De la historia y otros textos parlamentarios

Luis Barragán (*)

(*) Diputado a la Asamblea Nacional por el estado Aragua y, como Subjefe de la Fracción de Independientes, integrante de la Junta de Coordinación de las Fracciones Parlamentarias de la Unidad Democrática. En reclamo de una básica tradición parlamentaria en Venezuela, el primer texto alude a la necesidad de abordar y sistematizar su historia, mientras que, en los restantes, original e igualmente publicados por vía digital, luego replicados por la prensa convencional, reseña cuatro importantes títulos obre la institución @LuisBarraganJ

1.- Historia Parlamentaria de Venezuela 2.- Las inmunidades parlamentarias 3.- Cuatro perfiles 4.- La disciplina parlamentaria 5.- La inmunidad parlamentaria

1.- Historia Parlamentaria de Venezuela

Significativamente, antes que la pólvora, comenzamos nuestra vida republicana e independiente a través de la deliberación organizada. El Congreso de 1811 fue desembocadura firme y cierta del intenso debate escenificado por las municipalidades, iniciando un largo y accidentado itinerario que autoriza a hablar de una esencial tradición parlamentaria. Sin embargo, tradición ahora ignorada, subestimada y preterida.

Juan Vicente Gómez con su hijo, se presenta a la plenaria del Congreso (Élite, Caracas, nr. 33 del 10/05/1926): aún las dictaduras más feroces solían guardar las formas que, ahora, ni se disimulan. Por entonces, la más fiel clientela política

hallaba refugio en el Senado o en la Cámara de Diputados y Pedro Emilio Coll, conocido escritor, por ejemplo, llegó a presidir la corporación. Si de facturación de leyes se trata, como suele creerse la principal responsabilidad de la institución,

negada la libre deliberación y el eficaz control de la Administración Pública, las dictaduras – mal que bien legislaron. No obstante, revelando su naturaleza, además de facilitar el criterio para evaluar a la actual Asamblea Nacional, resultan

indispensables las otras facetas, añadiendo el presupuesto, la titularidad de los otros órganos del Poder Público que lo requieran, los nombramientos ordinarios, la aprobación de los contratos públicos, etc.

En los últimos años, se ha hecho indispensable una historia parlamentaria de Venezuela que evidencie el inocultable retroceso en un ámbito que sintetiza la irreprimible pluralidad y

complejidad de un país forzado a callar ante las distintas vicisitudes que padece. Institución fundamental, hubo dictaduras que, de no cancelarla o aplastarla, transitoriamente, debieron consentirla para amagar un mínimo consentimiento democrático que le dio refugio inevitable a los múltiples intereses que garantizaron un soporte imposible por la sola invocación de las bayonetas.

Añadidas las innumerables asambleas constituyentes, entre otras expresiones que se les acercaron, procuraríamos una copiosa cronología de los hechos y actores que (des) hicieron al importante órgano del Poder Público, intentando destruirlo o reivindicarlo, pero luce aconsejable un marco teórico que permita la comprensión del fenómeno – en definitiva, el de su propia subsistencia - más allá de los datos lineales, facilitando la asunción de los más contradictorios acontecimientos. Probablemente, el populismo y sus antecedentes, abarcando la transición del país rural al predominantemente urbano, incluida la renta petrolera, pudiera abrir el generoso camino para una más acertada interpretación sistémica.

Eleazar López Contreras se juramenta ante el Congreso Nacional (Élite, Caracas, nr. 555 del 02/05/36). Huelga comentar la preponderancia del órgano Ejecutivo en Venezuela, elegidos indirectamente los miembros del órgano Legislativo décadas

atrás. Empero, después del referido año, el Congreso Nacional evolucionó paulatinamente hasta asimilar las corrientes opuestas al gobierno nacional, las cuales conquistaron un definitivo desarrollo a mediados de la década de los cuarenta y,

evidentemente, retomándolo, luego de 1958.

Obviamente, necesitamos de una adecuada definición del parlamento y de sus vicisitudes, a la luz de la doctrina constitucional, la normativa específica y las elaboraciones jurisprudenciales que haya generado. Hay constantes muy afortunadas en los reglamentos de Interior y Debates que

ayudarán al contraste inmediato de los eventos, por lo menos, con menor puntaje dramático que el impuesto por el ahora vigente que las traiciona, permitiéndonos advertir las prácticas administrativas, la eficacia de la comisión de mesa y de las fracciones, y hasta las responsabilidades y medidas adoptadas en términos de seguridad interior, perfilando las relaciones con los demás órganos del Poder Público.

Uno de los debates más estelares y duraderos del parlamento venezolano, junto al que consideró la nacionalización petrolera de 1976, por ejemplo, versó sobre el Decreto de Suspensión de Garantías, en los inicios de la democracia

representativa: César Rondón Lovera, Raúl Ramos Giménez, Gonzalo Barrios, Hugo Briceño Salas, Rafael Caldera, Simón Sáez Mérida y Domingo Alberto Rangel (Momento, Caracas, nr. 239 del 12/02/61).

La nómina de los senadores y diputados que hemos tenido, las mayorías simples y calificadas, la contabilidad de sus asistencias, el trabajo en las sesiones plenarias y en las comisiones permanentes y especiales, los discursos, la representatividad social, el tiempo de labores, el traslado y hospedaje en la ciudad capital, la formación académica, la correlación de fuerzas políticas, el quórum, la consistencia de los recursos parlamentarios empleados, el audio y disposición de los hemiciclos, son algunos de los aspectos específicos a tratar. Sumemos los allanamientos a la inmunidad parlamentaria que, requeridos de la formalidad básica de un proceso, no equivalen al burdo desconocimiento o pistoletazo de las curules.

Rómulo Betancourt en el Congreso (Momento, Caracas, nr. 344 del 17/02/63). Luis Beltrán Prieto Figueroa, Ildegar Pérez Segnini y Eligio Anzola, en la cámara (Momento, Caracas, nr. 348 del 17/03/63). Jóvito Villalba, José Vicente Rangel,

Tenorio Sifontes, Betancourt y Fabricio (Momento, Caracas, nr. 611 del 31/03/68).

La más complicada, engorrosa y fatigosa tarea de investigación es la de establecer una clara correspondencia hemerográfica e historiográfica de las discusiones en cámara y en las comisiones, agregados los informes y otras diligencias resultantes. No basta con la paciente consulta y catalogación de los Diarios de Debates, sino que – interrogándonos sobre la supervivencia misma de las fuentes - deben sintonizar con los archivos administrativos, la prensa, la propaganda, los

estudios de opinión, y la polémica política, social y académica suscitada, ponderando la cultura política dominante.

Jorge Olavarría cerró un ciclo importante en la historia parlamentaria venezolana, con su valiente discurso en la sesión del Congreso de la República del 5 de julio de 1999. Siguió la etapa actual, en la que – emblemática y literalmente – la bancada

democrática de la oposición fue golpeada por el oficialismo, desesperado en su intento de apabullarla, el 30 de abril de 2013.

Monumental esfuerzo el de concebir y hacer una historia parlamentaria de Venezuela que remitirá a una pregunta más de las veces ociosa: ¿Para qué servirá? , habida cuenta de la incomprensión y desprestigio de la institución que parece consolidado luego de varias décadas de soportar el denuesto. Por lo pronto, consideremos que las distorsiones, fallas, malentendidos, errores y fracasos del hoy Poder Legislativo en Venezuela, no serían de las dimensiones alcanzadas de haber compartido noticias de lo que fue en 188 años.

[23/03/2015: http://www.noticierodigital.com/2015/03/historia-parlamentaria-de-venezuela]

2.- Las inmunidades parlamentarias

La progresiva informalización de la vida política que también atañe y afecta a la oposición, menoscabado el debate público, ha dado alcance a las prerrogativas, privilegios y garantías parlamentarias. Favorable al poder establecido, aventajado por el desconocimiento ya generalizado de la institución, la Asamblea Nacional luce como una instancia complementaria de mera tramitación: parla, habilita, acata y fía, en lugar de parlamentar, legislar, controlar y presupuestar adecuadamente.

“Las inmunidades parlamentarias en el constitucionalismo venezolano” de Héctor Granados (Editorial Emeve, Caracas, 2012), es un magnífico aporte para actualizar los problemas que tienden a perder identidad y perfil, en medio de los vericuetos y anécdotas de cada coyuntura que nos

agobia. De incuestionable sustentación jurídica, aunque lo deseábamos de una mayor y necesaria pormenorización histórica a partir de 1958, apenas enunciados algunos casos (123), el título versa sobre los orígenes y la terminología de las prerrogativas y privilegios, la irresponsabilidad e inmunidad, las respuestas del constitucionalismo venezolano y, concretamente, las del período denominado bolivariano, con sendos anexos que hablan de la universalidad de los fueros cívicos.

Sintetizando las garantías funcionales de todo Estado democrático y, por tal, constitucional, en beneficio de la indispensable libertad e independencia de un órgano del Poder Público, el problemario requiere de la preocupada atención – incluso – de los propios partidarios del gobierno que igualmente los perjudica, aunque de eufemismos se haga una rutina política que no contribuye a la real, genuina y efectiva formación de la voluntad general del parlamento, contaminándola: nunca habrá objeción de conciencia, con la que – en última instancia - está comprometido el diputado (68 s.), mientras que la encarne y dicte Miraflores, procurando un delito de toda natural disidencia.

Las actuaciones y planteamientos que realizan los parlamentarios, ameritan de la convincente protección que una larga tradición ha decantado, obligando a una mejor precisión doctrinaria. Por ello, los obstáculos e impedimentos para perseguirlos, acosarlos o – valga el término – eliminarlos, por sus diligencias, planteamientos y actuaciones de servidores públicos, pues, por más que los crean o se crean beneficiarios de una concesión graciosa, ejercen la legítima representación de la soberanía popular gracias a la voluntad universal, directa y secreta del electorado, inequívoca e irrefutable.

La irresponsabilidad y, específicamente, la inmunidad parlamentaria, confrontan inmensas dificultades en la Venezuela actual, ejemplificada – inicialmente – por la ausencia de una caracterización constitucional que contrasta con la de los países democráticos: “La norma 200 constitucional ofrece restricciones, limitaciones, pero no garantiza la protección del parlamentario”, manifiesta tajantemente Granados (133). A diferencia de las Constituciones de 1947 y 1961, la indeterminación o imprecisión del instituto, salvo el aspecto procedimental, a la usanza jurídica del régimen que tiene por soporte una redacción enrevesada, convierte la de 1999 en su negación (129 ss.). E, importa acotar, una negación deliberada, pues, el constituyente repitió detalladamente las previsiones sobre la irresponsabilidad parlamentaria de la carta anterior, innovando y extendiéndose sobre la autonomía universitaria, como no lo hizo sobre la inmunidad, desamparando al parlamentario (133, 138).

Significativamente, el diputado está expuesto a toda suerte de delitos (y faltas), privado de medidas cautelares (140), susceptible de la persecución interesada, agregadas las modificaciones

legislativas que tipifican el suicidio político de la corporación, como la llamada y consabida “Ley Antitalanquera”. Nos permitimos añadir la dócil aceptación por los oficialistas de versiones evidentemente ajenas a la realidad, consagrada la mayoría simple para el eventual allanamiento de la inmunidad de los adversarios, como les ocurriera a los gravemente amenazados en su momento: William Ojeda por cumplir con sus responsabilidades como vicepresidente de la comisión relacionada con los asuntos parlamentarios (¿lo recordará), o Richard Mardo dizque por agredir a una periodista.

Subrayemos, las inmunidades parlamentarias afrontan no sólo el desafío de los sempiternos abusos del Ejecutivo Nacional, de los grupos de presión y (contra) poder, sino las más perversas confabulaciones políticas, apenas sugeridas por el autor (93). Vale decir, los recursos y servicios de (contra) inteligencia del Estado pueden prefabricar un delito ordinario, en el contexto de una estrategia propagandística y publicitaria inescrupulosa, con el posible concurso o colaboración de potencias extranjeras, para imputar a un dirigente opositor, al igual que mañana ha de hacerlo con un disidente de sus propias filas.

Debido a la vaguedad del constituyente, la institución se convierte en un asunto de la disciplina parlamentaria (Título II, Capítulo III del vigente Reglamento Interior y de Debates), lesionando su naturaleza jurídico-constitucional (73 ss., 83 ss.). Por consiguiente, desciende como la materia de exclusiva manipulación por una bancada gubernamental propensa al modelo cubano, con olvido de los fines, propósitos u objetivos de la irresponsabilidad e inmunidad parlamentaria.

Señala el autor de marras: “Hay que advertir que las inmunidades derivan de las exigencias políticas del país y a su avance-jurídico-constitucional, de modo que la protección de la representación popular será necesaria de acuerdo con la forma de gobierno existente y las características de gobernabilidad propias de un Estado, en particular” (82). Obviamente, experimentamos un extraordinario retroceso, habida cuenta de las luchas que, con todos sus yerros, libró el viejo Congreso de la República.

Banalizadas las inmunidades, permite allanarlas con cierta facilidad para reforzar el clima de zozobra y temor que nos asfixia. Jamás explicadas por la oposición, en el marco de una vasta pedagogía que haga conocer y reivindique al propio parlamento, acaso es vista como una inmensa e injustificada prebenda personal.

[04/02/13: http://www.noticierodigital.com/2013/02/las-inmunidades-parlamentarias]

3.- Cuatro perfiles

Didáctico, conciso y directo, Juan Miguel Matheus ha tenido el atrevimiento de versar sobre una materia que importa a muy pocos, a juzgar por los estudios de opinión. Lejos de regodearse con un extenso y quejumbroso diagnóstico, acorta las distancias planteando sus propuestas, en “La Asamblea Nacional: cuatro perfiles para su reconstrucción constitucional” (Universidad Monteávila-Jurídica Venezolana-Instituto Fermín Toro, Caracas, 2013).

Tratamos de un ensayo bien escrito que, por cierto, amén de reivindicar literalmente las notas a pie de página, aborda el problema con una exactitud jurídica y una precisión política también infrecuentes. La instancia parlamentaria cuenta con una naturaleza representativa tal que es la que explica una convincente y viable participación ciudadana, el Reglamento Interior y de Debates ha de expresar fielmente la voluntad calificada de los miembros de la Asamblea Nacional, siendo indispensable reforzar el estatuto jurídico y controlar los actos de los decisores parlamentarios, los cuales tienen la urgencia de recobrar su independencia como órgano del Poder Público.

En definitiva, significa reinstitucionalizar una herramienta indispensable para el debate, conquistando las condiciones y el escenario que hagan del diálogo un resultado confiable, e – incluso – una manifestación del propio Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, en lugar de la mendicidad de una reconciliación burlada. Al “incoar la reflexión” (40), sobreentendemos esta demanda política en el contexto de las específicas y duras vicisitudes que confrontamos, al ratificar que la participación e – infaltable - el protagonismo, constituyen una estafa orientada a desaplicar la vigente Constitución de la República o, sincerando el juicio, celebrar una “coartada para la destrucción del Estado democrático” (57).

Dudando razonablemente de la voluntad consciente del constituyente (90), a la postre ha sido reemplazada por los circunstanciales apremios del oficialismo que ha convertido en doctrina su misma supervivencia. Ya no se trata de los cambios cínicos de la reglamentación interna o de su caprichosa interpretación, sino – además de habilitar al Ejecutivo Nacional como una aspiración permanente, aunque la normativa y los hechos lo contravengan - incurre en la temeridad de tipificar el llamado fraude electoral que opera en el seno de la Asamblea Nacional (98 ss.), por si fuese poco, como un detonante del miedo que los hace sospechosos, impidiendo toda relación personal o política en nombre de un sectarismo que los preserva de toda tentación de cordialidad.

La bancada oficialista asume que por sí, y en si misma, sintetiza la institucionalidad parlamentaria, desembocando en acciones que impidan o traten de impedir el desarrollo y hasta la propia existencia de liderazgos como el de Richard Mardo. Por cierto, con una capacidad tal de mentir para procesarlo que, a confesión de algunos que tímidamente lo deslizan, a propósito de un brevísimo café, aterroriza a los diputados subalternos del PSUV.

Evitando cualquier desviación de los temas específicos ulteriores, Matheus enuncia las posibles salidas a la crisis política (y constitucional). Invoca el realismo para una reforma y adecuación de la Carta de 1999, contrario a un desconocimiento favorable a la de 1961 (39 s.), aunque – nos parece – un nuevo proceso constituyente puede responder a una emergencia netamente política que ha agudizado - quizá en forma involuntaria - el madurato, más allá de las reparaciones y ajustes propios de la ingeniería constitucional.

Podemos sumar a los aspectos esenciales que diligentemente trata Matheus, otros relativamente secundarios: la recuperación de las prácticas parlamentarias que se hicieron una tradición, el desarrollo y la institucionalización de las fracciones ahora francamente ignoradas, o los avatares del denominado régimen de representación. Insoslayable, la actualización del parlamento pasa por la de los partidos políticos a los que, ya comprobado, no basta la generosa presunción de democráticos, por fuera y por dentro (96).

Seguramente, el importante ensayo de Matheus anuncia otro más extenso, por el cual ya batirá sus tinteros. La transición democrática obliga a un parlamento que sea tal, realizando la vocación de un liderazgo que ha de redescubrir la política y su (s) trascendencia (s).

[30/07/13: http://www.opinionynoticias.com/librosyautores/16136-cuatro-perfiles; y http://www.noticierodigital.com/2013/07/cuatro-perfiles]

4.- La disciplina parlamentaria

Recientemente, Juan Miguel Matheus ha entregado una obra indispensable, acertadamente prologada por Román Duque Corredor: “La disciplina parlamentaria en España y Venezuela: un estudio de Derecho comparado” (Monteávila-IEPFT-Jurídica Venezolana, Caracas, 2014). Contamos con un tratadista del Derecho Disciplinario Parlamentario, docente y – buen albur –

militante político que ojalá encuentre cupo en la venidera renovación asamblearia, necesitados de una interlocución más sobria, coherente y responsable en un hemiciclo anegado del filibusterismo oficialista.

Luego de estructurar sólidamente la materia, el autor nos ilumina sobre el caso venezolano que, al conceder y afinar las herramientas para una correcta evaluación del presente período legislativo, nos encamina hacia las anteriores propuestas formuladas para la reconstrucción del importante órgano del Poder Público. Hablamos de una institución, no de un dispositivo fortuito y ornamental, que – entre nosotros – también contó con una contradictoria experiencia y macerada tradición, quebrantada por más de una década y media, posiblemente hasta en las más elementales prácticas administrativas.

Intentándolo, no hallamos soporte siquiera en la literatura postrera, devenida propaganda, suscrita por William Lara o Carlos Escarrá, por no mencionar las actuales intervenciones en las sesiones plenarias de los diputados gubernamentales, a objeto de alcanzar una definida y definitiva interpretación del parlamento, su naturaleza y alcances. Se dirá que bastarán las actas constituyentes para ganar ese enfoque que un día se dijo innovador, pero tenemos que, además de la exigua discusión generada por el proyecto, a juzgar por el porcentaje considerablemente menor del total de sesiones que así lo confirma, la propia Constitución – donde cohabitan los rasgos autoritarios y democráticos – es traicionada: desafueros arbitrarios, permisos temporales para la ocupación de altos cargos ejecutivos, provocación y sabotaje de los oradores, designación dudosa de los otros titulares del Poder Público, apresurada sanción de leyes que no promulgan ni devuelven, etc.

Los más legítimos recursos parlamentarios que interpone la oposición, se integran a la caprichosa órbita de la indisciplina, según el énfasis que la directiva asamblearia haga de las imaginarias conspiraciones que pueden trastocar la más modesta disidencia en una colosal aventura de ocasión. La institución pierde sus capacidades de autorregulación, descomponiéndose conceptualmente en una defensa del Ejecutivo con el que se confunde, como no lo registra la historia contemporánea venezolana aún en los tiempos del llamado bipartidismo.

Matheus ejerce una curul decisiva, la del magisterio universitario. Seguramente, en un futuro próximo, nos dará otros títulos, aunque el mejor aplauso será por haber sensibilizado suficientemente a sus discípulos, creando una escuela de pensamiento para un ámbito que cobrará una radical importancia en la transición democrática.

[02/02/15: http://www.noticierodigital.com/2015/02/la-disciplina-parlamentaria]

5.- La inmunidad parlamentaria

Desde el primer instante de la nueva legislatura, regresando la oposición a las curules que la antipolítica le negó en 2005, está gravemente amenazada la institución. El régimen sortea o sobrepasa las dificultades inevitables de un parlamento que lo desea enteramente dócil, atemorizado y sojuzgado.

“La inmunidad parlamentaria en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” de Rafael Simón Jiménez M. (Vadell Hermanos, Caracas-Valencia, 2011), quizá una excepción en el catálogo de la editorial, versa sobre la irresponsabilidad (57 ss.) y la inmunidad (63 ss.), trazando un interesante periplo sobre el origen y evolución histórica, la específicamente constitucional venezolana y – además – bolivariana, la regulación de las prerrogativas, hasta arribar a la inmunidad de los parlamentarios estadales, los de los Estados latinoamericanos y los que ejercen las instancias internacionales. La interesante disquisición jurídica, admite una perspectiva política comprensible para quien ha ocupado el escenario público por mucho tiempo.

Obviamente, considerar la situación en la que se encuentra hoy el instituto, obliga a hacerlo con la del pasado, y – por ello – llama la atención el particular tratamiento del allanamiento de la inmunidad que sufrieron a principios de los sesenta, los parlamentarios adherentes a los partidos proscritos, y otros en la década siguiente involucrados en causas militares. Convenimos, por ejemplo, en aquellos casos que, militarizados, forzaron una injusta interpretación jurídica presta para importantes contradicciones ulteriores, aunque sobra también la literatura histórica que establece sendas irresponsabilidades insurreccionales, mientras rasgaban sus vestiduras clamando a los cielos constitucionales.

Lo peor es que el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria en sus distintas facetas por el actual régimen, suele hacerse desde una inaceptable perspectiva moral. Y es que, cuando no se tiene tal autoridad, tergiversado el pasado, queda claramente evidenciado con los hechos protagonizados por Pillieri, Sánchez, Alemán y Blanco (81 ss.), siendo ejemplarizante el de Wilmer Azuaje (106 ss.), minimizado todo derecho y garantía de defensa: es nuestra la convicción de una venidera víctima del gobierno nacional, pues, bajo cualquier pretexto, allanando la inmunidad de un parlamentario del nuevo período, necesitarán “aleccionar” a la oposición, aleccionándose

ellos mismos, los partidarios del gobierno, para darle nuevos bríos al ambiente de incertidumbre y miedo que se respira en el país.

Potestad disciplinaria, es la bancada oficialista la que se convierte en un tribunal hasta de urbanidad y buenas costumbres, generando comisiones especiales destinadas a estudiar casos como el de Juan Carlos Caldera, aunque no se reúna o se haga política y publicitariamente útil dar la estocada, por cierto, a través de una mayoría simple. Las orfandades de la Constitución de 1999 en la materia, contrastante con las previsiones de 1947 y 1961, dicen autorizar la suplencia “detallísticamente” del Reglamento Interior y de Debate (87 ss.), sujeto a cambios de conveniencia,

Irreductible actor político, Jiménez contribuye a la necesarísima orientación de los confiados diputados de ambas aceras, pues, rehenes del viejo imaginario cívico, el actual cuadro de derechos y garantías no autoriza al ejercicio parlamentario que el país conoció: detrás del consabido “escándalo” de los debates, denuncias, investigaciones y otras acciones, hubo un básico y convincente respeto, consideración y reconocimiento al ocupante de una curul, por más solitaria que electoralmente fuese. Y hubo yerros e injusticias, pero nunca en la dimensión que hoy ha adquirido el trabajo parlamentario que está fundado en un pleito personal con las repercusiones del caso, generalmente prefabricado por el victimario.

Dimensión que el autor contextualiza en los fenómenos autoritarios y neoautoritarios del nuevo siglo (61), aunque la entendemos en el amargo y directo propósito de desdibujar y prescindir de la propia institucionalidad parlamentaria, pues, fruto legítimo de la soberanía popular, la desean reemplazada ipso facto por otras modalidades y mecanismos de un tal poder popular, concebido e implementado de acuerdo a los intereses y cálculos del ocupante de Miraflores. Y la pretensión de tan clásico cuño, convierte toda prerrogativa parlamentaria en una trivialidad.

[05/01/12: http://opinionynoticias.com/librosyautores/13934-de-la-inmunidad-parlamentaria]