las vestiduras del desarrollo. desarrollo económico
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Las vestiduras del desarrollo. Desarrollo económico, desarrollo sostenible y
desarrollo territorial frente a la globalización: un estudio de caso comparado en el
Oriente Antioqueño cercano, 1983-2017
Trabajo preparado para su presentación en el 9° Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política
(ALACIP). Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017
John Jairo Alzate-Álvarez
Área temática: Ecología Política Comparada
Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
Resumen
Un reajuste socio-fenomenológico del desarrollo es un reajuste de los términos en los que
la globalización1 es asumida, desde sus funciones –si es que se pueden describir–, dentro
de los usos de una matriz social y tecnológica con ubicaciones espacio-temporales,
incluyendo también los avances científicos históricos y los procesos de estructuración y
re-estructuración, no únicamente de nivel epistémico, teórico, metodológico, técnico o
tecnológico, sino también teniendo en cuenta la interdependencia de aquellos con el
acontecer de la vida humana cotidiana, realizada a través de la planificación como
sustento y articulador de la función social del Estado.
Palabras clave
Pos-acuerdos de La Habana. Política ambiental. Sustentabilidad. Desarrollo. Cambio
climático. Planificación. Campesinos. Construcción de paz.
1 El historiador y doctor en Ciencia Política Hugo Fazio Vengoa, profesor y director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, en su libro ¿Qué es la globalización? Contenido, explicación y representación, manifiesta en su introducción “[…] ¿cómo es posible articular una lectura general de la globalización a partir de experiencias concretas? El asunto consiste en que la globalización encierra significados cambiantes para los distintos colectivos, países y regiones del planeta, en razón de que los modos de apropiación y de experimentación son diferenciados. No es lo mismo imaginar, razonar y opinar sobre la globalización cuando se vive en un lugar o en otro, en Nueva York, en Moscú o en Bogotá” (p. 10).
Estudio de caso en el Oriente cercano del departamento de Antioquia, Colombia
Unidades de análisis
- Primer orden: el Desarrollo en Colombia
- Segundo orden: el Desarrollo en el Oriente Antioqueño (Valle de San Nicolás)
- Tercer orden: el Desarrollo en El Carmen de Viboral
Resultado esperado: cartografía parcial de identificación de riesgos y potenciales
socioculturales, económicos y ecológicos locales de El Carmen de Viboral.
Contexto nacional-local del desarrollo y metodología de análisis
La pregunta de investigación interdisciplinar de la que se parte para el diagnóstico del
riesgo socio-económico y ambiental local es ¿cómo posibilitar una alta calidad en la
producción del sector agrario y una eficiente rentabilidad económica que tenga en cuenta
el desgaste orgánico de los ecosistemas, la imprevisibilidad de los fenómenos
meteorológicos, y las afectaciones a la salud humana? Al mismo tiempo, se pretende dar
respuesta implícita a una de las preguntas problematizadoras, acerca de las maneras en
las que se “cruza” el crecimiento económico con el desarrollo en el territorio delimitado,
asunto que más bien podría interpretarse como una imbricación territorial del concepto
de desarrollo, o un encuentro territorial de dos lineamientos internacionales de desarrollo
con la perspectiva local de lo humanamente necesario para garantizar un “nivel de vida”
digno para las poblaciones: los lineamientos de la CEPAL - Naciones Unidas y los de la
Agenda 21 de la ONU trabajados por la Organización de Estados Iberoamericanos, a la
cual Colombia pertenece.
Lograr un panorama lo suficientemente amplio de los procesos políticos y sociales que,
de manera conjunta, otorgan elementos sustanciales para evaluar la forma en que el
desarrollo se presenta en los territorios, requiere de revisiones académicas integradas, con
capacidad para aportar niveles de observación y de tratamiento de las problemáticas
presentes en la relación entre economía y sociedad en contextos de riesgo social,
económico y ambiental, ante los efectos de los fenómenos naturales que se presentan con
el cambio climático.
Municipio de El Carmen de Viboral
NIT: 890.982.616-9
Código Departamento Nacional de Planeación - Dane: 05148
Gentilicio: Carmelitanos, otro: carmeños.
Geografía
Descripción espacial:
Extensión territorial: 448 Kilómetros cuadrados.
Habitantes: 46.751 (últimos datos Censo DANE. 2015).
Tasa de crecimiento aproximado: 1,26% (¿anual?)
Zona urbana: 30.107 habitantes
Zona rural: 16.453 habitantes
Veredas: 55
Límites del municipio: Al norte con El Santuario, Marinilla y Rionegro, al occidente con
La Ceja y La Unión, al sur con Abejorral y Sonsón, al oriente con Cocorná.
Extensión total: 448 Km2
Extensión área urbana: 2.44 Km2
Extensión área rural: 445.56 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.150 m.s.n.m.
Temperatura media: 17°C
Distancia de referencia: 56 Km de la Ciudad Medellín
Economía y servicios ecosistémicos estratégicos
Agricultura: En las zonas de clima frío, flores, fríjol, maíz, papa, tomate de árbol,
aguacate, limón, guayaba, granadilla, ají, ahuyama, tomate, mora, fresa y hortalizas. En
zonas de clima cálido y caliente, café, yuca, plátano, cacao, guanábana, guayaba, papaya,
naranja, borojó, caña de azúcar (panela) y otros.
Ganadería: Ganado de leche, ganado de doble propósito, ganado de levante.
Avicultura: Avinal 1 y Avinal 2 (industria), y galpones familiares.
Piscicultura: Trucha, tilapia, cachama.
Especies menores: Aves de corral, Cerdos, conejos, etc.
Floricultura: Flores Silvestres, Flores La Campiña, Flores Sayonara, Flores EL Trigal,
Floramil, Flores La Pradera.
Industria: Novaventa, Flor del Trigo, Metálicas y Maderas.
Cerámica (industria artesanal): El Dorado, Renacer, El Triunfo, Dos Pirámides,
talleres de materos los Cardonas y un representativo número de talleres independientes
familiares.
Gastronomía autóctona: fríjoles y bandeja paisa, arepas de chócolo y maíz, fritangas,
los tamales, chorizos, mazamorra, dulces caseros, empanadas, tortas.
También hay vocación turística y una amplia oferta de agendas y educación en arte y
cultura.
Un estudio de caso como este sin un panorama nacional del desarrollo sería una mirada
local sin su contexto global, es decir, el rol que eventualmente asume o propone el país
en la imponente división internacional del trabajo:
“Un estilo de desarrollo identifica el modo en que se presentan y procesan los
particulares conflictos del proceso de acumulación de capital, la distribución de recursos
y la inserción en el orden político y económico internacional. De aquí se llega a la
conclusión de que en la región conviven varios estilos de desarrollo que podrían coincidir
en algunos aspectos, como su relación subordinada con un estilo dominante a escala
mundial al cual deben necesariamente adaptarse (Lo Vuolo - CEPAL, 2015: p. 11)”.
Es bien sabido que el modelo de desarrollo asumido por el Estado colombiano desde la
apertura económica ha sido principalmente impulsado por una economía basada en la
extracción de recursos minero-energéticos: minerales, gas, petróleo e hidroeléctricas. Un
debate capturado el 5 de mayo de 2017, entre profesionales del sector minero y del sector
ambiental en el foro “Minería, Sostenibilidad y Ambiente” desarrollado en la Facultad
Nacional de Minas, comenzaba con la pregunta ¿se hace buena minería en Colombia?, a
la cual cuatro de los cinco profesionales interlocutores respondieron de la siguiente
manera. El primero, desde el papel de las autoridades ambientales en la concesión de
áreas para la explotación, y el rigor en la aplicación de sanciones por extralimitación de
funciones o impactos socioambientales considerables. El segundo, desde el criterio de la
ilegalidad en el sector minero, considerándolo naturalmente como malo y eliminando de
su análisis la minería artesanal realizada ancestralmente por comunidades negras e
indígenas. El tercer interlocutor, desde una neutralidad no axiológica (basada en juicios
de valor), la propone buena en términos técnicos, normativos e históricos. Un cuarto
interlocutor plantea que el juicio de valor debe hacerse dependiendo del aspecto a evaluar,
añadiendo que la minería deja “vacíos” en las comunidades. El quinto interlocutor no
quedó archivado por falta de velocidad en la documentación de las voces. Sin embargo a
partir de esto se desprenden algunas consideraciones analíticas. La primera de ellas es
que la minería puede ser buena o mala con respecto a comunidades históricamente
mineras, o mala o buena con respecto a comunidades no mineras, ambas según el
momento histórico, según las características del medio ambiente, clima, los recursos y
capacidades colectivas frente a las necesidades inmediatas de la comunidad. Una segunda
consideración es que los impactos ambientales son inevitables, y junto a los impactos en
salud pública y la corrupción se conforma el aspecto social de la problemática, que se
tensiona y confunde con el aspecto económico de la actividad minera, fuertemente ligado
a la corrupción institucional. (Gamarra, 2006: p. 33)
En cuanto a la evaluación de los impactos ambientales que genera la minería, se
encuentran en el sector unos problemas de carácter nacional definidos a partir de criterios
técnicos y políticos, limitados por tradiciones tecnológicas, metodológicas y culturales,
evidentes en expresiones como “así siempre se ha hecho”.
- Criterios técnicos y formación de profesionales sin tener en cuenta la realidad
ambiental, asunto que lleva a especulaciones sobre los hechos reales.
- Falta de personal capacitado, con experiencia y experticia en las autoridades
mineras y ambientales, como parte de la ineficacia institucional.
- No hay incentivos públicos ni privados para mejorar la capacidad de los
profesionales. Corresponsabilidad de sectores económicos en los impactos
ambientales.
- Falta de neutralidad en el tratamiento de la política ambiental del país, debido a
que los temas están muy politizados.
- En ocasiones se omite desde algunos sectores mineros la existencia de escalas de
productividad dentro del sector.
- Falta de cuantificación rigurosa de la producción de materiales y minerales, como
criterio técnico para la veeduría y control público de las regalías.
- Criterios poco rigurosos para el establecimiento de los porcentajes de regalías por
extracción.
- Omisión de criterios de viabilidad de los proyectos, incluyendo en la mayoría de
los casos únicamente los criterios de viabilidad económica.
- Tratamiento conflictivo desde los sectores económicos con más capacidad al
papel de la democracia en la toma de decisiones sobre proyectos minero-
energéticos: ante la pregunta realizada por el moderador del foro, ¿son las
consultas populares un mecanismo para frenar proyectos mineros?, una respuesta
objetiva plantea que, desde la perspectiva de los actores sociales y las
comunidades involucradas, se tiene que el Artículo 8 de la Ley 134 de 19942
establece que "La consulta popular es la institución mediante la cual, una
pregunta, de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional,
departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la
República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo
para que éste se pronuncie formalmente al respecto.
En todos los casos la decisión es obligatoria.
Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea
constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante
ley aprobada por el Congreso de la República", por lo tanto la consulta popular
es un triple mecanismo, de la democracia, de las comunidades, y de soberanía
popular.
- El rol de la gestión y administración pública ha sido objeto de captura por sectores
políticos y económicos. Su función constitucional es la planificación económica
2 Congreso de Colombia, ley 134 de 1994 (mayo 31). Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
y territorial, el control y veeduría a sectores productivos, canalizar la participación
ciudadana y empresarial y garantizar la equidad y el bienestar, como lo expresa la
sentencia Sentencia C-826/13 de la Corte Constitucional3:
“[…] el objetivo de esta herramienta de Gestión de Calidad es adoptar el Sistema
Internacional de Calidad ISO 9000 en las entidades estatales, para el mejoramiento de
las condiciones de eficiencia, eficacia y efectividad en temas de calidad que se le ofrecen
a los usuarios, lo cual se encuentra en armonía con las exigencias a nivel internacional
en la materia, plasmadas en la “La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión
Pública” adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana, El Salvador, en octubre de
2008, así como con los propósitos constitucionales de integración latinoamericana. […]
En este orden de ideas, es evidente para esta Corporación que el principio de eficacia
impide que las autoridades administrativas permanezcan inertes ante situaciones que
involucren a los ciudadanos de manera negativa para sus derechos e intereses.
Igualmente, que la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades debe ser un fin
para las mismas, es decir, que existe la obligación de actuar por parte de la
administración y hacer una real y efectiva ejecución de las medidas que se deban tomar
en el caso que sea necesario, en armonía y de conformidad con el debido proceso
administrativo. En síntesis, esta Corte ha concluido que el logro de la efectividad de los
derechos fundamentales por parte de la administración pública se basa en dos principios
esenciales: el de eficacia y el de eficiencia. A este respecto ha señalado que la eficacia,
hace relación al cumplimiento de las determinaciones de la administración y la eficiencia
a la elección de los medios más adecuados para el cumplimiento de los objetivos. En este
sentido, ha sostenido que estos dos principios se orientan hacia la verificación objetiva
de la distribución y producción de bienes y servicios del Estado destinados a la
consecución de los fines sociales propuestos por el Estado Social de Derecho. Por lo
tanto, la administración necesita un apoyo logístico suficiente, una infraestructura
adecuada, un personal calificado y la modernización de ciertos sectores que permitan
suponer la transformación de un Estado predominantemente legislativo a un Estado
administrativo de prestaciones”.
3 Corte Constitucional colombiana, Creación e implementación de sistema de control de calidad en las entidades estatales - exequibilidad de los artículos 1° y 2° de la ley 872 de 2003: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-826-13.htm
Como aspecto transversal en el debate en dicho foro, la confusión estructural que se vive
en Colombia con la centralización/descentralización de las decisiones sobre actividades
extractivas, influyó fuertemente en las respuestas de los profesionales participantes. Se
destaca que la argumentación de sus respuestas estuvieron motivadas tanto por pasiones
como criterios políticos, técnicos y administrativos, y hubiese sido más enriquecedor el
diálogo con la presencia del componente científico que orienta las acciones de aplicación
de tecnología en el ámbito profesional del sector minero y ambiental.
En la Ecología, la complejidad inherente a la naturaleza ha llevado a abordar las
relaciones entre los servicios ecosistémicos como parte un todo interrelacionado. La
pregunta de investigación en la cual se indaga para plantear un diagnóstico del riesgo
socio-económico y ambiental local4 es interdisciplinar porque su respuesta social necesita
abarcar múltiples dimensiones biológicas, dentro de las cuales están, por supuesto, los
procesos económicos que reproducen la vida humana, y los procesos científicos, políticos
y culturales. Desde el plano teórico de las Ciencias Sociales, Emilio Martínez Gutiérrez
ofrece herramientas metodológicas para abordar datos empíricos, desarrollados a partir
del sociólogo Robert Ezra Park, de la Universidad de Chicago, quien “Con el desarrollo
de la ecología urbana propone un marco global, teórico-metodológico, de interpretación
y análisis de los procesos sociales y territoriales de las comunidades locales que
desemboca en procedimientos técnicos particulares, de amplia difusión en la actualidad,
desde la cartografía ecológica —en el plano morfológico— a las técnicas cualitativas de
estudio de las interacciones sociales —en el plano cultural” (Martínez G., 2013: p. 173).
Es aún poco comprendida en contextos laborales institucionales y científicos la
importancia que el conocimiento de los ecosistemas y sus servicios5 tiene para la
definición, implementación y evaluación de las políticas públicas. En las sociedades
capitalistas, la mayoría de los casos de planificación del desarrollo no toman en cuenta
esta dimensión, asunto preocupante debido a que “el deterioro ambiental conduce a una
4 Aunque el concepto de riesgo socio-económico y ambiental fue utilizado en el apartado anterior sin especificar en qué consiste, su identificación se alcanza con los datos sobre comunidades con mercados desatendidos o poco competitivos, que necesiten de un impulso en términos de crecimiento económico local, y con los datos sobre los desequilibrios ambientales encontrados. La identificación del riesgo socio-económico y ambiental se soporta entonces en los diagnósticos económicos y ambientales de un territorio local o regional, tomando en cuenta sus aspectos culturales. 5 “Los servicios ambientales o ecosistémicos son las contribuciones de los productos y procesos de los ecosistemas al bienestar de la sociedad. Estos servicios son el vínculo entre los ecosistemas y la sociedad y se pueden clasificar para entender las relaciones entre el bienestar de las poblaciones humanas y los ecosistemas” (CONABIO, 2012: p. 13).
mayor sensibilidad ante estos eventos y a una menor capacidad de recuperación. Dichos
fenómenos provocan, por consiguiente, mayores desastres que conllevan importantes
impactos socioeconómicos” (CONABIO, 2012: p. 8). El desarrollo económico, como
proceso categóricamente estructurante de la vida económica de estas sociedades, no es
ajeno a la paradoja socio-ambiental contemporánea: si las sociedades lo consideran
necesario se deben revisar sus vestiduras y su operatividad a través de la política
ambiental que asumen los Estados para garantizarlo a largo plazo. A manera de ejemplo,
se presenta aquí un estudio de caso regional del desarrollo local, utilizando como unidad
de análisis el Altiplano Oriental del departamento de Antioquia, es decir, algunos de los
municipios que se ubican en el Valle de San Nicolás, tomando como núcleo interpretativo
de los fenómenos sociales el ya mencionado riesgo socioeconómico y ambiental local.
Ahora bien, el panorama de riesgos regionales es analizado, a partir de aquí, tomando
como eje estructurante de las comunidades urbano-rurales el conjunto de las vocaciones
productivas y las relaciones de dependencia entre los sectores económicos que las
impulsan, no en su totalidad, sino tomando las vocaciones que mayor movilidad social
urbano-rural6 genera en los territorios. Esta movilidad, en un contexto productivo
regional de naturaleza mixta, caracterizado por flujos propios de lo urbano, rural,
industrial y comercial, hacen de las teorías de la complejidad el mejor aliado del
investigador social que habita, observa y experimenta el contexto:
“La percepción de que algo nuevo se hallaba presente en regiones urbano-industriales
no halló una fácil comprensión de que sería la naturaleza del espacio social. Henri
Lefebvre propuso, después de mayo de 1968, que la dominación de la industria, al
imponer su lógica de producción centrada en el valor de cambio sobre la ciudad, espacio
civilizatorio y locus privilegiado del valor de uso de la sociedad, habría subordinado la
ciudad, y todo espacio social, a esta lógica industrial resultando en una consecuente
despolitización del espacio social. Alternativamente –y revolucionariamente, se podría
decir– Lefebvre vislumbró, en 1970, un resurgimiento virtual de la importancia de la vida
cotidiana y de la reproducción en el medio urbano frente al medio industrial que
6 La movilidad urbana puede entenderse como un concepto en absoluto dinámico, que se explica de manera interdefinida con actividades sociales tales como las migraciones, desplazamientos cotidianos, y el consumo de bienes y servicios. Ver: Park, Robert Ezra. Sociología, comunidad y sociedad. Traducción al español: Emilio Martínez Gutiérrez en La investigación ecológica de las comunidades locales. Universidad Complutense de Madrid. EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias sociales. N° 25, enero-junio, 2013, pp. 173-194.
dominaba la producción del espacio social en la ciudad industrial, desde el siglo XIX
(Limonad y Monte-Mór, 2012: p. 5)”.
Al sistematizar los proyectos que impulsa actualmente la Administración municipal,
utilizando el Formato 1, se encontró que hay un solo proyecto que recibe financiación
internacional en la Secretaría de Educación, "La Carreta de Leer Itinerante", Programa de
Lectura al Aire Libre, proyecto de carácter público (cofinanciación internacional y
recursos municipales) con recursos del Programa lberoamericano de Bibliotecas Públicas,
"IBERBIBLIOTECAS", a través de Centro Regional para el Fomento del Libro en
América Latina y el Caribe "CERLALC" y el desarrollo de las actividades contempladas
en el mismo, fueron contratadas con el Instituto de Cultura Municipal “Sixto Arango
Gallo”. El proyecto fue presentado en convocatoria realizada en el 2016 y pertenece Plan
de Desarrollo 2016-2019, El Carmen de Viboral "Territorio de Vida y Paz" y su objetivo
es “Llevar la lectura a espacios abiertos y alternativos, es una biblioteca rodante con un
valioso material de literatura infantil, juvenil y universal para toda clase de público.
Fortalecer la lectura y la escritura como prácticas y hábitos cotidianos en madres
gestantes, niños y niñas de sector rural y urbano, hacia una mejora en las relaciones
sociales, la construcción de nuevos conocimientos y pensamiento crítico que favorezca el
desarrollo de las capacidades humanas, individuales y colectivas y la ampliación de
libertades y oportunidades de la población del municipio de El Carmen de Viboral”
(Respuesta a solicitud de información a la Secretaría de Educación, El Carmen de Viboral,
2017) (Ver anexos).
Resultado concreto: Al revisar los documentos de ajuste del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, se halló un buen material cartográfico de diagnóstico que
identifica la red hídrica, la cobertura del suelo rural, el perímetro sanitario, áreas
morfológicas homogéneas en la zona urbana (incluye el área de centro cívico, que podría
ser un recurso para el análisis socio-espacial, como área natural de la cabecera municipal),
cartografía de equipamento urbano, aptitud geológica, amenaza por avenida torrencial del
suelo rural, amenaza por movimiento en masa en el suelo rural, amenaza por inundación
en suelo rural, amenaza por movimiento en masa en la cabecera municipal, amenaza por
inundación en la cabecera municipal. Si bien la ubicación del Distrito Agrario en la zona
noroccidental se plantea como área de producción, se infiere amenazada la vocación
agrícola porque en su ordenamiento se superpone la mezcla de dos categorías de
producción asociadas al desarrollo, una agrícola y la otra inmobiliaria, interfiriendo en la
producción agrícola la planeación de las zonas de “vivienda campestre”, que son las más
fuertemente implicadas en los procesos de gentrificación urbano-rural, es decir que dicho
mapa es una cartografía implícita del riesgo socioeconómico en la zona noroccidental.
También hay una cartografía del catastro minero, que ubica títulos y solicitudes de
concesión minera en la zona sur de El Carmen de Viboral. Se resalta que el proceso de
diagnóstico para el PBOT ha sido riguroso, y la cartografía es un insumo primordial para
el ordenamiento del territorio y la implementación de la políticas públicas, y a partir de
esta información se puede profundizar en la identificación de riesgos que aún no se
identifican, como el riesgo de contaminación de cuencas, micro-cuencas, y bocatomas de
acueductos, asociándolo a la ubicación de las actividades productivas que generan
residuos peligrosos.
La cartografía de formulación incluye la del modelo de ocupación territorial, en donde
evidencia que se confunden las dos categorías de producción en la zona noroccidental del
municipio, y contiene también las áreas de protección. Cartografía de clasificación del
suelo (suelo urbano, suelo rural, suelo de expansión urbana y Estructura Ecológica
Principal); cartografía de perímetro urbano, suelos de expansión de la cabecera urbana,
suelo rural, estructura ecológica principal; cartografía de amenaza alta y riesgo alto en
suelo rural, amenaza alta y riesgo alto en zona rural y en centro poblado Las Brisas;
cartografía de aptitud geólogica en la cabecera municipal; cartografía de aptitud geológica
en centro poblado Las Brisas; cartografía del sistema de servicios públicos en zona rural
y urbana; jerarquías viales en suelo urbano y rural; cartografía del sistema de espacios
públicos en suelo urbano; cartografía del sistema de equipamentos públicos
(infraestructura municipal); un programa de ejecuciones de proyectos viales locales,
intermunicipales y subregionales; cartografía de categorías de suelo rural y de categorías
de protección del suelo rural; cartografía con categorías de desarrollo restringido;
cartografía de tratamientos urbanísticos del suelo rural; cartografía de unidades de
planificación rural; tratamientos urbanísticos del suelo urbano; cartografía de usos del
suelo urbano y de áreas destinadas a viviendas de interés social.
Por último se incluyen los datos de los sectores sociales representados en el Consejo
Territorial de Planeación para el periodo 2017-2019. En total son 23 personas: sector
social, juventud, ONG ecológicas, organización de mujeres, representante de los colegios,
representante del comercio, representante de organizaciones culturales, representante de
los profesionales, representante de los gremios económicos, representante del Consejo de
Desarrollo Rural, Juntas de Acción Comunal, productores agrícolas tradicionales (no
asociación de campesinos), representante de constructores, representante de la educación
privada, gobierno escolar, representante de la discapacidad, representante de las
industrias, representante de Asociación Acueductos Veredales, representante sector
salud, representante de Derechos Humanos (Acta de asistencia a posesión de consejeros
territoriales de planeación, 11 de Mayo de 2017).
Medio ambiente, desarrollo y metabolismo social
Se comienza desde el año 1983 porque fue cuando la Ley 60 de 1983 promulgada un 28
de diciembre, creó la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro
y Nare, CORNARE, cuyo principal objetivo es “promover y encauzar el desarrollo de la
región comprendida bajo su jurisdicción, mediante la plena utilización de los recursos
humanos, naturales y económicos con el fin de obtener el máximo nivel de vida de la
población”7, siendo a su vez la autoridad ambiental “descentralizada” con jurisdicción en
veintitrés (23) municipios de la zona Oriente, dos (2) municipios de la zona del Nordeste
y un (1) municipio de la zona del Magdalena Medio, con un área aproximada de 827.600
hectáreas correspondientes al 13% del departamento de Antioquia y el 0.7% de Colombia,
distribuida en cinco (5) subregiones8:
- Valle de San Nicolás, con un área de 176.600 ha. (31.400 urbanas y 145.200
rurales) correspondientes a los municipios de El Retiro, La Unión, La Ceja,
Guarne, El Santuario, Marinilla, El Carmen de Viboral, Rionegro y San Vicente;
- Bosques, con aproximadamente 162.700 ha. (2.200 urbanas y 160.500 rurales) e
integrada por los municipios de El Carmen de Viboral9, Cocorná, San Francisco,
San Luis y Puerto Triunfo (este último de la zona Magdalena Medio);
7 Recurso electrónico de CORNARE: http://www.cornare.gov.co/corporacion/institucional/resena-historica 8 Recurso electrónico de CORNARE: http://www.cornare.gov.co/corporacion/division-socio-ambiental/localizacion-regional 9 A la cifra total de hectáreas de la subregión Bosques le hace falta la extensión total de la Reserva Forestal Protectora Regional ubicada en El Carmen de Viboral, que es la Estructura Ecológica Principal para la planificación del territorio en ese municipio. A su vez, el municipio posee territorios urbano-rurales en la subregión Valles de San Nicolás, y cuenta con ecosistemas claves en la subregión Páramo, siendo el único municipio del Oriente Antioqueño con extensión en tres subregiones.
- Aguas, con una extensión de 146.500 ha. (urbana 4.600 y rural 141.900)
correspondiente a los municipios de El Peñol, Granada, Guatapé, San Carlos y
San Rafael;
- Porce-Nus, con un área correspondiente a 101.700 ha. (urbana 7.200 y rural
94.500) de los municipios de Alejandría, Concepción, San Roque y Santo
Domingo (estos dos últimos de la zona Nordeste de Antioquia);
- Páramo, en una extensión de 240.2000 ha. (urbana 6.600 y rural 233.600)
correspondiente a los municipios de Abejorral, Argelia, Nariño, Sonsón y El
Carmen de Viboral.
En el municipio de La Ceja del Tambo, Oriente Antioqueño de Colombia, el 8 de marzo
de 2017 se presentaron fuertes lluvias, con gran cantidad de granizo (agua congelada),
afectando, según el portal web RCNradio10, “quince familias de la vereda La Playa,
perdieron sus cultivos de flores tras una fuerte granizada. Los campesinos solicitan
ayudas, pues de estas plantaciones depende el sustento económico de sus familias. El
coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres, Alejandro Echeverri Parra, confirmó que
se perdieron unos 10 cultivos de flores, mismas que venderían los campesinos el Día de
la Madre. Aseguró que no hubo personas lesionadas, ni daños en viviendas”. Lo llamativo
de estos eventos es que contrastan con los fuertes periodos de verano y sequía, que en su
extremo también causan pérdidas en el sector agrícola de la región del Oriente
Antioqueño, como se evidencia en el portal web de la Gobernación de Antioquia acerca
de los impactos económicos en el sector campesino causados por el Fenómeno de El
Niño11 reportados en febrero del 2016, “Según el reporte oficial entregado por 54
municipios a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia, se estima que
232.279 hectáreas han sufrido pérdidas en cultivos o disminución en su producción. Los
cultivos con mayores pérdidas son: tomate, maíz, papa, café, fríjol, hortalizas y aguacate.
54 municipios afectados por estrés hídrico, heladas e incendios; 232.279 hectáreas
reportadas con disminución en su producción y 20.071 familias afectadas, son los daños
generados por el Fenómeno de El Niño, de acuerdo con la información recolectada por la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de las secretarías de Agricultura y
10 Enlace de prensa: http://www.rcnradio.com/locales/granizada-afecto-10-cultivos-flores-la-ceja-oriente-antioqueno/ 11 Enlace institucional: http://www.antioquia.gov.co/index.php/component/k2/item/284-contin%C3%BAan-las-p%C3%A9rdidas-en-el-sector-agropecuario-por-el-ni%C3%B1o
las Unidades Municipales de Asistencia Técnica en las nueve subregiones de Antioquia”.
Estimaciones de pérdidas no especificadas por cantidad en masa y en pesos colombianos
de cada alimento u floricultivo.
Resulta, además, que la forma que asume el desarrollo económico no es homogénea,
porque la división internacional del trabajo coloca en distintos roles de funcionalidad a
los espacios geográficos, siendo éstos los manantiales de donde emerge el capital natural
y humano para la marcha de la humanidad a través del tiempo. Y es en dichos espacios
en donde se encuentran las vestiduras del desarrollo, e identificarlas hace parte de un
procedimiento que apremia por su urgencia. Si la acción estatal central tiene como soporte
contractual a las entidades territoriales en los niveles locales y regionales, el Estado
colombiano cuenta entonces con las posibilidades de planificación y orientación del
quehacer administrativo municipal, para definir estratégicamente desde allí diagnósticos
de los distintos recursos12 utilizados por la economía, el primer insumo para las
evaluaciones, implementaciones y redefiniciones de la política ambiental colombiana,
ajustadas a los contextos locales del capital humano y de los servicios que los ecosistemas
proveen para el desarrollo social y económico.
Un vistazo rápido al gobierno local (municipal) frente a los sectores productivos y de
servicios públicos locales que generan variantes del desarrollo, perfilados como unidades
de análisis en el estudio de caso, permite anticipar que existen sectores de la producción
local que permanentemente se encuentran en riesgo socio-económico y ambiental. En el
caso del sector agrario del Carmen de Viboral, las múltiples variables de riesgo se suman
a la precariedad institucional que acaba de identificar que este sector requiere de
asistencia técnica (Proyecto de acuerdo 02 El Carmen de Viboral, 2017). Una institución
que debería existir para gestionar el sector económico de un municipio de clara vocación
agraria, hace falta en términos de lo instituido, es decir, carece de una secretaría de
agricultura en el nivel ejecutivo del gobierno local. No es que la coyuntura de pos-
acuerdos de paz en nuestro país lo amerite por saldar una deuda histórica del Estado con
el campesinado, sino más por sensatez humana un sector social que alimenta a los otros
debería contar con las mejores condiciones para sostenerse. Es en el presente año 2017,
12 Por un lado se encuentra el capital humano, que reúne los talentos, habilidades y/o costumbres que contribuyen en la vida social y económica del país. Por el otro, están los servicios ecosistémicos, entre los cuales se distinguen los servicios de provisión, servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte (CONABIO, 2012). Capital humano y servicios ecosistémicos conforman las capacidades sociales y ecosistémicas de desarrollo.
mediante el proyecto de acuerdo 02, “por medio del cual se crea el Fondo Municipal de
Asistencia Técnica Directa Rural del municipio de El Carmen de Viboral, Antioquia”,
que se toma una decisión requerida desde mucho tiempo antes en esta localidad,
presionada por los Acuerdos de La Habana y su Reforma Rural Integral, pactados entre
el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP,
aún cuando en el artículo 2 del capítulo I de la ley 607 del 02 de agosto del 2000, establece
que
“la asistencia técnica directa rural es un servicio público de carácter obligatorio y
subsidiado, con relación a los pequeños y medianos productores rurales, cuya prestación
está a cargo de los municipios en coordinación con los departamentos y los entes
nacionales, en particular el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”13
Dentro del sector agrario local, bien sea el sector floricultor, que se encuentra a merced
de la devaluación o revaluación del peso colombiano frente a las monedas de los
mercados internacionales en donde compiten, o el sector agrícola, impactado por
intermediarios en la distribución del producto, subidas y bajas en los precios de los
alimentos de acuerdo a la oferta y demanda, y en suma ambos impactados por los
fenómenos climáticos extremos de sequía y fuertes tormentas, que han variado su
recurrencia e intensidad como consecuencia del cambio climático y, especialmente,
impactos estructurales en el equilibrio biótico de los ecosistemas agrarios –en la biosfera
terrestre–, debido al exceso de herbicidas, plaguicidas y prácticas poco informadas de
fertilización dentro del campesinado, que en suma multiplican los impactos con las
severas consecuencias en la salud pública del Oriente antioqueño14, reportando casos de
cáncer y enfermedades asociadas a una gastronomía local y acueductos afectados por
métodos no controlados de gestión de los ecosistemas productivos que hacen parte del
sector primario de la economía del Oriente antioqueño cercano, esto omitiendo los demás
efectos que pueden ser medidos a lo largo de las cuencas de los ríos Negro y Nare, como
13 Recurso electrónico en la página web del Instituto Colombiano Agropecuario. Ley del Poder Público - Rama Legislativa. LEY 607 DE 2000 (agosto 2) por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, p. 1-8. 14 Gutiérrez Gómez, Diana Cristina. Condiciones y significados de la dimensión salud ambiental de los planes decenales de salud pública en cinco municipios del Oriente de Antioquia, 2014-2015 [recurso electrónico]. Tesis/Informe de práctica/CD-ROM. Universidad de Antioquia. Biblioteca Facultad Nacional de Salud Pública. 2016.
los niveles de salinidad y de tóxicos en las bocatomas de los acueductos, aguas freáticas
y en los caudales de riachuelos, quebradas y ríos de la región.
Otro proceso que es posible describir, es un resultado dinámico de la gentrificación
urbano-regional, ocurrida en el Altiplano oriental antioqueño. Se trata de los ajustes a los
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, cuya concertación entre actores sociales y
su concreción material se presenta a la par que suceden los cambios formales de uso del
suelo, y por tanto incluyen los cambios de relaciones sociales en el territorio. Los Planes
de Ordenamiento Territorial fueron reglamentados como obligatorios en todo el territorio
nacional con la Ley 388 de 1997.
El modelo de desarrollo rural local presenta tres grandes estructuras de planificación,
evidentes en las cartografías de la formulación del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (Secretaría de Planeación El Carmen de Viboral, 2017), una de ellas es la
macro-estructura local de la que dependen las demás, que es la Estructura Ecológica
Principal, delimitada por CORNARE como Reserva Forestal Protectora Regional, y
constituye un Determinante Ambiental15 para los Planes de Ordenamiento Territorial de
los municipios, en razón de que es una norma de superior jerarquía a las municipales.
La Reserva Forestal Protectora abarca un área que en su totalidad corresponde al 80% de
la superficie del municipio, y es la Estructura Ecológica Principal en razón de que es allí
donde se encuentran las coberturas de bosque que generan los ecosistemas estratégicos
para el abastecimiento de las bocatomas de los acueductos, siendo el servicio de agua
potable fundamental para la vida diaria de cada sector social, y por el mismo motivo, ésta
declaratoria excluye a la actividad minera dentro de la reserva; también, la zonificación
ambiental de dicha zona destina un 47.3 % en preservación, 41.2% en restauración y un
13.3% en uso sostenible. Sin embargo, se resalta que no se restringen las concesiones de
agua. En general, los objetivos de planificación regional de esta reserva forestal se reúnen
en la conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los seis tipos de ecosistemas
que existen allí. Las razones expuestas en el acuerdo para crear la reserva son:
1. De los 17 ecosistemas presentes en la región del Oriente Antioqueño, esta área
contiene seis ecosistemas. Dadas sus condiciones geográficas contiene alturas
15 Artículo sexto del acuerdo Nro. 322 del 1 de julio de 2015, “por medio del cual se declara la Reserva Forestal Protectora Regional de los Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo, sobre áreas identificadas como zonas excluibles de la minería en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.
desde los 3000 metros sobre el nivel del mar en la zona de nacimiento del río
Santo Domingo,- hasta aproximadamente los 500 metros cerca a la
desembocadura al río Samaná. Áreas con bosques primarios y secundarios, paisaje
de montaña en clima frío muy húmedo, con presencia de relictos boscosos que
conectan cañones con bosques secundarios pluviales.
2. Representatividad en un 16.20% del Ecosistema Frio húmedo Orobioma bajo de
los Andes, actualmente sin representación en la Región del Oriente Antioqueño.
3. Representatividad en un 12.43% del Ecosistema Frio Húmedo Orobioma Medio
de los Andes, el cual se incrementa para la Región del Oriente Antioqueño en un
25.58%.
4. Representatividad de un 8% del Ecosistema Templado Húmedo Orobioma Medio
de los Andes, el cual se incrementa para la Región del Oriente Antioqueño en un
12.97%
5. El área hace parte de un corredor boscoso de relevancia regional, que tiene
conectividad con Bosque Alto Andino, el Páramo de Sonsón, la Reserva Forestal
de Ley 2 de 1959 y las cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa, garantizando la
conformación de corredores biológicos para el tránsito de especies de fauna y flora
amenazadas y en vías de extinción, así como la sobrevivencia de especies
endémicas.
6. Existencia de un núcleo de bosques densos y fragmentados en diferentes pisos
altitudinales, desde los 3000 msnm hasta los 500 msnm. caracterizados por alta
biodiversidad.
7. Presencia de especies arbóreas declaradas Críticamente amenazadas o en peligro,
tales como: comino Aniba perutilis y árbol de agua Aphelandrá lesiophylla, que
hacen de este ecosistema un reservorio para la conservación de la diversidad y que
debe ser objeto de monitoreo y seguimiento permanente a largo plazo.
8. Importante oferta hídrica y belleza escénica asociada a grandes cascadas y
cobertura boscosa relativamente bien conservada; así como la presencia de
importantes ríos como El Melcocho y Santo Domingo, afluentes del río Cocorná,
en la vertiente del río Magdalena (CORNARE, acuerdo Nro. 322 del 1 de julio de
2015).
Aquella macro-estructura local de planificación, junto a las otras dos estructuras de
ordenamiento territorial, tienen la particularidad de evidenciar las inestables tendencias,
los conflictos y las vocaciones productivas distribuidas en los usos del suelo. Una
estructura pública, caracterizada por los usos artesanales, de comercio y servicios,
residenciales, usos sociales obligados y áreas de protección, principalmente ubicada en la
zona urbana del El Carmen de Viboral. La tercera es una estructura impulsada desde el
sector privado, en el que se destacan las presiones del capital inmobiliario y sus alianzas
con el sector de materiales de construcción; esta última tiene su influencia tanto en la
zona urbana, principalmente en los predios destinados a la expansión urbana, que
expresan una necesidad real dado el acelerado crecimiento demográfico, como también
en la zona rural, en donde su particularidad es estar ligada a los procesos de gentrificación
urbano-rural regionales16, logrando delimitar una gran área en la zona noroccidental como
Zona de Vivienda Campestre, aun cuando todavía en esa zona se realizan actividades
agropecuarias. Así pues, las características de estas zonas de parcelación son comunes
entre todas ellas, tomando como unidad cualitativa de análisis el Altiplano del Oriente
Antioqueño: casas modernas de estilo urbano, en ambientes de campo. Evidencia
empírica insoslayable de que esta yuxtaposición en los usos del suelo es una de las formas
manifiestas del proceso de concreción del Desarrollo Sostenible en una región urbana,
rural, industrial y comercial simultáneamente. Se llegó a este hallazgo mediante el análisis
de los procesos urbanos descritos en el documento de revisión y ajuste del PBOT
municipal, presentado para trámite en el Concejo Municipal el lunes 15 de mayo del 2017,
junto con la revisión de las cartografías que delimitan las Zonas de Vivienda Campeestre
y las Zonas de Producción Agropecuaria Sostenible (PBOT El Carmen de Viboral, 2017).
Una conclusión parcial al respecto, es que se evidencia una coherencia en la estructura y
los objetivos del PBOT, acorde con los procesos urbanos que se vienen presentando. Tal
vez el requerimiento más importante y el reto para la implementación de esta política
planificadora, será lograr una infraestructura de servicios públicos de calidad, para acoger
las tendencias poblacionales de manera que no se genere presión sobre los ecosistemas,
las redes de acueducto y alcantarillado, y garantizar una buena disposición, degradación
16 Aunque el concepto de gentrificación se presenta a escala global, es posible caracterizarlo a partir de una serie de pasos que definen su avance. Ha sido definido a partir de procesos de renovación urbana, pero una variante urbano-rural del concepto es identificada en el presente estudio de caso. El concepto es claramente ilustrado en: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/entorno-habitable/2016/06/28/gentrificacion-urbana-barrios-infieles.html
y transformación de los residuos sólidos. Un indicador clave que debe estar en
permanente monitoreo es el de consumo total de agua por mes, labor que desempeña la
Empresa de Servicios Públicos La Cimarrona E.S.P (CORNARE; IDEA-UN; 2006: p.
97), pues a medida que aumenta la población, aumentan los movimientos poblacionales,
aumenta el consumo de bienes y servicios, y de esta manera se puede obtener una
cuantificación y/o cualificación sectorizada de la intensidad del desarrollo como proceso
social en tiempo real:
“Naturalmente, en las grandes ciudades, con su comercio mundial y sus grandes
poblaciones cosmopolitas, el movimiento de población es mayor, los conflictos
eventuales de personalidades y culturas son más intensos y los cambios sociales más
veloces. Si las ciudades han sido siempre centros de civilización y de la vida intelectual
se debe parcialmente a que constituyen lugares de encuentro entre extraños y centros de
novedades. El revuelo, el bullicio y la animación de la vida urbana no son sino el reflejo
de la intensa vida social, que tratamos de abstraer y medir en términos de movilidad. [...]
además están los movimientos semianuales —con alzas y declives— de los residentes en
apartamentos, y la marea cotidiana de población que cada mañana se vierte en los
centros urbanos desde la periferia para regresar a ella a la noche. Estos desplazamientos
están tan íntimamente relacionados con todos los aspectos de nuestra vida comercial, y
son tan sintomáticos de los complicados y profundos cambios de nuestra vida política y
cultural, que es como si tuviéramos en nuestras manos el pulso de la comunidad” (Park,
1952, traducción: Martínez G., 2013: p. 200-201).
Otra conclusión, ya observada por especialistas en ordenamiento territorial, es que los
planes de ordenamiento expresan los conflictos socioespaciales. Sirven como herramienta
para canalizarlos y darles trámite a través de las acciones gobierno, “y sus componentes
ambientales como propuestas, por lo general reflejan las condiciones políticas e intereses
de sus promotores. De hecho la legislación no concede el estatus de dimensión, sino de
componente a lo ecológico ambiental, lo que suele facilitar la subordinación de los
condicionantes técnicos y las limitaciones físico bióticas de las tierras a determinaciones
políticas” (Cárdenas; Mesa; Riascos; 1998: p. 23). Los procesos participativos para el
ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de El Carmen de Viboral, sirvieron como
espacios de diálogo entre los diferentes sectores que han plasmado sus intereses a largo
plazo como formas de habitar en comunidad. Un ejemplo de diálogo y construcción
participativa del territorio en un país que ha tenido como costumbre tramitar las
diferencias haciendo uso de la violencia. Se evidencian en este sentido algunos limitantes
a las implementaciones del ordenamiento en perspectiva intervencionista, según la
definición que Orlando Fals Borda ofrece, en la que el ordenamiento territorial
es el conjunto de acciones concertadas para orientar la transformación, ocupación y
utilización de los espacios geográficos buscando su desarrollo socioeconómico, teniendo
en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio
considerado y la armonía del medio ambiente (citado en Cárdenas; Mesa; Riascos; 1998:
p. 19-20)
El anterior análisis fue logrado a partir de la construcción de tres fórmulas sociológicas
de investigación mixta de comunidades, utilizando como referencia teórica y conceptual
(adaptada) el texto de Robert Ezra Park (1929) Sociología, Comunidad y Sociedad.
Primero se adaptó el concepto de movilidad urbana a movilidad urbano-rural para poder
utilizarlo en el estudio de caso. Luego, a partir de los planteamientos acerca de los
cambios en el espacio urbano generados por los desplazamientos de población, las
migraciones y el comercio locales, se construyó una fórmula general de movilidad social:
(1) ∆Movimientos poblacionales + ∆Actividades económicas → ∆Socioespaciales. A
partir de ésta, una fórmula general de intensidad cuantitativa y cualitativa de procesos
sociales: (2) ∆Movimientos poblacionales + ∆Oferta y demanda de bienes y servicios +
∆Variable de contexto → ∆Intensidad o carácter del proceso social. Además, una
fórmula específica de metabolismo social: (3) ∆↑Nuevos elementos en comunidad +
∆↓Eliminación de elementos antiguos en comunidad → Metabolismo social (las tres son
elaboración propia).
En donde:
∆: expresa variaciones cuantitativas o cualitativas.
Movimientos poblacionales: incluye los desplazamientos cotidianos, las migraciones y el
comercio. Reunidos conforman en concepto de movilidad social urbana y/o rural.
Variable de contexto: como ejemplo pueden utilizarse indicadores de consumo total de
agua por mes en una localidad en función de la cantidad de habitantes, indicadores de
delitos, indicadores de escolaridad y de sectores de población, indicadores ambientales17
para evaluar el comportamiento de cada variable según el proceso social analizado.
∆↑Nuevos elementos en comunidad: pueden ser los cambios socio-políticos y culturales
(identitarios), institucionales, cambios urbanos y rurales (espaciales), tasas de natalidad,
tasas de inmigración.
∆↓Eliminación de elementos antiguos en comunidad: tasas de morbilidad, tasas de
emigración, desaparición de culturas, gastronomías e identidades, entre otros posibles.
Metabolismo social: proceso de incorporación y de eliminación de elementos partícipes
en la vida de una comunidad.
Claro es que aunque se aborda hasta aquí diferentes matices del desarrollo local, se
enfatiza que esto se da en razón de que el estudio de caso es metodológicamente realizado
en clave de diagnóstico del desarrollo local, y sus probables dependencias con dinámicas
globalizadoras. Por tal motivo se ha llegado a una aparente dispersión temática asociada
al Desarrollo en la unidad analítica contextualizada, es decir, El Carmen de Viboral en El
Valle de San Nicolás.
Resultados de la investigación y hallazgos específicos con el estudio de caso
Finalmente, como recuento de esta trayectoria de investigación, con el método analítico
de comparación social y conceptual, se ingresa en los campos cognitivos de otras
disciplinas, para enriquecer los requerimientos contemporáneos del Desarrollo, reuniendo
las evidencias existentes de los efectos de las actuales prácticas económicas de
procedencia industrial que generan crecimiento económico, elementos y procedimientos
que se unifican en la presente propuesta que se expone desde la Ciencia Política, y plantea,
entre todo, un diálogo interdisciplinario e institucional acerca de la construcción y uso del
conocimiento para el tratamiento de riesgos sociales, económicos y ambientales. Como
parte de sus necesidades y capacidades operativas, se hacen expansiones temáticas desde
un nivel disciplinar a uno interdisciplinar, y desde éste una contracción hacia la disciplina
de origen, con una perspectiva biopolítica. La teoría será verificada o falsada cuando en
los noticieros mundiales cesen de aparecer fenómenos ambientales que impactan las
17 Sobre los indicadores ambientales, http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/consulte-los-indicadores-ambientales
comunidades humanas. En una época en que el medio ambiente urbano manifiesta
alarmas de contaminación, que se salen de los estándares permisibles para la salud
humana, como sucede en la ciudad de Medellín18. La planificación del Oriente
Antioqueño, sea como área metropolitana o como provincia, requiere pensar la estructura
urbana en términos de sustentabilidad y bienestar, para no ampliar, sino para gestionar y
mitigar la magnitud de los impactos ambientales del Valle de Aburrá hacia el Valle de
San Nicolás, y teniendo en cuenta que las soluciones a dichas problemáticas
necesariamente son propuestas no estandarizadas dentro la ciencia normal, para lograr
capturar y disipar su complejidad. Experimentamos ahora un periodo de ciencia
posnormal (Funtowicz y Ravetz, 2000: p. 50-52).
Ahora, de acuerdo con Emilio Martínez (2013), los resultados del proceso investigativo
son el “campo de formación y despliegue técnico propios de la investigación social:
[…] la orientación empirista se vería beneficiada por la contribución de fondos privados
(grandes compañías) y públicos (instituciones estatales y federales) al desarrollo de
centros de estudios sociales y el mecenazgo universitario, financiando algunas
investigaciones significativas sobre los problemas sociales (Martínez: p. 178)”.
Se listan a continuación los resultados del diagnóstico del desarrollo local en el Oriente
cercano del departamento de Antioquia, teniendo en cuenta que el proceso de
investigación se encuentra en fase inicial, y su profundización depende del financiamiento
de este marco teórico y metodológico.
Resultados (con el marco teórico y metodológico) y conclusión
- Una teoría del micropoder o una teoría del poder individual, extensible al poder
en las comunidades locales, como concreción de capacidades colectivas,
voluntades y aspiraciones a futuro de los sectores sociales, utilizadas y canalizadas
a través de la función de planificación del territorio, obligatoria para los entes
territoriales.
18Partícula en el aire del Área Metropolitana del Valle de Aburrá es 53,4% cancerígena. Publicado el 8 de mayo de 2017 (enlace de prensa periódico El Colombiano): http://www.elcolombiano.com/antioquia/particula-en-el-aire-del-aburra-es-53-4-cancerigena-YM6482111
- Una teoría que define a las sociedades globalizadas como matriz social y
tecnológica.
- Una propuesta de intervención neo-institucional bajo los términos de reajuste
social-fenomenológico del desarrollo en tiempos de globalización y cambio
climático.
- Un modelo adaptativo (frente al cambio climático) y adaptable (según el contexto)
de protección ambiental: acciones socio-tecnológicas de preservación del medio
ambiente clasificadas en dos conjuntos de metodologías y políticas, que son el
enfoque estático de protección ambiental y el enfoque dinámico de protección
ambiental, y los criterios para definir si se utiliza un enfoque u otro, o una mezcla
de ambos: la densidad poblacional, el tipo de población que habita el territorio a
conservar o recuperar, las características culturales y las capacidades-potenciales
sociales de desarrollo.
- Una propuesta de política social para el posconflicto en Colombia: algunos
criterios teóricos de economía ecológica que pueden orientar los procesos de
planificación y toma de decisiones de acuerdo a una política ambiental con
conocimiento de los servicios ecosistémicos locales y su utilidad económica,
científica y tecnológica.
- Una metodología realizada en clave de diagnóstico del desarrollo local, y sus
probables dependencias con dinámicas globalizadoras, dentro de la que se incluye
una matriz (formato) de sistematización de relaciones globales-locales en una
escala local.
- El desarrollo asume vestiduras globalizantes, endógenas y/o sostenibles, según el
espacio geográfico objeto de estudio.
- En su globalidad, esta investigación y en específico el estudio de caso son un
insumo para los análisis de implementación de los Planes Básicos de
Ordenamiento Territorial, dentro de un proceso de contextualización progresiva y
permanente.
- El estudio de caso es una unidad analítica que sirve como recurso de comparación
frente a estudios locales del desarrollo y del ordenamiento territorial de talante
similar en otras regiones o dentro de la misma región (compuesta por
subregiones), como la presente unidad de análisis objeto de estudio: el Valle de
San Nicolás (oriente cercano del departamento de Antioquia).
- Desarrollo del concepto de movilidad social urbano-rural.
- Creación de fórmulas sociológicas para investigación del metabolismo de
comunidades: Fórmula General de Movilidad Social, Fórmula General de
Intensidad Cuantitativa y Cualitativa de Procesos Sociales, y Fórmula Específica
de Metabolismo Social.
- Se encuentra una imbricación territorial del concepto de desarrollo, o un encuentro
territorial de dos lineamientos internacionales de desarrollo con la perspectiva
local de lo humanamente necesario para garantizar un “nivel de vida” digno para
las poblaciones: los lineamientos de la CEPAL - Naciones Unidas y los de la
Agenda 21 de la ONU trabajados por la Organización de Estados
Iberoamericanos, a la cual Colombia pertenece.
Hallazgos (estudio de caso)
- Son los efectos de las actuales prácticas económicas de procedencia industrial que
generan crecimiento económico, los causantes del deterioro de la salud humana y
de los ecosistemas, siendo la actividad agropecuaria de la región del Oriente uno
de los focos de toxicidad.
- La misma actividad agropecuaria contaminante e insalubre es impactada por los
efectos del cambio climático, significando pérdidas económicas para el sector.
- De las dos anteriores se deducen pérdidas económicas, deterioro de ecosistemas
y de la salud pública.
- Reducción de la calidad en las gastronomías locales.
- Aparición de patrones de enfermedades asociados a la alimentación.
- El eje estructurante de las comunidades urbanas es el conjunto de las vocaciones
productivas y las relaciones de dependencia entre los sectores económicos que las
impulsan, no en su totalidad, sino tomando las vocaciones que mayor movilidad
social urbano-rural genera en los territorios.
- La confusión en el ordenamiento de los usos del suelo es una de las formas
manifiestas del proceso que ha trazado la Corporación Autónoma Regional de los
ríos Negro y Nare (CORNARE) para la concreción del Desarrollo Sostenible en
una región urbana, rural, industrial y comercial.
- Impactos estructurales en el equilibrio biótico de los agroecosistemas debido al
exceso de herbicidas, plaguicidas y prácticas poco informadas de fertilización
dentro del campesinado: probables niveles de salinidad y de tóxicos en las
bocatomas de los acueductos, aguas freáticas y en los caudales de riachuelos,
quebradas y ríos de la región.
- Una variante urbano-rural del concepto de gentrificación.
- La planificación del Oriente Antioqueño, sea como área metropolitana o como
provincia, requiere pensar la estructura urbana en términos de sustentabilidad y
bienestar, para no ampliar, sino para gestionar y mitigar la magnitud de los
impactos ambientales del Valle de Aburrá hacia el Valle de San Nicolás.
- Existe la necesidad de construir e implementar el Plan Municipal de Asistencia
Técnica Directa Rural, para cumplir con la ley 607 del 02 de agosto del 2000.
- En la escala global existen agentes internacionales que conforman sistemas de
comunicación. Bloques de países o integraciones regionales para la cooperación
económica, social y política, como entidades globales de planificación espacial,
son los efectos comunes de la globalización para las sociedades contemporáneas;
al mismo tiempo, las divergencias en las perspectivas que orientan las acciones de
planificación económica, social y política entre bloques internacionales son los
efectos por fuera de lo común entre dichas sociedades.
En conclusión, la metodología de diagnóstico del riesgo socioeconómico y ambiental,
adquiere su uso con la matriz (formato) de sistematización de relaciones globales-locales
en una escala local, con los recursos fenomenológicos capturados por la prensa, la
observación participante del investigador, la capacidad de multiangulación (triangulación
múltiple) con la filosofía y teoría política-económica adquirida por la formación del
estudiante en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, y con teorías políticas y
sociales instituyentes del desarrollo en América Latina, como lo son las de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL - Naciones Unidas), junto al análisis
documental (Benavides y Gómez-Restrepo, 2005); constituyen la parte técnica y
operativa del método analítico de comparación social y conceptual, resultado del cual se
desprenden los hallazgos. Éstos fueron alcanzados con los procedimientos neuronales y
técnico-metodológicos hasta aquí mencionados, constituyendo un potencial de
información, conocimiento y calidad de aplicación práctica de tecnología, que puede ser
refinado mediante la cooperación intersectorial complementaria, si solucionar problemas
sociales complejos a través de la solución de las pequeñas instancias que lo componen
(recursión), son las metas a alcanzar por la investigación social en la actual fase
globalizadora y de cambio climático que presenta la modernidad; de esta manera la
investigación, en su totalidad, adquiere su sentido como un insumo construido que podrá
ser utilizado para realizar reajustes socio-fenomenológicos del Desarrollo en tiempos de
globalización y cambio climático, fenómenos que impulsan esta apuesta teórica y
metodológica que traza el inicio de una geografía de la nueva composición conceptual
para la Ciencia Política, desde la teoría de sistemas interdisciplinarios adaptativos
(Amozurrutia, 2012), un efecto de la globalización en este lugar que llamamos América
Latina.
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Estudio de caso
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare –CORNARE–
; Instituto de Estudios Ambientales (IDEA - UN), Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín. Plan de ordenación y manejo de la cuenca La Cimarrona, municipio de
El Carmen de Viboral. El Santuario, 2006.
Gamarra Vergara, Jose R. Pobreza, corrupción y participación política: una revisión
para el caso colombiano. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional N° 70,
Banco de la República, Cartagena, marzo 2006. Este documento puede ser consultado en
la página web del Banco de la República www.banrep.gov.co (ruta de acceso:
información económica/documentos e informes/economía regional/documentos de
trabajo sobre economía regional).
Gutiérrez Gómez, Diana Cristina. Condiciones y significados de la dimensión salud
ambiental de los planes decenales de salud pública en cinco municipios del Oriente de
Antioquia, 2014-2015 [recurso electrónico]. Tesis/Informe de práctica/CD-ROM.
Universidad de Antioquia. Biblioteca Facultad Nacional de Salud Pública. 2016.
Anexos (estudio de caso)
CORNARE. Acuerdo Nro. 322 del 1 de julio de 2015: declaratoria y delimitación
geográfica de la Reserva Forestal Protectora Regional de los Cañones de los ríos
Melcocho y Santo Domingo. El Santuario, Antioquia, Colombia.
El Carmen de Viboral, 2017. Administración Municipal. Derechos de petición, radicados
01279 y 01425.
El Carmen de Viboral, Concejo Municipal, 2017. Administración Municipal, proyecto de
acuerdo N° 02 de 2017, por medio del cual se crea el Fondo Municipal de Asistencia
Técnica Directa Rural y el Consejo Municipal de Desarrollo Rural.
El Carmen de Viboral, Alcaldía Municipal. Acta de asistencia a posesión de consejeros
territoriales de planeación, 11 de Mayo de 2017.
Secretaría de Planeación, El Carmen de Viboral. Documentos de revisión y ajuste al Plan
Básico de Ordenamiento Territorial, mayo de 2017.