el patrocinio letrado de varios padres quienes, por derecho propio y en representa-ción de sus hijos menores de edad, iniciaron una acción expedita (amparo) contra el Gobierno de

146- En una alusiva expresión el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que "el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad e interdependencia de todos los Derechos Humanos". Así, se lo califica al mismo tiempo de derecho económico, de derecho social y de derecho cultural y, en muchas formas, es también un derecho civil y político (v. Observación General Nº 11, Planes de acción para la enseñanza primaria, párr. 2, 20º período de sesiones, 1999, doc. E/C.12/1999/4).

147- “Caceres Mariela y otros contra GCBA sobre Amparo (art. 14 CCABA)”, (expte. 41272/0), del 1 de junio de 2011.

la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de garan-tizar el real y verdadero acceso a la educación primaria de los niños que residen en la Villa 21-24 de esta Ciudad, toda vez que por falta de vacantes de ese nivel educativo vieron vulnera-do dicho derecho constitucional. En el marco del proceso intentado requirieron, además, se ordenase a la Administración la construcción de nuevos edificios escolares en el ámbito del Dis-trito Escolar Nº 5 y en la zona de influencia de la Villa 21/24.

En tal contexto, solicitaron una medida pre-ventiva —hasta tanto se dictara sentencia defi-nitiva en el proceso— requiriendo que se orde-nara al GCBA la realización de un censo que contemplara la escolarización o no de los niños, las razones en caso de que no lo estuvieran y, en caso de que sí asistieran a la escuela, especi-ficaran si el establecimiento educativo se encon-traba a más de diez cuadras148 de la vivienda, indicando la forma de traslado al mismo. Dicho censo debía ser remitido a las autoridades edu-cativas las que tenían que presentar al Tribunal un proyecto que especificara las medidas que se adoptarían para asegurar que durante el ciclo lectivo siguiente todos los niños en edad escolar primaria pudieran acceder a establecimientos dentro del ámbito de la Villa 21/24.

Hasta la realización del censo referido, el GCBA debía instrumentar un servicio de trans-porte escolar gratuito para los niños y niñas que

148- El criterio para la definición de esta distancia se funda en lo dispuesto por el Reglamento Escolar del Sistema Educativo de Gestión Pública dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA (resolución Nº 4776 del Ministerio de Educación de la Ciudad, año 2006), norma que en relación con la inscripción de alumnos establece que: “Los/las niños/niñas se inscribirán en el establecimiento educativo de nivel inicial o primario más cercano a su domicilio, teniendo prioridad aquellos que se encuentren en el área de influencia del establecimiento, que se establece en diez cuadras en las cuatro direcciones. En caso de que el alumno pertenezca al área de dos o más escuelas, le corresponderá aquella que se encuentre a menos distancia del domicilio” (art. 23, el destacado es propio).



habitan en la Villa 21/24 y que concurrían a es-tablecimientos primarios lejanos a su domicilio con un mínimo de dos servicios diarios de ida y de vuelta.

El magistrado con competencia para resol-ver, hizo lugar a la tutela solicitada, con sus-tento en la necesidad de garantizar el efectivo acceso a la educación de los niños y niñas de la villa 21-24 y evitar la deserción escolar que la situación podría acarrear.

A su vez, al resolver el fondo de la cuestión, la jueza de primera instancia ordenó al Gobierno a que realizara las obras de infraestructura necesa-rias para garantizar las vacantes en los niveles es-colares solicitados y a continuar proveyendo un servicio de transporte escolar gratuito.

Apelado el pronunciamiento, la Sala I de la Cámara CAyT de la Ciudad dispuso la crea-ción de una mesa de trabajo para que las par-tes lograsen los consensos necesarios. El primer punto que se trató en esta mesa fue la puesta en marcha de seis micros para que 116 niños sean trasladados a sus escuelas, como medida transitoria hasta la construcción de los nuevos establecimientos educativos.

Causas de inscripción on line

En estos casos el MPD, junto con los afecta-dos, buscaron salvaguardar el derecho a la edu-cación vulnerado mediante la implementación de un nuevo sistema de inscripción, denomina-do on line de los alumnos en los diferentes ins-titutos educativos, anunciado a pocos días del inicio del periodo de inscripción a las escuelas de gestión estatal para el ciclo lectivo 2014.

Dicha modalidad de inscripción fue esta-blecida, según los argumentos vertidos por el Ministerio de Educación de la Ciudad, como parte de “las políticas de implementación de las

nuevas tecnologías en favor de la educción, fa-cilitando la gestión diaria de los establecimien-tos educativos y orientando la escuela hacia el futuro”. Su objetivo primordial se apoyaba en “optimizar los recursos administrativos”, “des-papelizar” los procedimientos de modo tal que “puedan desenvolverse con mayor dinamismo, en menor tiempo y con menos dispendio de recursos a partir de la incorporación de solu-ciones tecnológicas y herramientas digitales”. Se pretendía con ello “pasar del proceso ma-nual” de inscripciones, de antigua y arraigada costumbre en las escuelas públicas, a “procesos automáticos y digitales”.149

Sin embargo, numerosos actores sociales —instituciones públicas, organizaciones sociales, sindicatos docentes y muchísimas familias— se-ñalaron masiva y públicamente que la modifi-cación impactaría restringiendo el derecho a la educación de los niños de la ciudad. Las críticas se centraban en lo intempestivo e inconsulto de la decisión, en la existencia de grandes sectores de la población de la ciudad —especialmente en las comunas del sur— sin acceso a Internet ni con adecuado manejo del recurso informático, en la despersonalización del vínculo escuela—familia y en la omisión de un criterio pedagógi-co que contemple las realidades zonales para la conformación de las matrículas escolares.

Sin embargo, en los hechos, la modifica-ción implementada conllevó, lejos de agilizar el

149- Hasta el ciclo lectivo 2013, la inscripción a las escuelas estataldes de la Ciudad se realizaba según lo dispuesto por la ya citada resolución Nº 4.776/06 del Ministerio de Educación de la Ciudad, la cual atiende las múltiples aristas que hacen a la política educativa emanada del régimen constitucional, así como también a la gestión cotidiana de las escuelas. Aunque es innecesario un análisis exhaustivo de todo su articulado sí es conveniente señalar que el capítulo IV de su título I está íntegramente dedicado al régimen de inscripción, que es la plasmación al mínimo nivel reglamentario del derecho constitucional a aprender, en sus elementos esenciales de acceso y disponibilidad. El cambio de modalidad se formalizó mediante la resolución N° 3.547 del Ministerio de Educación del Ciudad del año 2014.



proceso de inscripción, a innumerables conse-cuencias inequitativas que se sumaron a otras problemáticas del sistema educativo local que afectan especialmente a los distritos escolares de la zona sur de la ciudad: la falta de vacantes, en toda la ciudad, en el nivel inicial y ,en algunas zonas, en los niveles primario y medio, falta vin-culada a la ausencia de un plan de construcción de escuelas, la existencia de graves problemas de infraestructura en los edificios escolares y la subejecución de las partidas presupuestarias para darle adecuada solución.

Las inquietudes generadas por el nuevo sis-tema, los reclamos sociales y la angustia gene-ralizada provocada por la incertidumbre ante la falta de vacantes a pocos días del inicio del ciclo lectivo fue reflejada por los medios de co-municación.150

En este contexto el MPD promovió acciones judiciales de dos tipos:

a) Una acción colectiva, patrocinada por la Defensoría General, dirigida a impugnar la re-solución 3.337/2013 que creaba el sistema de inscripción on line, dejando sin efecto los siste-mas anteriores y modificando los criterios de prioridad para la asignación de vacantes.151

b) Numerosas acciones individuales,152 a tra-

150- “Protesta formal por inscripciones online”, Tiempo Argentino, 25/10/2013; “Arranca hoy la polémica inscripción online para las escuelas porteñas”, Tiempo Argentino, 4/11/2013; “Ya hay 3000 reclamos por falta de vacantes en escuelas porteñas”, Clarín, 13/12/2013; “Objetan un sistema de inscripción online”, La Nación, 25/10/2013; “Por el trámite presencial”; Pagina 12, 18/10/2013; “Lo que se devela detrás del sistema”, Tiempo Argentino, 05/11/2013; “Más de 80 mil chicos fueron inscriptos para las escuelas porteñas”, Tiempo Argentino, 23/11/2013; “Padres y alumnos marchan contra la inscripción online”, La Ciudad Avellaneda, 12/12/2013.

151- “Kestelboim Mario Jaime y otros contra GCBA y otros s/amparo” (Expte. A69460-2013/0).

152- “Bottaro Lucía Melanie contra GCBA sobre amparo” (Expte. A898-2014/0), “Flores León” (Expte. A2727-2015/0 j°6), “Martínez Portillo” (Expte. A4371-2015/0 J°10) y

vés de defensorías de primera instancia, cuyo objeto fue el de revertir las falencias concretas y diversas en cada caso provocadas por el sistema informativo que derivaban, en la mayoría de los casos, en la falta de vacante para los niños, ni-ñas y adolescentes en edad escolar. En particu-lar, se reclamó por la violación a las prioridades dispuestas en el reglamento escolar 4.776/2006, por la revocación virtual de vacantes otorgadas inicialmente para quitarlas pocos días antes del inicio escolar dejando a los niños sin vacante, por el cambio de establecimiento educativo sin solicitud de los padres, por la quita intempesti-va y desmotivada de vacante a niños que el año anterior ya habían concurrido a dicha escuela y que, por ende, deseaban continuar en el mismo lugar, entre muchos otros.

Las acciones intentadas han tenido, en la mayoría de los casos, una solución favorable para los actores y el accionar del MPD, tanto en sede administrativa como judicial, resultó esencial para poner en evidencia la problemá-tica, la cantidad de afectados, el derecho vul-nerado y la necesidad de dar una solución ur-gente a los afectados.

“Medrano Chiri” (Expte. A 11726-2015/0 J°20), entre otras.


La síntesis efectuada permite afir-mar que la regulación del derecho a la educación otorga una garantía de acceso irrestricto a los diferentes niveles del sistema educativo (inicial, primario y secundario en lo que nos toca). Empero, dicha oferta institu-cional (en rigor: de vacantes dispo-nibles en establecimientos escolares determinados) sufre las limitaciones derivadas de la gestión de los recur-sos de la autoridad competente.

En este sentido, las causas judicia-les expuestas relativas a la falta de va-cantes en diversos establecimientos educativos demuestran la regresivi-dad presupuestaria en la infraestruc-tura escolar, la cual afecta de manera más severa a los distritos más pobres de la Ciudad en los que la población depende casi de manera exclusiva de la oferta educativa pública, convir-tiéndose en un factor que reproduce el círculo de inequidad.

La insuficiencia de infraestructu-ra educativa pública descripta solo podrá revertirse con inversión que incremente de manera significativa la oferta educativa pública, particu-larmente en las comunas más pobres.

Mientras tanto, el Ministerio Pú-blico de la Defensa continuará en su tarea de impulsar acciones colecti-vas e individuales que alerten sobre la afectación del derecho a la edu-cación, intentando lograr soluciones que aseguren la igualdad de opor-tunidades y posibilidades para el ac-ceso, permanencia y reinserción de los habitantes vulnerados de la Ciu-dad, al sistema educativo público.


Es sabido que la pobreza constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano eco-nómico como en los planos social y cultural, y supone un serio obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las que también concurre algún otro factor de vulnerabilidad. En este sentido, tal como se ha puesto de relieve a lo largo de esta presentación con indicadores sociodemográficos, lo cierto es que la Ciudad de Buenos Aires constituye una jurisdicción con enorme cantidad de recursos económicos, técnicos y humanos pero su distri-bución es sumamente inequitativa y desigual, y este proceso desemboca en la afectación de los derechos más elementales de sus habitantes.

En ese contexto se inserta la actividad que despliega a diario el Ministerio Público de la Defensa en pos de brindar una asistencia jurí-dica de calidad, especializada y gratuita para la protección de los derechos de los habitantes de esta Ciudad, promoviendo su acceso real y efec-tivo a la Justicia.

De este modo, durante el desarrollo de esta presentación, se brindó una perspectiva global de la labor cotidiana que lleva adelante el MPD, donde además de invocar la normativa nacio-nal e internacional aplicable que sustentó cada una de las intervenciones del MPD, se destacó el impulso de diversas causas judiciales, colecti-vas e individuales dirigidas a obtener soluciones

ConCLuSIón



concretas frente a la vulneración de los dere-chos de los habitantes, especialmente los econó-micos, sociales y culturales.

En este sentido, se señaló que, sin perjuicio de algunos retrocesos jurisprudenciales, muchos han sido los logros obtenidos. Por un lado, la ini-ciación de uno o varios procesos judiciales exigió a la Administración reformular algunas políticas públicas restrictivas y regresivas y, en consecuen-cia, rediseñar la normativa vigente y, por el otro, requirió, en muchos casos, respuestas inmedia-tas dado el tipo de derecho afectado y la especial vulnerabilidad de las personas implicadas.

La actividad del MPD se extiende en varia-dos aspectos en materia de DESC, empero, su principal labor se ha concentrado desde el co-mienzo en promover el acceso a una vivienda digna, a través de diferentes cursos de acción. Parece claro que en la Ciudad de Buenos Aires hay un déficit estructural en materia de vivien-da y que este problema que afecta a una enor-me cantidad de habitantes no es, ni ha sido, un objetivo prioritario en la agenda de políticas públicas. De tal suerte que lo que no ha podido resolverse en el ámbito de lo público, necesaria-mente se ha canalizado en la vía jurisdiccional.

La actuación ante el poder judicial local fue particularmente vasta en este aspecto. Fren-te a una Administración focalizada en priori-zar la atención de la emergencia por sobre la búsqueda de estrategias para dar soluciones definitivas a los sectores más vulnerables, se han obtenido decisiones judiciales novedosas y permeables a los reclamos planteados, espe-cialmente en los fallos de los magistrados tanto de primera instancia como de la Cámara del fuero, que han sido determinantes para direc-cionar y controlar la gestión de la Ciudad en materia habitacional. De su lado, el Tribunal Superior de Justicia, como máxima instancia jurisdiccional local en los últimos años adop-tó una postura regresiva respecto de aquella

jurisprudencia de los primeros años de labor del fuero, retornando a una visión mucho más conservadora de los DESC.

En este estado de situación, la Defensa Pú-blica se propone a diario, mediante abordajes novedosos e interdisciplinarios respecto del ejercicio tradicional de la abogacía, constituir-se en la voz de quienes históricamente han sido postergados, y bregar por que la efectividad de los derechos que les reconocen la Constitución y las normas internacionales de igual jerarquía no se conviertan en ilusorios.

Y en ese camino, resulta ineludible: •Escuchar a los afectados, que son quienes

más conocen los problemas que enfrentan, y quienes han demostrado que tienen una gran cultura institucional.

•Salir de las oficinas hacia donde las violacio-nes de los Derechos Humanos son una rea-lidad cotidiana redefiniendo las relaciones defensa-territorio y abogado-consultante.

•Entender a los afectados como sujetos pro-tagonistas de sus causas generando espacios de participación y de construcción comuni-taria que canalicen sus reclamos y permitan diseñar en conjunto estrategias de solución integrales.A partir de esta actuación innovadora con

fuerte enfoque territorial, el MPD representa a miles de personas en un vastísimo caudal de causas no solo individuales sino también colec-tivas, participa activamente en causas estructu-rales de gran relevancia nacional como la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza Ria-chuelo y la relocalización de las familias afecta-das, así como de muchas otras vinculadas a la urbanización e integración socio-urbanística de las villas y asentamientos de la Ciudad con el objetivo de poner fin a la discriminación socio-espacial que sufren sus habitantes.

En estos procesos el MPD se ha encargado de constituir una barrera frente a la discrecionalidad


ConClusión

de los poderes públicos en pos de lograr la plena efectividad a los derechos fundamentales de los habitantes, recordando a los encargados de im-plementar las políticas públicas que “las personas no son cosas”.

Con esas miras puestas, el MPD ha repensado su organización interna implementando diversos programas y estructuras que permitan adaptarse a las necesidades dinámicas de las personas, salir a su encuentro y viabilizar sus reclamos. Desa-rrollar estrategias novedosas que comprendan la introducción de nuevas perspectivas de género, con el objetivo ya no de situarlas “al lado de las políticas”, sino convertirlas en una dimensión constitutiva de ellas. Promover que el armado de la agenda de discusión política incorpore la perspectiva de género en los futuros procesos de urbanización de las villas.

En suma, el desafío que se propone a diario el MPD es mantener firme el debate y la defen-sa de los DESC en el ámbito jurisdiccional que, en gran parte, mantiene una visión liberal con-servadora; poder vencer ese debate ideológico donde el argumento tanto de la Administración como del Poder Judicial es el costo económico que implica la protección de los DESC e implica retornar a antiguos esquemas de razonamiento que parecían superados.

Es necesario entender que no hay ciudada-nía real sin derechos sociales. Todo compromiso con la libertad implica también un compromiso con las precondiciones sociales de libertad, por-que, si el sujeto no dispone de una cuota míni-ma de dignidad y está dominado por miedos tan elementales como el de no lograr sobrevivir, carece de autonomía y su presunta libertad se convierte en apenas un simulacro.

Publicación del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Defensoría General. Edificio Dr. Arturo Enrique Sampay, México 890 (CABA).

Comentarios, sugerencias y colaboraciones: [email protected]

eDición y DiSeñO A cArGO

De lA Dirección De PrenSA


el rOl Del miniSTeriO PúblicO De lA DefenSA PArA Su exiGibiliDAD.

Primera edición: OcTubre De 2015

Segunda edición: AGOSTO De 2016

web: mpdefensa.gob.ar Facebook: MPDefensaCabaTwitter: @MPDefensaCaba

Instagram: MPDefensaCaba

—Economic, Social and Cultural Rights in theCity of Buenos Aires. The Role of the Office of the General Defender in their Enforceability.

P. 2 / AUGUST 2016

Economic, Social and cultural rightS in thE city of BuEnoS airES.

P. 3 / AUGUST 2016

DEFENDER GENERALHORACIO CORTI

DEPUTY DEFENDER GENERALDISPUTES, ADMINISTRATIVE, AND TAX LITIGATION MATTERS

GRACIELA ELENA CHRISTE

DEPUTY DEFENDER GENERALCRIMINAL, MISDEMEANOR, AND MINOR MUNICIPAL VIOLATIONS MATTERS

LUIS ESTEBAN DUACASTELLA ARBIZU

ECONOmIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN THE CITy Of BUENOS AIRES.

THE ROLE Of THE OffICE Of THE GENERAL DEfENDER IN THEIR ENfORCEABILITy.

Second Edition

AUGUST 2016

P. 4 / AUGUST 2016


Jurisdiction over Disputes, Administrative Matters, and Tax Litigation Office of the Defender before the Court of Appeals Nº1Fernando Lodeiro MartínezOffice of the Defender before the Court of Appeals Nº 2Mariana Beatriz Pucciarello

First InstanceOffice of the Defender Nº 1Alejandra Lorena LampolioOffice of the Defender Nº 2Pablo A. De Giovanni (I)Office of the Defender Nº 3María Lorena González Castro FeijóoOffice of the Defender Nº 4Cecilia González de los SantosOffice of the Defender Nº 5Ramiro Joaquín Dos Santos FreireOffice of the Defender Nº 6Javier Indalecio Barraza

Jurisdiction over Criminal Matters, Misdemeanors, and Minor Municipal Violations Office of the Defender before the Court of Appeals 1Gustavo Eduardo AbosoOffice of the Defender before the Court of Appeals 2Emilio Antonio Cappuccio

First InstanceOffice of the Defender Nº 1Patricia Beatriz LópezOffice of the Defender Nº 2Silvina Noemí NápoliOffice of the Defender Nº 3María Andrea PiescoOffice of the Defender Nº 4Sebastián ZanazziOffice of the Defender Nº 5Francisco J. Malini LarbeigtOffice of the Defender Nº 6Marcela María Amelia PazOffice of the Defender Nº 7Marcelino N. CivitilloOffice of the Defender Nº 8Matías Becerra (I)

Office of the Defender Nº 9Andrea Demarco (I)Office of the Defender Nº 10María Florencia ZapataOffice of the Defender Nº 11Mariana SaldunaOffice of the Defender Nº 12Federico Enrique StolteOffice of the Defender Nº 13Paula LagosOffice of the Defender Nº 14Sergio J. PistoneOffice of the Defender Nº 15Miguel Talento BianchiOffice of the Defender Nº 16Gabriela Marquiegui Mc LoughlinOffice of the Defender Nº 17Diego Calo Maiza (I)Office of the Defender Nº 18Juan Ignacio CafieroOffice of the Defender Nº 19Bibiana Marys Birriel MoreiraOffice of the Defender Nº 20Marina RecabarraOffice of the Defender Nº 21María LousteauOffice of the Defender Nº 22Christian Federico Brandoni NonellOffice of the Defender Nº 23Claudia Analía RodríguezOffice of the Defender Nº 24María Laura Giusepucci

General Secretariat of Access to JusticeMauro RianoGeneral Secretariat of AdministrationJorge CostalesGeneral Secretariat of Technical CoordinationJavier José TeliasGeneral Secretariat of Assistance to the DefenseMarcela MillánGeneral Secretariat of PlanningFrancisco M. Talento

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CONTENTS

INDEX OF INITIALS AND ACRONYMS

EDITORIAL

INTRODUCTION

THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES

SOCIOECONOMIC DATA OF THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES

OFFICE OF THE GENERAL DEFENDER OF THE JUDICIARY OF THE CABA

LEGAL PROTECTION OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN THE CITY OF BUENOS AIRES.

RIGHT TO DECENT HOUSING AND SUITABLE HABITAT

SQUATTING AND PRESUMPTION OF INNOCENCE

ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN SQUATTER SETT-LEMENTS AND VILLAS IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES.

GENDER, AND ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES.

RIGHT TO HEALTH

RIGHT TO MENTAL HEALTH

RIGHT TO EDUCATION

CONCLUSION

6

9

15

17

23

31

37

41

69

83

105

115

127

137

147

íNDICE

INDEX OF INITIALS AND ACRONYMS

ACIJ: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Civil Association for Equality and Justice)ACuMAR: Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Authority of the Matanza Ria-chuelo Basin)AdoP: Atención domiciliaria psiquiátrica-psicológica-social en situaciones de crisis (psychiatric-psychological-social home care during crises) AdoPI: Atención domiciliaria psiquiátrica-psicológica-social infantil en situaciones de crisis (psychiatric-psychological-social child home care during crises)AGT: Office of the General Guardianship AdvisorPCHR: Permanent Commission on Human Rights CABA: Autonomous City of Buenos AiresACHR: American Convention on Human RightsCAyT: Administrative Disputes and Tax LitigationCCABA: Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires CCP: Comisión Coordinadora Participativa (Participative Coordinating Commit-tee)CD: City CouncilCEDEM: Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (Cen-ter of Studies for the City’s Economic Development)CELS: Centro de Estudios Legales y Sociales (Center for Legal and Social Studies)CESAC: Centros de Salud y Atención Comunitaria (Community Health and Care Centers)IACHR: Inter-American Commission on Human RightsCN: National ConstitutionCPPCBA: Code of Criminal Proceedings of the City of Buenos AiresCSJN: National Supreme Court of JusticeCSM: Mental Health Care CentersCU: Urban areaDESC: Economic, Social, and Cultural RightsDOH: Directorate of Advice to the City’s InhabitantsDP: Public DefenseEAH: Annual Household SurveyEuDEBA: University of Buenos Aires Publishing House FEDEVI: Federation of Villas, Housing Cores, and Marginal Neighborhoods of the CityGCBA: Government of the City of Buenos AiresHL: Honorable Legislature of the City of Buenos AiresINDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos (National Institute for Statistics and Censuses)

íNDICE

IVC: Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires City’s Ins-titute for Housing)MPD: Office of the General Defender NAu: New Urban Squatter SettlementsUBN: Unsatisfied Basic NeedsNHT: Núcleos Habitacionales Transitorios (Temporary Core Housing)ObSBA: Union’s Healthcare Service of the City of Buenos Aires Pcia. Bs. As.: Province of Buenos AiresPCyF: Criminal Offenses, Misdemeanors, and Minor Municipal ViolationsPE: Executive PowerICCPR: International Covenant on Civil and Political RightsICESCR: International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights PISA: Comprehensive Plan for the Environmental Sanitation of the Matanza Ria-chuelo BasinPIVESAM: Mental Health Research and Epidemiological Monitoring ProgramsPuA: City’s Urban Environmental Planning

The Office of the General Defender of the City of Buenos Aires is an autonomous institution dedicated to ensuring that every inhabitant of the City has access to justice and a defense during trial.

Further to the traditional defense in criminal matters, we perform a task which is central to economic, social and cultural rights. The aim of this text is to explain the essential nature of such task.

Argentina, in general, and the City of Buenos Aires, in particular, are characterized by having a social structure based on persistent exclusion and inequality. This model of society emerged in the years of the 1976/1983 civil and military dictatorship —whose goal was to discipline a politically active and socially integrated society— and was later strengthened by the neoliberal policies put into practice during the ’90s.

The extremely profound crisis of 2001 was the death-knell of that model on a national level, even though such socio-political vision is still very much alive within the City of Buenos Aires.

The text of the Constitution of the City of Buenos Aires, keeping in mind the existence of said society based on ex-clusion processes, has established social inclusion as a core value. The local State is constitutionally obliged to put into action policies aimed at modifying social reality. This is why it is possible to speak, in an innovative manner, of a genu-ine Right to Social Inclusion, which encompasses and em-braces the entirety of economic, social and cultural rights.

People have a right to be included in society in equal conditions, and not as expendable objects.

We can see the obvious contradiction experienced in the City: it has a Constitution that values inclusion and, at the same time, a public policy born from a different political culture, precisely the one that has generated the reality which must be modified.

The Office of the General Defender works day after day with all the excluded communities so that their voices may be heard by public authorities and, should the Ad-ministration not respond, by the Judiciary.

EDITORIAL NOTE

The first thing we have noticed from our experience as Public Defenders is the enormous dignity shown by in-dividuals and communities which are living in objectively unacceptable conditions. The political processes in our country have turned people into vulnerable beings. Social exclusion is a policy aimed at making people vulnerable. It is a deliberate attempt to turn persons, individually and collectively, into objects. And disposable objects, at that.

Faced with this, people respond with dignity. They get organized, they gather at meetings, and they appeal to the Public Defenders to be heard and have access to Justice.

The task of the Public Defense consists of listening and making proposals, of standing by the communities which have been excluded (due to economic and social segre-gation, but also because of their migratory status, their gender, and mental condition) and support them in their search for autonomy and their demand for rights.

It is not only a question of offering legal counseling; on a much deeper level, it is a question of collaborating with the processes of creating popular citizenship, of con-sciously developing collective action, of divulging legal knowledge and a constitutional culture, of gaining access to State institutions, whether administrative or judicial.

Far from the concept of the poverty-stricken person who must be helped in a protective, guardianship-like manner, Public Defenders meet with individuals and communities which, to different degrees, have knowledge of their rights, of the laws of the City, of legal processes. Basically, people know that the local State has the obliga-tion of listening to them and treating them with dignity. Moreover, they also know, through their own experience, that such things do not happen and that they must seek the institutional channels to be recognized.

This brief publication is a summary of some of the experiences of Public Defenders working together with the inhabitants and communities of the City in their legal battle for effective recognition of their right to be included in a respectful manner and without discrimination.

Our task, continuously performed together with the homeless, reveals a wide-ranging legal debate that begins with the difficulty that some judges have in admitting that people living on the streets have clearly become vulnerable subjects, individuals who must be treated with


/ EDITORIAL

DEfENSOR GENERAL HORACIO CORTI

consideration and respect, by ensuring their basic rights, especially the right to housing. Inexplicably, the local State only provides a very meager subsidy which is also limited in time —it is granted just for ten months and is non-renewable. Moreover, to decide on its extension for a longer period, part of the Judiciary demand further requirements to the simple fact of living on the streets, as though such a fact were not enough. This is a battle that has been going on for years.

Besides this task, we review some collective experiences concerning neighborhoods, shanty towns or villas, and settlements whose communities seek to integrate with the City. Demands related to the right to housing, the right to drinking water and having access to public utilities, the right to be part of the City’s life under equal conditions. Urbanization, social integration: the right to inclusion.

Despite a generous constitutional text, general and specific laws acknowledging the right to urbanization, and the correlative obligation on the part of the local State, up to the present, public actions have been both scanty and unplanned. The laws regarding urbanization are not en-forced. So whenever court decisions are entered in this matter, there begins the painstaking task of getting them executed. Time passes exceedingly slowly, and life for these people continues under the same conditions.

We will also mention the work we undertook regard-ing the biggest environmental action in Argentine history, where the Office of the General Defender assists hundreds of families who are forcibly evicted, families to whom the right to housing must be guaranteed, just because they live in an area declared to be polluted by the Supreme Court. In this case, we have also experienced the difficulty of making any progress. A 7-year-old court decision and less than 20 percent have been fulfilled.

Further below, we highlight different experiences re-garding the access to Justice concerning the defense of the right to adequate nutrition, education, and health care.

Horacio CortiGeneral Defender

City of Buenos Aires


Introduction

The Autonomous City of Buenos Aires


“People are no t th ings”

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Article Nº 1: Buenos Aires Herald, April 6th, 2014

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INTRODUCTION

The Constitution of the City gives the inhabit-

ants a significant amount of rights and guar-

antees, recognizing in particular but widely,

the Economic, Social, and Cultural Rights,

even with more scope than some interna-

tional instruments of Human Rights, and

establishing them as directly operative even

when facing possible omissions or limitations

on its regulations.

With this publication, the Office of the General Defender of the Judiciary of the Autonomous City of Buenos Aires (MPD, from now on, for its initials in Spanish) seeks to offer the reader updated information on the state of satisfaction of the Economic, Social and Cultural Rights (DESC, from now on, for its initials in Spanish) in the scope of the Autonomous City of Buenos Aires (CABA, from now on, for its acronym in Spanish); and also to let the reader know, from the concrete experience of its constitutional role, the outcome of the judicial resources promoted in defense of said rights.

Since the beginning, the MPD has held the compromise of defending the rights of the inhabitants of the City, as a promoter of the actions that protect them against the lack and/or regressiveness of the public policies that may affect them.

In this occasion, we will expose a summary of the emblematic cases issued by the Public Defense of the CABA to protect the inhabitants’ rights to decent housing and suitable habitat, health and education before the local Administrative Dis-putes and Tax Litigation matters (CAyT, from now on, for its initials in Spanish), and the Crimi-nal Offenses, Misdemeanors and Minor Munici-pal Violations (PCyF, from now on, for its initials in Spanish) jurisdictions.1 From the selected cases, one can see the different transited paths, from which the challenge of building and keeping insti-tutional mechanisms that make the enforceability of the DESC real in the judiciary, is assumed. As it

1- For the effects of the foregoing publication, the right for Adequate Nutrition will be interpreted as a larger scope of Health Rights.

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will be developed along the text, this enforceabil-ity construction implies a strong receptive attitude from the MPD towards the conflicts that affected and will affect the most economically and socially vulnerable inhabitants, and reaffirms its decision to translate them judicially to make the voice of the affected ones heard in the Courts, by ensuring their access to Justice.

The reconstruction of the story will begin, first of all, by making a brief presentation of the recently decentralized autonomous City: regard-ing its formal dimension —institutional design and regulations— and its real dimension, from a selection of social indicators. The analysis alto-gether leaves us the paradox of a rich city, with high-income levels, and with a robust regulation development for the protection of the DESC, but also a deeply unequal city, with large sectors of the population unable to enjoy these rights.

This deep inequality is the stage at which the work of the MPD unfolds, in which —as it will be later developed— it struggles together with other social actors to enforce human rights in the scope of the city. With this objective in mind, the MPD has adapted its institutional design, by interven-ing in different instances, and even accompany-ing the voice of the inhabitants of an urban set-tlement during a Thematic Audience before the Inter-American Commission of Human Rights.2

Secondly, we will particularly go through the analysis of the legal cases selected and classified according to the main affected rights: Housing and Suitable Habitat, Health, and Education.

In this analysis, the presentation of the cases related to the rights to Housing and Suitable Habitat occupies a prevailing place, mainly for two reasons: the vast amount of population affected by the adverse effects of insufficient

2- The Thematic Audience on the situation of Economic, Social and Cultural Rights of the inhabitants of Urban Settlements in America took place in Washington on March 20th, 2015.

housing in the CABA, and the intense workload carried out by the Public Defense since its creation. This does not imply understanding housing in an isolated way: our institution assumes that it shall be comprehended in a larger scope rather than as a city right, under the premise that the lack of urban planning increases and emphasizes inequality, affecting the level of fulfillment of all the DESC, considering them integrally and interdependently.

For each right affected, its regulatory re-ception and the scope of its recognition will be briefly presented, and the main existing public local programs for its implementation will be de-scribed. When the available information allows it, the budget of the CABA will be analyzed as an indicator of the compliance of the local State’s obligation of assigning the adequate budgetary resources to ensure its satisfaction, assuming the intimate relation existing between budgetary de-cisions and Human Rights3 fulfillment.

Then, some of the most relevant cases of the CAyT jurisdiction will be presented, stressing those in which the Public Defense has promoted creative and innovative enforceability actions that have encouraged the construction of a leading-edge local jurisprudence for the defense of the DESC. Thus, beyond the tensions and regressions that this analysis will highlight, it can be affirmed that in the country, there exists no rich jurispru-dence for the enforceability of the DESC as that developed in the City of Buenos Aires.

So as to conclude, the following question it is intended to be answered: has the situation of the protection of the DESC improved for the inhabitants of the CABA in compliance with the obligation of progressivity, or, on the contrary, the level of protection has been reduced? For sure, the answer will demand us to keep on con-sidering and assuming new challenges.

3- Corti, Horacio: Derecho Constitucional Presupuestario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, Introducción p. XXIX.

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Its autonomy and constitutional design.

The City of Buenos Aires is the capital city of the Argentine Republic and has an autonomous government since 1996, after the reform of the National Constitution in 1994. In the same Sec-tion of the reformed Constitution,4 the City is granted powers of legislation and jurisdiction, stating, as well, that a subsequent (national) law would guarantee “the interests of the national State, as long as the City of Buenos Aires re-mains as the capital of the Nation.” This norm was enacted by the end of 1995 (Law nº 24,588) and delimited the autonomy borders of the City, even though these powers were subsequently delineated by the facts in several cases ruled by the Supreme Court of Justice of the Nation.5 In this process, the City of Buenos Aires acquired the power to sanction its own Constitution and have its own institutions.

In 1996, the inhabitants of the city chose their first Governor and the representatives that en-acted the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires (from now on, CCABA, for its initials in Spanish), the text currently in force in

4- Section 129 of the National Constitution: “The City of Buenos Aires shall have an autonomous government, with its own power of legislation and jurisdiction, and the governor shall be elected directly by the people of the city. A law will guarantee the interests of the national State if the city remains as the capital of the Nation. In the scope of this section, the Congress of the Nation will summon the inhabitants of the city of Buenos Aires too, through their representatives, dictate the organization statute of their institutions.”

5- For more details on this evolution, please see: Salvatelli, Ana, “Perfiles de la autonomía de la CABA en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn, un lustro después.”, In the Judiciary Council of the Autonomous City of Buenos Aires — Center of Judicial Formation. Years of the center of judicial formation — 1st edition — Autonomous City of Buenos Aires, Editorial Jusbaires, 2014. Available On: http://cfj.gov.ar/src/img_up/25112014.0.pdf?PHPSESSID=f6ae22580eefe59099ee0f1239dcdadb

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the City, that establishes a democratic and par-ticipative regime integrated by the three classic branches of the State.6

Until today, there have been five administra-tions ruled by Governors elected through a direct vote in general elections, and the local legislative and judiciary branches have been created. More recently, in 2005, the City adopted, as well, a sub-division of the territory in units of political and administrative management called “Comunas”.7

The local legislative branch is formed by 60 (sixty) legislators elected through a direct vote. Among many of their powers, the local Consti-tution established that this branch must “en-act the Codes for: Misdemeanors and Minor Municipal Violations, Administrative Disputes and Tax Litigation, Nutrition and Procedure; the general laws regarding Education, Basic Health, the organization of the Judiciary, vol-unteer mediation and the laws establishing the trials by jury.” (Section 81, item 2, CCABA).

The Judiciary is formed by the Judicial Council, the High Court of Justice, the Public Ministry and the courts of the City in two juris-dictions: Administrative Disputes and Tax Liti-gation (CAyT, from now on, due to its initials in Spanish) and Criminal Offenses, Misdemeanors and Minor Municipal Violations (PCyF, from now on, due to its initials in Spanish).8

The main roles of the Judicial Council are the selection of magistrate candidates and Public

6- Section 1 of the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires.

7- According to law nº1,777 the comunas are political and administrative units of management, decentralized with their own territorial capacity, assets, and legal capacity. The rule divided the City into fifteen comunas.

8- The discussion is ongoing on whether the transference to other types of capacities such as criminal, civil and family rights, that are currently being treated in the national courts situated in the Federal Capital and the creation of these in the City of Buenos Aires.

Ministry nominees in the City, the exercise of disciplinary powers on those integrating the judicial branch, and the administration of the assigned resources.9

As for the High Court of Justice, it is the maximum stage of proceeding of the City of Buenos Aires, and it is formed by five judges. One of its main capacities is to solve, in an ini-tial and exclusive way, the declaratory actions —with repealing effects erga omnes— against the validity of laws, decrees and any other regula-tions of general character issued by the City and contrary to the National Constitution (CN, from now on, due to its initials in Spanish), the CCABA or the International Treaties that have that force (from Section 75, item 22 of the CN). It has also jurisdiction over electoral matters and issues related to political parties. In turn, through unconstitutional resources, it solves all the cases that deal with the interpretation or application of regulations included in the Na-tional or local Constitutions.10

Regarding jurisdiction, CAyT Justice has its own process in the Code of Administrative Disputes and Tax Litigation issued by the lo-cal Council, and it intervenes in all the cases in which the City takes part, either as plaintiff or defendant. It has jurisdiction over matters re-lated to Private and Public Law and Tax Litiga-tions. For this reason, most of the cases related to the protection of the DESC of the inhabitants of the City are treated here.

As for the PCyF, it intervenes in the infrac-tion of norms that, depending on their serious-ness, proceeding, and sanction, can be classified

9- The role of the Judiciary Council can be seen in section 116 of the CCABA. The official website is: https://www.jusbaires.gob.ar

10- The High Court of Justice is regulated in Section 113 of the CCABA and Law nº 402 of proceedings of the High Court of Justice. The causes and institutional matters can be seen on: http://www.tsjbaires.gov.ar.

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as crimes, misdemeanors or minor municipal violations when said offenses occur within the limits of the City of Buenos Aires.11 It is impor-tant to mention that this jurisdiction has au-thority to solve misappropriation matters and to order evictions.

The CABA Constitution and the recog-nition of the DESC

It is important to mention that the CCABA12 grants the inhabitants a significant amount of rights and guarantees, recognizing in particu-lar but largely, their Economic, Social, and Cul-tural Rights, even with more scope than some international Human Right instruments and es-tablishing them as directly operative even when facing possible omissions or limitations on its regulations (Section 10).13

All along its sections, the norm recognizes the obligation of developing social policies coordinated to get over the existing poverty and exclusion conditions, and to promote the access to public services for those individuals with fewer possibilities, clearly setting out that they shall be implemented through the supply

11- A crime is an action for which the Law foresees an express sanction for the responsible actor. The misdemeanor has minor sanctions and usually affects the cohabitation of neighbors. A minor violation is the infringement of the norms that regulate the different aspects of the commercial activity and the transit regulations.

12- The complete CCABA text can be found in http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/institucional/constbsas/

13- In Section 10, it is established that “all rights, declarations and guarantees of the National Constitution, national laws, and international treaties, already ratified or to be ratified, shall apply. These and the current Constitution will be interpreted in good faith. The rights and guarantees shall not be denied or limited by the omission or insufficiency of its regulations, and it shall not be separated from it.

of budgetary, technical and human resources (Section 17). Additionally, it guarantees the right to comprehensive health, related to “satisfying the needs for housing, working, education, clothing, culture and environment” (Section 20). It also guarantees the right to education, to live in a healthy environment and to have access to decent housing and suitable habitat, culture and sports (Sections 23 to 32).

It is interesting to highlight that the con-stitutional text recognizes the existence of a structural social exclusion situation, resulting from the neoliberal policies initiated during the military-civic dictatorship that ruled from 1976 to 1983, and deepened by the democratic gov-ernments of the 90s until the profound crisis in 2001, when the Argentine society said “no” to the submission of the political system to the eco-nomic requests.

This constitutional recognition of the most significant characteristic of our society (the ex-clusion) allows us to talk about a genuine right to social inclusion that encompasses and com-prehends the group of DESC. It is not a ques-tion of ensuring this or that right, but of the obligation the State has to revert the structural social exclusion processes that position individ-uals as dispensable objects.


Socio-Economic data of Buenos Aires


Socio-Economic data of Buenos Aires

”In a c i ty o f 203 .3 km 2, l i ves the greates t weal th and depth o f soc ia l exc lus ion” .

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Article Nº 3: The broken dreams in the “Elefante Blanco”, Página 12, April 16th, 2014.

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The MPD has the role of guaranteeing to all

the inhabitants the access to justice and the

defense of themselves and their rights dur-

ing trial, without discrimination for economic

reasons and with particular emphasis on in-

dividuals who present fewer possibilities to

access to public services or with unsatisfied

basic needs.

The City of Buenos Aires is the jurisdiction with less population growth in Argentina and one of the wealthiest cities in the country. De-spite the elevated income levels of a part of the population and its significant regulatory devel-opment for the protection of the DESC, it is a deeply unequal city with big areas of its private population benefitting from these rights.

In the city reside almost 3 million individu-als that form 1,150,134 households, according to the National Housing and Population Cen-sus from 2010.14 The growth registered in the City between the 2001 and the 2010 censuses amounts to 4.1%, being, therefore, the jurisdic-tion with less population growth in the country.

Table Nº1: Amount of CABA inhabitants by year acording to national Census. Evolution of censuses from 1947 to 2010.

1947 2.981.043

1960 2.966.634

1970 2.972.453

1980 2.922.829

1991 2.965.403

2001 2.776.138

2010 2.890.151

14- INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos (National Institute for Statistics and Censuses), National Population and Housing Census. 2010.

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It is important to highlight that while the population of the City maintained stable dur-ing four years, the population living in villas (Ed. note 1) has increased by more than 50% between 2001 and 2010, concentrating mainly in the southern part of the city (in Comunas 8 and 7) and in the city town (Comuna 1), where the neighborhood “Rodrigo Bueno” is located, being the villa that grew the most from 2001 to 2010. Its population rose up to five times dur-ing the last ten years.

Table Nº 2: Estimated population of 2014 by gender of each commune.

Commune Population

Total Male Female

Total 3.049.229 1.422.507 1.626.722

1 249.433 121.979 127.454

2 150.130 66.963 83.167

3 192.171 90.215 101.956

4 237.214 112.695 124.519

5 186.276 85.256 101.020

6 184.105 83.654 100.451

7 239.057 111.728 127.329

8 223.764 105.795 117.969

9 169.814 81.581 88.233

10 169.908 79.472 90.436

11 189.893 89.509 100.384

12 212.846 98.883 113.936

13 235.506 107.193 128.313

14 226.758 102.361 124.397

15 182.354 85.223 97.131

Source: General Office of Statistics and Census (Department of the Treasury, GCBA. Population projections. Results Report 789/2014..

According to the Annual Household Survey of the City in 2014, there is a feminine predomi-nance in the City, because, for every 100 wom-en, there are 88 men.15 Also, the city presents an aged structure: individuals aged under 15 years amount to 18.2% of the total population, and those aged over 59 years represent a 22.9%.

However, in Comunas 4, 7, 8, 9, 10 and 11, individuals under 15 years of age represent 20% of the population, while Comunas 2, 13 and 14, register more than 25% of individuals over the age of 60. The average age of the popula-tion in the city is 39 years, while the average age of the individuals living in villas is 26 years.

Regarding the composition of the popula-tion of the city according to their place of birth, 61.5% of the residents were born in the city, 22.5% in some province in-country and only 12.9% are foreigners.16 As it can be seen in the table, the greatest percentages of these live in Comunas 8, 4, 1 and 7 in which most of the villas concentrate.

Of the already mentioned comunas, the Co-muna 8 presents the greater proportion of indi-viduals born in adjacent countries (17.3%) and the Comuna 1, the larger percentage of individ-uals born in non-adjacent countries (10.5%).

15- General Office of Statistics and Census (Department of the Treasury, of the Government of the City of Buenos Aires (GCBA, from now on)). Annual Household Survey for the City of Buenos Aires. Summary of the results. 2014.

Ed. Note 1: Informal and unplanned settlements, which do not integrate the urban design of big cities, “They are characterized by high-density population, poor self-built houses, without infrastructure or basic public services.

16- General Office of Statistics and Census (Department of the Treasury, of the GCBA). Annual Household Survey for the City of Buenos Aires. 2013.

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Table Nº 3: Percentage distribution of the population, according to the place of birth by comuna. City of Buenos Aires. Year 2013.

Commune Total Buenos Aires City

Buenos Aires Province

Other Provinces Bordering Country Nonbordering Country

Total 100.0 61.5 12.4 13.1 7.0 5.9

1st 100.0 44.8 12.1 20.3 12.3 10.5 a

2nd 100.0 55.1 19.6 16.3 4.0 b 5.0 a

3rd 100.0 53.0 13.5 16.4 3.3 a 13.3

4th 100.0 56.3 7.5 a 14.3 17.2 4.6 a

5th 100.0 63.1 12.5 a 14.1 a 3.2 b 7.1 a

6th 100.0 62.6 14.8 a 12.2 a 5.1 a 5.2 a

7th 100.0 65.0 9.1 a 8.2 a 11.5 6.2 a

8th 100.0 65.0 6.0 a 9.0 17.3 2.6 a

9th 100.0 68.8 11.0 a 8.6 a 7.1 a 4.6 a

10th 100.0 71.5 11.3 a 9.6 a 2.8 b 4.8 a

11th 100.0 74.4 10.9 a 7.3 a 3.5 a 3.9 a

12th 100.0 70.1 14.7 9.3 a 2.5 b 3.4 a

13th 100.0 64.6 15.7 a 10.2 a 4.7 a 4.7 a

14th 100.0 48.9 17.0 a 23.2 5.6 a 5.3 b

15th 100.0 66.5 9.7 a 14.5 a 2.6 a 6.7 a

a Indicative cell value (in these clusters estimated coefficients of variation are between 10% and 20%).

b Indicative cell value (in these clusters estimated coefficients of variation are above 20%).

Note: Differences from total values are due to places of birth unknown.

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department). 2013 Annual Household Survey.

There exists an interaction between the gender inequalities, the decrease of migrating families and the structural social exclusion situation.


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Economic indicators

As already mentioned, the CABA represents one of the wealthiest cities in the country. Its GGP17 amounts to AR$ 647 billion, almost one-quarter of the total Product of the country.18 This situation turns the city into the wealthiest region per country inhabitant; however, there exists a deep inequality between the wealthier and poorer sectors of the City.

According to the 2014 Annual Household Survey of the City of Buenos Aires, the activity index —in the population aged over 10 years— reached 60.9%, while the unemployment rate amounted to 57.2%.19

Additionally, the unemployment rate rose by 0.5 % compared to the previous year, amount-ing to 6.1% of the economic active population. For its part, the rate of scheduled underem-ployment amounted to 8.6%. If one compares the employment rate for men with the rate for women, men will get 1.6% more.

Although the data show that the CABA is a wealthy city with high occupancy levels, it pres-ents a significant inequality regarding income distribution. According to the General Office for Statistics and Census in the first quarter of 2015, 20% of the wealthiest household in the city concentrated 45.2% of the income while 20% of the poorer only 5.2% of the total.

17- The Gross Geographic Product (GGP) is a calculation that allows measuring the wealth of a region through the estimation of the value of all the goods and services that are produced within the boundaries for a year.

18- General Office of Statistics and Census (Department of the Treasury, of the GCBA).Report of results Nº 821 “GGP of the City of Buenos Aires.” Data corresponding to the year 2013, published in January 2015. Available in: http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wpcontent/uploads/2015/04/2015_02_buenosaires_en_numeros.pdf

19- General Office of Statistics and Census (Department of the Treasury, of the GCBA). Annual Household Survey. Summary of results. 2014.

Also, if we consider the Unsatisfied Basic Needs (UBN) index, which let us identify the structural poverty groups from the households that present at least one of the following de-privations: overcrowding, housing deficit and poor sanitary conditions, uneducated children and lack of subsistence capacity, this inequality becomes even more notorious.

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Table Nº 4: Households, according to deciles of the total family income.City of Buenos Aires.1st quarter, 2015.

Decile Group Minimum Maximum Number of Households

Households Percentage

Number of People

People Percentage

Incomes in Thousands of Arg. Pesos

Total Income Percentage

Mean

1 100 4,000 128,947 10.0 231,104 7.7 387,414 1.9 3,004

2 4,000 6,200 128,600 10.0 228,561 7.6 663,214 3.3 5,157

3 6,200 8,000 127,492 9.9 243,194 8.1 899,450 4.4 7,055

4 8,000 10,000 130,179 10.1 272,255 9.0 1,162,871 5.7 8,933

5 10,000 12,400 129,686 10.1 281,321 9.3 1,452,864 7.1 11,203

6 12,400 15,000 127,889 9.9 318,381 10.5 1,757,135 8.6 13,740

7 15,000 18,500 129,049 10.0 344,109 11.4 2,176,026 10.7 16,862

8 18,500 23,200 128,491 10.0 340,198 11.3 2,652,279 13.0 20,642

9 23,250 30,500 128,923 10.0 367,199 12.2 3,494,015 17.2 27,102

10 30,600 211,000 128,818 10.0 393,269 13.0 5,688,586 28.0 44,160

Households with Income

100 211,000 1,288,074 98.8 3,019,591 99.0 20,333,853 100.0 15,786

Households with No Income

0 0 15,723 1.2 29,542 1.0 0 0.0 0

Total 0 211,000 1,303,797 100.0 3,049,133 100.0 20,333,853 100.0 15,596

Note: Income values are imputed to those cases in which income amounts have not been declared.

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department). 2015 Occupation & Income Quarterly Survey.


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Table Nº5: Households and population with Unsatisfied Basic Needs (UBN)per commune.Percents. CABA, 2010.

Commune Households Population

Total 6,00 7,00

1 15,90 18,10

2 2,00 2,40

3 11,90 12,60

4 12,70 14,90

5 6,10 6,30

6 2,20 2,40

7 8,60 9,80

8 11,30 13,80

9 4,20 5,30

10 3,50 3,80

11 2,00 2,40

12 1,70 1,90

13 1,90 1,90

14 2,40 2,70

15 4,30 5,10

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department); 2010 Annual Household Survey

On average, 6% of the households in the City present UBN. The Comuna 1 exhibits the high-est percentage, reaching 15.9% and followed by the Comuna 4 with 12.7%.

The previously exposed facts let us affirm that the CABA is a wealthy city with a deep in-equality. The data presented show that, despite the high levels of occupation, there exists in the City a significant inequality concerning income distribution.

The situation of inequality referred to be-comes evident when analyzing the socioeco-nomic indexes of the comunas where the emer-gency villas are concentrated.

It can also be observed that the greatest population growth occurred in Comunas 1, 4, 7 and 8, which concentrate the greatest amount of households with UBN. Also, in said comunas there is a larger percentage of children, young adults and foreigners than in the rest of the city.

These indicators show that there are pro-gressively more inhabitants in the CABA living in villas and putting up with various infringe-ments of their rights.

Now, we will analyze some relevant data concerning the rights to housing, health, and education. We will also notice that the greatest inequality can be found in the southern comu-nas and the Comuna 1, which holds the Villa 31, one of the most populated villas in the city.

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“The O f f i ce o f the Genera l De fender i s mobi l i zed , goes out and fac i l i ta tes popular sec tors access to jus t i ce”

Office of the General Defender

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Article Nº 2: The “Rodrigo Bueno” case arrived in Washington, Página 12, March 19th, 2015.

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OFFICE OF THE GENERAl DEFENDER OF THE JUDICIARY OF THE CABA

There exists a large amount of individu-

als and families sleeping and living on the

streets in the CABA. However, despite the

high visibility of the issue, there are no accu-

rate figures on the percentage of the popula-

tion they represent or on their variation along

time., due to the lack of systematic studies

on the matter.

The CCABA incorporated the MPD as an integrated part of the Judiciary and defines it as an autonomous organism with functional au-tonomy, formed by three different branches: the General Office of the Prosecutor, the Office of the General Defender and the Office of the General Guardianship Advisor. Its main role is to promote the intervention of justice while de-fending the legality and general interests of the society, to look after the provision of the justice service, and to ensure the satisfaction of the so-cial interest before the courts.

Specifically, The MPD has the role of guar-anteeing to all the inhabitants the access to jus-tice and the defense of themselves and their rights during trial, without discrimination for economic reasons, and with particular emphasis on individuals who present fewer possibilities to access to public services or with unsatisfied basic needs. These duties come from declara-tions, rights and constitutional guarantees, hu-man rights treaties with constitutional force and from the interpretation of their organs of ap-plication. In this sense, it is the Public Defense’s duty to promote and guarantee the individual human rights such as collective rights in the search of the protection of social interests.

Since 2001, the cleared actions in the pro-tection of human rights (Amparo) regarding housing have represented the greatest part of the work done by the defendants that act in the Administrative Matters jurisdiction. Such is the case that more than 80% of the approached

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consulting parties and 75% of the initiated cases are motivated mainly by emergency habitation situations. Also, an important amount of them faces associated infringements to the Health right and some also to the right to Education.

So as to exemplify the work done by the MPD regarding housing, and in particular with the population living on the streets, find below the statistics that make reference to the period 2009-2014 related to the judicial processes that took place.

Table Nº 6: Amount of inquiries and cases the MPD dealt with, the year 2008.

Description Inquiries Initiated causesPrecautionary Measures

Judgment 1st Instance

Judgment 2nd Instance

Habitation emergency 7359 422 313 29 6

Social Programs 573 3 74 26 1

Driving License / Taxi Driver 55 4 3 3 1

Public employment 115 7 2 2 0

Medicine 53 0 0 0 0

Street vendor 319 11 11 3 2

No Clinic History 2 0 0 0 0

Education 16 1 0 0 0

Law N° 104 26 79 0 30 0

Fiscal executions 281 29 0 2 0

Others 114 4 1 0 0

Totals 8913 560 404 95 10

Table Nº 7: Initiated cases between years 2009-2014, favorable precautionary judg-ments and merit judgments of habitation matters. First instance.

Initiated Case Records 2656

Favorable judgment on precautionary measures of first instance

2636

Favorable judgment on the merits of first instance. 1661

Table Nº 8: Favorable precautionary judg-ments and merit judgments of habitation mat-ters. Second instance, between years 2009-2014*.

Favorable judgments on precautionary measures of second instance.

917

Favorable judgment on the merits of second instance. 929

* “Núñez Estigarribia, Basilisa s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” en: Núñez Estigarribia, Basilisa c/GCBA y otros s/ amparo (section 14 CCABA), file 9858/13, presented by the DG. “Cumple requerimiento. Informa” October 2014.

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OFFICE OF THE GENERAL DEFENDER OF THE JUDICIARY OF THE CABA

The territorial incorporation of the MPD as a strategy to promote and defend rights.

The work of the MPD of defending the DESC necessarily requires a renovated para-digm of the judicial labor, which includes a substantial work of territorial incorporation. The daily challenge that the MPD proposes is to receive the real needs of the inhabitants at the place where the conflicts occur, to translate them into different actions claiming the respect and guarantee of their rights. This contributes to the empowering of the city inhabitants, help-ing their voices to be heard and assuming not only their defense in trials, but also the task of promoting and diffusing their rights.

Therefore, the MPD actively participates in assemblies, networks, and meetings in which the neighbors express their problems. In the neighborhoods, the judicial strategies are cre-ated, and there is information on the work and state of the judicial processes that may af-fect them. The MPD holds an active defense, participative and collaborative paradigm to go through conflicts, particularly those concerning the popular sectors of the city.

If it is considered that the recognition of the social problems is a cultural process, the MPD assumes the challenge to spread the rights expressed in the CCABA, to all the neighbors to get to know them. That is why, the MPD proactively reinforces the commu-nication channels, guaranteeing all the indi-viduals the possibility of knowing the elemen-tal matters of Law that let them understand the consequences of the administrative and judicial processes needed; and also to diffuse and encourage the different methods of alter-native dispute resolution to help the citizens solve their daily conflicts without having to resort to the formal judicial system.

Here, the MPD has developed an intense administrative management to decentralize ter-ritory, creating offices in easy access areas for different sectors of the population and generat-ing approaching strategies in zones of conflict to reach the most affected individuals. It consti-tutes a collective and interactive process, which implies listening to individuals and taking into consideration their knowledge and experiences which, by the way, contribute to enrich the ser-vices of the MDP.


Judicial Protection of the Economic, Social and Cultural Rights in the City of Buenos Aires.


“A fa i r c i ty in tegrates a l l who l ive in i t ,wi thout soc ia l d i s t inc t ion”

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Introductory considerations.

Since its creation, the MPD has worked to promote and defend the Economic, Social and Cultural Rights as operative and enforced rights in the judicial courts.

Therefore, in addition to the exercise of the criminal defense labor, the MPD can be consid-ered as a Defender of the DESC, a task which in its real practice is sometimes innovative when applying significant and broad modifications to the traditional ways of understanding the work of lawyers and the Public Defense.

One of the main consequences of this prac-tice is related to “going out of the office” to-wards the territory, redefining the existing defense-territory relation, and therefore, the lawyer-consultant relationship.

Going out to meet individuals and thinking of the Public Defense as a “going outside” organism, implies a change in paradigm that necessarily shall extend to the judges who, historically, solve

lEGAl PROTECTION OF ECONOMIC, SOCIAl AND CUlTURAl RIGHTS IN THE CITY OF BUENOS AIRES.

Whenever individuals do not get concrete

answers regarding their infringed rights in

their path through the public administration

bureaucratic organs, they turn to the MPD to

start going through the jurisdictional environ-

ment in the search for their recognition.

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several infringements of Human Rights without even getting out of their offices.

Even though the judges of the lower courts are more permeable to the inspection proposals in situ, it is a less probable task for a judge of a court of appeals, and even less probable for a judge in a higher court of justice.

The fact that judges experience situations where the problems really exist and observe and feel the reality of the individuals involved in the cases they are solving is necessary to have a correlation between reality and the decisions to be made.

Being connected to individuals where they live and where their problems are tangible, al-lows (and obligates) us to rethink the organiza-tion of the MPD, which is generally understood in an analog way regarding the Judiciary, repli-cating its way of working.

However, the classic distinctions in instances that result viable in legal terms cannot be pro-jected to the dynamics of the Public Defense, where it is necessary to consider different ap-proaches —not only strictly legal but also inter-disciplinary— that can offer alternative mecha-nisms to carry out the public defense task.

On another level, it constitutes a daily task that requires the presence of the Public Defense, allowing it to get acquainted with the existing problems and generate strategies together with those affected individuals.

It is then necessary to bring a conceptual change, not only of the Public Defense but also of the traditional exercise of Law, where his-torically, there exists someone who knows and someone who depends on that knowledge. On the contrary, those affected are the ones more conscious of their problems, and therefore, the Public Defense must necessarily apprehend the strategies of those who daily develop such prac-tical knowledge.

Whenever individuals do not get a concrete answer regarding their infringed rights in their path through the public administration bureau-cratic organs, they turn to the MPD to start go-ing through the jurisdictional environment in the search for their recognition.

From this perspective, it is relevant to ana-lyze which are the jurisdictional answers to the legal claims filed by the affected ones with the intermediation of the Public Defense. A brief analysis of the more emblematic judgments on Decent Housing and Suitable Habitat, the right to Health, Education, and Culture, will reflect the advances and regressions of the Judiciary in the recognition of the DESC, as a consequence of the problems affecting the inhabitants of Buenos Aires every day.


“Al l persons have the r ight to a decent p lace to l ive(and i s no t the s t ree t )” .

Right to Decent Housing and a Suitable Habitat

Squatting and Presumption of Innocence

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Socioeconomic data concerning housing and habitat matters

According to the last National Census of Population and Housing, the housing condi-tions of the population in the CABA have been aggravated. According to the 2001 National Census of Population and Housing, 7.8% of the households were undergoing housing shortages due to either their housing conditions or over-crowding situations. A decade later, the City Government has estimated a housing deficit of 11.5% for households. This number represents an increase of over three percent (3%) points since 2001; that is, 52,680 additional houses in that situation.20

20- Nº1 Document housing deficit of the CABA, Diagnoses, IVC General Management, 2003

RIGHT TO DECENT HOUSING AND SUITABlE HABITAT

In the CABA there exist a large amount of

individuals and families sleeping and living

in the streets. Although the visibility of the

issue, there are no exact and certain figures

on the percentage of the population they rep-

resent or of the variation along time, due to

the lack of systematic studies on the issue.

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Table Nº 9: Percentage distribution of the quality of the materials used to build the housings with present inhabitants and households, per comuna. City of Buenos Aires. Year 2010.

Commune Housing Units Households

Total (100%) Quality of Building Materials Total (100%)

Quality of Building Materials

Quality I Quality II Quality III Quality IV Quality I Quality II Quality III Quality IV

Total 1,082,998 87,1 10,5 2,1 0,2 1,150,134 86,0 11,2 2,5 0,3

1st 78,360 80,1 15,3 3,8 0,7 84,468 78,6 16,2 4,4 0,8

2nd 70,869 92,8 6,8 0,4 0,0 73,156 92,7 6,9 0,4 0,0

3rd 75,605 88,7 10,2 1,0 0,1 80,489 88,3 10,4 1,2 0,1

4th 69,680 75,5 16,1 7,5 0,8 76,455 73,6 17,2 8,4 0,9

5th 73,226 90,0 9,0 1,0 0,1 76,846 89,7 9,1 1,1 0,1

6th 72,942 92,8 6,6 0,5 0,0 75,189 92,7 6,7 0,5 0,0

7th 73,034 84,5 12,5 2,7 0,3 81,483 81,6 14,5 3,4 0,5

8th 48,631 65,2 23,3 10,3 1,2 58,204 61,4 25,0 12,2 1,4

9th 52,355 84,1 12,5 3,2 0,1 56,495 83,1 13,1 3,6 0,1

10th 58,332 89,3 9,6 1,1 0,1 61,453 88,7 10,0 1,2 0,1

11th 68,652 90,5 8,6 0,8 0,0 71,460 90,3 8,8 0,9 0,1

12th 74,995 89,7 9,3 0,9 0,1 78,547 89,5 9,5 1,0 0,1

13th 97,732 92,6 6,8 0,6 0,0 100,506 92,5 6,9 0,6 0,1

14th 99,552 91,7 7,7 0,5 0,1 102,918 91,6 7,7 0,6 0,1

15th 69,033 88,2 10,0 1,6 0,2 72,465 87,6 10,4 1,8 0,2

Note: Quality I: Built with solid and resistant materials, both floors and roofs, with ceiling. Quality II: Built with solid and resistant materials, both floors and roofs. Roofs without ceilings or floors made of lower quality materials. Quality III: Built with little solid and resistant materials, both roofs and floors. Quality IV: Built with low quelity materials, both floors and roofs. The addition of the figures shown above differs from total results due to rounding.

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department) based on INDEC data. 2010 National Population, Households and Housing Census.

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Graph Nº 1: Percentage of households whose housings have an insufficient building quality, per comuna. Autonomous City of Buenos Aires. Year 2010.

Source: Urban Policies and Housing Investigation Center (CIPUV, from now on, due to its initials in Spanish), according to the database of the National Population, Households and Housing Census, 2010.

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Table Nº 10: Percentage distribution of households per overcrowding conditions and situations, per comuna.The City of Buenos Aires.The year 2014.

Commune Total Overcrowding and Living Conditions

Not overcrowded (less than 2 people per bedroon)

Overcrowded

Uncritically overcrowded (2 - 3 people per bedroon)

Critically overcrowded (more than 3 people per bedroon)

Total 100,0 90 8,3 1,6

1 100,0 76,9 18,8 4,3

2 100,0 94,1 5,4 0,5

3 100,0 84,7 13,5 1,8

4 100,0 81,3 13,6 5,1

5 100,0 95,5 4,3 0,2

6 100,0 96,5 3,4 0,1

7 100,0 86,1 10,7 3,2

8 100,0 79,4 15,7 4,9

9 100,0 88,3 9,4 2,3

10 100,0 88,8 10,6 0,6

11 100,0 95,1 4,9 -

12 100,0 94,9 5,0 0,1

13 100,0 96,8 2,8 0,4

14 100,0 94,7 5,1 0,2

15 100,0 92,6 5,3 2,1

Note: It does not include housing units without rooms for exclusive use and those for which the exact number of rooms for exclusive use cannot be determined. Cells featuring low percentages may show a high coefficient of variation; therefore, they should be deemed indicative. The addition of the above figures differs from the total results due to rounding.

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department) 2013 Annual Household Survey.

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The General Office of Statistics of the CABA21 estimates that in the city, almost more than half of the households have housing and territory owners, and 32.1% are tenants, which implies an important grade of formalization. However, 11% live in precarious conditions in their hous-ings (they are owners, they occupy the area be-cause of employment or a dependency relation, loan, permission or any similar situations).22

Likewise, nearly half million of persons23 suffer from some type of housing deficit. The most critical situation can be found in house-holds whose occupants are not owners and live in overcrowding conditions, in households lo-cated in villas and in illegally occupied houses. Of the total amount of households that require an owned house or moving to a larger place, only 12,000 of households (3% of those in need and 1% of the total amount) will be in financial conditions to ask for a mortgage.24

21- Institute for Housing of the CABA (IVC, for its initials in Spanish), General Management, Documento Nº2 Diagnóstico Déficit Habitacional por Comunas. December 2013.

22- Institute for Housing of the CABA, General Management, Documento N°1 Diagnostico Déficit Habitacional. Agosto 2013. Available in:http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/serie_de_informes_ivc_n_1_-_deficit_habitacional_caba_0.pdf

23- CELS, Derechos Humanos en Argentina: informe 2012. Siglo XXI Editores, Buenos Aires.

24- General Office of Statistics and Census (Ministry of Treasury GCBA), Informe Estadístico. 2010.

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Graph Nº 2: Overcrowding. Percentage of households in which there is more than one household per housing, per comuna. CABA. Year 2010.

Source: Urban Policies and Housing Investigation Center (CIPUV) according to the database of the National Population, Households and Housing Census, 2010.

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Table Nº 11: Villas, Settlements or Temporary Core Housing (NHT, for its initials in Spanish), housings with present tenants, households and population, per comuna. City of Buenos Aires. The year 2010.

Commune Shantytowns, Settlements or THC

Occupied Housing Units Households People

Total 42 36,003 50,157 170,054

1st 2 7,517 9,563 28,973

2nd 2 119 133 518

4th 9 8,492 10,919 37,145

7th 2 4,919 8,223 27,173

8th 17 12,237 17,889 63,59

9th 1 1,853 2,382 9,3

15th 6 866 1,048 3,355

Others 1 3 /// /// ///

(1) It includes three communes (3rd, 6th and 14th) whose surveyed settlements are located in areas in which less than half of housing units belongs to one settlement.

Note: It includes occupied housing units, households and people living in surveryed areas in which all, half or more than half of dwellings are placed in shantytowns, settlements or THC.

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department) based on INDEC data. 2010 National Population, Households and Housing Census (Redatam+SP).

In turn, also according to the last census, from the total amount of the housing units in the city, 0.13% belongs to collective housings, of which 31% are tourist hotels, 27% are elderly in-stitutions, and 19% corresponds to “other” cate-gory that contemplates transitory housings and/or GCBA paradores (Ed. note 2), even though it is important to highlight that this category is not methodologically defined in the census.

Individuals living on the streets

In the CABA there is also a large amount of individuals and families who sleep and live on the streets. However, although this is a highly visible issue, there are no accurate figures on

Regarding private housings with idle capac-ity, there are 288,564 empty housings registered which represent 20.2% of the housing stock of the CABA. However, tracing the historical evolution of the housings with idle capacity, we can find impor-tant variations. For example, this figure amounted to 31,559 housings in 1991, and suffered a 300% increase in 2001, when the number of housings with idle capacity amounted to 126,956.25

25- Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires, Diagnóstico socio-habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, 2014. Available in www.consejo.gob.ar/dictamenes/informe%20Vivienda%20Final.pdf.

Ed. note 2: after the “Paradores Plan” had entered into force in section 445 of the CCABA, the creation of open houses for the integral attention, shelter and care for children and adolescents living on the streets named “paradores” were created. There only provides night shelter for the homeless.

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the percentage of the population they repre-sent or on their variation along time, due to a lack of systematic studies on the matter.

The difficulty in this analysis leads us to the different existing definitions for the category “in-dividuals living on the streets”. As a result of the lack of a conceptual agreement on that definition, the GCBA official data for the year 2008 stated that there were 800 individuals living on the streets, but according to several NGOs, the regis-tered amount of individuals living in those condi-tions in that same year amounted to 17,000.26

It was in 2010 that the Legislative branch enacted Law nº 3,076 “Integral Protection and Guarantee of the Rights of Individuals living on the streets or at risk of living on the streets,” with the intention of including a more general definition of the population that is in those situ-ations. Thus, it defined “individuals living in the streets” as men or women, adults or family groups, without distinction of gender or place of birth, living temporarily or permanently on the streets or in public spaces of the CABA, and/or making use of a network of night accommo-dation. It also defined “individuals at risk of liv-ing on the streets” as men or women, adults or family groups, without distinction of gender or place of birth, suffering at least one of the fol-lowing situations: they live in institutions from which they will have to move soon after gradu-ation and will find themselves in a situation of vulnerability; they are duly notified of admin-istrative resolutions or judgments of eviction; they inhabit temporal structures or settlements, without access to services or in overcrowding situations. Even though there exists a specific law contemplating the population at issue, at present, there are no accurate official data reg-istering individuals living on the streets or at risk of living on the streets.

26- Idem 24

Generally speaking, and according to the existing data, this population can be character-ized as mainly masculine, single and Argentine. More than half of them come from the interior of the country, and most of them concentrate downtown, in Comunas 1 and 3, where there exists a significant flow of people because of commercial and administrative activities, what makes survival easier.27 Individuals staying in paradores or night accommodations are mostly over 40 years of age.

The housing policy of the City

In this context, the local legal framework tries to give answers to the housing issue.

In Section 31 of the CCABA, the right to de-cent housing and suitable habitat is recognized explicitly. It states that: “1. It progressively solves the deficits in housing, infrastructure, and services, prioritizing those individuals fac-ing conditions of critical poverty and with spe-cial needs and limited resources. 2. It promotes the incorporation of idle facilities, it fosters self-managed plans, the urban and social integra-tion of the marginalized, the recovery of precar-ious housings and the regulation of ownership and cadastral issues, with definite settlement criteria. 3. It regulates the institutions provid-ing temporary accommodation, taking care of excluding those concealing rentals.”

However, in real practice, the design and implementation of public policies on housing in the GCBA prioritize the attention of emergen-cies, without generating mechanisms intended to give structural solutions to the existing prob-lems in accordance with the constitutional man-dates (e.g.: in case of lack of safe water supply

27- Idem 24

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in precarious settlements, the GCBA supplies it through water tankers, without complying with the trace of water network required to perma-nently provide such service).

Due to this systematic failure, there are nu-merous cases in which it is necessary to resort to justice to overcome the consequences of de-ficient policies.

In the following pages, you will find a summa-ry of some of the cases promoted by the Public De-fense, related to individuals who must live in para-dores, transitory houses, hotels, villas or precarious settlements. This will allow us to examine the level of jurisdictional protection of the involved rights (decent housing and suitable habitat) and to infer whether we are immersed in a scenario of pro-gressiveness or regressiveness in the City.

Table Nº 12: Daily average of homeless individuals that received housing assistance, per type of accommodation. City of Buenos Aires. Years 2000-2014.

Type of accommodation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 5.342 5.059 9.670 9.501 9.432 7.659 4.224 3.054 2.817 2.659 2.558 2.565 2.656 2.760 2.915

Temporary accommodation hotels 4.832 4.354 9.055 8.548 7.957 6.020 2.546 1.330 1.163 978 636 528 501 499 509,8

GCBA Temporary accommodation 255 282 288 496 470 463 466 396 363 384 580 556 667 751 815

Homes 255 282 288 269 258 251 206 154 126 103 132 138 149 156 250

Shelters . . . 227 212 212 260 241 237 250 317 310 370 456 426

Primary Inclusion centers . . . . . . . . . 32 131 108 147 139 139

Temporary accommodation throught NGOs agreements

255 423 327 457 1.005 1.175 1.212 1.328 1.292 1.297 1.342 1.481 1.489 1.510 1.590

Note: a During the June-August 2012 quarter, 103 people were excluded, on average, due to the OperativoFrío (Cold Operation).

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department) based on DSD data. Family, Social and Community Strengthening Programs, and Immediate Assistance System.

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The intervention of the Public Defense in the assistance to the homeless

Paradores and Halfway houses

• The “Perez Victor” Case (Halfway House)

The first actions brought by the Public De-fense (MPD, for its initials in Spanish) before the local justice courts were intended to reduce the housing deficit resulting from the inadequate public management of the situations affecting individuals who were facing —or at risk of fac-ing— life on the streets.28

Since then, for individuals living on the streets who have no access to the credits granted by the GCBA because of their insufficient eco-nomic resources, there exist emergency plans29 instead of housing plans.

28- According to Decree-law 607/97, the emergency plan for individuals inhabitation deficit situation was to temporarily put them up in hotels. This program was called Program to integrate families or individuals living in the streets; it was complemented by the program “ACEIF, Atención en casos de Emergencia Individual o Familiar” (Attention for Individuals or Families living in the streets) created in 1986.This program creates an aid benefit under the interference of the Secretary of Social Promotion. This program does not mention the housing right. At the same time it considers the housing situation as a social problem originated on an individual situation, that is to say, it did not give aid to a group of persons but to individual situations experiencing this critical situation. This benefit included detection, orientation and assistance actions to different family groups. It contemplated for single persons putting them up in hotels and for families paying for rooms in selected shelters previously stated with GCABA for fifteen days.This program was designed for persons who failed to fulfill the requirements for access to a private housing implemented by the former Municipal Commission of Housing currently called Insituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (Buenos Aires City Housing Authority).

29- This situation currently remains the same, and it was pointed out by the CSJN when pronouncing Judgment over a local case presented by MPD which will be referred herein (“Q.C”, the year 2012).

On the initial stage of the “Perez Victor”Case, four men who were staying at a halfway house complained about the unpleasant housing con-ditions of that public institution, stating that their right to health was being infringed.

In the year 2000, the Court of Appeals with jurisdiction on CAyT matters (Courtroom I)30 entered a judgment that set precedents on the obligation of the Government of the City to take positive actions to ensure the enforcement of the social rights of the City’s inhabitants. The above mentioned Judgment expressly stated that, “(…) the public authorities have the ob-ligation to ensure the effective enforcement of the citizen’s right housing. In cases where the grade of right satisfaction does not reach the minimum required levels, some positive mea-sures shall have to be taken”.

It added that, “Therefore, when a group or an individual are unable to access to fair hous-ing, the State is obliged to take measures to provide for that need, at least on a basic level. This obligation is enforceable even in periods of crisis, whenever there are groups affected by conditions of extreme precariousness. On the international level, the Committee of Eco-nomic, Social, and Cultural Rights created by the International Agreement on Economic, So-cial, and Cultural Rights (PIDESC, for its ini-tials in Spanish), in its General Comment Nº 4, says, “the right to minimum assistance and social inclusion conditions constitutes a funda-mental right indispensable for the exercise of individual autonomy (in accordance with Sec-tion 19 of the National Constitution). This au-tonomy is basically the possibility an individual

30- Feria Courtroom January 25th, 2001, “Pérez, Víctor Gustavo y otros c/GCBA s/Amparo” (Pérez, Víctor Gustavo and others versus GCBA no defense) case file number 605, unappealable judgment for type of appeal filed when a lower court judge improperly refuses to permit or delays the filing of an appeal, by the Supreme Court of Justice, dated June 21st, 2001.

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has of choosing and materializing their own plan of life. The Sate must not only refrain itself from intervening in the exercise of the individ-ual rights, but also has the inexcusable obliga-tion of taking positive actions that contribute to make them effective. The omissions of the State are not the cause, but the result of the status of helplessness, especially because of its obliga-tions arising from the CGCBA and in particu-lar, from Decrees 607/97 and 2018/99.”

At the beginning of 2001, the following con-cepts were installed by a court judgment: the direct enforcement in the CABA of the interna-tional agreements and interpretations and stan-dards stated by their Committees; the obligation of the State to perform positive services to grant rights fulfillment, especially of “social” rights, the recognition of the housing-dignity-health rela-tion, the priority treatment of cases involving in-dividuals who lack economic resources and who are socially excluded, among others”.31

That was the start of a long way undergone by a jurisdiction that was permeable to the exist-ing claims on housing rights; and which was pre-pared to exercise control over the reasonability of the administrative actions carried out by the local Executive Power32, and the accommodation conditions provided to those individuals facing the most critical situations on this matter.

31- González Castro Feijóo, María Lorena — attorney first instance on the Jurisprudence CAyT “La aplicación del artículo 355 CPPCABA y la situación habitacional de la CABA”, panel on the Jornadas de Debate on September 13, 2011, Law School, University of Buenos Aires.

32- Cardinaux-Vita-Aldao-Clérico “Condiciones de la posibilidad para la exigilibilidad judicial del derecho a la vivienda en el ámbito local”, published by Ada Ciudad, available on http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/publicaciones/vita-condiciones-de-posibilidad-para-la-exigibilidad-judicial-del-derecho-a-la-vivienda.pdf.

• The “Iriarte” Case (Parador Retiro) 33

As a result of the awful infrastructure condi-tions in one of the local governmental halfway houses, in the year 2008, a complaint was filed with the joint intervention of the two defenses of the first instance then existing in the jurisdic-tion. The complaint aimed at getting judiciary intervention on the Parador Retiro to control the housing condition irregularities and anomalies that affected those attending daily.

The complaint stated that the building did not have gas, hot water or heating services, and mentioned the precarious building conditions that complicated the use of the restroom facili-ties (lack of taps, broken showers, and perma-nent water leakage). It also described terrible infrastructure conditions in the only bathroom for the handicapped, and lack of linens. Fur-thermore, the complaint mentioned the lack of technical personnel and hygiene, which result-ed in the presence of cockroaches and rats.

Considering the situation and after a judi-cial inspection, which permitted verification of the facts, the Intervening Civil Court Judge or-dered a preventive measure which consisted in, not only the designation of a judicial informa-tive interventor to communicate periodically to the court the conditions of the facilities, but also a cleaning, disinfection and anti-rat campaign and the hiring of personnel, among other mea-sures to guarantee the normal functioning of Parador Retiro.

During the court proceedings, multiple mea-sures of varied scope were ordered, the enforce-ment of which was monitored by the Judicial Interventor. Finally, the object of the complaint was fulfilled, and the case was disregarded.

33- “Iriarte Miguel Angel y otros contra GCBA y otros sobre amparo (section 14 CCABA) case file 29872/0.

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“Hotels”: a solution for “the homeless”?

In 2001, a group of beneficiaries of the In-tegrative Program for Homeless Individuals or Families34 that were staying at the hotels started claiming that the accommodation did not fulfill the minimum security and hygiene conditions re-quired. In July 2001, the Judiciary gathered all the beneficiaries of the program (as ruled by the Decree 607/97) and communicated that the hotels were going to be closed, leaving them homeless again. As a result of this, the only advocacy office on CAyT matters functioning at that moment, 103 preventive defenses were filed, “Fernandez Silvia” (Courtroom II) and “Ortiz Cecilia and Vic-toriano” (courtroom I) can be highlighted, which were all solved in 2001. In these cases considered as “leading cases” on the subject, the Court of Ap-peals “pronounced that the lack of service conti-nuity violates the principle of non-regression”.35

One of the Civil Court Judges integrating Courtroom II stated: “two situations were key to make a decision. On the one hand, the idea that there should not be people living on the streets. On the other hand, the idea of progres-sion versus regression, which implies that if a homeless who filed a case was taken out of the street, it is inconceivable to make that individual return to it”.36

When the cases became a matter of public knowledge, due to the high media repercussion

34- Program created by the decree law 607/97 stated that families were granted lodging in some hotel rooms designated by the State, and this was responsible for the payment, this meant families were not responsible for the selection of hotels. The persons that were not responsible for families were placed in halfway homes.

35- Idem González Castro Feijóo, op. cit.

36- Daniele, Mabel. Title: “Exigibilidad jurisprudencial de los llamados Derechos Sociales en la jurisprudencia Argentina”. Designación de vol/pag: Suplemento extraordinario administrativo 2010, number 1, page 28-39.

they arose, the Judiciary enacted Decree 895 in 2002, recognizing the inefficiency of the pro-gram in force, not only for the high expendi-ture costs involved, but also by its inefficiency to solve emergency problems and give structural solutions. The program tried to replace the ho-tel accommodation system and encourage the families who lived there to leave the hotels37. In order to accomplish that, it closed the entrance of new families to the temporary accommoda-tion program, offering those beneficiaries stay-ing at the hotel the chance to remain there or opt for a subsidy.

Like its preceding rule, this decree fails to mention the right to housing and defines in-dividuals as “beneficiaries”, limiting the access criteria and establishing, for the first time, a remuneration regime. It is interesting to note that, to access this program, it is necessary to prove at least one-year residence in CABA and a monthly income under the index for the basic food basket stated by the INDEC. Therefore, it stipulates a system of priorities at the moment of granting the subsidies, like employment situ-ation, the amount of minors in the family and the health status of each member. Analyzing the decree, it can be said that poverty and the ob-ligation of the State to give aid to families with children and adolescents affected by housing problems, is increasing. It clarifies that women shall be the ones entitled to receive the benefit as they are considered to be the ones who show more “tenacity and responsibility” to obtain life level improvements for their children and themselves.

37- Verón, Natalia (2010): “Políticas asistenciales y desalojos en la Ciudad de Buenos Aires: la producción estatal de la Emergencia Habitacional”, in Actas del IV Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Ampliación del campo de los derechos humanos. Memoria y perspectivas. Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, in http://www.derhuman.jus.gov.ar/conti/2011/10/mesa_17/veron_mesa_17.pdf.

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Due to the socioeconomic crisis in 2002 and at the end of the 2001 financial year, the budget for 2002 was not approved. Therefore, in accordance with the local Constitution38, the program from the previous year was maintained and extended, so the Judiciary created the “Manual for execu-tion and employment of the extended budget”.

On this context, the mentioned decree recog-nizes the need to implement actions that facilitate the access to definitive solutions for families with housing problems. However, it considers that it is part of the families’ responsibility to present their own proposals. The Judiciary coordinates the Secretary of Social Promotion with other State areas in order to give permanent solutions to these situations. By virtue of this, Section 16 creates the Management Unit for Families Liv-ing on the Street, integrated by individuals in charge of different areas of the GCBA, including the Secretary for Treasure and Finance, the Sec-retary of Government and Actions in Comunas, the Secretary of Health, the Secretary of Educa-tion, the Secretary of Economic Development, the General Office of Notaries Public from the CABA and the Housing Committee.

It is worth mentioning that with the enter-ing in force of Decree 895, the Supreme Court of Justice of the CABA (TSJ, from now on for its initials in Spanish) did not make judgments in the cases “Fernandez Silvia”, “Ortiz Celica” and “Victoriano” for rights to housing, due to the fact that the threat of hotel closure program had disappeared long ago.

In 2003, in the “Jasmin” and “Guerra, Rosa Liliana” judgements entered into by the TSJ, it was acknowledged that “the right to adequate housing that integrates the legal system is claim-able before the courts, and that there exist mini-mum contents to be respected”.39

38- Section 53 of the CCABA

39- Idem González Castro Feijóo, op. cit.

During this period, the MPD tried to en-force Decree 895, not only for families living on the streets, but also for individuals in the same situation, instead sending them to housing in-stitutions and Paradores.

• The “Ramallo” Case.

It is relevant to describe the Ramallo’s Case, as it complements the arguments developed by the courtrooms that entered the previously mentioned judgments. In this case, it was con-sidered that by virtue of the protection of the right to housing, it was a judicial obligation of the GCBA to give positive services to individu-als or families defended by those plans, even af-ter their expiration.

The decisive role of the courts hearing this kind of cases was particularly highlighted, re-jecting the idea that they can be treated outside judicial control. On the contrary, it is stated that the actionable character of right to hous-ing arises from the constitutional protection and suggestions made by the Commission of Economic Social and Cultural Rights — general observation number 4, as regards the obliga-tion of the states that conform the agreement to adopt reasonable measures to grant the en-forcement of the program, giving priority to the social groups living in unfavorable conditions, regardless of the economic difficulties in which the State might incur. Concerning the govern-ment program, it was considered that there was no constitutional impediment to change the plans implemented by the GCBA, as long as the government assistance was not interrupted or affected. With this understanding, it con-sidered that it was juridically inviable to bring the beneficiaries of different housing programs back to their previous state of vulnerability, unless some new mechanisms of defense were

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granted to them, and/or the beneficiaries were in a situation to overcome that emergency sta-tus. In compliance with all these arguments, the Civil Court Judges decided to consider all the defenses against the GCBA trying to make the objectives of the programs fulfilled, even after their time lapse was due.

In 2004, the Legislative Power declared the “Housing Emergency” in the CABA, enacting Law 1,408, which is defined in Section 2 as “(…) the situation in which the following individuals/families are found: individuals living in build-ings affected by judgments of eviction, when those buildings constitute their unique place of living and they have no other real property registered in their names, inhabitants of transi-tory housing units and settlements in the city, inhabitants of overcrowded or obsolete houses, individuals living in hotels or boarding houses, people in street situations. The rule established the creation of an economic fund destined to finance the “definite or transitory housing so-lutions for family groups or individuals men-tioned in Section 2” and suspended the evic-tions in the City for a term of 3 years.

To support the Law standards, the legisla-tors recognized that almost 100.000 people were living at that time in hotel rooms or guest houses, who had suffered from periods of liv-ing on the streets; of which, 9000 were living in hotels directly financed by the city programs, hotels which were questioned by their uninhab-itable conditions.

It is worth mentioning that during the 2003-2004 budget, the city presented a fiscal surplus. For that reason, there were projects that explic-itly required that a portion of that surplus be destined to the solution of the housing prob-lems of the local inhabitants. Therefore, differ-ent social organizations40 required the applica-

40- Tenant Coordinator or the CABA, MOI among others.

tion of the Law, presenting claims against the City on housing rights, demanding the priori-tized construction of social houses and the stop-page of evictions.

However, after the rule was passed, the Exec-utive forbid Section 2, which defines who are the family groups and individuals that must be con-sidered in situations of housing emergency, as well as Section 7, which determines the suspen-sion of evictions of all the real property belong-ing to the GCBA, used as housing and occupied by family groups in extreme poverty conditions. We must remember that at that moment, Decree 895/02 was still in force in the City, with a pre-dominant bias on assistance services.

One of the main reasons for the public de-fense intervention in the CABA was the persis-tent street situation of the individuals after the period fixed by the rule for the granting of an economic compensation.

As it had intervened some years before to avoid said compensation discontinuity, at that stage the terms of discussion were widened.

By 2007, the housing deficit was still the same. So when the period fixed by the above mentioned law had expired, the emergency was extended by Law 2472 3 for three additional years.

Afterward, at the end of 2008, another new law was enacted (Law number 2,973) which de-clared the emergency once again, and insisted on the stoppage of evictions. Unfortunately, that Law was partially forbidden once again by the CABA Executive in January 2009, repeating and ratifying the voided content of the law of housing emergency.

• The “Panza” Case for housing and “gender” matters

In this context, it is relevant to mention an-other paradigmatic case promoted by the Public

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Defense, the “Panza”41 Case, filed by the plain-tiff and his transsexual partner, with whom he had been living for 3 years. They were both un-employed and had received a temporal housing subsidy in accordance with Decree 895/02, for a fixed monthly amount of one thousand eight hundred Argentine pesos. When the Amparo was filed, they were again living on the street, because their subsidy had been discontinued by the Administration, and they could not live together in the Paradores of the CABA, as they were only for men or women.

Contrary to the decision of the first instance court, which dismissed the case, the Court of Appeals proceeded to analyze whether the plaintiffs had the right to file a complaint for inclusion in an aid plan after expiration of the housing subsidy, because their reality showed that they were still vulnerable and continued to live on the streets. Therefore, considering that the State cannot limit its obligations to tempo-rary compensations but “is obliged to perma-nently developing positive policies for the social inclusion of the most needed ones”, including the satisfaction of their basic housing needs- which cannot be discontinued until overcoming the emergency situation that triggered the com-plaint, the Court relieved them from having to submit a proposal to overcome their situation, because in their precarious situation, it was hard to find permanent solutions. Besides, the Court of Appeals’ decision contemplated the plaintiffs’s affective situation and their right to not being discriminated, obliging the govern-ment of the city to contemplate the possibility of their living together under the same roof.42 Finally, as it will be explained in the Mansilla’s case, the Chamber argued that the situation of

41- “Panza, Ángel R. c/ GCBA s/ amparo (section 14, CCABA)”, file Nº 4270/05, Resolution on May 23rd, 2006.

42- Idem. Cardinaux, op. cit.

homelessness undergone by the plaintiffs also affected their rights to individual autonomy.

The Supreme Court of Justice did not vali-date this case and adopted a restrictive position, as it will be later seen in the “Toloza” and “Alba Quintana” Cases.

Therefore, it started to revoke all the favor-able judgments of the Court of Appeals, making the GCBA responsible for analyzing each indi-vidual case, and limiting the central content of the right to housing. A notable regressive ten-dency can be seen on the part of the Court of final resort regarding the content assigned to the right to housing.43

• The “Mansilla” Case

In this case, a paradox arises: while the TSJ takes regressive decisions, both Courtrooms of the Court of Appeals delve into progressiveness.

Therefore, in the Mansilla Case44 (2006), an-other emblematic case for the MPD brought up due to the insufficiency of the subsidy provided

43- In the first paragraph of the sentence, it can be read: “Ángel Rafael Panza and Evelyn Saldaño (legal name Miguel Eduardo Saldaño) /… / most of the judges approved by wide margins stating that the parties were involved in a love relation. In the case, they decided to make invalid the judgment issued by courtroom I and to require another court to state other judgment. Another definite matter to invalidate the judgment was not considering the offers made by the GCBA. Expressly, they stated that: “the possibilities were of the parties to be included in Housing Project of Gonzales Catan, the possibility of entering into businesses, the subsidy of Decree 895/02, and the accommodation for Panza, but not for Saldaño. One of the judges stated that the defendants already received the benefit and that with that amount they could pay for a hotel room to live together. As the plaintiffs were unemployed and the subsidy ended, they went back to living on the streets. When they requested for another subsidy, the GCBA stated that they could not be accommodated together due to their gender conditions. The González Catán project never began.

44- “Mansilla, María Mercedes c/ G.C.B.A. s/ amparo”, (file Nº 13817/0), October 13, 2006.

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by Decree 895/2, the Chamber (Courtroom I) sustains the complaint and focuses on the cen-tral axis of the decision, on two principal argu-ments. The first one, already explained in the Panza´s case, makes reference to the connec-tion between the housing right and the exercise of the right to personal autonomy or self-deter-mination, as the possibility of each individual to choose and materialize his/her own plan of life. The second one, tackles the argument generally used by the GCBA with relation to the lack of available resources to fulfill the obligations con-cerning the DESC.

Regarding the right to housing as a condi-tion for the exercise of self-determination, the Court highlights that the exercise of autonomy requires the fulfillment of certain conditions, among which we can find the right of individu-als to decent housing.

Thus, the Court states that “it is a principle that proclaims respect for the individuals and implies a right to no interference and an obli-gation not to restrict their autonomous actions, and which demands the adoption of an active behavior on part of the State to enable social in-clusion and the consequent enjoyment of their fundamental rights.” Therefore, the Court has stated that the right to minimal aid conditions and social inclusion is a fundamental right which is essential to the exercise of individual autonomy (according to section 19 of the Na-tional Constitution). This autonomy basically consists of the possibility that each individual has to choose his/her own life plan. The State not only has to refrain itself from interfering with the exercise of individual rights, but also has the obligation to provide positive service, so that such exercise does not become illusory…”.The Chamber refers to these positive actions as the ones that fit with what is stated in section 17 of the City Constitution, as the State obliga-tion to develop social policies coordinated to get

over poverty situations and exclusion through budgetary, technical and human resources.

In this sense, the Chamber concludes that the state obligation to grant housing subsidies cannot be interrupted after six months as stated in Decree 895/02, but that this obligation needs to continue as long as the precarious situation persists. The argument is still based on the grounds on which the housing subsidy plan was created: “to ease the emergency and give structural solutions”. That is why the state mea-sures should have referred to the “adoption of measures to ease the consequences that poverty produces on the quality of citizen life”, giving “solutions to the housing issue”.

As per the argument of resource limitation employed by the State as defense, the Court stated that in order to constitute a real defense, it should be duly grounded and proved.

According to the Court, the defendant gov-ernment shall first have to prove that it lacks enough resources and then, that it carries out every possible action to obtain them. Gener-ic considerations do not suffice. Also, it is not enough to state that the judicial decision has a budgetary impact or that it implies the use of resources, since that is the habitual consequence of innumerable judicial decisions.

When the judges sustain a complaint for damage and loss resulting from State actions, whether legal or illegal, as when they sustain a patrimonial complaint on public employment (e.g. differences in salaries) or when a tax which was unjustly charged has to be returned, deci-sions are being taken, and they have budgetary effects. In all these cases (some of them only compromise assets) it would be unimaginable to argue that there exist resources limitations, in addition to the incidence of the principle of law of budgetary reservation which can be applied to cases condemning the State to pay certain amounts of money. In the case herein, there are

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no references from the government to its inabil-ity to fulfill the judgment or, by hypothesis, to the eventual limitation of available resources.

Considering the solid arguments stated by the Court, we can conclude that the local gov-ernment shall provide adequate aid to affected parties, through compensations provided in Decree-law 895/02 or by adding them to any other plan which protects them from the situa-tion of living on the streets, as long as the situ-ation persists.

• The “Toloza” Case

The Supreme Court of Justice settles the “Toloza”45 case following the restrictive criteria applied in the “Panza’s” case.

In this case, the first instance Judge had accept-ed the defense promoted by the plaintiff and her son who were in a vulnerable situation, sentencing the local Government to solve her lack of housing by including her in the housing programs enforced or any other actions which might be deemed ap-propriate. This criterion was confirmed by the Chamber courtroom, which motivated the filing of an action of unconstitutionality by the GCBA.

On August 9th, 2006 the TSJ by a majority of votes, sustained the action of unconstitution-ality presented by the GBCA and rendered in-effective the judgment entered in the Panza’s case. The majority of votes (from judges Conde, Casás, and Lozano) particularly showed that the chamber’s decision did not allow to define clearly which was the behavior that the city au-thorities should adopt and within which limits it should be performed, for which reason the jurisdictional act of the previous instance was deemed invalid.

45- TSJ, “Toloza, Estela Carmen c/ GCBA s/ amparo (section 14 CCABA) on unconstitutional resource given” (file Nº 4568/06).

By virtue of the majority decision, the file was returned to Courtroom I of the Court of Appeals competent on CAyT for a new judg-ment to be rendered. With this decision, it was considered that there was no real prejudicial governmental omission, and the case should be returned to the courtroom with the aim of, in the words of Judge Lozano, “grant concretion of the ruling and enter a decision on the per-sonal situation of the plaintiff, according to the applicable rules”.

To conclude, the sentence of Courtroom I stated that the plaintiffs should be included in the program created by Decree number 690/06 and grant them the subsidy provided in it, and therefore to continue with the monthly compen-sation until the general objectives of the program were fulfilled or until the plaintiffs could prove that their homeless situation was over.

• The “Alba Quintana” Case

In May 2010, in the case “Alba Quintana”,46 the TSJ intervened in a housing case promoted by the MPD, similar to the previous cases, for the interruption of aid programs granted by the GCBA using temporal housing subsidies. Once more, the TSJ restrictively ended the case, re-sorting to doctrines which have allowed many courts to reject the claims of people in street situations. This case is about a 40-year-old man who lacked the economic resources to face his housing needs, and had some health problems. At the moment of filing the complaint, he was staying at a parador in GCBA, that is to say, in a real street situation, because the aid granted to him had been discontinued according to the legal rules in force (Decree 690/06 which re-

46- TSJ, “Alba Quintana, Pablo c/GCBA y otros s/amparo (section 14 CCABA) without unconstitutional resource given” (file Nº 6754/09).

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placed the previous decrees on housing com-pensation matters).

The first instance court and the Court of Ap-peals judgments were positive about his claim, stating that the paradores could not be considered as decent housing.

Contrary to those previous considerations, the TSJ performed an abstract analysis of the legal rulings of the local Government without considering the individual factual context ex-plained in the case, stating that, “it is evident that it does not correspond to the Judiciary to select public policies, or to make decisions on their suitability or convenience”. At the same time, it reversed the present doctrine on hu-man rights, affirming that the progressive na-ture must be considered as a safeguard for the States that cannot immediately fulfill their as-sumed obligations, and not as an argument to prevent them from continuing to advance on their way to guaranteeing those rights.”

Following the same line of argument, it re-turned to the thesis of minimum grounds, not to establish a group of basic compensations, but to redeem the State from its obligations.47 In this sense, the juddment presented a regressive character as it interpreted the rules about hous-ing rights on restrictive and arbitrary bases: no personal rights would be considered, but aid benefits by the Government would be granted to the population, according to criteria ordered by the authorities and destined to ease emer-gencies; the minimum basic enjoyment of hous-ing rights required by the international agree-ments would have been accomplished by basic shelters like “paradores” or temporary houses as possible solutions.48

47- Idem. Cardinaux, op. cit.

48- Christe, Graciela Elena, “Apostillas a la sentencia dictada por la CSJN en la causa Quisberth Castro, adA Ciudad, available at http://www.adaciudad.org.ar/docs/CHRISTE-Apostillas-a-la-sentencia-Q.-C.-de-la-Corte-Suprema.pdf.

To conclude, this doctrine stated that the potential beneficiaries of the economic com-pensation granted by the GCBA, would have to prove the seriousness of their situation to have priority above others’. Summarizing, those no able to prove that they were the poor-est among the poor would not receive the com-pensation.

Judge Ruiz’s dissenting vote is worth men-tining; she noticed the vulnerable situation of the plaintiff and the regression implied in re-voking the previous judgment, and also pres-sured the Administration to make it prove that the GCBA resources had been completely used.

The truth is that in this context, the judicial budgetary control which constitutes an essential instrument for rights not to become illusory is lost, especially considering the reasonability of the budgetary law.

Thus, during the period 2008-2013, the amount of the original budget destined by the legislature to housing showed a negative ten-dency; there was only an exceptional increase in 2011, which initiated a descendant period con-cerning the total execution of the Administra-tion expenditure, as well as the social internal expenditure. Furthermore, in the same period, there was registered a sub budgetary use and the credit destined for housing in 2008, 2009 and 2010 was reduced, making the correspond-ing budget lower to the one approved by the legislature. That is to say that the Judiciary reas-signed housing funds to other sectors, reducing it even more.49

Local laws for the protection of vulnerable individuals and their impact on the jurispru-dence of the Jurisdiction.

49- “Presupuesto en areas sociales, regresividad y subejecución, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008-2014”, a document written by María Laura Barral and others, Investigation Direction of the Secretary of Planning of the MPD on June 5th, 2015.

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The local laws for the protection of vul-nerable individuals and its impact on the jurisprudence of the Jurisdiction

In that state of matters, with a regressive jurisprudence in the last local instance, and a receptive jurisprudence concerning the right to housing in the Chambers of the Court of Ap-peals, as well as in most of the courts of first in-stance (CAyT), two important events took place.

On the one hand, the legislature passed Law number 3,706 which imposed the local govern-ment the obligation to “entirely protect and make operative the rights of the individuals living on the streets or at risk of living on the streets”.

It is established that these individuals should be assisted with the implementation of govern-mental programs. It also settled a minimum aid basis, warning that the use of night accommoda-tion, overcrowded spaces, rooms in temporary settlements as well as the fact of being constantly exposed to eviction are all considered to be dan-gerous situations where the State needs to take positive actions (see Section 4).

Undoubtedly, this law overthrows the TSJ interpretation for “Alba Quintana” case sen-tence where the State´s minimum obligation was to grant night paradores to individuals living on the streets.

So was also interpreted by the contemporary jurisprudence of the Court of Appeals, which regarding the provisions of Law 3,706 affirmed, “these concepts modify what has been ruled in the “Alba Quintana’s” case. The content of the judicial activity is maintained, that is to say, it is necessary to replace the priority regime of the Constitution, but the bases for state compli-ance have changed. It is worth mentioning that according to this law, the situation of an indi-vidual living on the streets consists of an equal zone, which needs aid for the ones in emer-gency, the Parador option is only a temporary

solution which illustrates the unacceptable real-ity against constitutional guarantees about who need to be assisted according to his right and it is not a solution for the problem”.50

At the same time, this type of temporary so-lutions that Law 3,706 dismisses, do not gener-ate the necessary conditions for an individual living on the streets to try to escape these condi-tions, they are treated as stored things, making them feel socially excluded.

This rule is complemented by the local Law 4,036 called “Social Rights Integral Protection,” according to the principles established in sec-tions 17 and 18 of the local Constitution. It is evident that the city tendency concerning hous-ing, at least on the normative side, is being con-sidered from a perspective of the integral assis-tance of the social rights connected to it.

This rule is supported by “the acknowledg-ment of the Rights and Guarantees established by the National Constitution, the International Treaties where the Argentine State is a party, and the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires”(Section 2).

This law prioritizes individuals living on the streets or under socially vulnerable conditions for access to the economic, technical and ma-terial compensations (Section 5) grantedby the GCBA social policies (Section 1).

The legislature opted to define vulnerability as “the social risk condition or difficulty which com-plicates, affects or invalids the fulfillment of the citi-zens’ general basic needs …” Individuals in socially vulnerable situations are “those who by age, gen-der, physical or mental state, or by social, econom-ic, ethnic and/or cultural circumstances find diffi-culties in the exercise of their rights” (Section 6).

At the same time, the rule makes a distinc-tion between different groups of vulnerable in-

50- Courtroom II “Gutiérrez Graciela B. c/ GCBA y otros s/ amparo (section 14 CCABA)”, file Nº 41639/0, on March 20th, 2012, among others.

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dividuals and grants them special treatments, according to their particular characteristics. It particularly establishes the different respon-sibilities of the GCBA concerning homeless or socially vulnerable children and adolescents, which involve different measures for their social inclusion. To fulfill this need, it shall provide all the technical or material compensations which might be deemed necessary to improve their situation (see Sections 13 and 15).

Therefore, the granting of these compensa-tions is extended to women in charge of their families, at the same time it promotes the imple-mentation of actions that may guarantee fair treatment and the chance to enjoy the exercise of their rights, encouraging integration and labor training (see Section 19 and 20). The law high-lights that shelter must be given to women with or without children who have suffered from situ-ations of domestic violence (see Section 20 article 2 and 3), and to physically challenged and elderly individuals (see Sections 16 to 18 and 22 to 25).

• The “Q.C.S.Y.” Case: The Supreme Court of Justice of the Nation, and the right to suitable housing

The case “Quisberth Castro”51 promoted by the Public Defense (also known as “Q.C.”) solved on April 24th 2012 constitutes a “leading case”, as for the first time the Supreme Court of Justice of the Nation (CSJN, from now on, due to its initials in Spanish) analyses the local housing right by considering the international

51- CSJN, “Quisberth Castro, Sonia Yolanda c/ GCBA s/ amparo”, on April 24th, 2012. It is important to highlight that before solving this case, the CSJN summoned the public audience to the Adjacent Defender Ph.D. Graciela Elena Christe to represent the plaintiff. The exposition can be found in http://www.cij.gov.ar/nota-7670-La-Corte-Supremarealiz-audiencia-p-blica-en-un-caso-por-el-derecho-a-unavivienda-digna.html.

regulations that grant a dual sentence over the local government: immediate actions to provide “adequate accommodation” and a complemen-tary order to grant aid until the person is intro-duced into a housing program (existent or new one) in order to provide a permanent solution to their vulnerable situation.

This case clarifies the local State’s obligations regarding social rights. Even though the case in-volves children and individuals with disabilities,52 it does not imply that the considerations are only applied to them. The sentence pronounced by the Supreme Court of Justice refers, in general, to the normative side and the city public policies to solve the housing problems of the individuals living on the streets. The solution provided by the Court highlights that the State obligation is to give habitation and not a subsidy to individu-als in order to satisfy the rights involved follow-ing the pro homine principle.

After a detailed analysis, the Federal Court remarked the normative engagement of the City of Buenos Aires regarding housing, it highlighted that the system of paradores was not adequate and, concerning aid given by the program Aid for Families living on its the streets, indicated that “it is not only a definite solution to the problem of individuals living on the streets (…) but it is also limited to ease the situation temporarily” (Clause 13).

Regarding public policies enforced on the local field, the Court stated that “the solutions proposed by the defendant to accomplish what the section 14 bis of the National Constitution and 31 of the local Constitution are insufficient to solve the plaintiff claim.” Likewise, it consult-ed the state defense about the budgetary limi-tations and the principle created by the DESC Commission in order to declare that if the State

52- In this case, the family was composed of a mother, and his handicapped child who suffered a chronic and severe illness and depended on his mother to be fed, get dressed, etc.

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wants to claim failure to fulfill its obligations due to lack of resources “it must demonstrate that has put all its strength to use all the resources available to satisfy the minimum obligations”. Even though the complete fulfillment of the in-ternational commitment incurred imposes that the obligation to “guarantee a wide enjoyment of rights despite the circumstances… [even if] in serious limitation of resources, caused by ad-justing process or economic recession, vulnera-ble members of society shall be protected by the adoption of low-cost programs” shall still stand (see General Observation number 3 paragraphs 10,11 and 12).

It is important to note that the Court af-firmed that “the local regulations grant the obligation of the Administration to intervene on the different public programs that are sup-posed to take measures” (whereas clause 15). It is relevant as it agrees with the “integrity” idea that alludes that the human rights are indivis-ible and interdependent.53

This sentence gives a solution to this case, but the Court is well aware that in CABA there exist endless amounts of cases similar to this plaintiff one. In order to reach this decision, the Court disposed an informative hearing and collection of information which proved that the Government had not fulfilled the obligation of applying all its resources to the solution of the problem, as it found out that it had enough budgetary resources to do so.54

One of the Judges of the Supreme Court,

53- As affirmed by the Special Narrator if the UN in his report on the realization of the DESC in 1992: “all human rights and fundamental freedom are indispensable and interdependent; shall have equal attention and consideration to the application, promotion and protection of civil, political, economic, social and cultural rights.” Therefore, “the promotion, respect, and enjoyment of certain human rights and fundamental freedom cannot justify the infringement of other rights or fundamental freedom.”

54- Christe, Gaciela Elena, op. cit.

Minister Petracchi, stated in the same judgment that the city “did not accomplish its obligation to reasonably implement the housing right in its jurisdiction55 ”;… “it did not design or implement public policies to enforce the population which is under vulnerable personal, economic and social situation to have the chance to find a suitable place to live complying the minimum health, hygiene and security conditions in order to preserve their physical, mental and moral integrity”56…he also added “the most vulnerable sector of the population of the City does not have the guarantee of solutions to essential housing problems…there are not public policies on short or long terms destined to help these people find a suitable place to live”.57 On the contrary, the measures that have been taken show that the resources that the Government has, have been used irrationally based on the economic point of view… the method chosen… to confront the homeless situation is one of the most onerous of the market and, however, only gives to its beneficiaries partial and inadequate ease”. Excluded from the renting formal market, these individuals have “no other choice than to pay high amounts for small and precarious hotels courtrooms”.58 This is an “unconstitutional severe omission”59 that cannot be justified by budgetary issues; at least not without the conclusive evidence (granted by the public state authority) of the maximum effort required by ICESCR.60

55- Whereas clause 14, last paragraph.

56- Whereas clause 15.

57- Whereas clause 16, last part.


59- Whereas clause 15, last part.


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The sentence pronounced by the TSJ has precise determinations that can easily apply to all the cases in this jurisprudence. It was high-lighted the operational manner of the social rights and that the obligations have to be effec-tive; judges need to control public policies rea-sonably; gave priority to disadvantaged groups; determined the insufficiency of subsidies, para-dores, and lodgings; defined that the right to suitable housing demands habitable lodging. The Court stated that “it is imposed that the State intervenes with social aid in an integral manner” (whereas clause 15 in the end).

From this sentence the concept of the chance that any right has the chance to be considered on any jurisprudence arises. The Judiciary crit-icizes all the activities of the ones that decide over public policies, with the aim to verify the adjustment of plans and programs to constitu-tional principles.

This implies that the TSJ established a “min-imum guarantee about the fundamental right that makes a barrier against the discretional na-ture of the public authorities”61 (this guarantee shall be respected as there shall be no legal ca-pacity to choose whether to act or not62) it has

61- “…a minimum provision of goods and services can be reclaimed before a court…” by individuals living in extreme poverty, as stated by Courtroom II under file Nº 17601/1 on November 8th, 2005 titled “Ramírez Tito”.

62- Following the order of ideas, for the Commission, there is a “minimum obligation of granting the satisfaction of at least one essential level of each right” (General Obligations 3 parr. 10). To guarantee the “access to a household” is one of the basic need stated in the right to health, from which “the State cannot justify the infringement because it is irrevocable” (G.O. 14, parr.33 lit. c. and 47 in fine). In these cases, the financial condition has a special modulation because it demands evidence of special care of the public authority: to demonstrate that “everything was done with effort and using all the given resources”, (O.G. 3, para. 10 in fine) and nothing shall delete the main obligations of monitoring and elaboration of strategies (idem, parr. 11), and especially of protecting the vulnerable members of the society through the adoption of programs of

to be taken seriously as from it depends if “a person shall be considered as vulnerable”.

• The “K.M.P.” Case and its effects: advantages and disadvantages of the enforceability of the right to housing.

To conclude with the most relevant cases on housing aid as one of the most important tasks performed by the Public Defense, the last prece-dents of the TSJ of the City have to be mentioned to provide an updated panorama of the current situation and of the obstacles the Defense has to overcome, particularly when dealing with cases related to single vulnerable individuals who do not face serious health problems.

It is a group of different recently solved cases based on the well-known “K.M.P.”case (2014), which is successively and restrictively appears at the moment of entering judgment in many courts, especially of second instance. The basic, elementary and even trivial reason of this judi-cial doctrine is its restrictive interpretation of who are the individuals integrating the catego-ry of vulnerable beings entitled to state tutelage. It promotes a partial interpretation of local Law Nº 4036, establishing different categories for people with conditions of vulnerability, who will be given differentiated solutions according to the group they belong to.

Applying this logic, it makes a distinction between physically challenged people or indi-viduals suffering from chronic diseases as one

relatively low cost.” (ibid. parr. 12), Therefore the Court stated: the argument of using all the resources available seem subordinated to an integral analysis of the City of the delegation of budgetary resources, that shall not ignore the obligation stated in the treaties the country compromised with, in which it reads that the recognized rights shall have plenty effectiveness.

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group63 (clarifying that it is not necessary to have a medical certificate to prove such situ-ation) and elderly adult people as another group64, assuming that the latter won’t be able to get over their vulnerable situation, which will rather get worse with time. For this group, to which female victims of violence or physical abuse (as disposed in section 20 of Law 4.036)65 will be later added, the court states that local government has the obligation to provide lodg-ing, and also sends the cases to the first instance courts for the rendering of judgments indicat-ing the scope of their content .

Up to the moment, there have been no fur-thered judgments that allow to determine the precise content of the “housing right” alluded by the TSJ, but there are no doubts that this compensation must guarantee a legal stabil-ity and security that prevents evictions, even though the court clarified that it might not be necessary to grant property titles.

In any case, and considering the decisions made by the lower courts concerning handi-capped or elderly people and victims of vio-lence, there is a progressive approach in the enforceability of the right to housing.

In this context, we must mention the sen-tence passed by the TSJ on the above referred to “Sztern” case, and the posterior decision of the Court of Appeals (Courtroom II) to which the case was resent by that Supreme Court, grant-ing special protection for women suffering from domestic or sexual violence. In this case, the TSJ sustains the unconstitutionality defense present-ed by the plaintiff against the sentence passed

63- TSJ, “KMP” (file Nº 9205/12, on March 21st, 2014)

64- TSJ, “Valdez, Mario”, file Nº 9903/13, on June 4th, 2014.

65- TSJ, “Sztern”, file Nº 9814/13, on April 15th, 2014 and judgment forwarded to the courtroom II on November 21st, 2014.

by the Chamber, stating that there was no suffi-cient proof for the plaintiff vulnerable situation, that is to say, there was no sufficient exception to consider the party within the scope of the aid required. When the Court granted the defense, It considered the factual circumstances of the case that the plaintiff presented “…psychologi-cal effects caused by the violence that her mother and brother exercised over her”.66 This extreme situation changes the solution adopted by the courtroom and focuses it on the solution pro-vided by section 20 of the Law 4,036 stating that: “the government of the city shall adopt measures destined to: …3. Give shelter to women with or without children who have suffered from domes-tic and/or sexual violence. In these cases, they will be granted free psychological aid, legal coun-seling, and representation”. Consequently, the sentence is returned to courtroom II for a new judgment considering the guidelines stated by the TSJ. Regarding said guidelines some aspects that helped the decision on this case are: current health state and mental effects on the plaintiff as a result of the violence she has experienced in her childhood and also in the present; her need to gain access to adequate lodging according to her health needs, allowance to have her pet with her being it her only positive emotional connec-tion67; the difficulties for the plaintiff to get a job;

66- The psycho diagnoses of the plaintiff had presented before the witness strands were taken into consideration, and they stated that Mrs. María Eugenia “had chronicle psychiatric symptoms, compatible with unknown mental disorders, to what it adds to lack of formal and specialized education and difficulties in relating with others.” This scenario was solved at the moment with a sufficient autonomy from Mrs. María Eugenia, who says to be living in a hotel. The social report stated that: “there are some violence, harassment and abuse situations for the plaintiff since early life by members of her family, which impacted negatively in her bias. That is why; she has fear and trust issues when relating to others. And this, of course, has a negative impact when trying to insert in the employment market.

67- This aspect of the health of the plaintiff showed

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the process to get her disability and health care certificates. Considering all these aspects it is re-solved that: on the one hand “the Government of the City of Buenos Aires shall give lodging pursuant to section 20 of Law number 4,036, it will have to comply with all the necessities and foster her improvement (…) lodging shall have to be reserved — its address shall not be public-, and compatible with the treatment of her health state, physical or mental, might need…being this one a direct consequence of the treatment she had suffered since childhood”, at the same time, a precautionary measure was granted, “accord-ing to the faculties granted by section 19 of law number 2.145 until the GCBA fulfills with what has been prescribed, it shall have to provide, within the following 5 (five) days a housing solu-tion which adjust to all the requirements already mentioned”

Despite all the notable improvements made by the TSJ as per sentences which obliged the GCBA to provide adequate lodging to deter-mined groups of affected citizen, they were coun-teracted by the regressive sentences pronounced by it as per single vulnerable individuals or citi-zen without severe pathologies.68 In these cases, it stated that the government had no obligation to take positive action or grant economic com-pensations to support lodging expenses.

This thesis has had effect on some current judgments specially for the jurisdiction cham-ber where the vulnerable concept has been even more reduced. For example, children who have become adults are discontinued from the protec-

the unsuitability of the hotel as an adequate way of accommodation. It is important to highlight that the vulnerable sectors that are assisted by the government plans are mostly accommodated in hotels due to the lack of requirements of the real estate market and from which this population cannot access.

68- TSJ “Almendras” (file Nº 10240/13, on July 7th, 2014), “Verri” (file Nº 10241/13) and “Pallares” (file Nº 10181/13 on July 7th, 2014).

tion granted to their families69 considering that a healthy adult, that is to say not affected by any disease which can prevent him from working, shall be excluded from legal protection.70 On this dogmatic sense, the majority vote takes the place of the concrete analysis of particulars that characterizes houses and individuals with lower resources as vulnerable, ignoring the applicable rule (section 6 law 4036), even if these individu-als live under extreme poverty conditions or are on the streets.71 One of the difficulties that the defense has to face is the fulfillment of the deter-mined requirement of 3 years residence on the jurisdiction (while some administrative regula-tions state 2 years residence). This requirement does not comply with the international agree-ment on human rights protection that shall be granted to a citizen who resides in the city. In this sense, the local state tries to avoid its prima-ry responsibility of aid, requesting the National State intervention as the third party.

Finally, the situation of families with children without any health disease or handicap must be mentioned. For these cases the solution given is the maintenance of the family as beneficiaries of the compensations given by the GCBA according to the program “Aid Program for Families living in the streets”, the monetary compensation

69- CAyT Chamber, Courtroom II, “Roque Azaña, Ruth Noemi” file Nº 28356/0, on April 11th, 2013; “Carrizo, Maria Elena” (file Nº 27629/0, on April 11th, 2013); “Romero, Graciela del Carmen”, file Nº 43663/0, on September 3rd, 2014, among others.

70- Pucciarello, Mariana “Subsidios habitacionales y desempleo: la jurisprudencia que retorna al pasado”, Cuadernos del MPD N°2 CABA, August 2015, pages 25 and subsequent.

71- Colombo, Leonora “¿Personas u hogares vulnerables? La exclusión de los hijos mayores de la protección otorgada en los amparos habitacionales”, Cuadernos del MPD N°2 CABA, August 2015.

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provided is $1800 Argentine pesos monthly72 (see last update by Decree 239/13). The TSJ has approved the money compensation given to beneficiaries even though it is not enough to access to lodging in the current market.73

This thesis has been moderated by some sentences passed recently by the jurisdiction Chamber where the new governing principle as per compensation is stated. Section 8 of Law 4.03674 does not settle the maximum amount75 but the minimum.76

These sentences denote the variables consid-ered by the law in order to reach a decision: a person or family income, economic and social situation, an emergency situation (according to what stated in section 6 about the vulnerable situation), etc.

72- Sum equal to a maximum of 10 payments of approximately USD 180 per month.

73- TSJ, “Abdala”, file Nº 9963 on August 8th, 2014.

74- Law 4,036, section 8: “Access to economic compensation of the social policies will be established by the authority contemplating incomes per households, according to the socioeconomic, emergency and or effective claims circumstances. In neither case, it cannot be less than the Basic National Shopping Basket established by the INDEC.

75- Courtroom II, “Palomino, González”, file Nº A 64229-2013/0, on September 8th, 2014.

76- Courtroom II, “Guerrero”, file Nº A1721-2014/0, on February 5th; “Leguizamon”, file Nº 42989/0, on March 5th, 2015. It is common in the courts with these jurisdictions the resource to the indexes of the process and values of consumer baskets elaborated by the CABA together with the General Office of Statistics and Census. In these cases, they are considered the “adequate reference point of the examination of the subsidies regarding the current jurisdiction.” Then, it corresponds to recur to the indexes provided and published by the referred organism to adjust, and if necessary, evaluate their reasonability, the amount given by the GCBA when complying with the already mentioned social program”.

According to what it has been stated before about the main juris-prudence, it can be concluded that the local administration’s housing program has not experienced posi-tive variations since it was disquali-fied by the Supreme Court in 2012.

The city of Buenos Aires is facing a terrible problem, which cannot be considered as marginal or the result of a critical juncture, because it re-flects a historical and fundamental crisis. There is an overwhelming implementation gap, and it is clear that a huge number of families are experiencing some infringement to this fundamental right.

Almost every government plan implemented during the last two decades has tried to ease the emer-gency situation, but was not accom-panied by sustainable public policies to revert the existing crisis and give permanent solutions to the affected parties. This behavior, coupled with other decisions made along the last years, exemplifies the indifference that has characterized the GCBA in this area. Its apathy is also illustrat-ed by the use of the funds stipulat-ed by the legislature to enforce the rights at stake.

This implies that the group of explicit obligations imposed on the State by the Constitution is being indisputably and in short, infringed by the local public authorities.

As it has been pointed out, when the Supreme Court rendered judg-ment on the “Q.C.S.Y.” case, it re-proached as “insufficient and inad-equate” the “solutions” provided by

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the City of Buenos Aires, whether because of the absence of plans for definite housing, the economic barri-ers imposed on individuals with low income to the credit lines granted by the Housing Institute, or the mere mitigating character (temporary and monetary) of the housing subsidies. Here, the Supreme Court made the following omni-comprehensive criti-cism of the local public policies, “Even though there exits no unique way to secure the right to housing, the truth is that the alternatives presented by the city give no definite or adequate solutions to the circumstances faced by the claimant”. It is not a question or resources or funds. As it was clari-fied by the Supreme Court, “even if this intervention is expensive for the State it is not adequate to give a solution to this terrible problem.” And added emphatically, “It is not a question of assessing the price paid by the State or pretending that the obligation has been fulfilled because of the cost involved, it is necessary to evaluate whether the right has been fulfilled according to the particular needs of the case.” Thus, “(…) the State investment shall be adapted to overcome or ease the situation if possible”. The Court establishes an analysis to find the most suitable and low-cost solution, as suggested by the DESC Commission.77

Summarizing, considering the original version of the” Aid for Families and Individuals Living on the Streets” (Decree 690/06) or any of its amendments (Decrees 960/08, 167/11 and 239/13), it is concluded

77- Whereas clauses 13-15 of the majority of votes.

that the GCBA has not considered within its priorities the housing problem. It has opted to give tempo-rary responses which have proved to be inefficient and insufficient to solve the crisis and the causes that are originating it.

In view of the local policies on this matter, the local jurisprudence has been inconstant on the degree of enforceability recognized to social rights, especially the right to hous-ing. After going through all the in-stances in the jurisdiction, it may be concluded that there exists a strong tension on the Judiciary at the mo-ment of considering the cases pre-sented by the Public Defense.

On the one hand, it can be ex-pressed that the decisions made by the Supreme Court have shown a progressive nature regarding dis-abled people or individuals suffer-ing from chronic diseases, elders, or victims of domestic or sexual vio-lence who have been able to prove conditions of social vulnerability. In these cases, the Supreme Court grants a vast and comprehensive tutelage which forces the GBCA to grant positive “lodging” solutions to ease the emergency situation of the citizens involved. This criterion has been mainly followed by the In-ferior Courts, and in cases where it was not obeyed, the TSJ intervened sending the cases back to the cor-responding instances, ordering the rendering of new judgments in ac-cordance with it.

However, the wide criterion granted to that segment of the vul-

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nerable population, currently co-exists with its antithesis, which is reflected in the decisions taken es-pecially regarding single individu-als with no serious health problems who also constitute a vulnerable sec-tor of society if the local Law 4036 is to be considered equally. The TSJ assumes an extremely restric-tive and regressive position regard-ing the DESC of these individuals because it excludes them from the vulnerable sector of the population, so they are no longer considered as “prioritized” beneficiaries of the programs for the homeless.

This regressive tendency over single and healthy citizens and the numerous amount of requirements imposed on them for access to aid compensations have influenced the decisions made by first instance courts and magistrates conform-ing the Court of Appeals, and they have decided to exclude this group of people from the enjoyment of the right to suitable housing. The reality is that the needs of this sec-tor of poor and vulnerable people who are inhabitants of the City are therefore relegated to the as-sistance provided by the GCBA through temporary homes and paradores, which are not considered to be suitable housing by the inter-national system of Human Rights.


Graph Nº 3: Political and legal answers to the housing issue in the City.

Individuals younger than 60 years old suffering from serious health problems

The lawsuit was declined. The shelter is an alternative in social assistance

GCBA

GCBA

GCBA

Habitation subsidy for 10 months



The GCBA pays for habitation or the IVC grants a credit

A habitation subsidy for USD 120 (1800ARS) or updatable economic assistance by basic products, as long as the situation persists, is granted.

Individuals:*Older tan 60 yeards old*Handicaped *Victims of violence

Single-parent or two-parent families with children in charge

The

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I. In section 181 of the Argentine Crimi-nal Code, there appear three different articles about the “squatting” crime. These not only forbid, by means of different actions specified by law, an individual to dispossess another of the possession or custody of a real estate or oh the exercise of a right on the property; but they also prevent people who take possession of real property, from damaging or altering its limits, or simply causing confusion over the referred to possession or custody.

It is a combination of criminal actions that have been included among the “crimes against property”, even though it is worth mentioning that the national doctrine and the jurispru-dence have established that there is no equiva-lence between the “right to property” protected by section 17 CN and property as an assess law-fully protected by Criminal Law. In fact, this punitive resource seeks to basically protect the individual who holds custody of the real estate and not the individual who has the right to oc-cupy it.

Squatting does not apply to movable proper-ty; as any person can own it. The perpetration of the crime of squatting is clearly established by criminal law. For instance, the dispossession of possession or custody of a house shall not be punishable unless it exercised through the use of “violence, threats, deceit, abuse of trust or se-crecy” as stated in Article 1 of the section being examined.

II. Squatting is not a new crime since it was already present, with different boundaries, in the “Codigo Tejedor” or “Proyecto Tejedor” of 1867, the first intent of national criminal codi-fication. After several legislative modifications, the current section 181 goes back to the passing of Law 24.454 in 1995.

The dogmatic analysis of this concept, as well as the analysis of the national and local jurisprudence involved, shall be


It is necessary to note that evictions are be-

ing applied as a solution to a series of cases

reflecting a severe social problem and which

this derives from the housing deficit that af-

fects the City of Buenos Aires, without con-

sidering that the right to suitable housing

and family protection are being affected.

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done considering the rules of the National Constitution, the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires and the international treaties on Human Rights. We will also consider the softlaw issued by the commissions in charge of assessing these international instruments, as, for example, the Commission on Economic, Social and Cultural Rights of the Organization of United Nations.

It is important to highlight that the Judicial Power of the City of Buenos Aires is entitled to investigate and judge squatting and has had, since 2007, a Code of Criminal Procedure open to the implementation of alternative solutions to trial. That means that there are mechanisms that enable criminal procedure initiated by the presumption of squatting that end without im-posing any sanction. In this sense, the use of “mediation”, provided by section 204 of that procedural rule, is useful for searching solu-tions instead of using State forces.

However, there appear two problems in the local justice administration system, at least re-garding this crime. On the one hand, the con-stant application of section 335 of the Code of Criminal Procedure, in which eviction of the real estate is considered as a preliminary in-junction before the passing of a conviction; on the other hand, a marked tendency to use the criminal process as means to exercise an antici-pated restitution of the real estate to its owner, a means which ends up being the purpose of the activity.

This conclusion arises from the undeni-able instability between the number of crimi-nal processes in proceeding steps, the number of criminal processes that end up with a guilty verdict and the number of cases that do not continue once eviction, by the use of force or voluntary, of the presumed real estate squat-ters is achieved. According to some information provided by the Judicial Council of the City of

Buenos Aires, between 2008 and the middle of September 2015 7.792 criminal procedures for squatter were brought into court, in the same period only 12 sentences were passed.

III. Section 335 “Restitution” of the Code of Criminal Procedure of the City of Buenos Aires (from now on CPPCBA, for its initials in Span-ish), states: “In cases of squatter, in each state of the process and without ordering proceed-ings to send the case to trial, the Prosecutor or Judge, requested by the victim, shall ask for the immediate restitution of the real estate, as long as the right evoked is plausible. Bail can be con-sidered if necessary”.

After examining the requirements of the rule some other questions arise, as this is a le-gal device that has not been complemented or accompanied by other procedural rules (of the same code or from another law) by which the legislator shall cover the serious constitutional inconveniences.

If this article is carefully read, it can be de-tected, for example, that it is questionable that an accusatory system grants the prosecutor the power to order, by its own decision, the evic-tion of some real estate occupants. Therefore, it might be questioned which is the procedure to be taken to make such decision; these actions are not considered by the code.

Section 335 of the CPPCBA has been the center of innumerable criticisms by the Courts of the City of Buenos Aires with adverse out-come for the individuals who might face forced evictions.

IV. A brief critique over section 335 of the Code of Criminal Procedure of the City of Bue-nos Aires is exposed to the several constitutional rights and guarantees that are considered in each case.

In the first place, it is necessary to note that eviction is being applied as a solution to a series of cases that reflect a severe social problem; this

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derives from the housing deficit that affects the City of Buenos Aires, without considering that the right to suitable housing and family protec-tion are being affected.

The defense of social rights shall be tackled by a perspective that exceeds the criminal re-sponse, as “a common mistake incurred by the criminal courts is the consideration of social un-rest cases by the criminal law aspect of rights instead of the constitutional one, or the ideal which would be the Constitution perspective of Criminal Law”.

The constitutional body of law establishes several social rights, among which the right to suitable housing is highlighted. In section 14 bis CN lays down the right to “access to suitable housing”, this right is complemented and de-veloped by several international instruments in-corporated into the constitutional amendment of 1994, especially, by the International Cov-enant of Economic Social and Cultural Rights. In fact, in section 11 article 1 ICESCR states that “each individual has the right to enjoy suit-able life level status, nourishment, clothing, and housing, together with a continuous develop-ment of existing conditions”.

The ICESCR is the most important, but the housing right is also considered by the Univer-sal Declaration of Human Rights (from now on UDHR) (section 25.1); American Declaration of Rights and Duties of Man (section XI); the American Convention of Human Rights (from now on ACHR) (section 26), which follows the social rules of the letter from the Organiza-tion of American States (from now on OAS); The convention of elimination of all forms of discrimination against woman (section 4.2 ar-ticle h); Convention on the Rights of the Child (Section 27.3); International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (section 43 ar-ticle 1, sub-paragraph d); and the international

convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (section 5 item e. III).

The CSJN has ruled that the treaties shall be interpreted according to the decisions, sugges-tions, and jurisprudence of the International Commission of Human Rights (CSJN sentences 315:1492, whereas clause 21; 318:514, whereas clause 11; 327:3312; 328:2056), among which can be distinguished, as per the scope of the before mentioned section 11 article 1 ICESCR, The Commission of Economic Social and Cul-tural Rights and its suggestions.

Thus, successive general observations have encouraged the signatory States to guarantee the satisfaction of the essential levels of social rights, since below those levels shall be violating the covenant. It was also referred to the obliga-tion to adopt necessary measures to fulfill the enforcement of the rights acknowledged on the covenant, either legislative reforms or disposi-tion of specific actions until the achievement of such rights, as soon as possible. Likewise, it was denoted the obligation to revoke those le-gal rules that resulted contrary to its obligations and the adoption of those necessary to guaran-tee the enforcement of social rights.

In particular, the Commission ICESCR de-fined the scope of housing right in the general observations number 4 and 7. The Argentine State, while ratifying the international instru-ments of Human Rights that take responsibil-ity for the housing right, is responsible for its compliance before the eyes of the international community. The Provinces, the City of Buenos Aires and the municipalities are equally respon-sible, and their actions also compromise the State responsibility on the international com-munity judgment.

As regards the last aspect, in the whereas clause 12 of sentence “Q.C.S.Y. Versus the Gov-ernment of the City of Buenos Aires about de-fense” (CSJN, Sentences, 335:452), the CSJN,


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after accepting that the social rights establish “duties to act” in charge of the State, exam-ined the reasonableness of the institutional re-sponses implemented by the local government to the problems affecting individuals living in the street. Although the situation of the plain-tiff, in this case, was serious (as per the serious pathology that was affecting her son), many of the considerations developed on that sentence shall be translated into the analysis of the even-tual application of section 335 Code of Criminal Proceedings of the City of Buenos Aires (from now on CPPCBA)

Secondly, it can be stated that in section 335 CPPCBA, the principle of assumption of inno-cence and the guarantee of previous trial are ignored, at the same time they depart from the principles that regulate the preliminary injunc-tions in the framework of the criminal proce-dure. In the latter aspect, it shall be highlight-ed that a search warrant aimed to achieve the restitution of a real estate to its owners is not a measure that aims to secure the process goals or avoid “procedural dangers.” The truth is that these types of measures are dangerously similar to a sanction without a previous verdict of guilty

It is considered illegitimate all measures that might have the same meaning as the verdict of guilty, which is why its legitimization shall de-pend on them to “absolutely necessary to guar-antee the investigation and the law,” this is not completely contemplated in section 335 CPPC-BA. In other words, this legal disposition per-mits to affect the real estate occupant’s rights without any preliminary aim, since it can be ap-plied without any procedural risk which shall stop the enforcement of the process.

Even though the legitimacy of certain restraint measures adopted during the course of the criminal procedure have been accepted, and their functioning as real restrictions to the constitutional state of innocence, —for example:

pretrial detention, the imposition of restrictive measures that do not restrict freedom, seizure or enclosure—, all these is considered constitutionally inadmissible when the measure is taken to avoid any concrete procedural risk. Whereas, in the absence of such risks, any measure that pretends the restriction of the charged party rights before the final judgment results constitutionally questionable.

In the third place, Section 335 of the CP-PCBA, allows forced evictions, even when other less serious applicable measures exist. It is does not respect the constitutional requirements of proportionality and of last resort in criminal matters, as it enables judges and prosecutors of the Autonomous City of Buenos Aires to grant evictions in all cases.

In addition to this, the rule in question vio-lates the right to the defense in trial because it does not guarantee either to the defendants, or to other subjects which might be damaged by this rule (for example, occupant in good faith that has no connection to squatter), the possibil-ity to be heard before making a decision which comprises such a serious action. In effect, this procedural element affects the right to “techni-cal” and “material” defense. In the latter aspect, the law includes the possibility that the defen-dant has to personally intervene in the process, acknowledge the accusation, declare and ex-plain the facts, propose probationary measures, ask for witnesses and control proof directly, in addition to all activities that his defense shall perform.

So, section 335 of the CPPCBA proves to be incompatible with the right provided in section 18 CN, as it does not establish any obligation to the State to listen to the defendant or the de-fense on a hearing disposed for that objective. Furthermore, that legal disposition does not force to notify the defendant the reasons why it is being charged.

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All in all, section 335 CPPCBA is considered unconstitutional as it permits, in those terms, grant real estate occupants eviction without fix-ing as a valid requirement the assurance that the affected parties might claim the factual and legal questions that might consider leading to the correct resolution of the problem.

This rule entitles the prosecutor to order eviction; this permits to validate the violation of the right to access to effective judicial protection against decisions that shall generate serious re-strictions to rights in constitutional order.

No protection measures over individuals being the target of preliminary injunctions as per real estate are held by this ruling. In effect, in order to issue a search warrant or to order the occupants to evacuate the prem-ises, the local legislator did not establish, as a pre-requirement to the verification of legal viability of the measure, an obligation for the judge to protect, even provisory, the hous-ing right of the individuals who would suf-fer from the search warrant. The response to ease this weakness was based on judicial deci-sions which were not always respected by the Government attorney´s office of the City of Buenos Aires.

It is worth to mention the judicial resourc-es contemplated by the Code of Criminal Pro-cedure of the City of Buenos Aires, as well as the manner of its application by the judica-ture. In section 280 CPPCBA it is established that “the appeal is granted only for evolution-ary effect, except that the contrary might be stated”, and in section 267 of the same law. It is stated that “judicial verdicts shall not be executed during the time to appeal, or during its processing unless expressed disposition or by the defendant’s release.” So, the question-able legislative technique of both rulings, so as the perception of section 335 CPPCBA con-templates a “preliminary injunction”, are the

reasons why in the local justice field the juris-prudence has been erratic up to the moment to issue a search warrant.

A tendency for eviction orders as immedi-ate solutions without interferences over appeals was verified. Afterward, by an Acuerdo Plenario (Ed. note 3) of the Chamber of Appeals with Ju-risdiction in Criminal, Misdemeanor and Minor Municipal Violation Matters of the City of Bue-nos Aires, it was disposed that the eviction or-ders shall not be accomplished until the appeals presented by the defendants and their prosecu-tors were resolved. But this jurisprudential ten-dency changed again when the same chamber modified its posture over the acuerdos plenarios.

To conclude with, in the criminal cases where presumption of squatter is being inves-tigated, when an appeal like a search warrant is interposed for the expulsion of real estate occupants, the right to appeal granted by the ACHR(section 8.2.h) and the International Covenant on Civil and Politic Rights (section 14.5) has warned as defined by the Inter-Amer-ican Commission on Human Rights (from now on IACHR) on the report number 17/94, dated February 9th 1994, in the case “MAQUEDA ver-sus ARGENTINA” (CASE NUMBER 11,086): “the protection of rights and freedoms stated by the Convention requires the availability of a revision resource that permits the legal as-sessment of the sentence and all procedural rulings performed by a High Court, also the legality of the proof and the validity of the sen-tence in general”.

Ed. note 3. Acuerdo Plenario: Decision of all divisions of the appellate courts dealing with a specific area of the law to unify previously conflicting case law. The decision is binding on the courts which adopted it and on lower courts, until it is overturned by another Acuerdo Plenario. According to: Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas de Torres.


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In 2009 the Chamber of Appeals with Ju-risdiction in Criminal, Misdemeanor and Mi-nor Municipal Violation Matters has decided that “(…) to the effect of granting the right to defense in trial and in the particular case that the first instance judges decree the preliminary injunction in section 335 of the CPPCABA in fine and this one is appealed, the resource has suspensive effect”. After 4/2009 first instance judges, on their majority, have decided to de-lay evictions, according to section 335 CPPCBA, until the measure is reconfirmed at least by the Court of Appeals.

The problem is that, once the sentence is passed by the second instance court, in gen-eral, the judges of the first instance make the measure effective, even if the resolution of an extraordinary resource against the TSJ is still pending; this exemplifies the limited respect offered to the resource right and rules on the matter decided. The suspense effect given to the resources that the law imposes over adverse judicial decisions for the defendant has a direct consequence over the exercise of the right to the resource if the exclusion measure is disposed before the sentences are firm; it is evident that the resource loses its effect.

Anyways, during 2014 the judges that inte-grate the Court of Appeals, on a new Acuerdo Plenario pronounced the Convention of Judg-es number 4/2014, in which it was established as follows: “according to convention of judges number 4/2009 of the Chamber of Appeals, it has not served its purpose to unify criteria about the subject which made its pronunciation, by unanimous votes they decide to render it inef-fective”. These results are convenient by virtue of what has been decided on March 12th, 2014 by the TSJ of the city on file number 10,721/14.

It is important to notice that after a case be-came popular on the media, where a piece of land was occupied in Villa Soldatti (the area was

V. The jurisprudential criteria detached from the sentences issued by CSJN of the City of Buenos Aires and the Chamber of Appeals with Jurisdiction in Criminal, Misdemeanor and Mi-nor Municipal Violation Matters in the City of Buenos Aires has not significant varied in the last transfer of criminal jurisdiction on the Judi-cial Power field of the City. However, there are some criteria that need to be mentioned.

In the first place, after the questioning of un-constitutionality of section 335 CPPCBA, and the sentence revoking made by the 3 courtrooms of the Court of Appeals, the CSJN entered judge-ment in the case “GÓMEZ, Cristian section 181 Criminal Code” (file number 8,142/12, sanction dated February 25th, 2012), resolving about the constitutionality of eviction and anticipated res-titution, ratifying the validity of that resource in the sense applied by the judges.

On the before mentioned precedent judges Ana María Conde and Luis Francisco Lozano stated that: “the mentioning of the housing right by the defense does not allow to disqualify the constitutional adaptation of section 335 of CPPCABA or give solution to the housing defi-cit by the criminal process”, this exceeds with all the evidence the scope of the trial and over-flows the guarantee provided by the CCABA as per housing (votes of judges Conde and Lozano “Alba Quintana, Pablo versus GCBA and other on Amparo (section 14 CCABA)” file number 6754/10, sentence dated May 12th 2010) (where-as clause 9.5).

It is important to point out that the TSJ has established that the resolutions that dispose the eviction of real estate are not considered final judgments. However, it has been verified that when the measure is rejected by the judge and the appealing party is the MPF, the same court has ordered that it shall be considered as a final judgment because the rights protected by the Public Ministry cannot be delayed.

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called “Papa Francisco”), the attorney general of the City of Buenos Aires appeared before the TSJ due to a “declaratory action of unconsti-tutionality” to try to convince the court to pro-nounce the unconstitutionality to a Convention of Judges 4/2009. The TSJ formally rejected the action of the MDF; within the reasons for its re-jection, it can be noted that the actions do not have value for the first instance judges.

Occupancy of the before mentioned land (“Papa Francisco”) lead to the presentation and processing of case number 2,287/14 “JIMENEZ Roberto Claudio and others on inf. Section 181 article 1 CP”. In that case, the eviction was granted by the Court of Appeals courtroom III. It is worth mentioning that the Court of Appeals considered the individual rights and interna-tional instruments for the before mentioned case, trying to reduce potential risks. However, this concern was not present on the passing of other sentences, especially in cases where the number of individuals that were going to go through the eviction process was smaller than the number of the case being considered.

VI. As a solution for some problems advised by the public defense in the treatment of crimi-nal cases for squatter presumption, the Office of the Defendant of the City of Buenos Aires de-clared in August 2010, as general criteria for all public defendants of the city, the obligation to support the enforcement of the constitutional guarantees, and the “consideration of unconsti-tutionality of section 335 of the Code of Crimi-nal Procedure”.

On the same resolution it was established that: (a) the obligation to apply for the interrup-tion of eviction when the presumed victim is the State; (b) obligation of defense, before eviction, to request notification of eviction “to all individ-uals that will be taken out on the date specified and communication of the new housing where they shall be sent according to terms in section

11 of the ICESCR”; (c) obligation of public de-fense to assist individuals to appear before the judge and the administrative authorities, in or-der to expose the point of view and opinions accordingly; and (d) the obligations of defense in case of children, adolescents or individuals affected by mental problems, to request the no-tification of the process to the Public Ministry of Guardianship in order to take action.

These sentences of the Office of the Defen-dant of the City of Buenos Aires were adopted on the basis of an assessment of the constitu-tional rights being considered, on the enumera-tion of sentences passed by the CSJN in the case “Prosecutor versus Vila”, dated October 10th 1996, which was related to a rule similar to sec-tion 335 CPPCBA. The CSJN pronounced as follows: “by virtue of the respect for individual freedom and the free disposition of property of the individual that enjoys the presumption of innocence by not being charged with conviction, personal restraint or real attributions granted by the Juez de instruccion (judge with jurisdiction over the initial factual stage of a trial) shall be adopted respecting its provisional character to avoid that the crime presumption continues to affect him seriously”.

VII. The problem, related to the latter criterion, was that the National Supreme Court of Justice, as from the decision taken in the case “Escobar, Silvina et al. on inf. Section 181, subsection 1, CP” dated August 1st, 2013 has dismissed the legitimacy of the General Advisor on Guardianship to take part in the usurpation cases when there are children and teenagers in the house since they also suffer the consequences of the eviction. The City Superior Court of Justice had ruled in the same line in file No 6.895/09, “Public Office —General Advisor on Guardianship of the Autonomous City of Buenos Aires— on a claim for dismissing the unconstitutionality appeal in: “N.N. (2635


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Yerbal Street) on inf. Section 181, subsection 3, CP (unconstitutionality)” dated July 12th, 2010.

The main problem arising from the above mention legal precedents is that they prevent the active participation of a procedure subject who contributes to the guardianship of minors’ rights and who has struggled for the acknowl-edgement of his participation in severe situa-tions and disregarding the possibility that those children who will suffer the eviction would be accused of having participated in the suspected usurpation.

VIII. In order to complete the analysis of section 335 CPPCBA and the way in which this rule is applied in the City of Buenos Aires, it should be pointed out that the local Appeal Court, as the TSJ, argues that the anticipated eviction for the restitution of property to the owner aims at avoiding the permanence of the misdemeanor. It would be a cautionary action which would not unconstitutionally affect the rights and guarantees of the defendant, but it could only be adopted after verifying the re-quirements established by law.

The number of sentences made until the clo-sure of this paper is huge. Therefore, it is better to choose and analyze a random sentence issued by Courtroom 1 of the Criminal, Misdemeanor, and Minor Municipal Violations Appeal Court to understand the considerations according to which judges dismiss the unconstitutionality of section 335 of CPPCBA.

In the case “F.R., M.E. et al. s/infr. Section 181 CP”, the court ruled according to the fol-lowing considerations: (a) that the purpose of the “cautionary action” mentioned in section 335 in fine CPPCABA is to avoid that the rights of the petitioner should become misleading: the anticipated protection of the rights claimed”; (b) “that the eviction purpose is to cease the ef-fects of the usurpation misdemeanor.” (c) That “it is hard to determine how the restitution of

property… may be equaled to a penalty im-posed to the property occupants, who undoubt-edly enjoy the presumption derived from sec-tion 18 CN”, (d) that “if penalty is understood as a person’s denial to a right…, it is not clear how the eviction of persons from a property to which they can prove no legal bound could im-ply that situation”, (e) that according to the de-cision of the TSJ, “the restitution order should not be understood as an anticipated penalty or sanction because, as the right to own the prop-erty is not covered by the suit, it would be hard to define it as the privation of the right that could imply a penalty. In fact, if the rule is val-idly issued, the only privation it could imply for the occupants would be that of the advantage, benefit or “profit”, the sustenance of which, ac-cording to the elements that should exist and be considered in the decision, would not have any support”.

Therefore, once the unconstitutionality claim was dismissed, the same court stated its position as regards the requirements or lack of requirements in the case, and with these consid-erations, the following decision was taken: (a) that “as established by the cited regulation (sec-tion 335 CPPCBA), the prior intimation of the facts according to the terms of section 161 CP-PCABA is not a requirement for the execution of the decision, since the above-mentioned sec-tion 335 states that the restitution of property can be effected at any stage of the process…”, (b) That “it is not possible to request at this stage of the process… considering the proofs gath-ered up to the moment, details about the re-sponsibility and/or participation of the property occupants, nor does this, prevent the restitution of the property to be ordered. Therefore, to ac-cept the need that, prior to the restitution of the property, the responsibility and participation of each of the persons occupying the property, is a requirement that is not legally established,

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and, furthermore, it is unnecessary at this stage of the process, where no accusation was made, or any suit was presented, as it is still at the re-search stage”.

As it is understood after reading the above considerations, the mentioned court did not analyze in depth the reasons for which there is no issue about the principle of presumed in-nocence, just as it avoided any reference to the constitutional and legal framework that should be applied to make a decision according to law. In this respect, it is important to point out that, contrary to the guarantee of defense at trial and the observations of the DESC Committee, the judge ruling in this case did not understand it as a problem or a sound obstacle to order the evic-tion, the consideration that the accused have not been heard and that the Attorney General’s Office, at least up to now, had not been able to define the participation of each occupant in the misdemeanor, and the property was finally evicted by order of this Courtroom.

Appeals in Cases of Anticipated Eviction

In this section, we present the results of a lim-ited statistic survey based on the filing of crimi-nal causes for the suspected commission of the usurpation offense in two public defender offices with jurisdiction at the Criminal, Misdemeanors and Administrative Affairs Appeal Court of the City of Buenos Aires. This is the second instance court which, by way of appeal, reviews the deci-sions adopted by the first instance courts for is-sues related, in this case, to the anticipated evic-tion of property (section 335 of the Procedure Criminal Code of the City of Buenos Aires). It should be pointed out that the material includ-ed in the survey is the total of cases filed in both offices from the moment they started to oper-

ate in October 2012. For this reason, it does not include the real statistics linked to the criminal cases in which the technical defense is executed by private lawyers.

The relevance of this information is based on the fact that the Office of the General Defender has a strong participation in procedures filed with the City of Buenos Aires for usurpation of-fenses, but also because of the strong activism of public defenders in this kind of cases consistently challenging the decisions taken by first instance judges by which the use of force and the forced eviction of the property has been ruled. This consistent, challenging activity is related, in turn, to the above-mentioned general procedures is-sued by the General Defender Office of the City.

1) Office of the Defender before the Court of Appeals Nº 1 (period: October 2012/September 2013).

Once the survey was completed for the men-tioned period, it has been found that, regarding the relevant issue, seven cases were filed with the Office of the Defender before the Court of Appeals No 1.

In the second place, it has been found that six of those cases were filed because the eviction ruled by the first instance judge had been ap-pealed by the defense, whereas only one case got to this instance, as a consequence of an ap-peal presented by the Attorney General’s Office.

The result was that the Criminal, Misde-meanors, and Minor Municipal Violations Ap-peal Court ordered the eviction in all the cases (five evictions confirmed by Courtroom I, one confirmed by Courtroom II, and finally, one confirmed by Courtroom III).

After checking with the public defender of-fices of the first instance, it was confirmed that the eviction was effective in the seven cases.


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2) Office of the Defender before the Court of Appeals No 2. (period: October 2012/September 2013).

Once the survey was completed for the mentioned period, it has been found fifteen cases were filed with the Office of the Defend-er before the Court of Appeals No 2. In the second place, it has been found that nine of those 15 cases were filed because the eviction ordered by the first instance judge was ap-pealed by the defense, whereas only in three cases the file was entered in this instance as a consequence of appeals presented by the At-torney General’s Office when confronted with decisions that denied the restitution. It should also be pointed out that all of these three cas-es were challenged only by the first instance Guardianship Advisor.

The Criminal, Misdemeanors, and Minor Municipal Violations Appeal Court ordered the eviction in nine of the fifteen cases (four of them were confirmed by Courtroom I, three were confirmed by Courtroom II, and two were confirmed by Courtroom III), which represent a 60% of the total files entered.

After checking with the public defender of-fices of first instance, it was confirmed that the eviction was effective in the nine cases ruled by the Appeal Court.

3) Office of the Defender Nº 1 (period: September 2013/September 2014).

During this period, twenty-two cases were filed with the Office of the Defender No 1, regard-ing the relevant issue. Fourteen of these twenty-two cases were filed because the eviction ordered by the first instance judge was appealed by the defense, whereas seven cases were raised to the Appeal Court by the Attorney General’s Office.

Apart from this, in one case only the plaintiff ap-pealed.

The Criminal, Misdemeanors and Minor Municipal Violations Appeal Court ordered the eviction in fifteen of the twenty-two cases (six con-firmed by Courtroom I, six confirmed by Court-room II and three confirmed by Courtroom III), which represent 68.18% of the total filed cases.

Finally, it is important to point out that after checking the relevant officers, it was confirmed that the eviction was effective in the fifteen cases ruled by the Appeal Court.

4) Office of the Defender Nº 2 (period: September 2013/September 2014).

During this period, eighteen cases were filed with the Office of the Defender No 2, re-garding the relevant issue. Thirteen of these eighteen cases were entered because the evic-tion ordered by the judge was appealed by the defense, whereas three of them were ap-pealed by the Attorney General’s Office. Fur-thermore, it should be stated that two of these cases were appealed only by the Guardianship Advisor Office.

The Court of Appeal ordered the eviction of twelve of the eighteen cases (three were con-firmed by Courtroom I, six were confirmed by Courtroom II and three by Courtroom III), which represent a 66.6% of the total files entered.

Finally, after checking with the relevant first instance defense, it was confirmed that the evic-tion was effective in the twelve cases ruled by the Court of Appeals.

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5) Office of the Defender before the Court of Appeals Nº 1 (period September 2014/September 2015).

Once the survey was completed for the men-tioned period, it has been found that from Sep-tember 2014 up to the closing of this paper, thirteen cases were filed with the Office of the Defender before the Court of Appeals No 1.

In the second place, it has been found that ten of those cases were filed because the eviction ordered by the judge of the previous instance was appealed by the defense, whereas three cases were appealed by the Attorney General’s Office.

The Appeal Court ordered the eviction of six of the thirteen files (two resolutions by Courtroom I, two by Courtroom II and two by Courtroom III), which represent a 46.15% of the total.

Finally, after checking with the relevant first instance defense, it was confirmed that the six evictions ordered were effective as ruled by the Appeal Court.

6) Office of the Defender before the Court of Appeals Nº 2 (period September 2014/September 2015).

For this period, it has been found that six-teen cases were filed with the Defender’s Office before the Court of Appeals No 2. Also, that six of these sixteen cases were entered because the eviction ordered by the first instance judge was appealed by the defense, whereas in nine cases, eviction was not ordered. Therefore, the Attor-ney General’s Office filed an appeal.

The remaining case was appealed only by the Guardianship Advisor. The Criminal, Mis-demeanors and Administrative Affairs Appeal Court ordered the eviction in nine cases, out of the sixteen files entered (three by Courtroom I,

two by Courtroom II and four by Courtroom III), which represent a 56.25% of the total.

By the date of this report, there remain five unsolved cases, in one of them because of lack of jurisdiction, and in another one, the eviction was affected by civil procedures.

This shows that during this period, the At-torney’s request for restitution was not dis-missed in any case.

Finally, after checking by phone with the first instance defender offices, it was confirmed that the eviction was effective in the nine cases ruled by the Appeal Court.


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From the information gathered, we may conclude that in more than 60% of the cases filed in the Public Defense Offices with appellate ju-risdiction, the Court of Appeals or-dered the restitution of property.

This depicts a matter of concern, even more if we consider these sta-tistic results correspond to a per-centage of the total judicial orders issued under the application of sec-tion 335 of the CPPCBA. It is im-portant to remember that not all the restitution orders are appealed and that there is a whole world of criminal procedures in which pri-vate legal advice takes part, and which cannot be included in a com-plete statistic survey. Furthermore, there is another group of criminal cases due to this violation that, hav-ing been filed in the Appeal Court, have not yet been solved.

Finally, it is important to point out that according to the consider-ations mentioned above, there is a great difference between the cases in which there is a cautionary action and the cases derived to an oral trial. In this situation, we can say that the criminal policy of the City Attorney General’s Office has been mainly fo-cused, since 2008, to the restitution of property to their owners, disre-garding the importance of a trial and the declaration of a judgment of conviction, declaring the exis-tence of a violation and the respon-sibility of the person who was previ-ously accused as suspected usurper and evicted by force.

This does not imply that the At-torney General’s Office should en-courage action in these cases and, therefore, promote more trials, thus reducing the application of alterna-tive solutions or the number of cases that end with a case filed by the At-torney at his own initiative. In fact, the above information shows a quite disturbing situation: in the City of Buenos Aires the solution included in section 335 of the CPPCBA is recurrently used, even with all the constitutional issues it may arise, in criminal procedures, in which the presumption of innocence and a better consideration for those who suffer this coercive measure should be strongly promoted.

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“ In tegrat ion and equal i ty in the r ight to the c i ty and recogni t ion o f popular cu l ture”

Economic, Social and Cultural Rights in Settlementsand Villas in the Autonomous City of Buenos Aires.

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Article Nº 4: The voice of the neighbors must be heard, Sur Capitalino, August 23rd, 2014.

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ECONOMIC, SOCIAl AND CUlTURAl RIGHTS IN SETTlEMENTS AND VIllAS IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES

A great number of human rights are violated

in villas due to the lack of infrastructure and

provision of basic public services, lack of ac-

cess to community facilities, difficulties for

a real social integration with the rest of the

formal city and, in some cases, even the un-

certainty of possession with the consequent

fear of forced evictions.

While the population in the city of Buenos Ai-res, as already stated, has remained stable for four decades, the number of people living in villas or squatter settlements78 increased by over 50% be-tween 2001 and 2010 (last intercensal period).

78- It is commonly understood that villas are unplanned squatter settlements, with an irregular shape, arising from the occupation of state-owned or private land, whose houses are built mostly of materials. Utility infrastructure is initially performed in a self-managed manner.Temporary Core Housing (from now on NHT for its initials in Spanish) is a set of multifamily houses with the same housing and morphological conditions as the villas. The main difference is that they were the result of a government decision to locate certain people temporarily until permanent housing was built, or a final solution was found. This final situation never occurred, and the consequence was a growth in population and buildings, with the subsequent deterioration of public services infrastructure; therefore, housing and habitat conditions turned identical to those of the villas. This is the case of the NHT known as Barrio Ramón Carrillo. New Urban Squatter Settlements (from now on NAU for its initials in Spanish) are a category arising in the City of Buenos Aires from a report prepared in 2006 by the Office of the Ombudsman. An outstanding characteristic among the ones listed there is that they emerged or increased their population and building density after 2001, and they are not considered by the historical laws relating to villas precisely because they did not exist at the moment those laws were passed (for example, Ordinance Nº 44873). Likewise, in relation to the level of consolidation, it is therein stated that “The shacks or huts are made of sheet metal and cardboard, roofs are improvised with bags, plastics and cardboards and floors are of rammed earth or rubble. The level of consolidation of the buildings is minimal or even non-existent (...)”.The above is not at all correct as these differences, in fact, are irrelevant to establish substantial distinctions between villas and NAUs. Currently, living conditions and consolidation level in both are almost identical.Finally, squatter settlements themselves may be included. The only reference to squatter settlements may be found in Law Nº 3706 which, as mentioned above, provides in section 2 that those people living in temporary structures or squatter settlements are considered at risk of becoming homeless.

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Table Nº 13: Population living in villas, settlements, and temporary core housing. City of Buenos Aires. 1962 - 2010.

Shantytown or Settlement 1962 1976 1980 1991 2001 2010*

Total 42,462 213,823 37,010 52,608 107,422 163,587

1-11 -14 4,467 36,515 3,114 4,894 21,693 25,973

2 5,538 - - - - -

3 846 48,737 2,097 3,503 7,090 10,144

4 116 - - - - -

5 789 - - - - -

6 3,405 13,775 1,982 5,604 7,993 9,511

7 203 - - - - -

8 255 370 169 - - -

9 80 - - - - -

10 36 375 184 - - -

12 1,355 1,600 1,436 1,943 - -

13-13bis 112 355 319 266 621 482

15 1,946 14,579 7,137 5,167 9,776 15,568

16 150 200 180 110 118 162

17 775 1,750 714 554 784 471

18 647 - - - - -

19 1,258 9.000 2,438 2,006 3,343 4.010

20 4,322 21,305 4,144 7,460 16,323 19,195

21-24 334 12,120 6,525 10,822 16,108 29,782

22 68 - - - - -

23 43 - - - - -

25 768 - - - - -

26 52 125 117 220 456 636

27 185 - - - - -

28 407 1,250 - - - -

29 4,598 9,105 - - - -

30 2,872 12,264 - - - -

31-31 bis 6,731 24,324 796 5,668 12,204 26,492

32 37 75 67 - - -

33 67 120 108 - - -

35 - 75 - - - -

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ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS IN SETTLEMENTS AND

VILLAS IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES

36 - 180 157 - - -

37 - 75 67 - - -

38 - 75 67 - - -

39 - 105 108 - - -

40 - 95 - - - -

42 - 81 72 - - -

43 - 153 153 - - -

Av. Del Trabajo THC - 1,558 1,525 1,645 1,735 1,836

Zavaleta THC - 2,367 2,110 2,572 4,814 2,906

O. Cruz THC - 1,115 1,224 -

Calaza District - - - 174 - -

Piletones - - - - 2,328 5,218

Calacita - - - - 640 499

Reserva Ecológica - - - - 356 1,795

Saldías - - - - - 482

Other Settlements 8,425

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA) based on census data.

According to the 2010 Census, some 163,587 people live in the villas of the CABA, represent-ing approximately 52% more than the resident population in 2001 and 211% more than the resident population in 1991.79

A great number of human rights are vio-lated in villas due to the lack of infrastructure and provision of basic public services, lack of access to community facilities, difficulties for a real social integration with the rest of the formal city and, in some cases, even the uncertainty of

79- In 1991, 1.8% of the population living in the City of Buenos Aires were located in villas or squatter settlements. Ten years later, in 2001, that percentage climbed to 3.9%, which meant a relative increase of 116%. As an example, Villa 21-24 (in the neighborhood of Barracas) is the most populated villa since nearly 30,000 people reside which shows a significant growth in the period (84.9%).

possession with the consequent fear of forced evictions.

In this context, the Office of the General De-fender plays an essential role since it is in charge of most of the court cases involving the villas of the city, where hundreds of thousands of peo-ple are affected, requiring the involvement of the Judiciary for the violation of various human rights, including not only housing but also the lack of a suitable habitat, lack of access to educa-tion, health and social and urban integration, among others.

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Table Nº 14: Population in villas and settlements in comunas 1, 4, and 8. CABA. 2010.

Communes Shantytowns & Settlements Population

1st Commune (Downtown Area) Villa 31 y 31 bis, Rodrigo Bueno. 28,287

4th Commune (Southern Area) Zavaleta THC, Villa 21-24, El Pueblito and Mar Dulce, Magaldi, Bosch, Villa 26, El triángulo and Lamadrid.

35,557

7th Commune (Southern Area) Villa 1 - 11 - 14, Villa 31 Bis. 26,455

8th Commune (Southern Area) Los Pinos / Portela, Bermejo / M. Auxiliadora / B. Obrero, Scapino, Calacita, Piletones, AV. Del Trabajo THC. Villa 20, INTA (Villa 19), Villa 17, Villa 16, Ciudad Oculta (Villa 15), Fatima (Villa 3).

60,802

Total Population of Shantytowns and Settlements at 1st, 4th, 7th, and 8th Communes. 150,101

Source: National Population, Households and Housing Census, 2010.

high-income sectors in certain areas of the city.81 This process was accompanied by the suspension of all construction works of “new” social housing by the City Government. In recent years, after the slowdown in construction from 2008 to the present, the proportion of simple housing has increased, but luxurious and sumptuous hous-ing still represents on average about a third of the permits requested.82

that may be included are: elevator in single-family houses; private access to the elevator or only one apartment per floor; service elevator, provided that it is fully identified as such; up to three service bedrooms and bathrooms, living or living - dining area exceeding 42 m2. Sumptuous: the only rooms that may be included are: those with the features stated in the preceding paragraph, plus sumptuous and important reception rooms, plus three service bedrooms and bathrooms; swimming pool, independent premises for service housing, etc. GCABA (2006).

81- The neighborhoods of Palermo, Caballito, Villa Urquiza and Puerto Madero. Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) de la Dirección General de Estadística y Censos; (2012), Cuaderno de Trabajo N°13. La otra cara del boom de la construcción y el consumo: dificultades para el acceso al crédito hipotecario para la compra de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Available at:http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/cuadernos_cedem_2012_013.pdf

82- General Advisor on Guardianship (AGT) and the

Introductory reflections on the rights of the inhabitants of the villas in the city

The problem of villas cannot be understood in isolation. The growth of the population resid-ing there occurs in a context with certain char-acteristics. After the sociopolitical and economic-financial crisis that Argentina underwent at the end of 2001 and beginning of 2002, when pover-ty and spatial segregation conditions worsened, a process of promoting private investment and construction of real estate was started with par-ticular characteristics in the City of Buenos Aires. The demand for urban land for real estate de-velopment was remarkably increased and kept growing until 2006 due to the steady growth of the area demanded to build mainly driven by the construction of first class housing80 aimed at

80- “Housing categories:” Simple: the only rooms that may be included are: porch or foyer, living room or dining room, bedrooms, bathroom, and toilet for every four first locals, kitchen, garage, storage, central heating, hot water and/or air conditioning services. Comfortable: the only rooms that may be included are a desk, scullery or utility room or breakfast room or dining room (provided that their separation from the main room is perfectly defined), a service room and bathroom; ironing room. The living and the dining room or the living room together should not exceed a surface of 42 m2. Luxurious: the only rooms

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As it turns out from the information provid-ed, the difficulty of access to housing is a struc-tural problem for the low and middle sectors of the population. This is because the price of real estate has not had any relation to the increase in salaries during this period and because these sec-tors have limited possibilities of access to credit; on the other hand, the requirements for rentals were too demanding so that the living conditions of many population groups worsened.

Therefore, due to the price increase to live in the city, the most vulnerable sectors were forced to look for housing in worse conditions than the ones they had or even to migrate from the city to the province of Buenos Aires, far from the center of their lives. Those who remained in the city, mainly in search of a bet-ter centrality for the jobs, started moving into villas and squatter settlements.

In this regard, the Special Reporter on ad-equate housing of the United Nations on the occasion of her visit to Argentina83 has stated that “occupation of land and housing has rep-resented, in recent history in Argentina, the most common way of access to land and hous-ing for low-income sectors. According to several sources, in recent years, squatter settlements and occupations have also increased in other urban areas of the country and, in addition to the “traditional” villas, the number of precari-ous squatter settlements has also increased, and they, unlike traditional villas, are placed on land which is not adequate for any urban develop-ment, have extremely precarious habitability

Center for Legal and Social Studies (CELS), Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible. Informe de Actualización 2008 - 2011, Eudeba, 2013.

83- Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and the right to non-discrimination in this context, Raquel Rolnik (2011), Report on her mission to Argentina, General Assembly, Human Rights Council, 19th Session, A/HRC/19/53/Add.1, 21 December.

conditions, and lack of infrastructure and basic services.”

The right to development of the inhabitants of villas in the city.

The Constitution of the City specifically recognizes the right of the villas to social and urban integration, mainly through the provi-sion of public services, providing the necessary infrastructure and regularizing the ownership status.84

In turn, this recognition is also expressed in the Urban Environmental Planning of the City (from now on, PUA for its initials in Spanish)85 which is the framework law urban regulations and public works must comply with.86 This plan provides, among its objectives,87 to improve

84- Section 31 of the Constitution of the City (CCABA for its initials in Spanish) provides that the City recognizes “the right to adequate housing and a suitable habitat” and therefore: “1. Gradually solve the deficit of housing, infrastructure, and services, giving priority to those people in the sectors of critical poverty and special needs with limited resources. 2. To sponsors, the incorporation of idle property, promote self-managed plans, urban and social integration of deprived people, recovery of poor housing and title and cadastral regularization, aiming at permanent residency.”

85- Law Nº 2930.

86- Section 29 of the Constitution of the City: “The City defines an Environmental Urban Plan developed with the interdisciplinary involvement of academic, professional and community organizations approved by the majority provided in section 81, which is the framework law all the other planning regulations and public works must comply with.” And section 1 of the Environmental Urban Plan, Law Nº 2930 provides that “This Act creates the Environmental Urban Plan of the City of Buenos Aires, framework law all land use regulations and public works must comply with.”

87- Wording of section 8: “The objectives of the PUA relate both to the improvement of the habitat of lower income social sectors, and the conditions of environmental quality that should

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the habitat of low-income social sectors and the environmental quality conditions, a guideline to implement and intensify actions to improve critical housing situations that can be resolved without moving people to another place, such as urbanization of villas.

Law Nº 148 establishes that priority attention shall be focused on social and housing problems in villas and temporary housing core (NHT). It also creates a Participative Coordinating Com-mittee (CCP)88 whose main function is to design

keep the residential habitat as a whole, with due preservation of the particular features that provide identity and diversity to the different urban spaces. For the purposes of compliance with the stated purpose, the following guidelines have been established: (...) d. Promotion of affordable housing policies for people in housing shortage situation, through the following: 1. Facilitate the solution of housing problems of socio-economic sectors having difficulties in accessing to real estate market; 2. Implement and intensify actions to improve critical housing situations that can be resolved without moving people to another place (urbanization of villas, intrusion control; improvement of tenements, hotels, and pensions; decision on compounds); 3. Implement solutions to the other housing situations (occupation of public space, occupation of houses and buildings) allocating for this purpose the use of state-owned property (resulting from land expropriation, highways, etc.)”.

88- Section 4: Participative Coordinating Committee is composed as follows: a. Representation of the Executive Branch of the City: it shall be composed with the permanent participation of a representative of each Secretariat of Internal Affairs of the City, with a rank not below than Assistant Secretary. It could involve those city government officials with direct and immediate responsibility for the implementation of housing and social emergency policies. b. Representation in the Legislature of the City: it shall be composed of seven (7) members, ensuring representation of all legislative blocks. c. Representation of neighbors: it shall be composed of one representative for each villa or NHT considered under this act who has been elected in regular elections, 3 representatives of the Federation of Villas, Housing Cores and Marginal Neighborhoods (FEDEVI) and 3 representatives of the Movement of Villas and Poor Neighborhoods. In those villas or N.H.T. where representation has not been regularized, their integration shall be based on the last open election held. In order to be valid, the agreement of the Federation of Housing Cores and Marginal Neighborhoods (FEDEVI), the Movement of Villas and Poor Neighborhoods and the presidents of regularized neighborhoods shall be requested.

the broad outlines of a Program of Residency and the final transformation of the villas and NHT89 providing a comprehensive urbanization and the integration of villas to social, urban and cultural fabric of the city, by the opening of roads, devel-opment of infrastructure services, land regular-ization, creation of social housing plans.

This law also recognizes the right of the inhabitants of villas that these shall be urban-ized and establishes a participatory institutional mechanism90 for the elaboration and imple-mentation of urban development projects.

In conclusion, the Constitution of the City adopted in 1996, and the consequent laws passed, provide sufficient tools to understand the law assisting the inhabitants of the villas in CBA to be urbanized, further specifying the scope of that “urban and social integration.”

Today the terms socio-urban integration or re-urbanization are commonly used because for the residents of the villas, the word urbanization implies a policy of destruction of all the existing houses and the construction of new houses with no consideration for the joint effort and collec-tive decisions made by villa dwellers to build

89- This should include: a) A comprehensive survey describing the population conditions of the comunas affected; b) The regularization of title of land and properties involved; c) The comprehensive development and integration of these neighborhoods to social, urban and cultural fabric of the city by the opening of streets, developing of infrastructure of services, regularizing land status, creating social housing plans, strengthening service infrastructure and recovering the adjacent urban areas; d) The development of active and comprehensive social policies and the social, health, educational and sports equipment; e) The participatory budget planning of resources to be determined as required for program implementation; f) The incorporation, through self-management methodologies, to the people involved in the layout and management process, and program execution.

90- Section 1 of the CCABA provides that the city organizes its autonomous institutions as Participatory Democracy. That is, in each of the policies developed and implemented, the GCBA must involve citizens and members of the group that will be affected by the policy.

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their homes since the beginning. Now the pro-posal encouraged is the consolidation of existing homes and not its demolition to build new ones.

Thus, the issues that must be respected to ensure the re-urbanization of a villa are:

Issues that must be respected in re-urbanization processes of villas

• Permanent establishment in the place in which they are settled, that is to say, with no forced evictions or relocations outside the circle of the villa (section 31 CCBA).

• Priority assistance on social and hous-ing services, which also involves budget-ary priority (Law Nº 148).

• Comprehensive Surveys describing the conditions of the population of the areas affected (baseline studies) and popula-tion censuses with household data (Law Nº 148 and Ordinance Nº 44873).

• Integration into the social, urban and cultural fabric of the city and recovery of adjacent urban areas (Section 31 of the CCABA, Law Nº 148).

• Recovery of poor housing, that is to say, the improvement and adequacy of hous-ing to decent living conditions (Section 31 of the CCABA and Ordinance Nº 44,873).

• The opening of streets (Law Nº 148 and Ordinance Nº 44873).

• The development and strengthening of services infrastructure (Law Nº 148 and section 31 of the CCABA).

• Creation of social housing plans (Law Nº 148).

• Relocation of the population directly affected by the works (Ordinance Nº 44873)

• Resolution of the housing shortage. This implies a housing solution to all the families of the villa, both “owners” and “tenants” and each of the families that are in a state of overcrowding. A process of urbanization cannot only consider housing solutions for a group of fami-lies, on the contrary, it must provide definitive housing solutions to each of them (section 31 of the CCABA).

• Development of active and comprehen-sive social policies and the social, health, educational and sports equipment (Sec-tion 31 of the CCBA and Law Nº 148).

• Involvement, through self-management methodologies, of the affected people in the process of layout, administration, and enforcement of program and par-ticipatory budget planning of resources to be determined as required to fulfill the program (Section 1 of the CCA-BA and Law Nº 148)

• Ownership and registration regulariza-tion (parcel) of land and affected prop-erties (Section 31 of the CCBA, Law Nº 148 and Ordinance Nº 44873).

Thus, a development project must consider each of these points and should be developed jointly between local government officials (rep-resentatives of the Executive and Legislative Branch) and representatives of the villas with-in the scope of the Participative Coordinating Committee (CCP). Titles to property shall not be granted until this project is not developed and (section 10 of Ordinance Nº 44873).

In some villas in the city, this order is not respected, but the policy pursued by the Executive Branch is to deliver land titles without ensuring other constitutional and human rights to its inhabitants.

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Specific Laws on urbanization

Beyond the general rules already described, there are specific laws enacted by the Legisla-ture of the CABA91 where the will to urbanize certain villas is reinforced.

These laws continue with the two main guidelines established by the local Constitution, the right to the city and the participatory de-mocracy, reasserting the re-urbanization pat-tern that the laws of the City consider: a) the completeness that implies that the re-urbaniza-tion process goes beyond the regularization or ownership status (granting of title deeds) and b) the need for the participation of the representa-tives of the villas in the decisions involved in the drafting of the re-urbanization project.

91- Thus, we can cite Ordinance Nº 44873 (Creation of zoning U31 granting the zoning parameters for different villas in the city), the law Nº 403 (urbanization of Barrio Villa 1-11-14), Nº 1333 (urbanization of Barrio Ramón Carrillo), Nº 1770 (urbanization of Barrio Villa 20), Nº 1868 (urbanization of Villa 21-24), Nº 3343 (urbanization del Barrio Carlos Mugica, former Barrio Villa 31 to 31 bis), Nº 4232 (Zoning of villa Nº 19), Nº 5197 (Zoning of Barrio Cildañez - former Villa 6), and Nº 5235 (creation of new neighborhoods in Comuna Nº 8)

Urbanization Plan

Approval

Title

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Law N° 403: Creation of the Planning and Participative Management Program of Villa 1-11-14 intended to develop, implement and verify the Integral Development Plan through a Participatory Planning Committee composed of representatives of the villa:

Law N° 1.770: The urbanization of Villa 20 is arranged and it is thereby ordered that such urbanization should include the building type, location, opening of streets, services equipment and grounddrainage. In turn, the participatory process of the public hearing is established.

Law N° 1.868: A framework agreement between the Ministry of Social Development of the Nation, the Government of the Autonomous City of Buenos Aires, and an association of the Villa 21-24 providing the following: the creation Joint Management Unit composed of GCBA (Institute for Housing -IVC), the Ministry of Social Development and the Mutual Benefit Society. Its function is to determine the action plans that must be carried out for the execution of the works in the villa, establishing a schedule of activities and the distribution of tasks. Among the tasks to be carried out are measurements, subdivision of plots, development of urban reorganization projects, infrastructure and housing improvement.

Law N° 3.343: Urbanization of Villa 31-31bis (Barrio Carlos Mugica) is thereby ordered and "Management and Planning Board and the Multidisciplinary and Participatory Committee for the Private Villas 31 and 31 bis” is created; this committee is composed of representatives of the neighborhood, and its main function is planning and carrying out the urbanization process. The plan should include the construction of new homes, the consolidation of the existing ones, the opening of public roads and equipment and infrastructure in order to achieve full integration into the urban fabric of the neighborhood and the periphery.

Law N° 1.333: Environmental and Infrastructure emergency of Barrio Ramon Carrillo is declared and the adequacy of infrastructure is ordered on the network of sewage and storm drains, underground electric power and natural gas distribution, resurfacing, construction of sidewalks and pedestrian passages and public lighting network.

Failure to comply with the laws by the GCBA

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The involvement of the Office of the General Defender in protecting the rights of the inhabitants of the villas and squatter settlements in the City

The inhabitants of the squatter settlements of the CABA are protected by several constitu-tional guarantees and certain laws which spe-cifically recognize their right to urbanization; however, the executive branch does not respect these laws and guarantees —with the resulting violation of many Human Rights—, bringing about the lack of public policies to address the problem and therefore the lack of a budget to perform the necessary works.

The lack of urban development involves a systematic violation of many rights mainly hous-ing and suitable habitats, health, education and access to safe water and utilities in general, but, at the same time, it adversely affects the develop-ment of the life of its inhabitants who, in many cases, do not have a domicile, and therefore it is difficult for them to enter the labor market. Ad-ditionally, a strong spatial segregation with the rest of the inhabitants of the City is deepened.

This has led to the need for institutional rep-resentatives to require the involvement of the judges of the City in order to request the com-pliance with international and constitutional or-ders, and the provisions of local rules requiring the relevant agencies of CABA to guarantee the right to urban development of the inhabitants of villas, providing utilities, public services, in-frastructure, regularization and integration.

In this task, the MPD plays a key role through its involvement in several structural disputes in order to promote compliance with the rights violated in precarious squatter settle-ments in the City.

In this sense, this Office has been dealing with cases of violations of economic, social and cultural rights not only on an individual basis,

but also collectively, paving the way for innova-tive interventions and discussions on the issue of informal squatter settlements.

The particular complexity of these cases (the number of individuals affected, the issues posed, the situation of the special vulnerability of those who invoke the violation of multiple rights, etc.) requires specific dynamic and un-derstanding to deal with them.

The MPD is currently a leading voice in these collective claims dealing not only with individ-ual or collective cases of violation of the rights of the inhabitants of the villas, but also making inroads into the discussion on socio-urban inte-gration of these villas to the City (urbanization), in order to claim for final and comprehensive solutions to end up with the socio-spatial dis-crimination they live in.

In order to do so, approach strategies have been created to enable people living in villas to play the role of the complaining party them-selves, creating spaces of participation and com-munity building to agree on the type of claims they will eventually file.

On this way, the response of the judiciary of the City of Buenos Aires since 2000 has gener-ally been favorable to these claims. However, in recent years, there have been cases of regres-sion in court judgments, and in those cases where it favorable legal solutions were found, these could not be fulfilled.

The following paragraphs will show some paradigmatic cases which illustrate the work of the MPD in the claims for structural process of villas, cases in which the courts ordered in fa-vor of the complaining party, but they have not been performed yet; and finally a case of recent court case that illustrates how, for the first time in the history of judiciary in the city, and with a favorable first instance ruling, the Court of Ap-peals denied the right to housing and related rights to the inhabitants of a neighborhood thus

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depriving them of urban integration with the rest of the city.

First cases in which the Office of the General Defender was involved: Villa Cartón.

The squatter settlement called “AU7” known as “Villa Cartón” was a villa located in the south of the city of Buenos Aires that did not have any basic services and living conditions were ex-tremely precarious conditions generating bad reports on health and hygiene.

In 2007, the Legislature of the City of Bue-nos Aires passed Law Nº 1987 by which some land located in the City of Buenos Aires (section 1) are declared of public use and subject to ex-propriation. The rule also states that this land “shall be used to develop the people’s habitat in order to comply with the demand of perma-nent social housing” (section 2), it further guar-antees the right to housing for all families living in “Villa AU7.”

Some time later, there was a fire that aggra-vated the situation of the approximately 500 families who had to be moved and assisted by the state because they had lost all their belong-ings and were left in total helplessness. There-fore, these people were located in temporary housing in a park in the southern outskirts of the city called “Parque Roca” and they started a long way that, eight years after those events, has not ended.

In view of the deep housing and social emer-gency, on July 20, 2007, with the legal aid of the Office of the General Defender, together with the Official Counsel for Minors —both before the first instance courts in Contentious Admin-istrative and Tax Matters of CABA— a legal ac-tion for statutory protection (acción de amparo)

was brought92 in order to enforce the law and get a final housing solution for the inhabitants of Villa Cartón.93

After a hard and complex process, on May 5, 2008 the first instance court sustained the legal action for statutory protection “order-ing the GCBA the full compliance with the re-quirements of Law 1987 (as amended by Law 2271), and to grant permanent social housing to the families considered under the terms of that law (...)”.

This order, which had been appealed by the defendant, was partially confirmed by Court-room I of the Court of Appeal on the relevant matter in December that same year, stating the following: “It is hereby ordered to modify the original ruling, and that the respondent must comply with the provisions of law 1987, as amended by the Law 2271 and consequently must provide permanent social housing to the families thereby included. Under the agree-ment of the relocation of the inhabitants of the squatter settlement, the respondent must pro-vide accommodation in hotels or other places that meet adequate living, dignity and safety

92- The title of the case is “Medina Benitez, Rosalba y otros contra GCBA y otros sobre Amparo (section 14 CCABA)” (file number 26034/0) brought before the Court of First Instance on Administrative and Tax Matters of CABA Nº 2, then in charge of Judge Roberto Andrés Gallardo.

93- The purpose of the mentioned Statutory Protection was specifically that the Government of the City of Buenos Aires and the Institute for Housing of the City of Buenos Aires (agency in charge of implementing public policies on housing in the City of Buenos Aires, f Law Nº 1251/LCABA) complied with the law and the request was that: “the Government of the City of Buenos Aires ceases its failure to provide permanent social housing to all families formerly inhabiting squatter settlement named AU7, also called Villa Cartón, in accordance with the provisions of Law 1987”. This was so because constitutional rights and guarantees had been violated, such as the right to adequate housing, health protection, dignity and to life of the families who formerly inhabited Villa Cartón and that, after the fire, were located in temporary housing.

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standards, or to provide an allowance sufficient to meet basic housing needs. In both cases (ac-commodation or allowance), until full compli-ance with the terms of law 1987(...)”.

In order to comply with this court order, sev-eral houses were granted. In March 2011, 120 (one hundred and twenty) homes were granted, there was a second stage and another one hun-dred and twenty (120) houses were granted.

The third stage was between December 2014 and March 2015 reaching a total of one hun-dred houses.

At present, there are about two hundred (200) families who are still waiting for the per-manent housing solutions promised by Law Nº 1987, out of which one hundred thirty-seven (137) have the legal assistance of the Office of the General Defender.

Nevertheless, the Government of the City of Buenos Aires —who had been ordered by the court to comply with the law— did not report on any new delivery date or any progress in the construction of the still pending houses.

Barrio Ramón Carrillo, progressivity in rules and courts, regressivity in politics.

This neighborhood was built on contaminat-ed land in order to accommodate 700 families coming from the “Warnes” hostel94 However, at present some 2500 families are living there, to-taling approximately 10,000 inhabitants.

Although it is one of the recent housing com-

94- POGGIESE, Atilio, “Warnes: otra vez en la antesala de la urbanización”, in Revista de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Volume 2, June 1991, p. 96. A total of 646 families from the Warnes moved to the new compound; the rest were awarded and distributed among a group of occupants of the Bar Querandí in Perú 302, a group of people occupying Rawson home (former hospital) and to another group from “beneath the highway”.

pounds built in the city, the Barrio Ramón Car-rillo, became one of the most affected in terms of its poor infrastructure and maintenance. Local government inaction has led the neighborhood to a serious emergency in housing, infrastruc-ture, and environmental matters: sewer system is insufficient and currently collapsed with per-manent overflows of effluents into the streets; flooding on rainy days; lack of pavements and sidewalks; lack of public lighting; lack of access to water for human consumption; contamina-tion by garbage and materials of the land and lack of adequate public and green spaces.95

This situation was noticed by the Legislature of the Autonomous City of Buenos Aires and in 2004 passed into Law Nº 1333, by which en-vironmental and infrastructure emergency of Barrio Ramón Carrillo was declared for three hundred sixty-five (365) days (this lapse was ex-tended by later laws) and order the executive branch to perform the adequacy of infrastruc-ture in order to achieve a proper operation.96

In view of non-compliance with the law, in July 2005 a group of neighbors filed a legal ac-tion for the protection of their constitutional rights (acción de amparo)97 in order to request

95- Official Counsel for Minors and Center for Legal and Social Studies (2008), “Infantilización del déficit habitacional: una temática invisible”. Available in: http://www.asesoria.jusbaires.gov.ar/category/ publications /other-publications.

96- Section 2 of this law provides that the Executive Branch has the obligation to ensure the proper operation of: a) the sewerage network; b) the network of storm drains; c) underground electrical power distribution; d) the underground network of natural gas distribution; e) resurfacing; f) the construction of sidewalks and pedestrian passages g) the public lighting network.

97- The action for protection of constitutional rights was filed in July 2005 titled as “Amador, Olga Matilde y otros contra GCBA sobre Amparo (Section 14 CCABA)” (file 16981/0) and pending in Court on Contentious, Administrative and Tax Matters Nº 11 in charge of judge Paola Cabezas Cescato. Counsels for the plaintiff are the

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the court to order the Government of the City of Buenos Aires to fulfill the execution of the infrastructure works for basic services provide by that law, e Act, to inform if any epidemio-logical and environmental survey have been performed and if there were any, to inform on the results (as the neighborhood sits on an old rubbish dump) to determine the degree of con-tamination of the place.

In March 2010, the court ordered to sustain the constitutional right and ordered the Gov-ernment of the City of Buenos Aires to com-ply with the provisions of Law Nº 1333. In re-sponse, the GCBA appealed the ruling, and in September 2012 the Court of Appeals (Court-room II) decided to reject the appeal of GCBA and upheld the first instance judgment.98

Subsequent appeals were rejected, so the judgment is currently final and enforceable.

As of this date, more than nine years have passed since Law 1333 was passed and despite the wishes of local legislators and representatives of the inhabitants of the CABA, it was not ful-filled and had to be claimed before the courts.

After eight years of litigation, the courts rec-ognized that the law was not being respected and expressly ordered the urban development of the neighborhood.

However, as of today, the Executive, breach-ing all institutional guarantees, does not obey the orders of the legislature or the judiciary.

The MPD has tried to implement different strategies in order to get the compliance with the law; for example, it requested to impose fines but has been unsuccessful. The unwilling-ness of the local government keeps the inhabit-

Office for the Defense on Contentious, Administrative and Tax Matters Nº 1 in charge of Lorena Lampolio and the office for the defense of the Appellate Court Nº 1 in charge of by Dr. Fernando Lodeiro Martínez.

98- In view of this situation, in November 2012, the defendant filed a notice of unconstitutionality.

ants of Ramón Carrillo in a vulnerable situation, their fundamental human rights have been vio-lated, and the Public Defender Office is forced to design new procedural mechanisms after in order to achieve the performance of the law.

A case of regressivity in the judiciary: Barrio Rodrigo Bueno.

Rodrigo Bueno is located in the Costanera Sur of this City,99 and more than 3600 people live there.100

This area started developing in 1980 ap-proximately, when the first inhabitants arrived, settling in a land geographically surrounding the area that is now known as the “Ecological Reserve”.101

In 1986, the then Council of the City of Buenos Aires102 declared that land gained from the Rio de la Plata as “Natural Park and Ecological Reserve Area”, although when this

99- According to the report annexed to the case file, the neighborhood is built on a plot of fuzzy boundaries only consolidated in the front access on Avenida España 1800. The other three borders have been changing over time. On the north, the GCBA set an embankment about 5 meters high, on the there is a fence that blocks the way to the river and marks the end of the neighborhood, on the south the edge of the channel that separates it from the former Ciudad Deportiva Club Boca Juniors.

100- Housing Committee of the Legislature of the CABA, “Buenos Aires Sin Techo” General Department of Printing and Publishing of the Legislature of the City of Buenos Aires, Buenos Aires, 2010.

101- 350 hectares of green space, with a wide range of flora and fauna. See: http://www.buenosaires.gob.ar/espaciopublico/mantenimiento/espaciosverdes/reservaecologica/Flora

102- The city council was created in 1882 by Law Nº 1260. In 1996, under the terms of the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires it turned into the Legislature of the City.

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rule was passed, they failed to analyze, relate and resolve any issues concerning the neighborhood and the rights of the people living there.

On September 6, 2005, a group of inhab-itants of the Barrio Rodrigo Bueno brought a legal action for protection of their constitu-tional rights (acción de amparo)103 “against Decree Order 1247/2005 ordering the eviction of the property” and requested “the urbanization of the Neighborhood Rodrigo Bueno” provid-ing the necessary public services and utilities as running water, electricity, gas, sewer; paving of internal roads and access to land, or that all its inhabitants were guaranteed access to decent housing, within the area of the City of Buenos Aires, under the terms provided by the CCABA (section 31), the National Constitution (section 14a) and international treaties with constitu-tional hierarchy.

In this case, there have been two stages in the courts. In the first instance, the court ex-pressly admitted the right of the inhabitants of any villa in the city to the urbanization of their neighborhood, regardless of the existence of any specific law regulating some aspects of the urbanization process or providing any specific reference to any villa.104

103-“Zarate Villalba, Juan Ramon y otros c/ GCBA s/ amparo (section 14 CCABA)” (file 17699/0)

104- On March 22, 2011, a judgment of first instance was passed on the case ordering “to declare null and void Decree 1247/05 and its amendment Nº 2136/06, as they were contrary to the Constitution of the City of Buenos Aires (...); to order the GCBA, according to the terms of section 31 of the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires, to take the necessary and proper decisions aiming at the urban and social integration of Barrio Rodrigo Bueno, Costanera Sur, considering its people are socially and economically marginalized. In compliance with the provisions of the preceding point, the GCBA will allow the residents to get involved in any integrating urban development, according to the terms of Sections 1 and 104 subsection 29 of the Constitution of the Autonomous City of Buenos Aires. Further, to declare that the southern boundary of the Costanera Sur Ecological Reserve, established in section 1

However, the appellate court reversed this order ignoring the rights of the residents of the neighborhood. It should be noted that three judges passed their decision, but only the judge who voted for the plaintiffs was involved in the on-site inspection of the place.

That is, the judges who restricted the rights of the inhabitants of Rodrigo Bueno, never knew the place.

At present, the case is being heard by the High Court of Justice, which before pronounc-ing judgment has recently summoned the par-ties to a hearing. With the attendance of the TSJ judges, delegates and inhabitants of the Rodri-go Bueno neighborhood, the Defender General of the CABA Horacio Corti, representatives of the City Government, the General Advisor on Guardianship and the Prosecutors at the said hearing; the Governmental representatives committed themselves before the neighbors and delegates to make a concrete proposal at a new hearing to be held 45 days as of that date. At the said hearing, the TSJ members will consider the possibility of visiting the neighborhood to get acquainted with the difficulties themselves, in person.

This case was also recently featured in a the-matic hearing before the Inter-American Com-mission on Human Rights where, together with various organizations of the civil society, the MPD took the voice of their inhabitants to that international body, so representing thousands of people currently living in villas and squatter settlements in the City of Buenos Aires.

of Ordinance 41247, is unconstitutional since it does not consider the pre-existence of the Barrio in that place. To this end, the Executive Branch shall take the necessary steps to submit the relevant modification project to the Legislature of the Autonomous City of Buenos Aires in order to proceed to the “formal reversal” of the land of Barrio Rodrigo Bueno as part of the Ecological Reserve; to order the incorporation of Barrio Rodrigo Bueno de Costanera Sur to the Location and Integration of Villas Program under Law 148, (...).

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Mendoza Case: Involvement of the MPD in the defense of the rights of the inhabitants of villas and squatter set-tlements affected the relocalization in the Matanza-Riachuelo Basin.105

The case for the cleaning-up of the Riachuelo is probably one of the most important structural processes in Latin America. The MPD is actively involved in this case, representing thousands of families affected by the judgment in the City of Buenos Aires, since the ultimate purpose of the judgment is to improve the quality of life.

Improving the quality of life is only possible by ensuring adequate participation of those af-fected, listening to their voices and their needs. In defense of their rights, the Office of the De-fender has been working for years, together with a team of territorial and judicial approach, with neighbors and delegates of organized bod-ies in different neighborhoods of the City.

Factual background of the case

On July 8, 2008, the Supreme Court issued a judgment ordering the Authority of the Matan-za Riachuelo Basin (ACUMAR for its initials in Spanish),106 the National State, the Autono-mous City of Buenos Aires and the Province of Buenos Aires to proceed to the cleaning of the basin. In order to perform this task, the Court set that three key objectives should be fulfilled

105- ““Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios - Damages resulting from environmental contamination of the Matanza Riachuelo Basin”. See Institutional magazine of the Public Defender Office “La causa Mendoza: la relocalización de las familias y el derecho a una vivienda digna” available at: http://www.defensoria.jusbaires.gov.ar/biblioteca/biblioteca2.htm.

106- National Law Matanza-Riachuelo Basin (Nº 26168).

through different public policies: to improve the quality of life of the inhabitants of the basin; reconstruct the environment of the basin in all its components (water, air and soil) and prevent damage with a sufficient and reasonable degree of predictability.

In this regard, in 2009, the federal judge of Quilmes gave details to the mandates of the Court and ordered ACUMAR to plan and sub-mit under the judicial process, before Decem-ber 31 of that year, an integrating project for the Basin. Regarding housing issues, he spe-cifically requested to the actions to avoid new squatter settlements and gradually proceed to the urbanization of the existing ones. In this context, the ACUMAR introduced the Compre-hensive Plan for Environmental Sanitation of Matanza Riachuelo Basin (PISA for its initials in Spanish) in December 2009 which was up-dated in March 2010 setting as one of its ob-jectives to provide housing solutions to those who are under environmental risk. This PISA established several lines of action, including the urbanization of villas and squatter settlements in order to provide answers to the precarious housing situation, including not only the im-provement of housing but also of basic services. In this sense, priority was given to the towpath or coastal road107 stating that it should be free of any villas or informal squatter settlements so as to improve the housing situation of the popu-lation and to carry out works to ensure public access and maintenance of edge water. To do so, relocation of the inhabitants of the villas and

107- Civil Code, section 2639: “The owners of any land bordering rivers or canals that serve for water communication are required to leave a thirty-five meter street or public road to the shore of the river or canal, without any compensation. These owners cannot build any construction on that space; they cannot repair any old construction, or damage the ground in some way.” Section 2640: “If the river or canal runs through a city or town, the width of the public road may be modified by the relevant Municipality leaving a minimum width of fifteen meters”.

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squatter settlements living on the towpath is re-quired. Second, the urban development of the sectors of those villas and squatter settlements that were not relocated and remained in the same place was ordered. Finally, it was thereby ordered the urbanization and/or relocation of other villas and squatter settlements in the basin and those living on rubbish dumps.

On December 2010, the judge requested ACUMAR to design a plan of exceptional fea-tures for the relocation of people living in villas and squatter settlements settled on the towpath. In response to that request, in February 2011, those jurisdictions with a population located on the coastal road submitted this exceptional plan stating the villas and squatter settlements affect-ed, the land committed for their relocation, the estimated amount of families, etc.

In December 2012 the Court divided the case in two according to the matters. The moni-toring of contracts under the plan of works for edible water supply and sewage, and garbage treatment was assigned to the National Court in Federal Correctional and Criminal Matters Nº 12 in charge of judge Sergio Torres; while the rest of the issues came under the scope of the National Court on Correctional and Crimi-nal Matters Nº 2 of Moron, in charge of Judge Jorge Rodriguez.

Also in that decision the Court referred to the need to urge the relocation of the residents and also stressed that the deadlines set for that task were past due as a result of delays in the construction of housing. The court warned that in all cases, the families relocated should be guaranteed the right to essential public ser-vices and utilities, education, health, and safety. Finally, the Court pointed out that effective participation of those affected in this sanitation process should be ensured.

The role of the MPD in this process

The work of the MPD covers three main areas:1. Situation of the inhabitants of villas and

Squatter settlements affected by the process of releasing the towpath in the CABA, who still live on the towpath.108

2. Status of the inhabitants of villas and Squatter settlements affected by the process of releasing the towpath in the CABA, who have been relocated in hous-ing compounds.109

3. Situation of the inhabitants of the villas and squatter settlements affected by the release of the towpath, but who live out-side the towpath and expect a policy of urbanization and urban integration.110

In conclusion, the MPD has been working very hard so that the voices of those who are affected by these cases are heard and respected by the ad-ministrative or court authorities implementing this fundamental decision in our history.

Current status of the case

Eight years after the Court passed the judg-ment; there are still 1381 individuals who have not been relocated out of the 2384 people af-fected by the relocation due to the release of the towpath, which means that it is still pending the relocation of more than 75% of the affected population.

108- Affecting neighbors of Villa 21- 24, Lamadrid, Villa 26.

109- Affecting neighbors of: C.U. San Francisco, C.U. Padre Mugica, C.U. Piletones, C.U. Lacarra y Cruz and C.U. Luzuriaga.

110- Affecting neighbors of: Magaldi, El Pueblito, Villa 21-24, Luján.

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As of April 2016, in the CABA 612 families have been relocated.

Graph Nº 4: Population affected in villas.

Graph Nº 5: Relocations in the CABA.

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Graph Nº 6: Map of the main causes related to informal neighborhoods and squatter settlements in the City in which the MPD is involved.

La Carbonilla It claims the recognition of the neighborhood,its urbanization and immediate provision of public services and utilities.

Barrio ScapinoThey require the provision of power lines, edible water, sewage drains and public lighting.

Elefante BlancoThey requireto guarantee the right to comprehensive health care of the people who inhabit the former health center compound known as Elefante Blanco.

Playón ChacaritaIt claims both urbanization and provision of public services.

Villa 21-24The elimination of electrical hazards in the neighborhood and the proper provision of the service are requested

Villa 3 – Barrio Fátima It claims the repair of houses of several families living in the neighborhood in unworthy living conditions.

Los PiletonesThe judicial control of the urbanization process and the supply of drinking water in those blocks that lack this service are required.

Barrio San Martín (Villa 31/31 bis)Recognition of the settlement, provision of essential public services and utilities and coverage of the health and safety system are pursued.

Barrio Ramón CarrilloIt demands the urbanization of the neighborhood according to the provisions of a law ordering the adequacy of the infrastructure of sewage drains and storm networks, the underground network of electric power and natural gas distribution, repaving, building of sidewalks and pedestrian passages and public lighting network.

Rodrigo BuenoThe action for the protection of the constitutional rights (acción de amparo)was filed against an executive decree that provides for the eviction of the property where the neighborhood is located.It is thereby requested its urbanization and the provision of basic public services of water, electricity and gas, sewers, paving of internal roads and access to the site or that residents be guaranteedadequate housing in the area of the City of Buenos Aires.

Causa “Mendoza”The Public Defender is working on three main areas: 1) the situation of the inhabitants of villas and squatter settlements affected by the process of releasing the banks of the Riachuelo on the CABA, who still live on the towpath (Villa 21- 24, Lamadrid, Villa 26); 2) the situation of the inhabitants of villas and squatter settlements affected by the process of releasing the towpath in the CBA, which have been relocated in housing projects; (C.U. San Francisco, C.U.Padre Mugica, C.U.Piletones, C.U.Lacarray Cruz and Luzuriaga); 3) the situation of the inhabitants of the villas and squatter settlements affected by the release of the towpath, but living out of this and who expect a policy of urbanization and urban integration (Magaldi, El Pueblito, Villa 21-24 Lujan)

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Urban Settlements

1. U.S. Padre Mugica

1. U.S. Padre Mugica

4. U.S. Piletones

4. U.S. Piletones

2. U.S. Lacarra y Cruz

2. U.S. Lacarra y Cruz

5. U.S. Luzuriaga

5. U.S. Luzuriaga

3. U.S. San Francisco

3. U.S. San Francisco

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Once the situation of precari-ous villas and squatter settlements located in the City of Buenos Aires has been set out, it may be stated that many rights are violated in the villas on a daily basis. Hundreds of thousands of people in the city are deprived of any access to basic pub-lic services and utilities. They do not have running water at home or any sewage system provided by the city, they suffer the consequences of elec-trical hazard, and when their lives are at risk, they do not have the cer-tainty that any aid arrives on time, either because of the insecurity al-leged by medical personnel or be-cause of the poor conditions of the access roads to the houses.

The marginality of their inhabit-ants affects various aspects of their daily lives, including the difficulty of obtaining a job since do not have a domicile and health problems result-ing from the poor conditions of their habitat. People with motor disabili-ties are particularly affected since the lack of roads made it very difficult for them to leave their homes.

Additionally, living conditions do not meet the minimum levels that the Constitution of the City provides as a right any inhabitants of the city is entitled to which is a serious socio-urban discrimination.

In its role as defender of the rights of the vulnerable and poor sectors, the MPD has been work-ing very hard work and was able to bring people to the “judiciary” through different strategies that are innovative at an international level.

Defense is no longer limited to individual cases, but represents thousands of people in structural cases demanding access to funda-mental human rights which include the possibility of being an integrated part of the city.

The complexity of these issues has led to the need to reorganize the operating structure of the MPD, incorporating an interdisciplinary perspective, a territorial approach and a comprehensive view of the City, in order to achieve that the voices of those who are still silenced, sound louder and gain prominence.

The MPD promotes and accom-panies these processes, reminding and demanding to those respon-sible for implementing public poli-cies and executing the budget of the City that “people are not things” and that their rights must be re-spected without discrimination.

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“To the soc io -economic exc lus ion , we must add the gender inequal i ty” .

Gender, and Economic, Social and Cultural Rights in the Autonomous City of Buenos Aires.

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Introductory Thoughts about Gender Perspective

Despite the progress accomplished in the recognition of the indivisible character of the DESC, it still remains incipient the appropria-tion of the scope of gender, not only in the public sector but also in the society as a whole. There exists a tension between the relevance and the appropriateness of the integration of the gender scope in the public policies and the legitimating processes of said perspective. The survival of a paradigm that ignores gen-der inequalities and the lack of consolidation of new practices create a heterogeneous outlook regarding the understanding of iniquity situa-tions and progress in the production of policies that contribute to their removal.

As a result, there are forms of exclusion, discrimination, and violence, both in public and private sectors, that sentences the access to the DESC to all those individuals, whose sexual identity has been historically ignored

GENDER, AND ECONOMIC, SOCIAl AND CUlTURAl RIGHTS IN THE AUTONOMOUS CITY OF BUENOS AIRES.

The MPD is currently participating in the cre-

ation of a political debate agenda that will

incorporate the gender perspective in future

urbanization processes of the CABA.

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in the society; such as the case of, transvestites, transsexuals and transgender (from now on, “trans”). It is obvious that the inequality of the enjoyment of those rights contributes to the deepening of their economic dependency, to denying their personal autonomy and excluding them from their exercise of power.

The effective enjoyment of the DESC con-stitutes an objective for women and already mentioned sectors. Structural obstacles, such as the authentication of inequalities through socio-cultural regulations and uses, such as the non-recognition of the diversity of experiences and disadvantages when designing measures orientated to the implementation of the DESC, introduce several limitations in the access to the full enjoyment of these rights.

In this context, the MPD is a strategic part of the legal protection of the DESC, and therefore, in the production of a change in paradigm that allows to interpret reality from the gender and sexual diversity scope so as to promote the equal redistribution of political, economic, cultural and social resources as one of its central axis.

The gender mainstreaming, throughout all its life, is the key instrument. The main idea is that the gender perspective shall not stay “out-side” the public defense policies, but it shall turn into a constitutive dimension of them; it shall go beyond the limits of interventions directed to women and trans individuals, and shall cover all the defense’s policies. In other words, it’s all about trying to place gender as the main com-ponent of the strategic definitions of the defense process throughout its development cycle. This implies to adopt a perspective that pretends to go through the traditional concepts of the vul-nerable group, disabling or victims, and restate the topic in terms of citizenship.

Under this perception, the MPD has imple-mented several initiatives destined to enlarge and enhance the access to justice for women and

trans individuals as a guarantee of the rights.From this more reactive perspective, there

have risen arguments so as to be assumed by the technical defense in order to let the judges know the existence of claims of rights that deserve to be balanced applying the gender perspective to be solved. Mainly, these arguments belong to defenses related to housing (habitation amparos, eviction processes, and relocation). A particular case is the one in which the Public Defense in-tervenes so as to guarantee the gender identity right to trans.

From a more proactive perspective, the MPD is currently participating in the creation of a political debate agenda that will incorpo-rate the gender perspective in future urbaniza-tion processes of the CABA. Moving forward, on the one hand, it will be presented the inclu-sion of the gender and sexual diversity scope of the strategies of the Public Defense while inter-vening in the relocation processes, especially in those taking part in the Urbanization Program for Villas and Precarious Settlements Compre-hensive Plan for Environmental Sanitation of Matanza Riachuelo Basin, and when it takes part of the amparo’s management before the CABA justice. On the other hand, the interven-tion of the Public Defense will be identified so as to guarantee the right to the name registration as established in the Gender Identity Law sanc-tioned in Argentina in 2012.

It refers to a paradigmatic case because the State, through the law mentioned above, rec-ognized the right to rectify the registration of names, and at the same time, it denied the ef-fects on other instruments related and gener-ated by the State.

Finally, the document makes a brief refer-ence to the need to incorporate the gender per-spective in future urbanization processes that will take place in the city.

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The Gender and Diversity of Sex-Gender Approach in the Defender’s Strategies

General Considerations about the Relocation Processes.

Notwithstanding the international legislative progress in the acknowledgment of the right to decent housing, the gap between this acknowl-edgment and the general situation of this right in the CABA is still considerable.

As previously mentioned, in many cases, the current urban and housing policies implement-ed by the GCBA are outdated and follow a re-strictive concept of housing, limited to “a roof” and not considering the whole meaning of habi-tat, i.e. the right to live in an environment that guarantees services, access to different activities necessary for life, environmental quality and safety, as a human right for all human beings.

This perspective has a special impact on women’s lives and in the exercise of their rights as autonomous citizens in equal conditions, be-cause of the interdependence between housing and the access to a job, public education ser-vices, infrastructure services and public trans-port, as experienced by women in everyday life and due to the gender issues regarding work opportunities. In many cases, evictions and re-location of families and persons in the CABA are a clear example of the above considerations. The Office of the General Defender has started an active and effective defense of the rights of inhabitants who, because of gender, have been affected in their right to decent housing.

The first aspect to point out, when we talk about the criterion applied by the GCBA, by ac-tion or inaction, for the allocation of housing is the need to consider women and mothers at the same level. Being a woman and a mother with

dependent children is the main criterion when it comes to housing distribution. It is harder for women without dependent children to qualify as beneficiaries of a property according to the GCBA relocation policies. In these policies, there is still the idea that women can exercise their rights as citizens only if they live with a partner or if they have dependent children. A woman without dependent children seems not to be considered an adult person with the right to be treated independently from her family of origin and with the status of the head of the household.

Some cases filed with the Public Defender Office show that women who have already raised their children, following their traditional gender role, take the responsibility of taking care of other dependent persons, such as senior and/or ill family members (parents, siblings) living with her. Even if these women are the only economic support of their family group, they are not considered the head of the household, and, therefore, are not entitled to the right of housing.

It is well known that taking care of depen-dent persons makes women have informal jobs compatible with their caring responsibility. This implies that women will find it more dif-ficult than men to be part of the formal working system and, therefore, to be entitled to social security benefits. They are forced to accept pre-carious jobs, generally badly paid by the hour. In the long term, this precarious working con-dition results in a poorer situation and an un-protected old age.

Furthermore, relocation policies have failed to consider other situations such as gender-based violence. In recent relocation processes, there have been two paradigmatic cases. On the one hand, women who had to leave their home because they were victims of gender violence. If at the exact moment when the relocation has to

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be executed, they are not at home, their right to become house owner is suspended, since that is a sine qua non condition in order to be acknowl-edged beneficiary of the allocated housing. On the other hand, there are those women who remain in a violent home in order not to lose what has been their wish for them and her chil-dren: the certainty of having their own house. In marital violence situations, if the woman is not certain about having her own house, it is far more difficult for her to break the aggressive status quo.

Finally, we need to remember that for wom-en of the poorest sectors, in many cases, the house means an economic resource, as it is the place where the only paid work is performed. The certainty of having a house means protec-tion against extreme poverty.

Moreover, neighborhoods have not received special consideration in the relocation pro-cesses. The neighborhood undoubtedly repre-sents a relevant resource for women, as they can find a solidarity services network there. As this aspect has been disregarded in relocation processes, isolation and exclusion of women were reinforced, especially in cases of gender violence. When residence and support services are not taken into account or a woman is con-sidered only as a mediator for her dependent children, and her rights can be affected.

Finally, it is clear that the GCABA relocation policies have been based upon general catego-ries such as population, households or families. This is the reason why the heterogeneous needs of the whole social universe have not been con-sidered, therefore allowing gender discrimina-tion. Among the persons living in a condition of critical urban exclusion, women and trans make up an invisible group as far as general territorial and housing relocation policies are concerned.

Considerations About The Appeal for Protection of the Right to Decent Housing

When approaching the housing emergency, the GCBA policies have given priority to imme-diate assistance instead of providing sustainable solutions. Therefore, a considerable percentage of the population’s right to a decent housing and a suitable habitat has been affected. The Office of the General Defender works on con-ceptual strategies focused on gender when they have to appeal to the local courts for housing protection, especially in the cases where the claims involve gender-based violence.

This is about women who, as a consequence of having been in a violent relationship, show strong emotional fragility. In some cases, they even have a narrow socio-cultural background due to the socio-emotional isolation they have suffered; women whose working opportunities have been limited because they are in charge of dependent children. Most of them are heads of mono-parental households, where the mother is the only person in charge of the attention and daily care of the children. This kind of fam-ily is exposed to a higher level of vulnerability, because, as head of the family, she is the only person with an income and, at the same time, she is responsible for the daily needs of the fam-ily. Precisely, one of the three resources to over-come gender-based violence, apart from a job and the good care of children, is the access to a house. In this sense, it is important to point out that, in general, protection measures for women who are victims of gender violence as per National Law on Violence against Women (Law 26.485) are not effective when they live in squatter settlements and villas. For example, the aggressor’s prohibition to approach the victim, his exclusion from the household or the use of the anti-panic devices, are not feasible measures

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in areas where the urban design is not safe and it is hard even for the police to act (streets are narrow corridors with no lights, and houses are precarious and easy to enter).

If women from these poor sectors suffer special limitations in their right to decent hous-ing, the case is the same, if not even worse, for transgender persons. Most of these persons are in a critical situation regarding their access to all the Economic, Social and Cultural Rights (DESC, from now on, for its initials in Spanish). In these cases, there are huge obstacles to hav-ing access to the working community, social se-curity, housing, education, health, and culture, among other rights acknowledged by human rights declarations. This is a group of people that suffer two kinds of injustice, socio-econom-ic injustice imposed on the economic and politi-cal structure of the society, and the cultural or symbolic injustice according to the social para-digms of representation, interpretation and communication, shown, for instance, in the cul-tural approach, lack of acknowledgment, and lack of respect. Every day, trans persons have to face the discrimination and the prejudice pres-ent in the society.

Having been excluded from their house-holds at an early age, rejected at school, subject to street teasing, obliged to prostitution as the only possible source of income, they have not received enough support or they have only re-ceived light or unstable help. In this situation of early exclusion from the society and social net-works to protect them from hard living condi-tions, trans persons are necessarily vulnerable, and poverty is the result of such concentration of disadvantages.

It is hard to determine the trans persons’ course of life as considered by the local le-gal system when the conflict is related to the right to decent housing. The consequences of long-term unemployment and, therefore, lack

of appropriate working networks, salary and health protection, housing and having fragile proximity support, determine variables which are hardly considered to be of relevance in le-gal processes. The protection threshold of the Government, as the main responsible entity to guarantee social protection measures, seems to vanish or completely disappear when the coun-terpart is a trans person. Trans persons repre-sent a true example of alterity.

The Public Defender Office and the Right to Gender Identity

Since 2012, Argentina has a Law of Gender Identity that states that the change of personal documents at the Register should be adminis-trative and free and shall not require any medi-cal, psychiatric or psychological diagnoses or the participation of a lawyer.

On the basis of the Law mentioned above, a trans person had made the registry change of name in March 2013 and afterward started the necessary procedures to have that change reflected in the birth certificates of the daugh-ters, where the identity was not according to the self-perceived gender. A long time before her option to transgender, she had had a fe-male partner, who was dead at the time of this issue, and with whom she had had three daugh-ters. Following the law, this person requested at the CABA Civil Register the change of her own name in her three daughters’ birth certifi-cates, claiming that failure to do so would have a negative effect on the daughters’ affiliation data and would be contrary to the right to gen-der identity. The request was dismissed by the GCBD on the grounds of the regulations that state that birth certificates can only be modified if there is a material error or omission, which

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was not the case. Therefore, the issue should be attended by a judge, not by the Civil Register.111

Upon denial of the petition and understanding the problems implied, the case was sent to the Public Defender Office, from where an autonomous cautionary action was started. This action obtained a favorable sentence at a CABA CAyT First Instance Court, by which the Civil Register was ordered to modify the birth certificates.

The GCBA appealed the sentence, but the CABA Court of Appeal rejected the appeal and confirmed the first sentence.

Including the Gender and Sex-gender Diversity Approach in the CABA future Urban Development

Based on the idea that the urban planning and design has the potential to reinforce gen-der inequality, or, on the contrary, to move on towards equality, the Office of the General De-fender of the CABA is working on strategies to include the gender perspective in future urban developments in the City.

Urban spaces are not neutral. They can al-low or prevent their use, ownership and securi-ty for women and girls. These spaces are gener-ally designed considering the traditional family concept and the traditional classification be-tween men and women, the former working in the public space, the latter —as housewives and

111- This situation affected the whole family, which was left both legally and emotionally unprotected. The petitioner could not credit the filial link with her daughters, unless she presented her previous identity card, that is, showing an identity she did not perceive as her own. In practice, the family was denied the Universal Grant for Sons/Daughters and incapacity grant for the girls; they could not make decisions on health matters, they could not travel abroad, and so on.

caregivers— at home or in private spaces. Vio-lence against women happening in these spaces is rarely considered as urban violence. There-fore, programs aimed at eliminating urban vio-lence do not include violence against women. As a result, women refrain from going out alone when the night falls, whereas their pair men do not. They change their routines more frequent-ly and develop a set of defense strategies. Their right to move with freedom, to use and enjoy the city and public spaces is frequently affected. Planning safe urban spaces means the creation of areas that will encourage safety and a sense of safety in women, eliminating elements that may cause danger or the sense of danger. Special attention is required regarding light devices, visibility, the transit of vehicles and people, ur-ban elements, signals, the proximity of public, emergency and transport services.

Public transport also follows gender stereo-types that have a negative impact on women’s lives. For the most part, itineraries and hours are defined for the service of transport to work, especially for men, not so much for multi-role women who are mothers and workers and who need to get transportation beyond rush hours. Urban transport planners and those responsible for the formulation of policies give priority to the needs of those households where a middle-aged man, main supplier, leaves home in the morning and comes back early in the evening. Instead, women’s transport needs are not con-sidered in most of the transportation planning and design. Women do not go only from one part of the city to the other. As main care agents and as part of an informal workforce, they move in different directions all the time. They com-bine their different daily activities with their home and care responsibilities apart from their transport to work. On the other hand, buses and bus-stops, subways and platforms, cabs and trains do not mean the same for men and

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women. Public transport includes spaces where other forms of gender violence are suffered by women (sexual harassment, abuse, improper contact, aggression, etc.).

Public transport systems must be planned and designed to satisfy women’s specific needs according to their itineraries, the time when they depend on public transport, and the plat-forms or stops where they wait or get off.

To make sure women enjoy their DESC, it is necessary that the city urban development be based on the analysis of their specific needs. It needs to be acknowledged that because of their gender, women are different from men, and they face different situations. Not only do they develop different capacities and knowledge, but they also have specific needs and interests and have to deal with different restrictions to have access to the resources.


Right to Health

Right to Mental Health

Right to Education

Conclusion


“Nutr i t ion , Hea l th and Educat ion ; a l l the soc ia l fundamenta l r ights requ i red the ass i s tance o f the Publ i c De fense”

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Article Nº 6: The Justice intimates the GCBA due to lack of infrastructure in the “Elefante Blanco”, Tiempo Argentino, April 16th, 2014.

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Socioeconomic Data of Health in The City

The CABA holds thirty-three public hospi-tals for healthcare services. Thirteen of them are Acute Care General Hospitals, three are Children Care General Hospitals, fourteen are specialized hospitals and three are dental care hospitals. Furthermore, the City holds the Zoo-nosis Hospital Luis Pasteur, for the research, diagnoses, prevention and control of ordinary diseases and diseases transmitted from animals to humans.

Public medical care is delivered through the City Healthcare Program112 and the forty-two Healthcare and Community Action Cen-ters (CESAC, from now on, for its initials in Spanish).113

112- City Healthcare Program is a personalized, integral and free medical attention plan for people living in the City. It is meant for those persons who do not have medical care insurance (either private or by the social security plans) and who can account for habitual and permanent residence in the City of Buenos Aires.

113- According to the healthcare primary attention principles, the CESAC must perform general health care attention, promotion and prevention programs (nutrition, mental health, sexual health, dental health, and so on) together with the community living in the region.

RIGHT TO HEAlTH

The Constitution of the City followed the in-

ternational declarations, with a strong com-

mitment to protecting the right to compre-

hensive health care, closely linked to the

satisfaction of nutrition, home, work, educa-

tion, dress, culture and environmental needs.

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The City Basic Healthcare Law (Law 155) organizes the healthcare subsection according to levels of attention, and states that the first lev-el “includes all the actions and services for the promotion, prevention, diagnoses, treatment, and rehabilitation, in basic and special ambula-tory care.” The second level comprises “all ac-tions and specialized ambulatory care services and those that require hospitalization”,114 and defines as third level those actions and services that, due to their high medical and technologi-cal complexity, represent the final level of refer-ence in the healthcare network”.115

In this sense, it is important to point out that in Sections 7, 8 and 9 of the City, there is no third level care centers, i.e., specialized hospitals.116

Regarding healthcare attention, there are different systems for the residents, depend-ing on whether they have access to healthcare, whether the attention is free or not, depending on the services available and the payment of medicines, among other considerations.

According to the 2014 Annual Households Survey, 17.8% of the population living in CABA depends exclusively on the public healthcare sys-tem. This percentage is above 30% in the South-ern Area, whereas in Comuna 8 it reaches 40%.

Among the people under 19 years of age, 38.4% depends exclusively on the public health care system, representing over 40% of the com-munes in the South of the City. On the contrary, among the people over 60 years of age, only 5.7% depends on the public sector as a result of the universal retirement programs in force.

114- Section 20. Law 153.

115- Section 22. Law 153.

116- General Advisor on Guardianship (AGT, by its initials in Spanish). Health in the Southern Area of the CABA, a violated right. Overview of the first level of healthcare for children, teenagers and mental care patients. Paper number 15, October 2012.

In 2013, 7 out of 10 citizens of the CABA had at least one medical consultation in the six months before the Annual Households Survey (EAH, from now on, for its initials in Spanish), About 17% of these patients correspond to the public Subsector.117

In the City of Buenos Aires, 10 out of 100 persons have some sort of long-term difficulty or handicap. This situation differs according to age and gender. Among children and teenagers (up to 14 years-old), 3 out of 100 present long-term difficulties. Above 40 years of age, the rate is 6 out of 100. Above 80 years of age, the rate is 50 out of 100. The amount of people with long-term difficulties is higher among women, espe-cially over 65 years of age, reaching 10 percent among women older than 80.118

Information gathered from the 2011 Annu-al Households Survey indicate that more than 50% of the citizens took medication during the last month prior to the inquiry, showing no sig-nificant differences among the comunas.119

The Infant mortality rate has fluctuated in the City. For the year 2014, the rate is below 8/1000. During the years 2011, 2012 and 2103, this index has been higher due to the decrease in birth and the increase in infant death.120

It should be considered that more than 53% of infant death cases in 2014 are due to reduc-ible causes.

117- General Office for Statistics and Censuses (Ministry of Treasury of the GCBA) “Buenos Aires en números”, Number 2, Year 2. 2015

118- Idem.

119- General Office for Statistics and Censuses (Ministry of Treasury of the GCBA), Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, Síntesis de resultados, 2011.

120- General Office for Statistics and Censuses (Ministry of Treasury GCBA). La mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires. Años 2000-2014, informe de resultados Nº 845, abril 2015.

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RIGHT TO HEALTH

Table Nº 15: Percentage distribution of the population by healthcare insurance and by comuna. The City of Buenos Aires. The year 2014.

Commune Type of Coverase

Total Public system

only

Social securitysystem

only

Don’t knows

Total 100 17,8 82,2 0,0

1 100 28,9 71,1 -

2 100 3,5a 96,5 -

3 100 21,0 79,0 -

4 100 34,0 66,0 -

5 100 10,9 88,9 0,1

6 100 7,6a 92,3 0,1

7 100 25,1 74,9 -

8 100 40,0 60,0 -

9 100 32,0 68,0 -

10 100 16,5a 83,5 -

11 100 9,7a 90,3 -

12 100 9,0a 91,0 -

13 100 3,5b 96,5 -

14 100 5,3a 94,7 -

15 100 17,9 82,1 -a Indicative cell value (in these clusters, the estimated coefficients of variation are between 10% and 20%.

b Indicative cell value (in these clusters, the estimated coefficients of variation are over 20%.

Note: The total resulting from adding partial figures differs from the total obtained by rounding. That being the marginal values, the variation coefficients of the “Don’t knows” category are not included.

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Depart-ment); 2014 Annual Household Survey.

Table Nº 16: Percentage distribution of the population who only have access to the public healthcare system, per age groups, per com-mune. The CABA. The year 2014.

Commune Total Age Group

Under 19 20 - 59 Over 60

Total 100,0 38,4 55,9 5,7a

1 100,0 36,0 57,9 6,1a

2 100,0 10,6a 81,8 7,6a

3 100,0 31,9b 61,0 7,1b

4 100,0 44,3 50,1 5,6a

5 100,0 25,8a 66,6 7,6b

6 100,0 10,9b 82,1 7,0b

7 100,0 41,1 54,4 4,6b

8 100,0 42,4 53,4 4,1a

9 100,0 45,6 51,1 3,3b

10 100,0 46,1a 52,2a 1,6b

11 100,0 36,3b 53,5a 10,2b

12 100,0 22,1a 68,7 9,2b

13 100,0 33,1b 60,6a 6,2b

14 100,0 27,1b 66,9a 6,0b

15 100,0 44,2a 46,0 9,8b

a Indicative cell value (in these clusters, the estimated coefficients of variation are between 10% and 20%.

b Indicative cell value (in these clusters, the estimated coefficients of variation are over 20%.

Note: The total resulting from adding partial figures differs from the total obtained by rounding. That being the marginal values, the variation coefficients of the NS/NC category are not included.

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Depart-ment); 2014 Annual Household Survey.

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Table Nº 17: Infant mortality rate per commune 2009/2014.

Commune Neihborhoods 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

8,3 6,7 8,5 8,1 8,9 7,9

1 Constitución - Montserrat - Puerto Made-ro - Retiro - San Nicolás - San Telmo

8,9 9,9 9,1 10,7 8,9 4,9

2 Recoleta 5,1 6,7 6,6 5,1 7,5 9,2

3 Balvanera - San Cristóbal 5,4 4,9 10,8 7,2 11,9 9,4

4 Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios 10,6 9,9 11,1 11,8 11,8 12,3

5 Almagro - Boedo 7,8 3,6 7,2 5,7 8,7 6,7

6 Caballito 5,9 3,2 5,2 9,0 6,8 7,5

7 Flores - Parque Chacabuco 8,4 8,1 11,0 8,9 11,9 8,5

8 Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati 12,4 7,9 9,7 10,8 10,9 12,7

9 Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda 11,6 8,1 10,4 8,8 9,3 6,5

10 Floresta - Monte Castro - Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real

9,3 7,5 7,1 7,3 12,2 5,3

11 Villa del Parque - Villa Devoto - Vi-lla General Mitre - Villa Santa Rita

7,1 5,4 6,3 4,0 5,6 5,3

12 Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza 6,9 6,5 5,5 5,8 8,0 3,4

13 Belgrano - Colegiales - Núñez 5,9 2,3 7,2 6,2 2,7 6,9

14 Palermo 5,2 6,9 5,0 6,9 5,3 6,8

15 Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar

8,5 5,4 10,4 7,2 7,2 7,8

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department)

Table Nº 18: Percent of infant mortality according to reducibility criteria.

Year % Potentially Reducible causes

of death

% Non potentially Reducible causes of

death

2009 45,3 46,1

2010 40,3 45

2011 46,3 39

2012 52 38,6

2013 47 43,9

2014 53,4 30,3

Source: Statistics and Census Bureau (GCBA Treasury Department). Vital Statistics.

Introductory Thoughts about the Right to Healthcare

The Office of the General Defender plays an active role in the reception of the citizens’ requests regarding the right to health, many of which due to the negative attention by the ad-ministrative authorities, derived in legal actions to guarantee the protection of comprehensive health and appropriate life standards of the af-fected residents.

When talking about the Right to healthcare, it is important to point out that the City of Bue-

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RIGHT TO HEALTH

nos Aires is one of the cities with the highest number of hospitals, offering assistance not only to the City inhabitants but also to a large number of persons who come from other areas in search of sanitary attention. This is mainly because, in this City, there are health centers for specific and high complexity problems. The issues derived from the bad condition of the health centers, their deficient infrastructure and the shortage of human resources and sup-plies to cover the huge health requirements in the city are also common in other regions of our country. The most frequent claims are related to the delay in the attention, especially in the case of surgery, which may result in the worsen-ing of the patient’s health and, consequently the patient will require more complex operations or the suggested therapy may become impossible.

In this context, we should remember that, at a local level, the right to healthcare is spe-cifically protected in the second chapter of the CCABA (Sections 20 to 22).

The Constitution of the City followed the international declarations, with a strong com-mitment to protecting the right to integral healthcare, closely linked to the satisfaction of nutrition, home, work, education, dress, culture and environmental needs. For this purpose, it was stated that the public expense in health is a priority social investment, and that “through the State health department, free general and in-dividual actions are ensured for the promotion, protection, prevention, attention and rehabilita-tion, under the umbrella of accessibility, equity, integrity, solidarity, universality and opportuni-ty”, which means that every person is expressly relieved from any direct payment to have access to public healthcare services in this jurisdiction.

Moreover, the Constitution also stated the main guidelines according to which the Ba-sic Law of Local Health and the Law of Men-tal Health (Law 448) were passed afterward. It

should also be considered that the local govern-ment, through the Ministry of Health, has the obligation to guarantee the right to integral health of every person, whether resident or non-resident in the City (Section 2, Law 153) in the health centers which directly report to the Min-istry and are part of the health government sub-section. Also, it is the obligation of the Ministry to verify the compliance of this duty by the social security and the private health system, within the limits of its jurisdiction. This means that not only does the local State have the obligation to orga-nize a service with free and universal coverage, but also holds the control over every health ser-vices agent within the jurisdiction.

The Role of the Office of the General Defender in The Protection of the Right to Healthcare.

Considering the above-mentioned general background, in which the public health service has to perform, some legal cases will be described to show the role of the MPD and the problems and issues of the system, directly affecting the inhabitants that permanently require the service.

The A.M. Case

First of all, we will refer to one of the inau-gural cases in the Disputes, Administrative and Tax Litigation courts filed by the Guardianship Advisor, representing the child A.M., together with the participation of the Office of the De-fender No 1 as the legal representation of the child’s mother.121 The object of the legal action

121- “Guardianship Advisor versus GCBA on Amparo

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was to ensure the appropriate treatment and control according to the medical indication, due to the child’s extremely severe health condition. The child presented a chronic non-progressive encephalopathy of pre-birth or perinatal origin, with severe motor, cognitive, communicative and sensory compromise, and epilepsy. During the legal action, there was an order to transfer the patient from Piñero Hospital to Gutiérrez Hospital to have a tracheotomy, as indicated by the doctors. Afterward, the court ordered a number of studies, added the results to the file, considered the officers and other person-nel related to the transport service, and asked for reports by doctors from different public and private institutions. Finally, according to the patient’s evolution and the different medical re-ports, the court considered the alternatives pro-vided by the local government and determined the best option for the patient’s health condi-tion, even if it was against the mother’s will to have her child with home hospitalization care.

To make this decision, the Court empha-sized the fact that the person’s life and protec-tion, especially the right to health, constitute a fundamental right which, in turn, is essential for the personal autonomy. (CN, section 19). From this perspective, the Court examined the scope of this right and the correlative obligation of the State.

Guaranteed Housing to Guarantee Health

Following the same criterion, it is important to point out that the Defender General had also presented before the City Courts many cases in which the patient’s severe health condition re-

(appeal for protection of human rights) (Section. 14, CCABA)” (File 586/0).

quired the access to appropriate housing con-sidering the special health needs (i.e., certain habitat, infrastructure and hygiene conditions). With these legal procedures, the issues reported were duly solved applying different methods, such as agreements for free temporary use, pos-session or commodatum for properties owned by the GCBA122, as well as mortgage loans un-der Law 341 for the purchase of real property123 or the allowance of the money needed to rent a place to live for two years.124

Health care for elderly people, seniors, and handicapped persons

On the other hand, it should be pointed out that the MPD performs a strong activity related to the situation of handicapped persons and elderly people, many of them derived from the breach of basic obligations of the local government in health and integral attention to these vulnerable groups, who, according to the Supreme regula-tions, are the beneficiaries of special care.

As an example, we can mention an incident promoted by the MPD125 for the execution of a decision after an action started by the Public

122- “Rodas Patricia Carolina contra GCBA y otros sobre Amparo (appeal for protection of human rights) (Section 14 CCABA)” (File 43079/0).

123- “Ayala Corina Esther contra GCBA y otros sobre Amparo” (appeal for protection of human rights) (File A71101-2013/0).

124-“Bartra Diaz Eva Esther y otros contra GCBA y otros sobre Amparo (appeal for protection of human rights) (section 14 CCABA)”, (file 22973/0) and “Acosta Carla Rocío versus GCBA and others on Amparo (appeal for protection of human rights) (File 42469/0), among many others.

125- “Defensoría del Pueblo de la Ciudad contra GCBA sobre Acción Meramente Declarativa (Section 277 CAyT)” File 5348/23).

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RIGHT TO HEALTH

Defender of the City. The decision determined the declaration of “the right of all affiliates to ObSBA126 (Social Security of the City of Buenos Aires) who have a handicap condition certified by a valid document, to a complete coverage of their needs, so that both ObsSBA and the GCBA should subsidiary cover all services to their handicapped affiliates according to the terms and conditions equivalent to those stated by Law 24901, i.e. regarding basic services, specific services, alternative family group systems and supplementary services”. As a result of the government’s failure to fulfill the legal order, the first instance Defender No 1 filed a lawsuit requesting the ObSBA’s coverage of the whole cost of the institution where Mrs. A.T. was hospitalized since the social care was acknowledging only up to the 30% of the coverage. It should be noticed that the patient, as a consequence of poliomyelitis suffered in her childhood, showed “maturity delay, dorsal lumbar scoliosis, walking difficulties, muscles atrophy, alteration in the control of both sphincters”, and therefore needed special attention for ambulation, hygiene, bathroom, dressing, nutrition, etc.

The Court of Appeals (Court II) dismissed the first instance sentence that had rejected the request based on the protection of handicapped persons under National Law 24901 as well as the regulations for Residential Institutions and other services for the assistance of elderly peo-ple that perform in the City of Buenos Aires (Local Law 661), as was the case of the institu-

126- It should be observed that ObSBA is the social security plan of the City of Buenos Aires and gives health insurance to their affiliates, who are mainly the employees of the GCBA. Even if it is a public institution (not governmental), their authorities are stated by the local Executive Power, according to the law by which it was created (Law 472) and should be adjusted not only to that law but also to Law 153 of Public Health, as well as to the network of national laws regulating social security plans and determining the minimum compulsory services.

tion where the patient was hospitalized, consid-ering that the services rendered in the last years in this institution should be continued, since it is the patient’s right to “keep the loving, family and social relations” and that the whole cover-age corresponded to the social plan. Further-more, it pointed out that the integral attention and assistance of the handicap is a public pol-icy of our country and that “children and the handicapped patients, on top of special atten-tion they deserve from those who are directly obliged to take care of them, also require the attention of judges and the whole society”.

In similar terms, the MPD promoted an ap-peal for protection of human rights to protect a senior127 who was hospitalized at the Fernán-dez Hospital, in order to request the GCBA to take him out of the mentioned hospital and to transfer him, due to the risk of intrahospital infections, to an institution where his medi-cal and nursery needs could be met. The local government’s arbitrary denial was based on the “absolute dependence” of the patient, who, ac-cording to their interpretation, did not present the conditions to be admitted according to the Rules of Admission, Permanence, Exit, Rights and Obligations of Residential Centers for Se-niors under the control of the GCBA.

The court admitted the action presented and ordered the government to take the patient out of the hospital and to be hospitalized in a Residential Center for Seniors where his medi-cal and nursery needs could be met. To come to this conclusion, the court first considered the constitutional framework of the case, accord-ing to which the City government is obliged to protect elderly people and care for them when they are in an unprotected condition (Section 41 CCABA). Considering this framework, it in-

127- “Batista Jose contra GCBA sobre amparo (appeal for protection of human rights) (art. 14 CCABA)” (Section 14 CCABA)” (File 43385/0), filed by the Defender CAyT No 1.

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terpreted that if the administrative regulation did not expressly indicate the impossibility or prohibition to admit patients with total depen-dence in centers for seniors under the control of the GCBA, their exclusion, for this reason, should be considered arbitrary.

The Right to Healthcare in Hospital Institutions

Another innovative case in this matter was a collective case started by the MPD to improve the life conditions and attention of the patients hospitalized at Hogar María Ferrer — controlled by the María Ferrer Hospital of the local Government- affected by severe respiratory pathologies and who require respiratory assistance to survive.128 At the start, the object of the lawsuit was to get the defendant to cover all the nursery and nursery auxiliary personnel that were vacant in the institution since this circumstance illegally affected the sanitary attention due to the hospitalized persons. It is important to point out that most of the hospitalized patients suffered from the consequences of poliomyelitis and a quadriplegic condition, which implied they needed permanent assisted respiration since their lives exclusively depended on the attention they should receive from specialized personnel who was overcharged with work. Due to the certain and imminent risk of the above situation, the judge allowed a protective measure to guarantee the due medical attention for the hospitalized patients, stating that “health protection is one of the basic principles of any modern State, the principle being nowadays

128- “Torres María Josefina contra GCBA sobre Amparo (appeal for protection of human rights) (Section 14 CCABA)” (File 38111/0), filed by the Defender Office CAyT N°2.

the right of a person to demand a minimum of sanitary assistance according to human dignity at the social and economic level of each State”, this being an issue of the utmost importance considering the monetary resources the City has to guarantee progress in DESC and the high level of underperformance in this matter.

After the intensive action of the MPD in-side and outside the file and with the court, the defendant fulfilled all the requirements and guaranteed the appropriate patients’ attention. Therefore, the action was dismissed.

Appropriate Nutrition

Finally, and due to its relation to the right to health care, we have to mention in this sec-tion the important role of the MPD in a huge amount of cases promoted by the different De-fender Offices in the first instance, in order to guarantee the access to an adequate nutrition for the City inhabitants.

It is important to consider that the right to healthcare is not restricted to health attention, since “the right to healthcare is a comprehen-sive right”,129 including a range of socioeconom-ic factors that promote the conditions for a per-son to have a healthy life. Nutrition has a very important status since “… it is closely linked to the personal human dignity, and it is indispens-able to enjoy other human rights…”.130

In the local Constitution, it is stated that the right to healthcare specifically includes appropriate nutrition.131 The City Legislature has passed Law 1878, by which the program

129- Economic, Social and Cultural Committee. General Rule No 14, paragraph 4.

130- Economic, Social and Cultural Committee. General Rule No 12, paragraph 4.

131- Section 20 - CCABA.

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RIGHT TO HEALTH

“Ciudadanía Porteña. Con todo derecho” (“Buenos Aires Citizenship. With all rights”) was created. The purpose of this program is to make income transference to the members of the beneficiary households. The monetary support132 granted is aimed at supporting the access to the beneficiary’s nutrition as well as promoting family children and teenagers’ access to education and health protection, and the adults’ job opportunities to re-enter the working system.133

According to Section 4, in order to become a beneficiary, certain requirements must be ful-filled, and an order of prevalence is stated ac-cording to the application of a vulnerability in-dex. At the same time, based on the established order of prevalence, the responsible authority shall decide the amount of money granted to each beneficiary, according to the circumstanc-es, never exceeding 75 % of the Basic Nutrition Needs established by the INDEC. The transfer is made by crediting the amount in a bank account opened for this purpose. The amounts granted follow the following rules. In those cases stated in Section 4, subsection a): the amount is equiva-lent to the 75% of the Basic Food Needs (Canasta Básica Alimentaria) established by INDEC. For beneficiaries with children up to two (2) years of age, the amount considered will be equivalent as an adult for each child in this scope of age. Such amount will not be less than as established in Sec-tion 18, subsection a) Law 24714 and Law 1669.

In the cases stated in Section 4, subsections b) and c), the benefit will be fifty percent (50%) of the Basic Food Needs (Canasta Básica Alimen-taria), considering the adult as the parameter for the benefit calculation, according to the IN-DEC parameters.

132- Monetary allowances of this program are effective through Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Bank of the City of Buenos Aires).

133- According to Section 2 of Law No 1.878.

In the case of beneficiary households with children of up to two (2) years of age, the amount considered will be equivalent to an adult for each child in this age range. Such amount will not be less than as established in Section 18, subsection a) Law 24.714 and Law 1.669. The grant will be updated every six months accord-ing to the variation of the Basic Food Needs is-sued by the INDEC. If the beneficiary is also the beneficiary of Plan Jefes y Jefas de hogar (Household Chief Plan) or other grants stated by the regulations, the amount granted will be adjusted accordingly (Section 8).

It is important to point out that the law men-tioned above established certain conditions the beneficiaries must fulfill in order to remain bene-ficiaries. If they fail to fulfill those requirements; this will imply their exclusion from the program.

According to this program, daily the Public Defender Office file lawsuits based on claims reported by the citizens asking to be included in the above-mentioned government programs, or, in case they are already beneficiaries, they present their claims to ask for a grant according to their family nutrition needs. In some cases, the claim is related to the arbitrary exclusion of the program, since they are considered not to fulfill all the requirements to apply for the grant. The most frequent cases are related to the requirement of effective residence in the City established in two years134 or to the poverty threshold requirement since the authority may consider that the household income is above the poverty threshold.

At the same time, a lot of cases are related to the lack of sufficient and adequate nutrition clearly affecting the health condition of the ben-eficiary, in case of suffering any health problem that may require a specific diet to prevent the condition from becoming worse.

134- Resolution 249/2014 applied to Law No 1878, section 7, subsection a) paragraph 4º.

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Such was the case with Mrs. Doval, who suf-fered blood hypertension, hypertriglyceride-mia, chronic gastritis, dysmotility-type dyspep-sia, denutrition, anemia and cervical lumbar arthrosis, which implied the MPD’s participa-tion through the promotion of an amparo (ap-peal for protection of human rights) to claim the increase in the monetary grant she re-ceived from the government program “Ticket Social”135 (another GCBA nutrition program) up to an amount that could cover the nutri-tion diet prescribed by specialized doctors con-trolled by the GCBA itself, which was accepted by the intervening court.136

In all those cases, lawsuits are promoted in order to encourage the judicial control of the administrative activity performed by the au-thorities responsible for these programs, which may affect the right to the nutrition of the most vulnerable groups of the City population.

Right to Health for the Dwellers of the Elefante Blanco Building.

Elefante Blanco (White Elephant) is a huge 16-floor building, located in a villa of the CABA, called Ciudad Oculta (Hidden City). It was meant to be the biggest hospital in Latin America, but one of the civil-military dictatorships damaging the democratic structure of the country left it in

135- The program intends to guarantee access to basic products to resident families under poverty conditions and/or nutrition insecurity. Its purpose is to guarantee their access to basic products (food, personal care products, cleaning and fuel for cooking).

136- “Doval Amalia Monica contra GCBA sobre Amparo (appeal for protection of human rights) (Section 14 CCABA)” (File 33293/0). In similar terms, the case “Ruiz Rodolfo Agustin contra GCBA sobre Amparo” (appeal for protection of human rights)” can be mentioned (file A11831-20150), among many others.

a situation of abandonment that continues up to the present. Children and seniors suffer from respiratory diseases, gastric problems and der-matology alterations due to the contamination resulting from garbage and water gathered in the two building basements.

As the local Government failed to provide dwelling solutions, many families occupying the abandoned structure decided to claim for the building structure and sanitary conditions se-verely affecting their life and health.

In this critical situation and after claiming to the administrative authorities and getting no results, the building dwellers asked for the help of the Public Defender, who from that moment on has been presenting an Amparo (appeal for protection of human rights) demanding that the building be cleaned and that the right to health of its dwellers be protected.

Specifically, the MPD together with the dwellers, demanded that the Government of the CABA cease the omission to guarantee the right to integral health of the persons living in the complex called ex-Health Center Mataderos, which includes the so-called Elefante Blanco building and that an integral sanitary plan be implemented to include at least: hygiene and cleaning of the whole garbage in the basements; maintenance of basements hygiene; periodic hygiene and cleaning of the building water tanks; periodic hygiene and cleaning of the containers located in the interior of the building; adaptation of the waste network of the building and further connection to the trunk water network; fumigation and rat fumigation on a periodical basis, and drinkable water for all the people living in the building.

The Justice issued a protection measure by which the demands were considered, and two inspections were affected by the presence of many representatives of the local Executive Power, judges and the media. The judge in

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RIGHT TO HEALTH

charge also called for an audience with the par-ticipation of two of the building dwellers.

These actions promoted by the MPD are im-portant since they have allowed the dwellers of the “Elefante Blanco” building to explain their problems for the first time, in a direct way, with no go-betweens, to the responsible authorities and give visibility to their problems.

At present, the protection measure has been partially completed. One of the three base-ments, where the garbage is gathered, has been cleaned. Nevertheless, no drinkable water is supplied, and the waste system has not been adapted. Fumigation and rat fumigation are not carried out regularly. The MPD demands the failure to follow the judge’s instructions and has asked the Judge to have the defendant to fulfill the pending issues and get a decision.

This action presented by the dwellers of the building Elefante Blanco with the Support of the MPD is very important, not only for the reclaim of the rights of the affected people but also as a strategy of popular empowerment and claim of the dwelling families, so that the voices so often ignored will finally be listened to.

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There is no scientific or moral justification to have persons with mental illnesses excluded from our community. Nevertheless, many peo-ple, even health professionals, and law officers, feel fearful of these persons or behave as if they did not exist, they are not ready to understand and assist them.

Even though the Argentine Republic has subscribed international commitments based on human rights treaties, many of them holding constitutional hierarchy after the National Con-stitution reform of 1994, in practice, such obli-gations are disregarded as far as handicapped people are concerned, especially persons suffer-ing from mental disorders.

Following major scientific progress as to the understanding and treatment of mental disorders and a higher level of consciousness and social aging, a slow but constant process of legal and social change has started, and its purpose is to destroy any real or apparent barriers in the way of the assistance of people with mental disorders. This is due to new findings of how genetic and biological factors together with historical, socioeconomic, cultural and psychological elements cause mental disorders and it has been demonstrated that the improvement of such factors implies a social construction movement related to every person’s human and social rights.

Mental health is essential for the general well-being of persons, societies, and countries, and it is necessary to approach it from a new perspective. It has become imperative to

RIGHT TO MENTAl HEAlTH

It is imperative to eliminate every form of dis-

crimination because of mental illness, and to

allow every person with a mental disorder to

have the right to live and work, as far as pos-

sible, within the community, with the proper

adaptation and the special care required by

their mental problem.

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eliminate every form of discrimination because of mental illness, and to allow every person suffering from mental disorder to have the right to live and work, as far as possible, within the community, with the proper adaptations and the special care required by their mental problem. Every patient has the right to be treated in a non-restrictive environment and to receive a non-restrictive or disturbing treatment, as far as possible.

Many of these individuals suffer in silence. Many of them are lonely. Apart from the suf-fering and lack of attention, there are limits imposed by stigmatization, shame, exclusion and —more frequently than the governments are ready to accept— death. Nowadays, severe depression is the main cause of disability world-wide, and the fourth among the ten main causes of illness around the world. If projections are correct, in 10 years, depression will be the sec-ond among these causes.

In the world, there are 24 million people suffering from schizophrenia. Ever year, a mil-lion people commit suicide and between 10 and 20 million have an attempt to do so. There are very few families with no experience in men-tal disorders. One out of four persons suffers a mental disorder sometimes. Conclusions are evident if we think about the aging of the world population. Mental disorders represent a huge social and economic burden.

Therefore, governments should apply spe-cial policies to put an end to stigmatization and discrimination and make sure efficient mea-sures are adopted and financed for the preven-tion and treatment of mental illness.

Governments and the public health commu-nity have been negligent. But if this is a deliber-ate or unwilling result, we are all responsible for this situation. As a body responsible for the de-fense of the persons and their rights, the Office of the General Defender has defined as a goal

to have science and reason prevail over shame and stigmatization.

Introductory Thoughts about The Right to Mental Health

In the 19th century, despite the important progress in science about the knowledge and treatment of mental disorders, people with mental illnesses, just as other patients and per-sons with an unacceptable social behavior, were isolated from the society in hospitalization insti-tutions, state mental hospitals, afterward called psychiatric hospitals.

During the second half of the 20th century, there was a change in the attention of mental health, especially due to three independent factors. First of all, pharmacology made great progress, with the finding of new pharmaco-logical products and the development of new forms of psychosocial involvement. Second, the human rights movement became a worldwide phenomenon under the umbrella of the United Nations, just established, and democracy pro-gressed worldwide. In the third place, the new-ly-created World Health Organization (WHO), United Nations Health Office, undoubtedly in-troduced a mental component to the definition of the concept of health. The combination of these factors has encouraged the idea of leaving behind the attention in big care institutions, al-lowing for a more flexible and open community attention.

It is important to point out that the reason why these big institutions have been disappearing is not only based on the severe problems they usually present, such as patient’s mistreatment, geographic and professional isolation of the institution and the personnel, bad and inefficient administration, lack of

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personnel training and deficient inspection and quality control procedures. Even if all these mistakes were solved, the custody institution model is contrary to the modern scientific knowledge and to the most fundamental respect of the human rights.

On the contrary, community assistance pro-motes good quality service and the empowering of people with mental and behavioral disorders. In practice, the community attention involves the development of a broad range of services at local level. This process, which has not been started yet by the health authorities of the City of Buenos Aires, despite the clear indication of the federal law, is meant to ensure some of the protective functions of the hospitalization insti-tutions, without keeping their negative aspects.

The main features of the community atten-tion model are the following:

• Availability of assistance services close to the domicile, including attention at the general hospital for severe cases and closer residences for long-term stays in the community.

• Implementation of intervention related to disabilities, apart from the symptoms.

• Implementation of specific treatment and attention for every person’s diagno-ses and needs.

• The practice of a broad range of services fulfilling the needs of people suffering from mental and behavioral disorders (such as addictions).

• Coordination of services between the mental health professionals and com-munity bodies.

• Availability of ambulatory services pre-vious to residential services, including those allowing treatment at home.

• Cooperative attitude between the sys-

tem and the persons taking care of the patients (family, etc.), giving answers to their needs.

• Implementation of a legal framework to support the aspects mentioned above.

Nevertheless, it is important to consider that the closing of long-term care psychiatric hospi-tals is not enough if the government does not guarantee the simultaneous creation of commu-nity alternatives. Both actions must gradually be taken at the same time, subject to effective coordination. The implementation challenge is huge. It is not just another neoliberal reform like the ones that have dismantled public insti-tutions and have caused exclusion and a perma-nent lack of equality, which would mean leav-ing people with mental disorders unprotected. In the City of Buenos Aires, we already have homeless people, to whom the right to a decent housing is not acknowledged and who suffer from unattended mental disorders.

It is not about turning the asylum exclusion into the homeless exclusion. A deep cultural and institutional change is necessary, giving priority to the patient’s suffering and respect-ing his autonomy and his rights.

First of all, adequate planning and resource allocation are required to generate the insti-tutional means to make community assistance real: supervised home care, day hospital, coop-erative work, ambulatory consultation, social and labor inclusion services. It is the duty of the Government of the City of Buenos Aires to generate these units, even modifying their own general hospital institutions for the purpose of assisting mental patients in an appropriate way.

This task involves the cooperation of different professional operators, many public institutions and also a change in the community consciousness. We all must change our point of view and our attitude towards people with

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mental disorders. This is a complex challenge —to have a cultural change in the whole community.

For the WHO, a correct process to change the institutionalization of the system includes three main elements:

• Prevention of an unjustified hospitaliza-tion by providing community solutions.

• Return of long-term institutionalized patients to community life once they have been duly prepared.

• Set up and maintain community sup-port systems for non-institutionalized patients.

Unfortunately, as we will show below, men-tal health programs are rarely a priority for the Government of the City. The assistance is lim-ited to a small number of inefficient overcrowd-ed institutions, without enough personnel. The services show little knowledge about the patient’s needs or the range of methods avail-able for treatment and assistance. There is no adequate attention for most of the population. The only available services are held in big psy-chiatric hospitals, which often work more like prisons than like therapy centers. The access to these hospitals is very difficult, and they end up like closed communities, isolated from the rest of the society.

The Government of the City of Buenos Aires has the role of ultimate guarantee for the men-tal health in its territory; therefore, it must be responsible for making sure that all these com-plex activities are carried out. The creation and application of policies are critical for that role. This implies the definition of the issues and main objectives, the specification of the role of the public and private sectors in the financial support and the service performance, and the determination of the political instruments and

organizational changes needed in the public area, and maybe in the private area, to achieve the mental health objectives. It also involves the application of measures to encourage the organizational capacity and development and the definition of priority expenses, thus linking problem analysis to resource allocation.

Mental Health Policies of The Federal Government

The evolution from the asylum model to the community model is part of the interna-tional legislation on Human Rights, included in agreements signed by the Nation and already contained in the national legislation, such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), further in-cluded in the National Law for Mental Health 26.657 and its regulating decree in 2012, and afterwards integrated in the new National Civil and Commercial Code, enforced as of August 1st, 2015.

The National Civil and Commercial Code and the National Law for Mental Health (spe-cific complementary law) state basic rights and guarantees regarding mental health. This leg-islation is to be directly applied to the City of Buenos Aires, regardless of the local right and duty to ensure more guarantees and rights. The application has not yet started, basically creating the mentioned institutional commu-nity mechanisms to leave the asylum system in order to eventually apply a new method of hos-pitalization following a paradigm shift.

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Mental Health Policies of The Govern-ment of The City of Buenos Aires

The implementation of the National Mental Health Law in the City of Buenos Aires means a clear recognition of the local authority’s duties. The public policies of the Government of the City of Buenos Aires represent a paradigmatic case of the resistance to applying the new model of mental health assistance and human rights guardianship of mental patients. Not only has the Executive Power systematically failed to at-tend the coordination meetings between the Federal Government and the Provinces, not only has it politically and institutionally compli-cated the application of the new legislation and the paradigm it represents, but it has also given instruction to the Attorney General to start an action to declare the unconstitutionality of the National Law.

The City does not have an updated mental health plan in accordance with the basic re-quirements of the national law.

The paradigm set by the national law states that the asylum institutions should be replaced by ambulatory assistance services with integra-tion in the community. Nevertheless, the Gov-ernment of the City maintains one-purpose (monomodal) psychiatric institutions as the “main units” to provide for assistance for men-tal disorders. Furthermore, the economic re-sources are not enough for health units in gen-eral and especially for mental health care.

Socioeconomic Data of Mental Health in The City

According to the information from the Cen-ter for Legal and Social Studies (CELS, from now on, for its acronym in Spanish), the public

mental health services are performed at different levels of attention and by different institutions:

a. Psychiatric Hospitals: There are four psychiatric one-purpose (monomodal) asylum-type hospitals: a psychiatric hospital for infants and teenagers Dra. Carolina Tobar García, and hospitals for psychiatric emergencies Torcuato de Alvear, Dr. José T. Borda and Dr. Braulio Moyano.

b. Mental Health Centers (CSM, from now on, for its initials in Spanish). There are two for the whole metropolitan area (No 1 Dr. Hugo Rosarios and No 3 Arturo Ameghino).

c. Community Health and Care Centers (CESAC, from now on, for its initials in Spanish). There are 45 with a random distribution, not considering the prior-ity of the first level of health care for all inhabitants. Whereas there are 8 in Villa Lugano, there are none in Boedo or Constitución communes.

d. Comunal Medical Centers (CMB, from now on, for its initials in Spanish). There are 35 CMB integrated into different General Hospital programs.

e. Programs and networks. There are sev-eral Programs and Networks out of the general hospital organization or the sanitary regions with a specific budget, namely, the Epidemiological Research and Surveillance in Mental Health (PIV-ESAM, from now on, for its initials in Spanish), Violence, Mental Health and Tragedies, Mental Health and AIDS, Domicile Psychiatric-Psychological-So-cial Attention in Crisis Situations and Infant Domicile Psychiatric-Psycholog-ical-Social Attention in Crisis Situations (AdoP and AdoPi, respectively, from

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now on, for their initials in Spanish), Senior’s Mental Health, Community Attention for Children and Teenagers with Severe Mental Disorders, Preven-tion, Assistance and Social Integration in Drug Disorders, for Psycho-educa-tion and research with animal assistance techniques, of Assistance and Rehabili-tation with Social Integration. Further-more, there are emergency networks for Mental Health, Infant-Teenager Men-tal Health, Nutrition Disorders, Music-therapy, Social Entrepreneur Programs, and Protected Workshops for Psychiat-ric Rehabilitation.

The CELS points out that the discretional distribution of the services among the different comunas and the functional and budget relation-ship with the National Office for Mental Health, determine the way in which the public policy is applied, thus making it difficult to fully under-stand the health-illness process. To begin with, no equal opportunities are guaranteed for all the citizens as regards their access to health. At the same time, the partial and one-purpose (mono-modal) approach does not allow for the treat-ment of other clinical pathologies —whether re-lated or not— to the mental problems, separates persons with a special vulnerability condition and does not encourage inclusive practices in general hospitals and in community units, thus openly contradicting the current regulations.

Between 2010 and 2014, in the City of Bue-nos Aires, the global health budget increased, except for the percentage allocated to mental health, which is about 7.7%. This decision con-tradicts the determination of the national law to have a gradual increase in the budget for mental health to reach 10% of the health global budget (section 32).

Most of the limited budget is allocated to the four big custody psychiatric hospitals: Borda, Moyano, Alverar and Tobar García. This distri-bution does not fulfill the obligation to support primary health attention due based on the con-solidation of decentralized services in the com-munity and in the general hospital area. The national law determines the gradual migration of resources in order to support new practices.

In fact, more than 80% of the budget is al-located to these institutions, thus leaving only 20% for ambulatory units and programs for community integration. Every year the amount allocated to one-purpose (monomodal) hospi-tals has been increased.

When analyzing the sums of money allo-cated to Health Primary Attention Centers (CE-SAC, from now on, for its initials in Spanish), we can see that only 6 out of the 11 hospitals with CESAC-derived programs received an increase in the budget allocated in the previous year (Ramos Mejía, Álvarez, Tornú, Vélez Sársfield, Fernández, and Durand).

If we look at the relation between this in-crease and the total budget allocated to each of these hospitals, according to the information provided by CELS, it is clear that only four of them show a real increase in the budget allo-cated to the CESAC units under their control (Ramos Mejía, Álvarez, Vélez Sarsfield and Fernández).

In 2014, no amount was allocated for Arg-erich, Penna, Piñero and Santojanni Hospitals. This again clearly contradicts section 10 of Law 448, which tries to promote “the adaptation of existing resources at the moment this law is passed, in order to transform the hospital-centric model to develop a new mental health system”. Moreover, section 14 of the same law defines the CESACs units as one of the mental health network operators.

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Regarding the budget allocation for men-tal health assistance integrated in general hos-pitals, CELS reports that less tan 1% of 2014 budget was allocated to this activity at Elizalde, Álvarez, Piñero, Durand and Pirovano Hospi-tals. No information was found to understand the implications of such situation.

This situation shows a discretional and ran-dom order contrary to the 2014 Budget by Ter-ritory: “Mental health system shall follow Law 448 guidelines and the application of National Mental Health National Law to promote the non-institutionalization, rehabilitation and so-cial integration of patients”. This is especially se-rious if we consider that the Constitution of the City, section 21, subsection 12, expressly states that “Mental Health policies shall acknowledge the uniqueness of the mental patients as well as their rights, to guarantee their attention at government institutions. Their goal is not so-cial control. They eliminate punishment, and promote the gradual non-institutionalization, creating a network of services and social protec-tion”. The City Executive Power, through the General Office of Mental Health, has systemati-cally ignored the constitutional principles of the City and the citizens’ rights.

Considering all of the above information, it is clear that the government of the City of Buenos Aires has kept to the historical model of asylum segregation centered in a big custody psychiat-ric hospital and has rejected the implementa-tion of a community network to give primary attention, leaving patients subject to the logic of a totalitarian institution that maintains abusive practices. This approach limits the persons with mental disorder to access to their rights.

The Role of The Office of the General De-fender in the Protection of Mental Health

Among the main aspects of the National Law on Mental Health, it is important to refer to the right of every person unwillingly hospitalized to appoint a lawyer, and it is the State’s obligation to assign one from the moment of hospitalization. Thus the law assigns a central role to the Office of the General Defender since mental patients in the City of Buenos Aires have the right to a Public De-fender in their own City. He will be entitled to re-late to the local City institutions and will be heard by the City judges, according to the jurisdictional autonomy acknowledged by the Constitution, un-der the same conditions as the other provinces.

By National Law 26.657 regarding the Right to Protection of Mental Health and its regulatory Decree 603/2013, apart from stating the National Health Office as the applicable authority, the cre-ation of a Reviewing Body was promoted as a new independent, interdisciplinary organism under the umbrella of the Office of the General Defend-er. The function of the body is to promote and help in the protection of Human Rights of the users of the mental health services (according to Section 38 of the above mentioned Law), in order to guarantee the effective respect of dignity and legal capacity of mental health patients.

The functions included in the regulation can be classified into three big conceptual categories:

a. Operative functions, such as the evalu-ation of non-voluntary hospitalizations, of long-term voluntary hospitalizations and derived hospitalization.

b. Supervision and monitoring of hospital-ization conditions.

c. Political-institutional functions like mak-ing recommendations, proposals and re-ports, if necessary.

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Therefore, this is a technical legal body, in-volved in the protection of Human Rights, as well as a political and sanitary body. In fact, the exercise of health profession involves a range of actions, including prevention, diagnoses, thera-py prescription or indication, treatment, reha-bilitation and social integration, if applicable. The reviewing body is not a mental health exec-utor and does not provide attention or care for people with mental disorders, which implies the action of health professionals, and states recom-mendations and protocols about therapy strat-egies, which involve the formulation of health policies and public health actions.

This is consistent with the approach adopted by National Law 26.657 regarding the community concern for mental health. This approach is based on the idea that the segregation of a mental patient in a “total institution” (according to Goffmann’s terminology) produces a worse health condition and adds the inability to the clinical condition that caused the hospitalization. Therefore, a new model is conceived on the basis of non-institutionalization, prevention, primary attention, the assistance un-der the coordination of the health system, access to services, attention by interdisciplinary teams and the community participation.

Again, the immediate creation of the review-ing body is demanded.

Mental Health Law states that each jurisdic-tion should have its own reviewing body, as the main actor of the new institutional approach. The City, claiming deeper autonomy is, in this case, failing to fulfill this requirement, as the federal law expressly authorizes the creation of the reviewing body. In this sense, the Office of the General Defender prepared and submitted to the Legislature a project for the creation of this body. The City is in charge of making the necessary changes in the institutions. In this process of autonomy, the creation of the local reviewing body is a key issue, with the partici-

pation of the local administrative authorities, organizations of local health workers and pro-fessionals, and also the local civil organizations.

Another important improvement by the Of-fice of the General Defender has been the cre-ation of a Specialized Professional Attention Program in order to advise and assist public defender’s members in the attention of persons with mental disorders. In fact, the paradigm shift and the Civil Code amendments also de-termine the exclusion of the guardianship para-digm in law matters. Under this paradigm, the voice of the “mental patient” was denied and subrogated to a guardian, who represented him “as a father would do,” when dealing with legal authorities and in any civil life situations.

The new Civil Code and the Mental Health Law definitely eliminate this model of mental capacity restriction and substitution of will and promote direct contact with the person suffer-ing mental disorders with the legal officers who are obliged to listen and relate to them on a per-sonal basis. The guardianship is substituted by a system to encourage decision making, the exer-cise of personal rights, administration of prop-erties and the exercise of legal acts in general.

The goal of these supporting measures is to promote the person’s autonomy and the under-standing, communication and expression of his will for the exercise of his rights. Therefore, the Office of the General Defender must be the first one to adopt specific and operative policies and measures in order to ensure the direct access, with no mediation, of people with mental dis-orders and their Official Defender, who must himself respect the obligation to listen to and integrate the person, to further promote his in-tegration in the other social institutions.

The person suffering from a mental disor-der has a voice and has the right to be heard. The Public Defender’s commitment is about “Less hospitalization, more community”.

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As a conclusion, we can state that, according to the cases men-tioned above, there is a clear deficit in the health service provided by the CABA. Some aspects are related to the services that the government it-self is supposed to deliver from the public Subsector, and others derive from the failure of the private Sub-sector —subject to government con-trol— regarding the health regula-tions. In any case, there is no doubt that the mentioned failures of the system come, in most cases, from the insufficient budget to cover all the needs of the sector, which finally drives in a huge number of admin-istrative and legal claims, many of which are received by the MPD and filed with the local courts.

In this sense, we have to point out the budget decrease and sys-tematically lower investment in in-frastructure and equipment. This explains the worsening of health-care buildings and equipment and the difficult conditions for profes-sionals, who were sued in the re-cent years. In fact, scientific, social and union organizations, as well as the City Auditor General and the General Advisor on Guardianship, among others, have warned about the insufficient human resources (especially in nursery hours, some specialties and the bad working conditions of many professionals), the building poor conditions, the insufficient or non-existing health equipment maintenance and the deficient situation of the first level

of attention (CESACs). All of these have resulted in the difficult access, bad quality and bad timing for treat-ments, insufficient prevention strat-egies for health protection, especial-ly affecting the poorest population, who mainly depend on the public health system.

In this context, there is a high de-gree of permeability in the health re-quirements by local courts at differ-ent instances, which, through their decision in the proposed cases, adopt a progressive approach regarding the compliance of the obligations re-lated to the right to health care.

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Socioeconomic data about education in the city

According to 2014 official information, in the City, there are 2.720 educational units of all levels (initial, primary, secondary, and high non-university) and educational modalities (or-dinary, special, and for adults), 44,1% of which are under government administration.

Table Nº 19: Education units by school type, education modality an education level. The year 2014.

Estate Private Total

Total 1200 1520 2720

Common 918 1425 2343

Initial 234 472 706

Primary 458 422 880

Secondary 156 335 491

Non University 70 196 266

Especial 58 49 107

Initial 20 15 35

Primary 38 32 70

Secondary 2 2

Adults 224 46 270

Primary 83 7 90

Secondary 141 39 180

Artistic /// /// 0

Secondary /// /// 0

Non University /// /// 0

Source: Department of Education (GCBA). Bureau of Education Quality Assessment. Statistics and Research Operation Office based on 2014 Annual Survey, provisional data.

RIGHT TO EDUCATION

The regulation of the right to education guar-

antees the non-restrictive access to different

levels of the education system (initial, pri-

mary and secondary, as far as we are con-

cerned). Nevertheless, the institutional offer

(in fact, the available vacancies in certain

schools) is affected by the limitations derived

from the administration of resources by the

authority in charge.

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Table Nº 20: Educational units by administrative section and educational level by comuna. The City of Buenos Aires. The year 2014.

Initial Primary Secondary

Commune Total Management Sector Total Management Sector Total Management Sector

Estate Private Estate Private Estate Private

Total 120.784 52.354 68.430 280.893 146.142 134.751 186.818 95.772 91.046

1 8.118 3.842 4.276 16.823 9.023 7.800 17.294 10.707 6.587

2 4.488 1.029 3.459 10.198 4.018 6.180 8.652 4.932 3.720

3 6.641 2.582 4.059 17.791 9.151 8.640 14.110 8.463 5.647

4 10.409 7.195 3.214 26.383 18.531 7.852 14.783 10.177 4.606

5 6.267 2.912 3.355 13.542 6.197 7.345 13.052 5.436 7.616

6 7.120 2.939 4.181 15.940 6.954 8.986 13.244 7.172 6.072

7 8.290 3.680 4.610 20.100 10.993 9.107 10.881 6.233 4.648

8 11.583 7.807 3.776 26.725 18.652 8.073 12.067 7.235 4.832

9 7.440 2.818 4.622 22.150 12.160 9.990 14.399 7.048 7.351

10 7.066 3.494 3.572 18.349 10.749 7.600 11.626 6.170 5.456

11 7.479 2.711 4.768 20.018 10.247 9.771 10.113 3.922 6.191

12 9.108 3.587 5.521 18.981 9.237 9.744 10.834 4.135 6.699

13 11.237 2.385 8.852 22.636 6.085 16.551 17.599 5.532 12.067

14 9.797 3.161 6.636 18.019 6.934 11.085 11.118 4.668 6.450

15 5.741 2.212 3.529 13.238 7.211 6.027 7.046 3.942 3.104


It is important to point out that in the City almost 50% of the in-school population over 3 years attends public educational institutions. This rate reaches 70% in Comunas 4 and 8.137

We have to understand that in the commune with higher levels of population with UBN, the problems arising from lack of investment in ed-ucation have always been the following: lack of vacancies —which means that a lot of children have to be derived to schools far from their

137- General Office for Statistics and Censuses (Ministry of Treasury of the GCBA, Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, Síntesis de resultados. 2014.

homes— high number of students by teacher, and lack full-time schools.

According to the same source, the average years of education of the population over 25 years of age or more is 13 years. There are dif-ferent cases according to the City comunas. In comunas 4, 8, and 9, the average of education years varies between 10 and 11, whereas in Co-munas 2, 5, 13 and 14, the average is 14 or more years of education.

More than 70% of the population of 25 years or older completed at least the secondary level. Whereas 34.3% finished a third level or

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RIGHT TO EDUCATION

university level, in Comunas 2, 13 and 14 this rate reaches 50%.

On the other hand, the highest percentage of students older than the average or recurrent

students at the primary level are located in Co-munas 1, 4, 7 and 8, the former two being the co-munas showing the highest percentages in both parameters.

Table Nº 21: Ordinary modality. Primary level. Percentage of students older than the average and recurrent students by administration and comuna. The City of Buenos Aires. The year 2014.

Comuna Primary Secondary

Total Management Sector Total Management Sector

Estate Private Estate Private

Total 9,3 14,6 3,5 30,1 45,4 14,1

1 13,2 19,6 5,8 35,3 42,8 23,2

2 6,6 10,6 4 30 40 16,6

3 9,7 15,7 3,2 31,8 44,1 13,2

4 14,1 18,2 4,5 39,6 49,5 17,5

5 8,1 15,6 1,7 25,5 51,9 6,7

6 5,4 9,4 2,2 33 47 16,4

7 10,1 15,8 3,2 35,8 49,8 17

8 14,6 18,6 5,5 42,6 56,8 21,3

9 9,1 14,6 2,4 27,4 43 12,4

10 7,8 11,9 2 27,9 37,4 17,1

11 7 9,6 4,3 23,8 47 9,1

12 6,7 11,3 2,4 27,5 46,7 15,6

13 5,4 10,8 3,4 19,7 41,1 10

14 7,4 12,5 4,2 23,1 38,5 12

15 8 11,6 3,6 27,3 40,1 11,1

Note: It includes information on a state educational unit dependent upon the National Government located in the City of Buenos Aires.


P. 140 / AUGUST 2016


Table Nº 22: Ordinary modality. Primary level. Percentage of recurrent students by administra-tion and comuna. The City of Buenos Aires. The year 2014.

Commune Primary Secondary

Total Management Sector Total Management Sector

Estate Private Estate Private

Total 1,3 2,2 0,4 8,6 13,5 3,4

1 2 3,3 0,5 11,6 14,1 7,5

2 1 1,1 1 10,7 16,3 3,3

3 1,1 2,1 0,1 8,2 11,3 3,5

4 2,2 2,8 0,8 12 15,7 3,8

5 0,8 1,4 0,2 8,2 17,8 1,4

6 1 1,8 0,3 8 12,3 3

7 1,4 2 0,7 7,4 9,1 5,2

8 2,3 2,8 1,2 11,8 16,2 5,1

9 1,5 2,5 0,2 8,2 13,2 3,4

10 1,1 1,7 0,2 7,6 11,2 3,5

11 0,6 1 0,3 7,1 14,9 2,2

12 0,9 1,7 0,3 9,4 17,8 4,2

13 0,6 2 0,1 5,4 13 1,8

14 0,7 1,7 0,1 4,1 6 2,7

15 1,1 2,3 0,1 8,1 12,5 2,7

Note: It includes information on a state educational unit dependent upon the National Government located in the City of Buenos Aires.


According to the 2010 Census, the City illit-eracy rate is 0.5%, equal for male and female, whereas in the Northern Comunas (2, 13, and 14) and in the City Center (Comuna 6), we find the lowest illiteracy rates (between 0.2% and 0.3%). On the other hand, Comuna 4, 7, and 8 show the highest illiteracy rates. In Comuna 8, it reaches 1.1%, which represents 1,732 illiterate persons.138

In this context, the Public Defender Office

138- General Office for Statistics and Censuses (Ministry of Economy GCBA) Buenos Aires Social Background No 2, August 2013.

systematically evaluates the budget regulations passed by the City Legislature since 2008, noticing a process of reduction of the education expense in the total budget for the CABA.139 Therefore, the budget allocation for school infrastructure was re-duced by 83% as compared to the total budget for education between 2008 and 2015.

If we compare the amount allocated for the repair and building of schools in 2014 and the allocation in 2008, the difference is 45% lower.

139- Office of the General Defender, General Secretariat of Planning. Report “Social Budget. Regression and under-execution.”CABA 2008/2014. 2014.

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RIGHT TO EDUCATION

Table Nº 23: Education infrastructure (Ex-ecuted). Constant Pesos (in millions) — Base year 2008**.

Year Current Pesos Constant Pesos

2008 145.11 145.11

2009 143.88 130.03

2010 211.97 164.01

2011 486.71 313.64

2012 230.47 118.36

2013 260.63 112.02

2014 276.9 90.26

**Source: "Social Areas Budget Regressivity and Under-execution CABA 2008/2014" Report issued by the Research Division of the DPD'S General Secretariat of Planning Division.

The following table shows that the distri-bution of infrastructure works in the different areas of the City has been discriminatory. The school comunas with a higher level of UBN have a lower budget allocation as compared to the comunas with less population with UBN. The difference is 39% higher.

Table Nº 24: School infrastructure investment by student, by poor and non-poor school comunas.

Budget Allocation

Students Investment per Student

School Districts with higher levels of UBN (*)

$71,783,454 88,871 $807.74

School Districts with lower levels of UBN (**)

$74,770,963 66,457 $1,125.10

(*) SD Nº 3,4,5,19 and 21

(**) SD Nº 10,15,16,17 and 18

Source: "Social Areas Budget Refressivity and Under-execution CABA 2008/2014" Report issued by the Research Division of the DPD's General Secretariat of Planning, based on data provided by the ACIJ (Civil Association for Equality and Justice).

Considering the City budget allocated to ed-ucation, minus the personnel expense —which in 2014 was 64% of the total—, we can see that the GCBA allocates 45.6 % for the private sec-tor whereas only 4.3 % for public schools infra-structure.

It is important to point out that the Executive Power discretionally allocates subsidies to private schools since, in the CABA, there is no regulation about the criteria to follow in this respect.

Table Nº 25: Ministry of Education. Execut-ed budget by Section (without personnel ex-pense), 2014 (in million $).

Budget %

Education Budget deducting Personnel Expenses

5.455,71 100

Transfers to Private Sector 2.485,81 45,6

School Infrastructure 236,42 4,3

Maintenance 255,15 4,7

Food Assistance 933,43 17,1

Scholarships 259,51 4,8

Non personal Services 985,54 18,1

Others 299,85 5,5

Source: "Social Areas Budget Refressivity and Under-execution CABA 2008/2014" Report issued by the Research Division of the DPD's General Secretariat of Planning, based on Buenos Aires City Gov. Budgetary Execution reports of 2014.

Introductory considerations on the right to education in the City

Education plays an essential role as a pillar of human development, allowing people to re-duce their situation of vulnerability and gener-ating better conditions for their social insertion.

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As a universal social service, its provision can re-duce structural vulnerability, becoming a pow-erful force, providing the possibility to achieve equal opportunities and results.140

On this understanding, the Office of the General Defender has been working intensely to narrow the gap in the inequality of the access to education, requiring the fulfillment of local and international standards in the educational service and striving for its universal provision and high quality, accessible to all the inhabitants of the City.

Education as a right is extensively acknowl-edged in local regulations that recognize and guarantee an educational system leading to the person’s integral development, ensuring equal opportunities and possibilities to have access to education, to stay, to reinsert and to graduate from the educational system. It is important to point out that, in this regard, the local Consti-tution guarantees that the local State has the obligation to guarantee and finance access to education —state managed, secular and free— to all the inhabitants of the city from 45 days of age until Higher education, in all the different levels and modes.

To do so, the state must promote the highest quality level in teaching and guarantee comple-mentary social policies that enable the actual exercise of those rights,141 understanding that

140- Office of the General Defender, General Secretariat of Planning. Report “Social Budget. Regression and under-execution.” CABA 2008/2014. 2014.

141- Section. 24 of the CCABA, provides that “The City assumes the non-delegable responsibility to guarantee and finance public education, state managed, secular and free, from 45 days of age until Higher education, being compulsory from pre-school until the completion of ten years of school education, or the longer period that may be established by law. It organizes an educational system managed and supervised by the Executive Power that, according to what the Law of Education of the City establishes, will guarantee participation in the community and democratic decision making. It creates and is

education is a human right and a public good as well.142 Education, in this sense, is conceived as a common good, and school teaching as a pub-lic service.143

This line of thought gives fundamental im-portance to compulsory teaching which, in our country, extends from four years of age until the end of secondary education.144

responsible for educational institutions entitled to award academic qualifications at all levels. It is responsible for teacher education and professional development in order to ensure their competence and guarantee professional promotion and compensation according to the social role. It guarantees the right of people with special needs to be educated and perform teaching tasks, promoting their integration in all the levels and modes in the system. It encourages the connection of the educational system with the production system, providing training for job placement and reintegration. Its goal is to educate people with critical thinking and the ability to respond to scientific, technological and production changes. It contemplates the gender perspective. It incorporates human rights and sexual education programs”.

142- Commission on Human Rights, 56th period of sessions, Provisional report of the Special Rapporteur on the right to education, U. N. Doc. E/CN.4/2000/6, para.40 and 66; similarly, it has been said that “defining education as a public good, as a free public service, is a key challenge to human rights” (Tomasevski, Katarina, The right to education indicators, Inter-American Institute of Human Rights (IIDH from now on, for its acronym in Spanish) Magazine 40 [2004], page. 365).

143- Commission on Human Rights, 57th period of sessions, Annual Report of the Special Rapporteur on the right to education, U. N. Doc. E/CN.4/2001/52, para. 5; Commission on Human Rights, 58th period of sessions, Annual Report of the Special Rapporteur on the right to education, U. N. Doc. E/CN.4/2002/60, para. 20, 31; Commission on Human Rights, 59th period of sessions, Report of the Special Rapporteur on the right to education, U. N. Doc. E/CN.4/2003/9, para. 20.

144- cf. art. 16 Law Nº 26,206; CABA Law Nº 898 (art. 1) establishes the same period to complete at least thirteen years of compulsory education.

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RIGHT TO EDUCATION

Intervention of the Office of the Gen-eral Defender to protect the right to education of the inhabitants of the City

As it was stated at the beginning of this re-port, the Office of the General Defender, in or-der to comply with the Constitutional require-ments, shall defend the rights of the inhabitants of the City through the promotion of actions that will guarantee their full exercise. Access to education has not been an exception.

Thus, it cannot be ignored that, besides the interdependence with other far-reaching hu-man rights,145 education has a major impor-tance in the choice, creation, and implementa-tion of one’s own life plan.

In this manner, supported by the legal framework that has been developed in this re-port, and according to the importance of the right to be protected, the MPD has promoted several legal proceedings, of which there is one that leads to obtaining primary school vacan-cies for children living in the squatter settle-ment Villa 21-24, in the City and another one to challenge the administrative procedure that established online enrollment for public, state-managed schools. This proceeding was followed by numerous individual actions with different claims due to specific problems that arose.

145- In an expression concerning this subject, the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights stated that “the right to education is the epitome of indivisibility and interdependence of all human rights.” Thus, it is considered an economic right, a social right and a cultural right at the same time; and, in many ways, it is also a civil and political right (see General Observation Nº 11, Action plans for primary education, par. 2, 20th period of sessions, 1999, doc. E/C.12/1999/4).

Legal actions for school vacancies146

The Office of the General Defender of the City represented several parents who, per se, and on behalf of their minor children, filed a prompt and summary proceeding (amparo pro-ceeding) versus the Government of the City of Buenos Aires, to guarantee the actual and true access to primary education of children living in the squatter settlement Villa 21-24 in this City, since due to lack of school vacancies at this level, their constitutional right to education was violat-ed. In the framework of the intended proceed-ing, they also requested that the Administration be ordered to build new school buildings in the Area of the School Comuna Nº 5 and in the area of influence of the squatter settlement Villa 21-24.

In that context, they requested a preven-tive remedy —until the final decision was ren-dered—, an order to the GCBA to carry out a survey that contemplated if children were in the school system or not; if they were not, the rea-sons had to be mentioned; if they were attending school, it had to be mentioned if the school was more than ten blocks147 away from their house, and how they commuted to school. The survey had to be submitted to the educational authori-ties, who would have to submit a project to the Court, describing the measures that would be

146- “Caceres Mariela y otros contra GCBA sobre Amparo (Art. 14 CCABA)”, (file 41272), dated 1 June 2011.

147- The criterion for establishing this distance is based on the provisions of the School Regulations of the State Managed Educational System under the CABA Government Ministry of Education (resolution Nº 4776 of the Ministry of Education of the City, the year 2006). According to students´ enrollment, this rule establishes that: “Boys/girls will enroll in the pre-school or primary school closest to their address, having the priority those who are in the area of influence of the school; that is to say ten blocks in the four directions. In the case that the student belongs to the area of two or more schools, he should attend the one that is closest to his house” (Art. 23, emphasis added).

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taken to guarantee that during the following school year, all school age children would be able to enroll in schools within the squatter settlement Villa 21-24 area.

Until the survey was carried out, the GCBA had to implement a free school transportation service for boys and girls from the Villa 21-24 who attended primary schools that were far from their house. This service had to provide at least two daily round trips.

The judge with jurisdiction to decide, sus-tained the requested guardianship, on the basis of the need to guarantee the actual access to ed-ucation for boys and girls from the Villa 21-24 and to prevent school dropouts due to this fact.

In turn, once the main issue was solved, the judge of the first instance ordered the Gov-ernment to make the necessary infrastructure works to guarantee the vacancies in the request-ed school levels and to continue with the provi-sion of a free school transportation service.

The decision was appealed and the Court of Appeals on Administrative Disputes and Tax Litigation decided the creation of a work meet-ing so that the parties could reach an agreement on the necessary topics. The first topic was the implementation of six buses to drive 116 chil-dren to their schools, as a preliminary measure until the new schools were built.

Cases on online enrollment

In these cases, the MPD, together with the people who were affected, tried to safeguard the right to education violated by the imple-mentation of a new school enrollment system for students —called online—. This new system was announced a few days before the beginning of the enrollment period in the state-managed schools for the school year 2014.

This enrollment mode was established, ac-cording to what was stated by the Ministry of Education of the City, as part of the “new tech-nologies implementation policies for education, facilitating the school’s everyday management and orienting the school towards the future.” Its main objective was based on “maximizing administrative resources”, “having paperless procedures to be more dynamic, saving time and resources through the implementation of technological solutions and digital tools”. They were trying to “go from the manual process” of enrollment, an old and deep-rooted cus-tom in public schools, to “automatic and digital processes”.148

However, numerous social actors —pub-lic institutions, social organizations, teachers´ unions and a large number of families— point-ed out in a massive and open manner that the change would limit the City’s children right to education. The critics focused on the fact that the decision was untimely and did not have consensus, on the existence of large parts of the population of the City —especially in the south— without access to Internet or without the necessary skills to use the technology, on the depersonalization of the school-family relation-ship and on the lack of a pedagogic criterion that contemplates the characteristics of the dif-ferent areas so as to shape school enrollment.

However, the implementation of the changes,

148- Until the school year 2013, enrollment in public schools in the City was in accordance with the above-mentioned Resolution Nº 4,776/06 from the Ministry of Education of the City of Buenos Aires, which considers the different sides of educational policies that emanate from the Constitution as well as from schools daily management. Although it is unnecessary to make a thorough analysis of all its articles, it is definitely important to point out that Chapter IV, Title I is completely dedicated to the enrollment system, which embodies in the lowest regulatory level, the right to learn, and in its essential elements of access and availability. The change of mode was implemented through Resolution Nº 3,547 of the Ministry of Education of The City of Buenos Aires in the year 2014.

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RIGHT TO EDUCATION

far from accelerating the enrollment process, brought about countless unfair consequences that were added to other difficulties of the local educational system, that mainly impact on the school comunas of the south of the City: lack of vacancies —in all the City— in pre-school and —in some areas— in primary school and middle school, due to the absence of a plan to build schools, the existence of serious infrastructure problems in school buildings and the under-implementation of the budget heading for an adequate solution.

The concerns regarding the new system, the social claims and the general distress caused by the uncertainty due to the lack of school vacan-cies, only a few days from the beginning of the school year, was shown in the media.149

In this context, the MPD promoted two dif-ferent types of legal actions:

a) A collective action represented by the Of-fice of the General Defender, aimed at chal-lenging Resolution 3,337/2013 that created the online enrollment system, invalidating the pre-vious systems and modifying the criteria on the priority for the allocation of vacancies.150

b) Numerous individual actions,151 through

149- “Formal complaint on online enrollment”, Tiempo Argentino, 10/25/2013; “ Today starts the controversial online enrollment for schools in the City of Buenos Aires”, Tiempo Argentino, 11/4/2013; “There are already 3000 claims due to lack of places in Buenos Aires City schools”, Clarín, 12/12/2013; “Objections to an online enrollment system”, La Nación, 10/25/2013; “For in-person enrollment”; Página 12, 10/18/2013; “What unfolds behind the system”, Tiempo Argentino, 11/05/2013; “More than 80 thousand children were enrolled in the City of Buenos Aires schools”, Tiempo Argentino, 11/23/2013; “Parents and students protest against online enrollment”, La Ciudad Avellaneda, 12/12/2013.

150- “Kestelboim Mario Jaime y otros contra GCBA y otros s/amparo” (file A69460-2013/0).

151- “Bottaro Lucía Melanie contra GCBA sobre amparo” (file A898-2014/0), “Flores León” (file A2727-2015/0 J° 6), “Martínez Portillo” (file A4371-2015/0 J°10) and “Medrano

First Instance Defenders, aiming at reversing the different actual flaws caused by the infor-mation system, which in most cases led to lack of vacancies for school boys, girls, and teenag-ers. Claims focused on the violation of priorities established in Resolution 4,776/2006, on School Rules; on the virtual revocation of vacancies that were initially allocated and then withdrawn a few days before the beginning of the school year, leaving the children without vacancies; for the unrequested change of school; for the sud-den and discouraging withdrawal of children who the previous year had attended a school and wanted to continue in the same place, among many other examples.

In most cases, the intended actions have had a favorable decision for the plaintiff, and the role of the MPD, both in the administrative and the judicial sphere, was essential to highlight the issues, the number of people damaged, the violated rights and the need to give an urgent solution to the people who were damaged.

Chiri” (file A 11726-2015/0 J°20), among others.

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The above summary allows us to state that the regulation of the right to education confers unlimited ac-cess to all the different levels of the educational system (pre-school, pri-mary and secondary, in our case). However, the institutional offer (in fact: available places at certain schools) undergoes the limitations derived from the competent author-ity’s management of resources.

On this matter, the mentioned legal cases for lack of vacancies in different schools show the regres-sive budget in school infrastructure, which has a more serious direct impact on the City poorer comunas where the population depends al-most exclusively on public educa-tion. However, this turns into an inequality circle.

The described insufficient public education infrastructure can only be reversed with an investment that increases the offer of public edu-cation, particularly in the poorest neighborhoods.

In the meantime, the Office of the General Defender will continue promoting collective and individual actions, warning about the violation of the right to education, trying to achieve solutions that will guaran-tee equal opportunities and possi-bilities to the inhabitants of the City —whose rights have been violated— to access, stay and reinsert in the public education system.

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It is publicly known that poverty is a cause of social exclusion, both in the socio-economic and cultural levels, and that it constitutes a se-rious obstacle for access to Justice, particularly for those people who are also subject to other factors of vulnerability. In that respect, as it has been pointed out throughout this presentation using socio-demographic indicators, the truth is that the City of Buenos Aires is a jurisdiction with huge economic, technical and human re-sources, but with a largely unequal distribution, and this process affects the most basic rights of its inhabitants.

The activity carried out daily by the MPD is inserted within this context, and its aim is to provide high quality, specialized and free ju-ridical assistance for the protection of the rights of the inhabitants of this City, promoting their actual and effective access to Justice.

Thus, this presentation has shown a global perspective of the daily task carried out by the MPD. In addition to invoking the national and international regulations applicable to which each of the interventions of the MPD was based, the presentation highlights the impulse given to several legal collective and individual cases, aimed at finding real solutions to the violation of the rights of the inhabitants, particularly their economic, social and cultural rights.

In this respect, it has been stated that, not-withstanding some jurisprudence regressions,

CONClUSION

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several goals have been achieved. On the one hand, due to the filing of one or several legal processes, the Administration had to reform some restrictive and regressive public policies and, therefore, redesign the regulations in force and, on the other hand, in several cases imme-diate responses had to be provided considering the type of right affected and the special vulner-ability of the persons involved.

The activity of the MPD covers different as-pects of the DESC, although its main activity has been, since its beginning, the promotion of access to decent housing, through different courses of action. It is clear that the City of Bue-nos Aires has a structural housing deficit and that this problem that affects a large number of inhabitants is not —and has not been— a prior-ity goal in the agenda of public policies. Conse-quently, the issues which have found no solu-tion in the public agenda have necessarily been channeled jurisdictionally.

In this respect, intense activity was carried out by the local judicial power. In fact, with an Administration concentrated more on attend-ing emergencies than on finding strategies to provide definite solutions to the most vulner-able sectors, innovative judicial decisions have been issued in response to the claims filed, par-ticularly by judges of first instance and of the corresponding Courts, which decisions have been a determining factor to direct and con-trol the City’s management as regards housing. During the later years, the High Court of Jus-tice, the highest local jurisdictional instance, has adopted a regressive attitude as regards that ju-risprudence of the first years of work, resuming a more conservative view of the DESC.

In this state of affairs, and by means of innovative and interdisciplinary approaches to the traditional exercise of law, the MPD strives every day to become the voice of those who have historically been excluded and to prevent

the rights recognized by the Constitution and by similar international regulations from becoming illusory.

And on that path, it is necessary: • To listen to those affected. They are the

ones who know better the problems they must face, and who have proved to own a large institutional culture.

• To get out of the offices and go to those places where the violation of human rights is a daily reality, with the purpose of redefining the defense —territory and lawyer— claimant relations;

• To understand that the affected persons are the main characters of their cases, generating spaces for participation and community building where they can find a place to present their claims and design joint strategies for integral solutions.

On the basis of this innovative work with a strong territorial approach, the MPD repre-sents thousands of persons in a large number of individual and collective cases, actively partici-pates in structural cases of national significance, such as the cleansing of the Matanza-Riachuelo Basin and the relocation of the affected families, as well as many other cases associated with the urbanization and social-urban integration of the villas and settlements in the City, aiming at putting an end to the social and spatial discrimi-nation suffered by its inhabitants.

In these processes, the MPD has built a bar-rier to the discretionary powers of public au-thorities, with the purpose of achieving the full enforcement of the main rights of the inhabit-ants, reminding those in charge of the imple-mentation of public policies that “people are not things”.

With that intention, the MPD has reviewed its internal organization, implementing several

P. 149 / AUGUST 2016

CONCLUSION

programs and structures which may help to adapt to the dynamic needs of the people, to attend their needs and make their claims viable, to develop original and innovative strategies comprising new gender perspectives, not to place them “beside policies” but to make them a part of them, to promote the incorporation of a gender perspective in the future processes of urbanization of the villas.

In short, the daily challenge of the MPD is to maintain the debate and defense of the DESC in the jurisdictional ambit which keeps, to a large extent, a conservative liberal view, to win that ideological debate where the argument of the Administration and the Judicial Powers is the economic cost involved in the protection of the DESC, returning to old reasoning schemes which seemed to have been left behind, to un-derstand, once more, that there is no actual possible citizenship without social rights, and that a commitment with freedom also involves a commitment with the social pre-conditions of that said freedom involves.

As it has been said, if these social rights are absent, if the subject lacks a minimum standard of dignity and is controlled by elementary fears such as the idea of failing to survive, he will lack autonomy and his apparent freedom becomes merely a simulation.

Published by the Office of the General Defender of the Autonomous City of Buenos Aires. Mexico 890 (CABA).

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By THE PRESS DEPARTmENT


THE ROLE Of THE OffICE Of THE GENERAL DEfENDER IN THEIR ENfORCEABILITy.

first Edition: OCTOBER 2015

Second Edition: AUGUST 2016

los derechos económicos, sociales y culturales en la ... informe_mpd_eeu… · el ministerio...

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