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Lavado de Activos y Narcotráfico en Guatemala:
Análisis de Red Ilícita de Reconfiguración Cooptada del Estado
Luis Jorge Garay Salamanca*Eduardo Salcedo-Albarán**
Working Paper No. 68ISSN: 1692-9667
Jan/15/2011www.grupometodo.org
Resumen
En el presente documento se presentan los resultados del Análisis de Redes Sociales aplicado al caso de una red ilícita cuyos propósitos estuvieron orientados al narcotráfico y al lavado de dinero, gracias al flujo de información entre agentes legales e ilegales de Guatemala. Principalmente, se presentan los resultados del cálculo del indicador de centralidad directa y el indicador de betweeness, que permiten identificar al nodo/agente con la mayor cantidad de relaciones sociales y al nodo/agente con el mayor potencial para arbitrar información en la red. Se identifica al individuo José Armando Llort, como el nodo/agente con la mayor cantidad de relaciones sociales establecidas en la red, así como el nodo/agente con el mayor potencial de arbitraje de información. Llama la atención la participación de funcionarios públicos de alto nivel del Estado de Guatemala en la articulación de esta red ilícita.
* [email protected], **[email protected], Este trabajo es el resultado de la donación No. 20027926 conce-
dida por Foundation Open Society Institute (FOSI) a Fundación Método en el periodo 01.01.10 - 31.12.10 para
realizar el proyecto “Los efectos del narcotráfico y la corrupción en las instituciones democráticas de México, Co-
lombia y Guatemala”. Se agradecen los comentarios.
Método Working Papers. No. 68.Jan., 15, 2011.Anticorruption and Capture of State Area - “The Effects of Drug Trafficking and Corruption on Democratic Institutions in Mexico, Colombia and Guatemala” Series.
© Luis Jorge Garay Salamanca & Eduardo Salcedo-Albarán
Lavado de Activos y Narcotráfico en Guatemala:Análisis de Red Ilícita de Reconfiguración Coop-tada del Estado.
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The graphs included in this document were elaborated by Eduardo Salcedo-Albarán. Reproduction is permitted if the author is referenced and quoted.
© Método Foundation. Phone at Colombia: +5714005765 Phone at the United States: +171779831242010. Copyright.First edition, 2010.Printed in Bogota, Colombia.
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NOTA DE LOS AUTORES
Los hechos y análisis presentados en este artículo se sustentan en documentos y entrevistas divul-gados en medios de comunicación, y en expedientes judiciales relacionados con las redes ilícitas
objeto de estudio. En el caso de los nombres propios citados, que están encausados, con la excep-ción de aquellos a quienes se alude en el texto explícitamente como condenados de manera defini-tiva, vale la presunción de inocencia en observancia de sus garantías individuales. La verdad judi-cial es competencia de los tribunales, quienes en derecho decidirán si los imputados son inocentes
o culpables.1
Se aclara que pertenecer, participar, estar vinculado, o aparecer en la red que aquí se analiza, no implica haber cometido algún acto o haber participado en alguna iniciativa criminal. Es siempre
posible pertenecer, participar, estar vinculado, o aparecer en la red como un agente promoviendo intereses que son social e institucionalmente benéficos, o por coerción, entre otros motivos no re-
lacionados con actos criminales.
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1 Esta nota se sustenta en: Francesco Forgione. Mafia Export. Cómo la ´Ndrangheta, la Cosa Nostra y la
Camorra han colonizado el mundo. Anagrama. Crónicas. Barcelona, 2010, páginas 11-12.
Tabla de Contenido
1. Introducción 5
2. Breve Descripción 7
3. Marco conceptual y metodológico 10
3.1. La Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE)! 10
3.2. Elementos metodológicos! 12
4. Concentración de relaciones directas 18
5. Arbitraje de información 22
6. Participación de funcionarios públicos y avance en la Reconfiguración Cooptada del Estado 6
7. Reflexiones de política pública 8
7.1. Acciones de corto plazo ! 13
7.2. Acciones de mediano y largo plazo! 16
8. Bibliografía 26
9. Anexos 30
9.1.Anexo 1. Resultados del indicador de centralidad directa.! 30
9.2. Anexo 2. Resultados del indicador de betweenness.! 31
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Lavado de Activos y Narcotráfi-co en Guatemala.Análisis de Red Ilícita de Reconfiguración Cooptada del Estado
Luis Jorge Garay SalamancaEduardo Salcedo-Albarán
1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento se analiza una red cuyos propósitos estuvieron orientados al
desarrollo de actividades narcotraficantes y al lavado de activos, gracias al flujo de
información entre nodos/agentes narcotraficantes y nodos/agentes que son funcionarios
públicos de alto nivel del Estado de Guatemala. Se hace referencia a nodos/agentes por-
que, como se mostrará más adelante, el presente análisis se sustenta en la metodología de
Análisis de Redes Sociales, en la que cada individuo, con capacidad de agencia moral, se
analiza como un nodo que establece relaciones con otros nodos. Esto permite analizar, en-
tre otras características, la capacidad de cada agente para establecer relaciones sociales ,
así como la capacidad para arbitrar información.
Uno de los agentes más importantes, cuya historia ha sido cubierta por diversos
medios de comunicación de Guatemala, es José Armando Llort, un empresario con nacio-
nalidad salvadoreña y guatemalteca. Como se verá en el presente documento, este agente/
nodo es relevante en la articulación de la red pues es el encargado de facilitar los flujos de
información entre funcionarios públicos, narcotraficantes y agentes privados pertenecien-
5
tes al mercado financiero, como dueños de bancos y casas de cambio. Entre los funciona-
rios públicos involucrados en esta red, se encuentran funcionarios de muy alto nivel, como
el entonces Presidente de la República de Guatemala, así como funcionarios públicos de
nivel regular, como la guardia presidencial.
El presente documento consta de 9 partes. Luego de esta introducción, la segunda
parte incluye una breve descripción de las características de los agentes que intervienen en
el caso que se analiza. En la tercera parte se exponen los elementos teóricos y metodoló-
gicos que se utilizan para desarrollar el presente análisis. Los elementos teóricos que sir-
ven de marco de análisis, corresponden a los conceptos de Captura del Estado (CdE) y
Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE). La metodología aplicada y también ex-
puesta en la tercera parte, corresponde al Análisis de Redes Sociales. En la cuarta parte se
calculan el indicador de concentración de relaciones sociales, con el fin de identificar a los
agentes que más relaciones sociales establecieron y que, por lo tanto, facilitaron la articu-
lación de la red. En la quinta parte se identifican y analizan aquellos agentes relevantes en
términos de su capacidad para arbitrar información. En la sexta parte se analiza la partici-
pación de funcionarios públicos en la articulación de la red, con el fin de determinar si
este es un caso de corrupción tradicional, corrupción sistémica, Captura del Estado (CdE)
o Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE). En la séptima parte, se exponen algunas
reflexiones de política pública que, tendiendo en cuenta los resultados del análisis desarro-
llado, podrían servir para prevenir y controlar el tipo de situaciones que se ha analizado.
En esta parte se presentan algunas recomendaciones de política pública de corto mediano
y largo plazo. Las dos últimas partes correspondiente a la bibliografía y a los anexos, res-
pectivamente.
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2. BREVE DESCRIPCIÓN
Llort tuvo acceso a altos niveles de decisión en la administración pública de Guatemala,
específicamente a nivel de la rama Ejecutiva. Este acceso fue el resultado de una relación
establecida entre Llort y el entonces presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, quien
ejerció ese cargo entre los años 2000 y 2004. Al parecer, esta relación surgió como resul-
tado de la participación y aportes hechos por Llort a la campaña del entonces candidato
presidencial Alfonso Portillo. Adicionalmente, en la red aparecen nodos/agentes que son
amigos comunes de Llort y de Portillo, que incrementan las probabilidades de flujos de
información entre ellos. Como resultado recomendaciones hechas por amigos comunes, se
facilitó el establecimiento de flujos de información entre Llort y Portillo, cuando al ser
elegido este último como presidente de Guatemala, nombró a Llort presidente del Banco
de Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Esto, a pesar de que Llort no tenía experiencia o
la preparación necesaria para desempeñar este cargo.
Cuando Llort se convirtió en Presidente del CHN, utilizó su poder discrecional y el
acceso a información financiera confidencial, para autorizar operaciones de lavado de di-
nero que, según se ha descubierto en las investigaciones adelantadas durante años recien-
tes, provenía en su mayoría de actividades de narcotráfico. Sin embargo, en algunos casos,
el lavado de activos no resultó de ejecutar sofisticadas operaciones basadas en
información privilegiada. De hecho, se tiene noticia de que, en algunos casos, el lavado de
activos se ejecutó depositando y retirando dinero, directamente, de la bóveda del CHN.
Esto fue posible gracias a que Llort podía manipular las claves de seguridad de las bóve-
das del Banco, con lo cual era viable depositar y retirar directamente cuantiosas sumas de
dinero. En general, puede asegurarse que José Armando Llort usó recursos físicos, así
como información privilegiada y el sistema de información del CHN, para autorizar mo-
vimientos fraudulentos, como sobregiros a empresas de amigos y familiares.
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La información utilizada para modelar la red cuyas características se exponen en el
presente documento es, principalmente, de carácter judicial. Aunque la red se desarrolla
en Guatemala, la información es principalmente provista por un narcotraficante Salvado-
reño, Byron Berganza, que implicó a José Armando Llort. Berganza fue capturado por
agentes de la DEA durante la ejecución de una operación de narcotráfico que, en últimas,
resultó ser una trampa arreglada por dichos agentes.
Según informó Berganza a los agentes de la DEA que lo capturaron, Llort conocía
y facilitaba el movimiento de dinero producto del narcotráfico. Byron Berganza propor-
cionó esta información ante una corte de Estados Unidos, porque fue capturado y llevado
a Estados Unidos por agentes de la DEA en El Salvador. Aunque Berganza estaba propor-
cionando información y colaborando con agentes de la DEA en Guatemala, fue capturado
en El Salvador por ejecutar actividades clandestinas que no reportó en su calidad de in-
formante. Cuando Berganza fue capturado, intentó asegurar que estaba colaborando con
las autoridades de Estados Unidos en Guatemala, pero, al parecer, las actividades que rea-
lizaba en El Salvador no formaban parte de sus actividades como colaborador de la DEA.
Según Berganza, Llort no sólo participó en el lavado de dinero, sino también en
actividades de narcotráfico. Aunque no hay claridad en la naturaleza exacta de la relación
entre Llort y Berganza, sí puede suponerse una cierta cercanía pues Berganza suministró
importantes detalles que permitieron la investigación de Llort y sus nexos con el ex Presi-
dente Portillo. Al parecer, Berganza estableció con Llort una red de narcotráfico que in-
cluía colombianos encargados de la producción y el envío de drogas a Centroamérica,
guatemaltecos encargados del envío de droga a Estados Unidos y estadounidenses encar-
gados de la venta final.
Al respecto, vale la pena señalar que el expresidente Portillo no aparece como par-
tícipe directo en actividades de narcotráfico; sin embargo, su cercanía con Jose Armando
Llort lo ha hecho merecedor de señalamientos públicos y judiciales. De hecho, el expresi-
dente Portillo fue solicitado en extradición por parte de autoridades de Estados Unidos
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como resultado de una acusación presentada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva
York, en la que se mencionan 17 transacciones de lavado de activos que ascienden a $70
millones de dólares (Acuña, 2010). Adicionalmente, han sido vinculados al proceso la hija
y la ex esposa de Portillo, a quienes se les comprobó el ingreso injustificado de dinero a
sus cuentas.
Al parecer, como resultado de infiltraciones e intervenciones ilegales a las autori-
dades de Guatemala, José Armando Llort fue alertado de las investigaciones que se inicia-
ron en su contra. En ese momento huyó y en 2007 se descubrió que Llort era un testigo
protegido de la justicia de los Estados Unidos.
A partir de lo anterior, puede señalarse que la presente red consiste en un entrama-
do de relaciones entre agentes puramente criminales, como aquellos participando directa y
abiertamente en actividades de narcotráfico, con funcionarios públicos, agentes privados,
agentes políticos y agentes participando en el sector financiero a nivel tanto doméstico de
Guatemala como internacional. Esta red consta de 46 nodos/agentes y 85 relaciones socia-
les.
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3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO
3.1. La Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE)
La situación analizada en el presente documento puede ser entendida mediante los con-
ceptos de Captura del Estado (CdE) y de Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE).
La Captura del Estado (CdE) ha sido definida como la intervención de individuos, grupos
o firmas legales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas,
para obtener beneficios propios de índole económica que van en detrimento del interés
general (Hellman, Jones, & Kaufmann, 2000; Hellman & Kaufmann, 2001; Hellman &
Kaufmann, 2000).
Pueden resaltarse cuatro características de la concepción tradicional de la CdE: “(i)
que se refiere a la acción de actores legales como grupos económicos y firmas nacionales
y transnacionales; (ii) que es una forma de corrupción con origen y consecuencias prin-
cipalmente económicas; (iii) que se adelanta principalmente mediante sobornos naciona-
les y transnacionales, y (iv) que se realiza característicamente en la rama legislativa y
ejecutiva del nivel central” (Garay, Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán,
2009a; Garay, Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010). Sin embargo, en algunos ca-
sos se observa la participación, no sólo de agentes legales buscando beneficios
económicos perdurables, sino de agentes también ilegales que persiguen beneficios de ín-
dole penal, social o política. Situaciones de este tipo se han observado en distintas regio-
nes de Colombia (Garay, Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán, 2009a; Garay,
Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010c).
Estos escenarios en los que también participan actores ilegales, con procedimien-
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tos complementarios del soborno, presentan algunas características que concuerdan con
las nociones tradicionales de CdE. Sin embargo, también aparecer ciertas diferencias que
surgen al reconocerse que: (i) el interés por capturar el Estado no es exclusivo de grupos
legales, (ii) los intereses de captura no son únicamente de carácter económico, (iii) el so-
borno no es el único procedimiento que puede usarse para poner un marcha un proceso de
CdE y (iv) los procesos de CdE no se limitan a influir sobre las decisiones de la rama le-
gislativa del nivel central sino que pueden extenderse a las demás ramas del poder públi-
co.
Por este motivo, se ha propuesto el concepto de Reconfiguración Cooptada del
Estado (RCdE) para referir aquellas situaciones en que la CdE “(i) se da gracias a la par-
ticipación de actores que también son ilegales, (ii) se persiguen beneficios no solo
económicos sino principalmente penales y judiciales, políticos y de legitimación social,
(iii) se utilizan métodos de coerción o alianzas políticas que complementan o sustituyen el
soborno y (iv) se da en diferentes ramas del poder público” (Garay, Salcedo-Albarán, &
De León-Beltrán, 2010). De esta manera, la RCdE como “La acción de organizaciones
legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, buscan modificar, desde adentro, el
régimen político de manera sistémica e influir en la formación, modificación, interpreta-
ción y aplicación de las reglas de juego y de las políticas públicas, para obtener be-
neficios sostenibles y lograr que sus intereses sean validados política y legalmente, así
como legitimados socialmente en el largo plazo, aunque éstos no obedezcan al interés
rector del bienestar social” (Garay, Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán,
2009a).
Aunque el concepto de RCdE fue inicialmente propuesta para entender y tipificar
situaciones observadas en el caso Colombiano, recientes análisis comparativos han permi-
tido identificar proceso de CdE y de RCdE en otros Estados que enfrentan situaciones de
narcotráfico a gran escala como México y Guatemala. Aunque cada país presenta unas
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características particulares en el desarrollo de las redes ilícitas narcotraficantes, es posible
identificar ciertas similitudes en los procesos de intervención que dichas redes logran en
las instituciones formales de cada país (Garay, De León-Beltrán, & Salcedo-Albarán,
2010; Garay, Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010b).
3.2. Elementos metodológicos
La corrupción sistémica requiere e implica la participación perdurable de diversos agen-
tes. En este sentido, cualquier situación de corrupción sistémica implica el establecimiento
de relaciones sociales perdurables. Estas relaciones configuran una red social que, por lo
tanto, puede examinarse y analizarse en términos de flujos y niveles de información y ca-
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pital social2 (Degenne & Forsé, 1999). Cuando esta red social es graficada, se obtiene una
serie de puntos, llamados nodos/agentes, unidos por unas líneas. En nuestro caso, dichos
puntos o nodos /agentes, representan personas naturales siempre que no se señale lo con-
trario,3 y las líneas representan las relaciones sociales establecidas entre esas personas
/agentes.
Con el propósito de determinar los niveles de capital social individual, se calcula
el indicador de centralidad directa, para saber cuál es el agente individual con mayor nú-
mero de conexiones directas establecidas con otros agentes. El nodo/agente que ha esta-
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2 Capital social se define como el flujo de beneficios que recibe una persona por pertenecer a una red social [Coleman, J. S. (1988). Social capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology (94), S95-121. - Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research of Sociology of Education. New York: Greenwood]. En este sentido, la noción individual de capital social [ Glaeser, E., Laibson, D., & Sacerdote, B. (2002). An Economic Approach to Social Capital. The Economic Journal , 112 (483), F437-F458.] como la ventaja reportada a un individuo por pertenecer a una determinada red social [ Burt, R. S. (2005). Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital. New York: Oxford University Press. - Burt, R. S. (1992). Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press. - Burt, R. S. (1997). The Contingent Valua of Social Capital. Administrative Quaterly (42), 339-365. - Burt, R. S. (1998). The Gender of Social Capital. Rationality and Society (10), 5-46. - Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. Research in Organizational Behavior (22), 345-423. - Burt, R. S., Christman, K. P., & Kilburn, H. C. (1980). Testing a Structural Theory of Corporate Cooptation: Interorganizational Directorate Ties as a Strategy for Avoiding Market Constraints on Profits. American Sociological Review , 45 (5), 821-841.]. Si se adopta dicha noción individual de capital social, entonces puede afirmarse “que el capital social es algo que posee un individuo” [ De León-Beltrán, I., & Salcedo-Albarán, E. (2008). Narcotráfico y parapolítica en colombia, 1980-2007: Evolución del Capital Social Perverso. Bogotá: METODO. ]. También puede suceder que una persona tenga muchos contactos sociales pero, en realidad, ninguno de estos contactos le reporte beneficios para realizar sus intereses. Por este motivo deben tenerse en cuenta los propósitos del individuo [ Baker, W. A., & Robert, R. F. (1993). The Social Organization of Conspiracy: Illegal Networks in the Heavy Electrical Equipment Industry . American Sociological Review , 58 (6), 837-860 ] para determinar si un agente está obteniendo verdaderos beneficios por pertenecer a una determinada red social. De esta manera, la cantidad de contactos sociales no permite explicar, en todos los casos, los niveles de capital social pues un individuo puede estar muy conectado con otros individuos que no le reportan ventaja alguna en la consecución de sus propósitos y en la realización de sus intereses. En otras palabras, “el flujo de beneficios puede ser nulo si la red social (…) no es la adecuada para ciertos propósitos” [De León-Beltrán, I., & Salcedo-Albarán, E. (2008). Narcotráfico y parapolítica en colombia, 1980-2007: Evolución del Capital Social Perverso. Bogotá: METODO].
3 Los nodos también pueden representan personas morales o jurídicas, como empresas o, en general, cúmu-los de personas agrupadas en una organización. Sin embargo, siempre que esto no se señale de manera ex-plícita, los nodos representan personas naturales e individuales.
blecido la mayor cantidad de conexiones individuales directas con otros nodos/agentes, es
relevante en la articulación de la red social porque su ausencia implica una estructura dis-
tinta (Everett & Boratti, 2005; Degenne & Forsé, 1999).
En el presente análisis, la centralidad individual se calcula a partir de una matriz
relacional. Dado que el fenómeno social analizado consiste en el establecimiento de cier-
tas relaciones sociales, entonces para calcular el grado de centralidad de un agente dentro
de la red de corrupción o crimen organizado, CdE y RCdE se elabora una matriz relacio-
nal en la que se describe la presencia o ausencia de relaciones entre los nodos /agentes
(Valente, 2005). Esta matriz luego es procesada para obtener el gráfico que permite identi-
ficar y observar al nodo/agente más conectado.
Ahora bien, en algunos casos, estar “muy conectado”, como le sucede al nodo
/agente con la mayor cantidad de conexiones directas (usualmente llamado hub), no pro-
vee, necesariamente, información acerca de la verdadera concentración de capital social.
Esto sucede porque, en algunos casos, luego de varias iteraciones sociales, la información
al interior de una red social puede ser redundante; es decir, puede suceder que, al interior
de una red, todos los nodos/agentes compartan información de igual calidad y en igual
cantidad. En estos casos de información redundante (como el que aparece en el Grafo 1,
denominado cliqué), en los que no hay hub, estar conectado no implica “saber más” pues,
como se puede observar, todos los nodos/agentes tienen la misma cantidad de conexione.
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Grafo 1. Un cliqué
Cuando dos cliqués previamente desconectados, se conectan a través de un único
nodo /agente o de un único vínculo, los niveles de información y capital varían en ambas
sub-redes y, por lo tanto, aparece de nuevo información que no es redudante. Cuando es
un nodo /agente el que conecta los dos cliqués que estaban previamente desconectados, se
dice que un puente estructural comenzó a operar entre ambas sub-redes. Este puente es-
tructural se convierte en un agente relevante en la estructura de la red porque tiene una
elevada capacidad para arbitrar información entre sub-redes y, por lo tanto, decidir qué
tipo y qué cantidad de información fluye a través de la nueva red completa.
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Grafo 2. Dos cliqués conectados a través de un único nodo o Puente estructural
Con el fin de determinar el potencial que un determinado nodo/agente tiene en el
arbitraje de información, es necesario calcular el indicador betweenness. Con este último
indicador se identifica la capacidad de un determinado nodo/agente para ser intermediario
de las conexiones entre los otros nodos/agentes de la red, pues entre mayor sea su poten-
cial, ceteris paribus, “será mayor su control sobre el flujo de la comunicación” (Degenne
& Forsé, 1999, p. 136).
Ahora bien, los acuerdos establecidos entre los agentes que usualmente configuran
una situación de CdE y RCdE, es decir, funcionarios públicos, candidatos a cargos de
elección popular, agentes privados, narcotraficantes y miembros de grupos armados ilega-
les, pueden modelarse mediante de un grafo que corresponde a una matriz relacional si-
métrica de nxn, en la que n=agente. Este ejercicio, que ha sido aplicado al caso colombia-
no (Garay, Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010), en el presente documento se apli-
ca al caso mexicano con un procedimiento idéntico al que se describe a continuación.
La matriz relacional mencionada debe tener la misma cantidad de filas y colum-
nas, y las etiquetas que se encuentran en las filas y en las columnas, deben tener el mismo
orden. Cada etiqueta de columna o de fila corresponde a un agente que interviene en las
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relaciones sociales. Por ejemplo, en una red social conformada por John, Shanna y Jack,
se tienen tres nodos/agentes que configuran una matriz relacional de 3x3; es decir, tres
columnas por tres filas.
Si adicionalmente se tiene que en la situación social analizada John llamó a
Shanna, Shanna habló con Jack y Jack le envió dinero a Shanna, entonces la matriz rela-
cional resultante, en la que se describen las relaciones sociales, será del siguiente tipo:
Ejemplo de una matriz relacional de 3x3.
John Shanna Jack
John 0 1 0Shanna 0 0 1
Jack 0 1 0
Finalmente, la matriz relacional que contienen la información acerca de cómo inte-
ractúan los nodos/agentes, es procesada con un programa de graficación de redes sociales
para obtener las imágenes que aparecen en el presente documento. Luego, una vez elabo-
rados los grafos, es posible calcular los indicadores descritos líneas atrás, los cuales pue-
den usarse para, mediante la aplicación de algoritmos adicionales, generar nuevos grafos
con variaciones en color, tamaño o ubicación de los nodos, en función de los indicadores
obtenidos.
En términos generales, el proceso de recolectar información, elaborar la matriz
relacional, graficar, calcular los indicadores y aplicar los algoritmos de graficación, permi-
te identificar los flujos y niveles de capital social, así como la estructuras de las relaciones
sociales que se han establecido en la red (Baker & Robert, 1993).
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4. CONCENTRACIÓN DE RELACIONES DIRECTAS
El Grafo 3 consiste en una distribución radial uniforme en el que los nodos/agentes que-
dan distribuidos en función de su respectivo indicador de centralidad directa; es decir, en
función del porcentaje de relaciones sociales directas establecidas por cada nodo/agente.
En el núcleo se ubica al hub, que es el agente con el indicador de centralidad más alto.
Esto quiere decir que en el núcleo de la red aparece el agente con la mayor cantidad de
relaciones directas.
Tras calcular el indicador de centralidad directa, se encuentra a José Armando
Llort como el nodo/agente con el mayor porcentaje de relaciones sociales directas estable-
cidas en la red. Este agente, identificado con el código NPBNJAL, ha establecido de ma-
nera directa el 15,9% del total de relaciones sociales establecidas en la red; es decir, sin
intermediación de otros agentes. A su vez, se encuentra que hay una distancia significativa
entre este nodo/agente, al que puede denominarse hub de la red por concentrar el mayor
porcentaje de relaciones, y el segundo core node, es decir, el segundo nodo/agente con el
mayor indicador de centralidad directa, que registra un total de 9,4% de relaciones socia-
les establecidas en la red.
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Grafo 3. Distribución radial uniforme por indicador de centralidad directa (concentración de relaciones sociales)
0.6
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
AEDEAGRG
ICBB
AEDEAGGF
AEDEAGSL
AEDEASSJCAEDEAGRD
IEV
ICSAL
NPBNJAL
AEDEAW
AEDEAD
AEDEADM
PFHBVB
MGRGCP
NGMAL
FSFBESAM
CJRR
FSFBERC
PLRVP
PJJSA
PJPISA
PLRLFCB
PRLDIMAZN
PRLCHNICF
FSFBNHDERESI
PJUI
PJBIGBPJSBNHM
FUNPREAP
FUNMIND
FUNJSNRFUNJSNR
PDBPMFA PGRLFOM
PAPAO
JDOCHNRESI
PACHNNAL
PACHNMMM
PERRPRMB
PGBNAA
PRLCFARLR
PCFCSARRH
PPCFAAHG
PAFLFQ
PGGBETF
En el Grafo 3, los nodos/agentes están distribuidos en radios uniformes concéntri-
cos en función del indicador de centralidad. Esto quiere decir que el hub NPBNJAL está
ubicado en el núcleo por registrar el mayor indicador de centralidad directa, y dicho indi-
cador disminuye hacia las órbitas exteriores. Adicionalmente, en el Grafo 3 el tamaño de
los nodos/agentes está también representado en función del indicador de centralidad. A
partir de dicho Grafo, es posible identificar tres nodos importantes, o core nodes, que con-
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centran la mayor cantidad porcentual de relaciones directas, representados como los tres
core nodes con mayor tamaño. A continuación se presenta la lista de los principales core
nodes con sus respectivos indicadores de centralidad. Esta distribución permite identificar
qué tan concentrados están los nodos alrededor del núcleo para así verificar la existencia o
inexistencia de un conjunto de nodos/agentes que estabilizan la red en conjunto.
• Hub, o core node 1: NPBNJAL, con 15,9% del total de relaciones sociales estableci-
das de manera directa en la red.
• Core node 2: ICBB, con el 9,4% del total de relaciones sociales establecidas de ma-
nera directa en la red. Este código representa al narcotraficante Byron Berganza, lo
cual quiere decir que dicho narcotraficante es el segundo agente con el mayor por-
centaje de relaciones sociales establecidas de manera directa.
• Core node 3: FSFBESAM, con el 8,2% del total de relaciones sociales establecidas
de manera directa en la red. Este código representa a Salomón Abraham Molina,
quien en la articulación de la red actuó como Jefe de División Internacional del Ban-
co Empresarial S.A., facilitando la ejecución de movimientos financieros internacio-
nales.
Nótese que estos tres agentes concentran la tercera parte del total de relaciones di-
rectas establecidas, con el 33,5%. En este sentido, este grupo de tres nodos/agentes puede
señalarse como facilitadores de la estabilización de la red en conjunto. No obstante, llama
la atención que se registra una distancia porcentual significativa entre el hub y el core no-
de 2; una distancia equivalente a 6,5 puntos porcentuales, la cual es la mayor distancia
porcentual, en términos de la concentración directa de relaciones, que se observa en la red.
Por ejemplo, entre el segundo core node y el tercer core node sólo hay una distancia de
1,2 puntos porcentuales, lo cual los ubica en un estatus de centralidad bastante similar.
Finalmente, es importante analizar al core node 4, representado con el código
FUNPREAP. Este nodo/agente es importante porque corresponde al entonces presidente
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de la República de Guatemala, Alfonso Portillo, quien concentra el 4,7% del total de rela-
ciones sociales establecidas en la red. En la siguiente sección se analizan los flujos de
información que circularon a través del presidente Portillo. También se analiza qué tan
importantes fueron estos flujos en la estructuración de la red.
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5. ARBITRAJE DE INFORMACIÓN
Al calcular el indicador de betweenness, se encuentra que NPBNJAL es también el agen-
te/nodo con el mayor porcentaje de este indicador, con un 38,8%. Esto quiere decir que
Jose Armando Llort “se atraviesa” en el 38,8% del total de rutas geodésicas de la red. En
este sentido, puede asegurarse que José Armando Llort actuó como el puente estructural
de la red y, por lo tanto, es el agente con la mayor capacidad para arbitrar y manipular los
flujos de información. A continuación, en el Grafo 4 se presenta la distribución de los no-
dos, según el indicador de betweenness. Recuérdese que el nodo con el mayor indicador
de betweenness aparece ubicado en el núcleo del Grafo 4, y que dicho indicador disminu-
ye hacia las órbitas concéntricas externas.
22
Grafo 4. Distribución radial uniforme por indicador de betweenness y tamaño de nodos en función del mismo indicador.
0.1
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
AEDEAGRG
ICBB
AEDEAGGF
AEDEAGSL
AEDEASSJC
AEDEAGRD
IEV
ICSAL
NPBNJAL
AEDEAW
AEDEAD
AEDEADM
PFHBVBMGRGCP
NGMAL
FSFBESAM
CJRR
FSFBERC
PLRVP
PJJSA
PJPISA
PLRLFCB
PRLDIMAZN
PRLCHNICF
FSFBNHDERESI
PJUI
PJBIGB
PJSBNHM
FUNPREAP
FUNMIND
FUNJSNR
FUNJSNR
PDBPMFA
PGRLFOM
PAPAO
JDOCHNRESI
PACHNNAL
PACHNMMM
PERR
PRMB
PGBNAA
PRLCFARLR
PCFCSARRH
PPCFAAHG
PAFLFQ
PGGBETF
Nótese que, en comparación al Grafo 3, el Grafo 4 presenta una distribución me-
nos equitativa del indicador; esto quiere decir que cuando la red se grafica en función del
indicador de betweenness, se encuentra que la información estuvo más concentrada en
unos pocos nodos/agentes, de lo que estuvo distribuida la cantidad de relaciones sociales.
Esto último se puede observar, sobre todo, en la cantidad de nodos/agentes de tamaño casi
despreciable que aparece en el Grafo 4, en comparación al tamaño de los nodos que se
observa en el Grafo 3.
Con respecto al indicador de betweenness, llama la atención que sólo 12 nodos/a-
gentes registran algún resultado distinto a cero (0). Esto quiere decir que sólo 12 agentes
se atraviesan en las rutas geodésicas de la red y, por lo tanto, tienen algún poder para arbi-
trar información. Los demás nodos/agentes que registran un indicador de betweenness de
cero (0), al no intervenir en las rutas geodésicas, sólo reciben o producen información y,
por lo tanto, no tienen capacidad alguna de arbitraje. A continuación se presenta la lista de
los core nodes con los indicadores de betweenness más altos:
• Puente estructural, o core node 1: NPBJAL, identificando a José Armando Llort,
con un indicador de betweenness de 38,8%.
• Core node 2: ICBB, identificando al narcotraficante Byron Berganza, con un in-
dicador de betweenness de 22,3%.
• Core node 3: FSFBESAM, identificando a Salomón Abraham Molina, Jefe de
División Internacional de Banco Empresarial S.A., con un indicador de betweenness de
14 %.
Lo anterior quiere decir que la estructura de los primeros nodos con los mayores
indicadores de betweenness, es similar a la estructura observada en los tres primeros no-
dos con los mayores porcentajes de relaciones sociales directas.
Ahora bien, entre los 12 core nodes que registran algún valor distinto a cero para
el indicador de betweenness, se encuentra al presidente Portillo, identificado con el código
FUNPREAP, ubicado como el core node 6, con un indicador de betweenness de 3,4% (Ver
anexo 2). Esto quiere decir que el presidente Portillo se “atraviesa” en el 3,4% del total de
2
rutas geodésicas de la red. En el Grafo 4.1 se identifica al agente/node FUNPREAP con
color rojo. También se resaltan los flujos de información establecidos por este agente.
Grafo 4.1. Distribución radial uniforme por indicador de betweenness y tamaño de nodos en función del mismo indicador. El agente/nodo presidente Portillo aparece resaltado con color
rojo.
0.1
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
AEDEAGRG
ICBB
AEDEAGGFAEDEAGSL
AEDEASSJC
AEDEAGRD
IEV
ICSAL
NPBNJAL
AEDEAWAEDEAD
AEDEADMPFHBVB
MGRGCP
NGMAL
FSFBESAM
CJRR
FSFBERC
PLRVP
PJJSA
PJPISA
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FSFBNHDERESI
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FUNPREAP
FUNMIND
FUNJSNR
FUNJSNR
PDBPMFA
PGRLFOM
PAPAO
JDOCHNRESI
PACHNNAL
PACHNMMM
PERR
PRMB
PGBNAA
PRLCFARLR
PCFCSARRH
PPCFAAHG
PAFLFQ
PGGBETF
Es de resaltar el flujo de información que parte del núcleo/puente estructural, es
decir de José Armando Llort, que pasa por el presidente Portillo (FUNPREAP), y que lle-
3
ga al agente PGRLFOM, quien identifica a un general retirado, y a FSFBESAM quien,
como se ha señalado líneas atrás, actuaba como Jefe de División Internacional de Banco
Empresarial S.A. Sin embargo, es aún más interesante encontrar desde dónde se origina la
ruta geodésica que porta ese flujo de información, como se muestra en el Grafo 4.2.
Se observa cómo, gracias a la acción del puente estructural (FUNPREAP), el nar-
cotraficante Byron Berganza logró “alinear” con sus intereses a un funcionario público de
muy alto nivel, a saber, el presidente Portillo, quien es receptor directo de la información
que se origina en el nodo/agente ICBB, pasa por el puente estructural (núcleo), y llega al
presidente quien, a su vez, facilita la circulación de información a personas especializadas
en temas del sector público financiero de Guatemala. Nótese, en todo caso, que la relación
social establecida entre José Armando Llort e ICBB es bidireccional, lo cual cual quiere
decir que es probable que Llort conociera y estuviera informado acerca de los objetivos e
intereses del narcotraficante ICBB. Por otra parte, el Presidente Portillo sólo recibe el flu-
jo de información proveniente de José Armando Llort, entonces es probable que el cono-
cimiento de Portillo acerca de los intereses y objetivos del narcotraficante ICBB, estuvie-
ran arbitrado y manipulado por Llort.
4
Grafo 4.2. Distribución radial uniforme por indicador de betweenness y tamaño de nodos en función del mismo indicador. El agente/nodo presidente Portillo aparece resaltado con color rojo. Adicionalmente, se resalta con rojo el flujo de información entre (i) el narcotraficante
Berganza (azul), (ii) Llort (núcleo) y (iii) Portillo (rojo).
0.1
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
AEDEAGRG
ICBB
AEDEAGGF
AEDEAGSL
AEDEASSJCAEDEAGRD
IEV
ICSAL
NPBNJAL
AEDEAW
AEDEAD
AEDEADM
PFHBVBMGRGCP
NGMAL
FSFBESAM
CJRR
FSFBERC
PLRVP
PJJSA
PJPISA
PLRLFCB
PRLDIMAZN
PRLCHNICF
FSFBNHDERESI
PJUI
PJBIGB
PJSBNHM
FUNPREAP
FUNMIND
FUNJSNR
FUNJSNR
PDBPMFA
PGRLFOM
PAPAO
JDOCHNRESI
PACHNNAL
PACHNMMM
PERR
PRMB PGBNAA
PRLCFARLR
PCFCSARRH
PPCFAAHG
PAFLFQ
PGGBETF
5
6. PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y AVANCE EN LA RECONFIGURACIÓN COOPTADA DEL ESTADO
Esta es una red típicamente ilícita en el sentido de que está orientada a lograr beneficios a
través de la realización de actividades ilegales, pero tomando provecho de la posición pri-
vilegiada institucional en el Estado guatemalteco de varios miembros de la red. En este
sentido, se establecieron relaciones sociales, directas e indirectas, entre funcionarios pú-
blicos con amplio poder de decisión y agentes abiertamente criminales como narcotrafi-
cantes y otros agentes especializados en procesos de lavado de dinero proveniente del nar-
cotráfico. Al parecer, desde las más altas esferas de la Rama Ejecutiva de Gautemala se
facilitaron ciertos flujos de información que permitieron a dichos narcotraficantes y espe-
cialistas en lavado de dinero, aprovechar información privilegiada y capacidades de deci-
sión, intervención y ejecución institucional/funcional de funcionarios públicos de alto ni-
vel, con el fin de realizar actividades ilícitas de muy elevada rentabilidad financiera para
su propio provecho.
A partir de lo anterior, pareciera que la presente red es un caso típico de Captura Avanzada
del Estado (CAdE), que se desarrolla gracias a la complicidad y tal vez algún grado de
iniciativa de la Rama Ejecutiva guatemalteca. En cualquier caso, por complicidad, por
omisión, o por coerción, los funcionarios del más alto nivel de la Rama Ejecutiva de Gua-
temala facilitaron la Captura Institucional Instrumental (CII) del Ejecutivo Nacional de
Guatemala por parte de redes ilícitas de narcotráfico, que, a su vez, buscaban la realiza-
ción de intereses estrictamente criminales. Gracias a esta CII de la Rama Ejecutiva de
Guatemala, fue posible que “desde adentro” de las instituciones del Estado, y con la activa
participación de altos funcionarios públicos, se llevaran a cabo actividades ilícitas en el
marco de un acuerdo/cooptación con agentes ilícitos y criminales para el propósito eco-
nómico criminal de la red ilícita en su conjunto. A partir de lo anterior se podría aducir un
6
avance hacia la Reconfiguración Cooptada del Estado (RCdE), si se verificara la eventual
implantación de reformas y medidas de política pública, estructurales y de largo plazo,
que facilitaran e institucionalizaran las prácticas proclives a la reproducción de este tipo
de modalidades ilegales de intervención pública. Este avance hacia la RCdE sería, por lo
tanto, un tema a profundizar mediante el análisis de las eventuales reformas instituciona-
les logradas gracias la CII.
7
7. REFLEXIONES DE POLÍTICA PÚBLICA
El narcotráfico y la corrupción, progresivamente, se han convertido en procesos que agru-
pan conductas catalizadoras y dinamizadoras de otras conductas criminales, que no solo
aprovechan sino que agudizan debilidades estructurales en las instituciones democráticas
de estados a nivel local, regional y nacional.
Por una parte, el narcotráfico potencia la convergencia de conductas delictivas
que, directa o indirectamente, se aplican para la comisión exitosa de la producción, trans-
porte, venta de sustancias ilegales, y para el lavado e inversión de capitales que expanden
el negocio en las esferas ilegal y legal. De manera directa, las redes de narcotraficantes
requieren tecnologías de violencia para regular el mercado, proteger territorios, establecer
barreras de entrada a la competencia y hacer cumplir acuerdos establecidos. De manera
indirecta, esas tecnologías de violencia pueden ser luego útiles para cometer cualquier
otro tipo de delito no directamente asociado al narcotráfico, como el robo de autos, los
asaltos bancarios o el cobro de extorsiones (De León-Beltrán & Salcedo-Albarán, 2007).
De hecho, se ha mostrado que rutas que atraviesan Honduras, Guatemala y México, que
fueron establecidas a partir de confrontaciones violentas y principalmente orientadas al
tráfico de drogas, actualmente son usadas para contrabando y tráfico de inmigrantes ilega-
les (Barboza, 2010; González, 2008).
Por otra parte, las conductas de corrupción son un espacio institucional y social de
oportunidad para que narcotraficantes y otros criminales obtengan el favor de funcionarios
públicos en todos los niveles y ramas de la administración pública: desde autoridades lo-
cales de seguridad hasta funcionarios públicos de alto nivel. En este sentido, narcotráfico
y corrupción se dinamizan mutuamente, en la medida en que mayores niveles de narcotrá-
8
fico, por su poder económico y coercitivo, ceteris paribus, tienden a aumentar los riesgos
de corrupción, y viceversa.
El efecto de dinamización criminal logrado por el narcotráfico y la corrupción, y
los fenómenos sociales que resultan de su circularidad causal, como la RCdE, reproducen
y agudizan debilidades estructurales que no sólo se manifiestan en crímenes registrados en
estados locales, regionales o nacionales, sino también en la calidad, funcionamiento y po-
sibilidad de consolidación de las instituciones democráticas. Estos daños estructurales
aparecen no sólo cuando narcotraficantes actúan directamente sobre instituciones encar-
gadas de perseguir y sancionar los delitos a través de múltiples mecanismos, desde el so-
borno a la coerción, sino, en general, cuando las instituciones democráticas se vuelven
funcionales a la realización de intereses criminales, como los intereses narcotraficantes.
Para que esto último suceda, además de que agentes abiertamente narcotraficantes infil-
tren a las entidades y dinámicas de decisión, se requiere que intereses narcotraficantes se-
an adoptados o defendidos por agentes supuestamente legales a cargo del funcionamiento
de estas instituciones. En general, basta la infiltración de intereses criminales, en este caso
narcotraficantes, y la cooptación del funcionamiento de instituciones democráticas, para
que dichas instituciones pierdan su razón de ser fundamental, a saber: favorecer los intere-
ses colectivos.
Como se ha mostrado en el presente documento, esta dinámica no sólo es posible
mediante la coerción y la corrupción tradicional, sino que también se da mediante el esta-
blecimiento de acuerdos de libre voluntad. En el caso analizado en el presente documento,
como no sucede en otros casos, parece haber algún nivel de claridad en la participación
voluntaria de algunos funcionarios públicos; al menos, no se ha documentado algún
proceso de coerción que disminuya la gravedad de la participación de, por ejemplo, el ex-
presidente Portillo.
En este sentido es de resaltar que en buen número de ocasiones agentes legales
como funcionarios públicos y agentes económicos y sociales, han buscado tomar prove-
9
cho de la capacidad criminal de las organizaciones ilegales para realizar propósitos indivi-
duales egoístas y propiamente criminales. Precisamente por este motivo, se asegura que la
RCdE no sólo se configura cuando los criminales manipulan las instituciones democráti-
cas, sino que también aparece cuando agentes, que deberían defender el correcto funcio-
namiento institucional y democrático, buscan a agentes criminales para provechar la capa-
cidad para ejercer la violencia y el poder económico de, por ejemplo, el narcotráfico. Esta
situación, sucedida en Colombia y descrita en diversos trabajos (Garay L. J.,
Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán, 2009a), puede esperarse en contextos en
los que el poder coercitivo y económico del narcotráfico provee ventajas en la realización
de intereses egoístas de políticos, funcionarios públicos y candidatos a cargos de elección
popular.
La infiltración de personas, o de intereses criminales, al interior de las institucio-
nes democráticas, tiene efectos de corto y de largo plazo. En el corto plazo, se favorece la
dinamización de nuevas tecnologías delictivas, aumentando la cantidad y la complejidad
de distintos tipos de crímenes. En el largo plazo, esta infiltración genera distorsiones es-
tructurales en aquellas instituciones formales e informales que se han interpretado como
fundamentos de la noción moderna del Estado. Por ejemplo, como se ha mostrado en el
caso Colombiano (Garay L. J., Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán, 2009a),
los narcotraficantes han adoptado procedimientos distintos o complementarios a la con-
frontación violenta con el Estado y al soborno a funcionarios públicos, adoptando la ma-
nipulación e instrumentalización de instituciones democráticas legítimas. Situaciones co-
mo la “narco-parapolítica”, en la que congresistas elegidos para la legislatura de 2002-
2006 en Colombia, y candidatos a presidencias municipales y gobernaciones, establecie-
ron acuerdos con agentes narcoparamilitares, muestra cómo los narcotraficantes pueden
instrumentalizar la que es, tal vez, la institución democrática fundamental para el correcto
funcionamiento del Estado de Derecho, a saber: la aprobación de leyes por el cuerpo le-
gislativo. En este sentido, se crea una grave distorsión estructural de largo plazo que gene-
ra un manto de duda sobre la calidad y el espíritu de al menos ciertas leyes que rigen la
10
vida social. Esta situación paradójica, en que procesos de elección popular y de descentra-
lización político-administrativa terminan favoreciendo intereses criminales, ha sido de-
nominada “Paradoja de la Cooptación del Estado de Derecho”.4
El caso guatemalteco analizado en el presente documento sirve de sustento empíri-
co para evidenciar algunos procedimientos usados por las redes criminales para lograr que
sus intereses sean adoptados por funcionarios públicos encargados del funcionamiento
institucional del Estado; de igual manera, se ejemplifican claramente los amplios benefi-
cios económicos que en el corto plazo pueden obtenerse cuando se alinean los procedi-
mientos de las instituciones del Estado con los intereses de las redes criminales. Los am-
plios beneficios económicos obtenidos en el corto plazo, en este caso pueden interpretarse
como el resultado de un proceso de “arriba-hacia-abajo”. A su vez, este esquema, en el
que se observa la participación directa de funcionarios públicos del más alto nivel, tiende
a generar una alta exposición penal que, por ejemplo, llevó a la solicitud de extradición de
un ex presidente guatemalteco por parte de la justicia de los Estados Unidos.5
En la medida en que el ex presidente Portillo siempre podrá argumentar motivos
distintos a la complacencia, como causa de su participación en la red, entonces vale la pe-
na recordar que lo importante para entender, controlar y evitar los procesos de CdE y
RCdE no es prestar atención únicamente a las personas involucradas, sino a los procesos.
En esta medida, las lecciones más relevantes que se desprenden del presente análisis están
11
4 “Cuando se cuestiona la legitimidad de ciertas leyes clave, que emergen de estadios avanzados de RCdE, una severa situación paradójica aparece: El Estado de Derecho exige el cumplimiento de la legislación pero, al mismo tiempo, dicho cumplimiento puede favorecer intereses excluyentes e incluso criminales, en detrimento del bienestar social y del mismo Estado de Derecho. En este estadio institucional incluso “el beneficio social” del cumplimiento de dichas leyes puede cuestionarse.” (Garay, 2010)
5 Aquellas estrategias de RCdE que se desarrollan en proceso de “arriba-hacia-abajo” y que generan amplios beneficios económicos o penales en plazos muy cortos, por lo general están acompañados de una alta expo-sición penal que resulta de la participación de funcionarios públicos de alto nivel o de la aplicación de vio-lencia extrema (Garay L. J., Salcedo-Albarán, Guerrero, & De León-Beltrán, 2009a). Dichos beneficios también pueden obtenerse por el desarrollo de estrategias sustentadas o complementadas con la aplicación de violencia extrema, como la observada en masacres cometidas por grupos narco-paramilitares en Colom-bia durante la década los noventa y la primera década del presente siglo. Este tipo de estrategias, sustentadas o complementadas con violencia extrema, también aumentan la exposición penal del agente cooptador como resultado de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
relacionadas con los procedimientos mediante los cuales las redes criminales, en este caso
principalmente narcotraficantes, pueden capturar la oficina de la Presidencia de la Repú-
blica.
Al respecto, pareciera que el financiamiento de las campañas políticas sirvió, en
este caso, como el espacio institucional que facilitó el establecimiento de los acuerdos ne-
cesarios para que los flujos de información legales e ilegales pudieran tramitarse entre los
agentes de la red.6 No obstante, la mediación de personas que facilitaron los flujos de
información entre estos dos tipos de agentes, también fue una circunstancia de contexto
que permitió la configuración y el establecimiento de la red. Por este motivo, en general,
esta red evidencia fallas en el funcionamiento de los distintos controles institucionales con
los que contaba el Estado Guatemalteco, lo cual, en últimas, manifiesta una profunda si-
tuación de corrupción sistémica en la que las instituciones encargadas de la prevención,
investigación, juzgamiento y sanción de conductas corruptas y criminales, fueron afecta-
das y, probablemente, instrumentalizadas (Klitgaard, 1988; Klitgaard, MacLean-Abaroa,
& Lindsay, 2001). La debilidad institucional de aquellas instancias encargadas de contro-
lar, investigar y sancionar los delitos, entre ellos la corrupción y el narcotráfico, constituye
entonces la principal característica y, por lo tanto, la principal falla sistémica que permitió
el establecimiento de la red analizada en el presente documento; diversos controles, de
diversos niveles, fallaron en el Estado Guatemalteco. Por lo tanto, mecanismos interna-
cionales de apoyo y cooperación en las áreas de control e investigación, que desarrollen
capacidades locales en el Estado guatemalteco, se constituyen en instrumentos idóneos
para avanzar hacia un mejor funcionamiento de, al menos, aquellas instituciones indispen-
sables para enfrentar el crimen y la corrupción de gran escala. Esta tarea se considera, en-
tonces, como la principal área de trabajo que en Guatemala debe abordar cualquier políti-
12
6 No obstante, se ha llamado la atención en que el 5inanciamiento económico otorgado por Llort a la campaña del ex presidente Portillo no es lo su5icientemente representativo, en términos de su canti-‐dad, como para explicar los niveles de compromisos adquiridos. En este sentido, las ganancias eco-‐nómicas descubiertas por autoridades de Estados Unidos durante investigaciones al ex presidente y a sus familiares, parecen dar una mejor explicación de dichos compromisos.
ca pública que pretenda mejorar los controles a procesos de CdE y RCdE en el corto pla-
zo, los cuales, como se ha mencionado, no sólo incluyen situaciones de corrupción de
gran escala, sino actividades criminales como el narcotráfico y el lavado de activos. Con
base en lo anterior, a continuación se proponen algunas líneas de acción de corto, mediano
y largo plazo, orientadas a avanzar en el propósito de dicha restitución y consolidación.
7.1. Acciones de corto plazo
1. Fortalecer, consolidar y evaluar el funcionamiento de mecanismos y comisiones
internacionales de control e investigación, como la Comisión Internacional Con-
tra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Teniendo en cuenta la situación de corrupción sistémica que se evidencia en la red anali-
zada, resulta casi imposible contar con las instancias domésticas de control, investigación
y sanción para enfrentar redes criminales tan complejas. Esto, como resultado no sólo de
la posible cooptación, sino también como resultado de la falta de capacidad técnica nece-
saria para abordar investigaciones que requieren metodologías periciales de análisis finan-
ciero y contable, tanto internacional y como doméstico.
Esto no quiere decir que todos los niveles e instancias de las instituciones guate-
maltecas estén cooptadas o neutralizadas por parte de redes criminales pues, muy proba-
blemente, es siempre posible encontrar buen número de funcionarios verdaderamente
comprometidos en el cumplimiento de sus labores públicas y civiles. Sin embargo, cuando
las instituciones en conjunto enfrentan situaciones de debilidad como las evidenciadas en
el presente análisis, aquellos funcionarios comprometidos al interior de las instituciones
débiles, no tienen condiciones adecuadas y proclives para abordar y cumplir sus funcio-
nes; sobre todo, si se tiene en cuenta la disfuncionalidad de la cadena de procesos que vin-
cula las investigaciones, con el juzgamiento y la sanción. Por este motivo, es necesario, en
primera instancia, consolidar y evaluar el funcionamiento de mecanismos como la Comi-
sión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), impulsada por la Organi-
13
zación de las Naciones Unidas, según acuerdo del 12 de diciembre de 2006 y ratificado
por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de agosto de 2007.
Se llama la atención acerca de la consolidación de mecanismos como la CICIG
porque al ser esta una comisión de carácter temporal, puede pensarse que sus labores de-
ben desarrollarse durante un corto periodo. No obstante, el carácter sistémico de situacio-
nes como la analizada en el presente documento, y el carácter estructural y de largo plazo
de las causas que pueden argumentarse como facilitadoras y propiciadoras de procesos de
CdE y RCdE en Guatemala, hacen que la tarea de la CICIG sea requerida durante un pe-
riodo de al menos cinco a siete años. Sin embargo, se ha de llevarse a cabo una permanen-
te evaluación de las actividades de la Comisión con el propósito de siempre garantizar la
pertinencia de las investigaciones y, sobre todo, de auspiciar procesos de transmisión del
conocimiento y desarrollo de tecnologías periciales e investigativas en las entidades y en
los funcionarios locales.
2. Fomentar y evaluar el desarrollo de capacidades locales logrado por los meca-
nismos y comisiones internacionales de control e investigación, como la CICIG.
La acción de la CICIG debe conducir, en última instancia, a facilitar la formación y conso-
lidación de las instituciones guatemaltecas encargadas de investigar, juzgar y sancionar las
redes criminales. Si bien la CICIG no es una comisión cuya existencia esté únicamente
orientada al fortalecimiento institucional local, es necesario aprovechar al máximo los
efectos institucionales, psico-sociales y culturales que resultan de las investigaciones y de
las sanciones ejemplarizantes logradas por la Comisión. Por este motivo, con el fin de ga-
rantizar que en el largo plazo los resultados de la CICIG tengan efectos institucionales po-
sitivos, es necesario mantener y fortalecer procesos de transmisión y desarrollo de capaci-
dades locales, como los observados en el marco de la relación con la Unidad Especial de
Fiscalía Adscrita a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (UE-
FAC). Para el efecto, las siguientes acciones pueden ser útiles:
14
• Diseñar y monitorear la aplicación de protocolos de investigación que faciliten la
transmisión de información entre la CICIG y la UEFAC y, progresivamente, entre
la CICIG y otras instancias locales, a través de la UEFAC.
• Ampliar progresivamente la aplicación de los procesos y criterios de selección
profesional usados por la CICIG en la UEFAC, con el fin de que dichos procesos
sean incorporados en la modernización de otras instancias locales.
• Fortalecer los procesos de capacitación por parte de los funcionarios de la CICIG
no solo a fiscales, sino también a jueces locales con el fin de armonizar las rela-
ciones entre las instancias de investigación, juzgamiento y sanción.
3. En coherencia con el fortalecimiento y con la consolidación de mecanismos y co-
misiones internacionales de control e investigación, es también necesario fomen-
tar el establecimiento de acuerdos bilaterales que faciliten los procesos de investi-
gación entre agencias de México, Guatemala y Honduras.
Las actividades narcotraficantes desarrolladas por Byron Berganza, evidencian el crecien-
te tráfico de drogas ilícitas a través de corredores clandestinos que conectan a Honduras,
Guatemala y México. Por este motivo, es importante armonizar las actividades de investi-
gación adelantadas entre agencias de estos tres países. Para el efecto, es necesario que el
Estado de Guatemala adopte una postura activa en el establecimiento de acuerdos de coo-
peración internacional a nivel regional. De igual manera, es necesario establecer oficinas
de enlaces interinstitucionales entre aquellas agencias que actúan, principalmente, en la
frontera con México. Esta tarea debe siempre abordarse con las precauciones necesarias
de custodia de la información reservada que es empleada para diseñar operaciones reacti-
vas contra redes de narcotráfico. Para el cumplimiento de este último propósito, es
necesario que agencias internacionales, con amplia experticia en el establecimiento de
procesos de compilación y custodia de información de inteligencia, asesoren, acompañen
15
y monitoreen los acuerdos establecidos entre agencias de ambos países. Esta iniciativa no
sólo es importante para avanzar en la calidad investigativa y sancionatoria de Guatemala,
sino para aumentar las probabilidades de las acciones regionales contra el narcotráfico.
7.2. Acciones de mediano y largo plazo
1. Promover y consolidar la legitimación e institucionalización del Estado en su
calidad de ente responsable de lo público y el “bien común”7.
La insuficiente representatividad democrática y la débil institucionalidad del Estado en
países varios latinoamericanos han favorecido el resquebrajamiento de funciones y res-
ponsabilidades básicas e inalienables de un Estado de Derecho democrático. Algunas de
estas funciones son: Garantizar el respeto de los derechos humanos constitucionales de
todos los ciudadanos, asegurar la irrestricta vigencia de la ley en derecho, propender por
la preservación del orden democrático instituido y velar por la integridad territorial. En
países como México, Guatemala y Colombia la precariedad del Estado, algunas veces
agravadas en el nivel local, regional o nacional, ha llevado a la paulatina sustitución de
estas funciones por parte de grupos o intereses privados poderosos en el arbitrio de rela-
ciones políticas, económicas, culturales y sociales, relegándose el imperio de lo público en
favor de propósitos individualistas o grupales que no reflejan los intereses colectivos per-
durables.
En consecuencia, resulta prioritario asegurar que ciertas responsabilidades y fun-
ciones del Estado, en un ordenamiento democrático, sean inalienables e indelegables, de
obligada observancia como autoridad legalmente instituida, y exigibles y de cumplimiento
auditable por la sociedad civil, aun dentro del nuevo papel del Estado que ha venido sien-
do impulsado en el contexto de la globalización. Responsabilidades como (i) asegurar la
preeminencia de lo público y el “bien común”; (ii) garantizar, bajo cualquier circunstan-
cia, el pleno respeto de los derechos humanos; (iii) garantizar el imperio de la ley; (iv)
16
7 Este numeral se basa en Garay (1999).
aplicar la justicia conmutativa bajo condiciones de igualdad; (v) ejercer a cabalidad el po-
der monopólico de su autoridad coactiva, en derecho, para la preservación de la ley; (vi)
velar por la seguridad y la integridad del territorio nacional; e (vii) implantar los preceptos
de la justicia distributiva, que han instituidos constitucionalmente para un Estado Social
de Derecho en calidad de derechos en las esferas económica, social, política y cultural,
deben mantenerse siempre entre las tareas de obligatorio cumplimiento de la mayoría de
los Estados modernos, instituidos en Derecho, con el fin de promover el cumplimiento de
los valores democráticos que sustentan la vida social.
Contrario a lo pregonado por ópticas radicales voluntaristas, para que el Estado
pueda desempeñar con propiedad su papel social a esta altura del proceso de globaliza-
ción, dicho Estado debe vindicarse como institución social legítima, representativa, sólida,
eficaz y funcional bajo una nueva lógica política y económica, sujeta a un activo escruti-
nio por parte de la sociedad –la “rendición pública de cuentas” –. Esto implica la profun-
dización y perfeccionamiento de un nuevo arreglo social que privilegie la estrecha coordi-
nación y consulta entre lo público y lo privado desde el propio nivel individual, grupal y
social en cada esfera de la sociedad (económica, política y cultural).
En este contexto, ha de cambiarse radicalmente el carácter de la función pública y
la racionalidad en el funcionamiento del Estado, imponiendo, con el compromiso de una
ciudadanía cada vez más deliberante, un sentido estrictamente público-societal a la
función pública y erradicando la lógica rentística –excluyente y concentradora del poder–
por una de estricto servicio público en la acción estatal, bajo criterios esenciales como los
de eficacia, transparencia y estricto control, supervisión y fiscalización por parte de la
ciudadanía.
2. Impulsar una reforma política orientada a emitir un marco normativo que (i)
exija controles para prevenir y sancionar los vínculos con redes criminales y
que (ii) imponga sanciones a los partidos políticos cuyos miembros sean san-
cionados penalmente por vínculos con redes criminales.
17
La proliferación de partidos y movimientos políticos sin que constituyan verdaderas plata-
formas ideológicas, es condición que facilita el uso de los mismos como mecanismos que
no sirven para tramitar intereses colectivos en el juego democrático, sino para transar inte-
reses egoístas y, con alta probabilidad, criminales. Por este motivo, como complemento a
los mecanismos de control a los topes y procedencia de fondos en el financiamiento de
campañas y movimientos políticos, es necesario emitir normas legales orientadas fortale-
cer la veeduría de la conducta y de la responsabilidad programática de partidos políticos y
de sus miembros electos popularmente en desarrollo de sus funciones públicas. Particu-
larmente, esta reglamentación y veeduría pueden desarrollarse en términos de castigar
ejemplarmente, tanto a partidos y movimientos políticos que no restrinjan el estableci-
miento de acuerdos de “libre voluntad” entre criminales, candidatos a cargos de elección
popular y funcionarios públicos, como aquellos caso que ya han sido observados, docu-
mentados, investigados y sancionados en Colombia.
Para el efecto, es necesario garantizar el cumplimiento de los códigos de ética
acordados tanto a nivel societal como al interior de los partidos políticos, mediante la
formulación de esquemas de sanciones a los miembros a los que se les argumente, con
pruebas de alta calidad, vínculos con redes criminales como las de narcotraficantes. Por
otra parte, la rama ejecutiva del nivel nacional debería estar en capacidad de imponer san-
ciones a aquellos partidos y movimientos políticos que, en cualquier nivel administrativo,
y por falta de medidas preventivas y de controles, son utilizados como plataforma para
promover intereses criminales.
3. Replantear la concepción y los marcos explicativos para entender las relacio-
nes entre el Estado y los criminales, con el fin de superar nociones “naive”
que suponen un escenario de invariable y permanente confrontación entre
ellos y contar con mejores elementos de juicio a la hora de diseñar políticas
publicas y reformas del Estado.
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Nada más alejado de la realidad que el supuesto de que los seres humanos que conforman
las instituciones de seguridad, juzgamiento y sanción están aislados del poder corruptor,
económico y coercitivo de las redes criminales como las narcotraficantes. En la red mode-
lada en el presente documento, se encuentra que las relaciones sociales que median entren
los nodos/agentes no se limitan a relaciones de persecución y sanción hacia criminales por
parte de funcionarios públicos, o de confrontación y soborno por parte de criminales hacia
funcionarios públicos. Por el contrario, se encuentran (i) relaciones de amistad o de víncu-
lo familiar entre funcionarios públicos y narcotraficantes, (ii) relaciones de cooperación y
apoyo político y electoral otorgado por criminales, en este caso narcotraficantes, a candi-
datos a cargos de elección popular o (iii) también de apoyo solicitado por candidatos o
funcionarios públicos a criminales para aprovechar sus habilidades para ejercer coacción,
intimidación y violencia, comprometiendo como contraprestación algunas dádivas de ca-
rácter administrativo, económico penal consecuente con la impunidad. Estos tipos de rela-
ciones, y otras que han sido observadas en Colombia, como compromisos de cesión de
contratación a grupos ilegales (Garay, Salcedo-Albarán, & De León-Beltrán, 2010), per-
miten reconocer el alcance que las redes ilícitas de crimen organizado tienen sobre las ins-
tituciones de los Estados. A mayor infiltración lograda por estas redes y mayores niveles
de corrupción tradicional, de CdE o de RCdE, ceteris paribus, puede suponerse entonces
una menor capacidad para controlar, perseguir, juzgar y sancionar los delitos y, a su vez,
puede suponerse un círculo causal perverso entre mayores alcances de las redes criminales
y mayores niveles de debilidad institucional.
El reconocimiento de las dimensiones y la estructura de este círculo causal presen-
ta unas características particulares en cada contexto administrativo, sea local, regional o
nacional. Dichas características sólo pueden reconocerse si se identifica y analiza la am-
plia gama de relaciones sociales que, en términos empíricos y no en la teoría de los mode-
los, median entre los intereses criminales y los intereses legítimos del Estado. Para el
efecto, es necesario reconocer que amplias parcelas del Estado, así como de la sociedad
civil y los medios de comunicación, se exponen, resultan afectados e incluso pueden usu-
19
fructuar, por acción u omisión, de la compleja interacción social entre criminales, ciuda-
danos, organizaciones y funcionarios públicos. Todos estos actores del juego social se
yuxtaponen en un entramado de dinámicas políticas, económicas y psico-sociales que re-
quieren mayor profundización para su comprensión y su tratamiento a través de políticas
públicas.
4. Promover y profundizar el análisis integral y transdisciplinar de fenómenos
sociales que resultan de la relación entre corrupción, narcotráfico y debilidad
institucional, con el objetivo de proveer elementos de juicio para la formula-
ción de política en seguridad pública y de nuevos modelos de descentraliza-
ción, sobre todo en Estados cuyas instituciones democráticas se encuentran en
proceso de formación o de consolidación.
La RCdE es un fenómeno social cuyas causas y consecuencias psico-sociales, económi-
cas, culturales, antropológicas y políticas, están mutuamente relacionadas. Esto quiere de-
cir que análisis parciales, estrictamente psicológicos, económicos, antropológicos o políti-
cos, siempre proveerán modelos explicativos con alcances restringidos y conceptualmente
limitados al momento de intentar explicar la realidad social. Esto no quiere decir que haya
modelos que en términos epistemológicos sean lo suficientemente complejos como para
explicar cada detalle de la realidad social pues, en estricto sentido, un modelo o una simu-
lación siempre se desarrolla a partir de una imagen parcial de la realidad (Fodor,
1968/1991). No obstante, modelos que no integran variables de distintos cuerpos científi-
cos, y que suponen que los fenómenos de la realidad social pueden aislarse en función de
las especializaciones del positivismo científico, resultan casi inútiles en términos de dise-
ño de política pública.
En este sentido, por una parte, es necesario que la formulación de políticas de se-
guridad pública se nutran de procesos de diagnóstico sustentados en procedimientos y
protocolos científicos. A manera de ilustración, con el propósito de avanzar en esta direc-
ción, la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica el 17 de diciembre de 2010
20
emitió, a través del Director de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología, un memo-
rando dirigido a los directores de las agencias y departamentos de la Rama Ejecutiva, en
el que se especifican los fundamentos de Integridad Científica del Gobierno (Holdren,
2010). En este sentido, no sólo se fomenta la incorporación de procedimientos, protocolos
y resultados científicos a los procesos de formulación de políticas públicas, sino que se
establecen algunos parámetros para dicha incorporación. Esta iniciativa de incorporación
parece aún precaria en Estados con bajos niveles de desarrollo y divulgación científica,
patentes y doctorados activos, entre otros parámetros de desempeño científico.
Por otra parte, no basta incorporar insumos científicos a los procesos de formula-
ción de política pública en temas como el de seguridad, sino que es necesario que esos
elementos de juicio sean integrales, es decir, que estén conformados por variables proce-
dentes de distintos cuerpos científicos y que estén articulados en explicaciones coherentes
con el contexto institucional de la unidad administrativa que demanda el insumo. A su
vez, el presente proceso requiere la adopción de la siguiente tarea.
5. Avanzar en la modernización y profesionalización del aparato judicial, con
miras a lograr una mayor eficiencia institucional. En este sentido, promover la
transparencia en la información judicial necesaria para entender las estructu-
ras, las causas, los efectos, los flujos de información y las variables de contex-
to institucional que facilitan la puesta en marcha de procesos de CdE y RCdE,
con el fin de generar insumos de política pública que sean cada vez más certe-
ros y ajustados a la realidad institucional de cada Estado local, regional o na-
cional.
6. Promover la convivencia ciudadana, fomentar la cultura de la legalidad y di-
fundir valores democráticos mediante estrategias de educación y divulgación
que incorporen los últimos desarrollos de la neuropsicología, la neuroecono-
21
mía y la neuropolítica, con el propósito de facilitar la interiorización de dichos
valores a los fundamentos culturales de la sociedad guatemalteca.
Sin una estricta prevalencia de la ley se crean condiciones propicias para un desarreglo
societal profundo, produciéndose la ruptura de reglas básicas de convivencia ciudadana.
Esta convivencia se ha de regir, por una parte, por la re-valoración de principios y com-
portamientos que van más allá del ámbito de la educación formal, abarcando los más di-
versos espacios de la vida social. Por otra parte, esta convivencia también debe regirse por
la vigencia de un tipo de normas rectoras en derecho, de índole persuasiva e incluso coac-
tiva, acordadas por mutuo entendimiento a través de un “contrato social” entre los miem-
bros de la sociedad.
La fragilidad de la convivencia ciudadana, que penetra múltiples instancias del
ordenamiento social, abarca desde relaciones cotidianas entre individuos y entre grupos,
hasta aquellas como la relación interactiva entre organizaciones, partidos y el Estado, en
los espacios públicos, colectivo y privado. Entonces, con la erosión de la convivencia ciu-
dadana se va asentando y germinando una creciente utilización del uso de la fuerza o la
coacción, o el poder de influencia de unos grupos poderosos, entre otros los criminales,
sobre otros grupos de la población, para el logro de sus propios fines individualistas,
egoístas e incluso, en ocasiones, en contra de la estabilidad social y de los intereses pro-
piamente de carácter público (Garay, 1999).
Durante las últimas décadas, y con el progresivo fortalecimiento del narcotráfico
como un negocio altamente rentable, una serie de anti-valores ciudadanos, tendientes a la
trampa, a la justificación de la práctica del “todo vale” consecuente con la búsqueda de
fines así sean ilegales o ilegítimos mediante cualquier medio por injustificable que sea, y a
la resolución violenta de conflictos, se han incorporado en los fundamentos de la cultura
de varias sociedades latinoamericanas. Con el fin de reversar esta situación, se requiere
una especie de “revolución cultural” cuya promoción debe incorporar los últimos desarro-
llos educativos y neuro-psicológicos que dan cuenta de cómo y por qué determinados pa-
22
trones de conducta surgen, se transmiten y consolidan en los protocolos culturales de gru-
pos humanos. Este enfoque requiere la consideración transdisciplinar de (i) las estructuras
de las redes sociales que se configuran en virtud de patrones de conducta, como es el caso
de los intereses y propósitos criminales, (ii) el sustrato causal neurológico subyacente a la
transmisión y adopción de esos patrones y de ciertas decisiones (Camerer & Loewenstein,
2004; Camerer, Loewenstein, & Prelec, 2004), y (iii) el sustrato-esquema institucional que
resulta de esta dinámica.
Se ha de avanzar, entonces, en el desarrollo de un nuevo ethos cultural mediante la
valoración del reconocimiento moral del individuo y el deber de la civilidad como requisi-
to para la formación de una ciudadanía deliberante, autorreflexiva y protagonista del desa-
rrollo social. Consecuente con ello, se debe progresar en la legitimación de la prevalencia
de principios y valores civilistas con sustento en el aporte comprometido de la ciudadanía
(Garay et al., 2002).
7. Promover y aplicar un acuerdo societal sobre principios rectores de la justicia
distributiva y la inclusión social.8
Ante los niveles de exclusión, inequidad y pobreza, uno de los postulados rectores del
contrato social requerido para construir una nueva sociedad que rechace en mayor medida
los intereses y procedimientos criminales, gira alrededor de la decisión política sobre los
valores societales de la igualdad. Aparte del requisito de la igualdad de los ciudadanos en
términos de los valores de la libertad política y civil, de los valores del bien común y, en
fin, de los valores y derechos básicos –objeto de la justicia conmutativa propiamente di-
cha–, toda sociedad organizada debe abordar y definir los principios que regulan los valo-
res de la equidad de oportunidades intra e inter-generacionales. Estos valores deben hacer
énfasis especial hacia las nuevas generaciones; sobre todo, cuando las generaciones re-
cientes no han contado con mecanismos equitativos necesarios para avanzar en la realiza-
23
8 Este numeral se basa en Garay (1999).
ción de vida con socioeconómicas buenas, dentro de estándares internacionales, pero ar-
mónicos con legalidad. Estos proyectos de vida, entonces, sólo serán posibles sobre la ba-
se las igualdades económicas y sociales; en general, de la reciprocidad económica en re-
tribuciones proporcionales a los esfuerzos hechos dentro de la legalidad. Éste es el campo
de la justicia distributiva en el que se fijan los principios e instituciones para la justicia
social y económica entre unos ciudadanos con el derecho a ser libres e iguales.
La justicia distributiva es especificada por decisión política sobre los criterios que
la comunidad de ciudadanos deliberantes y reflexivos –bajo una concepción societalista y
no exclusivamente egoísta– reconoce como “justos” en términos distributivos, y según la
cual a cada uno se le garantice lo que le deba corresponder. La aplicación de esta justicia
es, en última instancia, ámbito de la autoridad pública, del Estado que debe haber sido le-
gítimamente constituida, mediante mecanismos democráticos, siempre favoreciendo el
bienestar colectivo, y no mediante procedimientos coercitivos o de facto.
La importancia de una justicia conmutativa y distributiva, legítimamente recono-
cida por los ciudadanos, reside en que los motiva a consolidar un sentido de pertenencia y
de identificación con la comunidad, a cumplir con el deber de la civilidad, a privilegiar el
“bien común” y lo público y, en últimas, a perseguir la realización de proyectos de vida
fundamentados en el desarrollo de valores morales que, aunque pueden ser individuales,
no son egoístas sino que son armónicos con el bien común. Por el contrario, en ausencia
de estos principios de justicia conmutativa y distributiva, es casi imposible perseguir la
realización de proyectos de vida cívicos, pues se carece de las condiciones mínimas de
partida y de los procedimientos necesarios para realizar intereses individuales que sean
armónicos con el bienestar general. En estas condiciones, van apareciendo intereses indi-
viduales pero puramente egoístas que progresivamente se fortalecen en virtud de la conso-
lidación del imaginario alrededor de aquellos que triunfan sin importar el medio de lo-
grarlo ni el costo que implica a los demás. Luego, en estadios avanzados bajo el predomi-
nio de intereses egoístas y excluyentes, las restricciones morales, en términos individuales
24
y sociales, se distorsionan casi por completo, al punto de que se impone la idea del todo
vale estricto. Se configura, entonces, un escenario de competencia entre (i) aquellos que
continúan respetando las leyes y las reglas del juego social, incluso en ausencia de condi-
ciones de partida que garanticen los mínimos necesarios para desempeñarse en el juego
social en condiciones de igualdad y casi sólo en virtud de un optimismo moral, con una
baja probabilidad de lograr la realización del “proyecto de vida ideado”, y (ii) aquellos
que no respetan las leyes ni las reglas del juego y que, por lo tanto, adoptan proyectos de
vida que, sin ser más fáciles de realizar que aquellos de quienes respetan las reglas, al es-
tar fundamentados en la ilegalidad conllevan una alta rentabilidad económica y posible-
mente social. El resultado, en la práctica, es que los segundos tienden a obtener mayor
rentabilidad económica en el corto plazo y, en algunos contextos, mejores posiciones so-
ciales; mientras que los primeros quedan asociadas, en el imaginario social y en la prácti-
ca, a proyectos de vida de menor rentabilidad económica y, en determinados contextos, a
peores posiciones sociales.
Por lo anterior, se hace necesario establecer las bases para consolidar una cultura
democrática bajo principios de una civilidad deliberante y de la legalidad como referente
de las relaciones sociales; es necesario invertir la imagen aquí descrita, no para que la ren-
tabilidad económica sea irrelevante en la configuración del respeto social, sino para que
sean las actividades legales, civiles y socialmente benéficas, las que estén asociadas a la
posibilidad de desarrollar proyectos de vida llamativos por su rentabilidad individual y
social. Sólo así pueden buen número de las sociedades latinoamericanas, avanzar en el
desarrollo de una sociedad moderna, organizada bajo un régimen democrático incluyente
en lo económico, político, cultural y social. En general, se requiere avanzar en la toma de
conciencia y en la asunción del papel social de cambio por parte de actores clave y de sec-
tores cada vez más amplios de ciudadanos, con participación especial y comprometida de
las nuevas generaciones, para afrontar de manera integral, en términos de la relación entre
los privado, lo colectivo y lo público, un proceso de transición hacia la construcción de
una nueva sociedad.
25
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29
9. ANEXOS
9.1.Anexo 1. Resultados del indicador de centralidad directa.
Indicador Código Puesto (Core Node)15,9 NPBNJAL 19,4 ICBB 28,2 FSFBESAM 34,7 FUNPREAP 44,1 PGRLFOM 53,5 PRLCFARLR 62,9 JDOCHNRESI 72,9 CJRR 82,4 PFHBVB 92,4 PAPAO 102,4 FSFBNHDERESI 112,4 AEDEAGSL 122,4 AEDEAGRG 132,4 AEDEAGGF 141,8 PPCFAAHG 151,8 PJUI 161,8 PJBIGB 171,8 PGBNAA 181,8 PAFLFQ 191,8 FUNJSNR 201,8 FUNJSNR 211,2 PRMB 221,2 PRLDIMAZN 231,2 PRLCHNICF 241,2 PLRVP 251,2 PLRLFCB 261,2 MGRGCP 271,2 IEV 281,2 ICSAL 291,2 FSFBERC 301,2 AEDEASSJC 311,2 AEDEAGRD 321,2 AEDEAD 33
30
0,6 PJSBNHM 340,6 PJPISA 350,6 PJJSA 360,6 PGGBETF 370,6 PERR 380,6 PDBPMFA 390,6 PCFCSARRH 400,6 PACHNNAL 410,6 PACHNMMM 420,6 NGMAL 430,6 FUNMIND 440,6 AEDEAW 450,6 AEDEADM 46
9.2. Anexo 2. Resultados del indicador de betweenness.
Indicador Código Puesto (Core Node)
38,8 NPBNJAL 122,3 ICBB 214 FSFBESAM 35 JDOCHNRESI 4
4,1 PRLCFARLR 53,4 FUNPREAP 62,9 PFHBVB 72,9 AEDEAGSL 82,7 FSFBNHDERESI 92,4 PGRLFOM 101,6 CJRR 110,1 PAPAO 120 PRMB 130 PRLDIMAZN 140 PRLCHNICF 150 PPCFAAHG 160 PLRVP 170 PLRLFCB 180 PJUI 190 PJSBNHM 200 PJPISA 210 PJJSA 220 PJBIGB 230 PGGBETF 240 PGBNAA 250 PERR 260 PDBPMFA 270 PCFCSARRH 28
31
0 PAFLFQ 290 PACHNNAL 300 PACHNMMM 310 NGMAL 320 MGRGCP 330 IEV 340 ICSAL 350 FUNMIND 360 FUNJSNR 370 FUNJSNR 380 FSFBERC 390 AEDEAW 400 AEDEASSJC 410 AEDEAGRG 420 AEDEAGRD 430 AEDEAGGF 440 AEDEADM 450 AEDEAD 46
32