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Las insuficiencias del crecimiento económico de México:
Consideraciones teóricas, metodológicas y factuales
José Luis Estrada López1
Introducción
Uno de los principales temas de investigación en la actualidad concierne a los patrones de
desarrollo desigual entre naciones. La evidencia del desarrollo económico posterior a la
Segunda Guerra Mundial deja en claro que no se trata simplemente de una desigualdad
entre el grupo de naciones ricas y el de naciones en desarrollo; no es un fenómeno
dicotómico. Se trata más bien de un fenómeno en el que un grupo de naciones con
economías atrasadas implementaron, al final de la guerra, políticas sui géneris que les
permitieron insertarse en la cambiante economía global y converger hacia las naciones
ricas. También se pueden observar cambios contrastantes en el crecimiento de cada nación
a lo largo del tiempo; por ejemplo, Japón, después de registrar un espectacular proceso de
modernización a partir de la década de los cincuenta, ha permanecido como economía rica
a pesar de experimentar un largo periodo de estancamiento a partir de la crisis por la
burbuja inmobiliaria y financiera de finales de los ochenta.
En contraste, México, después de sorprender con un crecimiento económico y
estable durante dos décadas (1950-1970), no pudo llevar a cabo las reformas requeridas,
entró en un periodo de inestabilidad económica, alta dependencia de los ingresos petroleros
y deuda externa, que desembocó en la crisis de la deuda a principios de los ochenta y el
estancamiento durante toda la década; posteriormente ha tenido un largo periodo de
1 Profesor del Departamento de Economía de la UAM-Iztapalapa.
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insuficiente crecimiento que dura hasta la fecha. El problema de México se ha vuelto
complicado desde el punto de vista teórico, pues a pesar de las reformas convencionales
instrumentadas (apertura comercial y financiera, liberalización económica y ajuste fiscal,
entre otras), aún no se ha alcanzado el éxito de otras naciones del mundo con orientación
exportadora, como las de Asia, o como Chile en América Latina.
Las preguntas que guían este trabajo son ¿qué obstáculos fundamentales para su
desarrollo económico no ha logrado resolver o trascender México, a pesar de las
importantes reformas que ha implementado durante las últimas tres décadas? ¿Ha sido o
será suficiente continuar con reformas de libre mercado? De no ser así, ¿qué cambios de
fondo, en el ámbito de las instituciones y de las relaciones sociales se requieren para
progresar? ¿Se trata del sistema corporativo que se estableció al término de la revolución y
que, con variantes, se mantiene hasta este momento? O, siguiendo a otros autores, ¿se
requiere de un cambio de políticas públicas, más que de instituciones?
La primera sección resume las principales reformas económicas y políticas
acaecidas durante la segunda mitad de los ochenta y los noventa; a continuación se
presentan algunos aspectos del desempeño económico y las crisis durante las últimas
décadas; enseguida se hace una evaluación de la situación actual en materia de bienestar
social a más de 100 años de los cambios ocurridos con la Revolución Mexicana. La
mayoría de los indicadores que se consideran apuntan a un mal desempeño de la economía
durante este periodo, tanto en términos absolutos como en relación con otras economías y
con el pasado de México. La sección concluye con una revisión de dos enfoques sobre el
“Problema de México”.
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En la segunda sección se propone una hipótesis de trabajo que combina elementos
políticos, económicos y distributivos, para explicar casos de desarrollo económico exitoso,
pero también otros fallidos, como el mexicano. Destaca el punto de que, aunque el sistema
formal mexicano es del tipo liberal-democrático, existe un conjunto de mecanismos
informales que han adquirido tanto peso al paso de los años que han acabado por imponer
una serie de incentivos y círculos viciosos que entorpecen el desarrollo económico y el uso
eficiente del excedente, pero siguen siendo favorables a un amplio segmento de empresas y
población.
La tercera sección trata varias consideraciones metodológicas relacionadas con la
tarea de combinar análisis teórico-económico con algunos enfoques de corte
institucionalista, para buscar responder a las preguntas formuladas en este trabajo. La
última sección se dedica a las principales conclusiones y consideraciones adicionales, entre
las cuales se encuentran algunas de las últimas reformas aprobadas por el Congreso en 2013
y 2014, a la luz del análisis realizado aquí.
1. Transformaciones estructurales, desempeño económico y crisis
En esta sección se describe en forma resumida una serie de importantes reformas que se
han hecho con el propósito de dinamizar la economía, enfrentar varias crisis económicas y
modernizar al país. También se incluye una reflexión sobre la ausencia de cierto tipo de
reformas durante algunos periodos críticos, especialmente a principios de los setenta.
a. Reformas económicas y políticas (1982-1994)
Desde una perspectiva económica, los gobiernos de De la Madrid y Salinas de Gortari
(1982-1994) enfrentaron la crisis económica que estalló en 1981-1982 debido a políticas
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inspiradas en las creencias económicas de esos años. Según la interpretación dominante en
los ochenta, cuyo origen se encuentra en la revolución conservadora en EUA (Krugman,
2007), se consideraba que la raíz del problema económico estaba en la intervención estatal.
Por el contrario, conviene recordar que, décadas atrás, la intervención pública en los
asuntos económicos llegó a ser considerada como la forma apropiada de la economía mixta
para poder regular los ciclos y las crisis económicas del capitalismo. Las políticas de corte
keynesiano, como se sabe, entraron en crisis cuando resultaron inapropiadas para enfrentar
los episodios de “estanflación” en EUA durante la segunda mitad de los setenta y principios
de los ochenta.
Se pueden identificar dos etapas en la aplicación de la estrategia de estos gobiernos.
Durante la primera (1985-1987, y en medio de un ambiente de fuertes desequilibrios
macroeconómicos) se desmanteló el sistema comercial proteccionista que prevalecía hasta
entonces, con lo cual México accedió al GATT y pudo participar en las negociaciones
comerciales internacionales dentro de este marco multilateral. De manera concomitante se
pusieron en práctica las reformas de mercado conocidas como “El Consenso de
Washington”.
La segunda etapa consistió en la formalización del proceso de integración que ya
estaba en marcha en Norteamérica, el cual se concretó con la puesta en marcha del TLCAN
en 1994. Las grandes expectativas que generó este conjunto de reformas facilitaron que
México accediera a la OCDE en ese mismo año. Se pensó que, con la apertura comercial y
el impulso derivado de la relocalización de inversiones de EUA (y de otras naciones) hacia
México, así como con un funcionamiento del sistema más acorde con las reglas de libertad
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de mercados, la economía mexicana tendría un desempeño económico más cercano al
registrado por las economías exitosas de Asia, como Corea del Sur, Singapur y Taiwán.
Desde una perspectiva política, se consideró que con una reforma de fondo a las
instituciones electorales se impulsaría la modernización democrática, lo cual apoyaría el
desarrollo económico. Durante 1997 se concretaron transformaciones de gran envergadura
que se venían promoviendo por diversos sectores de la sociedad (Quiroz y Gutiérrez,
1992).2 Se aprobó una nueva legislación electoral y un instituto ciudadano independiente –
el IFE— (Woldenberg, 2014). Bajo este nuevo marco electoral, en las elecciones federales
de 2000, se concretó la alternancia y durante dos sexenios la presidencia de la República
estuvo en manos del PAN. Durante este tiempo se mantuvo la estabilidad macroeconómica
que se había consolidado durante las postrimerías del gobierno de Zedillo, pero no se pudo
superar la dinámica de lento crecimiento económico (Estrada y Alvarado, 2013).
Estos gobiernos no tuvieron la capacidad de implementar otras reformas
sustanciales, aunque se avanzó en aspectos importantes, como la transparencia y el acceso a
la información. Tal vez lo más sobresaliente por el lado negativo fue la creciente intensidad
de la lucha contra los grupos de narcotraficantes y del crimen organizado mediante el
involucramiento del Ejército y la Marina. El resultado más visible ha sido el aumento de la
inseguridad y la pérdida de gobernabilidad en varias partes del país.
Como resultado de las reformas económicas, así como del proceso previo de
industrialización, México tiene una economía altamente contrastante: por un lado se
observa un sector moderno que participa en las cadenas de valor internacional de las
2 La reforma promovida por Reyes Heroles en 1978 se puede considerar como el inicio de una serie de
reformas electorales que desembocaron a la postre en la pérdida de control de los procesos electorales por la
Secretaría de Gobernación.
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industrias automotriz, electrónica, de telecomunicaciones, textil y del vestido, y del
cemento, entre otras. Los segmentos industriales que se localizan sobre todo en las regiones
del centro y norte del país, producen —con fuerte participación de inversionistas
extranjeros—, para la exportación principalmente a EUA, así como para el mercado
interno. Aunque la gran mayoría de los encadenamientos de la economía mexicana se hacen
con la economía de EUA, existe otra proporción muy importante con la región asiática y
Europa. Por otra parte, un significativo porcentaje de la actividad económica, a lo largo del
espectro productivo, se lleva a cabo por productores nacionales en condiciones de baja
productividad, y con dificultades de acceso al crédito.
En cuanto al contexto mundial, el sistema capitalista ha mostrado su lado más
revolucionario con el avance tecnológico dentro de todas las áreas del conocimiento y sus
amplias repercusiones materiales y sociales. Pero el avance tecnológico actual en materia
de computación, informática y de telecomunicaciones ofrece palancas poderosas para
pensar en posibles soluciones a la parte más negativa del sistema, que se manifiesta en
profundas inequidades en lo concerniente al acceso a las oportunidades. Son los avances en
estos campos lo que han llevado a hablar, con sustento, de una nueva perspectiva, “la
economía del conocimiento”, por lo cual se entiende una sociedad que gira en torno de, y
aprovecha lo más posible, las tecnologías de la información.
Como resultado de las reformas políticas, el régimen de partido único ha sido
sustituido por un sistema multipartidario, y la alternancia se ha consolidado en el gobierno
central y en un cierto número de entidades federativas. Aunque el sistema electoral
mexicano se ha encarecido, diversificado e incorporado un mayor número de partidos, no
se puede decir que haya contribuido al crecimiento económico ni, como veremos adelante,
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a un cambio sustancial en las prácticas de corporativismo, corrupción e ineficiencia
económica.
b. Antecedentes: caracterización del crecimiento económico, crisis y cambios en la
economía mexicana durante el siglo pasado.
A lo largo del siglo XX se observan trayectorias económicas muy contrastantes entre las
regiones asiática e iberoamericana. Asia-Pacífico registra un crecimiento vigoroso y
sostenido, impulsado primero por el de Japón, después por el grupo de los “tigres” (Corea
del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong) y finalmente por China y otras naciones del
sudeste asiático. En Iberoamérica, las dos economías grandes, Brasil y México, muestran
una tendencia ligeramente creciente, con diferencias periódicas; Argentina sobresale por la
marcada tendencia decreciente de su economía, al mismo tiempo que el resto de las
economías tampoco muestran crecimiento rápido, según las cifras de Maddison (2006).
Después del trastrocamiento económico ocurrido durante el periodo revolucionario
(1910-1933), la economía vuelve a crecer más regularmente, en medio de serias
dificultades, debidas en su mayor parte a la necesidad de reconstruir un Estado y unas
instituciones económicas. En el Cuadro 1 se aprecia que es a partir del sexenio de Lázaro
Cárdenas (1934-1940) cuando el crecimiento alcanza una cifra promedio moderada de
4.5%, con una inflación de 5.5 % anual. El periodo anterior a 1934 se caracteriza, como era
común en la economía mundial, por momentos deflacionarios, bajas tasas de crecimiento y
gran variabilidad. En los sexenios posteriores, como consecuencia de la política sustitutiva
de importaciones y de exportaciones agropecuarias, se tuvo un crecimiento rápido, el cual
se detuvo al final de los setenta, cuando estalló la crisis de la deuda, en un ambiente
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inflacionario que condicionaría el bajo crecimiento con inestabilidad de la década de los
noventa. Antes de esta crisis, destaca el crecimiento casi ejemplar durante el periodo 1958-
1970, al combinar una tasa de crecimiento promedio anual superior al 6.7% y tasas
promedio de inflación menores a 3%.
Crecimiento real
del PIB % Inflación %
1922-1958 3.9 5.3
1922-1934 0.7 -2.1
1935-1940 4.5 5.5
1941-1946 6.2 14.6
1947-1952 5.8 9.9
1953-1958 6.2 5.6
1959-1964 6.7 2.3
1965-1970 6.8 2.8
1971-1976 6.2 12.8
1977-1982 6.1 29.6
1983-1988 0.3 92.9
1989-1994 3.9 15.9
1995-2000 5.5 19.6
2001-2006 2.5 5.2
2007-2012 1.6 4.3
Cuadro 1. Indicadores de crecimiento e inflación,
México: 1922-2012
Fuente: procesado a partir de Ortiz Mena (1998),
Inegi, Estadísticas Históricas y Cuentas Nacionales.
El favorable desempeño en materia de crecimiento económico, industrialización y
estabilidad macroeconómica tuvo su lado oscuro. Efectivamente, por un lado, el
crecimiento económico fue robusto, lo que llevó aparejado un aumento en el empleo formal
y de los ingresos laborales; al combinarse con un ambiente de estabilidad macroeconómica,
se generó y prevaleció una situación con expectativas favorables a la movilidad social
ascendente, en especial a través de la educación pública en el medio urbano. Pero, por otro
lado, como lo señalaron varios estudios a finales de los sesenta, el modelo mexicano
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enfrentaba ciertos desequilibrios estructurales importantes3 y, para efectos de este trabajo,
cabe resaltar que tenía dos fallas: la falta de eficiencia dinámica y la permanencia de las
condiciones de pobreza —sobre todo en gran parte de la población campesina— y altos
grados de desigualdad; en especial, destaca el fracaso del modelo de reparto y organización
agraria, a decir de Warman (2003).4
Es apropiado recordar que las reglas del orden monetario internacional de Bretton-
Woods favorecieron la estabilidad, la cual contribuyó a la paridad de 12.5 pesos por dólar a
lo largo del periodo. Así mismo, cuando este orden monetario se vino abajo, el nuevo
sistema, caracterizado por la depreciación del dólar (en su carácter de moneda de reserva
mundial) y la inestabilidad en los tipos de cambio, planteó serios retos a México. De hecho,
se puede afirmar que una buena parte de la crisis en los años de 1976 y 1982 se debió al
mal manejo de la política cambiaria de los gobiernos de Echeverría y López Portillo (a
3 Problemas como ineficiencia económica y distorsiones derivadas del exceso de protección a la industria; la
corrupción asociada al sistema de los permisos previos de importación; la cuestión fiscal y la incapacidad de
llevar a cabo una reforma fiscal, y la tensa relación del gobierno de Echeverría con los empresarios. A lo
anterior se agregaría una dinámica poblacional explosiva, que creó dificultades adicionales para la
satisfacción de necesidades básicas de alimentación, educación y salud. 4 “La reforma agraria mexicana tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura y se desarrolló
en tiempos de la guerra civil. A lo largo de un extenso período se entregaron a los campesinos más de 100
millones de hectáreas de tierras4, equivalentes a la mitad del territorio de México y a cerca de las dos terceras partes de la propiedad rústica total del país, con los que se establecieron cerca de 30 000 ejidos y
comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el
bienestar perseguido, y los campesinos a los que llegó viven hoy en una pobreza extrema. El deterioro
paulatino del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando se consiguió reorientar cabalmente el desarrollo
rural” (Warman, 2003)
El deterioro progresivo pero acelerado del sector rural se prolongó hasta 1992, cuando fue posible alcanzar un consenso suficiente, aunque distante de la unanimidad, para reorientar y dar dinamismo al desarrollo rural, y combatir la pobreza, el
atraso y la marginación. La primera etapa de ese proyecto de reorientación de largo alcance fue la reforma del artículo 27 Constitucional en materia agraria, así como las leyes reglamentarias derivadas. La nueva versión del artículo se promulgó el 6 de enero de 1992, y unos meses más tarde se promulgó la Ley Agraria y la Ley Forestal. Sin embargo, la crisis política de 1994 y la crisis económica de 1995 retrasaron o suspendieron la aplicación de los programas compensatorios y, lo que era más importante, de una reforma institucional que no sólo era complemento sino condición de la reforma integral de gran alcance. La reforma quedó inconclusa; sus metas sociales y económicas no se alcanzaron. Pese a estas limitaciones, la reforma produjo efectos positivos que conviene analizar.
10
partir de 1976 y hasta 2005 el país padeció de crisis cambiarias fuertes y de serios impactos
sobre la economía (Cárdenas, 2015: 628-9, 645).
Desde una perspectiva política, parecía que también el sistema político que se fue
configurando durante el periodo revolucionario, que culminó en el sexenio de Lázaro
Cárdenas, se agotaba y requería de cambios sustanciales.5 Se puede considerar que este
sistema favoreció el crecimiento y la modernización que el país experimentó en esas
décadas al ofrecer un marco ordenado para la actividad económica mediante prácticas
autoritarias generalizadas: el ambiente y la cultura eran autoritarios en todas las relaciones
familiares, escolares y sociales, tal vez como lo habían sido en el Porfiriato. Pero, en este
sentido, parecería que la radical reforma agraria implementada había contribuido más al
desarrollo económico del país que al bienestar de aquellos grupos a los que iba dirigida.
De acuerdo con Buelna y Gutiérrez (2015), es este tipo de relaciones corporativistas
lo que ha impedido –y lo sigue haciendo— la real modernización del país. Consideran que
un marco institucional apropiado para el desarrollo del capitalismo comprende una forma
de organización política que se sustente en la ciudadanía, la igualdad de oportunidades y la
libre competencia. Un problema con el planteamiento de dichas condiciones de ciudadanía
es que son resultado de un largo proceso histórico en el que se pueden detectar varios tipos
de interrelación entre economía y política. Está documentado el florecimiento de formas de
producción distintas a las campesinas en ciudades y pueblos de la sociedad feudal europea.
Destaca que una gran variedad de gremios obtuvieron libertad para ejercer sus oficios
5 El carácter burocrático y corporativo de las organizaciones sindicales como parte del sistema
presidencialista evitó o reprimió el surgimiento de movimientos independientes que pudieran afectar el
dominio completo por parte del PRI. Se llegó a excesos tales como la represión y matanza en el episodio del 2
de octubre de 1968, el cual repercutiría sobre la política hasta nuestros días.
11
mediante procedimientos que en realidad constituían formas corporativas con derechos
exclusivos (Braudel, 1997).
c. Formas de inserción en la economía mundial: consideraciones teóricas
En la actualidad existen dos enfoques principales sobre los beneficios y las restricciones
para participar en la economía mundial.6 El enfoque dominante refiere a las ganancias que
se obtienen por el comercio y la especialización, originadas en una asignación más eficiente
de los recursos en los países participantes; se trata de los principios de la ventaja
comparativa y de dotación de los factores. Dentro de este enfoque los países pueden
comerciar aun cuando se tenga desventaja absoluta frente al resto del mundo. Vía
mecanismos de variaciones en el tipo de cambio, teóricamente se obtiene la posibilidad de
ajustes que permitan al país exportar aquellos bienes en los que su desventaja absoluta sea
menor.
Sin embargo, en un contexto de globalización y alta movilidad internacional del
capital, la validez de este principio se pone en duda. De hecho el mismo David Ricardo, en
el capítulo sobre comercio exterior de sus Principios, reconoce explícitamente que en
condiciones de movilidad de capital (en el ejemplo que ponía en aquel entonces entre
Inglaterra y Portugal), el principio que regiría sería el de la ventaja absoluta. En
tratamientos teóricos recientes, Jones (2000) llega a resultados en los que la especialización
estará determinada por combinaciones de Ventaja Absoluta y Ventaja Comparativa.
Los nuevos modelos de crecimiento y comercio llegan a resultados distintos a los de
la Ventaja Comparativa y Dotación de Factores. En los nuevos enfoques, la razón principal
12
para participar en el comercio (para una economía subdesarrollada) es la adquisición de
conocimiento tecnológico del mundo avanzado por varios canales (contratos de licencias, la
empresa trasnacional, el contenido tecnológico de las importaciones y externalidades
asociadas a varias actividades como la exportación o la IED). Dicha participación también
sirve para incorporarse a mercados más amplios que permitan el aprovechamiento de las
economías de escala en una variedad de industrias. Hay coincidencia entre los nuevos y
viejos principios sobre los beneficios de la inserción comercial en la economía global,
aunque por razones distintas, como se ha visto.
En este sentido, la falla en la que incurrió México durante los setenta, al no lograr
reorientar industrias hacia la exportación de manufacturas, privó al país de aprovechar las
ventajas de productividad, escala y aprendizaje que han aprovechado en forma sistemática
economías asiáticas como Corea del Sur, Taiwán y ahora China. En la realidad, aunque en
sus inicios la protección en México haya fomentado una fase de industrialización, sirvió a
fin de cuentas para favorecer los intereses de industriales y disminuyó a la larga su papel en
la promoción del desarrollo.7 Lo que el país necesitaba era un cambio drástico hacia la
exportación (o sustitución de exportaciones, como lo señalaba Villarreal y lo proponía
Balassa en aquellos tiempos).8
7 Paradójicamente, en México, la estrategia de sustitución de importaciones llevaba a la economía a una falta
de integración en áreas tan importantes como en ciertas líneas de bienes de capital. De acuerdo con esto, un
error básico de política fue no tanto la protección en sí misma, sino la falta de sentido y racionalidad, lo que
Fajnsylber denominó “el proteccionismo frívolo”.
8 “Estas consideraciones subrayan la conveniencia de fomentar la producción de manufacturas aumentando
las exportaciones, en lugar de sustituyendo importaciones con producción interna. Esta conclusión se refuerza
si se advierten las limitadas posibilidades de seguir sustituyendo importaciones en el protegido mercado
mexicano. Después de concluir el proceso de sustitución de importaciones de bienes de consumo no duradero
y de una variedad de productos intermedios y aparatos sencillos, habría que avanzar progresivamente hacia
bienes que requieren de producciones en gran escala, así como tecnologías más elaboradas. Producir estos
bienes en el marco de un estrecho mercado interno, acarrearía altos costos y dejaría a México con una
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En el Este de Asia, teniendo a Japón como pionero, se establecieron modelos
económicos con orientación hacia los mercados externos. Sin embargo, las directrices de
estos modelos no se sustentaron en los principios de libre comercio, sino que, en el caso de
Corea del Sur, consistieron en peculiares combinaciones de medidas de promoción a las
exportaciones (como subsidios a la actividad exportadora) y protección selectiva, con el
objetivo final de apoyar la estrategia exportadora. Así, esta estrategia impuso condiciones
de logro de eficiencia a las empresas y a las economías en su totalidad, al mismo tiempo
que aprovecharon abundantes flujos de conocimiento asociados a los intercambios
comerciales (Amsden, 1989).9 Además de la ventaja que representa esta estrategia, pues
facilita el éxito en la exportación de manufacturas, el mercado mundial elimina las
restricciones de tamaño del mercado interno y contribuye al aumento de la eficiencia en
aquellos sectores en los que predominan los rendimientos crecientes a escala.
d. Interpretaciones alternativas
Conviene hacer la revisión de dos grandes grupos de interpretaciones económicas sobre el
mal desempeño de la economía mexicana: primero, el que recurre a los modelos
convencionales de “libre mercado” para indagar el origen del mal desempeño económico en
la falta de concordancia con las reglas de libre mercado; por otra parte, el que apunta a la
industria manufacturera ampliamente diversificada, pero constituida por pequeñas empresas con pocas
probabilidades de progresar técnicamente.” (Balassa, 1970, p. 924.) 9 En este sentido, Amsden (1989) resalta que la mengua de la competencia externa fue sustituida por
mecanismos internos de presión sobre los productores para hacer más eficientes sus procesos de producción.
En el caso de Corea del Sur, uno de los principales mecanismos utilizados por el gobierno fue el de las cuotas
de exportación a las que se comprometían las empresas para lograr mantener su acceso al crédito en
condiciones preferenciales.
14
falta de intervención estatal con políticas públicas apropiadas (industriales o tecnológicas)
para promover el crecimiento dentro del marco global actual10
(Calva, 2012).
Desde el punto de vista de quienes proponen reformas adicionales de mercado, es la
falta de competencia en los mercados el origen de los principales obstáculos para el
crecimiento económico y la productividad en México.11
Se requiere de reformas al
mercado laboral para generar mayor flexibilidad y competencia, tanto en el sector privado
—especialmente en las telecomunicaciones, para eliminar rentas monopólicas, dinamizar
las inversiones y modernizar la infraestructura al nivel de otros países con los que México
compite—12
como en el sector público (energía, petróleo, gas, petroquímica y electricidad).
Se insiste en que el Estado debe concentrarse en la regulación más que en la propiedad y
operación de las empresas, y en que también hace falta mejorar el marco regulatorio en
materia de competencia económica y telecomunicaciones. También se hace hincapié en la
necesidad de mejorar el Estado de derecho en el país, en el sentido de dar mayor
certidumbre a los contratos.13
Con el sustento de este enfoque es que se formularon las
propuestas de reformas que fueron aprobadas e vienen siendo implementadas en el país.
10 Dejo fuera aquellos enfoques que consideran que no es posible alcanzar una trayectoria de desarrollo en las
condiciones de un mundo dominado por el grupo de economías ricas. 11 “Durante muchos años, la economía mexicana se ha visto debilitada por prácticas y regulaciones
anticompetitivas. Como lo afirma un análisis conjunto de México y la OCDE, el 30% del gasto familiar en
México se lleva a cabo en mercados con problemas de competencia. Como consecuencia de ello, los
consumidores gastan alrededor de 40% más en estos mercados de lo que gastarían en caso de que existiese
competencia. El impacto es aún mayor en el decil más pobre de la población, que gasta alrededor de 42% de
sus ingresos en mercados altamente concentrados.” (OCDE, 2012, p. 30.) 12 “El sector de las telecomunicaciones es un buen ejemplo de cómo la falta de competencia obstaculiza el desarrollo de la infraestructura de innovación en México y dificulta la difusión de las innovaciones en el
resto de la economía y la sociedad. Pese a las mejoras de los últimos años, México sigue siendo uno de los
países de la OCDE con la infraestructura de telecomunicaciones más atrasada y con los servicios telefónicos
más costosos. La introducción de reformas con miras a fomentar la competencia en el sector es un imperativo
para estimular la innovación, el crecimiento y la competitividad de la economía mexicana.” (OCDE, 2012, p.
45.) 13 “El Estado de derecho sigue siendo uno de los principales desafíos para el crecimiento en México. La
capacidad de ejecución de los contratos es endeble. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en la existencia de
15
Además, se propone un ambiente macroeconómico estable que reduzca los efectos
negativos de la incertidumbre, de los altos déficits fiscales, así como de altos niveles de
endeudamiento externo. Cabe señalar que estos requisitos se lograron con las reformas que
se implementaron a partir de la segunda mitad de los ochenta y la primera de los noventa
(las reformas de 1ª generación) (The Inter-American Development Bank, 1997), las cuales
incluyeron el otorgamiento de la autonomía del Banco Central y la desregulación
financiera, junto con la apertura de la cuenta de capital de la balanza de pagos. Un tema de
discusión ha sido el del objetivo prioritario del Banco de México, que consiste en el logro
de la estabilidad macroeconómica mediante objetivos de inflación. Dentro de sus objetivos
no se incluyó promover el crecimiento del empleo, como en los casos de muchos otros
bancos centrales (la Reserva Federal en EUA, el Banco Central en la India, etc.), por lo que
muchos analistas consideran que el excesivo apego al objetivo de estabilidad ha contribuido
también al bajo crecimiento de la economía mexicana.
En la dimensión comercial, este enfoque de mercado se apega a la política de libre
comercio, pero no suele reconocer al TLCAN como una distorsión seria, cuando así parece
desprenderse de sus fundamentos teóricos. Son pocos los economistas que reconocen que la
política comercial apropiada para México, desde su perspectiva de libre comercio, sería el
multilateralismo dentro del marco de la OMC (Bhagwati, 1995).
En contraposición, los enfoques críticos de la política neoliberal aplicada en México
proponen rescatar la participación del Estado, de las políticas macroeconómicas activas, así
costos de recuperación de la deuda mucho más elevados que en el promedio de los países de la OCDE y
muchos otros mercados emergentes, entre los que se incluyen Argentina, Brasil, Chile y China. México
necesita seguir realizando esfuerzos por fortalecer el estado de derecho para dotar al sistema judicial de un
marco confiable para la realización de actividades empresariales.” (OCDE, 2012, p. 33.)
16
como de las políticas industriales en el sentido amplio. Muchos de estos enfoques toman
como ejemplo la experiencia de política de fomento industrial con manejo prudente de la
macroeconomía del periodo del desarrollo estabilizador. También hacen referencia a los
casos exitosos de política industrial y tecnológica en Asia (Calva, 2012).
2. Hipótesis sobre el desempeño económico de México
En esta sección se propone una explicación del pobre desempeño económico de México,
con base en una hipótesis de trabajo que combina tres elementos pertenecientes a las esferas
de la política y la economía: orden político, requisito de equidad y marco institucional
apropiado para el desarrollo.
a. Orden político
Respecto al orden político se considera, basados en la experiencia de naciones asiáticas,
que el desarrollo económico puede darse en las primeras etapas en sistemas diferentes al
clásico liberal democrático,14 aunque no todo sistema político es favorable al desarrollo; en
realidad se requiere que el sistema político de que se trate cumpla con algunas condiciones:
(a) que asegure los derechos de propiedad y respeto a los contratos privados, además de las
funciones propias de todo Estado moderno en cuanto a garantizar la integridad de los
ciudadanos, es decir, ofrecer condiciones plenas de seguridad física, patrimonial y jurídica;
(b) en el caso de economías rezagadas dentro de un contexto global de economías
14 En este sentido, hay que recordar los estudios de Chalmers Johnson sobre Japón y su tesis del Estado
Desarrollista —para caracterizar al japonés—, en contraposición al estado socialista de la URSS y el de EUA.
No es fácil conceptualizar y generalizar la experiencia de Japón como la sintetiza Johnson: “Since the so
called Meiji Restoration of 1868 which was actually the beginning of a state-led campaign of modernization
from above, the Japanese state has always taken precedence over interests based on the economy, the society,
or other private concerns. Japan’s postwar achievement of national wealth […] is the result of a state-society
relations that are utterly different from what Anglo-American democracies think of as the norm” (Johnson,
1995, p. 8).
17
desarrolladas,15 la experiencia de Japón, China y otras naciones asiáticas puede sugerir que
es altamente favorable contar con “Estados fuertes” en el sentido de que puedan
implementar eficazmente políticas para modernizar sus economías y realizar el catch up
tecnológico que les permita insertarse en la economía mundial y aprovechar así las
economías de escala, el aprendizaje tecnológico y organizativo y el flujo de conocimientos;
al mismo tiempo se requiere de un esquema institucional que reduzca sustancialmente las
actividades rentistas (o especulativas) en detrimento de las productivas e innovadoras.
b. Desigualdad y desempeño económico
Siguiendo a Sen (1999), se entiende por equidad la igualdad en la libertad de las personas
para vivir una vida según su elección, lo que se traduce en la disponibilidad de libertades y
capacidades básicas.16
Este enfoque tiene similitudes con el enfoque original de Rawls,
sobre el cual puede encontrarse una interesante discusión en Llamas (2014). El nodo de
equidad se trata en dos niveles: en el aspecto político corresponde al de la “igualdad
jurídica de las personas ante la ley”, mientras que en el plano económico refiere al grado de
desigualdad en cuanto a la distribución de la riqueza o del ingreso.
15 Me ha parecido conveniente delimitar el campo de estudio del desarrollo a este tipo de contexto, por lo que
se excluyen los casos de economías capitalistas desarrolladas e innovadoras. 16
En el enfoque de Sen habría que poner atención a las libertades y capacidades que efectivamente tuviera la
población en una serie de aspectos:
A. Oportunidades económicas,
B. Libertades políticas y derechos democráticos, C. Facilidades sociales,
D. Garantías de transparencia,
E. Seguridad y protección.
Esta clasificación se asocia con la distinción que el autor establece en dos dimensiones. Por un lado, la
libertad como procesos, es decir, la libertad de acción y de toma de decisiones de las personas; por el otro,
como oportunidades, dada su situación personal y las condiciones sociales en las que se encuentren.
18
En el ámbito jurídico, el concepto de igualdad de las personas forma parte del
concepto de Estado17 democrático. En la concepción moderna de Estado de derecho, como
lo señala Bobbio (1996, p. 19), “tenemos en mente un gobierno de las leyes a un nivel
superior, en el que los mismos legisladores son sometidos a normas ineludibles. Un
ordenamiento de este tipo solamente es posible si aquellos que ejercen los poderes en todos
los niveles pueden ser controlados en última instancia por los detentadores originarios del
poder último, los individuos específicos”.
Cabe resaltar que se trata de un proceso histórico a través del cual se da una radical
transformación del individuo como parte integrante de un colectivo (sin conciencia de su
individualidad) a otro colectivo dentro del cual el individuo es una entidad en sí mismo, y
así se reconoce: “El hombre solo se individualiza mediante el proceso histórico.
Originariamente aparece como un ser genérico, un ser tribal, el animal de una horda aunque
no, en modo alguno, como un zoon politikon [animal político]” (Marx, 1975, p. 56).
En lo concerniente al tema de la desigualdad en materia de riqueza o ingreso, su
relación con el crecimiento económico ha sido ampliamente debatida.18
Destacan dos
posiciones contrapuestas respecto a tomar medidas fiscales para redistribuir el ingreso de
los más ricos a los sectores de ingreso más bajos. La primera considera que este tipo de
17 El Estado “es un ordenamiento jurídico que tiene como finalidad general ejercer el poder soberano sobre un
determinado territorio y al que están subordinados de manera necesaria los individuos, los que le pertenecen”
(Bobbio, 1987, p. 104).
Por Estado se entiende la esfera de la política, de las relaciones públicas que se expresan en la ley
(“conjunto de reglas vinculantes de la conducta”, p. 18; “norma obligatoria porque es impuesta por el
detentador del poder supremo (el soberano) y reforzada constantemente por la coacción (cuyo ejercicio
exclusivo pertenece al soberano”).
19
medidas redistributivas por parte del Estado afectan negativamente la eficiencia
económica.19
La perspectiva que aquí se toma es la de considerar que para el buen funcionamiento
del sistema económico, en el largo plazo, se requiere de suficiente equidad capaz de
favorecer la sostenibilidad del crecimiento económico en contextos de competencia e
innovación mundiales. Son varias las maneras como una economía que no padezca de
excesiva desigualdad contribuye al desarrollo capitalista. Primero, por la legitimidad que
obtiene un régimen político proporcional al grado de inclusión de la población y a la
participación de la mayoría de la misma en la riqueza generada. Esto tendría
correspondencia con el concepto de hegemonía de Gramsci, en el sentido de que la
dominación que ejerza el grupo dirigente sea vista y sentida como en beneficio de la amplia
mayoría y no solo de grupos reducidos.
Segundo, desde una perspectiva de mercado, el aumento de los ingresos para la
población puede contribuir como un dínamo más del crecimiento económico. En realidad
se requiere de la creación de un mecanismo de causación virtuosa entre el aumento de los
ingresos salariales, el aumento de la productividad, y el aumento en la capacitación laboral
e institucional. No se trata de aumentar los ingresos por meras razones de demanda o de
justicia, sino de un mecanismo como el señalado que lo haga sostenible, ya que una de las
restricciones que impone el mercado mundial de manufacturas es el de la competencia por
parte de otras economías, algunas de ellas con similar grado de especialización.
19 Esto se formaliza en el modelo de Ramsey, donde se considera que todos los agentes son idénticos. En este
contexto, la introducción de una tasa impositiva para financiar algún subsidio redistributivo hace que se
reduzca la tasa de ganancia después de impuestos y, por lo tanto, se reduce la tasa de crecimiento del consumo
y de la acumulación de capital (por lo menos en la transición hacia el Estado estable).
20
En el caso del crecimiento económico de México se puede observar un mecanismo
bastante distinto. Como el principal dinamismo de la economía proviene de la actividad
exportadora de manufacturas que llevan a cabo en su mayor parte las empresas extranjeras,
los salarios bajos constituyen un fuerte atractivo para la inversión extranjera, por lo que se
pierde un importante motor del crecimiento. Dentro de las economías asiáticas exitosas –
como es el caso de Corea del Sur—, se puede constatar el otro mecanismo virtuoso (Estrada
y Landa, 2011). Así, una de las principales diferencias entre las economías de Asia y
América Latina es la que se refiere a la distribución del ingreso; como se aprecia en el
Cuadro 2, según el coeficiente de Gini, la distribución es menos desigual en China, India y
Corea del Sur que en Argentina, Brasil, Chile y México durante las últimas tres décadas.
Sobresale que la distribución del ingreso en China se deteriora a la par de su rápido
crecimiento, pero sin llegar a los niveles de las naciones de América Latina.
año Argentina Brasil Chile China India
Corea del
sur Mexico
Estados
Unidos
1981 57.93 29.11
1983 58.99 31.11
1984 58.38 27.69 46.26
1987 45.28 59.69 56.21 29.85
1990 61.04 55.25 32.43
1992 45.48 53.99 54.77 51.06
1996 49.52 60.55 54.88 35.7 48.54
1998 50.74 60.35 55.54 31.59 48.99
1999 49.81 59.78 39.23
2000 51.11 55.26 51.87 40.81
2002 53.79 59.42 42.59 49.68
2003 54.72 58.78 54.64
2005 49.28 57.42 42.48 33.38 51.15
2008 46.26 55.07 42.63 48.28
2009 46.13 54.69 52.06 42.06
Cuadro 2. Distribución del ingreso por países seleccionados (coeficiente Gini para varios años, 1981-2010).
Fuente: Banco Mundial: Indicadores del Desarrollo Mundial.
21
c. Marco institucional (predominio de instituciones informales)
En materia de análisis institucional se ha vuelto usual iniciar con la formulación que hace
North (1990). Este autor define a las instituciones como las “reglas del juego” en una
sociedad, es decir, como las restricciones sociales que dan forma a la interacción humana, y
que al mismo tiempo definen la naturaleza de los incentivos en los ámbitos político,
económico y social. Esta definición parece clara, pero a la vez conduce a problemas
complejos por la multitud de reglas formales e informales que existen, así como sus
numerosas combinaciones y sus relaciones con los determinantes del crecimiento
económico. Es necesario distinguir entre reglas formales e informales, y las codificadas y
no codificadas, que incluyen los hábitos y las prácticas sociales20
de los actores (Castaingts,
2015, p. 217).
Atendiendo a una precisión de North, se analiza lo que sucede cuando ciertas reglas
o prácticas informales dominan a las formales. Se sabe que un sistema de corte liberal y
democrático, como el que rige en México, favorecería el desarrollo capitalista en tanto que
fuese congruente con un esquema de incentivos favorables a la eficiencia y la innovación.21
Sin embargo, se postula que no es así, que en realidad dominan otro tipo de relaciones
tradicionales de subordinación o de tipo corporativista; y los individuos conocen estas
maneras de comportamiento.
20 Siguiendo a Bourdieu, Castaingts define las prácticas sociales como la aplicación de una regla, mientras
que los hábitos son aprendizajes que hacen que los individuos se comporten de ciertas maneras. En una de sus
acepciones se trata del concepto de ethos. 21 North da un ejemplo respecto a la adopción de las reglas formales de EUA en otras sociedades. Se
pregunta: ¿Qué sucede cuando un conjunto de reglas se impone en dos sociedades diferentes? Refiere que la
constitución de EUA fue adoptada (con modificaciones) por muchos países latinoamericanos en el siglo XIX,
con resultados muy diferentes, y enfatiza que, aunque las reglas formales eran las mismas, los mecanismos
para hacerlas valer o cumplir no lo eran.
22
Esto significa que el poder de los órganos del Estado se ejerce en gran medida
mediante reglas convencionales, distintas a las del orden jurídico y codificado, por lo que
la obediencia de parte de las personas se practica no de acuerdo con la ley y los
ordenamientos jurídicos sino, en muchas situaciones, acorde con diversas prácticas
clientelares o corporativas. Por ejemplo, durante el régimen del PRI (desde su fundación
hasta 1997), se sabía que los poderes legislativo y judicial estaban subordinados al poder
ejecutivo federal; es decir, la obediencia o subordinación al presidente en turno dominaba la
regla formal del “imperio de la ley”. Posteriormente, durante la alternancia, este control se
debilitó en el ámbito federal pero permaneció en gran parte de las entidades federativas. La
interpretación de esta práctica de subordinación se puede matizar mediante dos
consideraciones: una de carácter histórico, que nos recuerda cómo el establecimiento de un
orden político en Inglaterra tomó un largo tiempo para alcanzar su desarrollo pleno, como
se practica en la actualidad.
Dos, los mecanismos que se utilizan para la aplicación y reproducción de las reglas
informales incluyen el uso del presupuesto público, la corrupción y el castigo a la
disidencia. Se puede observar también un mecanismo de tipo ideológico que reproduce la
regla informal. Una alta proporción de las personas esperan ascender en la escala social
mediante el acceso a mejores posiciones de poder; los que podrían favorecer la
implantación de un Estado de derecho no parecen gravitar lo suficiente para imponer la
regla formal a la otra parte. También hay que apuntar que estos mecanismos se reproducen
en otros ámbitos de las relaciones humanas; quienes se encuentran en posiciones bajas de
poder político o burocrático tienden a imitar la conducta de sus superiores en el trato con
sus respectivos subordinados.
23
Queda por averiguar el tipo de efectos que tiene esta modalidad dual o simulada de
Estado de derecho sobre la vida económica. Se puede pensar en maneras que favorezcan o
entorpezcan el desempeño económico capitalista. Muchos estudios más bien resaltan los
efectos negativos al incentivar las prácticas rentistas más que las productivas o innovadoras
(Schettino, Acemoglu y Robinson, 2012).
El planteamiento que se hace en este trabajo se acerca al que hacen Buelna y
Gutiérrez (2015), pero difiere en ciertos aspectos: en primer lugar, el estudio plantea que
“El sistema institucional que prevaleció hasta 1982 fue un periodo donde el nacionalismo
enarboló los derechos corporativos y las prácticas —instituciones informales —que los
favorecen, todo ello tuvo mayor peso que los derechos ciudadanos. Por eso la naturaleza
revolucionaria legitimaba más que las elecciones. Y las corporaciones nacionalistas
dominaban con conceptos de estratégicas las fuentes de energía, las comunicaciones, la
educación, todo lo cual distorsionaba las condiciones de operación del sistema y la
distribución del ingreso”.
Una cuestión a ponderar es la periodización histórica, ya que se puede encontrar
abundante evidencia de que, aunque se realizaron reformas de apertura comercial y de libre
mercado, el gobierno de Salinas nunca mostró señales de querer, o ver la necesidad de,
modificar la cúspide del poder corporativo; utilizó el poder presidencial para cooptar
disidencias y la represión para acallar a la oposición, muy a la manera como había sucedido
en sexenios anteriores. Se tiene evidencia de que no fue sino hasta el sexenio de Zedillo
cuando los grupos priistas estuvieron dispuestos a aceptar la pérdida de su tradicional
mayoría en el Congreso y la alternancia presidencial en 2000. ¿Por qué razones el
24
presidente rompió con la tradición y, oponiéndose a muchos dirigentes en el PRI, se
adelantó a aceptar la derrota? No se sabe.
La segunda cuestión es que se puede observar la sentencia de “cambiar para
permanecer”. Al concordar plenamente con la prevalencia de cierto tipo de instituciones
informales contrarias al Estado de derecho moderno, lo que afirmo, por observación ex
post, es que más bien todos los partidos en la alternancia se han amoldado a las prácticas
institucionales informales.
Tercero, al comportarse como priistas de viejo cuño, no solo han reproducido
prácticas corporativas corruptas, con la falta de transparencia que conllevan, sino que las
han agravado, tanto en lo material como en el aprendizaje de los mexicanos, en el sentido
de que estos cada vez esperan menos que un político o un oficial en un puesto de gobierno
se comporte de manera distinta, es decir, honesta (sin enriquecerse).
El enfoque del libro de Levy y Walton (2009) es similar al que aquí se desarrolla:
pone el acento en las instituciones que dan forma al comportamiento del Estado, es decir
los incentivos y las reglas que rigen el funcionamiento diario y su rendición de cuentas. El
problema lo encuentran en un contexto de falta de transparencia (que apenas ha empezado a
corregirse) y escasa rendición de cuentas por parte del Estado en todos sus niveles (el
Ejecutivo, el Congreso, el sistema judicial, etc.). Se opera en un ambiente donde predomina
la búsqueda de rentas (rent seeking), los privilegios de hecho, y una aplicación discrecional
de la ley en favor de un pequeño grupo de poderosos intereses de negocios y sindicatos.
25
d. Antecedentes coloniales en la Nueva España
Se dedica este espacio a ilustrar cómo las marcadas condiciones de desigualdad que
prevalecieron durante el periodo colonial en la Nueva España pueden considerarse
antecedentes de las formas extremas de desigualdad en la sociedad mexicana actual. El
trabajo de Sokoloff y Engerman (2000) ha destacado por estudiar algunos de los
determinantes del crecimiento diferencial en América desde los tiempos coloniales. De
hecho, antes que las diferencias en desarrollo económico entre naciones asiáticas y
latinoamericanas, sobresalen las trayectorias tan dispares que se han observado entre las
naciones que surgieron del periodo colonial hispano-portugués y las de las colonias inglesas
en el noreste de EUA. En este trabajo los autores señalan la peculiar dotación de factores –y
las actitudes frente a estos— que se plasmaron en las políticas de los conquistadores y de la
Corona Española, y que tuvieron un impacto duradero sobre la estructura de las economías
latinoamericanas y sus trayectorias de desarrollo económico e institucional de largo plazo.
Debido a las condiciones de abundancia de mano de obra, y la forma de colonización
española, los virreinatos de la Nueva España y el Perú se caracterizaron, en los inicios, por
una desigualdad extrema,22 asociada con las prácticas de reparto de los pobladores
originarios, así como de los recursos naturales, tierras y aguas, entre los conquistadores.
22 Como lo formula Piñón (2013, p. 49), al recuperar la contradicción existente en la época de la Nueva
España entre, por un lado, los ideales humanistas del cristianismo, bien representados por fray Bartolomé de las Casas y, por el otro, la despiadada explotación de los conquistadores. “Para Las Casas, el indio americano
no era un bárbaro al que había que civilizar a toda costa, sino un semejante, un hermano entre los hermanos.
No hermanaba bárbaro e infiel.”
Una contradicción similar la expresa José María Luis Mora, ya en el México independiente del siglo
XVIII, al anotar el abismo entre el orden constitucional y el estado de la sociedad, “que no han adoptado del
sistema representativo otra cosa que sus formas y su aparato exterior; en que han pretendido combinar y unir
estrechamente las leyes y hábitos despóticos y mezquinos del viejo absolutismo con los principios de un
sistema que solo debe ser libertad y franqueza” (citado en Piñón, 2013, pp. 50-51).
26
Cifras reveladoras dan idea de la composición de la población en las economías del
Nuevo Mundo. En México, para 1793, 18% de la población era blanca, 10% negra y el
restante 72%, indígena. Las cifras son similares para Perú y Chile pero difieren para otras
economías, donde la proporción de población negra era muy alta. En marcado contraste, en
EUA, Canadá y Argentina la proporción de población blanca era muy alta23 (Sokoloff y
Engerman, 2000; Cuadro 10.4, p. 267).
e. El caso del establecimiento del orden político porfiriano y su destrucción
Parece no cuestionarse el acontecimiento histórico de que, con el orden político construido
por Porfirio Díaz a partir de 1876, se establecieron condiciones para el crecimiento y la
modernización económica de México, con asimilación de capitales y tecnología externa. En
efecto, con la constitución del cuerpo de policía rural se logró reducir la incidencia del
23 La Independencia de México, al igual que la de la mayoría de las colonias españolas en América, se dio en
un contexto muy especial. La invasión napoleónica a España en 1808 forzó al rey Fernando VII a abdicar, por
lo que recayó en la organización de otros españoles, la Junta Nacional de Cádiz, la defensa de la nación frente
a los franceses. Este representó un avance considerable, ya que en 1812 la Junta formó un parlamento, las
Cortes, y produjo la Constitución de Cádiz, la cual establecía una monarquía constitucional sobre la base del
principio de la soberanía popular, la eliminación de privilegios y un Estado de derecho. Este ambiente de
cambio se propagó a la Nueva España.
En este contexto de incertidumbre respecto al destino de la Corona española y los avances
constitucionales de las Cortes, surgieron gran cantidad de alzamientos. El movimiento independentista
iniciado por Hidalgo en 1810 asumió un carácter fundamentalmente popular y clasista, pero no tuvo éxito.
Fue continuado por el movimiento de Morelos quien, después de una serie de éxitos militares en el sur del
país, llegó a establecer un Congreso (6 de noviembre de 1813) y una Constitución (Apatzingán, octubre de
1814) que soportara la declaración de Independencia. Sin embargo, el ejército de Morelos fue finalmente
derrotado por las fuerzas del virrey, y así terminó el intento más serio de establecer una república de corte
liberal y católico; aunque multitud de acciones de guerra continuaron en diversas partes de México, no
tuvieron éxitos similares a los de Morelos.
Cuando la independencia se logró en 1821, fue como consecuencia del Plan de Iguala, encabezado
por Agustín de Iturbide, y representó más un logro para las élites que para la población en general. El plan fue
“apoyado por el alto clero, los españoles y los criollos mineros y latifundistas” (González, 1973, p. 95). Su
intención fue liberarse de los efectos de la revolución de corte liberal, que había obligado al rey de España,
Fernando VII, a restablecer la Constitución de Cádiz; al hacerlo así buscaban mantener su situación de
privilegios en el nuevo país por construir. El último virrey de la Nueva España negoció con Iturbide y el 28
de agosto se formó el primer gobierno independiente de México.
27
bandidaje en los caminos y hacerlos más seguros y, como consecuencia, el costo del
transporte disminuyó considerablemente; además, aprovechando el auge de la segunda
revolución tecnológica en Inglaterra,24
se construyó una amplia red de ferrocarril, con lo
cual se abatieron los costos de transporte y comunicación. Esto favoreció la expansión del
mercado interno y la producción agropecuaria de las haciendas, así como la minería para la
exportación, con una fuerte participación de las empresas extranjeras (Moreno-Brid y Ros,
2009).
Esto se manifestó en que la tendencia declinante del ingreso por habitante (IPH) de
México con respecto a EUA se revirtió. En el Cuadro 3 se presentan estimaciones del PIB
per cápita de Coatsworth (1978) y Maddison (2006). En ambos estudios se observa que la
declinación del PIB per cápita se detiene a inicios del Porfiriato, se mantiene constante en
términos relativos respecto a EUA y vuelve a declinar durante las primeras décadas del
siglo XX. A partir de mediados del siglo vuelve a crecer modestamente pero en general
mantiene una tendencia ligeramente declinante hasta proporciones de un cuarto del
indicador para EUA.
24 Años después también se aprovecharía la tercera revolución de la electricidad, el transporte eléctrico, el
cinematógrafo y los cambios concomitantes en la vida y el ocio de las personas.
28
Mexico (a)
Mexico
(%/EUA)(a)
Mexico
(%/EUA)
(Coatzworth)(b)
Estados
Unidos(a)
1800 50
1820 759.1 60.4 1257.3
1850 37 1805.9
1900 1365.8 33.4 35.0 4090.8
1901 1466.2 32.8 4463.9
1913 35
1950 2365.0 24.7 27.0 9561.3
1960 3155.2 27.9 11328.5
1970 4319.6 28.7 15029.8
1980 6320.4 34.0 18577.4
1990 6084.9 26.2 23200.6
1994 23
2000 7274.7 25.6 28467.1
2001 7177.3 25.3 28405.5
2002 7145.4 25.0 28603.9
2003 7158.5 24.6 29074.2
2004 7195.8 24.1 29845.2
2005 7485.5 24.6 30474.0
2006 7752.6 25.0 31049.1
Cuadro 3. Evolución del PIB per capita de México y EUA (1800-
2006)
Fuentes: (a) Maddison (2011) (1990 International Geary-Khamis
dollars); (b) John H. Coatzworth (1998).
¿Por qué razones este orden político, tan favorable al desarrollo de las fuerzas
productivas, fue cuestionado y finalmente destruido con el proceso revolucionario de 1910-
1917?
A decir de Coatsworth y de Moreno-Brid y Ros y otros analistas, la dictadura
porfirista favoreció el desarrollo de las fuerzas productivas al resolver varios problemas
fundamentales que existían con anterioridad; pero al hacerlo en beneficio de una élite, creó
y fue acumulando una gran cantidad de afectaciones a pueblos y comunidades, que se
expresaron cuando el movimiento democrático de Madero dio opción a la transformación
29
del sistema institucional del país. Durante un periodo largo, el país vivió en situación de
anarquía, el viejo sistema de la propiedad hacendaria no terminaba de irse y el nuevo
sistema no se consolidaba. Se podría decir que el régimen de Díaz, aunque había logrado
paz y orden, modernidad y estabilidad social, resultó que no había logrado establecer un
régimen de igualdad: la desigualdad heredada de siglos era demasiado como para acceder a
una igualdad acorde con los modernos sistemas liberal-democráticos. Tampoco el régimen
político llegó a construir una hegemonía que le permitiera su desarrollo de largo plazo.
Consideraciones metodológicas
Introducción
Como se adelantó al inicio, en esta sección se tratan varias consideraciones metodológicas
relacionadas con la tarea de combinar análisis teórico-económico con algunos enfoques de
corte institucionalista, para buscar responder a las preguntas formuladas al inicio del
trabajo.
a. Abstracción y realismo
Es muy abundante la literatura sobre los tipos de abstracción y el realismo o ausencia de
este en las ideas (Putnam, 1987). No se trata aquí de abordar esta controversial temática;
tampoco el anterior debate sobre el realismo de los supuestos de la teoría económica
(Friedman, 1980), sino simplemente exponer algunas consideraciones sobre el problema.
En el caso de la teoría neoclásica del equilibrio general, al tratarse de una extrema
idealización de la sociedad económica, deja fuera aspectos clave que dificultan
enormemente la explicación del desarrollo económico (North, 1990). Por otra parte, en el
pasado se pensaba, dentro del campo marxista, que la dinámica del modo de producción
30
capitalista en general permitiría explicar las modalidades de desarrollo en distintas
formaciones sociales. En el presente se considera más apropiado, dada la evidencia de tan
dispares experiencias nacionales de crecimiento económico, estudiar las modalidades
institucionales en interacción con las propias leyes y condiciones del funcionamiento de los
mercados. Esto no significa que se busquen explicaciones ad hoc para cada caso particular,
por lo que aquí se propone un esquema explicativo en forma de hipótesis de trabajo.
b. Enfoque asociado con la hipótesis de trabajo
El enfoque que se propone es, en primer lugar, de corte económico, en tanto que el
problema general que se trata se refiere a los patrones de crecimiento y desarrollo desigual
entre naciones y por periodos. Vinculado con esto, se aborda el caso particular de la
economía mexicana por el interés propio que despierta, pero también como ilustración de
algunas ideas más generales sobre la interacción entre instituciones y economía. Al hacerlo
así, se indaga en las causas “profundas” o “últimas” del crecimiento económico como lo
formuló Maddison (1987). Al igual que en el inciso anterior, aquí también la literatura es
muy abundante y comprende varias corrientes, por lo que no se puede decir que exista un
cuerpo teórico consensuado. Lo que sí queda claro es la presencia de un conjunto de
cuestiones sobre las que se produce la discusión, algunas de las cuales se analizan aquí.
A manera de ilustración, es conveniente mostrar cómo en el tema de la relación
entre comercio internacional y desempeño económico surge naturalmente una serie de
cuestiones que se pueden asociar con las instituciones. Por el lado estrictamente económico,
se ha postulado que las naciones con mayor apertura económica tienen mejor desempeño
económico (Krueger, 1998, pp. 1513-1522), pero en una revisión de la literatura empírica y
31
teórica, Rodríguez y Rodrik (1998) formularon serias objeciones tanto teóricas como a los
estudios empíricos. En el plano teórico cuestionaron la aseveración de que la apertura
comercial conduce a un mejor desempeño económico; bajo supuestos razonables de una
combinación de rendimientos constantes y crecientes a escala y de economías externas, se
puede demostrar que una política comercial (distinta tanto a la de libre comercio como a la
de autarquía), contribuye a un mejor desempeño económico que la de libre comercio
(Krugman, 1998). En el plano empírico, encontraron que dicha relación es endeble, además
de serios problemas de medición de las variables involucradas.
Si bien es “cierto” que hay una relación positiva entre comercio internacional y
crecimiento, la relación con los procesos de apertura parece estar mediada o condicionada
por otra serie de factores (económicos, institucionales o de política económica) específicos
a cada nación. Años antes, Amsden (1989) llegó a una conclusión similar para el caso de
Corea del Sur y analizó cuidadosamente una serie de arreglos institucionales y de
peculiares políticas que resultaron exitosos durante las primeras décadas de su despegue
económico (1960-1985).
Cabe agregar que está abierta la discusión sobre cuál sería el grupo de “factores” o
“condiciones” internas del país, dadas ciertas características del contexto global en
determinado tiempo histórico. En principio, diversa literatura lo deja abierto, no lo restringe
a las condiciones que se suelen analizar en el modelo abstracto de la teoría.
c. Causalidad o coevolución
La cuestión de causalidad o coevolución entre factores institucionales y económicos es uno
de los temas más importantes y vuelve aún más difícil el estudio que se propone aquí. El
32
problema se puede ejemplificar con una de las hipótesis de corte institucionalista que se
encuentra en la literatura empírica. Se refiere a la hipótesis de que las instituciones
democráticas conducen a un mejor desempeño económico de las naciones, pero también se
puede argumentar teóricamente, y encontrar evidencia empírica de una asociación causal
reversa: si, por el contrario, el crecimiento económico de largo plazo favorece el desarrollo
de instituciones democráticas. Se pueden identificar varias formas históricas clásicas de
desenlace que llevan a situaciones más elevadas en la convivencia humana; tal es el caso
inglés de transformación hacia una sociedad liberal-democrática con prevalencia del valor
de la tolerancia,25
o el de la Revolución francesa. Dentro de los estudios de corte
institucionalista, se viene imponiendo la idea de coevolución en el ámbito de las relaciones
entre instituciones y desempeño económico. Ros (2013) formula un argumento convincente
en el que describe una serie de relaciones en doble dirección entre dinámica económica e
instituciones.
25
Un aspecto importante de las dos revoluciones que tuvieron lugar en Inglaterra durante el siglo XVII lo
describe Bertrand Russell (1945, p. 603). Muestra cómo los valores y la disposición al compromiso y la
moderación tuvieron éxito una vez que se hubo agotado toda forma de intransigencia. Esto lo refiere a la así
llamada “Revolución gloriosa” (1688-1699), la cual, sin necesidad de recurrir a una sangrienta guerra civil
como había ocurrido en la época de Cromwell (1642-1653), llegó a una amplia coalición de intereses (la
aristocracia y los grandes negocios) que acordó invitar como rey a un holandés que trajo consigo elementos de
la modernidad que se venía desarrollando en su país. Dentro de las innovaciones estuvieron la creación del
Banco de Inglaterra y la creación de la deuda nacional como una entidad segura para invertir, ya no sujeta a
los caprichos del rey. De manera especial, se estableció el Acta de Tolerancia, mediante la cual se puso fin a
la práctica generalizada de persecuciones a los opositores, aunque el acta todavía dejaba con ciertas
desventajas a los católicos y otros grupos no conformistas.
En agosto de 1642 se inició la guerra civil inglesa, cuando Carlos I llamó a sus súbditos a iniciar la
guerra contra sus enemigos en el Parlamento liderado por Cromwell. El 30 de enero de 1649 el rey fue
ejecutado y terminó una fase de la guerra. A finales de 1653, Cromwell se autonombró “Lord Protector”,
sustentado en el apoyo del ejército creado por él mismo.
33
Consideraciones finales
Con base en la información disponible, se confirma que el desempeño económico de un
grupo de economías asiáticas ha sido mucho mejor que el de México y otras naciones de
América Latina. El desempeño económico de México, a 100 años de la Revolución
mexicana, ha fallado en cumplir los principales objetivos de bienestar y justicia social que
impulsaron dicho movimiento armado. Su crecimiento ha sido contrastante. Después de
haber experimentado un rápido y prometedor crecimiento durante tres décadas a mediados
del siglo (1935-1970), el país falló en la realización de reformas económicas que hubieran
permitido transformar el modelo. En vez de eso, entró en un largo periodo de estancamiento
e inestabilidad, en buena medida por el mal manejo de la política y de los ingresos
petroleros.
Aún más, las reformas de mercado y la orientación exportadora que se iniciaron
durante la segunda mitad de los ochenta, así como el establecimiento de una estrategia de
crecimiento impulsada por el TLCAN (1994-2014), no lograron los objetivos de llevar a
México a una senda de crecimiento con bienestar. Se puede decir que se ha configurado el
“problema México”.
Con base en un esquema teórico que se propone en la segunda sección, se ofrece
una respuesta a la pregunta planteada al inicio. Lo que México se resiste a cambiar es un
marco institucional en el que ciertas reglas informales dominan a las reglas del Estado
democrático que se proclama formalmente. La sociedad sigue padeciendo un alto grado de
desigualdad, que se reproduce porque favorece a una clase empresarial nacional y
extranjera, asociada con otros grupos sociales que obtienen beneficios directa o
indirectamente. Estas reglas informales de subordinación se reproducen en los diversos
estratos sociales y políticos y hacen que una aspiración sea la de ascender en la escala del
poder político y burocrático con base en criterios de lealtad, más que por méritos propios.
La acumulación de millones de mexicanos que han sido excluidos por el lento
desenvolvimiento económico, ha tenido y manifiesta ya consecuencias importantes de
diferente naturaleza: los que han emigrado al exterior ya no ejercen presión en México,
pero han alcanzado un peso político importante en EUA; los que participan en actividades
informales y se encuentran en diferentes grados de pobreza se articulan a las redes
clientelares o alimentan los grupos delictivos y contribuyen al deterioro social acumulado.
34
Otra parte importante de la población participa en el México moderno, vinculado a
las cadenas de valor internacional, o se ha sostenido mediante los ingresos petroleros que
han alimentado su reproducción. A diferencia de aquellas sociedades –como la japonesa o
la coreana— cuyas estrategias de desarrollo se han orientado a la actividad productiva y de
generación de capacidades, debido a que no disponen de abundantes recursos naturales, en
México nos hemos inclinado hacia el usufructo de las rentas. Uno de los principales
problemas de México no es solo que cuantitativamente siga manteniendo niveles
relativamente altos de desigualdad, sino que cualitativamente no se llega a un Estado de
derecho en el que sus ciudadanos se reconozcan como iguales.
El enfoque de corte institucional en el que se basa este estudio enfatiza la
coevolución entre factores institucionales y económicos, por lo que las definiciones de
política económica son también de primordial importancia. Sin decirlo explícitamente,
México se ha apegado a una estrategia de crecimiento basada en mano de obra barata, a
diferencia de la mayoría de las economías asiáticas, que han seguido estrategias de
desarrollo caracterizadas por aumentos en los ingresos salariales, la productividad y las
capacidades educativas y tecnológicas. Dentro de estas estrategias, la política
macroeconómica ha jugado un doble papel de crecimiento y estabilidad, a diferencia de la
mexicana, que se ha concentrado primordialmente en la estabilidad de precios.
Ante la persistencia del mal desempeño económico, al que se ha agregado el
deterioro en las condiciones de seguridad de la población, el actual gobierno, en acuerdo
con la mayoría de los partidos políticos, aprobó una serie de reformas económicas durante
2013 y 2014. Desde la perspectiva que aquí se ha delineado, se observa que estas reformas
no van al fondo del problema y no buscan cambiar las condiciones básicas del Estado de
derecho. Siguiendo con el análisis que se hizo al final de la primera sección sobre la
corriente que ve el problema fundamentalmente en la falta de competencia (en los sectores
de las telecomunicaciones, energía y otros), se puede decir que las reformas ayudarán en
algo al funcionamiento de la economía y beneficiarán a los consumidores.
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