liberalizaciÓn, riesgo regulatorio e inversiones en el

XXI Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, 8 - 11 nov. 2016 Documento libre

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Análisis comparado de los mercados de electricidad y telecomunicaciones:

desempeño de los países en un entorno con incertidumbre y cambios estructurales

Adolfo Arturo Dávalos Yoshida

1. Hacia la liberalización de las economías

Los programas de ajuste estructural y liberalización de mercados en Latinoamérica de los años 90 y

principios del presente siglo, dieron paso a la construcción de modelos desarrollo, en los cuales se

transfiere de manera muy importante al sector privado el motor del desarrollo económico, el Estado

reduce su accionar en los mercados y sede esos espacios tanto a los capitales nacionales como extranjeros.

El sector público fue achicándose, con un rol del estado reorientado hacia una participación como

regulador, principalmente en sectores de industrias de red e infraestructura (telecomunicaciones,

electricidad, saneamiento básico, transporte e hidrocarburos), tal como refieren, por ejemplo, Oscar

Oszlak (2004), Chong y Benavides (2007).

Los criterios de eficiencia económica y competencia debían estar presentes en los mercados y la

participación de los gobiernos como prestador de servicios, se debía equiparar a la participación privada.

Es decir, la de los primeros debía estar sujeta a las mismas obligaciones y derechos que cualquier privado.

En este sentido, las reformas estuvieron alineadas a lo que dicta la teoría económica, tomando el primer

y segundo teorema del bienestar como los argumentos para fundamentar la participación del estado. Para

un análisis más profundo del teorema del bienestar, se sugiere Stiglitz, Joseph: La economía del sector

público (2000), y, Ferguson y J.P. Gould: Teoría microeconómica (1990).

Todo el arsenal de literatura económica que tomó auge las dos últimas décadas del siglo pasado, muestra

de manera contundente que la administración estatal de las empresas productivas luce para ese momento

histórico, no recomendable para sanear una economía frente a la profunda crisis económica de la región.

Así que, junto con la necesidad de volver a atraer capitales extranjeros hacia la región, se plantearon

reformas estructurales bajo la denominada corriente neoliberal. Además, los países durante el periodo

que va de mediados de los 80 y la década de los 90 fueron realizando ajustes económicos basados en

reformas estructurales (Oszlak 2004).

En el sentido de las reformas, destacan dos características particulares para los sectores de infraestructura

e industrias de red como el de telecomunicaciones: 1) procesos de privatización cuyo resultado fue un

importante fortalecimiento de la participación privada, cuando no, hasta una salida total del Estado en la

actividad productiva de estos sectores y 2) el surgimiento de nuevas entidades estatales con ciertas

características comunes en cuanto a su mandato e independencia del poder político. Se resaltan por

ejemplo, los casos de Chile, Argentina, Bolivia y Perú (Oszlak 2004).

Luego de la crisis generalizada de los años 80, se pone en tela de juicio las bondades del modelo

económico preponderante hasta entonces. La crisis de la deuda externa, cerró un ciclo para las economías

latinoamericanas, muchas de ellas saliendo de largos periodos de dictadura militares, que promovieron

un modelo de sustitución de importaciones, en el cual los esfuerzos estaban orientados a generar grandes

inversiones comandadas por los estados y respaldadas por un sustancial endeudamiento externo que

acentuó las causas de la crisis, a principios de los años 80.


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Este fuerte impulso a la inversión estatal, principalmente en sectores de infraestructura e industrias de

red, pero también en otros sectores en los cuales la participación privada había sido muy importante, dio

como resultado una importante participación estatal en los diferentes sectores de la economía real. Chong

y Benavides (2007), muestran que hasta antes de la crisis de la década de los 80, los gobiernos

latinoamericanos favorecieron la propiedad estatal y la administración de empresas en industrias

“estratégicas”, basados en la idea de que fallas en el mercado ameritaban dicha decisión. Estos autores

señalan que, en general, las empresas de propiedad del Estado se desempeñaron, en forma deficiente con

producción de bienes y servicios de baja calidad y alto costo. De acuerdo con esto, la salud financiera de

las empresas estatales o con mayoría de participación estatal, fue minándose hasta convertirlas en fuertes

cargas estatales que conjuntamente con otros aspectos de la política económica de corte asistencialista

predominante, fueron la causa de los importantes desequilibrios fiscales que caracterizaron a la crisis de

aquellos años. Protegidas de la competencia, estas empresas de propiedad del Estado, por lo general,

cumplían un mandato: mantener los precios sin considerar los niveles de recuperación de costos, aspecto

que a decir de Chong y Benavides (2007), habría llegado a acarrear crecientes pérdidas financieras, que

en algunos casos llegaron a ser equivalentes hasta un 5 o 6% del PIB.

Por su parte, el fuerte influjo de recursos de la década de los 70 había llevado, según los criterios del

Banco Mundial, a que América Latina sea considerada como una región severamente endeudada durante

los años 1982-1988. La magnitud de la deuda externa referida a los ingresos vía exportaciones alcanzaba,

ya en la segunda mitad de la década de los 70, magnitudes alarmantes, las obligaciones de pagos,

derivadas del endeudamiento externo, comenzaban a superar los ingresos de las exportaciones (Pérez S.,

1995).

Dado el gravísimo problema de endeudamiento y de desequilibrio interno, la crisis dejó de ser un

problema de incapacidad temporal de pago. Se requerían estrategias de solución orientadas a combatir

las causas y permitan retomas los equilibrios macroeconómicos. Con el apoyo de organismos

internacionales (Ej. BID, BM, FMI), los diferentes estados sumidos en crisis, diseñaron programas

macroeconómicos de ajuste estructural orientados a mejorar la productividad y promover el crecimiento

económico. Es el caso de la Argentina, bajo los Gobiernos de Raúl Alfonsín (1983 – 1989) y Carlos

Menem (1989 – 1995), o de Bolivia bajo los Gobiernos de Paz Estenssoro (1985 – 1989) y Sánchez de

Lozada (1993 – 1997). Frente a esto, de acuerdo con Del Bufalo (2002) en los años 80, se puso de moda

comparar el fracaso latinoamericano con el éxito de los países del sudeste asiático, como un instrumento

para promocionar la apertura de los mercados, al punto de convertir a los países del Sureste asiático, en

ejemplos de las bondades de una economía de mercado no intervenida, en oposición a los vicios de

economías intervenidas como las latinoamericanas.

En este contexto, numerosos autores han demostrado que la incorporación de competencia en los

mercados, junto con una regulación eficaz y eficiente, resulta ser claramente ventajosa comparada con la

estrategia de propiedad del Estado (Kikeri y Nellis 2004). De acuerdo con la literatura (Arrow 1996),

(Dembe y Boden, 2000), en las empresas públicas está presente un problema de riesgo moral (“Moral

Hazard”), así el deficiente historial de la propiedad estatal, resulta de un problema de dilución de la

responsabilidad Agente – Principal1, que se traduce en un control imperfecto que ejerce el Estado como

propietario de la empresa (Principal) y por la existencia de deficientes incentivos para los gerentes de

dichas empresas (Agente), lo que se traducen en un desempeño inferior.

1 Desde la perspectiva de la teoría económica, el problema del agente-principal designa un conjunto de situaciones que surgen

cuando un actor económico (el principal o mandante), depende de la acción de otro actor (el agente), sobre el cual no tiene

perfecta información. Dembe, Allard E. and Boden, Leslie I. (2000). "Moral Hazard: A Question of Morality)


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De igual forma, dado que las acciones de las empresas de propiedad del Estado no se negocian en los

mercados, no existe amenaza de que sean tomadas por la competencia, lo cual constituye otro incentivo

negativo a la mejora de eficiencia. De igual forma, dado que el Estado es el que financia a la empresa

estatal tanto para sus inversiones como para la cobertura de sus eventuales pérdidas, la existencia de

acreedores no juega ningún papel disciplinador, como sería el caso actuando bajo libre competencia. Las

pérdidas se cubren típicamente con subsidios o transferencias fiscales. Adicionalmente, los consejos

directivos son nombrados por razones no necesariamente relacionadas con la experiencia en el manejo

empresarial, rara vez implementan buenas prácticas de gobernabilidad corporativa, aspecto que es

ampliamente debatido por Vickers y Yarrow (1990).

Otra corriente considera que el interés de capitalizar políticamente las decisiones empresariales lleva a

tomar resultados ineficientes, por ejemplo, las entidades productivas son solo centros de generación de

empleo y mecanismos para retribuir u otorgar favores a través de la compra de insumos o venta de los

productos y/o servicios. La Porta et al (1999), muestran que el paquete controlador de las grandes

empresas, en el caso de las economías latinoamericanas típicamente el Estado, ejercen con frecuencia su

poder de control más allá de sus derechos en aporte de capital, como consecuencia, en las empresas

públicas se produce un problema de propiedad y control. Finalmente, Sheshinski y López-Calva (2003)

muestran que las empresas estatales tienen restricciones presupuestales que son laxas, por lo que no están

forzadas a buscar prácticas eficientes; esto debido a que la alternativa de una quiebra implicaría un costo

político que se debe evitar, en ese contexto, el financiamiento de la empresa en problemas por parte del

Estado resulta ser una práctica observada con frecuencia.

Por otra parte, la necesidad de reencauzar los capitales financieros que habían dejado de fluir hacia la

región, hizo mirar a la privatización como una alternativa altamente atractiva y necesaria. De esta forma,

los procesos de privatización en América Latina se iniciaron a mediados de los años setenta en Chile,

donde las primeras privatizaciones fueron una reacción a las expropiaciones realizadas por el gobierno

del Presidente Salvador Allende (1970 - 1973). En los demás países de América Latina, las

privatizaciones se iniciaron de una manera masiva y exitosa a finales de la década de los años ochenta,

como un elemento más de un nuevo modelo económico, que surgió para dar respuesta a los problemas

de estancamiento económico y de deuda externa que tenía la región. No obstante, los sectores y las

particularidades de los procesos de privatización fueron distintos en los países de la región.

De hecho, Bolivia, Chile, México y Nicaragua privatizaron primero las empresas de propiedad estatal de

los sectores competitivos, como manufactura y finanzas, y posteriormente los monopolios y empresas de

servicios públicos. Argentina, Brasil, Colombia y Perú vendieron ambos tipos de empresas

simultáneamente. En Argentina y Bolivia, se mantuvo la estructura monopolista de algunos sectores, con

el fin de maximizar ingresos, inclusive en sectores como el de telecomunicaciones en el que la tecnología

permitía mayor competencia. De igual forma, se utilizaron distintas modalidades para incorporar la

participación privada en las empresas estatales: ventas a través de opciones internacionales abiertas,

ofertas públicas de acciones, contratos de concesión, transferencia directa y otros. La intensidad de uso

de cada estrategia fue diferente en los distintos países; por ejemplo, Argentina, Chile, México y Perú

emplearon ventas directas, pero en Bolivia se diseñaron esquemas de capitalización para las empresas de

sectores estratégicos. Los contratos de concesión se utilizaron principalmente para otorgar derechos de

operación en saneamiento básico, infraestructura de transporte y exploración y producción de petróleo

(Chong y Benavides, 2007).


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Ilustración 1: Ingresos provenientes de privatización de los países en desarrollo, 199099 (Chong y

LópezdeSilanes, 2005).

Este nuevo modelo para la fecha, contemplaba una fuerte apertura de la economía al exterior y un

creciente papel del mercado en la economía. Para ello, una mayor eficiencia de las empresas, era una

condición necesaria, de esta forma, los programas de reformas fueron complementado por el

establecimiento de regulaciones y nuevos marcos normativos en los sectores de infraestructura e industria

de red privatizados, como la industria electricidad y las telecomunicaciones cuyos modelos de

participación privada resultantes, tienen rasgos comunes muy fuertes en Sudamérica (Oszlak, 2004),

(Chong y Benavides, 2007).

Las reformas estructurales realizadas en América Latina estuvieron acompañadas de amplios programas

de privatizaciones, que, por ejemplo, en el período 1990-99, implicaron ingresos en las arcas públicas de

casi 180.000 millones de dólares, representando algo así como el 1% del PIB regional, el doble que el

promedio de otras regiones (Chong y LópezdeSilanes, 2005). Por ejemplo, en la Ilustración 1, se puede

observar el fuerte impacto que ha tenido, en América Latina y el Caribe, el ingreso de capitales como

resultado de las privatizaciones.

2. La regulación bajo el modelo de mercado

En teoría económica, ya en el siglo XVIII la escuela del pensamiento fundada por François Quesnay,

Anne Robert Jacques Turgot y Pierre Samuel du Pont de Nemours postulaban la existencia de una ley

natural que garantiza el buen funcionamiento del sistema económico sin la intervención del estado, esta

doctrina quedó resumida en la expresión “laissez faire, laissez passer le monde va de lui meme” (dejar

hacer, dejar pasar, el mundo para sí mismo), esta escuela denominada la de los fisiócratas (fisiocracia =

gobierno de la naturaleza), consideraba que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de

la naturaleza (Gide y Rist, 2000).

En esta línea, de libertad de acción desde el punto de vista de la economía, Adam Smith, considerado por

muchos especialistas el padre de la Economía Política, en 1776, publicó su obra conocida universalmente

como La Riqueza de las Naciones, cuya tesis central establece que la clave del bienestar social está en el

crecimiento económico, que se potencia a través de la división del trabajo y la libre competencia. Adam

Smith considera que la libre competencia es el medio más idóneo de la economía, puesto que las

desviaciones del mercado se corregirían por lo que él denominó "la mano invisible" del sistema (Smith,

1776).


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No obstante, ambos postulados parecen apuntar a un mundo que actúa en competencia perfecta. La

realidad muestra que esto rara vez se cumple, o más bien, algunos mercados distan de mostrar

condiciones competitivas. Puesto de manera simple, en materia de competencia, se puede distinguir dos

extremos: competencia perfecta y monopolio. Ambos se diferencian fundamentalmente por la presencia

o ausencia de poder para fijar precios. El monopolista tiene el poder de fijar el precio en su propio

beneficio, en la competencia perfecta la empresa es tomadora de precios. De hecho, la competencia

perfecta, ocurre si: i) se tienen consumidores perfectamente informados ceca de la calidad de los

productos y de los precios fijados por los competidores, ii) no existen barreras a la entrada por lo que el

número de los actuales y potenciales competidores es infinitamente grande.

Ilustración 2: Curvas de Demanda y de Oferta para un oferente en competencia perfecta y en

monopolio (Elaboracion Propia)

La parte izquierda de la Ilustración 2, muestra que la curva de demanda que enfrenta un competidor en

competencia perfecta, es perfectamente horizontal demostrando que no importa la cantidad de

producción que lleve al mercado, ésta no afectará al precio. En este caso, los precios están dados y las

firmas eligen el nivel de producción que hace maximizar sus beneficios, esto ocurre cuando los precios

son iguales a los ingresos marginales y estos a los costos marginales. En competencia perfecta, en el

largo plazo el precio no excede del costo medio de producción, pues de otro modo, la existencia de

beneficios incentiva la entrada de nuevas empresas que al aumentar la oferta y presionan a una caída de

los precios hasta que las utilidades se hacen cero (Neuman, 2001), esto es, la competencia auto-regula el

comportamiento y los resultados del mercado.

En el otro extremo el monopolio - existencia de una sola empresa en el mercado -, denota su poder de

control de los precios y las cantidades al enfrentar una curva de demanda con pendiente negativa. Debido

al control de la única empresa en el mercado, el monopolista puede ejercer poder de mercado, es decir,

puede determinar la cantidad que es ofrecida en el mercado y, por este medio, puede influir en el precio

del bien (ver parte derecha de la Ilustración 2). Produciendo poca cantidad de bienes el monopolista logra

precios altos y ganancias importantes, es decir, el mercado actuando sin regulación, produce

transferencias de riqueza en favor del monopolista y en perjuicio de los consumidores y la sociedad en

su conjunto.

Como se ilustra en la Ilustración 3, en un mercado de competencia perfecta, las curvas de oferta y

demanda se cortan en el punto E, para el cual la cantidad y precio de equilibrio del mercado son QE y

PE, respectivamente.


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Ilustración 3: Equilibrio de mercado en Competencia Perfecta y Monopolio (Elaboracion Propia)

En un mercado monopólico, la empresa monopolista, al ser la única oferente del bien, puede reducir la

cantidad ofertada, por ejemplo hasta QM (punto M sobre la curva de demanda). Esa cantidad de producto,

puede ser vendida por el monopolista al precio PM. Como se puede ver, por la forma de la curva de

demanda, el precio al que puede vender el monopolista es superior al precio de competencia perfecta y

la cantidad vendida menor. De esta forma, el monopolista se apropia de una porción del excedente del

consumidor, generando una renta monopólica y a su vez una pérdida de bienestar social pues se produce

menos de lo socialmente deseable y se comercializa a un precio mayor al que regiría en competencia

perfecta.

En general, el alejamiento de la situación de competencia perfecta puede deberse a las denominadas fallas

de mercado. En esta situación en la que falla la generalidad de los dos teoremas básicos de la economía

del bienestar, surge la necesidad de intervención pública mediante la imposición de restricciones a las

decisiones de los agentes económicos. Estas fallas de mercado vienen dadas por problemas de

información y mercados. Stiglitz (1992), pone en duda la generalidad los dos teoremas fundamentales de

la economía del bienestar, señala que los fallos de mercado no son excepciones, sino la regla, por tanto

la defensa de los mercados mediante la intervención pública resulta ser apropiada.

Uno de los fundamentos para la regulación se encuentra entonces, en la necesidad de corregir las fallas

de mercado que pueden presentarse en actividades consideradas de interés público en las que participa

el sector privado. En el caso específico del mercado de servicios públicos, esta necesidad es

particularmente significativa, ya que las decisiones sobre la prestación de este tipo de servicios tienen

efectos sobre el conjunto de la sociedad y sobre el bienestar público, en otras palabras, las decisiones

privadas tienen una dimensión pública. Basado en esta realidad Manfred Neuman (2001) señala que las

políticas de competencia, son la piedra angular de la política económica en una economía orientada al

mercado; una política económica que procura garantizar derechos de propiedad bien definidos, libertad

de contratación, políticas que apuntalan la estabilidad monetaria, altos niveles de empleo y seguridad

social.

Como señala Neuman, los objetivos y significado de las políticas de competencia han sido objeto de

mucha controversia, por un lado están quienes pregonan, siguiendo a Adam Smith y al pensamiento

fisiocrático, el dejar hacer (“laissez faire”), dejar pasar como el mecanismo para corregir los desvíos.

Por otra parte, están los –autores- que consideran que la política de competencia, es parte constituyente

de una política industrial intervencionista orientada al establecimiento de estructuras de mercado que

generen incentivos para las empresas a comportarse de manera de garantizar el bienestar económico. En

este sentido, Lasheras (1999), afirma que la regulación es una de las formas de intervención pública,

junto a la política macroeconómica y la producción directa de bienes y servicios que son necesarios para

la actividad económica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire


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La actividad regulatoria consiste esencialmente en definir, un marco de actuación para los agentes

económicos: las empresas reguladas y los consumidores, y en hacer que este marco se cumpla. Shugart

(1990) define “la regulación como la actividad pública de control de precios y de imposición de

restricciones en el ejercicio de ciertas actividades económicas”.

Dado el tipo de traspaso de propiedad (del Estado a manos privadas), no es casual que durante los años

de la experiencia privatizadora en América Latina, se hubiera generado una nutrida literatura sobre el

tema de la regulación. Parte de ella se refiere, en general, al rol regulador del estado o a la regulación

como problema teórico, sin referencia específica a su papel en la regulación de las empresas privatizadas.

Sin embargo, no es casual que esto hubiera ocurrido así, puesto que los procesos de ajuste estructural

realizados en América Latina y en el mundo, han tenido como un componente esencial la privatización

de empresas estatales, muchas de ellas de servicios públicos, las cuales tenían características monopólicas

en el mercado o se trataba de industrias de red como en el caso de las telecomunicaciones y la electricidad.

En este orden, Chong y Benavides (2007) afirman que dos instancias prominentes como las citadas,

demandan un análisis cuidadoso de la regulación en el contexto de un proceso privatizador: los

monopolios naturales y oligopolios, y las industrias en las que el gobierno tiene un porcentaje alto de la

propiedad de los activos, aun en el caso en el que ninguna firma individual tiene poder para controlar el

mercado.

Por otra parte, tanto Allen y Gale, (1999) como Yarrow, (1986), advierten sobre la necesidad de

comprender el contexto del proceso postprivatización, la adopción de una regulación efectiva para evitar

abusos, producto de una desregulación sin contrapesos que podría poner en riesgos el bienestar social,

en particular al permitir ganancias extraordinarias a expensas de los consumidores. En otras palabras, la

competencia y la regulación deben considerarse cuidadosamente como parte del proceso de privatización.

En este sentido, Winston (1993) argumenta que con regulación adecuada es posible producir mejoras en

eficiencia que beneficien a consumidores y productores. La regulación de sectores oligopólicos se

complica por la debilidad de la autoridad reguladora. En dichos sectores, se necesita complementar el

esfuerzo regulador con nuevas reglas y requerimientos de divulgación, para mejorar la supervisión y

reducir el abuso del poder de mercado (Chong y Benavides, 2007).

3. Crisis del modelo privatizador

En el contexto de una política económica pro mercado, un reto clave para los gobiernos es el desarrollo

de un marco regulador apropiado después de la privatización, sobre todo para proveer de servicios básicos

a la población más pobre. Con base en la evidencia, un elemento común en muchos ejemplos de

privatización fallida es la regulación inadecuada, que lleva a niveles de competencia por debajo del

óptimo y permite a los productores apropiarse de rentas que no son compartidas con los consumidores.

Aunque la posición clásica de los críticos es argumentar en contra de la privatización adicional, la amplia

evidencia empírica muestra que la privatización puede realizarse correctamente y producir ganancias

sociales (Chong y Benavides, 2007).

Un buen diseño regulatorio implica la presencia de un marco regulatorio completo, un esquema

institucional sólido con un regulador imparcial y equidistante entre el Estado, la sociedad y la empresa,

lejos de la posibilidad de captura por estos actores, como se muestra gráficamente en la Ilustración 4.


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Ilustración 4: Regulador Equidistante (Elaboracion Propia)

La calidad del desempeño estatal a través de entes reguladores, depende de diseños institucionales que

induzcan a que la intervención del Estado sea más favorable que su prescindencia. Se trata de que los

diseños institucionales contribuyan a resolver el tipo de problemas de asimetrías de información conocido

como de principal-agente que caracterizan a las relaciones entre el Estado y los agentes económicos

privados. Estas asimetrías de información restan transparencia al funcionamiento de los mercados e

impiden que los agentes tomen decisiones con suficiente conocimiento. En consecuencia, se requiere una

trama institucional que garantice la “accountability”: La definición de reglas de juego y sistemas de

incentivos para la expansión de los mercados requieren una institucionalidad política y económica, que

incluye la regulación estatal (Dávalos, A (2012), “Estudio y Propuesta de Regulación de Servicios

Prestados por las Empresas Públicas - Segundo Informe (p.p. 4-10), PNUD – UMEP – Paraguay.

El Estado regulador no suple al mercado sino que atiende a la prosecución de ciertos resultados a través

de un instrumento particular: el establecimiento y la aplicación de reglas jurídicas de conducta con su

correspondiente sanción. Un esquema de regulación que constituya un incentivo para el funcionamiento

del mercado, tiende a focalizarse en los diseños institucionales adecuados para desarrollar las

capacidades estatales necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la política reguladora (Dávalos,

A (2012), “Estudio y Propuesta de Regulación de Servicios Prestados por las Empresas Públicas -

Segundo Informe (p.p. 4-10), PNUD – UMEP – Paraguay.

De acuerdo con las “mejores prácticas”, los entes reguladores deben crearse una vez dispuesto el marco

regulatorio para las actividades del respectivo sector, y antes de la firma de los contratos de concesión.

De esta manera, se asegura que los contratos que en definitiva suscribe el gobierno no se aparten de la

letra y el espíritu de ese marco regulatorio, extremo que precisamente el ente debe impedir. La

experiencia demuestra, no obstante, que muchos entes fueron creados después de que se hubiere

aprobado el marco regulatorio y adjudicada contractualmente la concesión de los servicios, Oscar Oslak

(2004)

Chong y Benavides (2007) establecen que, en general la evidencia empírica muestra que la privatización

ha conducido no sólo a mayor rentabilidad, sino también a mayor crecimiento de la producción, a

mayores beneficios fiscales y a mejoras de calidad y acceso para los pobres. En telecomunicaciones y

electricidad, la participación privada cambió la naturaleza de la prestación de servicios.


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De acuerdo con su estudio hasta sólo el 3% de los clientes de teléfonos y electricidad eran servidos por

empresas privadas; en 2003, la proporción pasó a ser del 86% y el 60% en telecomunicaciones y

electricidad, respectivamente; además la privatización habría aumentado la cobertura, reducido precios

incorporado nuevos servicios.

En su miso trabajo Chong y Benavides (2007) muestran que en otros sectores de infraestructura, se

observó lo siguiente:

• En electricidad se evidenciaron ganancias en eficiencia, aunque distribuidas en forma desigual. Los

clientes gozan de una oferta más segura pero las empresas gozan de una participación mayor aun de los

beneficios totales.

• En agua potable y saneamiento básico, existe riesgo de expropiación, porque se perciben como un

derecho y un punto de fácil negociación en política local.

Dávalos y Espinoza (2005) buscando explicar el porqué del malestar frente a la privatización en el caso

de Bolivia, después de analizar los grandes movimientos de descontento con la privatización en sectores

de saneamiento y electricidad concluyen que el Estado no debe olvidar que es un actor directo en el

desarrollo de infraestructura para la provisión de los servicios básicos, su intervención debe estar

orientada a facilitar y promover la viabilidad del capital privado en este tipo de proyectos. El Estado al

tener como función objetivo la maximización del bienestar de la sociedad debe garantizar las condiciones

de estabilidad y seguridad jurídica para contar con la inversión en infraestructura necesaria.

La dinámica del mercado en ausencia de fallas, garantiza resultados eficientes aunque no necesariamente

equitativos, en tal sentido la regulación debe orientarse tanto a la simulación de las condiciones de

competencia como a la búsqueda de mecanismos que permitan mayor acceso a los servicios básicos. Los

beneficios que brinda la participación privada deben ser de conocimiento de la población a fin de evitar

descontentos que a través de medidas de presión social limiten no solo la actividad reguladora sino que

manden señales de inestabilidad e inseguridad jurídica a las empresas privadas que operan en el mercado.

La participación del regulador y del Estado no implica descuidar los elementos que incentiven la

competencia ex-ante. Dejar al mercado como el único mecanismo de asignación descuidando temas de

acceso podría representar que en un corto plazo los beneficios que conlleva la introducción de

competencia en los mercados se perciba más bien como un elemento negativo antes que como algo

positivo.

Estos aspectos que fueron muy evidentes en el caso boliviano, han sido también parte de las razones que

han dado lugar a una percepción de crisis del modelo en algunos países, que no pudieron o no supieron

atender anticipadamente las señales de malestar que se percibían. Dávalos y Espinoza (2005).

Esta percepción de sectores populares en América Latina y el Caribe, unido a un fuertemente arraigado

sentimiento anti-mercado, fue capitalizado por corrientes políticas, que bajo el influjo del denominado

“socialismo del Siglo XXI”, dieron lugar a la reversión de la privatización y el fortalecimiento del Estado

como productor, particularmente en los Estados que conforman la Alianza Bolivariana para América

(ALBA). Dávalos y Espinoza (2005).

Como señala Elayne (2011), La gestión pública constituye un medio para orientar las políticas públicas,

en consecuencia, las instituciones de gobierno deben disponer de los instrumentos adecuados para el

control y evaluación de las acciones públicas. En el caso boliviano se dotó al sistema regulatorio de este

instrumental, pero la percepción de que el regulador debía ser neutral e invisible hizo que su accionar

pase desapercibido para la sociedad.


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En este sentido, siguiendo a Elayne (2011), frente al creciente descontento respecto del desempeño del

gobierno, el control de la gestión pública marca una importancia creciente en la administración de los

entes públicos, como proceso que consiste en controlar las acciones, a través de las cuales se alcanzarán

los objetivos planteados por la institución; es el proceso de verificación de los resultados, para demostrar

que las políticas o acciones tomadas se corresponden con los objetivos, y en caso contrario aplicar las

medidas correctivas necesarias. Esta tarea de control y la de informar acerca del accionar de los entes

reguladores bolivianos, no fue eficazmente cumplida y esto tuvo como resultado el rompimiento del

modelo regulatorio.

Como consecuencia de estos grandes movimientos sociales, en general, ha vuelto a tomar vigencia el

debate en relación al crecimiento económico y desarrollo humano, en este sentido Gámez Gutiérrez, J.

(2014), señala que se requiere de crecimiento económico, a partir de ciertas condiciones de inversión

(dinero que crea empresas y empleo), para que los países actúen en el concierto internacional con

innovación, logren mayores niveles de desarrollo y de bienestar, que permita la existencia de los recursos

para solucionar los problemas de equidad. Pero el crecimiento en sí mismo no basta, si este no promueve

el desarrollo humano y que es importante el disfrute y no solo el ingreso; por ello, es posible encontrar

sociedades con ingresos bajos, pero con altos niveles de desarrollo humano. En todos los casos, el

objetivo central del desarrollo debe centrarse en el ser humano. Precisamente son estos razonamientos

los que han servido para el desarrollo de programas y ofertas por los nuevos actores en la política de

varios países en Sud América, que se han visto en procesos políticos que cuestionan el modelo vigente y

promueven un cambio y reconducción estructurales. Un rápido análisis de los países que han estado

involucrados en estos procesos permitirá contextualizar la existencia o no de elementos comunes y de las

fuertes demandas por cambios estructurales en los países.

3.1. Venezuela: la Revolución Bolivariana y el “Socialismo del Siglo XXI”

Corredor C. y Díaz G. ("Políticas económicas aplicadas en Venezuela durante el período 1959-2007" en

Observatorio de la Economía Latinoamericana No. 105, Noviembre 2008), hacen una reseña de la

política economía del periodo previo al Chavismo y de los primeros 9 años del Gobierno de Hugo

Chávez. Estos autores señalan que desde la década del 50 hasta la década de los 90, las políticas

económicas en Venezuela fueron guiadas por el estructuralismo y el neoliberalismo. Así, las políticas

económicas, caracterizaron la economía venezolana, con gran influencia del modelo neoliberal. Este

modelo económico habría generado una desigual distribución de la riqueza.

De acuerdo con estos autores, el modelo sustentado entre otros factores, en la naturaleza rentista petrolera

preponderante hasta 1999, daba para la década de los ochenta señales de descrédito y deterioro, producto

de la insatisfacción de las demandas populares, de los amplios márgenes de corrupción y de la

significativa penetración en el país de intereses extranjeros. Esto conllevó a un cambio en la dirección

política del país, así, el plan de gobierno del Presidente Hugo Chávez (1999 - 2013, sentó las bases de

un modelo económico, a decir de estos autores, de carácter humanista, autogestionario y competitivo. El

triunfo de Hugo Chávez en la contienda electoral del 1998 fue el resultado, por una parte del agotamiento

del modelo económico-social reflejado en el cansancio popular, la decepción del electorado con respecto

a los resultados del período democrático representativo y la ausencia de liderazgos alternativos. Por otra

parte Chávez fue capaz de transmitir un mensaje atractivo y de cambio, arremetiendo contra las llamadas

cúpulas de los partidos tradicionales y canalizando las insatisfacciones populares. Su programa apareció

como una alternativa radical y como una verdadera revolución popular: La Revolución Bolivariana. Bajo

la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y la reorganización del Estado, Hugo Chávez caló

en el sentimiento popular apelando a un discurso de justicia social, profundización democrática y rechazo

al modelo impuesto por el neoliberalismo.


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Desde los primeros meses de su gobierno, Chávez comenzó planteando la necesidad de combatir el

neoliberalismo. El proceso y el propio discurso del mandatario venezolano, fueron evolucionando y

radicalizándose hasta desembocar en la declaración pública en la que se plantea la necesidad de crear el

Socialismo del Siglo XXI. El programa “De Transición” (1999-2000), establecía entre sus pilares, la

planificación de la economía con un alto componente social y participación estatal y la nacionalización

de las empresas de telecomunicaciones y electricidad, entre otras. Sentadas así las bases del Plan

Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y aplicadas durante la etapa 2001-2006, se

tuvieron entre otros, los siguientes pilares: tránsito del modelo económico de mercado hacia uno de

economía social sostenible y expandir nuevas formas asociativas de propiedad y control. Bajo este

modelo la participación privada, más en empresas y sectores estratégicos, estaba altamente subordinada

a los fines y control del Estado (Corredor y Díaz, 2008).

3.2. Bolivia: un Presidente de extracción indígena

Entre el 2000 y el 2004 Bolivia vivió una etapa de profunda inestabilidad política y convulsión interna

creciente, basta con señalar que en esta etapa se produjeron cuatro sucesiones presidenciales. Primero el

Presidente Hugo Banzer Suarez dejó su cargo a su vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez, a raíz de una

enfermedad terminal. En el 2002 se realizaron las elecciones generales nacionales que culminaron con

la victoria de Gonzalo Sánchez de Lozada y que posteriormente fue sucedido constitucionalmente por su

Vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, a causa de una renuncia forzada por la convulsión interna que estalló

en el mes de octubre de 2003.

En el corto periodo de Mesa, el país alcanzó un nivel de conflictividad nunca antes visto. De los

aproximadamente 10 conflictos sociales por mes que se producían en el anterior periodo, en la época del

Presidente Mesa el nivel de conflictos alcanzó un record histórico: 107 conflictos por mes. Estos

conflictos estaban impulsados por un sentimiento muy profundo de la necesidad de reformas radicales al

sistema político y económico del país. En esta etapa se hizo latente el clamor popular de reversión de las

reformas de la capitalización.

La situación de inestabilidad del país alcanzó su desenlace final, en esta etapa. Entre 2004 y 2005 se

suceden dos gobiernos de transición y se confrontan dos visiones de país. Aquella que respalda las

reformas liberales, aunque con criterios de mayor inclusión social y la visión contestataria que asume un

discurso radical y contrario al modelo económico imperante.

En diciembre de 2005, los resultados electorales dan la victoria, de forma contundente como nunca antes

en la historia democrática reciente del país, a la corriente indigenista comandada por el Movimiento al

Socialismo (MAS), que entre sus promesas electorales asumió la denominada “agenda de octubre”,

incorporando de manera expresa la eliminación del sistema regulatorio y la reversión de la capitalización

(Espinoza y Dávalos 2009).

El concepto de gobierno de Evo Morales rompe con el modelo político de gobiernos anteriores. No

obstante, es inapropiado afirmar que los militantes del MAS son revolucionarios marxistas, pese a que

esta fuerza política haya aglutinado a una mayoría de los partidos de izquierda. Por lo tanto, a diferencia

de la filosofía de los movimientos sociales e indígenas que llevaron a Evo Morales al poder —y que

exigían una nacionalización de los hidrocarburos bolivianos sin ningún tipo de indemnización—, el

Gobierno del MAS se proclamó defensor de la propiedad privada y promotor de una nacionalización

responsable, así, su diferencia con los anteriores gobiernos radicaría en la composición social, dirección

de su política y orientación ideológica de sus reformas.


12

Por ejemplo, la inclusión de dirigentes sociales en el gabinete ministerial, la nacionalización parcial del

sector de hidrocarburos y el cambio ideológico en reformas que se venían implementando desde los años

noventa, como las reformas de salud, de educación, de comunicaciones y de vivienda.

El Gobierno de Morales se propone redistribuir los excedentes de las empresas transnacionales y del

propio Estado a los sectores de clases medias e indígenas. La tesis del capitalismo andino-amazónico,

por tanto, actualiza aquella antigua narrativa burguesa que promovía la transformación del pequeño

productor en capitalista y la transformación de una sociedad de pequeños productores en una sociedad

capitalista, ideas ciertamente legitimadas por un fuerte discurso indigenista de identidad cultural, que se

ha convertido en el elemento distintivo de “lo nacional” y “lo popular” en Bolivia durante los últimos

años. En resumen, el programa político del MAS apunta a la industrialización mediante la transformación

de los recursos naturales, al desarrollo del mercado interno y a la exportación de materias primas y

productos industriales.

Por otro lado, el MAS buscó acabar, por medio de la constitución de una Asamblea Constituyente que se

llevó acabo entre agosto de 2006 y diciembre de 2007, con un Estado que, según dicha fuerza política,

continúa replicando los abusos que en el período colonial se infligía en contra los pueblos indígenas

(Mogrovejo, Revista de Estudios Jurídicos nº 10/2010).

A pesar de lo sostenido en sus postulados en relación con el respeto a la participación privada en los

mercados, este proceso no dejo de estar acompañado con un alto grado de incertidumbre, producto de la

evidente contradicción entre el discurso y el programa. El Gobierno de Morales no solo está y estuvo

altamente alineado a los postulados de la revolución bolivariana y de los países del ALBA y la presencia

de los gobiernos de Cuba y Venezuela muy evidente inclusive en posiciones clave de inteligencia interna,

fueron señales percibidas como de alto riesgo para la propiedad privada, percepción que parecía

ratificarse con la toma de las empresas privatizadas del sector hidrocarburos primero, luego los sectores

de telecomunicaciones, electricidad y aeropuertos.

3.3. Ecuador: un nuevo modelo de corte humanista

Rafael Correa emerge como un crítico de la economía capitalista y del pensamiento liberal y su política

de gobierno se enmarca en el modelo de la economía de solidaridad. Correa, economista de profesión,

fue elegido presidente de los ecuatorianos el 26 de noviembre de 2006, con el 56.4%3 de los votos,

derrotando en segunda vuelta al empresario Álvaro Noboa. A diferencia de otros mandatarios, no contaba

con una larga trayectoria política, la mayor parte de su vida profesional la pasó en el sector privado y en

el medio académico. Sus publicaciones ponen en evidencia un rechazo al neoliberalismo y las políticas

económicas de buena parte de sus antecesores en la presidencia, en especial las de Jamil Mahuad y Lucio

Gutiérrez (Jaramillo-Jassir 2008),

De acuerdo con este autor, uno de los fenómenos económicos que más determinó el pensamiento de

Correa fue la dolarización, consistente en reemplazar la moneda nacional, por el dólar, decretada por

Jamil Mahuad en 1999, como respuesta a la peor crisis económica en la historia de Ecuador. La crisis se

habría desatado según el artículo de este investigador, por tres factores externos: i) La crisis asiática de

1997 que generó pérdida de confianza de inversionistas y prestamistas extranjeros en países emergentes

e inestables como Ecuador; ii) La caída de los precios del petróleo, que impactó negativamente la

economía de Ecuador en la medida en que el crudo representa el 40% del total de ingresos del país por

concepto de exportaciones; y, iii) El fenómeno del Niño que afectó a los principales productos de

exportación (banano, cacao, café, atún y camarones) que a finales de 1999 provocaron una crisis

humanitaria derivada de las inundaciones causadas por las lluvias.


13

Alianza PAÍS (el partido de Correa), se configuró en torno al líder más que a un proyecto político,

fenómeno que pone en evidencia el mesianismo y personalismo característicos de la vida política del

Ecuador a lo largo del siglo XX. Aunque el proyecto político de Correa tiene raíces profundas en la

izquierda, el socialismo que preconiza tiene asidero en el cristianismo y no en el marxismo, pero se

declara abiertamente adepto al llamado socialismo del siglo XXI, pregonado por Hugo Chávez.

Para las elecciones presidenciales de 2006, algunos sectores independientes se mostraban partidarios de

la conformación de una asamblea constitucional que pudiese remediar de raíz las imperfecciones del

marco jurídico-político ecuatoriano. Correa hizo de la asamblea su propuesta de gobierno más visible y

su discurso se tornó cada vez más virulento en contra de los partidos tradicionales, a los que acusaba de

ser los responsables de los grandes males del país con la denominada partidocracia: los partidos habían

dejado de ser los canales de participación de la sociedad en política, para concentrar el poder con un

efecto nefasto sobre el espíritu democrático de Ecuador. En virtud de esto, el movimiento de Correa,

Alianza PAÍS, no presentó listas para las elecciones legislativas, ya que su propósito era disolver el

Congreso una vez en el poder. La nueva constitución propuesta determinaría que, entre otras: i) La

economía solidaria tenga un mandato constitucional y, ii) la prohibición a la privatización de los recursos

naturales.

Jácome (2007), señala que la política económica del gobierno de Correa busca revertir la tendencia del

modelo económico liberal y las prácticas rentistas que lejos de contribuir a un crecimiento económico

estable y redistributivo, se caracterizó por ser volátil, dependiente del sector petrolero, con altas tasas de

desempleo y subempleo, y con elevados niveles de desigualdad. La política económica de Correa busca

cinco objetivos fundamentales: (a) Desarrollar la producción y la productividad nacional potenciando

tanto la economía familiar, comunitaria, asociativa, de base local y territorial, como las micro, pequeñas

y medianas empresas e industrias; (b) Generar empleo digno y estimular el reconocimiento social del

trabajo productivo y reproductivo como la base de la economía y del bienestar de la población; (c) El

posicionamiento estratégico del país en los procesos de integración regional y de la Cuenca del Pacífico;

(d) Alcanzar la inclusión productiva y la redistribución del ingreso y la riqueza modificando las

tendencias concentradoras, reparando injusticias y reduciendo las desigualdades económicas y sociales

vigentes; (e) Crear confianza en las políticas de gobierno a través de la cohesión social, la participación

ciudadana y la transparencia.

Como consecuencia, el Gobierno ha tomado una fuerte participación en la economía y la inversión

pública se ha constituido en el pilar fundamental del crecimiento en estos años.

3.4. Argentina: el Liderazgo Kirchnerista

Por su magnitud e importancia histórica, la crisis es fundamental para la comprensión del kirchnerismo.

Tuvo que ver con las secuelas del neoliberalismo peronista de Menen y su experimento económico de

paridad fija peso-dólar. Las consecuencias sociales del colapso fueron enormes, el desempleo abierto

pasó de 15% en 1998, a 21.5% en 2002. El salario real medio cayó más de 23% y la clase obrera redujo

su tamaño en más de un tercio.

La clase media fue devastada por la caída del ingreso de empleados y jubilados, la quiebra del pequeño

negocio, el despojo de los ahorros bancarios por el "corralito" y la pesificación de los depósitos. La parte

de la población situada por debajo de la línea de pobreza, subió encima de 50%. Argentina pasó, de ser

una de las sociedades más igualitarias de América Latina, a una de los más desiguales (Dabat, 2003).


14

Bajo el gobierno de Duhalde (2002 – 2003) comenzó un proceso de recuperación económica

nacionalista-heterodoxa y rasgos keynesianos sui generis, con congelación de los precios de los servicios

públicos, política monetaria expansiva y plan de asistencia al desempleo. En el plano internacional, la

moratoria de la deuda, interiormente favorecida por la subida de los precios internacionales de las

exportaciones y los saldos comerciales y fiscales favorables, también constituyeron el punto de partida

de la recuperación. Pero aún lejos de recuperar el nivel pre-crisis de 1998 (Dabat 2012).

Al momento de asumir el presidente Kirchner se enfrentaba a un dilema: llevar a cabo inmediatamente

un ajuste de tarifas, con lo que se arriesgaba a lastimar la recuperación, o dejarlo para más adelante,

exponiéndose a provocar algún racionamiento en la provisión de los servicios. Si puede afirmarse sin

margen de error que la aproximación del gobierno al problema se ha inclinado hacia la segunda postura,

esa estrategia permitió suavizar en algún grado el impacto del cambio de régimen macroeconómico sobre

el poder adquisitivo (Gerchunoff y Aguirre 2004).

A partir del ascenso al poder de Néstor Kirchner el país vivió un proceso muy dinámico de crecimiento

económico, el PIB creció a una tasa anual del orden de 8 a 9% y tuvo lugar un proceso de

reindustrialización. El surgimiento de un gobierno de amplio sustento popular bajo el liderazgo de Nestor

Kirchner, fue el resultado de un proceso social y político muy complejo y dinámico, que pasó del "¡que

se vayan todos!" voceado por las multitudes policlasistas del país en diciembre del 2001, a las elecciones

presidenciales en dos vueltas de abril-mayo de 2003. Gracias a la popularidad y audacia de sus primeras

medidas de gobierno (renovación completa de las cúpulas miliares y policiales y de la Suprema Corte de

Justicia, desconocimiento de las leyes de impunidad de los militares genocidas, intervención de la entidad

más corrupta del sindicalismo menemista (el PAMI), Kirchner pudo alcanzar casi de inmediato uno de

los mayores índices de aceptación popular que ha tenido un presidente en Argentina (Dabat 2012).

Al asumir su mandato a mediados de 2003, Kirchner ratificará a Lavagna como ministro de economía,

continuando y profundizando la estrategia económica previa y vinculándola al cambio socio-

institucional. En el plano social, se amplía la cobertura del sistema jubilatorio y el subsidio asistencial al

desempleo. En 2004 vuelve a convocarse a la Comisión tripartita de Salario Mínimo para su fijación

consensual, ya que hasta entonces las actualizaciones salariales se habían decretado por el gobierno. El

gobierno se opone a la criminalización y represión de las protestas piqueteras, anteponiendo la

negociación sobre la represión. A nivel internacional lo más importante en este momento fue el

reconocimiento diplomático de Cuba, la revitalización del Mercosur y el rechazo al alca. Este paso

implica también, el fin de la luna de miel inicial con el gobierno de Estados Unidos (Dabat 2012).

3.5. Brasil: el ascenso de un obrero al poder

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa del Brasil (2003 - 2010) comenzó su

actividad sindical en 1969, es en este marco donde se convenció de que además de contar con un sindicato

que defienda sus derechos, los trabajadores debían tener sus propios representantes en la esfera política,

así en febrero de 1980, junto con otros sindicalistas, intelectuales de izquierda, católicos ligados a la

Teología de la Liberación, y otros movimientos populares, fundó el Partido de los Trabajadores (PT),

como un partido vinculado a la defensa de los intereses de las clases trabajadoras y de aquellos que se

encontraban marginados de la participación política.

El 27 de octubre de 2002 Luíz Inácio Lula da Silva, se presentó por cuarta vez a las elecciones para la

Presidencia de la República de Brasil y derrotó en segunda vuelta al candidato del Partido de la Social

Democracia Brasileña, José Serra, con el mayor número de votos de la historia del país (61,3 % de los

votos válidos).


15

Para lograr esto, Lula propuso un pacto social con lo que denominó “fuerzas vivas de la Nación”.

Uniendo al Partido de los Trabajadores con el Partido Liberal, creó una alianza capital-trabajo en una

fórmula más movida hacia el centro que en las elecciones anteriores. Esto sucedió en el marco de una

moderación ideológica del PT.

Luego de su victoria en las elecciones de 2002, existía una gran incertidumbre respecto del tipo de política

económica que iba a adoptar su gobierno, pues aunque durante la campaña Lula había subrayado su

compromiso en mantener la estabilidad económica del país, existía la posibilidad de que no resistiera la

presión de los sectores de izquierda del Partido de los Trabajadores para que realice cambios económicos

que la pusieran en riesgo. Sin embargo, en el momento de conformar el equipo económico, Lula optó por

hombres capaces de enviar señales a los mercados financieros de que se mantendría el statu quo. Para

enfrentar la crisis de credibilidad, se llevó a cabo una política monetaria y fiscal austera, la política

económica ortodoxa adoptada por el equipo económico, permitió en los años subsiguientes lograr el

control en la inflación, una reducción de la tasa de cambio se reduzca y limitar el nivel de deuda pública.

No obstante, durante estos años se impulsaron cambios mediante una política pública de inserción social,

con la participación de la sociedad civil con el objetivo de crear las condiciones para que la gente pueda

salir de las condiciones extremas de pobreza: la reforma agraria, la capacitación laboral, el

cooperativismo, la agricultura familiar. Las reformas de Previsión Social y del Sistema Tributarios

Nacional fueron consideradas fundamentales por el gobierno de Lula.

De acuerdo con el Programa de Gobierno presentado para el período 2007-2010, durante este segundo

mandato de Lula, el crecimiento económico constituía (junto con la democracia y el bienestar social) uno

de los pilares del desarrollo sustentable del país a largo plazo, que se había iniciado, luego de la crisis

macroeconómica de 2002. En este sentido, se planteaba la necesidad de lograr un crecimiento más

acelerado de la economía que posibilite una mayor distribución de la renta, aunque sin dejar de lado la

estabilidad de los precios, el equilibrio fiscal y la reducción de la vulnerabilidad externa. De esta manera,

se volvió fundamental el mantenimiento de los planes sociales incluidos en Plan de Hambre Cero

(especialmente el de Bolsa Familia) y continuar con la reforma agraria y tributaria. (García 2009)

4. Análisis comparado

El breve repaso de los cinco casos en los que la crisis del modelo de mercado, ha derivado en salidas

marcadamente condicionadas por la historia política, económica y social propia de cada uno de los países.

No obstante, se encuentran en todos ellos rasgos comunes que son los que en el presente caso motivan el

análisis y permiten justificar un análisis comparativo apelando al agrupamiento de estos cinco países en

una categoría y al resto de los países de Sud América (aquellos que han persistido con el modelo de

mercado a ultranza), en otro.

Un elemento común de estos cinco países en el periodo coyuntural analizado (2000 – 2015) es que la

ascensión de cada uno de los gobiernos, a su turno, constituyó una respuesta a la crisis y a la ausencia o

incapacidad de atención del Estado a la población de menores ingresos. Los nuevos gobiernos, en general

llegan a tomar el poder, con grandes anuncios de cambios que ponen en tela de juicio las bondades del

modelo pro-capitalista y con promesas de mejor redistribución del ingreso y modificaciones estructurales

importantes. Esta situación amenaza la estabilidad y status quo de la forma en la que venía fluyendo la

economía y una importante percepción de profundos cambios en el modelo hacia un Estado más

intervencionista en el mercado y de afectación a los intereses privados, especialmente de las grandes

corporaciones con capitales internacionales.


16

En todos los casos, analizado esto desde una perspectiva de la Teoría de Contratos2, los mercados han

sufrido periodos de incertidumbre, en varios casos concretados en cambios regulatorios y

cuestionamiento de la propiedad, por ejemplo, en Bolivia con las denominadas nacionalizaciones y

cambio del modelo regulatorio, en la Argentina con el congelamiento de precios y tarifas, etc.

En este orden, a continuación se pretende indagar acerca de los efectos que esta incertidumbre y/o

amenazas de cambios en el contrato vigente han provocado en los resultados del mercado. En particular,

nuestro interés se centra en los efectos sobre los sectores regulados, considerando que la privatización y

reformas estructurales del periodo previo (1980 – 1990), han venido acompañados de un importante

compromiso con la inversión privada y la forma de intervención estatal, como prestador de servicios o

productor de bienes en igualdad de condiciones con los agentes privados, o, como regulador imparcial e

independiente, en casi todos los casos, con intervención ex - post3.

El análisis se realizará por comparación entre aquellos países que no han sufrido (o no han mostrado

señales creíbles) de cambios estructurales en la economía y/o cambios en las reglas del juego a las que

han estado sometidos los inversionistas, principalmente en sectores de infraestructura de

telecomunicaciones y electricidad, en el periodo previo que en su momento fue la base para las decisiones

de inversión y aquellos, los cinco descritos en el numeral precedente, que estuvieron sometidos a un

cambio o amenazaron, ya sea de manera expresa o implícita en la ideología o mensajes de quienes

tomaron los mandos del Estado.

Con esta comparación se pretende conocer el efecto que estas medidas pudieron haber tenido en los

resultados económicos del país en general y de los sectores bajo análisis en particular. Se han

seleccionado estos dos sectores porque: i) el sector telecomunicaciones es un pilar del desarrollo y un

muy eficiente medio para lograr mayor equilibrio en el bienestar de la sociedad, ii) el acceso a la

electricidad constituye una condición sine qua non para la equidad, y iii) ambos servicios son hoy por

hoy considerados como parte de los derechos humanos de tercera y cuarta generación.

Por una parte, se podría presumir que la amenaza de rompimiento o el rompimiento unilateral de las

reglas del juego al crear inestabilidad e incertidumbre en el futuro y al afectar derechos pre-existentes,

tendrá incidencia en las futuras inversiones en el sector afectado (electricidad o telecomunicaciones) no

es menos cierto que si estas son suplidas plenamente por el Estado en cantidad y calidad, no debería

haber un efecto en los sectores.

Por otra parte, dado que la inversión privada privilegia la eficiencia económica de la inversión, no es

menos cierto que desde una perspectiva social esta puede llevar a grandes inequidades como ha sido el

caso o, al menos así se ha percibido, para los grandes movimientos sociales que han promovido los

cambios en prácticamente los cinco países analizados los numerales precedentes.

2 En la Teoría de Contratos o Economía de la Información, se estudia las consecuencias de la presencia de asimetría en la

información entre los diversos agentes económicos. En estas situaciones, los agentes intentan cubrirse de los riesgos de esa

ausencia de información, tomando decisiones para obtenerla de alguna forma o para evitar que su ignorancia les provoque

costos, ver por ejemplo, Arrow 1999. 3 La regulación del comportamiento de los agentes, puede ser, de dos tipos: ex – ante y ex – post. Bajo la primera, cuyo mayor

exponente es Estados Unidos de Norteamérica (EEUU), la norma condena determinada conducta de los agentes, por ejemplo,

en EEUU, el monopolio está prohibido. Bajo la segunda, la normativa condena conductas sólo en la medida en que las mismas

se constituyan en lesivas de la competencia, ver por ejemplo Newman 2001.


17

Dada la similitud de los procesos políticos y económicos internos de los países, en el primer grupo (Grupo

1) se han incluido a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela, por cuanto todos ellos con mayor

o menor intensidad tuvieron cambios estructurales que afectaron el entorno económico, particularmente

en los sectores de infraestructura. En el segundo grupo se han incluido a los otros cinco países de Sud

América, a pesar de que en tres de ellos el juego democrático dio como resultado gobiernos con

orientación socialista [Chile con los gobernante que sucedieron A. Pinochet – (1990 adelante), Uruguay

con J. Mujica (2010 – 2015) y Perú con O. Humala (2011 – 2016)], ninguno de estos tuvo un discurso

de modificación radical de las reglas de juego.

4.1. Indicadores de la economía en general

Un primer análisis, realizado a partir de tres indicadores económicos básicos (Crecimiento del Producto

Interno Bruto - PIB, Inflación - IPC y formación Bruta de Capital - FBK), muestra algunos resultados

interesantes, se podría a priori esperar que el crecimiento económico en una economía dirigida más

centralmente, tenga un comportamiento menos volátil, aspecto que no se verifica en el presente caso, así,

entre 2000 y 2014, como se aprecia en la parte izquierda superior de la Ilustración 5, los países del Grupo

1 han visto oscilaciones más pronunciadas en la tasa de crecimiento de la economía. Asimismo, la línea

de tendencia muestra que los países del Grupo 2 tendrían en perspectiva tasas de crecimiento más altas.

De igual forma, en materia de la inflación se aprecia que los países del Grupo 1, han tenido a lo largo del

periodo una inflación más alta que los del Grupo 2, con oscilaciones también más pronunciadas y en el

último año, particularmente bajo el influjo de la economía venezolana.

Ilustración 5: Indicadores Económicos Seleccionados

(Elaboracion Propia, con información estadística obtenida del sitio web del Banco Mundial)


18

Como es sabido, la inflación es una variable altamente delicada a la hora de evaluar la realización de

nuevos emprendimientos y para dar mayor certeza a los agentes económicos, en este caso debería

esperarse que esta mayor volatilidad de los precios en los países del Grupo 1, se traduzca también en una

menor inversión, lo cual se ha pretendido verificar a partir de mirar el comportamiento de la formación

bruta de capital (ver parte inferior de la Ilustración 5). No obstante, los resultados no permiten tal

conclusión, aunque es muy probable que este indicador sea resultado de los fuertes niveles de inversión

pública, especialmente en infraestructura vial. En este caso, la línea de tendencia muestra también que

los países del grupo 2 tienen una perspectiva de mayores niveles de FBK.

4.2. El comportamiento del sector telecomunicaciones

El sector telecomunicaciones, gracias al explosivo desarrollo de la tecnología, se ha convertido en uno

de los que en la actualidad es visto con particular interés y preocupación por los estados. Hoy en día es

innegable que se le asigna un estratégico rol como promotor del desarrollo económico.

Se ha observado que los países donde la penetración de la Banda Ancha ha crecido en un 10%, que han

experimentado un incremento del 3,19% en el PIB; aumento de 2.61% en la productividad y una

generación neta de más de 67.000 puestos de trabajo (García Zaballos, 2012). McKinsey & Company

(2011), establece que las pequeñas y medianas empresas (PYME) que participan en el uso intensivo de

Internet mejoran su productividad en un 10% en términos de ventas y ahorro de costes, y las PYME que

utilizan Internet intensamente en sus relaciones de negocios crecieron dos veces más rápido.

Estos análisis se basan en los diversos beneficios potenciales que la Banda Ancha aporta a la economía

en términos de mejora en la prestación de la educación y el acceso a la formación, la promoción de la

igualdad y la inclusión de las comunidades rurales o vulnerables, el apoyo a las operaciones de socorro

civil, la asistencia médica a distancia (conocido como 'telemedicina'), el aumento de la competencia, la

competitividad y la productividad; y la cohesión y la interacción social , entre otros. Estas ventajas llevan

a los gobiernos a implementar programas de desarrollo de Banda Ancha significativa con el fin de

aprovechar las nuevas y diferentes tecnologías que están disponibles.

Si bien el desarrollo de planes nacionales es hoy una práctica de los gobiernos que ha sido promovida

por los organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación

Andina de Fomento, etc.), este es un mercado donde tradicionalmente la presencia de inversión y gestión

privada ha sido muy importante, aunque países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, tienen

diferencialmente un operador estatal con importante presencia en el mercado.

Ilustración 6: Cobertura de Telefonía

(Elaboracion Propia, con información obtenida del sitio web del Banco Mundial y otras fuentes)


19

Con la aparición de nuevas tecnologías y, en particular, con el surgimiento de la comunicación móvil, la

telefonía fija ha ido estancándose y los operadores han ido mudando su oferta de servicios, para dar

mayor uso a su infraestructura mediante la oferta de servicios de internet de banda ancha. Por sus altos

costos de desarrollo y limitaciones propias de una industria que requiere el despliegue de infraestructura

física para ampliar la cobertura, en Sud América la telefonía fija nunca pudo alcanzar altos niveles de

penetración y cobertura, en particular el área rural ha sido la menos favorecida. No obstante, a partir de

la irrupción de la telefonía móvil, ésta ha ido alcanzando niveles de cobertura que superan el 100%

convirtiéndose en un sustituto para el déficit de oferta de internet de banda ancha mediante el par de

cobres.

En la Ilustración 6, se muestra en la parte izquierda, como la telefonía fija en ambos grupos de países se

ha mantenido prácticamente sin grandes cambios, no obstante resulta llamativo que, en los países del

Grupo 1, contradiciendo a la tendencia generalizada del resto de países, todavía exista un ascenso en el

porcentaje de personas que acceden a una línea fija durante la década de 2000 a 2010, aunque luego

también se verifica una tendencia decreciente. Es importante además observar que los países del Grupo

2 tienen, aunque sólo ligeramente, un porcentaje más alto de líneas fijas que los del Grupo 1.

Por otra parte, en la parte derecha de la misma Ilustración 6, se muestra cual ha sido el comportamiento

de las líneas fijas, este gráfico muestra lo que ya se advirtió, la telefonía móvil va irrumpiendo con mucha

dinámica en los mercados así a principios del 2000 se tenía no más de un 20% de penetración, en tanto

que a 2014, todos los países presentan un índice superior al 100%, es decir que muchas personas tienen

más de un teléfono celular o móvil. Resalta en este caso también, el hecho de que el mayor porcentaje de

penetración lo tienen los países del Grupo 2. Asimismo, el hecho de que más del 100% de las personas

tengan una línea móvil estaría mostrando, por una parte, que el costo de acceder a una línea es

relativamente bajo y por otra parte, que las compañías en el mercado tienen una variedad de ofertas de

servicios que para ser aprovechadas los usuarios adquieren más de una línea móvil.


(Elaboracion Propia, con información estadística obtenida del sitio web del Banco Mundial y otras

fuentes)

Como se ha dejado entrever del trabajo García-Zaballos (2012), existe evidencia para afirmar que le

internet es una herramienta poderosa para apuntalar el crecimiento económico y para mejorar la

distribución de ingresos en una economía, por ello es particularmente importante observar con

detenimiento que es lo que ha venido pasado con el internet en los dos grupos de países a lo largo del

periodo analizado. En la Ilustración 7 se muestran algunos indicadores al respecto.


20

Tanto las conexiones a internet mediante dispositivos móviles como la conexión a banda ancha tiene

indicadores favorables al Grupo 2, ambos indicadores a 2014 habían ampliado la brecha entre grupo de

países. Es necesario tomar en cuenta que el acceso a internet móvil si bien permite estar conectado

electrónicamente, tiene un uso mayormente social antes que económico. En el mundo de los negocios, la

conexión a banda ancha aproxima mercados, ayuda a identificar oportunidades y a cerrar ventas /

compras en una economía globalizada. Por ello, sería de esperar que un gobierno que busca fomentar la

mayor inclusión social y reducir las brechas, deba hacer un énfasis en mejorar el acceso a banda ancha,

aspecto en el cual luce más eficaz la mano del mercado como se muestra el desempeño del Grupo 2.



De acuerdo con la Ilustración 8, el número de personas que han accedido al internet durante los últimos

12 meses (sin importar si fue mediante una computadora, un teléfono móvil, TV, etc.) es bastante similar

entre ambos grupos, lo cual indica que en términos de la población ésta independientemente del modelo

económico y/o político ha tenido similares posibilidades de hacer uso de la nueva tecnología. Sin

embargo este indicador es restrictivo, en cuanto a indicar referencialmente alguna pauta o patrón a priori,

acerca de mejora en las perspectivas de futuro.




21

Finalmente, es interesante observar que la tendencia de las inversiones en telecomunicaciones con

participación privada ha ido declinando en el Grupo 1, y comparativamente, se han mantenido casi

invariables en los países del Grupo 2. Esto puede deberse a que efectivamente el peso mayor de las

inversiones en el sector lo han venido asumiendo las empresas de propiedad estatal, este por ejemplo, es

el caso de Bolivia.

4.3. El comportamiento del sector eléctrico

La total cobertura con electricidad a la población del país, se constituye hoy en día en uno de los desafíos

mayores que se imponen las agendas de gobierno. Es innegable la relación íntima entre bienestar social

y dotación de energía eléctrica.

Las reformas del sector eléctrico practicadas en la década de los 90 principalmente, implicaron entre

otras, la desintegración vertical del sector, con un mercado competitivo en la generación y mercados

regulados tanto en transmisión como en distribución y la presencia de un regulador independiente. A

diferencia del sector telecomunicaciones, el sector eléctrico se ha caracterizado por ser más bien más

estático y sin grandes cambios, excepto los cambios tecnológicos para el aprovechamiento de energías

renovables ante el agotamiento de las fuentes energéticas convencionales, los altos precios de petróleo y

la cada vez más extendida búsqueda de fuentes de energía más limpias, todo esto relacionado con el

componente de generación, pero tanto en transmisión como en distribución, se aprecia, desde la

perspectiva técnica un mercado maduro y sin grandes cambios. Este sector se caracteriza asimismo, en

transmisión como en distribución, por ser de bajo riesgo y en el que la participación privada está

fuertemente regulada.

Ilustración 10: Cobertura de Electricidad y Evolución del Consumo pér-capita


La Ilustración 10 muestra que la cobertura en ambos casos está por encima del 92%, aunque ligeramente

más alta en los países del Grupo 2 (ver gráfico de la izquierda), lo que indica que por el momento en

estos países la población goza de una más extendida dotación de energía. Por su parte, el Gráfico de la

derecha en la Ilustración 10, muestra también que el consumo per-cápita ha ido incrementándose de

manera sostenida y que al 2013 ambos grupos tienen un consumo bastante similar.

Sin embargo, cuando se analizan indicadores cualitativos empiezan a aflorar las diferencias. En el

Gráfico de la izquierda (ver Ilustración 11), las pérdidas del sistema son notablemente mayores en los

países del Grupo 1, dado que las pérdidas son una medida típica de la eficiencia en las operaciones, un

mayor nivel de pérdidas denota una más débil gestión de la actividad con el consecuente derroche de

recursos vía pérdidas.


22

A su vez, el Gráfico de la derecha, muestra también una notoria diferencia entre lo que ocurre en el Grupo

1 y el Grupo 2. Se puede apreciar que las inversiones privadas en el Grupo 1 prácticamente han

desaparecido, en tanto que en el Grupo 2 son la principal fuente de financiamiento de la expansión del

sector.

Países como Bolivia y Venezuela, a través de las señales de política, decisiones regulatorias, y/o emisión

de nuevas normativas, prácticamente han eliminado la posibilidad de que el sector privado pueda realizar

nuevos emprendimientos en el sector eléctrico, y, la agenda de gestión del sector, suele estar altamente

influenciada no por los indicadores de eficiencia, sino por la necesidad de la agenda política. Por ejemplo,

en el caso de Bolivia el programa de gobierno establece como meta que al 2025, debe alcanzarse

cobertura del 100%, pero para alcanzar este objetivo, cada empresa de distribución debe realizar

inversiones en expansión a comunidades rurales cada vez más alejadas, aunque el retorno económico de

los proyectos redunden en tasas de retorno negativas.

El análisis de los dos indicadores en su conjunto, podrían estar indicando que las inversiones, en el Grupo

2 son más eficientes, desde el punto de vista técnico que en las del Grupo 1.

Ilustración 11: Pérdidas del Sistema e Inversiones Privadas en Electricidad


5. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo, en primera instancia se ha realizado un recuento del contexto económico

de la región sudamericana en las décadas de 1980 a 1990, y cómo la profunda crisis de capitales primero

se ha traducido en crisis económica generalizada con un alto déficit fiscal e inflación elevada. La salida

o receta promovida por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional fue la

realización de ajustes estructurales que entre sus medidas contemplaba la atracción de capitales a la

región por la vía de las privatizaciones de las grandes corporaciones estatales principalmente en los

sectores de infraestructura. Estos procesos de ajuste, estaban acompañados de una nueva visión

económica que privilegiaba al mercado y restringía la participación estatal hacia aspectos regulatorios.

Para ello, en los sectores estratégicos y de infraestructura e industrias de redes (Telecomunicaciones,

Electricidad, Saneamiento Básico, etc.), se promovió la emisión de nuevas normativas y la constitución

de entes reguladores independientes, encargados de monitorear el cumplimiento de las obligaciones de

prestación del servicio.


23

Este modelo, por diversas razones mostró síntomas de agotamiento en muchos casos como lo demuestran

numerosos trabajos de investigación, debido a que grandes núcleos poblacionales percibían que el nuevo

modelo lejos de beneficiarlos sólo contribuía a generar excedentes en favor de los grandes capitales que

se apoderaron de las empresas privatizadas. De esta forma, en varios países se gestaron movimientos

políticos que dieron lugar al surgimiento de gobiernos con promesas de cambio, orientado hacia la

revisión, cuando no reversión, de las medidas del proceso privatizador previo. Particularmente en el

grupo de países conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela, este clima se tradujo

en la asunción de gobiernos de corte populista, que al mando de Venezuela fueron declaradamente

militantes del denominado Socialismo del Siglo XXI. Venezuela, Bolivia y Ecuador van más a fondo en

los cambios radicales y realizan reformas constitucionales profundas a partir de la realización de sendas

Asambleas constituyentes que, en Bolivia y Venezuela, dieron lugar inclusive al cambio del nombre del

país.

Chile, Colombia, Paraguay, Perú, y Uruguay, a pesar de en algunos de ellos como Chile, Uruguay y Perú

tuvieron gobiernos socialistas, los modelos económicos no fueron modificados y las señales enviadas al

mercado fueron siempre de estabilidad en las estas del juego.

Estas dos realidades hacen emerger la interrogante de hasta dónde, el desempeño de sectores de

infraestructura como telecomunicaciones o el sector eléctrico, considerados parte no solo de los pilares

del desarrollo, sino del bienestar económico y hasta considerados derechos humanos de tercera y cuarta

generación, se ha visto afectado por la incertidumbre y las modificaciones estructurales en un caso y, en

el segundo, favorecido por el sostenimiento del modelo y persistencia de las reglas del juego. A priori,

se podría pensar que ambos sectores por las connotaciones sociales ya expresadas, deberían ser una

prioridad nacional y por ende los resultados del mercado deberían mostrar avances mayores que los

obtenidos por países en los cuales es el mercado el que decide qué y cómo invertir.

Para corroborar esta idea, hemos realizado la comparación del desempeño de las economías de ambos

tipos de países, agrupándolos y tomando indicadores promedio, para el periodo 2000 – 2015, tiempo en

el cual los cambios de gobierno llevaron a los países de ambos grupos a las decisiones de revisión por

una parte (Grupo 1) y de estabilidad de reglas por otra (Grupo 2).

La realidad mostrada en esta investigación, da indicios, de que contrariamente a lo esperado, la

performance de la economía en general no ha sido tan promisoria como se había prometido en los países

del Grupo 1, los cuales efectivamente tienen un primer momento de resultados de crecimiento muy

importantes, probablemente sostenidos por un auge de precios de materias primas sin precedentes, sin

embargo, en la medida en que el contexto internacional comienza a cambiar, los resultados internos

también comienzan a entrar en retroceso, observándose oscilaciones en el crecimiento del PIB y niveles

inflacionarios, mucho mayores en los países del Grupo 1, esto indudablemente genera un clima menos

favorable a la planificación y a las decisiones de inversión privadas.

De igual forma, en el análisis de los dos sectores de infraestructura seleccionados, los resultados son

menos favorables a los países del Grupo 1. La inversión privada en el sector eléctrico prácticamente ha

desaparecido en el Grupo 1 y se aprecian indicios de mayores ineficiencias, por su parte si bien en el

sector de las telecomunicaciones la presencia privada es todavía importante, las inversiones privadas

también han ido en franca declinación en los países del Grupo 1, el cual sufre asimismo de niveles de

acceso a banda ancha muy limitados, lo cual como demuestran varios estudios, genera mayores

dificultades para el crecimiento económico de esos países.


24

A la luz de los resultados encontrados, es posible señalar que existe una duda razonable acerca de las

bondades del modelo (o modelos) propugnado por los países del Grupo 1, al menos en cuanto a los

resultados de los mercados de Electricidad y Telecomunicaciones, aspecto que para ser corroborado

deberá ser más profundamente investigado con base a los indicadores aquí incluidos y otros que amplíen

el escenario de análisis.

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Reseña

Adolfo Arturo Dávalos Yoshida

Economista y abogado. Experto en macroeconomía, regulación económica y en Administración de

Negocios. Maestría en Dirección y Administración de Empresas en la Universidad de Santiago de Chile

– Universidad Privada Bolivia, 2005 (Graduado con distinción); Maestría en Economía y Regulación de

los Servicios Públicos (especialidad Telecomunicaciones), Universitat de Barcelona, España, 2003

(titulado con el premio extraordinario de la promoción). Maestría en Economía Aplicada en el Instituto

de Economía de la Universidad Católica de Chile, República de Chile; 1991 – 1992. Especialidad en

Macroeconomía Aplicada en el Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile, República de

Chile; 1992, Segundo Semestre. Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional

en la Universidad de Aquino Bolivia (2012). Actualmente (2015), cursando el Doctorado en Proyectos

de la Universidad Americana de Europa (UNADE). Consultor internacional desde hace más de 20 años,

en temas de reformas estructurales, regulación y competencia en sectores de infraestructura e industrias

de red.


26

Cuadros

APENDICE: INDICADORES ECONOMICOS SELECCIONADOS

INDICADORES SELECCIONADOS – SECTOR ELECTRICO

Crecimiento PIB

AÑO Argentina Bolivia Brasil Ecuador VenezuelaPromedio

Grupo 1Chile Colombia Paraguay Perú Uruguay

Promedio

Grupo 2

2000 -0,80% 2,50% 4,10% 1,10% 3,70% 2,12% 4,50% 4,40% -2,30% 2,70% -1,90% 1,48%

2001 -4,40% 1,70% 1,70% 4,00% 3,40% 1,28% 3,30% 1,70% -0,80% 0,60% -3,80% 0,20%

2002 -10,90% 2,50% 3,10% 4,10% -8,90% -2,02% 2,20% 2,50% 0,00% 5,50% -7,70% 0,50%

2003 8,80% 2,70% 1,10% 2,70% -7,80% 1,50% 4,00% 3,90% 4,30% 4,20% 0,80% 3,44%

2004 9,00% 4,20% 5,80% 8,20% 18,30% 9,10% 6,00% 5,30% 4,10% 5,00% 5,00% 5,08%

2005 9,20% 4,40% 3,20% 5,30% 10,30% 6,48% 5,60% 4,70% 2,10% 6,30% 7,50% 5,24%

2006 8,40% 4,80% 4,00% 4,40% 9,90% 6,30% 4,40% 6,70% 4,80% 7,50% 4,10% 5,50%

2007 8,00% 4,60% 6,10% 2,20% 8,80% 5,94% 5,20% 6,90% 5,40% 8,50% 6,50% 6,50%

2008 3,10% 6,10% 5,10% 6,40% 5,30% 5,20% 3,30% 3,50% 6,40% 9,10% 7,20% 5,90%

2009 0,10% 3,40% -0,10% 0,60% -3,20% 0,16% -1,00% 1,70% -4,00% 1,00% 4,20% 0,38%

2010 9,50% 4,10% 7,50% 3,50% -1,50% 4,62% 5,80% 4,00% 13,10% 8,50% 7,80% 7,84%

2011 8,40% 5,20% 3,90% 7,90% 4,20% 5,92% 5,80% 6,60% 4,30% 6,50% 5,20% 5,68%

2012 0,80% 5,10% 1,90% 5,60% 5,60% 3,80% 5,50% 4,00% -1,20% 6,00% 3,30% 3,52%

2013 2,90% 6,80% 3,00% 4,60% 1,30% 3,72% 4,20% 4,90% 14,00% 5,80% 5,10% 6,80%

2014 0,50% 5,50% 0,10% 3,70% -4,00% 1,16% 1,90% 4,60% 4,70% 2,40% 3,50% 3,42%

2015

Fuente: Banco Mundial: http://data.worldbank.org/indicator

Año Argentina Bolivia Brasil Ecuador VenezuelaPromedio


Promedio

Grupo 2

2000 -0,90% 4,60% 7,00% 96,10% 16,20% 24,60% 3,80% 9,20% 9,00% 3,80% 4,80% 6,12%

2001 -1,10% 1,60% 6,80% 37,70% 12,50% 11,50% 3,60% 8,00% 7,30% 2,00% 4,40% 5,06%

2002 25,90% 0,90% 8,50% 12,50% 22,40% 14,04% 2,50% 6,40% 10,50% 0,20% 14,00% 6,72%

2003 13,40% 3,30% 14,70% 7,90% 31,10% 14,08% 2,80% 7,10% 14,20% 2,30% 19,40% 9,16%

2004 4,40% 4,40% 6,60% 2,70% 21,70% 7,96% 1,10% 5,90% 4,30% 3,70% 9,20% 4,84%

2005 9,60% 5,40% 6,90% 2,40% 16,00% 8,06% 3,10% 5,00% 6,80% 1,60% 4,70% 4,24%

2006 3,40% 4,30% 4,20% 3,00% 13,70% 5,72% 3,40% 4,30% 9,60% 2,00% 6,40% 5,14%

2007 8,80% 8,70% 3,60% 2,30% 18,70% 8,42% 4,40% 5,50% 8,10% 1,80% 8,10% 5,58%

2008 8,60% 14,00% 5,70% 8,40% 31,40% 13,62% 8,70% 7,00% 10,20% 5,80% 7,90% 7,92%

2009 6,30% 3,30% 4,90% 5,20% 27,10% 9,36% 0,10% 4,20% 2,60% 2,90% 7,10% 3,38%

2010 10,80% 2,50% 5,00% 3,60% 28,20% 10,02% 1,40% 2,30% 4,70% 1,50% 6,70% 3,32%

2011 9,50% 9,80% 6,60% 4,50% 26,10% 11,30% 3,30% 3,40% 8,30% 3,40% 8,10% 5,30%

2012 10,00% 4,60% 5,40% 5,10% 21,10% 9,24% 3,00% 3,20% 3,70% 3,70% 8,10% 4,34%

2013 10,60% 5,70% 6,20% 2,70% 40,60% 13,16% 1,80% 2,00% 2,70% 2,80% 8,60% 3,58%

2014 0,00% 5,80% 6,30% 3,60% 62,20% 15,58% 4,40% 2,90% 5,00% 3,20% 8,90% 4,88%

2015 0,00% 4,10% 9,00% 4,00% 121,70% 27,76% 4,30% 5,00% 3,10% 3,60% 8,70% 4,94%


Formación Bruta de Capital



Promedio

Grupo 2

2000 16,00% 18,00% 19,00% 21,00% 24,00% 19,60% 23,00% 15,00% 16,00% 18,00% 14,00% 17,20%

2001 14,00% 14,00% 19,00% 22,00% 28,00% 19,40% 22,00% 16,00% 16,00% 17,00% 14,00% 17,00%

2002 12,00% 16,00% 17,00% 24,00% 21,00% 18,00% 21,00% 17,00% 15,00% 17,00% 13,00% 16,60%

2003 15,00% 13,00% 17,00% 20,00% 15,00% 16,00% 22,00% 19,00% 17,00% 18,00% 15,00% 18,20%

2004 18,00% 11,00% 18,00% 20,00% 22,00% 17,80% 21,00% 19,00% 17,00% 17,00% 17,00% 18,20%

2005 19,00% 14,00% 17,00% 22,00% 23,00% 19,00% 23,00% 20,00% 17,00% 16,00% 18,00% 18,80%

2006 21,00% 14,00% 18,00% 22,00% 27,00% 20,40% 21,00% 22,00% 17,00% 19,00% 19,00% 19,60%

2007 22,00% 15,00% 20,00% 23,00% 30,00% 22,00% 21,00% 23,00% 16,00% 22,00% 20,00% 20,40%

2008 21,00% 18,00% 22,00% 26,00% 27,00% 22,80% 26,00% 23,00% 16,00% 27,00% 23,00% 23,00%

2009 16,00% 17,00% 19,00% 26,00% 26,00% 20,80% 20,00% 22,00% 14,00% 21,00% 20,00% 19,40%

2010 19,00% 17,00% 22,00% 28,00% 22,00% 21,60% 22,00% 22,00% 16,00% 25,00% 19,00% 20,80%

2011 21,00% 20,00% 22,00% 28,00% 23,00% 22,80% 24,00% 24,00% 17,00% 26,00% 21,00% 22,40%

2012 22,00% 18,00% 21,00% 28,00% 27,00% 23,20% 26,00% 24,00% 15,00% 26,00% 23,00% 22,80%

2013 23,00% 19,00% 22,00% 29,00% 27,00% 24,00% 24,00% 24,00% 15,00% 28,00% 23,00% 22,80%

2014 26,00% 21,00% 21,00% 29,00% 0,00% 19,40% 21,00% 26,00% 16,00% 26,00% 21,00% 22,00%

2015



27

Cobertura Electricidad



Promedio

Grupo 2

2000 95,27% 55,27% 94,50% 88,19% 93,90% 85,43% 94,20% 90,26% 82,08% 63,78% 96,26% 85,32%

2001 94,43% 56,54% 94,92% 89,67% 96,05% 86,32% 94,70% 90,92% 85,54% 65,16% 96,39% 86,54%

2002 94,60% 58,53% 95,33% 90,07% 96,88% 87,08% 95,21% 91,58% 89,14% 66,57% 96,41% 87,78%

2003 94,78% 60,58% 95,75% 90,47% 96,45% 87,61% 95,35% 92,25% 93,28% 68,01% 96,84% 89,15%

2004 94,95% 62,71% 96,17% 90,88% 96,26% 88,19% 95,39% 92,92% 96,49% 69,48% 97,18% 90,29%

2005 95,12% 64,91% 96,59% 91,29% 96,29% 88,84% 95,77% 93,60% 97,75% 70,98% 97,40% 91,10%

2006 95,30% 67,18% 97,02% 91,70% 96,51% 89,54% 96,37% 94,28% 98,50% 72,52% 98,52% 92,04%

2007 95,47% 69,54% 97,44% 92,11% 96,88% 90,29% 97,04% 94,83% 98,79% 74,09% 99,40% 92,83%

2008 95,65% 71,98% 97,87% 92,52% 97,37% 91,08% 97,64% 95,20% 98,86% 75,62% 99,74% 93,41%

2009 95,82% 74,51% 98,30% 92,94% 97,90% 91,89% 97,99% 95,39% 98,95% 77,48% 99,74% 93,91%

2010 96,00% 77,10% 98,73% 93,35% 98,42% 92,72% 98,00% 95,41% 98,97% 79,31% 99,75% 94,29%


Consumo individual de Electricidad



Promedio

Grupo 2

2000 2.078,29 419,81 1.886,60 637,52 2.636,12 1.531,67 2.527,62 829,40 887,47 680,19 2.030,26 1.390,99

2001 2.109,49 420,77 1.735,95 649,98 2.700,22 1.523,28 2.655,68 850,43 873,93 706,06 2.000,24 1.417,26

2002 2.003,43 434,40 1.791,62 692,24 2.726,12 1.529,56 2.752,41 858,62 884,80 740,82 1.997,73 1.446,88

2003 2.167,71 441,98 1.863,63 720,11 2.633,20 1.565,33 2.919,97 862,52 839,52 764,99 1.884,45 1.454,29

2004 2.279,29 452,18 1.933,98 829,11 2.762,93 1.651,50 3.084,06 898,34 828,23 802,84 1.928,95 1.508,48

2005 2.392,89 482,17 1.990,64 799,77 2.850,19 1.703,13 3.112,22 895,82 863,77 837,29 1.999,63 1.541,75

2006 2.357,96 513,07 2.044,86 868,16 2.958,43 1.748,49 3.237,22 947,13 920,82 887,62 2.220,93 1.642,74

2007 2.438,01 545,36 2.137,76 958,93 2.973,00 1.810,61 3.353,16 974,39 984,05 968,13 2.413,35 1.738,61

2008 2.752,13 534,48 2.198,48 1.083,99 3.071,80 1.928,18 3.350,79 974,22 1.033,55 1.039,45 2.586,22 1.796,85

2009 2.708,99 553,65 2.165,68 1.111,20 3.033,87 1.914,68 3.307,55 1.049,98 1.092,88 1.040,63 2.659,72 1.830,15

2010 2.847,33 604,34 2.339,44 1.143,78 3.134,43 2.013,86 3.316,18 1.077,98 1.178,61 1.094,31 2.803,15 1.894,05

2011 2.901,36 637,31 2.394,40 1.217,35 3.196,89 2.069,46 3.590,31 1.121,40 1.282,54 1.241,67 2.808,36 2.008,85

2012 2.954,54 663,36 2.463,28 1.281,56 3.249,79 2.122,51 3.810,12 1.149,95 1.368,05 1.211,32 2.931,03 2.094,10

2013 3.093,35 705,29 2.529,30 1.333,16 3.245,07 2.181,24 3.878,91 1.177,11 1.473,01 1.269,77 2.985,06 2.156,77

2014

2015


Inversiones Privadas en Electricidad



Promedio

Grupo 2

2000 0,45% 1,96% 1,18% 0,00% 0,03% 0,72% 0,77% 0,08% 0,00% 0,00682805 0,72901913 14,89%

2001 0,35% 0,79% 0,71% 0,00% 0,00% 0,37% 0,26% 0,05% 0,00% 0,00589816 0,43132261 8,81%

2002 0,11% 6,00% 0,77% 0,00% 0,00% 1,38% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00634315 0,67127062 13,56%

2003 0,08% 0,36% 0,65% 0,93% 0,01% 0,41% 0,30% 0,05% 0,00% 0,01722836 1,28013135 26,02%

2004 0,15% 0,30% 0,30% 0,00% 0,00% 0,15% 0,05% 0,05% 0,00% 0,00458204 0,54990126 11,11%

2005 0,11% 1,33% 0,47% 0,00% 0,00% 0,38% 0,25% 0,04% 0,00% 0,00211614 0,78386233 15,78%

2006 0,73% 0,47% 0,54% 0,28% 0,00% 0,40% 0,08% 0,09% 0,00% 0,00143748 0,65882467 13,24%

2007 0,15% 0,49% 0,61% 0,00% 0,00% 0,25% 0,26% 0,24% 0,00% 0,00459328 0,72694676 14,73%

2008 0,18% 0,12% 0,56% 0,00% 0,00% 0,17% 0,05% 0,07% 0,00% 0,00269963 0,6808004 13,69%

2009 0,09% 0,00% 1,41% 0,00% 0,00% 0,30% 0,42% 0,06% 0,00% 0,00359982 1,17320533 23,63%

2010 0,07% 0,00% 0,48% 0,00% 0,00% 0,11% 0,13% 0,08% 0,00% 0,00799949 0,52640894 10,73%

2011 0,10% 0,00% 0,68% 0,00% 0,00% 0,16% 0,08% 0,20% 0,00% 0,00384899 0,79642551 16,06%

2012 0,10% 0,00% 1,24% 0,00% 0,00% 0,27% 0,47% 0,00% 0,00% 0,01079979 0,99650752 20,24%

2013 0,13% 0,00% 0,39% 0,12% 0,00% 0,13% 2,22% 0,37% 0,00% 0,01344226 0,71827117 15,15%

Fuente: Elaboración propia con informacion del Banco Mundial: http://data.worldbank.org/indicator


28

Perdidas Electricidad % de Generación



Promedio

Grupo 2

2000 14,83% 10,18% 17,66% 24,13% 24,26% 18,21% 7,29% 22,39% 11,48% 18,53% 14,92%

2001 14,26% 10,40% 17,24% 24,60% 25,24% 18,35% 7,36% 19,37% 10,76% 15,98% 13,37%

2002 17,17% 10,37% 16,74% 24,35% 24,76% 18,68% 6,18% 19,40% 10,35% 16,73% 13,17%

2003 15,27% 10,32% 16,27% 26,23% 25,49% 18,72% 6,09% 19,49% 10,11% 20,89% 14,14%

2004 15,42% 10,35% 16,75% 25,48% 26,62% 18,92% 7,88% 19,52% 9,73% 30,73% 16,96%

2005 15,13% 10,13% 16,59% 26,80% 27,05% 19,14% 8,65% 19,51% 9,34% 23,33% 15,21%

2006 15,12% 10,13% 16,82% 24,99% 26,57% 18,73% 8,86% 19,45% 9,32% 18,43% 14,01%

2007 16,72% 10,20% 16,14% 21,82% 27,50% 18,48% 8,43% 20,19% 8,49% 12,20% 12,33%

2008 13,38% 11,79% 16,65% 19,23% 27,21% 17,65% 8,51% 19,30% 8,20% 11,79% 11,95%

2009 14,75% 11,73% 17,19% 18,00% 27,23% 17,78% 10,55% 14,71% 8,16% 12,77% 11,55%

2010 13,43% 11,55% 16,63% 16,86% 20,11% 15,72% 8,22% 15,38% 10,13% 11,02% 11,19%

2011 14,43% 11,03% 16,46% 16,30% 20,46% 15,74% 7,13% 12,18% 5,81% 12,44% 9,39%

2012 13,69% 11,34% 17,07% 14,50% 20,64% 15,45% 5,02% 12,38% 8,47% 12,19% 9,51%

2013 16,01% 9,03% 16,40% 12,95% 20,81% 15,04% 6,69% 11,77% 10,51% 10,99% 9,99%


Crecimiento PIB



Promedio

Grupo 2

2000 -0,80% 2,50% 4,10% 1,10% 3,70% 2,12% 4,50% 4,40% -2,30% 2,70% -1,90% 1,48%

2001 -4,40% 1,70% 1,70% 4,00% 3,40% 1,28% 3,30% 1,70% -0,80% 0,60% -3,80% 0,20%

2002 -10,90% 2,50% 3,10% 4,10% -8,90% -2,02% 2,20% 2,50% 0,00% 5,50% -7,70% 0,50%

2003 8,80% 2,70% 1,10% 2,70% -7,80% 1,50% 4,00% 3,90% 4,30% 4,20% 0,80% 3,44%

2004 9,00% 4,20% 5,80% 8,20% 18,30% 9,10% 6,00% 5,30% 4,10% 5,00% 5,00% 5,08%

2005 9,20% 4,40% 3,20% 5,30% 10,30% 6,48% 5,60% 4,70% 2,10% 6,30% 7,50% 5,24%

2006 8,40% 4,80% 4,00% 4,40% 9,90% 6,30% 4,40% 6,70% 4,80% 7,50% 4,10% 5,50%

2007 8,00% 4,60% 6,10% 2,20% 8,80% 5,94% 5,20% 6,90% 5,40% 8,50% 6,50% 6,50%

2008 3,10% 6,10% 5,10% 6,40% 5,30% 5,20% 3,30% 3,50% 6,40% 9,10% 7,20% 5,90%

2009 0,10% 3,40% -0,10% 0,60% -3,20% 0,16% -1,00% 1,70% -4,00% 1,00% 4,20% 0,38%

2010 9,50% 4,10% 7,50% 3,50% -1,50% 4,62% 5,80% 4,00% 13,10% 8,50% 7,80% 7,84%

2011 8,40% 5,20% 3,90% 7,90% 4,20% 5,92% 5,80% 6,60% 4,30% 6,50% 5,20% 5,68%

2012 0,80% 5,10% 1,90% 5,60% 5,60% 3,80% 5,50% 4,00% -1,20% 6,00% 3,30% 3,52%

2013 2,90% 6,80% 3,00% 4,60% 1,30% 3,72% 4,20% 4,90% 14,00% 5,80% 5,10% 6,80%

2014 0,50% 5,50% 0,10% 3,70% -4,00% 1,16% 1,90% 4,60% 4,70% 2,40% 3,50% 3,42%


Formación Bruta de Capital



Promedio

Grupo 2

2000 16,00% 18,00% 19,00% 21,00% 24,00% 19,60% 23,00% 15,00% 16,00% 18,00% 14,00% 17,20%

2001 14,00% 14,00% 19,00% 22,00% 28,00% 19,40% 22,00% 16,00% 16,00% 17,00% 14,00% 17,00%

2002 12,00% 16,00% 17,00% 24,00% 21,00% 18,00% 21,00% 17,00% 15,00% 17,00% 13,00% 16,60%

2003 15,00% 13,00% 17,00% 20,00% 15,00% 16,00% 22,00% 19,00% 17,00% 18,00% 15,00% 18,20%

2004 18,00% 11,00% 18,00% 20,00% 22,00% 17,80% 21,00% 19,00% 17,00% 17,00% 17,00% 18,20%

2005 19,00% 14,00% 17,00% 22,00% 23,00% 19,00% 23,00% 20,00% 17,00% 16,00% 18,00% 18,80%

2006 21,00% 14,00% 18,00% 22,00% 27,00% 20,40% 21,00% 22,00% 17,00% 19,00% 19,00% 19,60%

2007 22,00% 15,00% 20,00% 23,00% 30,00% 22,00% 21,00% 23,00% 16,00% 22,00% 20,00% 20,40%

2008 21,00% 18,00% 22,00% 26,00% 27,00% 22,80% 26,00% 23,00% 16,00% 27,00% 23,00% 23,00%

2009 16,00% 17,00% 19,00% 26,00% 26,00% 20,80% 20,00% 22,00% 14,00% 21,00% 20,00% 19,40%

2010 19,00% 17,00% 22,00% 28,00% 22,00% 21,60% 22,00% 22,00% 16,00% 25,00% 19,00% 20,80%

2011 21,00% 20,00% 22,00% 28,00% 23,00% 22,80% 24,00% 24,00% 17,00% 26,00% 21,00% 22,40%

2012 22,00% 18,00% 21,00% 28,00% 27,00% 23,20% 26,00% 24,00% 15,00% 26,00% 23,00% 22,80%

2013 23,00% 19,00% 22,00% 29,00% 27,00% 24,00% 24,00% 24,00% 15,00% 28,00% 23,00% 22,80%

2014 26,00% 21,00% 21,00% 29,00% 0,00% 19,40% 21,00% 26,00% 16,00% 26,00% 21,00% 22,00%

2015



29

INDICADORES SELECCIONADOS – SECTOR TELECOMUNICACIONES

TELEFONIA FIJA: líneas por 100 personas



Promedio

Grupo 2

2000 21,46% 6,17% 17,83% 9,77% 10,54% 13,15% 21,45% 57,40% 5,29% 6,81% 28,15% 23,82%

2001 21,88% 6,36% 21,28% 10,42% 11,02% 14,19% 22,26% 57,52% 5,29% 6,14% 28,74% 23,99%

2002 20,55% 6,91% 21,77% 10,78% 11,36% 14,27% 22,13% 59,31% 4,91% 6,37% 28,60% 24,26%

2003 22,72% 6,68% 21,71% 11,49% 11,59% 14,84% 20,53% 58,92% 4,95% 6,97% 28,40% 23,95%

2004 22,92% 6,74% 21,64% 11,74% 12,88% 15,18% 20,74% 56,00% 5,24% 8,18% 30,18% 24,07%

2005 24,47% 6,87% 21,52% 12,24% 13,79% 15,78% 21,26% 55,96% 5,43% 8,83% 30,43% 24,38%

2006 24,27% 6,92% 20,71% 12,71% 15,71% 16,07% 20,72% 56,29% 5,51% 9,26% 29,78% 24,31%

2007 24,14% 6,85% 20,80% 12,83% 19,04% 16,73% 20,96% 55,74% 6,44% 10,08% 29,04% 24,45%

2008 24,51% 7,87% 21,53% 13,17% 23,14% 18,04% 21,15% 54,78% 5,95% 10,73% 28,77% 24,28%

2009 24,34% 7,81% 21,44% 13,66% 24,37% 18,32% 21,12% 50,71% 6,11% 12,19% 28,51% 23,73%

2010 24,31% 8,10% 21,56% 13,89% 24,74% 18,52% 20,26% 47,87% 5,63% 10,69% 28,66% 22,62%

2011 23,56% 8,20% 21,80% 14,48% 24,92% 18,59% 19,51% 46,68% 5,62% 10,83% 28,64% 22,26%

2012 22,66% 8,10% 22,24% 14,87% 25,62% 18,70% 18,81% 45,53% 6,16% 11,21% 29,90% 22,32%

2013 22,89% 8,41% 22,40% 15,18% 25,68% 18,91% 18,17% 45,27% 6,45% 10,36% 30,91% 22,23%

2014 22,34% 8,30% 21,76% 15,23% 25,44% 18,61% 19,12% 44,81% 5,40% 9,65% 31,81% 22,16%

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial: http://data.worldbank.org/indicator

TELEFONIA MOVIL: líneas por 100 personas



Promedio

Grupo 2

2000 17,64% 7,04% 13,37% 3,85% 22,64% 12,91% 22,09% 18,01% 15,35% 5,05% 12,44% 14,59%

2001 18,14% 9,46% 16,34% 6,70% 26,37% 15,40% 32,76% 25,48% 21,08% 7,01% 15,72% 20,41%

2002 17,50% 11,97% 19,57% 11,92% 26,15% 17,42% 39,85% 35,10% 29,94% 8,88% 15,52% 25,86%

2003 20,71% 13,99% 25,67% 18,00% 27,50% 21,18% 45,89% 46,44% 31,18% 11,10% 15,06% 29,94%

2004 35,35% 19,42% 35,87% 26,15% 32,40% 29,84% 57,88% 76,75% 30,22% 15,27% 18,16% 39,65%

2005 57,41% 25,74% 46,56% 45,52% 47,19% 44,48% 65,39% 159,24% 31,99% 20,51% 34,93% 62,41%

2006 80,86% 29,88% 53,34% 60,76% 70,02% 58,97% 76,24% 213,12% 53,80% 33,00% 70,31% 89,29%

2007 102,66% 32,86% 63,85% 69,93% 87,30% 71,32% 84,55% 238,77% 76,71% 54,63% 90,38% 109,01%

2008 117,01% 50,25% 78,65% 80,73% 98,85% 85,10% 88,67% 285,81% 92,95% 73,11% 105,21% 129,15%

2009 130,77% 62,75% 87,52% 89,85% 99,79% 94,14% 97,47% 286,06% 88,61% 84,88% 122,92% 135,99%

2010 139,95% 68,33% 100,73% 98,46% 97,38% 100,97% 116,33% 296,28% 91,78% 98,52% 132,18% 147,02%

2011 147,17% 77,98% 118,72% 100,44% 97,81% 108,42% 129,32% 302,64% 99,50% 108,17% 141,21% 156,17%

2012 154,14% 87,29% 124,63% 106,03% 102,39% 114,90% 137,24% 316,13% 101,81% 96,44% 147,75% 159,87%

2013 159,61% 100,25% 134,85% 105,40% 102,05% 120,43% 134,20% 318,83% 103,97% 96,28% 155,31% 161,71%

2014 154,45% 98,94% 138,45% 103,61% 99,46% 118,98% 132,91% 345,23% 106,00% 101,45% 161,49% 169,42%


INTERNET BANDA ANCHA: Conexiones por 100 personas



Promedio

Grupo 2

2000 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,02% 0,02% 0,05% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03%

2001 0,25% 0,00% 0,19% 0,02% 0,15% 0,12% 0,43% 0,11% 0,01% 0,00% 0,00% 0,11%

2002 0,39% 0,04% 0,41% 0,05% 0,31% 0,24% 1,20% 0,27% 0,01% 0,14% 0,00% 0,32%

2003 0,68% 0,06% 0,53% 0,05% 0,46% 0,36% 2,22% 0,48% 0,01% 0,36% 0,00% 0,61%

2004 1,42% 0,09% 1,73% 0,09% 0,81% 0,83% 2,99% 0,94% 0,05% 0,85% 0,82% 1,13%

2005 2,40% 0,14% 1,75% 0,20% 1,35% 1,17% 4,38% 2,32% 0,09% 1,30% 1,47% 1,91%

2006 4,06% 0,18% 2,54% 0,33% 2,00% 1,82% 6,24% 4,50% 0,10% 1,75% 3,22% 3,16%

2007 6,61% 0,34% 4,02% 0,70% 3,14% 2,96% 7,80% 8,49% 0,14% 2,02% 4,96% 4,68%

2008 7,84% 0,79% 5,23% 1,08% 4,02% 3,79% 8,55% 12,24% 0,21% 2,53% 7,33% 6,17%

2009 8,75% 0,93% 6,06% 1,64% 4,97% 4,47% 9,80% 14,35% 1,22% 2,84% 9,49% 7,54%

2010 9,88% 0,91% 7,21% 1,47% 5,84% 5,06% 10,48% 17,61% 1,39% 3,16% 11,43% 8,81%

2011 11,08% 0,69% 9,03% 4,32% 6,17% 6,26% 11,66% 21,93% 1,83% 4,04% 14,04% 10,70%

2012 12,34% 1,07% 9,60% 5,44% 6,82% 7,05% 12,42% 25,38% 2,04% 4,73% 17,17% 12,35%

2013 14,81% 1,48% 10,63% 6,71% 7,38% 8,20% 13,10% 28,76% 2,31% 5,21% 21,73% 14,22%

2014 15,15% 1,64% 11,63% 8,23% 7,82% 8,89% 14,05% 31,36% 2,44% 5,62% 24,68% 15,63%



30

INTERNET MOVIL: líneas por 100 personas



Promedio

Grupo 2

2009 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,40% 3,79% 0,00% 1,97% 0,00% 0,00% 1,15%

2010 0,00% 0,00% 0,00% 2,21% 3,09% 1,06% 8,47% 66,91% 3,38% 0,00% 0,00% 15,75%

2011 0,00% 0,00% 0,00% 9,91% 4,19% 2,82% 18,28% 81,71% 4,38% 0,00% 21,55% 25,19%

2012 0,00% 0,00% 0,00% 21,26% 4,76% 5,20% 28,57% 95,12% 4,90% 0,00% 32,08% 32,13%

2013 0,00% 0,00% 0,00% 26,66% 3,75% 6,08% 36,10% 109,77% 0,00% 0,00% 45,74% 38,32%

2014 0,00% 0,00% 0,00% 30,79% 3,32% 6,82% 50,42% 121,06% 0,00% 0,00% 60,10% 46,32%




Promedio

Grupo 2

2000 7,00% 1,40% 2,90% 1,50% 3,40% 3,24% 16,60% 2,20% 0,70% 3,10% 10,50% 6,62%

2001 9,80% 2,10% 4,50% 2,70% 4,60% 4,74% 19,10% 2,90% 1,10% 7,60% 11,10% 8,36%

2002 10,90% 3,10% 9,10% 4,30% 4,90% 6,46% 22,10% 4,60% 1,80% 9,00% 11,40% 9,78%

2003 11,90% 3,50% 13,20% 4,50% 7,50% 8,12% 25,50% 7,40% 2,10% 11,60% 15,90% 12,50%

2004 16,00% 4,40% 19,10% 4,80% 8,40% 10,54% 28,20% 9,10% 3,50% 14,10% 17,10% 14,40%

2005 17,70% 5,20% 21,00% 6,00% 12,60% 12,50% 31,20% 11,00% 7,90% 17,10% 20,10% 17,46%

2006 20,90% 6,20% 28,20% 7,20% 15,20% 15,54% 3,00% 15,30% 8,00% 20,70% 29,40% 15,28%

2007 25,90% 10,50% 30,90% 10,80% 20,80% 19,78% 35,90% 21,80% 11,20% 25,20% 34,00% 25,62%

2008 28,10% 12,50% 33,80% 18,80% 25,90% 23,82% 37,30% 25,60% 14,30% 30,60% 39,30% 29,42%

2009 34,00% 16,80% 39,20% 24,60% 32,70% 29,46% 41,60% 30,00% 18,90% 31,40% 41,80% 32,74%

2010 45,00% 22,40% 40,70% 29,00% 37,40% 34,90% 45,00% 36,50% 19,80% 34,80% 46,40% 36,50%

2011 51,00% 30,00% 45,70% 31,40% 40,20% 39,66% 52,20% 40,40% 24,80% 36,00% 51,40% 40,96%

2012 55,80% 35,30% 48,60% 35,10% 49,10% 44,78% 61,40% 49,00% 29,30% 38,20% 54,50% 46,48%

2013 59,90% 36,90% 51,00% 40,40% 54,90% 48,62% 66,50% 51,70% 36,90% 39,20% 57,70% 50,40%

2014 64,70% 39,00% 57,60% 43,00% 57,00% 52,26% 72,40% 52,60% 43,00% 40,20% 61,50% 53,94%


USO DE INTERNET

liberalizaciÓn, riesgo regulatorio e inversiones en el

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