LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 28 de Enero al 03 de febrero 2012 Nº 612

INDICE

01. RAJOY HABLARÁ EN EL CONGRESO EL MIÉRCOLES, TRAS 50 DÍAS EN LA MONCLOA

02. RAJOY ASUME QUE LA REFORMA LABORAL PROVOCARÁ UNA HUELGA GENERAL

03. EL GOBIERNO SE ENREDA (OTRA VEZ)

04. RAJOY CONSAGRA EL DÉFICIT CERO Y ROMPE EL PACTO CONSTITUCIONAL CON EL PSOE

05. GOBIERNO DE ESPAÑA, S. A.

06. MORENÉS SUSPENDE EN TRANSPARENCIA

07. EL NÚMERO DOS DE DEFENSA TAMBIÉN ERA PROVEEDOR

08. WERT PONE UN FALSO EJEMPLO DE "ADOCTRINAMIENTO" EN CIUDADANÍA.

09. EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUCITA LA POLÉMICA AL DESVIRTUAR CIUDADANÍA

10. WERT UTILIZA DE NUEVO UN BULO PARA JUSTIFICAR SUS DECISIONES

11. GALLARDÓN PLANTEA EL DIVORCIO ANTE NOTARIO AUNQUE HAYA MENORES

12. CAÑETE ENMIENDA A LA TOTALIDAD LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

13. SANIDAD QUIERE REVISAR LA DISPENSACIÓN SIN RECETA DE LA PÍLDORA POSCOITAL

14. EL PRESIDENTE PREMIA A TRILLO CON LA EMBAJADA EN ESTADOS UNIDOS

15. LA CEOE PIDE REBAJAR PRESTACIONES PARA EQUILIBRAR LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

16. NUTRIDA PRESENCIA DEL PP EN LA POSESIÓN DEL FISCAL TORRES-DULCE

17. EL BULO DEL 11-M SE ENQUISTA

18. CASO GURTEL: CORREA PODRÁ SALIR DE LA CÁRCEL CON UNA FIANZA DE UN MILLÓN DE EUROS

19. CASO GÜRTEL: EL JUEZ DA CINCO DÍAS PARA RECURRIR LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS

20. CASO GÜRTEL: CAMPS DA LAS GRACIAS A LA MACARENA

21. CASO GÜRTEL: EL MILLÓN QUE CAMPS CONSIGUIÓ A LA HERMANDAD DE LA MACARENA

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22. CASO GÜRTEL: EL CONSELL DICE QUE CAMPS SE MERECE UNA SALIDA POLÍTICA EN ESPAÑA

23. CASO GÜRTEL: EL NUEVO FISCAL DEL ESTADO RECHAZA RECURRIR LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS

24. CASO GURTEL: CRESPO SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR 100.000 EUROS DE FIANZA

25. CASO GURTEL: HACIENDA DESTAPA UN GRAVE DELITO FISCAL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

26. CASO GURTEL: GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS

27. C. A ANDALUCÍA: LA JUNTA EXPEDIENTA A UN CARGO DEL PP POR SUSTRAER DOCUMENTOS DE LOS ERE

28. C.A ANDALUCÍA: ARENAS RENUNCIÓ AL SUELDO DEL PP TRAS EL ESCÁNDALO POR SUS INGRESOS

29. C.A ANDALUCIA: EL PP LE SIGUE PAGANDO LAS FACTURAS A ARENAS

30. C.A ANDALUCIA: EL PSOE VE ‘CASUALIDADES’ ENTRE EL ALCALDE DE SEVILLA Y EL DESPACHO GARRIGUES

31. C. A ANDALUCÍA: ZOIDO DEJA A PILAR BARDEM SIN AVENIDA

32. C. A ASTURIAS: CASCOS CONVOCA ELECCIONES EN ASTURIAS TRAS NO PODER APROBAR EL PRESUPUESTO

33. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL DEJA SIN FONDOS A INVESTIGADORES DE PARAPLEJIAS

34. C.A CASTILLA LA MANCHA: LA DECLARACIÓN DE BIENES DE COSPEDAL, BAJO SOSPECHA: ‘DESAPARECEN’ DE SUS CUENTAS BANCARIAS 438.000 EUROS

35. C. A GALICIA: EL PP DE OURENSE CONSAGRA LA SUCESIÓN DE BALTAR POR BALTAR

36. C.A GALICIA: 400 BENEFICIADOS POR SU REPARTO DE EMPLEOS DESPIDEN CON VÍTORES AL PRESIDENTE DIMITIDO

37. C. A MADRID: ALTOS CARGOS MUNICIPALES USABAN DE COCHE OFICIAL EL DE UNA CONTRATA

38. C.A MADRID: CALVO ADMITE EL USO INDEBIDO DE COCHES DE CONTROL DE TRÁFICO

39. C.A MADRID: LISSAVETZKY PIDE MEDIDAS INMEDIATAS E INFORMACIÓN DEL 'CASO SEMÁFOROS'

40. C.A MADRID: LOS FORMADORES DE DESEMPLEADOS NO COBRAN DESDE MAYO

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41. C.A MADRID: LA SANIDAD MADRILEÑA PLANTEA LÍMITES A LA ASISTENCIA A CRÓNICOS

42. C.A MADRID: AGUIRRE "TOCARÁ LAS NORMAS URBANÍSTICAS QUE HAYA QUE TOCAR" PARA LOGRAR EL CASINO

43. C. VALENCIANA: LA GENERALITAT DEBE 2.000 MILLONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y LES OFRECE 20

44. C. VALENCIANA: EL PSPV CRITICA EL "TRATO DE FAVOR" A LA FAMILIA DE JUAN COTINO

45. C. VALENCIANA: EL CONSELL ADJUDICÓ A SEDESA DOS OBRAS SIN HABER GANADO LOS CONCURSOS

46. C. VALENCIANA: COTINO GASTÓ 364 EUROS EN ENVIAR A ITALIA TRES CAJAS DE NARANJAS

47. C. VALENCIANA: CANAL 9 ABONÓ 634.000 EUROS POR TRES REPORTAJES DE SESGO ULTRACONSERVADOR

48. C. VALENCIANA: EL PP ARROPA A LA NOVIA DE CARLOS FABRA COMO VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN

49. C. VALENCIANA: UN AEROPUERTO PARA PROTESTAR

50. C. VALENCIANA: LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS DA AIRE A CASTEDO POR SU ACUSACIÓN EN BRUGAL

51. C. VALENCIANA: ENRIQUE CRESPO DIMITE Y DEJA EL PP POR EL CASO EMARSA

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52. C. VALENCIANA: FIANZA DE 25 MILLONES EN EL CASO POR EL SAQUEO DE EMARSA

01. RAJOY HABLARÁ EN EL CONGRESO EL MIÉRCOLES, TRAS 50 DÍAS EN LA MONCLOA

A los 50 días de llegar a La Moncloa, Mariano Rajoy comparecerá en el pleno del Congreso. No lo hará de forma extraordinaria para informar de las medidas económicas que ha tomado o para debatir sobre las que debe tomar, sino en cumplimiento del deber parlamentario de dar cuenta de las cumbres europeas.

El presidente del Gobierno subirá a la tribuna del pleno el próximo miércoles, por primera vez desde que asumió el cargo, según se decidió ayer en la Mesa del Congreso y la Junta de portavoces. Una vez que dé cuenta de la última cumbre europea, responderá a la oposición en su primera sesión de control como presidente del Gobierno.

Será también la primera vez que intervenga en el pleno como secretario general del PSOE quien gane el congreso de este fin de semana en Sevilla. Alfredo Pérez Rubalcaba ya actuó como portavoz de la oposición en el debate de investidura de Rajoy, mientras que Carme Chacón se estrenaría en esa condición.

La coartada del PSOE

El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, explicó ayer que las comparecencias de Rajoy se han ido demorando a la espera de que sea elegido el líder de la oposición, ante el vacío de poder en el PSOE tras las elecciones. Hace un mes, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, aseguró que el presidente retrasaba su comparecencia por "economía procesal". Pero Alonso cambió ayer de argumento y dijo que sería una "descortesía parlamentaria" convocar un debate sobre economía antes de que el principal partido de la oposición elija a su nuevo líder.

El PP utiliza también el argumento del vacío de poder en el PSOE para excusarse por la falta de contactos con el principal partido de la oposición para negociar las medidas a aprobar y para cubrir las vacantes institucionales pendientes. Fuentes del Gobierno aseguran que, una vez que pase el congreso del PSOE, Rajoy tiene intención de iniciar el diálogo con el líder de la oposición. En esas conversaciones abordarán el nombramiento del director general de RTVE, las vacantes en el Tribunal Constitucional y el nombre del Defensor del Pueblo, pendientes todos ellos desde la anterior legislatura. Según esas fuentes, el Ejecutivo tiene ya decididos esos nombres, a la espera de iniciar las conversaciones con el PSOE.

www.elpais.es 01.02.12

02. RAJOY ASUME QUE LA REFORMA LABORAL PROVOCARÁ UNA HUELGA GENERAL

"El Gobierno tiene que tomar decisiones que no van a gustar a mucha gente" - Recuerda que la reforma del PSOE provocó un paro "y no sirvió para nada"

Mariano Rajoy tiene asumido que la reforma laboral que ultima el Gobierno, con el propósito de aprobarla a mediados de febrero, provocará la primera huelga general de su mandato. Se lo confesó a su homólogo finlandés, Jirki Katainen, en una charla informal al inicio de la reunión del Consejo Europeo.

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"Este viernes hemos hecho la Ley de Estabilidad. El viernes que viene la reforma financiera. Luego la laboral. La [reforma] laboral me va a costar una huelga [general], se sinceró el presidente español sin ser consciente de que las cámaras de televisión estaban grabando sus palabras. "No era una conversación pública", se excusó cuando fue preguntado por los periodistas. [El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, señaló que la referencia sobre la huelga hecha por Rajoy es una frase dicha "coloquialmente" que "no hay que tomar al pie de la letra"].

Haciendo de la necesidad virtud, Rajoy reconoció que había evaluado la posibilidad de que la reforma laboral provoque una huelga general, ya que esta es la respuesta que dieron los sindicatos a la que hizo el PSOE y que "no sirvió para nada"; es decir, que no tuvo la envergadura de la que él prepara.

Aún así, Rajoy está dispuesto a seguir adelante con ella, porque es "la que España necesita", porque en España el ajuste "se ha hecho sobre el empleo" y porque "la reforma laboral es hoy imprescindible". Tras felicitarse por el acuerdo al que han llegado los agentes sociales sobre moderación salarial, recordó que sindicatos y patronal no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre la negociación colectiva y, en esas condiciones, "el Gobierno tiene que gobernar y tomar decisiones". Y esas decisiones, las que ya han tomado y las que se propone tomar, "no le van a gustar a mucha gente".

Rajoy parece haber aceptado que la popularidad con la que llegó a La Moncloa puede esfumarse sin respetar siquiera los 100 días de gracia de que disfrutan todos los gobernantes cuando llegan al poder. "Siempre es duro, pero ahora viene lo más duro", se sinceró con el primer ministro holandés, Mark Rutte, en otra conversación grabada furtivamente por los micrófonos. "Ahora vienen los asuntos más complicados. Es que nos dejan una herencia muy complicada, con más del 8% de déficit. Las previsiones de crecimiento este año son muy malas", le confesó.

A pesar del tono sombrío de sus palabras, Rajoy se declaró "contento" con el balance de su primera cumbre. La causa de su satisfacción es que "lo que está haciendo España es lo que se está apoyando en la UE". Es decir, que los Gobiernos europeos, abrumadoramente conservadores, respaldan la política económica del Gobierno conservador español. Incluso, en el comunicado final hay un respaldo expreso a las medidas adoptadas por Rajoy, en España, y Monti, en Italia, a quienes se insta a profundizar en el saneamiento presupuestario y las reformas estructurales.

Pero el apoyo no fue mucho más allá de una mera declaración. La cumbre respaldó la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede), el cortafuego destinado a proteger a los países más vulnerables del euro, como España, del incendio griego. La canciller alemana, Angela Merkel, no aceptó, sin embargo, poner un euro más de los 500.000 millones previstos pese a las advertencias, entre otros, del FMI de que puede quedarse corto. Eso sí, en marzo se revisará de nuevo si su volumen es suficiente y España, en todo caso, no tiene previsto recurrir a él para sanear su sistema financiero.

Rajoy presentó como un triunfo la decisión de reorientar hacia programas de fomento del empleo juvenil y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas los remanentes no asignados del Fondo Social Europeo y de los fondos de cohesión, unos 82.000 millones en total, de los que 10.700 corresponden a España. Los países con más de un 30% de desempleo juvenil -como España, que bate el récord europeo con casi el 50%- deberán presentar en abril un plan de acción en cuya elaboración participarán sindicatos, patronal, Gobierno y expertos de la Comisión Europea, que viajarán a los países afectados para estudiar la situación. "Alemania está decidida a hacer todo lo posible para reducir el paro juvenil, que registra tasas muy altas en algunos países como España", proclamó Merkel. Aún así se descarta inyectar nuevos fondos, habrá que apañarse con los que sea posible rebañar del presupuesto que acaba en 2013.

www.elpais.es 31.01.12

03. EL GOBIERNO SE ENREDA (OTRA VEZ)

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Rajoy cree que la reforma laboral provocará una huelga, Báñez que recibirá el respaldo de "todos" y Alfonso Alonso espera "apoyo y algo más de comprensión"

El Gobierno del PP tiene una certeza y muchas dudas. Es seguro que aprobará una reforma del mercado de trabajo, tal y como exigen Bruselas y Alemania. Lo que ya no tiene tan claro es cómo encajará la ciudadanía los cambios.

Todo depende del político que se pronuncie. Por orden de relevancia institucional el presidente del Gobierno es, de lejos, el más pesimista. Mariano Rajoy considera que la reforma laboral "me va a costar una huelga", dando por descontado la respuesta en la calle.

En el lado opuesto de Rajoy se sitúa la Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, quien dice estar "segura" de que la reforma (que será "completa y equilibrada", ha señalado) contará con "el respaldo de todos los ciudadanos". Ni uno más ni un menos. De "todos".

En el punto intermedio entre las manifestaciones en la calle y el apoyo unánime se ha hecho un hueco el portavoz del grupo del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, cuyas aspiraciones pasan por que la futura reforma laboral encuentre "apoyo y algo más de comprensión".

Y hace un guiño a Rajoy a al advertir de que la huelga general no es el mejor camino para salir de la crisis económica, porque con 5,2 millones de parados el país "no está para andarse con paños calientes".

Las contradicciones entre los miembros del Ejecutivo se están convirtiendo en algo habitual poco más de un mes después de que comenzara a trabajar. Las diferencias de criterios entre el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos, han obligado a intervenir a la ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, para templar ánimos y desmentir a uno o a otro.

www.publico.es 31.01.12

04. RAJOY CONSAGRA EL DÉFICIT CERO Y ROMPE EL PACTO CONSTITUCIONAL CON EL PSOE

Guindos explica en Davos que van más lejos que la UE como gesto a los mercados

No fue ni mucho menos el mensaje central de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Es más, Cristóba Montoro, responsable de Hacienda, lo leyó de pasada. Él estaba concentrado en demostrar firmeza frente a las autonomías y en amenazar con intervenirlas si no reducen su déficit. Pero el ministro de Economía, Luis de Guindos, sí lo vendió en Davos (Suiza), donde casi todo se dice para los mercados como lo que es: un bombazo incluido por sorpresa en la ley de estabilidad financiera, aprobada ayer en un Consejo de Ministros en el que Guindos no estuvo. El Gobierno ha decidido ir mucho más allá de lo previsto. Incluso más lejos que la Unión Europea. Y ha aprobado un texto que implica sancionar no ya la estabilidad presupuestaria -años de superávit que equilibran a los de déficit- que había pactado con el PSOE, sino el déficit cero, una vieja aspiración de los liberales del PP.

El Gobierno retendrá el 0,2% del PIB de autonomías que no cumplan

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La Unión Europea acepta un déficit estructural del 0,5%. PSOE y PP pactaron en agosto un déficit estructural en España más bajo: el 0,4%, siempre a partir del 2020. Alfredo Pérez Rubalcaba, presionado por la izquierda y con unas elecciones en ciernes, logró entonces que no hubiera ninguna cifra en aquella reforma exprés de la Constitución. Se pactó que una ley orgánica -la que se aprobó ayer- desarrollaría el pacto para fijar un déficit del 0,4%. Pero ayer, por sorpresa, el Gobierno incluyó un párrafo que dice algo muy distinto a lo que se planteó en el pacto constitucional. Allí se firmó que solo los Ayuntamientos irían a déficit cero, mientras el Estado podía ir hasta 2,6 y las comunidades a 1,4. El texto aprobado ayer es muy claro: "Todas las Administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit computado en términos SEC (Sistema Europeo de Cuentas). Ninguna podrá incurrir en déficit estructural". Esto es, déficit cero para todas. El límite del 0,4% solo se podrá alcanzar, dice el texto, "en caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo". Nada de esto estaba en el

pacto. Y por último dice: "También se podrá presentar déficit estructural en situaciones excepcionales (catástrofes naturales, recesión económica o situación de emergencia extraordinaria)". El pacto PSOE-PP partía de ese 0,4%, ahora solo se justifica con situaciones muy excepcionales.

Valeriano Gómez, del PSOE, es tajante: "No nos ha gustado nada. A la espera de conocer el texto definitivo -solo se hizo pública la referencia que la resume pero no la ley- esto va mucho más allá del pacto que alcanzamos y se acerca al déficit cero que nosotros no apoyamos".

Y sin embargo, mientras Guindos lo vendía ante el mundo financiero en Davos como una decisión drástica para "lanzar una señal a los mercados", Montoro lo explicaba en La Moncloa como algo normal "fruto del pacto PSOE-PP al que ahora se intentará sumar a otros grupos". Soraya Sáenz de Santamaría incluso anunció que se iniciarán los contactos con otras formaciones -el socio preferente es CiU- como si lo del PSOE estuviera hecho. No es así.

Montoro incidió ayer en las sanciones a las comunidades, con la posibilidad de que una delegación de sus técnicos del ministerio las "visite" cuando incumplan su objetivo. El ministro lo comparó con lo que hace la Unión Europea con países en problemas, como Grecia: "Se presenta allí la llamada troika y la visita no es amable. Es una forma de intervención. Se pone los deberes y se trabaja en paralelo".

No es el único mecanismo de presión. También se podrá retener en las arcas del Estado un 0,2% del PIB de esa comunidad a modo de aviso. Si persiste el incumplimiento seis meses, ese dinero se convertiría en una multa y lo perdería. Por ejemplo, si la sanción fuera aplicable ahora sobre la Comunidad Valenciana, una de las autonomías con más deuda y déficit, debería constituir un depósito de unos 200 millones de euros. Cataluña, con una deuda desbocada, debería destinar unos 400 millones a ese fondo.

Claro que Montoro insistió en que no dejará caer a ninguna autonomía. El ministro evitó recordar que todas las autonomías deben bajar al 1,3% de déficit este año -algunas cerraron 2011 en el 9% como Castilla-La Mancha-. Y será el ministro el que decida a cuáles se sanciona. En Hacienda confían en que eso no ocurra.

Estos gestos reiterados parecen cundir en los mercados. La prima de riesgo española, el indicador que mide el grado de desconfianza que genera la deuda de un país, cayó ayer con fuerza, hasta los 310 puntos básicos, el nivel más bajo desde que Mariano Rajoy comunicó su Gobierno.

www.elpais.es 28.01.12

05. GOBIERNO DE ESPAÑA, S. A.

El Ejecutivo se suma a la ola tecnócrata que recorre la UE con el fichaje de ejecutivos de los principales sectores económicos. El mundo de las finanzas copa puestos clave a las puertas de la reestructuración que exige Europa

Cuando, el pasado martes, los altos ejecutivos de las grandes empresas se reunieron solemnemente con el Gobierno del PP en el Palacio de Viana de Madrid para potenciar juntos la marca España, es posible que dedicaran un buen rato a darse recuerdos antes de ponerse a trabajar.

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El presidente de Endesa, Borja Prado, por ejemplo, podía mandar saludos al ausente ministro de Economía, Luis de Guindos, que se sentó en su consejo hasta el mismo momento en que Mariano Rajoy formó gobierno. Y Matías Rodríguez Inciarte, que acudió en representación del Banco Santander, preguntar por el exjefe de la asesoría jurídica del banco, Jaime Pérez Renovales, reclutado por Soraya Saénz de Santamaría como subsecretario de Presidencia. O el máximo ejecutivo del BBVA, Francisco González, interesarse quizá por Román Escolano, su director de Relaciones Institucionales hasta hace apenas un mes, cuando fue nombrado

presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO). O Florentino Pérez (ACS) indagar sobre Marta Silva, la secretaria de su primer mandato en la Junta del Real Madrid y ejecutiva de su máxima confianza, a quien el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha designado abogada general del Estado.

"La gestión mejora con tanta experiencia", dice un experto del IESE

La lista es larguísima: el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, podría haber preguntado a su vez por el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, que en plena guerra con ACS firmó, desde la consultora NERA, un dictamen por encargo de la eléctrica dándole la razón. Y James Muir, presidente de Seat, tuvo la oportunidad de dejar atrás rencillas del pasado e interesarse por Luis Valero, flamante secretario de Estado de Industria y pymes tras años al frente de Anfac, la patronal del automóvil.

Lobbies en el Consejo

Mariano Rajoy ha situado en el Consejo de Ministros a destacados miembros del lobby financiero el propio Luis de Guindos, exdirectivo de Lehman Brothers en España y consejero del Banco Mare Nostrum, al frente de Economía, el armamentístico Pedro Morenés, consejero de hasta seis compañías del ramo en la cartera de Defensa, y el petrolero, con Miguel Arias Cañete como titular de Medio Ambiente, entre otros.

"La captura del regulador lleva al desastre", avisa un profesor de Esade

Pero ha sido con el nombramiento de los siguientes escalafones del Gobierno secretarios de Estado, subsecretarios, presidentes de organismos oficiales cuando la impronta "tecnócrata" ha quedado más apuntalada, con vinculaciones directas en prácticamente todos los grandes sectores económicos de España.

"Aquí no estamos tan acostumbrados a este fenómeno, pero en países anglosajones es lo habitual", opina José Ramón Pin, profesor de Ética Empresarial de la escuela de negocios IESE. A su juicio, se trata de una característica globalmente positiva: "En un Ejecutivo que reúne tanta experiencia en situaciones tan distintas, la capacidad de gestión aumenta", sostiene.

Este es precisamente el razonamiento del Gobierno: atraerse a los mejores profesionales para que el Ejecutivo sea más competente. De hecho, esta es una de las características que mejor describe la ola tecnócrata que recorre la UE tras la sucesión de victorias electorales de la derecha: la inclusión en el Consejo de Ministros de ejecutivos procedentes directamente de la gran empresa en general y del sector financiero en particular.

Catalunya abrió camino al entregar la sanidad al jefe de la patronal privada

El nacionalista Artur Mas abrió en España el camino que ahora ha seguido Rajoy. Tras el triunfo en las autonómicas de 2010, Mas formó un equipo de importante componente tecnócrata, que llamó "el Gobierno de los mejores" y que incluye al frente de Sanidad a Boi Ruiz, el exjefe de la patronal sanitaria privada, que simboliza también la otra cara de la moneda: el potencial conflicto de intereses. No necesariamente desde un punto de vista personal la ley regula los casos que obligan a inhibirse o a abstenerse, como político: ¿la gestión del consejero de Sanidad, que promueve drásticos recortes y niega incluso que la salud sea un derecho, busca realmente la mejora de la sanidad pública o reforzar a sus colegas de la patronal privada?

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El mismo debate es especialmente vivo en el sector financiero y en toda la UE: destacados ejecutivos de la gran banca han ido copando los puestos económicos clave en los países de la UE a medida en que aumentaba la presión para regular el sector. Hoy su huella alcanza ya 17 de los 27 ejecutivos comunitarios, pese a que todos los expertos sitúan a la gran banca de inversión en el origen del crash.

Captura del regulador

Inurrieta: "No se sabe dónde acaba el Ibex y dónde empieza el Gobierno"

"El problema es claro y tiene un nombre académico: la captura del regulador", advierte Antoni Comín, profesor de Ciencias Sociales de la escuela de negocios Esade, quien explica el concepto así: "El servidor público que debe regular un sector es capturado por técnicos procedentes de ese mismo sector, al que lógicamente volverá, y muy bien retribuido, cuando regrese al sector privado".

"Esto es precisamente lo que ha sucedido con la crisis y nos ha llevado a la catástrofe", recalca Comín. Y concluye: "Pese a ello, el fenómeno se extendió también a la Unión Europea y ahora llega a España con gran intensidad".

La banca tiene una gran presencia en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Empezando por el ministro de Economía, Luis de Guindos, el hombre de Lehman Brothers en España cuando el banco quebró, que luego pasó a Nomura y después al área financiera de PwC y al consejo del Banco Mare Nostrum. Pero va mucho más allá: tanto en su equipo como en el del otro polo económico del Gobierno el de Cristóbal Montoro en Hacienda abundan los ejecutivos procedentes del sector financiero.

El Ejecutivo ha aprobado ya varias medidas de alivio al sector financiero

"Todas las patas principales del sector están muy bien representadas en los puestos clave: la banca de inversión internacional, con Barclays y antiguos ejecutivos de Lehman Brothers; la gran banca nacional, con el Santander y el BBVA; las consultoras financieras [PwC y NERA, vinculada a Marsh & McLennan] y los seguros y fondos de pensiones privados, como Mutua Madrileña", subraya Alejandro Inurrieta, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.

El fichaje de Flavia Rodríguez-Ponga para la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía es un ejemplo de lo que en el mundo anglosajón se conoce como "puerta giratoria": fue durante 12 años alto cargo de esta misma dirección general hasta que, en 2004, tras la victoria del PSOE, se convirtió en ejecutiva de Mutua Madrileña, una de las empresas punteras del mismo sector que supervisaba desde el Ministerio. Y ahora se completa al emprender el camino de regreso, al frente de la dirección general, justo en el momento en que los fondos de pensiones privados sufren una importante crisis y su patronal reclama nuevas exenciones fiscales y la reforma urgente del sistema público para empujar a los ciudadanos hacia los fondos privados.

Desembarco

La "puerta giratoria" es completa en la Dirección General de Seguros

El jueves, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que el Gobierno mejorará la fiscalidad de los planes de pensiones privados, pese a que esta misma semana la OCDE think-tank de los países ricos, referencia de la ortodoxia liberal advertía de que estas ayudas fiscales son ineficientes y sugería incluso su eliminación.

El desembarco masivo de ejecutivos procedentes del sector financiero en el Gobierno de Rajoy no se produce en un momento cualquiera: coincide con la exigencia de la UE de una restructuración a fondo de la banca, lo que se ha convertido también en una des las grandes prioridades del Ejecutivo.

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Pese a que el sector está en ebullición y, por tanto, no todos los actores tienen exactamente los mismos intereses, los elogios a los primeros pasos del nuevo Ejecutivo han sido notables. El viernes, en una entrevista en The Wall Street Journal, el presidente del BBVA, Francisco González, no ocultaba su euforia: "El nuevo Gobierno está absolutamente comprometido a resolver los problemas del sistema financiero español de una vez por todas", explicaba.

El secretario de Estado de Economía apoyó a Iberdrola frente a ACS

Optimismo

El banquero se mostraba optimista también ante la evolución de la UE, "una vez se han ido los gobiernos que lo han hecho mal", una alusión, según el rotativo estadounidense, a Silvio Berlusconi y José Luis Rodríguez Zapatero.

De Guindos ha mantenido formalmente una actitud de dureza ante el sector financiero, instándole a emprender una restructuración rápida, una recapitalización de al menos 50.000 millones y límites salariales en los bancos receptores de dinero público. Pero más allá de las palabras, con apenas una semana en el cargo, ya tomó tres medidas simultáneas que supusieron un gran alivio para el conjunto del sector. Y también para BMN, que, según la mayoría de analistas, es uno de los candidatos a solicitar dinero público y en cuyo consejo se sentaba el ministro.

Las tres medidas se incluyeron en el decreto del 31 de diciembre que prorrogó los presupuestos: autorizó al Estado a otorgar avales al sector financiero por valor de 100.000 millones, prorrogó el plazo legal para que el suelo rústico conste en los balances como tal y no como urbanizable loque, según cálculos de Inurrieta, salvó a la banca de provisionar 30.000 millones y evitó que las cajas se vean obligadas a reconvertirse en fundaciones si pasan a controlar menos del 50% del capital del banco con el que ejercen la actividad financiera, lo que amenazaba, sobre todo, a Bankia.

"En toda el área económica puede haber sospecha de conflicto de intereses", advierte Inurrieta, quien re-curre a la ironía: "Ahora no se sabe muy bien dónde acaba el Ibex y dónde empieza el Gobierno".

El marco legal

Ley de 2006

José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en su primer mandato una ley para regular los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos.

Inhibición y abstención

La norma obliga a ministros y altos cargos "a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte".

También los familiares

La obligación de inhibirse o abstenerse no sólo se da ante materias relacionadas con la actividad previa del alto cargo, sino también la de "su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad, o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público".

www.publico.es 29.01.12

06. MORENÉS SUSPENDE EN TRANSPARENCIA

El titular de Defensa oculta datos sobre su relación con la industria militar

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Pedro Morenés juró su cargo como ministro de Defensa el pasado 22 de diciembre. En ese momento, hace ahora poco más de un mes, estaba relacionado, según datos del Registro Mercantil consultados por Público, con un mínimo de ocho empresas.

Pese a que el titular de Defensa integra un Gobierno que se ha marcado la transparencia como una de las señas de identidad a proyectar, el Ministerio ha declinado contestar las preguntas que este medio le remitió el viernes sobre las actividades empresariales de su máximo responsable (ver recuadro).

Cuando llegó al Ministerio, tenía vínculos con al menos ocho empresas

El pasado muy reciente, por cierto de Morenés con el mundo de la empresa ya le ha empezado a causar algunos problemas. Por ejemplo, el pasado jueves, cuando el ministro facilitó datos erróneos en el Congreso de los Diputados sobre su relación con Instalaza, el principal fabricante espa-ñol de bombas de racimo. Según precisó el ministro a preguntas de Joan Tardà, portavoz de ERC en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, fue "consejero de la empresa Instalaza del año 2005 al año 2007". Dijo que es eso precisamente lo que refleja el Registro Mercantil, obviando que la misma fuente a la que él había aludido le relaciona con esta firma con sede en Zaragoza hasta septiembre de 2011.

Según figura en el Registro Mercantil, Morenés cesó como consejero en mayo de 2007 y su lugar lo ocupó la empresa Boguillas SL. Una firma que tiene como socio y administrador único al propio ministro. Fue el 4 de octubre de 2011 cuando el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el cese de Boguillas SL como consejero de Instalaza y de Morenés como su representante. Instalaza reclama al Gobierno español 40 millones de euros en concepto de desagravio por la prohibición de la fabricación de bombas de racimo en España a raíz de la firma del Tratado de Dublín.

Pese a toda esta información, fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron que cualquier dato que relacione a Morenés con Instalaza, bien directamente o bien como representante de Boguillas SL, más allá de 2007 es "erróneo". Esto implicaría que los datos del Registro Mercantil no son exactos.

Algunas de estas firmas tienen relación con el sector de la seguridad

Boguillas SL tiene sede en un despacho de abogados de la calle Padilla de Madrid. En esa misma dirección también tiene su sede Security Technologies and Systems I-Sec Iberia SL. Según datos del Registro Mercantil, el objeto social de esta última es "la mediación en la realización de proyectos y estudios técnicos en el sector de la seguridad" y "la prestación de servicios de consultoría y promoción en el sector de la seguridad".

En esta empresa, Morenés también figura como administrador único. Su socio único es, a su vez, Boguillas SL.

Largo historial

Las otras empresas en las que figuraba Morenés, según el Registro Mercantil, son Aritex Cading SA, Remolcadores de Puerto y Altura SA, Gamo Outdoor SL y Kuitver Estudios SL. Además, era presidente de Segur Ibérica, la firma de segurida privada que presta servicio a los atuneros españoles que operan en el Índico.

A este listado empresarial hay que añadir su cargo en MBDA. Cuando fue nombrado ministro de Defensa, Morenés era presidente ejecutivo en España de esta empresa fabricante de misiles. Ocupaba este cargo desde junio de 2010.

El ministerio de Defensa tiene contratos en vigor con MBDA y deberán ser gestionados ahora por su expresidente ejecutivo en España. Existe la posibilidad de que algunos de estos contratos tengan que ser rescindidos por incumplimientos, según sostienen fuentes del sector.

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Tres preguntas que no responde el ministro

1. Según consta en el Registro Mercantil, y así lo declaró Morenés, Boguillas SL es una empresa unipersonal de la que el ministro es socio único. Si no es esa la situación actual de la compañía, ¿por qué no inscribió el cambio en el Registro, tal y como establece la ley?

2. Boguillas SL tiene sede en Padilla, 82 (Madrid). En el mismo domicilio tiene sede otra empresa: Security Technologies and systems i-sec Iberia SL. Esta última también aparece vinculada al ministro de Defensa en el Registro Mercantil. ¿Security Technologies sigue vinculada al ministro o el dato también es “erróneo” y tampoco comunicó el cambio al Registro?

3. ¿Va a rescindir el Ministerio de Defensa la compra de misiles de corto alcance IRIS-T con la empresa MBDA? De acuerdo con la información de la que dispone este periódico, estos misiles no cumplen los requisitos para los que fueron adquiridos en la época en la que Morenés trabajaba para la citada empresa. ¿Es cierto? ¿Cobró el ministro comisiones por esta venta?

www.publico.es 29.01.12

07. EL NÚMERO DOS DE DEFENSA TAMBIÉN ERA PROVEEDOR

El secretario de Estado, Pedro Argüelles, era presidente de Boeing España

Cuando se conoció que el elegido para Defensa era Pedro Morenés, se destacaron tres características: que ya había pasado por el Ministerio, que posteriormente ocupó puestos directivos en empresas proveedoras de Defensa y que era amigo del rey.

El perfil de su segundo, Pedro Argüelles, el nuevo secretario de Estado de Defensa, es muy parecido: también había sido alto cargo en el Ministerio con el PP director de Gabinete de Eduardo Serra entre1996 y 2000 y ejecutivo de una gran empresa proveedora del departamento: hasta su nombramiento, era presidente de Boeing España. Además, a finales de la década de 1980, ocupó puestos directivos en Asturiana de Zinc cuando la presidía Francisco Javier Sitges, uno de los empresarios más próximos al rey.

Según el Centro de Estudios para la Paz JM Delàs, vinculado a Justícia i Pau y el mayor experto en España en el rastreo de la venta de armamento, "Boeing es la tercera empresa de armas más importante del mundo en cifras de ventas de 2009".

"Es un gigante de la industria militar que ha hecho buenos negocios con España", subraya Jordi Calvo, investigador del centro, que aporta varios ejemplos: "La adquisición a Boeing en el pasado de los aviones de combate F-18, utilizados en la reciente operación militar aliada en la guerra de Libia; los Harrier o los he-licópteros militares Chinook".

El Centro Delàs vincula también a Boeing con la fabricación de armas nucleares, a través de la producción de los misiles Minutenam, integrados en el programa de defensa nuclear de EEUU.

"Escandaloso e increíble"

"La elección de Morenés ya era escandalosa para dirigir el Ministerio de Defensa porque es un representante destacadísimo y directo del complejo militar-industrial, pero, tras la designación de Argüelles como número dos, la situación es ya simplemente increíble", sostiene Calvo, quien apunta el factor añadido de la crisis económica: "En un momento en que los recortes en el gasto militar parecerían obligados, es muy inquietante que dirijan el Ministerio dos personas tan vinculadas a la industria que vende sus productos al Ministerio". "¿Cómo evolucionarán los contratos de España a Boeing y MBDA o Instalaza ahora que Defensa tiene como máximos responsables a sus exdirectivos?", se pregunta.

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El Centro de Estudios Delàs tiene registrados al menos dos contratos multimillonarios entre Defensa y MBDA: de un lado, para surtir al Ejército de misiles Meteor (para los F-18 y Eurofigther), estimados en cien millones de euros. Del otro, para la adquisición de misiles

Mistral-2, para los helicópteros Tigre, y valorados, según el organismo de investigación por la paz, en 27,73 millones de euros

www.publico.es 31.01.12

08. WERT PONE UN FALSO EJEMPLO DE "ADOCTRINAMIENTO" EN CIUDADANÍA.

El ministro cita un libro de ideología anticapitalista que nunca fue un manual escolar

El mayor ejemplo de "adoctrinamiento" ideológico en la asignatura de Educación para la Ciudadanía que pone el Gobierno nunca fue un libro de texto, ni un contenido de esa materia. José Ignacio Wert, nuevo ministro de Educación, ha querido defender hoy en la Cadena SER su anuncio de que suprimirá la asignatura para sustituirla por Educación Cívica y Constitucional, en la que se evitarán los asuntos que "dividen a la sociedad". Pero Wert ha citado un ejemplo equivocado al plantear que la asignatura estaba enfocada al adoctrinamiento ideológico e "iba mucho más allá" de la educación cívica que recomendaba incluir en la enseñanza el Consejo de Europa. Algunas de las citas que ha leído el ministro dicen así: "Los capitalistas son como ratones que corren en la rueda cada vez más deprisa". "El capitalismo corre hacia el abismo. Pero ese abismo no es, como muchos marxistas imaginaron, su fin inevitable, que dará paso al socialismo". "El capitalismo rueda vertiginosamente hacia el agotamiento de los recursos ecológicos, hacia la destrucción de este planeta por un desastre nuclear (...) o por una quiebra ecológica irreversible". El texto corresponde al libro Educación para la Ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de derecho, editado por Akal y escrito por Carlos Fernández Liria (profesor de Filosofía en la Universidad Complutense), Pedro Fernández Liria (profesor de Filosofía de Secundaria), Luis Alegre Zahonero (investigador de la Complutense) e ilustrado por el reconocido dibujante Miguel Brieva. Este libro nunca ha sido un contenido de la asignatura, ni pretendía serlo. De hecho, en su presentación, afirma sobre la asignatura introducida en el sistema educativo por el Gobierno socialista: "Este ensayo es un tremendo contraataque a tamaña farsa". Pese a ello, el libro es citado a menudo por medios de comunicación y organizaciones contrarias a la asignatura como ejemplo de cómo se instruye ideológicamente a los alumnos. Instado a ser más concreto sobre si se enseñarán en la nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional asuntos polémicos como los derechos de los homosexuales, el ministro se ha escurrido: "No puedo entrar a ese nivel de detalle". En la explicación de sus planes, el ministro cometió ayer otro error en su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso. Dijo que "difícilmente es imaginable una situación más complicada desde el punto de vista de la gestión de la educación" que la que tienen Ceuta y Melilla, debido a que allí se vive "una avalancha de marroquíes". En cambio, según los datos oficiales de su ministerio, Ceuta es la autonomía con menor porcentaje de alumnos extranjeros, un 2,5%. Melilla tiene un 8,3%. En ambos casos por debajo de la media española, que se sitúa en el 9,6%. En Madrid o Cataluña la tasa supera el 13%. www.elpais.es 01.02.12

09. EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUCITA LA POLÉMICA AL DESVIRTUAR CIUDADANÍA

La Conferencia Episcopal aplaude la medida como un victoria - La reforma de la secundaria le dará un año más también a la FP a costa de reducir la ESO

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Cinco años después, el PP ha reavivado una polémica que parecía muerta. El rechazo a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que encabezaron en un principio los obispos españoles, volvió ayer al hemiciclo de la mano del ministro de Educación, José Ignacio Wert. El nuevo titular de la cartera asumió los argumentos de los sectores conservadores contrarios a la asignatura al decir que Ciudadanía ha creado una polémica y una "seria división social" porque

"iba más allá de lo que es la educación cívica". Y anunció que la sustituirá por Educación Cívica y Constitucional. La vuelta a esta controversia hizo sombra a otros anuncios de calado, como la profunda reforma del sistema educativo que se ha fijado y que quitará un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO, que ahora tiene cuatro), para sumárselo al bachillerato y también a la Formación Profesional de grado medio (ahora tienen dos).

La nueva materia elimina contenidos "controvertidos e ideológicos"

Propone un examen externo cuya nota ayude a los padres a elegir centro

La nueva materia nacerá de eliminar de la antigua las "cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico". Se suprimirá todo lo que no tenga que ver con el conocimiento de la Constitución y sus valores y las instituciones de cualquier sociedad democrática y de la Unión Europea. Esto anularía, por ejemplo, todo el bloque que en secundaria habla de las relaciones interpersonales y humanas.

Wert no ofreció ayer un calendario sobre su sustitución, pero un portavoz aclaró que se hará "cuanto antes, si es posible, para que esté lista el curso que viene". La Conferencia Episcopal Española, que impulsó el boicoteo a Ciudadanía, aplaudió el anuncio, mientras buena parte de la comunidad educativa lo rechazó. La materia, aprobada dentro de la ley educativa de 2006 (LOE), enseña respeto a la diversidad, las relaciones personales, la vida en comunidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución o los derechos humanos. La polémica arrancó con mucha fuerza, pero se ha ido apagando. En el último recuento hecho por este periódico en 2009, eran 114 de 800.000 estudiantes. Además, el Tribunal Supremo concluyó a principios de 2009 que no se puede objetar a esa materia obligatoria, aunque sí recomendaba vigilar los manuales.

El cambio de Ciudadanía no gustó a las asociaciones de padres, sindicatos ni oposición. "Sirve para contentar a sectores extremistas políticos y religiosos", consideraron tanto desde la confederación de padres CEAPA, mayoritaria en la enseñanza pública, como desde el PSOE. Mario Bedera, exsecretario de Estado de Educación y socialista, añadió que "no tiene sentido continuar a estas alturas de la democracia con el debate" sobre Ciudadanía. La decisión "va a crispar a la comunidad educativa", añadió Carlos López Cortinas, de UGT.

El ministro ofreció algún detalle más sobre la reforma que pretende de la secundaria, que consiste en quitarle un curso a la enseñanza común para todos los alumnos, la Educación Secundaria Obligatoria, para sumárselo al bachillerato. El cambio afectará también a la Formación Profesional (FP) de grado medio, pero manteniendo la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años. Así, los alumnos de 15 años deberán decidir si van al bachillerato o a la FP y estarán obligados por ley a cursar, al menos, el primer curso. Incluso si piensan dejar los estudios a los 16 años. La idea de quitarle un curso a la ESO ha sido muy criticada por distintos sectores de la comunidad educativa por sus posibles implicaciones en la igualdad de oportunidades, en la segregación educativa, costes y difícil encaje administrativo y pedagógico. Wert defendió ayer que "no será tal" la segregación, pues también se intenta con el cambio mejorar "la imagen social de la FP". La reforma, añadió, "no tiene orientación ideológica, sino de eficacia". Para ello quiere reunirse con empresarios y agentes sociales. También aclaró que se van a mantener las pasarelas para llegar desde la FP a la universidad.

En su discurso sobre los planes del ministerio, Wert insistió en el diálogo para llegar a acuerdos, en la necesidad de reducir el abandono escolar temprano (28,4%, casi el doble de la media europea) y de buscar la excelencia siendo más eficientes -"hacer más con menos" en tiempos de recortes-. También incluyó algunos detalles que no gustarán nada a la izquierda. Por ejemplo, dijo que la escuela de cero a tres años no es educación, sino conciliación.

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Tampoco gustarán seguramente las pruebas externas para los alumnos, cuyos resultados se facilitarán a las familias para que los empleen en la elección de centros. Esta medida, que Madrid desarrolla desde hace años, ha despertado una amplia polémica en la comunidad gobernada por Esperanza Aguirre.

Wert también reiteró su intención de elaborar un estatuto del docente o extender los centros bilingües para pasar de "estudiar inglés a estudiar en inglés". El ministro se reunirá con todas las comunidades autónomas para definir "de forma común" qué se entiende por bilingüismo. Espera aprobar los cambios a finales de 2012 para que se pueda aplicar a los centros en el curso 2013-2014.

La batalla por la asignatura

- La ley. Abril de 2006. Se aprueba la Ley Orgánica de Educación, que incluye la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en 5º o 6º de Primaria y 2º o 3º de ESO. También se introducen contenidos de esta materia en asignaturas que ya existían: Ética de 4º de ESO y Filosofía de 1º de Bachillerato.

- La objeción. Junio-julio de 2006. El obispo Antonio Cañizares dice que la materia "es un ataque más a la familia". El Foro Español de la Familia llama a los padres a la objeción de conciencia.

- La primera sentencia. Marzo de 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoce, por primera vez, el derecho de unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva) a que su hijo no curse la asignatura. Luego vendrían otras sentencias en ambos sentidos.

- El no del Supremo. Enero-febrero de 2009. El Supremo dice que no se puede objetar. El Ministerio de Educación asegura que la polémica queda zanjada.

- Los libros de texto. Julio de 2009. El TSJA admite a trámite el recurso interpuesto por una familia contra un libro de Educación para la Ciudadanía. En octubre de 2010 se decidió que el libro era adoctrinador, pero, en lugar de prohibirlo, volvió a avalar la objeción del alumno.

- El Constitucional. Diciembre de 2010. El primer recurso de amparo sobre la objeción de conciencia está pendiente de decisión por parte del Tribunal Constitucional. El abogado del Estado argumenta que la educación no es monopolio exclusivo de los padres.

- Enero de 2011. Un juzgado de Madrid anula el suspenso impuesto a una niña que no asistió a clase de Educación para la Ciudadanía, pero hizo el examen y lo aprobó.

www.elpais.es 01.02.12

10. WERT UTILIZA DE NUEVO UN BULO PARA JUSTIFICAR SUS DECISIONES

El ministro Wert cree que los toros deben ser protegidos y por ello anunció su intención de declararlos bien de interés cultural. Entre otras cosas, justificó su decisión asegurando que el Gobierno participaría "activamente en las iniciativas nacionales e internacionales" que se emprendan para considerar a la tauromaquia "patrimonio inmaterial", en referencia a un bulo lanzado por medios taurinos en Francia, desmentido por el Ejecutivo galo. Es la segunda vez en apenas dos días que se deja embaucar por un bulo.

Justo después de haber demostrado el sectarismo de educación para la ciudadanía leyendo una cita de un falso manual de la matería, vuelve a meter la pata. La organización de defensa de los animales Libera ha criticado que que Wert haya “patinado” al dar por cierto que Francia ha declarado la tauromaquia como Bien Inmaterial, “algo que ya fuera desmentido por el Ministerio de Cultura francés”. Según los representantes de esta organización, el ministro “ha cometido el error al dar por ciertas las informaciones que publicaran medios taurinos”. Libera niega en un comunicado que el gobierno de Francia haya declarado a la tauromaquia como Bien Inmaterial “con el supuesto fin de elevar a la UNESCO la solicitud de que esta cruel actividad sea declarada como Bien Inmaterial de la Humanidad”.

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Desmentido de Francia

A este respecto, han explicado que hace meses contactaron con el Ministerio de Cultura francés para conocer exactamente cómo había sido el proceso llevado a cabo para esta declaración. “Inmediatamente”, puntualizan, recibieron una respuesta oficial donde se explicaba “que la tauromaquia no ha recibido ninguna declaración como las que explicaban los medios taurinos, sino que sólo se la incluyó en el inventario de actividades culturales que se desarrollan en territorio galo”. Además, añaden, también se les comunicó que Francia nunca presentará ninguna petición a la UNESCO en este sentido por parte del gobierno ni sus ministerios.

Unos días atrás, informan desde Libera, los medios franceses también se hicieron eco de un comunicado que se envió desde el Ministerio de Cultura de Francia para desmentir las noticias divulgadas por los medios taurinos.

www.elplural.com 03.02.12

11. GALLARDÓN PLANTEA EL DIVORCIO ANTE NOTARIO AUNQUE HAYA MENORES

El ministro quiere desahogar los juzgados sacando las bodas y rupturas de mutuo acuerdo - Los expertos advierten del riesgo de quitar la tutela judicial

Bodas y divorcios ante notario. Es la propuesta del Gobierno para desatascar los juzgados. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer su intención de reformar el sistema para que los matrimonios civiles puedan formalizarse ante fedatarios públicos. También aquellos divorcios en los que hay común acuerdo. La iniciativa, que ayer celebró el Consejo del Notariado, preocupa, sin embargo, a abogados de familia y fiscales. Alertan de que elimina el control judicial sobre las medidas alcanzadas en estos acuerdos de divorcio, pone en riesgo a la parte más vulnerable de la pareja y a los menores, si los hay. En la actual normativa, el Ministerio Fiscal revisa los convenios -también los consensuados- para garantizar que salvaguardan los derechos de los menores. No obstante, Justicia asegura que estos intereses se respetarán.

El sector cree que creará una justicia a dos velocidades: para pobres y ricos

Gallardón cree que el nivel de litigiosidad de España es mayor al de la media europea y que se tramitan en los tribunales asuntos que deberían resolverse por otros cauces, lo que contribuye -dice- a la saturación de la Administración. "No tiene sentido que un divorcio de mutuo acuerdo no pueda ser directamente formalizado ante un notario por las partes. También podría ser aplicado en el matrimonio civil", dijo en una entrevista en la Cope, en la que anunció que impulsará esta ley de mediación y jurisdicción. La medida afectaría a las casi 70.000 parejas que se divorcian por consenso cada año y las cerca de 100.000 que se casan por lo civil.

Justicia no ha calculado aún, sin embargo, cuánto podría suponer el ahorro -económico y temporal- de una propuesta que "aún no es firme" y tiene que perfilarse. El anuncio se produce un día después de la reunión del ministro con miembros del Consejo General del Notariado, en la que los fedatarios se propusieron para asumir nuevas funciones para "descongestionar" los tribunales.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis o Jueces para la Democracia critican que el nuevo sistema puede significar en realidad una privatización de bodas y divorcios. "Puede derivar en una justicia a dos velocidades: una para quien pueda sufragársela y otra para quien carezca de medios", argumenta José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia. Las personas con derecho a la asistencia gratuita, contesta Justicia, también tendrán acceso a esta nueva fórmula.

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"La propuesta, además de ser inconcreta y deslavazada, parece una forma de compensar a los notarios", opina Ángela Cerrillos, presidenta de Themis. "En los procedimientos de familia lo importante no es ahorrar tiempo -porque desde que llegan al juzgado hasta que se resuelven

no suelen dilatarse-, sino garantizar los derechos de las partes más débiles. Tememos que esta medida no lo haga", añadió Cerrillos.

Porque lo que más preocupa a los expertos es que la pérdida de tutela judicial de los procesos de divorcio consensuados repercuta en los más débiles. Consuelo Abril, miembro de la Asociación de Abogados de Familia, cree la medida "un disparate". Se pregunta, además, si será el notario quien analice si lo firmado garantiza los derechos de los menores. "Aunque los dos miembros de la pareja estén de acuerdo con el convenio es el Fiscal quien decide si es bueno para el menor", apunta.

A María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, también le inquieta la posibilidad de que su figura desaparezca en estos procedimientos. Explica que la oposición de la fiscalía a lo acordado no es tan infrecuente. "Solemos hacerlo en los casos en los que no se prevé un régimen de visitas alternativo o se fija uno que es demasiado intensivo para el menor; también cuando se acuerda que una de las dos partes no contribuya a nada", explica.

Justicia cree, por el contrario, que en los divorcios consensuados no tiene por qué haber problemas. "Si se viese que hay algún conflicto con la custodia, por ejemplo, se solicitaría la intervención del fiscal. Siempre van a prevalecer los derechos del niño", dicen fuentes del ministerio.

Pero además de los hijos, alertan los abogados de familia, estos divorcios sin supervisión judicial -el juez también analiza que los términos del acuerdo son correctos para ambas partes- pueden favorecer separaciones desiguales y bajo presión.

Para Patricia Peláez, profesora titular de Derecho Civil de la UNED, la medida esbozada ayer por Gallardón es "problemática". Además de la adecuada protección de los menores, deja otros muchos flecos y dudas sin resolver, plantea. "Puede provocar un eventual encarecimiento de los procesos, porque a los notarios hay que pagarlos -aunque el Gobierno fije para estos asuntos unos aranceles bajos-, a los jueces no", dice. Además, los juzgados tienen establecido un sistema de distribución de los casos, "cómo se hará ese sistema de elección con los notarios, ¿escogeré uno y si no me gusta lo que dice iré a otro?", se pregunta.

Los divorcios, aunque sean de común acuerdo, no siempre son fáciles. Y tienen un recorrido posterior. "A quién se recurrirá después si se quiere revisar la sentencia firmada por el notario porque la situación de una de las partes ha cambiado y se quiere solicitar una revisión", incide Peláez. "Esta medida no sirve para descargar el sistema de trabajo", dice. Tampoco la opción de casarse ante notario liberará a los jueces de grandes cargas. De hecho, la nueva ley de registro civil -de julio de 2011 y que tiene tres años para hacerse efectiva- fija que los jueces ya no se encargarán de los registros civiles y que serán los funcionarios quienes casen (si no se escoge la opción, por ejemplo, de un alcalde o concejal) a las parejas por lo civil.

www.elpais.es 02.02.12

12. CAÑETE ENMIENDA A LA TOTALIDAD LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL

El ministro defiende los trasvases, un recorte de la Ley de Calidad del Aire y la prolongación de las concesiones de casas en la primera línea de playa

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Miguel Arias Cañete ha llegado al medio ambiente. El ministro de Agricultura y Medio Ambiente lanzó ayer una carga de profundidad en su primera comparecencia ante el Congreso al anunciar una enmienda a la totalidad de la legislación ambiental. No es solo la "muy profunda" reforma de la Ley de Costas, sino que adelantó que cambiará la Ley de Calidad del Aire -"para hacerla realista"-, la de Responsabilidad Ambiental, la de Biodiversidad, el decreto de suelos contaminados, la norma de declaración de impacto ambiental, la Ley de Aguas, la de residuos... Ni un pilar de la abundante legislación ambiental se salva de esa revisión, que afectará de lleno a la política de agua, ya que el ministro defendió los trasvases como elementos de "solidaridad".

Los ecologistas alertan de la privatización del litoral

En un denso discurso leído a todo gas ante la Comisión de Agricultura del Congreso, Arias Cañete, criticó duramente la "herencia recibida". El mayor golpe fue para el plan de desaladoras del Gobierno de Zapatero, de las que hay 17 en explotación y 15 en construcción y solo producen "el 16,45% de su capacidad". Las lluvias de los últimos años y las reticencias de agricultores y Ayuntamientos a pagar el alto precio del agua han dejado estas instalaciones como una red de seguridad en caso de sequía, pero no como un abastecimiento firme. Según Cañete, para terminar las desaladoras faltan 762 millones, que se suman a los 1.664 ya invertidos.

El ministro cargó contra la situación de las sociedades estatales de agua, que a corto plazo necesitan 800 millones y se encuentran, según él, en quiebra (aunque no utilizó la palabra). Fuentes del anterior equipo replican que hay negociado un crédito blando de 700 millones con el Banco Europeo de Inversiones.

Como cada ministro que llega a la cartera, Cañete anunció un pacto nacional que calme el avispero del agua. Y pidió un pacto como el de Aznar (suficiente para levantar en armas al Delta del Ebro): "No es incompatible la unidad de cuenca y los trasvases [...] ¿Es que no son utilizables las aguas excedentarias? ¿No existe la solidaridad en este país?".

Cañete añadió que apostará por "nuevas infraestructuras" para "incrementar los caudales en zonas con déficit hídrico". Esto, que el PP de Levante interpretará como un trasvase (sea desde el Tajo Medio o desde el Jarama), irá acompañado de "mercados transparentes de derechos existentes". Se trata de permitir la compra-venta de agua (en teoría un bien de dominio público) entre distintas cuencas.

Cañete cargó contra la "errática aplicación" de la Ley de Costas y afirmó que la norma, vigente desde 1988, demuestra que "frenar la actividad económica no garantiza la conservación" del litoral. Él pretende alargar las concesiones de uso en dominio público (miles caducan en 2018) y autorizar en el litoral "actividades económicas no perjudiciales". Además, agilizará la desafectación del dominio público, el trámite para que la primera línea pase a manos privadas. El anuncio fue muy bien acogido por Coalición Canaria y CiU, tanto como criticado por los ecologistas. "La desafectación es el hilo por el que se puede destejer toda la costa pública", concluyó Juan Carlos del Olmo, de WWF, que vio enormes sombras en el discurso de Cañete.

En su ímpetu reformista apenas queda nada fuera. La Ley de Calidad del Aire será modificada para hacerla "más realista" y confirmó el cambio de postura de España ante el debate sobre si la UE debe pasar de un recorte de emisiones del 20% al 30%. "No puedo decirle que asumo el 30% si no cumplo el 15% [objetivo actual de Kioto para España] y estoy comprando derechos por un tubo. ¿El 30%? ¿Y por qué no el 40%?".

La sesión acabó con protestas porque el presidente, el popular José Ignacio Llorens, cortó a la oposición e impidió un segundo turno de réplica. "Este debate ha durado más que un partido Nadal-Djokovic", justificó ante las quejas del socialista Alejandro Alonso. Eso sí, Cañete-Djokovic habló tres horas y los portavoces de la oposición poco más de 15 minutos cada uno.

www.elpais.es 02.02.12

13. SANIDAD QUIERE REVISAR LA DISPENSACIÓN SIN RECETA DE LA PÍLDORA POSCOITAL

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La dispensación de la píldora poscoital sin receta está en duda. La ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció ayer en el Congreso que ha pedido informes sobre este fármaco. El objetivo es que vuelva a dispensarse con receta, que era como estaba cuando su uso se aprobó en 2001. Esa es la postura que defendió el PP durante la campaña electoral. En 2009 Sanidad lo cambió como parte de las medidas para reducir el número de abortos dentro de la nueva ley de salud sexual y reproductiva. Los informes se han pedido a la Organización Médica Colegial, a la

Sociedad española de Ginecología y Obstetricia, y a la Agencia de Evaluación del Medicamento. Esta no tiene constancia de efectos adversos, pero Mato quiere certificar que no los hay en las mujeres y, sobre todo, en las jóvenes.

La píldora poscoital siempre ha estado en el punto de mira de las organizaciones más conservadoras que la tachan -sin base científica alguna- de abortiva.

En su intervención inicial ante la Comisión de Sanidad, Mato evitó mencionar el copago u otras medidas para ayudar a paliar la crisis financiera del sistema. Pero, preguntada por Gaspar Llamazares (IU) y Pilar Grande (PSOE), sorprendió al dejar la puerta abierta. "Copago, tasas o repago, la decisión la tomará el Consejo Interterritorial", dijo.

Esta postura contrasta con las tajantes afirmaciones de su partido durante la pasada campaña electoral en contra de este tipo de medidas, que solo CiU -con el apoyo del PP- ha aprobado en Cataluña (un euro por receta), aunque todavía no lo ha implantado.

A falta de propuestas concretas, Mato fio la solución a la crisis financiera del sistema sanitario, con una deuda de 15.000 millones, en conseguir un pacto de Estado -parecido al de Toledo para pensiones- para el que empezaría negociando con las comunidades antes de llevarlo al Parlamento. Su fruto más visible sería la cartera común de servicios (algo que ya existe pero no como ley). Eso sí, dijo que no incluiría recortes. La portavoz del PSOE, Pilar Grande, le recordó que una iniciativa similar había fracasado en octubre de 2010 por culpa del PP (y de CiU, que se descolgó a última hora porque las conclusiones del trabajo prohibían expresamente el copago). Esta vez, eso sí, Mato lo tiene más fácil por la mayoría de Gobiernos de su partido en las comunidades.

También descartó la ministra que se vaya a tramitar la ley de muerte digna que el anterior Gobierno envió al Congreso (dijo que tenía "intencionalidad ideológica"). A cambio, ofreció más tratamientos contra el dolor.

Sobre el aborto, anunció que habría promoción de los anticonceptivos y programas de apoyo a las jóvenes para que sepan "que hay otras opciones [antes que abortar]".

www.elpais.es 02.02.12

14. EL PRESIDENTE PREMIA A TRILLO CON LA EMBAJADA EN ESTADOS UNIDOS

José de Carvajal será el representante ante la OTAN

El nombramiento de embajador de Estados Unidos en Madrid ha sido, con frecuencia, una forma de recompensar servicios prestados al partido que conquista la Casa Blanca. No sucedía lo mismo con la Embajada de España en Washington, al menos desde el nombramiento de Julián Santamaría, hace ya 25 años.

Sin embargo, el expresidente del Congreso y exministro de Defensa Federico Trillo-Figueroa, veterano dirigente del Partido Popular, será el próximo embajador español en Estados Unidos en sustitución de Jorge Dezcallar, diplomático de larga trayectoria y exdirector del servicio secreto CNI, según fuentes del PP.

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La noticia la adelantó ayer la agencia Europa Press, que reveló que la decisión se tomó a principios de enero, tras una conversación entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el propio Trillo. Rajoy se había comprometido a buscar acomodo a Trillo, tras dejarlo fuera del Ejecutivo. Le debe, entre otros servicios, haber organizado la defensa de los implicados en la trama Gürtel y haber ejercido sus buenos oficios para lograr la dimisión del presidente valenciano Francisco Camps. Se barajó enviarlo al Vaticano, pero la actual embajadora, María Jesús Figa, lleva menos de un año en el cargo.

La noticia del nombramiento cayó como una bomba en el Ministerio de Exteriores; entre otras razones, porque aún no se ha solicitado el plácet al Departamento de Estado y constituye una descortesía hacerlo público antes de cumplir ese trámite.

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aseguró que el nombramiento aún "no está resuelto" y recurrió a la ironía al recordar la anécdota del general que le confió a Franco que había oído que podía ser ministro. "Pues yo no he oído nada", le contestó el dictador.

Margallo queda en una situación comprometida, ya que anunció públicamente que no habría embajadores políticos -una práctica que el PP criticó duramente desde la oposición- salvo cuando se tratase de "personas extraordinarias en circunstancias extraordinarias".

¿Es extraordinario Trillo o el momento por el que pasan las relaciones entre España y Estados Unidos? Ambas partes no se cansan de repetir que las relaciones se han "normalizado" tras el desencuentro que provocó la retirada de las tropas de Irak. Margallo se entrevistará el sábado, por vez primera, con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, aprovechando la conferencia de seguridad de Múnich (Alemania).

Uno de los temas pendientes es la negociación del anexo al convenio con EE UU que regulará el despliegue en la base de Rota (Cádiz) del escudo antimisiles. La experiencia de Trillo como ministro de Defensa supone una ventaja. Su gran inconveniente, en cambio, es su limitado dominio del inglés. Por eso se marchó en enero a Londres a realizar un curso intensivo, según reveló Europa Press. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, defendió que Trillo tiene un "perfil más que reconocido" para el puesto.

Margallo insistió, por su parte, en que el único nombramiento ya decidido es el del embajador en Sudáfrica, que corresponderá a su hasta ahora jefe de gabinete, Juan Sell. Pero también es inminente el del nuevo embajador en la OTAN, José de Carvajal, que ha sido director general de Asuntos Internacionales de Seguridad y Desarme y subsecretario, así como embajador en Italia e Irlanda. Su principal tarea será preparar la cumbre de la OTAN en mayo en Chicago (EE UU), donde Rajoy espera entrevistarse con Obama.

www.elpais.es 02.02.12

15. LA CEOE PIDE REBAJAR PRESTACIONES PARA EQUILIBRAR LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL El vicesecretario de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la CEOE, Alberto Nadal, aseguró ayer que el sistema público de pensiones solo será viable si se rebajan las prestaciones o se buscan nuevas fórmulas de financiación, además de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social. "La idea de que el impuesto principal recaiga sobre el factor trabajo con más de 5,2 millones de parados es absurda", señaló Nadal durante la jornada La viabilidad del sistema público organizada por El Economista. La misma tesis defendió la presidenta de la patronal aseguradora (Unespa), Pilar González de Frutos, quien se mostró partidaria de rebajar el gasto en prestaciones. González considera que el Gobierno tiene poco margen para aumentar los ingresos en el momento actual. Y sostiene que la última reforma de las pensiones no consiguió solucionar el problema. Antes de eso, Alberto Nadal insistió en el argumento de rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social para reducir la carga que soportan los empresarios y ayudar así a generar nuevos puestos de trabajo. También se refirió a la importancia de buscar otras fuentes de financiación para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones. En este sentido, propuso compensar la bajada de las cotizaciones sociales con ingresos procedentes de impuestos indirectos, como el IVA.

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El director del Observatorio de Pensiones de Caser, Manuel Álvarez, manifestó que si el sistema público no se combina con las prestaciones complementarias privadas será imposible cumplir los objetivos de déficit, ya que el envejecimiento de la población provocará un aumento del gasto sanitario y en jubilaciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Social y Previsión Social de CC OO, Carlos Bravo, señaló que rebajar las cotizaciones y financiar el sistema público con impuestos que pagan los ciudadanos supondría aumentar de nuevo el beneficio empresarial a costa del esfuerzo de todos. Bravo remarcó que para el 19% de la población las aportaciones del sistema público son su medio de vida. www.elpais.es 01.02.12

16. NUTRIDA PRESENCIA DEL PP EN LA POSESIÓN DEL FISCAL TORRES-DULCE

El nuevo fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tomó posesión ayer de su cargo arropado por una nutrida representación de políticos del PP, y de jueces y fiscales que abarrotaron el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Torres-Dulce fue apadrinado por el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín-Casallo, y por el magistrado del Supremo y exfiscal general del Estado, Carlos Granados.

Al acto asistieron el presidente del Congreso, Jesús Posada, los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Agricultura, Miguel Arias Cañete, y de Educación, José Ignacio Wert; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Por parte de la Judicatura, el presidente del Constitucional, Pascual Sala, consejeros del Poder Judicial, magistrados y fiscales del Tribunal Supremo. El presidente del Supremo, Carlos Dívar, le deseó a Torres-Dulce: "Que Dios guíe todos sus pasos".

www.elpais.es 31.01.12

17. EL BULO DEL 11-M SE ENQUISTA

Un juzgado bajo sospecha investiga las tesis conspirativas que tumbó el Supremo

El juzgado de instrucción número 43 de Madrid, cuya titular es Coro Cillán, lleva dos años y medio investigando si un jefe policial de los Tedax nombrado por el Gobierno de José María Aznar (PP) delinquió en el caso del 11-M. El comisario Juan Jesús Sánchez Manzano está imputado por supuesta ocultación, manipulación de pruebas (restos de explosivo), encubrimiento y omisión de perseguir el delito en relación con el mayor atentado en España, que costó la vida a 191 personas.

Por el agujero de esta investigación judicial se han colado algunos de los bulos más ruidosos sobre el 11-M que jalearon durante un tiempo dirigentes del PP, y que siguen propagando sus medios de comunicación afines para sugerir que los islamistas no cometieron el atentado de los trenes; que algunos policías y el PSOE tuvieron relación con la matanza; o que servicios de espionaje extranjeros lo sabían y no lo evitaron.

En el juzgado 43 han resucitado los principales bulos: sobre la mochila que contenía una bomba que no explotó en El Pozo y cuyo análisis condujo, entre otras pruebas, hasta los autores del atentado; sobre la supuesta destrucción o manipulación de restos del explosivo hallado en los lugares de las explosiones; acerca del desguace de los trenes donde estallaron las bombas unos días después del 11-M; sobre lo hallado en la furgoneta con la que se desplazaron los terroristas; respecto a la posible participación de ETA en los hechos, e incluso sobre un complot de servicios secretos extranjeros en Ginebra con la participación del CNI, de un dirigente del PSOE y de un policía español para organizar la matanza con la que sacar al PP del poder en 2004. Todos estos bulos llenan cientos de páginas del sumario escrito estos dos años y medio en el juzgado 43.

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La Audiencia Nacional investigó esas elucubraciones sin fundamento y otras entre 2004 y 2007. La sentencia del 11-M derribó con decenas de pruebas los pilares de la teoría de la conspiración. El Supremo ratificó que ninguna de las patrañas tenía base. Y pese a que se trata de mentiras ya juzgadas, el bulo se ha enquistado en el juzgado 43 y ha echado raíces.

A la querella que interpuso en julio de 2009 una asociación de ayuda a víctimas del 11-M contra Sánchez Manzano, se han adherido terroristas o familiares de terroristas condenados por el atentado, un sindicato de ultraderecha, una asociación de guardias civiles y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. A todos los ha aceptado la juez en la causa como acusación popular. Todos acusan al exjefe de los Tedax de destruir o manipular restos del explosivo que estalló en los trenes para encubrir a los autores del atentado y no perseguir el delito.

La juez Cillán, cuya actuación está bajo sospecha en un expediente abierto en el Consejo del Poder Judicial debido a supuestas irregularidades en el precinto de una discoteca, ha citado a decenas de personas en los dos años y medio que lleva abierto el caso.

- Admisión de la querella. Antes de que la juez Cillán imputara a Sánchez Manzano, en otro juzgado vecino (el número 6 de la plaza de Castilla) ingresó una querella del partido Alternativa Española contra el mismo policía y por hechos parecidos, basados en el libro Titadyne, donde se culpaba al jefe de los Tedax de manipular las pruebas y mentir ante los tribunales. "Mediante técnica retorcida y taimada se viene a identificar a una serie de personas con los pretendidos hechos delictivos... No puede evitarse que un análisis razonado de la denuncia y del libro permita concluir la espuria utilización de la jurisdicción penal con la pretensión de que se abran diligencias penales", escribió el juez para rechazar la querella. La segunda denuncia contra Sánchez Manzano, que recayó en el juzgado de Cillán, tuvo más éxito. Acusaba al policía de irregularidades en la recogida de muestras y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa.

- La supuesta ocultación de pruebas. La juez ha descubierto que el 11 de marzo de 2004, los agentes de la Brigada Provincial de Tedax de Madrid y de la Unidad Central de Tedax recogieron muestras o vestigios de las explosiones, pero no lo documentaron convenientemente, aunque los Tedax de Madrid, dirigidos por el policía Cáceres Vadillo, culpan a los de la Unidad Central, cuyo jefe era Sánchez Manzano. La juez también investiga por qué analizaron las muestras en las instalaciones de los Tedax en lugar de remitirlas a la Policía Científica, vulnerando supuestamente el protocolo. Ante la juez, el jefe de Policía Científica durante el 11-M, el comisario Corrales, declaró: "Cuando había atentados, hacíamos el trabajo conjunto. Tedax recogía la parte de explosivos y la policía científica buscaba huellas, restos biológicos... Unas veces Tedax nos dejaba las muestras y otras veces se las llevaban para su analítica. El laboratorio de los Tedax tenía capacidad para hacer las analíticas correspondientes. Lo que nos remitió Manzano, lo analizamos y lo devolvimos. Y nos quejamos porque no sabíamos de dónde eran los restos". La cadena de mando y los tedax que han declarado ante el juzgado negaron a la juez que "Sánchez Manzano ocultara o mandara ocultar restos de las explosiones", u ordenara "destruir muestras, cambiar informes o modificar conclusiones en una pericial".

- ETA en la sombra. Hace varios meses, la sombra de ETA planeó sobre la investigación abierta en el juzgado de Cillán. Germán González, general de Brigada de la Guardia Civil con destino en Gipuzkoa cuando ocurrió el atentado del 11-M, declaró el pasado 23 de noviembre. La juez le preguntó: "¿Tienes usted constancia del reparto de panfletos en San Sebastián, junto a una herriko taberna?". El general contestó: "No tengo constancia, pero no es raro". También declaró que ignoraba si había podido haber "reuniones en Austria [sic] o Suiza para las negociaciones con ETA". Ningún mando policial de los que intervino en la investigación del 11-M, nombrados por el PP, ha dado credibilidad a la participación de ETA en ese atentado. Pero en el juzgado 43 la sombra de ETA sigue presente.

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- Complot en Ginebra. Hace solo 10 días, la juez Cillán citó a declarar a un policía, el inspector Mosquera, suspendido de funciones y condenado por los tribunales en 2009. Mosquera había sostenido ante otra juez de Lugo que un amigo suyo, agente del CNI, conocido como Walter, le había contado que antes del 11-M se habían reunido en Ginebra servicios secretos marroquíes, búlgaros, franceses, y también espías españoles junto a un dirigente del PSOE y a un policía para montar el atentado. En su declaración ante Coro Cillán, el policía añadió que el comisario jefe de Retiro le dijo que cuando llegó a Leganés tras la explosión del piso en el que se suicidaron siete de los terroristas del 11-M, "allí estaba Rubalcaba". La juez citó al comisario jefe de Retiro, quién declaró: "Estuve en Leganés. No vi por ningún lado al señor Rubalcaba. Ni

estaba ni creo que hubiera pintado nada allí (...) El inspector Mosquera ha estado implicado, procesado y condenado por un hecho que sucedió recientemente. Pienso que debería haber pasado algún tipo de revisión".

- El desguace de los trenes. La irrupción del sindicato ultraderechista Manos Limpias como acusación popular resucitó otro tema recurrente de la teoría de la conspiración: alguien ordenó el desguace de los trenes donde explotaron las bombas solo unos días después del 11-M para destruir pruebas. Pese a que Sánchez Manzano no tiene relación con aquellos hechos, la juez aceptó esta nueva vía de investigación, para lo que citó a declarar al presidente de Renfe en 2004, Miguel Corsini (que no acudió), y a otros directivos de Renfe.

El Supremo ya rechazó en 2006 una querella contra el juez Juan Del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, a los que Manos Limpias atribuía la orden de destruir los vagones. "A lo largo de las actuaciones obran los distintos autos y pormenorizados dictámenes periciales sobre los objetos encontrados en los restos de los vagones afectados por las explosiones, y sobre estos mismos, a fin de determinar la etiología, forma y características de las explosiones sufridas. Hay un informe completísimo conjunto de expertos de Tedax y Guardia Civil, sobre los restos de los vagones, planteándose incluso la posibilidad de reproducir la deflagración, lo que se desestima por razones técnicas. La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello", sentenció el Supremo.

Con estos antecedentes, el fiscal informó en contra de las pruebas que solicitaba Manos Limpias, entre ellas la declaración de Del Olmo y Sánchez. Pero la juez Cillán decidió investigar, aunque Sánchez Manzano ni siquiera había pasado por allí.

En el juzgado 43, las teorías conspirativas sobre el 11-M siguen vivas, siete años después.

www.elpais.es 30.01.12

18. CASO GURTEL: CORREA PODRÁ SALIR DE LA CÁRCEL CON UNA FIANZA DE UN MILLÓN DE EUROS

La Audiencia Nacional estimó ayer parcialmente el recurso de apelación del presunto cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa, que se encuentra en la cárcel desde hace casi tres años, y le permitirá salir si abona una fianza de un millón de euros. Los jueces asumen el "dilatado espacio" de tiempo que Correa lleva en prisión, que en la causa ya se han realizado diligencias "de toda índole" y el arraigo personal del presunto cabecilla de la trama.

Correa se encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde febrero de 2009 junto con su número dos, Pablo Crespo, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Si sale de prisión, debería comparecer diariamente en comisaría, y no podría abandonar España, por lo que se le retiraría el pasaporte, según Efe.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia argumenta que el posible juicio se celebraría pasados cuatro años desde su ingreso en prisión, por lo que no ve necesario agotar ese plazo para evitar el riesgo de fuga. "Debemos precisar que dicho riesgo se tendría que asumir, guste o disguste, en fecha 15 de febrero de 2013, día en que el inculpado obtendría su libertad provisional por imperio de la ley y sin fianza pecuniaria de tipo alguno", recalca.

Reproche al TSJM

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Los magistrados recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló en septiembre de 2011 la fianza de 15 millones que el instructor del caso, Antonio Pedreira, le había fijado a Correa para poder ser excarcelado, y le sugirió que le impusiera medidas telemáticas. Pedreira confirmó la prisión y descartó el control telemático al considerar que no ofrecía garantías plenas para evitar la fuga.

La Audiencia Nacional critica que el TSJM pretendiera que la policía asumiera "el más mínimo riesgo de fuga, por ínfimo que resultase". Argumenta que para conjurar al cien por cien ese riesgo se precisaría no solo el empleo de medios electrónicos de localización sino encomendar a un "elevado número de funcionarios la única y exclusiva función de vigilar todos los movimientos de Francisco Correa, minuto a minuto, mañanas, tardes y noches de todos los días". Y añade que, en todo caso, quien tiene que asumir el riesgo de fuga de cualquier individuo privado de libertad es el Poder Judicial".

www.elpais.es 28.01.12

19. CASO GÜRTEL: EL JUEZ DA CINCO DÍAS PARA RECURRIR LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS

La acusación popular está decidida a presentar un recurso al Supremo

El presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, dictó ayer la sentencia absolutoria que ya adelantó el veredicto de no culpabilidad para el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, juzgados por sendos delitos de cohecho impropio. Ambos estaban acusados de recibir regalos de la trama Gürtel y fueron absueltos por un jurado popular que así lo determinó por cinco votos a favor y cuatro en contra.

El fallo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana indica expresamente que sobre el mismo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, ya ha mostrado su decisión de ejercer este derecho, tal como indicó ayer el diputado Ángel Luna. "La decisión está tomada y es la de recurrir, si no hay ningún impedimento que lo imposibilite", señaló.

Por su parte, fuentes de la fiscalía ya indicaron que, antes de adoptar una decisión, debían estudiar tanto el veredicto como el fallo del magistrado presidente del tribunal.

La sentencia recoge los argumentos esgrimidos por el jurado en su veredicto y considera, como hechos probados, que Camps encargó en la tienda Milano únicamente cuatro trajes, "que fueron devueltos, al ser imposible arreglarlos, dado que no tenían las tallas adecuadas". El encargo se efectuó en agosto de 2006 pero "finalmente no adquirió prenda alguna del referido establecimiento de Madrid", indica.

Sobre la segunda tienda, Forever Young, el fallo traslada la conclusión del veredicto que admitía que "encargó y adquirió", entre principios de enero y agosto de 2008, "solamente" cuatro trajes, un par de zapatos y una americana de color azul. "Todas estas prendas fueron abonadas por el acusado D. Francisco Enrique Camps Ortiz personalmente al Sr. Tomás", señala la sentencia. Así concluye que Camps "es no culpable de haber recibido regalos consistentes en prendas de vestir de forma continuada en consideración a su función de presidente de la Generalidad".

Sobre Ricardo Costa, el fallo del magistrado afirma que "pagó las prendas que le fueron confeccionadas en Milano" y que "nunca encargó trajes en Forever Young, ni recibió prendas de ese establecimiento".

La sentencia ordena la devolución de la fianza impuesta a ambos acusados, fijada para el caso de que hubieran sido declarados culpables y con el fin de garantizar el pago de la multa que conlleva el delito de cohecho impropio. El juez reclamó al expresidente un depósito de 55.000 euros que cubrió con un aval.

www.elpais.es 31.01.12

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20. CASO GÜRTEL: CAMPS DA LAS GRACIAS A LA MACARENA

El expresident visita en Sevilla la basílica de la virgen, de la que es devoto, tras su absolución en el ‘caso de los trajes'

Francisco Camps es un hombre agradecido. El expresident de la Comunidad Valenciana visitó el domingo la Basílica de la Macarena, en Sevilla. Allí pudo agradecerle su absolución, por cinco votos a cuatro, de un delito de cohecho en el llamado caso de los trajes.

El parlamentario valenciano acudió acompañado de Javier Arenas, presidente del PP andaluz y devoto de la Virgen, Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, y otros rostros destacados del PP de Sevilla. Camps y Arenas fueron a misa y besaron la imagen de la Virgen, cuenta una persona conocedora de los pormenores de la visita.

Camps es hermano de la Macarena "desde hace varios años", señala a Público.es Manuel García, hermano mayor de la misma. "Ha venido aquí varias veces a verla, también siendo presidente. Lo consideramos un hermano más de los miles que hay, como la duquesa de Alba o el barrendero que pasa por la puerta", añade García, que no da detalles de la visita por ser "privada".

Desde que Camps vio por primera vez a la Virgen quedó "prendado" de ella, cuenta un miembro de la hermandad. Su acompañante Arenas es también devoto de la virgen y acude frecuentemente a misa en la basílica. El expresident valenciano suele prodigar gestos públicos de devoción católica, como el ya famoso "Gracias, dios mío" que musitó tras conocer el veredicto absolutorio de cohecho.

La propia hermandad informa de la visita en su web: "En la tarde del pasado día 29 de enero, NHD [que significa Nuestro Hermano Don] Francisco Camps Ortiz, acompañado por NHD Javier Arenas Bocanegra, NHD Juan Ignacio Zoido Álvarez, D. José Luis Sanz Ruiz, alcalde de Tomares [y presidente del PP de Sevilla], y [el concejal del PP en Sevilla] D. Juan Francisco Bueno Navarro, giró exprofesa visita particular a la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, y ofreció las intenciones de una misa a la Santísima Virgen, por La que profesa una especial devoción y a La que se encomienda en los momentos de mayor necesidad". La web publica varias fotografías de la visita en las que se ve, entre otras escenas, a Camps mirando con sonrisa arrobada a la imagen de la virgen y a Arenas besándola.

Camps, Arenas y el resto fueron recibidos por el hermano mayor, Manuel García, que los acompañó durante la celebración y "posterior visita a las plantas de Nuestra Señora de la Esperanza", se lee en la web

www.publico.es 01.02.12

21. CASO GÜRTEL: EL MILLÓN QUE CAMPS CONSIGUIÓ A LA HERMANDAD DE LA MACARENA

El ex hermano mayor cuenta que el antiguo president logró una ayuda de la CAM

Si Francisco Camps está agradecido a la Virgen de la Macarena, la Hermandad de la Macarena también tiene motivos para estar agradecida a Camps. El expresident visitó el domingo la popular basílica y fue a misa por la tarde acompañado por Javier Arenas, líder del PP andaluz y reconocido macareno; Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla; y un pequeño grupo de concejales y figuras del PP provincial.

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La visita, publicitada en su web por la propia hermandad, tuvo entre sus motivos (aparte de lo que acabe significando políticamente su encuentro con Arenas, aunque este intentó quitarle toda trascendencia y afirmó que Camps visitó Sevilla sólo para ir a misa) el deseo del expresident de agradecer a la Virgen su absolución en el caso de los trajes, según personas informadas sobre los pormenores del viaje. "Lo vemos [a Camps] como un

hermano más, como lo son la duquesa de Alba o un barrendero que pasa por la puerta", dice Manuel García, hermano mayor de la Macarena. Pero Camps no es un miembro cualquiera.

La valenciana se convirtió en caja preferente de la Macarena en 2006

Corría el año 2005. El Gobierno del PSOE había anulado una subvención de 1.116.000 euros concedida por el último Ejecutivo de José María Aznar a la Hermandad de la Macarena para obras de remodelación. El entonces hermano mayor, Juan Ruiz Cárdenas, coincidió entonces con Camps, hermano 11.107 de la Macarena, a escasas fechas de la Semana Santa de Sevilla. Así lo cuenta Ruiz Cárdenas a Público en conversación telefónica: "Es íntimo mío. Un hombre honrado, sobrio, austero... Estábamos él y yo con el que era presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo [Vicente Sala, fallecido en 2011] en la basílica. Yo le conté lo que pasaba. Y Camps, yo estaba delante, le dijo [a Sala]: Los macarenos necesitamos un millón. Y el otro respondió: Si me lo pide mi presidente, está hecho".

Público intentó ayer sin éxito contactar con Camps a través del grupo del PP en Les Corts, donde es diputado. La CAM fue intervenida en 2011 y vendida al Banco Sabadell.

Jugada redonda

La jugada fue redonda para la hermandad. En septiembre de 2007, Ruiz Cárdenas y Pedro Torres, entonces director de la CAM en la zona Centro Sur, dieron a conocer lo esencial de la ayuda: un millón para reformar y ampliar el museo de la hermandad. No sólo eso. Ruiz Cárdenas consiguió 300.000 euros del Ayuntamiento de Sevilla. La obra fue inaugurada en noviembre de 2009. Para colmo, en junio de ese año, el Tribunal Superior de Madrid obligó al Estado a abonar a la hermandad la subvención de 1,16 millones que le dio el Gobierno del PP y le anuló el del PSOE. "Pero Fomento recurrió y eso está en el Supremo", cuenta el abogado de la hermandad, Alfonso Pérez Moreno.

Arenas restó trascendencia política a la visita de Camps

Ruiz Cárdenas afirma que logró aquella subvención de la CAM "a cambio de nada". "Fue un regalo", dice. No obstante, en la Macarena hay voces que recuerdan cómo la CAM "quiso entrar en Sevilla a través de hermandad". "Y con el apoyo de Camps", añaden las fuentes. En diciembre de 2006, por ejemplo, la CAM donó 40.000 euros a la hermandad y se convirtió en su entidad preferente, nada desdeñable considerando la solera y la riqueza de la Macarena, con 13.000 hermanos. El acuerdo incluía una oferta de productos exclusivos para hermanos y el patrocinio conjunto del Concierto de Navidad.

Efe recogió unas declaraciones de entonces de Camps sobre aquel acuerdo, que, según él, "encarna valores, como el de la ayuda a los más necesitados, reconocidos en cualquier rincón de España". Y añadió, entre alusiones a la "solidaridad", la "tenacidad" y la "honradez": "La nación española tiene sentimientos comunes, como el acuerdo solidario suscrito".

www.publico.es 02.02.12

22. CASO GÜRTEL: EL CONSELL DICE QUE CAMPS SE MERECE UNA SALIDA POLÍTICA EN ESPAÑA

El Gobierno valenciano aseguró ayer que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, tras la sentencia absolutoria, "merece tener una salida política importante, con arreglo a lo que ha sido su trayectoria y a lo que él ha representado y representa dentro del PP, no ya de la Comunidad Valenciana, sino de España".

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El vicepresidente del Consell, José Ciscar, salió al paso de quienes creen que el Gobierno valenciano le ha dado poco afecto a Camps y aseguró nada más iniciar su comparecencia que

"todos los miembros" del Gabinete habían expresado "su satisfacción" por la absolución de Camps y Ricardo Costa.

Pero tras el afecto, ninguna intención explícita de dar protagonismo a quien ha gestionado la Generalitat durante los últimos ocho años.

"Lo único justo de este proceso ha sido la sentencia", manifestó el vicepresidente del Consell y portavoz, "a partir de ahí, lo que toca ahora mismo es dejar reposar esta situación porque todo ha sido muy rápido".

Ciscar admitió que se habla mucho sobre el futuro de Camps y poco sobre el de Ricardo Costa, absuelto en la misma causa, pero recalcó que lo dicho para el expresidente "vale perfectamente para el caso de Ricardo Costa".

Ayer, tras el aluvión de valoraciones sobre el fallo del jurado en el caso de los trajes, por parte de los principales dirigentes populares, el silencio público fue la nota dominante en el PP.

Sin embargo, los socialistas insistieron en la idea de que si Camps ha hecho tan buena gestión y es tan buen modelo el PP tiene en sus manos reponerlo en su puesto.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, insistió en que no descarta recurrir el fallo del jurado ante el Tribunal Supremo.

www.elpais.es 28.01.12

23. CASO GÜRTEL: EL NUEVO FISCAL DEL ESTADO RECHAZA RECURRIR LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS El caso llegará al Tribunal Supremo con el único apoyo del PSOE valenciano Después de haber sostenido la acusación pública durante todo el caso, la Fiscalía ha anunciado este viernes que no recurrirá al Tribunal Supremo la absolución del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y del ex secretario general de su partido (PP) Ricardo Costa, por la causa de los trajes presuntamente recibidos de la trama Gürtel. El anuncio llega después del cese del anterior fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y de su sustitución por Eduardo Torres-Dulce decidida por el Gobierno. El Ministerio Público aduce que no encuentra base suficiente en la sentencia, basada en el veredicto del jurado popular que rechazó la culpabilidad de ambos. El único recurso al alto tribunal será el del Partido Socialista, que ejerce en el caso la acusación popular. Fuentes de la Fiscalía General explicaron que, tras conocerse la sentencia absolutoria, Anticorrupción hizo una consulta a la fiscalía del Tribunal Supremo sobre la viabilidad del recurso de casación. Los fiscales del alto tribunal concluyeron que había pocas posibilidades de que la impugnación prosperara, dado el criterio restrictivo que mantiene el Supremo en estos casos, que obligan a analizar de nuevo las pruebas practicadas en el juicio. Esas mismas fuentes aseguraron que el resultado más probable hubiera sido la anulación del juicio y su repetición por un jurado similar y con las mismas pruebas, lo que a su juicio hubiera producido un resultado parecido. La posición inicial de la Fiscalía era juzgar a Camps en relación al resto de la trama y con los demás imputados, lo que, asegura, hubiera implicado un juicio con un tribunal profesional. Desde la asociación minoritaria y progresista Jueces para la Democracia, sin embargo, sí encuentran base jurídica para el recurso. Su portavoz, José Luis Ramírez, considera que “la motivación del veredicto no es todo lo rigurosa que debería ser” y que “los hechos probados de la sentencia no se pronuncian sobre todas las cuestiones que el magistrado presidente [Juan Climent] planteó a los miembros del jurado”. “Es bastante pobre”, subraya el magistrado. “No descartaría la viabilidad de una impugnación”.

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Ahora, el recurso contra la absolución será defendido solo por la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, que ya han anunciado que preparan el recurso. Su secretario general, Jorge Alarte, pidió este viernes explicaciones a Torres-Dulce sobre el “cambio de criterio” y si este se debe al cambio de Gobierno y a la llegada del PP. El problema es si el Supremo permitirá al PSOE acusar en solitario. El tribunal ha mantenido posiciones opuestas al respecto. En el caso del proceso a Emilio Botín por las cesiones de crédito, concluyó que una acusación popular no puede sacar adelante un proceso sin el apoyo del fiscal. Sin embargo, en el juicio a Garzón por la Memoria Histórica, los magistrados sí han permitido a Manos Limpias sostener el caso sin el Ministerio Público www.elpais.es 03.02.12

24. CASO GURTEL: CRESPO SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR 100.000 EUROS DE FIANZA

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó ayer la libertad del número dos de la trama Gürtel, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. El magistrado lo excarceló después de que abonara los 100.000 euros de fianza que le impuso el pasado 25 de febrero, cuando, tras un informe favorable del fiscal, rebajó a la mitad los 200.000 euros que había establecido el anterior instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.

Crespo ha tardado dos días en reunir el dinero. Sus abogados depositaron el martes la mitad de la fianza en dos transferencias -de 35.000 y 15.000 euros- realizadas desde bancos españoles. La tercera transferencia, de otros 50.000 euros y enviada desde fuera de España, llegó ayer a la Audiencia. Tras su salida, aseguró que fueron sus hermanos los que le ayudaron con el pago, y sobre las acusaciones de la policía de que cuenta con fondos en el extranjero, afirmó: "Que se lo hagan ver por un psiquiatra".

El lugarteniente del cerebro de la trama, Francisco Correa, se encontraba en prisión desde el 11 de febrero de 2009, cuando Baltasar Garzón decretó la prisión incondicional de ambos y la del primo de Correa, Antoine Sánchez. Correa es el único que permanece encarcelado al no haber abonado el millón de euros de fianza que le impuso la Sala Penal la pasada semana.

25. CASO GURTEL: HACIENDA DESTAPA UN GRAVE DELITO FISCAL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

La Agencia Tributaria implica a seis directivos de Teconsa y a la red Gürtel - Los inspectores apremian a la Audiencia por la prescripción del fraude

La visita del Papa a Valencia en 2006 supuso unos importantes beneficios para la trama Gürtel -unos tres millones de euros- y menguó las arcas públicas, pero no solo por el sobrecoste que pagó la Televisión Valenciana (RTVV), dirigida entonces por Pedro García, un cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps, y amigo íntimo de la red corrupta, que dimitió de su cargo pero que aún no está imputado en la causa pese a que lo pidió la fiscalía. La Agencia Tributaria sostiene que la empresa adjudicataria de la explotación televisiva del acto, Teconsa, una constructora leonesa que actuaba de tapadera de la red Gürtel, defraudó a Hacienda más de 600.000 euros en el IVA y en el impuesto de sociedades.

"Determinadas personas se enriquecieron sin declarar a Hacienda"

Francisco Correa usó de tapadera a una constructora leonesa (Teconsa)

Los inspectores señalan a seis empresarios como responsables

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La fiscalía pidió la imputación del exdirector de RTVV, aún no resuelta

Así lo describe la Agencia Tributaria en un documento remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y en el que se realiza un primer avance del análisis de la contabilidad incautada a las sociedades de la red que lideraba Francisco Correa y de la propia documentación contable de Teconsa. El inspector de Hacienda que ha elaborado el informe advierte de la importancia de este avance ante el peligro de que los presuntos delitos de fraude fiscal que considera acreditados prescriban si la Audiencia Nacional no actúa pronto. La Fiscalía Anticorrupción pidió hace varios meses la imputación en la causa del que fue director general de la televisión autonómica valenciana. El juez Pablo Ruz, que instruye ahora el caso en la Audiencia Nacional, deberá resolver sobre esta petición en unos días.

Teconsa cobró 7,4 millones de euros (IVA incluido) de la televisión pública valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, cuando el coste de los servicios apenas alcanzó 3,2 millones, según la contabilidad hallada en los registros de las empresas de la red Gürtel.

El informe de Hacienda describe lo que ya adelantó la investigación: "Teconsa actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa". Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos servicios que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa.

Además, el informe de la Agencia Tributaria expone que "existen indicios que permiten considerar" que la constructora se llevó 200.000 euros por "su participación" y que el resto fue repartido entre los cabecillas de la trama y el entonces director del ente público en tiempos del Gobierno de Francisco Camps, Pedro García.

Las fórmulas mediante las que Teconsa "trasvasó" el dinero a la red fueron tres, según el informe:

- Una parte fue cobrada "en efectivo por Pablo Crespo e ingresada en la caja B de la organización" como cobertura a unas facturas irregulares.

- Otra parte se destinó a financiar una operación inmobiliaria en el municipio valenciano de La Nucia, "utilizando como justificante de la salida de fondos una factura emitida por una sociedad vinculada a la organización de Correa".

- El resto, añade el informe, salió de Teconsa por medio de facturas que "documentan pagos a favor de los miembros de la organización para sus gastos particulares o el cobro de sus respectivas comisiones".

Hacienda considera que existe un fraude de IVA de más 198.000 euros, porque Teconsa cobró más de un millón de euros de la Televisión Valenciana por este concepto. Sostiene que la constructora "cobró el IVA repercutido y redujo su propia cantidad a ingresar descontando el IVA de las facturas irregulares".

En cuanto al impuesto de sociedades, el informe indica que para que un gasto resulte deducible es necesario que quede acreditada la realidad del mismo, así como su actividad empresarial. Dadas las facturas, que no reflejan verdaderas prestaciones de servicios, Hacienda sostiene que se desgravó "improcedentemente" dichas facturas, con lo que la cuota defraudada sería de 434.941 euros.

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"Sin perjuicio de la trascendencia penal que tenga el hecho de que, inflando un contrato de adjudicación, se hayan detraído de la Televisión Valenciana fondos", el informe añade que determinadas personas "se han enriquecido sin haber reflejado ese enriquecimiento en sus declaraciones tributarias", indica el documento. Así, señala como posibles responsables a los seis miembros del Consejo de Administración de la constructora leonesa Teconsa y a quienes "se beneficiaron de la operación", entre los que menciona a Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro

Pérez, El Bigotes, y al que era director de la televisión pública valenciana en el momento en el que se produjo la adjudicación, Pedro García. Este, según la contabilidad incautada a la trama, percibió 500.000 euros por el contrato.

Después de más de dos años desde que la investigación judicial y policial destapara el pelotazo de la red Gürtel, con la connivencia de cargos del PP valenciano, en la visita del Papa Benedicto XVI, Pedro García aún no ha sido imputado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que era el tribunal valenciano el que debía investigar esta causa y el valenciano no lo aceptó.

Ahora, cuando la instrucción del grueso del caso Gürtel está en manos de Pablo Ruz, después de que la causa volviera a la Audiencia Nacional, este juez deberá decidir la imputación del ex director general del RTVV, tal como solicitó la fiscalía, y resolver sobre las numerosas irregularidades que denuncia el informe de la Agencia Tributaria con un grave perjuicio para las arcas públicas.

www.elpais.es 02.02.12

26. CASO GURTEL: GÉNOVA RECIBE UNA ADVERTENCIA POR RESISTIRSE A APORTAR DATOS

"Procede reiterar del Partido Popular el inmediato cumplimiento de lo requerido (...) Invocando el deber de colaboración con la justicia, reitérese el oficio".

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia asumió en mayo la investigación de la financiación irregular del PP autonómico. Dos meses después, el instructor del caso, José Ceres, requirió a la dirección nacional del partido para que aportara un informe sobre el funcionamiento de sus cuentas y determinara quién o quiénes han sido responsables o han intervenido en la contabilidad del partido en la Comunidad Valenciana. El magistrado solicitó que se informara del "modo de funcionamiento", del grado de "autonomía económico-financiera y contable" y del modo en que Génova fiscaliza y controla al PP valenciano. Además, reclamaba una atención especial al funcionamiento de la contabilidad electoral "y en concreto la derivada de las campañas de los años 2007 (autonómicas y locales) y 2008 (generales)".

A principios de octubre, el PP aún no había contestado y el juez les requirió para ello. Ni lo hizo después del día 10, fecha en la que se le recordó, ni tras el 29 del mismo mes, cuando alegó una "inmediata" remisión. El 22 de diciembre la reclamación se hizo vía telefónica y, a finales de ese mismo mes, después de medio año, el juez decidió realizar la advertencia señalando además que, de no cumplirse el requerimiento, el PP podría ser apercibido de la posibilidad de incurrir en responsabilidad penal. Fue con esa "amenaza" con la que, finalmente, Génova (sede del PP nacional) decidió remitir el informe el pasado día 16.

Imprecisiones

Mientras, el PP valenciano envió su propio informe, pero el instructor ha exigido precisiones ya que no indica quién o quiénes fueron responsables de las finanzas en los años 2007 y 2008 y quiénes supervisaron en el PPCV la actividad económico-contable en los mismos años.

Los datos son necesarios para que el magistrado determine quiénes están involucrados en la causa por el posible endoso de facturas a empresarios, que habrían abonado los servicios realizados por la trama al PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008. De momento, están imputados quienes conformaron la cúpula del PP valenciano en aquellos años y el extesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, así como varios miembros de la trama Gürtel.

www.elpais.es 30.01.12

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27. C. A ANDALUCÍA: LA JUNTA EXPEDIENTA A UN CARGO DEL PP POR SUSTRAER DOCUMENTOS DE LOS ERE

Economía acusa del hurto al actual director de Mercasevilla, que trabajaba en la agencia Idea - Los populares hicieron públicas las actas tras el fichaje de Blanco

Un posible caso de espionaje político se suma a la maraña de los ERE fraudulentos que sacude la vida pública andaluza. La Junta ha expedientado al directivo de la agencia autonómica Idea en excedencia Manuel Blanco por la sustracción, entre junio y julio de 2011, de documentos relativos a los ERE. La información sensible, que consistía en las actas del Consejo Rector de Idea -agencia pagadora de los ERE irregulares- entre 2000 y 2010 fue exhibida en rueda de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz. En julio de 2011, Blanco solicitó la excedencia como directivo del ente empresarial autonómico. Dos meses después, el pasado septiembre, el supuesto filtrador de los documentos fue designado director de Mercasevilla, empresa municipal controlada por el PP.

"[Manuel Blanco] habría procedido -de manera grave y culpable e incumpliendo tajantemente las órdenes e instrucciones de la agencia amén de sus obligaciones de confidencialidad- a realizar una copia y por ende sustraer dicha documentación incorporada a la carpeta Actas de Consejo Rector 2000-2010", concluye el informe elaborado tras el hurto de documentos.

Las actas robadas sirvieron a Sanz para acusar al exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, de otorgar hasta 55 ayudas por 38 millones de euros a "empresas amigas" y ayuntamientos del PSOE.La sucesión de hechos es la siguiente, según la investigación: Después de seis meses de instrucción judicial del caso de los ERE, el pasado 20 de junio el directivo de Administración y Finanzas de la agencia Idea Manuel Blanco copió desde un servidor común a su ordenador 114 ficheros pdf incluidos en la carpeta "ERE IDEA" con las actas del consejo rector de IDEA "originales, definitivas y firmadas" entre 2000 y 2010.

La Agencia había creado un equipo interno de trabajo compuesto por "cinco empleados de máxima confianza" para coordinar el asunto de los ERE, entre los que se encontraba Blanco. Solo esos cinco empleados y dos informáticos tuvieron acceso a dicha carpeta con diez subcarpetas incluidas en un servidor de acceso restringido. Los investigadores revisaron uno a uno los equipos informáticos de estas siete personas hasta que saltó el eureka. El ordenador de uso exclusivo de Blanco contenía rastro del copiado de la información confidencial que traspasó a una memoria USB con serie A4AD5531 el 14 de julio.

Al día siguiente de haber trasladado la información confidencial de Idea desde su ordenador a un dispositivo de almacenamiento externo, Blanco trató de borrar cualquier huella de su actuación. "El 15 de julio de 2011, concretamente a las 8.10, procedió a eliminar en el equipo informático (...) la carpeta". A pesar de la eliminación, los técnicos lograron recuperar el pasado otoño 63 de los 114 ficheros.

Blanco, responsable de Recursos Humanos en Idea durante una etapa, pasó a la excedencia el 29 de julio de 2011 y devolvió su ordenador después de haber borrado información propiedad de la agencia Idea. El 18 de julio a las 10.37 eliminó también una gran cantidad de mensajes de su correo electrónico.

Tras el mes de vacaciones, a principios de septiembre, el Ayuntamiento de Sevilla designó a Blanco como nuevo director de Mercasevilla, la empresa que originó el caso y cuya cúpula anterior está procesada por supuesta corrupción. El lunes 26 de septiembre el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, mostró en rueda de prensa copia de las actas originales de la agencia Idea en las que figuraba la firma del exconsejero de Empleo y secretario general de los socialistas sevillanos José Antonio Viera, para demostrar cómo este había firmado 55 ayudas concedidas a "empresas amigas" y Ayuntamientos del PSOE por 38 millones.

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Al día siguiente, la diputada del PP Patricia del Pozo requirió formalmente a la presidenta del Parlamento copia de todas las actas de los acuerdos del consejo rector de Idea de la última

década. La comisión que evaluó la petición del PP dictaminó en los días sucesivos rechazar la petición de información al no estar fundamentada. Finalmente, el 7 de octubre el director general de Idea, Antonio Valverde, ordenó investigar la fuga de documentos reservados desde el organismo. El resultado de la investigación cierra el círculo en torno a Blanco.

"Procedió a eliminar/borrar multitud de información del equipo informático puesto a su disposición para la prestación de servicios profesionales como herramienta de trabajo, y propiedad de la agencia -sin consentimiento alguno de la misma-", subraya el informe de Economía. Ahora Blanco dispone de 10 días para presentar ante la instructora del expediente las alegaciones a la previsible sanción que puede costarle el puesto en la agencia. Por último, la dirección general de Idea decidirá sobre la sanción a Blanco.

Fuentes de Economía rechazaron ayer pronunciarse sobre esta investigación mientras el procedimiento sancionador esté abierto. De todos modos, es previsible que la Junta acuda a los tribunales y denuncie la sustracción de documentos dada la entidad de las pruebas halladas contra Blanco.

El directivo ha incumplido supuestamente la normativa interna de Idea, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y dos artículos del manual de comportamiento de los empleados públicos.

La fuga de información ya fue mencionada el pasado jueves por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, pero esta vez desde la Consejería de Empleo, de donde aseguró (sin aportar pruebas) que se habían sustraído documentos de los expedientes de los ERE.

La versión telefilme del caso de los ERE (despilfarro en cocaína y fiestas, oscuras alianzas entre imputados, intrigas de partidos políticos en precampaña) alcanzará con este episodio otro pico de audiencia. Y lo que a Lisbeth Salander de la saga Millenium le hubiera costado una tarde en descifrar, los técnicos al servicio de la Junta han tardado cerca de cuatro meses, pero el resultado a simple vista parece intachable. Está por ver si tras el análisis de la investigación por parte del Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido (PP), este releva a su alto cargo acusado de una sustracción ilegal o decide mirar hacia otro lado.

La investigación sobre el robo

- Según la investigación interna de la Consejería de Economía, el directivo de Idea Manuel Blanco "habría procedido -de manera grave y culpable e incumpliendo tajantemente las órdenes e instrucciones de la agencia amén de sus obligaciones de confidencialidad- a realizar una copia y por ende sustraer dicha documentación incorporada a la carpeta Actas de Consejo Rector 2000-2010".

- El funcionario copió las actas desde un servidor de acceso restringido a su ordenador el 20 de junio. El 14 de julio trasladó la información a una memoria USB, y al día siguiente trató de borrar su actuación eliminando los documentos de su computadora, propiedad de la agencia Idea y sin consentimiento de esta.

www.elpais.es 01.02.12

28. C.A ANDALUCÍA: ARENAS RENUNCIÓ AL SUELDO DEL PP TRAS EL ESCÁNDALO POR SUS INGRESOS

Dejó de percibir en secreto el salario del partido tras conocerse que sumaba casi 100.000 euros

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Javier Arenas, presidente del PP andaluz, renunció en secreto al sobresueldo que le pagaba su partido después del escándalo generado por la publicación de sus ingresos en julio pasado. Este salario del PP, que ascendió en 2010 a 95.674 euros brutos, casi 8.000 euros al mes, se quedó en 2011 en 55.490, según los datos sobre su renta publicados en la web del PP

andaluz. La explicación de la rebaja, según afirmó ayer a Público el PP andaluz, radica en que Arenas "renunció a los gastos de representación que le pagaba Génova a raíz de que se dijera que era un sueldo, cuando no lo era". Eso fue en julio y esa decisión supuso una rebaja de ingresos de 40.183 euros.

Esta cantidad avalaría, según el PP, que su presidente dejó de percibir ya en agosto los 8.000 euros mensuales que venía cobrando de su partido.

La decisión, tomada en verano, mermó sus ingresos en 40.183 euros

Esta renuncia al sobresueldo del PP explica la rebaja del montante de sus ingresos totales brutos, sin contar dietas no tributables. En 2010, estos ingresos fueron de 142.679 y, en 2011, pasaron a 95.070,22. Si Arenas no es presidente tras las elecciones del 25 de marzo y mantiene esta renuncia a su sobresueldo, su salario quedaría reducido a lo que percibe como senador, 39.589 euros brutos en 2011, según los datos publicados en su web.

La controversia sobre los ingresos de Arenas viene de antiguo. Presionado por el PSOE y tras muchas vacilaciones, Arenas ya difundió sus tres últimas declaraciones de la renta el 15 de julio de 2011 sin tener obligación legal de hacerlo. Dos semanas antes lo había hecho José Antonio Griñán, presidente de la Junta, que en 2010 consignó, junto a su esposa, 85.131 euros. El hecho de que, en pleno debate sobre transparencia, los 109 parlamentarios publicaran su declaración evidenció que Arenas fue en 2010 el político mejor pagado de Andalucía.

Salario y austeridad

Arenas ingresó ese año 142.679 euros brutos, contando los 95.674 del PP, una cifra a la que habría que añadir 35.500 euros en dietas exentas de tributación (25.500 del Senado y 10.000 del Parlamento), es decir, en total, 178.179 euros brutos. Entre sus ingresos declarados figuraba, además de su sueldo como senador, el sobresueldo del PP. El presidente de los conservadores también difundió su declaración de 2008 y 2009, años en que el PP le pagó 79.065 y 106.614, respectivamente. El hecho de que, cobrando un salario público, Arenas complementara sus ingresos con otro de su partido en medio de una crisis galopante y con todo el PP pidiendo austeridad generó un gran revuelo y dio munición al PSOE. El PP arropó sin fisuras a Arenas.

El partido firmó el jueves pasado el documento que prueba la renuncia

El asunto de los salarios resucitó a raíz del pleno de la semana pasada, cuando Griñán anunció que publicaría su renta y sus ingresos al inicio y al final de la legislatura, como muestra de transparencia. Eso fue el 25 de enero. La reacción no tardó en llegar. El documento oficial del PP colgado en su web que acredita que Arenas percibió en 2011 del partido 55.490,96 euros brutos (de los que le retuvieron 23.861,12) está firmado al día siguiente, el 26.

Griñán hizo públicas sus cuentas el lunes. Colgó en su web oficial su declaración de 2007 y 2010 y el patrimonio que tenía en enero de 2008, recién cesado como consejero de Economía, en mayo de 2009, tras ser elegido presidente, y en enero de este año, a punto de acabar su mandato. El objetivo oficial era evidenciar que no se había lucrado con el poder. Pero el fin político era volver a presionar a Arenas.

Flanco a cubierto

El PSOE, mientras tanto, lo acusó en una rueda de prensa en Huelva de ser "el político mejor pagado de Andalucía", un flanco débil de Arenas que ahora ha puesto a cubierto.

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El PP no precisó desde cuándo está disponible en su web la información sobre los ingresos de Arenas en 2011. La última actualización debe ser por fuerza posterior al 26 de enero, cuando está firmado el documento del PP. La acreditación del senado fue firmada el 12 de enero.

Cronología

15 de mayo de 2011. La indignación

El 15 de mayo de 2011, antes de las elecciones municipales, una ola de indignación ciudadana recorre el país. Reivindican un acercamiento de la clase política a la ciudadanía.

29 de junio de 2011. El gesto

En Andalucía, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, recoge el guante de la calle y, en el Parlamento, difunde sus ingresos de la legislatura. Su rival, Javier Arenas, después de que IU también haga lo propio, se ve obligado a reaccionar.

7 de julio de 2011. El embrollo

Arenas se resiste durante un tiempo a hacer pública su declaración de la renta y embrolla la situación con una declaración de ingresos y gastos sesgada e incompleta ante un notario. La presión del 15M y de la izquierda, IU y PSOE, que presentan, antes que el PP, las declaraciones de IRPF de todos sus diputados, obligan finalmente a claudicar a Arenas y los suyos.

15 de julio de 2011. El sueldazo

El PP, tras dos semanas de resistencia, convoca de urgencia una rueda de prensa, después de que el PSOE hubiera entregado copia de las declaraciones de la renta de sus 56 diputados y entrega la de Arenas y la de sus 46 parlamentarios. La comparación permite descubrir que Arenas era el mejor pagado de todos

www.publico.es 01.02.12

29. C.A ANDALUCIA: EL PP LE SIGUE PAGANDO LAS FACTURAS A ARENAS

El PP sigue pagando las facturas de Javier Arenas. El pasado verano, el presidente de los conservadores andaluces intentó enmascarar el sobresueldo que venía recibiendo del PP al menos desde el año 2008 al asegurar ante un notario, con facturas incluidas, que la cantidad que le pagaba su partido -y por la que Arenas abonó el IRPF- se destinaba a viajes, desayunos, hoteles y otros gastos generados por su actividad política, que incluían, según el notario, "100.000 kilómetros al mes en Andalucía [y, al menos] en [otras] tres ocasiones al mes a estar presente en el resto de comunidades".

Esta decisión no supone que Arenas se haya pagado desde el verano hasta hoy esos gastos de sus ahorros y de su sueldo como senador. "Se hace cargo el partido", señaló ayer el PP andaluz. ¿Qué ha cambiado entonces? "Ha cambiado el sistema. Antes -afirmó el PP- existía un concepto retributivo que ahora desaparece, porque podía dar lugar a confusión". Es decir, según esta versión, ahora el sistema sería presentar facturas para que el partido las abone a posteriori, mientras antes existía una cantidad para gastos.

Sin embargo, esto tiene difícil sostén. Además del pago del IRPF (que el PP no tenía por qué abonar de haber utilizado desde el principio el sistema que ahora afirma haber implantado), Arenas presentó al notario facturas por un importe de 47.990 euros y sólo presentó "los cargos en la tarjeta VISA" para 17.917 euros. En el resto, el notario se limita a acreditar que las facturas existen y están a su nombre.

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Además, el balance del partido, según el Tribunal de Cuentas, recoge una partida destinada a "otros servicios". Es ahí donde, según datos a los que tuvo acceso Público, se consignan gastos de desplazamiento y comidas. Por tanto, según esta otra versión, las cantidades de "representación" abonadas a Arenas operaban como un sueldo. Así, es a un salario, que

ascendió a casi 339.843 euros brutos desde 2008, a lo que renunció el presidente del PP y no, como dice su partido, a un cambio en el sistema de pago de facturas

www.publico.es 01.02.12

30. C.A ANDALUCIA: EL PSOE VE ‘CASUALIDADES’ ENTRE EL ALCALDE DE SEVILLA Y EL DESPACHO GARRIGUES

El contrato del hijo de Zoido, la Copa Davis, la subdirección del Alcázar, Mercasevilla que cambia de bufete, son muchas "casualidades" para los socialistas

Un nuevo posible escándalo acecha al alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. Tras el caso de presunto espionaje político protagonizado por un alto cargo por él nombrado, ahora el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha instado al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, a que explique todas las ”casualidades”, que parecen ser “distintas piezas de un puzzle”, y que se encuentran vinculadas a un mismo bufete de abogados, algo que consideran levanta “al menos un mínimo de sospecha”.

El hijo de Zoido contratado por un bufete del Ayuntamiento

El portavoz adjunto del PSOE, Antonio Muñoz, ha señalado que podría ser “anecdótico” que el hijo de Zoido fuera contratado por un bufete de abogados que trabaja para el Ayuntamiento, ya que “todo el mundo tiene derecho a trabajar”.

“Ponía el grito en el cielo”

Sin embargo, advierte de que “por hechos parecidos y no con tanto grado de familiaridad, Zoido ponía el grito en el cielo y lo tildaba de enchufismo y contratación a dedo, entre otros adjetivos”, con lo que se demuestra “una vez más que una cosa es predicar y otra dar trigo”.

La creación de un puesto en el Real Alcázar

Según ha recordado Muñoz, en el anterior pleno se conoció la creación de un puesto ad hoc de subdirector del Real Alcázar de Sevilla, que ha ido para la esposa de uno de los socios de ese bufete”. También, apunta que en el último consejo de Mercasevilla se cambió el bufete por el que “hoy contrata al hijo de Zoido y el que la esposa de uno de sus fundadores fue contratada”.

Donación de 15.000 euros para la copa Davis

En la misma línea, menciona que “el único bufete de abogados que hace una donación de 15.000 euros para la celebración de la Copa Davises este mismo”. “Todas éstas son distintas piezas con un denominador común y que el primer edil hispalense, juez además de alcalde, tendrá que explicar en algún momento”, insiste Muñoz. “El PSOE lo único que hace es poner el tema encima de la mesa y seguirá con su tarea de investigación de tantas casualidad que levantan, al menos, un mínimo una sospecha”.

Contrato en prácticas

Por su parte, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha comparecido este viernes para explicar que su hijo tiene un contrato en prácticas con el bufete Garrigues y que este despacho de abogados lo ha escogido entre los aspirantes por su curriculum. Ha negado cualquier tipo de trato de favor.

www.elplural.com 03.02.12

31. C. A ANDALUCÍA: ZOIDO DEJA A PILAR BARDEM SIN AVENIDA

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El alcalde de Sevilla sustituye el nombre por el de Nuestra Señora de las Mercedes

El Ayuntamiento de Sevilla envió a primera hora de la mañana de ayer un comunicado en el que anuncia el inicio de los trámites para cambiar el nombre de la avenida Pilar Bardem por el de Nuestra Señora de las Mercedes. Juan Ignacio Zoido (PP) dijo el día de su toma de posesión como alcalde que gobernaría la ciudad con la Constitución y la Biblia en la mano. También con sus promesas que, durante sus años de oposición a la gestión de Alfredo Sánchez Monteseirín y el pacto PSOE-IU, hizo a tirios y troyanos.

La avenida fue previamente conocida como General Merry, y en abril de 2009 pasó a tener el nombre de la actriz como consecuencia de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Este fue el caso más polémico de entre los numerosos cambios del nomenclátor para cumplir la nueva legislación. Por un lado, se criticaba que la calle estaba dedicada a Francisco Merry Ponce de León y no a su hijo, Pedro Merry Gordon, teniente general en el franquismo. Aunque otras versiones citan la estrecha relación de Merry Ponce de León con Gonzalo Queipo de Llano, el general golpista que dirigió la campaña y la represión en Andalucía durante y después de la Guerra Civil. Por el otro, se destacó la escasa relación de la actriz con Sevilla, en donde nació -"Hay que nacer en algún lado", dijo- y adonde ni siquiera acudió a desvelar los azulejos con su nombre.

Poco después de ganar las elecciones, Zoido ya manifestó su intención de quitar el nombre de Pilar Bardem. Una de sus primeras ideas fue la de poner el nombre de la misma al periodista y escritor Antonio Burgos, uno de los representantes de la sociedad más inmovilista sevillana, a la par que uno de sus máximos valedores durante los años de oposición del ahora alcalde. Pero si Zoido quería escapar de polémicas sobre memoria histórica parece que ha errado. La argumentación dada por el Consistorio es que la hermandad de Santa Genoveva le ha entregado 2.327 firmas de vecinos, entidades de la zona y tres hermandades. La iglesia de Santa Genoveva fue impulsada por Queipo de Llano y bautizada con el nombre su esposa. La virgen del citado templo es Nuestra Señora de las Mercedes, el nombre de la madre del militar. Además, el escudo de la hermandad es el águila de san Juan Evangelista, prácticamente igual a la franquista.

www.elpais.es 29.01.12

32. C. A ASTURIAS: CASCOS CONVOCA ELECCIONES EN ASTURIAS TRAS NO PODER APROBAR EL PRESUPUESTO

Solo seis meses y medio después de haber llegado a la presidencia del Principado, el dirigente de Foro llama a votar de nuevo el 25 de marzo

El presidente de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos, disolvió ayer el Parlamento de la comunidad y convocó elecciones autonómicas anticipadas para el 25 de marzo, el mismo día para el que estaban previstos los comicios andaluces.

Las cuentas que presentó para 2012 solo tuvieron el apoyo de su partido

El PP le exigió una previsión de ingresos realista para negociar

El líder conservador denuncia un complot del PP y el PSOE contra él

La oposición le reprocha falta de diálogo y talante para pactar

Seis meses y medio después de haber accedido a la presidencia del Principado en minoría, al frente de su nueva formación Foro Asturias Ciudadanos (FAC), el ex secretario general del PP que abandonó esta formación hace ahora 13 meses para crear su propio partido, ha optado por forzar una convocatoria electoral para intentar superar el bloqueo político en el que está sumida la comunidad.

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El detonante de la decisión ha sido el rechazo de su proyecto de Presupuestos para 2012 en la Junta General del Principado el pasado miércoles. Las cuentas regionales contaron con el

único apoyo de los 16 diputados de Foro, mientras que las rechazaron el PSOE (15) y PP (10) y se abstuvo Izquierda Unida (4).

Pero lo que desvela la decisión de ayer es la incapacidad de Álvarez-Cascos en este medio año de Gobierno para dialogar y negociar con la oposición. Ayer, recurrió de nuevo a la tesis de de un supuesto "complot parlamentario" para hacer ingobernable la región.

Desde que en enero de 2011 abandonó el PP, una vez que este partido lo descartó como candidato electoral a la presidencia de Asturias, el exministro de José María Aznar ha intentado justificar su nueva aventura política proclamando la existencia de un supuesto pacto entre PP y PSOE en Asturias para cerrarle el paso. Ahora, se aferra a esta tesis para disolver la Cámara y llamar de nuevo a los asturianos a las urnas.

Los tres partidos de la oposición rechazaron su proyecto de presupuesto por considerarlo irreal y con una previsión de ingresos "hinchada". La propuesta que Cascos llevó al Parlamento también fue criticada por la patronal asturiana FADE por razones similares. El Partido Popular le reclamó una revisión a la baja como condición para darle su apoyo y negociar un nuevo diseño presupuestario.

Pero el rechazo de los ingresos y gastos previstos no fue más que la gota que colmó el vaso. Desde el minuto uno de su mandato -Cascos asumió la presidencia el pasado 16 de julio- quedó claro en la vida política asturiana que el nuevo Ejecutivo carecía de cintura y de mano izquierda para dialogar y entenderse con la oposición. El presidente acusó sistemáticamente al PP y al PSOE de bloquear la acción de gobierno, pero estos partidos e IU han venido denunciando que, por su carácter, su temperamento y sus animadversiones personales Cascos no tenía ni el talante ni la disposición para buscar puntos de encuentro con su aliado natural: el PP.

La ruptura en enero de 2011 entre Cascos y el PP, tras casi un año de choques frontales, abrió heridas muy difíciles de cauterizar. La derecha asturiana, rota por segunda vez desde 1998, en ambos casos con el protagonismo estelar de Cascos y del exalcalde de Oviedo y actual delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo (aliados hace 13 años pero enemistados ahora), hace imposible cualquier alianza viable y duradera entre Foro Asturias Ciudadanos y el PP, tal y como se ha visto en estos meses.

Además, sus críticas a decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy -censuró la subida de impuestos, el recorte de inversiones y otras reformas- no hizo más que dificultar cualquier acercamiento.

En las últimas elecciones autonómicas, la suma de ambas fuerzas conservadoras arrebató por vez primera la mayoría absoluta a la izquierda (PSOE e IU) en Asturias, pero eso no se tradujo en una sólida alternativa de Gobierno. Al igual que en la anterior fractura del PP en el Principado, durante el Ejecutivo de Sergio Marqués, la división de los conservadores abocó a Asturias a una crisis política.

A todo ello se sumó un estilo de Gobierno bronco, que ha ido suscitando polémicas y controversias, sobre todo en el ámbito de la cultura, actuando sin contar con el Parlamento y tomando decisiones como si se tratase de un Gobierno con mayoría absoluta y no con extrema debilidad parlamentaria.

Cascos no desveló ayer si volverá a encabezar la lista de FAC a la presidencia de Asturias, pero todo apunta a que sí será otra vez el candidato. En una comparecencia ante los periodistas, aseguró que sigue "más ilusionado que nunca" y reiteró que su proyecto presupuestario era el idóneo y el que Asturias precisa en estas circunstancias de crisis económica.

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La elección del 25 de marzo como fecha electoral hará coincidir los comicios asturianos adelantados con los previstos en Andalucía. Se trata de la primera vez que Asturias aplica el

nuevo precepto estatutario que permite anticipar elecciones. Al PP y al PSOE la fecha les obligará a precipitar decisiones. La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) tiene convocado su congreso regional para los día 9 y 11 de marzo, y el PP regional pretendía celebrar el suyo entre marzo y abril.

Desde esta perspectiva, Cascos crea una situación incómoda a los dos partidos de la oposición. Pero con esta decisión también arriesga su propio prestigio. En los comicios autonómicos de mayo de 2011, FAC fue la segunda fuerza más votada en Asturias, solo por detrás del PSOE, aunque obtuvo un escaño más que los socialistas. Fue un resultado soberbio para un partido que se había creado solo cinco meses antes. Pero en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre perdió casi la mitad de sus votos y se convirtió en la tercera fuerza política.

SEIS MESES DE SOMBRAS Y MUY POCAS LUCES

Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente del Gobierno de José María Aznar (1996-2000), exministro de Fomento entre 2000 y 2004 y secretario general del PP durante 10 años, se alzó con la presidencia de Asturias en las elecciones de mayo con una imagen, labrada por muchos de sus propagandistas, de gestor eficaz, trabajador infatigable "a tres turnos" (uno de sus lemas de campaña), gobernante impetuoso y arrollador y dotado de una idea cabal y visionaria de Asturias y de sus problemas y sus soluciones.

Pero en estos seis meses y medio de Gobierno nada de ello se verificó. La crisis económica, la necesidad de ajuste del gasto público y la minoría parlamentaria actuaron como supuestos eximentes de la inacción del Gobierno.

Pero lo desolador para Álvarez Cascos es que en este tiempo ni tan siquiera ha expuesto un proyecto conceptual ni un diseño de futuro para la región. Porque más que de futuro y de los retos del siglo XXI, Cascos se ha pasado este medio año envuelto, como antaño, en la exaltación del pasado, reivindicando una y otra vez a Jovellanos, el ilustrado gijonés del siglo XVIII al que desde hace décadas dedica sus desvelos. A eso sumó su situación de minoría parlamentaria, que agudizó la imagen de inoperancia.

Cascos, además, ha seguido alternando su residencia en Asturias y en Madrid. Y la percepción que ha llegado a la ciudadanía es que mientras el Ejecutivo de Foro manifestaba acusadas dificultades para hacer, no tenía ningún reparo en deshacer cuanto encontraba en su camino.

El frontal enfrentamiento con el Centro Internacional de Óscar Niemeyer (hoy, paralizado), el intento de asfixiar a la televisión y radio autonómicas (RPA) por la vía de los hechos, incumpliendo mandatos parlamentarios y negándose a pagar partidas aprobadas y comprometidas por el poder legislativo en los presupuestos de 2011, y más recientemente la destitución del director del prestigioso Festival Internacional de Cine de Gijón por decisión del concejal de Cultura de Foro en Gijón, entre otras decisiones controvertidas, han alimentado una impresión de bronca e inoperancia destructora.

A ello se ha sumado la imagen extremadamente débil de algunos consejeros de su Gobierno, cuyo peso político reposa de modo exclusivo sobre el carisma del presidente.

www.elpais.es 31.01.12

33. C.A CASTILLA LA MANCHA: COSPEDAL DEJA SIN FONDOS A INVESTIGADORES DE PARAPLEJIAS

Castilla-La Mancha suspende sus contratos y los deja sin tesis

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Los recortes presupuestarios desbaratan, una vez más, el trabajo de un grupo de jóvenes investigadores. En este caso se trata de Castilla-La Mancha, que ha dejado plantados a 16 jóvenes que están haciendo la tesis doctoral con ayuda de la comunidad autónoma (unos

21.800 euros brutos al año), una decena de ellos en el Hospital Nacional de Parapléjicos (HNP), en Toledo, según han denunciado en una carta abierta los afectados. Se les notificó oficialmente, a finales del año pasado, que no se renovaría su contrato "por motivos presupuestarios". Luego se les ha dado una prórroga de un mes y ahora están de nuevo en el aire. La comunidad autónoma afirma que está buscando una solución, "fórmulas para dar continuidad a estos contratos".

Los afectados dicen que el fin de la ayuda dañará al Hospital de Toledo

Los afectados, según se explica en la carta abierta, son los que obtuvieron la ayuda de formación predoctoral de cuatro años en las convocatorias de 2008, 2009 y 2010 a través de la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La Mancha (ahora Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha). La finalidad de estas ayudas, concedidas tras evaluación, es realizar la tesis doctoral, pero también colaborar en las líneas de investigación y proyectos de los laboratorios, "dedicados principalmente al estudio de la lesión medular y enfermedades neurodegenerativas", según explican en su carta abierta. Por ello la interrupción de su labor no solo supone un perjuicio personal -interrupción de su formación y riesgo de no acabar la tesis- sino que afecta negativamente a los laboratorios en los que están integrados.

"Confío en que se va a resolver esta situación en unos pocos días, se trata de dar continuidad a estos contratos", comentó ayer Javier Hernández, director General de Calidad, Planificación, Ordenación e Inspección de la Consejería de Salud de la comunidad autónoma. La semana pasada se reunió con los responsables de las líneas de investigación en las que están integrados los jóvenes afectados.

"La semana pasada nos hemos reunido con los responsables de cada línea de investigación" para abordar la situación creada y buscar posibles soluciones, añade Hernández. "Se trata de homogeneizar la situación". Estos contratos predoctorales estaban financiados por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha a través de la Fundación de Investigación del propio hospital de parapléjicos.

"La interrupción de nuestras ayudas supone un estancamiento y una falta de personal para completar los proyectos en los que estamos involucrados, produciendo un impacto muy negativo en el HNP", señalan los firmantes de la carta. Estos jóvenes, aunque en formación, hacen aportaciones importantes en los laboratorios en los que trabajan y en la especialidad que desarrollan pueden ser clave, según comenta un jefe de línea de investigación que está dedicando la mayor parte de su tiempo en las últimas semanas a intentar solucionar la situación anómala creada con la suspensión de los contratos, en lugar de concentrarse plenamente en su trabajo científico.

www.elpais.es 02.02.12

34. C.A CASTILLA LA MANCHA: LA DECLARACIÓN DE BIENES DE COSPEDAL, BAJO SOSPECHA: ‘DESAPARECEN’ DE SUS CUENTAS BANCARIAS 438.000 EUROS

Seis meses después, cuando Mariano Rajoy ha ganado las elecciones y el Gobierno del PP de Castilla-La Mancha ha aplicado el mayor “tijeretazo” de la historia de la Comunidad, su presidenta, María Dolores Cospedal, hace pública su obligada declaración de bienes donde, entre otras cosas, queda claro que continúa siendo la político mejor pagada de España (168.857 euros netos ó 223.000 brutos anuales) y que es capaz de registrar sin más una caída en el saldo de sus cuentas corrientes de 438.000 euros.

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Por eso el PSOE quiere saber dónde ha ido a parar ese dinero, ya que en el documento presentado por Cospedal el pasado 21 de julio y dado a conocer el sábado, 28 de enero, se recoge un saldo medio en sus cuentas corrientes de 70.000 euros (vea aquí la declaración de bienes de Copedal de 2011), cuando en la declaración de bienes del año 2010 los saldos bancarios eran de 508.000 euros, 438.000 menos (vea aquí la declaración de bienes de Copedal de 2010) que el año anterior. “En la declaración no se justifica una caída en el saldo

tan brutal, porque ni hay nuevas compras, ni nuevos préstamos”, reconoce a ELPLURAL.COM la secretaria de Comunicación de los socialistas castellano-manchegos, Esther Padilla.

¿Dónde está el cigarral?

Padilla también se pregunta dónde está el chalet de la elitista urbanización toledana de Los Cigarrales que compraron Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro, que como adelantó en exclusiva ELPLURAL.COM está valorado en 2,5 millones de euros. “Si es un olvido, que lo subsane”, sentencia la portavoz socialista, que cree que la presidenta de Castilla-La Mancha ha “tardado tanto en publicar su declaración de bienes porque le convenía ocultarla antes de las elecciones generales y mientras recortaba y le bajaba el sueldo a los funcionarios”.

Un sueldazo propio del Ibex 35

Sin embargo, Cospedal podrá o no, supuestamente, esconder su cigarral (en obras en la actualidad); podrá o no, supuestamente, disimular 438.000 euros, pero no podrá ocultar su condición de “bien pagá” al lograr una nómina de 168.857 euros netos, o si se prefiere algo más de 223.000 euros brutos, lo que la convierte en la político mejor pagada de la historia de la democracia española, puesto que gana justo el doble que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Más transparencia

Ante esta situación, Esther Padilla ha reconocido que el PSOE presentará en las Cortes regionales una iniciativa para obligar al Gobierno a la publicación de su declaración de bienes no más allá de los dos meses de su toma de posesión. Pero no solo eso, para los socialistas “no hay Gobierno con mayor nocturnidad y menos transparencia que el de Cospedal”, dice Padilla, para seguidamente concretar que, “los cambios de Gobierno los hacen a las 9,30 de la noche y las declaraciones de bienes y rentas las hacen en el Diario Oficial de un sábado”, añade, “ya sólo falta que los Presupuestos de Castilla-La Mancha los aprueben la víspera del Jueves Santo”.

El consejero millonetis

Pero mientras que los socialistas buscan 438.000 euros que no aparecen en las cuentas de Cospedal, el consejero de Sanidad de su Gobierno, José Ignacio Echániz, declara tener 492.389 euros. Curiosamente, este polémico político, muy conocido en la sanidad madrileña (y no para bien), es el que se niega a pagar a los farmacéuticos y dependientes en tiempo y forma, además de despedir a los interinos, “porque no hay dinero para pagarles”, ha dicho recientemente.

www.elplural.com 02.02.12

35. C. A GALICIA: EL PP DE OURENSE CONSAGRA LA SUCESIÓN DE BALTAR POR BALTAR

"Todos los diputados me darán su apoyo", afirma el hijo

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A pesar de "no creer en las carreras políticas programadas", José Manuel Baltar Blanco heredará la Diputación de Ourense antes del 10 de febrero. El clan familiar se perpetúa en una institución pública como si fuese una finca de su propiedad. Y lo hace gracias a la decisión tomada ayer por unanimidad de todos los miembros de la junta electoral del partido. Ahora solo falta que los 14 diputados provinciales fieles a su padre lo aclamen en un pleno formal en el que asumirá la presidencia. Se cumple así el guión acordado por la familia Baltar para mantener el control del partido en la provincia. El padre renunció a la presidencia del partido y el hijo se hizo con el puesto tras un congreso en el que se enfrentó a Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde de Verín y candidato oficialista de Alberto Núñez Feijóo. Ahora toca la Diputación.

Desde que nació vivió la política en casa, algo que "otros políticos no tienen"

El secretario del comité electoral, Rosendo Fernández -que también es vicepresidente de la Diputación y jefe del grupo municipal de los conservadores en la capital provincial- leyó ayer un escueto comunicado en el que hacía oficial la elección. No quedaba bien que el propio candidato se autoproclamase sucesor frente a las cámaras. Tras el anuncio, Manuel Baltar hizo aparición y afrontó las preguntas de los medios durante 30 minutos. Para el candidato es un "gran honor asumir un cargo de tan alta responsabilidad".

El hijo de Baltar recordaba que aún no tiene los votos de los 14 diputados con los que cuentan los conservadores. En realidad se refería a una cuestión formal, ya que él mismo añadió a continuación: "Todos los diputados me transmitirán su apoyo". La sucesión lleva meses cocinada y ahora únicamente falta poner la guinda al pastel. Según el propio candidato, Feijóo -que eludió hablar del tema durante dos días y cuando lo hizo fue para ofrecer barra libre al clan ourensano- está informado puntualmente de todos y cada uno de los acuerdos y "apoya todas las decisiones que se tomen".

También tuvo tiempo para intentar excusar al patriarca, que llamó "veletas" a la dirección gallega del partido en la comparecencia en la que anunció su marcha. "No se puede simplificar las declaraciones en lo de veletas" porque comparó y eligió "la base frente a los dirigentes". Preguntado por esas discrepancias que todavía mantiene su progenitor con el PP gallego, no concretó si va a seguir esa misma línea aunque matizó que "no va a ser conformista". El hijo también está enfrentado a Núñez Feijóo pero guarda más las formas.

Niega que le molesten las críticas de la oposición, que califica el proceso pactado por el clan familiar como "una abdicación". Baltar hijo asegura que con esa actitud solo han conseguido "fracasos más que sonoros" y defiende que "el tiempo da y quita razones", así como "los electores en las urnas". En su comparecencia aprovechó para defender el papel de las cuestionadas Diputaciones, que en su opinión son "absolutamente necesarias" para garantizar los principios de "solidaridad intermunicipal".

Desde ayer ya no tiene pelos en la lengua. Se reivindica a sí mismo como un buen candidato porque desde que nació vivió la política en casa y eso ofrece "una perspectiva que otros políticos no tienen". Además defiende acérrimamente el trabajo de su padre: "Tenía en casa un gran modelo político a seguir". El único escollo pendiente fue tumbado el viernes. El alcalde de Nogueira de Ramuín y diputado suplente primero, César Parente, firmó la renuncia al puesto que le correspondía tras la dimisión de Baltar padre. Así lo había acordado con el patrón familiar cuando fue colocado como primer reserva tras las elecciones de mayo.

Presidente en pocos días

La normativa dice que el plazo máximo entre la dimisión del presidente y el pleno de nombramiento del sucesor no puede exceder los 10 días hábiles, por eso Baltar Blanco heredará el puesto de su padre antes del 10 de febrero. El partido barajaba el próximo sábado 4, pero las posibles interferencias del congreso federal que el PSOE celebra ese mismo fin de semana en Sevilla, ha descartado ese día. Ahora estudian que sea en la semana del 6 al 10 de febrero. La decisión está en manos del presidente en funciones, Rosendo Fernández.

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Baltar padre estará en la sesión de investidura de su hijo. El pasado viernes, tras su marcha entre los vítores y llantos de sus cientos de enchufados, se fue a comer con los diputados conservadores y su chófer. Desde entonces no volvió por el Pazo Provincial y no tiene pensando hacerlo hasta que José Manuel sea el nuevo presidente. En esa histórica retirada no estuvo presente ningún miembro del Gobierno gallego, a diferencia del pleno de investidura de su séptima legislatura, interrumpida ahora por la adelantada dimisión. La presencia institucional en el acto de traspaso familiar de la institución será un buen termómetro para medir la relación del PP ourensano y la dirección gallega. La frialdad con que Alfonso Rueda o Alberto Núñez Feijóo despidieron al barón levantó nuevas ampollas entre los baltaristas.

www.elpais.es 29.01.12

36. C.A GALICIA: 400 BENEFICIADOS POR SU REPARTO DE EMPLEOS DESPIDEN CON VÍTORES AL PRESIDENTE DIMITIDO

Se despidió en su feudo. Y con honores. Entre salvas de aplausos, lágrimas, vítores y rendiciones. José Luis Baltar ofició hasta el último minuto el "buen" caciquismo del que alardeó durante sus impenetrables y sucesivos mandatos (22 años consecutivos) al frente de la Diputación de Ourense. Ayer, finalizado ya el último pleno que presidió, y tras el besamanos de turno de sus alcaldes y diputados -unos más emocionados que otros- mostró al mundo su verdadero legado: más de 400 empleados vinculados al PP que abarrotaron las regias escaleras del Pazo Provincial para despedir, cariacontecidos, en fila india a su patrón. Le fue materialmente imposible abrazarlos a todos. No solo por la ingente cantidad de sus enchufados, sino porque el ya exbarón del PP gallego había colmado el cupo emocional de la intensa jornada.

No pudo con todo. Dejó a cientos sin posibilidad de expresarle el afecto y enfiló como un rayo, precedido de su chófer, las escaleras hacia el garaje de la institución provincial con el rostro inflamado y los ojos humedecidos para subirse por última vez al coche oficial que habría de llevarlo esta vez a la jubilación. Ya ha dicho que irá él -en lugar del chófer de la Diputación- a sus nietos al colegio.

Tras dos décadas holgadas al frente de la máxima institución provincial, Baltar deja casi un millar de ourensanos (la mayoría cargos, o parientes, del PP) colocados en puestos de trabajo que apenas tienen cometido en una Diputación endeudada hasta el límite legal y con un presupuesto en recesión (poco más de 71 millones este año) del que casi la mitad (un 41%) se evapora en pagar salarios. La mitad estaban ayer ahí.

Antes de que lo embargara la emoción por esta muestra de agradecimiento de los cientos de empleados cuyos contratos investiga la Fiscalía, Baltar regaló a la audiencia las últimas ráfagas de su perfil político. Sin trombón y todo, mantuvo ese tono de proximidad y chanza que lo caracterizan y que tan buenos resultados (junto a las contrataciones) le han dado en política. Se dejó fotografiar con todo el mundo: diputados de su grupo, de la oposición, alcaldes, concejales, amigos... "Venga, ahí también. ¿Alguien más quiere otra foto? ¡Dónde haga falta!", repetía aparentemente incansable mientras se sometía con la mejor de sus sonrisas al ritual de turno como si aún le fueran los votos en ello.

Se inmortalizó también con los fotógrafos de los medios de comunicación a quienes tantas portadas brindó. Sentado entre ellos en las escaleras próximas a su despacho, fue el único capaz de romper el hielo del momento. "Esta es la foto de los que vamos a ir derechos al infierno", clamó mientras arreciaban los flashes.

"Para eso hay que nacer", comentó una de sus empleadas, expresando en voz alta lo que todo el mundo en el PP da por hecho: el baltarismo que viene está a años luz del baltarismo. Su hijo, el Baltar que se queda ahora con todo el legado acumulado en dos décadas por su padre su padre, no apareció. En breve gestionará una institución que dedica 29 millones de euros a gastos de personal y 12 a inversiones. Lo hará con un equipo de veteranos -otra generación- del núcleo duro de su padre y algunos de los cuales aspiraban a optar, tras años de fidelidad al patrón, a la sucesión institucional.

Como si los astros se conjuraran para marcar la jornada, en el edificio Simeón, el centro cultural de la Diputación (al que Baltar ha prohibido recientemente atribuirle 33 porteros: asegura ahora que "solo hay 19") se proyectaba a última hora de la tarde la segunda parte de la película El Padrino, de Coppola.

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www.elpais.es 28.01.12

37. C. A MADRID: ALTOS CARGOS MUNICIPALES USABAN DE COCHE OFICIAL EL DE UNA CONTRATA

El 'número dos' del concejal de Economía empleó para gestiones personales y actos electorales un vehículo de inspección de semáforos, según una denuncia

El presunto uso indebido de recursos públicos investigado por el Ayuntamiento de Madrid no se limita a una decena de funcionarios que, presuntamente, emplearon coches destinados a inspecciones técnicas y reparación de semáforos para ir y volver de su casa al trabajo, hacer gestiones personales en horario laborable y excursiones y viajes en fin de semana. Según la denuncia que generó la investigación, altos cargos municipales utilizaron los vehículos como si de coches oficiales se tratara, entre ellos el coordinador general de Economía, Javier Conde, número dos del concejal del área, Pedro Calvo. Conde fue hasta junio de 2007 director general de Movilidad, y luego gerente de la EMT y coordinador general de Seguridad y Emergencias.

El vicealcalde promete actuar con "contundencia y rapidez"

El Ayuntamiento, "dada la gravedad de los hechos" denunciados, abrirá "de forma inmediata una investigación previa" y propondrá "la incoación de expedientes disciplinarios si se detectaran indicios racionales de responsabilidad, o el traslado a la fiscalía de cuantos hechos pudieran ser susceptibles de derivar en responsabilidad penal". Ayer, el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, precisó que será "una investigación detallada", y se actuará "con total transparencia, con contundencia y con absoluta rapidez".

El área de Seguridad, que entonces dirigía Pedro Calvo, licitó en junio de 2005 un contrato de gestión y mantenimiento de semáforos, que obtuvieron -por seis años y 70 millones de euros- Telvent y Etramad. Entre la fecha de adjudicación y la salida de Conde como director general de Movilidad, en junio de 2007, fueron varios funcionarios y altos cargos los que hicieron uso particular de vehículos que debían servir únicamente para labores técnicas. Entre ellos, el propio Conde y su sucesor en el cargo, José Luis Molinero; y los dos subdirectores de Circulación en ese periodo. Uno de ellos, José Luis Mato, incluso utilizó el coche durante medio año después de haber sido nombrado director general de Planificación del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

Entre 2006 y 2007, Conde empleó uno de los vehículos de las contratas (primero un Citroën C4, luego un C5) para trasladarse a comidas con amigos, excursiones a otra provincia, cursos de verano, fiestas, partidos de fútbol e incluso a actos electorales del PP de la campaña municipal de mayo de 2007. Para ello contaba además como chóferes con los conductores asignados y pagados por las empresas para esos vehículos, según la denuncia investigada.

A partir de la marcha de Conde y de la salida de su sucesor José Luis Molinero (que solo pasó un mes en el cargo, siendo sustituido por Pedro Ayuso), el uso de estos vehículos para fines particulares por parte de funcionarios de Tráfico y Circulación se generalizó. Según la denuncia, tanto Conde como otros altos cargos sabían de las irregularidades de esos trabajadores, pero estas continuaron hasta la finalización del contrato el pasado mes de diciembre.

www.elpais.es 31.01.12

38. C.A MADRID: CALVO ADMITE EL USO INDEBIDO DE COCHES DE CONTROL DE TRÁFICO

Su mano derecha los empleaba como si fueran su vehículo oficial

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El Ayuntamiento de Madrid abonó entre 2005 y 2011 casi 70 millones de euros por "los servicios de transmisión de datos, de gestión de los sistemas de información y de la regulación automática de las señales luminosas, relacionadas directamente con el control del tráfico". En el punto 6.16 de las condiciones de la contrata se estipulaba que las empresas adjudicatarias

debían proporcionar "todos los días laborables y durante la jornada completa de trabajo de los servicios técnicos un vehículo con conductor, sin cargo alguno, para el traslado del personal perteneciente a aquellos servicios técnicos en el desempeño de sus funciones de vigilancia y control de los trabajos contratados".

Según el contrato, los vehículos debían servir para inspecciones

Las adjudicatarias, Etramad y Telvent, pusieron a disposición del Ayuntamiento los vehículos y tres conductores (uno por zona) para realizar esos servicios técnicos. Sin embargo, entre 2005 y 2011, dichos coches fueron usados para tareas diferentes de las estipuladas en el contrato, según una denuncia periodística investigada por el Ayuntamiento. Entre los implicados en las presuntas irregularidades está Javier Conde, mano derecha entonces y ahora de Pedro Calvo, que en ese periodo era delegado de Seguridad y en la actualidad es responsable del área de Economía. El edil explicó ayer: "Conde en ningún momento ha reconocido ni manifestado haber utilizado ninguno de esos medios para cosa distinta a la tarea que tenía encomendada en aquel momento como director general de Movilidad; y que en ningún caso los utilizó para fines personales ni familiares".

Según la denuncia investigada, Conde hizo un uso irregular de vehículos (primero un Citroën C-4, luego un C-5) que debían emplearse para las inspecciones de semáforos. En concreto, y tal y como ha reconocido el propio Calvo, lo empleaba para las tareas propias de su cargo como director general. Es decir, como si de un coche oficial se tratara. Y, según la denuncia investigada, también para ir a conferencias y cursos de verano, a sedes del PP en semanas previas a las elecciones municipales de 2007, e incluso en una ocasión, al estadio Santiago Bernabéu en tarde de partido.

A partir de la marcha de Conde y de su sucesor, José Luis Molinero (que solo pasó un mes en el cargo), el uso de estos vehículos para fines particulares por parte de funcionarios de Tráfico y Circulación se generalizó. Según la denuncia investigada, tanto Conde como otros altos cargos lo sabían.

www.elpais.es 01.02.12

39. C.A MADRID: LISSAVETZKY PIDE MEDIDAS INMEDIATAS E INFORMACIÓN DEL 'CASO SEMÁFOROS'

La oposición coincidió ayer unánimemente en exigir al Gobierno local (PP) que "llegue al fondo del asunto" en la investigación del presunto uso irregular de recursos públicos por parte de funcionarios y cargos políticos del Ayuntamiento. El portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, pidió "medidas incluso de forma preventiva", como "la separación del servicio de las personas presuntamente implicadas" en lo que bautizó como "caso de los semáforos".

El líder socialista quiere "una comisión de investigación" para "depurar responsabilidades, incluso de carácter político", ante "una presunta irregularidad que puede tener una vertiente legal".

El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, vio "normal" y "bien" que el Gobierno local "investigue" si "tiene indicios razonables y razonados de que esas cosas han sucedido", según Europa Press. El portavoz de Unión Progreso y Democracia, David Ortega, tachó el asunto de "serio y grave".

El Ayuntamiento ha anunciado ya que, "dada la gravedad de los hechos" denunciados, abrirá "de forma inmediata una investigación previa" y propondrá "la incoación de expedientes disciplinarios si se detectaran indicios racionales de responsabilidad".

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La concejal socialista Ruth Porta informó ayer de que el pasado 12 de enero solicitó información sobre el contrato de semáforos vigente y sobre los dos anteriores. Considera que,

al no haber recibido contestación, su solicitud debe considerarse estimada. Pero pese a ello denuncia que no ha recibido la información requerida.

"Dadas las noticias que están apareciendo en los medios de comunicación, directamente relacionadas con los expedientes de referencia, solicito el acceso inmediato a los citados expedientes o, en su caso, una resolución motivada de la denegación a la presente solicitud con el objeto de poder ejercer, a la mayor prontitud, las acciones judiciales que resulten procedentes", añade Porta en la carta enviada ayer al Área Institucional del Gobierno municipal.

www.elpais.es 01.02.12

40. C.A MADRID: LOS FORMADORES DE DESEMPLEADOS NO COBRAN DESDE MAYO

Aguirre debe más de 50 millones a las empresas de cursos profesionales

La de Luis es una historia de estrecheces. En los últimos seis meses, Luis (que pide figurar sin apellidos ni más datos) condujo 160 kilómetros diarios para trabajar 11 horas de sol a sol, comió en su coche y se mudó a un piso compartido en el que pagaba 300 euros mensuales. Se apretó el cinturón tanto que, asegura, no tenía "ni los 35 céntimos" que cuesta un café de máquina. "La mitad de los días comía arroz y fiambre de pavo de bolsa", revela este profesor con dos carreras y un máster. El suyo sería un testimonio más de la crisis que nos ha tocado vivir. La peculiaridad de Luis -que trabajó todo ese tiempo sin cobrar ("ya no tenía a quién pedir más dinero prestado")- es que su empleo es la formación de parados, con 623.300 desempleados en Madrid, tras el incremento del 8,77% en 2011. Y un apunte más: el dinero de su sueldo proviene de las arcas de la Comunidad de Madrid, que lleva desde mayo sin abonar ni un euro a las empresas de formación de desempleados. Adeuda, según admite la Consejería de Economía y Hacienda, unos 50 millones en facturas.

Como Luis, había otros 5.000 trabajadores en 800 empresas hasta diciembre. "La plantilla se ha reducido a menos de la mitad", señala un portavoz de la Asociación Madrileña de Empresas y Centros de Formación (Amacfor), que denunció la situación. El diputado socialista Antonio Carmona, que llevará una iniciativa a la Asamblea de Madrid, eleva a 100 millones la deuda por impagos de años anteriores. "A cualquier familia, a cualquier empresa madrileña, se le exige pagar la cuota del banco, pagar la factura de la luz y pagar los impuestos", señala el diputado. "Sin embargo, la Comunidad no paga".

Economía admite "un problema de pago", según el citado portavoz, que lo achaca al cambio de ubicación del Servicio Regional de Empleo. En la reestructuración del Gobierno tras las últimas elecciones autonómicas de mayo, este servicio pasó a depender de la Consejería de Educación, junto con toda la cartera de Empleo. "Eso produjo un desfase y problemas técnicos que han demorado los abonos", según el portavoz de la Comunidad, que prometió una reunión con los afectados "esta semana" para "establecer un calendario de pagos". Carmona les acusa de "ocultar deuda" en forma de "facturas no pagadas y no contabilizadas como déficit".

El formador Luis, que ahora duerme más tranquilo, se plantó y acudió a Magistratura hace unas semanas para denunciar los impagos. Le han abonado la mitad de lo que le deben. Desconfía de que le vuelvan a llamar en la empresa de formación tras su denuncia. "Me conformo con que la Comunidad se preocupe de si hemos desayunado o no, esto ha sido una infamia".

www.elpais.es 01.02.12

41. C.A MADRID: LA SANIDAD MADRILEÑA PLANTEA LÍMITES A LA ASISTENCIA A CRÓNICOS

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"¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?", se pregunta la viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la comunidad

"¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?". La pregunta se la hizo en un acto público a mediados de enero Patricia Flores, viceconsejera de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, que consideró en la misma intervención que hay que pensar que "lo sanitario tiene un fin".

También advirtió de que "no podemos comer toda la tarta de un bocado o nos empacharemos", en referencia a la necesidad de estratificar correctamente a los pacientes según su condición clínica. Asimismo, criticó que actualmente, "cuando un paciente necesita atención domiciliaria o institucional, el sistema debe incorporarse a su ritmo de vida; no es el usuario el que debe incorporarse al sistema".

Fuentes de la Consejería de Sanidad indicaron ayer a Público que lo que la viceconsejera quería decir en realidad con sus palabras es que hay pacientes crónicos que, por su estado, pueden ser mejor atendidos en una residencia que en un hospital de agudos.

De hecho, en la intervención de la viceconsejera, que fue recogida el 23 de enero por Diario Médico, Flores consideró que "hay muchos recursos públicos solapados en la atención a crónicos" y que los departamentos de Sanidad y Servicios Sociales "han de trabajar juntos". "En los últimos años nos hemos centrado en dotar infraestructuras, algo que ya acabó, en parte porque la crisis obliga a ello; ahora debemos pensar no en el qué, sino en cómo trabajar", añadió

www.publico.es 03.02.12

42. C.A MADRID: AGUIRRE "TOCARÁ LAS NORMAS URBANÍSTICAS QUE HAYA QUE TOCAR" PARA LOGRAR EL CASINO

La consejera de Justicia compara el proyecto con Disneyland París y Port Aventura

"Las líneas rojas se van a respetar", asegura Ana Botella

La alcaldesa añade que solo el liderazgo del Gobierno "haría que el Ayuntamiento entrara"

Después de que el Gobierno regional renegara la semana pasada de la idea lanzada por Esperanza Aguirre de crear una "isla" fiscal y legal en Madrid para conseguir que se instale en Madrid el complejo de juego, ocio y congresos Eurovegas, la consejera madrileña de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, ha afirmado que se "tocarán las normas urbanísticas que haya que tocar" con el fin de que se instale en la región.

En una entrevista esta mañana en el programa El Círculo a primera hora de Telemadrid, Plañiol ha señalado que la principal preocupación del Gobierno regional es "dinamizar la economía y el empleo", por lo que "todo aquel proyecto que pueda suponer creación de empleo va a tener un estudio". El objetivo último es lograr que el proyecto recale en Madrid porque generaría "200.000 empleos directos e indirectos". "Si podemos traer a Madrid un proyecto que cree 200.000 empleos hay que estudiarlo. Merece la poena que lo estudie el Gobierno de Madrid y el respaldo de todos los madrileños", ha defendido la consejera.

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Plañiol, que ha definido el proyecto como la "creación de ciudad dedicada al ocio de una envergadura que impresiona", ha anunciado que se le dará una respuesta "individual" porque los "proyectos excepcionales, individuales y únicos" requieren una "respuesta individual". La consejera ha comparado el megacasino con parques de ocio como Disneyland París o el de Port Aventura y ha asegurado que cuenta con el "respaldo inicial" de la Administración del Estado, de los ayuntamientos afectados -además de la capital, se estudia Alcorcón como sede- y del Ejecutivo autonómico, a pesar de que tanto el Ayuntamiento de la capital como el Gobierno central consideran inviables las exigencias del magnate estadounidense Sheldon Adelson. "Habrá que tocar algunas leyes, por ejemplo urbanísticas", ha admitido la consejera.

Por su parte, Ana Botella ha dejado el asunto en manos del Gobierno, informa Bruno G. Gallo. "Solo el liderazgo del Gobierno de la nación, en el caso de que decida acometer este proyecto, y un acuerdo de las tres administraciones haría que nosotros entráramos", ha declarado durante el pleno celebrado esta mañana en respuesta a una pregunta de Ángel Pérez. El portavoz de IU se ha referido a Adelson como "feriante americano" y a su proyecto como una "aventura" que responde a un "modelo de baja calidad".

Eso sí, Botella ha hecho hincapié en que "las líneas rojas se van a respetar". "Estoy de acuerdo en que muchas de esas cuestiones no son asumibles", ha coincidido con el juicio de Pérez sobre el pliego de exigenciasplanteado por Adelson, que incluye ayudas e inversiones de las administraciones españolas y amplias reformas legales. "Debemos tener máxima prudencia y máximo consenso. Lo estará estudiando el Gobierno de la nación, máxima prudencia con cuestiones que pueden no ser nunca realidad", ha pedido la alcaldesa.

www.elpais.es 31.01.12

43. C. VALENCIANA: LA GENERALITAT DEBE 2.000 MILLONES A LOS AYUNTAMIENTOS Y LES OFRECE 20

Fabra pide a los cargos del PP que expliquen a los ciudadanos los recortes

El presidente de la Generalitat y líder de los populares valencianos, Alberto Fabra, aprovechó en la tarde de ayer la reunión de la Junta Directiva Provincial del PP de Alicante para intentar congraciarse con los alcaldes, sobre todo los titulares de las pequeñas y medianas Corporaciones. El jefe del Consell anunció una partida de 20 millones de euros para que estos Consistorios puedan hacer frente al pago de deudas y fomentar de empleo.

El jefe del Consell no aclara de dónde sacará el dinero para los Consistorios

Fabra se escuda en la merma de ingresos para justificar el recorte

No obstante, la deuda de la Generalitat valenciana con estas Corporaciones asciende aún a los 2.000 millones por obras del Plan Confianza, y muchos Ayuntamientos han tenido que privatizar servicios sociales o eliminarlos ante el impago de las subvenciones comprometidas por el Consell. Fabra tampoco aclaró de dónde sacará esa partida extra para reflotar las arcas de las pequeñas Corporaciones valencianas.

El presidente aprovechó la reunión para hacer un llamamiento a los cargos del partido a que salgan a la calle "y expliquen" a los ciudadanos "la oportunidad y necesidad" de los recortes que ha aplicado el Gobierno valenciano. El jefe del Consell desgranó, una a una las medidas adoptadas en las últimas semanas, y anunció otras como, la partida destinada a los Ayuntamientos. Fabra mantendrá encuentros similares con las juntas directivas provinciales del PP de Valencia y Castellón.

El encuentro de Alicante, que se prolongó por espacio de una hora, incluyó una alocución de Fabra en la que justificó las iniciativas de Ejecutivo. A continuación, se abrió un turno de intervenciones, en el que tomaron la palabra cinco personas. "Todas las intervenciones fueron en la línea de respaldar las propuestas del presidente", señalaron fuentes populares.

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Alberto Fabra dejó en manos del secretario general regional, Antonio Clemente, y del presidente provincial de Alicante, Miguel Ortiz, la explicación a los periodistas del contenido de la reunión. No obstante, en un acto previo celebrado por la mañana en la sede del Consell en Alicante, Fabra ya dejó entrever las líneas generales de su posterior intervención ante los dirigentes provinciales del PP de Alicante. "Los políticos deben saber explicar a los ciudadanos el porqué de las medidas económicas y el tiempo que estarán vigentes", dijo. "El porqué de los recortes, unido a la necesidad de que todos arrimen el hombro, permitirá a los ciudadanos entender la actual situación para que podamos salir de ella cuanto antes", añadió.

Clemente también resaltó este llamamiento de Fabra a los cargos del PP. "Nos ha pedido que hagamos un esfuerzo pedagógico, tanto institucional como personal, para explicar las medidas adoptadas", aseveró. "Y todo con el objetivo de mantener alto el orgullo de la Comunidad Valenciana", añadió.

El secretario regional de los populares valencianos aseguró que Fabra hizo hincapié en que el grueso de la actual deuda del Consell (unos 18.000 millones según sus cálculos, aunque en realidad asciende a 22.000) se debe a "la infrafinanciación" que ha sufrido la Comunidad Valenciana en los últimos años. "Tenemos unos ingresos de 2004 y unos gastos de 2012", explicó. Clemente también destacó que otra parte de esa deuda tiene su origen en la inversión. "En los últimos años se han construido ocho hospitales, 90 centros de salud y 600 colegios", señaló.

El dirigente popular insistió en que los recortes no han afectado a la espina dorsal del Estado de bienestar en la Comunidad Valenciana. "Los servicios básicos se mantienen, y en el actual presupuesto, de cada 100 euros 84 se destinan a Bienestar Social", recalcó. Clemente también se refirió a las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo valenciano, como la reducción de empresas públicas.

www.elpais.es 01.02.12

44. C. VALENCIANA: EL PSPV CRITICA EL "TRATO DE FAVOR" A LA FAMILIA DE JUAN COTINO

El portavoz de Infraestructuras y Medio Ambiente del PSPV en las Cortes, Francesc Signes, aseguró ayer que las adjudicaciones a la empresa Sedesa "demuestran el trato de favor" que recibió con dinero de los valencianos la empresa de la familia del actual presidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino.

Signes aseguró que ha examinado la documentación sobre dos nuevas adjudicaciones de la Generalitat, en 1998 y 2008, a la empresa de Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes. Según Signes, estas se hicieron "indebidamente y sin causa legal que lo justificase". El diputado explicó que estos "nuevos casos se suman a otros muchos ejemplos que ponen en duda la necesaria igualdad de oportunidades" con la que deberían concurrir las empresas valencianas a los concursos públicos.

El diputado socialista resaltó que a la oposición se le ha "negado información sobre estas adjudicaciones durante años, y ahora que salen a la luz nadie ha asumido responsabilidades políticas", por lo que exigió al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y al propio Juan Cotino que "den explicaciones de lo ocurrido".

Según el parlamentario, la documentación revela que en 1998 la Consejería de Obras Públicas adjudicó la conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón Norte a Sedesa, "a pesar de que no obtuvo la mejor puntuación global y se aprobó con el precio inicial sin la rebaja del 6,59% que había propuesto dicha empresa".

Sospechas

Además, Signes indicó que también se adjudicó a Sedesa otra obra en 2008 para realizar el puente sobre el río Bergantes en la CV-14 en Zorita, una contratación que se hizo "sin justificación coherente alguna", puesto que la empresa de Vicente Cotino "no había conseguido la mejor calificación". Para Signes, "las sospechas sobre las irregularidades de Sedesa se acumulan y cada día aparecen nuevas informaciones".

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Así, el parlamentario del PSPV recordó que la empresa de la familia de Cotino "también está en el sumario del caso Gürtel por haber financiado presuntamente de manera irregular al PP valenciano" y que ya se está investigando en los tribunales. Signes criticó que estos "tratos de

favor, el despilfarro, el nepotismo y la corrupción han llevado a la Comunidad Valenciana a la bancarrota y a la quiebra" y ahora pretende Fabra que todos paguen "la mala gestión del PP".

www.elpais.es 30.01.12

45. C. VALENCIANA: EL CONSELL ADJUDICÓ A SEDESA DOS OBRAS SIN HABER GANADO LOS CONCURSOS

La empresa de la familia de Cotino reparó una carretera y construyó un puente en Castellón pese a que fue la segunda en puntuación

Unas obras de "conservación, reparación y adecuación de los firmes en el itinerario Castellón Norte" fueron adjudicadas en 1999 por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte a una unión temporal de empresas (UTE) que lideraba Sedesa. Por otra parte, en 2008, la Consejería de Infraestructuras y Transporte adjudicó a Sedesa la construcción de un puente sobre el río Bergantes, en Sorita. En ninguno de ambos casos la empresa que dirige Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de la Cortes, Juan Cotino, había ganado el concurso.

La firma ganadora fue descartada por tener otras adjudicaciones

En un concurso se dice que tiene la mejor valoración sin ser cierto

Así lo revela la documentación a la que ha tenido acceso el diputado socialista Francesc Signes, después de tres años de reclamar reiteradamente los expedientes de contratación de la Generalitat con el grupo Sedesa.

El concurso para la reparación de la carretera en Castellón, efectivamente, fue ganado por la oferta de Lubasa, que obtuvo una puntuación de 8,43. La UTE de Sedesa quedó en segundo lugar de las tres que fueron aceptadas a la licitación, con 7,69 puntos, seguida de Pavasal, que logró 7,58. Sin embargo, el proyecto se adjudicó a la UTE de Sedesa con el argumento de que "el licitador mejor puntuado ya ha sido propuesto como adjudicatario en dos expedientes dentro de esta misma provincia".

"Ese criterio es totalmente ajeno a las determinaciones de la legislación que regula la contratación pública", señala Signes. "La ley exige una motivación de la adjudicación de acuerdo con los criterios que la propia Administración ha preestablecido en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen la contratación". El diputado añade otro aspecto llamativo del concurso: el hecho de que se adjudicó a la UTE de Sedesa por 820 millones de las pesetas de entonces (4,92 millones de euros), que era el precio de licitación inicial, pese a que se recoge en el expediente que la UTE había propuesto una baja del 6,59%.

Por lo que se refiere al otro concurso, se trataba de la construcción de un puente sobre el río Bergantes en la CV-14, en Sorita del Maestrat. El acta de adjudicación, de abril de 2008, afirma que entre las ofertas económicas recibe la mayor puntuación, 98,86 puntos, la oferta presentada por Sedesa, Obras y Servicios, por 2,42 millones de euros, cuando la tabla misma que se recoge a continuación incluye dos ofertas mejores, por 2,40 y 2,39 millones respectivamente. En la puntuación total, es decir, sumando la puntuación de la oferta económica y la puntuación técnica, Sedesa queda en segundo lugar, con 83,8 puntos, por detrás de Pavasal, que logra 84,4 puntos. Pese a ello, se le adjudica la obra a la empresa de la familia Cotino asegurando que se trata de "la oferta que ha obtenido mejor puntuación".

Para el parlamentario socialista en las Cortes Valencianas, tanto en un caso como en otro "es evidente que se adjudicó indebidamente" a Sedesa los concursos, "en perjuicio de los intereses públicos y de los principios que rigen la contratación pública".

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No son las únicas contrataciones de la Generalitat con Sedesa en las que Signes ha encontrado irregularidades. Como ya publicó este periódico, en 2007, la empresa Sedesa

Concesiones, SLU, consiguió la adjudicación para construir y explotar durante 38 años un aparcamiento subterráneo y en altura en el hospital Doctor Peset, en Valencia. El aparcamiento no se construyó porque la propia empresa pidió rescindir el contrato, pese a lo cual cobró de la Consejería de Sanidad 336.380 euros como resarcimiento. En 2006, Sedesa, Obras y Servicios, SA, ganó un concurso de algo más de seis millones de euros del Instituto Valenciano de la Vivienda para construir 105 pisos destinados a alquiler en Pilar de la Horadada pese a que fue solo la tercera en puntuación. En aquel caso, la propuesta consistió en "adjudicar indistintamente" a una de las tres empresas mejor puntuadas las obras. El entonces consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, optó por la tercera.

Francesc Signes: "Nadie ha asumido responsabilidad política alguna por esto"

El interés de los socialistas por las contrataciones de la Generalitat con el grupo Sedesa viene de lejos, debido a que Juan Cotino, hoy presidente de las Cortes, ha sido consejero de varios departamentos y hasta vicepresidente de la Generalitat en la legislatura pasada, pero también a que Vicente Cotino, sobrino del primero, es uno de los empresarios valencianos que contratan con la Administración imputados, dentro del caso Gürtel, en la supuesta financiación ilegal del PP. A ello se suma el despilfarro que ha desembocado en la alarmante situación de las cuentas públicas, agudizada por la crisis económica.

"Este es un caso más de la perversión de la libre concurrencia y la igualdad entre licitadores que ha venido practicando la Generalitat en sus contrataciones durante todos esos años en los que todo valía para Francisco Camps y el PP", señala el diputado socialista Francesc Signes. "Al mismo tiempo se nos impedía a la oposición que pudiéramos ejercer nuestra labor de fiscalización".

"Los tratos de favor del PP a sus amigos y correligionarios, el despilfarro, el nepotismo y la corrupción", añade Signes, "han conducido a nuestra comunidad a la situación de bancarrota en que se encuentra y al desmantelamiento de la sanidad, la educación y los demás servicios públicos".

El diputado socialista solo ha podido acceder a los expedientes, 43 en una última lista, después de haberlos reclamado en cuatro ocasiones a lo largo de los tres últimos años, cuando el nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha abierto un poco la puerta de la transparencia en la gestión. "Es indignante", exclama, "que el Consell no pague a nadie, que muchas empresas hayan tenido que cerrar y despedir a sus trabajadores por esos impagos y, sin embargo, otras empresas amigas hayan sido tan irregularmente beneficiadas sin que nadie haya asumido responsabilidad política alguna por todo esto".

www.elpais.es 29.01.12

46. C. VALENCIANA: COTINO GASTÓ 364 EUROS EN ENVIAR A ITALIA TRES CAJAS DE NARANJAS

Juan Cotino, que entonces era consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, gastó 364 euros de la caja fija de su departamento en noviembre de 2010 para enviar tres cajas de naranjas a Italia. Así lo revela la documentación que ha llegado a manos del diputado socialista Rafael Rubio. Concretamente, un documento con el conforme de su director de gabinete, Ignacio Calabuig, certifica que se destinaron 444,6 euros, justificados como "gastos protocolarios" al envio de tres cajas de mandarinas a "destino nacional", cuyo coste fue de 63 euros, y otras tres a Italia, con un coste de 364,5 euros.

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Rafael Rubio destaca que "sólo los portes multiplican por diez el coste de enviar las cajas a Italia" y califica de "mentalidad de nuevos ricos" este tipo de gastos. Entre la documentación que maneja el diputado socialista, figura también la compra, atribuida igualmente a "gastos protocolarios", de 18 figuras y 11 placas a las Carmelitas Descalzas de Valencia por importe de 947,54 euros en la Navidad de 2010, así como un tiquet atribuido a "gastos de restauración" de

Juan Cotino en octubre de ese mismo año en Madrid por 32,15 euros y otro de una "comida de trabajo" en una marisquería de Valencia para cuatro comensales por 131,12 euros.

Ureña en el 'súper'

Este tipo de gastos se suman a otros que, como ya publicó este diario, efectuó la entonces secretaria autonómica de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, en un supermercado y que también cargó a la caja fija del departamento.

"La cuestión es qué concepto tiene la intervención de la Generalitat para considerar correctos esos gastos", señala Rubio. "Y qué concepto tiene el consejero para utilizar de esa forma la caja fija, cuya función es atender necesidades urgentes y cosas puntuales".

El diputado socialista reconoce que se trata de cantidades menores en comparación con el volumen de despilfarro de los gobiernos del PP, pero cree que delatan la actuación "manirrota" del Consell. "Aunque el volumen de lo despilfarrado, por ejemplo, en la Ciudad de las Artes, es mucho más bestia", apunta, "también este tipo de gastos menores hacen que no nos sorprenda la situación a la que han llegado las cuentas de la Generalitat".

www.elpais.es 29.01.12

47. C. VALENCIANA: CANAL 9 ABONÓ 634.000 EUROS POR TRES REPORTAJES DE SESGO ULTRACONSERVADOR

Canal 9 no compró tres reportajes a la empresa Triskel Audiovisual, vinculada a Fernando Lázaro Quintela, actual director de Antena de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), por 200.000 euros, una cantidad desorbitada que puede multiplicar por 50 los precios de mercado de la emisión de un documental que tuviera calidad. Pagó el triple.

Aunque fuentes oficiosas de la televisión autonómica habían comentado que el precio pagado por RTVV, y no desmentido por la cadena, era de 66.000 euros por cada uno de los tres reportajes, según denunció ayer el comité de empresa de RTVV, que ha tenido acceso a información de los pagos, el 26 de julio de 2011 se firmó un contrato con Triskel que suponía el abono de 538.000 euros más IVA, es decir, 634.840 euros, por los derechos de tres reportajes. Canal 9 hasta ahora solo ha emitido uno de los tres programas.

Se trata de tres reportajes de actualidad de sesgo ultraconservador y de bajo presupuesto, que perfectamente podrían haber elaborado los periodistas de la casa; nada que ver con un documental elaborado con años de producción, viajes al extranjero, y alardes de montaje, por lo que el dinero abonado resulta disparatado, a juicio de los sindicatos. "Con ese dinero hacemos reportajes así para todo el año", denuncia el comité de empresa.

RTVV, que no desmiente el pago de más de 600.000 euros por los programas -"mantenemos la confidencialidad de los contratos"-, aseguró ayer que se compraron no solo derechos de emisión, sino también los de explotación.Según la cadena autonómica, efectivamente, se firmó el contrato en julio (no confirma la fecha del día 26 que esgrime el comité de empresa), pero asegura que en el contrato se obtuvieron todos los derechos de explotación, y no solo los de emisión. Y es por eso que los tres documentales, tal y como ya se había publicado estos días, se han podido ver en la cadena Intereconomía TV, que defiende los postulados más a la derecha del espectro político. Al igual que Canal 9 no explica cuánto le costaron los tres reportajes, no da cifras de cuánto ganó por la venta del derecho de emisión a la cadena nacional.

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RTVV también asegura que a finales de 2011 Triskel renegoció el contrato para recuperar ciertos derechos (tampoco dice cuáles, si afectan a áreas de emisión, idiomas...) y al final se ha abaratado el contrato un 50% de lo inicialmente firmado. La cadena tampoco facilita los datos finales de ese contrato. Ni tampoco aclara si el documento inicial lo firmó el administrador de la cadena, Luis Redondo, o el propio director general de RTVV, José López Jaraba, obligado a

hacerlo si las cantidades de los contratos superan cierto límite, que según algunas fuentes se sitúa en 600.000 euros.

El caso es que hasta ahora los valencianos solo han podido ver, el pasado 24 de enero, uno de los documentales el titulado Garzón: el jutge estrela al descobert, documental muy crítico con el juez Baltasar Garzón que abordaba los procesos judiciales que afronta en estos momentos, y que ya fue emitido por Intereconomía el 30 de octubre de 2011.

Quedan pendientes el dedicado al líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba (que dio la cadena nacional el 13 de noviembre), y el de los GAL (en Intereconomía el 6 de noviembre). Este último fue programado por Canal 9 el 20 de noviembre pero se canceló por el anuncio de ETA del abandono de las armas.

Como publicó ayer EL PAÍS, el precio pagado era desorbitado ya con la cifra inicialmente barajada (más aún si el coste final es de 634.840 euros), puesto que la emisión de un documental en cadenas generalistas no cuesta más allá de 1.000 o 1.500 euros. Además, los documentales que normalmente coproduce Canal 9, y que con ello obtiene los derechos de emisión, solo consiguen como máximo 18.000 euros de la cadena autonómica.

Pero es que además hay que tener en cuenta que Alberto Fabra, presidente de la comunidad con el mayor índice de deuda de toda España, que ronda el 20% del PIB, ya lanzaba en verano pasado mensajes de austeridad para afrontar la crisis. Y ha sido bajo su gobierno cuando RTVV, con deudas por 1.200 millones, se gasta un dinero que la oposición califica de "saqueo" a las arcas públicas. Bajo su mandato y con su consentimiento, pues ha sido con su permiso cuando se ha renovado el consejo de administración de RTVV, cuando se ha renovado la confianza en López Jaraba como director general, y cuando se ha contratado como director de Antena a Fernando Lázaro Quintela, anterior director de Organización y Desarrollo de Intereconomía TV.

La oposición también ha criticado que se favorezca con tanto dinero a una productora vinculada con Quintela, cuando precisamente es el nuevo directivo de RTVV al que en principio se señaló para poner en marcha el expediente de regulación de empleo (ERE) del ente, que según algunas fuentes podría afectar a más de dos tercios de sus 1.800 trabajadores. Solo está pendiente la contratación por 190.000 euros de la empresa que llevará las cuestiones técnicas.

Entramado de empresas, facturas ocultas

Los socialistas presentaron ayer una batería de preguntas parlamentarias en las Cortes Valencianas en las que se demanda toda la información sobre pagos efectuados desde cualquier consejería, empresa pública u organismo autónomo de la Generalitat a las empresas Triskel, 25 Frames y El Nacimiento Producciones. Y es porque el diputado Josep Moreno se teme que constituyen un entramado de empresas posiblemente implicado en otro caso de corrupción: "Es la misma estructura y modus operandi que los casos de Emarsa y Gürtel: ocultación de contratos y sobredimensión de costes".

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Aparte del inmenso coste de tres simples reportajes, hay otros flecos que presentan dudas. El ahora director de Antena de RTVV, Fernando Lázaro Quintela, aseguró el lunes que él llegó a la cadena en septiembre, después de que se firmara el contrato de compra de tres reportajes con Triskel Audiovisual, firma vinculada al nuevo directivo. Y, efectivamente, se conoció su nombramiento tras el consejo de administración del 21 de septiembre. Pero ya el 27 de julio, al día siguiente de la firma de la compra de los tres reportajes por 634.840 euros, el diario 20 minutos publicó, citando a fuentes de la tele, que el director general de RTVV, José López Jaraba, había ofrecido la dirección de Canal 9 (finalmente dirección de Antena) a Quintela. De ser ciertos estos datos, la llegada del exdirectivo de Intereconomía y la compra de los reportajes a la firma del socio de Quintela quedarían solapadas, y no tan distanciadas en el tiempo.

Igualmente, Quintela explicó que se deshizo a principios de 2011, cuando se incorporó a Intereconomía, de su participación en la empresa 25 Frames Audiovisual, constituida en julio de 2009 y con sede social en el mismo domicilio en Valencia que Triskel (que nació un año más tarde, el 8 de julio de 2010): "No me parecía bien estar en una televisión y en una productora". Sin embargo, Quintela ha mantenido durante este tiempo su presencia en una tercera productora, con sede en Madrid, El Nacimiento Producciones, SL. El 30 de septiembre de 2011, después de su aterrizaje en Canal 9, dejó de ser administrador solidario de la firma. Y en esa misma fecha pasó a ser administrador único Mario López Sanclemente, que ocupa exactamente el mismo cargo en Triskel.

www.elpais.es 02.02.12

48. C. VALENCIANA: EL PP ARROPA A LA NOVIA DE CARLOS FABRA COMO VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN

El PP arropó ayer a Esther Pallardó en el pleno que supuso su toma de posesión como vicepresidenta cuarta de la Diputación de Castellón. Alcaldes de este partido, asesores y los senadores Vicent Aparici, Juan José Ortiz, Manuel Altava y Alfonso Ferrada, abarrotaron el salón de plenos. Solo faltó el presidente provincial del PP y compañero sentimental de Pallardó, Carlos Fabra, quien ha conseguido imponerla en el cargo contra la voluntad del presidente de la institución, Javier Moliner. Esther Pallardó pasará a cobrar 54.000 euros como vicepresidenta de la Diputación. Con lo que gana como concejal en Burriana, suma cerca de 69.000 euros anuales.

El nombramiento provocó la queja del Grupo Socialista por mantener a cuatro vicepresidentes cuando el Consell solo tiene uno, con el consiguiente gasto en sueldos. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, argumentó que no tenía sentido modificar una estructura que aprobó hace tan solo seis meses.

Pero lo cierto es que Moliner quería dejar la plaza vacante o adjudicársela a algún diputado alejado del fabrismo, como Mario García. Al final ha tenido que ceder a las presiones de Carlos Fabra para no provocar "una guerra" en el PP que hubiera podido causarle problemas para acceder a la presidencia provincial del PP en el congreso previsto para el próximo mes de junio, según consideró un alto cargo de este partido.

No obstante, Moliner intentó marcar ayer el terreno y no permitió a Pallardó que contestara a las felicitaciones por su nombramiento, ni que interviniera en una moción sobre el descenso en el gasto social, cuando esta materia se encuentra entre sus competencias directas. Todos los parlamentos en el PP fueron protagonizados por Héctor Folgado, Vicent Sales, Mario García o el vicepresidente Miguel Barrachina. Cuatro de los diputados de su entorno más cercano y alejados del círculo de confianza de Carlos Fabra

www.elpais.es 01.02.12

49. C. VALENCIANA: UN AEROPUERTO PARA PROTESTAR

Concentración contra los recortes en educación en la instalación de Castellón

Cuando Carlos Fabra inauguró la instalación hace ya un año y lo reivindicó como "un aeropuerto para las personas" no se imaginaba que las primeras que llegarían lo harían para protestar frente a la polémica escultura que Ripollés le ha dedicado. Ayer, más de 200 personas, la mayoría profesores de colegios e institutos de la provincia de Castellón, se concentraron ante la escultura contra los recortes e impagos del Consell a los centros educativos. Cambio escultura de 300.000 euros por becas de comedor, se leía en una pancarta.

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La iniciativa partió del instituto de Nules, pero a la cita acudieron profesores y vecinos de distintos municipios para denunciar el "malgasto" y "derroche" del Gobierno valenciano. Estaba

previsto tomar la escultura de Ripollés a las doce, así lo habían comunicado a la Subdelegación del Gobierno, pero cuando llegaron los primeros dos autobuses, la Guardia Civil había cortado todos los accesos y los desvió fuera de la autovía. Al poco tiempo, la caravana de coches parados sumaba casi el medio centenar y finalmente se les escoltó hasta el aeropuerto, donde protestaron bajo un amplio despliegue policial.

"Esto es un ejemplo del malgasto y venimos a denunciarlo", decía Julián, un profesor del IES de Nules. Ignasi, docente de La Vall, denunció el mal estado del instituto. "La consejería lo tenía que haber arreglado en diciembre pero no ha sido así. Hemos venido aquí porque es una forma de visualizar el despilfarro", dijo.

El próximo sábado al aeropuerto le espera otra protesta, ya que los sindicatos han convocado una nueva concentración.

www.elpais.es 29.01.12

50. C. VALENCIANA: LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS DA AIRE A CASTEDO POR SU ACUSACIÓN EN BRUGAL

La regidora, baluarte del campismo, ve viable resistir aunque la imputen

La absolución del expresidente del Consell Francisco Camps en el caso de los trajes ha supuesto, indirectamente, un balón de oxígeno para su más destacada defensora en Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. La regidora está acusada por el fiscal Anticorrupción en la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz.

"En Madrid ya están hartos de los escándalos del PP valenciano"

Pese a que Castedo aún no está imputada en el sumario, el PP ya había tanteado el terreno para el relevo de la regidora. No obstante, la alcaldesa ha tomado ahora nuevo impulso y fuentes de su entorno ven más factible que pueda continuar en el cargo aun en el supuesto de que acabara finalmente imputada.

La imputación de Castedo en el sumario del PGOU está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforada de la regidora, que compagina este cargo con el de diputada autonómica. Esta posibilidad, dada la evolución de la instrucción del sumario (todavía en la fase testifical) se pospondrá con toda seguridad hasta después del verano.

La operación de relevo de Castedo se ha frenado a la espera del devenir político de Camps y de la resolución del inminente proceso congresual de los populares. Primero el cónclave regional y, a continuación, el provincial.

Desde mediados de junio, cuando el juez levantó el secreto del sumario del caso del PGOU y trascendió a la opinión pública la explícita connivencia entre la alcaldesa, su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi, y el promotor Ortiz, Castedo se aprestó a defender su inocencia y a cuestionar el juicio paralelo que, según ella, se estaba haciendo desde los medios de comunicación.

El primer comentario que realizó Castedo tras la absolución de Camps fue la alusión al "juicio paralelo" que ha sufrido el expresidente durante tres años. Aunque precisó que no quería compararse con Camps sí dejó entrever que ella estaba siendo víctima de esa situación desde hacia ya un año, cuando comenzaron a filtrarse las primeras diligencias del sumario del PGOU.

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Los seguidores de Castedo ponen el énfasis en que Camps, acusado, imputado y procesado, ha sido finalmente absuelto. Y también critican la fría actitud de Alberto Fabra con Camps durante el desarrollo del juicio de los trajes. Castedo, junto con la alcaldesa de Valencia, Rita

Barberá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fueron los únicos tres altos cargos del PP que arroparon a Camps con su presencia en la sala de vistas, en una de las jornadas del juicio.

La presión mediática llevó a la regidora a enrocarse a medida que pasaban las semanas y se destapaban nuevos datos del caso Brugal, como la imputación de su hermano, el abogado urbanista, José Luis Castedo, y la declaración, como testigo, de su amiga y asesora, Julia Castelló, por el supuesto regalo de un coche de la marca Mini.

En paralelo a ese aislamiento, también comenzó a diluirse su protagonismo en el equipo de gobierno en favor del concejal de Hacienda, Juan Seva.

Precisamente, fue Juan Seva el primer elegido como sustituto de Castedo al frente de la alcaldía, en una operación que contaba con el visto bueno de la dirección nacional del PP. El edil, en cambio, negó esa posibilidad y alegó que nadie le había ofrecido nada.

Fuentes del PP señalan que la intensidad del acoso interno a Castedo para que deje el cargo estará en función de la firmeza del mandato del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, al presidente regional de los populares valencianos, Alberto Fabra, para que haga tabla rasa con la herencia del campismo y su legado de sucesivos casos de corrupción. "En Madrid están ya hartos de la Comunidad Valenciana", aseveran esas fuentes en alusión a la cascada de noticias vinculadas a escándalos que exporta la Comunidad Valenciana.

Otro elemento que destacan esas fuentes para calibrar las posibilidades de Castedo de resistir en la alcaldía de Alicante es el resultado final de la ponencia sobre nuevo código ético del partido que salga del congreso regional. Ese documento lo está elaborando el propio Alberto Fabra y no descarta plantear la posibilidad de que los cargos públicos del partido imputados tengan que dejar obligatoriamente el puesto.

Gobierno municipal tricéfalo

El monolítico respaldo del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante, con el que Sonia Castedo comenzó su periplo al frente de la alcaldía, denota vías de agua en los albores del presente mandato, generadas por dos de sus hombres fuertes: Andrés Llorens, primer teniente de Alcalde, y Juan Seva, responsable del área de Hacienda y Seguridad Ciudadana.

En el fondo de esta inestabilidad del equipo de gobierno local subyace la irrupción en la opinión pública de las escuchas del caso Brugal vinculadas al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Castedo optó por dar un paso atrás en su otrora omnipresencia y, consciente o no, delegó el peso de la gestión en Llorens y Seva.

Andrés Llorens y Juan Seva están llamados a sustituir a Castedo, en el supuesto de que finalmente resulte imputada en caso Brugal. Sendos ediles han evidenciado su disparidad de criterios en los últimos meses con motivo de la elaboración del presupuesto municipal para este año, marcado por los recortes. La alcaldesa no terció en la disputa y dejó en manos de Seva el peso de las decisiones. De esta forma, el edil de Hacienda cargó con la lluvia de críticas que acarrearon medidas como rebajar el salario a los funcionarios o subir el transporte público, con el polémico bono-oro para los pensionistas como punta de lanza de la polémica.

No obstante, y en consonancia con su estilo de gobierno, cuando la presión social llega a su cénit, Castedo reaparece para tomar la iniciativa, recular y de paso desautorizar a sus concejales. Un día antes de llevar al pleno el presupuesto, dulcificó el tijeretazo a funcionarios y pensionistas.

www.elpais.es 30.01.12

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51. C. VALENCIANA: ENRIQUE CRESPO DIMITE Y DEJA EL PP POR EL CASO EMARSA

El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, imputado por el saqueo de la depuradora de Pinedo, renuncia para defender su "inocencia"

Enrique Crespo tira la toalla. El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, ha dimitido de sus cargos por el escándalo de Emarsa, en el que está imputado por un agujero económico durante su gestión al frente de la depuradora de Pinedo, empresa pública ya extinta.

Crespo, quien ha anunciado su renuncia en una rueda de prensa convocada de forma urgente este mediodía, ha asegurado que dimite para defender su inocencia y no perjudicar la imagen de su ciudad. Además, ha pedido la baja de militancia en el Partido Popular.

El ya exalcalde también ha dimitido como diputado provincial, decisión que ya ha comunicado al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, al que ha dicho que no quiere que se "utilice" a la corporación provincial ni al Ayuntamiento de Manises ni al partido "para sacar rentabilidad política".

Además, ha explicado ante los periodistas que su baja del PP y su dimisión de los cargos públicos es voluntaria, "sin presiones y con libertad", y que no se la ha reclamado el presidente regional del partido, Alberto Fabra.

Crespo fue presidente hasta 2010 de la empresa pública Emarsa, cuya gestión podría haber ocasionado un agujero económico de al menos 25 millones de euros, aunque otras fuentes próximas al caso elevan dicha cantidad hasta los 40 millones.

El juez considera además que existen indicios de que Crespo y otros tres imputados fueron coautores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Vicente Ríos solicitó el pasado lunes una fianza de 25 millones de euros a Crespo y otros 13 imputados en el caso. El magistrado cree que el capital defraudado puede alcanzar los 22 millones de euros y que la estafa a Hacienda sumaría otros tres, aunque otras fuentes próximas al caso lo elevan hasta los 40 millones. Sobre esta investigación, Crespo ha afirmado que le ha supuesto "más de un año de sufrimiento" en el que no se ha podido "defender de acusaciones que se dan por ciertas" y de "filtraciones" que tenían "el ánimo de afectar" su imagen y la de las instituciones que representaba.

Además, ha criticado que todas las informaciones sobre el caso Emarsa se hayan "focalizado" en él, que se ha encontrado en una situación "de indefensión total".

El exalcalde ha reiterado que es "totalmente inocente", que no se enteró de las "irregularidades" que se producían en la empresa pública y que si bien él fue quien como presidente propuso al gerente Esteban Cuesta, contratarlo fue una decisión "de todo el consejo de administración".

Por otra parte, ha señalado que le parece "extraño" que el juez instructor todavía no le haya llamado a declarar como imputado en la investigación, ya que si lo hubiera hecho podría haber cambiado su decisión de dimitir y pedir la baja en el PP.

Crespo ha explicado que quiere tener ocasión de defenderse ante ciertas informaciones que se "dan por veraces" y que le han causado "un daño impresionante".

Por ejemplo, ha aportado información acerca de un ingreso desde Suiza que detectó el juez de 360.000 euros a una cuenta bancaria del exalcalde, y que según Crespo corresponde a la venta de un inmueble a un ciudadano con residencia en Suiza.

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También ha aludido a un informe de la Agencia Tributaria para el juez del caso Emarsa en el que se dice que Crespo tienen 480.000 euros en bonos patrióticos de la Generalitat

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Valenciana cuando, según el exvicepresidente provincial, la cantidad exacta es de 48.000 euros. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manises, Francisco Izquierdo, sucederá a Crespo en el cargo de alcalde y en el de presidente del PP del municipio

www.levante-emv.com 02.01.12

52. C. VALENCIANA: FIANZA DE 25 MILLONES EN EL CASO POR EL SAQUEO DE EMARSA

El juez fija garantías al expresidente y otros 13 imputados

El desfalco cometido en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa) entre 2004 y 2010 supera los 25 millones de euros. Así lo estima provisionalmente el juez instructor del caso, Vicente Ríos, en un auto que hizo público ayer. El cálculo supera los 17 millones de agujero con los que se disolvió la sociedad pública hace un año y no llega ni a los 30 millones en que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que dependía Emarsa, evaluó la rapiña, ni a los 40 millones que calculan los socialistas, personados como acusación popular.

De momento, la cifra ha servido para aplicar medidas cautelares a 14 de los 27 imputados en el caso Emarsa. El juez ha fijado en 25 millones las garantías patrimoniales a los dos imputados más relevantes, el expresidente de la empresa pública, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, y el exgerente Esteban Cuesta.

"La falta de determinación de las sumas presuntamente malversadas", dice el juez Ríos, "no debe impedir que se fijen, ya desde este momento procesal, las medidas procedentes para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse pertinentes". Por eso establece "prudencialmente" lo saqueado en 25 millones de euros.

Esta cifra provisional sirve para imponer fianzas, conjunta y solidariamente, de 25 millones a Crespo y Cuesta, y de otras cantidades al resto, hasta 14 imputados, también conjunta y solidariamente con los dos primeros. Así, la fianza es de 22 millones para Enrique Arnal, que fue director financiero de Emarsa; de 13,7 millones para Adolfo Polo, jefe de Medio Ambiente de la depuradora de Pinedo; y de cifras que oscilan entre 11 millones y 100.000 euros al resto de imputados.

El juez, que advierte que las fianzas pueden traducirse en embargos, impone otra, igualmente conjunta y solidaria, de tres millones a Crespo, Cuesta y los empresarios Jorge Ignacio Roca y José Luis Sena, por fraude fiscal.

www.elpais.es 31.01.12