las niñas y los niños jornaleros migrantes en méxico

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Presentación

La sistematización y el análisis de los artículos y las notas periodís-ticas más relevantes publicadas durante el año 2004 en torno a la situación de las niñas y los niños jornaleros migrantes en el país, son dicientes y en sus contenidos se expresa la alta vulnerabilidad que hoy en día presenta este sector de la población nacional. Asi-mismo muestran la invisibilidad, la falta de políticas públicas y ac-ciones gubernamentales que permitan mejorar las condiciones de vida y trabajo en las que nacen y crecen los hijos de los jornaleros migrantes.

Durante el año 2004 el Anuario educativo mexicano: visión retros-pectiva logró recopilar 56 artículos y notas periodísticas relacionadas con la temática.1 Los temas desarrollados en los artículos y las notas periodísticas analizadas, presentan tres grandes tendencias temáticas: 1) Análisis sobre el estado que guarda la incorporación al trabajo, la educación, la salud y los derechos humanos de los niños menores de 14 años en México, 2) Denuncias acerca de la situación específica de las niñas y los niños jornaleros migrantes; y 3) Declaraciones y acciones

Teresa Rojas Rangel

Las niñas y los niños jornaleros migrantes en México: vulnerabilidad,

explotación laboral y rezago educativo

* Maestra en Planeación y Desarrollo Educativo por la División de Posgrado de la Univer-sidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). Investigadora y profesora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad Ajusco, México, D.F.

1 La hemerografía referente al año 2004 que respalda este ensayo puede ser consultada en el banco de datos, http://anuario.upn.mx

Teresa Rojas Rangel270 Las niñas y los niños jornaleros migrandes en México 271

gubernamentales para la atención a población migrante. Adicional-mente se recabó un conjunto de notas que informan sobre sucesos aislados relacionados con esta población.

A diferencia de otros temas educativos, que tradicionalmente ge-neran controversia entre las diferentes corrientes de opinión en los medios informativos, en el caso de los niños jornaleros migrantes las voces que se manifiestan en la prensa a través de las declaraciones personales e institucionales; discursos oficiales, datos y cifras o notas informativas de sucesos aislados, señalan como lugares de encuentro la pobreza, la precarización, la explotación y el rezago educativo, co-mo categorías artificiosamente intrincadas que develan la compleja y dramática realidad social de los jornaleros migrantes y cuyo conoci-miento debería movilizar las conciencias, pero sobre todo, generar las acciones necesarias para que se les pueda brindar a estos infantes, la posibilidad de un presente y un futuro donde sean reconocidos como seres humanos y sujetos de derecho.

La migración como alternativa de sobrevivencia

En México la agudización de las crisis económicas en las últimas dos décadas (1980–2000), ha obligado a sectores de la población rural e indígena a desplazarse de manera temporal a otras entidades del país en busca de fuentes de subsistencia y mercado de trabajo.2 Diversos factores relacionados con la crisis de las economías tradicionales indí-genas, problemas de tenencia de la tierra, los bajos rendimientos de los precios de los productos agrícolas regionales, la degradación eco-lógica y las presiones demográficas, obligan a estos grupos sociales a salir de sus comunidades para vender su fuerza de trabajo como jor-

2 Según reportes del Instituto Nacional Indigenista (INI) los grupos indígenas cuyos miem-bros migran con mayor frecuencia son (de mayor a menor porcentaje): zapotecas, de Oaxaca; mixtecos, de Guerrero, Oaxaca y Puebla; mazatecos, de Oaxaca; otomíes, de Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Puebla y Veracruz; nahuas, de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Veracruz y San Luis Potosí; chinantecos, de Oaxaca; totonacas, de Veracruz; kanjobales; mazahuas, del Estado de México; choles, de Chiapas; purépechas, de Michoacán; mayas, de Campeche, Quin-tana Roo y Yucatán; y mixes, de Oaxaca. Para el año 1995 estos grupos étnicos representaron 84.67 por ciento de los migrantes indígenas en todo el país. Miguel Rubio A. et al., La migración indígena en México. Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de México, INI–PNUD, México, 2000, p. 24 y 25.


naleros agrícolas en los complejos agroindustriales ubicados en el norte y en algunas entidades del sureste del país.3

La migración interna, tanto golondrina como pendular,4 es una estrategia de sobrevivencia de estos grupos sociales que padecen de extrema pobreza. Antonieta Barrón y Juan M. Hernández señalan que “la migración rural-rural en México desde los inicios de la década de los noventa, no sólo es una actividad que les permite a los campe-sinos completar el ingreso familiar, sino que se ha convertido en el sentido de la sobrevivencia, es decir no es la migración un comple-mento para la reproducción de la familia campesina de las zonas mar-ginadas del país, sino el elemento definitorio de la sobrevivencia”.5

Por otra parte existe otro tipo de necesidades que devienen de la creciente demanda de fuerza de trabajo del mercado agrícola, lo que ha intensificado la migración interna en el país. Los complejos empre-sariales y productivos agro-exportadores requieren de mano de obra barata para incrementar sus ganancias, por lo que estas entidades crean las condiciones y las vías de acceso para captar la fuerza de trabajo que requieren. Esta demanda está en función de los nuevos reordenamientos económicos del sector agropecuario, los niveles de asociación productiva, la diversificación del mercado existente, las redes de intermediarios y el uso de nuevas tecnologías, entre otros

3 De acuerdo con las características del mercado de trabajo agrícola en el país el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) de la Sedesol, distingue tres tipos de entidades federa-tivas: “Las entidades de atracción o receptoras –Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas y Nuevo León– y la región de la Comarca Lagunera (parte de Chihuahua, Du-rango y Coahuila) que se caracterizan por contar con un sector agropecuario moderno y expor-tador, el cual requiere jornaleros por periodos que van de cuatro a seis meses, particularmente en la temporada agrícola de cosecha. Los estados intermedios –Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz–, están constituidos por mercados regionales de trabajo donde coexisten zonas de atracción y zonas de expulsión. Finalmente, Guerrero y Oaxaca (estados expulsores o de origen), que tienen un sector agropecuario tradicional de subsistencia son los principales proveedores de mano de obra jornalera”. Véase Jornaleros agrícolas, Secretaría de Desarrollo Social, Subsecretaría de Desarrollo Regional, México, 2002, pp. 5 y 6.

4 Por definición la migración interna es la que se realiza entre dos regiones en el país. La migración golondrina es aquella en donde los jornaleros migrantes se trasladan permanente-mente a diferentes entidades según las necesidades de contratación de mano de obra y tardan varios ciclos agrícolas para regresar a sus comunidades de origen, y la migración pendular es aquella en que las familias salen de las comunidades de origen a los estados agricultores y de ahí nuevamente de retorno a las comunidades en rutas y temporadas más o menos establecidas.

5 Antonieta Barrón y J. Manuel Hernández Juárez, “Los nómadas del nuevo milenio”, Mi-gración y mercados de trabajo, Colección Cuadernos Agrarios, Nueva época, núm. 19-20, México, 2000, p. 150.


factores, que influyen en la conformación de zonas de atracción de mano de obra temporal.

El auge de la industria agrícola y la creación de grandes campos productores agrícolas que demandan mano de obra en el país, han concentrado los flujos migratorios en algunas entidades como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora: “En el Valle de Cu-liacán –una de las zonas de producción de hortalizas y granos básicos más importantes y ricos del país– la mano de obra que se utiliza es 90 por ciento de migrantes, de los cuales 80 por ciento viene de los esta-dos de Oaxaca y Guerrero, se les paga poco y se les mantiene en con-diciones de semiesclavitud”.6

La necesidad de obtener ingresos por parte de las familias y la in-tensificación de las redes de comunicación a través de “enganchado-res” locales ha propiciado la incorporación de mujeres y niños a los movimientos migratorios y al trabajo estacional remunerado por pe-riodos de cuatro a siete meses.7 Se estima que:

[…] en el país hay alrededor de 1.2 millones de jornaleros agrícolas mi-grantes, de los cuales un millón son migrantes que se desplazan hacia los polos importantes de atracción de mano de obra. Este grupo social se encuentra en una situación de altos índices de marginalidad y vulnera-bilidad.

Las familias de jornaleros agrícolas se ven obligadas a emigrar tempo-ralmente fuera de sus comunidades de origen, en busca de oportunidades de empleo, y a vivir bajo las más precarias condiciones de vida, incorpo-rando a un mayor número de sus miembros al trabajo (El Universal, 25 de octubre de 2004).

El mercado de trabajo agrícola es un espacio social complejo, don-de interactúan por una parte la oferta de la mano de obra que provie-ne de sectores rurales e indígenas de las comunidades y estados más

6 Cfr. Proceso, México, 28 de marzo de 2005.7 En el caso de Sinaloa para cubrir la necesidades de fuerza de trabajo requerida para el

cultivo de hortalizas en más de 80,000 hectáreas (CAADES, 2004), se reporta que en la tempora-da agrícola de 1999-2000 se registró una población de más de 120,000 jornaleros, de los cuales aproximadamente 80,000 (65.2 por ciento) son población flotante y el resto (34.8 por ciento) son jornaleros asentados que llevan varios años establecidos en la entidad. Beatriz Rodríguez y Antonio Corrales, Los hijos y las hijas de jornaleros agrícolas en Sinaloa. Diagnóstico sobre el tra-bajo infantil y su contexto, Gobierno del Estado de Sinaloa, Secretaría de Planeación y Desarrollo, México, 2000.


pobres y la demanda de las empresas agrícolas junto con sus meca-nismos de regulación y explotación; “Ambos espacios, de oferta y demanda, se transforman constantemente, no sólo por factores econó-micos macroestructurales (procesos de globalización, nueva división internacional del trabajo, pauperización de las familias campesinas, etcétera) sino por razones sociales y culturales que se definen local-mente, tanto del lado de las empresas como de los pueblos de donde proviene la fuerza de trabajo”.8

Por una parte, el empobrecimiento de las condiciones de vida y trabajo de las familias rurales e indígenas, y por ende las necesidades de incrementar el precario ingreso familiar. Y por otra parte, la exis-tencia del mercado de trabajo agrícola con una fuerte demanda de mano de obra barata y desreglamentada, genera la incorporación prematura de las niñas y los niños a las redes del trabajo infantil, como complemento o “ayuda” al trabajo de los adultos.

La flexibilización del trabajo en el sector jornalero ha hecho que la mano de obra infantil, femenina, de los viejos y de la población indígena sea utilizada con mayor frecuencia en las labores más difíciles o sucias, ten-dencia que ha originado un reiterado círculo de miseria. Sobre todo, en aquellos grupos de jornaleros golondrinos que siempre se insertan en las condiciones más desventajosas, lo que a su vez permite a sus contratan-tes jugar con la necesidad de esta población más pobre por acceder a un mínimo de ingresos. Al no contar con otra alternativa de trabajo, la re-muneración del empleo infantil se convierte en una parte significativa del ingreso familiar (Milenio Público, 23 de mayo de 2004).

Según denuncias de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en algunas regiones del noroeste, dedicadas a los cultivos de exporta-ción, más de la cuarta parte de la fuerza laboral son niños o adoles-centes en los estados de atracción para la población migrante (norte y noroeste del país); del total de jornaleros agrícolas, 27 por ciento son niños entre seis y 14 años de edad. De ellos 53 por ciento son varones y 47 por ciento mujeres (El Universal, 15 de noviembre de 2004).

8 Hubert C. de Grammont y Sara María Lara Flores, “Nuevos enfoques para el estudio del mercado del trabajo rural en México”, Migración y mercados de trabajo, op. cit. p. 131.


La incorporación al trabajo infantil

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa que alrede-dor de 211 millones de infantes trabajan en el mundo; de estos 186 millones lo hacen en las peores condiciones y 73 millones tienen me-nos de 10 años de edad (Proceso, 30 de abril de 2004). El representan-te de la UNICEF en México, Daniel Camazún, reveló que en el año 2002 había alrededor de 3.3 millones de niños de seis a 14 años de edad trabajando en condiciones de explotación y alto riesgo, y sin ninguna protección social (Proceso, 19 de junio de 2004).

Sin embargo, a pesar de lo contundente de estas cifras, es muy difícil ofrecer datos precisos sobre la participación de la población infantil menor de 14 años en el trabajo asalariado. César Manzanos señala que una de las formas de invisibilización, de con la explotación y la violencia infantil, es precisamente la falta de datos estadísticos o la estimación infradimensionada del volumen, así como la produc-ción tendenciosa sobre las causas de la problemática. Estas formas de invisibilización, a decir del autor: “Contribuyen a desarrollar polí-ticas de infancia y proclamas legislativas meramente simbólicas, e incluso que se convierten en parte de esas estrategias de encubrimien-to, lo cual en cierta medida explica que no sólo sean ineficaces para frenar el incremento exponencial de la violencia y la explotación de la infancia, sino que sean parte del entramado de reproducción de las mismas”.9

Con la población jornalera migrante esta situación se agrava, debido a que no se cuenta con información censal confiable y actualizada en torno a las características demográficas de este sector de la población; no sabemos con exactitud cuántos son, dónde están, y dadas las formas de encubrimiento y explotación propias del mercado de trabajo infantil agrícola, menos aún podemos identificar con precisión el porcentaje de población infantil incorporada al trabajo asalariado. Según reportes oficiales, los menores migrantes agrícolas representan 27 por ciento de la fuerza laboral del país (Milenio Público, 23 de mayo del 2004).

9 César Manzanos Bilbao, “La infancia migrante explotada: mercantilización y utilización política”, Foro Invisibilización y conciencia: Migración interna de niñas y niños jornaleros migrantes en México. UAM-X, México, 2002, p. 3.


De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se estima que de los 1.2 millones de jornale-ros migrantes en el país, el índice promedio de trabajo infantil es de 24.3 por ciento. Sin embargo, este índice varía regionalmente y de manera diferenciada según el tipo de cultivo, elevándose considerablemente en las regiones de la costa centro (37.4) y norte de Sinaloa (34.3), así como en las zonas meloneras de Huetánamo (48.2), en la costa de Nayarit (36.2) y en el Valle de Vizcaíno en Baja California Sur (30.4).10

Esta población infantil desde edades muy tempranas (seis años en promedio), dependiendo de la región y del proceso de trabajo del cul-tivo que se produce,11 se incorpora al trabajo asalariado en las mismas condiciones y exigencias laborales que los adultos, y sometidos a un mayor control y regulación de las tareas que realizan, tanto por los capataces como por los propios padres de familia.

Realizan tareas relacionadas con la preparación del suelo y desyer-bar, con el corte, la recolección, la carga y el acarreo; en menor medi-da, con el empaque de los productos agrícolas. Laboran durante los seis días de la semana, y si la demanda productiva lo requiere hasta en domingo, cumpliendo jornadas mínimas de ocho a 10 horas por las que perciben un raquítico salario. Para 2004, el monto de este salario se estimó en un promedio nacional de 387 pesos semanales, lo cual implica menos de 65 pesos por jornada diaria de trabajo.12 Según denuncias de la CNC, se identifican campos agrícolas o fincas donde los menores llegan a percibir poco más de 20 pesos por jornada de traba-jo. 13 Con estas percepciones las niñas y los niños contribuyen con 30

10 Cfr. Jornaleros agrícolas, op. cit., p. 32 11 En los estados donde predomina la producción de frutas y hortalizas, como es el caso de

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora, se observa una mayor participación de las mujeres y los niños, a diferencia de los estados intermedios, donde se combina este tipo de pro-ducción con la industrial, se demanda mayor resistencia física y como Colima, Jalisco, Nayarit, Morelos, San Luis Potosí y en algunas zonas de Veracruz con producción cañera los niños varones se incorporan en edades más avanzadas (nueve o 10 años). En otras zonas, como las tabacaleras de Nayarit, resalta la participación de las niñas en la producción agrícola.

12 Este dato fue obtenido a partir de Teresa Rojas (coord.), Resultados de la evaluación exter-na del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, Universidad Pedagógica Na-cional-Subsecretaría de Educación Básica y Normal, México, 2004.

13 Generalmente las niñas y los niños menores desconocen el monto de su salario, ya que los que cobran son los padres de familia varones, y en su ausencia la madre o el adulto regis-trado en la “lista”. El trabajo infantil no es considerado propiamente como trabajo asalariado, ya que no media una relación contractual entre los menores y los empleadores.


por ciento del precario ingreso familiar, sin que ellos perciban direc-tamente sus remuneraciones, ya que en la gran mayoría de casos quien recibe los pagos es el jefe de familia (El Universal, 15 de noviem-bre de 2004).

En algunos tipos de cultivos, la producción alcanzada por los me-nores es mayor frente a la obtenida por los adultos. Es el caso de la producción cafetalera y tabacalera, incluso en la de algunos de los productos hortícolas y frutícolas, convirtiéndose la mano de obra infantil en mano de obra privilegiada, además de ser más barata y susceptible de un mayor control.14 Adicionalmente, en las zonas de atracción, los menores realizan actividades domésticas para el man-tenimiento y la reproducción de la mano de obra familiar; preparan alimentos, limpian los “cuartos” asignados en los campamentos o galeras y generalmente son los responsables del cuidado de los her-manos menores, modalidades de trabajo disimulado que se constituye en una forma para reproducir y reducir los costos del mantenimiento de la mano de obra agrícola.

La incorporación directa e indirecta de los niños migrantes a relaciones asalariadas requiere ser abordada desde una doble perspectiva de los ámbitos de la oferta y la demanda de mano de obra infantil. En este sen-tido, las causas que originan la presencia de trabajo infantil en campos agrícolas no sólo están directamente relacionadas con las necesidades económicas y de sobrevivencia de las familias jornaleras, sino también con las estrategias productivas y de administración laboral de los em-pleadores que han hecho uso extensivo de esta mano de obra. De ahí que es importante diferenciar la doble función del trabajo infantil: por un lado, su función inmediata como ingreso directo para las familias; por otro lado, su función para el capital en tanto cubre una parte no pagada al trabajo del obrero, que lleva a la sobreexplotación y la depresión sala-rial. Consecuencia de esto es la perpetuación de la pobreza ya que la re-

14 Incluso se han identificado empleadores en las zonas de atracción que presionan a las madres de familia para que los menores se incorporen al trabajo. En una investigación realiza-da en San Quintín, Baja California, se describe una de las formas de presión de los empleadores sobre las familias: “se sabe de casos que cuando las madres son jefes de familia, obligan a sus hijos a trabajar, pues para adquirir y mantener el derecho a habitar un campamento, se requie-re que al menos un familiar del trabajador labore también en el campo agrícola, de ahí que en ese tipo de hogares hay más presión sobre los niños para incorporarse al trabajo”. Mercedes López Limón, “Trabajo infantil y migración en el Valle de San Quintín, Baja California”, Foro Invisibilización y conciencia…, op. cit., p. 8.


muneración del trabajo infantil da paso a la desvalorización del trabajo adulto.15

En los campos agrícolas las estrategias para la doble explotación de la fuerza de trabajo infantil, por parte de las empresas, se soportan sobre la participación directa e indirecta de los niños, por lo que la mano de obra de los menores se ve expuesta a las más violentas y peores formas de trabajo infantil, poniendo en riesgo no sólo su inte-gridad física, sino fundamentalmente su conciencia y toda posibilidad de un proyecto de futuro valioso, ya que se les excluye del pleno ejer-cicio de todos sus derechos, como la salud, la alimentación y el dere-cho de poder asistir y permanecer en la escuela, entre otros.

La falta de oportunidades educativas para los hijos de los jornaleros migrantes

De acuerdo con los resultados definitivos del XII Censo General de Po-blación y Vivienda 2000, se estima que existen 21.5 millones de niñas y niños entre cinco y 14 años de edad,16 de los cuales, según estudios el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 2.1 millones no tienen acceso a la educación básica en nuestro país (Proceso, 24 de septiembre de 2004).

La representante del UNICEF en México, Yariko Yasukawa, señaló:

en México hay una especie de mito que dice que ya el acceso a la educa-ción no es un problema, porque más de 90 por ciento de los niños tiene acceso a este servicio. Sin embargo, el que más de dos millones de niños aún no cuenten con servicios educativos, es un problema grave que debe preocupar al Estado y a toda la sociedad… Debe ser un mínimo innego-ciable que todos los niños asistan a la escuela y tengan una educación básica de calidad. La estrategia debe ser que no quede ni un solo niño sin ir a la escuela, y reciba al menos diez años de educación de calidad (Pro-ceso, 23 de abril de 2004).

15 Kim Sánchez e Isabella Macchia, “Conclusiones de la mesa sobre trabajo Infantil”, Foro Invisibilización y conciencia…, op. cit., p. 3.

16 Cfr. Resultados definitivos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), México, 1997, p. 88.


Por su parte el Ejecutivo Federal, en el IV Informe de Gobierno (1 de septiembre de 2004), informa que el gobierno durante el periodo de septiembre de 2003 a agosto de 2004 brindó atención educativa a un total de 12,589 hijos de jornaleros agrícolas migrantes en 15 en-tidades federativas a través del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes (Pronim) de la Secretaría de Educación Pú-blica (SEP). Mientras que el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) proporcionó el servicio de educación preescolar y primaria a 8,631 niñas y niños en el mismo periodo.17 El actual gobierno enfati-za que una de las preocupaciones más importantes de la política so-cial es favorecer la equidad e igualdad de oportunidades para los sectores de la población que se encuentran en condiciones de vulnera-bilidad o exclusión social, como es el caso de los hijos de las familias jornaleras migrantes; sin embargo, las acciones realizadas son insu-ficientes y poco pertinentes, ya que una de las principales formas en cómo se expresa la exclusión social de los niños jornaleros migrantes, es la falta de oportunidades en el acceso, la permanencia y los logros en la educación primaria: 40 por ciento de la población entre seis y 14 años no sabe leer ni escribir y 64 por ciento de los mayores de 12 años no terminó la primaria (Milenio Público, 23 de mayo de 2004).

A pesar de los esfuerzos que realizan la SEP y el CONAFE, organis-mos que impulsan programas específicos para la atención en el nivel primaria de las niñas y los niños migrantes, la propia SEP reconoce los pocos resultados alcanzados y la falta de estrategias pertinentes para ofrecer educación con equidad y calidad para esta población. Sylvia Schmelkes, directora de la Coordinación General de Educación Inter-cultural Bilingüe (CGEIB) de la SEP, admite que:

En México hay entre 400 mil y 700 mil niños y niñas jornaleros migran-tes, de entre 10 y 14 años de edad, en rezago, que no asisten a la escuela. “Se trata de una cifra conservadora”, además reconoció que la dependen-cia carece de estrategias para enfrentar esta situación. “Se trata de una realidad desconocida”. Sostuvo que México debe atender “con precisión” este problema, analizarlo, y dar a conocer la situación sobre la educación en poblaciones migrantes. Expresó que se ha encontrado que el sector

17 Cfr. IV Informe de Gobierno, edición electrónica. Consulta realizada el 10 de mayo de 2005, en http://cuarto.informe.presidencia.gob.mx/index.php


educación atiende entre seis y 10 por ciento de los niños jornaleros mi-grantes de entre 10 y 14 años, pero advirtió que es una cifra que puede sufrir grandes variaciones “debido a la falta de datos concretos. Ninguno de nosotros lo tiene claro”, insistió. “Se hacen cosas valiosas para enfren-tar el problema, pero también errores.” (La Jornada, 4 de agosto de 2004).

Rubén Viveros Álvarez, director de la Dirección General de Educa-ción Indígena (DGIE) de la SEP, agregó que el total de estos niños jorna-leros migrantes constituye 20 por ciento del rezago educativo de primaria, y son los niños los que menos atención han recibido (La Jornada, 4 de agosto de 2004).

Los datos oficiales que ofrece el Programa Nacional de la Educa-ción (Pronae) 2001-2006, reconocen la existencia de un número que oscila entre los 400 mil y los 700 mil niños migrantes.18 Según los datos sobre la matrícula escolar inscrita en el Pronim (programa que atiende al mayor número de niñas y niños migrantes en el país), du-rante el ciclo escolar agrícola 2003-2004, registra un total de 12,736 alumnas y alumnos inscritos.19 Esto significa que la SEP a través del Pronim en 15 de las entidades federativas donde tiene cobertura,20 logra atender con optimismo solamente de dos a tres niñas y niños de cada 100 de la demanda potencial estimada.21

Además del ya reducido porcentaje de niñas y niños que se atien-den, en los últimos tres ciclos escolares agrícolas la matrícula escolar

18 Programa Nacional de la Educación 2001-2006. Por una educación de buena calidad para todos, un enfoque educativo para el siglo XXI, SEP, México, 2001, p. 110.

19 El dato es optimista, ya que en este resultado de la matrícula se incluye a 48 por ciento de niñas y niños hijos de pequeños productores establecidos que están siendo atendidos por el Pronim en campamentos o localidades que deberían ser atendidos por los servicios educativos regulares estatales. Además, la matrícula resulta considerablemente menor si tomáramos en cuenta todas las irregularidades del seguimiento estadístico y los vicios derivados de los meca-nismos de simulación de los aparatos de control escolar en algunas entidades federativas. Véa-se Teresa Rojas Rangel (coord.), Informe parcial de la evaluación externa del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, UPN-SEByN, México, octubre de 2004, p. 60.

20 Durante 2004 el Pronim tuvo cobertura en 15 estados de la República: Baja California, Baja California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz, entidades que en su conjunto representan 68 por cien-to de los 22 estados que presentan mayor concentración de jornaleros agrícolas migrantes en el país. “Reglas de Operación de Pronim, 2003 y 2004”, Diario Oficial de la Federación.

21 El número total de alumnos registrados difiere del total reportado en el IV Informe de Gobierno (12,589), dado que son los resultados del Pronim obtenidos hasta marzo de 2004, fecha de cierre de la evaluación externa del programa. Mientras que los 12,736 son los repor-tados por la misma evaluación hacia octubre de 2004.


Fuente: Informe parcial de la evaluación externa del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes (2004), UPN-SEByN, Teresa Rojas Rangel (coord.), México, octubre de 2004, p. 60.

Esto implica que se generen cada vez menos oportunidades edu-cativas y que se amplíen los márgenes de inequidad existente para que la población infantil jornalera migrante pueda acceder y permanecer en la educación primaria.

Otra forma en que se expresa la falta de oportunidades educativas para esta población es la concentración de la matrícula escolar en los primeros grados escolares; aproximadamente 70 por ciento de los que logran acceder a la escuela están registrados en el primero y segundo grado escolar (Reforma, 11 de julio del 2004).

La distribución de la matrícula presenta una forma de pendiente decreciente a lo largo de los seis grados escolares, cuya base más am-plia se identifica en el primer y segundo grados, y se va adelgazando considerablemente conforme avanzan los grados escolares. Existe poco acceso, retención y permanencia de los niños en los últimos cua-

del Pronim presenta una tendencia hacia la baja. Al término del ciclo escolar 2003-2004 el número de alumnos atendidos fue 21.3 por ciento menos que durante el ciclo escolar agrícola 2001-2002.22

GRÁFICA 1Comparativo de matrícula escolar por ciclo agrícola.

22 Teresa Rojas Rangel (coord.), Informe parcial de la evaluación externa…, op. cit., p. 63.

20,000

15,000

10,000

5,000

02001-2002 2002-2003 2003-2004

12,736

13,168

16,175


Fuente: Datos recuperados de la evaluación externa del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, ciclo escolar agrícola 2003-2004, UPN-SEByN, México, 2004.

El nivel más básico para poder tener oportunidad educativa, es ingresar al primer grado en la escuela. Mientras una niña y un niño no tengan la oportunidad de disponer de un lugar para registrarse y asistir al primer grado, nunca tendrán las condiciones para poder transitar por el sistema educativo. Además, difícilmente tendrán la ocasión de adquirir las competencias básicas y alfabetizarse en un proceso potencialmente pertinente y en condiciones favorables para la adquisición de aprendizajes escolares posteriores. A decir de Fer-nando Reimers,24 el segundo nivel de oportunidad educativa es

tro grados de educación primaria.23 De los datos obtenidos mediante una encuesta aplicada a 527 niñas y niños, en 13 de las 15 entidades federativas donde opera el Pronim, se identifica que 34.5 por ciento de esta población se encuentra registrada en el primer grado; 24.8 en segundo grado; 13.6 en tercer grado; 10.6 en cuarto grado; 8.3 en quinto grado y solamente 5.6 por ciento tiene la oportunidad de ins-cribirse en el sexto grado de educación primaria, sin que se cuente con datos precisos sobre el porcentaje que la concluye (véase la siguiente gráfica).

GRÁFICA 2Distribución de la matrícula por grado escolar 2003-2004

23 Los datos estadísticos respecto a la cobertura de atención educativa por nivel educativo del Conafe como de la SEP nos muestran que históricamente el servicio se ha concentrado en el primer nivel (primer y segundo años de primaria).

24 Fernando Reimers, “El estudio de las oportunidades educativas de los pobres en Améri-ca Latina”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XXIX, núm. 1, México, 1999, p. 40.

No contestó

0

6o.5o.4o.3o.2o.1o.

% 5 10 15 20 25 30 35 40

2.285.69

8.3510.63

13.6624.86

34.54


“aprender en ese primer grado lo suficiente para completarlo y para tener la base que permita ir progresando en la pirámide educativa. El tercer nivel es tener la oportunidad de completar un ciclo completo”.

Uno de los grandes retos pedagógicos y didácticos que aún no se ha resuelto, es lograr que los niños migrantes adquieran las compe-tencias necesarias en la lecto-escritura y el manejo del español como segunda lengua, y así lograr que el tránsito de las niñas y los niños en este grado inicial pueda sentar las bases para la permanencia y el logro escolar durante todo el ciclo de educación primaria.

GRÁFICA 3Porcentaje de repetición escolar, Pronim 2003-2004

Fuente: Datos recuperados de la evaluación externa del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, ciclo escolar agrícola 2003-2004, UPN-SEByN, México, 2004.

En su gran mayoría las niñas y los niños jornaleros migrantes se inscriben varias veces en el primer grado, y posteriormente cursan par-cialmente los demás grados. Por su frecuente transitoriedad ni siquiera alcanzan a ser reprobados, generándose con todo ello altos índices de repetición, abandono y deserción escolar. Debido a la alta movilidad geográfica y al permanente tránsito que presentan los niños entre las diferentes modalidades educativas que se les ofrecen, no se cuenta con datos precisos para medir todos estos indicadores, no obstante se es-tima que 55 por ciento del total de los alumnos inscritos en el Pronim ha repetido por lo menos un año durante su educación primaria.25 De

25 Cfr. Teresa Rojas Rangel (coord.), Evaluación externa del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes. Ciclo escolar agrícola 2003-2004, UPN-SEByN, México, 2004.

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acuerdo con Sylvia Schmelkes “Es muy difícil esperar que puedan aprender lo mismo que aprende un niño que ha asistido todos los días y con un horario regular, con una maestra, con cierta estabilidad y con un programa que tiene contiuidad educativa” (Reforma, 11 de julio de 2004).

Con todo ello, los alcances en cuanto a la eficiencia terminal del Pronim, y en general de los programas de educación primaria que se ofrecen a la población infantil migrante, son totalmente limitados. Sylvia Schmelkes señaló: “Creo que la problemática (refiriéndose a la oferta educativa existente) no la estamos atendiendo bien porque la eficiencia terminal de los programas que atienden a niños jorna-leros indígenas o jornaleros migrantes es prácticamente cero” (Re-forma, 3 de agosto del 2004). Para reiterar estos bajos resultados baste citar otro dato por demás desconsolador e inquietante, según declaraciones del director de Educación Primaria del Estado de Sono-ra “entre 1999 y 2003 han egresado 25 alumnos de la primaria para niños migrantes. Esperamos que en 2004 egresen 27 niñas y niños”.26 Estos datos nos permiten estimar la desigualdad educativa y valorar la distancia que existe entre los logros alcanzados por las niñas y los niños jornaleros migrantes frente a los obtenidos por cual-quier otra niña o niño del país, incluyendo a los que provienen de las comunidades indígenas estables.

Incongruencias de la política educativa

A los factores externos que obstaculizan el acceso y la permanencia en la escuela de los niños migrantes se suman factores relacionados con la oferta educativa, conjugándose ambos factores para propiciar el fracaso escolar de los niños migrantes. Uno de los factores internos que más impacto tiene es la falta de apoyos financieros para operar, ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio educativo que se les ofrece. El Pronae señala que “Para aumentar la equidad de los beneficios educativos, se revisará a fondo y se adecuarán los criterios utilizados para la asignación de recursos públicos buscando que la

26 Véase Samuel Salinas et al., La Paz: Intranquilas conciencias, Proyecto Fomentar y Mejo-rar la Educación Intercultural para los Migrantes (Fomei), CGEIB, México, 2004, p. 4.


asignación de recursos federales contribuya, de manera efectiva, a la reducción de las desigualdades entre las entidades, municipios y regio-nes”.27 Sin embargo, otra expresión de la incongruencia en la política de equidad sostenida en el discurso del Estado es precisamente la es-casez y la precariedad creciente de los apoyos financieros para la atención educativa de los jornaleros migrantes.

RECURSOS FINANCIEROS Y MATRÍCULA ATENDIDA POR EL PRONIM,

2002 A 2004

Estado Matrícula escolar

2001-2002

Ejercicio fiscal 2002-

2003(millones de

pesos)

Matrícula escolar

2002-2003


2004(millones de

pesos)

Matrícula escolar

2003-2004


2005(millones de

pesos)

Baja California 1,349 800,000 1,158 500,000 1,224 400,000Baja California Sur 1,380 800,000 1,490 550,000 1,270 450,000Colima 100 0 0 200,000 73 150,000Durango 146 600,000 126 400,000 191 300,000Hidalgo 157 400,000 156 452,400 111 350,000Jalisco 1,302 800,000 539 800,000 625 600,000Morelos 327 400,000 327 300,000 392 200,000Nayarit 716 800,000 428 650,000 630 500,000Nuevo León 840 600,000 768 100,000 125 150,000Oaxaca 1,485 800,000 1,787 800,000 1,871 600,000Puebla 1,076 600,000 910 700,000 741 550,000San Luis Potosí 122 600,000 67 400,000 149 300,000Sinaloa 5,386 1,400,000 4,455 1’000,000 3,845 750,000Sonora 773 800,000 484 800,000 913 600,000Veracruz 1,016 600,000 473 800,000 570 600,000Total nacional 16,175 10’000,000 13,168 8’452,400 12,736 6’500,000

Fuente: “Reglas de operación del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Mi-grantes 2002, 2003 y 2004”, Diario Oficial de la Federación, Órgano del Gobierno Constitucio-nal de los Estados Unidos Mexicanos, Segob, Talleres Gráficos de México, México. Convenios de Coordinación Estatales, SEByN-DGIE, México, 2002, 2003 y 2004. Resultados finales de la eva-luación del Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes (ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004), UPN-SEByN, México.

Para el primer año de operación del Pronim (2002), se otorgaron apoyos por un monto de 10 millones de pesos, a distribuirse entre catorce estados del país. En el año 2003, el financiamiento se reduce en poco más de 15.5 por ciento (8’452,400 millones de pesos), y a la

27 Programa Nacional de la Educación 2001-2006…, op. cit., p. 41.


vez se amplía la cobertura a una entidad federativa más. En el Ejerci-cio Fiscal 2004 se asignan solamente 6’500,000 millones de pesos para la operación del Pronim en los 15 estados participantes, registrán-dose en este último recorte presupuestal una disminución superior a 13 por ciento en comparación con el monto asignado al programa en 2003, y equivalente a 35 por ciento respecto al presupuesto inicial otorgado en 2002.28

Esto significa, que el gobierno federal invirtió recursos financieros adicionales en un promedio de 759.42 pesos anuales por cada alumno de los registrados en el ciclo escolar agrícola 2002-2003,29 mientras que para el ciclo escolar agrícola 2003-2004 la inversión disminuyó a 660.91 pesos anuales, inversiones equivalentes a 70.31 y 61.19 dólares americanos respectivamente.30

De acuerdo con estadísticas que maneja la SEP de Baja California Sur, existen cerca de cinco mil niños, hijos de jornaleros migrantes, de los cuales alrededor de 40 por ciento se podría quedar fuera en su educación básica por falta de infraestructura educativa (Milenio Pú-blico, 24 de agosto del 2004). En el caso del Conafe en Sinaloa los instructores recibieron un estímulo económico por la cantidad de 1,325 pesos al mes durante la etapa de servicio; además de alojamien-to y alimentación, en muchos casos ofrecido por los propios padres de familia, así como una beca por tres años de 862 pesos para que pue-dan avanzar en sus estudios (Noroeste, 26 de septiembre de 2004). Por parte de la SEP, para este año se registra que en Veracruz los maestros del Pronim a través de becas de compensación reciben 960 pesos al mes; en San Luis Potosí 1,200 pesos, en Jalisco 1,400 pesos, en Puebla 1,450 pesos, en Durango 1,600 pesos, en Nayarit 1,700 pesos, y en

28 Adicionalmente se presenta el retraso de un año en la transferencia de los apoyos finan-cieros a las entidades federativas con los consecuentes problemas en la administración y aplica-ción de los recursos; impacta necesariamente en la falta de cumplimiento de los objetivos y metas del programa, pero fundamentalmente en la oportunidad de los beneficios esperados para las niñas y los niños migrantes. Véanse los resultados del análisis financiero realizado en las evaluaciones externas al Pronim, 2003, 2004 y 2005, donde anualmente una de las obser-vaciones principales es la necesidad de que envíen oportunamente los recursos financieros a las entidades federativas, a fin de que se puedan cumplir los objetivos del programa.

29 De acuerdo con la distribución del monto total asignado para el ejercicio fiscal 2002 entre el total de la matrícula atendida en el ciclo escolar agrícola 2002-2003.

30 La estimación se realiza sobre 10.80 pesos, valor vigente de la tasa de cambio registrada al 14 de mayo de 2005.


Hidalgo 1,800 pesos. Mientras que en Baja California Sur, Colima, Oaxaca y Sinaloa la percepción es de 2,500 a 2,700 pesos. Por último en los estados que ofrecen mayor apoyo económico a los docentes, Baja California, Nuevo León y Morelos, el monto es de 4,100, 5,000 y 5,400 pesos respectivamente.31 Para Francisco Moreno, coordinador nacional del Pronim, una de las causas a las que obedecen los pobres resultados del programa es la falta de recursos: “El principal proble-ma es la insuficiencia de fondos, tanto federales como estatales. De ahí se deriva la falta de estímulos a los docentes que trabajan en con-diciones muy difíciles” (Reforma, 11 de julio de 2004).

Frente a estas cifras es imposible dejar de cuestionar la política de financiamiento sectorial, particularmente si consideramos las necesi-dades y las condiciones precarias y totalmente desfavorables que prevalecen en la atención educativa de la población infantil jornalera migrante, cuestionamiento que se formula a partir de dos criterios fundamentales: uno de carácter estrictamente técnico y operativo, y es que todo programa educativo requiere de la cantidad mínima de medios para operar con eficacia y eficiencia. Un segundo criterio alu-de a una postura política y ética articulada a los principios básicos de la justicia social. Una política educativa consecuente implicaría reco-nocer la necesidad de dotar a los programas educativos que se ofrecen a los sectores migrantes con la mayor cantidad de recursos intelectua-les y financieros, maestros más formados, infraestructura, materiales educativos suficientes y pertinentes, y en principio contar con aulas dignas, ya que las niñas y los niños migrantes, en términos de justicia distributiva, deberían ser compensados con los mayores y mejores recursos.

Los protagonistas a favor de los migrantes

Ante la compleja problemática social de las niñas y los niños jornale-ros migrantes diversas instituciones y organismos internacionales y nacionales, públicos y no gubernamentales, partidos políticos, orga-nizaciones campesinas, comunicadores sociales y académicos, todos

31 Evaluación del Programa Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, UPN-SEByN, México, marzo de 2004.


preocupados ante las condiciones de pobreza, explotación y riesgo en la que viven estos miles y miles de niños mexicanos, expresan en di-ferentes formas la indignación ante la persistencia de la desigualdad y la falta de justicia social que existe en el país.

La coincidencia entre diversos actores políticos y sociales es reve-ladora. Organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que tiene como objetivo velar por el cumplimiento de los derechos de niñas y niños, presentan estudios y ofrecen datos reveladores sobre la incorporación a las redes del traba-jo infantil en condiciones de explotación y alto riesgo, la existencia de una “cultura del maltrato” y la violencia hacia a los niños (Proceso, 24 de julio de 2004), así como la falta de acceso a la educación primaria de millones de niños en México, entre los cuales el mayor porcentaje lo representan los menores migrantes (Proceso, 23 de abril de 2004).

En el ámbito nacional las comisiones estatales y nacional de dere-chos humanos hacen llamados a los gobiernos federal y estatales para que se impulsen políticas públicas y programas de apoyo, y se destinen recursos para la atención a esta población que tiene que emi-grar de sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida (La Jornada, 27 de noviembre de 2004; Proceso, 30 de diciembre de 2004). Así mismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca (Cedho) y otras comisiones estatales demandan la observancia y cumplimiento por parte de los gobiernos locales (par-ticularmente en el caso de Baja California y Sinaloa) de las recomen-daciones que emiten en contra de las vejaciones, el maltrato, las malas condiciones en que viven, la falta de protección social y de la salud y, en general por la violación a los derechos humanos de los jornaleros agrícolas en estados de atracción (Proceso, 21 de julio de 2004; La Jornada, 27 de noviembre de 2004).

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Hu-manos denuncia las condiciones de “semiesclavitud” que persisten en algunos campos agrícolas en las entidades de atracción, donde “per-sisten el empleo de niños en la pizca, el hacinamiento de familias, la carencia de médicos, los tratos indebidos hacia mujeres y menores, y las tiendas de raya, entre otras irregularidades” (La Jornada, 27 de noviembre de 2004). Los defensores de los derechos humanos, al re-


ferirse a visitas realizadas a algunos campos agrícolas de Sinaloa, señalan:

Pudimos constatar que todavía persisten en algunos campos de ese Esta-do –pero también sabemos que en otras entidades– el maltrato a los migrantes […]. Se les aloja en casuchas de cartón con fogones al aire li-bre; a las mujeres se les da un trato indebido; a los niños se les tiene en condiciones indignas y aún persiste el trabajo de menores en el campo como pizcadores. No hay servicios médicos, hay hacinamiento y hay una gran cantidad de niños en condiciones inadecuadas […]. En los cam-pos agrícolas los jornaleros viven hacinados, sin agua potable para beber, usan por sanitarios los canales contaminados y en esa misma agua se bañan; aún hay niños que mueren de frío y por picaduras de animales. Hay un claro desinterés de los patrones para subsanar las irregularida-des y un fuerte desdén de las autoridades estatales para exigir el cumpli-miento de las leyes y vigilar que los migrantes sean tratados con digni-dad y respeto (La Jornada, 27 de noviembre de 2004).

Mientras que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca (Cedho), Sergio Segreste Ríos, denuncia que en Baja California 70,000 oaxaqueños viven y trabajan en condiciones deplorables y violatorias de sus derechos humanos bajo el encubri-miento y la “omisión y hasta complicidad” del gobierno estatal, y muy a pesar de las quejas y recomendaciones emitidas por la Procu-raduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California el pasado mayo de 2003. El funcionario puntualizó:

[…] es verdaderamente lamentable observar a hombres, mujeres y niños viviendo en condiciones inhumanas, casi de esclavitud, trabajando jor-nadas de más de ocho horas y expuestos a fertilizantes y pesticidas que vulneran cada vez más su salud, mermada de por sí por la precaria ali-mentación y nula protección social por parte de los dueños de los campos agrícolas.

Puntualizó que la violación a los derechos económicos, sociales y culturales de los miles de triquis, zapotecos y mixtecos que hacen producir los campos del norte del país, está siendo desatendida e in-cluso encubierta por el gobierno de esa entidad. Agregó que varios de los propietarios de esos centros de trabajo actualmente son candida-


tos a diputados y presidentes municipales, sin que nadie los obligue a cumplir con sus responsabilidades de ofrecer a sus trabajadores con-diciones de vida aceptables y las prestaciones de ley a las que tienen derecho. También destacó el descuido total y las condiciones precarias en las que se encuentran los oaxaqueños en esa entidad, la falta de salud, de educación, de atención al desarrollo social que afectan prin-cipalmente a niñas, niños y mujeres (Proceso, 21 de julio de 2004).

Por su parte el gobierno federal, en el IV Informe de Gobierno (1 de septiembre de 2004), señala que a través del Programa de Atención a Jornaleros Migrantes (PAJA) coordinado por la Secretaría de Desa-rrollo Social (Sedesol), durante 2003 se ejerció una inversión de 128.7 millones de pesos (25 por ciento menos de los recursos invertidos en 2002) en proyectos de promoción social en los ámbitos de alimenta-ción, salud, educación, empleo y derechos humanos para la atención a la población migrante.

En la inauguración de la 18ª Reunión Ordinaria de la Coordina-ción Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Cona-fam), realizada el 22 de julio de 2004, la subcoordinadora del orga-nismo, Patricia Araiza Noriega, subrayó la carencia en el país de políticas públicas nacionales para la atención y protección a migran-tes y formuló una demanda urgente para desarrollar estrategias re-gionales que permitan enfrentar el problema social que representan, y a su vez reforzar programas y promover nuevas acciones para la atención de la comunidad migrante (Proceso, 24 de septiembre de 2004). Por otra parte funcionarios de la Sedesol reconocen la insufi-ciencia de los recursos financieros que se otorgan a través del PAJA. Lucía Esther Belmares Olvera, coordinadora del programa en San Luís Potosí, señaló que en esta entidad los beneficios apenas llegan a 50,000 de los 260,000 jornaleros que se estima existen en el Estado. De estos 50,000, sólo 12,000 son beneficiados con apoyos equivalen-tes a 133 pesos al año. Los otros 138,000 son apoyados con asistencia social para que puedan tener mejores condiciones de trabajo (Pulso de San Luís Potosí, 10 octubre de 2004).

En torno al sector salud, no obstante los reportes favorables emi-tidos, en el informe se reconocen los altos índices de mortalidad in-fantil y materna por enfermedades de la pobreza y padecimientos

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propios del tercer mundo. En entidades federativas como el Distrito Federal y Nuevo León mueren 15 de cada 100 niños antes del primer año, mientras que en estados que presentan los mayores índices de marginación este porcentaje se eleva hasta 27 de cada 100 niñas y niños (Proceso, 2 de septiembre del 2004).

Conclusión

A pesar del impulso a programas alimentarios y de salud dirigidos específicamente a los migrantes, como el llamado “Alas de la Salud” impulsado por la Secretaría de Salud (SS),los niños jornaleros presen-tan los mayores índices de desnutrición (Noroeste, 16 de octubre de 2004). En investigaciones recientes se muestra que un considerable porcentaje de niños migrantes (84.5 por ciento) y asentados (76.9 por ciento) en los campos agrícolas, presentan algún grado de desnutrición y los mayores riesgos para la salud ocasionados por la falta de ali-mento y su inadecuado consumo, dadas las condiciones en las que viven y se desarrollan.32 Adicionalmente esta población enfrenta las consecuencias derivadas de la exposición cotidiana, sin ninguna me-dida de protección, a compuestos químicos y plaguicidas (La Jornada, 22 de junio de 2004).

Los plaguicidas causan un daño mayor a los infantes que a los adultos por varias causas. Las madres expuestas a plaguicidas pueden tener pro-blemas durante el embarazo ya que el feto puede sufrir malformaciones congénitas. El riesgo se incrementa en los bebés que se encuentran en la etapa de gateo y exploración oral del entorno porque incrementa las posibilidades de absorción dérmica o ingestión de sustancias tóxicas. La exposición a plaguicidas durante la infancia puede producir daños per-manentes dado que se trata de una etapa de desarrollo físico acelerado, particularmente durante la pubertad y la adolescencia.33

32 Cfr. María Isabel Ortega Vélez, Las rutas de la desnutrición: el caso de los niños jornaleros agrícolas migrantes en el Noroeste de México, Centro de Investigación en Alimentación y Desarro-llo A. C, edición electrónica. Consulta realizada el 4 de mayo de 2005 en http://www.ciad.org/otros temas/migrantes/ninomigrant.htm

33 Patricia Díaz Romo y Samuel Salinas Álvarez, Plaguicidas, tabaco y salud: el caso de los jornaleros huicholes, jornaleros mestizos y ejidatarios en Nayarit, Proyecto Huicholes y Plaguici-das, México, 2002, p. 96. Véase además de los mismos autores, “Globalización, migración y trabajo infantil: el caso de las niñas y los niños jornaleros del tabaco en Nayarit, México”, Foro

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Factores que ocasionan que las niñas y los niños jornaleros pre-senten altos índices de enfermedades y por tanto sigan siendo vícti-mas de la vulnerabilidad y de la falta de oportunidades para crecer, jugar y desarrollarse plenamente.

Si bien en el marco jurídico y político en México se ha avanzado, mediante la firma por parte del gobierno de acuerdos y convenios internacionales (la Convención de los Derechos del Niño, 1989; la Cumbre a favor de la Infancia, 1990; y la Sesión Especial de la ONU sobre la Infancia, 2002), así como por el establecimiento de reformas legislativas que procuran el respeto a los derechos de los infantes (la ratificación del Senado, en 1990, de la suscripción a la Convención de los Derechos del Niño; reforma y adición al artículo cuarto de la Cons-titución Mexicana para incluir la noción de los derechos de la infancia, 1999; y la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 2000), en la realidad estas proclamas distan mucho de aplicarse y hacerse valer a fin de promover efectiva-mente procuración de justicia social, el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas del país en condiciones de igualdad y equidad (Pro-ceso, 30 de abril de 2004, El Cambio de Michoacán, 12 de abril de 2004). Al contrario, aún predominan las condiciones políticas, jurídi-cas y económicas que obnubilan e impiden la reivindicación de los principios derivados del respeto a los derechos y la dignidad, contri-buyendo con ello a que todos los días, miles y miles de niñas y niños estén siendo sacrificados por la discriminación, la explotación y la exclusión social innegable en nuestro país.

Invisibilización y conciencia: Migración interna de niñas y niños jornaleros migrantes en México, Universidad Au-tónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México, 2002.

las niñas y los niños jornaleros migrantes en méxico

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