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La Supremacía de la Constitución y el Control de

Constitucionalidad en el Estado Plurinacional de Bolivia

Por: Abog. Alan E. Vargas Lima

Ciudad de La Paz (Bolivia), 6 de agosto de 2011.

Homenaje al 186º Aniversario de la Fundación de Bolivia.

Blog Jurídico: http://alanvargas4784.blogspot.com/ Página 2

La Supremacía de la Constitución y el Control de Constitucionalidad en Bolivia(*)

Por: Abog. Alan E. Vargas Lima

NOTA PRELIMINAR

“Una Constitución sin un Tribunal Constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados, es una Constitución herida de muerte, que liga su suerte a la del partido en el poder, que impone en esos casos, por simple prevalencia fáctica, la interpretación que en ese momento le conviene, (entonces) la Constitución pasa a ser instrumentalizada políticamente por unos grupos o partidos frente a otros”, ha afirmado con certeza en su día el ilustre jurista español Eduardo García de Enterría1; y dicha opinión autorizada ‐que a pesar del tiempo transcurrido aún se mantiene invariable y merece ser tenida en cuenta en la actual coyuntura política boliviana‐, ha motivado también el pronunciamiento favorable del reconocido constitucionalista boliviano José Antonio Rivera Santivañez, quien en base a su amplia experiencia en el análisis y desarrollo de la Jurisdicción Constitucional en Bolivia ha dejado establecido también que “…en el siglo XXI no existe ni puede existir un Estado Constitucional sin un Tribunal Constitucional como guardián y máximo intérprete de la Constitución y protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales” 2.

De ahí que en la actualidad la legitimidad de los Tribunales Constitucionales se ha acrecentado en la medida que son los protectores de los derechos humanos y fundamentales dentro de un Estado, “frente a las eventuales investidas de la mayoría que suele controlar el gobierno y el parlamento, los que pueden desarrollar intereses coyunturales que son contrarios a los derechos de los gobernados asegurados constitucionalmente” 3; asimismo, ha sido fácilmente perceptible también que los tribunales constitucionales existentes a nivel latinoamericano, en el desarrollo de sus (*) El presente ensayo, constituye un fragmento del Perfil de Tesis presentado por el autor en fecha 01/10/2010, al Curso de Especialidad en Derecho Constitucional auspiciado por la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz (UMSA), respecto a la necesidad de modificación de los criterios de interpretación de la Constitución, aplicables por el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora complementado con fragmentos de la obra inédita: Reflexiones Críticas sobre la Nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, de próxima publicación. 1 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional. Madrid (España): Editorial Civitas, Pág. 58. 2 “Es en ese contexto que después de la segunda posguerra mundial los Estados democrático – constitucionales gradualmente han adoptado el modelo en el que el control de constitucionalidad es ejercido por un Tribunal o Corte Constitucional. (…) En América Latina los siguientes Estados han creado un Tribunal Constitucional: Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Ecuador y Perú; en cambio han creado una Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema los Estados de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Paraguay”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Temas de Derecho Procesal Constitucional. Cochabamba (Bolivia): Editorial KIPUS, 2007. Pág. 31. 3 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. La justicia y los Tribunales Constitucionales de Indoiberoamérica del Sur en la alborada del Siglo XXI. Cochabamba (Bolivia): Editorial KIPUS, 2006. Pág. 84.


actividades jurisdiccionales han contribuido efectivamente a racionalizar los conflictos políticos y a pacificarlos evitando crisis institucionales, fortaleciendo el sistema democrático y protegiendo los derechos fundamentales de las personas.

En este sentido, las opiniones y criterios jurídico‐doctrinales citados anteriormente son de vital importancia, y nos brindan la pauta general de la función principal asignada por la Ley Fundamental al instituir un Tribunal Constitucional ‐es decir, un órgano específico y especializado para defender las disposiciones contenidas en la Constitución en razón de su naturaleza suprema, exigiendo su respeto y observancia en todo momento‐, y al mismo tiempo de la enorme importancia que ha adquirido ésta institución tanto en el ámbito europeo como en el contexto latinoamericano, para asegurar la efectiva protección de todos aquellos derechos que son inherentes a las personas por su condición de tales, en un Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

Ahora bien, a efectos de desarrollar en forma adecuada la fundamentación del tema que se propone en homenaje al 186º Aniversario de la Fundación de Bolivia, resulta necesario puntualizar que en el caso de nuestro país, una vez refrendado que fuera el proyecto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente, y asimismo modificado por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2008, a través de su promulgación y publicación respectivas, en fecha 7 de febrero de 2009 ha entrado en vigencia la novísima Constitución normativa boliviana4 (la Nueva Constitución Política del Estado refrendada por el pueblo boliviano en enero de 20095), que desde su promulgación pública (en la ciudad de El Alto), y su posterior publicación en la Gaceta Oficial, viene rigiendo la vida institucional del país, y que extiende sus alcances hacia todos los gobernantes y gobernados dentro del nuevo Estado Plurinacional Boliviano6.

4 Resaltamos necesariamente el carácter normativo de la Constitución, en razón de que ésta norma jurídica, además de tener una mayor jerarquía y preferencia en su aplicación por parte de todas las autoridades y particulares obligados a su observancia, contiene un conjunto de principios y valores que conforman el bloque de constitucionalidad y que son de aplicación directa para la resolución de conflictos concretos entre los ciudadanos y habitantes de todo el territorio nacional, dado que sus disposiciones principalmente están destinadas a regular la organización del poder público, las atribuciones de las autoridades públicas, las competencias de las instituciones estatales, así como también a establecer los derechos, deberes y obligaciones de todos los ciudadanos bolivianos. Al respecto cabe recordar que el carácter normativo de la Ley Fundamental, fue puesto de relieve por el Tribunal Constitucional Español, institución colegiada que señaló que la Constitución es una norma, pero una norma cualitativamente distinta de las demás, por cuanto incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y de informar todo el ordenamiento jurídico. (Sentencias del 31 de marzo de 1981 y del 28 de abril de 1982). 5 Adoptamos convencionalmente la denominación de Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), en razón de que sus disposiciones llevan contenidos muy innovadores, dando lugar a una evolución dentro del constitucionalismo boliviano, siendo que no se enmarcan en forma restringida dentro de la corriente del constitucionalismo liberal ni tampoco encuadran exclusivamente dentro del constitucionalismo social, y asimismo su estructura normativa difiere en gran forma de todas las anteriores reformas constitucionales efectuadas a nuestra Ley Fundamental. 6 “Empero no todas las normas de la Constitución se aplican inmediatamente, pues ello depende de la naturaleza jurídica y la clase de las normas constitucionales; por ello se ha ingresado a un proceso de transición o de tránsito de un sistema constitucional a otro. En el proceso de transición, el Órgano Legislativo deberá expedir un conjunto de leyes que desarrollen las normas de la Constitución para hacerlas aplicables; ese proceso debe ser ordenado y pacífico; ello exige de la construcción de acuerdos y consensos


1. La nueva configuración del Estado Plurinacional de Bolivia

Debemos comenzar señalando que uno de los aspectos que conviene resaltar en el nuevo texto constitucional, es precisamente el modelo sui generis de Estado que se ha implantado, por lo que, y a modo de rescatar las disposiciones más relevantes que contiene el nuevo texto normativo fundamental, debemos señalar necesariamente que respecto a la nueva configuración del Estado Boliviano, el artículo 1º constitucional caracteriza a nuestro país Bolivia, como un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país7.

Se debe hacer notar que el modelo de Estado adoptado en nuestro texto constitucional contiene varios elementos principales, uno de los cuales, inclusive es proveniente del constitucionalismo clásico en lo que respecta al ejercicio del poder político, dado que comienza por definir al Estado como Unitario, lo que implica que Bolivia asumirá su organización estatal sobre la base de la unidad política y administrativa. En razón de ello, con el propósito de sustentar la importancia de ésta nueva configuración, nos limitaremos a desentrañar brevemente los elementos que configuran la naturaleza de la forma de Estado en el nuevo texto constitucional.

Para la comprensión íntegra de la norma constitucional anteriormente citada, la doctrina constitucional señala que el Estado Unitario es aquel modelo de Estado en el cual el ejercicio del poder político queda centralizado territorialmente, lo que equivale a decir que el gobierno central asume toda la autoridad para regir la actividad interna del Estado, a través de un determinado ordenamiento legal que rige en todo su territorio, caracterizándose en consecuencia por la centralización de sus poderes, dotándose de un solo centro de impulso político que acumula la totalidad de las atribuciones y funciones que corresponden a la entidad estatal, constando de un solo aparato gubernamental, que lleva a cabo todas las funciones del Estado. Lo indicado, implica la existencia de soberanía única e indivisible (artículo 7 constitucional), y en consecuencia, un Poder Constituyente único, que en el ámbito jurídico se manifiesta a través de la elaboración de una Constitución (artículo 411 constitucional), con legislación cuyo alcance rige los destinos y actividades de todo el Estado8.

Asimismo, en el constitucionalismo contemporáneo se considera que el Estado Social significa básicamente un modelo de organización social, política y económica que tiene su punto de partida

entre todos los sectores sociales. Para ello es importante que se socialice el contenido de la Constitución promulgada el 07 de febrero”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. Artículo que puede verse en el Libro colectivo: Estudios sobre la Constitución aprobada en enero de 2009. Cochabamba (Bolivia): Grupo Editorial KIPUS, 2009. Pág. 10. 7 “1 Kamachi. Bolivia markaxa mayachata kunaymana pachpa markachirinakana lurawiparjama yäkata, amtaparjama, qhisphita, p’iqiñchata, p’iqiñchirixa markachirinakata chhijnuqata kunaymana nayra markanakata pachpa markanakana amtaparjama, utt’ayatawa. Bolivia markaxa kunaymana qutu marka amuyirinakata, qullqita amuyirinakata, taripañata, sarawinakata, arunakata mayachata utnuqayatawa”. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. Machaqa Tayka Kamachi. La Paz (Bolivia): Central Gráfica, 2010. 8 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. Pág. 11.


en los valores supremos de la dignidad humana, la igualdad y la justicia (artículo 8 constitucional), y en el que además la política estatal esté orientada a garantizarle a su población las condiciones básicas para una existencia digna de seres humanos, como seres dotados de un fin propio, y no cual simples medios para fines de otros (artículo 9 constitucional). Esto significa que el papel del Estado no debe reducirse a resguardar el orden público, limitándose a no interferir ni vulnerar las libertades de las personas, sino que principalmente debe estar destinado a contrarrestar las desigualdades sociales existentes, ofreciendo a todos sus nacionales las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar sus necesidades materiales9.

Por otro lado, se debe señalar también que el Estado de Derecho significa que la actividad estatal se rige por un ordenamiento jurídico que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados, de tal forma que el Estado se rige por un ordenamiento en cuya cúspide se encuentra la Constitución, como Ley Fundamental del mismo, y en la cual se consagran los valores fundamentales como los máximos ideales de la sociedad; los principios fundamentales como los criterios rectores de la política interna y externa del Estado, informando a todo el ordenamiento jurídico y político (artículo 8 constitucional); los derechos fundamentales y garantías constitucionales, que operan como límites naturales al poder del Estado frente a los ciudadanos, así como al propio poder individual de unas personas frente a otras10 (artículos 13 y 14 constitucionales).

Respecto al modelo de Estado Plurinacional, a criterio del constitucionalista Rivera Santivañez, ciertamente el mismo no se encuadra en la doctrina constitucional clásica ni contemporánea, dado que se trataría de una nueva modalidad de organización política de la sociedad que, como manifiestan sus impulsores, se encuentra destinada a la descolonización de las naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo su autonomía territorial. “De manera que siguiendo los fundamentos expuestos en los debates de la Comisión Visión de Estado por quienes lo sustentan, podríamos inferir que se trata de un modelo de Estado que se organiza política, social y jurídicamente sobre la base de la unión de varias naciones y pueblos indígenas originario campesinos bajo una misma Constitución y Gobierno estatal, pero con el reconocimiento a esas naciones de su territorio propio, su régimen económico, su idioma, su sistema jurídico y el derecho de autogobernarse, con competencias administrativas, económicas y culturales; lo que implica que, en este modelo de Estado se parte del concepto de nación política, y no solamente del concepto de

9 “Ello implica que, el Estado debe desplegar políticas orientadas, entre otras, a proteger y atender de manera especial a los sectores sociales con mayores desventajas, como aquellos que tengan debilidad manifiesta por su condición económica, por carencia de trabajo, o por la disminución de su capacidad física, prestándoles asistencia y protección necesarias en el marco de las posibilidades económicas que estén a su alcance”. Ibidem. 10 Por lo tanto, “un Estado de Derecho tiene por finalidad mantener un clima de convivencia pacífica y armonía social, sobre la base del respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas, asegurando al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia (el maltrato y la discriminación), tanto estatal como particular, reprimiendo, incluso con la fuerza, las actividades violentas de los demás individuos que vulneran esa órbita de libertad y ponen en riesgo la vida, la salud y la dignidad humana”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. Pág. 12. (el agregado me corresponde).


nación cultural; de lo que podría concluirse que se trata de un Estado compuesto o asociado próximo a un Estado Federativo – autonómico, ya no de un Estado uninacional”11.

Sobre el tema, resulta necesario hacer referencia a la “Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado”, emergente de la Asamblea Nacional de Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores de Bolivia, “por un Estado Plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas”, presentada en la ciudad de Sucre, el día 5 de agosto de 2006, para su consideración y debate en la Asamblea Constituyente, en cuya parte introductoria se hace referencia a éste nuevo modelo de Estado, haciendo constar previamente que Bolivia, como los demás Estados de América Latina, había construido un modelo liberal caracterizado por la imposición de la cultura occidental que ha marginado y debilitado sus culturas originarias, así como sus sistemas políticos y jurídicos, siendo además que la división política administrativa impuso fronteras que rompieron las unidades territoriales tradicionales, llegando a resquebrajar la autonomía y control sobre la tierra y recursos naturales; “(…) Se ha impuesto un sistema jurídico uniforme, modelos de gobierno y administración de justicia ajenos, que favorecen los intereses del mercado y priva a los pueblos de sus medios de subsistencia, y por lo tanto deteriora nuestra calidad de vida. Pero a pesar de siglos de imposición hemos resistido y mantenido nuestras identidades, por eso en Bolivia hoy habitamos diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una convivencia solidaria y pacífica, por eso proponemos fundar un Estado Plurinacional Unitario”; entendiendo que el Estado Plurinacional “es un modelo de organización política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial, para alcanzar la vida plena, para vivir bien, con una visión solidaria, de esta manera ser los motores de la unidad y el bienestar social de todos los bolivianos, garantizando el ejercicio pleno de todos los derechos. Para la construcción y consolidación del Estado Plurinacional son fundamentales los principios de pluralismo jurídico

11 Ibidem. Algunos autores han llegado a afirmar en su momento que la transformación pluralista del Estado en Bolivia, es el proceso constituyente de un Estado Plurinacional. Así por ejemplo, Oscar Vega Camacho a tiempo de reflexionar sobre ésta transformación pluralista estatal, indicaba que plasmar en la nueva Constitución Política del Estado de Bolivia, la definición de un Estado Plurinacional como el eje articulador democrático, es la garantía constitucional de un inicio para los procesos de descentralización, desconcentración y descolonización. Asimismo, tratando de responder a la pregunta del ¿Por qué un Estado Pluirinacional? señala: “Esta interrogante que puede ser formulada desde la visión de una paradoja, es decir, para aquel pensamiento que hace una equivalencia entre Estado = nación, por supuesto que le parece una contradicción que se pueda albergar diversas naciones en un Estado. Pero esto presupone abstraer, por una parte, las diferentes modalidades de Estado que han existido y existen, sobre todo la construcción histórica de la forma Estado Nación; y por otra parte es desconocer e ignorar la realidad boliviana, su composición societal y las características político culturales de sus herencias y la emergencia de nuevas subjetividades identitarias. (…) El cómo surge la iniciativa del Estado Plurinacional, es de una Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado, que se presentó en Sucre el 5 de agosto de 2006 al instalarse la Asamblea Constituyente. (…) Un primer punto a considerar de esta propuesta, y que no es poca cosa para la experiencia política de nuestro país, (es que) participaron en su debate y elaboración todas las organizaciones indígenas de carácter nacional y regional. Esta firmada por la CSUTCB, CONAMAQ, CIDOB, CSCB, FMCBBS, CPESC, CPEMB, MST y APG; están todas las organizaciones del norte, sur, occidente, oriente, colonizadores, sin tierra, cocaleros, bartolinas, amazónicos, etcétera. Con este documento, hay una lección de unidad y articulación que no hemos visto ni percibido en la vida política del país en décadas”. (VEGA CAMACHO, Oscar. Reflexiones sobre la transformación pluralista, artículo que constituye la presentación del Libro colectivo: La transformación pluralista del Estado. La Paz (Bolivia): Muela del Diablo Editores, 2007).


(entendido como la coexistencia, dentro del Estado Plurinacional, de los sistemas jurídicos indígenas originarios y campesinos con el sistema jurídico occidental, en un plano de igualdad, respeto y coordinación), unidad, complementariedad, reciprocidad, equidad, solidaridad y el principio moral y ético de terminar con todo tipo de corrupción”12. Asimismo, en la propuesta se dejó establecido que la estructura del nuevo modelo de Estado Plurinacional implica que los poderes públicos tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas, según usos y costumbres, y de la ciudadanía a través del voto universal, debiendo determinarse necesariamente la forma en que se articularán los distintos niveles de la administración pública, y las autonomías territoriales13.

Por otro lado, en el mes de noviembre de 2008, antes de la aprobación del nuevo texto constitucional, el Vicepresidente del Estado Plurinacional, en su discurso ante la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a tiempo de explicar los Pilares de la Nueva Constitución Política del Estado, señalaba que el núcleo del texto constitucional es el Estado Plurinacional, vale decir “el reconocimiento de que Bolivia es una nación de naciones, es una nación donde estamos aymaras, quechuas, guaraníes, mojeños, trinitarios, ayoreos, mestizos, afrobolivianos, etc. (…) Alguien dirá que ya se reconoció que somos una sociedad pluricultural en 1993, y es cierto, se reconoció que somos una sociedad pluricultural, pero ahora la nueva CPE reconoce que somos un Estado Plurinacional, no (solamente) la sociedad plurinacional. El Estado, el poder político, las instituciones, son plurinacionales, ésa es la gran diferencia. (…) A partir de enero de 2009, el Estado será pluricultural, plurinacional, plurilingüe, pluriorganizativo, ése es el núcleo de nuestra nueva Constitución”. Asimismo, indicó también que Estado Plurinacional quiere decir también que si una persona quiere ser candidato para ejercer autoridad pública y ser

12 ASAMBLEA NACIONAL DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS, ORIGINARIAS, CAMPESINAS Y DE COLONIZADORES DE BOLIVIA. Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado, por un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas. Publicación de prensa: Sucre (Bolivia), 5 de agosto de 2006. 13 Por otro lado, y según los criterios expuestos en su momento por uno de los “teóricos” (si vale el término) del modelo plurinacional de Estado, el autor Álvaro García Linera (actual Vicepresidente del Estado Boliviano) después de analizar el desencuentro entre la vida estatal y la composición socioeconómica del país, recomendaba asumir con seriedad y franqueza el debate en torno a las etnicidades, comunidades culturales y naciones sin Estado, como sujetos políticos y territoriales decisivos para la conformación y consagración de cualquier orden estatal duradero en el país, y en este sentido llegó a indicar que ante el reconocimiento de identidades étnicas, culturales y lingüísticas en la mayor parte de su territorio y abarcando la mayor parte de su población, habrían varias opciones a emprender: “la primera es negar o simular un reconocimiento de esta diversidad, pero trazar políticas de extinción, ya sea vía la exclusión coercitiva de esas identidades o por medio de su devaluación simbólica que empujen a estrategias de autonegación étnica. (…) Otra opción es el potenciamiento de proyectos de autonomía nacional indígena que pudieran dar lugar a la formación de nuevos Estados de composición mayoritaria indígena (…) Una tercera opción, sería diseñar una nueva estructura estatal capaz de integrar en todo el armazón institucional, en la distribución de poderes y en su normatividad, a estas dos grandes dimensiones de la cualidad social boliviana; la diversidad étnica-cultural y la pluralidad civilizatoria de los regímenes simbólicos y técnicos procesuales de la organización del mundo colectivo. En términos de un régimen de derechos ciudadanos y de prácticas democráticas, esto significaría la constitución de un Estado plurinacional y multicivilizatorio”. (GARCÍA LINERA, Álvaro. Estado Plurinacional. Una propuesta democrática y pluralista para la extinción de la exclusión de las naciones indígenas. Artículo que puede verse en el citado Libro Colectivo: La transformación pluralista del Estado. Págs. 56-57). (el subrayado me corresponde)


funcionario del Estado, no solamente tiene que hablar castellano, sino que debe hablar también un idioma indígena; que además de ello se reconoce la democracia representativa a través de la elección de nuestros representantes, la democracia directa a través del referéndum revocatorio, y también la democracia comunitaria, a través de las asambleas, los cabildos, como una manera oficial de tomar decisiones a nivel local o regional; entendiéndose en consecuencia que lo plurinacional implica igualdad de todos, con los mismos derechos y oportunidades14.

Posteriormente, en el mes de marzo de 2009, después de la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, el mismo Vicepresidente del Estado Plurinacional, presentó una ponencia estableciendo los rasgos principales e identificando los ejes transversales para comprender e identificar ésta nueva forma de Estado Plurinacional, indicando que:

Todo Estado es una específica correlación de fuerzas, de luchas sociales. En el Estado, en tanto máquina política que monopoliza decisiones y representa el “yo colectivo”, hay colectivos, clases sociales e identidades que tienen mayor capacidad en la toma de decisiones y de representación, en relación a otros que no tienen la misma cualidad. Por tanto la correlación de fuerzas significa que no todos tienen la misma capacidad de influir, determinando el tipo de Estado de una sociedad.

Todo Estado es también un armazón institucional que convierte en normas, procedimientos, ministerios, decretos, leyes, burocracia, memoria y conocimientos, la correlación de fuerzas de una sociedad.

Un Estado es fundamentalmente idea, porque también monopoliza representaciones del mundo (lo correcto, lo incorrecto, lo deseable o indeseable, y cuáles son las expectativas de una sociedad). Un Estado regula, conduce y monopoliza las fundamentales ideas fuerza de una sociedad, y las ideas fuerza de este nuevo Estado, son que éste será el líder en la economía, pero nunca sustituirá ni anulará al resto de las fuerzas económicas de la sociedad, dado que hay que potenciar el mercado interno, pero a la vez también hay que vincularse con el externo. En el Estado Plurinacional, los indígenas son la fuerza motriz de la construcción del Estado15.

2. La Constitución, los Valores Supremos y Principios Fundamentales

Al respecto, se debe señalar que de acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho (que constituye la base estructural sobre la cual se ha desarrollado la configuración del actual Estado Plurinacional), es un sistema de organización social y política, basado en el imperio de la Constitución, como norma que obliga por igual a todos, los gobernantes y gobernados; hallándose estructurado sobre la base de determinados valores

14 GARCÍA LINERA, Álvaro. Los tres pilares de la Nueva Constitución Política del Estado. Estado Plurinacional, Economía Estatal y Estado Autonómico. Revista Discursos & Ponencias del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia). Año 2 – Número 4. La Paz, 4 de noviembre de 2008. 15 GARCÍA LINERA, Álvaro. El Estado Plurinacional. Revista Discursos & Ponencias del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (en la Escuela de Fortalecimiento y Formación Política “Evo Morales Ayma”. IV Seminario Taller: “La Nueva Bolivia”). Año 3 – Número 7. La Paz, 10 de marzo de 2009.


supremos y principios fundamentales, según los cuales se crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal, así como también se protegen efectivamente los derechos de las personas.

Asimismo, se puede agregar que desde una perspectiva jurídica la Constitución es la Ley Suprema del Estado cuyas normas regulan el sistema constitucional, lo que supone que proclama los valores supremos y principios fundamentales sobre los que se organiza y estructura el Estado; consagra los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas; delimita la estructura social, económica, jurídica y política; definiendo su régimen de gobierno, estableciendo los órganos específicos a través de los cuales se ejerce el poder político, determinando su estructura, organización y el ámbito de sus competencias. Por otro lado, desde una perspectiva netamente política, la Constitución se puede definir como un pacto social y político adoptado por el pueblo, en el cual se define el sistema constitucional del Estado, estableciendo las reglas básicas para lograr una convivencia pacífica16 y la construcción de una sociedad democrática, basada en los valores supremos, como ideales que una comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento jurídico y expresarlos en su estructura social‐económica‐política; los principios fundamentales, como los presupuestos lógicos y las líneas rectoras o básicas del sistema constitucional que orientan la política interna y externa del Estado; así como en los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, que operan como límites al ejercicio del poder político17.

En este sentido, actualmente la Nueva Constitución Política del Estado, además de declarar que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. (…)”, dedica su Capítulo Segundo a establecer expresamente los “Principios, Valores y Fines del Estado”, a cuyo efecto el artículo 8 constitucional declara que el Estado Plurinacional de Bolivia “asume y promueve como principios ético‐morales principios ético‐morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”; y asimismo señala que nuestro Estado “se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social

16 Al respecto se puede consultar: José Antonio RIVERA SANTIVAÑEZ. Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento. Cochabamba (Bolivia): FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, FUNDAPPAC y Oficina Jurídica para la Mujer, 2008. 17 De ahí que, dentro del Sistema Constitucional Boliviano, y según la norma prevista por el Artículo 1º-II de la Constitución Política del Estado reformada el año 2004 (anteriormente vigente), nuestro país Bolivia, era concebido como un Estado Social y Democrático de Derecho sustentado sobre la base de los valores supremos de libertad, igualdad y justicia, además de los principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales. Sin embargo corresponde hacer notar que si bien a partir de la reforma constitucional de ese año, los valores supremos se hallaban proclamados expresamente en el texto constitucional, el tema de los principios fundamentales no tuvo un tratamiento sistematizado, dado que no fueron proclamados como tales de manera explícita y ordenada en dicho texto, salvo por su desarrollo doctrinal y jurisprudencial.


y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien” 18.

Sin embargo de lo anterior, en las normas previstas por la Ley Fundamental, también subyacen los principios de: soberanía popular (artículo 7) separación de funciones (artículo 12), supremacía constitucional y jerarquía normativa (artículo 410), seguridad jurídica (artículo 178), legalidad (artículo 180), irretroactividad (artículo 123) y publicidad de las leyes (artículo 164), entre otros. A los efectos del presente estudio, por ahora únicamente nos interesará desarrollar el principio de supralegalidad constitucional, en relación a la posición que ocupa la Ley Fundamental en la jerarquía normativa y el mecanismo idóneo previsto por ella misma para su defensa y preservación.

3. El Principio de Supremacía Constitucional

En virtud al principio de supremacía constitucional, el orden jurídico y político del Estado Plurinacional de Bolivia está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución, norma máxima que obliga por igual a todos (gobernantes y gobernados), de manera que dentro del orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar constituyéndose en la fuente y fundamento de todas las demás normas jurídicas, por lo cual, toda ley, decreto o resolución debe subordinarse a ella y no puede contrariar sus disposiciones. Así también en el orden político la Constitución se erige en la fuente de legitimación del poder político pues la misma lleva implícita toda una filosofía de principios y valores supremos que sirven de orientación tanto a los gobernantes como también a los gobernados. En este sentido, la Constitución es considerada la norma fundamental de todo el orden jurídico, por cuya razón las disposiciones legales ordinarias e inferiores, al derivarse de ella, no pueden contrariarla ni tampoco desconocer los valores, principios, derechos y garantías que la misma consagra; de ahí que cualquier norma de menor jerarquía que sea manifiestamente contraria a la Constitución es prácticamente nula, y en consecuencia debe ser retirada y/o expulsada del ordenamiento jurídico19.

18 Por su parte el artículo 9 constitucional, en forma innovadora dispone expresamente que “Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. 2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. 4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. 19 En relación a los efectos que se derivan del Principio de Supremacía Constitucional, el Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional (SC) Nº 058/2002 de 8 de julio (en base al anterior texto constitucional reformado el año 2004), ha expresado: “el art. 228 de la Constitución Política del Estado establece que la Constitución Política es la Ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras


El principio señalado constituye a su vez una garantía de equilibrio en el ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales de las personas, por cuanto obliga a todos (gobernantes y gobernados) a encuadrar sus actos, decisiones y/o resoluciones, a la Constitución. A nivel doctrinal, la supremacía de la Constitución puede ser enfocada desde dos perspectivas: partiendo de su propio contenido, lo que implica una supremacía material; y del procedimiento de su elaboración, lo que significa la supremacía formal.

La supremacía material resulta del hecho de que la Constitución organiza las competencias de los órganos del poder público, por lo cual es superior a los individuos que están investidos de esas competencias, es decir los gobernantes que actúan como titulares de los poderes constituidos. En consecuencia, la supremacía material asegura para todas las personas un refuerzo de la legalidad, ya que no sólo las leyes contrarias a la Constitución serán consideradas nulas y desprovistas de valor jurídico, sino también todo acto contrario a ella, inclusive en el caso de que ese acto emane de los propios gobernantes.

La supremacía formal de la Constitución, se deriva de su carácter de rigidez, es decir, del hecho de que es fruto de la voluntad suprema, extraordinaria y directa, como es el Poder Constituyente, que expresa esa voluntad mediante procedimientos especiales de reforma, diferentes a los previstos para la ley ordinaria; por lo que, para modificar esas normas, se requiere igualmente de procedimientos especiales. De ahí que, cuando se trata de disposiciones cuyo contenido no sea propiamente de naturaleza constitucional, pero que por su particular importancia el constituyente ha considerado oportuno elevar a esa categoría, introduciéndolas en el texto de una Constitución, éstas, al igual que las demás, tendrán supremacía sobre cualquier otra norma legal ordinaria (así por ejemplo, la declaración constitucional de inexistencia de pena de muerte, la tipificación del delito de traición a la patria, la reivindicación marítima, entre otros)20.

resoluciones, sentando así el principio de supremacía constitucional, del que se derivan dos consecuencias: la primera, que no pueden dictarse leyes contrarias a la Constitución; y la segunda, que las autoridades públicas tienen la obligación de encuadrar sus actos a las reglas que dispone la Constitución Política del Estado”. 20 Por otro lado, con relación al contenido y alcances del referido principio fundamental, el Tribunal Constitucional en su SC 066/2005 de 22 de septiembre, ha definido que: “A su vez, del principio de supremacía constitucional, nacen los principios de interpretación de todo el ordenamiento conforme a la Constitución, principio de jerarquía normativa y unidad del ordenamiento (sub principios en sentido estricto). El primer principio se proyecta en un doble sentido: de un lado, impone al legislador la obligación de preservar, en el proceso de elaboración de las normas, que éstas guarden sujeción a la Constitución, y de otro, obliga a todos los poderes a realizar un juicio previo de constitucionalidad positiva de las normas a aplicar, de tal manera que si el juicio resulta negativo, o lo que es lo mismo, si de tal labor interpretativa se entendiera que la norma contradice a algún precepto o principio de la Constitución o existen dudas sobre su constitucionalidad, dado el carácter concentrado del sistema de control de constitucionalidad vigente, se debe formular o promover la consulta respectiva ante el Tribunal Constitucional; promoviendo de oficio el incidente de inconstitucionalidad previsto por el art. 59 y ss de la LTC”. Asimismo se puede agregar que la Supremacía Constitucional, en el constitucionalismo contemporáneo, no solamente se considera como Principio fundamental, sino también como un derecho de los ciudadanos al respeto y observancia de la Constitución por parte de todos los titulares de los órganos del Estado; aspecto que es abordado con mayor


4. El Principio de Jerarquía Normativa

El principio de la jerarquía normativa consiste en que la estructura jurídica del Estado se basa en ciertos grados y niveles jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional de la norma. Ello significa que dentro de dicha estructura normativa, se constituye una pirámide jurídica cuya cúspide está ocupada exclusivamente por la Constitución como principio y fundamento de todas las demás normas jurídicas. En otras palabras este principio implica la existencia de una diversidad de normas entre las que se establece una jerarquización específica, en virtud de la cual una norma situada en un rango inferior no puede oponerse a otra de superior rango, lo que implica a su vez que el ordenamiento adopta una estructura jerarquizada en cuya cima, indiscutiblemente se sitúa la Constitución21.

Actualmente, y de conformidad a lo previsto por el nuevo texto constitucional vigente en nuestro país, la pirámide jurídica como expresión del principio de jerarquía normativa en el Estado Plurinacional de Bolivia, constitucionalmente tiene una estructura subdividida en cuatro niveles:

1. Nueva Constitución Política del Estado;

2. Los tratados internacionales (que consagran derechos humanos);

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos (departamentales), las cartas orgánicas (municipales) y el resto de legislación departamental, municipal e indígena;

amplitud en la obra: Reflexiones Críticas sobre la Nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, de próxima publicación. 21 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Procesos Constitucionales en Bolivia. Segunda Edición actualizada. Cochabamba (Bolivia): Grupo Editorial KIPUS, Marzo de 2004. Págs. 17-19. Al respecto se puede agregar que el art. 228 de la Constitución reformada el año 2004, disponía textualmente lo siguiente: “La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”. La norma consignada en esta disposición constitucional proclamaba simultáneamente dos principios fundamentales: a) el principio de la supremacía constitucional, que consiste en que el orden jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la Constitución que obliga por igual a todos, los gobernantes y gobernados; y b) el principio de la jerarquía normativa, que consiste en que la estructura jurídica de un Estado se basa en criterios de niveles jerárquicos que se establecen en función de sus órganos emisores, su importancia y el sentido funcional. Esto significa que dentro del ordenamiento jurídico del Estado, se ha construido una pirámide jurídica en la que el primer lugar (la cima) ocupa la Constitución como principio y fundamento de las demás normas jurídicas. (Sobre éste aspecto puede verse la SC Nº 0019/2005, de 7 de marzo de 2005, disponible en la Página Web del Tribunal Constitucional de Bolivia). Actualmente, ambos principios se encuentran consagrados en el contenido del artículo 410, parágrafo II de la Nueva Constitución Política del Estado, aprobada mediante referendo popular en enero de 2009, que textualmente prevé lo siguiente: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado; 2. Los tratados internacionales; 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena; 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”.


4. Los decretos (supremos), reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

Cabe hacer notar que en Bolivia los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa se encontraban simultáneamente consagrados en la norma prevista por el Artículo 228º de la Constitución (reformada en los años 1994 y 2004)22, sin embargo esa definición era incompleta e imprecisa, pues sólo de manera general y enunciativa indicaba que la Constitución Política del Estado es la Ley fundamental del ordenamiento jurídico del Estado y que debe aplicarse con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones23.

Así por ejemplo, uno de los aspectos que no estaba expresamente definido por la Constitución Política anteriormente vigente, era el lugar específico que ocupaban los tratados y convenios internacionales en el orden jerárquico de la normatividad boliviana; ya que no se determinó de manera clara y explícita si tenían un valor superior o inferior a la norma constitucional; es decir que el mismo texto constitucional no especificaba si aquellos se encontraban por encima de la Constitución o si estaban subordinados a las previsiones contenidas en ella. En este sentido, se puede afirmar que de la revisión de los antecedentes constitucionales de nuestro país, la Constitución Política del Estado vigente desde 1967 ‐con las posteriores reformas efectuadas en los años 1994 y 2004‐, no contenía entre sus normas, disposiciones expresas sobre éste aspecto, aunque sin embargo se debe hacer notar que los trámites en relación a la ratificación y puesta en vigencia de los tratados internacionales, se hallaban sujetos definitivamente a los idénticos trámites de aprobación de las leyes, vale decir que se requería su sanción por el “H. Congreso Nacional”, para su promulgación respectiva por parte del antes denominado “Poder Ejecutivo”, lo que significa que era precisamente mediante una “Ley de la República” que el Congreso Nacional aprobaba los tratados o convenciones internacionales, para su promulgación por medio del Presidente de la República, por lo cual obviamente de manera implícita tenían la misma jerarquía que una ley ordinaria, considerando además que éste carácter infraconstitucional de dichos instrumentos internacionales, era posible de deducirse por el contenido del Artículo 120º‐9ª de la Constitución anterior, que otorgaba al Tribunal Constitucional la facultad de conocer y resolver sobre la constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales.

22 De ahí que, respecto a los alcances del principio de jerarquía normativa, el Tribunal Constitucional en su SC 072/2004 de 16 de julio, definió el citado principio indicando que el mismo “significa que una disposición legal sólo puede ser modificada o cambiada mediante otra disposición legal de igual o superior jerarquía; en ningún caso una disposición legal inferior puede modificar a otra de jerarquía superior; así por ejemplo una Ley no puede ser modificada mediante un Decreto Supremo, y éste no puede ser modificado mediante una Resolución. Precisamente en el resguardo del principio fundamental de la jerarquía normativa, así como de la seguridad jurídica, la norma prevista por el art. 59. 1ª de la Constitución (de 2004) dispone que es potestad del Poder Legislativo el dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas”. 23 En este sentido debe advertirse que la Constitución (reformada en 1994 y 2004) no hacía una descripción más rigurosa de los niveles y jerarquías de las diferentes clases de leyes; de manera que en caso de producirse una contradicción entre dos leyes ordinarias, para establecer la primacía de una de ellas tenía que efectuarse necesariamente una interpretación constitucional. Por otro lado, tampoco hacía una clasificación precisa respecto a los Decretos y Resoluciones, ya que entre éstas últimas, por ejemplo, no existía una clara jerarquización entre las resoluciones prefecturales y las resoluciones municipales, de manera que ante un conflicto entre ambas tenía que acudirse necesariamente al Tribunal Constitucional.


Sin embargo en la actualidad, la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene entre sus aportes más importantes la virtud de prever entre sus disposiciones (Artículo 13, parágrafo IV), que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”, y en complemento de lo anterior, también se ha dispuesto expresamente que “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos” (Artículo 14, parágrafo III), de lo cual se puede inferir que el nuevo Estado Plurinacional, a través de la Constitución ha decidido seguir la tendencia de otorgar una jerarquía especial con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos a favor de los ciudadanos24.

5. El Control de Constitucionalidad

Una lógica consecuencia del principio de la supremacía constitucional anteriormente descrito, es que la propia Constitución debe prever entre sus normas los mecanismos e instituciones que garanticen su cumplimiento, ya que de lo contrario, sus normas quedarían en una simple declaración formal, debido a que siempre existirá alguna autoridad pública gubernamental, un órgano de poder, o un particular inclusive, que encontrándose en situación de poder o autoridad, por acción u omisión, incumpla con el citado principio e infrinja la normativa constitucional. Es por ello que el constituyente generalmente prevé medios y mecanismos de defensa de la Constitución, y del principio de la supremacía constitucional. Entre esos mecanismos de defensa se pueden identificar básicamente los siguientes: a) el procedimiento especial o rígido para la reforma de la Constitución; y b) un sistema de control de constitucionalidad.

Respecto al primer elemento, se puede señalar de manera general que un requisito esencial para la existencia del control de constitucionalidad de las leyes y de los actos estatales, es que la Constitución sea rígida total o parcialmente, es decir, que esté ubicada en la cima de la jerarquía normativa y que además solamente pueda ser reformada mediante un procedimiento especial, con una votación parlamentaria cualificada, distinta a la que se emplea para reformar una ley ordinaria, lo que supone necesariamente que la misma deberá ser reformada, bien sea por el poder constituyente derivado (Asamblea Constituyente o Referéndum popular), o por el poder constitucional reformador (Órgano Legislativo).

En este sentido, la Constitución Boliviana aprobada en enero de 2009, ha previsto la posibilidad de la reforma total o parcial de su contenido (artículo 411), teniéndose en cada caso condiciones específicas de procedencia, y supeditando su validez a la participación ciudadana en forma ineludible, mediante el referendo constitucional convocado al efecto, de acuerdo a lo siguiente:

24 Un análisis crítico sobre la Nueva Constitución puede encontrarse en: RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Hacia Una Nueva Constitución. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento. Cochabamba (Bolivia): FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, FUNDAPPAC, 2008.


“I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio”.

Respecto al segundo elemento, referido a la existencia del control de constitucionalidad, a continuación se desarrollará un breve estudio sobre los sistemas de control de constitucionalidad.

5.1. Conceptualización y dimensiones

A los fines del presente trabajo, de manera general se puede conceptualizar al control de constitucionalidad como aquella acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la cual debe ser acatada y cumplida por todos los órganos del poder público, por los gobernantes y gobernados, así como también debe ser aplicada con preferencia a las leyes, decretos o resoluciones25. Se trata en realidad de una acción de verificación de la compatibilidad y conformidad de las disposiciones legales, actos, decisiones y resoluciones de los gobernantes, con los valores supremos y principios fundamentales, así como los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de las personas, que se hallan consagradas por la Constitución.

En síntesis, es una acción encaminada a verificar el cumplimiento de las condiciones de validez constitucional del ejercicio del poder político en una triple dimensión: a) la normativa, a partir de la verificación de las condiciones de validez formal y material de las disposiciones legales, b) la

25 “El control de constitucionalidad en su naturaleza misma es una acción política, no sólo porque esa labor suele estar encomendada a un organismo esencialmente político (como es el propio Legislativo) o a un otro organismo especial (como es el caso del Consejo Constitucional en Francia, instituido de manera similar a lo que fue el Consejo de Estado en Bolivia), sino porque el control importa una revisión de los actos o decisiones adoptadas por las autoridades políticas, pues en esencia, el control de constitucionalidad está establecido para resolver las controversias constitucionales dentro del Estado, controversias que tienen connotaciones políticas porque derivan del ejercicio del poder, aunque la solución se la realiza por medio de criterios y métodos jurídicos. En consecuencia, no obstante que el control esté a cargo de un organismo jurisdiccional y sometido a procedimientos judiciales especiales, como dice Loewenstein, el control de la constitucionalidad es, esencialmente, control político y cuando se impone frente a los detentadores del poder es, en realidad, una decisión política. (…)” (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág. 22).


tutelar, que consiste en resguardar y proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales contra los actos o resoluciones ilegales o indebidos que los vulneren; y c) la de control del ejercicio del poder político, esto es, verificar que los diferentes órganos del poder constituido ejerzan sus funciones en el marco de las competencias asignadas por la Constitución.

5.2. Fundamentos jurídicos del control de constitucionalidad

Considerando que el control de constitucionalidad es una consecuencia del principio de supremacía de la Constitución, la justicia constitucional debe ser considerada como una manifestación del Estado Constitucional, en cuanto supone la consagración del principio de supralegalidad constitucional, la tutela de los derechos y libertades y la aceptación del principio de división del ejercicio del poder político, de lo que se infiere que el control de constitucionalidad es el mecanismo de defensa de la Constitución; por lo tanto, es el mecanismo de control del ejercicio del poder político, haciendo efectivos los límites a su ejercicio previstos por las Constitución; y finalmente, es el mecanismo de protección y defensa de los derechos humanos; en resumen, es el mecanismo idóneo para racionalizar el poder político del Estado, así como el poder individual de los ciudadanos.

De ahí que, una de las características esenciales de un Estado democrático constitucional de Derecho en el constitucionalismo contemporáneo, es que su sistema constitucional esté dotado de una jurisdicción constitucional ejercida a través de las Cortes o Tribunales Constitucionales; pues debe tenerse presente que la justicia constitucional con las características actuales surge como reacción ante la crisis del concepto clásico de Constitución, ya que se adquiere plena conciencia de que ésta deja de ser una simple declaración de principios, para convertirse en una norma directamente aplicable. En este sentido se debe considerar que el control de constitucionalidad inicialmente se estructuró como un sistema de control de la compatibilidad de las leyes con la Constitución; tuvo su configuración en la tendencia racionalizadora del poder, como una reacción frente a la primacía parlamentaria; de manera que las disposiciones legales ordinarias, para tener validez legal, no solamente cumplan con la formalidad de ser emitidas por el Órgano Legislativo, sino se encuadren en las normas de la Constitución y sean compatibles con el sistema de valores y principios fundamentales sobre los que se estructura el Estado de Derecho.

A partir de la segunda posguerra mundial, el control de constitucionalidad surge como una manifestación del Estado democrático constitucional de Derecho, en cuanto supone la consagración del principio de supralegalidad constitucional, es decir, la supremacía de la Constitución, la tutela de los derechos fundamentales de las personas y la configuración moderna del principio de separación de funciones o división del ejercicio del poder político, tanto en su aspecto horizontal como vertical o territorial. Entonces, en el nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho, que se configura sobre la base del constitucionalismo contemporáneo, el control de constitucionalidad abarca los tres ámbitos importantes detallados anteriormente: a) el control normativo, es decir, el control de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales, sean éstas las expedidas por el Órgano Legislativo como leyes, o las expedidas por el Órgano Ejecutivo como decretos que reglamentan las leyes; b) el control tutelar


para la protección de los derechos humanos, positivados por la Constitución como derechos fundamentales, restableciéndolos en los casos en que sean restringidos o suprimidos de manera ilegal o indebida; y, c) el control del ejercicio del poder político, preservando el respeto del principio de la separación de funciones o la división del ejercicio del poder político, en su sentido vertical o territorial como en su sentido horizontal, resolviendo los conflictos de competencia que se suscitan entre los diferentes órganos del poder público, así como entre los diferentes niveles de gobierno26.

5.3. La Constitucionalización del Ordenamiento jurídico como fundamento de la justicia constitucional contemporánea

Para comprender los fundamentos de la justicia constitucional contemporánea ejercida por las Cortes o Tribunales Constitucionales, resulta necesario también referirse al modelo de Estado Democrático Constitucional de la segunda mitad del Siglo XX y adoptado en el marco del constitucionalismo contemporáneo, frente al Estado de Derecho Legislado y adoptado a partir de la Revolución Francesa en el marco del constitucionalismo clásico. A este efecto se debe recordar, que el Estado Constitucional se estructura sobre la base de los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías constitucionales. De ahí que, en el modelo de Estado Democrático Constitucional de Derecho cambian las condiciones de validez de las leyes, pues ya no dependen sólo de la forma de su producción ‐es decir que sean emitidas por un Poder Legislativo‐, sino también, y principalmente, su validez y legitimidad dependen de la coherencia de sus contenidos con el sistema de valores y principios constitucionales.

Bajo los fundamentos señalados, el Estado democrático constitucional de Derecho tiene como característica la generación de un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico, que consiste principalmente en la transformación de un ordenamiento jurídico, al término del cual el mismo resulta totalmente impregnado por las normas constitucionales, de manera que la finalidad de ese proceso es que el Estado Constitucional cuente con un ordenamiento jurídico constitucionalizado, que se caracterice por tener una Constitución totalmente invasora, cuya fuerza expansiva sea capaz de condicionar tanto la legislación como la jurisprudencia y la doctrina, la acción de los actores políticos, así como las relaciones sociales.

Siguiendo la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional cabe señalar que, para que el ordenamiento jurídico del Estado se considere constitucionalizado, es necesario que se cumpla básicamente con las siguientes condiciones:

1º Una Constitución rígida, esto es, que la Ley Fundamental no pueda ser modificada en cualquier momento por los órganos del poder constituido y mediante los mecanismos previstos para la modificación de las leyes ordinarias, sino únicamente mediante el Poder Constituyente derivado y a través de procedimientos especiales.

26 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEFENSOR DE LA CONSTITUCIÓN. Reflexiones sobre la necesidad de su consolidación y fortalecimiento institucional. Sucre (Bolivia): GTZ – PADEP, Union Europea, AECI, 2007. Pág. 21.


2º La garantía jurisdiccional de la Constitución, lo que significa que deberá crearse un órgano estatal independiente, autónomo y especializado que desarrolle el control de constitucionalidad con facultades decisorias, cuyas resoluciones tengan carácter obligatorio y la doctrina creada por el mismo tenga efecto vinculante. 3º La “sobreinterpretación” de la Constitución, es decir que la Ley Fundamental que consagra los valores supremos, los principios fundamentales y los derechos constitucionales de la persona, debe merecer una constante interpretación ‐por parte del órgano contralor de constitucionalidad creado al efecto‐ para lograr que la Constitución formal responda y concuerde con la Constitución material, de manera tal que aquella sea una norma viva (y permanezca vigente en el tiempo sin caer en desuso); ello obligará al intérprete máximo a extraer las normas implícitas consignadas por el constituyente en el texto de la Constitución. 4º La aplicación directa de las normas constitucionales, lo que supone un cambio radical de concepción de la Ley Fundamental del Estado, pues a diferencia de la concepción clásica, en la que la Constitución era considerada una mera carta política que definía la organización y funcionamiento de los órganos del poder público, en el constitucionalismo contemporáneo se considera que la Constitución es la norma fundamental que consigna los valores supremos, principios fundamentales y asimismo consagra derechos fundamentales de la persona, por lo que se hace aplicable a las relaciones de los ciudadanos con el Estado, y es útil para la solución de conflictos específicos de relevancia constitucional. 5º La interpretación de las leyes conforme a la Constitución, ello significa que, en aplicación de los principios fundamentales de la supremacía constitucional y jerarquía normativa, la legislación ordinaria debe ser interpretada desde y conforme a la Constitución para su aplicación en la solución de un caso concreto, de manera que sólo será aplicable aquella interpretación que sea compatible con la Constitución, descartando aquella interpretación que sea contraria o contradictoria con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental del Estado27.

Es precisamente en ese nuevo escenario creado por el constitucionalismo contemporáneo que se fundamenta la existencia de las Cortes o Tribunales Constitucionales, como jurisdicciones especializadas para ejercer el control de constitucionalidad, defendiendo la Constitución, protegiendo la vigencia del sistema democrático, velando por el mantenimiento del núcleo esencial de los derechos fundamentales y, garantizando la sujeción de los órganos del poder

27 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Tribunal Constitucional en el Nuevo Modelo de Estado; puede verse en: IX SEMINARIO INTERNACIONAL: Justicia Constitucional y Estado de Derecho, (La Paz, 7 al 9 de junio de 2006). Memoria Nº 10. Sucre (Bolivia): Imprenta “Imag”, 2006. Pág. 129.


público a la Constitución28. Por todo ello, en la actualidad no puede concebirse un Estado Social y Democrático Constitucional, sustentando en el constitucionalismo contemporáneo, sin que contenga en su estructura una justicia constitucional ejercida por las Cortes o Tribunales Constitucionales, puesto que ‐y como dice García de Enterría‐, “una Constitución sin Tribunal Constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados es una Constitución herida de muerte”, a lo cual muy acertadamente el autor boliviano José Antonio Rivera agrega: “que en el Siglo XXI no existe ni puede existir un Estado Constitucional sin un Tribunal Constitucional como guardián y máximo intérprete de la Constitución, y protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales”29. 5.4. Presupuestos jurídicos indispensables para la existencia del control de constitucionalidad

Es importante señalar que la justicia constitucional, a través de la cual se ejerce el control de constitucionalidad en defensa de la Constitución, se fundamenta en la necesidad de salvaguardar el sistema constitucional que se configura sobre la base del sistema de valores supremos como la igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad humana, el pluralismo y la solidaridad, los principios fundamentales, así como los derechos fundamentales y las garantías constitucionales de la persona; en el propósito de garantizar la convivencia social pacífica, y el resguardo del régimen democrático con un gobierno limitado por la Constitución, que se configura sobre la base del sistema de los pesos y contrapesos; de tal manera que se pueda prevenir la tiranía de la mayoría y evitar que los poderes de decisión política asuman formas y contenidos arbitrarios. Ahora bien, para la existencia de una justicia constitucional idónea y eficaz, y así configurar un sistema de control de constitucionalidad efectivo y adecuado, que cumpla con su misión de máximo guardián y último intérprete de la Constitución, es necesario que concurran los siguientes requisitos o presupuestos jurídicos:

1) La existencia de una Constitución total o parcialmente rígida

Un requisito esencial para la existencia del control de constitucionalidad de las leyes y los actos estatales, es que la Constitución sea rígida total o parcialmente, es decir, que esté ubicada en la cima de la jerarquía normativa del Estado y sólo pueda ser reformada mediante un procedimiento extraordinario y de votación cualificada, que sean distintos a los que se emplean para reformar una ley ordinaria, lo que supone necesariamente que la misma deberá ser reformada, bien sea por el poder constituyente derivado (Asamblea

28 “Es que, como dice Ricardo Haro, una de las manifestaciones más excelsas del Derecho ha sido surgida del constitucionalismo contemporáneo, que realizó una de las mayores revoluciones en la dialéctica y conflictiva relación entre la sociedad y el Estado, y justificó su origen y desarrollo en dos premisas trascendentales: la primera, la afirmación y protección de la dignidad de la persona humana, y; la segunda, la división y equilibrio del poder público y sus funciones. Y es que el logro de esas dos premisas, sólo fue posible con la creación y funcionamiento de un sistema de control de constitucionalidad como elemento esencial del nuevo Estado social y democrático constitucional.” (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Temas de Derecho Procesal Constitucional. Cochabamba (Bolivia): Grupo Editorial KIPUS, Junio de 2007. Págs. 27-30). 29 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Tribunal Constitucional Defensor de la Constitución. Pág. 45


Constituyente o Referéndum popular), o por el poder constitucional reformador (Congreso Nacional).

A este efecto, se entiende que si la Constitución es flexible se ubicaría en el mismo rango que una ley ordinaria; en cuyo caso las leyes ordinarias tienen la misma jerarquía constitucional, por lo tanto es imposible que sean contrarias a la Constitución, ya que de ser así no la estarían contrariando, sino derogando o modificándola implícitamente. En consecuencia, como dice el autor argentino Néstor Pedro Sagüés, “el primer ingrediente para definir un sistema completo de control de constitucionalidad de las normas ordinarias gira en torno a la necesidad de que la Constitución sea rígida, ya que ese carácter hace que no sea como las demás leyes ordinarias; y que, por ello, tenga supremacía sobre éstas. La Constitución rígida es superley”30.

2) La existencia de un órgano de control que sea independiente y autónomo de los demás órganos sometidos al control

El segundo requisito importante para la existencia del control de constitucionalidad es que el órgano encargado del control tenga independencia, constituyéndose en un organismo distinto y separado con relación a los demás órganos cuyos actos, decisiones o resoluciones controla. En efecto, tomando en cuenta que la jurisdicción constitucional controla los actos, decisiones y resoluciones de los órganos del poder constituido, la labor del control de constitucionalidad no puede encomendarse al mismo órgano del que emana la disposición legal o acto que debe ser sometido al control porque, como dice Karl Loewenstein ‐citado por RIVERA SANTIVAÑEZ‐ “el Parlamento que ha emitido la ley es el menos apropiado para convertirse en defensor de la Constitución. Los conejos no son, generalmente, los guardianes más seguros del jardín. No se puede esperar de la asamblea (de representantes nacionales), o de la mayoría de sus miembros, que se corrija a sí misma”.

Además de lo anterior, debe señalarse que no solamente tiene que ser diferente de los órganos controlados, sino independiente de ellos, es decir no debe existir ninguna relación de dependencia (directa o indirecta) frente a los órganos controlados, de manera que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no esté subordinado ni sometido si no es a la

30 “La nota esencial de una constitución rígida estriba en su superioridad sobre los estatutos ordinarios. Tal superioridad se logra porque dichas constituciones son modificadas por procedimientos diferentes a aquellos por los que se dictan y revocan las demás leyes. En otras palabras, no es necesariamente la implementación de un órgano constituyente sui generis de elaboración de la constitución -diferente del parlamento ordinario- lo que la hace rígida, sino la exigencia (para su enmienda o sanción) de un trámite distinto y más severo que el procedimiento legislativo común. (…) En resumen: el componente liminar para que pueda configurarse un engranaje de control de constitucionalidad es la existencia (esto es, la vigencia real) de uno o más tramos rígidos en la Constitución. Dichos sectores (o la totalidad de la Constitución) no modificables por el procedimiento legisferante ordinario, tienen supremacía constitucional y justifican, en principio, invalidar al derecho infraconstitucional que se les oponga” (SAGÜÉS, Néstor Pedro. Teoría de la Constitución. Buenos Aires (Argentina): Editorial ASTREA, 2001. Págs. 432-434).


Constitución y las leyes31, entendiéndose que toda relación de dependencia genera necesariamente subordinación, y si hay subordinación “es absolutamente ingenuo pensar ‐dice Vanossi‐ que estando sujeto el controlante al controlado pueda ejercer uno sobre otro función de control”.32

3) El órgano encargado de efectuar el control debe estar dotado de facultades decisorias

La siguiente condición esencial paras la adecuada configuración de un sistema de control de constitucionalidad, y el funcionamiento de una jurisdicción constitucional especializada, idónea y eficaz, es que el órgano encargado del control tenga facultad y potestad de decisión definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma legal ordinaria. Vale decir, es insuficiente que el órgano encargado del control sea diferente e independiente del o de los órganos cuyos actos o decisiones controla, sino que también es necesario que las decisiones emanadas del órgano encargado del control de constitucionalidad, sobre la conformidad o disconformidad de la disposición legal con la Constitución, sean definitivas e irrevisables además de vinculantes u obligatorias para todos los gobernantes y gobernados. Esto significa que si la resolución pronunciada por el órgano encargado del control es meramente indicativa, sin tener carácter obligatorio y/o vinculante, o está sujeta a la decisión final del Órgano Legislativo, pierde su esencia y efectividad.

El control de constitucionalidad se realiza generalmente a través de procedimientos extraordinarios de tramitación especial. Una de las características de dichos procedimientos es que se los realiza en única instancia, de manera que contra la resolución pronunciada por el órgano encargado del control no se admite recurso ulterior alguno. Por eso, la ley específica y de desarrollo constitucional, que institucionaliza el

31 Así también, según Kelsen, “No es pues el Parlamento mismo con quien se puede contar para realizar su subordinación a la Constitución. Es un órgano diferente a él, independiente de él y, por consiguiente, también de cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales, esto es, a una jurisdicción o tribunal constitucional”. Es por ello que, “tomando en cuenta el doble carácter del control de constitucionalidad, jurídico en su objeto y político en sus resultados, es comprensible que el organismo encargado del control en general y sus miembros en particular estarán siempre expuestos a una serie de presiones de tipo político. Es frente a esa situación que se requiere, por un parte, de un organismo independiente de los órganos cuyas decisiones controla y, por otra, que los titulares del organismo comprendan la magnitud de su labor así como su independencia, la que deben practicarla y hacer prevalecer en todo momento, y con mayor razón cuando se ejerza o pretenda ejercer presiones políticas sobre ellos.” (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág. 25). 32 “Para terminar, corresponde observar que la anhelada separación e independencia del órgano de control en cuanto al órgano controlado, no siempre se instrumenta del modo deseado. Por ejemplo, si un Tribunal Supremo (órgano de control de constitucionalidad) puede ser removido por medio del juicio político por el Parlamento (órgano controlado), o si precisa aquél la confirmación o reelección de sus miembros por éste, en determinados plazos o circunstancias, es obvio que no hay una conveniente situación de independencia. Los mecanismos de designación y de remoción de los integrantes de los órganos de control constitucional, sintetizando, son decisivos para evaluar el grado real de autonomía de esos organismos”. SAGÜÉS, Néstor Pedro. Teoría de la Constitución. Pág. 436.


organismo de control y regula los procedimientos del control, debe garantizar tanto el poder de decisión del organismo de control, disponiendo el carácter obligatorio y vinculante de sus decisiones, así como el carácter definitivo e irrevisable de las mismas, consagrando el principio de la cosa juzgada constitucional33.

4) La facultad de las personas afectadas o con intereses legítimos, de impugnar por sí mismas el precepto o acto inconstitucional

Un requisito inherente a la naturaleza misma del control de constitucionalidad, es el referido a la legitimación activa reconocida a los ciudadanos como un derecho de acceso al control. Esto implica que la legislación que regula la organización y funcionamiento del órgano encargado del control, así como los procedimientos para la realización del control, reconozca el derecho de los ciudadanos a solicitar el control de constitucionalidad en defensa de la Constitución y de los derechos y garantías que ésta proclama. Cabe recordar que el derecho de las personas a solicitar el control de constitucionalidad está relacionado con lo que en doctrina se conoce como la legitimación activa. Tomando en cuenta que el control de constitucionalidad abarca no sólo el ámbito normativo sino la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, el análisis del tema corresponde ser abordado en ambas dimensiones.

En cuanto concierne al ámbito del control de la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, no existe mayor problema, por cuanto la doctrina y la propia legislación reconocen legitimación activa irrestricta a las personas para solicitar la tutela de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales frente a los actos, resoluciones u omisiones ilegales o indebidas que los restringen o suprimen34 (salvo en el caso de los

33 “Para que nazca un completo sistema de control de constitucionalidad, por ende, no basta que los órganos de control sean independientes de los órganos controlados; es necesario, asimismo, que aquellos puedan sentenciar con vigor jurídico el juicio de inconstitucionalidad. Si su pronunciamiento es meramente indicativo, no obligatorio, el régimen desemboca a la postre en un procedimiento de auto control, el cual no es del todo satisfactorio” (SAGÜÉS, Néstor Pedro. “Teoría de la Constitución”. Pág. 436). “En definitiva, de lo que se trata es que el organismo competente de ejercer el control de constitucionalidad emita resoluciones que adquieran el carácter de cosa juzgada y que sus declaraciones de inconstitucionalidad tengan un efecto general o erga omnes, de manera que a disposición legal o la norma incompatible con la Constitución sea expulsada (total o parcialmente) del ordenamiento jurídico” (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág. 26). 34 “No se puede decir lo mismo en cuanto se refiere al control normativo, toda vez que, respecto a la legitimación activa en éste ámbito, existen dos posiciones contrapuestas. (…) Quienes sustentan la tesis de otorgar la legitimación activa irrestricta parten del principio de la dignidad humana, por el que toda persona siempre debe tener el derecho a que se le aplique una norma constitucional y no la norma inconstitucional. Como señala Sagüés, esta tendencia posibilita a cualquier particular afectado, a reclamar ante el órgano competente por un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la norma, acto u omisión que lo agravia. Sobre esa base es que algunos países han instituido la acción popular de inconstitucionalidad. (…) Los que sustentan la tesis de la legitimación activa restringida argumentan su posición en el hecho de que una legitimación activa irrestricta daría lugar a que se traslade el debate político, del legislativo al órgano jurisdiccional de control de constitucionalidad, con el riesgo de desnaturalizar el sistema de control de constitucionalidad y generar un congestionamiento de causas. (…)”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Obra Citada. Pág 26.


derechos colectivos o de los pueblos, donde ciertamente se plantean dificultades en la legitimación activa).

5) El sometimiento de todo el sistema normativo estatal al control de constitucionalidad

Finalmente, un requisito importante para que funcione el sistema de control de constitucionalidad, es el sometimiento de toda actividad estatal al control, y esto en virtud del principio de supremacía de la Constitución, por el cual toda norma legal ordinaria debe estar subordinada a sus disposiciones, de manera que el control de constitucionalidad deberá abarcar al conjunto de normas infraconstitucionales, además a toda resolución, acto u omisión de autoridad pública.

Cabe recordar que en un Estado Democrático Constitucional ninguna de las autoridades o funcionarios poseen poderes ilimitados, por lo tanto no pueden ni deben sustraerse del control de constitucionalidad, toda vez que un adecuado funcionamiento del Estado Democrático Constitucional y el desarrollo equilibrado de las relaciones entre las personas particulares y el Estado, conlleva necesariamente el establecimiento, en las normas de la Constitución, de límites al accionar de las autoridades o funcionarios. En definitiva, toda actividad estatal, sea proveniente del órgano Legislativo, Ejecutivo o Judicial, debe y tiene que estar sometida al control, no pudiendo establecerse ningún tipo de régimen de excepción, dado que si algún sector del ordenamiento jurídico en vigencia, o de la actividad estatal no puede ser enjuiciado constitucionalmente, no se tipificaría en ese caso un régimen completo e idóneo de control de constitucionalidad35.

6) La facultad interpretativa definitiva y vinculante del órgano contralor de constitucionalidad

A los efectos del presente ensayo, y en complemento de los presupuestos jurídicos detallados precedentemente, es indispensable ‐a criterio del autor‐ agregar el referido a la facultad interpretativa de carácter definitivo y vinculante que debe poseer el órgano encargado de realizar el control de constitucionalidad. En efecto, y considerando que en el constitucionalismo contemporáneo, y en el marco del principio de la supremacía constitucional, actualmente se otorga un valor normativo a la Constitución (razón por la que sus normas axiológicas, dogmáticas y orgánicas son consideradas de aplicación directa), y en el entendido que la jurisdicción constitucional consiste básicamente en un conjunto de procedimientos destinados a realizar el control, la defensa e interpretación de la Constitución, de ahí mismo se desprende que una de las funciones esenciales que desarrollan los Tribunales o Cortes Constitucionales, consiste en la Interpretación de la Constitución36.

35 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Obra Citada. Pág. 28. 36 Al respecto cabe hacer notar que en la doctrina española, hace algún tiempo atrás se ha realizado la diferenciación concreta entre la Interpretación de la Constitución, frente a lo que es la interpretación


En este sentido, resulta imprescindible que el órgano especializado en el control de constitucionalidad (llámese Tribunal, Corte o Sala Constitucional) sea configurado como el supremo intérprete de la Constitución, constituyéndose en el único órgano autorizado constitucionalmente a establecer con carácter definitivo el sentido preciso de los alcances contenidos en las normas constitucionales, dado que por la naturaleza de su labor jurisdiccional se encuentra necesariamente determinado a realizar una constante interpretación de las normas constitucionales así como de las disposiciones legales sometidas a su control, a cuyo efecto tendrá que emplear los diferentes criterios y principios que han sido desarrollados por la doctrina constitucional contemporánea y que rigen la interpretación constitucional, debiendo efectuar sobre todo una interpretación creativa37.

Finalmente, en lo referido concretamente a la vinculatoriedad de la interpretación, se debe considerar que la Constitución es una norma jurídica suprema con carácter vinculante para los ciudadanos y los poderes públicos, siendo por lo mismo de aplicación directa, por lo cual se entiende que todas las autoridades que aplican la Constitución pueden en determinado momento desarrollar la interpretación constitucional, de manera que en términos generales se puede afirmar que no existe un monopolio en la potestad interpretativa. Empero, en un sistema constitucional que cuenta con un mecanismo de defensa de la Constitución a través del control de constitucionalidad, existe un intérprete máximo de la Ley Fundamental cuya interpretación tiene el carácter vinculante para todos los órganos del poder público, así como para las autoridades públicas y los ciudadanos38.

constitucional. En este sentido, se ha señalado que “la trascendencia de la interpretación constitucional sólo se explica desde la interrelación entre la Constitución y el ordenamiento jurídico y, por ello, la interpretación constitucional adquiere unos perfiles propios que permiten diferenciarla de la interpretación de la Constitución. En efecto, para poder cumplir su función unificadora del ordenamiento, la interpretación constitucional no puede ya ceñirse a los límites estrictos de la interpretación de la Constitución: esta última es tan sólo el núcleo de la primera. (…) O la interpretación es una mera técnica de determinación de una voluntad soberana encerrada en sí misma (y entonces ya no es democrática) o es el resultado de un proceso de integración de intereses u valores abierto a la sociedad y al ordenamiento. Lo primero se enmarca más claramente dentro del concepto tradicional de interpretación de la Constitución. Lo segundo, en la idea de interpretación constitucional del ordenamiento” (BALAGUER CALLEJÓN, María Luisa. Interpretación de la Constitución y Ordenamiento Jurídico. Madrid (España): Editorial TECNOS, 1997. Págs. 24-25). 37 Así por ejemplo, en el caso de nuestro país, reafirmando los principios fundamentales de la soberanía popular, la separación de funciones y la supremacía constitucional, el Constituyente de 1994 ha creado el Tribunal Constitucional encomendándole la misión de guardián de la Constitución, y por lo mismo, de los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales y garantías constitucionales en ella consagradas, lo que supone que le ha conferido la potestad de desarrollar la interpretación constitucional última y obligatoria, pues la labor del control de constitucionalidad exige el desarrollo ineludible de la interpretación constitucional. 38 El tema de “La Interpretación Constitucional y su vinculatoriedad”, ha sido ampliamente analizado y expuesto por el ex-Magistrado José Antonio Rivera Santivañez, en ocasión de realizarse el Seminario Internacional sobre Justicia Constitucional y Estado de Derecho, en conmemoración del 5º aniversario de la instalación del Tribunal Constitucional de Bolivia. Véase: MEMORIA DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL: Justicia Constitucional y Estado de Derecho, (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003).


5.5. Sistemas de control de constitucionalidad

De acuerdo a la doctrina del Derecho Procesal Constitucional, y desde el punto de vista del órgano encargado del control, se pueden identificar dos sistemas de control de constitucionalidad: el sistema de control político de constitucionalidad y el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad. En el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad, a su vez la doctrina reconoce dos modelos, los que clásicamente se denominaron como: a) modelo de control jurisdiccional difuso o de la revisión judicial (judicial review), y; b) modelo de control jurisdiccional concentrado (europeo‐kelseniano)39.

Ahora bien, con relación a la clasificación de los modelos de control jurisdiccional de constitucionalidad se puede decir que en la actualidad únicamente se justifica por razones metodológicas de estudio, toda vez que la bipolaridad entre el modelo americano y el modelo europeo tiende a desaparecer, por cuanto no existen modelos puros. Refiriéndose al tema, el profesor español Francisco Fernández Segado en su trabajo “La justicia constitucional ante el Siglo XXI”, a tiempo de explicar sobre la progresiva convergencia (afinidad o confluencia) de los sistemas americano y europeo kelseniano, señala que la virtualidad didáctica de los adjetivos “difuso” y “concentrado” es grande, de ello no cabe la menor duda; sin embargo, hoy no se puede decir que retraten la realidad de la institución considerada, por lo que su valor explicativo es bastante dudoso; como justificativo a su hipótesis, Fernández sostiene que, desde la perspectiva histórica resulta que la completa vigencia práctica de los postulados teóricos en que sustentaba la bipolaridad sistema difuso ‐ sistema concentrado, fue más escasa, produciéndose muy pronto una cierta relativización de algunos de sus rasgos más característicos.

En el estudio referido, el mencionado autor concluye señalando que, una opinión doctrinal muy extendida en nuestros días, si es que no casi generalizada, subraya la existencia de una clara tendencia convergente entre los dos clásicos modelos. Así por ejemplo Mauro Capelletti, entre otros muchos, ha manifestado su opinión en sentido de que el control jurisdiccional de las leyes en su funcionamiento en el mundo contemporáneo, revela el hundimiento de las antiguas dicotomías, hallándose los dos modelos en vías de llegar a uno solo, en proceso, en definitiva, de unificación40.

39 “En la doctrina contemporánea del Derecho Constitucional se tiende a cambiar la denominación de los modelos, identificándolos como: a) modelo americano, al de la revisión judicial o control difuso; y b) modelo europeo, al control concentrado. Así, Francisco Rubio Llorente en su trabajo Tendencias actuales de la Jurisdicción Constitucional en Europa, resume la clasificación, de lo que él denomina como Jurisdicción Constitucional, en dos grandes modelos: el norteamericano, como forma del control difuso, en el que la decisión judicial no anula la ley ni la expulsa del ordenamiento, sino que simplemente la inaplica en el caso concreto; y el europeo, que concentra la jurisdicción constitucional en un tribunal único, que actúa como legislador negativo; en él la ley no es juzgada en relación con el caso concreto, sino a lo más con motivo de él, y en caso de ser considerada contraria a la Constitución es anulada; por lo tanto, expulsada del ordenamiento jurídico”. (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Temas de Derecho Procesal Constitucional. Pág. 32). 40 FERNANDEZ SEGADO, Francisco. La Justicia Constitucional ante el Siglo XXI: La progresiva convergencia entre los sistemas americano y europeo-kelseniano. Artículo publicado en la REVISTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Número 6. Sucre (Bolivia): Gaviota del Sur, 2004. Págs. 130-131.


A) El sistema de control político de constitucionalidad

En este modelo, el control de la constitucionalidad está encomendado a un órgano de naturaleza política, es decir, un organismo esencialmente político que puede ser el propio Órgano Legislativo, u otro órgano especial constituido sobre la base de una designación política, como es por ejemplo el Consejo Constitucional de Francia.

Cabe hacer notar que este modelo tiene sus orígenes en la posición antijudicialista o la desconfianza en la labor de los jueces, asumida en la época de la Revolución Francesa; de manera que se adoptó la posición de que los ciudadanos serían protegidos por las leyes elaboradas por el Parlamento, ya que la Ley es la expresión de la voluntad general, posición que se sustenta en la tesis rusoniana de la infalibilidad del Parlamento.

De ahí que Francia se convierte en el paradigma del control político de constitucionalidad de las leyes. Dada la naturaleza del modelo de control político de constitucionalidad, se pueden identificar los siguientes rasgos específicos del sistema:

El órgano encargado del control de constitucionalidad tiene una composición eminentemente política, resultante no sólo de la elección parlamentaria sino de la no exigencia de una calificación técnico‐jurídica de los que acceden a esa función.

El control que ejerce el órgano político es esencialmente de carácter preventivo, toda vez que el control de la constitucionalidad de una ley debe producirse antes de que la ley entre en vigencia; generalmente se ejerce por vía de consulta.

El control de constitucionalidad, en muchas ocasiones, tiene un carácter puramente consultivo, lo que implica que la decisión del órgano que ejerce el control no tiene ningún efecto vinculante41.

B) El sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad

En éste sistema la labor del control de constitucionalidad está encomendada a un organismo jurisdiccional, es decir, un órgano que está dotado de jurisdicción y competencia para ejercer el control a través de procedimientos extraordinarios y especiales.

Según la doctrina constitucional, el sistema de control jurisdiccional de constitucionalidad, admite a su vez dos variantes que generalmente se describen como modelos: el modelo americano o difuso, y el modelo europeo o concentrado.

41 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Temas de Derecho Procesal Constitucional. Pág. 33.


a) El modelo americano o de la revisión judicial (judicial review of legislation)

Es conocido clásicamente como el modelo de control jurisdiccional difuso, y se caracteriza porque todos los jueces tienen la potestad y obligación legal de aplicar la Constitución con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a los decretos o resoluciones; de manera que todos los jueces están habilitados para inaplicar aquellas leyes que juzguen contrarias a la Constitución; o como manifiesta Mauro Cappelletti, “en este sistema se atribuye a todos los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico, que lo ejerciten incidentalmente, con ocasión de la decisión de una causa de su competencia”.

Cabe señalar que este modelo de control de constitucionalidad tiene sus antecedentes en la doctrina desarrollada por el Juez inglés Edward Coke al resolver el “Bonham’s case”, en el año 1610, en defensa del common law y de su tradicional supremacía frente a los posibles excesos o arbitrios de la Corona y el Parlamento, doctrina que tuvo marcada influencia en los Estados Unidos de Norteamérica, donde por la vía del Derecho Jurisprudencial, los jueces y tribunales asumieron la función de velar por la primacía de la Constitución, concretamente a partir de la célebre sentencia emitida por el juez Jhon Marshall al resolver el caso “Marbury vs. Madison”.

El modelo de control difuso, tiene las características que se describen a continuación42:

Todos los órganos judiciales ordinarios, jueces y tribunales, pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes cuando conocen y resuelven las controversias suscitadas ante ellos.

La ley sospechosa de inconstitucionalidad no es susceptible de impugnación directa, pues la presunta inconstitucionalidad sólo puede hacerse valer como cuestión incidental, de cuya resolución depende la decisión que, sobre el caso principal, ha de adoptar el juez competente.

Están legitimadas para solicitar o promover el control, las partes en litigio, es decir las partes del proceso en el cual se debe aplicar la norma supuestamente inconstitucional.

En este sistema, el Juez no anula la ley, sino que declara una nulidad preexistente, inaplicando la disposición legal al caso que está conociendo, de manera que los efectos de su declaración están limitados al caso concreto.

42 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Obra Citada. Pág. 35.


En el caso de Bolivia, y atendiendo a la evolución que tuvo el sistema de control constitucional establecido por nuestra misma Ley Fundamental, la Corte Suprema de Justicia fue considerada por largo tiempo como la “guardiana de la Constitución”, y que estaba especialmente designada a asegurar la supremacía de la misma frente a cualquier ley, decreto, ordenanza o resolución que estuviera en oposición a sus preceptos. En efecto la atribución 5ta., del artículo 127 en que la Constitución Política de 1967 establecía las atribuciones que tenía la Corte Suprema, además de las señaladas por ley, indicaba: “(…) Conocer en única instancia de los asuntos de puro derecho cuya decisión depende de la constitucionalidad de las leyes y cualquier género de resoluciones”43. Y fue precisamente en base a ésta disposición que la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, al igual que en casi todos los Estados americanos, asumió el elevado rol de ser “guardiana de la Constitución” y por consiguiente, el de ser contralor sobre la constitucionalidad de las leyes.

Como bien se conoce, de acuerdo al artículo 228 de aquella Constitución, los tribunales, jueces y autoridades tenían el deber de aplicarla con preferencia a las leyes, y a éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones, con el advertido de que quedaban abrogadas las leyes y disposiciones que se le opusieran, por lo cual las leyes o los decretos contrarios a la Ley Fundamental, que eventualmente pudieran vulnerar derechos civiles, políticos o institucionales por ella garantizados, eran nulos de hecho, sin embargo dicha nulidad no podía ser declarada por la Corte Suprema si no era a instancia de la persona o entidad afectada (perjudicada), siendo que la sentencia no tenía mayor validez si no exclusivamente para el caso concreto.

Finalmente la declaración de inconstitucionalidad obtenida válidamente mediante el procedimiento establecido para los “juicios de puro derecho”, tenía como efecto inmediato la no aplicación o ejecución de la ley, decreto o resolución, en el caso demandado exclusivamente, ya que el órgano judicial no podía en ninguna manera, ni debía ir más allá de la declaración de inejecución en cada caso particular, dado que de acuerdo a la configuración de sus atribuciones, carecía de potestad para abrogar o derogar (dejar sin efecto) las leyes o los actos jurídicos inconstitucionales.

43 “La Constitución de 1861, en el inciso 2º de su artículo 65, introdujo por primera vez este recurso de puro derecho destinado a proteger la superlegalidad y primacía de la Constitución, cuyas normas no pueden ser contradichas por las leyes secundarias en su más amplia acepción, constituyendo además una de las mayores garantías para asegurar los derechos consignados en la Ley Fundamental, contra los abusos del Poder”. (DAZA ONDARZA, Ernesto. Doce Temas de Derecho Constitucional. Cochabamba (Bolivia): Editorial Universitaria UMSS, 1974. Pág. 165). Sobre la base normativa y desarrollo jurisprudencial de éste sistema de control difuso en Bolivia, es útil revisar el trabajo de: URCULLO REYES, Jaime. El control jurisdiccional de revisión judicial o difuso en Bolivia, que puede verse en el Libro colectivo: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA (editor). La Justicia Constitucional en Bolivia 1998 – 2003. Sucre (Bolivia): Grupo Editorial KIPUS, 2003. Págs. 65-99.


b) El modelo europeo kelseniano

Es conocido en la doctrina clásica como el modelo de control jurisdiccional concentrado, y según el autor español Francisco Fernández Segado, se caracteriza por otorgar a un organismo jurisdiccional especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Federal Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, el monopolio de las competencias para conocer de la constitucionalidad de las leyes, además de otras referidas a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

Se debe señalar también que este modelo de control de constitucionalidad, diseñado sobre la obra maestra del jurista austríaco Hans Kelsen, se sustentó principalmente en el peligro que conllevaba para la seguridad jurídica, el conceder a cada Juez o Tribunal, el poder de apreciar la constitucionalidad de las leyes, pues ello generó en la práctica la falta de uniformidad en cuestiones constitucionales, fenómeno que cada vez fue más grande; así lo constató Kelsen en Austria, puesto que ‐según criterio de Fernández Segado en su citado análisis sobre la Justicia Constitucional‐ el control de constitucionalidad encomendado a una jurisdicción especializada, como el Tribunal Constitucional, “nace como un acto de desconfianza en los Jueces, encaminado a salvaguardar el principio de seguridad jurídica y a restablecer la supremacía del Parlamento, puesta en serio peligro por la batalla iniciada por amplios sectores del mundo jurídico a favor del control jurisdiccional (difuso) de las leyes, lo que entrañaba dejar en manos de una casta judicial, en amplia medida de extracción aristocrática y vocación autoritaria, un instrumento de extraordinaria relevancia en la vida de un Estado de Derecho”.

En otras palabras, en el esquema kelseniano, un Tribunal Constitucional se caracteriza por ser un Tribunal especial e independiente, situado fuera del poder judicial; que desarrolla la jurisdicción constitucional en forma concentrada, vale decir, en forma exclusiva; dicho control es de carácter abstracto, analizando la ley en su constitucionalidad con independencia de los casos concretos; y es ejercido por vía de acción, presentando su fallo o sentencia los efectos de cosa juzgada, además de tener efectos erga omnes, anulando en consecuencia el precepto legal y consiguientemente expulsándolo del orden jurídico, como asimismo el fallo tiene efectos ex nunc, lo que equivale a decir que anula el precepto legal e impide que éste produzca efectos desde el momento del fallo y hacia el futuro (efectos ex nunc), no teniendo el mismo, efecto retroactivo.44

44 “(…) Kelsen consideraba al Tribunal Constitucional un legislador negativo, ya que tiene poder de anular una ley, que es equivalente a dictar una norma general, lo que es el acto contrario a la producción de normas legislativas que concreta el Parlamento, sosteniendo que la anulación de una ley tiene el mismo carácter general que la promulgación de una ley. La anulación es sólo una promulgación precedida de un signo de negación; y ello busca justificar y explicar el efecto erga omnes de las sentencias del Tribunal Constitucional, la naturaleza constitutiva de la sentencia de inconstitucionalidad y los efectos ex nunc de


Este modelo concentrado, a diferencia del señalado anteriormente, tiene las siguientes características:

El control de constitucionalidad está encomendado a un órgano especializado, llámese Tribunal Constitucional, Corte Constitucional Federal o Tribunal de Garantías Constitucionales, que tiene el monopolio de las competencias para conocer de la constitucionalidad de las leyes.

El procedimiento de control de constitucionalidad se inicia mediante el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad, es decir, a través de un procedimiento de impugnación directa, sin necesidad de esperar a que se presente la ocasión de un proceso judicial concreto en el que tenga que aplicarse la Ley impugnada de inconstitucional.

Este sistema establece la legitimación de determinados órganos para recurrir a la acción directa de inconstitucionalidad, estableciendo ciertas limitaciones, empero también legitima a las personas particulares, con determinadas restricciones.

Los efectos de la resolución que declara la inconstitucionalidad de la ley, son de carácter general o erga omnes; además, la resolución no declara sólo la inaplicabilidad de la Ley sino que la anula, por lo que la decisión tiene el efecto derogatorio o abrogatorio, según corresponda, lo que constituye una forma de legislación negativa; pero, el efecto siempre es para el futuro y no opera en cuanto a lo pasado, es decir, no tiene aplicación retroactiva a decisiones en las que se hubiese aplicado la Ley declarada inconstitucional, salvo en materia penal (cuando beneficie al delincuente)45.

6. El Control de Constitucionalidad en Bolivia

6.1. Antecedentes de la creación del Tribunal Constitucional

Debemos comenzar recordando que en virtud de la Ley Nº 1585 de Reforma a la Constitución Política del Estado46, promulgada en fecha 12 de agosto de 1994 se introdujeron diversas

tales fallos, excluyendo la fuerza retroactiva de los fallos. (…) Los primeros tribunales constitucionales nacen en Europa. El primero es el Tribunal Constitucional de Checoslovaquia establecido por la Constitución de 29 de febrero de 1920. El mismo año se concreta el Alto Tribunal Constitucional de Austria en la Constitución de octubre de 1920, en su artículo 140, precedida de la Ley austríaca de 25 de enero de 1919, que genera un órgano denominado Tribunal Constitucional (verfassungsgerichshof), al cual la Ley del 14 de marzo de 1919 le entrega un control preventivo de constitucionalidad de las leyes de los Lander”. (NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. La justicia y los Tribunales Constitucionales de Indoiberoamérica del Sur en la alborada del Siglo XXI. Págs. 75-79). 45 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. Obra Citada. Pág. 36. 46 Siguiendo el criterio de RIVERA SANTIVAÑEZ, mediante dicha Ley de Reforma Constitucional del 94’, se reformaron aproximadamente 35 artículos de la Constitución Boliviana, y dichas modificaciones pueden


modificaciones al texto constitucional que se hallaba vigente sin cambio alguno desde el año 1967 hasta ese entonces.

A ello se debe agregar, que dicha reforma constitucional indudablemente se constituye en un hecho trascendental con una importancia histórica sin precedentes dentro del sistema constitucional, puesto que en aquella oportunidad, y por vez primera en la historia republicana de nuestro país, se reformó la Ley Fundamental dando cumplimiento a los mecanismos y procedimientos especialmente previstos al efecto por la propia Constitución, vale decir que se aprobó, sancionó y promulgó la Ley de Reforma Constitucional en observancia de las normas previstas por los artículos 230 al 232 del texto constitucional vigente en ésa época.

Asimismo cabe hacer notar ‐a los fines del presente trabajo‐, que mediante dicha reforma constitucional efectuada en 1994 nuestro país adoptó el modelo europeo‐ kelseniano de control de constitucionalidad, encomendando dicha importante función al Tribunal Constitucional, diseñándolo al efecto como máximo guardián e intérprete de la Constitución; empero ‐según advertía en su momento el jurista José Antonio RIVERA SANTIVAÑEZ‐, no se trata de un modelo puro, toda vez que en su configuración concurren algunos elementos del modelo americano o difuso de control de constitucionalidad47, considerando que la reforma constitucional de 1994

resumirse en lo siguiente: a) Inserción de los pueblos originarios y comunidades indígenas a la estructura social del Estado, a cuyo efecto se definió la estructura social como multiétnica y pluricultural, así como de las bases de su organización como son la unión y la solidaridad; b) Modificaciones en el sistema electoral, cambiando el requisito de la edad para el ejercicio de la ciudadanía de 21 años que regía hasta entonces, a 18 años; c) Fortalecimiento del Poder Legislativo, a través de la reforma del sistema de elección de los Diputados para devolverles legitimidad y representatividad, con la introducción del sistema del doble voto en circunscripciones uni y plurinominales; d) Estabilidad y gobernabilidad en el ejercicio del gobierno nacional, reformando la reglas para la elección congresal del Presidente y Vicepresidente de la República, en aquellos casos en los que ninguno de los candidatos obtenga mayoría absoluta de votos en las elecciones generales; e) Plena vigencia y protección de los derechos humanos como base del orden democrático constitucional, a cuyo efecto se ha creado la Defensoría del Pueblo con la misión de velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas con relación al sector público; f) Fortalecimiento de los gobiernos locales autónomos como unidades básicas del desarrollo sostenible sobre la base de la planificación participativa y el control social; g) Seguridad jurídica y fortalecimiento del orden constitucional reformando la estructura del Poder Judicial, mediante la creación del Tribunal Constitucional como máximo intérprete jurisdiccional de la Constitución, asignándole la función del control concentrado de constitucionalidad, aunque se ha mantenido de forma paralela el control difuso [sic]. (RIVERA SANTIVAÑEZ José Antonio. Reforma Constitucional en Democracia, puede verse en el Libro colectivo: Análisis de la Reforma a la Constitución Boliviana, editado por la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Santa Cruz (Bolivia): Editorial EL PAÍS, Noviembre de 2002. Págs. 5-8) (las cursivas me corresponden) 47 Asimismo, debemos recordar que en la dinámica de las diversas reformas y variadas modificaciones que ha sufrido nuestro sistema constitucional, en cuanto se refiere al tema del control de constitucionalidad, el Estado boliviano a través de su historia, adoptó los diferentes modelos que se conocen en la doctrina del Derecho Constitucional. Así por ejemplo, y en un primer momento de su vida republicana (vale decir en el período del siglo pasado que comprende las épocas de 1826 a 1861), y bajo la influencia del liberalismo francés, adoptó el modelo político de control de constitucionalidad. En una segunda etapa (de 1861 a 1994), adoptó el modelo americano, es decir, el sistema jurisdiccional difuso de control de constitucionalidad. Finalmente en la tercera etapa (y desde 1994 en adelante), adoptó el sistema de control jurisdiccional mixto de constitucionalidad con presencia de los elementos del modelo americano o de control difuso y el modelo europeo o de control concentrado de constitucionalidad. Un breve análisis sobre los alcances, implicaciones, y consecuencias del modelo de control político, así como del modelo de control jurisdiccional de constitucionalidad, y su evolución en Bolivia desde 1826 hasta 1967 puede verse en: GALINDO DE UGARTE, Marcel. ¿Tribunal


ciertamente creó el Tribunal Constitucional como organismo especializado, encargado del control de constitucionalidad, sin embargo el art. 228 de la Constitución, que no fue modificado por la reforma constitucional, mantenía ‐en su criterio‐ el sistema de control difuso. Sin embargo de éste último y respetable criterio, creemos pertinente desarrollar algunas precisiones conceptuales pertinentes, y la doctrina jurisprudencial correspondiente, a fin de contextualizar el tema propuesto, conforme se verá más adelante.

Prosiguiendo con los antecedentes debemos señalar que, como bien recuerda el ex‐magistrado René Baldivieso Guzmán, la idea de crear el Tribunal Constitucional resultó polémica en el país, ya que diferentes instituciones cívicas, políticas, forenses, académicas y otras representativas de la opinión pública, recibieron con algún escepticismo la iniciativa; inclusive órganos jerárquicos del Poder Judicial sumaron su disidencia y protesta por la creación del Tribunal Constitucional48.

Constitucional o Corte Suprema? Una contribución al debate. Fundación Milenio. La Paz (Bolivia): Producciones CIMA, Julio de 1994. Sin embargo, respecto de la evolución normativa, doctrinal y jurisprudencial que ha tenido el modelo americano de control jurisdiccional difuso en nuestro país, es muy útil consultar el trabajo de: URCULLO REYES, Jaime. El control jurisdiccional de revisión judicial o difuso en Bolivia, que puede verse en: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA (editor). La Justicia Constitucional en Bolivia 1998 – 2003. Sucre (Bolivia): Grupo Editorial KIPUS, 2003. Págs. 65-99. Para definir el sistema de control de constitucionalidad en nuestro país, RIVERA SANTIVAÑEZ nos explica lo siguiente: “Sobre la base de la caracterización de los sistemas de control de constitucionalidad, se puede afirmar que en la reforma constitucional de 1994, Bolivia ha adoptado un modelo de control jurisdiccional mixto. Es decir, la labor del control de constitucionalidad ha sido encomendada a los organismos jurisdiccionales de carácter técnico-jurídico, que la desarrollan a través del conocimiento y substanciación de las acciones, demandas y recursos planteados por quienes están legitimados por la Constitución y la Ley. Es un sistema en el que concurren los elementos del control difuso así como del concentrado. En efecto, la reforma constitucional de 1994 creó el Tribunal Constitucional como organismo especializado, encargado del control de constitucionalidad, empero, el art. 228 de la Constitución, que no fue modificado por la reforma constitucional, mantiene el sistema de control difuso cuando dispone que “La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”, lo que significa que todos los jueces y tribunales tienen la obligación de aplicar la Constitución, al resolver un proceso judicial que llega a su conocimiento, en aquellos casos en los que se presente una contradicción de la disposición legal aplicable a los mismos, con las normas de aquélla, lo cual constituye un control de constitucionalidad y se encuadra en el modelo americano del "judicial review" o revisión judicial. Por otro lado, los juzgados y tribunales judiciales ordinarios ejercen el control de constitucionalidad, en el rubro del control del ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, conociendo y resolviendo los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional [y también el habeas data en virtud de la reforma constitucional del 2004]”. (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Procesos Constitucionales en Bolivia. Pág. 119. Así también pueden consultarse otros trabajos en donde el autor sostiene el mismo criterio, así por ejemplo: “El Control de Constitucionalidad en Bolivia”, publicado en: REVISTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Número 1. Sucre (Bolivia): Editorial Judicial, Noviembre de 1999, Págs. 45-86; así como su estudio: “Introducción a la Justicia Constitucional en Bolivia”, que como ponencia se encuentra disponible en la Página Web del Tribunal Constitucional de Bolivia: http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/ArticuloId-10.html, (marzo de 2002). (todo el resaltado del texto en cursivas y subrayado me corresponde). 48 El ex-Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia Dr. René Baldivieso Guzmán, al hacer referencia a los antecedentes de la creación de la mencionada institución en nuestro país nos hace conocer lo siguiente: “En un documento emitido por la Corte Suprema de Justicia, de 29 de marzo de 1993 se decía: Significaría en los hechos, un inaudito atentado contra el régimen de la juridicidad puesto que la Corte Suprema quedaría reducida, en su función específica, a una rutinaria labor de tribunal de casación o para la solución de los


Sin embargo, estos criterios nunca tuvieron asidero jurídico ni legal, es más, el legislador considerando la importancia del nuevo órgano en el control de constitucionalidad y la defensa de los derechos humanos en el país, lo incorporó como parte del antes denominado Poder Judicial.

De ahí que, según la norma prevista por el artículo 116 de la Constitución de 1994, el Tribunal Constitucional orgánicamente formaba parte de la estructura del Poder Judicial; empero dada la naturaleza de la labor que desempeña, era independiente de los órganos Ejecutivo y Legislativo, así como de cualquier otra autoridad estatal, incluidos los jueces, vocales y ministros del órgano Judicial; así lo preveía el artículo 119‐I de la misma Constitución. Además, sus decisiones adquieren calidad de cosa juzgada constitucional, y por lo mismo son de cumplimiento obligatorio, por lo que su jurisprudencia es de carácter vinculante49.

6.2. El Sistema de Control de Constitucionalidad vigente en Bolivia

Según el respetable criterio del constitucionalista y ex‐Magistrado José Antonio Rivera Santivañez, es posible señalar que el sistema de control de constitucionalidad adoptado por el Estado boliviano en la reforma constitucional realizada en el año 1994 ‐y que por cierto no fue objeto de modificación en la reforma del año 2004‐, no es en esencia un sistema de control concentrado puro, al contrario, el mencionado autor afirmaba que es un sistema en el que concurren los elementos del modelo americano como también del europeo. recursos de nulidad en los trámites ordinarios, olvidando que la Corte Suprema no es sólo el más alto Tribunal de Justicia de la República, sino el custodio de la moral pública que debe proteger a la sociedad de los abusos del poder, el respeto a la ley y el imperio del Derecho. No deja de llamar la atención en este documento -agrega dicho autor- que se haga referencia a una rutinaria labor de tribunal de casación, siendo así que esa labor jurisdiccional del más alto tribunal en materia de justicia ordinaria implica, por el contrario, el estudio meditado y responsable de cada caso para sentar una jurisprudencia que no puede ser producto precisamente de la rutina, sino de interpretaciones creativas de la ley.” (BALDIVIESO GUZMAN, René. Derecho Procesal Constitucional. Tribunal, Procedimientos y Jurisprudencia en Bolivia. Santa Cruz (Bolivia): Industrias Gráficas SIRENA, 2006. Págs. 29-30). Algunos argumentos que sustentan la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia oponiéndose a la incorporación de un Tribunal Constitucional en nuestro país, pueden verse en: EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. BOLIVIA - Hacia una Reforma Constitucional. Debate Nacional sobre la Reforma a la Constitución Política del Estado. Sucre (Bolivia): Editorial Judicial, 1993. Asimismo, y para una revisión detallada de las posiciones favorables y contrarias en el debate sobre la creación e implementación del Tribunal Constitucional en nuestro país, a través de la reforma constitucional de 1994, puede consultarse también el trabajo de: GALINDO DECKER, Hugo. Tribunal Constitucional. La Paz (Bolivia): Editorial Jurídica ZEGADA, 1994. 49 Asimismo, cabe recordar que en fecha 5 de agosto de 1998 fue conformado el Tribunal Constitucional con la posesión de los cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes, fecha desde la cual tuvo una vacatio legis de un año aproximadamente, de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 1836, por la cual se estableció que dicha Ley entraría en pleno vigor, 365 días después de la posesión de los magistrados, es decir el 5 de agosto de 1999. “Ese lapso -según nos comenta y aclara el ex-magistrado y ex-Presidente del Tribunal, RENÉ BALDIVIESO GUZMAN-, se lo utilizó en varias actividades: redactar sus propios reglamentos, instalarse, contratar personal idóneo, buscar local adecuado, adquirir mobiliario, equipamiento técnico, etc. El año calculado como vacatio legis debía cumplirse en la fecha indicada, o sea el 5 de agosto de 1999 para que luego el Tribunal asuma funciones jurisdiccionales. Sin embargo, a gestión del mismo [Tribunal Constitucional], el Poder Legislativo aprobó una Ley mediante la cual se adelantó este plazo a partir del 1º de junio de 1999 a fin de atender el despacho de asuntos que fueron planteados desde la indicada fecha, lo que ocurrió precisamente con la Ley Nº 1979 de 24 de mayo de 1999, resultando de ello que su labores jurisdiccionales las inició a partir del 1º de junio de 1999, dos meses antes del plazo fijado para tal objeto.” (BALDIVIESO GUZMAN, René. Obra Citada. Págs. 37-38)


Y desarrolla su tesis sosteniendo que: “por un lado, a través de la referida reforma constitucional [1994], se ha creado el Tribunal Constitucional como el órgano encargado del control concentrado de constitucionalidad y máximo intérprete de la Constitución, lo que encuadra el sistema adoptado en el modelo europeo. Pero por otra parte, el Constituyente no modificó el texto del artículo 228 de la Constitución reformada, por cuyo mandato los tribunales y jueces, al revolver un caso concreto dentro de un proceso judicial, tienen la obligación de no aplicar las disposiciones legales que sean contradictorias o incompatibles con las normas previstas en la Constitución, lo cual constituye un acto de control de constitucionalidad y se encuadra en el modelo americano del ‘judicial review’ o revisión judicial”. “A ello se añade ‐según éste autor‐ el hecho de que por prescripción de las normas previstas por la Constitución y la Ley N° 1836 del Tribunal Constitucional, los juzgados y tribunales judiciales ordinarios ejercen el control de constitucionalidad, en el rubro del control del ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, conociendo y resolviendo los recursos de hábeas corpus y amparo constitucional”50.

Frente a ésta posición doctrinal, que ha sido difundida inicialmente por el profesor español FRANCISCO FERNANDEZ SEGADO, y de la cual fueron seguidores algunos ex‐magistrados, como es el caso por ejemplo del Dr. PABLO DERMIZAKY PEREDO51, la Dra. ELIZABETH IÑIGUEZ DE SALINAS52 y otros; existe también otro sector de la doctrina constitucional boliviana, que es ampliamente disidente de ése criterio, y a diferencia de lo anterior propugnan fundadamente la existencia plena de un sistema de control concentrado de constitucionalidad53.

50 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. “Recurso de Inconstitucionalidad en Bolivia”. Ponencia que se encuentra disponible de consultar en la Página Web del Tribunal Constitucional de Bolivia: http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/ArticuloId-3.html. 51 El mencionado ex-Magistrado, cuando ejercía las funciones de Primer Presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia, en ocasión de abordar el tema de la Interpretación Constitucional, afirmaba: “(…) Finalmente (aunque el tema no se agota), está la cuestión de cuál órgano se erige en intérprete máximo o único de la Constitución. En el sistema concentrado, austríaco o europeo, ese órgano es el Tribunal Constitucional. En el sistema difuso o estadounidense, la interpretación se hace por todos los jueces y tribunales llamados a aplicar la Constitución con preferencia sobre leyes y reglamentos. En los sistemas mixtos, como el introducido en Bolivia por la reforma constitucional de 1994, hay un órgano -el Tribunal Constitucional- que, como guardián de la norma fundamental, adopta decisiones, absuelve consultas y sienta jurisprudencia que son vinculantes para los otros órganos del poder público y para tribunales, jueces y autoridades. Su interpretación prevalece sobre cualesquiera otra (art. 4 de la Ley Nº 1836) (…)”. (“La Interpretación Constitucional” por: Pablo Dermizaky Peredo, publicado en: REVISTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Número 1. Sucre (Bolivia): Editorial Judicial, Noviembre de 1999, Pág. 6). 52 La mencionada ex-Magistrada del Tribunal Constitucional, a tiempo de abordar el tema y exponer la importancia de la jurisprudencia como precedente en la resolución de causas, señalaba lo siguiente: “(…) Nuestro país ha adoptado el sistema ecléctico de control, es decir que se ejerce por un órgano jurisdiccional especializado, el Tribunal Constitucional encargado de la interpretación judicial de la Constitución, y en mérito a que el artículo 228 de la Constitución no fue modificado en la reforma constitucional de 1994, se mantiene el control difuso, es decir que los tribunales, jueces y autoridades deben aplicar la Constitución con preferencia a las leyes y éstas con preferencia a otras resoluciones”. (“Importancia de la Jurisprudencia como precedente en la resolución de causas” por: Elizabeth Iñiguez de Salinas, publicado en: REVISTA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Número 1. Sucre (Bolivia): Editorial Judicial, Noviembre de 1999, Pág. 91). 53 Debemos recordar que inicialmente, el Dr. Jorge Asbún, en su estudio dedicado a analizar la evolución y perspectivas del Control Constitucional en Bolivia, afirmó de manera inequívoca que: “En Bolivia, la reforma de 1994, incorporó a la Constitución a través de los artículos 116 y siguientes el modelo de control


Así por ejemplo, el ex‐Magistrado Decano WILLMAN DURÁN RIBERA, quien a tiempo de estudiar y desarrollar el sistema de control de constitucionalidad vigente en Bolivia (hacia el año 2003), interpretando el verdadero alcance de las normas que consagran el sistema de control de constitucionalidad que nació en la reforma constitucional de 1994 ‐y en contraposición a los criterios expuestos anteriormente‐ afirmaba su posición doctrinal, que respetamos y compartimos plenamente, señalando lo siguiente: “(…) De las competencias que la Constitución le asigna al Tribunal, se extrae con toda claridad que a éste órgano jurisdiccional, el legislador constituyente, le encomendó las tres funciones que el control de constitucionalidad representa, esto es: 1) el control normativo de constitucionalidad, 2) el control de los límites del ejercicio del poder político, 3) el control sobre la salvaguarda de los derechos y garantías. La idea que subyace al modelo de control concentrado de constitucionalidad que nace en la reforma de 1994, se corrobora en la ley de desarrollo constitucional, esto es la Ley Nº 1836. En efecto, el artículo 59 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) establece que: El recurso indirecto o incidental procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial aplicable a aquellos procesos. Este recurso será promovido por el juez, tribunal o autoridad administrativa, de oficio o a instancia de parte.

Lo anterior determina que ‐según el acertado criterio del entonces magistrado‐ ningún juez, tribunal u órgano administrativo está autorizado para inaplicar norma jurídica alguna, dado que en caso de duda sobre la constitucionalidad de una norma a aplicar al caso concreto que ha de resolver, debe promover el incidente de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este entendimiento interpretativo concuerda plenamente con lo establecido en el art. 2º de la LTC, cuando establece: Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad.54

“Como se puede apreciar ‐nos lo confirma el citado ex‐magistrado‐ la norma de desarrollo constitucional reconoce que el Tribunal Constitucional es el único órgano que puede inaplicar normas o [dejar sin efecto] actos de los órganos del Estado [cuando éstos se hallaren en abierta contradicción con los principios constitucionales]. Esta idea es a todas luces incompatible con un sistema de control difuso (…). A lo indicado debe agregarse que la misma Constitución consagra

concentrado de constitucionalidad, encargando al Tribunal Constitucional, mediante el artículo 119, las siguientes atribuciones: control de constitucionalidad, defensa de los derechos fundamentales, conflictos de competencia interorgánicas y demandas respecto a procedimientos de reforma constitucional”. (ASBUN, Jorge. Control Constitucional en Bolivia. Evolución y Perspectivas, publicado en: Revista Constitucional. Número 3. Sucre (Bolivia): Editorial Judicial, Diciembre de 1999, Págs. 149-150). 54 Éste criterio ha sido afirmado y sustentado por el propio Tribunal Constitucional, habiendo creado una línea jurisprudencial firme al respecto; es así que, y conforme ha establecido en la SC 1712/2003-R, de 24 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3: “las autoridades recurridas, en el marco del principio de presunción de constitucionalidad previsto por el art. 2 de la Ley 1836, tienen la obligación de aplicar las disposiciones legales vigentes entretanto el órgano encargado del control de constitucionalidad no declare expresamente la inconstitucionalidad de las mismas; pues en un sistema de control concentrado de constitucionalidad, la potestad de ejercer el control de constitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad de una disposición legal le corresponde al Tribunal Constitucional”.


como atribución 8ª del Tribunal Constitucional, el absolver las consultas del Presidente de la República, el Presidente del Honorable Congreso Nacional y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o resoluciones, o de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso concreto. La opinión del Tribunal Constitucional es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta. A su vez, el art. 108 LTC, establece que El Presidente de la República, el Presidente del Congreso Nacional mediante resolución congresal o camaral y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia con aprobación de Sala Plena, podrán consultar ante el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso concreto; lo que corrobora el entendimiento interpretativo expuesto, de que la Constitución, en la reforma constitucional del 94’ encomienda el control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional en exclusiva. De lo anterior se desprende que el art. 228 constitucional, interpretado en el contexto del nuevo sistema de control de constitucionalidad, impone a los jueces el deber jurídico, en casos de duda sobre la constitucionalidad de la norma aplicar al caso concreto, de consultar al Tribunal Constitucional [con carácter previo a dictar la resolución definitiva] sobre la constitucionalidad de la misma. Pues resultaría incongruente que la Constitución y las normas contenidas en la LTC, de un lado establezcan que se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad, y por otro, se entienda que los jueces [en cualesquiera de sus niveles y/o jerarquías funcionales] están facultados a inaplicar normas. (…)” 55.

55 “El Sistema de Control de Constitucionalidad vigente en Bolivia”, ha sido ampliamente analizado y expuesto por el ex-Magistrado Decano del Tribunal Constitucional Dr. Willman R. Durán Ribera, en el Seminario Internacional sobre Justicia Constitucional y Estado de Derecho; al respecto puede consultarse la publicación: VI SEMINARIO INTERNACIONAL: Justicia Constitucional y Estado de Derecho, (Sucre, 26 y 27 de junio de 2003). Memoria Nº 7. Sucre (Bolivia): Editorial Tupac Katari, 2003. Págs. 187-202. (el resaltado de todo el texto en negrillas, cursivas y subrayado me corresponden). En una similar posición doctrinal se pronunció el ex-Magistrado René Baldivieso Guzmán, en su obra sobre Derecho Procesal Constitucional, en cuya oportunidad señaló: “De lo que se trata ahora es de señalar que junto a la jurisprudencia ordinaria se tiene ahora la jurisprudencia constitucional sustentada por las resoluciones o sentencias dictadas por el Tribunal, con la particularidad de que éstas asumen carácter vinculante. Su origen viene desde junio de 1999, vale decir desde cuando el Tribunal Constitucional empezó a ejercer su jurisdicción. La nota destacable está en que hay una diferencia en cuanto a los efectos de la jurisprudencia ordinaria con la constitucional, pues la primera si bien constituye fuente valiosa de orientación para que jueces y tribunales tomen decisiones invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema, no es obligatoria. En cambio, la jurisprudencia constitucional resulta obligatoria de acuerdo con el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional, en cuyo parágrafo I se dice: Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obligatorias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales. Este carácter vinculante tiene su razón de ser, pues Bolivia ha adoptado la forma de control concentrado de constitucionalidad, o sea el modelo europeo. Ni siquiera podría calificarse como una modalidad de control mixto como lo hacen algunos distinguidos juristas del exterior. Sin embargo, el contexto configurado por la normativa constitucional y la ley específica abona por este criterio. Efectivamente, cuando el artículo 116-IV nos dice que: el control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal Constitucional, sin que su texto sugiera la posibilidad remota alguna de que podría darse un control mixto o difuso, está sentando la base constitucional de un control concentrado. Igual sentido tiene el artículo 121-I de la Constitución, pues consagra la irrevisabilidad de las sentencias dictadas por el Tribunal a tiempo de disponer: contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior


6.3. Líneas Jurisprudenciales sobre el Sistema de Control de Constitucionalidad vigente en Bolivia

Asimismo, resulta conveniente agregar aquí la doctrina jurisprudencial que ha sustentado el Tribunal Constitucional de Bolivia sobre el tema que hacemos referencia. En este sentido, es de rescatar que el Tribunal Constitucional desde el inicio de sus funciones, y a través del criterio jurídico de sus primeros Magistrados al momento de emitir sus resoluciones correspondientes, sostenía que a través de la reforma constitucional de 1994 se confirmaba plenamente la implantación y existencia indudable de un sistema de control concentrado de constitucionalidad56; en este sentido se ha emitido por ejemplo la Sentencia Constitucional N° 1249/01‐R, de 23 de Noviembre de 2001, dictada en grado de Revisión de la Resolución pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del Recurso de Amparo Constitucional interpuesto por O.E.S.Q. y R.G.C., contra Hugo de la Rocha Navarro, Elizabeth Iñiguez de Salinas, René Baldivieso Guzmán y Felipe Tredinnick Abasto, Presidente y Magistrados del Tribunal Constitucional de Bolivia; a través de dicho Recurso se impugnaba la Sentencia Constitucional N° 829/01‐R de 7 de agosto de 2001, bajo el fundamento de que los Magistrados recurridos, al resolver el caso, "pasaron por alto consideraciones legales de trascendental importancia", por lo que "denunciando la violación de derechos constitucionales...”, pidieron se deje sin efecto la Sentencia Constitucional referida, de lo cual se concluye que los recurrentes pretendían utilizar el Amparo Constitucional como un Recurso de Impugnación contra una

alguno, algo que puede darse en la justicia ordinaria a través de procesos de revisión, aún tratándose de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, en la forma que indica la legislación ordinaria. No puede, en consecuencia, existir un control mixto, ni menos difuso de constitucionalidad porque esa función está exclusivamente encomendada al Tribunal”. (BALDIVIESO GUZMAN, René. Derecho Procesal Constitucional. Tribunal, Procedimientos y Jurisprudencia en Bolivia. Págs. 147-149). 56 En este sentido, el ex-Magistrado José Antonio Rivera Santivañez en su momento expresó su desacuerdo con los fundamentos expuestos, así como con la decisión adoptada en la SC Nº 10/2002 de 30 de enero de 2002, por lo cual emitió voto disidente en la aprobación de dicha Sentencia. En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto por el art. 47-II de la Ley Nº 1836, en el plazo establecido en dicha disposición, ha fundamentado su disidencia en los siguientes términos: “Considero que el Tribunal debió realizar una interpretación contextualizada y conforme a la Constitución la norma prevista por el art. 61 de la Ley N° 1836, de manera que sobre la base de dicha interpretación debió ingresar a la consideración y el examen del caso para pronunciarse sobre el fondo del Recurso. Pues en mi criterio, en el marco de un Estado Democrático de Derecho estructurado sobre la base de los valores supremos y principios fundamentales, entre ellos el principio de la supremacía constitucional, ninguna norma jurídica que tenga signos de incompatibilidad con la Constitución Política del Estado puede sustraerse al control de constitucionalidad. Esta posición tiene su fundamento en lo siguiente: El texto literal del art. 61 de la L. N° 1836 dispone que "El Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad podrá ser presentado por una sola vez en cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aún en recurso de casación y jerárquico, antes de la ejecutoria de la sentencia". Una aplicación literal de la norma prevista en la disposición legal citada ha dado lugar a que los jueces y tribunales ordinarios rechacen las solicitudes de promover el Recurso Indirecto o Incidental de Inconstitucionalidad planteadas dentro de un proceso judicial en la fase de ejecución de Sentencia, cuyas decisiones han sido aprobadas por este Tribunal; considero que ese rechazo, como es el caso de autos, resulta impropio porque desconoce la naturaleza jurídica, los fines y objetivos del sistema de control de constitucionalidad concentrado adoptado por el Estado boliviano en la reforma constitucional de 1994. En consecuencia, la norma prevista por el art. 61 de la Ley Nº 1836 debe ser interpretada conforme a la Constitución, acudiendo para ello a los principios y criterios que rigen la interpretación constitucional, como son los principios de la concordancia práctica y de la eficacia o efectividad”. (el resaltado del texto en negrillas, cursiva y subrayado me corresponden)


Sentencia Constitucional; en virtud de lo cual, el Tribunal Constitucional se vio determinado a precisar diversos aspectos para explicar la importante función que cumple y la posición que asume la Jurisdicción Constitucional en Bolivia, que por su importancia para nuestro estudio reproducimos in extenso, en su ratio decidendi expuesta en los siguientes términos:

“Que, así identificado el objeto del recurso conviene señalar que según la norma prevista por el art. 121‐I de la Constitución Política del Estado "contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno"; en concordancia con la norma constitucional referida el art. 42 de la Ley N° 1836 dispone que "Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno". Las normas citadas precedentemente tienen su fundamento en el hecho de que Bolivia, como Estado Democrático de Derecho basado, entre otros, en los principios fundamentales de la soberanía popular, la separación de funciones, la independencia y coordinación de los poderes públicos y la supremacía constitucional, adopta un sistema constitucional en el que la labor del control concentrado de constitucionalidad está encomendada al Tribunal Constitucional, por lo que éste se convierte en el máximo Tribunal de justicia constitucional e intérprete de la Constitución, guardián de la supremacía e integridad de la Constitución; por lo que el Poder Constituyente, a través de la citada norma constitucional instituyó el principio de la cosa juzgada constitucional, que otorga a las sentencias del Tribunal constitucional un especialísimo nivel dentro del sistema jurídico.

Que, por otro lado es importante recordar que el Tribunal Constitucional cumple la labor del control de constitucionalidad a través del conocimiento y resolución de las acciones, demandas o recursos constitucionales, los que, dada su naturaleza jurídica, tienen una configuración procesal especial conforme prevén las normas de la Ley Nº 1836, pues se tramitan en la vía de puro derecho y en única instancia, por lo mismo contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal no procede ningún recurso ulterior alguno, excepto la aclaración, enmienda y complementación que podrá ser efectuada por el propio Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte.

Que, de lo referido se concluye que el sistema procesal constitucional adoptado por la Constitución y la Ley Nº 1836 para el ejercicio del control de constitucionalidad, en resguardo del principio de la seguridad jurídica, instituye la cosa juzgada constitucional, lo que significa que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional tienen carácter definitivo, absoluto e incontrovertible, de manera tal que sobre el tema resuelto no puede volver a plantearse nuevo litigio a través de recurso alguno, ya que expresamente está excluida esa posibilidad por mandato del art. 121‐I de la Constitución y el art. 42 de la Ley Nº 1836. En consecuencia, resulta inadmisible, la procedencia del Amparo Constitucional como medio de impugnación y revisión de una Sentencia Constitucional cuando ésta, por imperio de la Constitución, ha adquirido la calidad de cosa juzgada constitucional.

Que, atendiendo a los fundamentos antes referidos se concluye que las personas que plantean un Recurso de Amparo contra Sentencias Constitucionales hacen un uso


equivocado de la acción distorsionando su esencia y naturaleza tutelar; pues es evidente que, como en el presente caso, el Recurso no está orientado a obtener protección efectiva de algún derecho fundamental o garantía constitucional, sino que buscaba, contra lo dispuesto en la Constitución y la ley, así como la doctrina constitucional sobre el tema, crear una segunda instancia en la jurisdicción constitucional para lograr la revisión y anulación de una Sentencia Constitucional. Por todo ello, los Jueces o Tribunales de Amparo, en estricto cumplimiento de las normas previstas por el art. 121‐I de la Constitución y art. 42 de la Ley Nº 1836, no deben admitir sino rechazar in límine los recursos de Amparo Constitucional en los casos en los que sean planteados contra Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional.” 57

Posteriormente, y reiterando el criterio sustentado anteriormente, respecto al sistema de control de constitucionalidad vigente, se dictó la Sentencia Constitucional Nº 1712/2003‐R, de 24 de noviembre de 2003, dictada en revisión de la Resolución pronunciada por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por J.C.F., contra el Alcalde Municipal y Presidente del Concejo Municipal de la ciudad de La Paz; alegando la violación de los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad, al trabajo, a la petición, a la propiedad privada, a la garantía de no coacción moral, a la seguridad personal, a la propiedad privada, al estado de derecho y supremacía de la Constitución, consagrados en las normas de los arts. 7.a), d), h), e i), 12, 13, 32, 156 y 228 de la Constitución Política del Estado (CPE); en dicha ocasión, y después de analizar la inexistencia de vulneración alguna de los derechos constitucionales denunciados como infringidos, el Tribunal estableció, el siguiente criterio jurisprudencial contenido en su Fundamento Jurídico III.3: “las autoridades recurridas, en el marco del principio de presunción de constitucionalidad previsto por el art. 2 de la Ley 1836, tienen la obligación de aplicar las disposiciones legales vigentes, entre tanto el órgano encargado del control de constitucionalidad no declare expresamente la inconstitucionalidad de las mismas; pues en un sistema de control concentrado de constitucionalidad, la potestad de ejercer el control de constitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad de una disposición legal le corresponde al Tribunal Constitucional.”

De ahí que, años más tarde, el propio Tribunal Constitucional, vio por conveniente establecer los alcances del control de constitucionalidad que ejerce en el desarrollo de sus funciones jurisdiccionales, y en este sentido emitió la Sentencia Constitucional 0051/2005, de 18 de agosto de 2005, en cuya oportunidad declaró:

57 Los fundamentos de ésta Sentencia, han creado una línea jurisprudencial sólida e invariable, y dicho entendimiento -en idénticos términos- ha sido reiterado por la Sentencia Constitucional Nº 1769/2003-R, de 5 de diciembre de 2003, dictada en revisión de la Resolución pronunciada por la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por el Banco Económico S.A., contra Hugo de la Rocha Navarro, René Baldivieso Guzmán, Willman Ruperto Durán Ribera, Elizabeth Iñiguez de Salinas y Felipe Tredinnick Abasto, Magistrados del Tribunal Constitucional, alegando la vulneración a la seguridad jurídica y la cosa juzgada. (el resaltado del texto de la Sentencia transcrita precedentemente, en negrillas, cursiva y subrayado me corresponden)


“(…) Con carácter previo a dilucidar la problemática planteada, este Tribunal considera necesario precisar los alcances del control de constitucionalidad que ejerce a través de los recursos de inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas ‐directa o indirecta‐. En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas.” (el subrayado me corresponde)

Finalmente, y bajo el criterio de que el principio de supremacía constitucional tiene como lógica consecuencia la adopción de un sistema de control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional ha emitido la Sentencia Constitucional Nº 0066/2005, de 22 de septiembre de 2005, dictada en ocasión del recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por tres diputados nacionales, demandando la inconstitucionalidad del art. 88 de la Ley Electoral 1984, por infringir supuestamente el art. 60.VI de la Constitución Política del Estado (CPE); dicho recurso fue planteado con la finalidad de someter al control de constitucionalidad el art. 88 de la mencionada Ley Electoral, por haber entrado, por omisión legislativa, en contradicción con los preceptos y principios que emergen del art. 60.VI de la CPE. En consecuencia, le correspondió previamente al Tribunal Constitucional, analizar su competencia para conocer recursos de inconstitucionalidad por omisión normativa, a cuyo efecto explicó: “El 54 de la LTC, que desarrolla el art. 120 de la CPE, establece que: El recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vinculada a un caso concreto. De esto se infiere que el control de Constitucionalidad que la norma fundamental del país le encomienda al Tribunal Constitucional, está referida a la sujeción, por parte del legislador, a las normas, principios y valores de la Constitución, tanto en el proceso de creación de las normas como sobre el contenido de las mismas. Esto significa que cuando el legislador no desarrolla el instituto constitucional que de manera precisa y concreta le impone la Constitución o desarrolla el mismo de manera deficiente o incompleta, de tal manera que el mandato constitucional se torne ineficaz o de imposible aplicación por causa de la omisión o insuficiente desarrollo normativo, el Tribunal Constitucional


tiene atribuciones para hacer el enjuiciamiento de constitucionalidad de tales actos; disponiendo, en su caso, que el legislador desarrolle la norma constitucional que de manera obligatoria y concreta le impone la Constitución, lo que no puede darse cuando se trata de normas constitucionales programáticas.”

Asimismo, también ha visto por conveniente relacionar las normas y principios constitucionales con los que se conectaba la supuesta omisión normativa que fue objeto de análisis, a cuyo efecto desarrolló el alcance del Principio de Supremacía Constitucional, y su aplicación en el sistema de control de constitucionalidad vigente en Bolivia, con los siguientes fundamentos:

“(…) III.2.4 Principio de supremacía constitucional

Este principio garantiza y posibilita la realización material de los principios acuñados por la Constitución; nace de la cualidad específica de la Constitución, como base, sustento y marco que informa todo el sistema normativo. En la Constitución Política del Estado vigente, el principio en análisis está previsto en el art. 228 constitucional, cuando expresa: “La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones”. Concretizan el principio de supremacía constitucional, entre otros, los arts. 120 y 121 de nuestra Ley Fundamental, al dotar a los ciudadanos y al poder político de un órgano jurisdiccional encargado de manera exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad y derivado de ello, de garantizar la supremacía de la Constitución. A su vez, del principio de supremacía constitucional, nacen los principios de interpretación de todo el ordenamiento conforme a la Constitución, principio de jerarquía normativa y unidad del ordenamiento (sub principios en sentido estricto). El primer principio se proyecta en un doble sentido: de un lado, impone al legislador la obligación de preservar, en el proceso de elaboración de las normas, que estas guarden sujeción a la Constitución, y de otro, obliga a todos los poderes a realizar un juicio previo de constitucionalidad positiva de las normas a aplicar, de tal manera que si el juicio resulta negativo, o lo que es lo mismo, si de tal labor interpretativa se entendiera que la norma contradice a algún precepto o principio de la constitución o existen dudas sobre su constitucionalidad, dado el carácter concentrado del sistema de control de constitucionalidad vigente, se debe formular o promover la consulta respectiva ante el Tribunal Constitucional, promoviendo de oficio el incidente de inconstitucionalidad previsto por el art. 59 y ss de la LTC. Consiguientemente, la falta o el insuficiente desarrollo de una norma constitucional, que se expresa en un mandato directo y concreto al legislador ordinario de que desarrolle determinado precepto, constituye una lesión al principio de supremacía constitucional.” 58

58 Ésta Sentencia Constitucional, junto a otras relativas al sistema democrático, fueron publicadas en: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA. El aporte del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL al fortalecimiento del Estado de Derecho y la Democracia. Sucre (Bolivia): Talleres Gráficos KIPUS, Diciembre de 2005. Asimismo, la línea jurisprudencial creada por dicha Sentencia, fue reiterada


Evidentemente, las consideraciones anteriormente transcritas, corresponden a las normas previstas por la Constitución abrogada y la anterior Ley Nº1836 del Tribunal Constitucional. Sin embargo, cabe hacer notar también que similares disposiciones se encuentran establecidas en la Nueva Constitución Política del Estado, y en la Nueva Ley Nº 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional, como se puede ver a continuación.

7. El Tribunal Constitucional Plurinacional instituido en la Constitución del año 2009

7.1. Naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional Plurinacional

Conforme se puede apreciar de todo lo expuesto anteriormente, en nuestro país el Tribunal Constitucional, se constituye en el defensor de la Constitución y del régimen democrático, habiéndosele encomendado la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; por ello es el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, según se infiere de las normas previstas por la Ley Fundamental.

Es el máximo guardián de la Constitución, en virtud a que el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, con la potestad de emitir sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado.

Es el supremo intérprete de la Constitución, considerando la naturaleza jurídica de la función que desempeña, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, y los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento, dado que ello constituye su deber principal; sin embargo se debe tener presente que si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares, es únicamente el Tribunal Constitucional59.

Por lo expuesto, y en virtud a la naturaleza institucional y la labor que le ha sido encomendada expresamente por el Constituyente, sus decisiones poseen la peculiaridad de tener fuerza obligatoria general para los poderes públicos, y la jurisprudencia por ella establecida tiene fuerza vinculante, tanto en sentido vertical (hacia los tribunales y jueces de jerarquía inferior), como en sentido horizontal (hacia el propio Tribunal Constitucional o tribunales de igual jerarquía), para la efectiva resolución de casos análogos; dicha eficacia hace posible que el Tribunal Constitucional

uniformemente por las SSCC 0003/2006 de 18 enero; 0048/2006 de 5 de junio; 0084/2006 de 20 de octubre; 0085/2006 de 20 de octubre, y 1278/2006-R, de 14 de diciembre. 59 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEFENSOR DE LA CONSTITUCIÓN. Reflexiones sobre la necesidad de su consolidación y fortalecimiento institucional. Págs. 58-59.


pueda garantizar la supralegalidad de la Constitución. Asimismo, la facultad interpretativa definitoria del Tribunal y la fuerza vinculante de la jurisprudencia establecida de forma reiterada y uniforme en sus resoluciones, se constituyen en el mecanismo central del sistema de control de constitucionalidad diseñado por el Constituyente, y previsto por la misma Constitución60.

7.2. La configuración del control de constitucionalidad en la Nueva Constitución Boliviana

Según la norma prevista por el artículo 179, parágrafo III de la Nueva Constitución Política del Estado, la justicia constitucional se ejercerá por el Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual por mandato del artículo 196 del texto constitucional, debe velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de constitucionalidad61, y precautelando el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

En virtud de lo dispuesto por las referidas normas constitucionales, se puede inferir claramente que el Constituyente ha decidido mantener el modelo concentrado (europeo – kelseniano) de control de constitucionalidad, a cuyo efecto encomienda dicha labor a un organismo especializado cual es el Tribunal Constitucional Plurinacional.62

En este sentido, se introdujeron importantes modificaciones de las cuales se pueden destacar principalmente las que corresponden a los ámbitos institucional y procesal, conforme se detalla a continuación.

a) Ámbito Institucional.

Al respecto, y según el criterio del notable constitucionalista boliviano José Antonio Rivera Santivañez, “en el ámbito institucional la Constitución, simplemente añadiendo al nombre original la alocución de Plurinacional, mantiene al Tribunal Constitucional en la estructura

60 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Tribunal Constitucional: una década transitando un sendero con obstáculos. Artículo publicado en la Revista OPINIONES Y ANÁLISIS Nº 90. Los árbitros de la vida institucional boliviana”. La Paz (Bolivia): FUNDEMOS, Febrero de 2008. Pág. 50. 61 A los fines del presente trabajo, de manera general se puede conceptualizar al control de constitucionalidad como aquella acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la cual debe ser acatada y cumplida por todos los órganos del poder público, por los gobernantes y gobernados, así como también debe ser aplicada con preferencia a las leyes, decretos o resoluciones. En síntesis, se trata de una acción encaminada a verificar el cumplimiento de las condiciones de validez constitucional del ejercicio del poder político en una triple dimensión: a) la dimensión normativa, a partir de la verificación de las condiciones de validez formal y material de las disposiciones legales, b) la dimensión tutelar, que consiste en resguardar y proteger los derechos fundamentales y garantías constitucionales contra los actos o resoluciones ilegales o indebidos que los vulneren; y c) la dimensión de control del ejercicio del poder político, esto es, verificar que los diferentes órganos del poder constituido ejerzan sus funciones en el marco de las competencias asignadas por la Constitución. 62 “(…) empero, ha introducido importantes reformas a la estructura institucional del mencionado órgano de control de constitucionalidad, al ámbito de sus funciones y atribuciones, asimismo a la configuración procesal de los procesos constitucionales que debe conocer y resolver; reformas que en el futuro podrían anular el control de constitucionalidad y, en su caso, permitir se instrumentalice la Justicia Constitucional para garantizar el proyecto de ejercicio hegemónico del poder político” (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. Pág. 43).


orgánica del Órgano Judicial; cuando lo óptimo era constituirlo como un órgano constitucional independiente de los demás órganos del poder constituido, cuyos actos, resoluciones y determinaciones controla, en cuanto a su compatibilidad con la Constitución” 63; sin embargo, nos permitimos disentir de ésta respetable opinión, en razón de que, desde el punto de vista de la sistemática de la Constitución, se ha dedicado el Título III a establecer las normas relativas al Órgano Judicial “y” al Tribunal Constitucional Plurinacional, de donde se evidencia que el TCP ya no se mantiene dentro de la estructura orgánica del órgano Judicial, y esto se confirma con el hecho de que el Capítulo Sexto del mismo Título está dedicado exclusivamente a establecer las reglas constitucionales de ésta institución vital para la democracia boliviana, habiéndosele añadido el calificativo de “Plurinacional” en consonancia con la nueva configuración del Estado Boliviano, bajo el entendimiento de que la estructura de éste nuevo modelo de Estado, implica que los poderes públicos, así como sus estructuras institucionales indispensables, tengan una representación directa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas, según usos y costumbres, y también de la ciudadanía en general, a través del voto universal.64

Por otro lado, y con relación a las funciones y atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, la Constitución mantiene aquellas materias asignadas por la Constitución abrogada, con el añadido de que ésta institución también deba conocer las consultas de las autoridades indígenas originario‐campesinas, sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto; conocer y resolver los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental (afianzando con estos aspectos, el carácter plurinacional de éste Tribunal); conocer en grado de revisión la acción de cumplimiento y la acción popular, que son dos nuevas acciones tutelares incorporadas a las garantías constitucionales jurisdiccionales previstas por la Ley Fundamental, habiéndose dispuesto además de manera imperativa el control previo de constitucionalidad de los Tratados Internacionales.

b) Ámbito Procesal.

Sobre éste ámbito, de la lectura de las normas insertas en la NCPE se infiere que el Constituyente ha introducido modificaciones sustanciales, que ciertamente en su

63 Y asimismo agrega: “Algo más grave aún, a diferencia de la Constitución abrogada, en la que se proclama la independencia orgánica y funcional del Tribunal Constitucional, en la Constitución promulgada el 07 de febrero de 2009 no se hace referencia alguna a esa independencia orgánica y funcional; ¿se trata de una omisión o una deliberada determinación?, consideramos que se trata de lo último, pues responde a una estrategia de mantener este órgano formalmente en la estructura institucional del Estado, pero anularlo materialmente en su función de ejercer el control de constitucionalidad” (RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento. Pág. 145). 64 Cfr. “Propuesta para la Nueva Constitución Política del Estado, por un Estado plurinacional y la autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, originarias y campesinas”. Publicación de prensa: Sucre (Bolivia), 5 de agosto de 2006. Cabe señalar que estos propósitos han alcanzado materialización a través de las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 197, 198 y 199 de la NCPE.


aplicación práctica podrían menoscabar el control de constitucionalidad, cuando no anularlo de hecho. En este sentido, la norma prevista por el artículo 196 parágrafo II de la NCPE impone al Tribunal Constitucional Plurinacional los métodos histórico y gramatical para la interpretación de la Constitución, “amarrando al órgano de control de constitucionalidad a la voluntad de la Asamblea Constituyente, frente a la realidad económica, política imperante en el momento en que desarrolle su labor interpretativa”65.

Al respecto se debe considerar que de acuerdo a la doctrina constitucional, el método histórico consiste en averiguar los antecedentes o raíces históricas de la norma constitucional interpretada para descubrir el sentido de la norma a partir de la voluntad original de su creador (el constituyente), para lo que debe acudirse a los documentos de exposición de motivos, informes de comisiones, actas de debates, etc. Sin embargo la aplicación de éste método presentaría enormes dificultades prácticas, considerando que dadas las circunstancias conflictivas en las que se realizó la elaboración de la Constitución, no es posible contar con el registro documentado de todas las iniciativas y propuestas, los fundamentos o exposiciones de motivos, o las actas de debates de la Asamblea Constituyente, máxime si se toma en cuenta que en realidad no hubo un verdadero debate y consenso en la aprobación del Proyecto de Constitución dentro de la referida Asamblea.66

Por otro lado, el método gramatical o literal es aquel en el que para atribuir el significado de la norma interpretada se acude al texto literal y gramatical que usa el constituyente para la configuración de la norma constitucional. Sin embargo éste método presenta al menos dos dificultades identificadas claramente por el jurista José Antonio Rivera Santivañez:

• la primera consiste en el hecho de que el texto no siempre refleja el sentido o significado de la norma, ello en razón de que durante los debates generalmente se plantean propuestas de modificación, adición o sustitución, al texto originalmente propuesto;

• la segunda consiste en que muchas veces suelen presentarse variantes y contradicciones entre el texto aprobado por el Constituyente, y el texto publicado oficialmente a la conclusión de los trabajos.67

En atención a los fundamentos expuestos, se advierte la necesidad de revisar la doctrina constitucional contemporánea a fin de aclarar los alcances de los métodos interpretativos establecidos por el Constituyente, así como de rescatar la doctrina vigente en el constitucionalismo latinoamericano y, de ser necesario en el europeo, en relación a los principios y criterios rectores que deben imperar en la interpretación constitucional en general, así como en la 65 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. El Nuevo Sistema Constitucional del Estado Boliviano. Pág. 45. 66 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN. Luces y Sombras del Proyecto modificado por el Parlamento. Pág. 149. 67 Ibidem.


interpretación judicial constitucional en particular, aspecto que involucra a la facultad de interpretación exclusiva y vinculante inherente a la naturaleza jurídica de las funciones que desarrolla el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, encargado de ejercer el control de constitucionalidad a nivel nacional, de donde se desprende la importancia de realizar un estudio constitucional referido a los métodos y criterios de interpretación constitucional, que durante el desarrollo de sus actividades jurisdiccionales deberá utilizar el Tribunal Constitucional Plurinacional.

7.3. Los principios y criterios rectores en la interpretación de la Nueva Constitución Boliviana

De acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional, con carácter enunciativo y no limitativo, se puede señalar que los Principios que rigen la interpretación constitucional, son esencialmente los siguientes:

1. Principio de Unidad de la Constitución.‐ El cual significa que el intérprete debe tener en cuenta que la Constitución contiene un conjunto de normas correlacionadas y coordinadas entre sí que forman una totalidad, de manera que la interpretación de una norma constitucional deberá efectuarse tomando en consideración las demás normas contenidas en la Constitución. En definitiva, este principio significa que el intérprete no debe limitarse en su labor interpretativa al análisis y cotejo de uno o varios artículos de la Constitución (en forma aislada), sino que debe basar sus decisiones teniendo en cuenta la concordancia o armonización con todas aquellas normas que tengan relación con el caso o asunto a resolver.

2. Principio de Concordancia Práctica.‐ Que consiste en que la interpretación debe buscar la coherencia de las normas constitucionales en caso de existir contradicciones entre sí mismas; es decir, que este principio tiene por característica el hecho de que los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser compatibilizados en la solución de los problemas interpretativos, de manera que cada uno conserve su identidad. Esto implica, la exigencia de acudir a la “ponderación de bienes” para resolver y canalizar los conflictos que puedan darse entre los diversos valores e intereses tutelados por la normativa constitucional.

3. Principio de Eficacia Integradora.‐ Que se lo emplea cuando se trata de interpretar normas constitucionales que se refieren al ámbito de funcionamiento de los órganos de poder del Estado, teniendo en cuenta la coordinación e interrelación que deben existir entre ellos para la realización de los fines del Estado y la conservación del orden democrático.

4. Principio de Corrección Funcional.‐ Que básicamente se fundamenta en que la interpretación que se realice de la norma constitucional no debe interferir el ámbito de las funciones asignadas por la Constitución a los diferentes órganos de poder, a cuya consecuencia el intérprete se ve obligado a respetar el marco de distribución de funciones


estatales consagrados por la Constitución. Este principio se manifiesta en el plano extrínseco, imponiéndole al intérprete la solución de los conflictos de competencia entre los órganos de poder del Estado sin desconocer ni desnaturalizar el esquema de reparto de funciones constitucionalmente establecido; y en el plano intrínseco, le impide al intérprete rebasar el marco de las funciones que le son propias, es decir, que éste deberá respetar las competencias que le corresponden al legislador en la conformación y desarrollo de los derechos, sin limitarlas más allá de lo prescrito en la normativa constitucional.

5. Principio de Efectividad.‐ Que se asienta en que, en la interpretación constitucional, el intérprete debe encausar su actividad hacia la optimización y maximización de la eficacia de las normas constitucionales, sin distorsionar su contenido y actualizándolas ante los cambios de la realidad. Este criterio orientador tiene una incidencia especial para la interpretación de los derechos fundamentales a través del principio in dubio pro libertate, tendiente a conseguir la máxima expansión del sistema de libertades reconocidas constitucionalmente. Este principio orienta al intérprete a establecer soluciones hermenéuticas que, por tener conciencia histórica del proceso de cambio en las estructuras socio‐económicas, permiten una constante actualización de la normativa constitucional garantizando, de este modo, su máxima y permanente eficacia68.

A diferencia de lo señalado anteriormente, entre los Criterios Rectores que deben ser empleados en el proceso de interpretación constitucional, se pueden distinguir los siguientes:

a) En la interpretación debe primar la presunción de constitucionalidad, lo que significa que la inconstitucionalidad sólo debe ser planteada en los casos muy serios, y debe ser abordada con la máxima de las cautelas. Si existe duda razonable en torno a la constitucionalidad, entonces debe operar la presunción a favor de ésta. Tan sólo cuando la inconstitucionalidad sea notoria y palpable y de alcances graves para el ordenamiento jurídico, habrá que optar por ella.

b) En caso de que surjan dudas al interior del texto constitucional debe buscarse una concordancia de la Constitución consigo misma; ello implica que si en la Constitución existen dos normas en pie de igualdad y los valores que ellas encierran se encuentran en aparente contradicción, se debe salvar el principio formal de la unidad de la Constitución, y de la coherencia consigo misma.

c) Previsión de consecuencias, supone que en la tarea de interpretación, si bien debe desarrollarse sin interesar los resultados, no debe ignorarse el incorporar previsiones

68 RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. Procesos Constitucionales en Bolivia. Obra Citada. Págs. 80-82. De manera complementaria a lo anterior, se debe hacer referencia también al PRINCIPIO DE FUERZA NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN, en virtud del cual “La interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no sólo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público (incluyendo, desde luego, a este Tribunal) y a la sociedad en su conjunto”. EXP. N.° 5854-2005-PA/ Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú. Disponible virtualmente en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia


futuras al momento de resolver, no como dato definitivo, sino como uno entre los muchos existentes para llegar a una solución.

d) Preferencia por los derechos humanos, obliga a que en la interpretación constitucional se opte por una opción preferente a favor de los derechos humanos, es decir, cuando se presente una situación en la que exista un conflicto entre los derechos humanos de la persona con las competencias y atribuciones de los órganos de poder, otorgados por la propia Constitución, el intérprete constitucional deberá inclinarse por aquellos, lo que en el fondo importa el uso del sistema de ponderación de bienes, y el test de razonabilidad69.

8. Las dimensiones del control de constitucionalidad a ser ejercido por el Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia

Ahora bien, respecto a los alcances de la labor de control de constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional en Bolivia, cabe considerar que la jurisprudencia constitucional contenida en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 0051/2005 de 18 de agosto, ha establecido lo siguiente: “(…) Con carácter previo a dilucidar la problemática planteada, este Tribunal considera necesario precisar los alcances del control de constitucionalidad que ejerce a través de los recursos de inconstitucionalidad, por cualquiera de las dos vías reconocidas ‐directa o indirecta‐. En ese orden, cabe señalar que el control de constitucionalidad abarca los siguientes ámbitos: a) la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales impugnadas con las normas de la Constitución Política del Estado, lo que incluye el sistema de valores supremos, principios fundamentales, así como los derechos fundamentales consagrados en dicha Ley Fundamental; b) la interpretación de las normas constitucionales así como de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución Política del Estado; c) el desarrollo de un juicio relacional para determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales; determinando previamente el significado de la norma legal por vía de interpretación; y d) la determinación de mantener las normas de la disposición legal sometida al control. De lo referido se concluye que el control de constitucionalidad no alcanza a la valoración de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control; lo que significa que el Tribunal Constitucional, como órgano encargado del control de constitucionalidad, no tiene a su cargo la evaluación de si son convenientes, oportunos o benéficos los propósitos buscados por las normas impugnadas, su labor se concentra en el control objetivo de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas.”

Como se puede ver, ésos son los ámbitos esenciales en que debe desarrollar sus funciones el nuevo TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, mismo que, de acuerdo a su configuración constitucional, ha sido instituido como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad de defensor de los Derechos Fundamentales, y por lo mismo, su función principal es la de ejercer en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden

69 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. La Interpretación Constitucional como problema, ahora en: La Constitución y su dinámica, disponible virtualmente en: www.garciabelaunde.com/biblioteca.htm


constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas. Precisamente para el cumplimiento eficaz de esas funciones, los arts. 202 de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) y el 12 de la nueva Ley Nº 27, enumeran las competencias específicas atribuidas al Tribunal Constitucional Plurinacional, para que ésta institución desarrolle su labor jurisdiccional especializada, en una triple dimensión:

el control normativo de constitucionalidad; el control sobre el ejercicio del poder político; y el control tutelar de los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

8. 1. Control normativo de las disposiciones legales

De acuerdo con las atribuciones que le confieren la Constitución y la nueva Ley Nº 27, el TCP ejerce un control sobre la constitucionalidad de todas las disposiciones legales, sean éstas leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de resoluciones no judiciales, declarando, su inconstitucionalidad con carácter general o "erga omnes" y el efecto derogatorio o abrogatorio conforme corresponda en cada caso. A este efecto, el ordenamiento jurídico establece dos modalidades de control de la normatividad: el previo o a priori, y el correctivo o a posteriori.

a) El control normativo previo (a priori)

Este control se ejerce antes de la aprobación de la respectiva disposición legal, en todos aquellos casos en los que exista una duda fundada sobre su constitucionalidad. Para el efecto, la legislación ha previsto las siguientes acciones:

1) las consultas de la Presidenta o del Presidente del Estado Plurinacional, de la Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley (atribución 8va., del art. 12 de la Ley del TCP);

2) las consultas de las autoridades indígenas originarias campesinas sobre la aplicación de sus normas jurídicas (consuetudinarias) a un caso concreto (atribución 12ava.); y

3) el control previo de constitucionalidad en la ratificación de los Tratados Internacionales (atribución 9na.). En los dos primeros casos, la legitimación activa está restringida a las autoridades expresamente indicadas, y en el caso de las consultas sobre la constitucionalidad de tratados o convenios internacionales la legitimación activa está acordada a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Sobre ésta modalidad de control preventivo, también se debe anotar que dentro de la estructura orgánica de ésta entidad, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional tiene entre sus atribuciones jurisdiccionales, el ejercer el control previo sobre la constitucionalidad de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, aprobados por los órganos deliberativos de las entidades territoriales autónomas; y así también le corresponde conocer y resolver el control previo sobre el


texto de las preguntas de la convocatoria a referendo nacional, departamental y municipal (de acuerdo a lo previsto en las atribuciones 12ava., y 13ava., del artículo 28 de la Ley del TCP).

b) El control normativo correctivo (a posteriori)

Esta forma de control es realizada con posterioridad a la sanción y promulgación de la disposición legal respectiva, en aquellos casos en los que presenten eventualmente una contradicción o incompatibilidad con las normas de la Constitución Política del Estado. El TCP, como órgano jurisdiccional del control de constitucionalidad, lo ejerce al momento de conocer y resolver:

1) las acciones de inconstitucionalidad directas o de carácter abstracto sobre leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales (atribución 1ra., del art. 12 de la Ley del TCP);

2) las acciones de inconstitucionalidad indirectas o de carácter concreto sobre leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales (atribución 2da.);

3) los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones, creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (atribución 5ta.);

4) los recursos contra las resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones afecten a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas (atribución 6ta.); y

5) la constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (atribución 10ma.).

8. 2. Control sobre el ejercicio del Poder Político

Es un control que tiene por objeto establecer un equilibrio en el ejercicio del poder político, resolviendo los conflictos constitucionales referidos al ámbito de las competencias asignadas por la Constitución a los distintos órganos del poder público, y a las nuevas entidades territoriales autónomas. El TCP cumple esta función conociendo y resolviendo:

a) los conflictos de competencia que pudiesen suscitarse entre los órganos del poder público (atribución 3ra., del art. 12 de la Ley del TCP);

b) los conflictos de competencia entre el gobierno plurinacional (central), las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y de éstas entre sí (atribución 4ta.);

c) los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originario campesina y las jurisdicciones ordinaria y agroambiental (atribución 11ava.);


d) los recursos directos de nulidad70 que proceden contra todo acto o resolución de autoridad pública que usurpe funciones que no le competen, así como contra los actos de la autoridad pública que ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la Ley (atribución 13ava., del art. 12 de la Ley del TCP).

8. 3. Control tutelar sobre la vigencia de los Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales

Este control tiene la finalidad de resguardar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, que operan como límites al ejercicio del poder público del Estado. En este sentido, y de acuerdo a lo establecido en la Atribución 7ma., del art. 12 de la Ley Nº 27, el TCP debe ejercer este control a través de la revisión de las resoluciones emitidas a la conclusión de los procesos constitucionales emergentes de las siguientes acciones:

a) Acción de Libertad71, que extiende su ámbito de protección hacia toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es

70 Sobre éste aspecto, cabe anotar que el art. 31 de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg) determinaba: “Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley"; norma que se mantiene casi idéntica en el texto constitucional vigente del año 2009, cuando en el art. 122 señala: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley". La norma antes aludida fue introducida por primera vez en la reforma constitucional de 1871 (art. 33), con un texto similar al que actualmente conocemos, y permaneció casi inalterable en las diferentes reformas constitucionales, constituyéndose en una garantía destinada a proteger la “plena vigencia del ordenamiento jurídico (…) sancionando con nulidad el acto de la autoridad pública que obró sin poseer una condición esencial para la ejecución de los actos públicos: la competencia y/o la jurisdicción” (ASBÚN, Jorge, El recurso directo de nulidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en La Justicia Constitucional en Bolivia 1998-2003, Tribunal Constitucional. AECI, Grupo Editorial Kipus, Cochabamba, 2003, p. 769). Ahora bien, cabe señalar que el art. 31 de la CPEabrg estaba contenido dentro de las garantías de la persona, Título Segundo de la Parte Primera de la CPEabrg, y el art. 122 de la CPE, está contemplado dentro del Capítulo Primero, Garantías Jurisdiccionales, del Título IV de la Primera Parte de la Constitución Política del Estado; consiguientemente, es una garantía jurisdiccional que puede ser tutelada a través del recurso directo de nulidad; recurso específico previsto actualmente en el art. 202.12 de la CPE, y que tiene como objetivo, precisamente, dar vigencia a la garantía contenida en el art. 122 de la referida Ley Fundamental y, por ende, declarar la nulidad de aquellos actos o resoluciones de quienes obraron sin competencia o ejerciendo jurisdicción y competencia no emanada de la Ley. En este sentido, el art. 157 de la nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, desarrolla este recurso al señalar que: “I.- Procede el recurso directo de nulidad contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones que no le competen, así como contra los actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de la ley. II.- También procede contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial que este suspendida de sus funciones o hubiere cesado”. Como se puede apreciar de la normativa glosada, el recurso directo de nulidad surge como el mecanismo adecuado para contrarrestar los actos o resoluciones de quienes usurpen funciones que no les competen, o de quienes actúen fuera de jurisdicción o potestad que no emane de la ley. En esta perspectiva, y a efectos de desfragmentar los supuestos de hecho previstos en el art. 31 de la CPEabrg, y art. 122 de la CPE, para luego determinar los actos lesivos contra los cuales procede el recurso directo de nulidad, a diferencia del ámbito de aplicación del amparo constitucional, es importante consultar la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional 0814/2010 de 2 de agosto. 71 En lo referente a la configuración actual de la Acción de Libertad y la ampliación de su ámbito de protección en relación al habeas corpus anteriormente vigente, cabe considerar los argumentos del Voto Disidente formulado en fecha 22 de julio de 2010 por el Magistrado Marco Antonio Baldivieso, respecto al entendimiento contenido en la Sentencia Constitucional 0451/2010-R de 28 de junio, en cuya oportunidad se


indebidamente procesada o privada de su libertad personal; vale decir que en el nuevo sistema constitucional boliviano se han ampliado los alcances de ésta acción tutelar, con la finalidad de dar una efectiva protección no sólo a quienes se encuentran ilegalmente privados de libertad, sino también a quienes consideren que su libertad física o personal y su propia vida esté amenazada.

b) Acción de Amparo Constitucional72, que extiende su ámbito de procedencia contra actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de personas individuales o

ha señalado lo siguiente: “El art. 18.I de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg), establecía que: "Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notarial o sin él, ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier juez de Partido, a elección suya, en demanda de que se guarden las formalidades legales…". Similar previsión está contenida en el art. 125 de la Constitución Política del Estado vigente (CPE), que sostiene que "Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquier a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal…". Como se puede apreciar, entre ambas normas no existen diferencias substanciales, manteniendo la Constitución vigente las características esenciales del hábeas corpus: El informalismo, por la ausencia de requisitos formales en su presentación; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad. Cabe hacer notar, sin embargo, que la Constitución Política vigente acentúa algunas de las características anotadas: 1. El informalismo, pues actualmente se amplía la posibilidad de presentación oral de la acción de libertad, que antes estaba reservada sólo a los supuestos en que la persona fuera menor de edad o incapacitada, analfabeta o notoriamente pobre y; 2. La inmediación, ya que la Constitución Política del Estado señala que la autoridad judicial, una vez presentada la acción, debe disponer que el accionante sea conducido a su presencia o acudir al lugar de la detención, última posibilidad que no estaba contemplada en la Constitución abrogada y que es fundamental para comprobar las condiciones en que la persona se encuentra privada de libertad, especialmente cuando existe denuncia de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o si se ha vulnerado el derecho a la integridad física o existe amenaza a su vida. Otra de las modificaciones introducidas en la Constitución, es la relativa a la competencia del juez o tribunal que conoce la acción, toda vez que actualmente la acción de libertad debe presentarse ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, lo que sin duda es saludable dada la especialización de los jueces en esta materia de la cual emergen la mayoría de las acciones de libertad. Sin embargo, las modificaciones más importantes, están referidas al ámbito de protección de la acción de libertad, que alcanza ahora al derecho a la vida y a la posibilidad de presentar la acción de libertad también contra particulares, conforme se desprende del art. 126 de la CPE. De lo expresado, se concluye que la Constitución vigente, amplía no sólo su ámbito de protección, sino que acentúa sus características fundamentales de informalismo e inmediación, con la finalidad de dar una efectiva protección no sólo a quienes se encuentran privados de libertad, sino también a quienes consideren que su libertad física o personal y su propia vida esté amenazada. (…)”. Disponible virtualmente en la página web del Tribunal Constitucional de Bolivia: http://www.tribunalconstitucional.gob.bo/ 72 Al respecto cabe recordar que la Acción de Amparo Constitucional prevista en el artículo 128 de la NCPE (anteriormente consagrado como Recurso en el art. 19 de la CPEabrg), es una acción tutelar de carácter extraordinario tendiente a la protección de los derechos fundamentales de las personas: “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; instituyéndose en el art. 129.I y II, los principios esenciales de subsidiariedad e inmediatez que la caracterizan, al disponer que podrá interponerse: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (…) en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última


colectivas, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley; vale decir que se trata de una acción extraordinaria que tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, siempre que no exista otro medio o recurso legal para su defensa, a cuyo efecto ésta acción tutelar se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, lo que implica la necesidad de otorgar una protección inmediata y eficaz a los derechos fundamentales y garantías constitucionales que en su momento resultaren lesionados.

c) Acción de Protección de Privacidad73, que se activa en favor de toda persona individual o

colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación.

d) Acción de Cumplimiento, que procederá en caso de incumplimiento de disposiciones

constitucionales o de la ley, por parte de servidores públicos, con el objeto de garantizar la

decisión administrativa o judicial”. Sobre el Principio de Inmediatez que lo caracteriza, se puede consultar la jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 0521/2010 de 5 de julio. Asimismo, en cuanto se refiere al Principio de Subsidiariedad, es de importancia recurrir a la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional 0770/2010 de 2 de agosto, así como el entendimiento jurisprudencial contenido en la Sentencia Constitucional 1337/2003-R de 15 de septiembre, que establece las reglas y sub-reglas de improcedencia del Amparo por subsidiariedad. 73 Respecto a la naturaleza jurídica y los nuevos alcances de la Acción de Protección de Privacidad, la reciente jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 1999/2010 de 26 de octubre, ha establecido que: “La nueva Constitución Política del Estado cambia el nomen juris del hábeas data a acción de protección de privacidad, pero no así su esencia tutelar, empero contempla algunos cambios específicos en cuanto a su redacción, en especial el art. 130. I, en el que se refiere a los casos de legitimación activa que si bien es muy similar al texto del art. 23.I de CPEabrg, tiene una diferencia notoria cuando afirma; “…Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad”. Observamos en primer lugar que se añaden a las personas colectivas como posibles legitimados activos, o futuros accionantes, concibiendo que las personas colectivas también tienen acceso a los derechos reconocidos por el art. 21.2 de la CPE, los cuales son: derecho a la intimidad, honra, propia imagen y dignidad. Se entiende que el texto del art. 130.I al reconocer como posibles accionantes a personas colectivas, se refiere a aquellas de orden público como privado, pero con algunas diferencias en cuanto a los derechos tutelados para estas, es decir, que las personas colectivas no podrán aducir la vulneración de su derecho a la intimidad personal y familiar, que son derechos fundamentales de índole personal, pero sí podrían denunciar la vulneración de sus derechos a la imagen y a la reputación. Corresponde aclarar que si bien el derecho a la imagen, a la honra y a la reputación, parecieran estar dentro del mismo grupo de derechos tutelados por la acción de protección de privacidad, en el caso de las personas colectivas, que es el objeto del presente análisis, como se indica líneas supra, sólo podrían denunciar la vulneración de los derechos a la imagen y la reputación, pero no así de la honra, debido a que el derecho a la honra es de índole estrictamente personal , es decir, entra dentro de la esfera de la personalidad y es concebido doctrinalmente como la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como reconocimiento de su dignidad frente a la sociedad. (…)”.


ejecución de la norma omitida; a cuyo efecto, dicha acción es susceptible de interponerse por la persona individual o colectiva afectada, o por otra a su nombre con poder suficiente, ante juez o tribunal competente, debiendo tramitarse de acuerdo a las mismas reglas de procedimiento previstas para la Acción de Amparo Constitucional.

e) Acción Popular74, que procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de

personas individuales o colectivas que “violen” (léase vulneren) o amenacen con “violar” (léase vulnerar) derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por la misma Constitución.

CONCLUSIONES

De todo lo referido hasta aquí, de puede concluir señalando que la Constitución Boliviana, es la Ley Fundamental del Estado Plurinacional de Bolivia, que regula normativamente todo el sistema constitucional, proclamando los valores supremos y principios fundamentales sobre los que se debe organizar y estructurar el nuevo Estado en el ámbito social, económico, jurídico y político; consagrando los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a las personas; definiendo su régimen de gobierno y estableciendo los órganos específicos a través de los cuales se habrá de ejercer el poder político, a cuyo efecto determina su estructura organizativa y el ámbito de sus competencias específicas.

Asimismo, en un sentido netamente político, la Constitución se puede definir como un pacto social y político adoptado por el pueblo, en el cual se define el sistema constitucional del Estado, estableciendo las reglas básicas para lograr una convivencia pacífica y la construcción de una sociedad democrática, basada en los valores supremos, principios fundamentales, derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas, como límites al ejercicio del poder político, ello en concordancia con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), que en su artículo 16 dispone que toda sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la división de poderes, no tiene Constitución; de ahí que, la Constitución se presenta como un complejo normativo establecido de una sola vez, y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos (García Pelayo).

De manera complementaria a lo anterior, cabe hacer notar que el concepto de Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, presupone la existencia de una determinada estructura normativa jerárquica, en donde la Constitución se presenta como la norma básica y fundamental de toda la estructura piramidal ocupando su cúspide, e imponiendo en forma 74 Para mayor información sobre estas nuevas acciones tutelares (Acción de Cumplimiento y Acción Popular) que recientemente se han incorporado al sistema constitucional boliviano, y con amplia referencia a la doctrina y jurisprudencia comparadas, ahora puede consultarse: REVISTA BOLIVIANA DE DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL “La Jurídica”. Nº 1. (La Paz – Bolivia: Ediciones El Original, Marzo de 2011), Págs. 11-43.


obligatoria el cumplimiento de las normas contenidas en ella; en consecuencia su infracción conlleva el quebrantamiento flagrante de la base de todo el sistema constitucional.

Asimismo, se debe tener presente que la supremacía de la Constitución, únicamente se afirma con el establecimiento de la Jurisdicción Constitucional, como mecanismo idóneo de defensa, control e interpretación de sus preceptos normativos, a cuyo efecto, se ha determinado atribuir éstas competencias básicas en forma exclusiva al Tribunal Constitucional Plurinacional, órgano especializado que tiene la principal función de ejercer el control de constitucionalidad, para declarar la inconstitucionalidad o invalidez de las leyes, decretos y cualquier género de resoluciones, que contraríen los preceptos de la Ley Fundamental. De lo expuesto se infiere que la fuerza normativa de la Constitución Boliviana, es el presupuesto indispensable para la existencia de la Jurisdicción Constitucional en nuestro país.

En este sentido, y conforme se ha podido apreciar, es amplia la gama de atribuciones previstas por la Constitución Boliviana (2009) y la nueva Ley Nº27 del Tribunal Constitucional Plurinacional (2010), para que el máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional en Bolivia, asegure la primacía del texto constitucional a través del control de la constitucionalidad, a cuyo efecto se lo ha instituido como máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad especial de defensor de los Derechos Fundamentales75; en consecuencia, esta entidad colegiada podrá desarrollar funciones jurisdiccionales en el ámbito normativo, competencial y/o tutelar, ejerciendo en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas en el Estado Plurinacional de Bolivia.

75 De ahí que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al haber sido instituido por la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) como el único órgano encargado de realizar el control concentrado de la constitucionalidad en nuestro país, ejerce lo que se denomina “Jurisdicción Constitucional”, concepto éste que difiere en su esencia, de lo que se llama “Justicia Constitucional”, y para comprender ésta diferencia conceptual, es necesario acudir a la doctrina del Derecho Procesal Constitucional -que ciertamente aún se halla en formación en Bolivia, desde 1994-, uno de cuyos máximos exponentes es el profesor mexicano Héctor FIX-ZAMUDIO, quien hace tiempo atrás ha realizado la discriminación teórico-práctica de ambos conceptos. En este sentido, para el jurista mexicano, la Justicia Constitucional se concibe como “el conjunto de procedimientos de carácter procesal por medio de los cuales se encomienda a determinados órganos del Estado, la imposición forzosa de los mandamientos jurídicos supremos, a aquellos otros organismos de carácter público que han desbordado las limitaciones, que para su actividad se establecen en la misma Carta Fundamental (…)”, y en cambio el concepto de Jurisdicción Constitucional comprende el estudio de “la actividad de verdaderos tribunales, formal y materialmente considerados, que conozcan y resuelvan las controversias de naturaleza constitucional de manera específica, es decir que los citados tribunales están especializados en la decisión de los conflictos de carácter constitucional”. FIX-ZAMUDIO, Héctor. Veinticinco años de evolución de la Justicia Constitucional. (México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM, 1968), Pág. 15.


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