"lista sábana", preferencias y "tachas". algunas reflexiones a propósito de la reforma electoral...

8/3/2019 "Lista sbana", preferencias y "tachas". Algunas reflexiones a propsito de la reforma electoral en la Argentina - M

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LISTAS SBANA, PREFERENCIAS Y TACHAS. ALGU-NAS REFLEXIONES A PROPSITO DE LA REFORMAELECTORAL EN LA ARGENTINA*

por Mara Ins Tula** & Miguel De Luca***

Abstract

Este trabajo se propone dos objetivos bsicos: 1) revisarcrticamente una de las expresiones ms comunes en el debate por lareforma electoral en la Argentina, la denominada lista sbana, y 2)discutir con idntico espritu un tipo de iniciativas como el voto prefe-rencial y el sistema de tachas destinadas, segn sus proponentes, a mo-derar un conjunto de negativas consecuencias poltico-partidarias que sele adjudican a aqulla.

La comunicacin persigue estos fines a travs de un desarrolloargumental dividido en cuatro secciones. La primera est dedicada a preci-sar el significado del trmino lista sbana que, por su vaguedad o ambi-gedad, es empleada muchas veces en la discusin poltica como un verda-dero hombre de paja o, en otras, para designar a ms de una situacin ofenmeno. A partir del reconocimiento de dos amplias acepciones (ambasvinculadas a las posibilidades del elector al momento de seleccionar candi-datos), los autores ponderan la extensin de su alcance efectivo por la divi-

sin territorial argentina, demostrando que el fenmeno de la lista sbana

* Este artculo es una versin revisada y ampliada de los trabajos presentados con idnticottulo en el III Congreso Nacional de Ciencia Poltica, Democracia, reforma econmica ycuestin social, Sociedad Argentina de Anlisis Poltico-SAAP, Mar del Plata, 5 al 8 denoviembre de 1997; y en el XXI Congreso Internacional de la Latin American Studies

Association-LASA, Chicago, Illinois, 24 al 26 de septiembre de 1998. Los autoresagradecen los comentarios de Mark P. Jones, Delia Ferreira Rubio, N. Guillermo Molinelliy Andrs Malamud. E-mail: [email protected]

** Universidad de Buenos Aires (UBA)-Instituto de Investigaciones Gino Germani.*** Universidad de Buenos Aires (UBA)-Instituto Nacional de la Administracin Pblica

(INAP).

POSTDataDataDataDataData5, Julio/99 (pags.97-146)


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en forma contraria a la creencia comnmente difundida es de carcteracotado, tanto en el mbito nacional como provincial.

La segunda y tercera seccin comentan, respectivamente, la prctica

del voto preferencial en Italia desde la segunda posguerra hasta comienzosde los 90 y el uso reciente de las tachas en la provincia argentina de Tierradel Fuego. A travs de estos dos casos, se discuten las consecuencias genera-les del voto por lista partidaria cerrada y desbloqueada.

En la cuarta parte o conclusin se presenta una somera y breve re-flexin sobre esta problemtica y la reforma electoral en nuestro pas, plan-tendose la complejidad de un fenmeno presentado como simple, en par-ticular cuando se proponen cambios de carcter aislado, ignorando otrasimportantes variables como las prcticas de las organizaciones partidarias

locales, la cultura poltica verncula o la importancia de los medios masivosde comunicacin.

Introduccin

Desde la restauracin del Estado de Derecho en la Argentina a co-mienzos de los ochenta, uno de los cuestionamientos ms serios por partede la ciudadana hacia el desempeo del rgimen democrtico se ha con-centrado alrededor de las instituciones y los procesos electorales y de re-presentacin vigentes en el pas, abarcando desde aspectos de carcter ge-neral como la relacin representante-representado hasta otros muy espec-ficos como, por ejemplo, la seleccin interna de los candidatos por lospartidos polticos.

Este descontento de la opinin pblica, simplificado y multiplica-do a la vez por los medios masivos de comunicacin, se ha manifestado atravs de la exigencia de cambios en las normas que regulan la competen-

cia poltica y la distribucin del poder, de manera de garantizar una ma-yor responsabilidad de los elegidos frente a sus electores, una vigenciaefectiva de mecanismos de control de los gobernantes por los votantes, yuna autntica participacin ciudadana en la designacin de los aspirantesa los cargos pblicos.

Depositario de una heterognea gama de expectativas y convenien-cias, por comodidad, desconocimiento o inters, el mpetu reformista haidentificado como causa cuasi-exclusiva del malestar cvico a la comnmen-te denominada lista sbana. As, por ejemplo, la lista sbana perpetuara

el poder absoluto de las cpulas u oligarquas partidarias en la confeccin delas boletas comiciales, favorecera la inevitable eleccin simultnea de unos


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pocos postulantes conocidos junto con la de muchos desconocidos, ycobijara a todo tipo de representantes bajo la misma etiqueta partidaria,obstaculizando un castigo electoral de carcter selectivo. Con poco esfuer-

zo, la enumeracin podra extenderse bastante ms.En esta lnea argumental, las medidas sugeridas para abolir o mitigarlos supuestos perjudiciales efectos adjudicados a la lista sbana resultan sertantas como los diagnsticos del estado de cosas existente. La batera de pro-puestas incluye, entre otras, la adopcin de un sistema electoral de distritosuninominales (single member district), la eliminacin de la facultad partidariaexclusiva para la nominacin de candidatos, la sancin de una legislacin queestablezca formas abiertas o semiabiertas de seleccin de postulantes, y la apro-bacin de un cronograma escalonado para los comicios de renovacin de auto-

ridades de distinto nivel; por lo cual cabra preguntarse si, en definitiva, laexpresin lista sbana no constituye un hombre de paja o no es, por lomenos, un concepto vago, ambiguo o equvoco. La necesidad y oportunidadde este interrogante resulta evidente ante cada debate sobre la cuestin electo-ral en los que, con inusual frecuencia y en un grado muy superior a lo razona-blemente admitido en las lides polticas, para fundamentar las respectivasposiciones se reproducen las mismas opiniones desacertadas, definiciones fala-ces y citas errneas de experiencias forneas.

Parte de la respuesta puede encontrarse estudiando a los protagonistas deesta discusin, sus cosmovisiones, intereses concretos y estrategias desplegadas a lolargo de la ltima dcada. En este sentido, entre la mirada de ideas reformistas esposible identificar, por lo menos, una tendencia radical y una o varias moderadas.La primera, de importante predicamento en los albores de la transicin democr-tica, suele coincidir con un delimitado espacio del espectro ideolgico vernculo,en donde conviven desde el manifiesto espritu antipartido hasta algunos expo-nentes del conservadurismo y liberalismo local aglutinados en el espacio polticoconocido como la centro-derecha argentina. Tempranamente, se alistaron en esta

corriente, por ejemplo, polticos como la entonces edil portea ucedesta AdelinaDalesio de Viola y el ex-legislador nacional por el justicialismo Eduardo VarelaCid, periodistas como el influyente Bernardo Neustadt, y medios de comunica-cin masivos como el tradicional matutino La Nacin1.

1 Las opiniones de algunos acadmicos y analistas polticos tambin abonaron esta ten-dencia. Vase, por ejemplo, los artculos de Enrique Vera Villalobos Una propuestaconcreta de reforma electoral, en El Cronista, 1 de julio de 1991, pg. 20; Slo se

permite optar, no votar, en La Nacin, 27 de agosto de 1991; yLa urgente, inelucta-ble reforma del rgimen electoral, en La Nacin, 10 de octubre de 1992, pg. 9; comoas tambin su libro El Poder de nuestro voto. Todo lo que hay que saber sobre la reforma queexige el rgimen electoral argentino, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1994.


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Aunque algo raleada en los ltimos tiempos, esta corriente anti listasbana se distingui desde 1983 por su apelacin a los ms variados recur-sos y conceptos, algunos de notorio impacto en la opinin pblica. Por

ejemplo, en los sucesivos esfuerzos proselitistas que la llevaron primero alConcejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires y luego al Congreso dela Nacin, Dalesio de Viola convocaba reiteradamente a los votantes a cortarcon la lista sbana, mientras sus partidarios exhiban tijeras de todo tama-o. Tras campaas como stas, la papeleta de concejales metropolitanos dela UCED obtuvo en 1985 ms de quince mil votos de ventaja respecto dela de diputados del mismo partido, y en 1989 la boleta de legisladoresnacionales super por ms de treinta mil sufragios a la de ediles municipa-les; en ambos casos Dalesio de Viola se presentaba como primera candidata.

Por su parte, el candidato a diputado Eduardo Varela Cid, en lo que consti-tuye una actitud indita en la historia de las campaas para elecciones legis-lativas, convirti a la lucha contra la lista sbana en el principal issuede supropuesta poltica diferencindose permanentemente de sus compaeros delista. Ya en sus bancas, tanto Dalesio de Viola como Varela Cid firmaronsendos proyectos para establecer un sistema electoral por circunscripcionesuninominales2 . Por otro lado, a principios de los noventa Neustadtpublicitaba su programa televisivo fustigando a la corrupcin manifestadaen las jubilaciones de privilegio, las pensiones graciables, los gastos reserva-dos y ... las listas sbana. Por ltimo, una editorial de 1996 de La Nacindefina a stas como una virtual corruptela legal que permite el acceso a lasbancas legislativas de meros beneficiarios de favores polticos3 , mientras queotra ms reciente afirmaba que La lista sbana es uno de los factores determi-nantes de la desconfianza cada vez mayor con que la sociedad observa a loscuerpos legislativos. Ese sistema de seleccin de candidatos conspira contra la ca-lidad de la gestin parlamentaria y afecta a la representacin ciudadana4.

Tal como se presentaba, esta prdica no encontr eco en los partidos

polticos mayoritarios bsicamente porque, ms all de que stos compartieranal menos en pblico algunas de las crticas hacia las normas electorales vigen-

2 Vase Diputado Varela Cid, Eduardo, Proyecto de Reforma de la Ley Electoral (Expte.2085-D-89); y Diputada Dalesio de Viola, Adelina, Expte. 2490-D-90.

3 Reforma poltica demorada, editorial de La Nacin, 10 de diciembre de 1996, pg. 6.4 Listas sbana: de eso no se habla,La Nacin, 16 de abril de 1998, pg. 18. Para otros

comentarios crticos sobre el mismo asunto, vanse las editorialesImperiosa reforma polti-ca, La Nacin, 23 de marzo de 1997, pg. 24, La postergada reforma electoral, LaNacin, 3 de julio de 1997, pg. 18, El anacrnico rgimen de partidos, La Nacin, 17de agosto de 1997, pg. 20, yNuevas promesas de reforma poltica, La Nacin, 19 demayo de 1998, pg. 20.


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tes, y hasta alentaran iniciativas para modificarlas, los drsticos cambios pro-puestos en su reemplazo generaban un estado de incertidumbre generalizada y,por lo tanto, poco receptivo a la reforma. Bien es sabido que los polticos, en un

comportamiento tpicamente racional, tienden a adoptar decisiones quemaximizan las posibilidades de permanecer en un cargo y a rechazar aquellasque reducen sus oportunidades de continuar en el mismo. Por otra parte, ennuestro pas las reglas de la competencia poltica desde siempre fueron objeto demanipulacin en beneficio del poder de turno, y por ello, cualquier proyecto decambio genera automticamente suspicacias que atentan contra su ejecucin5 .Los referentes de esta campaa anti-lista sbana tampoco recibieron la adhe-sin de los partidos menores, seguras y conscientes vctimas del pasaje del prin-cipio de representacin proporcional al principio mayoritario presente invaria-

blemente tanto en las iniciativas parlamentarias mencionadas como en todos losborradores de discusin. Estas circunstancias explican por qu la legislacin na-cional sobre la materia se mantiene intacta desde 1983 y por qu las enmiendasoperadas a nivel provincial se correspondieron, las ms de las veces, con losinmediatos intereses del partido en el poder antes que con los reclamos de laoposicin o las expectativas ciudadanas6.

Sin embargo, no podra rotularse como fracaso a la accin de estospromotores de un cambio en las normas electorales, puesto que la cuestinde la reforma ha quedado definitivamente instalada en la agenda pblica,observndose en particular un cierto consenso anti-lista sbana.

As, y con mayor nfasis en los noventa, se registra la consolidacin deotras tendencias que tambin postulan innovaciones en las reglas del juegopoltico, aunque de carcter menos extremista, tanto por los confines ideo-lgicos que recorren, la concepcin del papel de las organizaciones partida-rias en el proceso poltico-electoral y las pretensiones respecto de las modi-ficaciones a introducir y los resultados esperados.

5 Para un comentario sobre esta tradicin local, vase Botana, Natalio, El marco histricoinstitucional: leyes electorales, alternancia y competencia entre partidos, en Botana, Natalioy otros, La Argentina electoral, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1985.

6 Para algunas de esas modificaciones, en particular sobre la adopcin de la Ley de lemaso doble voto simultneo y acumulativo, vase Tula, Mara Ins, La reforma electoral enlos 90: algunos comentarios sobre la Ley de Lemas en la Argentina, en Sidicaro, Ricardo &Mayer, Jorge (comps.), Poltica y sociedad en los aos del menemismo, Carrera de CienciaPoltica-Oficina de Publicaciones (CBC) de la Universidad de Buenos Aires, Buenos

Aires, 1995; y Tula, Mara Ins, Ley de lemas, elecciones y estrategias partidarias. Unamirada al caso argentino, III Congreso Espaol de Ciencia Poltica y de Administracin,Gobernabilidad y representacin en las democracias, AECPA-Universidad deSalamanca, Salamanca, 2 al 4 de octubre de 1997.


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Entre ellas, por un lado, cabra mencionar a los distintos proyectosalentados por Gustavo Bliz en los ltimos aos; primero, el plan para laReforma Poltica suscripto en su paso por el Ministerio del Interior en la

presidencia de Carlos Menem, y luego, sus iniciativas para la Ciudad Aut-noma de Buenos Aires como lder de la agrupacin Nueva Dirigencia. Enca-minadas hacia un mismo objetivo, estas propuestas avanzan sobre diferentesaspectos del sistema electoral (magnitud del distrito, frmula electoral,estructuracin de la boleta comicial, tipo de voto, etc.), abarcando desde laincorporacin de un sistema de tachas y sustituciones de candidatos hastala adopcin de un rgimen mixto (mayoritario-proporcional) para la distri-bucin de las bancas legislativas7 .

Tambin se alinean en esta direccin los reiterados reclamos de la

dirigencia de los partidos de arraigo provincial o vecinal por aprobar calen-darios electorales no concurrentes con consultas cvicas de distinto nivel,algunos de los cuales han sido satisfechos en parte ltimamente con su in-corporacin en textos constitucionales provinciales8 .

Otro tanto ocurre con las sucesivas iniciativas del gobierno justicialista,formuladas primero en el marco de la convocatoria del Ministerio del Inte-rior a las COMRI (Comisiones de Reforma Institucional) en 1990, luegocon las ya citadas propuestas de Gustavo Bliz (1993) y, en los ltimosaos, con la otra vez llamada Reforma Poltica. Al lanzar esta ltima en1995, la opinin presidencial respecto de la lista sbana era tajante: No

puede ser que estemos obligados a elegir un anzuelo para encabezar la lista y luegole colguemos una sbana infernal que la gente vota sin saber por quin lo hace,

ya que slo conoce a quien la encabeza, aqu ya no nos podemos conformar convotar la cabeza de la frmula, sin fijarnos en los desconocidos totales que suelen irdebajo; mientras que de igual forma se pronunciaba el ministro del InteriorCarlos Corach al retomar la idea dos aos ms tarde: existe la sensacin en la

7 Vase, Ministerio del Interior-Repblica Argentina, Contenidos de la Reforma Poltica,Buenos Aires, mayo de 1993; Bullrich, Patricia y otros (Nueva Dirigencia), Proyecto deEstatuto Nro. 554, Convencin Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos

Aires, 1996; y Bliz, Gustavo, Amnesia detrs de las listas sbana, en La Nacin, 14de abril de 1999, pg. 21.

8 Para un breve fundamento de esta posicin, Martnez Raymonda, Rafael, Desdobla-miento de las elecciones o... la sbana, en La Nacin, 16 de febrero de 1991, pg. 7.Tambin Natale, Alberto A., El sistema electoral puede ser perfeccionado, en La Nacin,10 de septiembre de 1990, pg. 7.

9 Sobre la accin del gobierno en los ltimos cuatro aos, ver Menem quiere evitarsbanas y sospechas, en Pgina/12, sbado 2 de septiembre de 1995, pg. 4; Menemlanz la reforma poltica, en Clarn, 7 de diciembre de 1995, pg. 11; Jassan, Elas,


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dictorias11 . En este punto, lejos de aclararse, la polmica contina en mediode un desorden de ideas.

Por lo expuesto, este artculo aspira a cuatro objetivos. En primer lugar,

examinar algunos de los principales argumentos esgrimidos en el debate porla reforma electoral en la Argentina, tanto a nivel nacional como provincial.Segundo, aportar alguna precisin a una de las ideas ms comunes en estadiscusin, la de lista sbana, y a las consecuencias poltico-partidarias que sele adjudican, revisando el significado y la dimensin de este fenmeno. Terce-ro, a partir de una experiencia extranjera (Italia desde los aos cuarenta hastalos noventa) y una local (la provincia de Tierra del Fuego), comentar algunosposibles efectos de los arreglos electorales que se mocionan en su reemplazo,especialmente aquellos que proponen preferencias o tachas. El inters es-

pecfico por ellos radica en que, segn nuestro criterio, son los que cuentancon mayores posibilidades de ser adoptados como respuesta al reclamo ciuda-dano por introducir algn cambio, considerando el consenso reformista en elseno de la clase poltica y el carcter extremista de otras propuestas. Por fin, estambin nuestro objetivo plantear la complejidad de un fenmeno presenta-do como simple, en particular cuando se proyectan cambios desconociendosus potenciales consecuencias, partiendo de situaciones ideales, ignorando casossimilares o tomando como neutras a otras importantes variables como las prc-ticas de las organizaciones partidarias locales, la cultura poltica verncula o laimportancia de los medios masivos de comunicacin en el mundo de hoy.

I. La lista sbana

En una definicin ms o menos comn, y de uso generalmente acep-tado en nuestro medio, la expresin lista sbana refiere a aquella boleta

Cdigo Electoral, en Folloni, Jorge,Mi Labor Parlamentaria, Honorable Cmara deDiputados de la Nacin, Buenos Aires, 1995, volumen II, pgs. 83 a 91.

11 Sobre los debates en la constituyente portea en relacin a este tema, vase PJ y NDcontra la lista sbana, en La Razn, 2 de septiembre de 1996; Los estatuyentes delFrePaSo y la UCR cerraron el Pacto de Palermo, en El Cronista Comercial, 4 de sep-tiembre de 1996; Hubo batifondo en la Convencin. El Frepaso se quej del discurso deOlivos y ND de las listas sbana, en La Razn, 6 de septiembre de 1996, pg. 5;Nuevo Estatuto, viejas listas sbana, en La Nacin, 27 de septiembre de 1996, pg.11; De la Ra rechaz las listas sbana, en La Nacin, 28 de septiembre de 1996,pg. 1; A Bliz no le gusta que se vote con listas sbana, en Clarn, 6 de octubre de1996, pg. 15. Entre las intervenciones en la convencin, se destacan las de HiplitoOrlandi (UCR) y Marcelo Escolar (FrePaSo) del da 26 de septiembre de 1996.


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electoral partidaria que presenta varias categoras de cargos a cubrir o unaextensa nmina de candidatos para una misma dignidad, sobre la cual elderecho del sufragante de introducir alguna modificacin resulta demasiado

difcil de ejercer o directamente no existe.Esta idea se asocia, en una relacin de causa-efecto, con un determi-nado comportamiento por parte del votante. Bajo el imperio de la listasbana el elector debe emitir su voto tal como ha sido preestablecido por lasorganizaciones partidarias, corriendo el riesgo de ser invalidado en caso depresentar alteraciones, por mnimas que stas fueren. El votante se inclinapor un partido y no por candidatos y, entonces, lo hace al mismo tiempopor postulantes de su preferencia como por otros que le disgustan o desco-noce, careciendo del poder de confeccionar personalmente su voto.

Sin embargo, esta idea ampliamente reconocida aunque poco prxi-ma a la rigurosidad de la ciencia poltica encierra distintos tipos de lista,procedimientos de votacin y otros conceptos de tcnica electoral, cada unocon sus correspondientes efectos poltico-partidarios ms o menoscomprobables. En consecuencia, tal como se la emplea en nuestro pas, ladenominacin lista sbana se aplicara a ms de una situacin electoralposible. En trminos generales, una primera acepcin de la expresin seasocia a la imposibilidad de cortar boleta y a la existencia de eleccionesconcurrentes, mientras que una segunda se referira a cierto uso extendidode listas partidarias cerradas y bloqueadas.

a) Lista sbana, elecciones concurrentes y corte de boleta.

En algunos casos tanto histricos como actuales, la normativa electo-ral vigente se ha caracterizado por disponer una consulta popular simult-nea o concurrente para varias categoras de cargos, en la cual el votante no

puede ejercer la posibilidad de dividir su voto (split ticket) o emitir un votocruzado entre candidatos de distintos partidos polticos.Por ejemplo, durante ms de cincuenta aos y hasta la reforma

constitucional de 1996, los uruguayos concurrieron a las urnas bajo regula-ciones como las descriptas. En efecto, las normas del vecino pas establecancomicios cada cinco aos, en donde se eligan simultneamente al presiden-te y vice de la repblica, senadores y diputados nacionales, intendentesmunicipales y miembros de las juntas departamentales; en ellos, por impe-rio de la ley de lemas o doble voto simultneo y acumulativo (DVSA), se

poda escoger entre distintas listas (sublemas) de un mismo partido (lema),pero el corte de boleta (sufragar por candidatos de un partido para un


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nivel de cargos y de otro partido para otra categora) se encontraba absoluta-mente prohibido. A lo sumo, los orientales podan votar en blanco paraalguna dignidad si no deseaba subordinar ntegramente su sufragio a la dis-

puta ms importante, un recurso de relevancia creciente a partir de la lti-ma reinstauracin democrtica12 .En casos como el descripto, las consecuencias han sido ms o menos

las mismas eleccin tras eleccin: el llamado efecto arrastre (alta inciden-cia de las preferencias para cargos ejecutivos sobre la conformacin partida-ria efectiva del parlamento), prdida de importancia relativa de la eleccinlegislativa o de instancias menores de gobierno (nivel estadual o municipal)frente a la ejecutiva nacional y, por lo tanto, tendencia a la concentracin delvoto en torno a los partidos mayoritarios.

En la Argentina, por el contrario, la legislacin y los usos electoralesno se asemejan a los casos citados; al menos no en un sentido estricto. Enefecto, a nivel nacional, las elecciones presidenciales y legislativas se celebranhoy en forma conjunta pero, en todos los casos, el votante se encuentrahabilitado para sufragar por diversos partidos/candidatos para diferentescategoras de cargos, ya que los postulantes para distintas dignidades se in-cluyen en una misma boleta separados por una lnea punteada que puedeser dividida manualmente por el elector13 .

La habilitacin para escindir el voto segn jerarquas de puestos tam-bin alcanza a los comicios de status inferior los que, a pesar de la potestadprovincial para fijar con autonoma un calendario electoral propio, suelenconvocarse en forma simultnea con los correspondientes a las autoridadesfederales. As, el corte de boleta es posible no slo entre cargos ejecutivos ylegislativos sino tambin entre niveles de gobierno.

Sin embargo, debe sealarse que la coexistencia del recurso de la esci-sin del voto con cronogramas electorales de la nacin, las provincias y losmunicipios fusionados no siempre caracteriz a la historia de los actos

comiciales en la Argentina. Esta tradicin comenz a gestarse en nuestro12 Las reglas electorales en el Uruguay ya no son las mismas. El plebiscito constitucional del 8 de

diciembre de 1996 dispuso comicios no concurrentes al desdoblar las elecciones munici-pales de las nacionales, celebrndose las primeras seis meses despus de las segundas.

13 Este procedimiento no es el nico que se emplea para habilitar la emisin de un votocruzado. La denominada boleta australiana, por ejemplo, est muy difundida en losEstados Unidos, en donde se le atribuye un importante efecto sobre el ticket splitting.Vase Rae, Nicol C., voz escisin del voto (ticket splitting), en Bogdanor, Vernon(editor), Enciclopedia de las instituciones polticas, Alianza Editorial, Madrid, 1991.Edicin original: The Blackwell Encyclopaedia of Political Institutions, Basil Blackwell,Oxford, 1987.


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pas recin en los aos cuarenta y su paulatina consolidacin obedece a razo-nes de diversa ndole. Por un lado, se relaciona estrechamente con las reite-radas intervenciones autoritarias y las posteriores aperturas democrticas;

desde el golpe militar del treinta cada (re)inauguracin de la libre compe-tencia poltica concentr en una sola consulta todos los cargos en juego,imprimindole al ritmo electoral presidencial-federal una lgica ajena a suesencial naturaleza escalonada, incongruente y dispersa. Esta transforma-cin de corte para-institucional lleg a alcanzar inclusive rango constitu-cional con la reforma introducida por el Estatuto Fundamental de 1972,que dispuso la eleccin simultnea de todos los miembros de los podereslegislativos y ejecutivos provinciales con los cargos nacionales correlativos(artculo 105). Por el otro, aparecen motivos de corte operativo o financiero,

tales como los recursos necesarios para organizar un comicio o los costos delas campaas proselitistas, notoriamente menores en el caso de una nicaeleccin. Por ltimo, tambin podran aducirse razones ms vinculadas aldiseo institucional, la dinmica poltica y las percepciones acerca de surelacin, como los indeseados efectos derivados de un sometimiento cons-tante a convocatorias electorales (desvo de esfuerzos gubernamentales, pr-dida de eficacia de ciertas decisiones ejecutivas, aumento de situaciones deinestabilidad o bloqueo institucional, etc.), la mayora de las cuales revisancomo cuestin de fondo nuestra misma forma de gobierno presidencial.

De todas formas, aunque en la Argentina se permita cortar boletamuchos sostienen que esta prctica de conjuncin material o no formalde los comicios provoca efectos similares a los de la eleccin simultnea y sincortes permitidos. En otras palabras, sobre el voto cruzado incidira conmayor peso la concurrencia electoral antes que la habilitacin para emitirlo.Esta posicin parte de dos supuestos: a) que la simultaneidad de eleccionespara cargos ejecutivos y legislativos aumenta la concentracin general delvoto sobre los partidos con mejores posibilidades de obtener el cargo ejecu-

tivo, b) que la fusin de los calendarios electorales favorece a los partidos dealcance nacional y limita las oportunidades de los candidatos por organiza-ciones polticas con arraigo limitado a la provincia o al municipio. Sobreesta base se construye una primera acepcin de la lista sbana y el conse-cuente reclamo por el desdoblamiento de las consultas cvicas14 .

Este argumento encuentra slidos apoyos en consistentes estudiosacerca de los efectos de los sistemas electorales sobre la vida poltica. Shugart

14 Como referentes de esta postura pueden consultarse los ya citados artculos de losdirigentes demoprogresistas Rafael Martnez Raymonda y Alberto Natale.


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y Carey, por ejemplo, han demostrado que los comicios presidenciales ylegislativos concurrentes tienden a restringir, con fuerza notoria, el grado demultipartidismo electoral parlamentario15 . Por su parte, en un trabajo re-

ciente Jones sostiene que, en el caso argentino, la determinante ms salientedel multipartidismo congresional no es la coincidencia temporal de las elec-ciones nacionales legislativas con las presidenciales, sino la concurrencia delos comicios de renovacin parlamentaria con los de gobernador; es decir, lacompetencia por los cargos ejecutivos a nivel de distrito tiende a concentrarlas preferencias de los votantes16 .

Sin embargo, y ms all de las fundamentaciones basadas encontrastaciones empricas, cabra aclarar que esta prdica anti-lista sbana,as expresada, privilegia en forma excesiva slo una de las dimensiones pre-

sentes en el debate acerca de las formas de representacin, la del pluralismo(o proporcionalidad), dejando de lado otro importante valor como es lagobernabilidad. La extrema dispersin de las consultas populares mejora laprimera pero a costa de resentir notoriamente la segunda. En efecto, existeimportante evidencia para sostener que la combinacin presidencialismo-multipartidismo aumenta las posibilidades de bloqueo institucional, difi-culta la construccin de coaliciones partidarias y atenta en general contrala estabilidad del rgimen democrtico17 .

Por otra parte, la crtica a este tipo de lista sbana se apoya en gene-ralizaciones vlidas para los primeros aos de la transicin democrtica peropoco adecuadas para comprender ciertos fenmenos ms actuales. En otraspalabras, estos comentarios se basan en diagnsticos estticos y demasiadosimples como para incorporar otras variables como el comportamiento delos actores y de los votantes (raramente inmutables) y la emergencia y con-solidacin de nuevas tendencias en el plano institucional y electoral. Porejemplo, la separacin de las elecciones de distinto nivel es hoy todava unasunto sobre el cual las constituciones provinciales dejan abierto un amplio

margen para la discrecionalidad del respectivo poder ejecutivo, dado que lamayora de los textos normativos nada dicen al respecto. Slo en el articula-do de las cartas de Catamarca, Corrientes, Chubut, San Luis y Santa Cruz se

15 Shugart, Matthew Soberg & Carey, John M., Presidents and Assemblies: ConstitutionalDesign and Electoral Dynamics, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

16 Jones, Mark P., Federalism and the Number of Parties in Argentine Congressional Elections,en The Journal of Politics, volumen 59, nmero 2, University of Texas Press-SouthernPolitical Science Association, mayo de 1997.

17 Mainwaring, Scott,Presidencialism, multipartism, and democracy. The difficult combination,Comparative Political Studies, volumen 26, nmero 2, Sage Publications, julio de 1993.


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puede advertir alguna intencin del legislador por celebrar ambos comiciosen forma simultnea o, por lo menos, por no prohibir dicha posibilidad. Porel contrario, otras constituciones provinciales (Chaco y Tierra del Fuego)

directamente han separado la eleccin nacional de la provincial o, mante-niendo la unidad cronolgica, establecido una divisin material mediante eluso de distintos colores para diferenciar las categoras de cargos (Tierra delFuego), siguiendo la experiencia de los comicios generales de 1983 en losque tambin se dispuso el empleo de colores (blanco, azul, amarillo) segnla jerarqua de las dignidades a cubrir18 . Las situaciones de silencio consti-tucional son interesantes porque, en algunos casos, la facultad de desdobla-miento se ha convertido en una poderosa arma en manos de los ejecutivosprovinciales para tomar distancia de una campaa proselitista dominada

por temas nacionales (la denominada nacionalizacin del comicio) y ase-gurarse as una mejor performance en las urnas. En algunos casos, el plazoentre una y otra eleccin ha sido tan extenso que bordea el lmite de larigidez temporal de las consultas electorales caracterstica del presidencialismo;as, en cierta forma, este recurso bien podra asimilarse a la prctica propiadel parlamentarismo de las elecciones anticipadas para aprovechar esta-dos de la opinin pblica ms favorables a la gestin del gobierno.

Por ltimo, las posturas en torno a esta variante de lista sbanarevelan la necesidad de ms investigaciones y estudios sobre comicios cele-brados fuera de los perodos de concentracin electoral habitual y sobre laprctica del voto escindido en las elecciones generales. El nfasis en la pri-mera cuestin permitira conocer hasta qu punto las preferencias del elec-torado se distribuyen de la misma manera bajo una u otra circunstancia.Respecto de la segunda, si bien en nuestro pas el fenmeno no alcanza losniveles de los Estados Unidos (un caso paradigmtico), varias experienciasrecientes alientan el estudio del comportamiento del electorado en relacina un ejercicio consciente del corte de boleta. En efecto, este hbito parece

18 La constitucin del Chaco (1994) dispone en su artculo 90, inciso 7: Las eleccionesprovinciales y municipales se harn en forma separada de las presidenciales. La carta cons-titucional de la provincia de Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del Atlntico Sur (1991)establece que Se sufragar con boletas separadas y de distintos colores para las diferentescategoras de cargos a cubrir(artculo 201, inciso 7) y que Las elecciones ordinarias seefectuarn en pocas fijas determinadas por ley, que en ningn caso podrn coincidir conelecciones nacionales a las que debern anticiparse, por lo menos, en tres meses...(artculo202). En 1991 en Tierra del Fuego se vot con listas color celeste para gobernador yvice, amarillo para legisladores provinciales, verde para intendente y naranja para conce-

jales. En 1995 los colores para estas mismas categoras fueron, respectivamente, celeste,blanco, verde y amarillo.


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ir extendindose en los ltimos aos, tanto en trminos cuantitativos comogeogrficos19 . Precisamente, la prctica creciente del voto cruzado en la Ar-gentina, sumado a la cada vez ms efectiva dispersin de las consultas electo-

rales alentada por nuestra organizacin federal, podra explicar por qu laexpresin lista sbana para describir a las elecciones concurrentes y aciertos efectos a ellas asignados ha cado en desuso; mientras que una se-gunda acepcin conserva an un significativo espacio en el debate vernculosobre la reforma electoral.

b) Lista sbana, boletas partidarias cerradas y bloqueadas ymagnitud de distrito.

De mayor difusin en los ltimos aos, una segunda acepcin delista sbana se utiliza para designar a la boleta partidaria cerrada y blo-queada que se presenta en distritos electorales de tamao grande. Esta defi-nicin de carcter tcnico involucra mnimamente dos elementos constitu-tivos o dimensiones de anlisis de todo sistema electoral: la estructuracinde la papeleta de voto y la magnitud o tamao del distrito.

En cuanto a los distintos tipos de boleta, las posibilidades se distri-buyen en torno a la condicin cerrada-abierta y bloqueada-desbloqueada dela misma. Una boleta electoral cerrada impide que quien vota sustituya a loscandidatos en ella presentados por otros postulantes de otros partidos o porindependientes. Por el contrario, la lista abierta (tambin conocida como

19 Para un comentario acerca de la posible divisin del voto en las elecciones de 1989 sobrela base de experiencias previas, vase El corte tan temido, en Clarn, 26 de marzo de 1989,pg. 12, por Julio Blanck. Para el corte de boleta en 1991 en los distritos bonaerenses deSan Isidro y Vicente Lpez, ver Los que ganaron con el corte, en Clarn, 13 de septiembrede 1991, pg. 10. Para 1995, los primeros comicios donde el voto cruzado alcanzaregistros significativos en varias partes del pas, ver Fraga, Rosendo, Nunca en la historiaargentina hubo tanto corte de boleta, en El Cronista, 15 de mayo de 1995, pg. 2; EnCrdoba la tijera estuvo afilada. El corte de boletas trep a un sorprendente 30 por ciento, enEl Cronista, 15 de mayo de 1995, pg. 8; Los porteos llevaron la tijera al cuarto oscuro,en Clarn, 16 de mayo de 1995, pg. 13; yRadiografa de las elecciones. Nunca se corttanta boleta, en Clarn 21 de mayo de 1995, pgs. 12 y 13. Para la consulta portea de1996, vase por ejemplo En la Capital, un cuarto del electorado cortara boleta, en LaNacin, 14 de mayo de 1996, pg. 5. Por ltimo, en los comicios de 1997 este compor-tamiento se registr en distritos tan distintos como San Luis, La Rioja, Santa Cruz y San

Miguel (provincia de Buenos Aires), tal como se describe en El corte de boletas no estuvoausente a la hora de elegir, en La Nacin, 31 de octubre de 1997, pg. 8.


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panachage) permite el cambio interpartidario de candidatos, habilitando lallamada movilidad horizontal entre aspirantes a un mismo cargo.

Por su parte, mientras una lista bloqueada se define por la ptrea

disposicin ordinal de los candidatos, una desbloqueada admite escoger entrevarios rdenes posibles segn la oferta de grupos partidarios internos (lemay sublemas) o mediante indicaciones positivas (preferencias) o negativas(tachas) organizar la sucesin de postulantes de la boleta de un mododistinto (y libre) a la presentada por el partido; en otras palabras, una mo-vilidad vertical de los candidatos. A su vez, la lista desbloqueada reconocedistintas modalidades de empleo: mientras el procedimiento por lema ysublemas obliga al elector a inclinarse por un excluyente y predeterminadolistado (es decir por uno cerrado y bloqueado), el voto con preferencias o

tachas es optativo y sin opciones rgidas establecidas de antemano. Porltimo, el uso de las preferencias o tachas puede estar acotado tanto por lasposibilidades de ejercicio como por ciertos requisitos necesarios para laoperatividad de las mismas. As, el voto preferencial o con tachas puede serirrestricto (el elector puede marcar tantos como cargos en disputa) o limita-do (el nmero de preferencias o tachas permitido es menor al total decandidatos); mientras que, por otra parte, la vigencia efectiva de este arreglotambin puede estar condicionada por la exigencia o no de un porcentajemnimo de votantes que lo empleen (umbral o barrera electoral).

Del cruce de posibilidades surgen: listas abiertas (y por lo tantodesbloqueadas), cerradas y desbloqueadas, y cerradas y bloqueadas. Suiza yLuxemburgo practican votaciones por listas abiertas; Argentina adopt unprocedimiento similar bajo la vigencia de la Ley Senz Pea: la borratina.Chile mantiene hoy un tipo de voto preferencial (lista cerrada y desbloqueada),y Uruguay posea la ley de lemas o doble voto simultneo y acumulativo(DVSA) hasta la reforma constitucional de 1996. En los cuarenta y cincuen-ta, los franceses utilizaron el voto preferencial pero sujeto a consideracin slo

si se presentaba en por lo menos la mitad de los sufragios de cada lista. Porltimo, para la eleccin de diputados nacionales la Argentina emplea en laactualidad un voto por lista partidaria cerrada y bloqueada.

En cuanto a la magnitud de distrito, sta indica el nmero de curulesque est en juego en la competencia poltica. As, los distritos pueden ser demagnitud pequea (una a cinco bancas), mediana (seis a diez escaos) ogrande (ms de diez cargos). Tambin aqu las posibilidades son mltiplessegn el nmero de distritos y el tamao de cada uno de ellos. Por ejemplo,algunos pases emplean para la eleccin legislativa nacional una divisin

electoral basada slo en distritos uninominales (Australia, Canad, EstadosUnidos, Francia, Reino Unido) o binominales (Chile desde 1989), otros


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combinan secciones uninominales con un distrito plurinominal de magni-tud grande (Italia tras la reforma de 1993), un tercer grupo recurre a cir-cunscripciones electorales plurinominales de distinto tamao (Argentina,

Espaa) y, por ltimo, unos pocos organizan la eleccin en torno a un nicodistrito plurinominal de gran magnitud (Holanda, Israel).Al combinar dos tipos particulares de arreglos electorales (lista cerra-

da y bloqueada y magnitud de distrito grande), esta segunda nocin delista sbana se construye sobre la crtica que generalmente reciben cadauno de ellos por separado. De esta forma, los argumentos contrarios a ellapueden reunirse alrededor de una amplia y esquemtica serie de presupues-tos que abarca aspectos tales como las expectativas y la conducta del votante,el comportamiento de los partidos polticos y de los legisladores considera-

dos individual y colectivamente y, en trminos generales, la relacin repre-sentante-representado.

Sintticamente, estos razonamientos sostienen que la lista sbanaobliga a un voto por partido sin posibilidad de premiar o castigar aciertos candidatos de ste mediante el aumento o la disminucin de susposibilidades de ser (re)electo, dado que el votante se enfrenta a opcioneslimitadas por las decisiones partidarias previas sea de la dirigencia o de losafiliados que determinaron un inalterable orden de candidatos. A su vez, lacentralidad que asumen los partidos en el proceso de nominacin de lospostulantes a cargos pblicos incide notoriamente sobre la conducta de loslegisladores, puesto que, para obtener su reeleccin, stos dependen ms desus organizaciones polticas que del electorado. De esta manera, el principaly frecuentemente exclusivo criterio orientador de la conducta de los re-presentantes es la directiva de la cpula o el lder partidario. Los efectos delcuadro descripto se potencian a medida que aumenta el nmero de repre-sentantes en liza en el distrito, ya que decrecen las posibilidades de identifi-cacin individual del postulante y aumenta, en cambio, la influencia del

voto por partido; en otras palabras, el candidato posee en estos casos unainsignificante capacidad de reclamar (o exhibir) un apoyo a su persona y esacarencia limita su autonoma respecto de otros actores como el partido pol-tico por el cual se presentan para competir. Desde el punto de vista delelector, crece el grado de desconocimiento de los representantes (tal vez conla nica excepcin del/de los primero/s de la lista) y disminuye, en conse-cuencia, la posibilidad de control sobre los mismos.

Por el contrario, de mediar un voto preferencial intrapartidario, elparlamentario considerara tanto las directivas partidarias como los reclamos

de sus electores y estos ltimos podran ejercer algn tipo de control sobresus representantes sin caer en el extremo de la poltica personalizada, puesto


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que los partidos continuaran como protagonistas principales del procesopoltico. A su vez, el voto de preferencia contribuira a que los partidos semuestren ms sensibles a la opinin ciudadana y, al mismo tiempo, a que

mejore la calidad de los legisladores.Esta argumentacin contraria a la boleta partidaria cerrada y blo-queada presentada en distritos electorales de gran magnitud exhibe puntosrebatibles tanto por sus presupuestos como por las propuestas de cambiocon las que se relacionan en forma directa.

En primer lugar, las variables ms importantes para determinar ladependencia de los representantes respecto de los partidos polticos son elproceso de designacin de los candidatos a cargos pblicos y el modelo definanciamiento de los partidos y candidatos. Existe una relacin directa en-

tre grado de concentracin de la nominacin e influencia del aparato o laburocracia partidaria sobre el legislador: la dependencia es prcticamentetotal cuando la seleccin de postulantes est controlada por uno o varioslderes y va declinando a medida que la misma se ampla o democratiza(designacin por convencin o asamblea, por voto de los afiliados, o porinternas abiertas, segn niveles crecientes de participacin). Otro tantoocurre con la financiacin de la actividad partidaria: un candidato dependems de su partido cuando ste provee en forma exclusiva para los gastos, quecuando el aspirante puede disponer en mayor o menor medida de dineropropio para solventar su propia propaganda proselitista; ante una situacincomo la primera, de nada sirve que el candidato pueda mejorar sus posibili-dades de acceder a una banca promoviendo un voto preferencial o por ta-chas, si carece de recursos como para sostener una campaa personalizada.Es obvio que el nmero de candidatos a elegir por distrito incide de algunamanera en la relacin representante-representado, pero variables como lasmencionadas poseen un peso decisivo. Asimismo, sostener que seccioneselectorales pequeasfacilitan un mayor conocimiento entre votante y legis-

lador no significa en modo alguno asegurar que en la prctica sto sea efecti-vamenteas. Segn la densidad poblacional, el nivel socioeconmico y cul-tural, el desarrollo y la influencia de los medios masivos de comunicacin, elgrado de evolucin organizativa de los partidos polticos y la intensidad delas identificaciones partidarias, entre otras variables del caso, diputados electosmediante un sistema de circunscripciones uninominales pueden ser tan ig-notos como otros elegidos por un rgimen plurinominal.

En segundo trmino, distintos estudios entre los que se destacan losde Katz proporcionan evidencia que demuestra que los sistemas electorales

facilitadores de algn tipo de voto preferencial intrapartidario (es decir,mediante el empleo de listas abiertas o cerradas y desbloqueadas) disminu-


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yen la cohesin organizativa y aumentan las posibilidades de fraccionalizacinde los partidos al incentivar la competencia entre los mismos partidarios,alentar la organizacin de campaas electorales separadas y promover la

personalizacin de la actividad poltica20

. En algunos casos, estos efectosllegan a su extremo: clientelismo, patronazgo, influencia desmesurada deciertos grupos de electores o grupos de inters, proselitismo con gastos exor-bitantes, poltica centrada en los medios masivos de comunicacin, pro-puestas orientadas exclusivamente hacia problemas microseccionales, etc.,todo un cuadro proclive a la emergencia de focos de corrupcin poltica.Sobre este punto en particular, dos comentarios de casos (Italia entre 1946y 1991 y la provincia de Tierra del Fuego desde 1991 hasta la actualidad)pueden consultarse en las siguientes secciones de este trabajo.

Por ltimo, la pretensin de inmediatez y la expectativa de control en larelacin representado-representante satisfecha en teora por eleccionesuninominales con baja cantidad de electores colisiona con otros dos valores igual-mente relevantes como la razonabilidad en el tamao del cuerpo legislativo y laproporcionalidad del resultado electoral. Desde el clsico estudio de Rae21 , distin-tos trabajos han demostrado que es imposible satisfacer en pleno un principio sinsacrificar mnimamente otro. En otras palabras, resolver de cuajo el problema de lalista sbana traera aparejado la aparicin en grado significativo de otros talescomo los votos perdidos, las mayoras artificiales o las legislaturas enormes.

Esta crtica podra profundizarse mucho ms, pero cualquier comen-tario sera incompleto si no revisara la real dimensin del fenmeno listasbana en nuestro pas tanto desde una perspectiva histrica comoinstitucional (en el mbito nacional y provincial) segn la nocin de la quenos ocupamos en este punto.

En este sentido, cabe sealar que la construccin de esta segunda acep-cin de lista sbana es an ms reciente que la primera. Para la eleccin dediputados nacionales, el principio proporcional y las listas cerradas y bloqueadas

recin se emplearon en 1962, con el evidente objetivo de reducir al mximo larepresentacin parlamentaria del peronismo, cuyo predominio indiscutido poraquellas pocas se potenciaba a partir de los sistemas electorales vigentes. Hastaese momento, la tradicin verncula exhiba una constante sucesin de mtodos

20 Katz, Richard S., A Theory of Parties and Electoral Systems, The Johns HopkinsUniversity Press, Baltimore y Londres, 1980; Katz, Richard S., Intraparty PreferenceVoting, en Grofman, Bernard & Lijphart, Arend (editores), Electoral Laws and TheirPolitical Consequences, Agathon Press, Nueva York, 1986.

21 Rae, Douglas, The Political Consequences of Electoral Laws, Yale University Press, NewHaven y Londres, 1971.


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para la distribucin de escaos de clara orientacin mayoritaria (ver Apndice,Cuadro Nro. 1). En la Argentina, por ejemplo, la experiencia de la proporciona-lidad y el voto por partidos es todava ms breve que el mayoritarismo y el voto

por candidatos propio de la llamada Ley Senz Pea.Por otra parte, en el plano institucional actual, debe subrayarse que lalista sbana para la eleccin de diputados nacionales afecta en forma exclusi-va a la provincia y la ciudad de Buenos Aires (treinta y cinco y doce-trecebancas en juego respectivamente); mientras que un sesenta por ciento (60%)de los diputados de todo el pas ha sido electo sin mediar una lista sbana, yde este porcentaje slo Santa Fe y Crdoba bordean el lmite superior de lascircunscripciones medianas, mientras que el resto de las provincias no superael umbral de cinco escaos, el tope de los distritos electorales de magnitud

pequea. (Ver Apndice, Cuadros Nro. 2 y 3). De todas maneras, el dato noes insignificante puesto que bonaerenses y porteos representan el cuarenta ysiete por ciento (47%) de los habitantes de nuestro pas segn el Censo Na-cional de Poblacin y Vivienda de 1991. Por su lado, la eleccin de los senado-res de la nacin pre y post reforma constitucional de 1994 tampoco esafectada por el fenmeno de la lista sbana. En el pasado, la seleccin estabaa cargo de las respectivas legislaturas provinciales y, en el futuro, la eleccinser popular y directa en distritos trinominales y por lista incompleta.

En cuanto a los legisladores de las provincias, media docena de stasmantienen vigentes para su eleccin algn procedimiento de voto preferen-cial intrapartidario, ya sea la ley de lemas o DVSA (Formosa, Jujuy, Salta,Santa Fe, Tucumn) o el sistema de tachas (Tierra del Fuego); sus listaselectorales no son bloqueadas y, por lo tanto, no son listas sbana, inde-pendientemente de la magnitud del distrito respectivo. A este grupo habraque sumarle otras seis provincias (Chubut, La Rioja, Misiones, San Juan,Santa Cruz y Santiago del Estero) que adoptaron la ley de lemas entre1987 y 1991 y recin la derogaron entre 1996 y 1997: durante un lapso de

cinco a diez aos tampoco emplearon listas sbana. De las doce restantes,tambin debiera excluirse a dos dada la pequea o mediana magnitud de suscircunscripciones (Mendoza y San Luis), mientras que otras dos practicansistemas denominados mixtos (Ro Negro y San Juan), una se presentacomo un caso aparte porque en ella coexisten secciones electorales de distin-ta dimensin (provincia de Buenos Aires) y, por ltimo, siete claramenteson casos de lista sbana (ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Crdoba,Corrientes, Chaco, Entre Ros y La Pampa) ya que combinan listas cerradasy bloqueadas con distritos electorales de tamao grande (magnitud prome-

dio de 27 bancas, con Corrientes 13 escaos y Crdoba 66 cargoscomo extremos inferior y superior). (Ver Apndice, Cuadro Nro. 4).


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En el caso de las provincias con una organizacin legislativa bicameral(Buenos Aires, Catamarca, Crdoba, Corrientes, Entre Ros, Mendoza, Sal-ta, San Luis y Santa Fe), la designacin de los senadores tampoco se realiza a

travs de una lista sbana. La caracterstica comn salvo contadas excep-ciones es la eleccin por distrito uninominal y a simple mayora de sufra-gios (Ver Apndice, Cuadro Nro. 5).

En conclusin, la extensin del uso de la lista sbana no es tanuniforme como sealan sus principales detractores, sino que est muchoms acotada de lo que cabra suponer en funcin de las crticas que recibe.Las causas probables de la creencia contraria habra que buscarlas, entonces,en otros factores ms asociados al sesgo propio de las polmicas partidarias,a la pragmtica adopcin de posturas destinadas a ganar el favor de la opi-

nin pblica y a la influencia quiz desproporcionada de los temas de laciudad y la provincia de Buenos Aires sobre la poltica nacional.

II. La experiencia I: el voto preferencial en Italia

Ms all de ciertas desviaciones patolgicas, la Repblica italiana des-de las postrimeras de la Segunda Guerra Mundial y hasta su refundacinpoltico-institucional a comienzos de los noventa, nos proporciona unaproficua experiencia para analizar los resultados de la aplicacin de una va-riante de voto por lista cerrada y desbloqueada, la preferencia (preferenza).

En la Italia de posguerra, la frmula de representacin proporcionalplasmada en la ley electoral para la convocatoria a la Asamblea Constituyen-te (1945-1946) se mantuvo inalterable para los sucesivos comicios parla-mentarios, a pesar de las profusas modificaciones legislativas en la materia.Esta opcin por la proporcionalidad como principio orientador para la asig-nacin de escaos se combin, para la eleccin de la Cmara de Diputados

(Camera dei diputati), con distritos electorales de gran magnitud y con elderecho del votante de expresar una o ms preferencias por diferentes candi-datos de una misma lista partidaria (con un lmite mximo de tres o cuatro,segn la cantidad de bancas en disputa).

En razn de estas reglas, para saltear el obstculo del analfabetismoque habra cercenado a millones de ciudadanos el efectivo ejercicio de susderechos polticos (en particular en el sur italiano oMezzogiorno donde lafalta de instruccin constituye un problema secular), los legisladores esta-blecieron una serie de normas destinadas a simplificar la emisin del voto.

De esta forma, se dispuso la impresin de todos los smbolos partidarios enuna boleta electoral comn y la posibilidad de indicar el candidato preferi-


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do con el nmero de su puesto en la lista o con el apellido, indistintamente.En el acto comicial, entonces, bastaba que el sufragante indicara con unacruz el emblema escogido y, si lo deseaba, consignara sus postulantes favori-

tos escribiendo el nmero previo asignado o el nombre de ellos. Esta opera-cin, un tanto engorrosa puesto que las listas de candidatos no se exhibanen los lugares de votacin exigindose entonces al votante memorizar unadecisin previa, se vea empero facilitada por la propaganda proselitista queindicaba mediante facsmiles de boletas electorales tanto los detalles delprocedimiento como, por supuesto, por quin votar.

Cmo practicaron los italianos el voto con preferencias? DAmato,autor de uno de los primeros y ms documentados estudios sobre la mate-ria22 , identifica entre 1946 y 1963 una serie de uniformidades en el com-

portamiento de los votantes para las cinco consultas electorales realizadasdurante este perodo:

1) el uso del voto preferencial en un porcentual nacional en torno altreinta por ciento (30%) de los sufragios emitidos (ver Apndice, CuadroNro. 6).

2) la tendencia del electorado sureo e insular (particularmente endistritos como Npoles, Salerno, Palermo y Catanzaro) a usufructuar conmayor amplitud las preferencias que la ciudadana del centro y del norte,fenmeno al que denomina como meridionalizacin (meridionalizzazione)del voto preferencial(ver Apndice, Cuadro Nro. 6).

3) la meridionalizacin del voto preferencial se observa no slo anivel global, sino que tambin afecta a todos y cada uno de los partidospolticos nacionales (demcrata-cristianos, comunistas, socialistas, republi-canos, liberales y neofascistas). (Ver Apndice, Cuadros Nro. 7 y 8).

Con algunos crecimientos bruscos o declives pronunciados de una elec-cin a otra pero con variaciones apenas significativas en el largo plazo (comopor ejemplo, el leve descenso del uso del voto preferencial a nivel nacional), losmismos patrones de comportamiento electoral se registraron hasta bien entra-da la dcada de los ochenta23 . (Ver Apndice, Cuadros Nro. 6, 7 y 8).

Sin embargo, y a pesar de ser concebida originalmente como un armaen manos del elector para defender su libertad de expresin frente a los

22 DAmato, Luigi, Il voto di preferenza in Italia (1946-1963), Dott. A. Giuffr Editore,Miln, 1964.


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designios de la mquina partidaria, lapreferenza en combinacin con otrosrasgos particulares del sistema poltico peninsular deriv en una serie deefectos considerados por los principales analistas polticos como absoluta-

mente perniciosos para el funcionamiento de la democracia italiana.En efecto, el voto preferencial alent y consolid en los partidos polti-cos el denominado correntismo, es decir el predominio de los grupos inter-nos (correnti) en desmedro de la conduccin partidaria unificada. Las tenden-cias intrapartidarias encontraron en lapreferenza un mecanismo para afirmarsecomo centros de poder autnomos de la organizacin. Eleccin tras eleccin,grupos escindidos a causa de orientaciones ideolgicas distintas se transforma-ron en verdaderas oligarquas fundadas en el inters24 . En la competenciapoltica, cada fraccin se esforzaba por obtener el mayor nmero de preferen-

cias para sus candidatos, apelando frecuentemente a la financiacin externa desu actividad proselitista a cambio de favores polticos.

Estas prcticas encontraron un terreno frtil para su desarrollo sostenidoen las instituciones de la democracia al estilo italiano. Gobiernos inestablessometidos a negociaciones permanentes dependan del apoyo continuo deheterogneas y cambiantes coaliciones, dispuestas a cooperar slo a cambio decarteras ministeriales y cargos en las agencias estatales (lottizzazione). La gestinde los sucesivos gabinetes se desarrollaba as muchas veces sin principios ordena-dores ni polticas pblicas coherentes, pero en este inmovilismo que resenta elfuncionamiento de todo el sistema poltico italiano, los partidos disponan delaparato estatal para controlar y distribuir recursos entre allegados y grupos deinters. Una densa red de influencias, apoyos y beneficios recprocos integradapor grupos empresarios, funcionarios, parlamentarios y clientelas electoralesrecubra las decisiones importantes en materia financiera y fiscal, estrangulandola racionalidad y la eficacia del proceso de gobierno.

La Democracia Cristiana, la organizacin poltica condenada a gober-nar durante cincuenta aos, result ser la gran beneficiaria de este estado de

cosas (aunque, cabe agregarlo, otros partidos tambin sacaron buen provecho dela situacin). Nunca concebida como un partido confesional en sentido estricto,

23 DAmico, Renato, Voto di preferenza, movimento dellelettorato e modelli di partito.Landamento delle preferenze nelle elezioni politiche italiane del quindicennio 1968-1983",en Quaderni dellOsservatorio Elettorale, Nro. 18, Florencia, enero de 1987; Nuvoli,Paolo, Il dualismo elettorale Nord-Sud in Italia: persistenza o progressiva riduzione?, enQuaderni dellOsservatorio Elettorale, Nro. 23, Florencia, julio-diciembre de 1989.

24 Caciagli, Mario, Sistemas electorales y consolidacin de la democracia. Las experienciasitaliana y alemana, en Huneeus, Carlos (compilador), Para vivir la democracia. Dile-mas de su consolidacin, Editorial Andante-CERC, Santiago de Chile, 1987.


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esta verdadera confederacin de correnti(cada una con lder, sede, recursos yperidico propio), convocaba a amplios sectores sociales: la pequea burguesa,los profesionales liberales, los caciques locales y los sindicalistas. Entrenados en

la prctica de la tortuosa intermediacin de intereses y el arte de la irresolucinde los conflictos, los lderes democristianos conseguan atraer a fuerzas contra-dictorias hacia la cpula partidaria, mientras va patronazgo alimentaban asus bases locales gozantes de una relativa autonoma organizacional. Y as, apesar de todo, el esquema permita sortear con xito las compulsas electorales.

En el extremo opuesto, el Partido Comunista, la matriz de organizacincohesionada en torno a la disciplina de sus miembros y el permanente papel deopositor ocult o moder las tendencias al fraccionalismo y la diferencia deopiniones pero, de todos modos, la agrupacin no result ajena al voto preferen-

cial y a la meridionalizacin (ver Apndice, Cuadros Nro. 7 y 8).El tercero en liza, el Partido Socialista, proporciona otro buen caso

para completar el cuadro descripto. Los niveles de preferencias expresadasen las boletas del PSI aumentan tras el viraje partidario hacia al centro, elingreso como socio estable en la coalicin de gobierno liderada por la DC yla consecuente disponibilidad de mayores cuotas de recursos pblicos enmanos de la organizacin para participar en el mercado del intercambiopoltico (ver Apndice, Cuadros Nro. 7 y 8).

Otro fenmeno a destacar con relacin a la preferenza, es el de lasparticularidades que rodearon a su prctica en algunos lugares de la Italiameridional e insular (Calabria, Lucania, Campania y Sicilia). Al tratarse deuna zona histricamente postergada, donde las relaciones clientelares, laexigencia del contacto continuo entre gobernantes y electores y la polticadel pequeo favor son moneda corriente, los partidos polticos aqu conescaso desarrollo organizativo tradicionalmente tendieron a personalizar lapropaganda proselitista y a desideologizar la lucha electoral. Estas costum-bres, alentadas an ms por lapreferenza, acercaron a la relacin entre repre-

sentantes y representados en la Italia meridional a las formas tradicionalesantes que a los mecanismos modernos de representacin poltica. Asimismo,en estas regiones la mafia se apropi del sistema de preferencias para mani-pular ampliamente la poltica local. Mediante simples combinaciones devotos acordadas de antemano y el respaldo de la intimidacin, los capomafiacontrolaban la voluntad de numerosos electores y, de esa forma, podandigitar el resultado del comicio en favor de postulantes comprometidos conel crimen organizado.

Adems, e independientemente de la regin del pas, los resultados

podan ser y de hecho lo eran fraguados o distorsionados con facilidaddurante el escrutinio con la misma complicidad de los partidos polticos, los


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cuales no deseaban alteraciones en el orden en que haban escogido a suscandidatos25 . Tanto los interesados directos como la ciudadana en generaltenan conocimiento de todas estas prcticas, sin embargo, el sistema se

mantena inclume. Las organizaciones y los lderes polticos se haban adap-tado muy bien al esquema vigente y tenan mucho que perder ante cual-quier cambio; por ello, en sus expectativas y actitudes se manifestaban proclivesal status quo, a pesar del descrdito generalizado de lapartitocrazia frente a laopinin pblica26 .

Sin embargo, este estado de cosas lleg a su fin tras un proceso relati-vamente breve pero de profundos cambios que se extendi desde 1989 hasta1993, en el cual tuvieron lugar entre otros fenmenos la creacin delComit por la Reforma Electoral y la emergencia del llamado partido trans-

versal, la disolucin del Partido Comunista Italiano y su refundacin en elPartido Democrtico de la Izquierda (PDS), el escndalo de Tangentopoli, lacrisis y divisin de la Democracia Cristiana, y el surgimiento de nuevasfuerzas polticas como Forza Italia.

En el plano de las reglas electorales, las transformaciones comenzaronen 1991, cuando el parlamentario democristiano Mario Segni, hijo de unex-presidente de la repblica, alent y logr la convocatoria a un refern-dum para modificar la legislacin vigente. Con el claro objetivo de evitar laintimidacin y la manipulacin electoral, Segni propona reducir a slo unala cantidad de preferencias posibles y que los votantes escribieran el apellidodel candidato preferido en vez de consignar el nmero adjudicado a ste. Elnoventa y seis por ciento (96%) de la ciudadana se pronunci a favor deestas reformas, y este resultado signific el ocaso de los lderes tradicionalesencabezados por el socialista Bettino Craxi, quien haba apostado a lanulificacin de la consulta por una concurrencia cvica inferior a la mitaddel cuerpo electoral. A pesar del xito del referndum, la preferencia nicarigi slo para los comicios de 1992, ya que al ao siguiente la nueva ley

electoral cambi completamente con la adopcin de un sistema mixto25 Sartori, Giovanni, Ingeniera constitucional comparada. Una investigacin de estructu-

ras, incentivos y resultados, Fondo de Cultura Econmica, Mxico D.F., 1994, pg.31. Edicin original: Comparative Constitutional Engineering. An Inquiry intoStructures, Incentives and Outcomes, Macmillan, Londres, 1994.

26 En la pelcula Il Portaborse, dos escenas presentan con elocuencia qu maniobras hacanposible identificar el voto con preferencias y cmo el mismo se prestaba para la manipu-lacin mediante el fraude. El film tambin ilustra acerca de la mencionada lottizzazioney, en general, sobre el fenmeno de la corrupcin en el particular rgimen parlamentario

italiano. Luchetti, Daniele (director), Il Portaborse (La investigacin), Sacher Film-Eidoscope Productions (Roma)/Banfilm (Paris), Italia, 1991.


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(mayoritario-proporcional), desterrando en forma definitiva el tipo de listacerrada y desbloqueada27 .

III. La experiencia II: las tachas en Tierra del Fuego

En la provincia de Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del AtlnticoSur se encuentra vigente un particular sistema electoral de tachas de can-didatos (y hasta podra decirse que uno todava no aplicado de sustitucio-nes, como veremos ms adelante). La incorporacin de este rgimen plas-mado en la constitucin del nuevo estado argentino y regulado por unanorma local especfica, se remonta al mismo acto de provincializacin del

hasta entonces Territorio Nacional, sancionado por el Congreso el 26 deabril de 1990 por Ley 23.775.

Como consecuencia de este cambio de status jurdico, el 9 de diciem-bre de 1990 los fueguinos concurrieron a elegir convencionales para redac-tar la futura carta provincial. En esos comicios result vencedor el Movi-miento Popular Fueguino (MPF) que, con ms de doce mil votos, aventajal justicialismo, a la Unin Cvica Radical, al Partido Socialista Autntico(PSA) y a una decena de partidos menores28 . El MPF constitua una fuerzapoltica relativamente nueva en la flamante provincia insular. Sus antece-dentes se remontaban a dos organizaciones partidarias comunales surgidasen los aos setenta, la Unin Popular Fueguina (con asiento en Ushuaia), yla Agrupacin Vecinal de Tierra del Fuego (de Ro Grande). Debutantes enla consulta ciudadana de 1973, estas fuerzas conforman una alianza para loscomicios de octubre de 1983 y, ms tarde, se fusionan para crear el MPF(1985). Hacia fines de los ochenta, el MPF atravesaba una etapa de marca-do retroceso en el plano electoral, situacin que se reflejaba en la representa-

27 Para un anlisis detallado de este proceso de cambio, vase Donovan, Mark,The Politicsof Electoral Reform in Italy, en International Political Science Review, volumen 16,nmero 1, IPSA, enero de 1995. Respecto de las ltimas reformas y las nuevas estrate-gias partidarias desplegadas a partir de ellas, consultar Castiglioni, Franco, Reformaelectoral y gobierno: una mirada al caso italiano, en Sociedad, Nro. 5, Facultad deCiencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, octubre de 1994.

28 Las caractersticas demogrficas (una densidad poblacional de poco menos de cuarentay cinco mil ciudadanos en 1990), socioeconmicas y geogrficas (insularidad, distanciade los principales centros urbanos del pas) del distrito, los beneficios que el Estadootorga a los partidos (pasajes areos, lneas telefnicas, etc.) y el escaso nmero de apoyospara obtener el reconocimiento oficial (un centenar de firmas) explica la proliferacin delas organizaciones polticas entre los fueguinos.


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cin mnima que apenas mantena tanto en los rganos colegiados munici-pales como en la legislatura territorial 29 (Vase Apndice, Cuadro Nro. 9).

En materia electoral, el proyecto de constitucin del MPF lanzado

en plena campaa proselitista inclua la representacin proporcional en loscuerpos colegiados, el sufragio con boletas separadas y de distintos colores paralas diferentes categoras de cargos a cubriry la posibilidad de que el votantepudiera tachar a los candidatos en las listas electorales. Adems, la iniciativapropona: Por ley se establecer el modo y el tiempo en que podrn adems,incluir en las boletas que se utilicen para votar, a candidatos que figuren en otraslistas oficializadas. Ya en los debates de la convencin, los representantes delMPF sostuvieron que la introduccin de este sistema persegua como obje-tivo el mejoramiento de los mecanismos de seleccin de los candidatos. A su

criterio, los distintos arreglos electorales vigentes, al imponer al votante tan-to el nombre de los postulantes como su ubicacin en las listas, impedan lamanifestacin de la verdadera voluntad ciudadana. La posibilidad de modi-ficar el orden propuesto por las cpulas partidarias a travs de las boletaspreimpresas, constitua una herramienta para que el ciudadano comn puedaelegir de verdad, premiando o castigando a los distintos aspirantes a cargoslegislativos30 .

Por su parte, el bloque de la UCR expres que el sistema electoral debaser decidido a travs de una ley dictada por la primera legislatura constitucio-nal, a la vez que manifest su profunda discrepancia con el rgimen propues-to. Para la bancada radical, representada a travs de las intervenciones delconvencional Rabassa, el sistema de tachas y sustituciones resultaba inade-cuado para las condiciones socio-polticas de la sociedad fueguina, pudiendoser inviable en la prctica o conducir a efectos indeseados, como la discrimina-

29 Para un anlisis del comportamiento electoral en Tierra del Fuego, consltese de Imaz,Jos Luis, Tierra del Fuego vota, en Mora y Araujo, Manuel & Llorente, Ignacio(compiladores), El voto peronista. Ensayos de sociologa electoral argentina, EditorialSudamericana, Buenos Aires, 1980; e Ivancich, Norberto, Las dcadas ideolgicas de losargentinos: Tierra del Fuego. Los escrutinios fueguinos de los ltimos 30 aos, en OpininPblica. Dossier de Informacin y documentacin, ao II, nmero 10, Buenos Aires,

julio de 1994.30 Vase las intervenciones de los convencionales populares fueguinos Martinelli, Prez,

Weiss Jurado y Nogar en Diario de Sesiones de la Convencin Constituyente de laProvincia de Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del Atlntico Sur, 2da. Sesin Ordinaria,36 Reunin, 4 de abril de 1991, pgs. 1141 a 1160. Para la posicin del MPF,consltese tambin los Fundamentos del despacho en mayora con respecto al Proyectode Constitucin, aprobado por la Convencin en Comisin Plenaria, sesin del 23 deabril de 1991, pg. 1229.


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cin de los candidatos segn la ciudad de procedencia (Ushuaia o Ro Gran-de), o la adulteracin de los resultados de una eleccin partidaria interna en elcaso de que el sector perdedor instruyera a sus miembros a tachar

sistemticamente a los ocupantes de los primeros lugares. Asimismo, median-te las sustituciones, un partido podra intervenir en las posibilidades electora-les de los candidatos de los dems partidos. En definitiva, para el radicalismoel sistema atentaba contra las estructuras partidarias y los derechos de losafiliados de llevar adelante a quienes consideraran sus mejores representantes ypor lo tanto constitua una especie de canibalismo poltico dentro del partido oentre partidos31 . Los radicales consideraban no slo riesgoso adoptar este siste-ma sino tambin darle rango constitucional; por ello, la UCR dejaba libradoa la futura legislatura la resolucin de las reglas electorales.

Por su parte, el justicialismo coincida con el bloque radical. Segnpalabras de sus propios constituyentes, el PJ objetaba el proyecto de lospopulares fueguinos porque atentaba contra las bases de la democracia, elfuncionamiento de los partidos polticos y hasta la propia existencia de s-tos. Adems, la bancada justicialista tambin se opona a la incorporacinen el texto constitucional del sistema electoral, porque entenda que corres-ponda establecerlo por ley. En su propio proyecto constitucional el peronismoslo pretenda asegurar la representacin de las minoras en el rgimen aadoptar por la futura legislatura provincial.

Por ltimo, y aunque no particip de este debate, el representante delPSA tambin manifest su rechazo a este rgimen al presentar ms tarde losfundamentos de su propio dictamen de proyecto constitucional. La posturadel PSA se fundaba en la conviccin de que el rgimen electoral constituamateria propia de una legislacin especfica y en que el proyecto del MPFincursionaba peligrosamente en la subestimacin de los partidos y propicia-ba el surgimiento del personalismo. El proyecto del socialismo autnticorelativo al sistema electoral contena principios generales y estableca la par-

ticipacin de las minoras en los cuerpos colegiados y la consideracin delterritorio de la provincia como distrito electoral nico32 .A pesar del rechazo de la oposicin en su conjunto, el MPF impuso la

mayora numrica para aprobar su propuesta sin modificacin alguna. A los

31 Vase las intervenciones del convencional Rabassa en Diario de Sesiones de la Conven-cin Constituyente de la Provincia de Tierra del Fuego, Antrtida e Islas del AtlnticoSur, pgs. 1149 y 1154.

32 Diario de Sesiones de la Convencin Constituyente de la Provincia de Tierra del Fuego,

Antrtida e Islas del Atlntico Sur, 2da. Sesin Ordinaria, 36 Reunin, 4 de abril de1991, pg. 1263.


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efectos de los primeros comicios, la normativa relativa al rgimen electoral secomplementara con la Cuarta Disposicin Transitoria de la ConstitucinProvincial, que estableca que las tachas sobre los candidatos seran consi-

deradas slo si superaban un umbral del tres por ciento del total de votosemitidos en favor de partido poltico que lo propuso. Las sustituciones que-daban para ms adelante. Finalmente, el 17 de mayo de 1991 en sesinextraordinaria se sancion y promulg la flamante constitucin; y el 1 dediciembre de ese mismo ao se celebraron las elecciones para gobernador yvicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

La primera experiencia con este sistema electoral estuvo bastante lejosde satisfacer las expectativas de sus impulsores y de la ciudadana en general.Los partidos recurrieron a las tachas en forma organizada, superando con

amplitud las previsiones de su aplicacin en forma espontnea e individual.De esta manera, una simple operacin automtica de las tachas reempla-z a una compleja seleccin reflexiva, ms acorde con el espritu general dela reforma introducida. En el Movimiento Popular Fueguino este fenmenoprovoc una inversin casi total del orden de su lista de candidatos a legisla-dores provinciales: los primeros y conocidos postulantes (y, por lo tanto,merecedores de crticas y rechazos) se vieron desplazados por otros ignotosubicados en puestos marginales (de relleno), que ni siquiera aspirabanrazonablemente a la responsabilidad de ser representantes. En el PJ, losmilitantes recurrieron a las tachas como si fuera un recurso intrapartidarioms en la lucha entre los dos principales dirigentes del distrito, ChiquitoMartnez y Carlos Manfredotti. Por ltimo, si bien la Unin Cvica Radicalrecibi un apoyo ms disciplinado de sus votantes por lo que logr la elec-cin de los dos primeros candidatos de su lista, tampoco fue inmune a lastachaduras masivas. (Ver Apndice, Cuadros Nro. 11, 12 y 13).

El sistema tambin influy para reavivar las tradicionales disputas entrelas localidades ms importantes de la isla. En efecto, de los quince legisladores

electos slo cinco pertenecan a la ciudad de Ro Grande, a pesar de poseeruna cantidad de habitantes similar a la de Ushuaia y de que popularesfueguinos, peronistas y radicales haban armado sus listas para evitar la sobre osubrepresentacin regional apelando a un idntico mtodo de intercalar can-didatos de una y otra poblacin. Notoriamente, las tachas tambin se toma-ron como medio para dirimir conflictos entre ciudades vecinas33 . Por otra

33 La organizacin colectiva de una tachadura orientada resulta evidente al observar lacuriosa distribucin de las voluntades electorales: los postulantes ubicados en posicionesimpares obtienen, en general, ms votos que los detentadores de candidaturas pares.(Ver Apndice, Cuadros Nro. 12, 13 y 14).


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parte, en Tolhuin, una pequea comuna del interior de la provincia, una solatacha signific para algunos partidos el tres por ciento de sus votos, umbrallegal suficiente para habilitar el desbloqueo de la lista, pero de legitimidad

cuestionable como para desconocer las decisiones partidarias internas. Ade-ms, el engorroso conteo de las tachas provoc serias demoras en el escruti-nio en los lugares de votacin ms concurridos. Por ltimo, poco tiempo des-pus del comicio alcanz estado pblico el caso de una candidata electa por elradicalismo que habra negociado su renuncia como concejal de Ro Grandecon el correligionario que la segua en nmero de votos34.

Con estos resultados a la vista, el sistema electoral mereci la crtica deuna importante cantidad de funcionarios y dirigentes polticos. En poco tiempoaparecieron las primeras iniciativas de reforma, las que rpidamente tomaron

estado parlamentario al discutirse la ley electoral provincial. En el estudio deesta norma por la legislatura el justicialismo propuso una limitacin de las ta-chas hasta un mximo de cuatro (4) candidatos de la lista y que no se conside-raran las tachas efectuadas a cada candidato que no superen el veinte por ciento(20%) del total de los votos vlidos emitidos en favor de la lista que lo propuso35 .

Asimismo, el dictamen del peronismo tambin propiciaba limitar el derecho atachar hasta dos candidatos como mximo en la eleccin de concejales de losmunicipios no autnomos o autnomos sin carta orgnica y de las comunas, yun procedimiento ms riguroso para la emisin del sufragio que consista endisponer que los electores emplearan un nico elemento de escritura para reali-zar las tachas provisto en forma exclusiva por el presidente de cada mesa elec-toral, previa seleccin al azar entre seis elementos permanentes de distinto color.

El poder ejecutivo provincial formul observaciones a este dictamen,particularmente en lo referido al nmero mnimo de tachas requeridas

34 Para un panorama ms completo del desarrollo y los resultados de esta eleccin puedeconsultarse la cobertura periodstica de los medios grficos locales. Especialmente, vaseLos InXtachables, en El Sureo, 6 de diciembre de 1991, pg. 3; Tacha ..que me hicistemal, en Tiempo Fueguino, 7 de diciembre de 1991, pg. 14; Tachas: el infierno tantemido, en Tiempo Fueguino, 10 de diciembre de 1991, pg. 11; yLas tachas definie-ron las elecciones, en Tiempo Fueguino, 12 de diciembre de 1991, pgs. 12-13. Tam-bin las notas Cmo funcion el sistema de tachas. Los fueguinos privilegiaron los candida-tos sobre los partidos, en Clarn, 3 de diciembre de 1991, pg. 5; yEn Tierra del Fuegosiguen de campaa. Las tachas demoran el escrutinio, en Clarn, 7 de diciembre de 1991,pg. 8. Para el caso de la concejala electa en Ro Grande, ver Banca, se vende, en Clarn,19 de julio de 1992, Segunda seccin, pgs. 8-9.

35 Dictamen de la Comisin Plenaria en mayora sobre el Asunto N 362/94, proyecto deLey Electoral Provincial, Diario de Sesiones de la Legislatura de la Provincia de Tierra delFuego, 15 de diciembre de 1994, pg. 74.


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para ser consideradas. En los pasajes centrales de la comunicacin el gober-nador expresaba que: Este Ejecutivo entiende que al establecerse un piso delveinte por ciento del sistema de tachas se desnaturaliza el mismo violando la

prescripcin y el espritu de nuestra Constitucin Provincial. Los constituyentes, alestablecer el sistema de tachas pretendieron poner ms poder en manos del elector,darle un instrumento electoral ms y profundizar de esta forma la manifestacinde la voluntad ciudadana. La Constitucin ha querido privilegiar en este puntola voluntad del votante comn por sobre la de las dirigencias partidarias. Resultaclaro que no se puede hoy, por va de una ley que reglamente el sistema eleccionarioconvertir en letra muerta esta institucin constitucional. Ha sido hasta el presen-te, poltica constante de ambos poderes no sancionar ni promulgar normas que dealguna forma desvirten las instituciones polticas bsicas de la Provincia. Por ello

se solicita a la Legislatura se brinde a esta observacin el tratamiento adecuado.En coincidencia con el mensaje del ejecutivo, los populares fueguinos y

los radicales apoyaron un dictamen alternativo y lograron la aprobacin deuna legislacin que elevaba del tres al diez por ciento el umbral mnimo paralas tachas y no estableca lmite alguno para el nmero de stas en ningunacategora de cargos. S se incorporaba, en cambio, las disposiciones relativas alcolor de la tacha y su seleccin al azar como criterios para determinar la validezde la misma. La posibilidad de sustituir candidatos incluida en la constitu-cin la lista abierta opanachage quedaba otra vez postergada.

Con estas modificaciones vigentes se celebraron las elecciones para larenovacin legislativa de 1995. El desarrollo de la campaa electoral y losresultados del comicio mostraron, empero, una reiteracin de lo ocurridocuatro aos atrs. Los grupos de electores organizados por lneas internaspartidarias para tachar a ciertos candidatos en beneficio de otros alcanzaronesta vez un mayor grado de institucionalizacin y hasta recibieron un nom-bre propio: comits de tachas. Una vez ms se pusieron al descubierto lasdivisiones geogrficas, aunque en esta ocasin con resultados invertidos; tre-

ce legisladores correspondieron a Ro Grande y slo dos a Ushuaia. Lospopulares fueguinos, por ejemplo, a pesar de obtener ms votos en Ushuaiaque en Ro Grande no lograron que ninguno de sus candidatos por estaciudad accediera a la legislatura. La inversin del orden de las listas presen-taba como en 1991 tambin un particular dibujo con un grado deprecisin admirable (Ver Apndice, Cuadros Nro. 15, 16 y 17). Por otraparte, la Unin Cvica Radical present un reclamo a la justicia electoralprovincial exigiendo criterios para el juzgamiento de validez de las tachas,lo que provoc la suspensin del escrutinio. El recurso del radicalismo pona

en cuestin la interpretacin de la voluntad del elector segn la formalidadde la tacha. Sin embargo, lo que pareca un asunto menor (tachaduras en


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forma completa o no del nombre del candidato) se converta en un proble-ma que afectaba las posibilidades de los postulantes de todos los partidossegn la extensin de su apellido36 . Por ltimo, el umbral del diez por

ciento tampoco result eficaz como recurso: de la treintena de candidatoselectos entre legisladores provinciales y municipales slo uno logr ubicarsepor debajo de la barrera, David Pttaro que accedi a una banca de concejalen la localidad de Tolhuin recibiendo apenas un 3,10% de tachas37 .

Tras estas circunstancias, los fueguinos se debatieron nuevamente entre laconservacin de las normas electorales vigentes y la reforma de las mismas por vaconstitucional o legal. Finalmente, casi tres aos ms tarde y con antecedentes demarcadas y crecientes diferencias inter, pero sobre todo intrapartidarias, la legisla-tura sancion un proyecto modificatorio de la ley electoral por el cual no se consi-

deraran las tachas que no superasen la mayora absoluta del total de votos vlidosemitidos a favor de cada lista. La iniciativa un cambio significativo en las reglas dela competencia poltica provincial fue vetada por el gobernador, pero la legislatu-ra insisti y logr su aprobacin definitiva a med

"lista sábana", preferencias y "tachas". algunas reflexiones a propósito de la reforma electoral...

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