La vida contra la muerte

El Estado de Honduras y las comunidades tienen derecho al desarrollo, lo cual implica

libertad de explotar sus recursos naturales, incluyendo el otorgamiento de concesiones

y la apertura a inversiones internacionales. No obstante, no puede haber propiamente

desarrollo sin el respeto pleno por los derechos humanos.

Antes de aprobar u otorgar concesiones extractivas o de realizar planes y proyectos de

inversión y desarrollo que afecten los recursos naturales, el Estado debe consultarlo

previamente y asegurar la participación efectiva de los miembros de las comunidades de

conformidad con sus costumbres y tradiciones.

También debe garantizar que los miembros de las comunidades se beneficien

razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Sin embargo, no

debe confundirse la participación en los beneficios de un proyecto con la dotación de

servicios sociales básicos que de cualquier modo corresponde proveer al Estado.

Y finalmente, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión a menos y

hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo su supervisión,

realicen un estudio previo de impacto social y ambiental que evalúen la incidencia

social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo

pueden tener sobre las comunidades.

Contrario a ello, el Estado de Honduras está concesionando el territorio nacional a

compañías mineras, hidroeléctricas y madereras a espaldas de las comunidades y de los

intereses nacionales, ante lo cual los pobladores y organizaciones están realizando

acciones justificadas de resistencia, denuncia y oposición. Pero como consecuencia, son

objeto de amenazas, secuestros, ataques violentos y asesinatos cometidos por policías,

militares, funcionarios, empleados de las empresas, guardias privados de seguridad y

otros grupos particulares con el apoyo o anuencia estatal.

Ejemplos de ello son los atentados contra la vida e integridad de Adonis Romero, José

Lemus, José Ángel Fúnez, Cecilio Alfaro, Merlin Pineda, Enrique Castillo, Isaías Amaya y

otros líderes y defensores de derechos humanos de la comunidad Nueva Esperanza y de

las comunidades que integran el Patronato Regional del Sector Florida en el municipio

de Tela, departamento de Atlántida.

También el reciente atentado por parte del ejército en contra de la población Lenca de

Río Blanco que se oponen al proyecto de DESA y SINOHYDRO, en el que murió Tomas

García, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de

Honduras (COPINH) y resultó gravemente herido su hijo Allan García Domínguez.

La defensa de los bienes naturales es un asunto que nos debe importar a todos y todas.

Los daños ecológicos u otros daños como consecuencia de proyectos o planes de

desarrollo o inversión o de concesiones extractivas, nos impacta a todos y pone en

riesgo nuestras vidas y la de las futuras generaciones.

Debemos asumir articuladamente esta lucha por la vida antes que la desolación, la

destrucción, la enfermedad y la muerte suplanten violentamente nuestros árboles,

nuestros ríos, nuestro aire y nuestra riqueza natural.

Nuestra Palabra | 16 Julio 2013