leyes, politicas e instituciones contra el hambre en el contexto latinoamericano

Capítulo 5 del libro “Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre”. Jose Luis Vivero y Ximena Erazo, eds. Ediciones LOM, Santiago, Chile. 2009. Pags. 123-171.

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Leyes, políticas e instituciones contra el hambre en el contexto latinoamericano

Jose Luis Vivero Pol1 y Pablo Ramírez2

“Entre el débil y el fuerte, la libertad oprime y la ley libera”

Henri-Dominique Lacordaire I. Las instituciones públicas para el desarrollo Desde hace menos de una década, la institucionalidad del Estado y el establecimiento de un diseño institucional eficaz gradualmente han cobrado relevancia en el debate y en las instituciones que trabajan en el desarrollo. Es como un repentino descubrimiento de que no es sólo cuestión de dinero, programas, enfoque de género o sostenibilidad medioambiental. Las instituciones sí importan, y mucho, en el desarrollo económico y social de los países. A pesar de redescubrir la importancia de las instituciones, sus relaciones formales, sus mandatos y sus “relaciones de poder”, sólo recientemente se ha comenzado a producir pensamiento, documentos y debates sobre el tema, desde un punto de vista económico y de las ciencias políticas. En general, parece bastante claro que no hay recetas que funcionen igual para todos los países, ni para todas las culturas, ni para todas las épocas, pero la experiencia de construcción de marcos institucionales exitosos apunta a indicar que la fórmula que alcanza mayor grado de éxito-estabilidad es una mezcla deliberada de una imitación de instituciones extranjeras con una adaptación de las instituciones locales (Chang, 2007a). En cualquier caso, es importante considerar siempre la perspectiva histórica de la institucionalidad de un país determinado, así como el peso relativo y la esfera de poder que se aloja en cada uno de los ministerios, las secretarías y demás instituciones del Estado (Congreso, Banco del Estado, partidos políticos). En este sentido, la historia indica que los países que gozaron de periodos continuados de progreso institucional asociados con crecimiento económico y reducción de pobreza, siempre han tenido un impulso “interno” y han creado un modelo de desarrollo nacional o propio. Esto debería llevar a rehuir de las recomendaciones de los modelos que funcionan en otros países, y apostar por los impulsos desde adentro (Chang, 2007b). 1.1 INSTITUCIONES, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Las instituciones son fundamentales para la lucha contra el hambre. El marco institucional de la seguridad alimentaria es un área multidisciplinar que involucra a varios ministerios y poderes del Estado. La coordinación de los diversos actores hacia objetivos definidos es determinante para sostener el esfuerzo de largo plazo contra la desnutrición. La premisa esencial para conseguir una reducción significativa del hambre en la región debe partir de un compromiso político de Estado, a través de una apropiación nacional de semejante desafío (FAO, 2003). Estas políticas de Estado contra el hambre han de contar con el respaldo de los gobiernos, los congresos, los partidos de la oposición, los medios de comunicación, la academia, las iglesias, la sociedad civil organizada y el sector privado. Además, se requiere la existencia de liderazgos aglutinadores y de una inversión del presupuesto público adecuada a la magnitud de la desnutrición, predecible y bien focalizada. Todo ello conforma un buen Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria 1 Anteriormente Oficial Técnico de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, www.rlc.fao.org/iniciativa. Santiago, Chile. Actualmente, Coordinador de Acción contra el Hambre para Centroamérica. Managua. Email:[email protected]. 2 Consultor de Políticas de Seguridad Alimentaria, Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre. [email protected].


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y Nutricional, entendido como (a) unas instituciones regidas por un (b) marco legislativo y normativo y que cuentan con un (c) presupuesto asignado para llevar a cabo una serie de acciones contempladas en unos (d) documentos de política, estrategia y planes de acción, con unos objetivos claros y unos indicadores que monitorean el proceso. Aunque en este sistema participan diversos actores, el rol protagónico reside en el Gobierno, cuya función básica es garantizar el bienestar de sus ciudadanos. En este caso, el bienestar mínimo se materializa en garantías básicas para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), específicamente el derecho a la alimentación adecuada en cantidad y calidad.3 Esa función de garante de derechos, para reducir las brechas sociales e incrementar la cohesión de la sociedad, no puede ser delegada por el Gobierno ni minimizada por agentes externos: es su plena responsabilidad (Sen, 2001). A modo de ejemplo, este liderazgo del Gobierno en la lucha contra el hambre puede manifestarse como una Ley Nacional que le otorgue categoría de política de Estado, o en un Consejo Nacional o Comité de Coordinación Interministerial para la Seguridad Alimentaria, o en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas en materias SAN con enfoque de derechos humanos. A lo largo de este texto se presentarán algunas respuestas institucionales que se llevan a cabo en la región. Estas iniciativas de lucha contra el hambre deben tener amplio respaldo político, económico y social para constituir un marco regulador coherente de largo alcance. Sin planificación estratégica a largo plazo no puede haber resultados eficaces en la reducción del hambre. Este marco regulador no debe circunscribirse a las políticas relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), sino que abarcará aquellos aspectos legales y políticos que estén vinculados con actividades o sectores implicados directa o indirectamente con la seguridad alimentaria y los modos de vida de las familias pobres. Entre estos aspectos podemos citar, entre otros, (i) el peso relativo y la estructura del gasto social en el presupuesto; (ii) las orientaciones de la inversión en infraestructura rural o (iii) el estímulo a la difusión del progreso técnico en el sector rural. II. El hambre como fallo de la democracia La democracia está más extendida que nunca en América Latina y El Caribe. Todos los países de la región tienen estados con regímenes de gobierno democrático, con la excepción de Cuba, lo que es coherente con la situación mundial: 120 de los 189 países que integran Naciones Unidas se han definido formalmente como democracias electorales, lo que implica que más del 60% de la población disfruta de la “democracia”, al menos nominalmente. Este proceso de re-democratización en la era post-autoritaria de América Latina se caracterizó por el vaciamiento de contenido del concepto “democracia” desde un sentido amplio (que involucra un proyecto de desarrollo) hacia otro referido al sistema de gobierno electoral (Roitman, 1995). Sin embargo, esta misma democracia sufre una crisis de legitimidad y cuestionamiento en la región como nunca antes en su corta historia.4 El modelo triunfante de transición democrática ha tenido un decepcionante desempeño en reducir las desigualdades y eliminar el hambre y la pobreza extrema. Estas democracias electorales han puesto toda su energía en reforzar y asegurar los derechos humanos de primera generación (civiles y políticos), y han dejado para otra ocasión, y en muchos casos olvidados, los DESC, denominados derechos de segunda generación, por no decir de segunda categoría.

3 Como se señala en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Observación General núm. 12 de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 4 En 2002, el Latinobarómetro destacaba que apenas la mitad de los entrevistados prefería la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno (CEPAL, 2007a), mientras que en 2004 el PNUD indicaba que más de la mitad de los encuestados prefería el desarrollo económico sin democracia que democracia sin desarrollo económico (PNUD, 2004).


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En la garantía de esos derechos mínimos para poder vivir con dignidad, que se materializan en el derecho a la alimentación adecuada, a la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo y al desarrollo de la propia cultura, las democracias latinoamericanas, en general, hacen agua por todas partes. Si bien no es posible encontrar una correspondencia causal entre la generalización de las democracias electorales y el aumento de la pobreza y la desigualdad económica, es preciso indagar sobre la relación de causalidad, reforzamiento o atenuación entre ambos términos. 2.1 ¿CUÁNTOS HAMBRIENTOS PUEDEN TOLERAR LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERICANAS? Se ha sostenido que el fracaso que ha experimentado el sistema democrático-electoral para mejorar el bienestar de las poblaciones nos ha conducido a “democracias fallidas”, que no atienden los verdaderos principios de la democracia; es decir, el bienestar de sus pueblos. Entre estos principios5 debería estar la protección de los DESC, que son determinantes en las vidas de todas las personas. La garantía de los derechos humanos a todos los habitantes de una nación, y en especial los DESC, es un requisito previo para acceder por completo a la condición de ciudadanos. Y las democracias son sistemas políticos formados por ciudadanos. Aquellos que están desnutridos y con su derecho a la alimentación violado, no tienen interés, ni estímulo, ni energía para desplegar otras facetas suyas de ciudadano. No se sienten parte de un sistema democrático que los olvida hasta el punto de no cubrir sus necesidades vitales más básicas. Sólo al tener garantizados sus derechos básicos, cada individuo puede participar tanto de su propio destino como del de la sociedad donde habita. Primero yo, luego mi familia y finalmente mi grupo. Esa ley natural de supervivencia se aplica también en el tema alimentario. En este sentido, es difícil hablar de democracias consolidadas cuando casi el 40% de la población de la región vive en la pobreza, con 71 millones de pobres extremos y 51 millones de hambrientos; con uno de cada cuatro jóvenes fuera del mercado laboral y del sistema educativo; con tasas de mortalidad materna e infantil que no corresponden al nivel de desarrollo económico, y con 120 millones de latinoamericanos que no gozan de sistemas de saneamiento. ¿Cómo se puede pensar en aproximarse al cumplimiento de la protección de los derechos humanos si un cuarto de la población muere antes de cumplir los 50 años y hay nueve millones de niños que padecen desnutrición crónica, lo que significa que su futuro como ser humano ya está hipotecado desde el nacimiento? ¿De qué manera se puede esperar que poblaciones famélicas, enfermas e iletradas puedan alcanzar algún grado de participación política, manifestada a través del voto? Y es ahí donde se encuentra una amplia mayoría de hogares indígenas, pues si la pobreza necesitara de una sola imagen para mostrarse en América Latina y El Caribe, ésta sería la de una mujer indígena, pobre, desnutrida y sin educación. Los grupos indígenas, demográficamente mayoritarios en algunos países y asociados a la tierra y a las tradiciones, reflejan mejor que nadie la desigualdad latinoamericana y el desencanto con los sistemas democráticos y económicos que imperan en la región, que no les garantizan sus derechos como ciudadanos6 ni distribuyen con equidad los beneficios del crecimiento económico sostenido.7 Se estima que una buena democracia es aquella que incorpora de manera creciente en lo político y social a sus ciudadanos y que en toda la extensión del territorio nacional, garantiza a sus ciudadanos la protección de la ley. Los ciudadanos no esperan de las democracias que solo les permitan votar una vez cada cuatro años, o que puedan expresar su opinión en público o que puedan ir a un juez imparcial

5 La representación política, las elecciones libres, los derechos igualitarios, las libertades individuales, la responsabilidad y la resolución pacífica de los conflictos, entre otros. 6 Uno de los derechos más básicos es el derecho a la alimentación y a estar libre de hambre, derecho muy asociado al derecho a la vida. 7 Según la CEPAL, la economía creció un 5% promedio en América Latina y El Caribe en el periodo 2003-2007 (CEPAL, 2007b).


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si tienen una queja. Todos necesitamos experimentar que el sistema democrático permite tener un trabajo, un hogar, llevar a los hijos al colegio, acceder a los sistemas sanitarios y contar con suficientes recursos para que todos se alimenten correctamente. Es decir, tener los DESC cubiertos con unos mínimos indispensables para llevar una vida sana y con esperanzas de futuro. Si las democracias siguen sin atacar el problema del hambre, dejan de cumplir con su responsabilidad más básica: proteger la vida humana. En este sentido surge la necesidad imperiosa de entregar mayores espacios a los parlamentos, los partidos políticos de la oposición, los grupos de la sociedad civil organizada y el sector empresarial para que participen en las decisiones que afectan al desarrollo, al establecer consensos angulares desde donde se pueda erigir un modelo democrático con contenido, procurar el bienestar para todos los ciudadanos y garantizar los derechos humanos en todas sus dimensiones. 2.2 EL HAMBRE SE CONSOLIDA COMO LA NUEVA AMENAZA A LA SEGURIDAD GLOBAL En 2008, la Comisión Europea y la Oficina del Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea presentaron un informe conjunto (Comisión Europea, 2008) donde se advierte que el hambre, la pobreza, el cambio climático y la lucha por los recursos (agua y tierra) aparecen ya como causas determinantes de las nuevas amenazas a Europa y a la inestabilidad mundial, y afecta, además, a la gobernabilidad mundial. Es decir, las próximas guerras y conflictos sociales tendrán alguno de esos elementos como causa. De hecho, tras analizar los conflictos armados que han tenido lugar en 146 países desde 1980 hasta 2004, Pinstrup-Andersen y Shimokawa (2008) hallaron una correlación positiva entre el deteriorado estado de salud y nutricional de la población y el surgimiento de conflictos, y recomiendan que la inversión en bienes públicos para las áreas rurales, donde hay más hambrientos, es una buena medida para mantener la paz y la estabilidad interna. Los impactos provocados por las crisis alimentarias, medioambiental y financiera alimentarán sentimientos y reacciones de enfado, resentimiento y venganza entre aquellos que aparecen como responsables (los países desarrollados, sus empresas transnacionales, sus especuladores y sus industrias contaminantes) y quienes que son golpeados con más dureza por sus consecuencias (los países en desarrollo que sufren más sequías e inundaciones, que han sido más afectados por el alza de precios de los alimentos, al sufrir los embates de la especulación de precios y los efectos de la crisis financiera). El Foro Económico Mundial también recogió esta “nueva” percepción del hambre como una amenaza a la seguridad global. Por primera vez desde su formación, se ha incluido el hambre y la inseguridad alimentaria como riesgos emergentes para la seguridad global, con muchas posibilidades de que se convierta en un tema central de las agendas de seguridad nacional, regional y mundial en las próximas décadas, conforme se acentúan los efectos del cambio climático, la reducción de los recursos naturales disponibles, en especial agua y suelo, y el crecimiento demográfico (Foro Económico Mundial, 2008). Los efectos negativos de la globalización y la acentuada y creciente desigualdad entre los que más y los que menos tienen, han reposicionado el tema del hambre y la alimentación en las agendas políticas y de seguridad, sacándolos de la marginación geopolítica y colocándolos en el centro de las futuras preocupaciones. De hecho, hace unos años, un informe del Oxford Research Group (Abbot et al., 2006) ya indicaba que uno de los cuatro problemas que más afectarían las agendas de seguridad, gobernabilidad y paz en el mundo será la extrema pobreza, el hambre y la creciente marginación de un cada vez mayor grupo de población. Los hambrientos, cuando se den cuenta de que son muchos, empezaran a reclamar sus derechos más elementales, entre ellos el derecho a comer. Otra muestra del


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creciente peso estratégico de los alimentos en las relaciones internacionales es que cada vez más think tanks y organizaciones privadas incorporan este tema entre sus análisis y programas.8 III. El consenso latinoamericano en la lucha contra el hambre Antes de definir las principales características de los sistemas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional, es necesario poner de manifiesto una serie de principios clave en los esfuerzos para erradicar el hambre en la región, basados en las experiencias de aquellos países que han conseguido éxitos notables en este campo. A) LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE COMO COMPROMISO POLÍTICO DE ESTADO Y APROPIACIÓN NACIONAL Este compromiso de Estado ha de aunar los esfuerzos del gobierno con la sociedad civil, el sector privado, la academia y la iglesia, entre otros (FAO, 2003). El que los gobiernos asuman la urgencia del combate al hambre ha de desembocar en la adopción de una serie de medidas normativas, políticas, estratégicas y programáticas que determinen una asignación de recursos presupuestarios y extra-presupuestarios adecuados. B) PRIORIZACIÓN DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE COMO PRIMER ELEMENTO DEL COMBATE A POBREZA Si bien el combate a la pobreza es central en la lucha contra el hambre, no se puede esperar que los esfuerzos destinados a reducirla aseguren por sí solos y en un plazo razonable erradicar su principal consecuencia, la desnutrición crónica. En algunos países de América Central se evidencia una débil relación entre los niveles de pobreza y las tasas de desnutrición.9 La pobreza apenas explica la mitad de la varianza de la desnutrición (CEPAL, 2007c). El paradigma de los años ‘90 que identificaba pobreza con hambre y que preconizaba que una reducción de la primera llevaría implícita una reducción de la segunda tiene debilidades estructurales. Por tanto, habría que cambiar el enfoque y considerar la lucha contra el hambre como una prioridad para emprender acciones de combate a la pobreza. Si no se reduce el hambre, el progreso en la lucha contra la pobreza será necesariamente lento. Una persona hambrienta con dificultad puede participar en acciones de desarrollo rural, educación o saneamiento personal o ambiental, pues su prioridad es conseguir el alimento para su supervivencia. En definitiva, combatir el hambre no es lo mismo que combatir la pobreza, lo que se manifiesta, entre otras cosas, que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se establecen metas independientes. C) LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL REGRESAN A LAS AGENDAS La historia del ser humano da muchas vueltas, y aunque algunos defienden su progreso lineal, la sabiduría popular afirma que la historia es cíclica. Es lo parece suceder en el espacio rural de la región. Cuando todo indicaba, a raíz de las políticas neoliberales, la rápida urbanización y la preponderancia de los mercados de capitales y servicios, que la agricultura, el área rural y los productos primarios tenían sus días contados, ahora surgen con fuerza nuevos elementos globales, nuevas tendencias, nuevos problemas que obligan a replantearse lo que se espera del campo y la economía rural. La agricultura vuelve a la agenda mundial y regional, con mucha legitimidad histórica y con un magnífico futuro por delante. El enorme repunte de los precios de los alimentos, la aparición de los biocombustibles como actor clave de la economía y la geopolítica mundial y la preservación del medio ambiente y su impacto en el ya inevitable cambio climático empujan a la agricultura y a los

8 The Royal Institute of International Affairs (/www.chathamhouse.org.uk/research/global_trends/papers/) la Fundación Rockefeller que apoya la Alianza para la Revolución Verde en África (www.rockfound.org/initiatives/agra/agra.shtml) y los recientes trabajos del Council on Foreign Relations de Estados Unidos. 9 La escasez de recursos de los hogares latinoamericanos y caribeños está lejos de dar cuenta, por sí sola, del nivel de la desnutrición infantil (CEPAL-PMA, 2003).


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agricultores hacia arriba en los debates públicos, en el punto de mira de los medios, en los análisis de los economistas y en las decisiones de los políticos. Este reposicionamiento de la agricultura y “lo rural” conllevará el debate sobre una nueva agenda agraria en la región, una que se adapte a la no tan nueva “nueva ruralidad” de la región y combine racionalidad económica, cohesión social, desarrollo humano, preservación de la biodiversidad, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y suministro alimentario y energético sostenible con el medio ambiente (De Clementi y Vivero, 2006). D) EL SECTOR AGROPECUARIO COMO MOTOR DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE EN EL MEDIO RURAL En América Latina y El Caribe una gran parte de las familias que padece hambre vive en las áreas rurales (FIDA, 2002), por lo que la prioridad de la lucha contra el hambre debe ser la familia campesina, que en muchos casos produce sólo para autoconsumo y en otros casos consigue o tiene el potencial de vender parte de su cosecha. El desarrollo agrícola y rural es condición imprescindible para conseguir la seguridad alimentaria en América Latina y El Caribe, donde el sector agroalimentario ampliado10 contribuye con el 21% del PIB regional, genera más de un tercio del empleo y casi la mitad de las exportaciones (De Ferranti et ál., 2005). Por lo tanto, la agricultura es el principal motor de crecimiento y de combate a la inseguridad alimentaria y, en consecuencia, se deben reforzar las intervenciones para mejorar el desempeño de la pequeña familia campesina (ODI, 2003). E) CAMBIOS MODESTOS Y RÁPIDOS EN DISPONIBILIDAD Y ACCESO PARA MUCHAS FAMILIAS Si a la elevada cifra de personas que pasan hambre le añadimos el alto crecimiento demográfico de la población más pobre y desnutrida, es obligatorio plantear la necesidad de incidir en una gran cantidad de familias en un plazo limitado. Para ello, no es eficaz continuar con intervenciones de elevado costo por familia, aunque sean exitosas. Se requiere hacer hincapié en la extensión a gran escala de buenas prácticas económicamente viables y que supongan modestos y relativamente rápidos incrementos en la disponibilidad (producción) y el acceso (ingresos) a los alimentos para una gran cantidad de familias, de manera progresiva y sostenible, con posibilidades de masificación en la forma más autónoma posible (Vivero y De Loma-Ossorio, 2005). F) IMPLEMENTACIÓN DESCENTRALIZADA MEDIANTE INSTITUCIONES LOCALES Como consecuencia del enorme desafío que plantea un programa nacional de lucha contra el hambre, que cubra a muchas familias y un gran territorio, se impone una forma de ejecución descentralizada, formalizada mediante alianzas estratégicas con diferentes instituciones,11 la coejecución y la tercerización de la asistencia y el monitoreo. En este sentido, el Gobierno ha de actuar como un catalizador y aglutinador de iniciativas, y supervisar el buen funcionamiento de las mismas de acuerdo con unos criterios mínimos necesarios para la ejecución, su ajuste al plan de acción anual y su replicabilidad. G) LA SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO Para que las organizaciones que articulan las acciones sean funcionales, responsables frente a sus ciudadanos, y se coordinen con las autoridades locales y nacionales, se requiere que la institucionalidad de lucha contra el hambre se construya sobre la base de un consenso con (a) diferentes partidos políticos, para que perdure en el tiempo, (b) la sociedad civil, que tiene un gran poder de movilización y no está sujeta a tantas presiones como el Gobierno, (c) el Legislativo, encargado de representar la voluntad del pueblo y crear el marco legal que ampara esa institucionalidad, y (d) los medios de comunicación, que a través del seguimiento y la creación de opinión pueden mantener el respaldo social a estas acciones y apoyar su priorización. La sostenibilidad institucional se alimenta de la sostenibilidad social, que implica que las actividades tengan un respaldo social, cumplan con las necesidades de las comunidades beneficiarias y se hayan 10 Al incorporar la producción agropecuaria, forestal, agroindustrial, y actividades rurales no-agrícolas. 11 Agencias nacionales e internacionales, ONG, gobiernos locales y cooperativas.


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identificado e implementado de un modo participativo. Los países que han tenido éxito en la lucha contra el hambre en la región (Costa Rica, Chile y Cuba) muestran patrones de consolidación institucional, liderazgo, apoyo social, mantenimiento de la prioridad entre gobiernos y cantidad y calidad de la inversión parecidos. Las recetas para erradicar la desnutrición están ahí, sólo hay que saber leerlas. IV. Avances político-institucionales en seguridad alimentaria La institucionalidad en seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe ha tenido un impulso notable en la última década. A fines de los ’90 comenzó un proceso de redefinición de los agentes públicos en el contexto de la reforma del Estado y la Administración Pública, que desde los años ‘80 habían visto reducidas sus competencias, sus activos, sus recursos y su personal, a partir de las reformas neoliberales impuestas. Las nuevas problemáticas sociales han exigido una reingeniería institucional que permita enfrentar un mundo más complejo, diverso y globalizado. Varios elementos han favorecido este proceso, los que han actuado como catalizadores del impulso del debate en torno a una institucionalidad que promueve la protección y realización de los DESC, en especial el derecho a la alimentación adecuada. A) ÉXITO DE LA ABOGACÍA INTERNACIONAL: EL HAMBRE VUELVE A LOS FOCOS Las acciones de los organismos internacionales han alertado sobre esta materia, como FAO, OMS, OPS y PMA entre otros. Merece la pena subrayar la importancia del posicionamiento reciente del Banco Mundial, tal vez el actor internacional con mayor capacidad de incidencia, y que en los últimos dos años ha contribuido mucho a revigorizar el tema de la desnutrición y la agricultura en el debate mundial con dos publicaciones clave.12 Desde el punto de vista diplomático, el hito más relevante fue la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en Roma en 1996, que permitió la adscripción de los países de la región a las metas vinculadas con la reducción del hambre. En 2002, la Segunda Cumbre Mundial de Alimentación (Roma) sirvió para destacar la falta de progresos y la importancia de la voluntad política para hacer de este proceso un éxito: no se terminará con el hambre en un mandato político, ni en dos ni en tres, por lo que se necesita un pacto amplio y entre todas las fuerzas y los sectores para que en una generación se pueda erradicar el hambre. B) IMPULSOS COYUNTURALES: LOS DADOS DEL DESTINO Otro elemento son los fenómenos coyunturales externos e internos, humanos o naturales, que gatillan el motivo y sientan las bases políticas para construir una arquitectura institucional de seguridad alimentaria y nutricional. Los estados de emergencia alimentaria en Argentina en 2002, la hambruna de los desplazados por la violencia política en Colombia, las crisis en el abastecimiento de alimentos en Centroamérica, y los graves problemas de acceso a alimentos por el alza en los precios son algunos de los ejemplos de situaciones que agravan la situación alimentaria y provocan una respuesta institucional que –al ser insuficiente– genera debate público que se traduce en nuevas propuestas de diseño político-institucional. El gran evento coyuntural que ha contribuido a posicionar el hambre y los alimentos como un tema central y prioritario de las agendas públicas nacionales e internacionales es la crisis alimentaria de 2007 y 2008. El mundo atraviesa una enorme crisis mundial, que muchos ya denominan la primera crisis global mundial, y que se manifiesta en diversos frentes: la crisis financiera, con la moneda de referencia en mínimos históricos, la crisis inmobiliaria, la crisis del petróleo, la crisis medioambiental con el cambio climático, la crisis de la hegemonía estadounidense y, además, la crisis alimentaria. Esta

12 En 2006 el Banco Mundial publicó un completo informe sobre la importancia de la nutrición en el desarrollo, que rescataba el tema para sus políticas con los países (Banco Mundial, 2006). La seguridad alimentaria no aparecía en documentos del Banco desde que publicaron un trabajo de repercusión mundial en 1986. El reciente Informe Mundial de Desarrollo 2008 trata sobre la importancia de la agricultura para el desarrollo (Banco Mundial, 2008).


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última explotó a fines de 2007 y acaparó todas las portadas mundiales durante varios meses. De seguro que dejará secuelas de alcance político-estratégico para los años venideros. C) APERTURA DE ESPACIOS DE DIÁLOGO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL Los debates políticos y sociales han sido un aspecto relevante en el proceso de diseño de un nuevo esquema institucional, en coherencia con el camino democrático que la región ha intentado consolidar en las últimas décadas. Esta apertura de espacios democráticos de participación y supervisión de la vida política por parte de la sociedad civil ha coincidido con la maduración del discurso de la soberanía alimentaria, que ya forma parte del discurso político oficial de muchos países de la región e incluso se inserta en su ordenamiento jurídico (revisar el capítulo III de esta publicación). De esta manera, se han creado espacios de confluencia de los distintos actores que comprende la política de seguridad alimentaria y nutricional, SAN, al intentar poner en sintonía las diferentes competencias y programas y de dotar de conducción los nuevos sistemas institucionales. Esta es la orientación de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria de Perú, la Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria de Nicaragua, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Colombia y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria de la Presidencia de la República de Brasil. La existencia de estos consejos no implica necesariamente intersectorialidad ni articulación. Uno de los obstáculos es la capacidad de los gobiernos de hacer funcionar estas comisiones. Por ejemplo, en Perú y Nicaragua se paralizaron al poco tiempo de comenzar a operar. D) LAS POLÍTICAS Y LAS ESTRATEGIAS: BONITOS PAPELES QUE APOYAN LA CAUSA Un importante número de países ha publicado documentos nacionales que fijan objetivos a largo plazo, algunos emanados de instancias de convergencia político-social para levantar políticas, planes y estrategias.13 Dichos documentos constituyen un esfuerzo de convergencia en metas nacionales cuyo mérito es darle a la seguridad alimentaria y nutricional un estatus de relevancia en los programas de gobierno. En algunos países se agregan componentes técnicos que permiten evaluar resultados. Entre los numerosos documentos producidos en los últimos cinco años se puede mencionar el Plan de Desarrollo Agrario Rural 2004-2008 de Paraguay, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nicaragua, la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2005-2015 de Honduras, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2008 de Colombia, el Programa para la Erradicación de la Desnutrición Crónica 2007-2012 de Guatemala y la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de El Salvador. Pero hay otros muchos documentos, y no es la intención de este apartado mencionarlos a todos. Todos los acuerdos, políticas y estrategias nacionales se refieren a la seguridad alimentaria y nutricional. Ahora bien, estos documentos no siempre implican un mejoramiento sustantivo en la intervención de las problemáticas de seguridad alimentaria y nutricional. Muchas veces, las estrategias no se traducen en una orgánica clara, responsabilidades de los actores gubernamentales y, en algunos casos, estas definiciones están sometidas a la inestabilidad del ciclo político de cada país, por lo que su proyección temporal se diluye. E) LOS GRANDES PROGRAMAS SOCIALES: LO “SOCIAL” AL CENTRO LAS AGENDAS POLÍTICAS Otro elemento emergente en la última década son los programas de gran envergadura que intentan movilizar amplios recursos para intervenir con profundidad la problemática alimentaria.14 En este sentido, se puede mencionar la estrategia Vivir mejor de México, que intenta construir una amplia red de programas de apoyo a los sectores más vulnerables y donde destaca el Programa Oportunidades, que llega a más de cinco millones de familias cada año, con un presupuesto anual estimado en cinco mil millones de dólares. En Colombia destaca el Programa Bogotá sin Hambre, un plan de gran cobertura ejecutado en el Distrito Capital, así como la Red de Seguridad Alimentaria (RESA) 13 Ver Anexo núm. 1 para una perspectiva regional de las políticas SAN. 14 Ver en Anexo núm. 1 un listado de algunos de estos programas.


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orientada a las familias desplazadas y el Plan Decenal de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. En Bolivia, se ejecuta el Programa Desnutrición Cero y en Argentina el Plan Nacional Hambre más Urgente. Una especial mención merece el Programa Fome Zero (Hambre Cero) de Brasil, producto de un proceso de diseño participativo entre la academia, organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno. Durante el primer mandato del Presidente Lula da Silva, invirtió diez mil millones de dólares y hoy tiene una cobertura superior a once millones de familias y 45 millones de personas. Hambre Cero es una estrategia del Gobierno Federal para garantizar el derecho a la alimentación adecuada para quienes no la reciben. Busca lograr la inclusión social y garantizar los derechos ciudadanos (FAO, 2007). Los resultados han sido exitosos no sólo al reducir la inseguridad alimentaria, sino también en los efectos económicos del Programa (incrementos en empleo, producción agro-industrial y recaudación de impuestos). Todo apunta a que el éxito de Hambre Cero obedece a que articula una serie de políticas integradas estructurales, como incentivos a la educación, reforma agraria, ingresos y trabajo con políticas específicas contra el hambre, como el Programa Bolsa Familia, canastas de emergencias, alimentación escolar, compras locales focalizadas, apoyo a la agricultura familiar, bancos de alimentos en ciudades pequeñas y comedores populares en ciudades grandes (FAO, 2007). F) NOTABLES PROGRESOS EN EL MARCO LEGAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Por último, hay que destacar la importancia de los debates políticos para la aprobación de legislaciones de seguridad alimentaria y nutricional.15 Estos avances legales unidos a la notable sensibilización de la sociedad civil de la región respecto del derecho a la alimentación, hacen de América Latina y El Caribe la región más avanzada del mundo en este tema, está a la vanguardia del conocimiento, el monitoreo, el desarrollo legal y coloca los cimientos de la justiciabilidad de este derecho, una vez que entre en vigor el Protocolo Facultativo del PIDESC (Vivero y Monterroso, 2008). V. Factores que ayudan a colocar el hambre en el centro de políticas sociales El posicionamiento del hambre en la agenda política latinoamericana obedece al resultado de diferentes fuerzas que, sin proponérselo ni coordinarlo, empujan hacia el mismo lado. Por un lado, está la sociedad civil organizada –que en la región sí está organizada en comparación con África y Asia–, la que ha conseguido crear, impulsar y hacer valer un planteamiento alternativo sólido e imprescindible: la soberanía alimentaria que, entre otras cosas, ayuda a mantener el tema del hambre en la agenda y en los foros de la web (los verdaderos creadores de la opinión global que no responden al establishment). Por el otro lado, están los académicos, organismos internacionales y thinks tanks de opinión político-estratégica, que piensan el nuevo paradigma de desarrollo dominante en la región: la cohesión social. La cohesión social, según la CEPAL –principal centro teórico que la impulsa (CEPAL 2007a)– implica dos grandes grupos de acciones: aquellas destinadas a reducir la brecha económica y de acceso a recursos entre los ciudadanos, y aquellas destinadas a fortalecer el sentido de pertenencia a la sociedad de cada uno. Aunque parece redundante decirlo, la eliminación del hambre es una condición sine qua non para comenzar a conseguir resultados en ambos componentes. La reducción de brechas económicas pasa por eliminar la manifestación más extrema de la pobreza extrema: el hambre y la desnutrición de los que no ganan suficiente ni para alimentarse o alimentar a sus familias. ¿De qué sociedad se sentirán parte aquellos a los cuales el propio sistema democrático que los alberga los olvida por completo? ¿Qué cohesión social pueden sentir los que no están “ni en el sistema”? Estas ideas se plasmaron en 2007 en un documento conjunto de FAO, CEPAL y PMA que busca insertar el tema del hambre en el debate político-intelectual de la cohesión social (FAO-CEPAL-PMA, 2007).

15 Para más detalle de las leyes actuales y los proyectos de ley que recogen el derecho a la alimentación, ver Anexo núm. 1.


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Hasta el estallido de la crisis financiera, otro factor importante que ayudaba a posicionar el hambre en la lista de prioridades era el notable crecimiento económico que disfrutaba la región en los últimos años (FMI, 2006), con un 5,6% en 2007 y una media regional sostenida de más del 4% anual desde 2002 (CEPAL, 2007b). Hasta mediados de 2008, se disfrutó de la época de las vacas gordas económicas, reflejada en una mayor inversión en la población y en más disponibilidad para usar fondos adicionales para temas sociales prioritarios. Ahora que estamos golpeados de lleno por la recesión económica y la crisis de los mercados financieros (falta de liquidez), la situación será otra, pues la inversión social es la primera que sufre los recortes, y la inversión en áreas rurales, donde vive la mayoría de los hambrientos, además de ayuda oficial al desarrollo, se verán muy reducidas. Por último, el propio desarrollo institucional, legal y programático de los DESC, denominados derechos de segunda generación tras los civiles y políticos, también contribuye a considerar al hambre no como una desgracia del cielo, o como un mal inevitable que siempre nos ha acompañado, sino como la violación de un derecho humano inalienable de cada individuo. Que una persona se muera de hambre no es sólo moralmente abominable, sino que es un acto ilegal, pues vulnera su derecho de estar libre de hambre. Socorrer al hambriento ya no es un acto de caridad; es el cumplimiento de la obligación del Estado hacia sus ciudadanos. En ese contexto, se observa un notable progreso del derecho a la alimentación en la región, impulsado por la sociedad civil que aprovecha la ola de la soberanía alimentaria y, cada vez más, por los gobiernos más sensibles al tema (Ecuador, Bolivia, Brasil, Cuba y Colombia). La voluntad política de luchar contra el hambre se manifiesta en acciones de los gobiernos, sociedad civil, congresos y jueces que ven la necesidad de afianzar el derecho a la alimentación y la institucionalidad nacional de seguridad alimentaria, para que el combate al hambre (largo y complicado) sea un verdadero asunto de Estado, y no sólo la voluntad del gobierno de turno en un país y un periodo determinado. VI. Revisión del papel de los ministerios “tradicionales” en seguridad alimentaria Los cambios en el contexto nacional e internacional han modelado el Estado en América Latina y El Caribe. Los ministerios tradicionales a cargo de la seguridad alimentaria y nutricional, agricultura, salud y desarrollo social, sufren un proceso gradual de reajuste en sus roles, responsabilidades y espacios de decisión en comparación con las funciones que ocupaban hace 25 años. El aspecto más palpable ha sido el tránsito de los ministerios de agricultura desde un rol más protagónico en el desarrollo agrario y rural hacia un rol más pronunciado en el comercio y desarrollo productivo.16 En este sentido, los ministerios de desarrollo social poco a poco absorben las funciones relacionadas con el combate a la pobreza rural y la gestión de programas de seguridad alimentaria y nutricional. A estos ministerios se suman las carteras de salud, vinculadas con la seguridad alimentaria en las estrategias relacionadas con el consumo nutricional adecuado –sobre todo en niños y mujeres lactantes y gestantes– y la inocuidad alimentaria. En consecuencia, es difícil determinar con exactitud en qué países prima un ministerio sobre los demás en las políticas SAN. Lo que con frecuencia ocurre es que hay duplicidad de funciones entre agricultura, desarrollo social y salud. De ahí lo relevante que ha sido crear consejos y comités para articular a estas entidades. Sin embargo, se puede constatar que el Ministerio de Desarrollo Social tiene cierta preponderancia en México (Secretaría de Desarrollo Social), Colombia (Consejo Nacional de Política Económica y Social, Ministerio de Protección Social), Ecuador (Ministerio de Inclusión Económica y Social),

16 Lo que coincide con un movimiento gradual en el mundo. Wiggins y Cabral (2007) recogen la misma tendencia para numerosos países de África.


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Argentina (Ministerio de Desarrollo Social con una Subsecretaría de Política Alimentaria y una Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria) y Brasil (Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre). El Ministerio de Agricultura tiene notable “peso político” en El Salvador (Ministerio de Agricultura y Ganadería), Bolivia (Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente), Nicaragua (Ministerio Agropecuario y Forestal) y Guatemala (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación). Como se puede apreciar, hay pocos países donde el Ministerio de Salud exhiba un liderazgo notable, ya que su acción está más vinculada con la seguridad nutricional. No obstante, no hay país donde se prescinda de la participación de la salud, ya sea en políticas, planes o programas. Los demás países analizados tienen un diseño institucional con un balance de poder menos acusado entre ministerios. Por ejemplo, en Panamá el Ministerio de Salud participa en el ámbito nutricional, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el desarrollo rural y el Ministerio de Desarrollo Social en la superación de la pobreza. En Paraguay, el Ministerio de Salud tiene el mandato SAN en la política nacional de salud 2004-2008, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene el mandato SAN en el Plan de Desarrollo Agrario y Rural 2004-2008. En Honduras, el gabinete de la Estrategia de Reducción de la Pobreza es una institución ligada a la Presidencia y en ella participan los tres ministerios. Por último, hay que destacar el caso de Venezuela que cuenta con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. No se puede obviar la participación de otros ministerios con bastante influencia en algunos países, como el Ministerio de la Familia en Nicaragua, el Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras en Venezuela, la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en Perú, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en El Salvador y el Ministerio de Salud y Deportes y Ministerio del Agua en Bolivia. Ahora bien, es importante recalcar que en todos los países se enfatiza el carácter multi e intersectorial de las políticas de seguridad alimentaria, por lo que el horizonte que se persigue es la de generar capacidades de articulación de políticas y programas, lo que es un avance sustantivo. VII. Taxonomía de las políticas y programas contra el hambre en la región17 Si bien la mayoría de los países de América Latina y El Caribe no cuenta con un programa específico multisectorial de lucha contra el hambre, en todos ellos se ejecutan políticas y acciones públicas orientadas a atender alguno de los múltiples aspectos relacionados con la alimentación y nutrición de la población. Algunas de estas políticas se ejecutan desde hace muchos años (Chile, Costa Rica), y otras forman parte de estrategias más recientes para reducir la pobreza y cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Desde el punto de vista del sector público, que es el foco de interés de este análisis, esas políticas y acciones pertenecen a determinadas “áreas de políticas”, que corresponden más o menos a la estructura sectorial de los gobiernos (protección social, agricultura, economía). Sin embargo, dado que los países, salvo excepciones como Brasil o Guatemala, no tienen agrupadas dichas políticas y acciones públicas bajo un rótulo específico que diga “seguridad alimentaria”; corresponde al analista hacer la selección, lo que necesariamente trae consigo alguna arbitrariedad. En esa perspectiva, se han seleccionado las siguientes “áreas de políticas”: a. Pequeña agricultura y desarrollo rural; b. Protección social y alimentación; c. Asistencia en salud nutricional; y d. Educación y formación en alimentación y nutrición. 17 Este apartado se basa en un trabajo conjunto que los autores realizaron en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre de FAO (Vivero et al., 2009), y le debe mucho al trabajo realizado por Jorge Ortega y Sergio Faigenbaum.


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7.1 ÁREA DE POLÍTICAS PARA LA PEQUEÑA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL Esta área de políticas, que es bastante amplia y se puede analizar desde diversos puntos de vista, se relaciona con la seguridad alimentaria en la medida que se orienta a los sectores de agricultura familiar y población rural, en condiciones de alta vulnerabilidad en la alimentación y nutrición. Con acciones de ese tipo se busca aumentar la “disponibilidad” de alimentos y/o los ingresos monetarios del hogar y de las comunidades, y así satisfacer la dimensión de “acceso” a los alimentos. Representan, al menos potencialmente, una gran contribución para mejorar la condición alimentaria y nutricional de esas familias. Las acciones públicas orientadas a la pequeña agricultura y el desarrollo rural tienen una larga trayectoria en la región, si bien a partir de los procesos de ajuste estructural en los años ‘80 y ‘90 en muchos países se redujeron, en especial por el desmantelamiento de parte de la institucionalidad pública especializada, que normalmente funciona bajo el alero de los ministerios de agricultura. Aún cuando todos los países de la región cuentan con programas en este ámbito, en muchos casos sus niveles de prioridad, presupuestos y coberturas se han visto muy mermados en comparación con períodos anteriores. Al interior de esta área de políticas, se diferencian tres tipos de acciones públicas. La primera consiste en actividades de apoyo directo a la producción agropecuaria, y cuyos sujetos son los pequeños agricultores familiares. En general, esas actividades de apoyo han sido y son las mismas desde hace mucho tiempo, si bien se ha innovado en metodologías y técnicas. Programas de este tipo incluyen transferencia tecnológica, crédito, capacitación, subsidios a la inversión y apoyo a la comercialización. Su propósito suele ser de manera simultánea producir más y mejor agricultura, dentro de las diversas limitaciones existentes, mejorar el acceso al mercado y aumentar, en la medida de lo posible, los ingresos monetarios de la unidad productiva. En el curso de la actual década ha surgido lo que se podría considerar una segunda modalidad de este tipo de programas, “apoyo desde la demanda”, todavía poco difundidos, menos numerosos que los anteriores, pero por ello, “más novedosos”. Este tipo de programas (se han identificado cinco en la región)18 consiste en arreglos contractuales entre una agencia pública y pequeños productores para adquirir determinados productos, que luego se canalizan a programas públicos de distribución de alimentos o alimentación directa (por ejemplo, desayunos escolares). Con este tipo de acciones, además de brindar los apoyos técnico-financieros más comunes, se busca evitar que el pequeño productor enfrente la incertidumbre sobre los volúmenes o precios, lo que muchas veces inhibe su participación en esos mercados, al restringir sus posibilidades de generar ingresos. El tercer tipo corresponde a programas englobados en la categoría de “desarrollo rural”, aunque para efectos de la SAN interesan en particular aquellos que apoyan la generación de ingresos “no agrícolas” en los hogares, ya sea con pequeños emprendimientos y/o con la inserción en el mercado laboral. Los primeros han crecido en presencia y cobertura en casi todos los países, en especial desde que se constató, a comienzos de la década, la importancia de los ingresos extra-agrícolas en los hogares rurales. Respecto de los segundos, relativos al mercado laboral, la mayor parte de las actividades se realiza en los municipios y consiste, en lo fundamental, en capacitación para el empleo y/o empleos de emergencias, para zonas y períodos de alta desocupación temporal. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares rurales, este tipo de programas debiera adquirir mucho mayor relieve que el que ha tenido hasta ahora, dada la importancia del factor salarial en el acceso y la estabilidad de la alimentación de las familias rurales.

18 Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Bolivia); Programa de Adquisición de Alimentos (Brasil); Programa Nutriendo el Desarrollo (Ecuador); Programa de Adquisición de Leche Nacional (México) y la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Nicaragua).


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7.2 ÁREA DE POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL Y LA ALIMENTACIÓN Este amplio ámbito de políticas reúne aquellas acciones públicas orientadas a mejorar el acceso a la alimentación por parte de personas y familias en condición de vulnerabilidad (dimensión “acceso” de la seguridad alimentaria), si bien las mismas se pueden considerar como parte de un área de políticas más amplia, como es la protección social. Se distinguen aquí dos sub-áreas complementarias de política a partir de los medios utilizados: (i) las que se orientan a transferir recursos monetarios a la población meta para que ésta puede acceder a la alimentación, y (ii) las que apuntan a establecer sistemas de distribución de alimentos con diversas modalidades. A) PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS (PTC) Los PTC consisten en la entrega de recursos monetarios a familias en situación de pobreza, condicionadas al cumplimiento de ciertas responsabilidades o metas en diversos ámbitos de políticas públicas, como educación, salud y nutrición. El apoyo material se utiliza como incentivo para que esas familias usen la oferta pública de servicios y atacar, así, las causas de la reproducción de la pobreza. En los cuadros núm. 1 y núm. 2 se presentan los programas existentes en América Latina y El Caribe. Cuadro núm. 1: Programas de transferencias condicionadas en América del Sur

País Programa Valor mensual de la transferencia (USD)* Público beneficiario Condicionalidad

Argentina Jefes y Jefas de Hogar

Familias para la Inclusión

Beneficio mensual de $42,8 a $84,2 por niño dependiendo del número

de hijos (mínimo 2, máximo 6)

Familias de baja renta sin empleo con hijos hasta 18

años

Niños en la escuela y salud

Bolivia Bono Juancito Pinto $25 anuales por niño Niños en escuela para asegurar alimentación Asistencia a escuela

Brasil Bolsa Familia

Beneficio mensual de $26 para familias en extrema pobreza,

beneficio variable de $6 por niño (menos de 15 años) de familias

pobres y pobres extremas y $12 por adolescente (de 15 a 17 años).

Familias con renta per cápita bajo de R$ 120

Asistencia escolar, vacunación

Chile Chile Solidario

$21 mensuales por familia al inicio por seis meses y reducción gradual

hasta los 24 meses. Bolsa mensual hasta los tres años

Familias en situación de indigencia y ancianos

Niños en la escuela, vacunación, cursos de capacitación para los

padres

Colombia Familias en Acción

Beneficio mensual de $8 para cada hijo en enseñanza primaria; $14 –

$33 para la enseñanza secundaria y $3 para familias con miembros de

menos de 7 años.

400 mil familias en extrema pobreza con niños

y adolescentes

Niños en la escuela y acompañamiento nutricional con

cuidados de salud

Ecuador Bono de Desarrollo Humano

$15 mensuales por familia (reciben las mujeres)

1,1 millones de familia necesitadas

Educación, salud y nutrición

Paraguay Tekoporá y Ñopytyvo Beneficio cada dos meses de $18 a

$36 dependiendo del número de niños, con máximo de cuatro.

Familias en extrema pobreza con niños en área

rural Educación y salud

Perú Juntos $33 mensuales por familia Familias pobres con niños y adolescentes

Educación, salud y alimentación

Uruguay

Plan Alimentario Nacional

Programa de Ingreso Solidario

Transferencias para la compra de alimentos

Familias pobres y con niños n.d.

Venezuela Bono de Alimentación

para trabajadores Bolsa Bolivariana

Venta subsidiada o donación de alimentos

Familias pobres en el ámbito regional n.d.

Fuente: Belik (2006), Fonseca (2006) y World Bank (2009). * Valor mensual de la transferencia actualizado para 2009. Cuadro núm. 2: Programas de transferencias condicionadas en México, Centroamérica y Caribe

País Programa Valor mensual de la transferencia (USD)* Público beneficiario Condicionalidad


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El Salvador Programa

Oportunidades y Red Solidaria

Beneficio mensual de $15 para hogares con niños de entre 6 a 15

años (educación); $15 para hogares con niños de entre 0 a 5 años (salud); $20 para familias

que califican en ambos componentes.

12 mil familias en extrema pobreza con niños menores

de 15, mujeres embarazadas

Niños en la escuela, vacunación, registro de cédula, programas de

desarrollo comunitario

Honduras PRAF II Beneficio mensual por hogar de

$60 (educación); $40 (salud); $60 (mujeres embarazadas).

Familias necesitadas en un espacio geográfico definido

Educación, salud y nutrición

México Oportunidades

Beneficio mensual de $12 a $74 dependiendo de la edad y grado educacional del niño; $336 para

jóvenes que completen enseñanza secundaria; $17 por hogar (salud) y $23 por adultos sobre 69 años.

Familias necesitadas, adultos mayores

Educación, salud y alimentación.

Nicaragua Red de Protección Social (Mi familia)

Beneficio cada dos meses de $17 por familia y anual de $20

dólares por niño (escolar); $34 por familia cada dos meses (salud

y nutrición).

22.500 familias en extrema pobreza

Educación, salud y alimentación.

Panamá Red de oportunidades

$35 mensuales por familia. Se incrementó a $50 en julio de

2008 como respuesta a la inflación de los precios de los

alimentos.

12 mil familias pobres Educación y salud

República Dominicana

Programa Solidaridad, Comer

es Primero, Incentivo a Escolaridad y

Nombre y Apellidos

Beneficio mensual de $9 por familias con 1 ó 2 niños; $14 por 3 niños; $ 19 por cuatro o más y

$20 mensuales para alimentación.

Familia en extrema pobreza con niños de seis a 16 años.

También admite a hijos pequeños para el alimento

Niños en la escuela y registro de ciudadanos

Jamaica PATH

$7 mensuales bases por niño con beneficios extras dependiendo del grado educacional que curse y el

género (niños reciben un 10% más que las niñas en todos los

grados).

Embarazadas, ancianos y otros públicos en riesgo

Supervisión por administradores de

parroquias

Fuente: Belik (2006), Fonseca (2006) y World Bank (2009). * Valor mensual de la transferencia actualizado para 2009. Este tipo de programas comenzó a difundirse en la región hacia fines de los ‘90 y con mayor fuerza durante esta década, tras la positiva evaluación que recibió una de las primeras experiencias de este género, el Programa Oportunidades en México, iniciado en 1997 con el nombre de Progresa. A 2006, la modalidad de subsidios condicionados ya se había implementado en 17 países de la región y hoy se puede considerar como la modalidad más difundida de intervención en el ámbito de la protección social en América Latina y El Caribe. Diversas evaluaciones de impacto realizadas hasta la fecha indican que estos programas, en general, están bien focalizados en los segmentos más pobres, y constituyen mecanismos eficaces para aliviar la pobreza en el corto plazo, pero aún no es clara su contribución en el combate a la pobreza en el mediano y largo plazo. En lo que respecta a los efectos sobre la alimentación y la nutrición, esas evaluaciones estiman que se ha conseguido mejorar la calidad de la dieta consumida y se ha incrementado el gasto en alimentos en los hogares participantes, aunque hasta ahora no se ha logrado establecer su efecto sobre la situación nutricional de los niños atendidos (CEPAL, 2007d). B) ACCIONES DE ACCESO DIRECTO A LOS ALIMENTOS Alimentación escolar: Los programas de alimentación escolar tienen ya una importante trayectoria en la región. En el Cuadro núm. 3 se presentan diversos datos sobre la cantidad de niños y niñas que participan, presupuestos y cobertura en 15 países de la región.


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Según diversas estimaciones (Infante, 2005 y Ortiz, 2008) los niños que reciben al menos una ración alimenticia al día en los sistemas escolares en la región se sitúan entre 56-57 millones, con coberturas que en promedio rondan el 50% (Infante, 2005), que varían desde el 14% (Venezuela) hasta el 100% (Panamá). El tipo de ración más frecuente en los establecimientos escolares es el desayuno y/o merienda, que se estima cubre entre el 15% y el 30% de las necesidades nutricionales de los niños. Cuadro núm. 3: Programas de Alimentación Escolar en América Latina (países seleccionados) País Alumnos

cubiertos Presupuesto

anual (millones USD)

Gasto anual por alumno

(USD)

Días atendidos Gasto por alumno por día

(USD) Argentina (2005) 1.300.000 30 11 - - Bolivia (2004-05) 1.173.288 20,2 16 160 0,1 Brasil (2005-06) 36.300.000 700 18,1 200 0,08 Colombia (2005-06) 3.377.000 113,1 15,7 142 0,1 Chile (2005-06) 1.800.000 180,2 100,8 180 0,6 Ecuador (2004-05) 1.346.000 30,1 23,2 142 0,2 Guatemala (2003-05) 1.840.000 29,3 19,0 - - Honduras (2004-05) 934.802 9,9 11,5 153 0,07 México (2005-06) 5.600.000 286,4 52,0 - - Nicaragua (2005-06) 797.142 8,7 12,6 - - Panamá (2005-06) 472.898 56 28,3 150 0,2 Paraguay (2005) - 5 10,6 - - Perú (2005) - 75,4 26,9 - - Uruguay (2005-07) 225.000 16,6 78,0 - - Venezuela (2005) - 55,8 75,7 - - Total y Media 55.166.130 1.616,7 33,3 161 0,2 Fuente: Ortiz (2008). Este tipo de programas tiene un doble efecto sobre la población infantil a la que se orienta: nutricional y educacional. Respecto del primer efecto, baste señalar que en muchos casos constituye el principal (y en ocasiones el único) alimento que los niños consumen a diario, lo que lo transforma en uno de los pilares en materia de SAN de la población infantil. De ahí que los especialistas de América Latina y El Caribe concuerdan en la urgencia de ampliar la cobertura de este tipo de programas a sectores de la población infantil de escasos recursos que aún no gozan del beneficio. En relación con el efecto sobre el proceso formativo de los niños, el alimento recibido en la escuela se reconoce como esencial para el aprendizaje, porque eleva el rendimiento y evita la deserción escolar. Sin embargo, cabe advertir que esta modalidad de alimentación de ninguna manera logra abatir la desnutrición de los niños cuando proviene desde antes de su nacimiento y en sus primeros dos años de vida. La región cuenta con una gran experiencia y amplia cobertura en programas de alimentación y nutrición, especialmente escolar, aunque todavía faltan marcos legales que aseguren la responsabilidad estatal en la garantía del derecho a la alimentación de los escolares, y consigan darle una estabilidad de largo plazo a estas iniciativas. Entre las innovaciones clave para mejorar estos programas, Ortiz (2008) señala la vinculación estos programas con compras de la pequeña agricultura para incentivar el desarrollo productivo local; la necesidad de un catastro único de niños beneficiarios desde la edad de cero a 14 años; la coordinación interministerial para hacer más efectivas las compras, la logística y el monitoreo y, finalmente, su anclaje con las políticas nacionales de seguridad alimentaria de amplio espectro. Servicios de alimentación: Con denominaciones como restaurantes populares, comedores sociales, casas de alimentación o albergues, estos programas procuran entregar alimentación, al menos una vez al día, en sectores sociales focalizados. Las instituciones ejecutoras pueden contar con sus propias instalaciones o tercerizar el servicio mediante un subsidio al proveedor. Es el caso de comedores para trabajadores de empresas como sucede con el Programa Alimentación del Trabajador de Brasil. En esta línea cabe destacar el Programa Casas de Alimentación de Venezuela, donde las operadoras son


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dueñas de casa entrenadas y equipadas, que brindan los servicios de comida a sus vecinos, una o dos veces al día. La cobertura alcanza las 900 mil personas. Distribución de alimentos: Se trata de sistemas públicos de distribución de alimentos que utilizan principalmente los consultorios de atención primaria, aunque a veces se usan otros tipos de establecimientos. Los alimentos se pueden distribuir en raciones (por ejemplo leche u otros alimentos reforzados) de acuerdo con segmentos etarios (niños, mujeres embarazadas, adultos mayores), o en cestas de alimentos variados para ser usados por unidades familiares en condición de riesgo. En algunos países estos programas se abastecen con productos provenientes de la pequeña agricultura familiar o, en todo caso local, y en otros, como en Ecuador, las raciones alimenticias se diversifican según las regiones socio-culturales del país. Promoción de la producción para el autoconsumo: Si bien desde hace mucho tiempo se promueve en la región la producción doméstica de alimentos en zonas rurales, como huertos caseros y escolares, crianza de animales menores y técnicas de conservación de alimentos, para mejorar su disponibilidad en el hogar, en el último tiempo han comenzado a surgir diversos programas orientados a impulsar ese tipo de actividades en las zonas urbanas, en especial en grandes ciudades. Este tipo de actividades promueve la producción de alimentos frescos, saludables y a bajo costo, de modo de mejorar los hábitos de consumo de la población urbana, gracias al incremento en la variedad y disponibilidad de alimentos, y generar ahorros en el presupuesto familiar. Entre ese tipo de programas nacionales se pueden destacar los siguientes:

Colombia: Red Nacional de Seguridad Alimentaria, RESA Urbana. Brasil: Programa Nacional de Agricultura Urbana (Fome Zero). Argentina: ProHuerta. Ministerio de Agricultura. Cuba. Secretaría Nacional de Agricultura Urbana. Venezuela: Programa Nacional de Agricultura Urbana, del Ministerio de Agricultura.

Además, hay otros que se ejecutan en los municipios, entre los que se destacan los de Santa Fe de Bogotá, Medellín, Lima, Buenos Aires, Belo Horizonte y El Alto (La Paz). C) ÁREA DE POLÍTICAS PARA LA ASISTENCIA EN SALUD NUTRICIONAL Sobre esta área de acción se dispone de escasa información, entre otras cosas porque muchas veces resulta difícil aislarla del ámbito más amplio de la salud materno-infantil. En casi todos los países hay unidades especializadas en salud nutricional que forman parte de los sistemas de salud primaria. Las actividades de control de crecimiento y desarrollo son relativamente habituales en los consultorios. Sin embargo, se ignora los alcances y coberturas de este tipo de atención para casi todos los países, y más aún en zonas rurales. Este tipo de actividades, permanentes y rutinarias, además de las de atención secundaria, donde se realizan tratamientos más complejos a pacientes desnutridos, por lo general son muy poco difundidos. En ese contexto, las acciones en el área nutricional que más se divulgan son las campañas a favor de la lactancia materna, y las que se orientan a cubrir deficiencias nutricionales específicas. Respecto de las primeras, si bien no se dispone de un inventario de esas campañas en la región, se reconocen sus positivos resultados: mientras que al inicio de la década, la prevalencia promedio de la lactancia materna exclusiva alcanzaba tan solo al 25% de los niños menores de tres meses, hoy esa prevalencia alcanza por lo menos al 38% (CEPAL-UNICEF-SEGIB, 2001). En el caso de las deficiencias nutricionales, las acciones consisten en la distribución de alimentos fortificados (leche, harinas) y/o de suplementos vitamínicos, ferrosos, yodados o de otros micronutrientes, a veces dirigidos en forma amplia a toda la población, y en otras, adecuados a tipos específicos de destinatarios (niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, en posparto). Programas de este tipo se implementan en Centroamérica, en especial El Salvador, Guatemala y Nicaragua, y en Sudamérica, en Bolivia, Brasil y Chile.


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D) ÁREA DE POLÍTICAS PARA LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN La educación y formación en alimentación y nutrición constituye un área de acción que si bien se realiza desde hace mucho tiempo en algunos países de la región, puede considerarse en general de “bajo perfil”. Su importancia radica en que entrega herramientas a los grupos de riesgo, en especial a niños en edad escolar, madres lactantes y personas en estado de inseguridad alimentaria grave, para mejorar el valor nutricional de la ingesta diaria. La mayoría de las acciones en este ámbito se implementa ya sea como parte de las actividades de atención primaria en salud (vía charlas y/o guías) o como oferta de actividades de educación de adultos; por ejemplo, promoción de huertos escolares y familiares y capacitación en preparación y consumo de alimentos. Otra modalidad a la que comienza a brindarse atención en algunos países, si bien todavía con escaso nivel de concreción, es la incorporación de la alimentación y nutrición como contenidos curriculares de los sistemas escolares. Hasta ahora se han realizado algunos proyectos de tipo experimental, o están en fase de formulación de esos contenidos. VIII. Priorización de grupos específicos en políticas y programas de seguridad alimentaria En todos los países de la región, las necesidades básicas insatisfechas de una gran parte de la población superan el presupuesto del Estado destinado a cubrirlas, por lo que se hace necesaria, si no imperiosa, la priorización de intervenciones. Como los DESC mínimos no están satisfechos, y no lo estarán para toda la población en un futuro cercano, se requiere priorizar sobre grupos meta, intervenciones y áreas geográficas, para llegar antes a los más necesitados y cubrir los mínimos, mínimos. En esa línea, el derecho a la alimentación da una mano en la priorización de la lucha contra el hambre, con algunos elementos de reflexión con serias implicaciones políticas y financieras. Según la Observación General núm. 12 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aborda las diferentes facetas del derecho a la alimentación, hay dos dimensiones de este derecho: una se denomina derecho a estar libre de hambre, la otra es el derecho a una alimentación adecuada. A modo de complemento, conviene subrayar que la obligatoriedad del PIDESC sobre los derechos contemplados en su interior se aplica siempre de un modo progresivo, lo que implica una asignación presupuestaria también progresiva y nunca regresiva, aunque siempre en la medida de las posibilidades del Estado. Esto abre una amplia zona gris sobre la exigibilidad y la intensidad de las intervenciones del Estado. Aunque está todavía en discusión, hay una corriente de pensamiento de los DESC que indica que las dos dimensiones del DA emanan obligaciones diferentes: el derecho a estar libre de hambre, al estar directamente ligado al derecho a la vida (derecho esencial para darle sentido a los demás) es de aplicación inmediata y se puede focalizar en aquellos que sufren de hambre. Los hambrientos no pueden esperar una realización progresiva. La otra dimensión es el derecho a una alimentación adecuada, aplicable a todos los ciudadanos sin distinción, y que contempla tener los medios de vida para satisfacer las propias necesidades alimentarias, las preferencias de cada individuo y el respeto a su cultura, que los alimentos se produzcan de manera sostenible y con normas de inocuidad adecuadas, entre otras facetas. Esa dimensión implica diversos aspectos y amplios recursos, afecta a todo el mundo (es un derecho universal) y siempre faltan cosas por hacer. El PIDESC, en este caso, no establece una aplicación inmediata para el derecho a una alimentación adecuada. Las consecuencias de esta doble dimensión del derecho a la alimentación son claras: priorización inmediata a los que pasan hambre, con acciones claras y fondos suficientes para que dejen de pasar hambre. Seguido de acciones para toda la población, de realización progresiva, para que mejoren su


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alimentación en cantidad y calidad, optimicen los métodos de producción y cumplan las normas fitosanitarias. En la región, en general, se evidencia una clara tendencia a priorizar en las políticas y programas de seguridad alimentaria y nutricional a niños y adolescentes en edad escolar y preescolar, madres gestantes y lactantes y familias en situación de pobreza o pobreza extrema. Los programas de seguridad alimentaria y nutricional tienen una clara tendencia a estos grupos en Bolivia, Argentina, Honduras, El Salvador, Paraguay, Panamá, Nicaragua, Colombia, México y Venezuela. También existe una especial atención en programas orientados al combate contra la desnutrición crónica infantil, como el caso de Perú. De hecho, cada vez más los países de la región alinean su objetivo nutricional con la erradicación de la desnutrición crónica infantil, como la manifestación más grave, profunda y comprometedora del hambre en la región. IX. La alimentación se hace derecho: marcos legales de seguridad alimentaria América Latina enfrenta un momento único y definitorio para priorizar el derecho a la alimentación en la agenda política de la región. Los gobiernos del continente no sólo han manifestado su voluntad de impulsar marcos legales que aseguren el derecho a la alimentación para sus ciudadanos, sino que cada vez se vislumbran más acciones para incorporar los principios del derecho a la alimentación en el marco legal nacional. El derecho a la alimentación se consolida como el marco legal y conceptual alrededor del cual se debe articular el combate nacional al hambre. Este es un derecho universal, para todos los ciudadanos. 9.1 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A LA VANGUARDIA DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Hoy la región es la más avanzada en leyes, instituciones y conocimiento público del derecho a la alimentación y está a la vanguardia en su implementación práctica. El hecho de que la sociedad latinoamericana esté significativamente sensibilizada respecto de los problemas del hambre y demande la puesta en práctica de soluciones y el respeto por los derechos humanos tiene consecuencias que van más allá de su territorio, ya que proporciona lecciones relevantes a otras regiones como Asia y África. Desde 2003 hasta ahora, en América Latina y El Caribe se ha producido un notable progreso del marco legal e institucional, cuyo objetivo es garantizar el derecho a estar libre de hambre y a tener una alimentación adecuada para todos y cada uno de los ciudadanos de los países de la región. Hay que reconocer que, de manera progresiva –pero nunca al ritmo que demanda la sociedad– el tema de la lucha contra el hambre se inserta y fortalece en las agendas públicas nacionales y regionales de América Latina. 9.2 LOS MARCOS LEGALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA REGIÓN En el caso de algunos países, los cambios institucionales han ido de la mano de cambios normativos legales o constitucionales; mientras que en otros casos, se ha enfrentado la problemática de seguridad alimentaria y nutricional con los instrumentos que entregan las políticas públicas y programas nacionales, y usado el marco legal existente. Algunos países de la región han incorporado el derecho a la alimentación adecuada en su ordenamiento constitucional, y le han otorgado el más alto nivel jurídico. Dicha incorporación tiene amplios matices y diferentes enunciados según los países. Algunas cartas fundamentales señalan explícitamente que el Estado tiene la responsabilidad ante el derecho a la alimentación de sus ciudadanos (Bolivia,19 Ecuador, Guatemala y Nicaragua). Otros manifiestan que el “estado nutricional adecuado” o la “seguridad alimentaria” de la población son responsabilidad del Estado, sin hacer

19 En Bolivia hay una propuesta de nueva Constitución que incorpora el derecho a la alimentación, pero que necesita ser aprobada en un referéndum para hacerse efectiva.


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referencia expresa al término “derecho a la alimentación” (Panamá, República Dominicana, Venezuela y Honduras). Algunos países sólo mencionan el derecho a la alimentación en relación con los niños, y no para toda la población (Brasil, Colombia, Cuba y México), aunque mantienen la responsabilidad de la garantía de ese derecho en el Estado. Sin embargo, Paraguay y Honduras mencionan que el derecho a la alimentación de los niños es responsabilidad de sus progenitores y exime al Estado de esa obligación. Algunos países otorgan rango constitucional a los tratados internacionales (por ejemplo, PIDESC) que se refieren a la materia (Argentina y Costa Rica). En la Tabla núm. 1 se detalla la situación actual de 18 países de América Latina y El Caribe a partir del grado de pronunciamiento de sus constituciones respecto del derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional. Como se señaló en un estudio previo de FAO sobre esta materia, la mayoría de los países reconocen, de un modo u otro, algunas de las dimensiones del derecho a la alimentación en su ordenamiento constitucional (FAO, 2006a). Tabla núm. 1: Constituciones de América Latina y su referencia al derecho a la alimentación

País Artículo de la Constitución Fecha de aprobación, última

modificación en paréntesis

Mención específica derecho a la alimentación

para todos los habitantes

Bolivia 16° Otras menciones: 82° y 321°

2007

Ecuador 3° y 66° Otras menciones: 31°, 69°

2008

Guatemala 99° Otras menciones: 51°

1985 (1993)

Nicaragua 63° 1995 (2000) Mención

específica a la seguridad

alimentaria

Venezuela 305° 1999 Bolivia 16° 2007

Deber del Estado/Gobierno

de proteger o mejorar el estado

nutricional población

Panamá 110° 1972 (1994) República

Dominicana 8° 2002

Honduras 150° 1982 (2005)

Mención específica al derecho a la

alimentación de niños

Brasil 227° Otras menciones: 7°, 208°, 212°

1988 (2004)

Colombia 44° 1991 (2005) Cuba 9° 1976 (1992)

México 4° 1917 (2008) Mención

específica al derecho a la

alimentación de niños (padres responsables)

Paraguay 53° 1992 (2002) Honduras 121° 1982 (2005)

Otorga rango constitucional a

tratados internacionales

como el PIDESC

Argentina 75° 1994 Costa Rica 6° 1949 (2003)

Sólo se refiere al derecho a la salud y seguridad social

Chile 19° 1981 (2005) El Salvador 35°-38°, 66°-70, 101° 1983 (2000)

Perú 4°, 10°, 11, 24° 1993 (2005) Uruguay 44°, 46°, 67° 1967 (2004)

Fuente: Elaboración propia basándose en FAO (2006a). El marco legal-institucional de seguridad alimentaria y nutricional se construye en muchos países mediante leyes específicas. Hoy existen 15 países con leyes SAN o proyectos de ley en debate. Hay


20

cinco países con una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ver Tabla núm. 2). Además, es muy destacable la efervescencia política que hoy vive la región, con diez proyectos de ley de seguridad alimentaria en discusión o elaboración en los congresos y cámaras de diputados. Por último, hay que destacar la existencia de otros proyectos de ley en materia de seguridad alimentaria y nutricional, como el proyecto que crea el Instituto Nacional de Nutrición en Argentina o el que revisa las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONAN) de Bolivia. En Perú, también existe un decreto gubernativo (septiembre de 2004) que sanciona la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015. En Panamá, el Gobierno estableció, mediante Decreto Ejecutivo del 18 de octubre de 2004, la Secretaría Nacional de Coordinación y Seguimiento del Plan Alimentario Nacional, adscrita al despacho del Presidente de la República, con el fin de proponer, coordinar, supervisar y evaluar las acciones de promoción de seguridad alimentaria. Lo más reciente que se ha recogido es una propuesta de ley en Haití para transformar la Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria en una Oficina permanente, al elevar su perfil institucional y sus funciones como ente coordinador y supervisor. Tabla núm. 2: Países de América Latina que cuentan con una ley o proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional

País Ley/proyecto de ley Año de elaboración

y/o inicio discusión parlamentaria

Año de aprobación y promulgación

Países con ley SAN aprobada

Argentina Ley programa nacional de alimentación y nutrición

2002 2003

Brasil Ley orgánica de seguridad alimentaria y nutricional

2005 2006

Ecuador Ley de seguridad alimentaria 2000 2006 Guatemala Ley sistema de seguridad

alimentaria y nutricional 2003 2005

Venezuela Ley orgánica de seguridad y soberanía alimentaria

2007 2008

Países con proyecto

de ley SAN

Colombia Proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional

2007

Ecuador Proyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional

2008

Costa Rica Proyecto de ley marco de seguridad alimentaria y nutricional

2004

Honduras Proyecto de ley marco sobre la alimentación

2007

México Proyecto de ley de planeación de soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional Proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional para México DF

2005

2008

Nicaragua Proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional

2001

Panamá Proyecto de ley del sistema de seguridad alimentaria y nutricional

2005

Paraguay Proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional

2008

Perú Proyecto de ley de derecho a una alimentación adecuada

2007

República Dominicana

Proyecto de ley sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional

2007

Fuente: Elaboración propia.


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9.3 FORTALEZAS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESAFÍOS PENDIENTES Las leyes de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación reflejan un interés de los estados en cumplir de manera progresiva con el derecho a la alimentación, pues la construcción de marcos legales ya aparece contemplado en el PIDESC, en la Observación General núm. 12 y en las Directrices Voluntarias.20 a. Todas incorporan una referencia al derecho a la alimentación, como principio legal rector de la

naturaleza de la ley. Sin embargo, hay divergencias en las definiciones adoptadas, pues rara vez se recogen las definiciones de seguridad alimentaria, derecho a la alimentación y soberanía alimentaria adoptadas en los tratados internacionales o los documentos firmados por los propios países.

b. Todas las leyes crean un sistema nacional de seguridad alimentaria21 para articular las acciones de diversos ministerios con el objetivo de acabar con el hambre y la desnutrición y bajo la forma de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria como órgano rector del sistema, ligado al más alto nivel (Presidencia o Vicepresidencia) y formado por ministros y representantes de la sociedad civil. En el caso brasileño, este Consejo tiene carácter consultivo, mientras que en Guatemala y Ecuador es un órgano de decisión vinculante. Se recomienda que la presidencia de este organismo recaiga en el Presidente o Vicepresidente, para darle una vinculación al máximo nivel, y que los miembros sean ministros o viceministros.

c. Las cuatro leyes establecen una priorización de grupos vulnerables, muy acorde con una de las dimensiones del derecho (estar libre de hambre), pero sólo Argentina y Brasil mencionan la inocuidad de los alimentos, uno de los aspectos universales del derecho relacionado con la alimentación adecuada.

d. En los procesos de construcción de estas leyes ha participado la sociedad civil organizada, lo que se refleja en sus estructuras de decisión, en especial en Brasil, donde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (órgano consultivo) tiene representación de mayoría de la sociedad civil. En Guatemala y Ecuador, la sociedad civil y el sector privado están representados en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, órgano rector y decisorio sobre el tema.

e. Algunas leyes (Guatemala y Ecuador) indican en forma expresa los mecanismos de vigilancia y análisis de la seguridad alimentaria, pero ninguna incorpora actividades de prevención ni de reparación inmediata en caso de pasar hambre.

f. Como tema pendiente, no se tratan los aspectos de justiciabilidad y los mecanismos para reclamar la violación del derecho a la alimentación. Hay que determinar instancias judiciales, cuasi-judiciales y administrativas a las que se puedan presentar reclamos y recursos de amparo por haberse violado el derecho a la alimentación. También habría que establecer unas penas determinadas en el Código Penal.

g. Deberían incorporar una asignación presupuestaria acorde con la magnitud del problema, al distinguir entre presupuesto necesario para mantener operativo el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, y presupuesto para realizar programas de terreno para combatir la desnutrición. Además, no se asegura la progresividad en el gasto y su no-regresividad en ninguna de las leyes, tal y como establece el PIDESC y la obligatoriedad de la implementación progresiva. La ley de Guatemala establece un mínimo presupuestario y la de Ecuador un fondo para luchar contra el hambre (que nunca se hizo operativo), pero nada dicen sobre un gasto social progresivo para garantizar el derecho a la alimentación.

20 El derecho a la alimentación aparece en el artículo núm. 11 del PIDESC y se complementa con la Observación General núm. 12 de las Naciones Unidas, que reafirma su carácter vinculante. Las leyes también se incorporan en las Directrices Voluntarias ratificadas por 185 países en 2004. En América Latina y El Caribe hay siete países que no han ratificado el PIDESC (Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas, Cuba, Haití, San Kitts y Nevis y Santa Lucía), pero todos ellos ratificaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aprobaron, como miembros de FAO, las Directrices Voluntarias. Su compromiso es más moral que contractual, pero algunos han hecho un notable trabajo en pos del derecho a la alimentación, como Cuba. 21 La ley de Argentina se refiere a la creación de un programa nacional de seguridad alimentaria, y menos a la articulación de un sistema nacional de instituciones, responsabilidades, objetivos y fondos.


22

h. La litigación estratégica y el acopio de jurisprudencia son todavía temas casi inéditos, ya que apenas hay casos planteados y resueltos con sentencia de violación de este derecho.22 De hecho, apenas hay seis casos documentados de uso del derecho a la alimentación como argumento jurídico y que hayan tenido sentencias favorables. Y de ellos, algunos usan el derecho a la alimentación de manera tangencial y no como el tema central de la argumentación. Hace falta mucha más litigación estratégica a cargo de asociaciones de juristas y ONG defensoras de los derechos humanos para crear jurisprudencia. En septiembre de 2007 se incorporó otro interesante caso en Argentina:23 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso como medida cautelar que el Estado nacional y el Gobierno de la Provincia del Chaco provean de alimentos y agua potable a las comunidades indígenas Toba de la Provincia, así como también de un medio de transporte y comunicación adecuados a cada uno de los puestos sanitarios porque son responsables principales de la vigencia efectiva de los derechos de los pueblos originarios. Esta resolución fue el resultado de una acción interpuesta por el Defensor del Pueblo de la Nación, para modificar las deplorables condiciones de vida de las comunidades Toba, que de manera regular aparecen en los diarios porque sus niños mueren de desnutrición severa aguda.

X. Participación de la sociedad civil y el sector privado Las políticas, las leyes y las instituciones son muy importantes. Sin embargo, en contextos nacionales caracterizados por grandes asimetrías de poder y poca regulación entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y el sector privado, las instituciones y las leyes poco podrán hacer si la sociedad civil no se empodera para monitorear el desempeño de las instituciones del Estado, y los ciudadanos consigan una mayor apropiación de sus derechos y deberes. Hay que fortalecer las capacidades de los ciudadanos para exigir el cumplimiento de sus derechos. Uno de los elementos emergentes más importantes de las reformas a la administración del Estado en América Latina ha sido la incorporación de la sociedad civil a los debates políticos e institucionales. No obstante, la participación de la ciudadanía aún no es relevante a la hora de definir grandes políticas y los actores políticos todavía no otorgan espacios reales de participación. En el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional, las políticas, estrategias y ordenamiento legal consideran ampliamente este aspecto. Como ejemplo de la participación social podemos mencionar los siguientes países:

Brasil: en la estrategia Hambre Cero, en la institucionalidad vigente y en los consorcios de seguridad alimentaria y desarrollo local (CONSAD) es el país donde la sociedad civil está más considerada (por lo menos en el papel) en la definición de políticas SAN.

Bolivia: el Consejo Nacional de la Alimentación y Nutrición contempla la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Argentina: la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación considera la participación de la sociedad civil organizada.

Honduras: la sociedad civil participa en las unidades locales de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y en su proyecto de ley SAN.

Perú: la sociedad civil tiene representación en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales.

Venezuela: existe representación de las organizaciones de la sociedad civil en asambleas agrarias y consejos comunales.

Panamá: la Secretaría del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición incluye participación de la sociedad civil.

22 En el sitio web de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales apenas hay seis casos de jurisprudencia relacionados con el derecho a la alimentación: dos en Paraguay, dos en India, uno en Nigeria y uno en Suiza. Los casos de Paraguay usan como argumento más bien el derecho a la tierra y a tener una vida digna. Ver http://www.escr-net.org/caselaw/caselaw_results.htm?attribLang_id=13441 [última consulta: 3 de marzo de 2009]. 23 Como ejemplo de litigación estratégica, se puede mencionar el trabajo del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (http://www.cels.org.ar/home/index.php), que nos proporcionó la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia.


23

Nicaragua: la participación de la sociedad civil se ejerce en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en el Comité Técnico.

Colombia: se considera la participación de la sociedad civil en el Comité Nacional de Prevención y Control de Micronutrientes.

México: se consideran organizaciones de la sociedad civil en el proyecto de ley SAN. En estos espacios de representación, la institucionalidad también contempla la participación del sector privado (organizaciones de empresarios y productores, sobre todo) o articula canales de información para que los intereses y opiniones del sector privado se puedan expresar en las más altas instancias del marco institucional de seguridad alimentaria. Así sucede, al menos, en Brasil, Guatemala, Perú, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Colombia y Honduras. XI. Propuestas para consolidar la institucionalidad de la seguridad alimentaria 1. Para garantizar que las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional se transformen en

políticas de Estado, mediante estrategias de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos internos, es fundamental la concertación de las metas y objetivos de largo plazo con los actores políticos y sociales involucrados, incluidos los actores de oposición. No se debe olvidar a las organizaciones de la sociedad civil y actores privados, e incorporarlos desde la fase de diseño de las políticas. En cada país, la identificación y apoyo a líderes sociales o políticos que abanderen y defiendan estas ideas emerge como uno de los principales desafíos. Se requieren más líderes en el combate al hambre.

2. Las políticas de Estado deben estar ancladas en ordenamientos jurídicos coherentes, para lo cual es importante ajustar la normativa existente a este esfuerzo de largo plazo, desde la Constitución Política hasta las normativas sectoriales, además de algunas leyes específicas (ver detalle de la situación de 19 países en Anexo núm. 1). Es conveniente que la normativa sea posterior a la definición estratégica, para que la aprobación de la ley sea la culminación de un proceso de consolidación institucional, y se evite aprobar leyes que no se cumplen y que debilitan el sistema político. Los parlamentos pueden aportar en este proceso al formar comisiones de estudio normativo de la seguridad alimentaria y nutricional; las que deberían incorporar, en la medida de lo posible, todos los colores políticos y tener amplia participación social. La socialización de las leyes con la ciudadanía se revela como una de las mejores armas para consolidar los procesos y ampliar la contraloría social del Estado. Esa es la democracia participativa y no sólo la electoral.

3. Las políticas públicas deberían considerar (i) un buen diagnóstico de la situación inicial y las

necesidades SAN del país, (ii) una correcta selección de los beneficiarios de cada programa y acción, focalizar las intervenciones en grupos prioritarios y mantener los criterios de selección a lo largo del tiempo, (iii) asegurar la coherencia entre las distintas acciones para evitar la duplicación de esfuerzos entre distintos programas y planes. Para ello, la existencia de un catastro único de beneficiarios es un punto clave; (iv) implementar un sistema de evaluación sistemática por parte de un organismo técnico preparado, que sirva de retroalimentación continua al sistema; y (v) involucrar a toda la sociedad en la educación sobre seguridad alimentaria y nutricional y derecho a la alimentación, y permitir el establecimiento de los objetivos SAN como un desafío país.

4. Generar un andamiaje institucional coherente con el organigrama general del Estado, al considerar

las particularidades institucionales, consuetudinarias e históricas de cada país. No hay que olvidar que lo que mejor ha funcionado a lo largo de la historia es una “buena” mezcla de arreglos institucionales nacionales con algunas ideas externas “innovadoras”, pero con pautas, tiempos y funcionarios nacionales. Las imposiciones exógenas siempre han resultado nefastas para la consolidación institucional.


24

5. Aun si se considera las particularidades de cada país, la experiencia parece demostrar la enorme importancia de dotar al sistema de seguridad alimentaria y nutricional de un agente coordinador intersectorial e interministerial, vinculado al más alto nivel de Gobierno (Presidencia o Vicepresidencia) y que cuente con cierta autonomía, un presupuesto definido y recursos humanos, físicos y tecnológicos adecuados para su funcionamiento eficaz. Este agente (Coordinadora, Secretaría, Ministerio. Consejo) tendría como funciones básicas la planificación, coordinación y monitoreo de las actividades de lucha contra el hambre, que por su propia naturaleza son multisectoriales e interministeriales. Por otro lado, se recomienda que esta institución, por lo general nueva en el esquema institucional tradicional del Gobierno, no tenga funciones operativas de terreno, para evitar su colisión de competencias orgánicas con los ministerios tradicionales, y para evitar la trampa política de ser “juez y parte”: ser quien decide sobre los planes, los fondos, las evaluaciones y, además, operar las actividades. En los países donde esta institución de coordinación supraministerial ha tenido esta separación de poderes, le ha ido mucho mejor que en aquellos donde se confunde la planificación con la ejecución.

6. Finalmente, en el marco de la Cooperación Sur-Sur, y a partir de las notables experiencias con las que cuenta la región, tanto en cantidad de dinero invertido, como en la calidad de los programas, marcos legales, contraloría social, sistemas de monitoreo y observatorios, y experiencias técnicas de lucha contra el hambre, recomendamos fomentar el intercambio entre países para aprender de los aciertos y errores en los diferentes procesos de consolidación institucional de la seguridad alimentaria y nutricional. Al sumar las experiencias positivas de todos los países, se podría construir hoy mismo el marco institucional de seguridad alimentaria “perfecto” para garantizar que en diez años se erradique el hambre de la región. Es una meta posible. Hay herramientas técnicas perfeccionadas, recursos financieros y humanos, y progresos en el marco institucional. Cada vez quedan menos excusas para no hacerlo. Al final siempre es cuestión de voluntad política. Querer es poder.

XII. Epílogo de esperanza: la Iniciativa “América Latina y Caribe Sin Hambre” se consolida en la agenda Brasil y Guatemala han cumplido un rol importante en la promoción del combate al hambre como prioridad política en la región. Estas gestiones se concretaron con la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre (ALCSH),24 proyecto al que se han sumado otros países y cuya Secretaría Técnica está a cargo de la oficina regional de FAO, con el apoyo financiero de España. Esta Secretaría impulsa la consolidación de los objetivos de la Iniciativa en las instancias regionales y en todos los países, con el objetivo de que América Latina y El Caribe sea la primera región en desarrollo libre de hambre. Diversos gobiernos han reafirmado su apoyo al combate al hambre durante 2008, tanto en eventos regionales como en declaraciones nacionales. La nómina incluye, entre otros a Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala, Paraguay y Uruguay, países cuyos líderes confirmaron que el tema es prioritario para sus gobiernos. Tal como lo señaló FAO desde hace muchos años, el primer compromiso necesario para erradicar el hambre es siempre político, y este compromiso pareció vivir durante 2008 un despegue notable. La idea de que la región puede librarse de una vez y para siempre de un flagelo que parece anclarnos en la Edad Media también se ha manifestado en declaraciones políticas en reuniones regionales. En la declaración final de la XVI Cumbre Iberoamericana de Uruguay,25 que tuvo lugar en octubre de 2006, todos los jefes de estado y de gobierno mostraron su apoyo específico a la Iniciativa ALCSH (punto 5° de la Declaración). En diciembre de 2007, el comunicado conjunto de los presidentes de los estados 24 La Iniciativa ALCSH fue lanzada por el Presidente Lula da Silva y el Presidente Óscar Berger de Guatemala en septiembre de 2005 en Guatemala. Persigue sensibilizar a tomadores de decisiones, formar a gestores de Gobierno y comunicar información a toda la población sobre el hambre en la región, con el objetivo de posicionar el tema en las agendas políticas de los países y de la región en su conjunto. La Iniciativa ha recibido el respaldo político de todos los presidentes de la región, tanto de manera individual como en declaraciones regionales. Ver http://www.rlc.fao.org/iniciativa. 25 Ver http://www.oei.es/xvicumbredec.htm [última consulta: 2 de marzo de 2009].


25

parte del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) difundido al término de la 34a Reunión del Consejo, en la que también participaron los presidentes de Bolivia y Chile, reiteró el compromiso de los países con la erradicación del hambre y la lucha contra la pobreza y su respaldo a la Iniciativa ALCSH.26 Otras muestras del apoyo político recibido tuvieron lugar en Guatemala durante el V Foro Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, organizado por el PARLACEN y el SISCA, donde se volvió a hacer mención expresa a la Iniciativa ALCSH. Así mismo, en la Declaración Final del III Foro Parlamentario Iberoamericano27, celebrado en Valparaíso el 11 y 12 de noviembre de 2007, se hace una referencia explícita en el punto 3 a que “instando a los parlamentos iberoamericanos a que promuevan la aprobación de leyes específicas sobre seguridad alimentaria, con el objeto de coadyuvar a los gobiernos nacionales a luchar contra el hambre y la extrema pobreza”. La Declaración Final de la XXX Conferencia Regional de FAO para América Latina y El Caribe (14 al 18 de abril de 2008) ratificó el apoyo de los países a la Iniciativa, y se le solicitó a la Secretaría una concentración de esfuerzos en varias áreas donde hay valor agregado: construcción de la institucionalidad SAN, Observatorio del Hambre, apoyo a políticas públicas, Cooperación Sur-Sur, formación técnica, promoción de investigación SAN y sistematización de experiencias exitosas. En la Declaración Final de la reciente Cumbre de América Latina y El Caribe sobre Integración y Desarrollo, celebrada el 16 y 17 de diciembre en Salvador de Bahía, los 33 países allí presentes apostaron por fortalecer los procesos de integración en el ámbito alimentario y redoblar las acciones en apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, al ratificar su objetivo: erradicar el hambre de la región. Es significativo que la Iniciativa ALCSH haya sido mencionada en el informe final del anterior Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, como una de las experiencias regionales exitosas que merecen la pena seguir impulsándose (UN, 2008). Durante 2008, en el marco de la Iniciativa ALCSH, se promovió la idea de un Frente Parlamentario contra el Hambre de carácter regional, constituido por aquellos congresos y cámaras de diputados que hayan formado ese frente nacional, con el doble objetivo de impulsar marcos legales que amparen el derecho a la alimentación, y promover una mayor asignación presupuestaria a programas de lucha contra el hambre. Esta idea ha sido ya presentada en República Dominicana, Haití, México y Brasil, y en foros regionales del PARLACEN, el Parlamento Andino, el Parlatino, el Foro Europarlamentario y el Foro Parlamentario Iberoamericano.

26 Ver http://www.mercosur.coop/recm/IMG/pdf/comunicado_conjunto_mercosur.pdf. 27 Ver http://www.foro-chile.cl/prontus_foroiberoa/site/artic/20070913/asocfile/iii_foro_declaracion_de_valparaiso_2007.pdf


26

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29

Anexo núm. 1: Situación político-institucional de la lucha contra el hambre en América Latina País Derecho a la alimentación en la

Constitución Política Ley de Seguridad Alimentaria Política Nacional SAN

Argentina No se menciona, pero el art. 75, inciso 22° se refiere al rango constitucional del PIDESC.

Ley Programa Nacional de Nutrición 2003.

Plan Nacional SAN 2003.

Bolivia Se refiere al derecho a la alimentación en el art. 16, otras menciones en el art. 82 y art. 321 (Constitución en espera de aprobación ciudadana).

Decreto Gubernativo CONAN 2003. Sin política específica SAN, pero sí se menciona en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 y el Programa Desnutrición Cero.

Brasil Menciona derecho de los trabajadores a ser atendidos por su empleador en alimentación (art. 7), alimentación escolar (art. 208 y 212), y como deber de las familias, el Estado y la sociedad alimentar a los niños (art. 227) y a la salud y maternidad (art. 6).

Ley orgánica de seguridad alimentaria y nutricional aprobada en 2006.

Documento final de la III Conferencia de SAN y el Programa Hambre Cero.

Chile No se menciona, pero hace referencia al derecho a la salud y a seguridad social (art. 19).

No existe un proyecto de ley. Sin política específica en SAN, pero se menciona en Plan Nacional de Salud.

Colombia Se refiere al derecho a un nivel de vida adecuado (arts. 44, 46, 47, 48, 49) y al derecho a la alimentación de los niños (art. 44).

Proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional en discusión desde 2007.

Política SAN 2008.

Costa Rica No se menciona, pero sí la superioridad de los tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa, como el caso del PIDESC (art. 6).

Proyecto de ley marco SAN en discusión desde 2004.

Política SAN 2006-2010.

Cuba Se refiere al derecho del niño a la alimentación (art. 9), además a la seguridad social (art. 48).

No existe un proyecto de ley. Sin una política específica SAN.

Ecuador Se refiere al derecho a la alimentación (art. 3 y 66), además se lo menciona en otros artículos (arts. 32 y 69).

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada 2006 y un proyecto de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 2008.

Declaración seguridad alimentaria y nutricional como política de Estado 1998.

El Salvador No se menciona, pero hace referencia al derecho de los trabajadores, seguridad social y salud (arts. 35. 37. 38, 66, 69, 70, 101).

No existe un proyecto de ley. Política nacional SAN 2003, Plan SAN 2006.

Guatemala Se menciona (art. 99) y la protección de los niños y ancianos (art. 51). Ley Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional aprobada en 2005.

Plan Estratégico SAN 2007-2016.

Honduras Señala que el Poder Ejecutivo fomentará programas para mejorar el estado nutricional de la población (art. 150) y menciona el derecho a la alimentación de los niños, otorgándole la responsabilidad a los padres (art. 121).

Proyecto de ley marco sobre la alimentación en discusión desde 2007.

Política SAN 2005-2015.

México Se refiere al derecho a la alimentación de niños (art. 4) y a la seguridad social (art. 123).

Proyecto de ley de planeación de soberanía y seguridad agroalimentaria y nutricional 2005, proyecto de ley de seguridad alimentaria y nutricional,

Sin política específica SAN, pero se menciona en la política de desarrollo social 2007-2012.


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México D.F.

Nicaragua Se refiere al derecho a la alimentación (art. 63). Proyecto de ley SAN en discusión desde 2001.

Política Nacional SAN 2000 y Programa Hambre Cero.

Panamá Se refiere a la responsabilidad del Estado de proteger el estado nutricional de la población (art. 110).

Proyecto de ley del sistema de seguridad alimentaria y nutricional desde 2005.

Plan SAN 2000.

Paraguay No se menciona, pero se refiere a la responsabilidad de los padres de alimentar a los niños (art. 53) y a la seguridad social (art. 95).

Proyecto de ley SAN en elaboración desde 2008.

Sin una política específica SAN, pero se menciona en la Política Nacional de Salud 2005-2008 y en el Plan Agrario Rural 2004-2008.

Perú No se menciona, pero se refiere a la integridad física de los niños, a la seguridad social (arts. 4, 10, 11, 24).

Proyecto de ley de derecho a una alimentación adecuada en discusión desde 2007.

Estrategia nacional SAN 2004.

República Dominicana No se menciona, pero se refiere a la responsabilidad del Estado de mejorar la alimentación para los habitantes (art. 8).

Proyecto de ley que asegura el sistema nacional de seguridad alimentaria en discusión desde 2007.

Sin una política específica SAN, pero sí se menciona en el Plan Estratégico de Salud 2008-2009.

Uruguay No se menciona, pero se refiere al derecho a la salud (arts. 44 y 46) y seguro social (art. 67).

No existe un proyecto de ley. Sin una política SAN específica, pero sí se menciona en el Plan de Equidad 2007.

Venezuela La obligación SAN se menciona (art. 305). Ley orgánica de seguridad y soberanía alimentaria aprobada 2008.

Estrategia Nacional SAN 2004.

Fuente: Elaboración propia.

leyes, politicas e instituciones contra el hambre en el contexto latinoamericano

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