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Aspectos relevantes del Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación
Por María Andrea Libaak y Gonzalo Nazar de la Vega
I.- Cuestiones generales del Proyecto.
En el presente trabajo se efectuará una descripción de las
principales innovaciones que prevé el Proyecto de Código Civil y Comercial de la
Nación que enviara el Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Congreso de la
Nación1.
La iniciativa tiene sustento en el Anteproyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación elaborado por una Comisión de Juristas creada por el
Decreto N° 191/2011, integrada por los señores Ministros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación doctores Ricardo Luis Lorenzetti (como Presidente) y Elena
Highton de Nolasco, y la Profesora Aída Kemelmajer de Carlucci2.
La parte dispositiva del Proyecto que consta de 9 artículos y dos
anexos, consiste fundamentalmente en aprobar un Código Civil y Comercial de la
Nación en sustitución de los vigentes, propiciando a la vez las derogaciones y
modificaciones necesarias del resto de la legislación a fin de adecuarla a la
innovación proyectada.
En este sentido, el artículo 1° aprueba el Anexo I que contiene el
Código Civil y Comercial de la Nación propuesto, integrado por 2671 artículos.
II.- El método del Proyecto.
1 Mensaje N° 884/2012, enviado el 7 de junio de 2012.
2 La iniciativa fue elevada a consideración de la señora Presidenta de la Nación el día 27 de marzo del año 2012,
acompañada por sus fundamentos y un índice.
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El Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación consta de un
Título Preliminar3 y seis Libros que se encuentran divididos en títulos, capítulos y
secciones. En algunas secciones se adoptó una subdivisión interna bajo la
denominación de parágrafos.
El Libro Primero contiene la regulación de la “Parte general”4. El
Libro Segundo trata de las “Relaciones de familia”5. El Libro Tercero prevé lo
concerniente a los “Derechos personales”6. El Libro Cuarto contiene lo vinculado a
los “Derechos reales”7. El Libro Quinto regula la “Transmisión de derechos por causa
de muerte”8. El Libro Sexto contiene las “Disposiciones comunes a los derechos
personales y reales”9.
Respecto de la metodología elegida, corresponde destacar la
importancia de incorporar en el Título Preliminar las reglas para el ejercicio de los
derechos, cuyos destinatarios son todos los ciudadanos y no sólo el juez, como
también, nociones generales sobre los bienes individuales y colectivos, que le dan a
la propuesta un sentido general en materia valorativa, tal como se desprende de los
fundamentos del anteproyecto que elaboró la Comisión de Juristas.
3 Capítulo 1 Derecho; Capítulo 2 Ley; Capítulo 3 Ejercicio de los derechos; Capítulo 4 Derechos y bienes.
4 Título I Persona Humana, Título II Persona Jurídica, Título III Bienes, Título IV Hechos y actos jurídicos, Título V
Transmisión de los derechos. 5 Título I Matrimonio, Título II Régimen patrimonial del matrimonio, Título III Uniones convivenciales, Titulo IV
Parentesco, Título V Filiación, Titulo VI Adopción, Titulo VII Responsabilidad parental, Título VIII Procesos de familia. 6 Título I Obligaciones en general, Título II Contratos en general, Titulo III Contratos de consumo, Título IV
Contratos en particular, Titulo V Otras fuentes de las obligaciones. 7 Título I Disposiciones generales, Título II Posesión y tenencia, Título III Dominio, Título IV Condominio, Titulo V
Propiedad comunitaria indígena, Título VI Propiedad horizontal, Título VII Conjuntos inmobiliarios, Título VIII Superficie, Título IX Usufructo, Título X Uso, Título XI Habitación, Título XII Servidumbre, Título XIII Derechos reales de garantía, Título XIV Acciones posesorias y las acciones reales. 8 Título I Sucesiones, Título II Aceptación y renuncia de la herencia, Título III Cesión de herencia, Título IV
Petición de herencia, Título V Responsabilidad de los herederos y legatarios. Liquidación del pasivo, Título VI Estado de indivisión, Título VII Proceso sucesorio, Título VIII Partición, Título IX Sucesiones intestadas, Título X Porción legítima, Título XI Sucesiones testamentarias. 9 Título I Prescripción y caducidad, Título II Privilegios, Título III Derecho de retención, Título IV Disposiciones de
derecho internacional privado.
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Otra cuestión que merece señalarse es la ausencia de notas del
Proyecto siguiendo las actuales tendencias metodológicas en la legislación
comparada dado que los últimos Códigos Civiles no las incluyen10.
III.- Esquema de las principales modificaciones del Proyecto.
Con el fin de apreciar de manera más acabada los alcances de las
principales modificaciones, el esquema con las innovaciones que se desarrolla a
continuación sigue el método implementado en el Proyecto.
PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACIÓN CÓDIGO CIVIL Y NORMATIVA VIGENTE
Título Preliminar
Introduce las reglas para el ejercicio de los
derechos donde se contemplan las fuentes y
aplicación, los criterios de interpretación y el
deber de resolver del juez (arts. 1°, 2° y 3°).
Se incorporan y enumeran como principios
generales que van a regir las relaciones
Sólo se regula lo vinculado a las leyes y al
modo de contar los intervalos (arts. 1° a 29
C.C.).
El principio de buena fe (previsto en el
ámbito contractual, art. 1198 del C.C.).
10 De acuerdo a lo expuesto en los Fundamentos del Anteproyecto elaborado por la Comisión de Juristas que a
su vez remite al Proyecto de 1998. En este último, se destaca que la razón por la que Vélez introdujo en su obra las notas, tenía que ver con el estado de avance de la cultura jurídica del país. Asimismo, se señala que el propio Vélez Sarsfield en la Nota de Elevación al Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Doctor Don Eduardo Costa, del 21 de junio de 1865, entendió que las notas del Código Civil eran prescindibles; dijo entonces que, "cuando Código haya de publicarse", serían "suprimidas las citas, concordancias y notas" (“Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación con Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional Nº 884/2012, Edición INFOJUS – Sistema Argentino de Información Jurídica-, P. 527, Ciudad de Buenos Aires, año 2012; y, “Proyecto de Código Civil de la República Argentina con nota de elevación, fundamentos y legislación complementaria”, P. 9, Edición del Ministerio de Justicia de la Nación-República Argentina, Ciudad de Buenos Aires, año 1999).
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jurídicas:
buena fe (art. 9°),
abuso del derecho (art. 10),
abuso de la posición dominante del
mercado (art. 11).
El abuso del derecho (art. 1071 del
C.C.).
El abuso de la posición dominante (art.
1° de la Ley N° 25.156 de Defensa de la
Competencia).
Incorpora el reconocimiento de los derechos
de incidencia colectiva junto con los
derechos individuales (art. 14).
Los derechos de incidencia colectiva emanan
principalmente de los arts. 41 y 43 de la
Constitución Nacional.
Regula los derechos sobre el cuerpo
humano, a los que no se les otorga valor
económico11 sino afectivo, terapéutico,
científico, humanitario o social; solo son
disponibles por su titular cuando se configura
alguno de esos valores y según lo dispongan
las leyes especiales (art. 17).
El cuerpo humano solamente tiene significado
en cuanto es soporte de la noción de persona.
Respecto a los actos de disposición sobre el
propio cuerpo humano encontramos las
previsiones de las Leyes Nros. 22.990 (de
sangre) y 24.193 (Trasplante de órganos y
materiales anatómicos).
Establece que las comunidades indígenas
con personería jurídica reconocida tienen
derecho a la posesión y propiedad
comunitaria de sus tierras (art. 18).
Los derechos de las comunidades indígenas
se encuentran receptados en la Ley N° 23.302
(Ley de Protección de las Comunidades
Aborígenes), en el artículo 75 inciso 17 de la
Constitución Nacional y en diversos tratados
internacionales, en especial los Convenios de
la OIT Nº 107 y Nº 169.
Libro Primero Parte General.
11 Con sustento en la preservación de la dignidad humana, el Proyecto indica que los derechos sobre el cuerpo
humano no deben tener un contenido económico. En concordancia con tal previsión, en materia contractual, el artículo 1004 prevé que cuando el contrato tenga por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplica el artículo 17.
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Comienzo de la existencia de la persona
humana. Se mantiene el actual criterio en
cuanto al comienzo de la existencia de la
persona humana concebida naturalmente y
se agrega el supuesto de las técnicas de
reproducción humana asistida. En estos
casos, se entiende que la persona humana
comienza desde la implantación del embrión
(art. 19)12.
Se prevé la existencia de la persona humana
desde la concepción en el seno materno (art.
63 del C.C.).
Capacidad. Se considera menor de edad la
persona que no ha cumplido los 18 años, se
incorpora al adolescente entendiendo por tal
al menor de edad que cumplió 13 años (art.
25).
Para el ejercicio de los derechos de los
menores de edad, se tiene en cuenta no
solamente la edad sino también el grado de
madurez suficiente. A partir de los 16 años el
adolescente es considerado como un adulto
para las decisiones atinente a su propio
cuerpo (art. 26).
La sentencia que declara la restricción al
ejercicio de la capacidad de una persona
Se regula la capacidad y la incapacidad (arts.
54 a 62, 126 a 158 C.C.; menores; dementes e
inhabilitados; sordomudos).
12 En los Fundamentos se expresa que en lo atinente al comienzo de la persona humana, se tiene en
consideración el estado actual de las técnicas de reproducción humana asistida, conforme la cual, no existe la posibilidad de desarrollo de un embrión fuera del seno materno. Ello no quiere decir que el embrión no tenga protección alguna, sino que su regulación corresponde a una norma específica. (Fundamentos, obra citada, P. 544).
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debe determinar la extensión y alcances de la
misma y designar representantes o apoyos
(existen grados, capacidad restringida, según
arts. 32 y 38).
Se regula una nueva forma de complementar
el ejercicio de la capacidad en las personas
con capacidad restringida, denominada
sistema de apoyos (art. 43)13.
Derechos personalísimos. Se sistematiza
en un capítulo derechos ya reconocidos a los
que se les otorga entidad y se reconocen
expresamente otros. Se destacan:
inviolabilidad de la persona humana (art. 51);
protección de la dignidad personal (art. 52);
derecho a la imagen (art. 53); prohibición de
prácticas eugenésicas (art. 57); investigación
médica con personas humanas (art. 58);
consentimiento informado para actos
médicos (art. 59); directivas médicas
anticipadas (art. 60); disposiciones sobre
exequias (art. 61).
Actualmente, se encuentran contemplados en
la Constitución Nacional, tratados
internacionales, leyes complementarias y en
forma diseminada en el Código Civil14.
13 Se receptan los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobado
mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (aprobada por Ley N° 26.378). 14
A título de ejemplo puede mencionarse en lo que se refiere al “honor” los artículos 1089 y 1090 del Código Civil (sus falencias han sido suplidas por la doctrina y jurisprudencia). En cuanto a la “intimidad”, la tutela se ve regulada en el artículo 1071 bis, incorporado por la Ley N° 21.173. El “derecho a la imagen” aparece regulada en el artículo 31 de la Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual. También en los Tratados de Derechos Humanos como diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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Persona Jurídica (arts. 141 a 223).
Se prevé expresamente la inoponibilidad de
la personería jurídica ante la actuación que
encubra la consecución de fines extraños a
su objeto, constituya un mero recurso para
violar la ley, el orden público o la buena fe o
para frustrar derechos de terceros, la cual se
imputa directamente a los socios o a los
controlantes que la hicieron posible, quienes
responden solidaria e ilimitadamente por los
perjuicios causados (art. 144)15.
Persona Jurídica (arts. 30 a 50 C.C.).
La inoponibilidad de la persona jurídica se
encuentra regulada expresamente para las
Sociedades Comerciales, en la segunda parte
del artículo 54 de la Ley de Sociedades
Comerciales (Ley N° 19.550).
En cuanto a la enumeración de las personas
jurídicas privadas, se incorporan a los
consorcios de propiedad horizontal y a las
comunidades indígenas (art. 148).
En el Código vigente no se recepta como
personas jurídicas a los consorcios de
propietarios ni a las comunidades indígenas.
En cuanto a los consorcios de propietarios, no
surge con claridad en la Ley N° 13.512
(“Propiedad Horizontal”) si el legislador les
reconoce personería jurídica16.
La personería jurídica de las comunidades
indígenas está reconocida por el artículo 75
inciso 17 de la Constitución Nacional y
mediante la Ley N° 23.302 (Ley de Protección
15 La recepción de la inoponibilidad de la persona jurídica amplía su aplicación hacia cualquier clase de persona
jurídica privada ya que el abuso de la personalidad jurídica puede producirse en cualquiera de ellas, no solo en el campo societario, Fundamento, Obra citada, P. 551. 16
La doctrina y la jurisprudencia no tienen una posición unánime. Algunos lo consideran un sujeto de derecho diferenciado al de los propietarios, y otros entienden que se trata del mero conjunto de los propietarios “La personalidad del Consorcio en el Proyecto de Código Civil y Comercial” de Lucila Inés Córdoba, LL 24/07/2012.
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de las Comunidades Aborígenes).
Incorpora una regulación de las
Asociaciones Civiles (arts. 168 a 186).
Respecto de las Fundaciones propicia la
codificación de la mayoría de las previsiones
de la Ley N° 19.836 (Fundaciones) -arts. 193
a 224-.
Asociaciones y fundaciones incluidas en la
clasificación del art. 33 del C.C.
Las fundaciones se encuentran reguladas por
la Ley Nº 19.836.
Las asociaciones civiles no tienen normativa
específica; solo encontramos la Ley N° 20.321
(Mutuales) y la Ley N° 20.337 (Cooperativas).
Incorpora un Título atinente a los bienes en el
que:
-Regula lo vinculado a los bienes con relación
a las personas y derechos de incidencia
colectiva donde se prevé lo concerniente a
los bienes pertenecientes al dominio púbico y
al dominio privado añadiendo la regulación
del derecho de los particulares sobre las
aguas que surgen de sus terrenos (arts. 225
a 241).
-Incorpora expresamente la función de
garantía del patrimonio (arts. 242 y 243).
-Introduce la regulación del derecho a la
vivienda con un régimen similar al del bien
de familia ampliando los beneficiarios que
pueden ser la persona sola (propietario
Los bienes públicos y privados del Estado se
encuentran regulados en los artículos 2339,
2340, 2341, 2342 (en el Libro III de los
Derechos Reales).
El “bien de familia” regulado por la Ley N°
14.39417, tiene como finalidad la de proteger
patrimonialmente el núcleo familiar y colocar a
la propiedad a salvo de una posible ejecución
17 El artículo 36 de la Ley N° 14.394 establece: “se entiende por familia la constituida por el propietario y su
cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente”.
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constituyente) y el conviviente (aún sin hijos
en común). La afectación pueda ser decidida
por juez, a petición de parte (art. 245).
por remate, consiste en un beneficio que
gozan las familias. Se excluye de este derecho
a las personas solas y a los convivientes.
Libro Segundo. Relaciones de Familia.
Matrimonio. Los cónyuges tienen el deber
de asistencia recíproca y el de alimentos. La
fidelidad subsiste como deber moral (arts.
431 y 432).
Se elimina la figura de separación personal.
En el divorcio vincular, se elimina –entre
otros- el plazo de espera de tres años para
solicitar el divorcio.
El divorcio puede ser solicitado tanto en
forma individual como conjunta (art. 437). Se
elimina la necesidad de invocar una causal
impuesta de manera imperativa por el
Código, solamente con la expresión de la
voluntad de no mantenerse dentro de un
matrimonio alcanza para que el juez decrete
el divorcio (art. 438). Se presenta un régimen
Los cónyuges tienen derechos y obligaciones
correspondientes a fidelidad, asistencia,
alimentos y cohabitación (arts. 198, 199, 200
C.C.)18.
Se prevé la separación personal (arts. 201 a
212 C.C.).
Se contempla el divorcio vincular, uno de los
requisitos para solicitarlo es acreditar como
mínimo 3 años de estar separado de hecho
(arts. 214 a 218 C.C.).
Para solicitar el divorcio es necesario invocar
una de las causales subjetivas u objetivas
dispuestas de manera taxativa por el Código19.
18 En líneas generales, la jurisprudencia ha entendido que los deberes y obligaciones inherentes a la institución
matrimonial son fijados por la ley de modo imperativo, y no les cabe a los cónyuges, ni aún por mutuo consentimiento liberarse de ellos o eximirse de su estricto cumplimiento (CNCiv., Sala F, 29/10/63, LL, 114-501). 19
Las causales subjetivas de divorcio son: a) adulterio; b) la tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o no comunes; c) la instigación de uno de los cónyuges al otro a cometer delitos; d) las injurias graves; e) el abandono voluntario y malicioso. Cuando se presenta alguno de los supuestos enumerados puede pedirse el “divorcio contradictorio” (parámetro de culpabilidad) (art. 202 y 214 CC). Entre las causales objetivas de divorcio se encuentra: la interrupción del deber de cohabitación (separados de hecho en forma ininterrumpida y sin voluntad de unirse por un plazo mayor a 2 años en el supuesto de separación personal, y por más de 3 años para el divorcio vincular).
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de compensación económica bajo un
parámetro de necesidad, no de culpabilidad
(art. 441).
Régimen patrimonial del matrimonio. Con
sustento en la autonomía de la voluntad se
establece el derecho a optar por un régimen
de comunidad de bienes (similar al actual) u
otro de separación de bienes (los cónyuges
pueden pactar que ciertos bienes no sean
introducidos en lo que es la sociedad
conyugal) -arts. 446 y siguientes-. Las
convenciones matrimoniales deben ser
instrumentadas mediante escritura pública
(art. 448). La elección de régimen es
susceptible de ser modificado por convención
de los cónyuges después del año de
aplicación del régimen patrimonial (art. 449)
En cuanto a las disposiciones aplicables a
ambos regímenes, se expresa que los
cónyuges responden solidariamente por las
obligaciones contraídas por uno de ellos para
solventar las necesidades ordinarias del
hogar o el sostenimiento y la educación de
los hijos comunes (art. 461).
El Código Civil fija un régimen legal,
imperativo, inmutable como regla, de
comunidad restringida a los bienes
gananciales. Las convenciones
prematrimoniales son permitidas en los
supuestos previstos en el artículo 1217 C.C.,
los cuales no admiten el derecho de optar por
un régimen en particular. En ese marco, se
establece solamente el régimen de sociedad
conyugal (arts. 1217 a 1433 C.C.).
Se incorporan las uniones convivenciales a
las que se define como la unión basada en
El Código Civil ni la normativa vigente
contienen previsiones al respecto.
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relaciones afectivas de carácter singular,
pública, notoria, estable y permanente entre
dos personas que comparten un proyecto de
vida en común, cualquiera sea su orientación
sexual (art. 509).
Se regulan los aspectos probatorios,
económicos, alimentarios, de
responsabilidades y atribución de vivienda en
caso de separación (arts. 512 y siguientes).
Las relaciones económicas se establecerán
según lo estipulado en el pacto de
convivencia. En caso de no haber pacto de
convivencia, cada integrante ejerce
libremente las facultades de administración y
disposición de su titularidad (art. 518).
Establece la protección de la vivienda familiar
(art. 522). Asimismo, en los casos de ruptura,
se prevé la posibilidad de que el juez
establezca una renta compensatoria por el
uso del inmueble a favor del conviviente a
quien no se atribuye la vivienda (art. 526).
Se constituye el derecho real de habitación
gratuito, al convivente supérstite, en caso de
muerte de uno de ellos por el término de dos
años (art. 527).
Filiación. Se incorporan las técnicas de Contempla el vínculo filial por naturaleza o por
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reproducción humana como una nueva forma
de obtener el vínculo filial (art. 558). En el
marco de estas técnicas, se prevén dos
supuestos: La “reproducción humana
asistida” y la “gestación por sustitución”. En el
caso de la reproducción humana asistida se
prevé que el centro de salud interviniente
recabe el consentimiento previo, informado y
libre de las personas que se someten al uso
de las técnicas de reproducción humana
asistida (art. 560).
Para la gestación por sustitución se prevé un
proceso judicial con determinadas reglas que
conducen a la decisión judicial de
autorización (art. 562)20.
Se introduce la prueba genética en casos de
filiación. Se castiga con presunción grave a
quien se negare a someterse a la prueba de
ADN (art. 579).
adopción (arts. 240 a 263 C.C.).
No hay previsión acerca de la filiación por los
métodos de reproducción humana asistida.
Adopción. Se enfatizan principios de la
Convención sobre los Derechos del Niño
previendo expresamente el derecho de los
La Ley N° 26.061 (Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes)
recepta principios de la Convención sobre los
20 El artículo 562 indica que “el juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial,
se acredita que: a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos; d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término; e) la gestante no ha aportado sus gametos; f) la gestante no ha recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de DOS (2) veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio. Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización judicial”.
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niños, niñas y adolescentes: a ser oído y a
que su opinión sea tenida en cuenta según
su edad y grado de madurez, a la identidad, a
conocer sus orígenes, a la preservación de
los vínculos fraternos (art. 595).
Establece expresamente la necesidad de que
los adoptantes se encuentren inscriptos en el
Registro de Adoptantes (art. 600).
Se flexibilizan los requisitos de las personas
que quieren adoptar (se reduce la edad a 25
años y se requiere que el adoptante sea 16
años mayor que el adoptado, arts. 599 y
601).
Se establece el derecho a adoptar de las
personas en unión convivencial (arts. 602 y
603).
Se prevé la posibilidad de que adopten
conjuntamente personas divorciadas o
cuando haya cesado la unión convivencial
(art. 604).
En el juicio de adopción el pretenso adoptado
mayor de diez años debe prestar
Derechos del Niño.
La Ley N° 25.854 crea el Registro Único de
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, con
la finalidad de uniformar y transparentar los
trámites y cuestiones vinculadas con la
adopción en la República Argentina.21.
En principio no pueden adoptar quienes no
hayan cumplido los 30 años (art. 315 C.C.) y el
adoptante debe ser por lo menos 18 años
mayor que el adoptado (art. 312 C.C.).
Solo pueden adoptar conjuntamente quienes
sean cónyuges (art. 312 C.C.).
Se contemplan los tipos de adopción plena y
simple (arts. 323 a 328 y 329 a 336 C.C.).
Lo que en el Proyecto se denomina adopción
de integración se encuentra regulada por la
Ley Nº 24.77922, de manera poco
sistemática23.
21 Tiene por objeto formalizar una lista de aspirantes a guardas con fines de adopción de todas las personas que
tengan domicilio en la República Argentina, además de uniformar los requisitos de quienes quieren adoptar un niño (entre otras cuestiones, la atinente a las evaluaciones que deben realizar los órganos técnicos específicos). Para el efectivo funcionamiento del Registro Central se requiere la firma de Convenios de adhesión con las provincias. 22
Vgr. arts. 313, 316, 322 C.C. 23
Fundamentos, obra citada, P. 594 y 595.
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consentimiento expreso (art. 617, inc. c).
Se incorpora como un nuevo tipo de
adopción la “de integración” (a la que se le
otorga entidad propia), en la que se mantiene
el vínculo filiatorio y sus efectos entre el
adoptado y su progenitor de origen (arts. 619,
inc. c, 620, 630 y siguientes).
Se regula la adopción plena y simple con
cierta flexibilización en función de la
conveniencia y necesidades del niño, niña o
adolescente y el derecho a la identidad. En
este sentido, prevé la apertura de la adopción
plena y simple. Se regula expresamente la
posibilidad de mantener subsistente el
vínculo jurídico con uno o más parientes de la
familia de origen en la adopción plena, y
crear un vínculo jurídico con uno o varios
parientes de la familia del adoptante en la
adopción simple, sin que esto modifique el
régimen legal previsto para cada tipo de
adopción (sucesión, responsabilidad parental,
impedimentos matrimoniales) -art. 621-.
La adopción plena confiere al adoptado una
filiación que sustituye a la de origen, el
adoptado deja de pertenecer a su familia
biológica y se extingue el parentesco con los
integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos (art. 323 C.C.).
La adopción simple confiere al adoptado la
posición del hijo biológico pero no crea vínculo
de parentesco entre aquél y la familia de
biológica del adoptante (art. 329 C.C.).
Responsabilidad Parental. Se introducen
los principios que rigen la responsabilidad
parental (arts. 638, 639 y 640). Se enumeran
los deberes de los progenitores entre los que
Patria Potestad. El Código vigente establece
un Régimen de Patria Potestad en el que
ambos padres tomen las decisiones atinentes
a la vida y patrimonio de los hijos.
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cabe mencionar el deber de convivir con
ellos, el de respetar el derecho del niño y
adolescente a ser oído y a participar en su
proceso educativo, el de respetar y facilitar el
derecho a los hijos de mantener relaciones
personales con abuelos, otros parientes o
personas con las cuales tenga un vínculo
afectivo (art. 646). En relación al derecho de
los niños a relacionarse con ambos padres
por igual, el sistema que mejor responde a
ese derecho es el de ejercicio de la
responsabilidad parental conjunta
(compartida). Este régimen conjunto admite
dos variantes: el régimen conjunto alternado
(que supone que el hijo convive un tiempo
con cada uno de los progenitores) y el
régimen indistinto (según el cual ambos
progenitores realizan las labores según las
necesidades del grupo familiar, con
independencia del lugar donde el niño reside
principalmente) (art. 650).
Se establece el derecho de alimentos
provisorios para el hijo extramatrimonial no
reconocido (art. 664). Se elimina el usufructo
paterno. Si los hijos son sujetos de derechos
diferentes a sus padres, se entiende que el
En los casos ruptura y se desemboca en una
separación o divorcio de los padres, en
general, la tenencia es otorgada a uno de los
padres. En algunos casos, se puede acordar la
“tenencia compartida”.
Existe una preferencia materna legal de la
tenencia del menor de cinco años.
En el régimen vigente contamos con la
existencia de “usufructo paterno” (arts. 287 y
siguientes C.C.). Los padres tienen el
usufructo de los bienes de sus hijos legítimos
o de los extramatrimoniales voluntariamente
reconocidos que estén bajo la patria potestad,
con las excepciones que establece la ley (art.
287 C.C.). Para disponer del usufructo los
padres no requieren autorización judicial ya
que les corresponde por ley, incorporándose al
patrimonio de los representantes.
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usufructo y rentas no deben ingresar al
patrimonio de sus padres, sino que deben ser
conservados y reservados para ellos. Solo
pueden disponer de las rentas con
autorización judicial y razones fundadas (art.
697).
Reglas procesales de derecho de familia.
Se incorpora un nuevo título referente a
procesos de familia, en el cual se incluyen:
principios de tutela judicial efectiva,
inmediación, buena fe y lealtad procesal,
oficiosidad, oralidad, reserva, e interés
superior del niño (arts. 705 y 706).
Se contempla la participación de niños, niñas
y adolescentes y personas mayores con
discapacidad, su derecho a ser oídos y a que
su opinión sea tenida en cuenta en los
procesos que los afectan directamente (art.
707).
Se prevén medidas provisionales relativas a
los bienes en los conflictos derivados de las
uniones convivenciales (arts. 721, 722 y 723).
No se regulan de manera específica en el
Código Civil. Se consagran ciertas cuestiones
procesales para garantizar que la
reglamentación procesal cumpla con
imperativos asistenciales establecidos24. A
modo ejemplificativo se pueden mencionar los
artículos 375, 376 y 622, 2º párrafo C.C.
Libro Tercero. Derechos Personales.
24 Comentario a los artículos 375 y 376 del Código Civil de Santos Cifuentes en “Código Civil comentado y
anotado”, página 302, Tomo I, Editorial La Ley, año 2003.
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Obligaciones de dar dinero25.
El Proyecto indica que, si al momento de la
constitución de la obligación se estipuló dar
moneda extranjera, la obligación debe
considerarse como de dar cantidades de
cosas (art. 765).
Asimismo, dispone que las obligaciones
contraídas en moneda extranjera deben
pagarse en moneda extranjera (art. 766).
A su vez, para el supuesto de que el deudor
no pueda entregar la cosa convenida, se
prevé en la última parte del artículo 765 “el
deudor podrá liberarse dando el equivalente
en moneda de curso legal”.
Obligaciones de dar sumas de dinero (arts.
616 al 624 C.C.).
El Código Civil vigente prevé que “si por el
acto por el que ha constituido la obligación, se
hubiere estipulado dar moneda que no sea de
curso legal en la República, la obligación debe
considerarse como de dar sumas de dinero”
(art. 617 C.C.).
Contratos. Introduce tres categorías de
contratos. El contrato discrecional o paritario,
el contrato por adhesión a cláusulas
predispuestas y el contrato de consumo.
En cuanto a los contratos de adhesión, se
enuncia una definición necesaria para la
correcta aplicación de esta clase de
contratos26 (arts. 984 a 989).
Se recepta una serie de principios generales
En el Código Civil vigente contamos con una
sola clase de contratos, la “discrecional”.
El contrato de adhesión no tiene recepción
normativa en el Código vigente, ni en la Ley de
Defensa del Consumidor (Ley Nº 24.240). En
el artículo 38 de la Ley de Defensa del
Consumidor, lo señala, pero no lo define.
El contrato de consumo no tiene recepción en
el Código Civil. Se encuentra regulado
25 De esta manera, se propone retornar al principio general establecido en el Código Civil de Vélez Sarsfield, en
su redacción original, estableciendo al peso como principal moneda de uso en las transacciones. 26
El artículo 984 del Proyecto expresa que “El contrato por adhesión es aquél mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción”.
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en materia de contratos de consumo. Estos
principios se complementan con la Ley de
Defensa del Consumidor (Ley Nº 24.240). De
esta manera, se incluye la regulación de las
prácticas abusivas, la información y
publicidad, las modalidades especiales y las
cláusulas abusivas (arts. 1092 a 1122).
mediante el artículo 42 de la Constitución
Nacional y la mencionada Ley de Defensa del
Consumidor.
Contratos parte especial. Se estipula una
normativa que puede ser dejadas de lado por
las partes, pero que cumple la función de
aportar una guía que, si es seguida,
disminuye los costos de transacción y
litigiosidad27.
Se regulan y unifican contratos que se
encuentran actualmente previstos en el
Código Civil y en el Código de Comercio,
como sucede con la compraventa, permuta,
suministro, locación, mandato, mutuo,
comodato, donación, fianza, contrato de renta
vitalicia y otros. Se incorporan contratos
regulados en normas específicas como el de
leasing (Ley Nº 25.248), fideicomiso (Ley Nº
Los contratos en particular se encuentran
diseminados en el Código Civil, Código de
Comercio y leyes complementarias.
El arbitraje28 es regulado en diversas
normativas. Lo encontramos, entre otras, en el
ámbito societario, puntualmente en el artículo
38 del Decreto N° 677/2001, “Régimen de
transparencia de oferta pública”; y, en la
normativa de Defensa del Consumidor está
previsto en el Decreto Nº 276/1998, “Sistema
Nacional de Arbitraje de Consumo”.
27 Fundamentos, obra citada, P. 527
28 Su recepción en el Proyecto está relacionado con que el arbitraje tiene carácter consensual. Es un contrato por
el cual las partes deciden someterse al procedimiento de arbitraje, en virtud de su propia autonomía de la voluntad.
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24.441), contratos asociativos (Ley de
Sociedades Comerciales Nº 19.550). De igual
manera se tipifican contratos con una
regulación mínima, como sucede con la
franquicia, el arbitraje y el contrato de
agencia.
Responsabilidad civil. Propone regular dos
clases de derechos, los derechos individuales
(que recaen sobre la persona) y los derechos
de incidencia colectiva.
Se introducen las figuras de la función
preventiva y punitiva de la responsabilidad
civil, mediante la acción preventiva (art. 1711)
y la sanción pecuniaria disuasiva (art. 1714).
La sanción pecuniaria disuasiva es prevista
solo para las relaciones de consumo y los
derechos de incidencia colectiva.
El Proyecto unifica la responsabilidad
contractual y la extracontractual.
Se amplían las disposiciones sobre daño y
reparación plena; se limita la responsabilidad
por fallecimiento (arts. 1740, 1742, 1745).
Se introducen normas sobre responsabilidad
colectiva y anónima (arts. 1761 y 1762).
Dispone de una regulación sobre derechos
individuales, no cuenta con una previsión
sobre los derechos de incidencia colectiva.
El Código dispone de un sistema
principalmente resarcitorio, que tiende a
restablecer el equilibrio de patrimonios entre el
autor del daño y la víctima. Se estipula que
tiene una faceta preventiva, aunque ello es
relativo desde que el sistema de
responsabilidad tiene sustento en un factor
subjetivo de atribución que no favorece esta
función. La sanción pecuniaria disuasiva está
prevista solamente en el artículo 52 bis de la
Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. El
artículo 1107 del Código Civil vigente traza
una división entre dos ámbitos de
responsabilidad civil, el contractual y el
extracontractual.
En lo vinculado a Responsabilidad del
Estado se establece la aplicación de normas
Se aplican analógicamente las previsiones del
Código Civil en función de la interpretación
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y principios de derecho administrativo
nacional o local según corresponda (arts.
1764, 1765 y 1766).
jurisprudencial que viene efectuando el Poder
Judicial en numerosos precedentes29.
Libro Cuarto. Derechos Reales.
Parte General. Se desarrolla una parte
general dedicada a disposiciones y principios
comunes a todos los derechos reales, a las
reglas sobre la adquisición, transmisión y
extinción y a los requisitos para su
oponibilidad (arts. 1882 a 1907).
Se mantiene el sistema “numerus clausus” en
su artículo 1887. Se consideran derechos
reales en el Proyecto: a) el dominio; b) el
condominio; c) la propiedad comunitaria
indígena; d) la propiedad horizontal; e) los
conjuntos inmobiliarios; f) el tiempo
compartido; g) el cementerio privado; h) la
superficie; i) el usufructo; j) el uso; k) la
habitación; l) la servidumbre; m) la hipoteca;
n) la anticresis); ñ) la prenda.
La Parte general de los Derechos reales
resulta muy breve, conformada por solo cuatro
artículos.
Se establece el “numerus clausus” del artículo
2503 C.C. Se consideran derechos reales a: 1°
El dominio y el condominio; 2° El usufructo; 3°
El uso y la habitación; 4° Las servidumbres
activas; 5° El derecho de hipoteca; 6° La
prenda; 7° La anticresis; 8° La Superficie
Forestal (incorporado por art. 13 de la Ley N°
25.509).
29 “S.A. Tomás Devoto y Cía. c/ Estado Nacional s/ Daños y perjuicios”, CSJN 22 de septiembre de 1933, Fallos
169:111; Ferrocarril Oeste c Pcia. de Buenos Aires”, CSJN 3 de octubre de 1938. Fallo: 182:5; Vadell c. Provincia de Buenos Aires; CSJN 18 de diciembre de 1984, Fallos 306:2030; “Sánchez Granel Obras de Ingeniería, S.A. c. Dirección Nacional de Vialidad”, CSJN 20 de septiembre de 1984. Fallos: 306:1409; “Motor Once S.A. c. Municipalidad de Buenos Aires”, CSJN 9 de mayo de 1989. Fallos: 312:649; Jucalán Forestal Agropecuaria S.A. c. Pcia. de Buenos Aires”, CSJN 23 de noviembre de 1989. Fallos: 312:2266; “El Jacarandá S.A. c/Estado Nacional s/Juicio de conocimiento”, CSJN 27/8/2005; “Pistone, Ciro Alberto c/Estado Nacional s/daños y perjuicios”, CSJN 29/5/2007; “Díaz Lindolfo Saúl Osvaldo c/Poder Ejecutivo Nacional”, CSJN 6 de mayo de 2007; “Barreto Alberto Damián y otro c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/daños y perjuicios”, CSJN 21 de marzo de 2006 Fallos 329:759.
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Conjuntos Inmobiliarios. Se introduce la
figura de los conjuntos inmobiliarios en la que
se regulan las instituciones conocidas como
clubes de campo, barrios cerrados o
privados, parques industriales, empresariales
o náuticos, o cualquier otro emprendimiento
urbanístico independientemente del destino
de vivienda permanente o temporaria,
laboral, comercial o empresarial que tenga,
comprendidos asimismo aquéllos que
contemplan usos mixtos (art. 2073). Interesa
destacar que la parte final del artículo,
establece el requisito de la sujeción a las
normas administrativas locales.
Se encuentran regulados en diferentes
disposiciones provinciales30.
Propiedad Comunitaria Indígena. Se
reglamenta el instituto de la propiedad
comunitaria indígena como el derecho real
que recae sobre un inmueble rural destinado
a la preservación de la identidad cultural y el
hábitat de las comunidades indígenas (arts.
1887 y 2028).
El titular de este derecho es la comunidad
indígena registrada como persona jurídica
La propiedad comunitaria indígena no se
encuentra regulada actualmente en el Código
Civil. El artículo 75 inciso 17 de nuestra
Constitución Nacional, reconoce la posesión y
propiedad comunitaria de las comunidades
indígenas sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan.
30 En este sentido, puede mencionarse, tal como lo señala Hernández, que la Provincia de Buenos Aires ha sido
precursora en la regulación jurídica de este instituto, con el Decreto Provincial Nº 9404/87. En dicha provincia, para el establecimiento de “conjuntos inmobiliarios” o “barrios privados”, se puede optar entre la norma de propiedad horizontal y el mencionado decreto provincial (María del Pilar Hernández, “Countries, Barrios Cerrados y otros emprendimientos”, Editorial La Ley, Buenos Aires, año 2001, P. 134).
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(art. 2029).
La propiedad indígena es exclusiva y
perpetua además de indivisible e
imprescriptible por parte de un tercero (art.
2032).
Se prevé expresamente que el
aprovechamiento de los recursos naturales
por parte del Estado o particulares con
incidencia en los hábitats indígenas está
sujeto a previa consulta a las comunidades
indígenas (art. 2035).
Libro Quinto. Transmisión de derechos por causa de muerte.
Se incorpora un proceso de licitación. Este
proceso consiste en que cualquiera de los
herederos puede pedir la licitación de alguno
de los bienes de la herencia para que se le
adjudique dentro de la hijuela por un valor
superior al del avalúo, si los demás
herederos no superan su oferta (art. 2372).
Se propone una modificación de las
porciones de las legítimas. De los
descendientes a dos terceras partes; de los
ascendientes a un medio; y, el cónyuge se
mantiene en un medio (art. 2445).
Se estipula la mejora de la hijuela a un
heredero con discapacidad; incluso a través
El proceso de licitación estaba previsto en el
artículo 3467 del Código Civil, el cual fue
derogado con la reforma de la Ley Nº 17.711.
No se encuentra regulado en el Código Civil
vigente.
La porción legítima de los herederos forzosos
se conforma de la siguiente manera: a los
descendientes les corresponde las cuatro
quintas partes; a los ascendientes las dos
terceras partes; y, al cónyuge le corresponde
un medio (arts. 3592 a 3595 C.C.).
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de un fideicomiso (art. 2448).
Libro Sexto. Disposiciones comunes a los derechos personales y reales.
Plazos de Prescripción liberatoria31.
El plazo genérico de prescripción es de cinco
años, salvo que la normativa específica
prevea uno diferente (art. 2560). Se recepta
un supuesto de prescripción especial de diez
años para reclamo del resarcimiento de
daños por agresiones sexuales infligidas a
personas incapaces. El reclamo de la
indemnización de daños derivados de la
responsabilidad civil prescribe a los tres años
(art. 2561)32.
Asimismo, prescriben a los dos años: a) el
pedido de declaración de nulidad relativa y de
revisión de actos jurídicos; b) el reclamo de
todo lo que se devenga por años o plazos
periódicos más cortos, excepto que se trate
del reintegro de un capital en cuotas; y, c) el
reclamo de los daños derivados del contrato
El plazo genérico de prescripción es de diez
años, salvo disposición especial (art. 4023
C.C.).
Se prevé un lapso de prescripción de dos años
en la acción por responsabilidad civil
extracontractual (art. 4037 C.C.).
El plazo de prescripción de la nulidad relativa
es de diez años (art. 4023 in fine C.C.), salvo
supuestos específicos en que se prevén otros
lapsos.
Prescribe a los cinco años la obligación de
pagar los atrasos de pensiones alimenticias,
del importe de los arriendos, de todo lo que
debe pagarse por años o plazos periódicos
más cortos (art. 4027 C.C.).
El reclamo por transporte de pasajeros tiene
una prescripción anual o bianual, según el
caso (art. 855 Cód. Com.)33.
31 En materia de prescripción liberatoria se propone una reducción de plazos. Ello se corresponde con la
tendencia general de la legislación comparada y de otros proyectos de reforma integral del Código Civil (Llambías, Joaquín “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones” Tomo III, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, año 2006). 32
Nótese que el Proyecto establece un régimen de responsabilidad civil unificado, sin distinción entre contractual y extracontractual. 33
Resulta de suma importancia el reciente Plenario de la Cámara Nacional Civil de Apelaciones “Sáez González Julia del Carmen c/ Astrada Armando Valentín y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)” de fecha 12/03/2012, en el que se dispuso que en el caso de transporte terrestre de pasajeros, resulta aplicable el plazo de tres años por ser de aplicación el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor.
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de transporte de personas o cosas (art.
2562).
Derecho Internacional Privado. Se regula
en forma amplia e integral. Se establecen
normas generales y una exhaustiva parte
especial. En la parte general se incluyen
normas sobre jurisdicción, reenvío, fraude a
la ley, orden público, etc. (arts. 2594 a 2612).
En la parte especial, además de regularse la
persona, familia, contratos, derechos reales,
sucesiones, etc., se incluyen normas de
institutos novedosos como las técnicas de
reproducción humana asistida, las uniones
convivenciales, los contratos de consumo y la
responsabilidad parental (arts. 2613 a 2671).
En el Código Civil vigente encontramos
algunas previsiones de Derecho Internacional
Privado, de manera diseminada34.
IV.- Modificaciones y derogaciones35.
Otro punto importante de desarrollar es el vinculado a la
armonización normativa que requiere la aprobación del Proyecto de Código Civil y
34 Así, encontramos normas referidas a la “capacidad o incapacidad” (arts. 6 a 14 C.C.); al reconocimiento de
persona jurídicas (art. 34 C.C.); a las pruebas del nacimiento de las personas (arts. 81 a 86 C.C.); en el régimen de menores (arts. 138 y 139 C.C.); tutela (arts. 400, 401, 409 y 410 C.C.); curatela (arts. 475 y 487 C.C.); actos jurídicos (arts. 948 a 950 C.C.); contratos en general (arts. 1180 a 1182 y 1205 a 1216 C.C.); hipoteca (art. 3129 C.C.); y, .en materia de sucesiones (arts. 3283 a 3286, 3470, 3611, 3612, 3634 a 3638 y 3825 C.C.). 35
En cuanto a las derogaciones que se propician en el Proyecto, cabe señalar que se encuentran relacionadas con la característica de “exclusividad” propia de los códigos. Se estima que es de buena técnica legislativa que al sancionar el código se deroguen las disposiciones que hasta entonces estuvieron en vigor sobre la materia del código. (Arauz Castex, “Derecho Civil Parte General”, Editorial Empresa Técnico Jurídica Argentina, Buenos Aires, año 1965, Tomo I, P. 75).
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Comercial de la Nación. En este sentido, resulta necesaria la derogación del Código
Civil36 y del Código de Comercio37 con excepción de los artículos 891, 892, 907, 919,
926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006 a 1017/5, que se incorporan como artículos 631
a 678 de la Ley Nº 20.09438.
También se derogan las Leyes Nros. 11.35739, 13.51240, 14.39441,
18.24842, 19.72443, 19.83644, 20.27645, 21.34246 -con excepción de su artículo 6º-,
23.09147, 25.50948 y 26.00549; la Sección IX del Capítulo II -artículos 361 a 366- y el
Capítulo III de la Ley N° 19.550, T.O. 198450; los artículos 36, 37 y 38 de la Ley Nº
20.26651 y sus modificatorias; el artículo 37 del Decreto Nº 179852 del 13 de octubre
de 1994; los artículos 1º a 26 de la Ley Nº 24.44153; los Capítulos I y III -con
excepción del artículo 28, párrafos segundo y tercero- de la Ley Nº 25.24854; los
Capítulos III, IV, V y IX de la Ley Nº 26.35655.
Asimismo, se modifican normas56 a fin de adecuar la legislación,
previéndose la sustitución de tres artículos de la Ley N° 17.80157, de varios artículos
de la Ley N° 19.550 y de cinco artículos de la Ley N° 26.36158.
36 Aprobado por la Ley N° 340.
37Aprobado por la Ley N° 15 modificada por la Ley N° 2637.
38 Ley de de Navegación.
39 Capacidad Civil de la Mujer
40 Régimen de la Propiedad Horizontal.
41 Ley de Bien de Familia, Edad de Matrimonio, Ausencia con Presunción de Fallecimiento.
42 Ley de Nombre.
43 Régimen de Prehorizontalidad.
44 Constitución de Fundaciones.
45 Propiedad Horizontal. Excepciones.
46 Ley de Locaciones Urbanas.
47 Ley de Locaciones Urbanas y de Promoción de Locaciones destinadas a viviendas.
48 Creación del Derecho Real de Superficie Forestal.
49 Consorcios de Cooperación.
50 Ley de Sociedades Comerciales.
51 Ejercicio de la Profesión de Martillero.
52 Sistemas Turísticos de Tiempos Compartidos.
53 Regulación de los Contratos de Fideicomiso y Letras Hipotecarias.
54 Ley de Contrato de Leasing.
55 Defensa del Consumidor. Ley Modificatoria.
56Artículo 4°del texto dispositivo que aprueba el Anexo II.
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Respecto de la Ley de Sociedades Comerciales la modificación más
novedosa59 es la vinculada a la incorporación de la Sociedad Anónima
Unipersonal60, cuya abreviatura es la sigla “SAU” (art. 164). Se establece una
limitación en cuanto a que una sociedad unipersonal no podrá formar parte de otra
sociedad unipersonal. (art. 1º). Asimismo, el capital debe ser integrado al momento
de constitución (art. 187). El Proyecto prevé que este tipo societario debe contar con
Fiscalización Estatal Permanente (art. 299) 61.
V.- Conclusiones.
En el presente trabajo se ha reflejado brevemente, de manera
descriptiva y esquemática, las principales innovaciones y cambios que a nuestro
entender se propician en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación.
Queda para otra oportunidad analizarlas en profundidad y ver su incidencia en el
ordenamiento vigente.
Como se advierte, estamos ante un cambio trascendental y
sustancial del derecho común argentino. El Proyecto además de unificar la
legislación civil y comercial, recepta y da mayor operatividad a los preceptos
constitucionales incorporados con la reforma de la Ley Suprema del año 1994, a la
57 Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble de las Provincias, Capital Federal, Territorio Nacional de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 58
Decreto Reglamentario de la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor. 59
Además del cambio de denominación de la Ley Nº 19.550, que pasa a llamarse “Ley de Sociedades” en congruencia con la unificación de la legislación civil y comercial. 60
Se ha regulado la sociedad unipersonal con sus variantes en la Unión Europea (Directiva Comunitaria 89/667); en Francia (Ley Nº 85/697 y Ley Nº 99/597); en Reino Unido (Companies Act de 1985 y de la Insolvency Act de 1986); España (Real Decreto 1/2010, Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) ; Brasil introdujo la sociedad unipersonal con la figura de la subsidiaria integral regulado por la ley 6404, Colombia la ley de Empresa Unipersonal N 222 del 21 de Diciembre de 1995. En Chile existe la Ley de Establecimiento de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada mediante Ley 19857 evitando estimarla dentro del concepto de sociedad. 61
Artículos 2.2, 2.22, 2.24 y 2.26 del Anexo II.
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vez que sistematiza y profundiza con la codificación propuesta las modificaciones62
que se venían realizando de manera particular en algunos institutos.
Cabe destacar, que si bien hubo innumerables antecedentes de
reforma integral de la legislación de fondo, tal como se desprende del Mensaje que
acompaña el Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional63, esta instancia de
debate público y participación ciudadana a nivel federal en el que se encuentra64,
demuestra que estamos ante un hecho histórico sin precedentes.
Por último, debe señalarse como es propio en un Estado de
Derecho, Constitucional, Democrático y Federal que la decisión final de esta
propuesta le compete al Honorable Congreso de la Nación65.
62 En este sentido puede mencionarse que con el proyecto se profundiza la igualdad de derechos consagrada
mediante las Leyes Nros. 26.618 (Matrimonio Igualitario) y 26.743 (Identidad de Género). 63
Se menciona entre ellos: Anteproyecto del año 1926 de autoría de Juan Antonio Bibiloni; Proyecto de 1936; Anteproyecto de 1954, redactado bajo la dirección del Dr. Jorge Joaquín Llambías; Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, proveniente de la Cámara de Diputados de la Nación de 1987 (Proyecto 1987); Unificación de la Legislación Civil y Comercial, elaborada por la denominada Comisión Federal de la Cámara de Diputados de la Nación (Proyecto 1993 CF); Proyecto preparado por la Comisión creada por Decreto N° 468/92 (Proyecto 1993 PEN) y, Proyecto de 1998, preparado por la Comisión honoraria creada por Decreto N° 685/95 (Mensaje N° 894 del 7 de junio de 2012) . 64
Cabe señalar que por Resolución de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación de fecha 4 de julio de 2012 (Exp. 4362-D-2012 y Exp. 1941-S-12) se ha creado la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación con la finalidad de analizar el proyecto y elaborar el despacho previo a su tratamiento legislativo. Tal Comisión viene realizando audiencias públicas en el ámbito del Congreso como también, en distintas ciudades del país con el objetivo de permitir la mayor participación y debate de los distintos actores de la sociedad y de la población en general. Las audiencias son públicas, cualquier ciudadano u organización puede presentar su ponencia que son también publicadas en la página de internet del HCN. Se cumple con el principio republicano de publicidad y transparencia de los actos de gobierno y participación ciudadana, además de constituir valiosos aportes para la tarea de los integrantes de la Comisión Bicameral y de todos los legisladores dado que luego el proyecto debe ser tratado en el plenario de cada Cámara. 65
En virtud de lo previsto en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional