la television publica en la era digital. el caso de canal 7 argentina - cecilia labate
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La televisión pública en la era digital. El caso de Canal 7 Argentina
Cecilia Labate (UBA / UNQ)1
Palabras claves: Servicio público - Televisión Digital Terrestre - Estado
Eje de trabajo: Política, legislación y economía en el campo de la comunicación
1. Introducción
El proceso de migración hacia la televisión digital, particularmente en lo que se refiere a
la modalidad de transmisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de recepción libre
y gratuita, se presenta como una oportunidad de crecimiento para los licenciatarios que
hoy operan en el mercado analógico y al mismo tiempo, como una apertura del juego a
diversos actores, actualmente excluidos del mapa audiovisual. De esta manera, algunos
autores (Gómez Germano, 2007; Moragas y Prado, 2001) estiman que la TDT podría
conducir a una mayor democratización de las comunicaciones al permitir una nueva
configuración de broadcasters en el escenario digital sino también al aumentar los
niveles de acceso universal, generar mayor cantidad de señales en un mismo ancho de
banda y ampliar los derechos ciudadanos a partir de las posibilidades que brinda la
interactividad. Por eso, las políticas públicas hacia la TDT tendientes a equilibrar la
propiedad de los medios de comunicación es fundamental “por su carácter universal a
un coste reducido y para toda la población, como puerta para el acceso igualitario a las
potencialidades de las redes digitales para la educación, la información, la cultura e
incluso la competencia profesional” (Bustamante, 2005).
A su vez, los servicios de radiodifusión pública conforman uno de los intentos más
serios por promover un intercambio equitativo de los bienes simbólicos puesto que
permiten alcanzar las metas fundamentales en el área de la comunicación de una
sociedad democrática, en un entorno dominado por la mercantilización y la lógica
comercial. A saber: la diversidad de fuentes de información; la pluralidad de voces e
ideologías; la integración social y cultural; la calidad de la programación en beneficio
de la sociedad civil; la innovación y la experimentación; el refuerzo de las identidades
propias de las regiones y; la posibilidad de la ciudadanía de intervenir en la producción
1 Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA). Cursando la Maestría en Industrias Culturales en la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ). E-mail: [email protected]
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y toma de decisiones sobre los contenidos. Por ello, las televisiones públicas -como
integrantes del conjunto de instancias comunicativas- ocupan un rol central en el
entorno digital, puesto que canalizan la libertad de expresión y el derecho a la
información de los ciudadanos en una sociedad democrática y son, al mismo tiempo,
influyentes en cuestiones políticas, estructuras económicas y transformaciones sociales.
En Argentina y después de una década de incertidumbre sobre el destino de la TDT, se
atraviesa la fase emergente del proceso de transición hacia el apagón analógico2, fijado
para el año 2019. Si bien el debate gubernamental comenzó a fines de la década del
noventa, el desembarco de la TDT cobró protagonismo en la agenda pública a partir de
agosto de 2009, cuando al finalizar la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la adopción del
patrón técnico para la transmisión de las señales digitales3. En este contexto, el gobierno
decidió que el pasaje hacia la norma digital fuera iniciado por LS 82 TV Canal 7
Argentina. Para Tristán Bauer, titular de Radio y Televisión Sociedad de Estado (RTA
S.E.)4, se pretende avanzar en un modelo de televisión “pública, libre, gratuita y de
calidad” (Respighi, 2009), donde el 7 asuma un rol activo como pionero en el diseño e
implementación de la digitalización. Es por ello que las pruebas experimentales se
realizaron en la señal nacional de gestión estatal y en mayo de 2010 se lanzaron las
primeras emisiones en alta definición para los hogares que cuenten con un aparato
decodificador externo y una antena en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y del
Gran Buenos Aires, o bien a través del teléfono celular.
En relación a los objetivos planteados por Bauer, en julio de 2009 se creó el Sistema
satelital de señales públicas5 que está compuesto por un canal cultural (que es la señal
Encuentro, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación
2 El apagón analógico se refiere al fin de la emisión de las señales en analógico y por ende, la transmisión exclusiva
en digital.
3 Argentina se inclinó por la variante brasileña del estándar japonés ISDB-T, denominada Sistema Brasileño de
Televisión Digital Terrestre (STVD-TB) a través de la resolución SC Nº 171, publicada en el Boletín Oficial Nº
31.725 el 28 de agosto de 2009.
4 En la nueva Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, publicada en el Boletín Oficial Nº 31.756 el
10 de octubre de 2009, y reglamentada por el decreto Nº 1.526 de octubre de 2009, se crea Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.), reemplazando al Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) vigente
hasta entonces.
5 En el decreto Nº 943, publicado en el Boletín Oficial Nº 31.703 el 28 de julio de 2009, se autoriza al Sistema
Nacional de Medios Públicos a instalar y operar un paquete de señales satelitales a escala nacional para segmentar las
necesidades de la audiencia.
2
y cuya existencia data de marzo de 20076), uno dirigido al público infantil (denominado
Paka-Paka), otro al cine argentino y latinoamericano (INCAA TV)7 y en desarrollo se
encuentra una señal de deportes y otra informativo de 24 horas. También se evalúa la
creación de un canal dedicado a la ciencia.
En este sentido, el presente trabajo se propone describir las políticas públicas tendientes
a introducir la TDT en Argentina desde la adopción de la norma digital en agosto de
2009 hasta junio de 2010, poniendo el acento en el comportamiento del Estado nacional
como emisor de señales digitales a través de Canal 7. Por último, se intentará delinear
preguntas para futuras investigaciones vinculadas a reflexionar sobre las perspectivas de
la señal para los próximos años y de qué forma se debe concebir el modelo de servicio
público de radiodifusión en el nuevo entorno digital.
2. Aproximaciones teóricas
Para abordar el estudio de la migración de universo analógico hacia el digital en la
televisión y la incidencia de Canal 7 en este proceso, es preciso enmarcarse dentro de la
elaboración de “políticas estatales” sobre la comunicación, en las que el Estado se
asume como emisor de mensajes. Abordaremos el concepto de “servicio de
radiodifusión”, el de “Televisión Digital Terrestre” y las particularidades de la
“televisión pública” en el universo digital.
El marco de análisis de esta investigación estará dado por los estudios sobre la
Sociopolítica de la comunicación8, que se desarrolló con fuerza en América Latina en la
década del ’70. Esta corriente se propone desmontar la estructura del emisor, es decir,
preguntarse por quién dice qué, por qué, en qué lugar y bajo qué efectos, ubicando en un
plano secundario tanto el rol del receptor como las características del mensaje
comunicado.
Las políticas de comunicación
6 Decreto Nº 533, publicado en el Boletín Oficial Nº 30.662 el 27 de mayo de 2005.
7 El canal del Instituto Nacional de Cine Artes y Audiovisuales (INCAA) comenzará a transmitir en agosto y tendrá
como finalidad “difundir y emitir películas nacionales y latinoamericanas con un segmento orientado hacia lo
internacional de importancia cultural y educativa”. Resolución SC Nº 2.589, publicada n el Boletín Oficial Nº 31.793
el 2 de diciembre de 2009.
8 Algunos de los autores referentes de esta perspectiva teórica son Antonio Pasquali, Cees Hamelink, Luis Ramiro
Beltrán y Margarita Graziano.
3
Hay una tendencia dominante de investigadores sobre las industrias culturales que
sostiene que a diferencia de los medios de comunicación comerciales que sólo se rigen
por el modelo de mercado -cuyo objetivo se basa en la maximización de las ganancias y
en diseñar los contenidos según la ley de la oferta y demanda-, los medios públicos de
titularidad estatal orientan (o deberían orientar) su conducta a través de una filosofía
distinta, la de servir como instrumentos para democratizar la sociedad (Mastrini, 2009;
De Mateo Pérez y Bergés Saura, 2009). En este sentido, el rol del Estado es
fundamental para diseñar las acciones que tiendan a garantizar el reflejo de la pluralidad
de voces y diversidad cultural en sus espacios mediáticos. Una política pública de
comunicación es entendida como el conjunto de normas que representan una forma de
intervención de las instituciones de comunicación de un Estado (Exeni, 1998; Oszlak y
O’Donnell, 1984).
A lo largo de los años, Van Cuilenburg y Mc Quail (2005) señalan tres etapas
paradigmáticas en las políticas de comunicación de Europa y Estados Unidos. Un
primer momento, que se extendió hasta la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por la
emergencia de la industria de la comunicación y el entretenimiento, donde las políticas
perseguían el interés colectivo. Luego, una segunda fase desarrollada hasta la década del
ochenta, en la que se persiguen consideraciones regulatorias, más que tecnológicas y la
búsqueda de la coherencia y estabilidad nacional. Por último, la tercera etapa, que se
extiende hasta nuestros días y supone la búsqueda de un nuevo paradigma de políticas
de comunicación que los autores no terminan de definir, aunque proveen de algunos
lineamientos para pensarlo, como el retroceso del Estado en aquellas cuestiones que
entren en contradicción con las fuerzas del mercado.
En Argentina, las políticas públicas orientadas a la radiodifusión pública se alcanzan
recién a principios del siglo XX, cuando se asume a la comunicación como un “servicio
público” que debe ser garantizado por el Estado. Es posible reconocer dos grandes
corrientes que han reflexionado sobre el tema: la tradición francesa de servicio público
y la norteamericana de las public utilities (Tremblay, 1998). Para la primera, la
disponibilidad de las actividades de interés general no puede ser librada a las leyes del
mercado sino que debe estar garantizada por el Estado. Esto no significa que este actor -
que se asume como representante jurídico de la Nación- no pueda entregar la gestión a
4
una empresa privada sino que no puede sustraerse de asumir la responsabilidad y el
control del servicio, sometiéndola si fuera necesario a un régimen legal especial9.
El segundo paradigma, es el norteamericano, que ha seguido una vía distinta. Sus
orígenes se encuentran en la common law británica y utiliza el concepto de public
utilities que según su traducción, se lo entiende como “servicios públicos” que no
generan rentabilidad al prestador como sí ocurre con otro tipo de servicios. Esta doctrina
pone el foco en las obligaciones del sector privado más que en el rol del Estado, quien
se limita a asignar un ente de control para fijar las condiciones en las que operarán los
prestadores. En Estados Unidos, este modelo se concentra en los servicios del
transporte, la energía y las comunicaciones, que está representado en la Public
Broadcasting Service (PBS), una cadena no gubernamental y sin fines de lucro
compuesta por más de 350 estaciones de televisión afiliadas a los 50 estados de ese país.
A pesar de sus caminos divergentes, existen coincidencias entre ambas tradiciones
(Tremblay, 1998): 1- Los servicios públicos o las empresas de utilidad pública se
ocupan de actividades relacionadas con el interés general. 2- Es el Estado el que define
qué se entiende por interés colectivo. Esto significa que en última instancia es el poder
político el que delimita económica y jurídicamente a los sectores de servicio público. En
Estados Unidos es el Estado quien define cuáles son las empresas “affected with a
public interest”. 3- En el caso de la radiodifusión, no sólo la escasez de frecuencias en el
espectro radioeléctrico constituye un argumento fundamental para explicar el carácter
público de los servicios de radiodifusión, sino que también debe pensarse en
justificaciones sociales y culturales, dado que la colectividad les reconoce un interés
general. 4- El funcionamiento de los servicios públicos debe organizarse a partir de
cuatro principios básicos (Mastrini, 2009):
o Igualdad: remite a que el Estado debe asegurar a todos los ciudadanos el acceso
a los servicios en igualdad de condiciones, independientemente de las
posibilidades de rentabilidad que existan en su zona de residencia.
o Continuidad: se refiere a la obligación de garantizar la prestación del servicio en
forma constante.
o Adaptabilidad: el Estado se compromete a actualizar el servicio o a obligar a los
prestadores privados a que lo hagan en función de las necesidades de la sociedad
9 Esta perspectiva europea se refleja en los modelos de radiodifusión pública de los países de Europa Occidental y en
especial en los servicios de la BBC del Reino Unido, DW de Alemania, RTVE de España, la RAI de Italia y en
América Latina, en TVN de Chile (Lugo Ocando y Casanova, 2010).
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y de los avances tecnológicos para brindarlo de la mejor manera posible.
o Indivisibilidad: sostiene una situación de “monopolio natural” en la prestación
del servicio, al asegurar que la existencia de una sola red (y no varias en
competencia) resultó durante mucho tiempo más eficiente en términos
económicos, es decir, se logró un mayor resultado al menor costo. En los
últimos años, esta regla está siendo cuestionada a partir de las nuevas
posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos.
El servicio público de radiodifusión
Es posible reconocer tres clases de televisión de acuerdo a su forma de financiación:
televisión pública, televisión publicitaria y televisión de pago (Bustamante, 2004). El
primer tipo no se vende a nadie y está dirigido al ciudadano, quien paga por la
disponibilidad de unos contenidos independientemente de las presiones comerciales,
mientras que los otros dos apuntan a un consumidor general y al espectador-cliente,
respectivamente. De acuerdo al tipo de titularidad, Fuenzalida (2000) plantea la
existencia dos modelos de televisión, pública y privada, y reconoce tres funciones en
cada uno de ellos. Para el caso de la emisora privada, las obligaciones son divertir,
informar y educar y; en la pública las prioridades se invierten: educar, informar y
divertir. En por ello que en primer lugar es necesario repensar frente al nuevo contexto
tecnológico cuáles serán los objetivos del modelo público cuando sea capaz de
multiplicar la oferta de señales o, incluso, expandir sus contenidos a través de nuevas
ventanas digitales.
La corriente de la Sociopolítica de las comunicaciones de América Latina afirma que un
“servicio público de radiodifusión” debe contar con autonomía política -lo que supone
un despegue tanto de los intereses del gobierno como de las presiones políticas
partidarias o sectoriales- y ser independiente financieramente -que implique un sustento
económico dado en parte por los fondos del erario público, es decir, del contribuyente
con el fin de representar intereses colectivos y en un menor porcentaje, por ingresos
publicitarios-. Sin embargo, en toda la región de América Latina los medios de
propiedad estatal no han logrado superar la encrucijada entre cumplir con los objetivos
democráticos de pluralismo y responsabilidad social y funcionar como herramientas de
difusión de los intereses de los gobiernos de turno (Mindez, 2001).
Pasquali (1991) expone un decálogo con las condiciones que debe cumplir un servicio
de radiodifusión que contribuya a aumentar los niveles de democratización en la
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sociedad, entre los que se destacan: ser independiente en los términos anteriormente
definidos, participativo para los usuarios, con contenidos de alta calidad, que represente
la diversidad cultural, que preste una cobertura territorial total garantizando que el
servicio se distribuya entre todos los contribuyentes bajo las mismas condiciones y que
disponga de una infraestructura modelo que esté a la vanguardia del progreso
tecnológico.
Es preciso subrayar que para cumplir con su objetivo de servicio público, la televisión
debe funcionar como un complemento y no como una competencia de la emisora
privada, lo que significa que tiene que presentar una variedad programática que atienda
a los distintos tipos de audiencia. Es decir, debe satisfacer el pluralismo cultural de los
diversos actores sociales y la diversidad tanto temática como de géneros televisivos. “Si
la sociedad es diversa en su composición, es natural que cada uno de sus sectores pueda
encontrar en la programación televisiva materiales que reflejen sus intereses y con los
que se puedan identificar” (Blumler, 1993). De todos modos, es necesario que la
televisión pública también pretenda alcanzar la masividad al igual que la televisión
privada, pero con objetivos diferentes: debe maximizar su audiencia porque justamente
ella conforma las bases de su legitimidad social y porque “de nada sirve hacer televisión
si esta no es vista por la gente” (Rincón, 2005).
La Televisión Digital Terrestre
La migración hacia la televisión digital permite la evolución de un modelo de
radiodifusión, caracterizado por una limitada cantidad de canales y servicios
unidireccionales, hacia otro compuesto por una multiplicidad de señales, aplicaciones
personalizadas e interactividad.
Mientras que en la televisión analógica, la imagen y sonido se transforman en impulsos
eléctricos que viajan al aparato receptor (televisor) a través de las ondas hertzianas, la
televisión digital es un sistema de transmisión que consiste en el muestreo y
codificación de las imágenes en un flujo de datos binarios (ceros y unos) que es
transmitido a través de diversos tipos de redes de transporte (terrestre, cable y satélite).
La señal digital se recibe en un aparato receptor externo o set top box (STB) que
decodifica y reconstruye la imagen original (Galperin, 2004) o bien, a través de un
televisor digital integrado (IDTV) diseñado para recibir directamente tanto la señal
digital como la analógica sin necesidad de instalar un codificador.
7
En cuánto a sus aspectos técnicos, la televisión digital presenta una serie de efecto
diferenciales con respecto a la señal hertziana tales como mejorar la calidad de imagen y
sonido gracias a los mecanismos de corrección de errores; aumentar la capacidad de los
servicios, incrementando la oferta del número de canales disponibles; la capacidad para
establecer interacción con otras tecnologías y; posibilitar la recepción en movimiento.
Estas ventajas son posibles debido a que la señal digital ocupa menos ancho de banda
que la analógica ya que al tratarse de bits, la información puede comprimirse eliminado
redundancias, y logrando de esta manera un uso más eficiente del espectro
radioeléctrico.
Actualmente, existen cuatro estándares tecnológicos para transmitir TDT que se
disputan el mercado internacional. El primero es Advanced Television System (ATSC),
creado en Estados Unidos y desarrollado bajo el modelo de las redes de televisión por
cable. El segundo es Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) originado en
Europa y que, entre otras cuestiones, se diferencia con el estadounidense por integrar no
sólo al sistema de TDT sino también al del cable, satélite y recepción móvil. En tercer
lugar, se ubica la norma japonesa Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial
(ISDB-T) realizado por el grupo Digital Broadcasting Experts Group (DiBEG) que
tomó como base al estándar europeo. Por último, el modelo chino denominado Digital
Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB) fue definido en 2006 y aprobado por la
República Popular China un año después. Cada uno de estos patrones técnicos se
destaca en diferentes aspectos y al mismo tiempo, la propia evolución de la tecnología
abrirá la posibilidad de que se sigan perfeccionando. Así es como la elección de una
norma dependerá de modelo de servicio que se quiera desarrollar y de los objetivos
políticos, económicos, sociales y culturales que se quieran adoptar (Krakowiak, 2009).
La importancia de la televisión digital que se transmite por aire reside en su carácter de
gratuidad y su alcance extendido, lo que la convierte en la plataforma por excelencia
para la maximización de la cobertura territorial.
Asimismo, el desarrollo de esta nueva tecnología se enmarca dentro de los desafíos
planteados por la entrada a la Sociedad de la Información, lo que permitiría una rápida y
económica universalización del acceso a los bienes y servicios digitales para el conjunto
de la población (Urquiza García, 2006; Bustamante, 2008). “Las nuevas tecnologías,
incluida la TDT, tienen una capacidad inmensa de descentralización, segmentación,
personalización y horizontalización de las comunicaciones y de los contenidos”, afirma
Zallo (2010). Por esto, luego de la lucha de los patrones técnicos aparece el verdadero
8
desafío de la TDT dado por el “inevitable cuestionamiento de las arquitecturas y
equilibrios de la televisión analógica apela al diseño y construcción del sistema
televisivo del futuro, y por lo tanto, también en buena medida del modelo de sociedad y
de democracia que cada país decida para su futuro” (Bustamante, 2008).
Si se tienen en cuenta los antecedentes mundiales sobre la implementación de la TDT,
resulta importante destacar que en Europa las estrategias de la mayoría de los gobiernos
estuvieron orientadas más por fines de desarrollo tecnológico y crecimiento económico
que por sus potencialidades inclusivas y democratizadoras (García Leiva, 2008). Por su
parte, en Estados Unidos el modelo de implementación de la TDT estuvo sustentado por
los radiodifusores existentes, con la ausencia de una ampliada apertura a nuevos actores.
Retomar estos casos permite reflexionar con anticipación los posibles caminos que
empiezan a transitarse en la Argentina.
La televisión pública en el entorno digital
La revisión de la literatura específica acerca de los medios de comunicación de
propiedad estatal demuestra que en los últimos años, este debate ha ido teniendo un
lugar cada vez más relegado en el campo académico. Sin embargo, el desembarco de la
digitalización en las señales de radiodifusión reavivó la discusión sobre quiénes son los
actores que participan y los que deberían participar en el escenario mediático y cuál es
el espacio destinado al Estado como emisor de sus contenidos y servicios.
Producto de la escasez de investigaciones de este tipo y específicamente a la
inexistencia de trabajos sobre nuestro objeto de estudio en la migración digital,
utilizaremos como modelo de referencia para analizar el rol de la televisión pública, el
caso de países europeos que ya han atravesado el apagón analógico.
Mientras que la multiplicidad de señales generó un contexto propicio para cuestionar la
existencia del servicio público, en Europa y Estados Unidos algunos especialistas
(García García, 2005; Miguel de Bustos y Garatanoandia, 2005, Millán Paredes y
Ruano López, s/f) han defendido la necesidad de contar con televisiones públicas.
“Abandonar la noción de servicio público como base del sistema sería renunciar a hacer
de la radiodifusión un instrumento de promoción de objetivos sociales y culturales de
interés general” (Tremblay, 1988). Por su parte, al abordar el rol de los servicios
públicos Bustamante (2003) destaca que la UE explicaba en 1999 que los servicios
públicos debían “seguir aprovechando el progreso tecnológico para poner al alcance de
los ciudadanos los beneficios de los servicios audiovisuales y de información y de las
9
nuevas tecnologías, emprendiendo el desarrollo y la diversificación de actividades en la
era digital”.
En la declaración adoptada por los miembros del Public Broadcasting Service (2004) se
asienta la idea de que “public television is the only accesible national resource that uses
the power and accessibility of television to educate, enlighten, and inform. Because of
its public mission, public television is more essentials than ever in the clutter media
landscape”10.
Puesto que la mayoría de las experiencias de TDT en el mundo se orientan como ofertas
de pago, la televisión pública debe ser el espacio donde se satisfagan las demandas de
los ciudadanos, se mantenga la cohesión social y se brinde el acceso universal a los
contenidos de interés general. Pensando en propuestas para el futuro, el Informe del
Foro para la Investigación y el Desarrollo de la Cultura Audiovisual (FIDECA) afirma
que la señal pública debe, entre otras obligaciones, profundizar sus conceptos y
desarrollar aquellos en los que aún no lo ha hecho, diseñar un modelo que garantice su
independencia política, establecer un modelo de financiación mixta, potenciar la
producción propia y, generar nuevas oportunidades de negocio y servicios asociadas a la
digitalización.
Para Miguel de Bustos y Garatanoandia (2007), la TDT implica la fragmentación de
audiencias y el aumento en la cantidad de horas producidas para difundir en las distintas
señales digitales, lo que permite que la televisión pública pueda promover mayores
niveles de innovación, sin detrimento de la calidad ni de la necesidad de centrarse en
programaciones de tipo generalistas. En este sentido, la TDT abre un nuevo camino de
financiamiento para la televisión pública, dada por la posibilidad de vender más
contenidos (Perales Albert, 2003).
No obstante estos intelectuales mencionados, es necesario señalar que coincidimos con
Fuenzalida (2000) en pensar que debido a las características particulares de nuestro
objeto de estudio es fundamental abandonar los patrones externos para poder diseñar
modelos de medios públicos que respondan a las condiciones del entorno y a las
especificidades de nuestra sociedad. En este sentido, es importante cuestionarse sobre la
función de la televisión pública sin perder de vista nuestro propio contexto.
10 En traducción al español: “La televisión pública es la única fuente nacional y universalmente accesible que utiliza
el poder y la accesibilidad de la televisión para educar, ilustrar, enlazar e informar. Debido a su misión de servicio
público, la televisión pública es más esencia que nunca en el desordenado panorama mediático”.
10
3. El camino hacia la TDT en la Argentina
Antes de abordar de qué manera la televisión pública nacional de la Argentina está
comenzando a transitar la digitalización y las políticas llevadas a cabo por la presidenta
Fernández de Kirchner en esta materia, consideramos necesario mencionar en pocas
líneas el proceso de adopción de la norma digital que se concretó en agosto de 2009.
Brasil sí. Estados Unidos y Europa, no
En una decisión unilateral y sin debate público ni parlamentario, el ex presidente Carlos
Menem adoptó la norma ATSC11 en 1998 y convirtió a la Argentina en el cuarto país -
después de Estados Unidos, Canadá, Taiwán y Corea del Sur- en elegir ese patrón
(Albornoz y Hernández, 2003). Esta medida fue vista como impulsiva, autoritaria y
teñida de un alto contenido político a favor del sistema norteamericano. Sin embargo, el
nivel de consenso que existía originalmente entre los protagonistas del mercado que se
habían inclinado por ATSC fue variando “a partir de las modificaciones en la estructura
de propiedad de las principales emisoras, iniciadas con el acuerdo de Telefónica y el
fondo de inversión CEI, para dividir a los medios de comunicación que compartían”
(Hernández y Postolski, 2003). Con el ingreso de Telefónica en la televisión abierta
(adquiere la licencia de Canal 11, Telefe) el escenario quedó fragmentado. Por un lado,
el Grupo Clarín (a través de Artear) se afilió a ATSC con una alianza que conserva
actualmente y por el otro, Telefónica comenzó a formar parte del consorcio europeo.
Durante la gestión de Fernando De la Rúa, en mayo de 2000, el secretario de
Comunicaciones, Henoch Aguiar, anunció que la medida adoptada por el ex presidente
Menem iba a ser revisada, alegando que fue tomada sobre fundamentos incorrectos, con
pruebas inexistentes, sin coordinación con Brasil (como se había acordado
previamente12) y en base a consideraciones falsas sobre el formato europeo. Pero
teniendo en cuenta que sólo se trató de una declaración verbal, la resolución de 1998
continuó vigente. A partir de la crisis económica-institucional que se desencadenó en
diciembre de 2001, la actividad desarrollada para la televisión digital quedó fuera de
agenda política y fue el ex presidente Néstor Kirchner quien retomó la cuestión. Bajo el
mandato de Guillermo Moreno, en 2006 la Secretaría de Comunicaciones creó la
11 Resolución SC Nº 2.357, publicada en el Boletín Oficial Nº 29.011 el 29 de octubre de 1998.
12 MERCOSUR/GMC/RES Nº 24 de 1994 del MERCOSUR, disponible en
http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Resoluciones/res94es/9424.pdf
11
Comisión de Estudios y Análisis de los Sistemas de Televisión Digital, conformada por
representantes de las empresas de comunicación, asociaciones privadas vinculadas de
televisión y el gobierno, mientras quedaban excluidas de la participación las
organizaciones sociales13. Al igual que la Comisión de estudios de sistemas de televisión
digital creada por Menem en 1997, tenía como objetivo recomendarle al Poder
Ejecutivo la tecnología más adecuada para implementar en el país. En el Informe final
se detallaron las propuestas de cada modelo, salvo de ISBD-T que sólo aparece
mencionada en la introducción como una norma más existente en el mercado (el
formato DMB-T de China todavía no se había lanzado). A lo largo de ese año y de
2007, los representantes de la ATSC y DBV-T realizaron promesas tentadoras para
acceder al mercado argentino, vinculadas a fuertes inversiones, a la generación de
fuentes de empleo, a la exención del pago de royalties, a asesoramiento técnico y al
desarrollo de aplicaciones de software. Sin embargo, los ofrecimientos japoneses que
realizó Hideo Fuseda, director de Tecnología Digital de Transmisión del Ministerio de
Relaciones Internacionales y Comunicaciones de Japón, no fueron demasiado
seductoras hasta los primeros meses del mandato de Fernández de Kirchner, que
comenzó en diciembre de 2007. El “coqueteo” con el gobierno nipón a cargo del primer
ministro Taro Aso, sucedió paralelamente con los intentos de pacto de normatividad con
Brasil -que ya había elegido ISDB-T-14 y se extendieron durante el 2008.
Como si fuera un secreto a voces, el anuncio oficial llegó el 28 de agosto del año pasado
y al finalizar la Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la
presidenta anunció la decisión de adoptar STVD-TB, la variante brasileña de la norma
ISDB-T. Esta medida se expresó en la resolución Nº 17115 firmada por la Secretaría de
Comunicaciones y que, al mismo tiempo, dejaba sin efecto la implementación de
ATSC. Así se cerró una etapa de más de 10 años de indefiniciones y desde la
perspectiva histórica, la medida de Fernández de Kirchner es consecuente con la
estrecha vinculación que ha mantenido su gestión con el gobierno de Luiz Inácio Lula
Da Silva, con quien busca mantener una integración regional y potenciar el desarrollo
de sus industrias.
13 Resolución SC Nº 4, publicada en el Boletín Oficial Nº 30.899 el 5 de mayo de 2006.
14 Mediante el decreto Nº 5.820 del 29 de junio de 2006, Brasil adoptó el Sistema Brasileño de Televisión Digital
Terrestre (SBTVD-T), basado en el sistema japonés ISDB-T.
15 Resolución SC Nº 171, publicada en el Boletín Oficial Nº 31.725 el 28 de agosto de 2009.
12
Hacia el apagón analógico en 2019
En el memorándum firmado entre Argentina y el gobierno de Japón se expresaba el
compromiso del país oriental de transferir tecnología, capacitar recursos humanos y
equipar a Canal 7 para que pueda comenzar con las transmisiones. “Japón aportará
tecnología y no cobrará regalías por este trabajo en conjunto. Apuntamos a romper el
cerco tecnológico entre los países emergentes y los desarrollados. Este acuerdo nos ha
llevado cuatro largos años pero vale la pena”, declaró la presidenta luego del anuncio
(Tomoyose, 2009). Al mismo tiempo, el convenio con Brasil determinó un trabajo en
conjunto para desarrollar el nuevo dispositivo en la región. Así se inició la planificación
hacia el digitalización en la televisión argentina, por lo menos en su aspecto más formal,
que pretende según el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación “garantizar la inclusión social, reconocer la pluralidad cultural,
democratizar la información, generar trabajo y desarrollar la industria nacional”. En
líneas generales, el programa de implementación consta de seis ejes fundamentales:
Transmisión: se basa en los aspectos técnicos relacionados con la transmisión de
las señales asignadas a las nuevas frecuencias digitalizadas con el propósito de
lograr la cobertura total del país.
Recepción: se basa en los aspectos técnicos y sociales vinculados a la recepción
de las señales digitales individuales, colectivas o institucionales, ya sean
públicas o privadas, fijas o móviles, con el propósito de garantizar el acceso
universal.
Promoción de contenidos: hace hincapié en la promoción de contenidos
culturales, deportivos, artísticos, educativos e infantiles de producción
netamente nacional con el fin de impulsar la industria artística y profundizar los
valores sociales y la cultura local.
Producción nacional y generación de empleo: tiene su eje en la coordinación y
articulación de las iniciativas públicas y privadas que fortalezcan la producción
nacional de los equipos necesarios para la transmisión y recepción de las señales
digitales y la generación de nuevos puestos de trabajo formales.
Desarrollo científico y formación de recursos humanos: se centra los aspectos
técnicos-científicos que garanticen la formación académica y la innovación
tecnológica asociada con el SATVD-T.
13
Normas y derecho digital: aborda el análisis y desarrollo del marco normativo
necesario para que la implementación del SATVD-T sea exitosa, como así
también la definición de las políticas y acciones a seguir en la materia.
La primera medida hacia la transición digital fue la creación por decreto del Sistema
Argentino de Televisión Digital Terrestre (SATVD-T)16 para la transmisión y recepción
de las señales digitales terrestres, radiodifusión de imágenes y sonido. Esta normativa,
firmada el 31 de agosto, estableció la conformación de un Consejo Asesor del SATVD-
T en el ámbito del Ministerio de Planificación -integrado por representantes de todos los
ministerios con competencia en la materia y cuyo coordinador general es Osvaldo
Nemirovsci- y de un Foro Consultivo como un ámbito de participación de los sectores
públicos y privados vinculados a la televisión digital. Asimismo, el decreto determinó
un plazo de 10 años para concluir con la implementación (lapso en el que convivirán los
formatos analógico y digital) y fijó el apagón analógico en todo el territorio nacional
para julio de 2019. Entre los objetivos que se propone este Sistema se encuentran
promover la inclusión social, la diversidad cultural y el idioma del país a través del
acceso a la tecnología digital, así como la democratización de la información; facilitar la
creación de una red universal de educación a distancia; estimular la investigación y el
desarrollo, así como fomentar la expansión de las industrias relacionadas con la
información y comunicación; planificar la transición de la televisión analógica a la
digital con el fin de garantizar la adhesión progresiva y gratuita de todos los usuarios;
optimizar el uso del espectro radioeléctrico y; mejorar la calidad de audio, video y
servicios.
Pensando en la televisión pública
Es necesario destacar que el gobierno actual ha decidido encarar el pasaje al mundo
digital a través de Canal 7. Pero para comprender de qué manera lo está
operacionalizando, abordaremos brevemente las especificidades más destacadas del
canal con el fin de conocer el escenario en el cual se desarrolla la transición tecnológica.
Si bien no abordaremos la historia de la señal que comenzó el 17 de octubre de 1951, es
importante mencionar que salvo un pequeño período durante 1954-1955, siempre estuvo
bajo la órbita estatal y debido a que nunca logró su autonomía política con respecto a los
distintos gobiernos de turno podemos clasificarla, en términos de Pasquali, como una
emisora gubernamental. No obstante hay que destacar que la ley de Servicios de
16 Decreto SC Nº 1.148, publicada en el Boletín Oficial Nº 31.727 el 1 de septiembre de 2009.
14
Comunicación Audiovisual Nº 26.52217 que espera la autorización judicial para entrar
en vigencia y reemplazar a la vieja ley de Radiodifusión Nº 22.285 de 1980-, el 7 pasará
a pertenecer a Radio y Televisión del Estado (RTA S.E.), un ente creado por esta
regulación para administrar y explotar a las radios y televisiones estatales. Lo
interesante de esta propuesta es que por primera vez en su historia, la señal estatal dejará
de depender exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional para crear una cúpula
pluralista y multisectorial, conformada por un directorio compuesto por un presidente y
un director designados por el PEN, tres directores propuestos por la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y, dos
directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Desde la
Ciudad de Buenos Aires, Canal 7 transmite su señal a todo el país a través de 295
estaciones repetidoras en abierto y está presente en el 99,5 por ciento de las redes de
cable y satélite en todo el país. De acuerdo a lo que menciona su sitio Web oficial
(http://www.tvpublica.com.ar), llega a más de 20 millones de habitantes por aire y a
más de 132 millones mediante la subscripción a algún tipo de servicio de televisión
paga, lo que cubre alrededor del 80 por ciento de la población total, según las
estimaciones de la empresa Ibope Argentina.
Apenas se firmó el acuerdo argentino-nipón, Japón realizó una donación de equipos
destinados para la cadena de producción del edificio de la emisora y para la cadena de
transmisión que se montaron en la terraza del Ministerio de Obras Públicas. Así se
reemplazó parte del equipamiento adquirido en 1978, cuando el canal asumió el
compromiso internacional de incorporar la tecnología necesaria para transmitir el
Mundial de Fútbol en televisión a color. A la vez, una ventaja que pesó a la hora de
decidirse por el estándar es que Brasil confirmó que no cobrará por regalías por las
patentes y aplicaciones, es decir, la propiedad intelectual del uso del sistema será
gratuita para la Argentina.
Bauer está convencido de que la digitalización “va a poner de nuevo al 7 en un lugar de
vanguardia tecnológica, que nunca debería haber abandonado” (Respighi, 2009). Por
eso, las pruebas técnicas comenzaron a emitirse por el canal 23 desde el edificio del
Ministerio de Trabajo para las que se empleó un transmisor de 400 watts alquilado a la
empresa argentina NEC. En abril se colocó el transmisor digital en la parte superior del
Ministerio de Desarrollo Social y cubre toda la ciudad: 65 Km. para Zona Norte y 35
17 Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522, publicada en el Boletín Oficial Nº 31.756 el 10 de
octubre de 2009.
15
por Acceso Oeste para los televisores con antena fija. Para los aparatos portátiles, la
señal alcanza los 62 Km. por Autopista Panamericana y 25 por Acceso Oeste. Como la
antena es fija y tiene una dirección hacia el noroeste del país, la Zona Sur no accede al
servicio. No obstante las emisiones de prueba y estas primeras experiencias de TDT que
se lanzaron en mayo, aún no se ha decidido si en el futuro se transmitirán dos señales en
alta calidad (como permite el sistema ISDB-T), varias en estándar o bien si se pasará de
una modalidad a otra según la franja horaria. Además, en esta primera fase de la
migración, Canal 7 trabaja en la expansión de la señal y para eso, prevé la instalación de
antenas de transmisión y repetidoras de aire distribuidas en cada provincia con el
objetivo de cubrir la totalidad de la superficie del país y brindar mejores condiciones
para los ciudadanos. A través del Plan operativo de acceso “Mi TV digital”, el gobierno
comenzó a repartir de forma gratuita el equipo receptor para sintonizar TDT a aquellos
sectores que representan riesgo de exclusión durante el proceso de transición, como
organizaciones sin fines de lucro, establecimientos estatales que se dediquen a funciones
educativas o culturales y titulares de pensiones no contributivas, asignación universal
por hijo, beneficiarios de planes sociales y jubilados, entre otros. Para fines de mayo
(antes del inicio del Mundial de Fútbol de Sudáfrica) se habían entregado 350 mil
conversores importados de Japón que permiten que la señal digital se capte en los
televisores analógicos.
Las compañías Personal y Movistar (del Grupo Telefónica) y Claro (de América Móvil)
comenzaron a ofrecer celulares de las líneas LG y Samsung para recibir TDT por aire a
través de un sintonizador y sin tener que usar pulsos telefónicos mientras que en las
computadoras tanto de escritorio como portátiles también se puede captar la señal con
un pendrive Pocket TV que lanzó al mercado la empresa Novatech. Por último, otra
forma de acceder a la TDT es comprando un aparato receptor a un precio aproximado
de 800 pesos (200 dólares) que se conecta al televisor analógico ya que aún no están a la
venta los televisores integrados que está fabricando la empresa Radio Victoria en Tierra
del Fuego. La meta del gobierno es extender la red digitalizada a 19 ciudades antes de
fin de año, con un costo aproximado de 125 mil dólares por repetidora, de acuerdo a las
estimaciones del mercado. Y con el horizonte puesto en 2012, cubrir las 23 capitales
provinciales, otras nueve ciudades importantes y al menos cinco localidades
bonaerenses. En términos económicos, en el Presupuesto que votó el Congreso de la
Nación para el 2010 figura una partida de 90 millones de dólares destinada para la
puesta en marcha de la televisión digital por parte de Canal 7.
16
Es importante mencionar que en el esquema de digitalización que lleva adelante el
Estado no se encuentra solamente Canal 7. Una medida importante en este sentido fue
tomada un mes antes de la adopción de la norma, en julio del año pasado. Se trata del
decreto Nº 94318 que autorizó al Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP)19 a
instalar y operar un sistema público de televisión satelital en todo el país para difundir
un paquete de señales educativas, culturales e informativas y de esta manera, segmentar
las necesidades de las audiencias. El pedido fue solicitado por Bauer y se apoyó en la
necesidad que tiene el Estado nacional de contar con herramientas que le permitan
desarrollar una política de libre acceso a la información por parte de la población en
situaciones de vulnerabilidad social: “Es hora de que todos los argentinos tengan acceso
a un sistema de TV público libre, gratuito, universal y de calidad” (Respighi, 2009).
Aunque todavía no está definido si se agregará alguna señal al paquete de canales
anunciado, ya comenzaron a tomarse las primeras decisiones. A principios de diciembre
del año pasado, el gobierno creó INCAA TV, el canal del Instituto Nacional de Cine
Artes y Audiovisuales que tendrá como finalidad “difundir y emitir películas nacionales
y latinoamericanas con un segmento orientado hacia lo internacional de importancia
cultural y educativa” (Resolución SC Nº 2.589/09, art. 3º)20. En mayo de este año, en el
marco del II Encuentro del Foro Internacional Norma ISDB-T (que tiene el objetivo de
establecer metas de cooperación, desarrollo tecnológico, investigación y creación de
empleo) el Ministerio de Planificación firmó una carta de intención con el INCAA para
impulsar el Fondo de fomento para la producción de contenidos de la TV digital
pública. Se prevé que el canal comenzará a transmitir en agosto.
Para poner al aire estas nuevas señales, a fines del año pasado el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER) comenzó a reclamar espectro radioeléctrico en UHF para el
SNMP, dando la orden de despejar cuatro canales -del 22 al 25- en todo el territorio
argentino, lo que obliga a reubicar desde el 42 al 69 a aquellos canales de televisión por
cable que tienen licencia para la Ciudad de Buenos Aires y su área de influencia. Esta
porción le da al Estado la capacidad de transmitir al menos 20 canales en definición
estándar, dos en alta definición y 2 de televisión móvil. En las frecuencias adquiridas se
18 Decreto Nº 943, publicado en el Boletín Oficial Nº 31.703 el 28 de julio de 2009.
19 El 18 de mayo de 2001, el ex presidente De la Rúa firma el decreto Nº 94 por el cual crea el Sistema Nacional de
Medios Públicos que tiene bajo su órbita a LS83 TV Canal 7, las emisoras de radiodifusión integrantes del Servicio
Oficial de Radiodifusión (SOR) que conforman el conjunto denominado Radio Nacional (LRA) y la agencia de
noticias TELAM.
20 Resolución SC Nº 2.589, publicada en el Boletín Oficial Nº 31.793 el 2 de diciembre de 2009.
17
transmite Canal 7 y Encuentro y en breve, INCAA TV y Paka-Paka y, no se descartan
sumar las señales 26, 27 y 28.
4. Comentarios finales
A pesar de que la digitalización en la Argentina está lentamente dando sus primeros
pasos, hay una huella que parece que será imborrable: el que inaugurará el salto
tecnológico será el Estado, utilizando como motor su paquete de señal de televisión. Si
bien no puede dejar de reconocerse que las emisoras privadas líderes y con cabecera en
Buenos Aires, Canal 11 y 13, iniciaron sus pruebas a fines de la década del ’90, desde
que se adoptó el sistema ISDB-T han tenido un papel secundario en el proceso de
transición. Mientras el sector privado adquiere infraestructura y retoma sus emisiones
experimentales, Canal 7 ya tiene asignada una partida presupuestaria para instalar
antenas retransmisoras en todo el país y de a poco, está comenzando a transmitir en
simultáneo con las señales analógicas en el interior.
La decisión gubernamental de pedir reserva del espectro y la posibilidad de ampliar las
frecuencias demuestra la intención de maximizar la oferta de contenidos y de introducir
mayor diversidad de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Como complemento, el
paquete de señales temáticas ampliará la cobertura en las zonas más aisladas,
garantizando el principio de accesibilidad de los servicios públicos. Es que el “éxito” de
la televisión pública dependerá no sólo de la calidad de sus contenidos sino también de
que todos los ciudadanos puedan acceder a ella de manera libre y gratuita. En esta línea,
es fundamental las decisiones que tome el gobierno sobre el financiamiento de los
televisores integrados y los conversores, puesto que la universalidad sólo es posible en
tanto se asegure que los sectores más carenciados puedan poseer un decodificador de la
señal.
Otro aspecto imprescindible para que la televisión pública digital pueda partir de una
base sólida es la elaboración de un marco regulatorio, que permita una autoregulación
del medio por fuera del Poder Ejecutivo. Esto podría jerarquizar su función social para
los ciudadanos y mejorar el depreciado grado de credibilidad que la audiencia tiene
sobre la emisora pública. En este sentido, es interesante el aporte que realiza la nueva
ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al crear el proyecto RTA, un sistema
público-no gubernamental que -luego de casi 60 años de historia de Canal 7- es una
18
pisada fuerte para construir una señal que cumpla con las características de un servicio
público y represente las demandas de la sociedad.
Para concluir, si nos guiásemos por la historia de los medios públicos en Argentina
podemos pensar que confiar en que la televisión digital per se aumentará los niveles de
acceso y participación de una ciudadanía que hoy está excluida de la pantalla así como
también desarrollar potencialidades inclusivas y democratizadoras en un escenario
altamente concentrado es, por lo pronto, de un optimismo tecnológico inmenso. Por eso
hay que asumir la idea de que no es la herramienta técnica sino el diseño de políticas
públicas las que podrá cumplir finalmente con los objetivos de un modelo público de
radiodifusión.
Finalmente, nos preguntamos si en un contexto analógico en el que las televisiones
públicas son minoritarias en número, peso económico y legitimidad social en relación a
los canales comerciales, podremos encontrarlas cumpliendo su misión de servicio
público. Pero esta respuesta tendrá que ver con las herramientas que aplique Canal 7 y
sus señales para capitalizar las ventajas de liderar la digitalización y con las estrategias
que diseñe para afianzarse en el campo mediático emergente.
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