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Las voces de lo inmaterial
Memorias del IV Encuentro Nacional de Patrimonio
Ministerio de Cultura
Mariana Garcés Córdoba
MINISTRA
María Claudia López Sorzano
VICEMINISTRA
Enzo Rafael Ariza Ayala
SECRETARIO GENERAL
Juan Luis Isaza Londoño
DIRECTOR DE PATRIMONIO
Adriana Molano Arenas
COORDINADORA DEL GRUPO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Eugenia Serpa Isaza
COORDINADORA DEL GRUPO DE BIENES MUEBLES
Gabriel Omar Prieto
COORDINADOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Afif Siman Slebi
SECRETARIO DE CULTURA
Equipo IV Encuentro Nacional de Patrimonio
Enrique Sánchez Gutiérrez
COORDINADOR ACADÉMICO
Viviana Cortés Angarita
José Alexander Hernández
Ruth Flórez Rodríguez
Texto: Luisa Fernanda Sánchez Silva y Enrique Sánchez Gutiérrez
Imagen de portada: Pablo Castillo
Contenido Introducción .................................................................................................................................. 4
I. La salvaguardia en retrospectiva ......................................................................................... 6
La convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 ..................... 6
Colombia en el camino hacia la salvaguardia del PCI ............................................................... 9
La Política para la salvaguardia del PCI en Colombia .............................................................. 12
El balance de las acciones de salvaguardia ............................................................................. 13
Balance general sobre las Listas Representativas de PCI en Colombia ............................... 16
La aplicación de los recursos del IVA proveniente de la telefonía móvil ............................ 23
El Plan Palenque Global ....................................................................................................... 24
Investigación e Inventarios del Patrimonio Cultural Inmaterial.......................................... 26
Memoria y patrimonio cultural ........................................................................................... 27
Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas
tradicionales de Colombia ................................................................................................... 30
Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial asociado a los sitios sagrados de los
pueblos indígenas. ............................................................................................................... 31
Estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión social del patrimonio ......... 32
Participación en las iniciativas del CRESPIAL ...................................................................... 33
Los recursos de inversión ................................................................................................... 33
II. Aperturas, retos y debates frente al PCI y su gestión en Colombia ...................................... 34
Los debates frente al PCI ......................................................................................................... 34
El PCI como campo de gestión................................................................................................. 36
Estrategias, metodologías y acciones de salvaguardia ....................................................... 36
Acceso y uso de los espacios públicos para las manifestaciones del PCI ............................ 39
Integración de los diferentes campos del patrimonio cultural ........................................... 41
El PCI como campo de acción ................................................................................................. 43
El PCI como un factor de desarrollo .................................................................................... 43
Memoria, historia y salvaguardia del PCI ............................................................................ 46
Salvaguardia de las artes populares y las tradiciones artesanales ..................................... 49
Salvaguardia de las tradiciones culturales campesinas ...................................................... 53
Salvaguardia de la alimentación y las cocinas tradicionales ............................................... 57
III. Recomendaciones del IV Encuentro ..................................................................................... 60
Conclusiones generales ............................................................................................................. 66
“Las voces de lo inmaterial”: participantes ............................................................................... 70
Introducción
En el mes de septiembre de 2013, los días 24, 25, 26 y 27, se celebró en la ciudad de
Barranquilla el IV Encuentro Nacional de Patrimonio “Las voces de lo inmaterial”. Este
Encuentro marcó un hito importante en el proceso que emprendió Colombia desde la
ratificación de la Convención para la salvaguardia del patrimonio inmaterial de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-
de 2003 y la formulación de la Política para su salvaguardia en 2009, en la medida en que
puso en la escena nacional un tema que cobra cada vez más relevancia como eje de acción
y de reflexión para diversos actores y sectores.
Aunque todas aquellas expresiones, usos y tradiciones que hoy se agrupan bajo el
concepto de patrimonio cultural inmaterial (en adelante PCI) hacen parte integral de
nuestra vida individual y colectiva desde tiempos remotos, solo hasta hace poco más de
una década el PCI ha tomado fuerza como un campo autónomo al que se destinan
herramientas, conceptos e instrumentos normativos particulares.
En Colombia, como en otros países de América Latina, el compromiso de los gobiernos con
la salvaguardia del PCI acompañó cambios estructurales más profundos que se tradujeron,
por ejemplo, en nuevos modelos de definición de la nación y de la ciudadanía. En nuestro
país la Constitución de 1991 reconoció el país como pluriétnico y multicultural y con ello
integró a nuestro mapa de nación territorios, grupos y sistemas culturales históricamente
invisibilizados. Siguiendo su mandato, los instrumentos legales, programas estatales y
acciones específicas que se decantan de la Convención de 2003 han puesto el énfasis en el
valor de esta variedad de expresiones y saberes - legado de indígenas, afros, raizales, roms
y producto de la creatividad de los diferentes grupos que hoy pueblan el territorio
nacional- así como en la necesidad de emprender esfuerzos para garantizar que perduren
en el tiempo.
Si bien la diversidad cultural ha sido uno de los principales ejes que han guiado las
acciones públicas y privadas de salvaguardia del PCI, las dinámicas del mundo actual han
puesto al patrimonio inmaterial en el cruce de varias discusiones centrales para el devenir
de los grupos y las colectividades tanto en América Latina como en el mundo. La
importancia de los saberes que detentan diferentes grupos para conservar la
biodiversidad y promover la soberanía alimentaria; los retos que impone la circulación en
el mercado de los bienes culturales, las técnicas y los oficios tradicionales; el papel de la
cultura en la reparación del daño colectivo que sufren las victimas de diferentes
violencias; la necesidad de repensar el rol del Estado y de la sociedad civil en aras de
superar las diferentes forma de exclusión y desigualdad; la posibilidad de abrir espacios
de participación ciudadana y diálogo intercultural o las necesarias contribuciones de otros
sistemas de vida y de pensamiento a un modelo de desarrollo que parece haber llegado al
limite de su vida útil, son solo algunas de las problemáticas en las que el campo del
patrimonio tiene mucho que aportar. Por esta razón, los recientes desarrollos normativos,
conceptuales y metodológicos muestran que el PCI es cada vez más una poderosa
herramienta, en cuya movilización, los Estados, grupos sociales y comunidades
intervienen y se apropian del campo de lo político.
En esta coyuntura surge el interés del Ministerio de Cultura por reunir las diferentes voces
que hoy hablan de patrimonio cultural inmaterial para reflexionar conjuntamente sobre el
papel que este cumple en nuestra sociedad. Se congregaron así las voces de los portadores,
por mucho tiempo silenciadas o dejadas al olvido; las voces de los investigadores y
miembros de la comunidad académica que han hecho del PCI un campo fértil de análisis y
de producción de conocimiento; las voces de los gestores y responsables de culturales que,
enfrentando numerosos obstáculos y limitaciones, dinamizan el sector en sus regiones y
localidades; las voces de los funcionarios públicos y responsables de cultura que
encuentran en la salvaguardia del PCI una forma de incidir en la realidad del país y por
último, la voz de los diferentes ciudadanos que a través de sus acciones, de sus prácticas y
de sus saberse cotidianos dan vida y sentido al patrimonio.
El Encuentro propuso una serie de conferencias, paneles y mesas temáticas que, a partir
de discusiones, debates y experiencias alrededor de las diferentes iniciativas de
salvaguardia realizadas hasta el presente, permitieron, en primer lugar, hacer un balance
de lo que ha implicado la implementación de la Convención de 2003 para la salvaguardia
del PCI. En segundo lugar, reflexionar críticamente con los gestores, portadores,
investigadores y funcionarios públicos sobre los alcances de las herramientas y conceptos
puestos en práctica por las instituciones y las diferentes colectividades y, por último,
construir una serie de recomendaciones dirigidas al Sistema Nacional de Cultura para
ajustar y mejorar las estrategias y acciones llevadas a cabo.
El carácter multidisciplinar del equipo de ponentes y moderadores de los paneles y
conferencias llevó a la contraposición de visiones sobre el PCI y sus alcances. Por su parte,
las mesas de trabajo –eje principal del encuentro- posibilitaron un diálogo abierto entre
los portadores de las manifestaciones del PCI y los diferentes participantes del Encuentro,
contrastando posiciones y vivencias. En las mesas se examinaron experiencias
representativas de salvaguardia que permitieron ilustrar los desafíos y problemas que
tiene la implementación de la norma y la política, y mostrar también los logros y
alternativas que las mismas experiencias suscitan. Sin duda, uno de los logros más
importantes, reflejo del espíritu de la Convención y de la Política, fue integrar, en un
mismo espacio, a los portadores y gestores comunitarios y a los llamados “expertos” en el
campo del patrimonio: investigadores, académicos y funcionarios de instituciones públicas
y privadas del ámbito nacional e internacional. Se tomó así partida por evidenciar que sus
opiniones, conocimientos y recomendaciones, lejos de oponerse o descalificarse entre sí,
dan cuenta de ángulos de lectura complementarios y necesarios a la hora de evaluar y
mejorar las herramientas propuestas por la Política de salvaguardia del PCI.
A partir de los documentos, relatorías y guías elaboradas en el marco del IV Encuentro
Nacional de Patrimonio, el presente texto recoge las principales consideraciones,
conclusiones y recomendaciones de los grupos de trabajo sobre la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial. Este está dirigido a los funcionarios y trabajadores de la
cultura, portadores de las manifestaciones del PCI, gestores culturales, y al público
interesado en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
Con el fin de contextualizar al lector y dar mayor profundidad a las ideas presentadas, el
texto se divide en dos partes. En la primera se retoma el marco normativo general en el
que Colombia se compromete con la salvaguardia del PCI y los desarrollos específicos que
el tema ha tenido en el país. Se presenta también un balance de la implementación de la
Política para la salvaguardia del PCI que se elaboró como material de base para enriquecer
las discusiones. Dicho balance permite evaluar el programa para la salvaguardia del PCI de
la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y profundizar en las diferentes
estrategias que se han puesto en marcha con el objetivo de fortalecer la capacidad de
gestión social del PCI por parte de los grupos, colectividades y comunidades del país.
En la segunda parte, y a la luz de algunos de los debates actuales sobre el campo del
patrimonio, se retoman las temáticas desarrolladas en el Encuentro. Dadas las limitaciones
de tiempo y espacio, este documento, más que una relatoría detallada de cada mesa o
panel de trabajo propone una síntesis de la información a partir de ejes de reflexión y de
preguntas guía.
Aunque las contribuciones no se retoman aquí de manera individual, son los aportes de los
participantes, panelistas, moderadores y expositores de Colombia y de otros países los que
permitieron generar las discusiones que aquí se recogen. Estas discusiones buscan
alimentar la reflexión sobre el campo del patrimonio, dando cuenta de las problemáticas y
tensiones que le son inherentes pero sobretodo de sus inmensas posibilidades como
objeto de política pública, metodología de trabajo y herramienta de fortalecimiento social.
I. La salvaguardia en retrospectiva
La convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
de 2003
El Patrimonio Cultural Inmaterial está constituido por los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y
espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconocen como parte integrante de su identidad colectiva, y por
ende, valoran, preservan y quieren transmitir a otras generaciones. Este patrimonio
cultural inmaterial es recreado constantemente por las comunidades, grupos y colectivos
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. Este incluye una
gran variedad de las lenguas, rituales, juegos, tradiciones artísticas y artesanales además
de complejos sistemas de organización social y de producción económica. Por ello
hablamos de un patrimonio vivo, dinámico, que se renueva y se transforma al ritmo de la
vida misma de las personas que lo recrean, lo transmiten y lo sienten suyo.
Aunque es parte constitutiva del conjunto de sociedades humanas por ser expresión de la
cultura, el PCI solo se convierte en objeto de políticas públicas a finales del siglo XX,
cuando se hace evidente que aquello que merece la protección de los Estados y los
organismos internacionales sobrepasa el universo de los monumentos, espacios,
inmuebles y vestigios de naturaleza material y en muchos casos, requiere de acciones
inmediatas frente a las amenazas derivadas de los procesos contemporáneos de
mundialización y de las transformaciones sociales sin precedentes en la historia de la
humanidad. En efecto, los procesos de mundialización, facilitados por la evolución rápida
de las tecnologías de la información y la comunicación, pese a que crean condiciones
inéditas para que se intensifique la interacción entre las culturas, constituyen también un
riesgo para la supervivencia de prácticas, creencias, oficios y sistemas de vida que frente a
las desigualdades y a la imposición de modelos económicos, políticos y culturales pierden
su sentido y función social.
Este énfasis en el patrimonio de naturaleza intangible está directamente relacionado con
un tema fundamental: la protección, promoción y fomento de la diversidad cultural; un
objetivo que toma fuerza en el contexto de diversos cambios estructurales de orden global
como la adopción de la democracia participativa y el multiculturalismo como modelo de
Estado, la influencia de movimientos sociales cuyas demandas se fundaron en el
reconocimiento de identidades de carácter cultural, la consolidación de un discurso
científico-antropológico que pugnó por el reconocimiento de los grupos étnicos
minoritarios, un corpus de legislación internacional que, como el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo –OIT-, apuntaban hacia la autodeterminación
indígena, entre otros. En este marco, organismos internacionales como la UNESCO
partieron de la premisa de acuerdo con la cual la diversidad crea un mundo rico y variado
que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos,
constituyéndose, por lo tanto, en uno de los principales motores del desarrollo sostenible
de las comunidades, los pueblos y las naciones1.
Siguiendo esta premisa, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la UNESCO de 2003 ha sido el instrumento orientador más importante para
la formulación e implementación de las políticas patrimoniales contemporáneas. Esta se
promulga ante la necesidad de disponer de un instrumento multilateral de carácter
vinculante, destinado a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, en el marco del
respeto a las comunidades, grupos e individuos y de la sensibilización, en todos los
ámbitos, sobre su importancia. De esta forma, la aprobación de esta convención constituyó
un paso decisivo en los esfuerzos por promover y proteger la diversidad cultural, así como
una oportunidad para los Estados parte de reconsiderar críticamente los modelos de
ciudadanía que habían regido hasta entonces en sus territorios, reconociendo los aportes
de grupos sociales que durante mucho tiempo permanecieron relegados e invisibilizados.
El principal objetivo de la Convención es salvaguardar el patrimonio inmaterial
manteniéndolo vivo y conservando su función social a largo plazo. Para ello establece
cuatro objetivos:
1. La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2. El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos y
personas 3. La sensibilización en el plano local, nacional e internacional sobre la importancia
del PCI y de su reconocimiento
1 UNESCO (2002) Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. Serie sobre la diversidad cultural
n°1. Disponible en línea en http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf
4. La cooperación y asistencia internacionales
Se trata de finalidades muy amplias que deben orientar la acción pública de los Estados
parte y en cuyo centro se encuentra la salvaguardia como principio orientador. Esta se
entiende como el conjunto de medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del
patrimonio. La UNESCO menciona las siguientes: identificación, documentación,
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión formal,
transmisión no formal y revitalización.
En términos generales y de acuerdo a la manera en que ha sido implementada la
Convención en los 22 Estados Parte en América Latina y el Caribe, se podrían sintetizar
tres tipos de medidas:
a) De investigación y documentación. Se refiere especialmente a la elaboración
de inventarios y a la puesta en marcha de Instituciones de documentación. A fin de
asegurar la identificación necesaria para proceder a la salvaguardia, los Estados
parte están obligados a crear uno o más inventarios del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio, que deberán actualizarse regularmente. No es
necesario que un Estado parte haya confeccionado uno o más inventarios antes de
ratificar la Convención. Por el contrario, la preparación y actualización de los
inventarios se entiende como un proceso continuo.
b) De apropiación social o puesta en valor del patrimonio. Se trata de medidas
que aseguren el reconocimiento, la valorización y el respeto del PCI, por ejemplo
programas educativos, actividades de fortalecimiento de capacidades de
salvaguardia, medios no formales de transmisión así como estrategias de
sensibilización sobre la protección de espacios naturales y lugares de memoria
necesarios en la existencia y expresión del PCI.
c) De salvaguardia efectiva. Entre estas medidas se incluyen aquellas que
promuevan la cooperación bilateral, regional e internacional para el desarrollo de
los mandatos de la Convención. Estas incluyen el intercambio de documentación, la
participación en actividades desarrolladas por los centros de categoría 2 (por
ejemplo el CRESPIAL) y la creación de redes comunitarias y de expertos, entre
otros.
Las obligaciones principales de los Estados parte, de acuerdo al Artículo 11 de la
Convención, son dos:
1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.
2. Identificar y definir los distintos elementos del PCI presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.
De manera adicional, de acuerdo al Artículo 13, dice la Convención que, en la medida de lo
posible, los Estados Parte se comprometen a:
1. Adoptar una política general
2. Designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del PCI
3. Fomentar los estudios científicos, técnicos y artísticos y metodologías de investigación para la salvaguardia, en especial, el que se encuentre en peligro
4. Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero para favorecer la creación o fortalecimiento de las instituciones de formación para gestión del PCI, y la transmisión de este patrimonio.
Es obligatorio para los Estados parte la observancia de la restricción de no incluir en las
manifestaciones que se busca salvaguardar, las no compatibles con los instrumentos
internacionales de Derechos Humanos existentes, las contrarias a los imperativos de
respeto mutuo entre comunidades grupos e individuos, y el desarrollo sostenible.
Bajo este marco, la Convención exige a los Estados parte que adopten las medidas
necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en
su territorio y que hagan participar a las comunidades, grupos y ONG pertinentes en la
identificación y definición de los elementos de este patrimonio. De esta forma la
Convención de 2003 y sus desarrollos posteriores han puesto el énfasis en los portadores
(cultores, detentores) y en la necesidad de establecer acuerdos sociales para definir las
vías posibles hacia la salvaguardia.
Colombia en el camino hacia la salvaguardia del PCI
Colombia ingresó en la UNESCO el 31 de octubre de 1947 y firmó la Convención sobre el
Patrimonio Mundial, Natural y Cultural (formulada en 1972) el 24 de mayo de 1983. En
esta convención se dio prioridad a la protección del patrimonio material, comprendido por
los monumentos, edificios, sitios y demás bienes inmuebles revestidos de un “valor
universal extraordinario”2 . El interés surgido en Colombia por los bienes patrimoniales de
carácter público se tradujo en medidas legales orientadas a su protección y fomento.
En lo que respecta a la salvaguardia del PCI, si bien se venía dando la discusión sobre los
alcances de la cultura y el patrimonio nacional desde tiempo atrás, es la Constitución de
1991 la que da el impulso definitivo para la adopción de medidas orientadas a proteger y
visibilizar la diversidad cultural de la Nación. Entre los hitos importantes que han tenido
lugar después de la adopción de la nueva carta política se pueden señalar los siguientes:
En el año 1997 se expidió la Ley 397 o ley General de Cultura y se creó el Ministerio de
Cultura como entidad responsable de formular, coordinar, ejecutar y vigilar la
implementación de las políticas culturales en el territorio nacional. Se dictan entonces
medidas para la protección y salvaguardia de las riquezas patrimoniales de la nación, la
creación de servicios de clasificación, conservación y valoración de los elementos que
componen el patrimonio cultural, la promoción de la investigación, entre otras. Es
importante mencionar que el Ministerio de Cultura surge a partir del Instituto Colombiano
de Cultura (Colcultura), instituto fundado en 1968 que, entre muchas acciones, promovió y
realizó una serie de jornadas de cultura popular y produjo series documentales como
2 Ministerio de Cultura de Colombia (2014) Guías para el conocimiento y la gestión del PCI: Módulo 0.
Hablemos de la Política de Salvaguardia del PCI. Bogotá. Material en proceso de edición.
Aluna y Yuruparí que mostraron al país la diversidad cultural de la Nación a través de los
medios de comunicación.
En el año 1998 se puso en marcha el Programa CREA para favorecer el diálogo regional
sobre la cultura mediante encuentros artísticos y culturales a nivel municipal,
departamental y nacional. CREA fue una expedición por la cultura colombiana con la
realización de cerca de 350 encuentros. En ese año, mediante el Decreto 0853 se ordenó
declarar un día del mes de septiembre, como “día del patrimonio”.
En el año 2000 se formuló el “Plan Nacional de Cultura 2001-2010: Hacia una ciudadanía
democrática cultural” mediante el cual se formularon las políticas para el sector cultural,
complementadas con el documento CONPES: “Lineamientos de sostenibilidad del Plan
Nacional de Cultura 2001-2010”. El plan contemplaba entre sus propósitos la creación y
recreación de las memorias, al igual que la construcción de sentidos de pertenencia,
permanencia e identidad, que son los efectos del PCI3.
En el año 2001 se realizó en Mompox, Bolívar, el encuentro “La cultura le declara la paz a
Colombia” donde artistas, artesanos, y gestores culturales reflexionaron sobre cómo la
cultura puede contribuir en el camino hacia la paz.
En el año 2002 se creó el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC), cuyo
objetivo fue el de fomentar la formación y la práctica musical por medio de la creación o
fortalecimiento de escuelas de música (bandas de viento, coros, orquestas y música
popular tradicional).
En el año 2003, tras la suscripción por parte de Colombia de la Convención para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el Carnaval de Barranquilla fue
proclamado por la UNESCO como “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad”; se puso en marcha el “Plan Nacional de Cultura y Convivencia”; el Instituto
Caro y Cuervo fue adscrito al Ministerio de Cultura y se expidió el Decreto 3093 y el
Documento CONPES 3255 estableciendo la participación de la cultura en los recursos
provenientes del impuesto al valor agregado –IVA-.
En el año 2004 por Resolución 0263 de 2004 se creó el Comité de Patrimonio Inmaterial y
se reglamentó su composición, funciones y régimen de sesiones. Se crearon los Programas
Nacionales de Concertación y Estímulos para cofinanciar iniciativas que promuevan la
formación artística y cultural, la recuperación de la memoria de los pueblos y la promoción
de actividades culturales como fiestas tradicionales, carnavales, procesos de formación,
festivales y espectáculos musicales y el otorgamiento de becas, pasantías, premios
nacionales y residencias artísticas dentro y fuera de Colombia. Se declaró como Bien de
Interés Cultural el Concurso Nacional de Bandas de Paipa.
En el año 2005 se creó el grupo de PCI (Resolución 1617 del Mincultura). El Espacio
Cultural de San Basilio de Palenque fue declarado por la UNESCO como “Obra Maestra del
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”. En ese mismo año se creó el CRESPIAL4
3 Rubio Serrano Rocío (2008). Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial. CRESPIAL. Disponible en
línea en http://www.crespial.org/new/public_filesfile/pci-colombia.pdf
4 El CRESPIAL surgió como resultado de los compromisos asumidos en la XIII Cumbre Iberoamericana de
con sede en el Cusco, Perú, como un centro de apoyo para los países de América Latina
comprometidos con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
En el año 2006 el Congreso de la República adoptó la Convención de la UNESCO como ley
1037. En ese mismo año El Ministerio formuló la estrategia para preservar las lenguas
indígenas de Colombia, con un convenio de cooperación con el País Autónomo Vasco. Se
expidió el documento CONPES 3409 conocido como “Plan Nacional de la Música para la
Convivencia”. Se emprendió la campaña de sensibilización por el patrimonio inmaterial
colombiano “Demuestra quién eres”, realizada por el ICANH con el apoyo de la UNESCO, la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón y el Convenio Andrés Bello, campaña que
dejó una valiosa experiencia para el país en el campo del reconocimiento del patrimonio
cultural inmaterial.
En el año 2007 se produjo el Informe de Rocío Rubio Serrano: “El estado del arte del
patrimonio cultural inmaterial”, publicado en el 2008. Se publicó el “Manual para la
implementación del proceso de identificación y recomendaciones de salvaguardia”, más
conocido como PIRS. Se estableció en el Ministerio el “Premio Nacional de Gastronomía”
(en la actualidad “Premio Nacional de Cocinas Tradicionales”). En ese año se instaló el
Comité Directivo del Plan Decenal del Espacio Cultural de San Basilio de Palenque, “Obra
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad”. Se adoptó el Plan Nacional
para las Artes con el objetivo valorar las prácticas artísticas como factor de desarrollo
sostenible, de renovación de la diversidad cultural y principio de la ciudadanía
democrática.
En el año 2008 se expidió la Ley 1185 (marzo 12), que modifica la Ley General de Cultura
y que propone en uno de sus capítulos la salvaguardia, protección, recuperación,
conservación, sostenibilidad y divulgación del PCI, con el propósito de que sirva de
testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. La
UNESCO adoptó las Directrices Operativas para la Aplicación de la Convención para la
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (París 16-19 de junio). Se incluyeron en la
Lista Representativa de PCI de la Humanidad el Carnaval de Barranquilla y el Espacio
Cultural del Palenque de San Basilio.
En el año 2009, se expidió el Decreto 2491 (agosto 6), que se constituye el eje básico de la
legislación colombiana sobre la salvaguardia del PCI; se reconfiguró el Grupo de PCI del
Ministerio de Cultura y en el mes de octubre se adoptó la Política de salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial. En ese año se incluyeron en la Lista Representativa de PCI
de la Humanidad el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto y las Procesiones de Semana
Santa de Popayán. Para la conmemoración del Bicentenario de las Independencias se creó
un portafolio de proyectos y actividades entre los cuales se puso en marcha el programa
Centros Municipales de Memoria. La Dirección de Patrimonio inició el proyecto Memorias
de la Libertad. Se inició la Lista Representativa Nacional y se incluyeron en ella el Espacio
Cultural de San Basilio de Palenque, el Sistema Normativo Wayúu aplicado por el palabrero
PUTCHIPU’UI, las Procesiones de Semana Santa de Popayán y las Músicas de Marimba y
Cantos Tradicionales del Pacífico Sur de Colombia.
Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en noviembre de 2003, bajo el auspicio de la UNESCO, y en desarrollo de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
En el año 2010 se incluyeron en Lista Representativa el Carnaval de Negros y Blancos de
Pasto y la manifestación “Yaia Keti Oka, el conocimiento Tradicional (Jaguares de Yuruparí)
para el manejo del mundo” de los grupos indígenas del río Pira Paraná, Vaupés.
En el año 2011, en enero se adoptó, en la ciudad de Riohacha, la Política para el
Conocimiento y Salvaguardia de las Cocinas Tradicionales de Colombia. Se incluyeron en la
Lista Representativa las Cuadrillas de San Martín, Meta; el Carnaval de Riosucio, Caldas y
las Fiestas de San Francisco de Asis -San Pacho- de Quibdó. Se llevó al Folklife Festival del
Smithsonian, en Washington, donde Colombia fue el país invitado de honor, una muestra
representativa del patrimonio cultural inmaterial vivo, titulada “La naturaleza de la
cultura en Colombia”. La Dirección de Patrimonio publicó las “Guías para el conocimiento y
la gestión del patrimonio cultural inmaterial”. La Dirección de Patrimonio participó en la
formulación del Proyecto Regional “Universo Cultural de los Afrodescendientes de América
Latina” liderado por el CRESPIAL.
En el Año 2012 se publicó la “Biblioteca Básica de las Cocinas Tradicionales de Colombia” de
la que se editaron 4500 colecciones que contienen 19 tomos con trabajos de 55 autores. Se
incluyen en la Lista Representativa el “Encuentro Nacional de Bandas Musicales de Paipa”;
el “Bëtscnaté o Día Grande de la tradición Camëtsá”; y el “Proceso de formar y vivir como
gente verdadera Nukak Baká”. Se aceptó la solicitud de inclusión de las “Músicas del
vallenato tradicional”. Se realizó el Encuentro de Cocinas de la depresión Momposina.
En el año 2013 se aceptó la inclusión en la Lista Representativa de los Cantos de Trabajo
de Llano y de los cuadros vivos de Galeras (Sucre). Se llevó a Cali, en el marco de los Juegos
Mundiales la muestra cultural que se llevó al Folklife Festival del Smithsonian en
Washington.
La Política para la salvaguardia del PCI en Colombia
Como se ha venido indicando, Colombia formuló en 2009 la Política para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial. La Política tiene como objetivo el fortalecimiento de la
capacidad social de gestión del PCI para su salvaguardia y fomento, como condición
necesaria del desarrollo y el bienestar colectivos. Para ello define las siguientes
estrategias:
1. Fortalecimiento de la gestión de PCI: Se entiende como desarrollo de procesos de gestión, recuperación y salvaguardia que incluye el fortalecimiento de entidades locales y sus organizaciones.
2. Promoción y fomento del conocimiento sobre PCI: la cobertura es a nivel nacional, departamental y municipal promoviendo los estudios e investigaciones. Así mismo promueve el fomento de la investigación endógena.
3. Salvaguardia efectiva del PCI: La Unesco definió la Salvaguardia como las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del PCI comprendidas en la identificación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización del PCI.
4. Reconocimiento de la diversidad cultural: supone generar capacidades para conocer, recuperar, proteger y defender el PCI como elemento constitutivo de las identidades.
5. El PCI como factor estratégico del desarrollo sostenible: pretende armonizar las estrategias de desarrollo con el fortalecimiento y la salvaguardia del PCI. Así mismo busca prevenir los impactos negativos de procesos de desarrollo en las manifestaciones del PCI y fomentar contribuciones del PCI al bienestar como el reconocimiento de diferentes visiones del desarrollo y de iniciativas comunitarias creativas (gastronomía, biocultivos, turismo cultural).
6. Comunicación y divulgación de PCI: fortalecer los procesos participativos de gestión y fomento del PCI, y crear entornos de comunicación favorables a la salvaguardia del PCI. Sensibilización a través de medios masivos, capacitación de vigías del patrimonio y actores culturales.
Así mismo define que las manifestaciones del PCI están relacionadas con los saberes
conocimientos y practicas asociadas a los siguientes campos: lenguas y tradición oral;
organización social; conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo; medicina
tradicional; producción tradicional; técnicas y tradiciones relacionadas con la fabricación
de objetos artesanales; artes populares; actos festivos y lúdicos; juegos y deportes
tradicionales; eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo; conocimientos y
técnicas tradicionales asociada al hábitat; cultura culinaria y PCI asociado a espacios
culturales.
La apuesta por la apropiación social del PCI en la Política ha privilegiado:
El ámbito de lo colectivo. Una de las principales características del PCI es que una
sola persona no puede atribuirse su autoría ni el derecho a practicarlo, transmitirlo o
disfrutarlo. Aunque este se objetive en creaciones y variaciones particulares, el PCI es
fundamento de identidades compartidas. No se trata únicamente de declarar una
manifestación como propiedad de la Nación – emulando la lógica bajo la cual se
trataba el patrimonio material- sino de fortalecer las capacidades y los espacios de
acción de los grupos de base. De igual forma, pone en consideración los retos
relacionados con el reconocimiento y protección de los derechos colectivos.
La participación comunitaria. La participación activa de los actores sociales es uno
de los aportes del Patrimonio Cultural Inmaterial a las políticas culturales, lo que
implica que los procesos deben surgir desde la comunidad y deben ser realizados por
ellos mismos, de acuerdo con el principio según el cual la participación es el eje de
toda democracia.
El fortalecimiento de la capacidad de gestión social. Uno de los pilares de la
Política de Salvaguardia del PCI y de su implementación ha sido la necesidad de
promover una gestión autónoma de las comunidades y los colectivos sociales para
investigar, recuperar, proteger y promover su propio patrimonio, con la colaboración
de las instituciones públicas.
El balance de las acciones de salvaguardia
En concordancia con la Convención de 2003 el grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial de
la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura ha venido generando directrices de
política pública y herramientas de gestión para apoyar y fortalecer los procesos sociales
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los colombianos, promoviendo el
ejercicio y respeto de los derechos culturales colectivos y generando vínculos de cohesión
e identidad en los ciudadanos. Sus objetivos han sido los siguientes:
• Promover y apoyar iniciativas de construcción colectiva de memoria orientadas al fortalecimiento de la gestión social del Patrimonio Cultural Inmaterial.
• Generar estrategias de concertación y cooperación en los niveles local, regional, nacional e internacional para la salvaguardia y fomento del PCI.
• Generar las directrices y herramientas necesarias para la salvaguardia, fomento, difusión y transmisión de las tradiciones, conocimientos, prácticas y manifestaciones culturales de campos específicos del PCI.
• Diseñar e implementar herramientas conceptuales, metodológicas, procedimentales, de seguimiento y evaluación, para el desarrollo de los Planes Especiales de Salvaguardia
En este marco, la Dirección de Patrimonio ha trabajado con ímpetu para posicionar una
visión integral del patrimonio, no ya desde la monumentalidad o excepcionalidad, sino
desde otros criterios que reconozcan el aporte de los individuos, grupos y comunidades en
su identificación, valoración y protección efectiva.
Por ello, en el caso del patrimonio inmaterial, una gran parte de los esfuerzos estuvieron
en un principio dirigidos a ajustar las herramientas existentes a los instrumentos legales
internacionales (especialmente la Convención de la Unesco del 2003), a construir los
criterios que orientaran la acción del Estado (la atención de manifestaciones en riesgo y el
reconocimiento de la diversidad cultural por ejemplo) y a generar el marco normativo
para reglamentar la salvaguardia del patrimonio en los ámbitos local, regional y nacional.
Uno de los mayores logros de entonces fue la formulación de la Política de Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial que postuló, como uno de sus preceptos de base, que
aquellos que mejor conocen su patrimonio y en quienes reposa la posibilidad de su
salvaguardia son, en muchos casos, quienes lo llevan consigo en su memoria, en su historia
de vida, en su canto, en los gestos de su cuerpo y, en ultimas, en su vida cotidiana. Esto, sin
desconocer la responsabilidad social que tenemos todos los colombianos frente al
reconocimiento del PCI y, en especial, las competencias públicas y administrativas que
deben articularse para su salvaguardia integral.
En este sentido, a lo largo de los últimos 5 años, la principal apuesta del Grupo de
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección del Patrimonio ha sido la implementación
de dicha política, centrándose en promover su apropiación por parte de los múltiples
sectores que participan, construyen, mantienen y aseguran el legado del patrimonio
cultural inmaterial
¿Cuáles han sido los alcances de los programas, líneas de acción y medidas para la
salvaguardia que se han derivado de la implementación de la Política como instrumento
que da cumplimiento a los mandatos del Convención y de la Constitución de 1991? Aunque
aún es demasiado pronto en la implementación para responder a esta pregunta, un breve
balance de los instrumentos con los que cuenta el programa puede dar luces al respecto.
Dichos instrumentos son:
La inclusión en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial –LRPCI- Atendiendo al mandato de la convención de la Unesco, se puso en marcha el sistema de declaratorias que permite a las comunidades y grupos sociales del país postular sus manifestaciones a las diferentes listas representativas de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional (municipal, departamental y nacional) así como a las listas de la humanidad creadas por la Unesco. Más que la visibilidad y el reconocimiento que suponen las listas, las declaratorias buscan generar un proceso de reflexión colectiva en el que cada quien, desde su competencia y trayectoria, identifique y proponga acciones encaminadas a hacer viable aquello que considera constitutivo de su identidad. En este sentido, lo importante y realmente efectivo de esta inclusión, es la elaboración y adopción por parte de las comunidades o colectivos sociales solicitantes de la inclusión de un Plan Especial de Salvaguardia, instrumento de gestión del patrimonio que es entendido, en la Política de salvaguardia del PCI, como un acuerdo social. Otro aspecto relevante, es que la solicitud de inclusión proviene de las comunidades y no del Estado, con excepción de manifestaciones en inminente riesgo de desaparecer donde el Ministerio puede adoptar medidas de salvaguardia urgente.
La solicitud de inclusión de las manifestaciones en las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, creada y administrada por la UNESCO. Se trata de tres listas: una representativa, otra de PCI en riesgo que requiere medidas de salvaguardia urgente, y una tercera de “buenas prácticas”. A estas listas se accede por candidatura de los gobiernos de los Estados parte, quienes son los responsables de elaborar los expedientes de candidatura y presentarlos ante el Comité Intergubernamental para la salvaguardia del PCI.
Los inventarios de PCI. Para la UNESCO los inventarios son un instrumento de salvaguardia en la medida que visibilizan el patrimonio y comprometen a las comunidades y gobiernos locales con su gestión. La Política colombiana es más cautelosa en esto entendiendo los inventarios como un instrumento, y no como un fin de la salvaguardia.
La adopción de directrices de política pública para campos específicos La amplitud
y complejidad de algunos campos del PCI ha hecho necesaria la formulación de políticas públicas específicas, que aborden sus problemas y establezcan, desde el ámbito y competencias del Ministerio de Cultura, las directrices para su fomento, protección y salvaguardia. Ejemplo de ello ha sido la Política para el Conocimiento y salvaguardia de la alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia y los Lineamientos para la salvaguardia y fomento de las artes populares y las tradiciones artesanales que actualmente se están trabajando.
La estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión social del patrimonio. Dado que el concepto Patrimonio Cultural Inmaterial y sus herramientas de gestión son bastante novedosos no en todo contexto resultan familiares e inteligibles para las comunidades, gestores culturales, investigadores locales, entre otros actores implicados, esta estrategia se ha concentrado en transmitir de manera clara y didáctica las principales herramientas de la Política para la Salvaguardia del PCI en más de 16 departamentos del país.
Los proyectos y programas de salvaguardia del PCI basados en la investigación propia y la auto-representación. Estos buscan proponer alternativas a las listas, encaminando a los grupos sociales a la salvaguardia autónoma de su patrimonio. Dichos proyectos y programas han permitido así mismo ampliar las líneas
temáticas hacia perspectivas poco trabajadas o particularmente relevantes como el tema de memoria y el de las culturas campesinas.
La divulgación del patrimonio cultural inmaterial. En especial, utilizando en los medios masivos y las nuevas tecnologías de la comunicación, lo que busca y permite una toma de conciencia sobre la riqueza, diversidad e importancia del patrimonio cultural de la nación.
Balance general sobre las Listas Representativas de PCI en Colombia
En la actualidad en la LRPCI del ámbito nacional, de los doce campos del PCI definidos en
el Decreto 2941 de 2009, solo faltan por estar representados cuatro, la tradición oral que
se asocia a las lenguas; la producción tradicional; los conocimientos y técnicas
relacionadas con el hábitat, y la cultura culinaria, campo, este último, sobre el que existe
una política particular. Respecto del campo 7, quizá el más amplio del PCI, solo se incluyen
la música y el canto, y las artes escénicas representadas en los Cuadros Vivos del Municipio
de Galeras, Sucre, la representación ecuestre de las Cuadrillas de San Martín y el Desfile de
Genitores de Ocaña. No hay todavía en la lista manifestaciones asociadas de manera
principal a la danza, la literatura y la gráfica popular. Las fiestas populares tienen también
un peso importante en la Lista y tiende al ser el campo de mayor demanda para su
inclusión, lo que puede llegar a desvirtuar el carácter representativo de la Lista. Resulta
novedosa e importante para la Lista la inclusión de manifestaciones como la institución del
palabrero wayuu, las tradiciones de las parteras, y el regalo de macetas de dulce de
alfeñique de Cali.
Tabla 1. Número de manifestaciones en la LRPCI o con solicitud aceptada
Campo del PCI de acuerdo con el Decreto 2941 5 Frecuencia
PCI asociado a espacios culturales (12) 1
PCI asociado a la organización social (2) 1
PCI asociado a las Fiestas populares algunas con
elementos religiosos (8 y 9)
5
Fiestas religiosas (9) 1
Música y canto (7) 5
Representaciones escénicas (7) 3
Tradiciones artesanales (6) 2
Conocimientos sobre la naturaleza y el universo (3) 2
Medicina tradicional (4) 1
Total manifestaciones 21
Si nos atenemos a la distribución regional, las manifestaciones incluidas o aceptadas en la
LRPCI corresponden a 17 departamentos del país, casi todos con una manifestación
5 Entre paréntesis el numeral al que corresponde el campo en el Decreto 2941 de 2009
incluida. Con dos manifestaciones aparecen Chocó, La Guajira, Meta y Nariño. Con tres
manifestaciones el Valle del Cauca. Salta a la vista la ausencia de departamentos muy
importante por su riqueza cultural, como los Santander, Huila, Tolima, Magdalena,
Risaralda, Quindío, Amazonas, Caquetá, Vichada y San Andrés y Providencia.
En también importante entender que el Ministerio en el campo de la salvaguardia del PCI
obra por demanda, con excepción de la salvaguardia urgente donde la iniciativa puede
venir del sector público. Hasta la fecha hay dos iniciativas de inclusión de manifestaciones
por razones de urgencia en la LRPCI: “El Proceso de formar y vivir como gente verdadera
Nukak Baka”, que concierne a los Nukak Maku del Guaviare colombiano, amenazados por
el conflicto armado y las presiones territoriales, y los “Cantos de trabajo del Llano” en
riesgo de desaparecer por las transformaciones productivas que está viviendo esta región.
Tabla 2. Número de manifestaciones incluidas en la Lista Nacional o con solicitud aceptada
por departamento
Departamento Frecuencia
Antioquia 1
Arauca * 1
Atlántico 1
Bolívar 1
Boyacá 1
Caldas 1
Casanare* 1
Cauca* 2
Cesar* 1
Chocó 2
Guaviare 1
La Guajira 2
Meta 2
Nariño 2
Putumayo 1
Sucre 1
Valle* 3
Vaupés 1
El año de mayor inclusión de manifestaciones fue el 2010. El promedio no alcanza las tres
manifestaciones al año. Esto puede explicarse por la complejidad de las manifestaciones
que han ingresado. De otro lado, el “filtro técnico” de la Dirección de Patrimonio y las
exigencias a los grupos de trabajo que se conforman para la formulación y los acuerdos
previstos en los PES han complejizado también el proceso de solicitud y de formulación
del PES, proceso que puede demorarse hasta tres años y demandar el apoyo de
profesionales expertos. Esto garantiza calidad en los documentos y la integralidad de los
proyectos, pero puede desanimar a los portadores. No se puede perder de vista que lo
importante es el compromiso social con la manifestación y la voluntad y el compromiso de
emprender una o más acciones reales de salvaguardia.
Tabla 3. Manifestaciones con PES, aceptadas e incluidas en la LRPCI por año
Año Aceptadas Incluidas Total
< 2008 26 2
2009 1 3 4
2010 5 5
2011 2 1 3
2012 3 3 6
2013 1 1
Total 8 13 21
Existen otras manifestaciones, cerca de 50, cuya inclusión en la LRPCI obedecería lo
dispuesto en el Artículo 18 del Decreto 2941 de 2009 pero que no han hecho el tramite
pertinente. El Decreto hace un reconocimiento a manifestaciones declaradas bienes de
interés cultural - BIC- por iniciativa del Congreso de la República pero que al no tener un
PES, no ingresan aún a la Lista. Otra dificultad obedece a que, en su mayoría, no se ajustan
a lo que entiende la norma por PCI, a sus campos ni cuentan, con un Plan Especial de
Salvaguardia. Se trata en su mayoría de festivales y “fiestas folclóricas” desarticuladas del
contexto sociocultural, y no de manifestaciones en sí mismas. Entre estas declaratorias se
menciona el Desfile de Genitores del Municipio de Ocaña, Norte de Santander, cuya
realización del PES se encuentra en curso; el “repentismo” o trova popular; el “sombrero
Vueltiao”; el Tiple; la “Feria de las Flores” de Medellín; el “Festival de Guitarra Guillermo de
Jesús Buitrago”, de Salgar; el Festival “Antioquia le Canta a Colombia”; el “Festival Artístico
Nacional e Internacional de Cultura Popular Invasión Cultural a Bosa” de Bogotá D. C. ; el
“Festival de Verano” de Bogotá D.C.; el “Festival Nacional del Pasillo de Aguadas”; el
“Festival Latinoamericano de Teatro” de Manizales; la “Feria y Fiesta Taurina de
Manizales”; las procesiones de Semana Santa y el “Festival de Música Religiosa de Popayán”
(las procesiones ingresaron a la Lista pero no el festival de música religiosa); el “Festival
de la Leyenda Vallenata” de Valledupar; “la Cultura del pueblo Zenú” de Córdoba y Sucre; el
“Festival Folclórico Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor” de
Neiva; el “Festival de la Cultura Wayúu” en Uribia; el “Festival Cuna de Acordeoneros” de
Riohacha; el “Concurso Nacional del Bambuco Luis Carlos González" de Pereira”; el “Festival
de Bandas y Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena” de Barrancabermeja; el
“Festival del Torbellino y el Requinto” de Puente Nacional; el “Festival Guane de Oro”; el
“Concierto Nace una Estrella, homenaje al Maestro José A. Morales” de El Socorro; el
“Festival de la Guabina y el Tiple” de Vélez; el “Concurso Nacional de Duetos Príncipe de la
Canción" y “Festival Folclórico Colombiano” de Ibagué; el “Festival del Mono Núñez” de
Ginebra, Valle; la “Fiesta en Corralejas del 20 de Enero” de Sucre, y el “Festival de poesía”
de Medellín.
6 Se trata de dos manifestaciones declaradas BIC nacional antes de la expedición del Decreto que están
tramitando su PES: el “Desfile de genitores” de Ocaña y saberes y las prácticas asociadas a la elaboración de silletas en Santa Elena (Medellín)
Tabla 4. Tipos de manifestaciones declaradas antes de la ley 1185 de 2008 como bienes de
interés cultural o patrimonio cultural de la Nación
BIC o patrimonio de la Nación Frecuencia
Fiestas, concursos y festivales populares 2
Festivales artísticos y recreativos en general 3
Festivales artísticos musicales 13
Otros festivales artísticos 2
Desfiles 1
Prácticas artísticas 1
Objetos artesanales o musicales 2
Ferias taurinas 2
Una cultura 1
Total 27
Estas manifestaciones estarían en una especie de limbo jurídico y es un reto para la
Dirección de Patrimonio definir directrices y concertar con las administraciones
municipales, gestores culturales y portadores el ámbito y el espacio de la manifestación
tanto como las medidas para su salvaguardia, teniendo en cuenta las restricciones que las
mismas normas imponen, como el que las manifestaciones no sean contrarias al ejercicio
de los Derechos Humanos y que no fomenten la crueldad contra los animales. Lo que
resulta insólito es que muchos miembros del Congreso de la República, por ignorancia de
las normas, sigan promoviendo este tipo de declaratorias que no tienen ningún efecto
práctico y le generan un problema al Ministerio que debe cumplir con los mandatos de
leyes que no se corresponden con la realidad institucional.
De manera general, frente a las Listas se pueden ver las siguientes tendencias:
Hasta la fecha sólo ha resultado operativa la Lista Nacional
Hasta el momento, de las listas solo ha sido efectiva la Lista Nacional y es hacia ella donde
se han dirigido las solicitudes, quizá por dos razones principales: a) la aspiración a que la
manifestación sea visibilizada a nivel de la Nación y b), la consideración según la cual la
inclusión en esta Lista daría una mayor legitimidad a las acciones de salvaguardia y se
tendrían mayores beneficios, lo que es relativamente cierto (como acceder a los incentivos
tributarios o tener una mayor visibilidad para participar en los recurso provenientes del
impuesto al consumo).
La inclusión en la Lista acarrea numerosas obligaciones
La realidad es que la inclusión en la Lista acarrea numerosas obligaciones a los
solicitantes, ya que deben asumir la gestión y en parte la ejecución de los PES, y que los
recursos públicos de la cultura suelen ser limitados. Los PES instan a las comunidades y
portadores a gestionar recursos, pero hay comunidades muy pobres que no pueden
sufragar muchas de las acciones que quisieran realizar con sus planes de salvaguardia. El
mecanismo financiero que utiliza el Ministerio son los programas de Estímulos y
Concertación, en especial este último, a los que se accede por concurso. A juicio de algunos,
debería existir una línea especial, de acceso por concurso para apoyar la ejecución de los
PES.
Las listas de los departamentos, distritos y municipios
El desarrollo de la Política y de las normas para la salvaguardia presupone un
fortalecimiento de la gestión cultural de los entes territoriales, pero persiste todavía una
gran debilidad en las administraciones para apropiarse de las normas, hacer sus
diagnósticos e inventarios sobre el patrimonio cultural y para la formulación de planes y
estrategias para su salvaguardia.
Hay departamentos que no han conformado sus Consejos de Patrimonio, en donde estos
funcionan mal o bien han sido conformados de manera coyuntural para redistribuir los
recursos del impuesto al consumo. No hay listas municipales aún, y con algunas valiosas
excepciones, no se ve en el horizonte interés en su creación, en parte porque la ley no
previó la creación de Consejos Municipales de Patrimonio, y en parte porque las normas y
las políticas sobre el patrimonio no suelen estar en las agendas programáticas de las
administraciones.
Para la aplicación y el desarrollo de las normas y la Política de salvaguardia del PCI, es
fundamental que las administraciones de los departamentos y municipios se apropien de
estas herramientas y las apliquen de manera autónoma y de acuerdo a sus propias
necesidades, lo que pasa necesariamente por el fortalecimiento y empoderamiento de las
organizaciones culturales locales y la participación de las comunidades de base. No sobra
advertir, que por mandato de la Ley, las medidas y acciones de salvaguardia del PCI, exigen
la participación directa de las comunidades y portadores de las manifestaciones.
En un país urbano las listas distritales enfrentan un inmenso reto, sobre todo, en las
estrategias de fomento y salvaguardia de las manifestaciones de las artes populares del
presente, las memorias barriales asociadas al patrimonio y las celebraciones colectivas,
festivas, cívicas o religiosas que refuerzan el sentido ciudadano de identidad y pertenencia
a la ciudad. Hoy los centros urbanos son núcleos de la diversidad que expresan la riqueza y
potencialidad de la cultura. No obstante, fenómenos lamentables como el desplazamiento
forzado, las desigualdades económicas y sociales y las diversas consecuencias del conflicto
armado han hecho que las ciudades y sus expresiones estén atravesadas por la violencia.
En esa dirección, la gestión cultural sobre el patrimonio debe servir para valorar el aporte
de la multiculturalidad y crear un ambiente favorable para afianzar los valores de
convivencia pacífica, la aceptación de la diversidad y la pluralidad y contribuir así a
mejorar la vida ciudadana.
El tema de las listas de los grupos étnicos es un campo aún inexplorado. No parecieran ser
funcionales y resulta muy interesante que en la Lista actual de la Nación, figuren tres
manifestaciones indígenas incluidas a solicitud y trámite de las mismas comunidades (La
inclusión del “Proceso de formar y vivir como gente verdadera Nukak Baká” se hizo por
iniciativa ministerial) y que cinco correspondan a manifestaciones de comunidades
afrodescendientes.
Luego de caso cinco años de expedido el Decreto 2941 queda la inquietud sobre si debería
cada lista, de acuerdo a su nivel, tener sus propias particularidades, o si sólo deberían
existir las listas nacional y departamental, y si fuese posible establecer listas regionales.
Las Listas de UNESCO
Colombia tiene inscritas en la Lista Representativa ocho manifestaciones:
Espacio Cultural de San Basilio de Palenque (2008) Carnaval de Barranquilla (2008) Carnaval de negros y blancos de Pasto (2009) Procesiones de Semana Santa de Popayán (2009) Músicas de marimba y cantos tradicionales del pacífico sur, noviembre (2010) Sistema normativo Wayuu aplicado por el palabrero, noviembre (2010) “He Yaia Keti Oka, el conocimiento tradicional de los chamanes (jaguares) de
Yuruparí de los grupos indígenas del río Pirá Paraná”, noviembre (2011) Las fiestas de San Francisco de Asís, o San Pacho, en Quibdó, (2012)
Actualmente dos expedientes se encuentran en proceso de revisión por parte de la Unesco:
Expediente binacional con Ecuador: Músicas de marimba, cantos y danzas tradicionales
del pacífico sur de Colombia y la provincia de Esmeraldas en Ecuador y Música Vallenata
Tradicional de la Región del Magdalena Grande en la costa norte colombiana, esta última
manifestación presentada a la Lista que requiere medidas de salvaguardia urgente.
Sus expedientes han sido muy exitosos y suelen presentarse como un buen ejemplo de
formulación y documentación. A nivel nacional, la inclusión en estas listas visibiliza las
manifestaciones y por la importancia que adquiere facilita la gestión de recursos para la
salvaguardia. Lo más importante es el empoderamiento que genera en las comunidades y
grupos sociales y la revaloración de sus manifestaciones culturales. Sus inconvenientes
son varios. De un lado, la generación de expectativas de las comunidades locales y su
posterior desengaño al ver que estas no se realizan. Se puede presentar también un “efecto
vitrina” que atrae visitantes, que puede ser útil y una oportunidad en proyectos
productivos comunitarios (servicios, turismo de base comunitaria, producción artesanal),
pero que puede ser también una fuente de conflictos y de banalización de las
manifestaciones. Por último, se suma la dificultad que tienen las entidades del Sistema
Nacional de Cultura en la gestión de recursos, especialmente en regiones alejadas del
centro del país. Es muy importante en este sentido la evaluación que se hace con las
comunidades sobre los pros y los contras de la inclusión y la adopción de medidas
preventivas adecuadas.
La evaluación de los Planes Especiales de Salvaguardia
Los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) deben ser evaluados cada cinco años lo que
va a servir para ajustar no sólo los mismos planes de salvaguardia, sino también la Política
y sus estrategias. Es importante prever desde ahora las estrategias, metodologías y
requerimientos para estas evaluaciones.
Tabla 5. Manifestaciones próximas a ser evaluadas
Manifestación Año estimado de evaluación
Espacio Cultural de San Basilio de Palenque 2015
Sistema Normativo Wayúu aplicado por el palabrero PUTCHIPU’UI 2015
Procesiones de Semana Santa de Popayán 2015
Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur de Colombia
2015
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Nariño 2015
Yaia Keti Oka, el conocimiento Tradicional (Jaguares de Yuruparí) para el manejo del mundo de los grupos indígenas del río Pira Paraná
2015
Cuadrillas de San Martín 2016
Carnaval de Riosucio 2016
Fiestas de San Francisco de Asis-San Pacho- en Quibdó 2016
Encuentro Nacional de Bandas Musicales de Paipa 2017
Bëtscnaté o Día Grande de la tradición Camëtsá 2017
Proceso de formar y vivir como gente verdadera Nukak Baká 2017
La tradición de celebrar a los ahijados con macetas de alfeñique en Cali
2018
El criterio de riesgo
Desde la Dirección de Patrimonio se ha hecho un trabajo significativo por posicionar el
criterio de riesgo como uno de los referentes que orientan nuestra acción. Trabajar el
riesgo ha permitido encaminar los esfuerzos de un gran número de actores e instituciones
en diversos ámbitos, al fortalecimiento, promoción e investigación de manifestaciones que,
de otra manera, estarían destinadas a desaparecer, dada la poca apropiación social de la
que son objeto. De eta forma, se han afianzado y extendido las alianzas inter-
institucionales, además de multiplicar los interlocutores dispuestos a liderar y a gestionar
iniciativas de salvaguardia del patrimonio cultural.
El trabajo de salvaguardia orientado a mitigar el riesgo ha posibilitado igualmente llamar
la atención sobre las consecuencias de amenazas estructurales sobre los territorios, la vida
cotidiana de los grupos sociales y, en definitiva, sobre el patrimonio mismo, como
referente de pertenencia y continuidad para los innumerables portadores y portadoras del
país. Si bien la posibilidad de mitigar esas amenazas excede en la mayoría de los casos las
competencias del Ministerio de Cultura, es claro que la implementación de medidas de
salvaguardia urgente da pie a una mejor comprensión de contextos complejos que
requieren de una intervención planificada y, en la mayoría de los casos, dirigida desde las
instituciones del Estado.
La lectura que hace Colombia del criterio de riesgo resulta en esta medida innovadora
puesto que la inclusión de manifestaciones en las listas que requieren medidas de
salvaguardia urgente ha dejado de entenderse como un signo de la incapacidad de los
Estados por impedir la erosión de las prácticas culturales y el deterioro de su patrimonio.
En contraposición, la apuesta que ha hecho la Dirección de Patrimonio a través de Planes
Especiales de Salvaguardia Urgente como el PES Nukak Baka o el Plan Especial de
Salvaguardia para los Cantos de Trabajo de Llano ha sido la de entender el riesgo como
una oportunidad para la acción efectiva en el ámbito local, regional, nacional e
internacional.
La aplicación de los recursos del IVA (hoy impuesto al consumo) proveniente de la
telefonía móvil
El Decreto 4934 de 2009 establece la participación de los municipios en los recursos
provenientes del IVA de la telefonía móvil, hoy llamado impuesto al consumo. Los recursos
deben ser asignados a proyectos relacionados con el patrimonio de acuerdo a unos
campos elegibles entre los cuales se encuentran la realización de inventarios de PCI y las
acciones de divulgación, sensibilización y promoción del PCI, entre otros. Los proyectos
deben tener la aprobación de los Consejos Departamentales de Patrimonio y la viabilidad
técnica dada por el Ministerio de Cultura. Lo cierto es que considerables recursos no son
invertidos y son devueltos a la Nación para que el Ministerio de Cultura los invierta en los
departamentos de donde proviene la devolución. Estas devoluciones pueden obedecer a la
debilidad de los Consejos Departamentales de Patrimonio que no convocan o no se han
conformado aún; a los vacíos en la apropiación de las normas por parte de las
administraciones locales o a la falta de capacidades en la formulación de proyectos
culturales, entre otras posibles causas. Lo que llama la atención es el monto de los
recursos reintegrados para algunos departamentos como Santander (3.869 millones);
Cundinamarca (2.647 millones); Antioquia (1.806 millones); Cesar (1355) , La Guajira (
909) y Magdalena (726).
Tabla 6. Reintegro de recursos no ejecutados
Departamento RECURSOS REINTEGRADOS
2012 (Pesos)
RECURSOS REINTEGRADOS
2013 (Pesos)
Total (pesos)
AMAZONAS 20.418.892 20.418.892
ANTIOQUIA 577.737.667 1.228.807.692 1.806.545.359
ATLÁNTICO 660.001.029 660.001.029
BOGOTÁ 32.814.989,9 32.814.989,9
BOLÍVAR 967.183.938 967.183.938
BOYACÁ 1.828.782.627 1.828.782.627
CALDAS 45.159.573 45.159.573
CAUCA 573.752.261 573.752.261
CESAR 619.668.523 735.563.710 1.355.232.233
CÓRDOBA 533.538.913 533.538.913
CUNDINAMARCA 1.961.362.386 686.236.397 2.647.598.783
GUAVIARE 49.713.550 49.713.550
HUILA 174.602.425,0 174.602.425,0
LA GUAJIRA 290.908.625 618.833.792 909.742.417
MAGDALENA 55.000.000 671.904.181,45 726.904.181,45
META 470.727.335 470.727.335
NORTE DE SANTANDER
370.347.990 370.347.990
PUTUMAYO 218.196.727 218.196.727
QUINDÍO 12.745.903 12.745.903
RISALALDA 115.864.799 65.000.000,0 180.864.799,0
SANTANDER 3.869.417.152 3.869.417.152
SUCRE 475.593.261 475.593.261
TOLIMA 204.164.342 204.164.342
VALLE DEL CAUCA 5.000.000 5.000.000
VICHADA 85.646.143 85.646.143
Total 7.263.931.174 10.960.763.649 18.224.694.823
Fuente: Mincultura. Dirección de Patrimonio. Grupo de PCI.
El Plan Palenque Global
Los planes especiales de salvaguardia (PES) contemplan acciones dirigidas a la protección
y salvaguardia de las manifestaciones a las que hacen referencia. Estas resultan de
iniciativas concertadas entre los entes territoriales de los diferentes ámbitos y los grupos
sociales portadores con el propósito asegurar la existencia y sostenibilidad de los usos,
prácticas, representaciones y expresiones que conforman el PCI. Los PES suelen incluir un
diagnostico en el cual se toman en cuenta los factores de contexto que ponen en riesgo la
manifestación o que son obstáculo para su acceso y disfrute. Muchos de estos factores
negativos para el PCI precisan de la intervención de otras instituciones que tienen
competencias para hacerlo. Esta manera integral de abordar la salvaguardia llevó, en el
caso del espacio cultural de san Basilio de Palenque, a formular una estrategia de trabajo
conjunto, primero que todo entre las diferentes dependencias del Ministerio y en segundo
lugar con otras instituciones públicas. Esta estrategia se ha llamado “Palenque Global” y en
ella el Ministerio de Cultura estableció, a través de un ejercicio de consulta con la
comunidad, los siguientes proyectos.
Tabla 7. Proyectos y recursos de inversión provenientes del impuesto al consumo para
Palenque Global
Proyecto Recursos
Emprendimiento cultural y desarrollo cultural para la comunidad de palenque de San Basilio Operador: UTB
$280.000.000
Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Casa de la Cultura de Palenque Operador: Observatorio del Caribe
$200.000.000
Obra física y manejo de la infraestructura cultural instalada (casa de la cultura, escuelas, centro de documentación, sala infantil) – Primera fase Operador: Escuela Taller de Cartagena
$406.000.000
Fortalecimiento de la identidad afrocolombiana y palenquera por medio de la lengua sus tradiciones orales representadas en piezas editoriales, audiovisuales, museográficas y archivísticas. Operador: Fundación Acua
$900.000.000
Implementación del Centro de Medios Audiovisuales de San Basilio de Palenque, para difusión y apropiación del PES Operador: Escuela Taller de Cartagena y el Circulo de obreros de Cartagena
$100.000.000
Dotación, formación e investigación en música tradicional con niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad de San Basilio de Palenque. Operador: Observatorio – colegio del cuerpo
$105.600.000
Formación y difusión de prácticas culturales tradicionales de San Basilio de Palenque. Operador: Observatorio del Caribe
$150.000.000
Fortalecimiento de la Gastronomía Tradicional de San Basilio de Palenque. Operador: Escuela Taller de Cartagena
$239.995.098
TOTAL $2.381.595.098
Es importante señalar que al Plan se han sumado también, además de otras entidades
públicas, organizaciones no gubernamentales entre las que se mencionan el Archivo
General de la Nación – Grupo de archivos étnicos y derechos humanos; la Biblioteca
Nacional – Red Nacional de Bibliotecas Públicas-; el Museo Nacional – Red Nacional de
Museos; la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional -APC-; Radio Colombia,
Señal nacional; la Fundación Acua; la Fundación Carvajal, entre muchas otras.
El Plan Palenque Global deja, como experiencia, importantes lecciones.
Algunas manifestaciones de PCI dependen para su salvaguardia de factores de
contexto que no son competencia del ministerio de Cultura. Este es el caso del
derecho a la tierra, los componentes relacionados con la educación formal, la salud,
el saneamiento básico y la seguridad ciudadana. En estos casos es necesario, de
manera previa, hacer una gestión interinstitucional, que se incorpore al PES y que
permita resolver, minimizar o manejar estos factores de contexto. Esto implica una
labor de acompañamiento a las comunidades y portadores, y de formación y
creación de capacidades en las comunidades de base para la gestión social y
cultural de sus iniciativas y para que asuman de manera informada y responsable
los retos de la patrimonialización.
La afluencia de instituciones, cada una con su proyecto y su propia visión de la
problemática social, puede, a pesar de su buena voluntad, generar más problemas
que los que puede resolver. Un plan que ordene la acción institucional y
mecanismos adecuados y ágiles de concertación, y articulación iterinstitucional,
son necesarios en estos casos.
Es muy importante mantener el horizonte temporal de los PES y de los programas
para que las comunidades y los portadores sepan desde el comienzo que la
movilización de recursos públicos en el campo de la salvaguardia del PCI tiene
unos términos.
Investigación e Inventarios del Patrimonio Cultural Inmaterial
Los inventarios hacen parte de los instrumentos que buscan un mejor conocimiento,
protección, salvaguardia, difusión y gestión integral del Patrimonio Cultural, en sus
componentes mueble, inmueble e inmaterial. Estos pretenden dar cuenta de lo que hay, en
un lugar y un momento determinado, con la intención de identificar y construir
conjuntamente con los grupos, las comunidades y los individuos medidas que permitan
hacer viable aquello que estos consideran constitutivo de su identidad. En esta sentido, los
inventarios pueden definirse como procesos participativos de identificación,
documentación, diagnóstico, registro y divulgación del Patrimonio Cultural Inmaterial.
La metodología que se conoce como Proceso de identificación y recomendaciones de
salvaguardia (PIRS) ha sido el instrumento con el que ha contado el Programa para la
realización de los inventarios hasta la fecha. Esta metodología, técnicamente bien
elaborada y publicada en 2007, es una herramienta útil pero a juicio de muchos, muy
compleja, pues su diligenciamiento precisa del acompañamiento de profesionales de las
ciencias sociales y suele reducirse a una serie de fichas de registro más que a un verdadero
proceso participativo. Dado que dicho manual se publicó antes de la adopción de la
Política para la salvaguardia del PCI y que su implementación ha presentado dificultades,
la metodología de elaboración de inventarios está siendo actualmente actualizada en
respuesta a:
• La necesidad de fortalecer el proceso de identificación de las manifestaciones
culturales como condición previa para una mejor valoración y apropiación social
del patrimonio cultural y de sus instrumentos de gestión y salvaguardia.
• La necesidad de concebir los inventarios como herramientas pedagógicas,
creativas, de divulgación y reflexión propia que se elaboren desde la lógica de los
grupos sociales y, en la medida de lo posible, con el objetivo de fortalecerlos.
• La necesidad de revalorizar los inventarios como una forma didáctica de
entender procesos culturales transversales a un territorio y no sólo como un
medio de registro de manifestaciones aisladas.
A la fecha hay un total de 21 inventarios de PCI de departamentos, ciudades y regiones.
Entre estos se encuentran inventarios para Amazonas, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá,
Caldas, Caribe, Casanare, Caquetá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira,
Nariño, Meta, Putumayo, Sucre, Santander la Región Santander y Vichada, y del Distrito
Capital de Bogotá y la región Caribe. Existe además un complejo inventario asociado al
carnaval de Barranquilla. En términos temáticos, las fiestas y celebraciones son las
manifestaciones que tienen mayor dedicación en los inventarios.
De acuerdo con la evaluación hecha por el Grupo de PCI de la Dirección de Patrimonio, a
pesar de los esfuerzos locales, uno de los principales inconvenientes con relación a los
inventarios de PCI en el país ha sido su limitado impacto en la orientación de las políticas
culturales y en la salvaguardia efectiva del patrimonio cultural inmaterial. Esta limitación
obedece en cierta medida a la realización de los inventarios sin pensar el “para qué”, y su
uso inmediato. Así mismo, es notorio que los inventarios no se han divulgado
suficientemente, no se publican o disponen en la web para uso del público. Los informes
de inventarios se suelen volver “literatura gris” o se deterioran en los archivos públicos.
Esto se ve agravado porque no se ha concebido, de manera sistemática, un sistema de
registro ni se han diseñado unas pautas para la conservación y curaduría de documentos y
registros de inventario.
Los inventarios son sin embargo una buena entrada al diálogo sobre el patrimonio, en
especial con las administraciones departamentales y municipales puesto que se
constituyen en la principal demanda de los departamentos y municipios para acceder a los
recursos del Impuesto al Consumo.
Memoria y patrimonio cultural
El objetivo general de esta línea de trabajo es propiciar, apoyar y orientar iniciativas de
construcción colectiva de memoria que permitan a los individuos, grupos y comunidades
generar procesos de auto-representación enfocados a la salvaguardia y gestión de su
patrimonio cultural inmaterial.
Por medio del trabajo con y a través de la memoria el Programa busca que las personas y
colectivos sociales:
Valoren, identifiquen y construyan sus propias formas de auto-representarse,
interpretando y cuestionando su realidad.
Fortalezcan sus procesos organizativos
Definan conjuntamente vías posibles hacia la salvaguardia de su PCI
Adquieran herramientas que le permitan gestionar sus propias iniciativas de
memoria y desarrollarlas a través de diferentes lenguajes investigativos y
expresivos.
A través del trabajo de recuperación y reactivación de memoria se ha logrado propiciar,
apoyar y orientar más de 50 iniciativas que han permitido a las personas y colectivos
(academias de historia, semilleros de investigación, organizaciones comunitarias, grupos
étnicos o Centros Municipales de Memoria) valorar, identificar y construir sus propias
formas de auto-representarse. Se destacan las 5 ediciones del proyecto Memorias de la
Libertad que, desde el 2010 ha acompañado a diferentes grupos poblacionales del país, a
través del uso de lenguajes audiovisuales y artísticos, en el proceso de visibilizar sus
propias memorias disidentes, extra-oficiales o silenciadas por un solo relato de nación.
Sobresalen también, los proyectos que han buscado ayudar, a través de la recuperación de
prácticas culturales, en la reparación del daño colectivo causado por el conflicto armado
en departamentos como Cesar, Magdalena o Santander. En articulación con el Centro de
Memoria Histórica se han fortalecido las organizaciones, ayudando a que estas adquieran
herramientas que le permitan gestionar sus propias iniciativas de memoria y
desarrollarlas a través de diferentes lenguajes investigativos y expresivos.
Así mismo, esta línea viene apoyando un proceso comunitario de reflexión sobre las
dinámicas de reordenamiento urbano que transforman radicalmente y desde hace varias
décadas al barrio Getsemaní, en la ciudad de Cartagena de Indias.
Finalmente se ha puesto en marcha este un proceso de investigación propia alrededor de
la memoria de pueblos indígenas en situación de vulnerabilidad. Se viene así trabajando
desde 2010 con los pueblos Awa de Nariño y Putumayo; los Amorua del Departamento del
Vichada y se planea replicar la experiencia con los Chimila del César.
Tabla 8. Línea Memoria y Patrimonio
Nuestras estrategias
¿Qué se proponen? ¿Qué hemos hecho?
Centros de Memoria
Reactivar memorias locales y trabajarlas a través de la óptica del PCI Objetivo: Afianzar procesos identitarios a través de la producción de conocimiento sobre la memoria local
2012: Trabajo de formación en metodologías de recuperación de memoria en Tadó (Chocó), Sevilla (Valle), Charalá (Santander), Mompox (Bolívar), Becerril (Cesar), Fuentedeoro (Meta) 2013: Trabajo de formación en metodologías de memoria en San Andrés y Providencia, Santo Tomás (Atlántico), Aracataca (Magdalena), Cereté (Cordoba)
Memorias de la Libertad
Visibilizar hitos libertarios, memorias y procesos de resistencia por medio de lenguajes narrativos (audiovisuales, textuales, musicales) y artísticos. Objetivo: Valorizar narrativas propias
2010: Memorias de la Libertad I. Bicentenario de las independencias de Colombia. 3 piezas audio-visuales realizadas por el pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada, la Fundación Villa Rica y Soporte Klan del Cauca y el Pueblo indígena Nasa. 2011: Memorias de la Libertad II. Fragmentos de lo cotidiano. 2 piezas audiovisuales con los Rom de Bogotá y los habitantes del Barrio Belén. 2012: Memorias de la Libertad III. Habla Getsemaní Barriada. Proceso de intervención urbana y creación colectiva con habitantes del barrio Getsemaní de Cartagena. 2013. Memorias de la Libertad IV: corridos libertarios. Trabajo con colectivos en Tame
(Arauca) y Fuentedeoro (Meta) alrededor de tres lenguajes narrativos: radio, corridos y video. 2014: Memorias de la Libertad V: trabajo con las comunidades muiscas de Sesquilé, Chía y Cota alrededor de su territorio y de los conocimientos tradicionales asociados
Memorias en conflicto
Explorar la relación entre memoria y PCI en contextos de conflicto armado y violencia Objetivo: Fortalecer el tejido social de los grupos y afianzar la reflexión sobre las afectaciones de la violencia
2011: Valledupar. Construcción del Centro de memoria del conflicto. 2012: Santa Cecilia, Municipio de Astrea (Cesar). Acompañamiento a un proceso de reparación colectiva mediante recuperación de prácticas culturales. 2014. Trabajo de articulación con el CMH en dos casos de reparación colectiva: Aracataca (Magdalena) y Cararare (Santander)
Memorias en Resistencia
Explorar la relación de las comunidades con sus territorios a partir del PCI Objetivo: visibilizar y darle valor a las diferentes formas en que se generan arraigo e identidad territorial
2013: “Zona Bananera: entre la añoranza y el despojo”. Proyecto de reflexión e investigación conjunta sobre el poblamiento del municipio a la luz de la historia extractiva de la región. 2014: Zona Bananera II Fase
Memoria Indígena
Acompañar procesos de recuperación de memoria con grupos indígenas en situación de vulnerabilidad Objetivo: Fortalecer los procesos organizativos y el tejido social de los grupos.
2012: Awá (Nariño y Putumayo). Proyecto de rastreo histórico con la Gran Familia Awá. 2013: Awá y Amorua. Trabajo de recuperación de memoria e investigación propia en la periferia del Casco urbano de Puerto Carreño, Resguardos y asentamientos cercanos, departamento del Vichada. 2014: Awá y Ette Ennaka
Apoyo a iniciativas específicas
Proveer herramientas para el desarrollo y gestión propia de iniciativas de memoria Objetivo: Fortalecer capacidades locales de investigación, gestión y apropiación del PCI
2013: Barrio Getsemaní (Cartagena de Indias) 2014: Apoyo a iniciativas de memoria del Caribe (Cesar, Atlántico y Córdoba)
Fuente: Mnncultura. Dirección de Patrimonio. Grupo de PCI.
Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las
cocinas tradicionales de Colombia
Un logro importante del Ministerio en el campo del PCI fue la consideración e inclusión de
la cultura culinaria como un campo importante del patrimonio cultural. Colombia es un
país inmensamente rico en tradiciones culinarias; cada región tiene un reportorio de
preparaciones que generalmente poco se conocen en el resto de país. De allí que el
Ministerio de Cultura se impusiera el reto de estudiar, divulgar y fomentar las tradiciones
culinarias de los colombianos para lo cual expidió una política indicativa para el
conocimiento y salvaguardia de la alimentación y las cocinas tradicionales.
La cocina tradicional comprende un complejo sistema que incluye historia, valores,
narrativas, técnicas, creatividad y, en especial, referentes de identidad y pertenencia de las
personas a un lugar y una comunidad. El objetivo general de la Política es el de valorar y
salvaguardar la diversidad y riqueza cultural de los conocimientos, prácticas y productos
alimenticios de las cocinas tradicionales de Colombia, como factores fundamentales de la
identidad, pertenencia y bienestar de su población.
Esta política se aparta del mecanismo de las listas dirigiendo su atención a la visibilización
y el estímulo al conocimiento de la diversidad de las tradiciones culinarias de las cocinas
colombianas, y su fomento. Tiene cuatro estrategias principales: a) Reconocer, valorar y
enseñar el patrimonio de las cocinas y la alimentación tradicional; b) salvaguardar el
patrimonio cultural en riesgo de las cocinas y la alimentación tradicional; c) fortalecer la
organización y la capacidad de gestión cultural de los portadores de las tradiciones de la
alimentación y la cocina y d), fomentar el conocimiento y uso de la biodiversidad con fines
alimentarios.
En desarrollo de los objetivos de la Política se publicó la Biblioteca básica de cocinas
tradicionales de Colombia, conformada por 19 títulos, con la participación de 55 autores
nacionales que rescatan numerosos trabajos de investigación, y recetarios sobre las
tradiciones culinarias del país. El Ministerio publicó 4500 colecciones que están siendo
distribuidas a través de la red de bibliotecas, otras están dirigidas a centros de
investigación y organizaciones sociales. También ha comenzado a venderse al público a
precio de costo.
El Grupo de PCI ha avanzado en la realización de inventarios y estrategias para la
investigación, rescate y fomento de las manifestaciones de las cocinas tradicionales, en
asocio con las Escuelas Taller de Barichara, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Mompox,
San Basilio de Palenque, Popayán, Salamina y Tunja en los cuales se capacitaron 140
personas. Con el concurso de las escuelas se elaboraron 8 recetarios de cocina tradicional
colombiana en proceso de publicación. El Programa ha realizado encuentros con las
Escuelas Taller de Popayán; Bogotá, Barichara , Salamina y Mompox, y encuentros
regionales de cocina tradicional en Chocó, Nariño, Norte de Santander y los municipios de
los 4 departamentos incluidos en la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero.
La línea de cocinas tradicionales ha venido apoyando dos importantes proyectos de
fortalecimiento de la red de cocineras de plazas de mercado, en Popayán (Plaza del barrio
Bolívar) y Buenaventura.
La Política se apoya en una mesa interinstitucional de la que hacen parte los ministerios y
entidades públicas que desarrollan actividades relacionadas con la alimentación y la
cultura culinaria. Gracias a los nexos con otras instituciones se han podido emprender
algunas acciones para el desarrollo de la política, como la realizada con el Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la investigación de los sistemas agroalimentarios y
la promoción de las cocinas tradicionales en Garagoa, Boyacá, o con el Ministerio de
Agricultura para la realización , en Barichara, Santander, en el año 2012, de un concurso
de recetas con panela, o con Artesanías de Colombia para la realización de una muestra de
cocinas tradicionales del país en Expoartesano, evento celebrado en abril de 2013.
La inversión pública en la Política de salvaguardia de las cocinas tradicionales ha sido la
siguiente:
Tabla 9. Inversión pública en la Política de salvaguardia de la alimentación y las cocinas
tradicionales
Año Inversión (Millones de pesos)
2012 1.240
2013 1.168
Total 2.408
La Política ha tenido una inmensa acogida y ha inspirado y motivado a algunas
administraciones departamentales y municipales para la realización eventos y encuentros
de cocina tradicional colombiana. Es un tema que se ha abierto un espacio en el ámbito
académico e institucional constituyéndose la Biblioteca Básica en una prometedora
herramienta para incentivar la investigación sobre el universo culinario del país y para
motivar a las personas a conocer mejor las tradiciones culinarias de la Nación.
La política deja lecciones importantes para la formulación de políticas en otros campos
del PCI en los que se traslapan competencias de ministerios e instituciones públicas:
La Política permitió definir el ámbito de acción del Ministerio es este campo La formulación se apoyó en un grupo de estudiosos, académicos y cocineros Tuvo en cuenta las particularidades regionales Se propuso objetivos y estrategias realizables Para los campos que no eran de competencia para el Ministerio, pero de
importancia para la Políticas, se dictaron recomendaciones. Se creo un comité interministerial para su implementación. Se ha apoyado en una adecuada estrategia de comunicaciones
Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial asociado a los sitios sagrados de
los pueblos indígenas.
En el marco del Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural y Educativa entre Colombia y
Brasil para los años 2009 – 2011, y el objetivo 3 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
– SINAP se viene ejecutando un proyecto para fortalecer los espacios y mecanismos
binacionales de diálogo para el diseño y concertación de estrategias comunes de
fortalecimiento social y cultural orientadas a la protección y salvaguardia integral del
patrimonio cultural inmaterial y el manejo sostenible de los recursos naturales de los
territorios indígenas en la frontera entre Colombia y Brasil. Esa iniciativa que integra en
un propósito común al Ministerio de Cultura y la Dirección de Parques del Ministerio del
Ambiente y Desarrollo Sostenible en articulación con instituciones nacionales, cinco
asociaciones indígenas y cinco organizaciones no gubernamentales, está culminado un
atlas cultural de la región para la identificación y salvaguardia de lugares sagrados en el
noroeste amazónico. Con esta experiencia, y atendiendo el mandato del anexo indígena del
Plan nacional de Desarrollo, se está trabajando en un documento preliminar de directrices
para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial asociado a los sitios sagrados de
los territorios indígenas, que debe servir de base para la discusión y consulta con los
pueblos indígenas y sus organizaciones.
Esta línea de acción tiene una gran importancia por la vinculación que establece entre la
dimensión de la conservación el manejo sostenible de los recursos naturales y la
dimensión de la cultura. Ha sido también un modelo ejemplar de colaboración entre
instituciones públicas, comunidades y organizaciones no gubernamentales
comprometidas con la salvaguardia cultural y el desarrollo sostenible. Ha sido igualmente
interesante las dos reuniones sotenidas entre los equipos de los gobiernos de Colombia y
Brasil, celebradas en Leticia y Tabatinga, que han incluido dirigentes indígenas, y la
colaboración directa y el intercambio de experiencias y metodologías de trabajo.
Estrategia de fortalecimiento de las capacidades de gestión social del patrimonio
Esta línea de acción busca promover la apropiación de la Política de salvaguardia del PCI, a
través de procesos participativos, para ayudar a fortalecer la capacidad de gestión de los
colombianos en este campo.
En 2012 se llevó a cabo la fase piloto, basada en una metodología participativa y
acompañada de un ejercicio investigativo. Se realizaron 4 talleres regionales que
convocaron personas de 8 departamentos del país (Córdoba, Sucre, Santander, Barichara,
Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo). Estas personas representaron a diferentes
actores sociales, tales como gestores culturales, vigías del patrimonio, líderes
comunitarios, grupos étnicos, organizaciones sociales, organizaciones campesinas,
jóvenes, investigadores, docentes, organizaciones no gubernamentales, entre otros. Esta
primera fase culminó con un Encuentro Nacional en que participaron representantes de
los 4 talleres regionales. El encuentro abordó tres temas: la Convención para la
salvaguardia del PCI promulgada por la UNESCO, la implementación de la Política de
salvaguardia en Colombia y la construcción de los Lineamientos de la Estrategia a partir de
los problemas expuestos en los diferentes talleres regionales. Actualmente, está en
proceso la segunda fase de la Estrategia, que busca ampliar la cobertura y extender este
proceso a otros departamentos.
Participación en las iniciativas del Centro Regional para la Salvaguardia del PCI de
América Latina – CRESPIAL-
La Dirección ha tenido una relevante participación en las actividades del CRESPIAL,
institución de coordinación y cooperación que tiene sede en Cusco, Perú, y que ha
realizado una labor encomiable en favor de la salvaguardia del PCI y la cooperación entre
los países de América latina. La dirección de Patrimonio ha realizado con el CRESPIAL, en
Bogotá, dos seminarios en 2011, uno sobre planes de salvaguardia y otro sobre
conservación de archivos sonoros y audiovisuales. Así mismo, Colombia hace parte del
proyecto regional del CRESPIAL sobre el Universo Cultural de los Afrodescendientes de
América latina por lo que la Dirección de Patrimonio produjo un primer informe sobre las
manifestaciones culturales tradicionales afrocolombianas; en el marco de ese proyecto se
está realizando un estudio sobre las músicas de la isla de Providencia. La Dirección
colaboró con el CRESPIAL en la producción y edición de un CD titulado “Cantos y músicas
de los afrodescendientes de América latina” distribuido en todo el continente americano.
Los recursos de inversión
El Programa ha tenido un impresionante crecimiento presupuestal pasando del 2008 de
una inversión de 152 millones de pesos a 3.932 millones en el año 2013.
Tabla 10. Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial - Presupuesto Anual
Año No. Actividades Presupuesto de inversión
2008 --- $152.000.000
2009 --- $192.000.000
2010 30 $ 855.155.158
2011 35 $ 2.562.229.298
2012 67 $ 4.421.229.298
2013 71 $ 3.932.105.419
TOTAL $ 12.114.719.173
II. Aperturas, retos y debates frente al PCI y su gestión en
Colombia
Los debates frente al PCI
En Colombia, como en otros países de América Latina y del mundo hemos asistido a una
transformación importante en la noción de patrimonio cultural inmaterial y, por ende, en
la conceptualización de su gestión y salvaguardia.
Esta apertura del concepto de PCI se manifiesta, en primer lugar, en el paso de un modelo
de rescate y registro a otro de salvaguardia. En efecto, lo que hoy cobija el PCI estuvo
durante varias décadas bajo el concepto -heredado de tradiciones de pensamiento
europeas- de folclor (folklore). Este vasto campo de la actividad creativa se entendió como
todas aquellas expresiones que hacían único a “un pueblo” y que por lo general se oponían
a los crecientes cambios en las sociedades, motivados por los procesos de modernización,
urbanización e industrialización. El folclor, inminentemente llamado a desaparecer,
requería ser registrado y rescatado y para ello fueron designados intelectuales y expertos
que emprendieron vastas campañas, expediciones y programas. A diferencia del modelo
del folclor, la salvaguardia se entiende fundamentalmente como un proceso de
apropiación social en el que son los propios portadores y la ciudadanía en general quienes
tienen la capacidad y responsabilidad de promover la supervivencia y recreación de las
manifestaciones y de su profundo sentido, reconociendo que estas se adaptan a las
coyunturas del presente y a los retos del futuro.
Esta apertura de la noción de patrimonio ha implicado sobretodo reconocer la dimensión
política que subyace al proceso de valoración de los usos, expresiones, técnicas y saberes
que un grupo humano, a través de un proceso que tiene unas lógicas específicas, decide
considerar bajo la categoría de “patrimonio”. En efecto, es importante tener en cuenta que
el patrimonio es ante todo una construcción que se da en el marco de un contexto
particular, de unas apuestas económicas, territoriales y sociales y por ende no puede
pensarse como exento de tensiones y conflictos. De esta forma y, aunque no siempre se
considere así, la patrimonialización representa para muchos grupos y colectivos una
herramienta política de defensa de derechos culturales, de identidades y, en general, de
recuperación de derechos e historias colectivas7. De allí que no siempre resulte evidente
articular los intereses particulares de los grupos sociales con los preceptos establecidos en
los marcos legales y operativos del patrimonio cultural a nivel internacional, nacional y
local.
De igual forma, este cambio de visión llama a dejar de considerar el PCI como un elemento
aislado de la realidad o de la cotidianidad de las personas. Este, comprende no sólo los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que hunden sus raíces en el
pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva sino también los apropiados
socialmente en la vida de contemporánea de las comunidades y colectividades en función
7 UNESCO, CRESPIAL y Ministerio de Cultura de Colombia (2011) Seminario Taller “Políticas y Planes para
la Salvaguardia Patrimonio Cultural Inmaterial en América Latina”, Bogotá, Colombia, 4, 5 y 6 de mayo de 2011.
de su entorno y de su interacción social. Así, en la medida en que está arraigado a la
realidad remite directamente a la integridad y bienestar de los grupos sociales y
constituye un medio tanto como un fin para alcanzar ese bienestar.
En un contexto en el que la violencia, la desigualdad, la homogeneización y la banalización
cultural afectan profundamente la vida de los grupos y comunidades se hace evidente que
cuando desaparecen las manifestaciones del PCI, las colectividades pierden también sus
activos sociales, lo que limita su desarrollo y autonomía. Por esta razón, las políticas
patrimoniales son llamadas de manera cada vez más preponderante a responder a las
necesidades de esa realidad y propender explícitamente por el bienestar de los grupos
sociales. De allí que en la actualidad el PCI ha suscitado toda serie de debates que para
fines prácticos podemos dividir en dos. Aquellos que se refieren al PCI como un campo de
acción y aquellos que lo retoman como campo de gestión.
Como campo de acción, el patrimonio cultural inmaterial parte actualmente de una visión
amplia de la cultura. Desde la década de los 80 del siglo XX, escenarios internacionales
como la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult), celebrada en
ciudad de México en 1982, se propuso incluir en la definición de cultura no solo las artes y
las letras, sino también los modos de vida, los sistemas de conocimiento, los valores,
tradiciones y creencias de los pueblos, así como los derechos fundamentales del ser
humano (MinCultura 2014). Así mismo, al compás de las transformaciones estructurales
que se han dado como consecuencia de los procesos globalizadores, la cultura se ha
convertido en una de las principales dimensiones para entender, actuar y decidir sobre las
dinámicas del mundo actual. En contraposición a visiones esencialistas que aun subsisten
en algunos instrumentos normativos, “cultura” se reconoce cada vez más como una trama
de sentido, en la que se evidencian los modos específicos en que los actores se enfrentan,
se alían o negocian y no tanto como una condición dada en la que cada ser humano
pertenece a una cultura específica, orgánicamente separada de todas las demás. Hoy, la
cultura ayuda a visibilizar la potencialidad de las mixturas, las variaciones internas, los
acuerdos y negociaciones que se dan entre los grupos sociales. Por esta razón, el PCI como
campo de acción se supera a sí mismo y se convierte en una herramienta para trabajar
temáticas y universos como el de las culturas campesinas, la alimentación y las cocinas
tradicionales, la memoria o las artes populares, con el objetivo explicito de incidir en la
vida social de aquellos que les dan vida y sentido.
Como campo de gestión el PCI también se ha venido transformando. Si bien este ha sido
objeto de la acción de instituciones y gobiernos desde tiempo atrás, es a la luz de los
recientes tratados internacionales (como la Convención de 2003) que una serie de
metodologías de trabajo, herramientas de planeación, escenarios operativos e
institucionales se han puesto al servicio de la salvaguardia. Para ello se ha puesto de
manifiesto, en primer lugar, la necesidad de construir una visión integral que reconozca la
imposibilidad de separar los componentes material (mueble e inmueble) e inmaterial del
patrimonio cultural. En segundo lugar, y como objeto de política pública, se ha enfatizado
en que las políticas e instrumentos de gestión del PCI deben en lo posible ayudar al
desarrollo sostenible de los grupos y colectividades. Esto requiere en la mayoría de los
casos de: a) un proceso previo de reflexión que permita a los colectivos evaluar los pros y
los contras del procesos de patrimonialización y tomar consciencia de sus necesidades
organizativas, b) una voluntad política explicita de parte de los gobiernos locales y
nacionales y c) la disposición de varios sectores para articularse en pro de un mismo
objetivo. ¿Hasta qué punto las actuales metodologías y sistemas operativos permiten estas
condiciones? A esta pregunta responden los debates que intentan reflexionar sobre el PCI
como campo de gestión.
A continuación, y tomando como referencia el trabajo realizado por las diferentes mesas y
paneles del IV Encuentro Nacional de Patrimonio “Las voces de lo inmaterial”, se sintetizan
las reflexiones más importantes sobre algunos de estos temas de debate.
El PCI como campo de gestión
Estrategias, metodologías y acciones de salvaguardia
La salvaguardia es el principio orientador de las acciones en el campo del PCI. A diez años
de la formulación de la Convención de 2003, es pertinente hacer un balance, en términos
metodológicos y conceptuales, de los procesos que se han desarrollado a partir de la
elaboración de la Política para la salvaguardia del PCI, acercándonos a los conceptos, las
estrategias metodológicas y las experiencias específicas de los portadores, grupos gestores
y responsables de cultura en la elaboración e implementación de Planes Especiales de
Salvaguardia.
Temas tratados
1. Conceptos asociados a la apropiación social del PCI. ¿Qué se entiende por
salvaguardia? ¿Qué se entiende por acuerdo social y como se ha llegado a él? ¿En
qué consiste la gestión social del PCI?
2. Programas de salvaguardia y estrategias metodológicas. ¿Hasta qué punto las
estrategias metodológicas designadas por la Política están permitiendo el
fortalecimiento y autonomía de los grupos sociales? ¿Está logrando ser
participativa la salvaguardia? ¿En que medida la LRPCI es una herramienta de
salvaguardia efectiva?
3. Gestión y ejecución de la salvaguardia ¿Cuáles son las dificultades frente a la
gestión de recursos del Estado para garantizar la salvaguardia en el tiempo?¿Qué
valor adquiere la salvaguardia en contextos de conflicto armado y amenaza
territorial?
Los PES como herramientas de salvaguardia
El Plan Especial de Salvaguardia se define en la Política como un acuerdo social y
administrativo, concebido como un instrumento de gestión del PCI, mediante el cual se
establecen lineamientos, recomendaciones y acciones encaminadas a promover la
salvaguardia del patrimonio intangible de las comunidades y de la Nación. El PES es
también un proceso que incluye el estudio preliminar de la manifestación, su diagnóstico y
el planteamiento de objetivos y acciones. Se dice también que es un acuerdo
administrativo porque una vez aprobado se adquiere un compromiso público para su
implementación. Los propósitos del PES pueden resumirse así:
El conocimiento, reconocimiento y valoración del PCI, evidenciado en la manifestación que se quiere salvaguardar.
Lograr el acuerdo social para proteger y fomentar este patrimonio.
Proporcionar herramientas para la gestión local del PCI.
La formulación de acuerdos o estrategias financieros o institucionales para garantizar que las acciones y estrategias de salvaguardia puedan llevarse a
cabo en el tiempo, de manera sostenible.
Teniendo en cuenta estos objetivos, para los gestores culturales, investigadores,
portadores y miembros de grupos comprometidos con la salvaguardia de manifestaciones
específicas el proceso que requiere un PES propicia la auto-reflexión sobre las dinámicas y
las metas de sus grupos sociales. En esta medida puede considerarse como una
herramienta integral que vincula diferentes dimensiones de la vida de los colectivos. Para
los PES con grupos étnicos, por ejemplo, estos suelen contemplar temas como la
agricultura, la medicina y el conocimiento del bosque puesto que las manifestaciones no
pueden entenderse por fuera de universos culturales complejos. Desde la perspectiva de
los gestores, los PES representan la posibilidad estratégica de acciones y alianzas para
lograr el mantenimiento de las manifestaciones del PCI.
Su importancia radica entonces en que, a través de diferentes metodologías, los actores
interesados logran, en primer lugar, identificar las acciones que garantizan la salvaguardia
de su patrimonio a través de un proceso de reflexión. En segundo lugar, las diferentes
etapas que llevan a la elaboración de un PES aseguran la participación, entendida en sí
misma como una forma de salvaguardia, puesto que genera responsabilidad y arraigo
frente a los usos, tradiciones y representaciones del PCI siempre y cuando las iniciativas
provengan de las comunidades y grupos y no se perciban como impuestas. En tercer lugar,
los PES se entienden como resultado de acuerdos sociales. Este último concepto se puede
definir como el producto de un proceso ampliamente participativo, en el cual los
diferentes sujetos (representantes de las comunidades y grupos, autoridades,
instituciones etc.) consensuan la forma de intervenir la realidad para lograr un bienestar
común. Su éxito dependerá del número de personas y poblaciones involucradas y de la
forma en que se decida quiénes hacen el acuerdo, quiénes convocan, quiénes son los
representantes y cuáles son sus intereses.
Un aspecto interesante de la reflexión de los actores involucrados en la gestión del PCI es
la definición del concepto de salvaguardia. Este se ha venido ampliando frente a lo que
plantea la norma, recubriendo cada vez más una dimensión política. Así, la salvaguardia,
en la práctica, está siendo vista como una acción de protección, compromiso, vigilancia y
prevención que busca garantizar modos de vida, que defiende el patrimonio humano y que
protege la identidad local y regional. De allí que los PES, en algunas ocasiones, tengan el
potencial re-direccionar proyectos políticos a nivel municipal y departamental porque
generan movilización social y sentido de arraigo y pertenencia.
Ahora bien, los PES encuentran limitaciones a la hora de su gestión puesto que en muchos
casos no tienen suficiente peso frente a dinámicas locales o instrumentos de toma de
decisión que no los tienen en cuenta. La situación de conflicto también afecta su viabilidad.
En ese sentido es responsabilidad de los gestores, del Ministerio de Cultura, de los entes
territoriales y de los demás actores involucrados posicionar el PES en diferentes
escenarios y evaluar críticamente las posibilidades de gestión de las manifestaciones.
La gestión de las manifestaciones del PCI
La gestión social del patrimonio, como fin último de los PES se percibe como el resultado
de una negociación que implica expectativas e intereses a diferentes niveles y que requiere
sobretodo garantizar una amplia participación de las comunidades desde el momento
mismo en que el camino de la patrimonilización comienza a considerarse. En este sentido,
la salvaguardia de las diferentes manifestaciones del PCI requiere cada vez más de la
articulación con:
La empresa privada en el marco de intervenciones respetuosas.
Otros ministerios e instituciones nacionales.
Los planes de desarrollo municipales y departamentales, así como con los
planes de vida.
Las instituciones educativas, para que los PES se integren en los PEI y en los
PEC y estos tomen en cuenta la realidad multicultural de los territorios.
Los gestores y portadores de otras manifestaciones, a través de intercambio de
experiencias.
Los medios masivos de comunicación.
Los diferentes sectores poblacionales de una misma localidad, por ejemplo los
hombres y mujeres o los adultos mayores y los jóvenes.
La LRPCI: alcances y limitaciones
La Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial ha sido una de las herramientas
que mayores cuestionamientos ha generado entre los diferentes sectores que analizan y
que intervienen en el campo del PCI.
Estos se refieren, en primer lugar, a las dificultades que acarrea la puesta en marcha de las
medidas de salvaguardia que supone el ingreso a la Lista. Así, se presentan problemas en
las administraciones locales para la asignación de recursos, desinformación frente a los
procedimientos de inclusión y financiación e ineficiencia administrativa en la evaluación e
implementación de proyectos relativos a la salvaguardia.
En segundo lugar, se cuestiona la posibilidad de salvaguardia efectiva en un contexto en el
que el Sistema Nacional de Patrimonio aun requiere ser fortalecido. A juicio de algunos
portadores y gestores culturales, existe una distancia significativa entre los miembros de
los Consejos de Patrimonio y los portadores, cuando no un desconocimiento manifiesto de
los conceptos, herramientas y procedimientos propios al campo del PCI.
En tercer lugar, la LRPCI exacerba las tensiones propias al patrimonio. Así, en nombre de
las manifestaciones, se realizan algunas veces acciones que reflejan intereses privados e
individuales. Se agudiza, así mismo, el riesgo de banalización y de sobre-exposición de la
dimensión intima de las sociedades. Es por esto que, de acuerdo a la percepción de
diferentes actores, la Lista juega en un doble sentido: protege las manifestaciones pero
excluye a muchos de los actores, generando conflictos al interior de las comunidades e
incluso con manifestaciones conexas o cercanas. También genera expectativas que
sobrepasan los alcances de los grupos gestores y del mismo Ministerio de Cultura.
No obstante sigue siendo un instrumento valioso a partir del cual se contribuye a aportar
valores a la sociedad colombiana y se abren oportunidades en los contextos locales. En
opinión de los involucrados, el ingreso a la LRPCI permite propiciar un diálogo entre
diferentes actores y posicionar el valor de lo local en un país que continua funcionando
bajo una lógica centralizada. La Lista es también vista como una oportunidad para generar
emprendimiento cultural, aunque los impactos de este último deben ser vistos con cautela
porque pueden llevar a una comercialización excesiva de la manifestación y del territorio,
produciendo un desequilibrio entre oferta y demanda
Acceso y uso de los espacios públicos para las manifestaciones del PCI
En el marco del IV Encuentro Nacional de Patrimonio Cultural, se generó una reflexión
sobre el uso del espacio público para las manifestaciones del Patrimonio Cultural
Inmaterial, haciendo énfasis en su significado, apropiación y manejo. Si bien no todas las
manifestaciones del PCI requieren un espacio físico para su existencia y representación,
todas sin excepción requieren de medios para su expresión.
En especial existe una serie de manifestaciones del patrimonio que vive directamente en el
espacio público, cuya territorialidad está asociada al uso y disfrute de calles, plazas,
parques y escenarios abiertos. Ejemplo de estas manifestaciones son el Encuentro
Nacional de Bandas de Música en Paipa (extendiéndose y acogiendo a otros encuentros
musicales en el país), los carnavales en toda su variedad, las procesiones religiosas, o las
ferias y fiestas populares. Para estas manifestaciones, se generan unas tensiones y
dinámicas entre la comunidad portadora de las manifestaciones del PCI y las instituciones
que administran y tienen el deber de proteger los espacios públicos de su uso.
Temas tratados
1. Acceso y uso del espacio público en las manifestaciones del PCI. ¿Cuáles son
las limitaciones de acceso y uso de los espacios públicos en los que se expresan o
recrean las manifestaciones de PCI? ¿Qué medidas deberían adoptarse para evitar
el uso indebido de los espacios públicos destinados, de manera permanente o
temporal, a la recreación y expresión de las manifestaciones de PCI? ¿Cómo
prevenir la adopción de medidas excluyentes que limitan el acceso de las personas
a los espacios públicos donde se recrean y expresan las manifestaciones del PCI?
2. Uso del espectro electromagnético de la nación. ¿Qué retos, qué problemas y
oportunidades plantea el uso de espacio electromagnético de la Nación, como
espacio público, para la difusión y promoción del PCI? ¿Cuáles serían los retos para
llevar y difundir las mfanifestaciones de PCI, como patrimonio vivo, en la radio, la
TV y las nuevas tecnologías?
Carnavales y otras manifestaciones que dependen del espacio público
El espacio público presenta múltiples interpretaciones, significados y normas
consuetudinarias que regulan su acceso y uso. En el caso del Carnaval de Negros y Blancos,
que se celebra anualmente en la ciudad de Pasto, la problemática que se presenta es
similar a la del Carnaval de Barranquilla: dichas festividades han crecido
exponencialmente en los últimos años, generando gran afluencia de personas en los
espacios públicos que antes se utilizaban básicamente por los lugareños. Esta situación, de
no enfrentarse de forma concertada entre las administraciones municipales y los
hacedores y portadores de las manifestaciones, con representantes de los sectores que
impulsan el turismo, podría llevar a un colapso del espacio en que se desarrollan,
poniendo en serios riesgos la continuidad de este patrimonio. Esta concertación debe
resultar en el desarrollo de políticas que regulen el buen uso de estos espacios, buscando
equilibrios y preparando a los municipios para atender el crecimiento del interés por
conocer y visitar festivales y carnavales.
Así mismo, surge el problema de la intervención del Estado. Ante el crecimiento acelerado
de visitantes que llegan a las ciudades a disfrutar de los carnavales, se exige de las
autoridades controles necesarios para mantener niveles aceptables de orden, flujo de
personas y delimitación de los espacios de dedicación exclusiva para la expresión de los
artistas de comparsas, murgas, carrozas, bandas, y demás colectivos que preparan actos
para presentar en carnaval. Esta situación genera tensiones entre quienes consideran que
la calle es el espacio fundamental de interacción en el carnaval, donde en realidad sucede
la transgresión de valores y de posiciones que tienen efecto en ese momento específico, y
que por lo tanto, cerrarla o poner vallas para evitar la interacción del público con los
artistas atenta contra su esencia misma. Al respecto, se evidencia que si bien es cierto que
acondicionar el espacio público a las nuevas necesidades de la comunidad no garantiza el
buen uso de este, se deben seguir usando los espacios consolidados para estas festividades
con políticas que regulen su buen uso y que no propicien exclusiones y divisiones entre los
que “hacen carnaval” y los que “ven carnaval”.
Para afrontar estos retos, se necesitaría implementar, entre otros, estudios e
investigaciones de indicadores de carga que prevean un desbordamiento de la capacidad
turística de las ciudades.
Herramientas desde el patrimonio para la gestión del espacio público
En aras de profundizar sobre el tema del espacio público es importante tratar lo
correspondiente a las herramientas con que cuenta el Estado para la salvaguardia y
protección tanto del patrimonio inmaterial como del material. Para el caso del PCI, se
cuenta con los Planes Especiales de Salvaguardia, PES, y para el caso del patrimonio
material, con los Planes Especiales de Manejo y Protección, PEMP, en donde se establecen
las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de las
manifestaciones consideradas patrimonio inmaterial, como de los Bienes de Interés
Cultural, BIC.
Los PEMP contienen:
Delimitación del área afectada: demarcación física del inmueble declarado de
Interés Cultural, compuesta por sus áreas construidas y libres. Para esta
delimitación es necesario precisar los valores y características del inmueble.
Delimitación del área de influencia: demarcación del contexto circundante o
próximo necesario del inmueble declarado como Bien de Interés Cultural, para que
los valores del mismo se conserven, se exalten y se transmitan a las futuras
generaciones. La zona de influencia se define con el objeto de protegerlo en
términos de edificabilidad, volumetría, usos y demás factores que puedan afectarlo
o ponerlo en riesgo.
Definición de los niveles de intervención permitidos: Conservación integral,
conservación tipológica, conservación contextual, nuevo desarrollo compatible con
el contexto.
Definición de las condiciones de manejo: Aspectos físico-técnicos, Administrativos
y Financieros.
Elaboración de un plan de divulgación.
Al respecto, se analizó y debatió sobre la necesidad de que estas herramientas de gestión
del patrimonio adquieran elementos mutuos, que permitan a los PES, realizar análisis
sobre la importancia de la conservación de los espacios públicos y la cultura material que
les son inherentes, y a los PEMP, tener en cuenta más a fondo el uso y valoración que las
comunidades le dan al patrimonio material, con las respectivas interpretaciones y
significados que le atribuyen a este.
El espacio electromagnético
El espectro electromagnético de la nación, en tanto espacio público, juega también un
papel fundamental para la difusión y circulación de las diferentes manifestaciones del PCI,
especialmente para aquellas que tienen componentes musicales. Si bien este espacio ha
cobrado cada vez más importancia, en el caso de las manifestaciones musicales la excesiva
programación de músicas comercialmente fructíferas, relega la difusión de expresiones
culturales tradicionales a espacios de muy baja sintonía, en horarios que no facilitan la
valoración y apreciación masiva de estas manifestaciones por parte de las comunidades.
Como referente puntual sobre este tema, el Plan Especial de Salvaguarda para la Música
vallenata tradicional del Caribe colombiano incluye una propuesta para motivar al Estado
a garantizar un espacio de radiodifusión, con cobertura nacional, dedicado a las músicas
tradicionales del país que fomente la participación democrática, la construcción de
ciudadanía y la generación de identidad nacional.
Integración de los diferentes campos del patrimonio cultural
El Patrimonio cultural parte de una relación de valoración a partir de la cual un grupo o
una sociedad establece la necesidad de transmitirlo y, por lo general, de preservarlo. Esta
valoración, depende de criterios diferentes para el campo de lo material como para el del
inmaterial y hace referencia a conceptos que pueden tener un significado distinto para
cada uno, como el territorio, la identidad de quien lo reconoce como propio o el sentido de
pertenencia. Las fronteras conceptuales son difusas y es importante pensar en la relación
entre lo físico y lo simbólico, lo público y lo privado, lo individual y lo colectivo. En este
contexto, se busca generar una reflexión sobre la relación de valoración que supone el
patrimonio, y los diferentes criterios y metodologías que se utilizan para determinar el
manejo, protección y salvaguardia de todo aquello susceptible de ser patrimonializado en
los campos material e inmaterial.
Temas tratados
1. la valoración del patrimonio frente a las comunidades.
2. la identidad frente a la propiedad de bienes de interés cultural (lo público -
lo privado).
3. las políticas públicas nacionales frente a la legislación implementada en el
escenario local. ¿Cuáles son los indicadores de gestión con los cuales se mide el
impacto de las intervenciones realizadas para la protección y salvaguardia del
patrimonio cultural?
Replanteando las políticas públicas patrimoniales
En aras de evaluar el desarrollo de las políticas públicas patrimoniales es importante
hacer una lectura desde lo conceptual, lo programático y lo operativo. Desde el enfoque
conceptual de las políticas, más que preguntarse por las múltiples definiciones del
patrimonio cultural es necesario interrogarse sobre los propósitos que determinan las
intervenciones sobre el patrimonio y las consecuencias que dichas acciones generan en las
comunidades, es decir, hacer una revisión de causas y efectos y preguntarse críticamente
hasta que punto las estrategias, planes y programas de salvaguardia y protección tienen
incidencia en la vida social de los grupos y comunidades en donde se desarrollan.
Desde un punto de vista programático se plantea la importancia de la planificación
estratégica como mecanismo de evaluación y análisis para anticipar y decidir sobre el
direccionamiento de las políticas públicas. Se hace un llamado a diseñar indicadores
culturales que permitan medir los impactos de las acciones e intervenciones realizadas. El
proceso de planificación conduce a la elaboración de planes de acción concretos, que
deben monitorearse y auditarse y para ello es necesaria la creación de una batería de
indicadores de gestión que permitan entender, en términos cualitativos, como se actúa
sobre la defensa de los derechos culturales, objetivo último de las políticas culturales.
Por último, desde lo operativo, los tratados internacionales disponen que la integración de
los diferentes campos del patrimonio cultural debe hacerse sobretodo desde las políticas
públicas. Sin embargo, para lograr este objetivo se requiere revisar los marcos políticos de
actuación. En este sentido se hace necesaria una revisión de las políticas públicas en todos
sus ámbitos, en donde la capacidad de gestión sea un tema relevante, ya que éstas
requieren de la institucionalidad en su conjunto para ser implementadas, con un escenario
en el que la gestión sea un instrumento efectivo de negociación.
Tensiones entre políticas locales y nacionales
Se señalan algunos de los problemas que deben ser revisados en aras de mejorar la
articulación entre las diferentes instancias de toma de decisiones. Uno de ellos tiene que
ver por ejemplo con el costo de la protección del patrimonio. El costo de mantenimiento
de la gran mayoría de los bienes de interés cultural debe ser asumido por las comunidades
sin prever un mecanismo claro para ello. Otra dificultad radica en que los consejos de
cultura no tienen suficiente incidencia sobre el patrimonio declarado, ya que eso le
corresponde a la autoridad competente, quien en ocasiones no tiene ideas claras sobre su
manejo o no sigue las directrices del Ministerio de Cultura.
Surge entonces la pregunta ¿qué papel juegan los departamentos en la formulación e
implementación de políticas patrimoniales? ¿Cómo inciden las políticas públicas en el
ámbito departamental?
Herramientas de gestión del patrimonio
Para el patrimonio material, se han reglamentado los diferentes temas enfocados a su
protección: el inventario, entendido como una herramienta para el conocimiento de los
bienes y que permite determinar sus necesidades inmediatas; la intervención de bienes de
interés cultural bien sean muebles o inmuebles, la cual debe cumplir con los
requerimientos técnicos establecidos; la exportación de bienes muebles de interés
cultural, cuyo trámite y autorización es concedida por el Ministerio de Cultura; y la
enajenación, que está reglamentada por la Ley. Por último está el Plan Especial de Manejo
y Protección PEMP, que en esencia es un instrumento de gestión y planeación para
determinar las acciones de protección, conservación y sostenibilidad en el tiempo para
algunos bienes de interés cultural.
Con el fin de ayudar a la gestión social del patrimonio, los PEMP requieren realizar
socializaciones efectivas con la comunidad en las que los grupos sociales puedan
expresarse al respecto de las propuestas de intervención. Para ello se hace urgente
construir metodologías de participación que tengan en cuenta los perfiles de las personas
de las comunidades a las que se pretende llegar.
Por su parte, en cuanto a los PES, se ve con preocupación que en muchos casos las
comunidades terminan asumiendo las responsabilidades un acuerdo que no fue
debidamente dialogado con ellos y la institucionalidad local. Se hace énfasis en que es una
obligación de quienes acompañan la formulación de los planes de salvaguardia considerar
dicha institucionalidad como parte clave del proceso de salvaguardia de la manifestación.
Es igualmente importante para el conjunto de herramientas de gestión empezar a
construir un lenguaje en el que haya un mínimo de conjunción, tanto al interior del
Ministerio de Cultura, como con las comunidades; esto con el fin de evitar tensiones sobre
el patrimonio. Para ello, un buen comienzo es la reflexión sobre tres términos:
apropiación, pertinencia y gestión.
El PCI como campo de acción
El PCI como un factor de desarrollo
Desde algunas lecturas, el desarrollo se refiere a un modelo histórico, que pone en juego
un sistema económico de creación de riqueza, un sistema de derechos, un sistema cultural
y, finalmente, un tipo de Estado. Este modelo es visto como un “mito moderno” impulsado
desde los países industrializados. Sus pilares, el crecimiento, la estabilidad política, el
urbanismo y el mejoramiento de los niveles de vida aparecerían como la única vía para los
países pobres, a expensas de su autonomía y diversidad cultural. Es en este escenario
político, ideológico y económico que surgen divergencias entre los programas de
desarrollo definidos desde el nivel central y las necesidades y expectativas de salvaguardia
del patrimonio cultural que emergen desde las comunidades de base. Para algunos, las
relaciones simbólicas entre las personas y el territorio, los conocimientos tradicionales
asociados a la naturaleza, la realización de prácticas y transmisión de saberes, la capacidad
local de toma de decisiones, la autonomía territorial y administrativa, entre muchos otros,
son elementos que se verían amenazados a la luz de la implementación de programas de
desarrollo.
Para otros, el desarrollo se refiere a los diferentes caminos que permiten alcanzar el
bienestar de los seres humanos. En este contexto, el patrimonio cultural inmaterial, como
expresión de la cultura, tiene un rol importante que jugar en la gestión de un nuevo
modelo de desarrollo que vele por la integridad y propenda por el bienestar de las
personas desde una perspectiva que reconozca las diferencias y respete las
especificidades. Esto pasa indiscutiblemente por las problemáticas ligadas al manejo y uso
de los territorios.
Temas tratados
1. PCI frente a la política de planes y programa de desarrollo.
2. Tensiones entre dinámicas territoriales locales y políticas de desarrollo.
3. La protección de los sitios sagrados frente a los retos del desarrollo
Desarrollo y PCI: superar una aparente dicotomía
Hoy en día es evidente que un modelo de desarrollo en el cual el crecimiento económico se
obtiene a expensas de la autonomía, la diversidad cultural, la preservación de los recursos
naturales y la integridad de las comunidades y grupos sociales ha dejado de ser una opción
viable para una gran mayoría de habitantes del país. En este sentido, los gestores
culturales, portadores e investigadores coinciden en señalar las amenazas que se derivan
de proyectos, políticas, programas e iniciativas que, desde diferentes sectores, terminan
por afectar las dinámicas sociales de los grupos, atentan contra la identidad y memoria
colectiva y, por ende, minan la posibilidad de que el patrimonio cultural inmaterial pueda
pervivir en el tiempo.
Frente a este panorama, es importante generar nuevas estrategias que permitan poner fin
a la oposición que pareciera existir entre patrimonio cultural –asociado a la salvaguardia y
conservación- y desarrollo – asociado a la modernización y transformación-. En esta vía, se
señalan algunas consideraciones que permitan, desde la cultura, contribuir a la
construcción de un modelo alternativo, incluyente y sostenible de desarrollo.
En primer lugar y, contrariamente a lo que a simple vista podría pensarse, el desarrollo no
es un tema que competa únicamente a las grandes instancias de decisión o las
instituciones del nivel central. Las comunidades, los grupos étnicos y los ciudadanos
pueden contribuir de muchas formas a la puesta en práctica de una forma diferente de
entender y alcanzar el bienestar. Para muchos, en este momento hay una oportunidad
para abrir escenarios de diálogo, fomentar el intercambio de visiones y determinar qué
tipo de desarrollo se quiere alcanzar. Por esta razón se debe promover la participación de
todos los sectores de la sociedad en los espacios donde se formulan instrumentos de
planeación (Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Educativos y Planes
departamentales, municipales y nacionales de desarrollo, entre otros). Esto resultaría en
una gran oportunidad para plantear modelos de desarrollo adaptados a territorios
pensados desde sus usos culturales y no solamente económicos.
En segundo lugar, se hace necesario tener en cuenta que el territorio sobre el cual las
políticas y proyectos tienen lugar sobrepasa ampliamente la dimensión física. Aquí, las
comunidades, grupos sociales y portadores de los usos, técnicas, saberes y expresiones
que conforman el PCI tienen un rol importante en la medida en que por lo general son
estos los que los que conservan, dinamizan y transforman, no sólo las manifestaciones del
PCI, sino los territorios en donde viven.
Los sitios sagrados: un reto a los modelos actuales de desarrollo y de
política pública
Los sitios sagrados son por lo general complejas redes de lugares que resultan
fundamentales para diferentes grupos sociales, especialmente para los pueblos indígenas.
Estos cumplen un lugar esencial para el control social del manejo de la naturaleza,
designando restricciones y reglas de uso sobre los recursos. Estos son también lugares de
conocimiento, de comunicación entre mundos (mundo – inframundo) y de prácticas
rituales y religiosas. En muchos casos, son registros históricos del origen de los pueblos,
fundamento de su pervivencia cultural. Por eso su preservación y salvaguardia, en manos
de los pueblos que los habitan y manejan, resulta una prioridad.
Abordar los sitios sagrados desde la óptica del PCI es reconocer la integralidad del
territorio y la imposibilidad de separar lo natural de lo cultural y lo espiritual de lo
político. Por ello, el manejo y protección de los sitios sagrados plantea innumerables retos
en territorios donde se cruzan diferentes intereses y visiones del desarrollo. Ejemplo de
esto es lo que ocurre en las zonas habitadas por varios grupos étnicos del país frente a
iniciativas que se perciben como fuentes de desarrollo. Podemos citar a este respecto el
caso Wayuu. Uno de los problemas que tiene el sitio sagrado más importante de los
Wayuu, Jepirra o el Cabo de la Vela, es el incremento de un turismo que no tiene en cuenta
sus especificidades culturales y termina irrespetando el territorio. Para los Wayuu, lejos
de restringir el acceso al turismo, es importante abrir espacios de diálogo para que las
personas que llegan a la Guajira comprendan la cosmovisión y la relación que los
indígenas han construido con el espacio.
Como objeto de política pública, los sitios sagrados conllevan también sus propios
desafíos. En primer lugar en lo referente a su uso y disfrute. Como su condición lo indica,
muchos de estos sitios no son lugares públicos sino de uso restringido, de acuerdo con los
usos y costumbres de los grupos. Por ello, cualquier intento de salvaguardarlos deberá
abordar un debate sobre la propiedad colectiva. Esto se complejiza si se tiene en cuenta
que los sitios sagrados no son necesariamente lugares conservados y preservados
naturalmente, sino que son espacios con diferentes grados de intervención en la medida
en que están asociados a prácticas culturales y, en muchos casos, a fenómenos
estructurales como la expansión urbana. Por esta razón, las acciones de salvaguardia que
se emprendan, a nivel micro o como objeto de política, no pueden tener sobre estos una
mirada estática como la que muchas veces caracteriza la conservación ambiental.
En tercer lugar, un reto importante lo constituye la investigación, documentación y
conocimiento asociado a los sitios sagrados. Frente al evidente vació en la información que
se tiene sobre los sitios sagrados de los diferentes grupos étnicos que habitan el territorio
nacional, se señaló sobretodo que deben ser las mismas personas de los grupos y
comunidades implicados los que emprendan las iniciativas de investigación. Así, los
diagnósticos y zonificación de los sitios sagrados deben ser idealmente realizados, de
manera autónoma, por las mismas comunidades.
Por ultimo, se sanota también que, en la medida en que los sitios sagrados son
representaciones de un sistema de pensamiento y no obedecen a una interpretación única
sino a la particularidad de cada grupo, es el sistema de pensamiento y las prácticas
culturales asociadas las que, como conjunto, se deben salvaguardar. Esto implica incluir
dentro de las acciones de salvaguardia y líneas de acción de posibles políticas públicas
variables que no son del orden exclusivo de lo ecológico. Un ejemplo interesante es la
lengua palenquera, considerada por los habitantes de San Basilio como su recurso más
preciado, legado y condición sine qua non de su bienestar. Es la lengua la que da y expresa
el sentido de los sitios sagrados. Por esta razón, una estrategia de protección de los sitios
sagrados no tendría efectividad si no tiene en cuenta esta dimensión lingüística.
Memoria, historia y salvaguardia del PCI
En nuestro país convergen diferentes abordajes sobre el tema de la memoria, de sus
actores, usos y manifestaciones. Uno de estos ha designado a la memoria como el relato
propio de los grupos sociales, expresión de sus lógicas cotidianas, sentires y hechos
trascendentes. Generalmente, este relato se construye en oposición a una historia oficial
que escoge, a su modo y desde un solo punto de vista, aquello que debe recordarse. Otro
abordaje posible es el que trata la memoria como un dinamizador de las culturales locales,
vehículo privilegiado para la trasmisión de saberes, prácticas, valores y cosmovisiones que
conforman el PCI. Ahora bien, frente al conflicto armado, las recurrentes situaciones de
despojo, exclusión y violencia, la memoria individual y colectiva aparece cada vez más
como un acto de resistencia y un derecho que merece ser restablecido cuando ha sido
vulnerado. Acercarse a la memoria como una herramienta de salvaguardia del PCI
requiere tener en cuenta todos estos abordajes.
En esta dirección, la apuesta, desde la óptica del patrimonio, es comprender la memoria
como un espacio político, estratégico de construcción del pasado y, por consiguiente, de
formulación del presente. La memoria adquiere así todo su potencial como fuerza social,
puesto que su activación, recuperación y puesta en escena cuestiona nuestros anclajes a la
realidad tanto como provee elementos de continuidad, de pertenencia y de sentido que
nos fortalecen como individuos y como colectivos.
Temas tratados
1. La memoria y su relación con el PCI en situaciones de conflicto ¿Qué implica la
salvaguardia de la memoria? ¿Cómo propender por dicha salvaguardia en
contextos de conflicto?
2. Lugares, territorios, objetos tangibles e intangibles de la memoria ¿Cómo se
construyen, se reconocen, se habitan y se utilizan los territorios, lugares, objetos
tangibles e intangibles de la memoria? ¿Cuál es su importancia para los grupos
sociales y que implica su salvaguardia?
3. El papel de la memoria en la construcción y reparación de lo social ¿Cómo
pueden contribuir la recuperación y resignificación de la memoria colectiva
asociada a los procesos de salvaguardia del PCI, a la convivencia pacífica y a la
reparación de las víctimas del conflicto armado?
La memoria y el patrimonio cultural inmaterial en contextos de conflicto:
una relación con múltiples posibilidades
En el país, la violencia derivada del conflicto armado es un factor omnipresente, que afecta
las prácticas sociales, económicas y culturales de las comunidades y sus narrativas. No
obstante, desde un punto de vista conceptual y metodológico, más que corroborar esta
situación, lo que resulta interesante es entender que los grupos sociales construyen
dispositivos culturales de memoria, formas de traducir culturalmente el conflicto que
tienen la potencialidad de tejer lazos sociales y, en muchos casos, de repararlos. Muchas
comunidades afectadas por estas situaciones llevan a cabo acciones y actos que son
susceptibles de ser incorporados a lo que dichas comunidades reconocen como
patrimonio porque generan identidad y cohesión dentro del grupo, inscribiéndose en su
memoria colectiva. Se pone como ejemplo el caso de las decimas, un género narrativo que
hasta cierto momento daba cuenta únicamente de reflexiones sobre la cotidianidad, pero
que después de finales de los 90, en el Caribe colombiano, comienzan a incorporar en su
estructura un discurso de resistencia a los problemas acarreados por el fenómeno del
paramilitarismo.
Se ha visto como los trabajos de recuperación y fortalecimiento de la memoria colectiva en
su relación con el PCI juegan un papel fundamental en la restauración del tejido social y en
la creación de vínculos con el territorio (en caso de desarraigo). Esto ocurre puesto que a
través de las prácticas culturales se encuentran muchas veces soluciones creativas para
superar las situaciones difíciles. A su vez, la memoria es un vehículo que permite dignificar
a las víctimas y las comunidades y por ende se constituye en una apuesta política por sus
derechos porque nos acerca como protagonistas de una misma historia.
Ahora bien, la historia y la memoria son construcciones que se activan a partir de
coyunturas. En el momento actual que vive el país esa coyuntura es sin duda el conflicto
armado, lo que no quiere decir que sea la única coyuntura posible. Es pertinente reconocer
que no todas las comunidades viven atravesadas por el conflicto armado y que el conflicto
social tiene muchas aristas, por lo cual no todas los grupos sociales se encuentran en
condición de victimización. Lo importante radica en comprender que la memoria es un
campo atravesado por múltiples conflictos que pueden derivarse de modelos hegemónicos
de desarrollo, de visiones divergentes de habitar y utilizar el territorio pero también de las
disimiles interpretaciones del pasado, del presente y del futuro. Lo anterior sugiere que
una política para la salvaguardia del patrimonio inmaterial no puede pensarse ni
implementarse de espaldas al conflicto, sino que por el contrario debe ampliar esta noción
para comprenderla en toda su complejidad. Así, la noción de conflicto no se puede
circunscribir solo al conflicto armado sino que debe entenderlo de manera amplia, es
decir, reconociendo que este también surge por las disputas frente a los diferentes
sentidos y visiones del mundo. En esta medida, no es necesario que el conflicto sea el eje
de los diferentes trabajos de recuperación de memoria. Se trata sobretodo de no ignorar
que estos conflictos y sus impactos en la vida cotidiana configuran, delimitan y hacen parte
de la memoria colectiva de las localidades, las regiones y el país. Por ello, la noción de
patrimonio cultural inmaterial debe ayudar a articular soluciones y la salvaguardia
constituirse en una vía para brindar herramientas que le sirvan a las personas:
En el reconocimiento de las diferentes narrativas de memoria que las
comunidades construyen para si y les dan sentido.
En el fortalecimiento de grupos y colectividades
En la construcción, conocimiento y defensa de territorios y su expresión en
lugares de memoria, fronteras, sitios sagrados y otros lugares relevante de la
memoria.
Territorios de la memoria
La memoria construye un sentido de colectividad y, por ende, tiene la fuerza de delimitar,
dentro del relato colectivo, los territorios que las comunidades construyen e imaginan
para sí. Por esta razón es fundamental reflexionar, desde el PCI, sobre el papel de la
memoria en la construcción de territorios (definidos como espacio físico y concreto sobre
el cual las personas tejen diversas relaciones) y de territorialidades (entendidas como las
relaciones o acciones que los individuos, colectivos, grupos, instituciones, etc ejercen
sobre el territorio para hacerlo propio), indagando por los diversos imaginarios que se
tejen a su alrededor. Así, se sugiere tener en cuenta las nociones que tienen las
comunidades del territorio en la construcción de herramientas para la planeación del
territorio como los planes de desarrollo, ya que una cosa es el territorio trazado
políticamente y otro es el territorio de la experiencia vivida de las comunidades.
Se evidencia igualmente que en el modelo de desarrollo actual el patrimonio y el territorio
son elementos susceptibles a ser cosificados y sujetos a las lógicas de la demanda y la
oferta. Esto constituye una amenaza al territorio y por consiguiente a la memoria de las
comunidades.
La memoria en la política de salvaguardia del PCI
La política de patrimonio debe constituirse en una herramienta que permita a los grupos
locales ir más allá de la patrimonialización. En este sentido, uno de los mayores retos de
los trabajos de memoria en el marco la política de PCI, es la articulación de los mismos con
otras iniciativas institucionales o intersectoriales en las que los trabajos de memoria
pueden ser importantes para generar procesos con diferentes niveles de impacto social.
Por lo anterior, se hace énfasis en articular las diferentes iniciativas de memoria de las
comunidades, colectividades e instituciones con el sector educativo con el objetivo de
generar mayores alcances. Esto puede traducirse en estrategias pedagógicas para la
implementación de la política, ya que al hacerse evidente la relación entre la memoria y el
patrimonio cultural inmaterial y material estos temas pueden comenzar a instalarse en las
agendas de las instituciones o planes de vida de las comunidades.
El trabajo de la memoria
El trabajo de la memoria como metodología de salvaguardia también debe ser objeto de
reflexión. Sobresale la dificultad de plantear una metodología única para el desarrollo de
iniciativas de recuperación de la memoria social, ya que cada caso está delimitado por
circunstancias especificas derivadas de las diferentes realidades locales, contextos
sociales, políticos, económicos, ambientales, temáticas a tratar, y recursos con los cuales
cuenta cada grupo de trabajo.
Por lo anterior, es necesario plantear caminos metodológicos que sean flexibles, abiertos y
que reconozcan la diversidad de contextos, actores e intereses que involucran este tipo de
iniciativas. Se sugiere que el acompañamiento que se requiere desde el Ministerio de
Cultura u otras instituciones involucradas debe ser entendido como una guía a los
procesos e identificación de necesidades derivadas de la pregunta de por qué de llevar a
cabo una iniciativa de memoria, más allá de un apoyo exclusivamente financiero.
En el abordaje metodológico se debe tener en cuenta las dinámicas de cambio cultural que
afectan las elaboraciones y narrativas de la memoria y que se pueden relacionar con los
cambios de contexto (movilidad, desplazamiento, etc) y las transformaciones que vive
cada sociedad. De esta forma se enfatiza en la necesidad de no entender la memoria
desde la nostalgia del pasado, dándole importancia solamente al valor histórico del
patrimonio y desconociendo su componente creativo.
Por último, es necesario que en la implementación de la metodología se contemple dejar
capacidades instaladas en investigación y gestión del patrimonio dentro del grupo
participante. También es importante que a través de estos trabajos se fortalezcan los
espacios de transmisión de los diferentes saberes que constituyen la memoria y el
patrimonio cultural inmaterial.
Salvaguardia de las artes populares y las tradiciones artesanales.
Las artes populares y las tradiciones artesanales son consideradas en la normatividad
cultural colombiana como expresiones del patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Es
decir, el énfasis está puesto en las artes populares como manifestaciones culturales que
muestran y refuerzan el carácter pluricultural de la nación porque expresan el sentir
colectivo y se entienden como un legado del pasado y del presente, que debe ser
transmitido a las siguientes generaciones. No obstante su gran riqueza, estas cuentan con
una débil valoración social asociada a concepciones peyorativas sobre lo popular, a la falta
de reconocimiento a los artesanos y artistas populares, a las dificultades en la difusión y al
carácter centralista de las políticas culturales.
Estos factores, además de la amplitud y complejidad que caracteriza a este campo del PCI
hacen necesaria la formulación de una política pública específica, que aborde sus
problemas y establezca, desde el ámbito y competencias del Ministerio de Cultura, las
directrices para su fomento, protección y salvaguardia.
Temas tratados
1. Conceptualización y ámbito de una política para la salvaguardia de las artes
populares y las tradiciones artesanales
2. Elementos de diagnóstico y líneas de acción
3. Recomendaciones y propuestas para la formulación de directrices de política
Revalorar lo popular: un objetivo principal de la Política
En muchas esferas aún existen prejuicios sobre lo popular que explican por qué este no
está documentado ni suele ser recopilado o difundido a través de colecciones públicas.
Lamentablemente no se ha considerado como parte del acervo cultural de la Nación.
Ejemplo de ello es la diferenciación que se establece entre artesanos y artistas,
considerando a los primeros como portadores de un arte subalterno.
Surge entonces la necesidad de establecer un concepto claro de artesanía en el cual se
considere la actividad artesanal de manera integral, sin apartar el objeto y el trabajo del
artesano del contexto. Esto pasa por reconocer que la actividad artesanal es una forma de
vida y que los objetos artesanales son manifestaciones del pensamiento del artesano y de
la comunidad a la que pertenece. La artesanía debe verse en su contexto productivo pero
más allá del mercado, y debe ser tema de investigación junto a los mismos artesanos. Para
ello se debe:
Tener en cuenta que las tradiciones artesanales tienen una historia y que fueron
los artesanos protagonistas importantes de la construcción de la Nación. Ver con cuidado el tema de la imposición de modelos productivos y diseños
artesanales en detrimento de las tradiciones artesanales. Considerar algunos oficios tradicionales que tienen una estrecha conexión con las
artes. Garantizar los derechos culturales de los artistas populares y de las comunidades
en las que viven, sin duda, el principal reto. Lo anterior conlleva a pensar que la tensión conceptual que existe entre las “artes” y el “arte popular” es una tensión afortunada porque la da a las artes populares una dimensión política. Como concepto debe mantenerse dado que remite a varias cuestiones fundamentales:
El poder asociado a la legitimación de las artes El reconocimiento de la existencia de mecanismos de invisibilización y exclusión
social La producción colectiva y comunitaria
Una vez abordado este tema, se hace necesario considerar la falsa dicotomía que existe
entre tradición e innovación. La Política hace énfasis en la salvaguardia de la “matriz
tradicional” que las caracteriza. Este concepto se refiere a la trama expresiva, vigente, de
un lugar específico llámese comunidad rural, pueblo indígena, barrio o comunidad urbana,
considerada como un legado o testimonio del pasado que sirve a sus habitantes de
referente de identidad y fundamento de sus prácticas artísticas y tradiciones artesanales.
Al ser la base cultural de referencia de un grupo humano, es compartida y entendida por la
gran mayoría de sus integrantes. Dicha matriz es colectiva, es el producto de una cadena
intergeneracional; tiene una historia, una tradición que expresa la imaginación,
sensibilidad, estética y creatividad de un grupo humano particular y por lo general se
encuentra inmersa en su cotidianidad. No obstante, para una política de salvaguardia de
las artes populares y tradiciones artesanales es igualmente el reconocimiento y fomento a
la innovación y la creación que se hace a partir de dicha matriz y que conlleva
adaptaciones, hibridaciones, traslaciones y la influencia de otros ámbitos y
manifestaciones artísticas.
En este sentido, la tradición o lo tradicional son ante todo construcciones sociales. Las
tradiciones reconocidas por un grupo social también cambian, reciben influencias. Las
preguntas sobre la “pureza” o el “origen /originalidad” de las tradiciones artísticas llevan,
en algunas circunstancias, a confusiones. De allí la importancia de un concepto más
comprensivo y dinámico como el que se propone bajo la expresión “Matriz Cultural
Tradicional”, que previene contra el esencialismo en la cultura.
Para complementar este tema, se sugirió tomar en cuenta el concepto de producción
cultural según el cual las diferentes manifestaciones artísticas:
Poseen soporte de distinto orden: Por ejemplo, los “cuadros vivos” tienen un
soporte social. Hay otras manifestaciones artísticas que tienen un soporte
individual.
Están enmarcadas en espacios distintos de puesta en común. Por ejemplo, en los
“cuadros vivos, las calles de la población de Galeras- Sucre
Tienen ámbitos de interés y pretensiones distintas
Es importante, en esta dirección, que la política pueda brindar recomendaciones con
relación a las artes urbanas que han surgido a partir de las transformaciones sociales de la
actualidad. Si bien, la política para la salvaguarda de las artes populares, sólo cubrirá el
ámbito de las consideradas “tradicionales”, si debe dar recomendaciones para estas otras
manifestaciones artísticas, aunque estas, por su diversidad, merecen una política de
regulación propia.
Así mismo, se recuerda la importancia del contexto. Las representaciones de arte popular tienen un ámbito específico que no puede ser trasplantado. Se puede mostrar, dar a conocer, pero tiene todo su sentido en la comunidad y el contexto geográfico y cultural en el que se da. Recogiendo lo anterior se hace evidente que la elaboración de una política pública para la
preservación del arte popular, debe ser construida a partir de la visión de los actores, y
esto implica varios desafíos:
Que la política sea incluyente (un gran desafío, por ser un país muy diverso)
Que la política sea representativa, que incluya todos los sectores de las artes. Que
se pueda sentir propia
Re-significar el sentido de lo popular: que la gente entienda que hacer referencia a
lo “popular” no es peyorativo.
Que la política pueda brindar valor y aumentar la autoestima de los artistas
populares y sus manifestaciones.
Que esté escrita en un lenguaje claro y sus conceptos sean de fácil entendimiento
La salvaguardia de las artes populares
¿Las artes populares necesitan de un salón, de un museo? ¿Dónde y cómo deben mostrarse
las artes populares? ¿Son los museos y los eventos los lugares que las hacen legítimas? ¿No
es el arte popular, más bien algo público y es en el ámbito de lo público y lo comunitario
donde se legitima? Estas preguntas sirven para ahondar en el debate sobre el vació
existente en el país en el campo de las colecciones públicas delas obras de las artes
populares, y sobre su poca circulación.
Se afirmó que una propuesta museológica pensada desde las artes populares obliga a
repensar la historia colombiana (en particular la historia de las artes) para generar nuevas
narrativas capaces de presentar al país en toda la diversidad y esplendor de sus artes
populares tradicionales.
Además de las colecciones, son importantes y necesarias para la salvaguardia de las artes populares y tradiciones artesanales, dos acciones principales que deben estar contempladas en la Política:
Conocer estas manifestaciones en su estado actual para lo cual se requiere fomentar la investigación sobre las artes populares y su historia
Realizar inventarios sistemáticos
Pueden ser acciones de salvaguardia altamente eficaces:
La formulación de planes especiales de salvaguardia, específicos, sin necesidad de
acudir a las listas representativas.
La construcción de agendas locales de cultura para las artes populares.
Interesar a la educación formal en los fines de la Política y la educación artística, de
tal manera que se valoren y transmitan las artes populares.
Desde la opinión de algunos sectores, los concursos y ferias pueden ser también acciones
de salvaguardia. No obstante, esto es aún tema de controversia puesto que si bien estos
tienen bondades como estimulo a la a la actividad creativa, también conllevan el riesgo
que implica la descontextualización de las manifestaciones.
Elementos de diagnóstico de las artes populares
Algunos factores pueden ser una amenaza inminente para las artes populares y su
salvaguardia. Entre estos se destacan:
Impactos negativos de los procesos de globalización económica y cultural
a) Consumos culturales externos en detrimento de lo propio
b) En el caso de las artesanías, la introducción de artesanías importadas imitando
las nacionales. También de materias primas.
La masificación
La comercialización indebida (incluyendo el uso excesivo o indebido de la
publicidad).
La pérdida de los contextos comunitarios
La no transmisión de las tradiciones artísticas (la “pérdida del hilo” de la
transmisión intergeneracional)
La pérdida y cambio en los valores (el no respeto por las tradiciones)
Sin embargo algunas de estas amenazas pueden ser contrarrestadas a través del
establecimiento de estrategias como el museo-taller, donde los niños, jóvenes, y adultos
puedan interactuar para reconstruir y pensar su realidad. Así mismo, a través del
reconocimiento y la atención de los portadores o artistas y artesanos populares,
considerando que muchos de ellos viven en condiciones de vida precarias. Esa precariedad
afecta la transmisión de las tradiciones artísticas y artesanales pues los jóvenes no ven en
estas actividades una oportunidad. La Política debe hacer recomendaciones en esa
dirección.
Salvaguardia de las tradiciones culturales campesinas
El campesinado ha sido un protagonista fundamental en la construcción de la Nación y la
sociedad colombiana, al menos en los últimos 200 años. Sin embargo, en el transcurso de
la formación del país su reconocimiento no ha sido tan visible.
Hoy, la imposición de modelos productivos poco adaptados a las realidades locales, los
conflictos frente a la tenencia y uso de la tierra, el crecimiento urbano, la poca
representatividad en los escenarios de diálogo con el gobierno nacional son factores que
amenazan la existencia de las culturas campesinas En este contexto, se hace necesario
propiciar un escenario de debate acerca del campesinado como sujeto cultural, sobre sus
características y las necesidades de salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial.
Temas tratados
1. Los campesinos como sujetos culturales ¿Es posible hablar de identidades
campesinas? ¿Cuáles son los espacios en los que estas se construyen?
2. El reconocimiento cultural y patrimonial de los campesinos ¿Qué
implicaciones puede tener para las culturas campesinas el reconocimiento cultural
y patrimonial? ¿Qué elementos culturales del campesinado deben ser objeto de
medidas de salvaguardia? ¿Cómo promover medidas interministeriales e
interinstitucionales, que contribuyan al reconocimiento cultural de las
comunidades campesinas?
Identidades campesinas
En el caso de los campesinos en Colombia, la desvalorización sistemática de la que han
sido objeto genera lo que se ha denominado una falla de reconocimiento y una falla de
redistribución, pues en la medida que no se reconoce a alguien, no se avalan sus derechos
y tampoco se le permite tener acceso a los recursos para su desarrollo y bienestar. Una de
las consecuencias de esta falla de reconocimiento en las entidades gubernamentales, es
que los campesinos y las campesinas no existen como sujetos culturales; solamente como
pequeños productores o usuarios. ¿Quién es entonces el campesino? Es necesario hacerse
esta pregunta para poder diseñar políticas apropiadas pues en la medida en que en las
propuestas de política publica estos sigan siendo considerados únicamente en función de
este tipo de categorías restrictivas se corre el riesgo de ser confundidos con otros que son
propietarios de una parcela o que compran y venden productos del campo sin que ello
implique que hagan parte de una comunidad que comparte unos elementos culturales
comunes.
Es necesario también romper con ciertos estigmas y posicionar en el debate público el rol
que cumple y ha cumplido el campesinado en las dinámicas políticas, económicas, sociales,
culturales y de mercado, para contrarrestar así la visión que tiende a asociarlo con un
sujeto aislado en una comunidad homogénea y con aversión al riesgo en términos
económicos.
Esto será un primer paso para reconocer el rol del campesinado en la construcción de
Nación: como el sujeto colectivo que abrió la frontera agropecuaria y construyó el
territorio nacional. Ahora bien, en la búsqueda de una definición del campesinado no se
debe caer en el error de delimitar una identidad única pues, más que lograr una definición
exacta, lo que se requiere para profundizar en el debate y esbozar líneas de acción es una
caracterización más adecuada, que de cuenta de las complejidades de este sector de la
población.
En aras de construir dicha caracterización se distinguen como elementos constitutivos los
siguientes:
Sujeto social multi-activo, pues tiene que desplegar su fuerza de trabajo en una
gran cantidad de actividades productivas.
Sujeto cosmopolita, pues transa permanentemente con una gran variedad de
actores (actores del conflicto, actores del mercado, actores urbanos y rurales)
Sujeto con experiencia y memoria. Esto se traduce por ejemplo en las creencias y
en la religiosidad.
Sujeto innovador con capacidades que le han permitido combinar procesos,
tecnologías y crear elementos que han garantizado su adaptabilidad y
permanencia en el territorio o su capacidad de resiliencia fuera de él. Sobresalen
los saberes asociados a la transformación, producción y conservación de los
recursos naturales, en especial de las semillas.
Sujeto con especial relación con la tierra, que le permite producir una buena parte
de propio sustento. Frente al hecho de que existen hoy muchos campesinos sin
tierra se propone que el valor central en el campesino es la relación afectiva con
el territorio. La tierra es una querencia y no tanto un elemento al que se está
ligado por una relación mercantil.
Sujeto con un rol fundamental en el mercado
Sujeto con una organización social y económica particular. Los campesinos se han
formado mediante el rompimiento de vínculos con los patrones. El carácter
independentista del campesinado se mantiene gracias a las relaciones de
solidaridad y de familiaridad.
Es necesario tener en cuenta que la cultura campesina no se pueden entender sin el
territorio, para aproximarse al campesino(a) como sujeto cultural hay que considerar la
relación de este con la tierra, con el trabajo, con los procesos de alimentación, con el uso y
la preservación de las semillas nativas, y en general con los recursos naturales; incluso
con expresiones culturales como la movilización, elemento de resistencia de las culturas
campesinas; así también hay que verlo dentro del panorama general del mercado como un
actor decisivo.
Algunas instituciones públicas, al abordar el tema de la identidad campesina, lo asocian,
por lo general, a la etnicidad, buscando ese “verdadero ser” campesino y olvidando el
movimiento dinámico que han tenido las comunidades por factores como la violencia, la
transformación en la organización social y hasta la misma estigmatización. El campesino
debe verse como sujeto histórico, dinámico, pero sobre todo político. A este respecto,
pueden por ejemplo, incorporarse tres interrogantes en el análisis de lo campesino: 1)
cómo se comprende y asume la autonomía de la cultura campesina, 2) quiénes son los que
representan, actúan o enarbolan las causas campesinas y 3) de qué manera se legitima esa
representatividad.
El reconocimiento cultural y patrimonial de los campesinos
Es aún un tema de debate si el desarrollo de políticas diferenciales es necesario en el caso
de los campesinos, pues algunos sectores consideran que las políticas basadas en la
discriminación positiva pueden afectar la movilización y las formas asociativas
campesinas, al aumentar el riesgo de desarticulación. Para otros, es tarea del Estado
cumplir sus obligaciones con relación a los distintos aspectos de la vida social, económica,
política y cultural de las comunidades, sin hacer diferencias relacionadas con categorías
étnicas o raciales. Esta posición se ve respaldada por la complejidad de situar al campesino
dentro de una sola categoría, cuando es una realidad que este transita entre las categorías
identitarias como las de indígena, afrocolombiano, citadino, entre otras. Incluso se
postulan categorías como las de los "selvasinos", en referencia a aquellas personas que
viniendo de varias partes del país se enfrentaron a las selvas, como las del Guaviare y
Caquetá.
Más allá de estas precisiones conceptuales, no pueden desconocerse las amenazas que hoy
se ciernen sobre las culturas campesinas. La violencia estructural que ha sufrido el país ha
hecho el trabajo de desterritorializar a los campesinos y de estigmatizarlos como
colaboradores o insurgentes. En este sentido algunos miembros de las organizaciones
piensan que si en las primeras violencias los campesinos perdieron la lucha por la tierra, el
actual conflicto armado hace que estén a punto de perder la lucha por el territorio.
Además de estos factores, los campesinos se ven afectados también por fenómenos como
la expansión urbana que hacen que los habitantes de los antiguos territorios rurales se
vean obligados al pago de impuestos prediales por sus propiedades, lo que es una
amenaza continua para conservar sus tierras.
En este contexto, y desde otras opiniones, el reconocimiento patrimonial puede
representar una oportunidad, primero, para que el campesinado, en tanto sujeto colectivo,
se interrogue por las transformaciones que ha venido sufriendo, las causas que han
conllevado a esas transformaciones y tomar decisiones sobre lo que realmente amerita la
salvaguardia. También puede ser una oportunidad para visibilizar un fenómeno global
pues, desde hace aproximadamente una década, el escenario internacional ha visto surgir
una serie de movimientos y protestas sociales ligadas todas a las problemáticas
alimentarias y que demuestran un problema común a muchos países: el campesino cada
vez recibe menos por los alimentos que produce y que trata de llevar al mercado, a la vez
que se acrecientan las dificultades de la población para la adquisición de alimentos. En
Colombia esto es resultado de modelos tecnológicos diseñados fuera del país, del control
de las grandes industrias sobre el precio de los alimentos y la tierra y también de la falta
de valoración y reconocimiento cultural de los campesinos.
La salvaguardia podría llevar al fortalecimiento de la organización del campesinado, lo que
representa una posibilidad frente a este panorama. Esta organización garantiza el arraigo
al territorio por parte de los campesinos y, en muchos casos, es el patrimonio mismo
alrededor del cual gira la vida de las comunidades. Por lo tanto, pensar en el
reconocimiento patrimonial requiere considerar el tema de la organización social, que en
opinión de algunos ese entendida como un espacio donde se construye comunidad a partir
de la solidaridad.
Finalmente y desde el movimiento campesino, se plantea que un reconocimiento cultural
debe llevar sobretodo a un reconocimiento del campesino como sujeto político, que
garantice una participación en los escenarios de construcción de políticas públicas. Esto
abre el debate hacia la necesaria relación entre cultura y política, y de manera específica
entre cultura y democracia, estableciendo que si se habla de la democratización del campo,
también se tiene que hablar necesariamente del derecho a la cultura.
Pensar en la salvaguardia de las culturas y tradiciones campesinas
Los campesinos atraviesan sin duda muchas problemáticas. El objetivo de esta discusión
es tocar el tema de la salvaguardia y si este proceso de toma de conciencia y de acciones
efectivas puede ser útil para los campesinos, entendidos como un sujeto cultural. ¿Qué se
puede instar desde la salvaguardia para la sobrevivencia del campesinado?
En primer término, pensar en la salvaguardia de la cultura campesina implica
redireccionar nuestra mirada hacia:
Los medios de comunicación. Si bien es cierto están generando cambios que
desplazan tradiciones y promueven nuevos valores y éticas, también funcionan
como canales para promover el arraigo de expresiones culturales y coadyuvan al
reconocimiento de culturas y sujetos.
La educación. Esta es otra dimensión que hay que mirar con detenimiento y que
exige que los procesos que genera se transformen, identificando y resaltando el
valor, no solo de conocimientos científicos, sino de conocimientos locales.
Los espacios. Los lugares donde tiene lugar la cultura campesina no solo son la
tierra, el campo, o el río. También hay que volcar la atención hacia espacios como
las plazas de mercado, universos donde confluyen prácticas de siglos y siglos de
tradición alrededor de los alimentos, de los productos cosechados, que fortalecen
valores como la solidaridad, cooperativismo en el trueque de semillas, de saberes.
Se propone también enfocar la atención hacia los conocimientos ancestrales o
conocimientos tradicionales, para que sea salvaguardado el conocimiento asociado con la
agro-diversidad. En esta dirección, las políticas de salvaguardia podrían ser una
herramienta valiosa.
Salvaguardia de la alimentación y las cocinas tradicionales
Los conocimientos y tradiciones populares asociados a la producción, preparación y el
consumo cotidiano de alimentos constituyen uno de los pilares del patrimonio cultural
inmaterial de la nación. Uno de los aspectos que más interesa a la Política para el
conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales es
el relacionado con la pérdida de la seguridad y soberanía alimentaria.
Temas Tratados
1. Soberanía y seguridad alimentaria. ¿Cómo podría contribuir la Política
Indicativa de Salvaguardia de la Alimentación y las Cocinas tradicionales a la
soberanía y seguridad alimentaria de las comunidades, las regiones y la nación?
2. Plazas de mercado. ¿Cuáles serían las estrategias y medidas más convenientes
para la salvaguardia de las tradiciones culinarias en plazas de mercado como
espacios de expresión de la cocina tradicional colombiana?
3. Biodiversidad. ¿Cómo se podría incentivar un mejor y mayor uso de la
biodiversidad del país en función de la alimentación y la cultura culinaria de la
Nación?
4. Salvaguardia efectiva. ¿Qué medidas deberían adoptarse para fomentar el
conocimiento, práctica y disfrute de las tradiciones culinarias?¿Cómo podría el
Ministerio, desde su ámbito, contribuir a esta salvaguardia?
Un hito importante en la salvaguardia del PCI ha sido la expedición de una política
específica para atender el campo de las tradiciones culinarias. Esta experiencia pionera
tiene una importancia trascendental para el quehacer de la Dirección de Patrimonio, por
ser un campo integrador de numerosas manifestaciones culturales, y poner en relación al
Ministerio de Cultura con otras instancias importantes del sector público como los
Ministerios de Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Medio Ambiente, Salud y
Educación, e instituciones como el Invima, el ICA, el Sena, entre muchos otros.
El sistema culinario es complejo y diverso, y su comprensión debe hacerse de manera
integral, lo que significa, para la Política, la necesidad de atender esta integralidad y, en
consecuencia, el carácter intersectorial de las medidas que deben adoptarse, debido a que
muchas de las acciones de salvaguardia de las cocinas tradicionales dependen o son
competencia de otros Ministerios e instituciones.
Las discusiones tratadas partieron de un conjunto de consideraciones básicas contenidas
en la política, pero se hizo un énfasis particular en el tema de la producción de alimentos,
el uso de la biodiversidad con fines alimentarios y las plazas de mercado.
Como lo reconoce la Política, las cocinas tradicionales, como manifestación del patrimonio
cultural inmaterial, comprenden complejos conjuntos de conocimientos y prácticas
culinarias que tienen raíces indígenas, ibéricas y africanas. Alrededor de la cocina y la
mesa se recrean y fomentan valores que integran a las familias y comunidades como la
generosidad y la solidaridad entre las personas. Son un ámbito por excelencia –aunque no
exclusivo– del saber femenino. La implementación de esta política, concluyó la mesa,
hace necesario superar el menosprecio existente en algunos ámbitos de la cultura por lo
popular, y reconocer la labor y función social de los trabajadores tradicionales de la
cocina.
La cocina tradicional cumple además, una función cohesionadora, ya que es generadora,
por excelencia, de sentimientos de identidad, pertenencia y continuidad histórica. Las
cocinas tradicionales son el resultado de un largo proceso histórico y colectivo que resulta
en un saber transmitido principalmente en el seno de la familia, de generación en
generación.
Las prácticas culinarias se transmiten de manera viva y directa. La cocina se aprende
haciendo. Una de las mayores preocupaciones expresadas en la mesa de trabajo es la
pérdida de esta transmisión intergeneracional por los cambios en los modos de vida, la
economía del tiempo propia de la vida urbana del presente, y la influencia mediática con la
imposición de modelos alimentarios de la industria de alimentos, entre otros factores.
Además, no se le está enseñando a las nuevas generaciones los valores y la importancia de
consumir nuestros alimentos tradicionales
Cuando se observa la conformación biogeográfica del país, una de las mayores sorpresas
es la diversidad y riqueza biológica de sus ecosistemas, no obstante, con excepción de
algunas comunidades indígenas, existe en el país un gran desconocimiento de esta
biodiversidad y de su potencial alimentario.
Las tradiciones culinarias expresan la relación con el contexto ecológico y productivo del
cual se obtienen los productos que se llevan a la mesa. Hay que entender donde se produce
lo que consumimos, qué riqueza tenemos en nuestra biodiversidad con potencial
alimentario, es necesario comprender la economía vertical andina y la producción de
alimentos en los bosques y tierras bajas y cuidar los ecosistemas de los que depende no
solo la vida silvestre, sino también los agrosistemas y el agua.
Se concluyó que existen en nuestros ecosistemas y en la agricultura campesina
alternativas alimentarias de mejor calidad que la de los productos alimenticios
industrializados, artificiales, que pueden ser perjudiciales para la salud humana.
Los alimentos no solo contienen nutrientes sino significaciones. Cada sistema culinario,
con sus recetas, platos y formas de consumo, remite a una tradición y a un universo
simbólico particular, así como a un “orden culinario” que contiene reglas de
comportamiento, prescripciones y prohibiciones culinarias, rituales y estéticas
particulares.
Uno de los aspectos que más interesa a la política de cocinas tradicionales es el
relacionado con la seguridad y soberanía alimentaria. La Constitución Política establece
una protección especial a la producción de alimentos, en la que juegan un papel
trascendental el conocimiento y prácticas tradicionales de los campesinos e indígenas
asociadas a la conservación, el manejo e intercambio de semillas nativas y criollas. Estos
conocimientos hacen parte del patrimonio cultural de la nación y de las comunidades.
En la mesa se trató el tema de la perdida de las variedades cultivadas en especial de
variedades de maíz, frijol, papa de algunos tubérculos andinos y de frutales que ya poco se
ven en los mercados.
En la mesa se compartieron varias preocupaciones comunes: la pérdida o desaparición en
los mercados campesinos de productos agrícolas y pecuarios, el deterioro de las plazas de
mercado y la indiferencia de las instituciones frente a los problemas que tienen hoy día las
plazas.
Las plazas de mercado son verdaderos centros de riqueza culinaria que además han
contribuido a fortalecer el vínculo social y cultural entre el campo y la ciudad. Las plazas
de mercado son un circuito de economía popular. Las plazas de mercados son espacios de
intercambio de saberes y de articulación entre el campo y la vida urbana. Como unidad
productiva funciona en los puestos la unidad doméstica, pero es un espacio público. Las
plazas tienen problemas organizativos a su interior pero muchos otros comprometen a las
instituciones que no se preocupan por las plazas lo que obra en beneficio de los almacenes
de grandes superficies.
III. Recomendaciones del IV Encuentro
A continuación se presentan las recomendaciones destinadas al Sistema Nacional de
Cultura que se construyeron a partir del balance del programa de salvaguardia y de las
discusiones, presentaciones y paneles del IV Encuentro Nacional de Patrimonio. Se trató
en estas instancias de realizar un análisis crítico de las experiencias de salvaguardia y
proponer alternativas para mejorar su implementación, eficiencia y eficacia.
La implementación entendida como la movilización efectiva de los distintos
actores sociales comprometidos con las manifestaciones culturales para lograr su
salvaguardia.
Eficiencia entendida como el adecuado y mejor uso de los recursos públicos,
comunitarios y del sector privado en función de la salvaguardia.
Eficacia entendida como la efectividad e impacto positivo de las acciones previstas
Estrategias, metodologías y acciones de salvaguardia
Los Planes Especiales de Salvaguardia deben contar con mecanismos efectivos de
veeduría, control y vigilancia, así como indicadores de gestión. Esto depende en
gran medida de la manera en que se defina la entidad gestora del PES y sus
funciones. Para garantizar transparencia esta entidad gestora no debe tener ánimo
de lucro.
Se sugiere conformar una Red de Gestores de Planes Especiales de Salvaguardia,
cuyo objetivo sería el de prestar apoyo a los diferentes procesos de salvaguardia
de las manifestaciones culturales que así lo requieran.
Los PES deberían tener carácter vinculante para alcaldías y gobernaciones, de
manera que fueran tenidos en cuenta de forma prioritaria en los planes
departamentales y municipales de desarrollo.
No olvidar las especificidades propias de los contextos en el diseño y aplicación de
las metodologías propuestas en los procesos de salvaguardia. En los contextos
urbanos, por ejemplo, la participación de los actores en el acuerdo social requiere
adecuaciones en la medida en que no suele haber una comunidad detentora de las
manifestaciones tan claramente definida y espacializada. De la misma forma, en las
manifestaciones que tienen lugar en territorios colectivos de comunidades y en
áreas rurales, existen otras lógicas para la toma de decisiones que no deben
desconocerse.
En aras de fortalecer a las entidades gestoras se propone que se incluyan en las
propuestas de los planes de acción de los PES y de las diferencias instancias del
Sistema Nacional de Cultura, intercambios de experiencias entre los portadores y
gestores de las manifestaciones.
Se recomienda diseñar un programa de concertación departamental, municipal y
distrital para la utilización de los recursos destinados a las manifestaciones que
ingresan a la LRPCI.
Acceso y uso de los espacios públicos para las manifestaciones del PCI
Procurar un compromiso entre los diferentes actores y portadores de las
manifestaciones del PCI, para garantizar que el uso del espacio no sea privado sino
abierto a las comunidades.
Desarrollar, desde las alcaldías, condiciones favorables para que la comunidad
disfrute y tenga acceso a las festividades, tomando medidas de control pertinentes,
que faciliten ambientes saludables, pacíficos y respetuosos de las dinámicas
propias de cada manifestación.
Estudiar las manifestaciones con respecto a la capacidad de carga de los espacios
en donde ocurren, en aras de evitar el colapso o desbordamiento de dicha
capacidad.
Construir acuerdos para el uso apropiado de la publicidad y el posicionamiento de
marcas durante los carnavales y otras festividades pues, si bien contribuyen con
recursos financieros que facilitan su realización, no deben entrar a competir con
las expresiones culturales que son el patrimonio vivo, ni generar contaminación
visual y auditiva que las opaquen.
Los Vigías de Patrimonio pueden ser formados para informar y sensibilizar a los
públicos sobre la importancia del respecto y la valoración de las festividades y
carnavales a los que asisten.
Los consejos de salvaguardia y entidades gestoras de las manifestaciones deben
cumplir un papel preponderante en la toma de decisiones que hacen las
administraciones municipales; dichos consejos y grupos son considerados
garantes, gestores y veedores de los aspectos patrimoniales de las distintas
manifestaciones culturales y se deben reconocer como un apoyo fundamental y la
guía más importante antes de tomar decisiones que, si bien pueden mitigar los
problemas más notorios sobre el uso del espacio, podrían a su vez afectar las bases
y principios comunitarios sobre los cuales se asientan las tradiciones que son
objeto de salvaguardia.
Es muy importante encontrar elementos de dialogo entre los PES y los PEMP, pues
cada herramienta puede aportar perspectivas nuevas e importantes a la otra. En
este sentido, se debe analizar el contexto territorial en que se encuentra el PCI
para protegerlo por medio de la utilización de los componentes de los PEMP
descritos. Los PEMP, a su vez, deben integrar, en sus caracterizaciones sociales,
elementos del PCI que son relevantes para la salvaguardia de las manifestaciones
culturales.
Se deben usar, de manera responsable, las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación para la difusión de las manifestaciones que son PCI de las
comunidades y, en todo caso, tener en cuenta las recomendaciones de los entes y
grupos gestores en cada una de ellas.
Es indispensable capacitar a las personas que tienen bajo su responsabilidad la
difusión del patrimonio (medios de comunicación, periodistas, cronistas) con
talleres de comunicación y patrimonio, para mejorar su conocimiento y
sensibilidad sobre las manifestaciones culturales.
Considerar la protección de los espacios públicos urbanos y rurales en los PES, y
en otras medidas de salvaguardia del PCI, para facilitar el acceso y disfrute a los
recursos naturales e insumos para la producción de elementos que forman parte
de la cultura material.
Proponer la apertura de una emisora dedicada con exclusividad a la difusión y
valoración del patrimonio cultural musical de las distintas tradiciones y culturas
en Colombia.
Capacitar en estrategias de divulgación a los entes gestores comunitarios que
tienen bajo su responsabilidad la asesoría, gestión y veeduría del PCI.
Promover entre los alcaldes municipales el uso responsable de las casas de
Cultura, así como de otros escenarios que sirven para el desarrollo de actividades y
manifestaciones del PCI, teniendo en cuenta las disposiciones de protección
contenida en el marco de los Derechos Humanos.
Integración de los diferentes campos del Patrimonio Cultural
Crear una mesa interministerial e intersectorial que permita abordar de manera
integral los temas relacionados con el patrimonio. De esta mesa harían parte
entidades como los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura,
Vivienda, Interior, Educación, Salud, Comercio, Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, APC, DPS, entre otros. Esto requeriría establecer una
agenda para la mesa intersectorial y recomendar el acompañamiento y la
suscripción de pactos generacionales a nivel gubernamental para darle
continuidad a los procesos.
Generar la vinculación de actores provenientes de diferentes sectores, que tengan
relación directa con el desarrollo del patrimonio cultural y natural en los espacios
de participación establecidos en el Sistema Nacional de Patrimonio.
Revisar las metodologías para la valoración del patrimonio cultural (PEMP, PES,
cartografías e inventarios entre otros) donde se conjuguen los diálogos de las
distintas categorías del patrimonio. Mejorar los mecanismos de participación de
todos los actores puesto que no se puede hablar de integración si se sigue
sosteniendo una mirada compartimentada de los diferentes patrimonios. Esta
recomendación está dirigida a todas las metodologías y herramientas de
salvaguardia y no solamente a los inventarios.
Definir instrumentos de gestión que permitan el desarrollo del patrimonio y que
conduzcan a unos nuevos criterios de valoración. Las acciones de investigación y
gestión son absolutamente claves para este objetivo.
Revisar y modificar del Decreto 4934 (que rige la distribución de los recursos del
impuesto al consumo para cultura) para que permita propiciar la implementación
de procesos a mediano y largo plazo para la protección y salvaguardia del
patrimonio cultural y no solamente la ejecución de proyectos.
Instalar el patrimonio cultural en los instrumentos de gestión nacional,
departamental y local: Planes Nacionales de Desarrollo, Planes Departamentales
de Desarrollo y Planes Municipales de Desarrollo.
Desarrollar un primer proyecto piloto al interior de la Dirección de Patrimonio
que permita, en la práctica, definir acciones y procesos de integración en la
intervención del patrimonio cultural.
Redefinir la agenda ministerial para el desarrollo de proyectos piloto en
determinados territorios del país, orientados por equipos pluridisciplinarios, en
los que se realice una caracterización sobre la forma en que se entiende, se
gestiona y se salvaguarda el patrimonio. En síntesis, vivir en la praxis cómo se
integra el patrimonio. Se recomienda empezar los proyectos piloto en territorios
invisibilizados como una manera de prepararnos para el post conflicto.
Fomentar desde la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura la
investigación sobre el PC y capacitar a las comunidades en la gestión de fondos y
proyectos. Sin información no hay una planificación clara.
Fomentar la participación de las autonomías locales en la toma de decisiones sobre
el patrimonio cultural. Solo de esta manera el país puede dar un giro hacia la
profundización de la democracia.
Memoria y PCI
El trabajo de recuperación y reactivación de memoria tiene un rol importante que
jugar en la reparación del daño colectivo y en el reconocimiento de grupos y
procesos sociales invisibilizados. De allí que la memoria debe ser una línea de
trabajo transversal a diferentes herramientas de salvaguardia como los PES.
Es importante tener en cuenta que la memoria más que un resultado es un proceso
por lo que los proyectos requieren de algunas garantías de sostenibilidad pero
también de autonomía. Esto implica revisar los tiempos administrativos que
muchas veces atentan o impiden el buen desarrollo de las iniciativas que se llevan
a cabo por parte de los grupos y colectivos de trabajo.
Se evidencia la necesidad de trabajar conjuntamente con otros Ministerios e
Instituciones para garantizar que las comunidades se apropien de las diferentes
metodologías del trabajo de memoria como herramienta de salvaguardia del PCI,
de manera que puedan emprender acciones que van desde la recuperación hasta la
sistematización, archivo y difusión.
Entender que en el trabajo de la memoria cada quien tiene un rol que cumplir y
por ende no debe caerse en visiones que desacrediten per se a un sector (por
ejemplo la academia). En la medida en que el trabajo de la memoria es un trabajo
en el que todos ponen, se debe procurar procesos intersectoriales.
En los proyectos de memoria se evidencia la importancia de trabajar con asesores
de las propias comunidades y no siempre con personas externas o bien, aportando
metodologías que ayuden a reflexionar a las propias comunidades
Muchas veces el trabajo de la memoria plantea problemas metodológicos para las
comunidades por lo que se requiere una estrategia de capacitación y difusión de
metodologías más eficiente. Para esto se propone la creación de un banco de
iniciativas que permita compartir ideas, herramientas pedagógicas sencillas y que
vaya más allá de un directorio. Se enfatiza también en la necesidad de
acompañamiento por parte del Ministerio.
Si la idea es proteger la memoria, deberían ampliarse los niveles de sanción frente
a actos que atenten contra sus expresiones. En este sentido es importante
construir una postura más coherente frente a la importancia del patrimonio y su
salvaguardia.
Vincular a otras áreas (por ejemplo las artísticas) para hacer más útil el trabajo de
memoria y ampliar su difusión a nivel regional y nacional.
El trabajo de memoria debe traducirse en proyectos no necesariamente
económicos sino sobre todo en espacios de dialogo, actividades académicas,
programas de difusión a nivel regional y nacional. Estos deben servir para
recuperar o estimular la capacidad de hacer algo por parte de las comunidades. En
este sentido las metodologías deben orientarse hacia el fortalecimiento de los
procesos de reflexión propia.
Salvaguardia de las artes populares
Reconociendo la ardua tarea que significa la protección y salvaguardia de las artes
populares en Colombia, los lineamientos de política que se formulen debe servir
para iluminar el resto de políticas dirigidas a la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial.
La Política debe tener un carácter propositivo y orientador de la gestión pública.
No obstante las limitaciones que tiene el Ministerio de Cultura, debe contar con la
ayuda de otros ministerios e instituciones, como el Ministerio de Educación, el
Ministerio de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, entre otros.
La política debe responder a las necesidades reales de salvaguardia y debe ser
pensada y construida desde las localidades, las regiones y los artistas populares.
Se debe buscar en la Política la re- significación de lo popular el fortalecimiento y
valoración de los procesos creativos. Esto pasa por un reconocimiento integral de
los procesos de producción de las artes populares, desde su contexto social, los
creadores, la circulación, y el disfrute y uso de las obras.
Es importe que la política considere la importancia de la investigación sobre las
artes populares, sus circuitos de producción, el territorio en el cual se circunscribe,
el tipo de comunidad que lo realiza, y su significado, entre otros aspectos.
La Política debe fomentar la elaboración de agendas locales y regionales para las
artes populares y promover la creación de espacios para la colección, exhibición y
circulación de sus manifestaciones.
Para la salvaguarda de las artes populares se debe considerar el papel que juegan
los medios y las nuevas tecnologías de comunicación.
La política debe tener como uno de sus escenarios fundamentales las aulas y
procesos pedagógicos.
Salvaguardia de las tradiciones culturales campesinas
Debe asumirse como compromiso de las diferentes instituciones estatales y no
estatales propender por el reconocimiento de los campesinos como sujetos
culturales y políticos y no simplemente como usuarios o pequeños productores.
Es prioritario propiciar escenarios donde la cultura, y todos sus elementos
constitutivos, sean considerados en la construcción y en el diseño de políticas
educativas, fundamentales para el fortalecimiento de las identidades campesinas.
Es necesaria la búsqueda de mecanismos para una mayor comunicación y
coherencia entre las instituciones del Estado frente al tema campesino.
El Ministerio de Cultura podría actuar como orientador en los temas relacionados
con la vida campesina y participar en las diferentes instancias de decisión de otras
instituciones públicas.
Salvaguardia de las cocinas tradicionales
Se debe promover y visibilizar las tradiciones culinarias, ponerlas en relieve como
un campo fundamental del patrimonio cultural y fomentar su transmisión.
Es necesario conocer mejor, documentar, innovar y sensibilizar a las instituciones
y a la población sobre el valor e importancia de nuestra biodiversidad en la
alimentación. Y promover el uso y manejo sostenible de los recursos silvestres de
la biodiversidad con fines alimentarios.
De igual manera deben las instituciones pertinentes y las organizaciones sociales
estudiar, cuidar y fomentar el uso de las variedades cultivadas y la conservación
campesina de las semillas.
Es necesario acortar la distancia entre el productor y el consumidor. Se pueden
hacer acuerdos colectivos entre productores y consumidores – ya existen
experiencias relevantes en el país de estos acuerdos -.
Es necesario educar e informar a los consumidores, conocer la trazabiidad de los
alimentos que se consumen y su nexo con la economía campesina y con los
ecosistemas. De igual manera divulgar y enseñar a las personas sobre cómo se
preparan los alimentos partir de los productos tradicionales que consumimos.
Muchas veces no se compra o consume un alimento porque se ignora cómo
prepararlo. Educar para preparar, educar para comer.
Se debe abordar de manera integral el tema de las plazas de mercado pues allí
confluyen la producción de alimentos y las tradiciones culinarias. Se deben
fortalecer las organizaciones y redes de campesinos, vendedores, cocineras y
cocineros de las plazas, y contribuir a su formación y a mejorar su capacidad de
gestión. Hay que rescatar el valor y el papel de los comedores de las plazas como
espacios donde se recrea la cocina tradicional de los colombianos.
La mesa le dio mucha importancia a las acciones locales de salvaguardia para
recatar promover y transmitir los conocimientos y prácticas productivas y
culinarias de las comunidades. Sensibilizar las regiones y el país desde lo local,
reconociendo el valor e importancia que tiene la cultura culinaria local y la vida
campesina. Esto se puede hacer a través de la investigación propia, los encuentros,
los mercados campesinos y las muestras de cultura culinaria.
Se propuso apoyar los programas de fomento de huertas caseras.
Se propuso producir un recetario a nivel nacional. Publicar en la página web del
ministerio, metodologías que sean de fácil comprensión para las personas y que
ayuden a recolectar la información.
Se debe fomentar y divulgar ampliamente la política de cocinas y sus realizaciones
y utilizar la radiodifusión para difundir programas sobre las tradiciones culinarias
del país.
La red de escuelas taller propuso la realización de encuentros regionales,
periódicos, de cocina, donde se pueda mostrar la cultura culinaria de cada región,
y contribuir de eta manera a sensibilizar a la población para que tenga amor por
sus tradiciones culinarias.
Conclusiones generales
Las posibilidades que ofrece la salvaguard ia
La Convención de 2003 acuña el concepto de “salvaguardia” para hacer énfasis en que el
PCI, al ser un patrimonio vivo, inscrito en la memoria y en las prácticas cotidianas de los
grupos sociales, requiere, para mantener su significado social, acciones que vayan mucho
más allá de la protección. Este instrumento normativo si bien designa algunas acciones
cuyo espectro recubre temas tan diversos como el registro, el fomento o la revitalización,
deja abierto un importante margen de acción para que cada Estado parte, interprete el
concepto de salvaguardia y lo traduzca en medidas específicas en función de sus
necesidades.
Una revisión de las diferentes herramientas y experiencias de salvaguardia
implementadas por diferentes grupos sociales a lo largo y ancho del país en los últimos
años nos muestra que la noción de salvaguardia hoy ha sobrepasado ampliamente las
definiciones normativas. La salvaguardia se entiende cada vez más como un compromiso
colectivo; un proceso de reflexión sobre las identidades locales que apela a la memoria de
sus portadores para reivindicar la importancia de lo propio. En últimas, una forma de
resistencia, de autonomía, de independencia, de afirmación de valores y de
reconocimiento de una territorialidad específica. Allí radica la potencialidad de las
herramientas y metodologías que se han implementado de manera paralela a la LRPCI y
que han ayudado a abrir el campo de acción del patrimonio cultural inmaterial,
permitiendo el fortalecimiento de los grupos y colectivos sociales.
Por su parte, se evidencia que las posibilidades de los Planes Especiales de Salvaguardia,
más allá del rescate de ciertas tradiciones, se encuentran en el proceso de reflexión sobre
la vida social que estos generan y que pueden decantar en espacios de entendimiento, de
visibilidad y de negociación. En esta medida, los PES, más que un fin en sí mismo, resultan
ser el inicio de un camino hacia la definición colectiva de un tipo de sociedad, de los
valores que se quieren reafirmar y de aquello que se quiere transmitir a las nuevas
generaciones para fomentar el intercambio y el respeto en medio de las diferencias.
Por supuesto, la eficacia y alcance de las herramientas de salvaguardia, en términos de
gestión, aún requieren de mejoras importantes. El trabajo de los grupos gestores de los
PES depende, en gran medida, de las contingencias de los contextos locales, de la
capacidad para superar conflictos de intereses y, en muchos casos, de las relaciones
históricas que hayan mantenido los grupos sociales con la institucionalidad local y
nacional. Así mismo, se requiere mejorar la complementariedad de los instrumentos de
salvaguardia y la articulación de las instituciones e iniciativas que propenden por el
fomento, protección, conocimiento y revitalización del PCI. Es igualmente necesario
revisar el proceso y los requisitos para el ingreso a la LRPCI que ha venido
complejizándose innecesariamente, tanto como buscar mecanismos que hagan
vinculantes, en los diferentes territorios, los acuerdos que las comunidades y grupos
plasman en los PES.
No obstante estas dificultades, el balance, en términos de salvaguardia del PCI, es bastante
positivo pues más allá del número de expedientes de manifestaciones inscritas en las
Listas de la humanidad o de PES aprobados por los Consejos de Patrimonio de los
diferentes ámbitos, es claro que los procesos llevados a cabo en una buena parte del país
han permitido dar pasos importantes hacia la apropiación y gestión social del patrimonio.
Estos últimos conceptos requieren, como lo vienen mostrando las experiencias de los
diferentes gestores, portadores y actores, poner el énfasis en el fortalecimiento de
procesos organizativos endógenos, continuar visibilizando a los portadores, a los grupos y
a sus dinámicas sociales locales, tanto como habilitar espacios de diálogo, negociación y
toma de decisiones entre las organizaciones de base y las instituciones regionales.
El PCI en el desarrollo y el bienestar
Desde diferentes escenarios se viene señalando la necesaria relación entre desarrollo y
cultura, un tema crucial en la formulación de políticas culturales que buscan contribuir a
mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. A partir de la información recogida
en el IV Encuentro Nacional de Patrimonio es posible retomar esta discusión en dos
niveles.
En primer lugar, los diferentes paneles y mesas de trabajo concluyeron que en el país aún
se sigue implementando un modelo de desarrollo que amenaza gran parte de los saberes,
prácticas, usos, oficios y representaciones que componen el patrimonio cultural inmaterial
y por lo tanto, entra en contradicción con la salvaguardia como principio orientador. Este
modelo, basado en la explotación intensiva de recursos naturales, la apertura económica y
en la tecnificación a ultranza, resulta inadecuado en la medida en que no reconoce los
saberes y sistemas productivos locales de los pobladores rurales, ignora la intrincada
relación que sostienen muchos grupos sociales con sus territorios, actúa en detrimento de
la autonomía, la soberanía y la seguridad alimentaria y se enfrenta a los sistemas de
valores que no se enfocan necesariamente en el crecimiento económico o la acumulación.
Desde esta perspectiva, se hace un llamado a replantear el concepto de desarrollo como
eje estructurador de la sociedad. Este debe estar caracterizado por la sustentabilidad,
noción que se fundamenta en el reconocimiento de los límites y de las potencialidades de
la naturaleza. En esta dirección, el desarrollo debe inspirar una nueva comprensión sobre
el hábitat, es decir, promover una alianza entre la naturaleza y la cultura que posibilite la
pervivencia creativa del patrimonio cultural, la protección de la biodiversidad, la
expresión de la diversidad cultural y la convivencia. Muchas de las manifestaciones que
integran las Listas Representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial, así como las
diferentes experiencias de salvaguardia llevadas a cabo en el país, son el reflejo de un
acervo de saberes y prácticas que tienen mucho que aportar a la consecución de estos
objetivos. Esto es especialmente valido para el caso de las culturas campesinas,
históricamente marginadas, y en cuyas manos se encuentra la protección y supervivencia
una buena parte de estos conocimientos y formas de expresión.
En segundo lugar, la discusión se enfocó hacia el papel de la Política para la salvaguardia
del PCI (de sus herramientas y políticas específicas) en el bienestar de los portadores, de
las comunidades y grupos sociales que recrean y dan sentido al PCI y en la necesidad de
generar mecanismos para que dicha política tenga una mayor incidencia en el campo de lo
social. Se concluye que deben hacerse cambios en el enfoque con el que se está llevando a
cabo la salvaguardia así como mejorar los instrumentos de gestión disponibles en la
actualidad.
Dentro del enfoque de la salvaguardia no debe ignorarse que el PCI puede ayudar a un
desarrollo económico inclusivo, generando empleos y fuentes de ingresos. Para muchos
grupos poblacionales en el país, el PCI, expresado en los oficios y técnicas artesanales, en
los saberes asociados a las cocinas tradicionales o en las expresiones musicales y
artísticas, es el centro de su subsistencia y puede también convertirse en eje para la
innovación y el emprendimiento (entendiendo este ultimo concepto como las acciones
dirigidas a generar un valor agregado, económico y social). Por su puesto, para que estos
esto se de en condiciones justas y equitativas se requiere analizar con cuidado los
impactos de los circuitos mercantiles en las economías locales y fomentar un cambio en la
valoración de saberes y oficios que en muchos contextos se encuentran marginados.
En lo que concierne a los instrumentos, es indispensable la articulación con otras
herramientas de planificación como los Planes de Ordenamiento Territorial. Así mismo, se
requiere mejorar la acción del Ministerio de Cultura y de las demás instituciones para que
actúen de manera consciente, anticipada y en función de las necesidades reales de los
contextos locales.
A partir de lo anterior podemos imaginar que el PCI, a través de sus políticas y
herramientas puede ayudar a adoptar un modelo de desarrollo sostenible basado en 4
principios: desarrollo social inclusivo, sostenibilidad ambiental, desarrollo económico
inclusivo y paz. De esta forma el patrimonio podrá entenderse como aquello que permite
la transformación de las comunidades y grupos sociales.
Hacia un mejor Sistema Nacional de Patrimonio
En Colombia las políticas culturales son recientes y por ello, aún queda un largo camino
por recorrer para posicionar la cultura como un activo social. Uno de los mayores retos
que enfrentan las políticas culturales y patrimoniales en Colombia es su implementación
en los diferentes niveles del ordenamiento territorial así como la garantía de contar con
una institucionalidad coherente que planifique, desarrolle y ejecute los planes, programas
y estrategias en los que se traducen dichas políticas. En ocasiones los criterios de
priorización para la salvaguardia del patrimonio cultural no son coincidentes por lo que se
hace necesario fortalecer las entidades regionales de manera que se genere un diálogo
más equilibrado entre las diferentes instancias, especialmente desde el orden nacional.
Para consolidar el Sistema nacional de patrimonio tendrán que seguir aunándose
esfuerzos en muchos niveles. Existen dificultades estructurales para la aplicación de lo
dispuesto en los diferentes instrumentos normativos, por ejemplo, en temas tan
importantes como la distribución y uso de los recursos para la cultura. Se suman a lo
anterior las trabas de los modelos clientelistas de gobierno que aun subsisten en muchas
regiones del país. Así mismo, sobresalen las dificultades para conformar equipos de
trabajo suficientemente calificados para la elaboración, avaluación e implementación de
proyectos culturales en un país con inmensas desigualdades en el acceso a la educación.
Pero también se identifican problemáticas específicas a las cuales se les puede dar
soluciones prácticas en plazos relativamente cortos. Mejorar el Sistema de Información de
Artes y Patrimonio; crear pautas de conservación y consulta de los documentos públicos;
darle un mayor apoyo a las Casas de la Cultura; mejorar la constitución de los consejos
departamentales de cultura. Muchas de estas acciones dependen de voluntades políticas y
de la capacidad de dialogo de las diferentes instituciones y actores involucrados en el
campo del patrimonio. Pero sobretodo del compromiso de todos en generar las
condiciones adecuadas para que las prácticas, tradiciones, saberes y expresiones del PCI
puedan pervivir, resignificarse y continuar dando sentido a la vida de sus portadores. Por
ello, una de las herramientas más importantes para mejorar el sistema nacional de
patrimonio es, sin duda, asegurar la formación de los secretarios, vigías, gestores,
investigadores y portadores en los conceptos, herramientas y procesos de salvaguardia;
una estrategia que lejos de imponer modelos pre-establecidos permita construir y mejorar
conjuntamente.
“Las voces de lo inmaterial”: participantes
Panelistas
Alberto Abello Vives. Economista, ex director de la Maestría en Desarrollo y Cultura de la
Universidad Tecnológica de Bolívar y del Laboratorio de Investigación e Innovación en
Cultura y Desarrollo
Luis Fernando de Almeida. Arquitecto urbanista brasilero
Germán Ferro Medina. Antropólogo e historiador. Fundación ERIGAIE Aura Elena González. Investigadora y gestora de proyectos socioculturales del pacífico sur colombiano Luis Repetto Málaga. Museólogo y Curador, Jefe del Museo de Artes y Tradiciones
Populares del Instituto Riva -Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Alfredo Molano Bravo. Escritor, sociólogo y periodista Patrick Morales Thomas. Doctor en antropología social de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris Patricio Rivas Herrera. Doctor en filosofía, escritor y docente en ciencia política Gloria Triana. Socióloga con énfasis en estudios latinoamericanos Elcina Valencia Córdoba. Docente, investigadora y poeta del Pacífico, secretaria técnica del
grupo gestor de Músicas de Marimba y Cantos Tradicionales del Pacífico Sur
Alfredo Vanín. Escritor y poeta vallecaucano
Mesas de trabajo
Mesa 1. La salvaguardia del PCI frente a los retos del desarrollo
Responsable del Ministerio de Cultura:
Patricia Navas Röthlisberger
Panelistas:
William Villa, investigador y asesor en la elaboración del PES de las Fiestas de San Pacho,
Quibdó.
Álvaro Velasco, abogado especialista en territorio y cultura. Fundación FUNDAMINGA
Guillermo Ojeda Jayariyu, integrante de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros Wayuu
Mesa 2. Estrategias, metodologías y acciones de salvaguardia y de gestión social del
patrimonio
Responsables del Ministerio de Cultura:
Daniela Rodríguez Uribe, Asesora Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial
Diana Rosas Riaño, Asesora Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial
Panelistas:
David Gómez. Antropólogo, asesor para la elaboración del PES de las Cuadrillas de San
Martín, Meta.
Pedro Jamioy. Asesor para la elaboración del PES del Bëtscnaté o Día Grande en la
tradición Camëtsá, Sibundoy, Putumayo.
Aura Elena González. Acompañante y coordinadora PES Marimba y músicas tradicionales
del Pacífico Sur
Mesa 3. Acceso y uso de los espacios públicos para las manifestaciones de PCI
Responsables del Ministerio de Cultura:
Sebastián Londoño Camacho. Asesor Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial
Panelistas:
Rodolfo Ulloa. Arquitecto, urbanista e investigador sobre centros históricos
Adrián Villamizar. Gestor PES de la música vallenata tradicional del caribe colombiano
Ramón Cuesta, presidente Fundación Franciscanas, Quibdó, Chocó
Mesa 4. Memoria, historia y salvaguardia del PCI en situaciones de conflicto social
Responsables del Ministerio de Cultura
Luisa Fernanda Sánchez Silva. Asesora Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial
María José Almarales. Asesora Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial
Panelistas:
Fabio Silva. Director Oraloteca de Caribe de la Universidad del Magdalena
Alfonso Cassiani Herrera. Historiador, San Basilio de Palenque
Mauricio Mendieta. Gestor comunitario de Granada y miembro del Centro Municipal de
Memoria de Fuentedeoro, Meta.
Mesa 5. Retos y perspectivas de la política de salvaguardia de la alimentación y las
cocinas tradicionales
Responsables del Ministerio de Cultura:
Diana Zambrano. Asesora Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial
Luisa Acosta. Asesora Grupo Patrimonio Cultural Inmaterial
Panelistas:
María Josefina Yances. Investigadora y cocinera tradicional del Caribe.
Inés Cavelier. Investigadora en el campo de la biodiversidad.
Martín Chicangana. Líder comunitario, Plaza de mercado Bolívar de Popayán.
Mesa 6. Papel del PCI en la integración de los diferentes campos del patrimonio
cultural
Responsables del Ministerio de Cultura:
Isabel Cristina Restrepo Erazo. Asesora Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial.
Responsable de la Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la
alimentación y las cocinas tradicionales.
Gabriel Omar Prieto. Coordinador del Grupo de Investigación y Documentación de la
Dirección de Patrimonio
Eugenia Serpa. Coordinadora del Grupo de Bienes Muebles de la Dirección de Patrimonio
Panelistas:
Catalina Velásquez. Gerente, Red de pueblos patrimoniales de Colombia, Viceministerio de
Turismo
Monika Therrien, Directora Fundación Erigae
Mesa 7. Política pública para la salvaguardia de las artes populares y las tradiciones
artesanales
Responsables:
Carlos Sánchez Ramos. Investigador sociocultural en temas de conocimientos
tradicionales asociados a la alimentación y a las tradiciones artesanales
Germán Ferro Medina. Antropólogo e historiador. Fundación Erigaie
Panelistas:
José Humberto Sanabria. Ceramista artesano y fundador de Sintrarte sindicato de
trabajadores de las artesanías.
Ciro Iriarte. Docente y asesor del plan especial del salvaguardia de Cuadros Vivos, Galeras,
Sucre.
Eneida Luz Ramírez. Musicóloga y magister en desarrollo y cultura
Mesa 8. Cultura y vida campesina en relación con la salvaguardia del PCI
Responsables del Ministerio de Cultura:
Norma Constanza Zamora. Asesora Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial
Nicolás Lozano Galindo. Asesor Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial
Panelistas:
Carlos Salgado. Presidente Planeta Paz
Darío Fajardo. Docente e investigador Universidad Externado de Colombia
Carlos Ancizar Rico. Mesa Nacional de Unidad Agraria.
Ignacio Rangel. Miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y
Reconstrucción – ANUCUR
Jorge Veloza. Artista y músico colombiano
Mesas del Sistema Nacional de Patrimonio
Mesa Programa Nacional Escuelas Taller
Responsable del Ministerio de Cultura:
Ángela María Medellín Muñoz. Responsable del Programa Nacional de Escuelas Taller.
Mesa Secretarios de Cultura
Responsable del Ministerio de Cultura:
Ana Marcela Castro. Asesora de la Dirección del Patrimonio
Mesa Programa Vigías del Patrimonio
Participantes
Víctor Rafael Abadía
Jaime Abello Banfi. Director de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano
Jorge Álvarez. Músico del departamento de Bolívar
Julián Alzate. Gestor del Carnaval de Riosucio
Carlos Ancízar Rico. Mesa Nacional de Unidad Campesina
Bervith Andrade. Museo Art Deco de Barranquilla
María Victoria Angulo de Robayo. Directora del Museo Nacional de Colombia
Jonathan Arévalo Arias. Secretario de Planeación de Mompox, Bolívar
Giovanny Paolo Arteaga. Gestor cultural y miembro de la Fundación Mundo Espiral,
Nariño.
Germán Ayala, Coordinador del proyecto Memorias de la Libertad IV y asesor externo del
programa Centros de Memoria. Fundación Laboratorio Accionar
Jhon Jairo Barahona. Gestor del PES del Carnaval de Riosucio
Rossemary Barona Salazar. Escuela Taller de Buenaventura
María Eugenia Beltrán. Vigía voluntaria del PCI del Eje Cafetero
Orlando Rafael Bermúdez. Secretario de Planeación de Ciénaga, Magdalena
Silvio Burgos Durango. Junta Pro Semana Santa- Ciénaga de Oro
Liliana Bustamante Valencia. Vigía del patrimonio de Guainía
Pablo Caballero. Coordinador del Centro de Memoria de Santo Tomás (Atlántico)
Felipe Cabrera. Asesor del PES Nukak Baká “vivir y formar como gente verdadera”
Luis Cadena Tejada. Gobernación de Magdalena
Nancy Camacho. Escuela Taller de Boyacá
Cruz María Campo de Ramírez. Escuela Taller de Mompox
Mariano Candela. Gestor regional de cultura para festivales de la región caribe
Orlando Carreño. Centro de Memoria del Conflicto de Valledupar
Carlos A. Casiani. Consejo comunitario de San Basilio de Palenque
Clara Casilimas. Archivo General de la Nación
Luis Carlos Castaño. Asociación Campesina Ambiental del Río Losada – Guayabero ASCAL-
Jesús Alberto Castilla. ASCAMCAT Asociación Campesina del Catatumbo
Neyla Castillo. Arqueóloga de la Universidad de Antioquia.
Álvaro Castro Abuabara, Escuela Taller de Mompox
Amilkar Chapuez. Representante del proceso de memoria indígena Awá
Gisella Checa Coral. Carnaval de Blancos y Negros, Pasto
Inés Cavelier. Antropóloga, Patrimonio Natural
Julio Consuegra. Participante de la ciudad de Barranquilla
Omar Cordero Durango. Historiador del Cauca
Camilo Córdoba. Gestor del PES del Encuentro de bandas en Paipa, Boyacá
Mario Córdoba. Ejecutivo permanente de la junta de Semana Santa de Popayán
Martha Corrales. Universidad del Cauca
Nancy Roció Correa. Historiadora del departamento de Bolívar
Hernán Darío Correa. Instituto para la Economía Social –IPES-
Cristian Correa. Vigía del Patrimonio Barranquilla
Margarita Díaz Casas. Responsable departamental de Cultura, Bolívar
Diego Enrique Echeverri Bucheli. Universidad Javeriana/ Secretaría de Cultura y Turismo
de Cali
Víctor Raúl Erazo Paz. Secretaría de Planeación, Pasto
Florencio Ferrer. Miembro de la Asociación de vecinos de Getsemaní-Cartagena y
participante del proyecto Memorias de la Libertad III: Habla Getsemaní Barriada.
Angie Forero. Dirección de Comunicaciones, Ministerio de Cultura
Gloria Esperanza Frayle. Gestora cultural
Rosa Paulina Fuentes. Coordinadora del Centro de Memoria de Becerril, Cesar
Luz María Gaitán. Jefe de la Unidad de Patrimonio, Secretaría de Cultura de la Gobernación
de Caldas
Aída Gálvez. Antropóloga. Proyecto plaza de mercado del barrio Bolívar, Popayán
Maximiliano García. Líder Makuna, gestor del PES “He Yaia Keti Oka, el conocimiento
tradicional de los chamanes (jaguares) de Yuruparí de los grupos indígenas del río Pirá
Paraná”
Alberto Gil. Vigía del Patrimonio
Alberto Gómez. Proceso para la formulación del PES del espacio antropológico del
Carnaval de Barranquilla
Alvaro José Gómez Jurado. Responsable departamental de cultura, Nariño.
Jafeth Gómez. Colectivo Cultural Wipala
Mariana Gómez. Oficina de Participación Social de Parques Nacionales Naturales de
Colombia
Lizeth Gómez. Gestora del PES de los saberes asociados a la partería de Buenaventura
María Teresa Gómez. Coordinadora del Centro de Memoria de Charalá, Santander
Didier Darío Gómez. Vigía de patrimonio del departamento del Chocó
Dolores Atencia Gómez. Hermandad Nazarena
Aura González. Acompañante del proceso de ejecución del PES Músicas de Marimba y
Cantos Tradicionales del Pacifico Sur
Gerardo González. FENSUAGRO
José Jairo González. Centro de Estudios Sociales del Sur
María Isabel González. Coordinadora Vigías del Patrimonio, Cali
Mary Guerra. Centro de Memoria de Cereté, Córdoba
Álvaro Gutiérrez. Asesor de Ciénaga de la oficina de Planeación Municipal
Yadira Gutiérrez. Departamento de Planeación Municipal de Barrancabermeja
Ana Goycoolea. Directora de Desarrollo Regional y Municipal de la Dirección General de
Culturas Populares, CONACULTA, México
Álvaro Hernández, Corporación Agroecológica del Caribe –RECAR-
Natalia Hernández. Miembro del Comité Interinstitucional del Proyecto Cartografía
Binacional del Noreste Amazónico, Colombia-Brasil
Gustavo José Huertas Pacheco
Teresa Hurtado Meza. Grupo gestor del PES en Músicas de Marimba y Cantos
Tradicionales del Pacífico Sur
Ciro Iriarte Coley. Gestor del PES para los Cuadros Vivos de Galeras
Laura Alejandra Iriarte. Cuadros Vivos- Galeras, Sucre
Juan Luis Isaza Londoño. Director de Patrimonio del Ministerio de Cultura
Taita Santos Jamioy. Indígena Camëtsá, promotor del ingreso a la LRPCI del Bëtscnaté o
Día Grande en la tradición Camëtsá, Sibundoy, Putumayo.
Samuel Jaraba C. Cuadros Vivos. Galeras, Sucre
Marcela Jiménez. Consultora externa del Ministerio de Cultura para la elaboración de
lineamientos de la política de Sitios Sagrados
Patricia Jojoa, Asoyarcocha (Asociación Yarcocha), ADC
Diana Landazuri, Socióloga, representante de Asoparupa, Asesora del Plan Especial de
Salvaguardia de los saberes asociados a la partería de Buenaventura
Luis Guillermo López Bonilla. Coordinador de Patrimonio Cultural Gobernación Antioquia.
Miguel Ángel López. Gestor cultural Indígena Wayuu
Carlos Llanos Diazgranados. Director ejecutivo del Clúster Cultura y Música Vallenata
José Iván Losada. Coordinador de Planeación y Patrimonio del Instituto Departamental de
Cultura, Deporte y Turismo (IDCDT), Caquetá
Antonio Lozano Pérez. Gestor Cultural del Instituto de Cultura del Meta
Leidys Madera Arrieta. Coordinadora del semillero de memoria de Sucre
Darío Manrique. Miembro de las Cuadrillas de San Martin Meta y Gestor del PES
José Eliecer Marín. Corporación Campesina del Aréa de Manejo Especial de La Macarena
Silvia Martínez. Directora ejecutiva del CRESPIAL
Nania Martínez. Fundación Candela Viva, equipo del PES del espacio antropológico del
Carnaval de Barranquilla
León Martínez. Equipo del PES del Espacio Antropológico del Carnaval de Barranquilla,
Concepción Matabanchoy. ADC, Nariño
Julio Enrique Mayusa. Asociación Campesina Agroecológica y para el Comercio justo del
río Güejar
Ángela Medellín. Coordinadora Escuelas Taller, Ministerio de Cultura
María Cristina Méndez. Investigadora y coautora del Inventario de patrimonio cultural
inmaterial del municipio de Calamar, Guaviare
Yanet Méndez. Fundación Cultural Orígenes
Gustavo Mestizo. Gestor cultural de Buenaventura
Alfredo Molano. Periodista independiente
Adriana Molano Arenas. Coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial,
Ministerio de Cultura
Patrick Morales Thomas. Antropólogo, Coordinador Grupo de Enfoque Diferencial del
Centro Nacional de Memoria Histórica
Ernesto Moure. Arquitecto restaurador, Bogotá
Juan Pablo Moya. Investigador en San Andrés y Providencia para el proyecto Back to
Revival del Ministerio de Cultura
Juan Guillermo Martín Rincón. Director Departamento Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad del Norte, Barranquilla
Diego Muñoz Casallas. Asesor externo Ministerio de Cultura
Mauricio Nieto
Isadora de Norden. Corporación para la promoción y difusión del Patrimonio Inmaterial
Ángela María Ocampo. Coordinadora Vigías del Patrimonio, Tunja.
Guillermo Ojeda Jayariyu. Coordinador de la Junta Mayor Autónoma de Palabreros Wayuu
Yeiner Orobio. Gestor cultural PES Músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico
sur
Javier Ortiz. Historiador y asesor del PES de la música vallenata tradicional del Caribe
colombiano
Luis Armando Ortíz. Gestor y participante de la estrategia de capacitación en
Buenaventura
Nelson Ortiz. Asesor de los procesos de ingreso a la LRPCI del Pira Paraná y la Sierra
Nevada de Santa Marta
Marta Cecilia Ortiz. Miembro del equipo del PES Macetas de alfeñique para celebrar a los
ahijados en la ciudad de Cali
Henry Ortiz. Asociación Campesina Agroecológica y para el Comercio justo del río Güejar
Salim Osta de Franc. Arquitecto restaurador de la ciudad de Cartagena
Manuel Pacheco. Vigía patrimonio Barranquilla
Alonso Pacheco Macías. Coordinador del Archivo Histórico de Córdoba
José Uirio Pachón. Corporación Campesina del Área de Manejo Especial de La Macarena
María Claudia Paéz. Secretaría de Planeación, Cartagena.
Jaime Pascal Pai. Gestor cultural organización indígena UNIPA, Nariño
Yesid Peña. Coordinador. Centro de Memoria de Sevilla, Cauca
Andrea Danuté Pérez. Asesora del PES de carácter urgente de los Cantos de Trabajo de
Llano
Yadira Pérez. Arquitecta, coordinadora de proyectos de infraestructura
Moisés Pineda
Sonia Pineda. Universidad de Antioquia, Asesora del PES de la tradición de elaborar
silletas en Santa Elena
Daniela Pinilla. Asesora del Proyecto de Memoria Indígena: Rastreo Histórico de la Gran
Familia Awá
Tulio Pizarro. Vigía del Patrimonio Barranquilla
Milton Portilla. Director de Cultura, departamento de Nariño
Lisandro Poviare . Secretario departamental de cultura, San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
Gabriel Omar Prieto. Coordinador del Grupo de Investigación y Documentación, Ministerio
de Cultura
Blanca de la Puente. Coordinadora de Vigías del Atlántico Gobernación del Atlántico
Yarleys Pulgarín. Arquitecta con maestría en Patrimonio y Territorio. Fundación Erigaie
Liseth Quiñones. ASOPARUPA. Miembro del equipo para la elaboración del PES de saberes
asociados a la partería de Buenaventura
Aníbal José Quiroz Monsalvo. Secretaría de Planeación, Valledupar
Ignácio Rangel. ANUC-UR /Montes de María
María Constanza Ramírez. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Jackson Ramírez. Gestor Cultural de las fiestas de San Pacho
Juan Ramírez Dawkins, Coordinador Centro de Memoria de San Andrés, Asesor del
Consejo Nacional de Lenguas Nativas (San Andrés, Providencia y Santa Catalina)
Daniel Ramírez. Asesor Artesanías de Colombia
Neivy Rentería. Gestor del PES de Alabaos, Gualíes y Chigualos
Catalina Restrepo. Antropóloga, asesora del PES de la tradición de elaborar silletas en
Santa Elena
José Vicente Revelo. Asociación para el Desarrollo Campesino, ADC
Aritza Lenis Rodríguez. Miembro del equipo de trabajo para la elaboración del PES de
Alabaos, gualíes y chigualos
Héctor Rodríguez. Gestor del PES de los alabaos, guliés y chigualos
Ingrid Rodríguez Cuesta. Fundación Cultural de Andagoya
Lady Julieth Rojas. Investigadora y coautora del Inventario de patrimonio cultural
inmaterial del municipio de Calamar, Guaviare
María Teresa Rueda Durán. Secretaria de Cultura- Barranquilla/ Concejera Distrital de las
Artes Plásticas
Francisco Salazar. Representante de los barequeros de Antioquia
Rosalba Salazar. Vigía del Patrimonio de Cundinamarca
Luis Felipe Saldarriaga. Coordinador de Vigías para el Patrimonio de monumentos
nacionales de la Gobernación de Antioquia
Carlos Salgado. Planeta Paz
José Humberto Sanabria M. Consejo Distrital de Cultura de Bogotá
Laura Sánchez Alvarado. Archivo General de la Nación
Enrique Sánchez Taborda. Miembro del equipo del PES del Carnaval de Riosucio
Carlos Eduardo Serrano. Instituto Municipal de Cultura y Turismo Bucaramanga
Ana Milena Serrano. Estudiante de sociología, Universidad del Atlántico
Manuel Sevilla. Investigador, Universidad Javeriana de Cali
Blanca Nubia Sierra. Gestora cultural y artesana de Boyacá
William Mauricio Timarán. Secretaría de Cultura de Pasto
Armando de la Torre. Fundación Tridha
Fernando Torres Restrepo. Vigía del Patrimonio Cultural
Ángel Humberto Torres. Asociación Campesina Ambiental del río Losada-Guayabero
Cayetano Torres. Representante del grupo indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa
Marta
María Clara Van der Hammen. Antropóloga, investigadora y docente, fundación Tropenbos
y Universidad Externado de Colombia
Rocío Varela. Docente Universidad del Atlántico, equipo del PES del Espacio Antropológico
del Carnaval de Barranquilla
Jenny Vargas. Arquitecta
Raúl Vargas. Secretaría de Planeación, Santa Marta
Viviana Vargas. Gestora cultura y participante de la estrategia de Capacitación en
Patrimonio Cultural Inmaterial, Nariño
Aser Vega Camargo. Asesor Fundación Carnaval de Barranquilla
Miguel Vergara. Secretaría de Planeación, Barranquilla
Diana Vernot. Universidad de la Sabana
Carlos Alirio Vidal. Gobernación del Cauca
William Villa. Antropólogo, investigador y asesor en la elaboración del PES de las Fiestas
de San Pacho, Quibdó.
Luis Villanueva. Cooperación Española
Manuel Villanueva, músico, docente (Atlántico)
Mirta Vuelvas. Docente universitaria, asesora de Carnaval S.A, Barranquilla.
Cesar Zárate. Parque Nacional Natural La Macarena