la protección de bienes de los adultos mayores: un estudio
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La protección de bienes de los adultos mayores: Un estudio
del caso. Distrito Judicial de Lima. Perú.
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
DOCTOR EN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD
AUTOR:
Mgtr. Rolando Aurelio Velásquez Cueva
ASESOR:
Dr. Luis Alberto Núñez Lira
SECCIÓN
Ciencias empresariales
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Dirección
LIMA – PERÚ
2019
ii
Paginas preliminares
iii
iv
Dedicatoria:
A Dios por concedernos un nuevo
amanecer. Para servirlo a Él y al prójimo.
Al sacerdote Francisco Domingo Herrero
C.M. Por ser mí guía espiritual. A mis
hijos: Rugel, Alberto, Maribel y Roly. Para
que cumplan la misión que deben realizar
en la tierra con los talentos que Dios les
dió.
v
Agradecimiento
A nuestros maestros de la Escuela de
Posgrado de la Universidad César Vallejo
y, muy especialmente, al Asesor Dr. Luis
Alberto Núñez Lira por su sabiduría,
alegría, sencillez y empatía con sus
alumnos. Asimismo el amor y
reconocimiento a las y los adultos
mayores por ser víctimas de la
incomprensión humana y al personal
jurisdiccional y administrativo de la Corte
Superior de Justicia de Lima.
vi
Declaración de autenticidad
Yo, Rolando Aurelio Velásquez Cueva, estudiante del Programa de Doctorado
en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Escuela de Posgrado de la
Universidad Cesar Vallejo, identificado con DNI 25448102, con la tesis titulada
“La protección de bienes de los adultos mayores: Un estudio del caso. Distrito
Judicial de Lima. Perú”.
Declaro bajo juramento que:
La tesis es de mi autoría.
He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las
fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni
parcialmente.
La tesis no ha sido auto plagiado, es decir, no ha sido publicada ni
presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título
profesional.
Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido
falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se
presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada. De
identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a
autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación
propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de la información ajena) o
falsificación (presentar falsamente las ideas de otros), asumo las
consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la
normatividad vigente de la Universidad Cesar Vallejo.
Lima, 15 de Enero del 2019
_________________________________
Mgtr. Rolando Aurelio Velásquez Cueva
DNI: 25448102
vii
Presentación
Señores Miembros del Jurado de Tesis:
Presento la Tesis titulada La protección de bienes de los adultos mayores: Un
estudio del caso. Distrito Judicial de Lima. Perú. Con el objetivo general de
analizar como el Estado protege los bienes de los adultos mayores. En
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César
Vallejo, para obtener el Grado de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad.
Los adultos mayores recurren constantemente al Poder Judicial en
calidad de justiciables para que no les despojen de sus bienes, debido a que
otras personas, entre las que se incluyen los familiares, quieren inicialmente
administrarles sus bienes y posteriormente apropiarse de los mismos,
terminando los adultos mayores en estado de abandono moral y material.
Los resultados de la presente investigación radican en comprender la
vulneración de los derechos humanos que se deben respetar en los adultos
mayores cuando les quieren despojar de sus bienes. En describir las
legislaciones que ejecuta el Estado peruano actualmente para proteger sus
bienes y de esta manera mejorar las acciones que deberían tomarse para que
los adultos mayores se sientan realmente protegidos por el Estado.
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea
evaluada y merezca su aprobación
El autor
viii
Índice
Pág.
Carátula i
Paginas preliminares ii
Página del Jurado iii
Dedicatoria iv
Agradecimiento v
Declaratoria de autenticidad vi
Presentación vii
Índice viii
Lista de tablas xiii
Lista de figuras xiv
Resumen xv
Abstract xvi
Resumo xvii
I. Introducción
1.1 Trabajos previos 20
1.2 Marco Teórico 25
1.2.1 Definición de persona adulta mayor en el Perú 25
1.2.2 Sinonimia de expresiones o etiquetas que se
utilizan en el Perú para designar a los adultos
mayores
26
1.2.3 Concepto de envejecimiento 27
1.2.4 El enfoque biologicista del envejecimiento 28
1.2.5 El enfoque psicológico del envejecimiento 29
1.2.6 El enfoque social de derechos del envejecimiento 30
1.2.7 El enfoque social de envejecimiento activo o con
Éxito
31
1.2.8 El enfoque social de diversidad cultural y
envejecimiento
33
1.2.9 El enfoque social de género y envejecimiento 34
1.2.10 Principales características de la ancianidad
1.2.11 Modelo de bienestar subjetivo
35
36
ix
1.2.12 Adultos mayores y principios de Bioética
1.2.13 Teoría de la calidad de vida relacionada a la salud
de la población adulta mayor y el área de
residencia
1.2.14 Incentivar en adultos mayores la práctica regular de
actividades cognitivas
1.2.15 Modelo de construcción de confianza de los
individuos en sus instituciones políticas
1.2.16 La participación de los adultos mayores en
organizaciones políticas
37
37
38
39
39
1.2.17 Definición de violencia
1.2.18 Concepto de violencia psicológica
1.2.19 Concepto de violencia económica o patrimonial
40
41
42
1.2.20 Definición de abuso 42
1.2.21 Definición de ambición 43
1.2.22 Definición de desconsiderar 44
1.2.23 Abordajes cualitativos que permitan conocer el
maltrato del adulto mayor
45
1.2.24 Concepto de cosa 45
1.2.25 Concepto de bien 46
1.2.26 Concepto de bienes corporales 46
1.2.27 Bienes inmuebles según el Código Civil Peruano 46
1.2.28 Bienes muebles según el Código Civil Peruano 47
1.2.29 Concepto de bienes Incorporales 47
1.2.30 Concepto de patrimonio 47
1.2.31 Protección patrimonial de adultos mayores en el
Perú
48
1.2.32 Modelo de protección patrimonial o económica de
los adultos mayores en México
49
1.2.33 Adultos mayores y ausencia con presunción de
fallecimiento
1.2.34 Autotutela, voluntades anticipadas y poderes de
49
50
x
personas incapacitadas
1.2.35 Concepto de Interdicción 50
1.2.36 Los adultos mayores y la inhabilitación judicial 51
1.2.37 Adultos mayores y nulidades testamentarias 51
1.2.38 Concepción amplia del Hábeas corpus 52
1.2.39 Unión de hecho o concubinato y el derecho a
Heredar
52
1.2.40 Modelo de gestación del Estado Constitucional
Interamericano en el Perú
53
1.2.41 Declaración Universal de los Derechos Humanos 53
1.2.42 Convención americana sobre Derechos Humanos 54
1.2.43 Derechos Fundamentales de la persona según la
Constitución Política del Perú de 1993
55
1.2.44 Concepto de vulnerabilidad y las 100 Reglas de
Brasilia de 2008
1.2.45 La idea de vulnerabilidad y los nuevos enfoques
basados en Derechos Humanos de los adultos
mayores
56
57
1.2.46 Protección de los Derechos Humanos de
adultos mayores en el Perú
58
1.2.47 Soporte Institucional de los Derechos Humanos
de adultos mayores en el Perú
58
1.2.48 Deberes de la familia de los adultos mayores en el
Perú
59
1.2.49 Deberes del Estado en los Derechos Humanos
de adultos mayores en el Perú
60
1.2.50 Modelo de política de Estado de protección de los
Derechos Humanos de adultos mayores
en España y Colombia
61
1.2.51 Derechos Humanos de los adultos
mayores en América Latina
62
1.2.52 Sistema de Alerta Judicial para personas Adultas 65
xi
Mayores del Poder Judicial del Perú
1.2.53 Redefinición de independencia e imparcialidad de
los jueces
65
1.3 Marco espacial 66
1.4 Marco temporal 66
1.5 Contextualización (Contexto Histórico, Contexto Político,
Contexto Cultural y Contexto Social).
67
1.6 Supuestos teóricos 70
1.7 Justificación (Teórica, Práctica, Metodológica y
Epistemológica).
72
1.8 Relevancia 74
1.9 Contribución 75
1.10 Formulación del problema de investigación 75
1.11 Objetivos 75
II. Marco metodológico
2.1 Metodología 78
2.2 Tipo de estudio 78
2.3 Diseño de investigación 78
2.4 Escenario de estudio 79
2.5 Caracterización de los sujetos 80
2.6 Procedimientos metodológicos de investigación
(Recogida de datos y Análisis de datos).
80
2.7 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 81
2.8 Mapeamiento 81
2.9 Rigor científico 83
III. Trabajo de campo
3.1 El sujeto de investigación 86
3.2 Elaboración del guion para las observaciones
Semiestructurada
86
3.3 Realización de entrevistas y observaciones
Semiestructurada
86
3.4 Análisis de la documentación (evidencias) 87
xii
3.5 Organización de la información y el estudio de caso 95
3.6 Historia 104
3.7 Constructos elaborados 105
IV. Conclusiones
V. Referencias
Anexos
Anexo 1 Evidencias. Expedientes 118
Expediente: 183512 – 2007 – 00358 del Proceso de
Interdicción
118
Expediente: XP N° 1317 – 2018 – PHT/TC del
Proceso de Habeas Corpus
139
Expediente: CAS – 4510 – 2012 del Proceso de
Nulidad del Matrimonio
162
Anexo 2 Ficha de Entrevista 182
Anexo 3 Autorización de Información 186
Anexo 4 Entrevistas 193
Anexo 5 Matriz de Categorización 237
Anexo 6 Propuesta de Mejora: Presentación de Proyecto de
Ley a Congresista de la República del Perú.
241
Anexo 7 Acta de Aprobación de originalidad de Tesis 251
Anexo 8 Pantallazo del software TURNITIN 252
Anexo 9 Formulario de Autorización para la publicación electrónica
de la tesis
253
Anexo 10 Autorización de la versión final del trabajo de
investigación
254
xiii
Lista de Tablas
Página
Tabla 1 Legislación comparada de los derechos protegidos
de los adultos mayores en América latina
63
Tabla 2 Legislación comparada de los derechos protegidos
de los adultos mayores en América latina
64
xiv
Lista de Figuras
Página
Figura 1 Foto Local de Corte Superior de Lima. Perú. 118
Figura 2 Foto de Local de Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú Sala Civil
139
Figura 3 Foto de Local de Tribunal Constitucional del Perú 162
xv
Resumen
La presente tesis titulada la protección de bienes de los adultos mayores: Un
estudio del caso. Distrito Judicial de Lima. Perú. Que se desarrolla en la Corte
Superior de Justicia de Lima. En tres procesos, que se inician el 6 noviembre
del 2007 hasta el 25 de enero del 2013. Tiene el propósito de analizar como el
Estado protege los bienes de los adultos mayores.
Es una investigación cualitativa con diseño de investigación de estudio
de caso centrando el interés en las sentencias de cada uno de los tres
procesos, de los hijos frente al adulto mayor que es su padre y su esposa. El
caso es que los demandantes familiares hijos varones acompañados de sus
expedientes judiciales que son los sujetos de investigación, solicitan al Poder
Judicial la tramitación del Proceso de declaración de incapacidad legal o
interdicción (Expediente N° 183512-2007-00358) del adulto mayor que es su
padre Felipe Tudela y Barreda, por límite físico y con supuesto deterioro mental
por su edad. Proceso de hábeas corpus (Expediente N° 1317-2008-PHC/TC) a
favor de su padre y contra su esposa Graciela de Losada Marrou. Proceso de
nulidad del matrimonio civil (Expediente N° CAS 450-2012) de su padre Felipe
Tudela y Barreda y su esposa Graciela de Losada Marrou. El diseño consta de
cuatro etapas que son: planificación, recogida de información, análisis de la
información y el informe respectivo. Las técnicas son la entrevista a abogados
especialistas, jueces y fiscales con el análisis documental. El instrumento es la
ficha de entrevista a los expertos.
Las conclusiones generales son la no adecuada aplicación de las
normas legales, ocurrencia de vulnerabilidad de los Derechos Humanos en
adultos mayores y la no utilización adecuada de los informes médicos y
psicológicos en el proceso de Interdicción. La adecuada aplicación de las
normas legales y no vulnerabilidad de los Derechos Humanos en los Procesos
de habeas corpus y nulidad del matrimonio civil. Los medios de comunicación
no deben intervenir en el fallo de los jueces de cualquier proceso judicial.
Palabras Claves: Violencia patrimonial, adultos mayores, interdicción.
xvi
Abstract
The present thesis entitled the protection of assets of the elderly: A case study.
Judicial District of Lima. Peru. That takes place in the Superior Court of Justice
of Lima. In three processes, which begin on November 6, 2007 until January 25,
2013. Its purpose is to analyze how the State protects the assets of the elderly.
It is a qualitative research with case study research design focusing the interest
in the sentences of each of the three processes, of the children against the
older adult who is his father and his wife. The case is that the family plaintiffs
male children accompanied by their judicial files that are the subjects of
investigation, request to the Judicial Power the processing of the Declaration
Process of legal incapacity or interdiction (File N ° 183512-2007-00358) of the
older adult who is his father Felipe Tudela y Barreda, by physical limit and with
mental deterioration due to his age. Habeas corpus process (File N ° 1317-
2008-PHC / TC) in favor of his father and his wife Graciela de Losada Marrou.
Nullity process of civil marriage (File CAS No. 450-2012) of his father Felipe
Tudela y Barreda and his wife Graciela de Losada Marrou. The design consists
of four stages that are: planning, information gathering, analysis of the
information and the respective report. The techniques are interviewing specialist
lawyers, judges and prosecutors with the documentary analysis. The instrument
is the interview form to the experts.
The general conclusions are the inadequate application of legal norms,
occurrence of vulnerability of Human Rights in older adults and the failure to
properly use medical and psychological reports in the Interdiction process. The
adequate application of legal norms and non-vulnerability of Human Rights in
the habeas corpus proceedings and nullity of civil marriage. The media should
not intervene in the judgment of the judges of any judicial process.
Key words: Heritage violence, elderly, interdiction.
xvii
Resumo
A presente tese intitula a proteção de ativos de idosos: um estudo de caso.
Distrito Judicial de Lima. Peru Isso ocorre no Superior Tribunal de Justiça de
Lima. Em três processos, que começam em 6 de novembro de 2007 até 25 de
janeiro de 2013. Sua finalidade é analisar como o Estado protege os ativos dos
idosos.
É um estudo de caso de pesquisa em design pesquisa qualitativa com
foco interesse em juízos de cada um dos três processos, as crianças contra
adulto mais velho que é seu pai e sua esposa. O fato é que os filhos
demandantes familiares acompanhados de seus arquivos legais que são
sujeitos de pesquisa, pedindo ao Judiciário para lidar com o processo de
declaração de incapacidade legal ou interdição (Arquivo No. 183512-2007-
00358) maior do que adultos é seu pai Felipe Tudela y Barreda, por limite físico
e com deterioração mental devido a sua idade. Processo de habeas corpus
(Processo N ° 1317-2008-PHC / TC) em favor de seu pai e sua esposa
Graciela de Losada Marrou. Processo de nulidade do casamento civil
(Processo CAS No. 450-2012) de seu pai Felipe Tudela y Barreda e sua
esposa Graciela de Losada Marrou. O projeto consiste em quatro etapas que
são: planejamento, coleta de informações, análise das informações e
respectivo relatório. As técnicas estão entrevistando advogados especialistas,
juízes e promotores com a análise documental. O instrumento é o formulário de
entrevista para os especialistas.
As conclusões gerais são a aplicação inadequada de normas legais, a
ocorrência de vulnerabilidade dos Direitos Humanos em idosos e a falha em
usar apropriadamente relatórios médicos e psicológicos no processo de
interdição. A adequada aplicação das normas legais e a não vulnerabilidade
dos direitos humanos no processo de habeas corpus e a nulidade do
casamento civil. A mídia não deve intervir no julgamento dos juízes de qualquer
processo judicial.
Palavras-chave: Violência patrimonial, idoso, interdição.
I. Introducción
19
Introducción
Se realiza una investigación desde una perspectiva cualitativa con diseño de
investigación de estudio de caso centrando el interés en las sentencias de
acuerdo a cada uno de los tres procesos de los hijos varones frente al adulto
mayor que es su padre. El caso es que los demandantes familiares hijos
acompañados de sus expedientes judiciales que son los sujetos de
investigación, solicitan al Poder Judicial la tramitación de proceso de
declaración de incapacidad legal o interdicción. Proceso de hábeas corpus en
contra de la esposa. Proceso de nulidad del matrimonio civil de su padre
Felipe Tudela y Barreda y su esposa Graciela De Losada Marrou.
Los propósitos de la presente investigación son analizar como el
Estado protege los bienes de los adultos mayores. Así mismo, se analiza si se
aplicaron las normas legales correctas. Además, comprender si se vulneraron
los derechos humanos en adultos mayores. También se analiza si los medios
de comunicación pueden intervenir en los procesos judiciales. Por añadidura
describir si se utilizaron adecuadamente los instrumentos de informes médicos
y finalmente describir si se utilizaron adecuadamente los instrumentos de
informes psicológicos.
El diseño cumple con cuatro etapas que son: planificación, recogida de
información, análisis de la información y el informe respectivo. Las técnicas son
la entrevista a abogados especialistas, jueces y fiscales con el análisis
documental y el instrumento es la ficha de entrevista.
El análisis de la documentación o evidencias se realiza con la
integración de las entrevistas a abogados especialistas, jueces y fiscales que
en este caso son los investigadores expertos en jurisprudencia, con las
preguntas que son por bloques de los proceso de interdicción, proceso de
hábeas corpus y proceso de nulidad del matrimonio respectivamente. E
integrándose y contrastando las respuestas por párrafos en forma ordenada y
secuencial de acuerdo a las fichas de entrevista.
20
1.1 Trabajos previos:
1.1.1 Trabajos previos internacionales.
Vera (2016) realizó un trabajo de investigación titulado: Situación actual de los
derechos humanos en la normativa del adulto mayor en América Latina y
México. México. Su objetivo es precisar cuáles derechos humanos de los
adultos mayores deben considerarse en las normas. Utilizándose metodología
del análisis del derecho comparado en las legislaciones de once países de
América Latina, el tipo de investigación es básica, el nivel es exploratorio, el
enfoque es de tipo sociológico-normativo, concluyendo en un modelo
institucional del tópico. Las conclusiones más importantes señalan que solo dos
países (Brasil y República Dominicana) ejecutan teóricamente casi la totalidad
de los once Derechos Humanos fundamentales en adultos mayores estipulados
en la Declaración de Brasilia (2007); los países que ejecutan teóricamente muy
pocos Derechos Humanos previstos en sus normas son Honduras, Paraguay,
Ecuador y Guatemala. En ningún país se estipula sobre legislación de una
muerte digna. Porque en Brasil y República Dominicana solo abordan una vida
digna.
Martínez (2015) elaboró un trabajo de investigación titulado: La
protección jurídica de las personas mayores desde la perspectiva de los
Derechos Humanos. España. El objetivo de la investigación es que se debe
promover la perspectiva de los derechos humanos como garantía para la
práctica los derechos y libertades de las personas mayores porque en la
práctica debido a su vulnerabilidad están sometidos a una serie de violencias e
impedimentos. El trabajo de investigación es básica, nivel de investigación
descriptivo, diseño de investigación no experimental, que tiene por método de
investigación analítico sintético del derecho internacional de protección de
derechos humanos de personas mayores. Las conclusiones más importantes
son que el Estado debe ser el garantizador para el tratamiento específico de
acabar con las dificultades jurisdiccionales, institucionales y físicas que limitan
la equidad en adultos mayores.
21
Serrat (2015) realizó la tesis titulada: La participación de las personas
mayores en organizaciones políticas: Modelos explicativos centrados en el
individuo. Tesis para optar el grado de doctor del Programa de Doctorado en
Intervención Psicosocial de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Barcelona, España. El objetivo de la investigación es analizarla participación de
adultos mayores en organizaciones políticas, basados en datos influyentes de
recursos, la personalidad, las motivaciones y barreras. La metodología
empleada es de cuatro estudios empíricos, de tipo básica, el nivel de
investigación es correlacional ya que busca el nivel de correlación para tomar
decisiones, su enfoque es cualitativo y el diseño de investigación es no
experimental y su naturaleza es transversal. Las conclusiones más importantes
son que el nivel educativo influye significativamente en la participación en
organizaciones políticas. El quehacer de aprendizaje, tiempo de ocio y el
voluntariado, influyeron significativamente con la participación en
organizaciones políticas. La participación en organizaciones políticas significa
comprometerse con el establecimiento y guía de la próxima generación.
Sanhueza (2014) elaboró la tesis titulada: Programa de entrenamiento
cerebral en adultos mayores sin deterioro cognitivo: atención, memoria y
funciones ejecutivas. Tesis para optar el grado de doctor de la Facultad de
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, España. El objetivo de la
investigación es estudiar el resultado de la aplicación del programa de
entrenamiento cerebral referente al rendimiento cognitivo en adultos mayores
que no tienen deterioro neuropsicológico significativo. La metodología
empleada es de tipo aplicada, el nivel es correlacional, el enfoque es
cuantitativo y el diseño de investigación es cuasi experimental con sujetos
intactos. Se han empleado dos grupos: a uno dándole tratamiento experimental
(adiestramiento) y al otro grupo no (control). La variable dependiente es el
rendimiento en las pruebas neuropsicológicas. Las conclusiones más
importantes son que el entrenamiento cerebral en personas mayores mejora o
mantiene, el rendimiento cognitivo en tareas de atención, memoria y funciones
ejecutivas en la generalidad.
22
Pardo (2013) realizó la tesis titulada: La Vivencia de la Ancianidad:
Estudio Fenomenológico y Reflexión Antropológica. Tesis para optar el grado
de doctor del Programa de Doctorado: Investigación en Salud de la Facultad de
Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya,
Italia. El primer objetivo de la investigación es conocer las particularidades de
la ancianidad y su probable significación. El segundo objetivo es el rol de
enfermería en la ayuda del anciano. La metodología empleada es de tipo
básica, el nivel de investigación es exploratorio, el enfoque es cualitativo, el
diseño de investigación es no experimental, con método fenomenológico-
hermenéutico de 14 entrevistas siguiendo la metodología descriptiva e
interpretativa de Paul Ricoeur, confrontándoselos resultados iníciales con la
reflexión antropológica filosófica del envejecimiento para su aplicación en
enfermería. Como conclusiones más importantes del ser anciano es entrar a
una edad avanzada y proseguir realizando un balance de su vida pudiendo
rectificar lo necesario, significa tener experiencia de vida, es descubrir el
significado de lo vivido y es tener una mayor proximidad con la muerte.
1.1.2 Trabajos previos nacionales
Lovatón (2016) elaboró la tesis titulada: La gestación del Estado Constitucional
Interamericano en el Perú. Tesis para optar el grado de doctor en Derecho de
la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. El
objetivo de la investigación es demostrar que venimos asistiendo a un proceso
aún precario, de “interamericanización” del Estado constitucional en el Perú. La
metodología empleada es de una investigación de tipo básica, de nivel
descriptivo, con un enfoque cualitativo, utilizando el método analítico-sintético
de como la constitución del Perú actual da sostenimiento a este comienzo
interamericano, que tiene como eje articulador los derechos humanos y este
proceso a su vez debe apoyar a robustecer al sistema interamericano de
derechos humanos. Las conclusiones más importantes son que en el Perú
acompañamos a la gestación de un Estado constitucional interamericano para
aplicar el sistema interamericano de Derechos Humanos en sede nacional
adquiriéndose nuevos roles y obligaciones internacionales.
23
Cohaila (2015) elaboró la tesis titulada: La construcción de la confianza
en las Instituciones Políticas: El caso de los distritos de San Martín de Porres y
Los Olivos. Tesis para optar el grado de doctor en Sociología de la Escuela de
Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. El objetivo de la
investigación es La construcción de un modelo que pueda clarificar la confianza
en las instituciones políticas. La metodología empleada es de una investigación
de tipo básica, el nivel de investigación es exploratorio, el enfoque es mixto y el
diseño metodológico es de una estrategia con tres entradas diferentes: la
primera es historia institucional cuyo método de análisis es la revisión
bibliográfica con el tipo de informante de revisión de fuentes secundarias para
ver cómo ha sido la relación de confianza. La segunda entrada analiza la
dinámica institucional de cómo se construyen las relaciones de confianza cuyo
método de análisis es la entrevista a profundidad cuyos informantes son líderes
políticos, líderes vecinales y funcionarios de la Institución. La tercera entrada es
el impacto relativo de construcción ciudadana de relación de confianza cuyo
método es la encuesta con los indicadores de inclusión, pertenencia y
reconocimiento. Cuyos informantes serán adultos y de ambos sexos. Sus
conclusiones más importantes son la búsqueda de mecanismos para que al
individuo se le distinga como alguien que participa, en las decisiones del
gobierno local, estableciendo relaciones de confianza con su gobierno local
entendiendo lo que es democracia.
Quispe (2015) elaboró la tesis titulada: El Deber de Independencia e
Imparcialidad. Tesis para optar el grado de doctor de la Escuela de Posgrado
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. El objetivo de la
investigación es comprender la independencia e imparcialidad en el ejercicio de
la actividad jurisdiccional con la intención de apoyar su mayor solidez. La
metodología empleada es de una investigación de tipo básica, el nivel de
investigación es explicativo, el enfoque es cualitativo y utiliza el método
inductivo y la doctrina jurídica con la lectura y comprensión hermenéutica de
ocho casos concretos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima de
flagrante o sospechosa afectación al deber de independencia e imparcialidad.
24
Las conclusiones más importantes son que el juez pone en convicción su
independencia e imparcialidad en la solución de un conflicto cuando tiene una
debida motivación basada en el amor a la judicatura, que sienta su
independencia judicial de los casos planteados y en los que se tiene que
distinguir los momentos de comprensión y criterio basado en su conciencia
ética.
Yamamoto (2015) realizó la tesis titulada: Un modelo de bienestar
subjetivo para Lima Metropolitana. Tesis para optar el grado de doctor en
Psicología de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Lima. El objetivo de la investigación es plantear un modelo de bienestar
subjetivo que este conformado por cuatro componentes básicos: el primero es
el de las necesidades, que se plantean como metas; el segundo es el de los
recursos, para poder cubrir sus necesidades; el tercero es percepción de logro
de sus necesidades: el cuarto los valores y la dimensión cultural del bienestar.
Esta metodología empleada es de tipo aplicada, de nivel descriptivo y el
enfoque es mixto basándose en modelos de ecuaciones estructurales que
examinan simultáneamente relaciones de dependencia. Desarrollando un
proceso inductivo que identifica las categorías de cada componente del
bienestar subjetivo basados en entrevistas con alternativas de respuestas
abiertas, con una batería psicométrica sustentada en esas categorías. Las
conclusiones más importantes son que las personas en general para ser felices
deben tener un buen lugar para vivir, con buenas relaciones vecinales, con
buenas relaciones sociales y tiene que formar una familia con valores sociales
de cooperación y colectivismo.
Olivera y Clausen (2014) realizaron un trabajo de investigación titulado:
Las características del adulto mayor peruano y las políticas de protección
social. Lima. Perú. El objetivo de la investigación es caracterizar las
condiciones socioeconómicas de la población de adultos mayores en el Perú
con énfasis en la situación de pobreza y desprotección social. La metodología
empleada es de tipo básica, el nivel descriptivo, el enfoque cualitativo con la
25
utilización del método analítico-sintético con fuente fidedigna de información de
la Encuesta Nacional de Hogares (2011) del INEI. Las conclusiones más
importantes son que se considera adultos mayores a partir de los 65 años, la
distribución de la población en gran parte es en Lima Metropolitana (31%), la
sierra (36%), la costa (24%) y la selva (9%), revelando que el 83% de personas
adultos mayores en condición de pobreza extrema son residentes de la sierra
rural. Solo el 1 % de adultos mayores pobres extremos tienen llegada a algún
tipo de pensión; la mayor parte de adultos mayores en situación de pobreza
extrema viven en hogares de 1 o 2 miembros, lo que enfatiza su vulnerabilidad.
El 55% de adultos mayores no lograron culminar los estudios de nivel primario.
La cobertura de los sistemas de pensiones contributivas del SNP y SPP es
limitada al 25% por el descuido y negligencia laboral que existe en el Perú.
Dentro de las pensiones no contributivas o sociales tenemos la “Pensión 65”
que en algo ayuda.
1.2 Marco teórico
Se va a considerar las siguientes definiciones:
1.2.1 Definición de persona adulta mayor en el Perú
Según legislación vigente de la persona adulta mayor “entiendese por persona
adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad” (Ley 30490, 2016,
art. 2).
Berciano (2012) señala tipos de edades como “la edad cronológica, la
del carnet de identidad, sino que también existe la edad biológica, la que
reflejan nuestros órganos y nuestros tejidos, dependería de la genética y de
cómo nos cuidamos de una manera saludable” (p. 15).
Berciano (2012) insistiendo sobre la longevidad de los seres humanos
refiere que “La edad máxima a la que podemos aspirar a llegar es la de ciento
26
veinte años, según estudios realizados desde la gerontología y la geriatría” (p.
14).
Asumiendo lo cronológico de los años de edad y que a partir de ella se
considere persona adulta mayor o en el estado de envejecimiento o vejez no es
uniforme en países del mundo y en especial de América latina ya que la
mayoría coincide con Perú pero hay países como Costa Rica, Ecuador y
República Dominicana donde de acuerdo a su legislación vigente se considera
los 65 o más años de edad.
1.2.2 Sinonimia de expresiones o etiquetas que se utilizan en el
Perú para designar a los adultos mayores
Abuelos – Abuelas, Ancianos, Añejos, Años dorados, Arrugado, Decrepito,
Ochentón, Octogenario, Seniors, Sesentón, Setentón, Sexagenario, Tercera
edad, Veterano, Viejo y a los que pasan de los ochenta años les dicen
longevos.
Bustillos, Fernández-Ballesteros y Huici (2012) concluyen que “cuando
los miembros del grupo de mayores son categorizados a través de la etiqueta
denigratoria se aplicarán los estereotipos del grupo a sí mismos, incluso
modificando su propio comportamiento” (p. 357).
Son expresiones que utiliza la comunidad para poder referirse a esta
etapa de la vida. Que si son expresadas con cariño y ternura deben ser
aceptadas. Pero estas expresiones no deben convertirse en etiqueta o insulto
porque eso constituiría violencia psicológica.
27
1.2.3 Concepto de envejecimiento
Astudillo (2015) sintetiza una de las dos dimensiones del envejecimiento
“llamamos envejecimiento individual al proceso, que se extiende por toda la
vida, que engloba una serie de cambios que se inician en el momento de la
concepción y se hacen más evidentes después de la madurez” (p.83).
Astudillo (2015) insiste en sintetizar la otra dimensión del
envejecimiento “Por su parte, el envejecimiento poblacional, asociado a
variables demográficas, da cuenta del aumento progresivo de la proporción de
personas de 60 años y más, en relación al total de la población” (p. 83).
Gonzalo (2017) señala que “Las futuras generaciones de médicos van
a cuidar de una población proporcionalmente más anciana, en la que
decisiones alrededor del fin de la vida serán más cotidianas” (p. 166).
El envejecimiento de la población es un fenómeno social y se precisa
como el incremento proporcional de los adultos mayores con el transcurrir de
los años, es decir comprende a todas las personas que tengan 60 años o más
con respecto a la población total. Los cambios en el Perú según INEI
comparando los resultados del censo de 1993 al censo del 2007 es que la
población de adultos mayores se incrementó en un 2% y esto se explica por el
descenso de la fecundidad y mortalidad. El que viven las personas es el
envejecimiento individual o simplemente vejez, que es tratado por los diferentes
enfoques que vamos a estudiar a continuación y que se explica por la menor
presentación de enfermedades infecciosas y agudas y a la mayor presentación
de enfermedades crónicas degenerativas e incapacitantes.
28
1.2.4 El enfoque biologicista del envejecimiento
Goñi, Rodríguez y Esnaola (2010) concluyeron que “procedería llevar a cabo
una indagación directa y abierta sobre los aspectos que a las personas adultas
y de la tercera edad les hacen sentirse físicamente bien” (p. 466).
Soltero y Salazar (2006) sugieren “una intervención por medio de un
programa de ejercicios para examinar la posibilidad de modificar el esquema en
los adultos mayores que no lo poseen para el ejercicio y para los que lo tienen
de no ejercicio físico, reforzarlo” (p. 88).
Delgado (2014) señala que “La buena alimentación y el ejercicio físico
como primera y también última instancia para retardar el envejecimiento” (p.
239).
Los defensores de la teoría del envejecimiento programado, señalan
que cada especie tiene sus propios patrones de envejecimiento y por lo tanto
su propia expectativa de vida y que esto está determinado por la herencia es
decir de los genes, por lo tanto muy poco se puede hace para modificar el
proceso de envejecimiento. Por otro lado los defensores de la teoría del
desgaste natural, comparan el cuerpo con una máquina que se mantiene y se
desgasta de acuerdo al tipo de uso que se le da y aquí sí se puede modificar el
proceso de envejecimiento por ejemplo un cuerpo que come a sus horas, sin
exceso ni defecto de nutrientes, con actividad física diaria, con autocontrol
psíquico y adecuada espiritualidad que se puede resumir en intervención del
proceso de envejecimiento mediante la prevención y la acción comparado con
un cuerpo que come a cualquier hora, con exceso o defecto de nutrientes, sin
autocontrol psíquico y sin ningún tipo de espiritualidad en el que el cuerpo va a
envejecer más rápidamente o lo que suele llamarse mayor velocidad del
envejecimiento fisiológico.
29
1.2.5 El enfoque psicológico del envejecimiento
Vilchez y otros (2017) estudiando una parte de población del Perú señalando la
teoría de la desvinculación del envejecimiento que “se encontró una mayor
prevalencia de depresión y deterioro cognitivo en los individuos de mayor edad
o que provenían de la selva” (p. 270).
Patiño y Cardona (2007), realizando investigaciones con personas
jubiladas sobre la teoría de la desvinculación encontraron que “De los aspectos
relacionados con la depresión el más destacado fue la percepción de la
situación económica, que evidencia la repercusión de una situación económica
desfavorable en el estado de ánimo” (p. 87).
Fernández-Ballesteros y otros (2009) refieren que “en ausencia de
patología demencial la personalidad se muestra bastante estable a lo largo de
la vida, aunque el individuo tiende a una mayor introversión y a una menor
apertura a la experiencia en la última etapa” (p. 31).
Berciano (2012), relaciona la teoría del envejecimiento satisfactorio con
su siguiente propuesta “la edad mental, la que puede hacer que aprendamos
submarinismo a los sesenta o que nos neguemos a estudiar nada nuevo a
partir de los treinta y cinco” (p. 15).
La teoría de la desvinculación se caracteriza por un alejamiento mutuo
de la persona adulta mayor y la sociedad y está más asociada con la mala
salud, la viudez, la jubilación y el empobrecimiento y esto está asociado con
algunos mitos de la sociedad que duelen como “los adultos mayores son como
niños”, “ser adulto mayor es estar enfermo o frágil”, “todos los adultos mayores
se asemejan”, “los adultos mayores ya entregaron su aporte a la sociedad”, “los
adultos mayores no sirven para nada”, de esta manera la sociedad estimula la
30
segregación generacional que hace que los seres humanos que transitan la
vejez la sientan con desgano, tristeza y apatía.
Por otro lado, la teoría opuesta es la del envejecimiento satisfactorio
como resultado del mantenimiento en lo posible de todas las capacidades y
posibilidades que a lo largo de la vida se ha aprendido como las funcionales,
físicas, cerebrales, afectivas, emocionales, espirituales, sociales, nutricionales,
motivacionales de entusiasmo y compromiso. Es también reconocer que las
capacidades físicas disminuyen y no podía ser de otra forma porque la
actividad continuada las va desgastando, pero también hay que reconocer que
otras de nuestras capacidades van creciendo y fortaleciéndose como: la
lucidez de quienes han vivido muchos cambios y sucesos, la serenidad o
tranquilidad ante lo imprevisto , la paciencia frente al ritmo de la vida, la
espiritualidad cuando se piensa en la creatividad, él perdón, la intuición , la
constancia para sobrevivir y exaltar la vida con apertura a la trascendencia que
consiste en crear amor y en la entrega amorosa.
1.2.6 El enfoque social de derechos del envejecimiento
Fernández-Ballesteros y otros (2009) refieren que “lo importante no es
prolongar la vida (dar más años a la vida) sino, precisamente, dar más vida a
los años promocionando el envejecimiento saludable y activo y previniendo la
enfermedad y la discapacidad” (p.24).
Fernández-Ballesteros y otros (2009) insisten en que “dada la
importancia que tiene el apoyo social para las personas mayores, sería la de
promover las relaciones interpersonales a través de diferentes programas,
como son los de intercambio intergeneracional, el acceso de los mayores a la
universidad” (p. 351).
31
Aimar y otros (2010) comentan que “Son escasos los lugares sociales
que generan una imagen positiva de la vejez. Las áreas de educación,
formación, recreación y animación son consideradas como espacios que
prometen desarrollo y recursos para adaptarse activa y creativamente a la
realidad social” (p. 80).
El enfoque de los Derechos Humanos aplicado al envejecimiento es un
tratamiento justo para los problemas y necesidades de los adultos mayores,
considera la promoción de la igualdad y la no discriminación, porque
antiguamente los adultos mayores han sido excluidos y la realidad es que
tienen iguales derechos que otras personas de cualquier edad porque son tan
seres humanos como cualquiera y pasan de ser seres receptores a seres
activos en un marco que respete su diferencia y promueva su completa
inclusión. No se debe olvidar el valor y dignidad de todas las personas de
cualquier edad y condición. Este enfoque de los Derechos Humanos plasma el
anhelo de los seres humanos de vivir en unión armónica con los demás. Qué
se cristaliza en el aprendizaje de convivir. Sucede que en la última etapa de la
vida, algunos hijos se transforman en padres de sus padres y toman decisiones
por ellos, muchas veces sin consultarles. Lo que no puede pasar es que no se
respete la voluntad de la persona. Es aquí cuando se debe actuar con mucha
prudencia.
1.2.7 El enfoque social de envejecimiento activo o con éxito
Fernández-Ballesteros y otros (2010) concluyen que “nuestros análisis arrojan
como factores relevantes del envejecimiento con éxito el balance emocional
positivo, la extraversión y la autoeficacia para envejecer” (p. 646).
Brigeiro (2005) señaló que “las definiciones sobre el envejecimiento
exitoso, sobre todo las que hacen referencia a la actividad como aspecto
favorable durante la vejez, se sintonizan fuertemente con el modelo citado” (p.
104).
32
Franco y otros (2007) concluyeron que “para establecer si un adulto
mayor presenta riesgo de desnutrición se debe evaluar de forma intencionada
la situación económica y social, además de la información general de salud y
las medidas antropométricas tradicionales” (p. 374).
Fernández-Ballesteros y otros (2009) definen que “la vejez activa
significa algo más que simplemente alentar la actividad económica de las
personas de edad. La vejez activa promueve la actividad social y política” (p.
345).
Esta definición tiene semejanza con lo definido por la Organización
Mundial de la Salud e implica la conservación adecuada de aspectos
psicológicos y sociales y no solamente la capacidad de estar físicamente activo
o de realizar actividades laborales. Esto lo va a conseguir el adulto mayor
conservando su autonomía e independencia en el proceso de envejecimiento, e
incentivando la interdependencia y los valores de solidaridad entre las
generaciones, obteniéndose una mayor calidad de vida, por el mayor tiempo
posible y en un mayor número de personas adultas mayores. El vivir en familia
cuidando el diálogo intergeneracional de quienes viven etapas distintas como
los hijo, nietos, amigos y familiares más jóvenes y más mayores consiste, en
que la ayuda mutua debe alcanzarse sin pérdida de la dignidad, desde el
principio se deben redefinir los roles con áreas de competencia, basándose en
el intercambio de servicios, la buena voluntad para dar y recibir, la aceptación
de las necesidades materiales y psicológicas. La disminución de energía de los
adultos mayores se puede compensar fomentando una percepción valiosa de
sí mismos y en este sentido la ayuda mutua no solo corresponde a la familia
intergeneracional sino que también pueden ser realizadas por otros grupos de
edad, de los vecinos, de la comunidad y todo esto tiene que ver con la
responsabilidad social y la participación significativa de la sociedad.
33
1.2.8 El enfoque social de diversidad cultural y envejecimiento
Kemelmajer (2010) planteando el concepto de ancianidad refiere que “el
problema es más complejo porque la ancianidad no constituye sólo un proceso
biológico; es también un concepto histórico y cultural” (p. 199).
Según Strauss (1985), citado por Ceberio (2013), afirma que, “todo lo
que está sujeto a una norma, regla o pauta, corresponde al estadio de la
cultura, mostrando los atributos de lo relativo y de lo particular” (p. 42).
Brigeiro (2005) sobre el enfoque social “busca invertir algunos sentidos
sociales alrededor de este período de la vida y la jubilación. Antes entendido
como una etapa de descanso y resguardo, estar retirado viene ahora a
significar un período de actividad, realización personal, entretenimiento y
diversión” (p. 105).
Franco y Arboleda (2010) en su trabajo de investigación concluyen que
“Existen aspectos relacionados con lo que se considera una comida tradicional,
y que independiente de cómo interactúe el modelo terapéutico alimentario
desde lo institucional, permite a los adultos mayores mantener un arraigo
cultural que sobresale sobre lo cotidiano” (p.71).
La diversidad cultural reconoce en los seres humanos distintos modos
de vida, comidas, vestimentas, tradiciones, técnicas, pensamientos y etapas de
evolución del conocimiento en un espacio y tiempo determinados de los
diferentes pueblos. El Perú es un país con gran diversidad cultural en costa,
sierra y selva e incluso tiene reconocimiento internacional por su gran
diversidad culinaria. Entonces la puesta en marcha de programas sociales con
la comunidad adulta mayor mostrará el respeto hacia los valores culturales,
aumentará la conexión y cooperación entre comunidades de diferentes lugares
del país. También se podrá diseñar programas de promoción para las personas
34
adultas mayores y se podrá incrementar el turismo interno de acuerdo a las
diferentes realidades culturales del Perú. Existen ejemplos en los grupos de
coros, danza tradicional y practica de instrumentos musicales tradicionales de
los adultos Mayores del Colegio Médico del Perú (CMP) y que incluso han
salido de gira a las diferentes sedes regionales de esta institución.
1.2.9 El enfoque social de género y envejecimiento
De acuerdo al Seguro Social de Salud (EsSalud), en su experiencia en los
Centros del Adulto Mayor como Modelo Gerontológico social, sobre las
desigualdades de género refiere que “durante el último período de su vida,
etapa en que los cambios de roles, relaciones de género, así como las
inequidades de género, se manifiestan en diferentes espacios como la familia,
el trabajo y la comunidad” (EsSalud, 2012, p. 51).
Villanueva (2013) sobre la definición de género ha manifestado “Es el
modo de ser hombre o de ser mujer en una cultura determinada” (p. 37).
Aimar y otros (2010) señalan que “la educación se convierte en
herramienta clave para el desarrollo social, porque genera puentes de acceso a
los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías, como así también mayor
confianza para enfrentar los cambios y desenvolverse con libertad” (p. 85).
Género es la reunión de características culturalmente precisas que
corresponden a la conducta social de mujeres y hombres y las vinculaciones
que se instauran entre ellos. Dichas vinculaciones pueden definirse en la
actualidad socio histórica, como contradictorias y de conflicto y como no
equitativas. La brecha de acceso a la educación entre varones y mujeres; el
menor nivel educacional en general de las mujeres supone una mayor
probabilidad de vivir en pobreza, menos oportunidades laborales, de recibir
menos pensiones por jubilaciones. Se habla de feminización durante el
35
envejecimiento porque las mujeres son más longevas que los hombres por lo
tanto existen más viudas que viudos, esto está comprobado científicamente.
1.2.10 Principales características de la ancianidad
Las siguientes características están dadas por gerontólogos es decir expertos
en ancianidad y envejecimiento: Pardo (2013) sobre características de la
ancianidad concluye que “El haber recorrido toda una biografía personal,
confiere una amplia experiencia de vida. Además, es frecuente en la
ancianidad sentir una mayor cercanía de la propia muerte” (p. 163).
Ceberio (2013) señala “En lo que respecta a la ancianidad
actualmente, las expectativas de vida – como hemos señalado antes – se han
prolongado en cantidad de años, pero han decrecido notablemente en lo que
respecta a la calidad de vida” (p. 49).
Berciano (2012) menciona las siguientes características “las arrugas
que aparecen en nuestra epidermis, otrora satinada y tersa, con el transcurrir
inclemente de los años, pasando por la lentitud de reflejos y la tendencia a
repetir las mismas, o parecidas, historias” (p. 17).
El Estado, la sociedad y la familia tienen la tarea de acompañarlo y
respetarlo al adulto mayor en sus Derechos Humanos y asegurarle un tiempo
lleno de significado, quererlo, amarlo, apoyarlo, solicitar sus sabios consejos
debido a su experiencia vivida y conseguida no necesariamente por instrucción
porque incluso podría ser analfabeto y de él todos podrían aprender muchas
cosas, conversar con ellos, que se sientan acompañados y escuchados es
decir que se les tome en cuenta. El final de la vida en la tierra es un
acontecimiento posible y presente en cualquier momento y a cualquier edad y
no por ello se debe vivir angustiados por lo que pueda ocurrir; lo aconsejable
es vivir con intensidad y alegría cada día sabiendo que todavía quedan cosas
36
por experimentar. Lo ideal es que cuando llegue el momento de la muerte para
lo cual ya se debe estar preparado y sentirse realmente acompañado y
agradecido por que valió la pena vivir. Recordar que el ser adulto mayor es una
etapa de la vida en la que la mayoría de seres humanos deben pasar por ella y
que la muerte física no deja de ser otro paso, que nos ubica ante el misterio de
lo que vendrá.
1.2.11 Modelo de bienestar subjetivo
Se refiere a cómo deberían vivir los seres humanos sin importar la edad, en
relación a su entorno, un doctorado en psicología nos explica: “La felicidad se
activaría cuando nos vemos encaminados en la inclusión social, en un buen
lugar para vivir, con buenas relaciones vecinales, en un estatus basado en
interacciones sociales positivas y en la formación de una familia” (Yamamoto,
2015, p. 50).
La importancia es si se logra vivir en un entorno así y se siembra en la
familia valores personales y sociales en especial de solidaridad y cooperación,
los cuales deben ser reforzados en el sector educativo y a través de los medios
de comunicación las consecuencias se van a observar en el trato adecuado
con los adultos mayores a quienes se les debe proteger sus bienes. En cambio
la promoción del individualismo y la competencia nos hace perder de vista a los
otros que dan sentido y profundidad a nuestra existencia y esto va a generar
amigos y familiares que les quieran arrebatar sus bienes a los adultos mayores.
Debemos enriquecer la vida familiar intergeneracional compartiendo
experiencias y sentimientos distintos que profundicen el cariño desde la vida en
común. La vida no es individual, aunque sea personal siempre es considerada
comunitaria, porque nadie existe a solas, porque siempre se depende de otros,
y otros dependen de decisiones y acciones nuestras. Actualmente está
emergiendo un movimiento de promoción de la felicidad con la medición del
bienestar subjetivo junto con el progreso económico en los planes de gobierno
de los países más desarrollados.
37
1.2.12 Adultos mayores y principios de Bioética
Kemelmajer (2010) señala que “las soluciones especialmente españolas a un
tema siempre vigente en la Bioética, cual es el del respeto a la autonomía del
paciente y su previsión frente a la posibilidad de no poder expresar su voluntad
en un futuro” (p. 32).
Bioética es la relación entre la vida y el comportamiento moral, en este
caso específico del adulto mayor, es la relación con la parte final de la vida del
ser humano, es decir la muerte o la posibilidad de pérdida de la capacidad
mental, entonces el contexto es que se debe respetar las decisiones del adulto
mayor frente a lo que vendrá posteriormente. Algunos y algunas lo toman con
mucho realismo y serenidad e incluso planificadamente cancela los gastos del
cese de su vida. Otros frente a la posibilidad de una Enfermedad de Alzheimer
programan y amortizan el cuidado de su vida en estas condiciones, lo mejor de
todo esto es que ellos mismos están decidiendo sobre sus vidas y no otros por
ellos.
1.2.13 Teoría de la calidad de vida relacionada a la salud de la
población adulta mayor y el área de residencia
Fernández-Ballesteros y otros (2009) definen la calidad de vida en los adultos
mayores con el “concepto multidimensional que engloba aspectos tanto
personales como medio ambientales, y tanto condiciones subjetivas como
objetivas. Sus más importantes contenidos en la vejez son la salud, la
competencia física, cognitiva y afectiva y las condiciones económicas y
sociales” (p. 71).
Astudillo (2015) concluye que “el envejecimiento debe ser valorado
como un logro que genera oportunidades que invitan a ser aprovechadas, al
tiempo que significa un desafío, en función de lograr una mejor calidad de vida
de las personas mayores” (p. 94).
38
Ceberio (2013) señala que “en tanto se alarga la vida decrece su
calidad, pero parece que estas son las reglas de juego. Los avances
tecnológicos médicos no son acompañados por el desarrollo de políticas
sociales, económicas y socio sanitarias y aquí radica semejante incongruencia”
(p. 49).
“Es posible postular que la población adulta mayor rural está
predispuesta a una mayor autonomía y participación social y comunitaria, en
contraste con los adultos mayores urbanos” (Hernández, Chávez y Yhuri,
2016, p. 683).
Esto se debe a que el adulto mayor en el área rural pertenece a un
grupo reducido de personas que generalmente está compuesto por su familia y
su comunidad vecina y todos se dedican a las labores agrícolas y por lo tanto
hay una constante relación a diferencia del adulto mayor del área urbana que
tiene un entorno de delincuencia, inseguridad urbana y barreras arquitectónicas
por lo tanto el adulto mayor tiene en este sentido mayor calidad de vida. Pero
en lo que se refiere a establecimientos de salud el adulto mayor de área urbana
está más protegido que el adulto mayor del área rural.
1.2.14 Incentivar en adultos mayores la práctica regular de
actividades cognitivas
Ceberio (2013) refiere que “Toda información nueva genera una diferencia (la
información que faltaba para acertar al objetivo), y en esa diferencia radica el
proceso de aprendizaje. Todos los sistemas humanos funcionan bajo el mismo
proceso” (p. 43).
“La práctica regular de actividades cognitivas que requieran un cierto
esfuerzo mental acarrea beneficios positivos de cara al mantenimiento de un
estatus cognitivo razonable a edades avanzadas” (Sanhueza, 2014, p.183).
Fernández-Ballesteros y otros (2009) señalan que “las personas
mayores tienen un amplio potencial de aprendizaje, e incluso aquellas
personas afectas de enfermedad demencial son capaces de aprender. Todo
39
ello avala que el ejercicio físico aeróbico, los entrenamientos e intervenciones
cognitivas (incluyendo entrenamientos en memoria)” (p. 29).
Se debe estimular la práctica regular de aprendizaje o actividades
cognitivas de cualquier índole en los adultos mayores. La familia debe reforzar
en la casa este tipo de actividades que requiera el uso de la memoria como
lectura de libros o que se encargue el adulto mayor de las compras de la casa
en la que utiliza la memoria y evita el sedentarismo.
1.2.15 Modelo de construcción de confianza de los individuos en
sus instituciones políticas
Aimar y otros (2010) plantean sobre adultos mayores que “la integración en
escenarios que tradicionalmente los excluían y el acceso a los nuevos
instrumentos culturales; y por otro, la expresión de la auto-trascendencia y
superación de sí mismos a partir de la construcción de relaciones sociales” (p.
90).
Cohaila (2015) respecto a establecer relaciones señala que “el sujeto
evalúa si en esta se encuentran presentes aspectos de pertenencia, inclusión y
reconocimiento. Y en la medida de estos estará más dispuesto a participar e
involucrarse en este tipo de relación con su institución política” (p. 202).
En el caso específico de los adultos mayores quienes de acuerdo a su
honradez, experiencia y sabiduría verificaran que se están respetando los
aspectos de pertenencia, inclusión, reconocimiento y de esta manera se
incentivarán a participar con sus aportes en el liderazgo y participación en
política.
1.2.16 La participación de los adultos mayores en organizaciones
políticas
Aimar y otros (2010) comentan sobre adultos mayores que su “participación en
la vida de la comunidad, la realización de actividades que les permite
mantenerse activos y dar continuidad a sus sueños e ideales, van configurando
40
espacios sociales que posibilitan el desarrollo y el recupero progresivo del
protagonismo olvidado” (p. 79).
Kemelmajer (2010) señala que “la problemática de la ancianidad no
debe ser visualizada como un proceso sólo biológico, por el contrario, debe ser
encarada desde el marco general del mundo político integrándola con las
perspectivas de la política sanitaria, económica, científica, educacional,
cultural” (p. 206).
“la participación de las personas mayores en organizaciones políticas
podría explicarse a partir de diferentes factores movilizadores, como mayores
oportunidades educativas, redes sociales más extensas o vínculos
institucionales diversos” (Serrat, 2015, p. 295).
El problema de la ancianidad debe ser enfrentado desde el punto de
vista político y los interesados que son los adultos mayores deben prepararse y
participar en las organizaciones políticas para que ellos mismos expliquen su
problemática y planteen las soluciones políticas a la misma. Por ejemplo
demandar que tengan mayores oportunidades educativas tanto en colegios
como universidades como extensión universitaria que los va a preparar mejor
en todo sentido y que aprendan a participar en las redes sociales, ya que esta
participación unida a la honestidad y sabiduría de la experiencia de los adultos
mayores generaría unos brillantes líderes o consejeros en las organizaciones
políticas para el mejoramiento de las sociedades en que habitan.
1.2.17 Definición de violencia
Villanueva (2013) la define de la siguiente manera “una práctica orientada,
elaborada, aprendida y legitimada de quienes se sienten con más poder que
otros/as, con más derechos que otros/as de controlar e intimidar” (p. 36).
“La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier
acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
41
psicológico y que se produce en el contexto de una relación de
responsabilidad, confianza o poder” (Ley 30364, 2015, art. 6).
“La violencia es una práctica orientada, elaborada, aprendida y
legitimada de quienes se sienten con más poder que otros/as, con más
derechos que otros/as de controlar e intimidar” (Deza, 2013, p. 36).
La violencia en general compete relaciones abusivas de poder existen
diferentes tipos de violencia como las físicas, psicológicas, sexuales y
patrimonial o económica. En Perú se observa violencia intrafamiliar que es el
abuso de poder entre los miembros de una familia. Puede verse entre padres e
hijos, hijos y padres, hermanos y otros familiares como los esposos y esposas.
Por constitución física el hombre abusa de la mujer y esto se considera como
violencia de género. En el caso de los adultos mayores se observa más
frecuentemente la violencia patrimonial o económica que es la que se ha
desarrollado en esta tesis.
1.2.18 Concepto de Violencia Psicológica
Se encuentra definida como “la acción o conducta tendiente a controlar o aislar
a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede
ocasionar daños psíquicos. Daño psíquico es la afectación o alteración de
algunas de las funciones mentales” (Ley 30364, 2015, art. 8).
La violencia psicológica lamentablemente se observa en relaciones
familiares, ambiente de estudio y en relaciones laborales. Está asociado al
grado de autocontrol que tenga la persona agredida, el cual si es alto, va a
saber contrarrestar las agresiones. Pero si el grado de autocontrol es bajo
definitivamente le va a afectar su autoestima y su capacidad de decisión y esto
es lo que se llama daño psíquico.
42
1.2.19 Concepto de Violencia económica o patrimonial
Está definida como “Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona a
través de: la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes”
(Ley 30364, 2015, art. 8).
Ceberio (2013) respecto a la administración de los bienes de los
adultos mayores señala que “intentan recuperar cierto mando y se vuelven
anacrónicos o descontextualizados, recibiendo la descalificación del entorno.
Su capital económico se encuentra fuera de su dominio y son sus hijos quienes
comienzan a dirigir compras, ventas, administración de dinero, etc.” (p. 50).
En conclusión es pretender apoderarse del patrimonio de otra persona
sobre todo cuando se encuentra en situación de vulnerabilidad como en el caso
de los adultos mayores quienes son los propietarios de dichos bienes
generalmente de tipo inmueble. El problema es que muchas veces este tipo de
violencia patrimonial se encuentra acompañado de otros tipos de violencia
como la psicológica.
1.2.20 Definición de abuso
Cabanellas (1994) lo define como “cualquier acto que, saliendo fuera de los
límites trazados por la razón, impuestos por la justicia o aconsejados por la
equidad, ataque directa o indirectamente las leyes, situaciones o intereses
legítimos” (p. 52).
Por otro lado Kemelmajer (2010) señala respecto de adultos mayores
que “los abusos o malos tratos de diversa índole han permanecido ocultos
durante mucho tiempo; recién en los últimos años han accedido a los tribunales
y a los medios de comunicación” (p. 226).
43
Se comete abuso cuando las condiciones de un ser vivo son más
favorables que de otro. Se observa en animales cuando uno es más fuerte que
el otro que es considerado débil y lo atropella e incluso lo mata y lo devora, en
conclusión la ley del más fuerte. En seres humanos se observa cuando las
condiciones de uno son más favorables y esto se observa por la edad y el
físico, los más grandes físicamente con los más pequeños y/o adultos
mayores, el género más prevalente o de mayor fuerza muscular de los
hombres contra las mujeres, posición jerárquica en el colegio, institutos,
universidades e instituciones militares, relaciones laborales y este abuso es tal
que puede llegar incluso al de tipo sexual.
1.2.21 Definición de ambición
Cabanellas (1994) lo define como “pasión desordenada por conseguir fama,
honores, mando y dignidades” (p. 269).
Ampliando la definición de ambición, se le tiene que ubicar en dos
contextos: en el buen sentido significa que los seres humanos tienen que tener
ambición para conseguir sus metas y poner todo el esfuerzo posible para
lograrlo con buenas artes y sin dañar a terceros. Las personas deben alegrarse
del éxito económico y espiritual de otros seres humanos, felicitarlos si llegaron
a conseguirlo con buenas artes, que lo disfruten y se debe estar feliz de tener
una relación de amistad o de ser familiares de ellos. Y mejor aún si los seres
humanos de éxito comparten su éxito económico y espiritual con otras
personas porque esto significa que son generosos y no egoístas de querer todo
para sí. Jamás las personas se deben molestar por el éxito de otras personas
ya que esto es considerado como envidia, porque eso es mérito de ellas y eso
es lo que se tiene que apreciar y respetar. El otro contexto es la ambición en el
mal sentido, porque no se debe ambicionar los éxitos o pertenencias de otros y
mucho más dañino el querer quitar o apoderarse de los bienes de otras
personas lo que se denomina apropiación indebida.
44
1.2.22 Definición de desconsiderar
Cabanellas (1994) lo define como “tipificar alguna de las faltas previstas dentro
de las relaciones familiares, por ausencia del respeto o de la sumisión debida”
(p.179).
Ceberio (2013) sobre el respeto al adulto mayor y las relaciones
familiares señala que “ciertas premisas de interacción han quedado fuera de
tiempo. Por ejemplo, el trato de tú en contra del Usted es un estilo relacional
que acorta distancias asimétricas y genera una cercanía que reduce la
autoridad” (p. 51).
El autor referido líneas arriba insiste sobre la ignorancia de los adultos
mayores respecto del uso de la tecnología en que “Niños pequeños manejan
computadoras, juegos sofisticados y aparatos electrónicos frente a la mirada
atónita de los padres. Parece mentira que sean esos enanos, los que corrigen
a los adultos, en el manejo cibernético” (p. 51).
Estos hechos actuales de la excesiva confianza en el trato familiar y el
avance de la tecnología hacen que los adultos mayores se sientan restringidos.
Considerar en relación a los seres humanos que es parte del respeto que se
debe tener en la interacción entre ellos, tengan la edad que tengan, se
conozcan o no se conozcan porque todos son parte de una sociedad y con
mucha mayor razón, si conforman una familia y esto es parte de los Derechos
Humanos porque todos tienen derecho y en especial los adultos mayores
tienen el derecho a vivir en igualdad y no discriminación, derecho al
reconocimiento y trato digno y el resumen de estos dos derechos es
consideración. Desconsiderar es el antónimo de consideración, por lo tanto es
actuar sin ningún tipo de respeto a los seres humanos en especial a los adultos
mayores. En consecuencia se debe respetar en el trato a los adultos mayores.
Y si no saben manipular la tecnología actual son el Estado y los familiares los
llamados a enseñarles con amor y paciencia para que aprendan a manipularla.
45
1.2.23 Abordajes cualitativos que permitan conocer el maltrato del
adulto mayor
“tener en cuenta abordajes cualitativos que permitan conocer desde la mirada
del afectado, la realidad, permitiendo así aportar mayor evidencia para la toma
de decisiones y formulación de Políticas Públicas” (Cano, Garzón, Segura y
Cardona, 2012, p.73).
Ceberio (2013) plantea una explicación al maltrato del adulto mayor al
“tipo de alejamiento causa que tempranamente, se distancien los vínculos
padres-hijos y son el precedente de lo que en un futuro será, la internación en
residencias geriátricas. Es la falta de contacto habitual, lo que acentúa el
desapego” (p. 50).
En los típicos estudios cualitativos se va entrevistando adultos mayores
con problemas de maltrato uno por uno y se analiza uno por uno y se obtienen
conclusiones para llegar a una realidad general y de esta manera orientar la
Política Pública.
1.2.24 Concepto de cosa
González (2012) señala que “debemos entender por cosa solo a aquel objeto
corporal, básicamente caracterizado por su materialidad” (p.115).
Significa todo lo que se encuentra en la naturaleza y que es percibido
por nuestros sentidos por su materialidad es decir que son objetos corporales,
pero este vocablo desde el punto de vista jurídico se encuentra restringido a
todo aquello que pueda ser apropiado y utilizado por el ser humano
concibiéndole un derecho de carácter privado, por lo tanto no debe ser
considerado el aire que respiramos. Un ejemplo a considerar de cosa serían
las piedras de un rio ya que el ser humano las puede extraer de la naturaleza,
transportarlas a un terreno y con ellas podría construir los cimientos de una
casa por lo tanto tienen un valor económico y utilidad.
46
1.2.25 Concepto de bien
González (2012) concluye sobre los bienes “a todos aquellos que conllevan
ínsitamente un valor que se traduce en la utilidad destinada a satisfacer las
necesidades del hombre, por ejemplo, los vestidos, alimentos, vehículos, los
créditos, las acciones en una sociedad anónima, el derecho de autor” (p. 115).
Desde el punto de vista jurídico las cosas cuando ingresan al mundo
del Derecho real adquieren la categoría de bienes. En el ejemplo anterior
cuando las piedras del río son transportadas realmente a un terreno y utilizadas
para construir los cimientos de la casa, adquieren la categoría de bienes
porque ahora tienen un valor económico, son útiles y están beneficiando al ser
humano. Por lo tanto cosas son objetos corporales que tienen un valor
económico y utilidad y bien es un objeto corporal que tienen un valor
económico y utilidad acompañados de los derechos que no tienen materia.
1.2.26 Concepto de bienes corporales
González (2012) los define como “aquellos que tienen existencia real y pueden
ser percibidos por los sentidos. Se caracterizan por su materialidad o
presencia física, v. gr., una casa, un libro, La energía” (p. 122).
La energía es considerada un bien corporal, porque la podemos
percibir con nuestros sentidos. Estos bienes corporales se clasifican según el
Código Civil Peruano en bienes inmuebles (Artículo 885) que son bienes que
no pueden moverse por ejemplo terrenos o viviendas y en bienes muebles
(Artículo 886) que si pueden moverse por ejemplo automóviles.
1.2.27 Bienes inmuebles según el Código Civil Peruano
Se considera bienes inmuebles “El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. El mar,
los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua, y las aguas vivas o
estanciales. Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos” (Código Civil
Peruano, 1984, art. 885).
47
Son bienes inmuebles todo lo que se encuentra en la naturaleza y que
les rodea, generalmente sin la intervención de la mano del ser humano.
1.2.28 Bienes muebles según el Código Civil Peruano
Se define como bienes muebles “Los vehículos terrestres de cualquier clase.
Las fuerzas de la naturaleza susceptibles de apropiación. Las construcciones
en terreno ajeno, hechas para un fin temporal. Los materiales de construcción o
procedentes de una demolición si no están unidos al suelo” (Código Civil
Peruano, 1984, art. 886).
Los bienes muebles están constituidos por todo lo que les rodea, pero
transformados por la intervención de la mano del ser humano.
1.2.29 Concepto de bienes incorporales
González (2012) los define como “aquellos que consisten en meros derechos,
como las obligaciones o los créditos. Son inaprensibles para los sentidos” (p.
122).
Se llaman bienes incorporales porque no se relacionan con los
sentidos del cuerpo humano, son los que no pueden verse ni tocarse, se
llaman también inmateriales porque no están constituidos por materia, se
consideran cobrables intelectualmente, como los derechos a la herencia, a la
libre expresión, a la no violencia y al usufructo es decir el derecho por el cual
una persona puede usar y disfrutar los bienes y beneficios de otra persona con
la obligación de protegerlos como si fueran de ella.
1.2.30 Concepto de patrimonio
González (2012) los define como “que es conjunto de derechos y obligaciones
de una persona, y se sostiene que el patrimonio es lo que contiene esos
derechos y obligaciones” (p.32).
48
Patrimonio es el conjunto de bienes o activo y deudas u obligaciones o
pasivo de una persona natural o jurídica. El derecho patrimonial es el derecho
subjetivo que tiene como fin la atribución a su titular, de un poder jurídico de
contenido económico sobre sus bienes. El continente, es el patrimonio que
contiene la reunión de los derechos y obligaciones de una persona
constituyendo un bloque y que sobrellevan una vida jurídica común formando
una universalidad patrimonial jurídica. En la universalidad patrimonial de
derecho existen el activo y el pasivo. En la universalidad patrimonial de hecho
solo existe el activo.
1.2.31 Protección patrimonial de adultos mayores en el Perú
Según legislación vigente se dispone que “El Estado, en sus tres niveles de
gobierno, fomenta el buen trato a favor de la persona adulta mayor a través de
acciones dirigidas a promover y proteger sus derechos fundamentales,
priorizando el respeto por su dignidad, independencia, autonomía” (Ley 30490,
2016, art. 27).
Continuando con la legislación vigente se señala “los tipos de violencia
contra la persona adulta mayor son: Violencia física, Violencia sexual, Violencia
psicológica, Violencia patrimonial o económica, Violencia a través de todo tipo
de abandono, ya sea en la calle, en el hogar” (Ley 30490, 2016, art. 29).
En síntesis es el Estado el que debe proteger los derechos
fundamentales de los adultos mayores y por lo tanto la no presencia o
ausencia de los tipos de violencia que se fijan en el art 29 dentro de los cuales
se encuentra la violencia patrimonial o económica. Por lo tanto es rol del
Estado la protección patrimonial de adultos mayores en el Perú.
49
1.2.32 Modelo de protección patrimonial o económica de los adultos
mayores en México
En el caso de México la Asamblea Legislativa busca implementar la hipoteca
inversa en los adultos mayores a través de la hipoteca de su casa, “con una
entidad financiera que mantiene el derecho del adulto mayor de continuar con
la titularidad de su inmueble y, sólo al momento en que éste fallece, sus
herederos pueden liquidar este crédito, o bien, vender la casa” (Vera, 2016, 49
párr.75).
En el caso de Perú, a fines del mes de febrero según Bambarén (2018)
“La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta semana la creación de la
hipoteca inversa, un instrumento financiero común en Europa que iniciará su
implementación en el país en beneficio de las personas mayores de 65 años”
(p. 19).
De esta forma el adulto mayor recibiría una pensión a través de la
hipoteca de su casa, manteniendo el derecho de titularidad de su inmueble y,
sólo al momento de su deceso, sus herederos pueden disponer de la misma.
Con este ejemplo de iniciativa ejecutada en Europa, propuesta en México y ya
aprobada en el Perú por el Poder Legislativo, se mantienen a buen recaudo las
propiedades de viviendas hasta el momento de la muerte del adulto mayor y de
esta manera ya no va a padecer necesidades los adultos mayores dueños de la
casa que habitan y los herederos van a tener que esperar hasta su deceso.
1.2.33 Adultos mayores y ausencia con presunción de fallecimiento
Kemelmajer (2010) refiere que en la República Argentina “Transcurridos cinco
años desde el día presuntivo del fallecimiento u ochenta desde el nacimiento
de la persona quedará sin efecto la predotación prescrita pudiendo desde ese
momento disponerse libremente de los bienes” (Ley 14.394, 1954, art. 30).
50
En la hermana República de Argentina, cuando una persona
desaparece y no se sabe nada de ella durante cinco años, se le considera
como fallecida y desde ese momento se puede disponer de sus bienes en los
probables herederos.
1.2.34 Autotutela, voluntades anticipadas y poderes de personas
incapacitadas
Kemelmajer (2010) comenta que “La posibilidad de designar uno mismo a su
curador en previsión de una futura incapacidad, no ha sido legalmente regulada
en Argentina” (p.218).
Es una situación ideal que la misma persona designe a su curador en
un proceso futuro de interdicción, porque ella tiene que confiar en esa persona,
para que administre adecuadamente sus bienes.
1.2.35 Concepto de Interdicción
Cruzado (1991) define la interdicción como “situación disminuida en que se
encuentran determinadas personas que por mandato judicial están
incapacitados para realizar todos o algunos actos de su vida civil” (p. 327).
Cabanellas (1994) considera la interdicción como “prohibición, vedamiento,
incapacidad civil establecida como condena” (p. 456).
La legislación vigente señala sobre “Incapacidad absoluta. Son
absolutamente incapaces: Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos
actos determinados por la ley. Los que por cualquier causa se encuentren
privados de discernimiento” (Código Civil Peruano, 1984, art. 43).
Ampliando la legislación vigente respecto de “Limites de la curatela. EL
juez, al declarar la interdicción del incapaz, fija la extensión y límites de la
curatela según el grado de incapacidad de aquél” (Código Civil Peruano, 1984,
art. 581).
51
En conclusión interdicción es la pérdida del ejercicio de los derechos
civiles, y que somete a tutela a quien se la impone el juez por habérsele
declarado incapaz. Es decir otra persona, generalmente familiar va a ejercer la
curatela y le va a administrar sus bienes.
1.2.36 Los adultos mayores y la inhabilitación judicial
Kemelmajer (2010) refiere que “Jurisprudencia reiterada de la República
Argentina distingue entre la simple ancianidad y la senilidad calificada que
ocasiona la incapacitación o la inhabilitación, según el grado que presente; en
otros términos senectud o ancianidad normal no equivale a senilidad
patológica” (p. 210).
Para la hermana República de Argentina existe una diferencia entre
simple ancianidad o ancianidad normal, donde la persona presenta el proceso
de envejecimiento pero sin incapacitación. A diferencia de la senilidad calificada
en donde la persona presenta la incapacitación y probablemente entre a
proceso de interdicción.
1.2.37 Adultos mayores y nulidades testamentarias
Kemelmajer (2010) señala que “son frecuentes los casos en los que los jueces
deben tranzar el conflicto que genera la tensión entre la voluntad del testador,
que se pretende preservar, y la existencia de indicios relativos a la captación
de la voluntad del anciano” (p. 220).
Siempre el Juez debe hacer respetar la voluntad del adulto mayor
dueño de los bienes o testador, y el decidirá quienes serán sus herederos. Así
mismo el Juez debe reconocer cuando se le quiere manipular al adulto mayor
con respecto a su rol de testador de sus bienes.
52
1.2.38 Concepción amplia del Hábeas Corpus
La Constitución Política del Perú (1993) afirma que “La Acción de Hábeas
Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los
derechos constitucionales conexos” (art. 200.1).
Taboada (2010) cataloga que “también procede el hábeas corpus en
defensa de los derechos constitucionales conexos a la libertad individual,
especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del
domicilio” (p. 397).
Está entonces dentro de lo posible que el juez constitucional
establezca una eventual vulneración del derecho fundamental al debido
proceso; pero siempre es necesario que exista en cada uno de los casos una
conexión entre aquel y el derecho fundamental a la libertad individual.
1.2.39 Unión de hecho o concubinato y el derecho a heredar
”La presente ley tiene por objeto reconocer derechos sucesorios entre un
varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que conforman una
unión de hecho” (Ley 30007, 2013, art. 1).
Las uniones de hecho deben “cumplir deberes semejantes a los del
matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de
sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión
haya durado por lo menos dos años continuos” (Código Civil Peruano, 1984,
art. 326).
En el año 2007, el INEI nos informaba que de una población total de
20’850,502 personas mayores de 12 años censadas, más de cinco millones
declaraban vivir en la condición de parejas convivientes o concubinos, quienes
53
deberían inscribirse en los registros de Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos como una relación de hecho porque esto les da mayores
garantías. Por lo tanto la Legislación peruana a través de esta Ley N°30007 ha
tenido que adecuarse a esta nueva situación y considerar respecto de la
herencia a los esposos y concubinos con muy pocas diferencias en cuanto a
sus derechos.
1.2.40 Modelo de gestación del Estado Constitucional
Interamericano en el Perú
“Un Estado con tribunales nacionales que aplican el derecho interamericano.
Una articulación dialógica entre Comisión, Corte Interamericana y tribunales
nacionales. Un Estado nacional que cumple los informes y sentencias
interamericanas aunque en ocasiones discrepe de las mismas” (Lovatón, 2016.
p. 215).
Todo se encuentra en proceso, actualmente se cumple parcialmente
porque la Constitución vigente de 1993 lo permite en lo que se refiere al
reconocimiento de los derechos fundamentales. Los adultos mayores tendrían
la garantía de una adecuada protección jurídica a nivel del Estado Nacional y
con el respaldo del derecho interamericano.
1.2.41 Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición” (Declaración de los Derechos Humanos,
1948, art. 2).
“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley” (Declaración
Universal de los Derechos Humanos, 1948, art. 8).
54
“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, art. 7).
Ya se ha reconocido que en realidad el adulto mayor se encuentra en
una situación de vulnerabilidad debido a su edad y que mientras más edad
tenga la situación es peor y que a esto puede agregarse el factor de su género,
situación económica o porque tiene muy poco o porque tiene demasiado o
también por reconocérsele como minoría étnica, política o religiosa lo que se
define como trato discriminatorio.
.
1.2.42 Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación
alguna” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1978, art. 1.1).
“Derecho a la Integridad Personal. Toda persona tiene derecho a que
se respete su integridad física, psíquica y moral” (Convención Americana sobre
Derechos Humanos, 1978, art. 5.1).
“Garantías Judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”
(Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1978, art. 8.1).
En el artículo 1.1 se dice sin discriminación alguna pero la realidad es
que existe un trato discriminatorio contra el adulto mayor y es aquí donde el
Estado, la sociedad y las familias deberían fomentar la adopción de medidas de
carácter positivo como el buen trato que en realidad es un derecho a la calidad
de vida de los adultos mayores.
55
1.2.43 Derechos Fundamentales de la Persona según la
Constitución Política del Perú de 1993
“Refiere que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son
el fin supremo de la sociedad y del Estado” (Constitución Política del Perú,
1993, art. 1).
“Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es
sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” (Constitución Política del Perú,
1993, art.2.1).
“Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión,
condición económica o de cualquiera otra índole” (Constitución Política del
Perú, 1993, art.2.2).
“La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al
adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También
protegen a la familia y promueven el matrimonio” (Constitución Política del
Perú, 1993, art. 4).
Existen varios factores por los que se considera vulnerable el grupo de
los adultos mayores. Uno de ellos es la avanzada edad, lo que va a ocasionar
que padezcan aumento de probabilidad de enfermedades y de malestares
físicos. También la asociación con diferentes estereotipos, que van a producir
reforzamiento de dependencia y que hacen que la sociedad y la familia no
puedan entender que los adultos mayores también son personas consideradas
en la Constitución Política. Por lo tanto deben de gozar de la autonomía y de
una verdadera capacidad de decisión sobre su estilo de vida. Frente a esta
problemática el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas correctivas
de protección más adecuadas para contrarrestar que los adultos mayores se
encuentren constantemente invadidos por la situación de vulnerabilidad.
56
1.2.44 Concepto de Vulnerabilidad y las 100 Reglas de Brasilia de
2008
Real Academia Española (2005) en su diccionario define la vulnerabilidad
“como cualidad de vulnerable, es decir que puede ser herido o recibir lesión,
física o moralmente” (p. 1577).
“De vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad,
género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas,
étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos” (100 Reglas de
Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, 2008, cap. I, regla 3).
“El envejecimiento también puede constituir una causa de
vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales
dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus
derechos ante el sistema de justicia” (100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la
Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 2008, cap. I, regla.6).
“Se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete
la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato
específico adecuado a las circunstancias propias de su situación” (Las 100
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad, 2008, cap. III, regla.50).
Los que son heridos o reciben lesión física o moralmente son las
personas más débiles o frágiles y esto se observa más por la edad en los
niños, los ancianos y en el género femenino. Por lo tanto este grupo de
personas será más vulnerable. También aquí están incluidos los discapacitados
y los habitantes de tribus en la selva y también en la sierra. En el caso de los
adultos mayores a mayor edad serán considerados más vulnerables porque
tendrán mayor número de deficiencias fisiológicas. Las 100 Reglas de Brasilia
se refieren a conceptos y principios de promoción de políticas públicas que van
57
a garantizar el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad. Pero también se refiere al trabajo diario de los que
laboran a nivel jurisdiccional y administrativo en el funcionamiento del sistema
judicial. La adhesión del Poder Judicial del Perú a la implementación de estas
reglas ocurre desde el 26 de julio de 2010.
1.2.45 La idea de vulnerabilidad y los nuevos enfoques basados en
Derechos Humanos de los adultos mayores
“Los nuevos enfoques basados en los Derechos Humanos tratan de poner el
énfasis en el empoderamiento de las personas mayores, considerándolos
como sujetos de derecho y no solo beneficiarias de la asistencia social”
(Martínez, 2015, p. 1082).
Alzate y otros (2014) comentan sobre “población adulta mayor atendida
en el sistema público sanitario de Medellín, existe vulnerabilidad social en esta
población al evidenciar dificultades en la implementación de políticas públicas y
estrategias en salud que impacten directamente en los indicadores de
morbilidad bucal” (p. 23).
Delgado (2014) refiere que “es posible vivir hasta una avanzada edad
con salud si somos capaces de prever, controlar y curar prematuramente los
más comunes padecimientos, y evitar la exposición a las condiciones que nos
hacen más vulnerables” (p. 14).
Las poblaciones vulnerables son consideradas actualmente por los y
las personas con discapacidad, los y las migrantes, los niños y las niñas, los y
las adolescentes, los adultos mayores y las adultas mayores, las comunidades
y los pueblos indígenas. Entender a los adultos mayores como grupo
vulnerable nos hace entender que siempre lo serán, esto representa una
desigualdad de hecho, se tiene que recordar que no es la edad sino sus
características estructurales y relaciones sociales los que lo hacen vulnerable.
Los nuevos enfoques basados en los Derechos Humanos de los adultos
mayores los considera en mejorar su situación como sujetos de derecho
58
fundamentados en el valor igualdad para eliminar las barreras jurídicas,
institucionales y físicas.
1.2.46 Protección de los Derechos Humanos de adultos mayores en
el Perú
“La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades
fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: Una vida digna, plena,
independiente, autónoma y saludable. La no discriminación por razones de
edad” (Ley 30490, 2016, art. 5.1).
“El Estado dispone las medidas necesarias para garantizar el ejercicio
de los derechos de la persona adulta mayor en situaciones de riesgo, incluidas
las situaciones de emergencia humanitaria y desastres, para lo cual adopta las
acciones necesarias” (Ley 30490, 2016, art. 5.2).
“El Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y la
persona adulta mayor son los ejes fundamentales para el desarrollo de las
acciones de promoción y protección de los derechos de la persona adulta
mayor” (Ley 30490, 2016, art. 6).
El Estado debe proteger a la población de adultos mayores a través de
políticas públicas centradas en sus necesidades y en la instauración de
disposiciones inmediatas y progresivas que consigan el establecimiento o
consolidación de su calidad de vida. Y para que cumpla este cometido tiene
que tener el apoyo de la sociedad, las familias y los mismos adultos mayores.
1.2.47 Soporte Institucional de los Derechos Humanos de adultos
mayores en el Perú
Kemelmajer (2010) señala que “el equilibrio de la sociedad descansa en el
conjunto de sus miembros, consecuentemente, para conseguir la armonía hay
que evitar generar procesos de exclusión, contrarios al respeto de los Derechos
Humanos” (p. 206).
59
Stone (2014) sobre la familia comenta que “cuando fueron jóvenes, se
les inculcó un respeto muy grande por los ancianos, se les veneraba por sus
años, independientemente de su cultura, categoría social, etc. Ser anciano era
ser respetado, situación que se ha perdido en la actualidad” (p. 326).
“EL Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ejerce rectoría
sobre la promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor y
en el marco de sus competencias y de la normatividad vigente” (Ley 30490,
2016, art. 3).
Quiere decir que el soporte institucional de los Derechos Humanos de
los adultos mayores en el Perú está basado en cuatro ejes: el Estado a través
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, las organizaciones de la
sociedad, las familias y el propio adulto mayor. Cada uno con un cuarto de
principio de autoridad y de responsabilidad. Ejemplo en el transporte público de
Perú, ya están designados los asientos reservados para determinados grupos
de personas, uno de los cuales son los adultos mayores, en este caso los
cuatro ejes, tienen que hacer que se cumpla esta norma. Respecto a la familia,
los más grandes deben enseñar a sus niños tanto con el habla como por el
ejemplo de que cuando se aprende a aceptarlos y se les quiere a los adultos
mayores se les va a reconocer todo lo que valen y significan para la familia a
pesar de sus quejas constantes, exigencias y limitaciones, entonces se siente
que ellos ya no son problema.
1.2.48 Deberes de la familia de los adultos mayores en el Perú
“el cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de la
persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio, en el
referido orden de prelación, tienen el deber de velar por su integridad” (Ley
30490, 2016, art. 7.1).
“las personas integrantes de la familia deben procurar que la persona
adulta mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad” (Ley
30490, 2016, art. 7.2).
60
Fernández de Larrinoa y otros (2011) como resultado de su
investigación afirman que “encontramos un perfil similar : una mujer, casada,
con estudios primarios y con una edad media de alrededor de 60 años que
cuida permanentemente a lo largo del día de su familiar y lleva años realizando
dicha labor” (p. 391).
Kemelmajer (2010) señaló que “Aunque no asuman este rol, al parecer
hay dos clases de ancianos en la vivienda familiar: los dependientes y los que
se encargan del cuidado de los nietos o bisnietos. Ambas son generadoras de
conflicto” (p. 222).
Para hacer cumplir este artículo sobre los deberes de la familia, los
hijos y los nietos deberían realizar una reunión familiar en la que se pongan de
acuerdo, respetando la disponibilidad de horarios de cada uno de ellos, para
ejecutar un cronograma de visitas a los abuelos adultos mayores, también
pueden participar los sobrinos, porque lo que más le agrada a un adulto mayor
es conversar, pasear y disfrutar de la compañía de las personas y en especial
de sus familiares a los que dicho sea de paso contribuyó generalmente en su
crecimiento y desarrollo. De esta manera in situ se van a dar cuenta que tipo
de necesidades tienen los adultos mayores familiares por ejemplo económicas,
alimenticias, de vestido o simplemente soledad.
1.2.49 Deberes del Estado en los Derechos Humanos de adultos
mayores en el Perú
“El Estado establece, promueve y ejecuta las medidas administrativas,
legislativas, jurisdiccionales y de cualquier otra índole, necesarias para
promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos de la persona adulta
mayor” (Ley 30490, 2016, art. 8).
“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el marco de su
rectoría puede suscribir convenios interinstitucionales con entidades públicas o
privadas a fin de lograr beneficios a favor de los derechos de la persona adulta
mayor” (Ley 30490, 2016, art. 3).
61
Ceberio (2013) respecto de los adultos mayores y la búsqueda de
trabajo comenta que ellos presentan “sensación de fracaso y la decepción de
no sentirse reconocidos por su experiencia, los ancianos no logran ingresar en
el aparato productivo como productores y se ven reducidos a meros
consumidores, limitados por el estipendio de su jubilación” (p. 51).
Todo esto de la insuficiente o nula participación de los adultos mayores
no jubilados en el mercado laboral, así como la ínfima cantidad mensual que se
entrega a los jubilados en el Decreto Ley N° 19990 en el Perú. Que acaban con
el fortalecimiento de los comunicantes de dependencia en relación a terceros y
que acentúa su situación de vulnerabilidad e impide que los adultos mayores se
integren en la sociedad, esto hace que se deba reflexionar sobre los deberes
del Estado para promover y proteger los Derechos Humanos de los adultos
mayores que se cumplen parcialmente a través del Poder Legislativo, Poder
Judicial y Poder Ejecutivo donde tiene mayor responsabilidad el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables. Que en conjunto tienen la obligación del
mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor no porque es una
necesidad sino porque es su derecho de ellos.
1.2.50 Modelo de política de Estado de protección de los Derechos
Humanos de adultos mayores en España y Colombia
En España y Colombia existe la “Política Nacional de Envejecimiento y Vejez
pero definitivamente el adulto mayor en España es mucho más independiente,
por la facilidad de desplazamiento y el amplio portafolio de servicios ofrecido
desde la iniciativa pública, privada y social” (Osorio y Salinas, 2016, p. 223).
Quiere decir que las políticas públicas orientadas en ambos países
están reglamentadas pero que para llevarlas a la práctica deben de existir
alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado. Y en España tienen
agregado el sector social representado por el sector cooperativo de servicio a
las personas. Que en conjunto los tres, estructuran el modelo de economía
62
social para desarrollar el sistema de servicios socio-asistenciales uno de los
cuales es de mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor.
1.2.51 Derechos Humanos de los adultos mayores (AM) en América
Latina
La Tabla 1 siguiente presenta un análisis de derecho comparado de las
legislaciones de once países de América Latina con la finalidad de determinar
qué Derechos Humanos de los adultos mayores deben ser respetados por la
normatividad.
En la que se puede observar que la edad prevalente para considerar
adultos mayores es de 60 años.
Que de acuerdo a la normatividad, solo dos países cumplen con la
mayoría de los Derechos Humanos fundamentales y ellos son Brasil y
República Dominicana y se dice que cumplen con la mayoría porque respecto
al derecho a la vida y muerte digna en estos dos países se cumple con la vida
digna. Pero en ninguno de estos países existe normatividad respecto a la
muerte digna. Todo esto de la normatividad es a nivel teórico, porque llevarlo a
la práctica es totalmente diferente. Pero lamentablemente a algunos países
todavía les falta completar su normatividad a través de su poder legislativo. Sin
embargo algunos países como México están tratando de completarlos con
Decretos de Reforma.
63
64
65
1.2.52 Sistema de Alerta Judicial para personas Adultas Mayores del
Poder Judicial del Perú
“Aprobar la Directiva N° 006-2016-CE-PJ Sistema de Alerta Judicial para
personas Adultas Mayores que en el anexo forma parte de la presente resolución”
(Resolución Administrativa CE-PJ N°134, 2016, art.1).
“Disponer que la Gerencia de Informática del poder Judicial, una vez
cumplido los procesos de actualización y unificación de las bases de datos en el
Sistema Integrado Judicial (SIJ), remitirá propuesta de cronograma para el
funcionamiento del referido Módulo” (Resolución Administrativa CE-PJ N° 134,
2016, art.3).
“Disponer que a partir de la fecha, las resoluciones y actuaciones
judiciales emitidas por los diversos órganos jurisdiccionales de esta Corte
Superior, se sujeten a las disposiciones de claridad, sencillez y concisión”
(Resolución Administrativa CSJT N° 841, 2017, art.1).
En la Directiva definen este sistema para que alerte a los jueces de que
hay procesos judiciales en que están interviniendo adultos mayores para que ellos
garanticen la rapidez de atención de estos procesos que se identificaran por el
sistema con un color característico ámbar de atención preferente si la persona
tiene entre 60 y 75 años, color característico rojo de atención de prioridad en la
atención preferente si la persona es mayor de 75 años. Y si la persona presenta
alguna discapacidad se le marcará con ese término. Con decisiones
administrativas de este tipo recién se están reconociendo en la práctica los
derechos de protección de adultos mayores.
1.2.53 Redefinición de independencia e imparcialidad de los jueces
“integra en su interior un momento comprensivo y deconstructivo en medio de una
relación hermenéutica de poder con los otros que son las partes y la formación
de un criterio autónomo relacional con una comunidad real” (Quispe, 2015, p.316).
66
Ramírez (2017) sobre seguridad jurídica la define como “la garantía que el
Derecho proporciona a los asociados respecto de la conservación y respeto de
sus derechos, y que si éstos fueran violados le serán restablecidos o reparados”
(p.149).
“el hombre pretende alcanzar para tener un orden, paz y tranquilidad en la
mayor medida de sus actos posibles, entendiéndose justicia como un conjunto de
valores y bienes que buscan la seguridad jurídica y la seguridad personal”
(Ramírez, 2017, p.160).
Un juez debe sentirse independiente e imparcial, esto bajo la concepción
levinasiana cuyo deseo es la trascendencia que tiene como esencia a la
subjetividad o lo interior, que se fundamenta en la ética del ser humano para de
esta manera comprender y realizar un análisis textual o deconstructivo y de
interpretación o hermenéutico entre las partes en conflicto con criterio de libertad
interior. El juez tiene que tener una sólida preparación académica del derecho, lo
que va a determinar su seguridad jurídica, que es garantía de que sus fallos van a
ser los adecuados. Ya que la Constitución exige jueces que tengan las
condiciones necesarias y que actúen conforme a su conciencia es decir a la ética
personal y social.
1.3 Marco espacial.
El lugar o ambiente inicial del estudio de caso es la Corte Superior de Justicia de
Lima del Poder Judicial del Perú. Ubicado en la Esquina Av. Abancay y Av.
Nicolás de Piérola (antes Colmena) en el Cercado de Lima, lugar que le
corresponde a los litigantes de este caso, que viven en el distrito de San Isidro.
1.4 Marco temporal
“El marco temporal trata de ubicar la investigación dentro de un ámbito de
temporalidad. Así podemos determinar que la investigación se refiere al tiempo
presente, al futuro y al pasado” (Muñoz, 2015, p. 293).
67
Los hechos de este estudio de caso ocurrieron en el pasado, desde el 06 de
noviembre del 2007 hasta el 25 de enero del 2013.
1.5 Contextualización
1.5.1 Contexto histórico.
“Si la investigación es de otras áreas, dependiendo de la disciplina específica, se
presentan los antecedentes documentados e históricos del objeto de estudio que
permitan hacer un seguimiento a través del tiempo de lo que se analiza” (Muñoz,
2015, p. 293).
El estudio de caso ocurrió desde el mes de noviembre del 2007 hasta el
mes de enero del 2013. En el año 2007 hasta el año 2013, existía un Estado
Constitucional de Derecho y por lo tanto el Tribunal Constitucional contaba con
total independencia e imparcialidad para resolver las controversias
constitucionales.
La Justicia en el Perú estaba representada por cinco miembros: Ministerio
de Justicia, Fiscalía de la Nación, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia
Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial quienes todavía no habían suscrito
ningún Acuerdo Nacional por la Justicia en el Perú por lo tanto no había acuerdos
para garantizar una justicia eficaz.
La Ley N° 29560, Ley que amplía la Ley N°26662, Ley de Competencia
Notarial en Asuntos No Contenciosos y la Ley N° 26887, Ley General de
Sociedades. En el Reconocimiento de las Uniones de Hecho, promulgada el 16
de julio del 2010.
La Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es promulgada desde el 22
68
de noviembre del 2015. Derogándose la Ley N° 26260, Ley de Protección frente a
la Violencia Familiar.
La Ley N° 30490 Ley de la persona adulta mayor es promulgada desde el
20 de julio del 2016. Derogándose la Ley N° 28803, Ley de las Personas Adultas
Mayores, y la Ley N° 30159, Ley que modifica los artículos 3 y 4 de la Ley N°
28803.
En lo que se refiere a los adultos mayores que están considerados dentro
del grupo de personas vulnerables, respecto al Poder Judicial se está ejecutando
actualmente el Plan Nacional de acceso a la Justicia de personas en condición de
vulnerabilidad 2016 – 2021.
1.5.2 Contexto político
En el año 2007 el presidente de la República era Alan García Pérez con un
gobierno democrático y con un Estado Constitucional de Derecho por lo tanto con
total respeto a la ley de leyes que es la Constitución del Estado.
Años 2008. Problemas de delimitación marítima del Perú con Chile.
Año 2009. Problemas de los Petroaudios, en que se denuncian
penalmente a 14 personas por actos de corrupción en la licitación de cinco lotes
para la exploración y explotación de petróleo en el zócalo continental. Ex
presidente Alberto Fujimori es condenado a 25 años de prisión por crímenes
contra la humanidad y secuestro.
En el caso concreto del gobierno de Ollanta Humala si existió voluntad
política por la inclusión social de apoyar a la población más vulnerable dentro de
las cuales se encuentran los adultos mayores. En el periodo del expresidente
69
Pedro Pablo Kuczynski al ser él adulto mayor existía la esperanza de que proteja
a los adultos mayores, pero lamentablemente desde el 24 de diciembre del 2017
por su decisión de indultar al expresidente Alberto Fujimori quien cumplía
condena por delitos de lesa humanidad, justificándose por problemas de salud
que no fueron debidamente respaldados y que luego de unos días fue liberado del
proceso de vacancia presidencial por la abstención de diez votos afines a kenji
Fujimori parlamentarios e hijo del expresidente se verifico que fue fruto de una
negociación política y no humanitaria de dicho indulto. Por lo que el presidente
Pedro Pablo Kuczynski actualmente perdió el respeto de más del cincuenta por
ciento de la población peruana y está siendo investigado por las negociaciones
anteriores a su presidencia, con la empresa brasileña Odebrecht siendo un alto
funcionario durante el gobierno de Alejandro Toledo. En la actualidad desde el 23
de marzo del 2018 siendo el actual presidente Martín Vizcarra quién coordina la
solución del problema de investigación contra la corrupción y la impunidad de
gobernantes y autoridades anteriores y actuales.
1.5.3 Contexto cultural
En el caso específico de Lima, los pobladores limeños en su mayoría tienden a
vivir con los adultos mayores o estar cercanos a sus necesidades, siempre y
cuando la relación entre ellos sea la adecuada. Los adultos mayores prefieren
vivir en sus casas que generalmente son propias o alquiladas, algunos son
casados, otros viudos o viudas, otros son divorciados y deciden vivir como
convivientes en una misma casa o en casas separadas, no son de vivir en un
Hogar de Ancianos o Asilos que si los utilizan mayormente los ancianos
desamparados.
1.5.4 Contexto social
Existen adultos mayores de clase alta que viven de la fortuna acumulada durante
toda su vida producto de su trabajo profesional y de sus inversiones, adultos
mayores de clase media con buena pensión mensual de jubilación, adultos
mayores de clase media con baja pensión mensual de jubilación, adultos mayores
70
empadronados con la pensión 65, adultos mayores no empadronados con la
pensión 65, ancianos sin ningún tipo de pensión pero amparados por sus
familiares, ancianos desamparados en Hogares de ancianos generalmente de tipo
religioso, ancianos desamparados en las calles o mendigos y ancianos en
alcoholismo o drogas. Hay algunos pequeños avances en la protección de los
adultos mayores, cabe mencionar en el trato preferencial en Lima, en el Parque
de las Leyendas, algunos cines y los asientos preferenciales en el transporte
público.
1.6 Supuestos teóricos
1.6.1 Aplicación de normas legales correctas.
Existencia o no de aplicación de normas legales correctas tanto en la forma como
en el fondo, por las instancias o grados y el Tribunal Constitucional en el proceso
de interdicción civil contra el Señor Felipe Tudela y Barreda. En el proceso de
hábeas corpus a favor del padre Felipe Tudela y Barreda en contra de Graciela
De Losada Marrou, por supuesta violación y privación arbitraria de su libertad. En
el proceso contencioso sobre la nulidad del matrimonio civil de Felipe Tudela y
Barreda y Graciela De Losada Marrou. Sí se dieron lugar a supuestos de hecho y
que el Tribunal Constitucional lleve a cabo o no las consecuencias jurídicas.
Aplicación de normas legales del estado de convivencia de la pareja.
1.6.2 Vulnerabilidad de los Derechos Humanos en adultos mayores.
En el proceso de hábeas corpus a favor del padre Felipe Tudela y Barreda en
contra de Graciela De Losada Marrou, tramitada por sus dos hijos por supuesta
violación y privación arbitraria de su libertad, ¿qué tipo de derechos
constitucionales fueron agredidos y si estos eran realmente defendibles mediante
hábeas corpus?. Se cometió o no interrogatorio incompleto al beneficiario adulto
mayor Felipe Tudela y Barreda, valorándose su opinión o no en la actuación de la
juez de primera instancia, en el trámite de la demanda de hábeas corpus, en el
sentido de determinar con certeza si es que existe o no restricción al encuentro
con sus hijos o por el contrario, si es que él tiene la voluntad decidida de no tener
71
esos encuentros. Los actos de entorpecimiento en el establecimiento y desarrollo
de las relaciones familiares conllevan o no una agresión del contenido
constitucionalmente protegido del derecho a la integridad personal. Se puede
crear o no un mecanismo dentro de los Ministerios existentes para la protección
de bienes, estado de libertad y sus relaciones personales de los adultos mayores.
1.6.3 Intervención de los medios de comunicación en los procesos
judiciales.
Los medios de comunicación tienen o no tienen intervención directa en la
resolución de los jueces en los procesos judiciales. Los medios de comunicación
tienen o no tienen una intervención directa en la comunidad ya que poseen
influencia escrita, verbal, televisiva, internet y redes sociales. Él presente caso
tuvo o no una influencia mediática al ser uno de los hijos demandantes una
autoridad política de ex canciller del gobierno del presidente Alberto Fujimori.
1.6.4 Utilización adecuada de los informes médicos.
Las evaluaciones médicas con los informes médicos general y psiquiátrico del
adulto mayor fueron instrumentales determinantes o no tanto en el proceso de
interdicción, proceso de hábeas corpus como en el proceso de nulidad del
matrimonio, que permitan concluir que el evaluado cuenta o no cuenta con sus
plenas facultades que lo hacen entender la realidad y tener una voluntad no
viciada. El Informe médico neurológico del adulto mayor es el instrumental que
podría solicitarse en el proceso de interdicción acompañando a los dos anteriores
de examen médico general y examen médico psiquiátrico para determinar la
capacidad mental del interrogado. Debe ser realizado por un médico neurólogo,
debidamente titulado, acreditado, colegiado y habilitado. En este informe debe
figurar la evaluación de los signos y síntomas, la capacidad mental, orientación
en el tiempo, espacio y persona y evaluación de la memoria para poder confirmar
o eliminar el diagnóstico de demencia senil en curso progresivo. Debería
acompañarse la evaluación neurológica de una Tomografía Cerebral y pruebas
auxiliares de laboratorio en donde se evidenciarían o no las lesiones orgánicas
72
que confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia senil en curso progresivo u
otro tipo de lesión que ocupe espacio cerebral.
1.6.5 Utilización adecuada de los informes psicológicos.
Las evaluaciones psicológicas con los informes psicológicos del adulto mayor
fueron instrumentales indicados o no tanto en el proceso de interdicción, proceso
de hábeas corpus como en el proceso de nulidad del matrimonio, que permitan
concluir que el evaluado cuenta o no cuenta con sus plenas facultades y de esta
manera concluir si las respuestas que emita en el interrogatorio y de los test
psicométricos son o no consecuencia de un entendimiento pleno de la realidad y
expresión de una voluntad no viciada.
1.7 Justificación
La importancia del presente estudio radica en explicar la vulneración de los
Derechos Humanos que se deben respetar en los adultos mayores cuando les
quieren despojar de sus bienes. En describir las legislaciones que ejecuta el
Estado peruano actualmente para proteger sus derechos y de esta manera
mejorar las acciones que deberían tomarse para que los adultos mayores se
sientan realmente protegidos por el Estado.
1.7.1 Justificación teórica:
En la literatura internacional y nacional consultada existe poca información acerca
de la protección de los adultos y las adultas mayores por lo que se considera que
si se llenará en alguna medida este vacío del conocimiento.
Los datos que se van analizar son las sentencias de un caso de
protección de bienes de un adulto mayor del Distrito Judicial de Lima, tendrían
que realizarse estudios comparativos con otros Distritos Judiciales del Perú u
otros países para evaluar la posibilidad de generalizar los resultados a principios
más amplios.
73
La información que se obtenga puede servir para desarrollar la teoría de
protección jurídica nacional e interamericana de las personas mayores desde la
perspectiva de los derechos humanos.
1.7.2 Justificación práctica:
Los resultados de la investigación serán puestos a consideración de las
autoridades del Poder Judicial del Perú y del Poder Legislativo, quienes tomarán
las decisiones adecuadas a favor de los adultos mayores en relación a la
protección jurídica de sus bienes. Tiene implicancias trascendentales para una
amplia gama de problemas prácticos porque se basa en la perspectiva de los
derechos humanos que es de alcance internacional y que sirve de garantía para
el ejercicio pleno de sus derechos y libertades de los adultos mayores a nivel
interamericano.
1.7.3 Justificación metodológica:
La investigación es desde una perspectiva cualitativa con diseño de investigación
de estudio de caso centrando el interés en las sentencias de acuerdo a cada uno
de los procesos de los hijos frente al adulto mayor que es su padre, en los que
se van a describir y analizar de una manera intensiva y profunda situaciones
únicas de jurisprudencia por expertos en el tema. El diseño va cumplir con cuatro
etapas que son: planificación, recogida de información, análisis de la información
y el informe respectivo.
Las técnicas son la entrevista a abogados especialistas, jueces y fiscales
con el análisis documental y el instrumento es la ficha de entrevista que está
orientada a que los expertos utilicen su experiencia judicial en los tres procesos
respecto a este estudio de caso, que se acompañará de la fuente de expedientes
de los procesos de interdicción, hábeas corpus y anulación de matrimonio con las
sentencias judiciales en los expedientes respectivos. La unidad de análisis son los
expedientes judiciales de los tres procesos de los hijos en relación al adulto
mayor que es su padre, ante la Corte Superior de Justicia de Lima y Tribunal
74
Constitucional porque quieren a través de uno de los procesos que es la
interdicción, ser los curadores de los bienes de su padre.
.
1.7.4 Justificación epistemológica:
“Desde la perspectiva metodológica, los rasgos del racionalismo moderno son los
siguientes: Todos nuestros conocimientos acerca de la realidad provienen de la
razón, del entendimiento mismo, mas no de los sentidos” (Valderrama, 2013, p.
100).
La epistemología utilizada en el presente estudio de caso tiene un
paradigma de racionalismo e interpretativo de las sentencias judiciales del estudio
de caso, con el análisis documental de las leyes vigentes en el Perú sobre
protección de bienes de los adultos mayores. Este estudio de caso desde un
concepto legal tiene la propiedad de ser particularista, descriptivo, heurístico es
decir hace comprender el caso y es inductivo descubriendo nuevas relaciones de
comprender e interpretar las entrevistas con respuestas abiertas de abogados
especialistas, jueces y fiscales expertos consultados.
1.8 Relevancia
Con el desarrollo de esta investigación se mejora el respeto, la inclusión,
integración y participación de los adultos mayores en la sociedad.
Con los resultados de esta investigación se pretende beneficiar las relaciones de
los integrantes de la familia, ya que si se mejora la protección jurídica de los
adultos mayores el resto de los integrantes de la familia tienen que aprender a
respetarlos y esto mejorará la armonía familiar.
Esta protección jurídica del estado va a ser la garantía para el ejercicio
pleno de los derechos fundamentales y libertades de los adultos mayores que
redundará en el mejoramiento de la armonía familiar y por lo tanto también de la
sociedad, porque de acuerdo a las proyecciones estadísticas la población a nivel
mundial que cada año se incrementa es la de los adultos mayores.
75
1.9 Contribución
La investigación contribuye a la solución de problemas teóricos porque se
pretende explicar e interpretar la protección jurídica de los adultos mayores a nivel
nacional. Sin embargo al compararla con otros países de América latina (Tabla 1
y 2) se encuentra que en algunos países es muy pobre dicha legislación y en
otros países es muy rica. Por ejemplo con respecto a la edad de definición de
adultos mayores para algunos países será a partir de los 60 años y para otros
será a partir de los 65 años.
La mayoría de países analizados en América latina dicha edad se
encuentra por encima de los 60 años, entonces se debería estandarizar a partir de
los 60 años en todos los países. Respecto a una vida sin violencia en los adultos
mayores se analiza que en la mayoría de países viven en violencia y esto no
significa que sea bueno, entonces se debería estandarizar en que no exista
violencia en todos los países y esto mejoraría la protección jurídica. Si se mejora
el aspecto legal o problema teórico, definitivamente se mejoran los problemas
prácticos porque esto es aplicación de la ley.
1.10 Formulación del problema de investigación
Preguntas de investigación directas que se espera resolver:
-¿El Estado protege los bienes de los adultos mayores?
-¿Se aplicaron las normas legales correctas?
-¿Se vulneraron los Derechos Humanos en adultos mayores?
-¿Pueden intervenir los medios de comunicación en los procesos judiciales?
-¿Se utilizaron adecuadamente los instrumentos de informes médicos?
-¿Se utilizaron adecuadamente los instrumentos de informes psicológicos?
1.11 Objetivos
Objetivo general
Analizar como el Estado protege los bienes de los adultos mayores.
76
Objetivos específicos:
1. Analizar si se aplicaron las normas legales correctas.
2. Comprender si se vulneraron los Derechos Humanos en adultos mayores.
3. Analizar si los medios de comunicación pueden intervenir en los procesos
judiciales.
4. Describir si se utilizaron adecuadamente los instrumentos de informes
médicos.
5. Describir si se utilizaron adecuadamente los instrumentos de informes
psicológicos.
III. Marco metodológico
78
2.1 Metodología
2.2 Tipo de estudio
La presente investigación tiene el enfoque cualitativo o método naturalista.
“Es una investigación inductiva de naturaleza holística y con enfoque
subjetivo, cuyo objeto es la descripción de las cualidades y características de un
fenómeno, en el que solo pretende estudiar una parte de la realidad para
comprenderlo e interpretarlo” (Muñoz, 2015, p. 239).
En este caso el fenómeno es la protección de bienes de los adultos
mayores y el análisis es de los procesos que tramitan las personas en general y
los familiares en particular en el Perú con expedientes judiciales con la finalidad
de vulnerar los bienes de los adultos mayores y como proceden las normas
judiciales actuales que se aplican en el Perú frente a este fenómeno.
2.3 Diseño de investigación
La presente investigación tiene un diseño de estudio de caso.
“La unidad o caso investigado puede tratarse de un individuo, una
pareja, una familia, un objeto (una pirámide como la de Keops, un material
radiactivo), un sistema (fiscal, educativo, terapéutico, de capacitación, de trabajo
social), una organización” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.164).
“El objeto de estudio es concreto y se le considera como un caso de
especial interés” (Muñoz, 2015, p. 239).
El caso es de que los demandantes familiares hijos acompañados de sus
expedientes judiciales, solicitaron al Poder Judicial la tramitación de proceso de
declaración de incapacidad legal o interdicción (Expedientes N° 183512-2007-
00358) de una persona adulta mayor que es su padre Felipe Tudela y Barreda,
considerada en el límite físico y con supuesto deterioro mental por su edad.
79
Proceso de hábeas corpus (Expediente N° 1317-2008-PHC/TC) contra la esposa
o demandada de su padre Graciela De Losada Marrou. Proceso de nulidad del
matrimonio civil (Expediente N° CAS 450-2012) de su padre Felipe Tudela y
Barreda y su esposa Graciela de Losada Marrou.
Por lo que acudieron al distrito Judicial de Lima y Tribunal Constitucional
desde el 06 de noviembre del 2007 hasta el 25 de enero del 2013. Se analizarón
en profundidad las sentencias de dichos procesos que están íntimamente
relacionados con los mismos objetivos. Se llevarón a cabo con la técnica de
entrevistas a abogados especialistas, jueces y en las diferentes sedes de las
Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial del Perú. Se utilizó como
instrumento la Ficha de entrevista (Anexo 2) acompañado de una grabadora.
Luego se realizó la transcripción de la entrevista (Anexo 4) y se ejecutó la
integración de las entrevistas y el análisis documental respectivo. Este estudio de
caso es de tipo racionalista e interpretativo porque su finalidad es deducir e
interpretar sobre el caso justiciable.
2.4 Escenario de estudio
La técnica de entrevista a los abogados especialistas, jueces y fiscales se realizó
en los ambientes físicos de las Bibliotecas o Sala de Prensa y propaganda de las
diferentes sedes de las Cortes Superiores de Justicia del Poder Judicial del Perú
o Ministerio Público cuyo tamaño es de aproximadamente en promedio seis
metros cuadrado con las comodidades de cualquier sala de prensa, sala de
espera y sala de lectura con puertas de acceso y privacidad adecuada.
Con cita previamente acordada con los expertos jurisdiccionales,
previamente se les entrega los números de expedientes cuyo contenido se
encuentra en internet, el diario El peruano, asimismo se les entrega un
fotocopiado de los expedientes con las sentencias respectivas. Se acuerda como
promedio de una semana para que estudien los expedientes quedándose
acordada la fecha y hora de la entrevista así como la firma de autorización de
información (Anexo 3), grabándose dicha entrevista para la transcripción
80
respectiva (Anexo 4) Si hay algún tipo de inconveniente con el escenario
propuesto se realizó en su oficina de atención o en otro escenario.
2.5 Caracterización de los sujetos
Los sujetos son los expedientes con sentencias sobre proceso de declaración de
incapacidad legal o interdicción (Expedientes N° 183512-2007-00358) de una
persona adulta mayor que es su padre Felipe Tudela y Barreda, considerada en el
límite físico y con supuesto deterioro mental por su edad. Proceso de hábeas
corpus (Expediente N° 1317-2008-PHC/TC) contra la esposa o demandada de su
padre Graciela De Losada Marrou. Proceso de nulidad del matrimonio civil
(Expediente N° CAS 450-2012) de su padre Felipe Tudela y Barreda y su esposa
Graciela De Losada Marrou.
En conclusión la caracterización de los sujetos en esta investigación está
dada por los Expedientes.
2.6 Procedimientos metodológicos de investigación
Los procedimientos a seguir son los siguientes:
2.6.1 Recogida de datos
Lo que se quiere de los abogados especialistas, jueces y fiscales es recolectar
sus catorce respuestas a preguntas abiertas sobre el proceso de declaración de
incapacidad legal o interdicción (Expedientes N° 183512-2007-00358) de una
persona adulta mayor que es su padre Felipe Tudela y Barreda, considerada en el
límite físico y con supuesto deterioro mental por su edad.
Sus catorce respuestas a preguntas abiertas sobre el proceso de hábeas corpus
(Expediente N° 1317-2008-PHC/TC) contra la esposa o demandada de su padre
Graciela De Losada Marrou.
Sus catorce respuestas a preguntas abiertas sobre el proceso de nulidad
del matrimonio civil (Expediente N° CAS 450-2012) de su padre Felipe Tudela y
Barreda y su esposa Graciela De Losada Marrou. Recogiéndose en total cuarenta
y dos respuestas por cada experto judicial. El instrumento de recogida de datos
es la ficha de entrevista.
81
2.6.2 Análisis de datos
“El análisis es un proceso ecléctico (que concilia diversas perspectivas) y
sistemático, mas no rígido ni mecánico. Como cualquier tipo de análisis, el
cualitativo es contextual” (Valderrama, 2013, p. 293).
Realizándose y presentándose la integración de las entrevistas a abogados
especialistas, jueces y fiscales que en este caso son los investigadores expertos
en jurisprudencia, con las preguntas que son por bloques de los proceso de
interdicción, proceso de hábeas corpus y proceso de nulidad del matrimonio
respectivamente. E integrándose y contrastando las respuestas por párrafos en
forma ordenada y secuencial de acuerdo a las fichas de entrevista.
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas de investigación cualitativa que se utilizaron son las dos siguientes:
- Entrevista
- Análisis documental
El instrumento que se utilizó es:
-Ficha de entrevista (Anexo 2).
Los instrumentos de registro que se utilizó son tres:
Papel, lápiz y grabador
2.8 Mapeamiento
Mapear es representar las partes de un todo. El todo en este caso es la presente
tesis de investigación que tiene como título: Protección de bienes de los adultos
mayores: Un estudio del caso. Distrito Judicial de Lima. Perú. Con un problema
general de si ¿El Estado protege los bienes de los adultos mayores? Y un
objetivo general de analizar como el Estado protege los bienes de los adultos
mayores. Con cinco problemas específicos que son: ¿Se aplicaron las normas
legales correctas? ¿Se vulneraron los Derechos Humanos en adultos mayores?
¿Pueden intervenir los medios de comunicación en los procesos judiciales?
82
¿Se utilizaron adecuadamente los instrumentos de informes médicos? ¿Se
utilizaron adecuadamente los instrumentos de informes psicológicos?
Con cinco objetivos específicos que son: Analizar si se aplicaron las
normas legales correctas. Comprender si se vulneraron los Derechos Humanos
en adultos mayores. Analizar si los medios de comunicación pueden intervenir en
los procesos judiciales. Describir si se utilizaron adecuadamente los instrumentos
de informes médicos. Describir si se utilizaron adecuadamente los instrumentos
de informes psicológicos. Con una metodología de tipo de estudio de enfoque
cualitativo, con diseño de investigación de estudio de caso con entrevista y
análisis documental. El instrumento es la ficha de entrevista.
Ejecutándose las entrevistas a abogados especialistas, jueces y fiscales
que en este caso son los investigadores expertos en jurisprudencia, con las
preguntas abiertas que son por bloques de los proceso de interdicción, proceso
de hábeas corpus y proceso de nulidad del matrimonio respectivamente. Lo que
se recopiló de los abogados especialistas, jueces y fiscales fue sus catorce
respuestas a preguntas abiertas sobre el proceso de declaración de incapacidad
legal o interdicción (Expediente N° 183512-2007-00358) de los hijos varones
respecto de una persona adulta mayor que es su padre Felipe Tudela y Barreda,
cuyos hijos lo consideraban en el límite físico y con supuesto deterioro mental por
su edad.
También sus catorce respuestas a preguntas abiertas sobre el proceso de
hábeas corpus (Expediente N° 1317-2008-PHC/TC) de los hijos varones contra la
esposa o demandada de su padre Graciela De Losada Marrou. Terminando con
sus catorce respuestas a preguntas abiertas sobre el proceso de nulidad del
matrimonio civil (Expediente N° CAS 450-2012) de su padre Felipe Tudela y
Barreda y su esposa Graciela De Losada Marrou. Recogiéndose en total cuarenta
y dos respuestas por cada experto judicial. Posteriormente al término en completo
de las entrevistas se realizó la integración de dichas respuestas, contrastándolas
una por una e integrándolas por párrafos en forma ordenada y secuencial de
acuerdo a las fichas de entrevista.
83
Luego se ejecutó la triangulación de fuentes de datos de las leyes vigentes
desde noviembre del 2007 hasta enero del 2013 en que ocurrió este estudio de
caso. Y también se consideró la promulgación de nuevas leyes y resoluciones
respecto del estudio de caso a partir de febrero del 2013 hasta la actualidad. Se
consideró en la triangulación las entrevistas individuales grabadas y luego
digitadas a los especialistas, jueces y fiscales respecto del estudio de caso con
análisis e interpretación de cada uno de ellos y con la finalidad de que los
resultados sean un consenso de ellos. Ordenando y contrastando estos
resultados con los supuestos planteados en el estudio de caso para que sean
más comprensibles.
Las conclusiones generales son la no adecuada aplicación de las normas
legales, ocurrencia de vulnerabilidad de los Derechos Humanos en adultos
mayores y la no utilización adecuada de los informes médicos y psicológicos en
el proceso de Interdicción. La adecuada aplicación de las normas legales y no
vulnerabilidad de los Derechos Humanos en los procesos de hábeas corpus y
nulidad del matrimonio civil. Los medios de comunicación no deben intervenir en
el fallo de los jueces de cualquier proceso judicial
2.9 Rigor científico
“Es definitivo pensar en una ética de la ciencia, es decir, una ciencia con
conciencia; en otras palabras, una ciencia cuyos ideologías e instrumentos se
utilicen de manera correcta” (Bernal, 2016, p 17).
Está relacionado con la calidad de la investigación con la disposición del
investigador de acercarse a la verdad. Para ello, se analizan cuestiones
relacionadas con el instrumento, trabajo de campo, el análisis, el muestreo
teórico, alcanzándose la saturación teórica cuándo la información recopilada no
aporta nada nuevo y también se considera la integridad del investigador.
Se respetó el rigor científico, ya que todos los documentos son veraces
porque son expedientes con las diferentes sentencias o resoluciones publicadas
84
en el periódico oficial El Peruano y en internet. Las entrevistas transcritas a los
abogados especialistas, jueces y fiscales fueron firmadas por ellos certificando su
autoría.
Son cuatro los criterios de rigor en la calidad de la recolección y análisis
de datos de la investigación cualitativa para que sea correcta y estos son:
credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. La credibilidad se va
a probar mediante la triangulación que es la visualización desde diferentes
perspectivas y contrastarlas, solicitando, la opinión de uno o más investigadores
para que interpreten los resultados y la recogida de datos mediante grabadora y
firma de autenticidad de la transcripción. La transferibilidad se comprueba
maximizando la calidad de información obtenida, con descripción detallada del
contexto y recolección abundante de datos. La dependencia se comprueba con el
establecimiento de constancias de cómo se recogieron y se interpretaron los
datos para dejar pistas de revisión y también mediante la auditoria del proceso de
control realizados por investigadores externos quienes deciden si los procesos
seguidos son aceptables. La confirmabilidad se comprueba mediante un
investigador externo o auditor quien verificará la correspondencia entre datos e
interpretaciones.
III. Trabajo de campo
86
3.1 El sujeto de Investigación
Los sujetos de investigación son los expedientes con sentencias sobre proceso de
declaración de incapacidad legal o interdicción (Expedientes N° 183512-2007-
00358) de una persona adulta mayor que es su padre Felipe Tudela y Barreda,
considerada en el límite físico y con supuesto deterioro mental por su edad.
Proceso de hábeas corpus (Expediente N° 1317-2008-PHC/TC) contra la esposa
o demandada de su padre Graciela De Losada Marrou. Proceso de nulidad del
matrimonio civil (Expediente N° CAS 450-2012) de su padre Felipe Tudela y
Barreda y su esposa Graciela De Losada Marrou.
3.2 Elaboración del guion para las observaciones semiestructurada
En primer lugar se le pregunta al abogado especialista, juez o fiscal, la pertinencia
de poder ejecutar la entrevista sobre la protección de bienes de los adultos
mayores dándoseles el número de los tres expedientes que se encuentran en
internet debe analizar sobre interdicción (expediente: 183512-2007-00358),
habeas corpus (1317-2008-PHC/TC) y nulidad del matrimonio (CAS 4510-2012)
del estudio de caso presente a su vez se les entrega un fotocopiado de cada uno
de los tres expedientes dándoseles una semana de tiempo para que analicen los
tres expedientes.
3.3 Realización de entrevistas y observaciones semiestructurada
Se realiza la entrevista con el instrumento de la Ficha de Entrevista (Anexo 2)
primero con la recopilación de los datos personales del abogado especialista, juez
o fiscal y catorce preguntas abiertas sobre los expedientes del proceso de
interdicción, catorce preguntas abiertas sobre el proceso de habeas corpus y
catorce preguntas abiertas sobre el proceso de nulidad del matrimonio.
Grabándose dichas entrevistas con cuarenta y dos respuestas abiertas en total
por cada experto judicial. Culminándose con la escritura de dichas respuestas
para presentarlas en la tesis (Anexo 4).
87
3.4 Análisis de la documentación (evidencias)
Valderrama (2013) respecto del análisis intensivo de la información refiere “En
este punto, tienen lugar la integración de las entrevistas, las observaciones y el
resto de procedimientos de recojo de datos. Este proceso interactivo no cesa
realmente hasta que, por fin, el informe se realiza” (p.323).
Valderrama (2013) explica sobre la triangulación de investigadores “Si se
aplica la observación en la investigación, se emplean diversos observadores,
quienes registran lo mismo y, luego, se contrastan los resultados” (p.291):
Realizándose y presentándose la integración de las entrevistas a
abogados especialistas, jueces y fiscales que en este caso son los investigadores
expertos en jurisprudencia, con las preguntas que son por bloques de los proceso
de interdicción, proceso de hábeas corpus y proceso de nulidad del matrimonio
respectivamente. E integrándose y contrastando las respuestas por párrafos en
forma ordenada y secuencial de acuerdo a las fichas de entrevista.
Análisis del Proceso de Interdicción
En el proceso de interdicción sobre si se ha expedido de acuerdo a ley unos están
de acuerdo en declarar fundada la demanda, otros que las pruebas presentadas
por la parte demandante no fueron suficientes porque se encontraban
parcializadas y los exámenes médicos no eran suficientes para demostrar la
incapacidad del demandado y por lo tanto no se habría evaluado adecuadamente
los medios probatorios. Otros que no están de acuerdo porque vieron por
televisión sus respuestas que eran coherentes y lucidas del demandado por lo
que no acreditaba ser interdicto.
En tal sentido, sobre la sentencia o fallo unos refieren que la parte
demandada ha dado muestras de evitar las pericias psiquiátricas, para ello han
intervenido terceras personas que obstaculizan el normal desarrollo del proceso.
Otros que, el fallo no fue objetivo, porque no se valoró las pruebas ofrecidas, es
88
decir debió realizarse un debate pericial al existir pruebas contradictorias. Otros
que no está de acuerdo a ley pues el peritaje lo debió hacer el médico legista y
debió participar el médico de parte, en un proceso común y en un debate para
determinar la lucidez del interdicto, por lo tanto no se merituo los medios
probatorios. Otros que si bien declara fundada la demanda, esta no fue objetiva
en sus fundamentos de hecho. Y otros que están de acuerdo a ley.
También si se valoró la opinión del demandado, unos que no se valoró su
opinión en ningún momento, no obstante que el interdicto manifestó en el
proceso, otros que no se tenía porque, pues se cuestiona su capacidad de
raciocinio, y se tomó el peritaje psiquiátrico y psicológico de parte sin que haya
participado un psiquiatra o perito del Ministerio Público es decir debieron
intervenir otros profesionales de la salud. Otros que se valoró en sentido negativo.
Lo propio para lo que les llama la atención de la sentencia o fallo que no se
visualizó, para unos que el Señor demandado para algunas transacciones si
estaba lúcido, porque el demandante Francisco Tudela recibió el mismo año
(2007) en vísperas del proceso de interdicción, el anticipo de legítima (21 de
setiembre del 2007) con bienes a su favor, aquí si estaba cuerdo, lúcido y con
estado de salud mental bien, para luego cuestionar que su padre es un incapaz;
por lo que se aprecia que es un fallo injusto. Otros que la sentencia ha sido
congruente entre los fundamentos de hecho, la motivación y el fallo.
Además sobre si es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten un
anticipo de legítima, para algunos si es lícito, la ley lo contempla, siempre que no
haya antecedentes de los hijos en su conducta que los padres se lo impidan, que
hayan atentado contra su vida. Para otros si es licito, pero es libertad de los
padres hacerlos o no, siempre primando su voluntad, de consentimiento y si los
hijos son sanos y no dilapidadores, pero no es una obligación. Dejando presente
que todo lo que no está prohibido está permitido.
Aclarando que una persona adulta mayor no está obligada a disponer de su
tercio de libre disposición, pero si puede hacerlo
89
De igual forma respecto de si tiene coherencia la sentencia emitida y está
motivada, ya que está regulada en el Código Civil con pruebas para medir la
capacidad civil del interdicto. Otros que es un fallo parcializado, porque no se
actuaron debidamente las pruebas ofrecidas. Otros en que la sentencia es
discutible, pues no se valoraron los medios probatorios.
Cabe señalar que la situación legal que se desprende de la sentencia es
que el demandado se encuentra en demencia senil, por sus contradicciones en
sus respuestas, frente a la misma pregunta. Otros que debió comparecer a los
exámenes periciales y así determinar el verdadero estado de su capacidad. Otros
que necesitaba protección, y no lo dejaban disponer ni de sus bienes, ni de su
vida personal. Otros que era una persona mayor, con capacidad para ejercer sus
derechos. Otros que tenía derecho a disfrutar su vida en la forma que él crea
conveniente, con quien quiera ser feliz. Otros que el demandado en la entrevista
que tuvo la oportunidad de ver en la televisión lo vio coherente y lúcido.
Todos están de acuerdo en que los medios de comunicación no deben
intervenir en el fallo de los jueces porque no son parte en el proceso, pero
interfieren e influyen en la decisión judicial, cuando el tema es mediático, ya que
toman más atención.
Plantean que dentro del Ministerio de la Mujer o de la Beneficencia
Pública se puede crear un ente fiscalizador que vele no solo de los bienes, sino
de la salud y bienestar de los adultos mayores. Otro que también están de
acuerdo pero que el requisito sea de la edad mayor de 70 años.
La mayoría coinciden en que las evaluaciones médicas ejecutadas en el
Señor Felipe Tudela y Barreda como han sido ofrecidas de parte, no oficiales y de
favor, no vislumbra la verdad de los hechos, por cuanto no coinciden con las
ofrecidas por el interdicto. Además que fueron efectuadas sin consentimiento y
totalmente parcializadas. Otros que están bien elaboradas. Otros que les faltó
peritaje. Otros que debieron hacerse por el Ministerio Público y si bien en la vía
civil la o el juez puede nombrar peritos, también es cierto que por disposición de la
90
ley debe ser un perito oficial. Otros que fueron correctas, aunque debieron
corroborarse por el médico legista.
Respecto del informe médico psiquiátrico del adulto mayor es uno de los
instrumentales o pruebas indicadas, pero debe aunarse a la historia clínica. Otros
es uno de los medios, pero que debe responder a otros medios de decisión de las
personas adultas mayores, tales como testimoniales, discernimiento social y su
comunicación con terceras personas. Independientemente de su capacidad de
pensamiento y de disponer de sus gastos económicos.
Coinciden en que el informe psicológico del adulto mayor es otro
instrumental o prueba que va a encaminar la dirección indicada.
La mayoría está de acuerdo en presentar la propuesta sobre mejoras en
el enfoque de la interdicción para corroborarla legalmente y declararla es
necesario, magnifico e imprescindible y sobre todo para un fallo más justo,
solicitar como instrumento la evaluación neurológica para confirmar su
incapacidad del interdicto. Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico
por imágenes y de neurofisiología como también de pruebas de laboratorio, en
donde se evidenciarían o no las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el
diagnóstico de demencia senil en curso progresivo u otra lesión que ocupe
espacio cerebral. Debe ser realizado por un médico neurólogo, debidamente
titulado, colegiado, acreditado y habilitado.
Análisis de Proceso de habeas corpus
En el proceso de hábeas corpus si se ha expedido de acuerdo a ley, porque se
vulnera su derecho a la libertad del favorecido al no permitir que se comunique
con sus hijos, también porque se ubicó al agraviado en un lugar distinto que no
era su casa. Otros si, pues según el Artículo 200 de la Constitución Política del
Perú, procede ante un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad,
funcionario o persona que vulnera la libertad individual.
91
En tal sentido, el fallo del Tribunal Constitucional si está de acuerdo a ley.
Otros que salieron a favor de los demandantes y en contra del agraviado según
su manifestación. Otros que se ha dado de acuerdo a las normas, pues procede
por la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, a la integridad física y
psicológica y al derecho a la salud.
Cabe señalar que en la sentencia no se valoró la opinión del demandado,
pues su libertad fue violada por sus hijos porque él dijo que estaba solo. Otros
que también se ha valorado. Otros que no, pues no es necesaria. Otros no se
tenía porqué, solo es observar, si se está vulnerando su libertad.
Respecto a los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo llama la
atención que, el demandado realizó anticipo de herencia; asimismo se observa
que el matrimonio lo realizaron demasiado rápido. Otros que no se ha advertido.
Otros que todo se da de acuerdo a ley. Otros nada ninguno, según el Tribunal
procede en toda situación independiente del lugar donde se encuentra la persona.
Otros la transmisión de bienes a los demandantes antes de los procesos.
Se precisa que no es licito que los hijos en vida de los padres soliciten
tener autoridad total sobre ellos, porque los padres pueden decidir dónde quieren
estar y con quien estar, respetando su voluntad. Sólo los hijos pueden cuidarlos
pero no mandarlos. Otros no, salvo por salud. Otros siempre que se acredite
fehacientemente por el médico oficial su incapacidad, pero ésta debe ser
supervisada por el juez.
Además, según la Constitución y los tratados internacionales todos los
seres humanos gozan de libertad a toda edad. Una persona adulta mayor está
obligada a no tener acceso a su libertad solamente cuando sea declarada
judicialmente su incapacidad. Otros de ninguna manera, salvo que esté enferma o
sea incapaz.
Respecto de si tiene coherencia la sentencia porque se ha dado de
acuerdo a ley. Otros que, solo han valorado parcialmente la privación de su
92
libertad, pero no se ha ponderado la voluntad del demandado. Otros que se había
restringido su libertad, Otros que era, una persona anciana, que en realidad no
tenía libertad, ni por la parte demandada ni demandante.
Todos están de acuerdo en que los medios de comunicación no pueden
intervenir en el fallo de los jueces porque ellos son imparciales e independientes,
pero haciéndolo mediático, perturbarían la decisión del juzgado, porque tienen
influencia sobre ellos. Otros no, solo lo ponen en la luz pública.
Plantean como propuesta que se puede crear un mecanismo dentro del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o Beneficencia Pública sacando
datos de la RENIEC los informes de sus datos de los adultos mayores y hacerle
seguimiento respecto a su estado de libertad. Otros que si están lúcidos son libres
y tienen las normas que lo protegen.
Consenso respecto de que en el proceso de hábeas corpus no son
determinantes las evaluaciones médicas, porque aquí se resuelve sobre su
libertad. Otros dependen del tipo de hábeas corpus.
En este proceso no es necesario el instrumental de informe médico
psiquiátrico porque aquí sólo se analiza la libertad de la persona. Otro si se
señala que debe estar internado en un Centro de Salud u Hospital no cabe el
hábeas corpus. Otros no, porque lo que aquí se analiza es la libertad, de
movimiento y de traslado de la persona
Les llama la atención la actitud de los hijos demandantes que es de ser
prepotentes e indiferentes a las necesidades de compañía que requería el
anciano, a tal punto que solo les interesaban sus bienes y no la satisfacción y
goce de su libertad. Otros es la actitud poco ética hacia su padre. Otros de querer
proteger al padre, por sentimientos o ambición propia y herencia del padre.
En el proceso de hábeas corpus dependiendo si es típico o atípico el
informe psicológico del adulto mayor es el instrumental indicado. Otros no es el
93
instrumental indicado porque lo que se evalúa es la libertad de movimiento y de
traslado.
Análisis del Proceso de nulidad del matrimonio civil
En el proceso de nulidad de matrimonio se expidió de acuerdo a ley porque la
contrayente no ha presentado los requisitos de acuerdo a ley porque no ha
publicado el evento del matrimonio y tampoco ha adjuntado su disolución
matrimonial (divorcio). Es decir la Señora no había inscrito su divorcio. Aquí el
fallo es correcto porque está de acuerdo con las formalidades que señala la ley.
El proceso es de acuerdo a ley, pues aquí no opera la opinión del
demandado, pues aquí se ventila la formalidad del contrato.
Cabe señalar que no se valoró los años de convivencia, esto no es
relevante, fue todo dado de acuerdo al matrimonio, que es un contrato y no
convivencia, pues aquí no se está ventilando la acreditación de una unión de
hecho. Otros no tiene implicancia ni razón la convivencia con la nulidad de
matrimonio en este caso, otros en este caso faltó la formalidad.
No es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su vida
sentimental, entonces los hijos estarían restringiendo su libertad y a decidir de sus
vidas, esto es egoísmo de parte de los hijos.
De igual forma, una persona adulta mayor no está obligada a no tener
acceso a su libertad de convivir con otra persona, solamente si es declarado
incapaz. Es libre siempre y cuando sea feliz y este lúcido.
Todos están de acuerdo en que si tiene coherencia la sentencia porque
está emitida dentro de los parámetros que lo señala la ley.
Con respecto a la convivencia del demandado, tiene el derecho a otro
proceso, aquí no se discute su convivencia, para reconocerlo tendría que realizar
94
el trámite correspondiente que señala la ley. Otros era convivencia, su
convivencia pero no lo formalizó.
Todos los entrevistados están de acuerdo en que los medios de
comunicación no pueden intervenir en la decisión o fallo de los jueces que lo
realizan de acuerdo a ley, pero tienen influencia muy importante.
En el planteamiento de propuestas de mejora para el proceso de nulidad
de matrimonio es muy difícil, pero se puede crear un mecanismo en el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en donde los adultos mayores deban
quejarse o denunciar que sus hijos están interfiriendo en sus vidas sentimentales,
que sería parte del cuidado de su salud integral. Otros no existe, ni se puede
crear un mecanismo en las relaciones personales. Otros su libertad de
sentimientos solo le pertenece a las personas, es inherente a ellos. Otros los
sentimientos son libres. Otros sus relaciones sentimentales son libres, en cuanto
a su libertad y protección debería haber un ente que se llamaría Ministerio de
protección a las personas de la tercera edad.
Cabe señalar que no son determinantes las evaluaciones médicas para
anular un matrimonio porque aquí lo que se ventila es la nulidad del matrimonio.
Salvo que sea un interdicto y no tenga capacidad para casarse.
Respecto de si en el proceso de nulidad de matrimonio es el instrumental
indicado el informe médico psiquiátrico del adulto mayor. Unos contestan que es
uno de los instrumentos. Otros que son innecesarios. Otros que no
necesariamente, en el presente caso, se valoró los requisitos, el informe médico o
pericia es por la voluntad, si no hay voluntad hay nulidad. Otros si se refiere a la
capacidad, en este caso no, pues se refieren a la formalidad del matrimonio.
En el sentido de la actitud asumida por los hijos demandantes respecto a
querer el demandado de rehacer nuevamente su vida sentimental, es una actitud
egoísta, pues solo se preocuparon de sus bienes y no de su vida personal. Otros
que rehacer su vida es derecho de quién lo efectúe. Otros de querer proteger al
95
padre y sus intereses económicos. Otros por temor de que el padre disponga de
los bienes patrimoniales y en el peor de los casos tener otros herederos.
Algunos señalan que en el proceso de nulidad de matrimonio el informe
psicológico es uno de los instrumentales indicados. Es por la voluntad, si no hay
voluntad hay nulidad. Otros si se refiere a la capacidad, en este caso no, pues se
refiere a la formalidad del matrimonio.
3.5 Organización de la información y el estudio de caso
Las técnicas de investigación cualitativa que se han considerado son Entrevista y
Análisis documental.
Ejecutándose las entrevistas a abogados especialistas, jueces y fiscales
que en este caso son los investigadores expertos en jurisprudencia, con las
preguntas abiertas que son por bloques de los proceso de interdicción, proceso
de hábeas corpus y proceso de nulidad del matrimonio respectivamente.
Lo que se recopiló de los abogados especialistas, jueces y fiscales fue
sus catorce respuestas a preguntas abiertas sobre el proceso de declaración de
incapacidad legal o interdicción (Expediente N° 183512-2007-00358) de los hijos
varones respecto de una persona adulta mayor que fue su padre Felipe Tudela y
Barreda, cuyos hijos la consideraban en el límite físico y con supuesto deterioro
mental por su edad.
También sus catorce respuestas a preguntas abiertas sobre el proceso de
hábeas corpus (Expediente N° 1317-2008-PHC/TC) de los hijos varones contra la
esposa o demandada de su padre Graciela De Losada Marrou.
96
Terminando con sus catorce respuestas a preguntas abiertas sobre el
proceso de nulidad del matrimonio civil (Expediente N° CAS 450-2012) de su
padre Felipe Tudela y Barreda y su esposa Graciela De Losada Marrou.
Recogiéndose en total cuarenta y dos respuestas por cada experto judicial. El
instrumento de recogida de datos es la ficha de entrevista.
Posteriormente al término en completo de las entrevistas se realizó la
integración de dichas respuestas, contrastándolas una por una e integrándolas
por párrafos en forma ordenada y secuencial de acuerdo a las fichas de
entrevista.
Luego se ejecutó la triangulación de fuentes de datos de las leyes
vigentes desde noviembre del 2007 hasta enero del 2013 en que ocurrió este
estudio de caso. Y también se consideró la promulgación de nuevas leyes y
resoluciones respecto del estudio de caso a partir de febrero del 2013 hasta la
actualidad del 2018. Se consideró en la triangulación las entrevistas individuales
gravadas y luego digitadas a los abogados especialistas, jueces y fiscales
respecto del estudio de caso con análisis e interpretación de cada uno de ellos y
con la finalidad de que los resultados sean un consenso de ellos y separándolos
cuando las sentencias sean discutibles. Ordenando y contrastando estos
resultados con los supuestos planteados en el estudio de caso para que sean
más comprensibles.
Supuesto de aplicación de las normas legales correctas con respecto al
indicador de cumplimiento del debido proceso:
En el proceso de interdicción sobre si se ha expedido de acuerdo a ley unos como
el juez Juan Teófilo Ortiz Arévalo está de acuerdo en declarar fundada la
demanda. La abogada María Cruz Navarrete Huamán refiere que las pruebas
presentadas por la parte demandante se han actuado parcializadas y que debió
realizarse un debate pericial al existir pruebas contradictorias. El fiscal Jorge
Gómez Calle refiere que no se habría evaluado adecuadamente los medios
probatorios. El fiscal Carlos Segundo Pretel De la cruz que no está de acuerdo
97
porque vio por televisión sus respuestas que eran coherentes y lucidas del
demandado por lo que no acreditaba ser interdicto. Al fiscal Jorge Gómez Calle, lo
que le llama la atención de la sentencia o fallo es que no se visualizó, que el
demandado para algunas transacciones si estaba lúcido, porque el demandante
hijo Francisco Tudela recibió el mismo año (2007) en vísperas del proceso de
interdicción, el anticipo de legítima (21 de setiembre del 2007) con bienes a su
favor, aquí si estaba cuerdo, lúcido y con estado de salud mental bien, para luego
cuestionar que su padre es un incapaz; por lo que se aprecia que es un fallo
injusto. El Juez Juan Teófilo Ortiz Arévalo que la sentencia ha sido congruente
entre los fundamentos de hecho, la motivación y el fallo.
Todos los entrevistados están de acuerdo que en el proceso de hábeas
corpus si se ha expedido de acuerdo a ley, porque se vulnera su derecho a la
libertad del favorecido al no permitir que se comunique con sus hijos, también
porque se ubicó al agraviado en un lugar distinto que no era su casa. La ley
refiere que el Artículo 200 de la Constitución Política del Perú, procede ante un
hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que
vulnera la libertad individual.
En el proceso de nulidad de matrimonio todos los abogados
especialistas, jueces y fiscales consultados coinciden en que se expidió de
acuerdo a ley porque la contrayente no ha presentado los requisitos de acuerdo a
ley porque no ha publicado el evento del matrimonio y tampoco ha adjuntado su
disolución matrimonial (divorcio). Es decir la Señora no había inscrito su divorcio.
La ley en el Código civil Art. 248 exige como requisito la presentación de la
sentencia de divorcio o de invalidación del matrimonio anterior. El Código Civil Art.
252 autoriza al alcalde a dispensar de la publicación del aviso matrimonial
siempre que se presenten todos los documentos exigidos en el Art. 248.
En conclusión no existió aplicación de normas legales correctas con
cumplimiento del debido proceso en el proceso de Interdicción, pero si existió
aplicación de normas correctas con cumplimiento del debido proceso en el
proceso de hábeas corpus y en el proceso de nulidad de matrimonio.
98
Supuesto de aplicación de las normas legales correctas con respecto al
indicador de coherencia en las resoluciones emitidas por las instancias que
van a resolver el proceso:
En el proceso de interdicción sobre la sentencia o fallo la abogada María Cruz
Navarrete Huamán refiere que, el fallo no fue objetivo en sus fundamentos de
hecho, porque no se valoró las pruebas ofrecidas, es decir debió realizarse un
debate pericial al existir pruebas contradictorias. El fiscal Carlos Segundo Pretel
De la cruz que no está de acuerdo a ley pues el peritaje lo debió hacer el médico
legista y debió participar el médico de parte, en un proceso común y en un debate
para determinar la lucidez del interdicto. El fiscal Jorge Gómez Calle comenta que
la sentencia es discutible, pues no se valoraron los medios probatorios. El juez
Juan Teófilo Ortiz Arévalo refiere que también hubiera declarado fundada la
demanda. El fiscal Cesar Hugo Barrera Gutiérrez opina que la sentencia emitida
que se dio es de acuerdo a ley. La ley dice que la interdicción está regulada en el
Código Civil con pruebas para medir la capacidad civil del interdicto.
Todos los entrevistados están de acuerdo en que en el proceso de
hábeas corpus si tiene coherencia la sentencia porque se ha dado de acuerdo a
ley. Pero que no se ha ponderado la voluntad del demandado.
En el proceso de nulidad de matrimonio todos los abogados especialistas,
jueces y fiscales están de acuerdo en que el fallo es correcto porque está de
acuerdo con las formalidades que señala la ley. Tiene coherencia la sentencia
porque está emitida dentro de los parámetros que lo señala la ley.
En conclusión no existió aplicación de normas legales correctas por falta
de coherencia en las resoluciones emitidas en el proceso de Interdicción, pero si
existió aplicación de normas correctas con coherencia en las resoluciones
emitidas en el proceso de hábeas corpus y en el proceso de nulidad de
matrimonio.
99
Supuesto de vulnerabilidad de los Derechos Humanos con respecto al
indicador de fuentes del derecho:
El juez Juan Teófilo Ortiz Arévalo refiere que en el proceso de interdicción si se
valoró la opinión del demandado pero en sentido negativo. El fiscal Cesar Hugo
Barrera Gutiérrez que no se tenía porque, pues se cuestiona su capacidad de
raciocinio. El fiscal Segundo Pretel De la Cruz indica que no se valoró la opinión
del demandado en ningún momento, no obstante que el interdicto manifestó en el
proceso y se tomó el peritaje psiquiátrico o psicológico de parte sin que haya
participado un psiquiatra o perito del Ministerio Público es decir debieron
intervenir otros profesionales de la salud.
El fiscal Carlos Segundo Pretel De la cruz refiere que en el proceso de
hábeas corpus en la sentencia no se valoró la opinión del demandado. El juez
Juan Teófilo Ortiz Arévalo opina que también se ha valorado. El fiscal Jorge
Gómez Calle que no, pues no es necesaria. El fiscal Cesar Hugo Barreda
Gutiérrez no se tenía porqué, solo es observar, si se está vulnerando su libertad..
En el proceso de hábeas corpus según la ley en la Constitución y los
Tratados Internacionales todos los seres humanos gozan de libertad a toda edad.
Una persona adulta mayor está obligada a no tener acceso a su libertad
solamente cuando sea declarada judicialmente su incapacidad.
En el proceso de nulidad de matrimonio de acuerdo a ley no opera la
opinión del demandado, pues aquí se ventila la formalidad del contrato.
En conclusión si existió vulnerabilidad de los Derechos Humanos según
las fuentes del derecho porque no se valoró su opinión en ningún momento y uno
de los hijos para pedirle un anticipo de legítima si lo consideraba lúcido y después
el mismo solicita su incapacidad.
100
Supuesto de vulnerabilidad de los Derechos Humanos con respecto al
indicador de soporte institucional:
El juez Juan Teófilo Ortiz Arévalo refiere que en el proceso de interdicción la
situación legal que se desprende de la sentencia es que el demandado se
encuentra en demencia senil, por sus contradicciones en sus respuestas, frente a
la misma pregunta. La abogada María Cruz Navarrete Huamán que debió
comparecer a los exámenes periciales y así determinar el verdadero estrado de
su capacidad. El fiscal Carlos Segundo Pretel De la cruz considera que tenía
derecho a disfrutar su vida en la forma que él crea conveniente, con quien quiera
ser feliz y que el demandado en la entrevista que tuvo la oportunidad de ver en la
televisión lo vio coherente y lúcido.
En el proceso de hábeas corpus todos los entrevistados están de acuerdo
en que se respetaron las leyes pero llama la atención la actitud de los hijos
demandantes de ser prepotentes e indiferentes a las necesidades de compañía
que requería el anciano, a tal punto que solo les interesaban sus bienes y no la
satisfacción y goce de su libertad.
En el proceso de nulidad de matrimonio todos los entrevistados también
están de acuerdo en que se respetaron las leyes. Que no se valoró los años de
convivencia, pero esto no es relevante, y no fue tramitado, fue todo dado de
acuerdo al matrimonio, que es un contrato y no convivencia, pues aquí no se está
ventilando la acreditación de una unión de hecho.
En el proceso de nulidad de matrimonio, la actitud asumida por los hijos
demandantes respecto a querer el demandado de rehacer nuevamente su vida
sentimental, es una actitud egoísta, pues solo se preocuparon de sus bienes y no
de su vida personal.
En conclusión si existió vulnerabilidad de los Derechos Humanos según
soporte institucional tanto del Estado como de la familia en el proceso de
Interdicción, más no en el proceso de hábeas corpus y tampoco en el proceso de
101
nulidad de Matrimonio porque se respetaron las leyes. Pero llama a la reflexión
que a los hijos lo único que les interesaba eran los bienes patrimoniales. Y al
padre y su nueva pareja les faltó formalizar la relación de convivencia.
Supuesto de intervención de los medios de comunicación en los procesos
judiciales con respecto al indicador de impacto noticioso por los personajes
políticos involucrados determinan toma de decisiones de los jueces:
Los abogados especialistas, jueces y fiscales en su totalidad están de acuerdo en
que en cualquier proceso judicial incluidos el proceso de interdicción, proceso de
habeas corpus y proceso de nulidad de matrimonio los medios de comunicación
no pueden intervenir en el fallo de los jueces porque no son parte en el proceso,
pero interfieren e influyen en la decisión judicial, cuando el tema es mediático, ya
que toman más atención. También no pueden intervenir en el fallo de los jueces
porque ellos son imparciales e independientes, pero haciéndolo mediático,
perturbarían la decisión del juzgado, porque tienen influencia muy importante
sobre ellos y sobre la comunidad.
En conclusión los medios de comunicación no pueden intervenir en el fallo
de los jueces, pero si tienen influencia muy importante.
Supuesto de utilización adecuada de los informes médicos con respecto al
indicador de protección de los adultos mayores con informes médicos
idóneos:
En el proceso de interdicción el informe médico psiquiátrico del adulto mayor es
uno de los instrumentales o pruebas indicadas, pero debe aunarse a la historia
clínica. Otros es uno de los medios, pero que debe responder a otros medios de
decisión de las personas adultas mayores, tales como testimoniales,
discernimiento social y su comunicación con terceras personas.
Independientemente de su capacidad de pensamiento y de disponer de sus
gastos económicos.
102
Señalan los fiscales Jorge Gómez Calle y César Hugo Barreda Gutiérrez
que en el proceso de hábeas corpus no es necesario el instrumental de informe
médico psiquiátrico porque aquí sólo se analiza es la libertad de la persona, es la
libertad de movimiento y de traslado de la persona y que también en el proceso
de nulidad de matrimonio no son determinantes las evaluaciones médicas para
anular un matrimonio porque aquí lo que se ventila es la nulidad del matrimonio.
Salvo que sea un interdicto y no tenga capacidad para casarse. La ley dice en la
Constitución Política del Perú Cap. 200.1 precisa que la garantía constitucional de
Acción de Hábeas Corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad
individual o los derechos constitucionales conexos.
En conclusión las evaluaciones médicas son importantes en el proceso de
interdicción. No así en el proceso de hábeas corpus en el que se evalúa el estado
de libertad de las personas y en el proceso de nulidad del matrimonio no son
determinantes, salvo que sea un interdicto.
Supuesto de utilización adecuada de los informes médicos con respecto al
indicador de cumplimiento e interacción de los diferentes informes médicos
tanto integral, psiquiátrico y neurológico para la expedición de resoluciones
justas:
En el proceso de interdicción las evaluaciones médicas ejecutadas en el Señor
Felipe Tudela y Barreda, la abogada María Cruz Navarrete Huamán refiere que
como han sido ofrecidas de parte, no oficiales y de favor, no vislumbra la verdad
de los hechos, por cuanto no coinciden con las ofrecidas por el interdicto. El juez
Juan Teófilo Ortiz Arévalo refiere que están bien elaboradas. El fiscal Jorge
Gómez Calle refiere que les faltó peritaje. El fiscal Carlos Segundo Pretel De la
cruz refiere que fueron parcializadas y que debieron hacerse por el Ministerio
Público y si bien en la vía civil la o el juez puede nombrar peritos, El fiscal César
Hugo Barreda Gutiérrez refiere que fueron correctas, aunque debieron
corroborarse por el médico legista. También es cierto que por disposición de la ley
debe ser un perito oficial.
103
En el proceso de interdicción para corroborarla legalmente y declararla es
necesario, magnifico e imprescindible y sobre todo para un fallo más justo,
solicitar como instrumento la evaluación neurológica para confirmar su
incapacidad del interdicto. Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico
por imágenes y de neurofisiología como también de pruebas de laboratorio, en
donde se evidenciarían o no las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el
diagnóstico de demencia senil en curso progresivo u otra lesión que ocupe
espacio cerebral. Debe ser realizado por un médico neurólogo, debidamente
titulado, colegiado, acreditado y habilitado.
.
En conclusión La evaluación médica debió realizarse por el Ministerio
Publico quién cuenta con los peritos oficiales. La evaluación médica debería
ampliarse con la evaluación neurológica con pruebas neurológicas para el
proceso de Interdicción.
Supuesto de utilización adecuada de los informes psicológicos con
respecto al indicador de protección de los adultos mayores con informes
psicológicos idóneos:
El fiscal Carlos Segundo Pretel De la cruz señala que el informe psicológico en el
Proceso de Interdicción es uno de los medios que debe responder a otros medios
de decisión de las personas adultas mayores, tales como testimoniales,
discernimiento social y su comunicación con terceras personas. El juez Juan
Teófilo Ortiz Arévalo refiere que el informe psicológico del adulto mayor es otro
instrumental o prueba que va a encaminar la dirección indicada. El fiscal Jorge
Gómez Calle corrobora que si es uno de los medios. Lo legal es que si figura
entre los instrumentos que debe utilizarse en el proceso de interdicción.
Todos los entrevistados están de acuerdo que en el proceso de hábeas
corpus el informe psicológico no es el instrumental indicado porque lo que se
evalúa es la libertad de movimiento y de traslado.
104
El fiscal Carlos Segundo Pretel De la cruz explica que en el proceso de
nulidad de matrimonio del presente caso no necesariamente es el informe
psicológico uno de los instrumentales indicados, porque aquí se valoró los
requisitos de la formalidad del matrimonio. El fiscal Jorge Gómez Calle refiere que
en algunos casos se utiliza para evaluar la voluntad, si no hay voluntad hay
nulidad, en este caso no, pues se refiere a la formalidad del matrimonio.
En conclusión el informe psicológico es útil en los procesos de
Interdicción y nulidad del matrimonio. Más no en el proceso de hábeas corpus.
3.6 Historia
El presente estudio del caso del adulto mayor nonagenario Señor Felipe Tudela y
Barreda ocurre entre noviembre del 2007 hasta enero del 2013.
En el año 2007 el presidente de la República era Alan García Pérez desde
el año 2006. Con un gobierno democrático y con un Estado Constitucional de
Derecho por lo tanto con total respeto a la ley de leyes que es la Constitución del
Estado. En el año 2011 el presidente de la República fue Ollanta Humala.
En el caso concreto del gobierno de Ollanta Humala si existió voluntad
política por la inclusión social de apoyar a la población más vulnerable dentro de
las cuales se encuentran los adultos mayores. En el caso pasado del presidente
Pedro Pablo Kuczynski al ser él adulto mayor existía la esperanza de que proteja
a los adultos mayores, pero lamentablemente no ocurrió así. En el actual año del
2019 estamos con el problema de corrupción en la gobernabilidad.
En el Perú existen adultos mayores de clase alta que viven de la fortuna
acumulada durante toda su vida producto de su trabajo profesional y de sus
inversiones, uno de ellos fue el Señor Felipe Tudela y Barreda, quién nació en
Lima el 03 de septiembre del 2015. Fue abogado y diplomático peruano. Su
105
fortuna estaba calculada aproximadamente en sesenta millones de dólares
producto de sus inversiones en minería y propiedades en los distritos de San
Isidro y Miraflores. En el año 2007 tuvo que enfrentar estos procesos judiciales
cuando tenía 92 años, hasta el año 2013. Falleció en la Ciudad de Lima el 04 de
noviembre del 2017 a los 102 años.
3.7 Constructos elaborados
Los bienes de los adultos mayores deben tener la protección del Estado, donde
existan normas que protejan la propiedad y bienes para lo cual las evaluaciones
como instrumentales en el proceso de Interdicción deben comprender la
Evaluación Médica Integral, Evaluación Médica Psiquiátrica, Evaluación Médica
Neurológica acompañada de diagnósticos por imagen como tomografía cerebral y
pruebas de neurofisiología y Evaluación Psicológica. Y dichos peritos deben ser
del Ministerio Público y en su defecto designados por el Colegio Médico del Perú.
No deben ser profesionales particulares, para darle más garantía al interdicto.
Los bienes de los adultos mayores deben tener la protección del Estado
en forma institucional jurídica y reguladora para lo cual se debe crear el Ministerio
del Adulto Mayor. Que no solo vele por los bienes, sino de la salud y bienestar de
los adultos mayores.
Los bienes de las parejas de adultos mayores no casados deben tener
protección del Estado quién debe propender a que las parejas de hecho o de
convivencia deben formalizar su situación.
IV. Conclusiones
107
Conclusiones
Después del análisis de la protección de bienes de los Adultos Mayores: Un
estudio del caso. Distrito Judicial de Lima. Perú. Se llega a las conclusiones:
Primera: A pesar de ser su rol el Estado no protegió los bienes de los
adultos mayores en el proceso de interdicción. Contrariamente el Estado si
protegió los bienes de los adultos mayores en el proceso de habeas corpus y el
proceso de nulidad de matrimonio.
Segunda: No adecuada aplicación de las normas legales correctas en el
proceso de interdicción porque no se habría evaluado adecuadamente los medios
probatorios ya que el adulto mayor don Felipe Tudela y Barreda fue declarado no
lúcido, pero para algunas transacciones como autorizar un anticipo de legítima si
estaba lucido. Si adecuada aplicación de las normas legales correctas en el
proceso de habeas corpus porque se refiere a la libertad del adulto mayor don
Felipe Tudela y Barreda y la sentencia se ha dado de acuerdo a ley. Si adecuada
aplicación de las normas legales correctas en el proceso de nulidad del
matrimonio civil contraído por don Felipe Tudela y Barreda con doña Graciela de
Losada Marrou, porque la Señora no había inscrito su divorcio.
Tercera: Si ocurrió vulnerabilidad de los Derechos Humanos en adultos
mayores en el proceso de interdicción porque no se valoró la opinión del
demandado don Felipe Tudela y Barreda, ya que era una persona mayor, con
capacidad para ejercer sus derechos. No ocurrió vulnerabilidad de los Derechos
Humanos en adultos mayores en el proceso de habeas corpus porque fue dado
de acuerdo a ley a pesar de que nunca se le preguntó al favorecido don Felipe
Tudela y Barreda si se estaba restringiendo su derecho de entablar contacto con
sus hijos. No ocurrió vulnerabilidad de los Derechos Humanos en el proceso de
nulidad del matrimonio civil contraído por don Felipe Tudela y Barreda con doña
Graciela de Losada Marrou, porque la sentencia fue dada de acuerdo a ley.
108
Cuarta: Los medios de comunicación no pueden intervenir en el fallo de
los jueces de cualquier proceso judicial incluidos los procesos de interdicción, de
habeas corpus y de nulidad de matrimonio civil como en este estudio del caso a
pesar del impacto noticioso por los personajes políticos involucrados.
Quinta: No utilización adecuada de los informes médicos en el proceso de
Interdicción contra don Felipe Tudela y Barreda porque les faltó peritaje del
Ministerio Público. Los informes médicos no se utilizan en el proceso de habeas
corpus porque aquí lo que se evalúa es el estado de libertad del favorecido. Los
informes médicos no son determinantes en el proceso de nulidad del matrimonio
civil, salvo en los casos en que se refiera a la evaluación de la capacidad de
alguno de los contrayentes que en este estudio de caso no se solicitó en ese
sentido.
Sexta: No utilización adecuada de los informes psicológicos en el proceso
de Interdicción contra don Felipe Tudela y Barreda porque les faltó peritaje del
Ministerio Público. Los informes psicológicos no se utilizan en el Proceso de
habeas corpus porque aquí lo que se evalúa es el estado de libertad del
favorecido. Los informes psicológicos no son determinantes en el proceso de
nulidad del matrimonio civil, salvo en los casos en que se refiera a la evaluación
de la capacidad o la voluntad de alguno de los contrayentes que en este estudio
de caso no se solicitó en ese sentido.
V. Referencias
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Anexos
118
Anexo 1
Evidencias:
Expediente: 183512-2007-00358 del Proceso de Interdicción
Figura 1 Fotografía tomada al Local de Corte Superior de
Lima. Perú. Elaboración propia. (2018)
119
EL PROCESO DE INTERDICCIÓN
Expediente: 183512-2007-00358
Demandante: FRANCISCO ANTONIO GREGORIO TUDELA VAN BREUGEL-
DOUGLAS Y JUAN FELIPE GASPAR JOSE TUDELA VAN BREUGEL-
DOUGLAS.
Demandado: FELIPE TUDELA BARREDA
Materia: INTERDICCION
Juez: Dra. CARMEN TORRES VALDIVIA
Especialista: LILIANA CASTILLO REGALADO
Resolución Número
Lima, diez de febrero de 2009
Del dos mil nueve.-
VISTOS: Puestos los autos en Despacho en la fecha, con los acompañados que
se tiene a la vista que constan de seis tomos; con los cuadernos de medida
cautelar y vista la causa para sentenciar; resulta de autos que por escrito de fojas
veinticinco a treinta don Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Breugel-Douglas
y Juan Felipe Gaspar José Tudela Van Breugel-Douglas , en su calidad de hijos,
interponen demanda para que se declare judicialmente la Interdicción de su señor
padre don Felipe Tudela Barreda, solicitando al juzgado la designación de don
Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Breugel-Douglas para que ocupe el cargo
de curador de su progenitor, dirigiendo la presente acción contra doña Vera
Louise Van Breugel-Douglas y sustentándola en los siguientes fundamentos de
hecho y derecho: FUNDAMENTOS DE HECHO: PRIMERO: fundamentan su
pedido en que su señor padre a quien se ven obligados a demandar en el
presente proceso, es un nonagenario, por lo que su capacidad de discernimiento
ha debido disminuyendo progresivamente, hasta volverse absoluta, razón por la
cual recurren al juzgado invocando lo dispuesto en el artículo cuarenta y tres
numeral dos del Código Civil; SEGUNDO: sostienen que al haberse deteriorado la
salud de su señor padre, se encuentra impedido de poder cuidar su patrimonio,
por lo que se ven obligadas a interponer la presente demanda de interdicción y
que en su oportunidad se le designe un curador que se haga cargo de velar por
los intereses de familia y de su propia persona; en tal sentido solicitan la
designación del demandante Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Breugel-
Douglas para que ocupe el cargo de curador, precisando al respecto que con
fecha doce de abril del año dos mil dos, el presunto interdicto en pleno ejercicio
120
de sus facultades y goce de sus derechos, libres y voluntariamente lo designo
como único apoderado conforme lo acreditan con la copia de testimonio de la
escritura pública de fecha doce de abril del año dos mil dos la cual adjuntan a la
presente, situación que muestra y prueba el grado de confianza otorgada por su
señor padre siendo por ella la persona más idónea para que ocupé dicho cargo.
FUNDAMENTACION JURIDICA: amparan su demanda en lo dispuesto en el
numeral 2 del artículo 43 y artículos 564, 565, 566, 576 y 583 del Código Civil y
en el inciso 3 del artículo 546 y artículo 581 del Código Procesal Civil. DE LA
TRAMITACION Y SECUELA DEL PROCESO: UNO.- Admitida a trámite la
demanda por resolución número uno, su fecha nueve de noviembre del dos mil
siete, corriente a fojas treinta y cuatro se tuvo por ofrecidos los medios probatorios
que se indican, corriéndose traslado a la misma al presunto interdicto, así como a
doña Vera Louise Tudela Van Breugel-Douglas y se le nombro curador procesal,
apreciándose de autos que por escrito de fojas ciento seis a ciento veinte se
apersona al proceso don Jorge Luis Alvarado Giraldo en representación del
demandado don Felipe Tudela Barreda, quien solicita que se le notifique con la
demanda y sus anexos, a fin de ejercer su derecho constitucional de defensa,
teniéndosele por apersonado mediante resolución número tres, su fecha trece de
noviembre de dos mil siete, obrante a fojas ciento veintiuno; observándose de
autos que por resolución número nueve obrante a fojas trescientos, su fecha
veintiséis de noviembre del mismo año, a mérito de tal apersonamiento se
resuelve dejar sin efecto el nombramiento de curador procesal dispuesto en la
resolución número uno; por escrito de fojas ciento treinta y tres a ciento treinta y
cuatro, subsanado a fojas trescientos cuatro se apersona al proceso doña
Graciela de Losada Marrou, en calidad de esposa del presunto interdicto,
solicitando que se le notifique con la demanda y sus anexos por tener legítimo
interés, indicando que en su oportunidad ofrecerá los medios probatorios que
acrediten que su cónyuge no se encuentra en estado senil y que en el negado
caso de que el juzgado llegue a una consideración distinta, se le debe nombrar a
ella como curadora, admitiéndose su apersonamiento por resolución número diez,
su fecha veintiséis de noviembre del dos mil siete, corriente a fojas trescientos
cinco. DOS: Por escrito de fojas seiscientos cuarenta y ocho a seiscientos
ochenta y cinco Don Felipe Tudela Barreda por su propio derecho se apersona al
proceso, planteando cuestiones probatorias de tacha y oposición contra los
medios probatorios ofrecidos en la demanda consistentes en: a) dictamen pericial
de “Evaluación Psiquiátrica” expedido por el médico cirujano Delforth Laguerre
Gallardo quien se arroga el título de psiquiatría forense y médico legista, sin
contar con especialidad ni de psiquiatra ni de médico legista; y b) el documento
121
denominado “Dictamen Pericial” de protocolo de pericia psicológica elaborado por
el señor Elmer Salas Asencios, psicólogo inhabilitado para el ejercicio de la
profesión desde el año 2000, asimismo niega y contradice los fundamentos de
hecho expuestos en la demanda, señalando que no padece de capacidad de
absoluta como se indica en la misma, siendo que si bien es cierto es una persona
nonagenaria, sin embargo es falso que su capacidad de discernimiento haya
venido disminuyendo paulatinamente hasta volverse absoluta, debiendo a su
avanzada edad; refiere que es falso que no pueda cuidar su patrimonio y que
necesita que se le nombre un curador para que se haga cargo de su persona y de
sus bienes, razón por la cual sus hijos demandantes no pueden adjuntar ninguna
prueba al respecto, obrando en autos solamente sus meras afirmaciones,
sumadas a ello los irresponsables documentos del médico cirujano Delforth
Laguerre Gallardo y del señor Salas, agrega además que los accionantes no han
señalado ningún hecho, circunstancia o elemento de juicio que sugiera que ha
incurrido en algún acto indebido en la administración de su patrimonio, de igual
modo rechaza que se le nombre curador alguno y que en relación a su hijo
Francisco Antonio Tudela Van Breugel-Douglas es cierto que le otorgo un poder,
pero que el mismo ha sido revocado porque ya no goza de su confianza;
finalmente refiere que sin perjuicio de lo expuesto reitera todos los argumentos y
medios de prueba señalados en el apartado de las cuestiones probatorias; a fojas
seiscientos ochenta y seis mediante resolución número catorce, su fecha catorce
de enero del dos mil ocho el juzgado resuelve tener por admitida la contestación
de la demanda por parte del presunto interdicto Felipe Tudela Barreda, declarar
rebelde a Doña Vera Louise Tudela Van Breugel-Douglas, fijando fecha para la
audiencia de ley y corriéndose traslado de las tachas y oposiciones formuladas
por el citado demandado. TRES.- A fojas mil veinticinco a mil cincuenta y cinco
obra la contestación de la demanda por parte de doña Graciela Losada Marrou,
quien invoca su participación dentro del proceso en su calidad de esposa del
presunto interdicto, manifestando que los hechos en que se basa la demanda no
se ajustan a la verdad, que su cónyuge no tiene demencia senil como
indebidamente se indica en el dictamen pericial de evaluación psiquiatrita emitido
por el médico cirujano Delforth Laguerre Gallardo y en el dictamen pericial de
protocolo de pericia psicológica elaborado por el psicólogo Elmer Amado Salas
Ascencios, versiones que quedan demostradas con los argumentos y pruebas
aportadas por su cónyuge en su contestación de la demanda y sus anexos, a los
cuales se adhiere en todos sus extremos, señala asimismo que la intervención de
los demandantes al interponer la demanda no es la de proteger a su padre, sino
coaccionar su libertad a fin de que actúe de acuerdo a lo que ellos ordenen, toda
122
vez que se creen dueños del patrimonio, vida y acciones de su progenitor; de
igual modo se adhiere expresamente a las cuestiones probatorias de tacha y
oposición deducidas por el presunto interdicto; por resolución numero dieciocho
su fecha veinticuatro de enero del dos mil ocho se tiene por admitida la
contestación de la demanda que antecede, por ofrecidos los medios probatorios,
corriéndose traslado de la tacha y oposición formulada a la parte contraria,
advirtiéndose de lo actuado que por escritos de fojas mil noventa y dos a mil
ciento ocho y mil trescientos nueve a mil trescientos veintinueve, los demandantes
absuelven las cuestiones probatorias deducidas por Felipe Tudela Barreda y
Graciela de Losada Marrou conforme a los términos que contienen dichos
escritos. CUATRO: Que, por escrito de fojas mil trescientos setenta y cinco a mil
trescientos ochenta y uno los accionantes formulan tachas contra los medios
probatorios ofrecidos en el escrito de contestación de demanda del presunto
interdicto, consistentes en la pericia medica del Doctor Héctor Fortunato Chue
Pinche (fs. 449, 450 – Anexo 1CC), así como la pericia medica del Doctor Jorge
Ernesto Pizarro Sánchez (fs. 452, 455- Anexo 1BB), ello en razón de que los
citados médicos se encuentran involucrados en procesos penales, lo que produce
una razonable duda y desconfianza no solo de la idoneidad de los informes
médicos que han expedido, sino sobre todo la desconfianza razonable acerca de
la veracidad de los referidos informes, emitiendo el juzgado la resolución numero
treinta y uno, su fecha dieciocho de febrero del dos mil ocho obrante a fojas mil
trescientos ochenta y nueve que dispone tener presente oportunamente en lo
expuesto. CINCO: Que, a fojas mil trescientos noventa y mil trescientos noventa y
uno se lleva a cabo la audiencia única de fecha dieciocho de febrero del dos mil
ocho, con la presencia de la Representante del Ministerio Publico y la
concurrencia de las partes procesales, así como de los médicos especialistas que
en ella se detallan, en la que se dispone que las tachas formuladas por la parte
demandada serán resueltas en la sentencia, concediéndose el termino de tres
días para que los emplazados absuelvan las tachas deducidas por los
demandantes, contra los documentos de los doctores Fortunato Chue Pinche y
Jorge Ernesto Pizarro Sánchez, sustentándose la diligencia para el día veintidós
de febrero del mismo año, continuándose la misma conforme al acta de fojas mil
cuatrocientos nueve a mil cuatrocientos treinta y uno, en la que se resuelve la
recusación propuesta por Felipe Tudela Barreda, mediante escrito de fojas mil
cuatrocientos dos a mil cuatrocientos seis, la misma que se rechazó liminarmente
de conformidad con lo dispuesto por el articulo trescientos catorce del Código
Procesal Civil al no haberse especificado la causal invocada, declarándose el
saneamiento del proceso, sin propuesta de formula conciliatoria alguna, por
123
cuanto el proceso versa sobre derechos indisponibles, fijándose los respectivos
puntos controvertidos, se admiten y actúan los medios probatorios pertinentes y
se ordena como pruebas de oficio la declaración de los demandantes, así como
de la demandada Graciela de Losada Marrou, se dispone una visita inopinada
para la entrevista del presunto interdicto y que se le practique una evaluación
psiquiátrica en el hospital Hermilio Valdizan; así mismo en dicha audiencia se
actúan las declaraciones de parte de los demandantes y se procede a efectuar la
ratificación de los dictámenes periciales de fojas doce a quince y dieciséis a
veintiuno por parte del doctor Delforth Laguerre Gallardo y del seños Elmer
Amado Salas Asencios. SEIS.- Mediante escrito de fojas mil seiscientos ochenta a
mil seiscientos ochenta y dos por segunda vez don Felipe Tudela Barreda
representado por su abogado Guillermo Lohmann Luca de Tena formula
recusación basada en hechos que supuestamente evidencia enemistad de las
suscrita con dicha parte procesal e interés directo e indirecto con el resultado del
proceso, ello en razón de que entre otros puntos en autos se ha fijado como punto
controvertido una supuesta incapacidad relativa que no ha formado parte de la
demanda ni mucho menos de la contestación, así mismo por haber rechazado sin
motivación alguna numerosos medios probatorios presentados por su parte que
acreditan su capacidad mental; por resolución numero cuarenta y tres, su fecha
veintinueve de febrero del dos mil ocho, obrante a foja mil seiscientos ochenta y
cinco y siguientes, se resuelve rechazar dicha recusación con el sustento de que
en autos se ha desvirtuado que la magistrada tenga amistad o enemistad con
alguna de las partes, pues en todo momento se está respetando el debido
proceso y el derecho de las partes en litigio, ni tampoco existe interés en el
resultado del proceso, pues no hay ninguna vinculación alguna con las partes,
abogados o sus representantes, siendo que además se debe considerar que al
momento de fijar los puntos controvertidos estos se toman de la demanda
planteada por los accionantes, lo cual no significa que se haya declarado o
terminado la incapacidad mental del demandado y que los medios probatorios
que se han rechazado en la audiencia de fecha veintidós de febrero del dos mil
siete es porque versan sobre derechos patrimoniales que nada tienen que ver con
las naturaleza del presente proceso; ordenándose en dicho acto procesal formar
el cuaderno correspondiente y remitirse al centro de distribución general para que
sea derivado al juzgado de familia tutelar que corresponda. SIETE.- Que, a fojas
dos mil ciento cincuenta y cuatro a dos mil ciento cincuenta y seis mediante
resolución numero setenta y seis, su fecha veintisiete de marzo del dos mil ocho
suscrita por la doctora Katia Munalla Saavedra por vacaciones de la magistrada
titular, el juzgado resuelve declarar nulo e insubsistente todo lo actuado hasta
124
fojas un mil cuatrocientos nueve de autos inclusive, reponiéndose la causa al
estado de emitirse nuevo pronunciamiento respecto a la recusación de fojas un
mil cuatrocientos dos formulada por la parte emplazada y que fuera rechazada
liminarmente en la audiencia única de fecha veintidós de febrero del dos mil ocho,
sustentando su decisión en que se había resuelto la citada recusación sin
observar lo dispuesto por el articulo trescientos diez del Código Procesal Civil;
frente a ello reasumiendo funciones la señora juez titular mediante resolución
numero setenta y nueve, su fecha primero de abril del dos mil ocho, obrante de
fojas dos mil ciento sesenta y tres a dos mil ciento sesenta y seis, resuelve
declarar la nulidad de la citada resolución nuecero sesenta y seis, su fecha
veintisiete de marzo del dos mil ocho, con el sustento de que la resolución
numero treinta y dos que resolvió rechazar liminarmente la recusación formulada
en su contra, había sido expedida con sujeción a lo dispuesto por el articulo
trescientos catorce del código adjetivo, por lo que no correspondía formar
cuaderno alguno ni derivarlo a ninguna otra judicatura, teniendo además las
partes el derecho a impugnarla; razones por las cuales dispuso reponer la causa
al estado que corresponde, declarando la vigencia de la audiencia única de fecha
veintidós de febrero del dos mil ocho y de las resoluciones dictadas en ella, en
tanto no sean revocadas o anuladas por el superior jerárquico; disponiendo se
notifique a don Felipe Tudela Barreda para que concurra a la audiencia de fecha
veinticuatro de abril del dos mi ocho, para los efectos de su entrevista personal y
de no cumplir con ello se tendrá presente su conducta procesal, ordenándose se
realice la diligencia de visita inopinada conforme se señaló en audiencia de fecha
veintidós de febrero del dos mil ocho; así mismo el juzgado ordeno remitir copia
de las piezas procesales pertinentes a la Oficina de Control de la Magistratura a
fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones respecto a la presunta
inconducta funcional de la señora Juez suplente Katia Munalla Saavedra,
debiendo proseguir la causa según su estado, OCHO.- A fojas dos mil
cuatrocientos dos se lleva a cabo la audiencia única de fecha veinticuatro de abril
del dos mi ocho en la que se da cuenta de la inconcurrencia del señor Felipe
Tudela Barreda, suspendiéndose la misma para una nueva fecha conforme a los
términos que contiene dicha acta; a fojas dos mil ochocientos veintinueve a dos
mil ochocientos treinta se lleva a cabo la continuación de la audiencia única de
fecha veintitrés de mayo del dos mi ocho, en la que se da cuenta nuevamente de
la inconcurrencia del presunto interdicto y de doña Graciela de Losada Marrou y
de los médicos psiquiatras citados, dejándose en dicha audiencia constancia de la
presencia del Doctor Roberto Vílchez Dávila de la Oficina de Control Interno del
Poder Judicial, quien estuvo presente por la inconducta de los señores Abogados
125
de la parte demandada Doctores Guillermo Lochmann Luca de Tena, José Javier
Tam Pérez y Renzo Santiago Carrasco Domhoff, ejercida en contra de la señora
Juez, quienes pretendieron frustrar la actuación de la audiencia, habiéndoseles
aplicado una multa de tres unidades de referencia procesal a cada uno de los
citados abogados; de igual modo en dicho acto procesal se propuso que se lleve
adelante la diligencia inopinada ordenada en autos para la entrevista personal del
demandado, disponiéndose reiterar el oficio al Hospital Emilio Valdizán, para los
efectos que remitan la pericia psiquiátrica ordenada por el juzgado. NUEVE.- Que
por escrito de fojas dos mil novecientos treinta a dos mil novecientos treinta y dos
doña Graciela de Losada Marrou formula recusación contra la juez de la causa, la
misma que fue declarada Improcedente por resolución numero ciento once, su
fecha veintiocho de mayo del dos mi ocho, corriente a fojas dos mil novecientos
treinta y tres y siguiente. DIEZ.-A fojas dos mil novecientos noventa y cuatro a tres
mi uno se efectuará las diligencias inopinadas programadas en autos en los
domicilios del presunto interdicto ubicados en la calle Lizardo Alzamora Valdez
Oeste numero ciento ochenta y cinco- Distrito de San Isidro y en Jirón Bernardo
Monteagudo numero trescientos veinte- Distrito de Magdalena, verificándose del
contenido del acta de la referida diligencia que no se llevó a cabo la entrevista
personal del presunto interdicto por no encontrarse presente en los domicilios
indicados, señalándose por resolución numero ciento dieciocho su fecha treinta
de mayo del dos mil ocho, nueva fecha para que el demandado preste su
declaración personalísima, bajo apercibimiento de evaluarse su conducta
procesal y prescindir de dicho medio probatorio, continuando el proceso según su
estado; a fojas tres mil ochenta y seis y tres mil doscientos cincuenta y cinco,
obran los oficios remitidos por el Hospital Hermilio Valdizán, mediante los cuales
se informa al Juzgado que el señor Felipe Tudela Barreda no ha concurrido a las
citas médicas programadas por dicho Centro Médico, lo que ha ocasionado la
imposibilidad de elaborar el peritaje medico ordenado en autos, verificándose así
mismo que conforme al certificado médico legal de fojas tres mil trescientos
cincuenta y uno de los señores peritos, Ana María Del Arroyo Arpasi y Flor de
María Salazar Rojas informan al juzgado que no se encontró a la persona de
Felipe Tudela Barreda en los domicilios indicados a fin de realizarse las pericias
psiquiátricas indicadas por el juzgado. ONCE.- A fojas tres mil quinientos
veintitrés y siguiente, corre el acta de continuación de audiencia única de fecha
cuatro de julio del dos mil ocho, en la que se da cuenta nuevamente de la
concurrencia del demandado y de los co-demandados Graciela de Losada Marrou
y doña Vera Louise Tudela Van Breugel-Douglas, por lo que se resuelve
prescindir de la declaración personal del presunto interdicto y tener presente su
126
conducta procesal al momento de resolver, ordenándose notificar a los doctores
Juan Manuel Cabrera Valencia, Martin Tipismana Barbarán, la psicóloga Yolanda
Robles Aranda, Pedro Garcia Toledo, Jorge Ernesto Pizarro Sanchez, Britaldo
Yovera Portocarrero y Hector F. Chue para que concurran al juzgado sus
respectivos informes médicos y de no presentarse se prescindirá de dichos
medios probatorios y con relación a dona Graciela de Losada Marrou se ordena
citarla una vez más para los efectos de tomar su declaración y de no presentarse
se prescindirá de dicha prueba, teniéndose presente su conducta procesal; a fojas
tres mil novecientos uno a tres mil novecientos tres corre el acta de continuación
de audiencia única de fecha primero de agosto del dos mil ocho en la que se da
cuenta de la inconcurrencia del señor Felipe Tudela Barreda, de doña Graciela de
Losada Marrou y los señores médicos psicólogos citados, suspendiéndose la
audiencia para el día veintidós de agosto del dos mil ocho, observándose de
autos que por escrito de fojas cuatro mil sesenta y seis y siguientes, se apersona
al proceso el abogado Máximo Alberto Lagos Simón en su calidad de curador
procesal del demandado (designado por resolución numero ciento sesenta y uno,
su fecha veinticuatro de julio de dos mil ocho, corriente a fojas tres mil
ochocientos cuarenta y ocho al haberse nombrado curador provisional del
presunto interdicto en el cuaderno de medida cautelar que se tiene a la vista),
contestando la demanda en los términos que contiene dicho recurso,
admitiéndose su apersonamiento y contestación de demanda mediante resolución
de fojas cuatro mil sesenta y nueve, su fecha diecinueve de agosto del dos mil
ocho y por ofrecidos los medios probatorios que indica. DOCE.- A fojas cuatro mil
ciento cincuenta y tres y siguiente se lleva a cabo la continuación de la audiencia
única de fecha veintidós de agosto del dos mil ocho, en la que se da cuenta de la
inasistencia del presunto interdicto, de doña Graciela de Losada Marrou, así como
de los médicos psiquiatras y psicólogos de Juan Manuel Cabrera Valencia, Martin
Tipismana Barbaran, Yolanda Robles Aranda, Pedro García Toledo, Jorge
Ernesto Pizarro Sánchez, Britaldo Yovera Portocarrero, Hector F. Chue y
Benjamin Alhael Gabay, procediéndose a hacer efectivo el apercibimiento
decretado en autos, prescindiéndose de la actuación de dichos medios
probatorios. TRECE.- tramitados los presentes actuados conforme a su
naturaleza y emitido el dictamen correspondiente por la Representante del
Ministerio Publico que obra en autos de fojas cuatro mil setecientos ochenta y
nueve a cuatro mil setecientos noventa y nueve, los presentes actuados han
quedado expedidos para emitir sentencia; y CONSIDERANDO: DE LAS TACHAS:
PRIMERO.- Que, antes de pronunciarse sobre el fondo de la materia
controvertida es pertinente resolver las cuestiones probatorias planteadas en auto
127
tanto por la parte demandada como por los demandantes observándose de lo
actuado que el Demandado Felipe Tudela y Barreda por escrito de fojas
seiscientos cuarenta y ocho a seiscientos ochenta y cinco y Doña Graciela de
Losada Marrou por escritos de fojas mil veinticinco y siguientes, formulan tachas
por nulos e ineficaces y oposición contra los medios probatorios ofrecidos por los
demandantes consistentes en: a) Dictamen Pericial de Evaluación Psiquiátrica
expedido por el médico Cirujano DELFORTH LAGUERRE GALLARDO y b) El
Documento denominado Dictamen Pericial de Protocolo de Pericia Psicológica
elaborado por el señor Elmer Salas Ascencios señalando al respecto que los
dictámenes periciales que han emitido dichas personas no son certificaciones
medicas sino meras opiniones que lo que relatan es irreal, no pueden dar fe
pública, ni tienen atribuciones para certificar nada, ello en razón de que por un
lado el médico cirujano DELFORTH LAGUERRE GALLARDO no registra
especialidad en psiquiatría ni como médico Legista situaciones que contraviene lo
dispuesto en el artículo doscientos sesenta y dos del CPC, según el cual se
establece, que la pericia sea hecha por quien posea conocimientos especiales
consiguientemente el documento aparejado a la demanda como supuesta pericia
medica no cumple con el requisito de Ley, es decir de no ser una certificación
médica, la cual además necesariamente debe estar contenida en un certificado
médico, por ser este el documento único e insustituible para la certificación de
salud de enfermedad de cualquier persona, agrega asimismo que el citado galeno
menciona en su opinión apreciaciones reñidas con la verdad y con la ética médica
al introducir en su informe afirmaciones subjetivas; de otro lado refieren que el
dictamen pericial de protocolo de pericias psicológicas emitido por el señor Salas
Ascencios no es un certificado médico como requiere el articulo quinientos
ochenta y dos inciso segundo del CPC. Y no puede serlo porque no es médico
sino psicólogo, y como tal no se encuentra facultado para expedir certificación
médica y que además se encuentra inhabilitado para ejercer su profesión desde
el año dos mil; sustentando dichas afirmaciones con los anexos 1-B, 1-C y 1-D;
así como los anexos 1-F, 1-G de su escrito de contestación de demanda que
obran de fojas trescientos treinta y uno a trescientos treinta y siete y trescientos
cuarenta y tres a trescientos cuarenta y seis respectivamente. SEGUNDO: Que,
es de tenerse en cuenta que la tacha esgrimida por los demandados es un
remedio procesal que se utiliza para invalidar un medio probatorio, tal como lo
precisa el artículo trescientos del CPC, al respecto cabe señalar que el artículo
doscientos cuarenta y tres del citado código adjetivo establece que cuando se
formula una cuestión probatoria referida la nulidad de un documento, esta debe
sustentarse básicamente en la ausencia de una formalidad esencial que la ley
128
proscribe bajo sanción de nulidad de lo que se concluye que de ocurrir aquello, tal
situación determinara que el Juzgado se pronuncie sobre la ineficacia probatoria
de dicho documento y no sobre la tacha de un documento por ineficacia; siendo
ello así lo alegado por los demandados no se sujeta a las exigencias de las
normas procesales presentadas; teniendo en cuenta que sus argumentos
formulados están destinados a cuestionar aspectos de fondo que serán materia
de un análisis al emitir pronunciamiento sobre el fondo de la materia
controvertida, sin perjuicio de ello cabe señalar que en cuanto a los anexos
presentados y a los fundamentos en los que se sustenta la tacha y oposición
formulada contra el dictamen pericial del Dr. Delforth Laguerre Gallardo, se debe
de tener en cuenta que en autos se encuentra acreditado con los documentos
expedidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, instituto peruano de
seguridad social, Instituto de Medicina Legal del Ministerio Publico y asociación
psiquiátrica peruana que obran de fojas mil ochenta y cinco a mil ochenta y nueve
así como el informe expedido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
que corre a fojas mil trescientos cuarenta y tres que el citado medico cuenta con
la especialización necesaria para emitir certificación medica en el proceso materia
de controversia, conforme a las exigencias previstas por el art. Doscientos
sesenta y dos del CPC., tanto más si de fojas cinco mil trescientos cincuenta y
cuatro se verifica que se ha adjuntado el título de SEGUNDA ESPECIALIDAD
PROFESIONAL EN PSIQUIATRÍA otorgada al médico cirujano DELFORTH
LAGUERRE GALLARDO, expedido a nombre de la NACION por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, asimismo que el numeral dos del artículo
quinientos ochenta y dos del CPC. No establece una formalidad de observancia
obligatoria referida a que necesariamente la certificación medica debe estar
contenida en un certificado y/o formulario especial; de otro lado en el extremo
aludido a la tacha y oposición contra el INFORME PSICOLÓGICO elaborado por
el psicólogo Salas Ascencios es menester señalar que mediante constancia que
obra a fojas mil ochenta y cuatro se ha demostrado que es miembro de la ORDEN
PROFESIONAL DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS DEL PERU, que se encuentra
habilitada para el ejercicio de su profesión y como tal se encuentra facultado para
evaluar y diagnosticar sobre el estado de salud mental del presunto interdicto, tal
como además se aprecia del punto tercero del oficio expedido por el COLEGIO
DE PSICOLOGOS DEL PERU, que corre a fojas treinta y cuatro y que por tales
razones se deben desestimar las cuestiones probatorias deducidas por los
demandados. TERCERO: Que, en cuanto las tachas formuladas por los
demandantes mediante escritos de fojas 1375 a 1381 y contra los medios
probatorios ofrecidos en el escrito de contestación de demanda del presunto
129
interdicto (anexos 1-CC y 1-DD) consistentes en la pericia medica del Dr. Héctor
Fortunado Chue Pinche, así como la pericia medica del Dr. Jorge Ernesto Pizarro
Sánchez, ello en razón de que los citados médicos se encuentran involucrados en
procesos penales, lo que produce una razonable duda y desconfianza no solo por
la idoneidad de los informes médicos que han pedido, sino sobre todo la
desconfianza razonable acerca de la veracidad de los referidos informes, cabe
señalar al respecto que tales alegaciones no pueden servir de sustento para
amparar la tacha interpuesta, toda vez que no se sujetan a lo previsto por los
artículos doscientos cuarenta y dos, doscientos cuarenta y tres y trescientos del
CPC; sin perjuicio de que ello cabe indicar que en autos no se ha acreditado que
en los procesos penales en los que supuestamente se encuentra involucrados los
citados médicos hayan sido sentenciados judicialmente, contrariamente a ello de
las piezas procesales que obran de fojas mil cuatrocientos treinta y tres a mil
cuatrocientos treinta y cinco se aprecia que han solicitado el archivamiento de las
denuncias formuladas en su contra; DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS
MEDIOS PROBATORIOS: CUARTO: que es finalidad de los medios probatorios
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto
de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, los mismos que
deberán ser valorados por el juez en forma conjunta utilizando su apreciación
razonada debiendo expresar las valoraciones esenciales y determinantes que
sustentan su decisión conforme lo dispone así el articulo ciento ochenta y ocho y
ciento noventa y siete del CPC, siendo que el artículo ciento noventa y seis del
citado cuerpo normativo ha dispuesto que la carga de la prueba corresponde a
quien alega los hechos que configuran su pretensión, o a quien lo contradice
alegando nuevos hechos. QUINTO.- Que, de acuerdo a lo determinado en la
audiencia única de fojas mil cuatrocientos nueve a mil cuatrocientos treinta y uno,
constituye punto de controversia establecer si el presunto interdicto don Felipe
Tudela Barreda adolece de capacidad mental absoluta o relativa para que este
despacho declare judicialmente su interdicción y se le nombre curadores a
Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Breugel-Douglas, a don Juan Felipe
Gaspar José Tudela Van Breugel-Douglas o a Graciela de Lozada Marrou.
SEXTO.- Que de conformidad a lo dispuesto con el artículo quinientos ochenta y
uno del CC. La demanda de interdicción procede en los casos previstos en los
incisos dos y tres del artículo cuarenta y tres y dos a siete del artículo cuarenta y
cuatro del C.C., dirigiéndose la demanda contra la persona cuya interdicción se
pide, así como con aquellos que teniendo derecho a solicitarla no lo hubieran
hecho, siendo necesario precisar que el proceso de interdicción es una forma de
tutela que otorga el estado a través del órgano jurisdiccional y que tiene por
130
finalidad cuidar de la persona y de los bienes del incapaz mayor de edad o de la
persona impedida eventualmente, en cuya virtud se provee a la custodia y el
manejo de sus bienes o a la defensa de su persona; SEPTIMO.- Que, con la
interposición de la demanda y de la secuela de lo actuado, así como con las
copias de documento de identidad de fojas dos y tres, partida de nacimiento del
presunto interdicto de fojas once y copia de las fichas de RENIEC que corren en
fojas setenta y ocho a setenta y nueve, se encuentra debidamente acreditado el
entroncamiento familiar existente entre los demandantes y el presunto interdicto
Don Felipe Tudela Barreda; De otro lado con la copia certificada de la partida de
matrimonio de fojas trescientos dos se ha acreditado la relación de cónyuge entre
Doña Graciela de Losada Marrou y con el demandado, al haber contrario ambos
matrimonio civil el ocho de noviembre del año dos mil siete, esto en con
posterioridad a la interposición de la presente demanda; OCTAVO: Que, de fojas
doce a quince corre el dictamen pericial de evaluación psiquiátrica expedido por el
médico DELFORTH MANUEL LAGUERRE GALLARDO quien concluye en su
informe que el presunto interdicto Felipe Tudela Barreda padece de “DEMENCIA
SENIL EN CURSO PROGRESIVO,” requiriendo por ello de ayuda y control
permanente de terceras personas para realizar las actividades cotidianas de la
vida debiendo continuar bajo un severo control y tratamiento especializado de por
vida siendo predecible un aumento de su déficit al sumarse a ello el deterioro
fisiológico propio de su edad; informe pericial que ha sido debidamente ratificado
por el citado galeno, quien en la continuación de audiencia única a fojas mil
cuatrocientos treinta y uno ha reconocido el contenido y firma de dicho
documento, manifestando que el certificado médico que ha expedido lo ha hecho
de forma particular a solicitud de los señores TUDELA VAN BREUGEL-DOUGLE,
que los instrumentos que utilizo para la evaluación del demandado ha sido el
examen clínico a los signos que se expresa, ha evaluado su capacidad mental, no
siendo necesario ser psiquiatra para dicha evaluación, siendo suficiente tener la
condición de médico, pero la especialidad de psiquiatría que él practica le hace
tener más facilidad para ello; indica que la evaluación psiquiátrica que le practico
al citado TUDELA BARREDA, le ha diagnosticado “DEMENCIA SENIL EN
CURSO PROGRESIVO” que quiere decir que la demencia es un deterioro, una
pérdida de funciones que se van acentuando con la edad, mientras más
transcurra la edad, mayor es el déficit, requiriendo así mismo que al momento de
la entrevista que le efectuó al señor Felipe Tudela Barreda, le indico a sus hijos
que su progenitor requiere ayuda de terceras personas; de igual modo señala que
la demencia senil es un debilitamiento y perdida de las funciones cerebrales que
alteran gravemente el juicio y la voluntad, que es el síntoma más importante en el
131
trastorno de memoria y lleva a una pérdida de funcionamiento global, laboral y
social, precisando a fojas mil cuatrocientos veintiséis que el presunto interdicto
padece de incapacidad absoluta; refiere a fojas mil cuatrocientos veintisiete que al
evaluar a Don Felipe Tudela Barreda encontró en él signos y síntomas de
desorientación en el tiempo y el espacio y alteración del pensamiento en su curso
y contenido, alteraciones de memoria de fijación evocación y trastorno afectivo
que lo imposibilitan en la ejecución de prácticamente todas sus actividades
diarias, debiendo por ello ser asistido por terceras personas; así mismo indica que
al tener la cognición afectada la memoria no responde adecuadamente, el sujeto
se va volviendo dependiente de las personas que lo rodean y de este modo su
voluntad que también está siendo alterada por la enfermedad puede ser
subyugada o mediatizada; que siendo ello así ha quedado acreditado el
diagnostico medico de demencia senil de curso progresivo y por ende la
incapacidad absoluta del demandado Don Felipe Tudela Barreda, situación fáctica
que se encuentra contemplada como causal de incapacidad absoluta en el
numeral segundo del artículo cuarenta y tres del Código Civil. NOVENO: Que,
cabe señalar que el Dr. Delforth Manuel Laguerre Gallardo ha expedido el
dictamen pericial de evaluación psiquiátrica, en su calidad de médico cirujano con
Registro del Colegio Médico del Perú #17128, cumpliendo con las formalidades
de ley previstas por el inciso segundo del artículo quinientos ochenta y dos del
Código Procesal Civil; aunado a ello que ha quedado plenamente acreditado en
autos con los documentos expedidos por la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos que obran a fojas mil ochenta y seis y mil trescientos cuarenta y tres que
el citado medico concluyo estudios en el programa de segunda especialidad en
medicina humana-Especialidad de Psiquiatría entre los años mil novecientos
ochenta y nueve a mil novecientos noventa y uno, advirtiéndose además de lo
actuado que a fojas cinco mil trescientos cincuenta y cuatro se ha adjuntado el
Titulo se Segunda Especialidad Profesional en Psiquiatría otorgada al Médico
Cirujano Delforth Manuel Laguerre Gallardo, expedido a Nombre de la Nación por
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. DECIMO: Que, así mismo de fojas
dieciséis a veintiuno obra el dictamen pericial de Protocolo de Pericia Psicológica
realizado por el Psicólogo Elmer Amado Salas Asencios, donde indica que el
presunto interdicto es una persona adulta mayor en senectud, desorientado en
tiempo y parcialmente orientado en espacio y persona, postrado en silla…,
procesos cognitivos inadecuados, dificultades para mantener la atención y
concentración, memoria mediata e inmediata alterados, concluyendo que es de la
opinión que presenta: quiebre en las funciones cognitivas, pensamiento
disgregado, juicio social y/o apreciación de la realidad desequilibradas demencia
132
senil de curso progresivo, requiriendo de supervisión cercana; que en dicha
evaluación psicológica ha sido debidamente ratificada por el citado psicólogo en
la continuación de la audiencia única que obra a fojas mil cuatrocientos nueve y
siguientes, en la que reconoció en su contenido y firma dicho documento,
manifestando que de acuerdo a su opinión profesional el grado de incapacidad
del presunto interdicto es de incapacidad absoluta; UNDECIMO: Que, en cuanto a
los informes médicos y psicológicos ofrecidos por Don Felipe Tudela Barreda en
su escrito de contestación de demanda que corre a fojas trescientos setenta y
seis a trescientos setenta y siete(anexo 1-M) expedido por el Dr. Benjamin Alhalel
Gabay, de fojas cuatrocientos diecinueve a cuatrocientos veinticuatro (anexo 1-Y)
expedido por los médicos Juan Manuel Cabrera Valencia y Martin Tipismana
Barbaran, de fojas cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos treinta (anexo 1-Z)
expedido por la psicóloga Yolanda Robles Arana, de fojas cuatrocientos treinta y
dos y siguientes (anexo 1-AA) expedido por el médico psiquiatra Pedro García
Toledo, de fojas cuatrocientos cuarenta y siete (anexo 1-BB) expedido por el Dr.
Britaldo Yovera Portocarrero, de fojas cuatrocientos cuarenta y nueve (Anexo 1 -
CC) expedido por el doctor Héctor Fortunato Chue Pinche y de fojas cuatrocientos
cincuenta y dos y siguientes (Anexo 1-DD) expedido por el médico psiquíatra
Jorge Ernesto Pizarro Sánchez; así como los documentos e informes médicos
ofrecidos por la demandada Graciela de Losada Marrou en su escrito de
contestación de demanda de fojas mil veinticinco a mil cincuenta y cinco, cabe
señalar al respecto que de lo actuado se aprecia que no obstante que el Juzgado
ha cumplido con notificar con arreglo a ley y en reiteradas oportunidades a los
citados médicos, estos no han concurrido a las diligencias programadas a fin de
ratificarse en sus respectivos informes médico y psicológicos, tal como lo exige el
inciso segundo del artículo quinientos ochenta y dos del Código Procesal Civil,
siendo que contrariamente a ello se advierte de autos que presentaban reiterados
escritos(fs. 3852, 4286, 4291,4295 y 4299) en los que señalaban su imposibilidad
de concurrir al juzgado, demostrando así su falta de cooperación para el
esclarecimiento de los hechos materia de controversia, situación por la que en la
audiencia única de fecha veintidós de agosto del dos mi ocho, cuya acta obra a
fojas cuatro mil ciento cincuenta y tres y cuatro mil ciento cincuenta y cuatro, se
hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se resolvió prescindir de
dichos medios probatorios, motivo por el cual no producen convicción de certeza
de la capacidad del presunto interdicto que alega, dejando su diagnóstico mucho
que desear al no concurrir al juzgado para su ratificación correspondiente, no
cumpliendo tales medios probatorios con la finalidad prevista en el artículo ciento
ochenta y ocho del Código Adjetivo; sin perjuicio de ello es necesario resaltar lo
133
manifestado por el Doctor Delforth Manuel Laguerre Gallardo en la audiencia
única de fecha veintidós de febrero del dos mil ocho que obra de fojas mil
cuatrocientos nueve a mil cuatrocientos treinta y uno, al referirse que discrepa de
los informes médicos de los doctores Juan Manuel Cabrera Valencia y Martín
Tipismana, ello en razón de que concluye que el presunto interdicto se encuentra
con leve deterioro cognitivo asociados a su edad, no presenta demencia senil; sin
embargo ello le parece contradictorio porque para tener un adecuado juicio se
requiere indemnidad cognitiva y los citados médicos han concluido que tiene
deterioro, situación que contradice su propio diagnóstico y su opinión sobre la
capacidad del evaluado; DECIMO SEGUNDO: Que, así mismo es necesario
recalcar que la Magistrada de la causa en ningún momento ha variado su forma
de pensar en cuanto a la calificación de la demanda en todos los procesos de
interdicción como en el presente caso en que siempre se ha solicitado pericia
psiquiátrica para admitir o declarar fundada la demanda, toda vez que al haberse
cuestionado desde una inicio la calidad de Psiquiatría del Doctor Delfotrh
Laguerre Gallardo, el juzgado de oficio dispuso que se practique una pericia
psiquiátrica al demandado en el Hospital Hermilio Valdizán, apreciándose de
autos que los abogados de la parte demandada cuestionan con argumentos
falsos la actuación de los médicos especialistas asignados por dicho Centro
Médico y para demostrar la imparcialidad de la Suscrita, se ordenó que la pericia
psiquiátrica al demandado se practicara a través del Instituto de Medicina Legal
del Ministerio Público, la misma que tampoco se efectuó por inasistencia del
presunto interdicto, con lo que se demuestra que la suscrita en ningún momento
ha variado su forma de pensar en cuanto al proceso de interdicción; DE LA
CONDUCTA PROCESAL DE LOS DEMANDADOS: DECIMO TERCERO: Que, a
mayor abundamiento de conformidad con lo dispuesto por el articulo doscientos
ochenta y dos del Código Procesal Civil es necesario tener presente y evaluar la
conducta procesal del presunto interdicto don Felipe Tudela Barreda, quien
conforme a lo actuado durante el desarrollo de todo el proceso ha demostrado su
falta de colaboración para el esclarecimiento de los hechos materia de
controversia, toda vez que si bien se ha apersonado y a ejercido su derecho de
contradicción a la demanda conforme a los términos que contiene su escrito de
fojas seiscientos cuarenta y ocho y siguientes en el que niega y contradice los
fundamentos de la demanda alegando que no se encuentra incapacitado
mentalmente, que discierne apropiadamente y que expresa su voluntad de
manera clara; sin embargo cabe señalar que no ha concurrido al juzgado para su
entrevista personal ni ha cumplido con practicarse la evaluación psiquiátrica en el
Instituto de Medicina Legal y el Hospital Hermilio Valdizán, conforme a lo
134
ordenado por la Judicatura en la continuación de audiencia única de fecha
veintidós de Febrero del dos mil ocho, apreciándose de las actas de audiencia
única que corre en autos a fojas dos mil cuatrocientos dos y dos mil ochocientos
veintinueve a dos mil ochocientos treinta que nunca se presentó para los efectos
de la entrevista personal, razón por la que mediante resolución numero ciento
diecisiete, su fecha treinta de mayo del dos mil ocho, corriente a fojas dos mil
novecientos ochenta y dos se ordenó llevar adelante una visita inopinada para los
efectos de su entrevista personal en sus domicilios ubicados en Lizardo Alzamora
Oeste número 185 – Distrito de San Isidro y en el Jirón Bernardo Monteagudo
Nro. 320. Del Distrito de Magdalena, la misma que tampoco se puedo realizar al
no encontrarse presente don Felipe Tudela Barreda en los domicilios indicados,
tal como es de verse de las Actas que corren de fojas dos mil novecientos
noventa y cuatro a tres mil uno así mismo con posterioridad a ello no ha
concurrido a las siguientes audiencias de ley; de otro lado de los oficios que
corren a fojas tres mil ochenta y seis y tres mil doscientos cincuenta se observa
que el Hospital Hermilio Valdizán informa al Juzgado que no concurrió a las citas
médicas programadas para los días dos y cinco de junio de dos mil ocho ni a
otras tres citas que se le indicó, lo que ha generado la imposibilidad de elaborar el
peritaje medico ordenado en autos; es de anotar que debido a los
cuestionamientos y denuncias maliciosas de la parte demandada a los médicos
especialistas del citado Centro Médico, así como la denuncia interpuesta contra la
Suscrita en el sentido que tenía vinculación con los médicos del Hospital Hermilio
Valdizán, sustentada en meras afirmaciones periodísticas y a fin de que no se
dude de la imparcialidad y transparencia en el desarrollo del presente proceso,
mediante resoluciones ciento doce (fs. 2947-2948) y ciento diecinueve (fs. 3006)
se subrogo a los médicos psiquiatras Ricardo Benigno Neyra Camac y –Héctor
León Castro, designándose a Médicos Psiquiatras del Instituto de Medicina Legal,
observándose que a fojas tres mil trescientos cincuenta y uno obra el certificado
médico legal expedido por los médicos Legistas del Instituto de Medicina Legal
Ana María del Arroyo Arpasi y Flor de María Salazar Rojas, quienes certifican que
no se encontró a la persona de don Felipe Tudela Barreda en los domicilios
indicados en el oficio de fojas tres mil trescientos cincuenta y dos a fin de
practicarle la evaluación psiquiátrica ordenada en autos; situación por la que en la
audiencia única de fojas cuatro mil ciento cincuenta y tres y siguiente, se
prescindió de la actuación de dichos medios probatorios; que tales hechos
demuestran la obstaculización y falta de cooperación por parte del presunto
interdicto para lograr la finalidad del proceso, vulnerando con ello además los
principios de inmediación concentración economía y celeridad procesal previstos
135
por el artículo quinto del Título Preliminar del Código Procesal Civil, situación de
hecho que evaluada conjuntamente con los medios probatorios actuados en autos
permiten presumir a éste Despacho la incapacidad del demandado invocada en la
demanda y por consiguiente declarar judicialmente su interdicción DECIMO
CUARTO Que, de igual modo dona Graciela de Losada Marrou, quien mediante
escrito de fojas ciento treinta y tres mil y mil veinticinco a mil cincuenta y cinco se
apersonó al proceso y contesto la demanda en calidad de cónyuge del presunto
interdicto ha demostrado durante la secuela del proceso su falta de cooperación
para lograr la actuación de los medios probatorios ordenados en autos, teniendo
en cuenta que tal como es de verse de las audiencias de fojas dos mil
ochocientos veintinueve a dos mil ochocientos a dos mil ochocientos treinta, tres
mil quinientos veintitrés a tres mil quinientos veinticuatro, y tres novecientos uno a
tres mil novecientos tres, reiteradamente ha inasistido a las diligencias de ley
programada en autos para efectos de que preste su declaración de parte
conforme a lo dispuesto en la audiencia de fecha veintidós de febrero de dos mil
ocho, cuya acta obra a fojas mil cuatrocientos nueve y siguientes la razón por la
que en la continuación de audiencia única de fojas cuatro mil ciento cincuenta y
tres a cuatro mil ciento cincuenta y cuatro se prescindió de dicho medio
probatorio; así mismo ha venido obstaculizando y cuestionando la realización de
la entrevista personal de presunto interdicto, de la diligencia de visita inopinada
así como de la actuación de la pericia psiquiátrica ordenado por este Despacho,
tal como se puede apreciar de los numerosos y reiterados escritos de apelaciones
y nulidad formulados contra los actos procesales expedidos en autos;
verificándose de los escritos de fojas tres mil ochocientos setenta y nueve y
anexos de fojas tres mil ochocientos cincuenta y nueve a tres mil ochocientos
setenta y seis que inclusive lo sacaron del país con destino a la ciudad de Santa
Cruz de Bolivia y posteriormente lo han trasladado a otro país desconociéndose
actualmente su paraderos, siendo esto un maltrato físico y psicológico al presunto
interdicto; aunado a ello que conforme se advierte de todo lo actuado la defensa
de aquella solo se ha dedicado a cuestionar la labor jurisdiccional de la
Magistrada, formulando reiteradas recusaciones en su contra, así como
interponiendo diversas quejas ante la ODICMA y demandas de Acción de Amparo
y Habeas Corpus, así como han desarrollado una serie de ataques a través de
medios de comunicación dirigidos a la opinión pública con la finalidad de
desprestigiar la labor de la Suscrita y apartarla del proceso, pretendiendo de este
modo desnaturalizar la finalidad del proceso, contraviniendo, con tale actos los
deberes y responsabilidades de veracidad, probidad, lealtad y buena fe previsto
por el inciso primero del articulo ciento nueve del Código Adjetivo; situación que
136
refleja su ánimo de no colaborar con la Administración de la Justicia a fin de lograr
el esclarecimiento de los hechos materia de controversia debiendo por tales
hechos evaluarse su conducta procesal de conformidad con lo dispuesto por el
articulo doscientos ochenta dos del Código Adjetivo; DEL NOMBRAMIENTO DEL
CURADOR PROCESAL: DECIMO QUINTO Que, al declararse la interdicción civil
del presunto interdicto se debe proceder al nombramiento de un curador, el
mismo que debe ser designado con observancia de lo dispuesto por el articulo
quinientos sesenta y nueve del Código Civil que señala el orden de prelación de
la de la curatela legitima DECIMO SEXTO Que, en tal sentido es de verse de la
continuación de audiencia única de fecha veintidós de febrero del dos mil ocho,
cuya acta obra a fojas mil cuatrocientos nueve y siguientes que se fijó como punto
controvertido designar como curadores a don Francisco Antonio Gregorio Tudela
Van Breugel-Douglas y don Juan Felipe Gaspar José Tudela Van Breugel –
Douglas en su calidad de hijos legítimos del presunto interdicto o a dona Graciela
de Losada Marrou en su calidad de cónyuge correspondiente a este Despacho
designar como curador y/o curadores a las personas más idóneas conforme a las
pruebas actuadas durante el desarrollo de todo el proceso, verificándose de autos
que si bien la norma procesal precedentemente acotada establece la prelación en
la designación del curador del presunto interdicto, cabe señalar que en relación a
la citada cónyuge se debe considerar su conducta procesa que ha asumido en la
secuela del proceso, siendo evidente su falta de voluntad para colaborar con el
esclarecimiento de los hechos, al no haber concurrido Juzgado a prestar su
declaración de parte, así mismo ha venido obstaculizando y cuestionando la
realización de la entrevista personal del presunto interdicto de la diligencia de
visita inopinada así como de la actuación de pericia psiquiátrica ordenada por
este Despacho; aunado a ello que la posible declaración de interdicción de don
Felipe Tudela Barreda, tendría consecuencias legales en la validación del acto
jurídico de la relación matrimonial, teniendo en cuenta que dicho acontecimiento
fue celebrado con posterioridad a la presentación de la demanda, tanto más se
tiene en consideración que ante el Primer Juzgado de Familia se le ha iniciado un
proceso de nulidad de matrimonio civil signado con el número 183501-2008-0007-
0, en el que se ha expedido sentencia con fecha veintisiete de noviembre del dos
mil ocho declarándose fundada la nulidad de matrimonio conforme es de verse de
las piezas procesales que en copia certificadas corren de fojas cinco mil
setecientos dos a cinco mil setecientos veintiuno; siendo ello así la designación
del curador procesal de presunto interdicto corresponde a los demandantes en su
calidad de hijos de don Felipe Tudela Barreda quienes al deponer en la
continuación de audiencia única de fojas mil cuatrocientos nueve a mil
137
cuatrocientos treinta y uno han manifestado que para ellos lo más importante es
la salud de su padre, con quien permanentemente han tenido comunicación y una
buena relación, corroborando los hechos expuestos en la demanda, ratificándose
en la misma y expresando su aceptación para que sean nombrados como
curadores de su progenitor; por lo que a criterio de la suscrita atendiendo a la
evaluación conjunta y razonada de todos los medios probatorios actuados en
autos resulta procedente e idónea la designación de los demandantes como
curadores del presunto interdicto, tanto más si se tiene en consideración que
dona Vera Louise Marina Tudela Van Breugel Douglas, hermana de los
accionantes se ha apersonado al proceso mediante escrito de fojas tres mil
quinientos dieciocho a tres mil quinientos veinte expresando su conformidad con
la demanda interpuesta; DECIMO SEPTIMO Que, al declararse la interdicción
debe fijarse la extensión y lo límites de la curatela según el grado de incapacidad
del interdicto a tenor de los dispuesto en al artículo quinientos ochenta y uno del
Código Civil, por lo que para el presente caso el ejercicio del curador se
extenderá a la representación legal y del cuidado de la persona demandada,
debiendo de ejercer los derechos civiles, de esta, protegerla y realizar los actos
necesarios de administración sobre sus bienes; DECIMO OCTAVO Que, por
consiguiente de las pruebas glosadas, así como de los considerandos
precedente, de conformidad con lo opinado con la Representante del Ministerio
Publico, según dictamen de fojas cuatro mil setecientos setenta y nueve a cuatro
mil setecientos ochenta y nueve; de conformidad con lo dispuesto por el inciso
segundo del artículo cuarenta y tres y articulo quinientos ochenta y uno del
Código Procesal Civil, la señora Juez del Décimo Segundo Juzgado de Familia de
Lima FALLO: Declarando INFUNDADA las cuestiones probatorias de Tachas y
Oposición formuladas por los demandados contra los Medios Probatorio ofrecidos
en la demanda consistentes en: a) Dictamen Pericial de “Evaluación Psiquiátrica”
expedida por el médico cirujano DELFORTH MANUEL LAGUERRE GALLARDO,
y b) el documento denominado dictamen pericial de “Protocolo de Pericias
Psicológicas” elaborado por el señor Elmer Amado Salas Ascencios; INFUNDADA
las tachas formuladas por los demandantes contra los Medios Probatorios
ofrecidos en el escrito de la Contestación de la demanda consistentes en: a) La
Pericia Medica al Dr. Héctor Fortunato Chue Pinche y; b) La Pericia Medica del
Dr. Jorge Ernesto Pizarro Sánchez; y FUNDADA la demanda de
Interdicción interpuesta a fojas 25 a 30 en consecuencia de se declara interdicto
a Felipe Tudela Barreda, por incapacidad absoluta de ejercicio, nombrándose
curadores del mismo a sus hijos FRANCISCO ANTONIO GREGORIO TUDELA
VAN BREGUEL-DOUGLAS y JUAN FELIPE GASPAR TUDELA VAN BREGUEL-
138
DOUGLAS quienes ejercerán dicho cargo en forma conjunta y/o indistintamente;
consentida o ejecutoriada que sea la Presente Resolución; cúrsense los partes
pertinentes al registro personal de los Registros Públicos de Lima y Callao para
en su inscripción correspondiente, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso
1 del artículo 408 del CPC. Elévese en consulta los autos al superior Jerárquicos,
en caso de no ser apelada, con la debida nota de atención, sin costas ni costos
del proceso; NOTIFICANDOSE.
139
Expediente: XP N° 1317-2018-PHC/TC del Proceso de Habeas Corpus
Figura 2. Fotografía tomada al Local de Tribunal Constitucional del Perú. Lima.
Elaboración propia. (2018)
140
EL PROCESO DE HABEAS CORPUS
EXPEDIENTE:
XP. Nº 1317-2008-PHC/TC
LIMA
FRANCISCO ANTONIO GREGORIO Y
JUAN FELIPE GASPAR JOSÉ
TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS
A FAVOR DE
FELIPE TUDELA Y BARREDA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 4 días del mes de junio de 2008 (Fecha de Vista: 22
de mayo de 2008), la Sala Segunda del Tribunal Constitucional,
integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez
Miranda, con el voto en discordia del Magistrado Vergara Gotelli, que se
adjunta, y llamado el Magistrado Eto Cruz para dirimir, pronuncia la
siguiente sentencia.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por Francisco Antonio
Gregorio Tudela van Breugel Douglas y Juan Felipe Gaspar José Tudela van
Breugel Douglas contra la sentencia de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal
para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de
fojas 610, su fecha 28 de enero de 2008, que declara infundada la demanda de
hábeas corpus de autos.
ANTECEDENTES
§. Demanda
Con fecha 6 de noviembre de 2007, Francisco Antonio Gregorio Tudela van
Breugel Douglas y Juan Felipe Gaspar José Tudela van Breugel Douglas, se
presentaron ante el Juzgado Penal de Turno de la Corte Superior de Justicia de
Lima, a fin de plantear verbalmente una demanda de hábeas corpus a favor de su
padre Felipe Tudela y Barreda en contra de Graciela De Losada Marrou, por
supuesta violación y privación arbitraria de su libertad.
Sostienen los accionantes que su padre fue sacado a las 10:30 am de la casa en la
que vive hace cuarenta y dos años para ser llevado al domicilio de la emplazada
141
donde se encuentra retenido. Advierten al respecto que tal hecho obedece a una
decisión unilateral que no fue consultada con la familia y los hace temer por su
salud ya que “se trata de una persona de 92 años de edad, que sufre de pérdida de
memoria y demencia senil, que no puede desplazarse por sus propios medios, que
es ciego y tiene cáncer de próstata e insuficiencia renal” (sic).
De otro lado, también señalan los accionantes, que la demandada ha colocado
vigilancia en la casa de su padre y que llamó al señor Gabriel Tudela Garland
para comunicarle que el favorecido no regresaría a la casa. Por tanto, atendiendo
que lo acontecido genera la sospecha de que su padre ha sido objeto de una
detención arbitraria, solicitan que cese la privación de su libertad a fin de ser
trasladado a una clínica o centro de salud donde se garantice su seguridad y,
posteriormente, sea llevado a su casa quedando bajo el cuidado de sus hijos (sic).
Posteriormente, mediante su manifestación indagatoria de los hechos, Francisco
Tudela amplió su petitorio y solicitó que se le permita ver a su señor padre sin
restricción alguna.
§. Investigación sumaria
Admitida a trámite la demanda y abocándose la Juez Raquel Beatriz
Centeno Huamán al conocimiento de la causa, ordenó la realización de la
correspondiente investigación sumaria.
Ante el local del Juzgado, siendo las 9:20 am del 8 de noviembre de 2007,
Francisco Tudela rinde su declaración indagatoria (f. 43) ratificándose en los
extremos de su demanda pero señalando además algunos cambios y
circunstancias:
- Que el día 7 de noviembre a las tres de la tarde, aproximadamente, se
constituyó en el domicilio de su padre acompañado de un efectivo policial para
realizar una diligencia, toda vez que había observado la presencia de vigilantes
privados, que no fueron contratados por él, en la puerta de la casa, sino que
fueron contratados, como después ellos mismos señalaron, por el señor Miguel
Aljovín De Losada que es hijo de la demandada.
- Que uno de los vigilantes le entregó una lista manuscrita de las personas que
podían ingresar a la casa y donde obviamente no estaba su nombre ni el de sus
hermanos.
142
- Que atendiendo el requerimiento del oficial de la Policía, los empleados de la
casa lo dejaron ingresar y pudo ver a su padre que se encontraba tomando un
café en el comedor.
- Que en ese momento el policía le preguntó a su padre quién era la persona
que autorizaba el ingreso a la casa, a lo que el favorecido señaló que él mismo.
Luego, se contradijo al indicar que la persona encargada era la cocinera.
- Que acto seguido procedieron a retirarse.
- Que ante la pregunta sobre ¿cuál es el vínculo que une al favorecido con
Graciela De Losada?, manifestó que ninguno.
- Que finalmente agregó que desea que “su padre sea cuidado por sus hijos y no
por personas extrañas, que nos consta que no quieren que tenga contacto con
sus hijos ya que lo trasladan de un lugar a otro sin una manifestación clara de
su voluntad y que recuperemos el derecho de ver a nuestro padre sin
restricción alguna”.
El mismo día de recibida la manifestación del accionante, la Juez se constituyó a
las 11:10 am en el domicilio del beneficiario ubicado en la calle Lizardo Alzamora
N.° 185 – San Isidro, a efectos de llevar a cabo la diligencia de verificación,
dejando constancia de los siguientes hechos (Acta de Verificación que obra a f.
47):
- Que las personas encargadas de la vigilancia le facilitaron el acceso a la
vivienda.
- Que al preguntarle al señor Fredy Gustavo Meza Pérez, uno de los encargados
de la vigilancia de la casa, por la ubicación del favorecido, éste señaló: “Cuando
yo ingresé a las ocho y media de la mañana él ya no estaba en la vivienda”.
Asimismo, respecto a las actividades realizadas por el favorecido en los últimos
días, dijo que “estuvo en la casa y se iba a la casa de la señora Chela, estaba
que iba y volvía, era una rutina de casi siempre, lo lleva su chofer y su
enfermera, el día de ayer lo vi al señor y lo dejé en esta casa hasta las cinco de la
tarde”.
- Que al preguntarle a la encargada de la cocina, Juana Torres Niño, sobre si el
favorecido se encontraba en la vivienda, ésta señaló que “cuando llegué a las
ocho y treinta de la mañana, (…) no estaba dicho señor y la señora Elsa que se
releva conmigo me comunicó que el señor se había ido a Cañete temprano”.
Frente a la interrogante sobre si el favorecido había estado en el domicilio
durante los últimos días, refirió que “sí, incluso el día de ayer lo dejé tomando
143
café cuando me retiré a eso de las cinco y media de la tarde”. Cuando se le
consultó quién había cambiado las cerraduras de las puertas de ingreso a la
vivienda, manifestó que “el mismo señor Felipe mandó cambiar el candado
nuevo y a todo el personal nos indicó que como no tenía privacidad en su casa
solo le hacíamos [sic] pasar a sus hijos”. Finalmente se le consultó si los
vigilantes siempre habían estado en el domicilio, a lo que respondió que “uno
siempre ha estado, pero el señor vigilante de uniforme marrón que responde al
nombre de Ángel Marchán Lazo se encuentra desde hoy, pero el día de ayer
hubo otro vigilante, desde hace dos días que se encuentra en esta vivienda,
haciendo vigilancia, desconociendo por orden de quien lo contrataron”.
- Que al preguntarle al referido Ángel Marchán Lazo desde cuándo se encuentra
cumpliendo la labor de vigilancia en el domicilio, respondió que “desde el día
de hoy, desde las siete de la mañana, hasta las siete de la noche
estaré”. También sostuvo que la empresa de vigilancia en la que labora es
Planinvest.
- Que durante la diligencia de verificación estuvo presente Francisco Tudela
acompañado de su abogado Juan de Dios Zorrilla Quintana.
- Que en ese estado se dio por concluida la diligencia.
Como no encontró en su casa al favorecido, a las 12:00 pm se constituyó en el
domicilio de la demandada ubicado en la calle Bernardo Monteagudo N.° 320 –
Magdalena del Mar, dejando constancia de los siguientes hechos (Acta de
Verificación que obra a f. 51):
- Que tocó el timbre y la puerta en repetidas oportunidades y de forma
insistente pero no recibió respuesta.
- Que afuera del domicilio se encontraban estacionados numerosos vehículos, de
los cuales tomó la placa de rodaje.
- Que se hizo presente el abogado Renzo Santiago Carrasco Domhoff, quien en
forma amenazante le indicó que de ninguna manera ingresaría a la vivienda y,
ante tal situación, ella lo exhortó para que se calme, le guarde respeto y no la
amenace. Asimismo, dejó constancia que dicho abogado fue llamado desde una
ventana por una persona de sexo femenino para entregarle unos papeles,
mientras que Renzo Santiago Carrasco Domhoff le ordenaba que de ninguna
manera abra la puerta de la casa.
144
- Que, cuarenta minutos después, recién fue recibida por el abogado Domingo
Renzo Alejandro Orezzoli, quien le facilitó el ingreso a la vivienda. En el
interior se topó con un número aproximado de quince personas.
- Que entre ellos se hallaba el favorecido al que le solicitó su documento de
identificación. Pero no fue él sino el abogado Renzo Santiago Carrasco
Domhoff quien se lo entregó.
- Que acto seguido procedió a iniciar la diligencia judicial. Preguntó al
favorecido si salió de su casa por sus propios medios y éste respondió: “sí, con
mis propios medios y nadie me ha privado de mi libertad”. La juez procedió a
preguntarle si es que recordaba lo que había pasado el lunes cinco de
noviembre (día en que sus hijos lo sometieron a un peritaje médico). El
favorecido expresó: “no recuerdo bien, pero creo que estuve en mi casa, el
martes también estuve en mi casa donde dormí, soy una persona solitaria ya
que no tengo esposa, y para no quedarme solo por eso me quiero casar, un
poco tardío pero en fin, mis hijos no están a mi lado, yo cuando quiero o me da
la gana salgo y entro de mi casa, cuando quiero, hago mis cosas normalmente,
me encuentro perfectamente bien (…)”. También se le interrogó si recordaba
haberse hecho una evaluación médica. El favorecido respondió: “sí pero no
recuerdo el nombre”. La incoherencia de la respuesta lo obliga a consultar con
Graciela De Lozada y ésta responde por él que el apellido del médico es
Alhalel.
- Que Luis Eduardo Gonzales Saldaña, médico legista, presente en la diligencia,
procedió a examinar medicamente al favorecido. Al finalizar el examen, el
profesional deja constancia que emitirá su informe y conclusiones en otra
oportunidad, pero adelanta que “hemodinámicamente se encuentra estable”.
- Que después se procedió a formular algunas preguntas a la demandada, quien
manifestó que el favorecido “nunca ha vivido acá, pero solo el día de ayer ha
pernoctado acá para protegerlo”. Asimismo, sus declaraciones más relevantes
ante la autoridad judicial fueron en síntesis: i) que el favorecido salió de su
residencia por decisión propia, ii) que ella buscaba protegerlo porque “su casa
había sido invadida por sus hijos, forzaron rompiendo los candados de la
entrada, fue violento, ingresaron ocho personas, policías se llevaron un cuadro
que Felipe cuidaba de su primer matrimonio, hubo mucha violencia”, iii) que la
une al favorecido una relación amorosa de hace muchos años, que todo el
mundo conoce, incluso los hijos del favorecido, iv) que no comunicó a los hijos
del favorecido que lo sacaría de su casa justamente porque buscaba protegerlo
de ellos, v) que los hijos del favorecido lo visitan cuando están en Lima, vi) que
el vigilante de la casa ha sido contratado con la ayuda de su hijo que tiene una
empresa, pero quien paga el servicio es el favorecido, vii) que considera que el
145
favorecido está en todas sus facultades y que su casa es el lugar donde
lógicamente viviría más tranquilo porque reside en ella hace muchos años, viii)
que el favorecido es atendido constantemente por un médico y está bajo el
cuidado de una enfermera, desmintiendo que adoleciera de cáncer y demás
enfermedades, ix) que era cierto la existencia de una lista de personas
autorizadas para ingresar a la casa del favorecido.
- Que en ese estado se dio por concluida la diligencia.
§. Resolución de primera instancia
El Décimo Octavo Juzgado Penal de Lima, mediante resolución de fecha 21
de noviembre de 2007, de fojas 271, declaró FUNDADA la demanda de hábeas
corpus por considerar que los distintos hechos obstruccionistas constatados en
la diligencia de verificación corroboran la dificultad que existe en la concreción
del contacto personal natural entre los miembros de la familia nuclear (padres
e hijos), es decir, entre el favorecido y sus hijos; sumándose a ello la avanzada
edad del beneficiario y su dificultad para desplazarse y desenvolverse libre y
tranquilamente.
§. Resolución de segunda instancia
La recurrida revocó la apelada y declaró INFUNDADA la demanda de
autos por considerar que la alegada vulneración del derecho constitucional
invocado no se configuró, señalando, además, que en la resolución de primer
grado se emitió un pronunciamiento sobre hechos no controvertidos que
escapaban al contenido peticionado.
FUNDAMENTOS
§. Determinación del Petitorio
1. Tanto el artículo 200°, inciso 1 de la Constitución, así como el artículo 25°
del Código Procesal Constitucional, han establecido expresamente que el
proceso constitucional de hábeas corpus tiene por objeto la protección del
derecho fundamental a la libertad individual así como los derechos
conexos a él. En el presente caso, este Colegiado entiende, en términos
estrictamente constitucionales, que el fin que busca la demanda es que se
ordene la plena libertad –ver el cuerpo o traer el cuerpo en la terminología
clásica del hábeas corpus– de Felipe Tudela y Barreda. Sin embargo,
considera necesario hacer unas precisiones en virtud de lo establecido por
146
el artículo VIII del Título Preliminar del CPCt., con el objeto de determinar
con exactitud el petitorio.
2. En tal sentido, cabe señalar que en el acta judicial que se levantó a
propósito de la demanda verbal de hábeas corpus interpuesta por Francisco
Tudela y Juan Felipe Tudela a favor de su padre, quedó registrado que el
petitorio estaba orientado a que:
“cese la privación de su libertad a fin de ser trasladado a una clínica
o centro de salud donde se garantice su seguridad y, posteriormente,
sea llevado a su casa quedando bajo el cuidado de sus hijos”.
De otro lado, cuando Francisco Tudela rindió su manifestación se ratificó
en todos los extremos de su demanda pero, además, dejó expresamente
indicado cuál era su voluntad con la promoción del hábeas corpus al referir
que:
“Lo que queremos es que nuestro padre sea cuidado por sus hijos y
no por personas extrañas, que nos consta que no quieren que tenga
contacto con sus hijos ya que lo trasladan de un lugar a otro sin una
manifestación clara de su voluntad y que recuperemos el derecho de
ver a nuestro padre sin restricción alguna”.
3. El proceso constitucional de hábeas corpus, como se sabe, está exento de
ritualismos y formalidades. El Código Procesal Constitucional en su
artículo 27° ha recogido esta tesis al establecer que “La demanda puede
presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a
través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se
trate de una demanda verbal, se levanta acta ante el Juez o Secretario, sin
otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos”. No
son necesarios los formalismos cuando de por medio está la libertad, lo que
obliga al Juez a resolver la causa sin mayores preámbulos porque su
parámetro de actuación no es el derecho infraconstitucional, sino el
contenido constitucional de los derechos fundamentales.
4. En el caso de autos, como ya se advirtió, la demanda fue interpuesta
verbalmente y se hizo un recuento puntual de los hechos, quedando los
alcances del petitorio en el contenido mismo de la fundamentación fáctica
vertida por los accionantes.
Por ello, este Colegiado toma en consideración lo señalado en el
fundamento 2, supra, y llega a la
147
conclusión después del respectivo análisis que el proceso de hábeas
corpus ha sido promovido en nombre propio y a favor del padre de los
accionantes; por tanto, el petitorio se concreta en:
i) garantizar la libertad individual del padre (favorecido del hábeas
corpus), su derecho a gozar de una vida digna y la conservación de
su plena integridad personal, y,
ii) garantizar a los hijos (accionantes del hábeas corpus) el libre
contacto personal con el favorecido, ya que a propósito de los
acontecimientos acaecidos –los mismos que fueron relatados
verbalmente en la demanda y se dejaron señalados en la
diligencia de declaración indagatoria– han resultado impedidos de
verlo.
5. Es, entonces, sobre estos dos extremos que el Tribunal hará el análisis
correspondiente para fundamentar su decisión y emitir el fallo resolutivo
que se amerite.
§. Sobre el supuesto quebrantamiento de forma en el caso sub litis
6. Si bien es cierto que la resolución de segunda instancia en sede judicial
ordinaria sólo fue suscrita por dos votos conformes (Vocales Vargas
Gonzáles y AlessiJanssen) más uno discordante (Vocal Vásques
Arana); también lo es que en el caso sub litis este Colegiado, al igual como
lo hizo en su sentencia recaída en el Expediente N.° 4053-2007-PHC/TC
caso Alfredo Jalilie Awapara, considera que dicha resolución es válida por
razones jurídico-constitucionales de urgente tutela, dado la avanzada edad
del favorecido.
7. En efecto, en primer lugar porque no es posible la aplicación mecánica del
artículo 20° del Código Procesal Constitucional para sobreponerlo,
arbitrariamente, en contra del párrafo segundo del artículo 141° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que a la letra dice: “(…) En las salas penales se
requiere de dos votos [conformes para hacer resolución]”. En segundo
lugar, en el caso Jalilie Awapara se produjo un punto de quiebre en las
decisiones de este Colegiado, ya que razones humanitarias lo obligaron a
preferir la Constitución por encima de las formalidades procesales. Con
mayor razón aún, en el presente caso, ya que el cumplimiento de estas
formalidades podría significar una grave afectación del derecho a la
libertad, a la vida e integridad personal del favorecido de quien a la fecha
no se conoce su paradero, se manifiesta a través de interpósitas
148
personas, no concurre a las citaciones de los jueces y pide hablar sobre
hechos a través de un apoderado pero no asiste. Todo esto produce en el
Juez de la Constitución la idea de que es su deber buscar el cuerpo e
indagar por él para darle a la brevedad posible la tutela que requiere. Al
Juez de la Constitución no le compete jurisdiccionalmente pronunciarse
sobre extremos que deberán ventilarse en los procesos ordinarios; como la
capacidad civil del favorecido, sino sobre bienes y valores de cotización
fundamental como es su vida y su libertad, derechos constitucionales que
están por encima del Código Civil.
§. La Constitución como fuente fundante del ordenamiento jurídico
8. El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de
Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la
Constitución no era más que una mera norma política, esto es, una norma
carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una
serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos,
para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también
una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz
de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su
conjunto. De ahí pues que con acierto pueda hacerse referencia a ella
aludiendo al “Derecho de la Constitución”, esto es, al conjunto de valores,
derechos y principios que, por pertenecer a ella, limitan y delimitan
jurídicamente los actos no sólo de los poderes públicos sino también de
las personas.
9. Bajo tal perspectiva, la supremacía normativa de la Constitución se
encuentra recogida en sus dos vertientes: tanto la objetiva, conforme a la
cual la Constitución preside el ordenamiento jurídico (artículo 51º) como
la subjetiva, en cuyo mérito ningún acto de los poderes públicos (artículo
45º) o de la colectividad en general (artículo 38º) puede vulnerarla
válidamente.
10. Ahora bien, ese reconocimiento de la Constitución como norma jurídica
vinculante y directamente aplicable constituye la premisa básica para que
se erija como fuente de Derecho y como fuente de fuentes, entendiéndose,
en consecuencia, que la Constitución es el fundamento de todo el “orden
jurídico” y la más importante fuente normativa. En tal sentido
La Constitución (...) termina convirtiéndose en el fundamento de
validez de todo el ordenamiento instituido por ella. De manera que
una vez que entra en vigencia, cualquier [acto] de los poderes
149
públicos e, inclusive, los actos y comportamientos de los
particulares, deben guardarle lealtad y fidelidad. Ciertamente, no se
trata sólo de una adhesión y apoyo que pueda ser medido o
evaluado en el plano de la moral o la ética, sino también de una
exigencia de coherencia y conformidad de la que es posible extraer
consecuencias jurídicas. La infidelidad constitucional, en efecto,
acarrea la posibilidad de declarar la invalidez de toda norma o acto,
cualquiera sea su origen, según los alcances que el mismo
ordenamiento constitucional haya previsto[1].
11. Finalmente cabe señalar que la Constitución no sólo es la norma jurídica
suprema formal y estática, sino también material y dinámica, por eso es la
norma básica en la que se fundamentan las distintas ramas del Derecho, y
la norma de unidad a la cual se integran. Es así que por su origen y su
contenido se diferencia de cualquier otra fuente del Derecho. Y una de las
maneras como se traduce tal diferencia es ubicándose en el vértice del
ordenamiento jurídico. Desde allí, la Constitución exige no sólo que no se
cree legislación contraria a sus disposiciones, sino que la aplicación de tal
legislación se realice en armonía con ella misma (interpretación conforme
con la Constitución) porque sólo así se hace efectiva la garantía de la
vigencia de los derechos humanos.
§. El hábeas corpus como vía de protección de la esfera subjetiva de libertad de la
persona humana y de la integridad personal
12. El significado de libertad obedece a una doble dimensión, en tal sentido,
puede ser entendida como un valor superior que inspira al ordenamiento
jurídico y a la organización misma del Estado, pero, de otro lado, la
libertad también es un derecho subjetivo cuya titularidad ostentan todas
las personas sin distinción.
Por su parte el Estado Constitucional para ser reconocido en sus términos
estrictos, entre otras obligaciones, tiene que fundamentar a la norma
suprema en un conjunto de valores superiores, reconocer derechos
fundamentales y otorgar garantías para asegurar la plena vigencia de
éstos.
En consecuencia, la libertad como uno de esos valores superiores que
inspiran a la Constitución del Estado Constitucional, contribuye al
crecimiento, desarrollo y desenvolvimiento del hombre en el ámbito social
pero también le permite lograr a plenitud el goce de la vida en su
dimensión espiritual.
150
La libertad concebida como derecho subjetivo supone que ninguna
persona puede sufrir una limitación o restricción a su libertad física o
ambulatoria, ya sea mediante detenciones, internamientos, condenas o
privaciones arbitrarias.
13. El proceso constitucional de hábeas corpus aun cuando tradicionalmente
ha sido concebido como un recurso o mecanismo procesal orientado, por
antonomasia, a la tutela del contenido constitucionalmente protegido del
derecho fundamental a la libertad personal, su evolución positiva,
jurisprudencial, dogmática y doctrinaria, denota que su propósito
garantista transciende el objetivo descrito para convertirse en una
verdadera vía de protección de lo que podría denominarse la esfera
subjetiva de libertad de la persona humana, correspondiente no sólo al
equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también a todos aquellos
ámbitos del libre desarrollo de su personalidad que se encuentren en
relación directa con la salvaguarda del referido equilibrio.
14. Por tanto, las restricciones al establecimiento armónico, continuo y
solidario de las relaciones familiares, que impide el vínculo afectivo que
todo estrecho nexo consanguíneo reclama, no sólo inciden sobre el
contenido constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica
y moral de la persona, protegida por el artículo 2°.1 de la Constitución y
el artículo 25°.1 del Código Procesal Constitucional, sino que se oponen
también a la protección de la familia como garantía institucional de
la sociedad, tenor del artículo 4° de la Constitución.
15. En consecuencia, una situación como a la que fueron sometidos los
accionantes bien podría ser amparada por el juez constitucional ya que,
efectivamente, encuadra dentro del ámbito de protección del proceso
libertario y ello no sólo porque el derecho a la integridad personal tiene
un vínculo de conexidad con la libertad individual (artículo 25.º 1 del
Código Procesal Constitucional), sino porque la institucionalidad familiar
se constituye en un principio basilar que también influye de manera
determinante en el libre desarrollo de la personalidad de los seres
humanos que además se encuentra asociado al derecho de integridad
personal.
§. Análisis del caso concreto
151
16. En el caso de autos, a efectos de arribar a una conclusión resolutiva este
Colegiado, tal como lo hiciera en su STC N.° 6201-2007-PHC/TC, llevará a
cabo un “análisis de los hechos en su conjunto”.
A. HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS ANTES DE LA FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA
DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS
17. El 10 de mayo de 2007, Felipe Tudela y Barreda revoca su testamento de
fecha 13 de setiembre de 1993 (f. 22) en todos sus extremos y otorga uno
nuevo ante el Notario Público de Lima, Alfredo Zambrano Rodríguez,
nombrando como sus únicos y universales herederos por partes iguales a
sus tres hijos (f. 27). No incluía ni se mencionaba para nada a la
demandada en el presente caso sub judice.
18. Una semana después, el 17 de mayo de 2007, Felipe Tudela y Barreda
revoca su testamento y otorga uno nuevo ante el Notario Público de Lima,
Luis Dannon Brender (f. 31). Sin embargo, mediante escrituras públicas
extendidas el año 2005, el favorecido ya había efectuado ciertas
donaciones a Graciela De Lozada. Este segundo testamento tenía como
propósito incorporar en el tercio de libre disponibilidad dichas
donaciones. Pero el favorecido también dispuso que se
considerarían aquellas que reciba la demandada hasta antes de su
fallecimiento. Finalmente agregó que sus herederos “no tendrán recurso
alguno ni podrán repetir contra la señora Graciela De Losada Marrou,
para cobrar suma alguna que ésta hubiera recibido de mí”. En la cuota de
legítima instituyó como únicos y universales herederos por partes iguales
a sus tres hijos.
19. El Tribunal arriba a la conclusión que el segundo testamento tenía como
propósito convalidar las donaciones efectuadas a favor de Graciela De
Lozada, pero también incluirla en la masa hereditaria de la cual no
participaba en el primer testamento. Infiere además la existencia de otro
propósito: impedir la repetición futura por parte de los hijos sobre el
patrimonio que el favorecido entregó y que podría entregar a futuro a la
emplazada. Así se explica por qué el favorecido en el lapso de una semana
revoca un testamento y extiende otro que implica la pérdida por parte de
sus hijos de un tercio del patrimonio familiar.
20. El 21 de setiembre de 2007, Felipe Tudela y Barreda otorga como anticipo
de legítima a Francisco Tudela el dominio de un inmueble valorizado en $
260,000.00 ante el Notario Público de Lima, Jorge Eduardo Orihuela
152
Iberico (f. 99). No lo hace ante el notario público Luis Dannon Brender,
que parece ser, es de confianza de la emplazada, ya que todos los actos de
sistemático traslado de los bienes patrimoniales hacia su esfera individual,
así como los futuros otorgamientos de poder que tienen lugar cuando el
favorecido ya ha sido objeto de este hábeas corpus y las verificaciones de
todo tipo se realizan bajo la certificación de esta notaría.
21. El 19 de octubre de 2007, el abogado Enrique Ghersi actuando como
representante legal de Francisco Tudela y Juan Felipe Tudela dirigió una
carta a Felipe Tudela y Barreda solicitando que “extienda una escritura de
anticipo de herencia a favor de ellos sobre los bienes que constituyen el
patrimonio familiar”, señalando, además, que el anticipo mantendría el
pleno usufructo y goce de la totalidad de su patrimonio quedando en
libertad para disponer de dichos frutos según su mejor parecer (f. 101).
Entiende el Tribunal que el propósito de los demandantes es cuidar que el
patrimonio familiar no se vea dilapidado mediante probables o futuras
prodigalidades. De otro modo no se justificaría por qué es que el 5 de
noviembre, motu proprio, los actores solicitan que el doctor Delforth M.
Laguerre Gallardo, examine a su señor padre, el favorecido Felipe Tudela
y Barreda.
22. Al día siguiente, el 6 de noviembre, se desencadenan vertiginosamente
una serie de sucesos en los que el notario público Luis Dannon Brender
tiene un papel descollante. Procede a dar fe de todos los hechos que
posteriormente propician la promoción del presente hábeas corpus. Y es,
en efecto, desde este día que el cuerpo físico del favorecido empieza a
“desvanecerse” de a pocos. Su hijo Francisco Tudela apenas pudo verlo
por unos minutos al día siguiente (7 de noviembre). La casa está
resguardada por personas extrañas que han sido contratadas por el hijo
de la emplazada ¿Tiene este señor derecho a establecer guardias y
vigilantes privados sobre la casa de un tercero? ¿Tiene derecho a elaborar
una lista de quiénes pueden ingresar excluyendo de ella a los hijos del
favorecido?
23. Ese mismo 6 de noviembre, supuestamente, a solicitud de Felipe Tudela y
Barreda, el notario Luis Dannon Brender, siendo las 11:15 am, se
constituyó en la calle Bernardo Monteagudo N.° 320 – Magdalena del
Mar. No es el domicilio del favorecido, sino el de la emplazada. La
presencia del notario tiene como propósito contrarrestar el peritaje
médico que han realizado los hijos de su señor padre. Asimismo, a las
12:40 pm el mismo notario Luis Dannon Brender, se constituye, esta vez,
153
en la casa del favorecido, para constatar que minutos antes los accionantes
estuvieron presentes con la intención de ver a su señor padre.
24. A estas alturas de lo acontecido el favorecido se encuentra aparentemente
en la calidad de detenido que habla por medio de otros ¿Dónde está el
cuerpo? La narración de estos hechos motiva la interposición del hábeas
corpus.
B. HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS DESPUES DE LA INTERPOSICIÓN DE LA
DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS
25. El 7 de noviembre de 2007, siendo la 1:40 pm, el SOT3 PNP Pedro
Gonzales Alvarado, se constituyó en la calle Lizardo Alzamora N.° 185 –
San Isidro (domicilio legal de Felipe Tudela), a solicitud de Daniel Ramos
Irigoyen en representación de Felipe Tudela y Barreda, para constatar la
sustracción de enseres. Al respecto, la autoridad policial señala que se
entrevistó con la señora Juana Torres Niño, encargada de la cocina, quien
manifestó que los hermanos Tudela a las 12:05 pm aproximadamente del
día anterior ingresaron al domicilio en compañía de otras personas y
sustrajeron un cuadro de tamaño grande que se encontraba en la pared
del comedor, del cual desconoce su valor. En ese sentido, procedió a
constatar que en una pared del comedor del inmueble existen “tres
lámparas” y un clavo, donde de acuerdo a lo advertido por la
entrevistada, se encontraba el cuadro (f. 116).
26. La manifestación de la autoridad policial resulta absolutamente
inconsistente. No puede inferirse de las afirmaciones de la señora Juana
Torres Niño, que la presencia de un clavo en la pared supone una
evidencia incontrastable de la existencia de un cuadro que podría haber
sido hurtado. Sucede que en este contexto el Tribunal Constitucional es
consciente del papel protagónico que los medios de prensa pueden jugar
para influir en la opinión pública a fin de desprestigiar a una de las partes
en el proceso.
27. El 7 de noviembre de 2007, el padre de los hermanos Tudela es llevado
otra vez a su domicilio. ¿Por qué regresa a su residencia habitual? El
Tribunal concluye que se debe a que la emplazada toma conocimiento de
la interposición del presente hábeas corpus.
28. El 7 de noviembre de 2007, Felipe Tudela y Barreda otorga poder amplio,
general y especial de representación a Jorge Luis Alvarado Giraldo, José
Tam Pérez, Oscar Zavala Carlin, Efraín Vassallo Sambucetti y Héctor
Honores Espejo ante el Notario Público de Lima, Luis Dannon Brender,
154
cuya minuta fue autorizada por Augusta María Aljovin De Lozada, hija
de la demandada (f. 67). El mismo día, Augusta María Aljovin De Lozada
en representación de Felipe Tudela y Barreda, interpone demanda de
hábeas corpus contra Francisco Tudela y Juan Felipe Tudela, con el objeto
de que cese “la temerosa amenaza de violación a su libertad personal y
sus derechos a la libre determinación, vida, integridad física y salud, y se
ordene expresamente a los demandados que se abstengan de realizar
cualquier acto que pueda atentar en contra de los derechos
constitucionales mencionados”. Dicho hábeas corpus tuvo un evidente
ánimo dilatorio por cuanto una vez presentado se pidió la acumulación
con la presente causa, pedido que fue desestimado.
29. El 8 de noviembre de 2007, siendo las 12:00 pm, Felipe Tudela y Barreda y
Graciela De Losada Marrou contrajeron matrimonio civil (f. 134). En la
vista de la causa se hizo de conocimiento del Tribunal Constitucional,
sobre las supuestas irregularidades que se habrían producido en la
tramitación de dicho matrimonio. Todo habría sucedido con una
inusitada rapidez, sin la publicación de los edictos de ley, entre otros
hechos que al Tribunal, sin embargo, no le ha sido posible constatar. Lo
cierto es que los hijos del favorecido y los nietos no participaron de las
nupcias. Tampoco tenían conocimiento de su celebración. Lo que hace que
este Colegiado arribe a la conclusión de la existencia de
una incomunicación forzada entre el favorecido, sus hijos y los nietos.
30. El 11 de noviembre de 2007, siendo las 11:00 am, Luis Dannon
Brender, Notario Público de Lima, se constituyó en la avenida Del
Pinar N.° 346 - San Borja, para verificar, por tercera vez el peritaje médico
de parte al que sería sometido una vez más Felipe Tudela, padre de las
accionantes.
31. En cuanto a la capacidad de Felipe Tudela y Barreda y su estado de salud
mental, los abogados patrocinantes del favorecido se han encargado de
presentar distintos escritos adjuntando actas notariales donde se deja
constancia de la celebración de peritajes médicos con sus respectivos
informes. ¿Cuál sería la intención de esta actuación? ¿Qué se busca? Si
como dijo el abogado informante ante este Tribunal en la fecha de vista de
la causa, “la capacidad se presume”, ¿para qué habría que empeñarse en
demostrar que Felipe Tudela y Barreda gozaría de capacidad y no tendría
problemas con la memoria? O acaso, ¿se querría hacer uso de figuras
propias del derecho civil que no son de recibo en sede constitucional con
el objeto de distraer el fin que persigue el presente proceso de hábeas
corpus?
155
32. El 13 de noviembre de 2007, se publicó en el diario El Comercio y en el
diario oficial El Peruano una carta pública de protesta firmada por Felipe
Tudela y Barreda, cuyo tenor es el siguiente, “A mis 92 años de edad, y en
pleno uso de mis facultades, me veo en la obligación de dirigirme a la
opinión pública y a todas las autoridades de la República, para expresar
mi más enérgica protesta por el comportamiento de mis hijos Juan Felipe
y Francisco Tudela van Breugel-Douglas, quienes pretenden declararme
interdicto para tomar el control de mi patrimonio. Este comportamiento
es legal y moralmente inaceptable. No se justifica por ningún motivo. En
ese sentido, mis hijos tienen la obligación de respetar mi decisión de haber
contraído matrimonio civil con doña Graciela De Losada Marrou, el día
jueves 8 de noviembre del año 2007, ante el Concejo Distrital de
Magdalena, después de casi treinta (30) años de relación sentimental.
Confío en que finalmente mis hijos recapaciten en cuanto a lo que vienen
haciendo, y entiendan que no tienen derecho de exigir más adelanto de
herencia, ni de acosarme a mí ni a mi cónyuge con falsas denuncias.
Afortunadamente, tengo muchos amigos que se han solidarizado
conmigo. A pesar de que no me quedan muchos años de vida, tengo
derecho a decidir mi destino hasta que Dios me lo permita” (f. 76, 77).
33. Dos semanas después, Felipe Tudela y Barreda envía una carta a sus
hijos Francisco y Juan Felipe manifestándoles que “no puedo seguir con
nuestras entrevistas o conversaciones, mientras continúen los agravios
dirigidos a mi persona y a mi mujer. Ojalá al desistirse tú y tu hermano,
de todas estas acciones, esta lamentable situación cese en breve” (f. 413,
415).
34. Estas comunicaciones ofrecidas como pruebas por los abogados
contratados para la defensa del favorecido, con las que se pretenden
persuadir al juez de la Constitución sobre su capacidad mental y sobre el
derecho que le asiste de no ver a sus hijos en ejercicio de la autonomía de
su voluntad, no producen convicción en este Colegiado que lo exima de
intervenir en el fondo de la controversia. Tampoco convence a este
Tribunal la aseveración que se esgrimió en la audiencia pública en el
sentido de que “la capacidad mental se presume mientras no se declare
judicialmente la condición de interdicto del favorecido”. Estas
aseveraciones son de inútil recibo en el presente caso, que se desenvuelve
en sede constitucional y especialmente tratándose de un proceso de
156
hábeas corpus en el que se debate el derecho a la libertad e integridad
física, psíquica y moral de una persona y su imbricación con todo el haz
de derechos que con estos se desenvuelven (a saber el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, la integridad personal, entre otros), todo
ello vinculado con la familia entendida como una garantía institucional de
relevancia constitucional.
35. Después de haberse declarado fundada la demanda de hábeas corpus, el
23 de noviembre de 2007, siendo las 5:55 pm, Alfredo Zambrano
Rodríguez, Notario Público de Lima, a solicitud de Francisco Tudela, se
constituyó en la calle Lizardo Alzamora N.° 185 – San Isidro (domicilio
legal de Felipe Tudela), para constatar la visita que hiciera a su padre,
verificándose i) que el señor Juan Carlos Gutierrez, chofer de Felipe
Tudela y Barreda, fue quien permitió el ingreso a la casa, ii) que después
de transcurrido diez minutos aproximadamente desde el ingreso, apareció
del interior Graciela De Losada para llamar al chofer e increparle “porque
había dejado entrar al señor Francisco si la orden judicial dice que la visita
es de mutuo acuerdo, muy mal has hecho en dejarlo entrar”, y, iii) que
siendo las 6:14 pm Francisco Tudela proviene del interior del inmueble y
manifiesta que “tuve una conversación cordial y afectuosa con mi padre,
él pidió hablar conmigo a pesar de la oposición de la señora Graciela”(f.
429).
36. El 28 de noviembre de 2007, siendo las 2:30 pm, Alfredo Zambrano
Rodríguez, Notario Público de Lima, a solicitud de Juan Felipe Tudela, se
constituyó en la calle Lizardo Alzamora N.° 185 – San Isidro (domicilio
legal de Felipe Tudela), para constatar la visita que el solicitante hiciera a
su padre, verificando i) que el solicitante se acerca al vigilante para
preguntar si puede ingresar a la casa a visitar a su padre, ii) que el
vigilante, previa consulta, manifiesta que “el señor Felipe se encuentra
descansando, que el señor llame por la tarde para coordinar la
visita”, iii) que transcurridos unos minutos el solicitante intenta
nuevamente ingresar y obtiene respuesta negativa, iv) que el solicitante
pregunta al vigilante si era la señora Graciela quien no lo dejaba entrar, a
lo que el vigilante refiere que “al parecer sería así”, y, v) que el propio
solicitante manifiesta que la señora Graciela se encontraba al interior del
inmueble puesto que su auto se encontraba estacionado en el frontis de la
casa (f. 431).
157
37. El 29 de noviembre de 2007, siendo la 4:30 pm, el SOT3 PNP Felix Huerta
Palacios, se constituyó en la calle Lizardo Alzamora N.° 185 – San Isidro
(domicilio legal de Felipe Tudela), a solicitud de Francisco Tudela y Juan
Felipe Tudela, para constatar que la persona encargada de la seguridad
del inmueble no les permitió el ingreso a la casa para visitar a su padre,
refiriendo que éste no se encontraba en esos momentos. Tal acto no pudo
ser constatado porque no se brindaron las facilidades del caso para el
cometido (f. 426).
38. Los dos intentos fallidos de los accionantes para ver a su padre, luego de
que la Juez Raquel Beatriz Centeno Huamán declaró fundado el hábeas
corpus de autos, corroboran la conducta obstruccionista por parte de
Graciela De Losada que prohíbe que Francisco y Juan Felipe Tudela
establezcan contacto personal con el favorecido, desacatando
abiertamente a la autoridad jurisdiccional.
39. Por tanto, todos los hechos que propiciaron la interposición de este
hábeas corpus atípico, así como los ocurridos después, y que se
encuentran acreditados debidamente en autos, traducen la existencia de
un cuadro generalizado de situaciones anómalas que giran alrededor de
la persona de Felipe Tudela y Barreda, generando duda razonable sobre el
libre goce de sus derechos de libertad individual e integridad personal.
40. En ese sentido, cabe señalar como ya lo estableció la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodríguez
(fundamentos 127 y ss.), que es el Tribunal de los derechos humanos el
que debe determinar cuáles han de ser los criterios de valoración de las
pruebas aplicables en este caso. Y no cabe duda que en los procesos de
hábeas corpus estos criterios son menos formales que en los
ordinarios. En el hábeas corpus, los medios probatorios se orientan en
función a la naturaleza, carácter y gravedad del acto lesivo. Por
consiguiente, parafraseando el fundamento 130 de la Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos aludida, en los procesos de la
libertad las pruebas directas, sean testimoniales o documentales, no son
las únicas que pueden servir de fundamento para legitimar una sentencia;
la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones también pueden
servir de argumento siempre que de éstas se desprendan conclusiones
consistentes sobre los hechos.
41. En el caso sub judice, Graciela De Losada no puede alegar argumentos de
naturaleza civil –la existencia de un matrimonio, la probable capacidad
del favorecido, la no declaración jurisdiccional de la condición de
158
interdicto, etc.– para desvanecer en este Colegiado la convicción de que
es la autora de la detención arbitraria así como de la incomunicación
forzada a la que habría sometido a su esposo.
42. El Tribunal Constitucional ha evaluado con libertad –sin obligarse a
tomar en consideración necesariamente el quantum o las formalidades de
las pruebas– los acontecimientos que tuvieron lugar fuera del proceso, en
la medida que son hechos de conocimiento público que no necesitan de
probanza, como por ejemplo la entrevista ofrecida por el favorecido “en
algún lugar” de Lima a una revista local; la visita inopinada de la jueza
que tiene a cargo el proceso de interdicción contra el favorecido y que
constata que ya “no se encuentra en su domicilio legal desde hace dos
semanas”; así como el “traslado del favorecido a la ciudad boliviana de
Santa Cruz”. De este modo arriba a la conclusión que Graciela de Losada
vulnera la libertad individual de Felipe Tudela y Barreda poniendo en
riesgo su vida, integridad personal, libre desarrollo de la personalidad,
libertad física y de tránsito, derecho a la salud (carácter integral e
indivisible de los derechos humanos).
43. No obstante, este Colegiado es consciente y así lo debe expresar que la
denominada prueba circunstancial que ha sido determinante para la
fundamentación de la presente sentencia, puede desvanecerse desde la
directa e indubitable razón de los hechos que se materializaría con la
negativa del padre de ver a sus hijos. Sin embargo, prefiere optar por una
posición garantista y proteccionista inspirada en el principio pro homine en
beneficio de Felipe Tudela y Barreda y de conformidad con el artículo 1°
del Código Procesal Constitucional, repone las cosas al estado anterior del
día de la interposición de la demanda de hábeas corpus (es decir antes del
traslado del favorecido a la casa de la emplazada y de la celebración del
matrimonio civil entre éstos, cuya validez es cuestionada por sus hijos) y
ordena que Felipe Tudela y Barreda no sea víctima de una
incomunicación forzada atentatoria de su libertad y derechos conexos.
44. De otro lado y atendiendo el segundo extremo del petitorio determinado
por este Tribunal (Vid. supra fundamento 4), el proceso de hábeas corpus
fue promovido por los accionantes también en nombre propio para
garantizar el libre contacto personal con su padre (favorecido). En tal
sentido, lo ocurrido (el impedimento de los accionantes para ingresar al
domicilio legal de su padre, incluso después de que la sentencia de
primera instancia declaró fundado el hábeas corpus, y, el traslado de
Felipe Tudela al extranjero) ha generado certeza en este Colegiado que
159
los señores Francisco y Juan Felipe Tudela no pueden ver a su progenitor
ni establecer contacto con él de manera libre, natural e irrestricta.
45. Según lo dicho en los fundamentos 13, 14 y 15 supra, el propósito
garantista del hábeas corpus transciende a la protección de la libertad
para convertirse en una verdadera vía de protección de lo que podría
denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona humana,
correspondiente no sólo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino
también a todos aquellos ámbitos del libre desarrollo de su personalidad
que se encuentren en relación directa con la salvaguarda del referido
equilibrio. Por tanto, las restricciones al establecimiento armónico,
continuo y solidario de las relaciones familiares, impide el vínculo
afectivo que todo nexo consanguíneo reclama, no sólo inciden sobre el
contenido constitucionalmente protegido de la integridad personal (física,
psíquica y moral), protegida por el artículo 2°.1 de la Constitución y el
artículo 25°.1 del Código Procesal Constitucional, sino que se oponen
también a la protección de la familia como garantía institucional, a tenor
del artículo 4.º de la Constitución.
46. En consecuencia, la situación a la que han sido sometidos los accionantes
resulta amparada por este juez de la Constitución, ya que efectivamente
encuadra dentro del ámbito de protección del proceso libertario y ello no
sólo porque el derecho a la integridad personal tiene un vínculo de
conexidad con la libertad individual (artículo 25.º 1 del Código Procesal
Constitucional), sino porque la institucionalidad familiar se constituye en
un principio basilar que también influye de manera determinante en el
libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos que además se
encuentra asociado al derecho de integridad personal.
47. En tal sentido, el Tribunal repone las cosas al estado anterior del día de la
interposición de la presente demanda de hábeas corpus y ordena que
Francisco Tudela y Juan Felipe Tudela puedan ingresar libremente
al domicilio de su padre o a cualquier otro lugar donde resida o se
encuentre para interactuar con él sin la presencia de terceros.
48. Finalmente, este Colegiado quiere señalar que uno de los abogados de
Felipe Tudela y Barreda solicitó al Tribunal una entrevista con su
patrocinado en su residencia. Este Colegiado no celebra entrevistas a
domicilio, sino que cita a las partes a la audiencia para que puedan
libremente y sin presiones de nadie expresar su versión sobre los hechos.
160
Así este Tribunal a lo largo de su existencia ha escuchado a trabajadores
mineros de avanzada edad enfermos de neumoconiosis, a policías
inválidos producto de la lucha antisubversiva, a viudas de la tercera
edad, a personas privadas de su libertad desde los centros penitenciarios,
entre otros. Por tanto, el Tribunal no puede aceptar un pedido de tal
naturaleza. Lo contrario supondría menoscabar el trato igualitario a
todos los peruanos que comparecen ante él sin distinción de riqueza,
credo, raza, opinión política o de cualquier otra índole.
49. Asimismo, el Tribunal Constitucional no puede dejar de evidenciar ante
la opinión pública la presión mediática a la que quisieron someterlo, por
cuanto intereses expresados a través de ellos pretendían sustituir el
“juicio de los jueces” por el “juicio de la prensa” con la intención de
afectar una decisión que sólo se debe fundar en la Constitución y en la
libre conciencia de los jueces.
Así, el día de la audiencia pública en que se celebró la vista de la causa
apareció un reportaje desfavorable a los demandantes en la revista
Caretas, cuya carátula fue mostrada ante las cámaras por la hija de la
emplazada. El día 29 de mayo de 2008, otra vez, la misma revista
publicó una entrevista “desde un restaurante en la Panamericana Sur”
con don Felipe Tudela y Barreda y, al mismo tiempo, colgó en su portal
electrónico un video con partes de dicha entrevista. Al día siguiente, el
diario La Primera monta una supuesta historia de presiones e influencias
con la intención de sembrar dudas sobre la imparcialidad de este
Colegiado.
Frente a estos hechos, el Tribunal Constitucional reafirma su total
independencia e imparcialidad para resolver las controversias
constitucionales. Por ello, exhorta a los medios periodísticos a informar
objetivamente aún desde su particular y legítima posición, por cuanto
proceder en sentido contrario afecta gravemente la ética periodística y el
derecho del ciudadano a recibir una información veraz.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
le confieren la Constitución Política del Perú.
161
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADA la presente demanda de hábeas corpus;
y, retrotrayendo las cosas al estado anterior de la interposición de
la demanda:
- Ordenase que Francisco Tudela van Breugel Douglas y Juan Felipe
Tudela van Breugel Douglas ingresen libremente al domicilio de su
padre o a cualquier otro lugar donde resida o se encuentre para
interactuar con él sin la presencia de terceros.
- Ordenase que Graciela De Lozada Marrou se abstenga de cualquier
obstrucción y acción destinada a impedir el libre ejercicio del derecho
aludido que fuera restituido por este Colegiado a los accionantes.
2. Ofíciese a la Juez Raquel Beatriz Centeno Huamán para que
conforme a lo resuelto por este Tribunal Constitucional ejecute la
presente sentencia conforme al artículo 22° del Código Procesal
Constitucional y con todas las garantías que le otorga la ley; así
como los apremios en caso de resistencia.
Publíquese y notifíquese.
SS.
MESÍA RAMÍREZ
ETO CRUZ
ÁLVAREZ MIRANDA
162
Expediente: CAS 4510-2012 del Proceso de Nulidad del Matrimonio
Figura 3. Fotografía tomada al Local de Corte Suprema de Justicia de la
República del Perú. Sala Civil Lima. Elaboración propia. (2018)
163
EL TERCER PROCESO NULIDAD DE MATRIMONIO: CAS 4510 - 2012
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 1 Lima, veinticinco de enero dos mil
trece.- VISTOS; con los acompañados; en Discordia con el voto singular de la
señora Juez Suprema Estrella Cama, quien se encuentra de acuerdo con la
decisión adoptada por los señores Jueces Supremos Huamani Llamas, Ponce de
Mier y Valcárcel Saldaña; y CONSIDERANDO:------ PRIMERO: Que, es materia
de calificación el recurso de casación presentado por la demandada Graciela De
Losada Marrou (fojas 7357), contra la sentencia de vista contenida en la
Resolución N° 32 (fojas 7268 tomo VI), del tres de setiembre de dos mil doce, que
confirmó la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 65 (fojas
4998 tomo IV), del veinticuatro de marzo de dos mil once, que declaró fundada la
demanda; en consecuencia nulo el matrimonio civil contraído por don Felipe
Tudela Barreda con doña Graciela de Losada Marrou, el día ocho de noviembre
de dos mil siete, ante la Municipalidad Distrital de Magdalena; cancélese la
partida matrimonial de los demandados aperturaza en el expediente N° 410-07,
de la Municipalidad de Magdalena, con fecha ocho de noviembre de dos mil siete;
declaro fenecida la sociedad de gananciales producto de dicha unión. Por lo que
corresponde examinar si el referido recurso extraordinario cumple con lo
dispuestos por los artículos 384, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil.-----------
------------------------------------------ SEGUNDO: Que, antes de la revisión del
cumplimiento de los requisitos aludidos –que luego pasaremos a verificar- es
necesario tener presente que el recurso extraordinario de casación es
eminentemente formal, excepcional y técnico, por lo que tiene que estar
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal
civil para su admisibilidad y procedibilidad, esto es: precisar en cuál de las
causales se sustenta, si es en la i) infracción normativa o en el ii) apartamiento
inmotivado del precedente judicial. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 2 Presentar
una fundamentación puntualizada, clara y pertinente respecto de cada una de las
referidas causales; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la
decisión impugnada. Y esta exigencia, es para lograr, sus fines o funciones
principales del recurso extraordinario: nomofiláctica, uniformizadora y dikelógica.
Siendo así, es responsabilidad –procesal- de los justiciables recurrentes saber
adecuar los agravios que denuncian a las causales que para dicha finalidad
taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal; pues el Tribunal
de Casación no está facultado para interpretar el recurso de casación, ni de
integrar o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta
de causal, tampoco subsanar de oficio los defectos incurridos por la casante en la
formulación del recurso extraordinario. Cabe precisar que esto último es diferente
de la norma que dispone la procedencia excepcional1 del recurso extraordinario,
ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica
cuando considera que al resolver el referido recurso éste cumplirá con los fines o
funciones de la casación, para cuyo efecto debe motivar las razones de la
procedencia excepcional.---------------------------------------------------------------------------
-- TERCERO: Que, en ese sentido, se verifica que el recurso aludido cumple con
164
los requisitos de admisibilidad, conforme dispone y requiere el artículo 387 del
Código Procesal Civil -modificado por la Ley número 29364- toda vez que éste ha
sido interpuesto: i) contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada
de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 7268) que, como
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fin al proceso; ii) ante el 1
Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si -la
resolución impugnada- léase el recurso de casación, no cumpliera con algún
requisito previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente
si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fines previstos en el
artículo 384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la
Corte motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo
2 de la Ley N° 29364, publicada el 28 de mayo de 2009. CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012
LIMA 3 referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii)
dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente de notificada la
sentencia de revisión aludida que se impugna (fojas 7292 – ver cargo de
constancia de notificación); y, iv) adjunta el recibo del arancel judicial con el
importe por el presente recurso extraordinario (fojas 7309).-------------------------------
----------------------------------------------- CUARTO: Que al evaluar los requerimientos
de procedencia dispuestos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, -
modificado por la Ley número 29364-, se verifica que la casacionista satisface el
primer requisito previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no
consintió la sentencia de primera instancia, pues al serle adversa, la impugnó
mediante su recurso de apelación (fojas 5252).---- QUINTO: Que, la recurrente
sustenta el recurso de casación en la primera causal prevista en el artículo 386
del Código Procesal Civil, a cuyo efecto denuncia : a) infracción normativa de los
artículos V del Título Preliminar y 280 del Código Civil, señalando que las
instancias de mérito han incurrido en error al admitir la demanda interpuesta por
una persona que –en su opinión- carecía de facultad expresa para demandar la
invalidez del matrimonio porque el poder otorgado por los hermanos Tudela a
Mauricio Espinoza de la Cuba lo faculta de manera genérica a interponer
demandas, sin existir ninguna facultad expresa para demandar la validez del
matrimonio Tudela – De Losada; b) La infracción normativa de los artículos 427
inciso 7 y 483 del Código Procesal Civil y, 281 y 284 del Código Civil, alegando
que la sentencia de vista infringe el acotado artículo 427 inciso 7, toda vez que la
demanda ha sido interpuesta sin haberse acumulado la liquidación de la sociedad
de gananciales, para lo cual necesariamente se debía determinar los efectos
civiles del matrimonio que directamente resultaría afectada como consecuencia
de la pretensión principal, lo que representa una infracción al artículo 483 del
Código Procesal Civil. Refiere además que, necesariamente se debió CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS.
N° 4510-2012 LIMA 4 acumular los efectos civiles del matrimonio, lo cual hubiera
permitido establecer dentro del contradictorio la buena o mala fe de los
contrayentes que trae como consecuencia la pérdida o no de los gananciales,
conforme al artículo 284 del Código Civil, que establece que incluso el matrimonio
invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyuges si se contrajo de
165
buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio; c) La
infracción normativa de los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 483 del
Código Procesal Civil, 281 y 284 del Código Civil y 139 incisos 3 y 5 de la
Constitución Política, sosteniendo que se ha vulnerado el derecho a un debido
proceso, al haberse declarado el fenecimiento de la sociedad de gananciales
cuando ello no formaba parte de las pretensiones ni de los puntos controvertidos,
contraviniéndose de éste modo el principio de congruencia; d) La infracción
normativa de los artículos I del Título Preliminar y 172 del Código Procesal Civil,
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política, 14 del Pacto Interamericano de
Derechos Civiles y Políticos y 8 inciso 1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, alegando que la resolución de primera instancia no se ha
pronunciado sobre un medio probatorio ofrecido por la demandada, consistente
en la declaración de Francisco Tudela ante el Juez del Cuadragésimo Primer
Juzgado en lo Penal, -expediente 39104-2009-, afectando su derecho a probar,
afectando su derecho a la defensa, que forma parte de su derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva dentro de un debido proceso. Refiere además que es un
argumento irrazonable e ilógico que la sentencia de vista señale que la
declaración de Francisco Tudela ha sido desvirtuada por la sentencia de Habeas
Corpus de veintiuno de noviembre de dos mil siete; por lo que la sentencia
impugnada aplica de manera indebida el artículo 172 del Código Procesal Civil; e)
La infracción normativa de los artículos 50 inciso 6, 122 incisos 3 y 4 y 197 del
Código Procesal Civil, 274 inciso 8 del Código Civil, 4 y CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012
LIMA 5 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política, artículo 14 del Pacto
Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, 8 inciso 1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, alegando que la Sala incurre en error al
motivar su decisión en supuestos de hecho que no han sido invocados en la
demanda ni en la respectiva contestación y mucho menos fueron objeto de
debate probatorio, ni son hechos que se insuman en ninguno de los artículos que
regulan los trámites establecidos en los artículos 248 a 268 del Código Civil para
contraer matrimonio y cuyo incumplimiento esté recogido como causal de
invalidez en el inciso 8 del artículo 274 del Código Civil; así por ejemplo, si
hubiera sido objeto del contradictorio el viaje que se menciona en la sentencia de
vista, la recurrente habría podido aportar pruebas abundantes de la voluntad
expresada por Felipe Tudela Barreda de viajar a Estados Unidos; razón por la
cual no sólo se ha violado el principio de congruencia, sino también se ha violado
el derecho de la parte actora a probar; f) La infracción normativa de los artículos
VII del Título Preliminar, 50 inciso 6, 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil,
274 inciso 8 del Código Civil, 4 in fine y 139 inciso 5 de la Constitución Política,
sosteniendo que la sentencia de vista ha infringido el deber de motivar las
sentencias en hecho y en derecho, lo que –en su opinión- se verifica en el
duodécimo considerando, al hacer mención a supuestos de hecho que no se
insumen en ninguno de los supuestos de los artículos 248 al 268 del Código Civil
que prescriben las formalidades del matrimonio. El argumento de que la
recurrente retiró a Tudela Barreda de su domicilio habitual para llevarlo a
Magdalena del Mar el seis de noviembre de dos mil siete, esto es, el mismo día
166
en que se aperturó el expediente administrativo matrimonial, no fue alegado por
los demandantes en la demanda, ni fue fijado como punto controvertido, ni fue
objeto del contradictorio; g) La infracción normativa de los artículos 1 y 2 de la Ley
N° 28882, 1 de la Ley N° 27839, 235 del Código Procesal Civil, CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS.
N° 4510-2012 LIMA 6 39, 250 y 251 del Código Civil, 2 incisos 11 y 24 literal “a”
de la Constitución Política, 8.1, 12.1 y 12.3 del Pacto Interamericano de Derechos
Civiles y Políticos, 21 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
alegando que existe infracción de los dispositivos mencionados debido a que en
la sentencia impugnada se desconoce abiertamente el derecho fundamental de la
persona al cambio de domicilio. Asimismo, agrega que no existe ley que le
prohibiera trasladar su domicilio cuantas veces lo desease y que este traslado
surta efectos legales ni bien efectuado; h) La infracción normativa del artículo 251
del Código Civil, señalando que es evidente la infracción de la referida norma,
incluso en el supuesto y negado caso de que no se produjo el cambio de domicilio
como considera la Sala de Familia, no se ha reparado en que la obligación de
publicar los edictos en la Municipalidad donde reside el otro cónyuge, no es
aplicable cuando existe dispensa de publicación; i) La infracción normativa de los
artículos 274 inciso 8 del Código Civil; 3 y 4 de la Constitución Política del Estado;
5.1, 5.2, 14, 23.1, 23.2 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos;
8.1, 17 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que
la sentencia recurrida adolece de infracción de los mencionados dispositivos, toda
vez que a partir del considerando décimo (con el que inicia el análisis respecto a
la observancia o no de los requisitos esenciales para la celebración del
matrimonio) establece como criterio que el pago de un recibo constituye causal de
nulidad de matrimonio. Dicho argumento afecta gravemente el principio de
legalidad, dado que no existe ninguna norma que establezca ello como causal
para declarar inválido el matrimonio; j) La infracción normativa de los artículos
41.1.1 y Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley de Procedimiento
Administrativo General - Ley N° 27444, sosteniendo que en virtud del principio de
simplicidad, el artículo 41 de la Ley 27444, prescribió que las entidades están
obligadas a recibir CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA
CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 7 copias simples en reemplazo
de documentos originales al cual reemplazan con el mismo mérito; asimismo, la
Quinta Disposición Complementaria General dispone que la Ley de Procedimiento
Administrativo General es de orden público y deroga las disposiciones legales o
administrativas que se le opongan o contradigan, en este caso sostiene que la
referida ley derogó el extremo del artículo 248 del Código Civil que exigía la
presentación de las copias certificadas de la sentencia de divorcio de los
contrayentes; k) La infracción normativa del artículo 277 inciso 3 del Código Civil,
sosteniendo que en la sentencia recurrida se presenta la infracción del referido
artículo, toda vez que en el supuesto negado que Felipe Tudela Barreda estuvo
sometido bajo detención arbitraria de Graciela de Losada Marrou, el matrimonio
celebrado durante ese lapso sería anulable y no nulo como han declarado los
juzgadores; l) La infracción normativa de los artículos 5.1, 5.2 y 23.2 del Pacto
Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, 17 y 30 de la Convención
167
Americana de derechos Humanos, alegando que la decisión adoptada por la
sentencia de vista representa una afectación innecesaria al derecho convencional
de Graciela de Losada Marrou a contraer matrimonio consagrado en las referidas
normas. -------------------------------------------- SEXTO: Que, examinando las normas
denunciadas en el acápite a), se advierte que la recurrente no cumple con el
requisito de procedencia señalado en el inciso 3 del artículo 388 del Código
Procesal Civil, ya que no solo basta indicar la infracción normativa en que se ha
incurrido, sino que también se debe señalar como la misma incide directamente
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, esto es, debe indicar
como dicha infracción hizo emitir un pronunciamiento judicial que no se encuentra
conforme a Ley, lo cual no se ha cumplido; limitándose la recurrente a cuestionar
el criterio asumido por las instancias de mérito, al señalar que el poder otorgado a
favor de don Mauricio Espinoza de la Cuba no lo faculta CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012
LIMA 8 expresamente para interponer la presente demanda de nulidad de
matrimonio contra doña Graciela de Losada Marrou; en ese sentido cabe precisar
que con fecha veintiuno de noviembre de dos mil siete (fs. 06), don Francisco
Antonio Gregorio Tudela Van Breugel Douglas otorga poder indistintamente a
varias personas entre las que se encuentra el señor Enrique Ghersi Silva, para
que en mérito al artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil, puedan entre las
distintas facultades poder demandar en forma general contra cualquier persona;
el mismo que a su vez delegó facultades con fecha veintiuno de noviembre de
dos mil siete (fs. 10), a don Mauricio Espinoza de la Cuba con las mismas
prerrogativas; en consecuencia, el poder a favor del demandante se encuentra
amparado por el ordenamiento jurídico (artículo 74 y 75 del Código procesal Civil)
con lo cual no se ha producido ninguna infracción al calificar la demanda porque
dicho poder para demandar a doña Graciela de Losada Marrou se encuentra
vigente; por lo tanto la presente denuncia casatoria deviene en improcedente.------
------------------------------------------------- SÉTIMO: Que, de los argumentos expuesto
en el acápite h) de la presente resolución, se colige que la demandada cuestiona
el hecho que la sentencia de vista no considere que la dispensa otorgada por la
Municipalidad de Magdalena del Mar exime de la publicación del edicto
matrimonial; en este caso es necesario señalar lo dispuesto por el artículo 251 del
Código Civil que prescribe: “Si fuere diverso el domicilio de los contrayentes, se
oficiará al alcalde que corresponda para que ordene también la publicación
prescrita en el artículo 250, en su jurisdicción”. Ergo, el requisito de la publicación
del edicto matrimonial descrito en el artículo 251 del Código Civil es un requisito
para la validez del matrimonio, teniéndose en consideración que la dispensa era
para la jurisdicción de la Municipalidad de Magdalena del Mar y el señor Tudela
Barreda tenía como residencia habitual el distrito de San Isidro, en consecuencia
se CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 9 debió hacer la publicación en dicho
distrito también, como se indica en el décimo segundo considerando a de la
sentencia cuestionada que literalmente señala: “(…), estando acreditado que
Tudela Barreda tiene domicilio en San isidro y atendiendo a que la dispensa
otorgada en la Municipalidad de Magdalena, es solamente para esa jurisdicción ,
168
la difusión del aviso matrimonial, también debió efectuarla mediante publicación
en la Municipalidad de San Isidro (….)”, debiendo por tal motivo desestimarse la
causal denunciada.----------------------------------- OCTAVO: Que, analizando los
acápites b), d), e), j) y k) las mismas carecen de base real por cuanto no se
advierte la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido proceso,
en tanto la recurrida contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en
base a los hechos materia de probanza admitidos por el Juez durante el
desarrollo del proceso, absolviendo las posiciones y contraposiciones asumidas
por las partes del proceso durante el desarrollo del mismo, valorando en forma
conjunta los medios probatorios aportados por las partes al proceso, utilizando su
apreciación razonada. En tal sentido, se verifica que el fallo emitido en la
sentencia de mérito que confirma la apelada expedida por el señor Juez de
Primera Instancia, no resulta atentatoria al derecho al debido proceso, por lo que
no se ha incurrido en infracción de las normas denunciadas que afecten la
tramitación del proceso y/o los actos procesales que lo componen.---------------------
--------------------------------- NOVENO: Que, se observa que de los acápites c), f), g),
i) y l) estas se refieren a la vulneración del debido proceso, las mismas que
carecen de base real por cuanto no se advierte la concurrencia de vicios
insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida – tomando en
cuenta la naturaleza del proceso – contiene una motivación coherente, precisa y
sustentada en base a los hechos materia de probanza fijados durante el
desarrollo del proceso valorando en forma conjunta todos los medios probatorios
aportados CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 10 por las partes, utilizando su
apreciación razonada, en observancia a la garantía constitucional contenida en el
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, si
bien la parte demandada arguye que no se han valorado diversos medios
probatorios que favorecen a su parte, estos debieron ser cuestionados
oportunamente, mas no cuando los fallos emitidos por las instancias den mérito le
han sido adversos, lo que pone de manifiesto su conducta obstruccionista y
dilatoria, máxime si dicha conducta es reiterativa; además, su denuncia no se
encuentra debidamente justificada, en tanto, en autos ha quedado plenamente
acreditado que el matrimonio celebrado entre Graciela de Losada Marrou y Felipe
Tudela Barreda sufre de los requisitos necesarios para su validez, pues no se han
cumplido con las exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico, por lo que
no cabría amparar el presente recurso si la mala fe con la que actuado la
demandada está plenamente demostrado en la sentencia tanto de primera
instancia como la sentencia recurrida, no cumpliendo con lo establecido por el
inciso 2 del artículo 388 del Código procesal Civil, también debe ser
desestimada.--------------------------------------------------------------------------- DECIMO:
Que, a modo de colofón es necesario agregar que si bien el matrimonio celebrado
entre doña Graciela de Losada Marrou y don Felipe Tudela Barreda se realizó con
fecha ocho de noviembre de dos mil siete, ya existía dos informes médicos
respecto a la salud mental de uno de los contrayentes (Felipe Tudela Barreda)
como se puede apreciar del informe realizado por el Psiquiatra Forense Delforth
Manuel Laguerre Gallardo (fs. 94) y del Psicólogo Forense Elmer Salas Asencios
169
(fs. 101), ambos emitidos con fecha cinco de noviembre de dos mil siete, es decir,
tres días antes de la celebración del matrimonio, en la cual se concluye: respecto
al Doctor Laguerre Gallardo i) Demencia Senil de curso progresivo; ii) Requiere
ayuda y control permanente de terceras personas para realizar las actividades
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 11 cotidianas de la vida; y iii) Que
deberá continuar bajo un severo control y tratamiento especializado de por vida,
siendo previsible un aumento de su déficit al sumarse el deterioro fisiológico
propio de su edad; del Doctor Salas Asencios se concluye: i) Quiebre en las
funciones cognoscitivas acentuadas en la memoria inmediata, pensamiento
disgregado, juicio social y/o apreciación de la realidad desequilibradas; ii)
demencia senil; y iii) requiere supervisión cercana. Por lo tanto, se advierte que el
señor Tudela Barreda no estaba en capacidad de manifestar libremente su
voluntad de contraer matrimonio ni celebrar cualquier acto jurídico, es susceptible
y pasible de manipular, esto debido a su avanzada edad, extremo desarrollado en
el septuagésimo considerando de la sentencia de vista del proceso de interdicción
-Resolución N° 214 de fecha cinco de febrero de dos mil diez fs. 657- que señala:
“ (….) partiendo que en autos se encuentra debidamente acreditado la edad
cronológica de la persona de don Felipe Tudela Barreda con la copia de su
Documento de Identidad, evaluaciones psicológicas y psiquiatritas debidamente
ratificadas en audiencia respectiva, adicionalmente a la inconducta procesal de la
codemandada Graciela De Losada Marrou, por cuanto al protegido Felipe Tudela
Barreda no se le puede atribuir inconducta procesal alguna por tratarse de un
anciano “emocionalmente sugestionable” que se encuentra privado de su libertad
individual…”. Además se hace necesario tener presente que la demanda a sido
presentada el 08 de enero del 2008 y a la fecha han transcurrido cuatro años
calendarios y uno de los contrayentes cuenta con 97 años de edad.---- ---------------
--- Por las consideraciones expuestas, el recurso extraordinario no cumple a
cabalidad con las exigencias que prevén los incisos 2 y 3 del artículo 388 del
Código Procesal Civil; por lo tanto, estando a lo establecido por el artículo 392 del
citado cuerpo procesal; declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación
interpuesto por la demandada Graciela De Losada Marrou, contra la sentencia de
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 12 segunda instancia –contenida en la
Resolución N° 32 (fojas 7268), del tres de setiembre de dos mil doce;
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Juan Felipe Gaspar José Tudela
Van Breugel Douglas y Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Breugel Douglas
con Graciela de Losada Marrou y Felipe Tudela Barreda, sobre nulidad de
matrimonio. S. S. HUAMANI LLAMAS PONCE DE MIER ESTRELLA CAMA
VALCARCEL SALDAÑA Scm/lar LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR
DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA ESTRELLA CAMA, SON COMO SIGUE: La
que suscribe está de acuerdo con la decisión adoptada por los señores Jueces
Supremos Huamaní Llamas, Ponce de Mier y Valcárcel Saldaña; a la que me
permito agregar y hacer las siguientes precisiones: PRIMERO.- Que, viene a
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la
170
demandada Graciela de Losada Marrou a folios siete mil trescientos cincuenta y
siete, del cuatro de octubre de dos mil doce, contra la sentencia de vista de fojas
siete mil doscientos sesenta y ocho, que confirmó la sentencia de primera
instancia de fojas siete mil trescientos treinta y siete, del veinticuatro de marzo de
dos mil once, que declaró fundada la demanda interpuesta por Juan Felipe
Gaspar José y Francisco CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 13 Antonio Gregorio
Tudela Van Breugel Douglas sobre nulidad de matrimonio civil contraído por
Felipe Tudela Barreda con Graciela de Losada Marrou y otros. SEGUNDO.- Que,
antes de ingresar a desarrollar los fundamentos jurídicos que justifican la decisión
de rechazo de las causales por infracciones de las normas que se sostiene en el
recurso de casación interpuesto por la demandada, se debe precisar que en
cuanto a la causal referida en el acápite “a)” concerniente a la infracción
normativa de los artículos V del Título Preliminar y 280 del Código Civil, de los
votos que anteceden, se aprecia que existe consenso en declarar su rechazo; por
lo que, en ese extremo no se emitirá pronunciamiento. Que, en cuanto a las
demás causales, la discordia surge en la discrepancia jurídica de estimar la
procedencia o el rechazo de aquellas, las que se refieren a la infracción de la
normas contenidas en las siguientes disposiciones: b) artículos 427 inciso 7°, y
483 del Código Procesal Civil; 281 y 284 del Código Civil; c) artículos VII del Título
Preliminar, 50 inciso 6° y 483 del Código Procesal Civil; 281 y 284 del Código
Civil; y 139 incisos 3° y 5° de la Constitución Política; d) artículos I del Título
Preliminar y 172 del Código Procesal Civil; 139 incisos 3° y 5° de la Constitución
Política; 14 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y 8 inciso 1°
de la Convención Americana de Derechos Humanos; e) artículos 50 inciso 6°, 122
incisos 3° y 4° y 197 del Código Procesal Civil; 274 inciso 8° del Código Civil;
artículos 4 y 139 incisos 3° y 5° de la Constitución Política; artículo 14 del Pacto
Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; 8 inciso 1° de la Convención
Americana de Derechos Humanos; f) artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso
6°, 122 incisos 3° y 4° del Código Procesal Civil; 274 inciso 8° del Código Civil; 4
parte in fine y 139 inciso 5° de la Constitución Política; g) artículos 1 y 2 de la Ley
número 28882, 1 de la Ley número 27839, 235 del Código Procesal Civil; 39, 250
y 251 del Código Civil; 2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 14 incisos 11° y 24° literal
"a" de la Constitución Política; 8.1, 12.1 y 12.3 del Pacto Interamericano de
Derechos Civiles y Políticos; 21 y 30 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; h) artículo 251 del Código Civil; i) artículos 274 inciso 8° del Código
Civil; 3° y 4° de la Constitución Política; 5.1, 5.2, 14, 23.1, 23.2 del Pacto
Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 17 y 30 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; k) artículo 277 inciso 3° del Código Civil; l)
artículos 5.1, 5.2 y 23.2 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos;
y 17 y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. TERCERO.- Que,
los numerales 2° y 3° del artículo 388 de la noma adjetiva, establecen que
constituyen requisitos de procedencia del recurso, la descripción clara y precisa
de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; que,
171
para satisfacer ese propósito la fundamentación de la infracción normativa
denunciada por el recurrente debe observar y respetar las exigencias técnicas
cualificadas que lo hacen extraordinario, por lo que es responsabilidad del
recurrente no sólo precisar la causal, sino también fundamentar la infracción y su
importancia o incidencia respecto de la decisión de la resolución que cuestiona;
así “ (…) el recurso debe ser concedido sólo cuando el recurrente denuncie y
acredite que la infracción normativa aparentemente incurrida ha sido determinante
para decidir el caso. Por cierto, no sólo la infracción sino la calidad de
“determinante” de ésta es un tema que debe ser argumentado por el recurrente y
respecto del cual la Corte debe ser persuadida, de lo contrario, estaremos ante un
recurso improcedente.”2; en este sentido, la jurisprudencia reiterada ha señalado
“(…) su fundamentación del 2 En I Jornadas de Derecho Procesal. Teoría de la
Impugnación, Editorial Palestra, noviembre de 2009, El Recurso de Casación y su
Imprescindible Reforma. Juan F. Monroy Gálvez y Juan J. Monroy Palacios, pág.
159. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 15 recurso de casación debe ser clara,
precisa y concreta, indicando la causal pertinente y el requisito de fondo en que
se sustenta, en el recurso de casación no debe hacerse referencia a lo que el
demandante considera probado, sino debe partirse sobre la base de lo
determinado por las instancias de mérito (…)”3 . CUARTO.- Que, en este orden
de ideas, la recurrente denunció las siguientes infracciones a las normas
contenidas en las siguientes disposiciones: “b)” artículos 427 inciso 7° y 483 del
Código Procesal Civil; 281 y 284 del Código Civil; argumenta que la sentencia de
vista infringió lo dispuesto en el artículo 427 inciso 7° del citado Código Procesal,
pues cuando se interpuso la demanda no se planteó como pretensión la
liquidación de la sociedad de gananciales ni con posterioridad se acumuló
aquella; que, para ese propósito necesariamente se debía determinar los efectos
civiles del matrimonio que directamente resultaría afectada como consecuencia
de la pretensión principal; que, esta situación representa una infracción al artículo
483 del indicado Código Procesal; que, se debió acumular los efectos civiles del
matrimonio, lo cual hubiera permitido establecer dentro de la etapa del
contradictorio la buena o mala fe de los contrayentes, y esto a su vez hubiese
tenido como consecuencia la pérdida o no de los gananciales conforme a lo
dispuesto en el artículo 284 del Código Civil, pues incluso el matrimonio
invalidado produce efectos civiles respecto de los cónyuges, sí es que éste se
contrajo de buena fe, como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio;
que el fundamento y pronunciamiento en ese sentido incide directamente en la
resolución que cuestiona porque la existencia de la pretensión de nulidad del
matrimonio sin que se haya acumulado la liquidación de la sociedad de
gananciales, para lo cual previamente se debía determinar los efectos civiles del
matrimonio conforme a lo 3 Casación N° 991-2008- Arequipa, Sala Civil
Permanente, Diario Oficial El Peruano: Sentencias en Casación, miércoles 3 de
septiembre de 2008, pág. 22924-22925. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 16 dispuesto
en el artículo 284 del Código Civil, constituye una indebida acumulación de
pretensiones, pues si se hubiera aplicado lo previsto en el artículo 427, inciso 7°
172
del Código Procesal Civil, no se habría admitido la demanda; “c)” artículos VII del
Título Preliminar, 50 inciso 6° y 483 del Código Procesal Civil; 281 y 284 del
Código Civil; y 139 incisos 3° y 5° de la Constitución Política; alega que se vulneró
el derecho a un debido proceso, porque se declaró fenecida la sociedad de
gananciales cuando este extremo no formaba parte de las pretensiones ni
tampoco se fijó ese extremo como punto controvertido, lo que contraviene el
principio de congruencia; que la admisión como medio probatorio de la sentencia
expedida en primera instancia en el proceso de habeas corpus no autorizaba al
órgano jurisdiccional a que de aquella se extraigan hechos que no eran objeto de
controversia en este proceso, respecto de los cuales no se tuvo la oportunidad de
contradecirlos afectando su derecho de defensa; en igual sentido, la admisión
como medio probatorio de la sentencia del Tribunal Constitucional del cuatro de
junio de dos mil ocho recaída en el expediente número mil trescientos diecisiete –
dos mil ocho - PHC/TC, no remplazó ni sustituyó el deber de los jueces para
determinar los hechos materia del proceso, pues la buena o mala fe al contraer el
matrimonio no puede ser extraído de un proceso de habeas corpus, sino que
debió ser debatido en este proceso en la jurisdicción del juez de familia; todo lo
cual tiene incidencia directa en la resolución cuestionada porque el órgano
jurisdiccional no debió emitir pronunciamiento en ese extremo pues no
constituyeron hechos controvertidos del proceso; “d)” artículos I del Título
Preliminar y 172 del Código Procesal Civil; 139 incisos 3° y 5° de la Constitución
Política; 14 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; y 8 inciso
1°, de la Convención Americana de Derechos Humanos; arguye que la resolución
de primera instancia no se pronunció sobre un medio probatorio ofrecido por la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 17 demandada, consistente en la
declaración de Francisco Tudela ante el Juez del Cuadragésimo Primer Juzgado
en lo Penal [expediente treinta y nueve mil ciento cuatro – dos mil nueve],
conducta que afectó su derecho a probar, el que está incluido en su derecho a la
defensa, que a su vez forma parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
dentro de un debido proceso; que, es un argumento irrazonable e ilógico que la
sentencia de vista señale que la declaración de Francisco Tudela ha sido
desvirtuada por la sentencia de habeas corpus de veintiuno de noviembre de dos
mil siete; por lo que se aplica de manera indebida el artículo 172 del Código
Procesal Civil; “e)” artículos 50 inciso 6°; 122 incisos 3° y 4°; y 197 del Código
Procesal Civil, 274 inciso 8° del Código Civil; 4° y 139 incisos 3° y 5° de la
Constitución Política; artículo 14 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y
Políticos; 8 inciso 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos;
sostiene que la Sala Superior incurrió en error al motivar su decisión en supuestos
de hecho que no han sido invocados en la demanda, ni en la respectiva
contestación, menos fueron objeto de debate probatorio, ni son hechos que se
incluyan en ninguno de los artículos 248 a 268 del Código Civil que regulan los
trámites establecidos para contraer matrimonio y cuyo incumplimiento esté
recogido como causal de invalidez en el inciso 8° del artículo 274 del Código Civil;
por lo que transgredió el principio de congruencia y el derecho de la recurrente a
probar; “f)” artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6°, 122 incisos 3° y 4° del
173
Código Procesal Civil; 274 inciso 8° del Código Civil; 4 parte in fine y 139 inciso 5°
de la Constitución Política; alega que la sentencia de vista infringió el deber de
motivación de las resoluciones judiciales, pues hizo mención a supuestos de
hecho que no se incluyen en ninguno de los artículos 248 al 268 del Código Civil,
que prescriben las formalidades del matrimonio; puesto que el argumento de que
la recurrente el seis de noviembre de dos mil ocho CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012
LIMA 18 retiró a Tudela Barreda de su domicilio habitual para llevarlo al distrito de
Magdalena del Mar, esto es, el mismo día en que se inició el expediente
administrativo matrimonial, es un supuesto fáctico que fue expuesto por los
demandantes en su demanda, pero que no fue fijado como punto controvertido, ni
fue objeto del contradictorio; “g)” artículos 1 y 2 de la Ley número 28882; 1 de la
Ley número 27839; 235 del Código Procesal Civil, 39, 250 y 251 del Código Civil;
2 incisos 11°, y 24° literal "a" de la Constitución Política; 8.1, 12.1 y 12.3 del Pacto
Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; 21 y 30 de la Convención
Americana de Derechos Humanos; alega que existe infracción de los dispositivos
mencionados porque en la sentencia impugnada se desconoce el derecho
fundamental de la persona al cambio de domicilio; que no existe ley que le
prohíba trasladar su domicilio cuantas veces lo desee y que este traslado surta
efectos legales ni bien efectuado; “h)” la infracción normativa del artículo 251 del
Código Civil; argumenta que en el supuesto negado que no se produjo el cambio
de domicilio como considera el órgano jurisdiccional de instancia, no se ha
reparado en que la obligación de publicar los edictos en la Municipalidad donde
reside el otro cónyuge, no es aplicable cuando existe dispensa de publicación; “i)”
la infracción normativa de los artículos 274 inciso 8° del Código Civil, 3° y 4° de la
Constitución Política, 5.1, 5.2, 14, 23.1, 23.2 del Pacto Interamericano de
Derechos Civiles y Políticos, 8.1, 17 y 30 de la Convención Americana de
Derechos Humanos; al respecto indica que la sentencia impugnada presenta
infracción a los mencionados dispositivos, toda vez que a partir del considerando
décimo (con el que inicia el análisis respecto a la observancia o no de los
requisitos esenciales para la celebración del matrimonio) establece como criterio
que el pago de un recibo constituye causal de nulidad de matrimonio; que un
argumento de esa naturaleza para declarar la nulidad del matrimonio válidamente
celebrado afecta el principio de CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 19 legalidad,
pues no existe ninguna norma que establezca ese supuesto para sancionar como
inválido el matrimonio; “j)” la infracción normativa de los artículos 41.1.1 y Quinta
Disposición Complementaria y Final de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley número 27444; sostiene que en virtud del principio de simplicidad,
el artículo 41 de la Ley 27444, prescribió que las entidades están obligadas a
recibir copias simples en reemplazo de documentos originales al cual reemplazan
con el mismo mérito; asimismo, la Quinta Disposición Complementaria General
dispone que la Ley de Procedimiento Administrativo General es de orden público
y deroga las disposiciones legales o administrativas que se le opongan o
contradigan, por lo que la referida ley derogó el extremo del artículo 248 del
Código Civil que exigía la presentación de las copias certificadas de la sentencia
174
de divorcio de los contrayentes; “k)” por la infracción normativa del artículo 277
inciso 3° del Código Civil; sostiene que en el supuesto negado que Felipe Tudela
Barreda hubiera estado sometido bajo detención arbitraria de Graciela de Losada
Marrou, el matrimonio celebrado durante ese lapso sería anulable y no nulo como
han declarado los juzgadores; “i)” por infracción normativa de los artículos 5.1, 5.2
y 23.2 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, 17 y 30 de la
Convención Americana de derechos Humanos, alega que la decisión de la
sentencia de vista representa una afectación innecesaria al derecho convencional
de Graciela de Losada Marrou a contraer matrimonio consagrado en las referidas
normas. QUINTO.- Que, del análisis de las causales antes citadas y de su
fundamentación correspondiente se advierte lo siguiente: primero, que las
causales denunciadas en los acápites “a)” b)”, “c)”, “e)” y “f)” carecen de una
fundamentación clara y precisa respecto de cómo los dispositivos legales que se
mencionan y las normas que contienen han sido transgredidos y que su
inobservancia ha incidido en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 20 decisión
que cuestiona; que, en lo relativo a la infracción contenida en el artículo 280 del
Código Civil, éste tiene su concordancia con el artículo 75 del Código adjetivo, en
consecuencia se tiene que, el demandante don Francisco Antonio Tudela Van
Breugel Douglas ha otorgado poder, en concordancia con el dispositivo antes
anotado, mandato conferido a favor de don Mauricio Espinoza de la Cuba, como
es de verse del documento de folios seis a ocho, mientras que el demandante
Juan Felipe Gaspar José Tudela Van Breugel Douglas, otorgó poder a favor de
Enrique Ghersi Silva, quien a su vez sustituyó el mandato a favor de don Mauricio
Espinoza de la Cuba, como es de verse del documentos de folios diez a doce;
además que la demandada, no ha cuestionado la representación procesal en el
estadio correspondiente, ni mucho menos ha deducido o interpuesto la excepción
de falta de legitimidad para obrar del demandante, siendo los argumentos
expuestos para sustentar esta infracción, no se condice con los fines Casatorio;
que, se observa también que las causales contenidas en los puntos b), c), d) y f),
éstas se dirigen a cuestionar el aparente pronunciamiento extra petita de los
órganos jurisdiccionales referido al extremo de declarar la disolución de la
sociedad de gananciales como consecuencia de la nulidad del matrimonio civil
contraído por Felipe Tudela Barreda con Graciela de Losada Marrou; no obstante,
para ese propósito no es válido ni legitimo alegar la infracción de los artículos
2814 y 2845 del Código Civil, pues en esencia estas disposiciones no contienen
normas 4 Procedimiento para invalidez del matrimonio "Artículo 281.- La
pretensión de invalidez del matrimonio se tramita como proceso de conocimiento,
y le son aplicables, en cuanto sean pertinentes, las disposiciones establecidas
para los procesos de separación de cuerpos o divorcio por causal." 5 Efectos del
matrimonio invalidado Artículo 284.- El matrimonio invalidado produce efectos
civiles respecto de los cónyuges e hijos si se contrajo de buena fe, como si fuese
un matrimonio válido disuelto por divorcio. Si hubo mala fe en uno de los
cónyuges, el matrimonio no produce efectos en su favor, pero sí respecto del otro
y de los hijos. El error de derecho no perjudica la buena fe. CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-
175
2012 LIMA 21 respecto a la observancia de los principios dispositivos y de
congruencia procesal que rige el proceso civil, sino que establecen el
procedimiento legal para postular por la invalidez del matrimonio; que el artículo
274 inciso 86 del Código Civil, tampoco regula la adecuada motivación sino que
contempla las causas legales para pretender la nulidad del matrimonio; que en
esta misma línea de ideas los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6°, 197,
427 inciso 7°, 483 del Código Procesal Civil, respectivamente, tampoco regulan
los defectos en la motivación de las resoluciones judiciales; siendo que el artículo
122 incisos 3° y 4° del acotado Código Procesal, que forma parte del desarrollo
legislativo del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales de amparo
constitucional contemplado en el artículo 139 inciso 5° de la Constitución Política,
pero no el inciso 3° del citado artículo de la norma Constitucional, el que se refiere
a los ámbitos del derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional muy distinto al
de la motivación de las resoluciones judiciales; sin embargo no se aprecia una
fundamentación adecuada al respecto. SEXTO.- Que, en cuanto a la causal “d)”
no es amparable su denuncia porque de igual forma que las anteriores causales,
la fundamentación propuesta es deficiente, pues hace mención a disposiciones
que no observan relación con la denuncia de carencia de apreciación de un medio
probatorio ofrecido por la demandada, consistente en la declaración de Francisco
Tudela ante el Juez del Cuadragésimo Primer Juzgado en lo Penal [expediente
treinta y nueve mil ciento cuatro – dos mil nueve], pues el artículo I del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, contiene una norma referida al 6 Causales
de nulidad del matrimonio Artículo 274.- Es nulo el matrimonio: 8. De quienes lo
celebren con prescindencia de los trámites establecidos en los artículos 248 a
268. No obstante, queda convalidado si los contrayentes han actuado de buena fe
y se subsana la omisión. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 22 acceso a la jurisdicción
para tutelar los derechos de los ciudadanos, así como el cumplimiento oportuno y
efectivo de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, pero propiamente no
norma las reglas de la valoración de las pruebas ofrecidas por las partes
procesales; y el artículo 172 del acotado Código Procesal se refiere a su supuesto
de integración de la resolución judicial, sin que tenga incidencia en la afectación
denunciada; en igual sentido, sucede con el artículo 139 incisos 3° y 5° de la
Constitución Política, 14 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos
y 8 inciso 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues estas
normas de orden interno e internacional, respectivamente, se dirigen al
reconocimiento, observancia y respeto de derechos fundamentales tales como: el
debido proceso, tutela jurisdiccional y motivación de las resoluciones judiciales;
que así las cosas la recurrente no se dirige a denunciar la omisión de la
apreciación de la prueba ofrecida sino que en sus fundamentos cuestiona el juicio
de valor que los órganos jurisdiccionales le otorgaron a los medios probatorios, lo
que no es amparable en sede de casación. SÉPTIMO.- Que, con relación a la
causal “g)” y “h)” la fundamentación de éstas se dirigen a denunciar que los
órganos jurisdiccionales desconocieron su derecho fundamental al cambio de
domicilio de amparo Constitucional y de reconocimiento en el ordenamiento
jurídico internacional, no obstante ese argumento es coherente con los
176
fundamentos jurídicos de la sentencia de vista y de primera instancia, en las que
no se desconoce o se rechaza su derecho a cambiar de domicilio o residencia en
el lugar que le parezca adecuado, sino que, de los fundamentos jurídicos
contenidos en estas se aprecia que el cambio de domicilio constituyó indicios que
demuestran una mala fe de la demandada para evitar el conocimiento oportuno
de los familiares del señor Tudela Barreda que éste iba contraer matrimonio civil y
así evitar posibles oposiciones a su CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 23
celebración; decisión que en nada colisiona con el derecho de la persona de fijar
un domicilio donde lo considere conveniente, en consecuencia, no se trata de un
argumento materia de interpretación, sino que, lo que se busca es un reexamen
de la sentencia de grado, lo cual no es posible en sede Casatoria. OCTAVO.-
Que, sobre la causal “i)” es manifiesta la deficiencia de su fundamentación pues
los órganos jurisdiccionales de instancia no declararon la nulidad del matrimonio
civil porque el pago por concepto de los gastos administrativos para la celebración
del matrimonio civil se realizó el mismo día de la celebración del acto civil, sino
que este hecho constituyó un elemento más que demostraba la mala fe en el
actuar de la recurrente para celebrar el matrimonio de manera sumaria sin
respetar los actos solemnes, ni mucho menos los plazos legales para su
celebración, por lo que el fundamento que propone con esta causal es
incongruente y no se condice con el objeto de la casación. NOVENO.- Que, en
cuanto a la causal “j)” en igual sentido la fundamentación propuesta no tiene
relación directa con la transgresión de las normas contenidas de los artículos
41.1.1 y Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley de Procedimiento
Administrativo General - Ley número 27444, puesto que estas normas son
aplicables a procedimientos administrativos y no contenciosos distintos a las actos
públicos de la celebración del matrimonio civil en donde en resguardo del orden
público se exige a los contrayentes divorciados que presenten copia certificada
por autoridad judicial de la sentencia de divorcio respectiva, por lo que en estos
casos las normas del procedimiento administrativo resultan de alcance limitado;
resultando así que no se encuentra derogado el dispositivo legal anotado por la
demandada, toda vez que este dispositivo legal no se opone al artículo 41.1.1 ni
mucho menos a la Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley de
Procedimiento Administrativo CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 24 General -
Ley número 27444, siendo válida y legítima la exigencia del cumplimiento de la
norma contenida en el artículo 248 del Código Civil que dispone la presentación
de las copias certificadas de la sentencia de divorcio de los contrayentes,
certificación que está reservada exclusivamente al secretario de Juzgado, mas no
así al notario, quien solamente puede legalizar documentos de otra naturaleza
que no provengan de un proceso judicial. DÉCIMO.- Que, sobre la causal “k)” de
la fundamentación se aprecia que éstas se dirigen a cuestionar la decisión judicial
que le perjudica pretendiendo una revaloración de los hechos y las pruebas que
han sido escrupulosamente analizadas en ambas sedes judiciales de mérito; por
lo que la pretensión de la recurrente no puede ser traída en vía de casación, por
ser materia ajena a los fines del recurso Casatorio. UNDÉCIMO.- Que en lo
177
concerniente a la causal “l)” se aprecia de los fundamentos que la sostienen que
éstas son manifiestamente incongruentes con los fundamentos jurídicos de la
sentencia recurrida pues en el caso de autos se ha declarado la nulidad del
matrimonio civil contraído por Felipe Tudela Barreda con Graciela de Losada
Marrou por carecer de los requisitos necesarios e indispensables para su validez
conforme a las normas legales que regulan esta clase de actos jurídicos
contenidos en el Código Civil, pero no se le ha negado ni limitado el derecho de la
recurrente a contraer matrimonio, facultad reconocida en nuestra norma
Constitucional y en el ordenamiento internacional de los derechos fundamentales;
por lo que un cuestionamiento como el propuesto por la recurrente en modo
alguno puede ser amparado en sede de casación, . Por estos fundamentos: MI
VOTO es porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto
por la demandada Graciela de Losada Marrou a folios siete mil trescientos
cincuenta y siete, del cuatro de octubre de dos mil doce; en los seguidos por Juan
Felipe Gaspar José Tudela CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 25 Van Breugel Douglas y
otro contra Graciela De Lozada Marrou y otro, sobre nulidad de matrimonio. Lima,
veinticinco de enero de dos mil trece.- S. ESTRELLA CAMA EL VOTO EN
DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS RODRIGUEZ MENDOZA
Y CALDERON CASTILLO, ES COMO SIGUE:---- VISTOS: con sus
acompañados; y CONSIDERANDO: --------------------------- PRIMERO.- Viene a
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación obrante de folios
siete mil trescientos cincuenta y siete, interpuesto por Graciela de Losada Marrou,
con fecha cuatro de octubre de dos mil doce, contra la sentencia de vista de fojas
siete mil doscientos sesenta y ocho, que confirmó la sentencia apelada de fojas
cuatro mil novecientos noventa y ocho, que declara fundada la demanda sobre
nulidad de matrimonio civil, interpuesta por Juan Felipe Gaspar José y Francisco
Antonio Gregorio Tudela Van Breugel Douglas contra la recurrente y Felipe
Tudela Barrera; correspondiendo calificar los requisitos de admisibilidad y
procedencia de dicho medio impugnatorio, establecidos por los artículos 387 y
388 del Código Procesal Civil, conforme a la modificación establecida por la Ley
número 29364.-------------------------------------------------------------------------
SEGUNDO.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo
387 del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación
satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra la sentencia
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado,
pone fin al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada;
iii) Dentro del plazo previsto, contado desde el día siguiente de notificada la
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notificación
obrante a folios siete mil doscientos noventa y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 26
dos; y iv) Adjuntando el recibo de pago de la tasa judicial ascendente a quinientos
ochenta y cuatro nuevos soles.---------------------------------------------- TERCERO.-
Respecto a los requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388 del
precitado cuerpo normativo, es de verse que la recurrente cumple con lo exigido
en el inciso 1 del citado artículo, al no haber consentido la sentencia de primera
178
instancia que le fue adversa; asimismo en cuanto al requisito señalado en el
inciso 4° de la referida norma, la impugnante ha precisado que la pretensión
impugnatoria principal es anulatoria en su totalidad, y la subordinada es
revocatoria; cumpliendo con los requisitos aludidos.-----------------------------------------
------------------------------ CUARTO.- En cuanto a las exigencias contenidas en los
incisos 2° y 3° del artículo 388 del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia
las siguientes causales: a) La infracción normativa de los artículos V del Título
Preliminar y 280 del Código Civil, señalando que las instancias de mérito han
incurrido en error al admitir la demanda interpuesta por una persona que –en su
opinión- carecía de facultad expresa para demandar la invalidez del matrimonio
porque el poder otorgado por los hermanos Tudela a Mauricio Espinoza de la
Cuba lo faculta de manera genérica a interponer demandas, sin existir ninguna
facultad expresa para demandar la validez del matrimonio Tudela – De Losada; b)
La infracción normativa de los artículos 427 inciso 7 y 483 del Código Procesal
Civil y, 281 y 284 del Código Civil, alegando que la sentencia de vista infringe el
acotado artículo 427 inciso 7, toda vez que la demanda ha sido interpuesta sin
haberse acumulado la liquidación de la sociedad de gananciales, para lo cual
necesariamente se debía determinar los efectos civiles del matrimonio que
directamente resultaría afectada como consecuencia de la pretensión principal, lo
que representa una infracción al artículo 483 del Código Procesal Civil. Refiere
además que, necesariamente se debió acumular los efectos civiles del
matrimonio, lo cual hubiera permitido establecer dentro del contradictorio la buena
o mala fe de los contrayentes que trae como consecuencia la pérdida o no de los
gananciales, conforme al artículo 284 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 27 del
Código Civil, que establece que incluso el matrimonio invalidado produce efectos
civiles respecto de los cónyuges si se contrajo de buena fe, como si fuese un
matrimonio válido disuelto por divorcio; c) La infracción normativa de los artículos
VII del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 483 del Código Procesal Civil, 281 y 284 del
Código Civil y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política, sosteniendo que se ha
vulnerado el derecho a un debido proceso, al haberse declarado el fenecimiento
de la sociedad de gananciales cuando ello no formaba parte de las pretensiones
ni de los puntos controvertidos, contraviniéndose de éste modo el principio de
congruencia; d) La infracción normativa de los artículos I del Título Preliminar y
172 del Código Procesal Civil, 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política, 14 del
Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos y 8 inciso 1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, alegando que la resolución de
primera instancia no se ha pronunciado sobre un medio probatorio ofrecido por la
demandada, consistente en la declaración de Francisco Tudela ante el Juez del
Cuadragésimo Primer Juzgado en lo Penal, -expediente 39104-2009-, afectando
su derecho a probar, insumido en su derecho a la defensa, que forma parte de su
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva dentro de un debido proceso. Refiere
además que es un argumento irrazonable e ilógico que la sentencia de vista
señale que la declaración de Francisco Tudela ha sido desvirtuada por la
sentencia de Habeas Corpus de veintiuno de noviembre de dos mil siete; por lo
que la sentencia impugnada aplica de manera indebida el artículo 172 del Código
179
Procesal Civil; e) La infracción normativa de los artículos 50 inciso 6, 122 incisos 3
y 4 y 197 del Código Procesal Civil, 274 inciso 8 del Código Civil, 4 y 139 incisos 3
y 5 de la Constitución Política, artículo 14 del Pacto Interamericano de Derechos
Civiles y Políticos, 8 inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
alegando que la Sala incurre en error al motivar su decisión en supuestos de
hecho que no han sido invocados en la demanda ni en la respectiva contestación
y mucho menos fueron objeto de debate CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 28
probatorio, ni son hechos que se insuman en ninguno de los artículos que regulan
los trámites establecidos en los artículos 248 a 268 del Código Civil para contraer
matrimonio y cuyo incumplimiento esté recogido como causal de invalidez en el
inciso 8 del artículo 274 del Código Civil; así por ejemplo, si hubiera sido objeto
del contradictorio el viaje que se menciona en la sentencia de vista, la recurrente
habría podido aportar pruebas abundantes de la voluntad expresada por Felipe
Tudela Barreda de viajar a Estados Unidos; razón por la cual no sólo se ha
violado el principio de congruencia, sino también se ha violado el derecho de la
parte actora a probar; f) La infracción normativa de los artículos VII del Título
Preliminar, 50 inciso 6, 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil, 274 inciso 8
del Código Civil, 4 in fine y 139 inciso 5 de la Constitución Política, sosteniendo
que la sentencia de vista ha infringido el deber de motivar las sentencias en
hecho y en derecho, lo que –en su opinión- se verifica en el duodécimo
considerando, al hacer mención a supuestos de hecho que no se insumen en
ninguno de los supuestos de los artículos 248 al 268 del Código Civil que
prescriben las formalidades del matrimonio. El argumento de que la recurrente
retiró a Tudela Barreda de su domicilio habitual para llevarlo a Magdalena del Mar
el seis de noviembre de dos mil ocho, esto es, el mismo día en que se aperturó el
expediente administrativo matrimonial, no fue alegado por los demandantes en la
demanda, ni fue fijado como punto controvertido, ni fue objeto del contradictorio;
g) La infracción normativa de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 28882, 1 de la Ley
N° 27839, 235 del Código Procesal Civil, 39, 250 y 251 del Código Civil, 2 incisos
11 y 24 literal “a” de la Constitución Política, 8.1, 12.1 y 12.3 del Pacto
Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, 21 y 30 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, alegando que existe infracción de los
dispositivos mencionados debido a que en la sentencia impugnada se desconoce
abiertamente el derecho fundamental de la persona al cambio de domicilio.
Asimismo, agrega que no existe ley que le prohibiera trasladar su domicilio
cuantas veces lo desease y que este CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA SALA CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 29 traslado
surta efectos legales ni bien efectuado; h) La infracción normativa del artículo 251
del Código Civil, señalando que es evidente la infracción de la referida norma,
incluso en el supuesto y negado caso de que no se produjo el cambio de domicilio
como considera la Sala de Familia, no se ha reparado en que la obligación de
publicar los edictos en la Municipalidad donde reside el otro cónyuge, no es
aplicable cuando existe dispensa de publicación; i) La infracción normativa de los
artículos 274 inciso 8 del Código Civil, 3 y 4 de la Constitución Política, 5.1, 5.2,
14, 23.1, 23.2 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, 8.1, 17 y
180
30 de la Convención Americana de Derechos Humanos, indicando que la
sentencia recurrida adolece de infracción de los mencionados dispositivos, toda
vez que a partir del considerando décimo (con el que inicia el análisis respecto a
la observancia o no de los requisitos esenciales para la celebración del
matrimonio) establece como criterio que el pago de un recibo constituye causal de
nulidad de matrimonio. Dicho argumento afecta gravemente el principio de
legalidad, dado que no existe ninguna norma que establezca ello como causal
para declarar inválido el matrimonio; j) La infracción normativa de los artículos
41.1.1 y Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley de Procedimiento
Administrativo General - Ley N° 27444, sosteniendo que en virtud del principio de
simplicidad, el artículo 41 de la Ley 27444, prescribió que las entidades están
obligadas a recibir copias simples en reemplazo de documentos originales al cual
reemplazan con el mismo mérito; asimismo, la Quinta Disposición
Complementaria General dispone que la Ley de Procedimiento Administrativo
General es de orden público y deroga las disposiciones legales o administrativas
que se le opongan o contradigan, en este caso sostiene que la referida ley derogó
el extremo del artículo 248 del Código Civil que exigía la presentación de las
copias certificadas de la sentencia de divorcio de los contrayentes; k) La
infracción normativa del artículo 277 inciso 3 del Código Civil, sosteniendo que en
la sentencia recurrida se presenta la infracción del referido artículo, toda vez que
en el supuesto CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA
CIVIL PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 30 negado que Felipe Tudela
Barreda estuvo sometido bajo detención arbitraria de Graciela de Losada Marrou,
el matrimonio celebrado durante ese lapso sería anulable y no nulo como han
declarado los juzgadores; l) La infracción normativa de los artículos 5.1, 5.2 y 23.2
del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, 17 y 30 de la
Convención Americana de derechos Humanos, alegando que la decisión
adoptada por la sentencia de vista representa una afectación innecesaria al
derecho convencional de Graciela de Losada Marrou a contraer matrimonio
consagrado en las referidas normas. ----------------------------------------------------
QUINTO.- Respecto a la causal señalada en el item a), es del caso señalar que el
agravio que la sustenta no ha sido denunciado oportunamente por la recurrente a
través de la excepción respetiva, tal como lo ha señalado la Sala de mérito en el
octavo considerando de la sentencia impugnada; por lo que este extremo del
recurso debe ser declarado improcedente.--------------- SEXTO.- En cuanto a las
causales reseñadas en los ítems b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), y l), se advierte
que los agravios que las sustentan satisfacen los requisitos de procedencia
establecidos por los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, toda
vez que la recurrente describe con claridad y precisión las infracciones normativas
denunciadas, demostrando cuál sería la incidencia directa de dichas infracciones
sobre la decisión impugnada; por lo que dichas causales devienen en
procedentes.- ------------------------------------------------------------------------------------------
----------- Por estos fundamentos y de conformidad con el artículo 391 del Código
Procesal Civil: NUESTRO VOTO es porque se declare: PROCEDENTE el recurso
de casación interpuesto por Graciela de Losada Marrou, por infracción normativa
de los artículos 39, 250, 251, 274 inciso 8, 277 inciso 3, 281, 284 del Código Civil;
181
I y VII Título Preliminar, 50 inciso 6, 122 incisos 3 y 4, 172, 197, 235, 427 inciso 7,
483, del Código Procesal Civil; 2 incisos 11 y 24 literal a, 3, 4, y 139 incisos 3 y 5
Constitución Política; 5.1, 5.2, 8.1, 12.1 y 12.3, 14, 23.1, 23.2 del Pacto
Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; 8 inciso 1, 17, 21 y 30 de la
Convención CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA SALA CIVIL
PERMANENTE CAS. N° 4510-2012 LIMA 31 Americana de Derechos Humanos;
1 y 2 de la Ley N° 28882; 1 de la Ley N° 27839; 41.1.1 y Quinta Disposición
Complementaria y Final de la Ley de Procedimientos Administrativo General - Ley
N° 27444; e IMPROCEDENTE el recurso respecto de la causal de infracción
normativa de los artículos V del Título Preliminar y 280 del Código Civil,
DESIGNÁNDOSE oportunamente fecha para la vista de la causa, notificándose;
en los seguidos por Juan Felipe Gaspar José Tudela Van Breugel y otro con
Graciela De Losada Marrou y otro, sobre nulidad de matrimonio. Interviniendo
como ponente el Juez Supremo señor Calderón Castillo.- SS. RODRIGUEZ
MENDOZA CALDERÓN CASTILLO EC/khm El secretario de Sala que suscribe
certifica: Que los señores Jueces Supremos Huamani Llamas, Ponce de Mier y
Valcárcel Saldaña vuelven a suscribir su voto que fuera efectuado con fecha doce
de diciembre del dos mil doce, los mismos que obran a fojas noventa y uno de
este cuaderno; los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza y Calderón
Castillo, vuelven a suscribir su voto que fuera efectuado a fojas noventa y ocho en
la fecha antes señalada. Lima veinticinco de enero del dos mil trece.
182
Anexo 2
Ficha de Entrevista
Instrumento de recolección de datos: Datos generales del entrevistado
1.- Nombres y apellidos : ………………………………………………………
2.- Cargo abogado, juez o fiscal: …………….........................................................
3.- Especialidad : ……………………………………………………...
4.- Fecha de la entrevista: ………………………………………………………
5.- Número de colegiatura: ……………………………………………………....
6.-Edad: ………………………………………………………
7.- Religión: ………………………………………………………
8.- Nacionalidad: ………………………………………………………
9.- Estado civil: ……………………………………………………...
Instrumento de recolección de datos: Cuestionario 1: Del proceso de
interdicción
Guía de entrevista
Vamos a hablar sobre la protección de bienes del adulto mayor señor Felipe
Tudela Barreda.
1.- Del proceso de interdicción considera que se han expedido de acuerdo a ley ¿por
qué?
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de interdicción?
3.-En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la atención
a usted que no se visualizó?
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten un anticipo de legítima ¿por
qué?
183
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a disponer de su tercio de libre
disposición?
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia emitida?
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que se
desprende de la sentencia?
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los jueces?
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger los bienes de
las personas de la tercera edad?
11.- ¿Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutadas en el señor
Felipe Tudela Barreda?
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado
en una interdicción?
13.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en una
interdicción?
14.- ¿Qué opinión le merece si en el proceso de interdicción se debe solicitar
como instrumento de opinión para el juez la evaluación neurológica? Que
siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico por imágenes de neurofisiología
y de laboratorio en donde se evidenciarían o no las lesiones orgánicas que
confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia senil en curso progresivo u otro
de lesión que ocupe el espacio cerebral, realizado por un médico neurólogo,
debidamente titulado acreditado, colegiado y habilitado.
Instrumento de recolección de datos: Cuestionario 2: Del proceso de habeas
corpus
Guía de entrevista
1.- Del proceso de habeas corpus considera que se han expedido de acuerdo a
ley ¿por qué?
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de habeas corpus?
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
184
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la atención
a usted que no se visualizó?
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten tener autoridad total
sobre ellos?
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad?
7.- ¿En su opinión personal tiene coherencia la sentencia?
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su libertad?
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los jueces?
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad de
las personas de la tercera edad?
11.- ¿Son determinantes en un habeas corpus las evaluaciones médicas?
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado
en un habeas corpus?
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes?
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en un
habeas corpus?
Instrumento de recolección de datos: Cuestionario 3: Del proceso de
nulidad de matrimonio
Guía de entrevista
1.- Del proceso de nulidad de matrimonio considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿por qué?
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de nulidad de matrimonio?
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
4.- En los fundamentos de hecho de las sentencia ¿se valoró los años de
convivencia?
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su vida
sentimental?
185
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad de
convivir con otra persona?
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia?
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado con respecto a su convivencia?
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los jueces?
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad de
las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones sentimentales?
11.- ¿Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones médicas?
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado
en una nulidad de matrimonio?
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con
respecto al querer el demandado de rehacer nuevamente su vida sentimental?
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en una
nulidad de matrimonio?
186
Anexo 3
187
188
Autorización de Información N° 04
Lima, 16 de Febrero del 2018.
Yo, Carlos Segundo Pretel De la Cruz con el cargo de Fiscal en la especialidad Penal. Autorizo esta entrevista para los fines de investigación. Atentamente. …………………………….. Carlos Segundo Pretel De la Cruz DNI: Colegiatura: 14387
189
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Anexo 4
Las Entrevistas
Entrevista 1
Datos generales
1.- Nombres y apellidos: Juan Teófilo Ortiz Arévalo
2.- Cargo abogado juez o fiscal: Juez superior
3.- Especialidad: Penal
4.- Fecha de la entrevista: 09-02-2018
5.- Número de colegiatura: 14253
6.- Edad: 61
7.- Religión: católico
8.- Nacionalidad: peruano
9.- Estado civil: casado
Instrumento de recolección de datos:
Guía de entrevista vamos a hablar sobre la protección de bienes del adulto mayor
señor Felipe Tudela Barreda.
Cuestionario 1: Del proceso de interdicción
1.- Del proceso de interdicción considera que se han expedido de acuerdo a
ley ¿por qué?
En mi opinión, también hubiera declarado fundada la demanda.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de interdicción?
La parte demandada ha dado muestras de evitar las pericias psiquiátricas, para
ello han intervenido terceras personas que obstaculizan el normal desarrollo del
proceso.
194
3.- ¿En la sentencia se valoró la opinión del demandado?
Se valoró en sentido negativo.
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
La sentencia ha sido congruente entre los fundamentos de hecho, la motivación y
el fallo.
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten un anticipo de
legítima. ¿Por qué?
Depende de lo que señale la ley. Dejando presente que todo lo que no está
prohibido está permitido.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a disponer de su tercio de libre
disposición?
La legítima es de libre disposición la puede usar o no el testador.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia emitida?
Si tiene coherencia y está motivada, la interdicción está regulada en el código civil
y se sustenta con pruebas para medir la capacidad civil del interdicto, se tiene que
proteger sus bienes.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que
se desprende de la sentencia?
Se encuentra en demencia senil, por sus contradicciones en sus respuestas.
Frente a la misma pregunta.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
Para nada, no son parte en el proceso.
10.- ¿Cree usted que se puede crear un mecanismo para proteger los bienes
de las personas de la tercera edad?
Está la interdicción y se le nombra curador, y es esta la persona que debe
proteger los bienes del discapacitado.
195
11.- ¿Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutadas en el
señor Felipe Tudela Barreda?
Están bien elaboradas.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una interdicción?
Es una de las pruebas pero no determinantes, se requiere otras que lo
corroboren.
13.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado
en una interdicción?
También es otra prueba, al igual que la pericia psiquiátrica son las que encaminan
la dirección indicada.
14.- ¿Qué opinión le merece si en el proceso de interdicción se debe
solicitar como instrumento de opinión para el juez la evaluación
neurológica? Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico por
imágenes de neurofisiología y de laboratorio en donde se evidenciarían o no
las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia
senil en curso progresivo u otro de lesión que ocupe el espacio cerebral,
realizado por un médico neurólogo, debidamente titulado acreditado,
colegiado y habilitado.
Es necesario, cuando se trata de personas de la tercera edad, muchas personas
interesadas en sus bienes se aprovechan para despojarlos de ellos no obstante
que se encuentran discapacitados para disponer de sus bienes.
Cuestionario 2: Del proceso de habeas corpus
1.- Del proceso de habeas corpus ¿considera que se han expedido de
acuerdo a ley por qué?
Sí, porque se vulnera su derecho a la libertad del favorecido, no permitir que se
comunique con sus hijos.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de habeas corpus?
La del T.C. Es correcto.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
También se ha valorado.
196
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
No se ha advertido.
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres ¿soliciten tener autoridad
total sobre ellos?
No es lícito.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su
libertad?
Todos los seres humanos gozan de libertad a toda edad.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia?
Si lo tiene.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su
libertad?
Vulnera la libertad personal por no permitir la comunicación de padre e hijos.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
De ninguna manera, en el poder judicial los jueces son imparciales e
independientes.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad?
Lo tienen en la constitución y las leyes.
11.- ¿Son determinantes en un habeas corpus las evaluaciones médicas?
Depende del tipo de habeas corpus.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en un habeas corpus?
Si señala que debe estar internado en un centro de salud no cabe el habeas
corpus.
197
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes?
En su justo derecho han accionado.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
un habeas corpus?
Depende del habeas corpus típico o atípico. En el caso de autos la vulneración a
su libertad es impedir la comunicación entre padre e hijos.
Cuestionario 3: Del proceso de nulidad de matrimonio
1.- Del proceso de nulidad de matrimonio considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿por qué?
De acuerdo.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de nulidad de matrimonio?
Correcto.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
Si se valoró.
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia ¿se valoró los años de
convivencia?
No es relevante.
5.- Es licito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su
vida sentimental?
No es lícito.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad
de convivir con otra persona?
Si lo tiene.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia?
Si lo tiene.
198
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado con respecto a su convivencia?
Está en su derecho.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
De ninguna manera.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones
sentimentales?
Se respeta la constitución y las leyes.
11.- ¿Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones
médicas?
No lo son.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una nulidad de matrimonio?
Es uno de los instrumentos.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con
respecto al querer el demandado de rehacer nuevamente su vida
sentimental?
Rehacer su vida es derecho de quién lo efectúe.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una nulidad de matrimonio?
Uno de los instrumentos.
199
Entrevista 2
Datos generales
1.- Nombres y apellidos: María Cruz Navarrete Huamán
2.- Cargo abogado, juez o fiscal: Abogada
3.- Especialidad: Penal
4.- Fecha de la entrevista: 12-02-2018
5.- Número de colegiatura: 14413
6.- Edad: 57
7.- Religión: Católica
8.- Nacionalidad: Peruana
9.- Estado civil: Soltera
Instrumento de recolección de datos:
Guía de entrevista vamos a hablar sobre la protección de bienes del adulto mayor
señor Felipe Tudela Barreda.
Cuestionario 1: del proceso de interdicción
1.- Del proceso de interdicción considera que se han expedido de acuerdo a
ley ¿Por qué?
Las pruebas, actuada por la parte demandante a la vista se han actuado
parcializadas, denotando interés por parte de los profesionales.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de interdicción?
Que, el fallo no fue objetivo, no se valoró las pruebas ofrecidas, es decir debió
realizarse un debate pericial al existir pruebas contradictorias.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No, obstante que el interdicto manifestó en el proceso.
200
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Me llama la atención que el demandante recibió el mismo año el anticipo de
legítima, para luego cuestionar que su padre es un incapaz; por lo que se aprecia
que es un fallo injusto.
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten un anticipo de
legítima ¿Por qué?
Si es voluntad de los padres lo otorgan, no es una obligación.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a disponer de su tercio de libre
disposición?
No está obligada, es voluntario.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia emitida?
Es un fallo parcializado, porque no se actuaron debidamente las pruebas
ofrecidas.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que
se desprende de la sentencia?
A fin de esclarecer los hechos debió comparecer a los exámenes periciales y así
determinar el verdadero estado de su capacidad.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No, deben de intervenir pero interfieren en la decisión judicial, presentándolo
como mediático.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger los bienes
de las personas de la tercera edad?
Que, debe haber una institución que vele por los bienes de los ancianos, como la
beneficencia pública debe realizar un censo en los asilos donde detectaría porque
los ancianos han llegado a ese lugar.
201
11.- ¿Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutadas en el
señor Felipe Tudela Barreda?
Las evaluaciones médicas como han sido ofrecidas de parte, y de favor, no
vislumbra la verdad de los hechos, por cuanto no coinciden con las ofrecidas por
el interdicto.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una interdicción?
El informe es insuficiente, es necesario la historia clínica.
13.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una interdicción?
Es otra prueba que encamina la dirección indicada.
14.- ¿Qué opinión le merece si en el proceso de interdicción se debe
solicitar como instrumento de opinión para el juez la evaluación
neurológica? Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico por
imágenes de neurofisiología y de laboratorio en donde se evidenciarían o no
las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia
senil en curso progresivo u otro de lesión que ocupe el espacio cerebral,
realizado por un médico neurólogo, debidamente titulado acreditado,
colegiado y habilitado.
Que, es necesario e imprescindible para confirmar su incapacidad del interdicto.
Cuestionario 2: del proceso de habeas corpus
1.- Del proceso de habeas corpus considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿por qué?
Sí, porque se ubicó al agraviado en un lugar distinto.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de habeas corpus?
Que, el fallo salió a favor de los demandantes y en contra del agraviado.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No, se valoró la opinión al demandado quien no obstante manifestó su soledad
requirió la compañía de una persona, razones por casarse.
202
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Que, en forma reiterada el demandado realizó anticipo de herencia; asimismo se
observa que el matrimonio lo realizaron demasiado rápido, tratando quizás de
ocultar algo.
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres ¿soliciten tener autoridad
total sobre ellos?
No, porque nuestros padres pueden decidir dónde quieren estar y con quien estar,
respetando su voluntad.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su
libertad?
Solamente cuando sea declarada judicialmente su incapacidad.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia?
Que, solo han valorado parcialmente la privación de su libertad, pero no se ha
ponderado la voluntad del demandado.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su
libertad?
Que, no puede decidir solo de su libertad, decidiendo por el sus hijos.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No, pero haciéndolo mediático, perturbarían la decisión del juzgado.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad?
Que, las beneficencias públicas deben sacar de la RENIEC los informes de sus
datos y hacerle seguimiento respecto a su estado de libertad.
11.- ¿Son determinantes en un habeas corpus las evaluaciones médicas?
No, porque aquí se resuelve sobre su libertad.
203
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en un habeas corpus?
No, innecesario, aquí se analiza la libertad.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes?
Que, la actitud de los hijos prepotentes e indiferentes a las necesidades de
compañía que requería el anciano, a tal punto que solo le interesaban sus bienes
y no la satisfacción y goce de su libertad.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
un habeas corpus?
Depende del habeas corpus típico o atípico. En el presente caso de la vulneración
a su libertad es impedir la comunicación entre padre e hijos.
Cuestionario 3: del proceso de nulidad de matrimonio
1.- Del proceso de nulidad de matrimonio considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿por qué?
Sí, porque la contrayente no ha publicado el evento del matrimonio y tampoco ha
adjuntado su disolución matrimonial (divorcio).
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de nulidad de matrimonio?
Está de acuerdo con las formalidades que señala la ley.
3.- en la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No, opera la opinión del demandado, pues aquí se ventila la formalidad del
contrato.
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia ¿se valoró los años de
convivencia?
No, aquí no está ventilando la acreditación de una unión de hecho.
5.- ¿Es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su
vida sentimental?
No, los hijos estarían restringiendo su libertad y a decidir de sus vidas.
204
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad
de convivir con otra persona?
No, solamente si es declarado incapaz.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia?
Esta, emitida dentro de los parámetros que lo señala la ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado con respecto a su convivencia?
Es otro proceso, aquí no se discute su convivencia, para reconocerlo tendría que
realizar el trámite correspondiente que señala la ley.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No, la decisión de los jueces lo realiza de acuerdo a ley.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones
sentimentales?
Que, debe haber un ente donde estas personas deban quejarse o denunciar que
sus hijos están interfiriendo en sus vidas sentimentales.
11.- ¿Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones
médicas?
No, porque aquí se ventilan la nulidad de matrimonio.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una nulidad de matrimonio?
Innecesario.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con
respecto al querer el demandado de rehacer nuevamente su vida
sentimental?
Una actitud egoísta, pues solo se preocuparon de sus bienes y no de su vida
personal.
205
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una nulidad de matrimonio?
Es uno de los instrumentos.
206
Entrevista 3
Datos generales
1.- Nombres y apellidos: Beatriz Edelmira Velásquez Cueva
2.- Cargo abogado,juez o fiscal: Abogada
3.- Especialidad: Familia
4.- Fecha de la entrevista: 12-02-2018
5.- Número de colegiatura: 17255
6.- Edad: 62
7.- Religión: Católica
8.- Nacionalidad: Peruana
9.- Estado civil: Divorciada
Instrumento de recolección de datos:
Guía de entrevista vamos a hablar sobre la protección de bienes del adulto mayor
señor Felipe Tudela Barreda.
Cuestionario 1: Del proceso de interdicción
1.- Del proceso de interdicción considera que se han expedido de acuerdo a
ley ¿Por qué?
Yo, considero que no, puesto que las pruebas que existieron en el proceso no
fueron suficientes para demostrar su incapacidad.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de interdicción?
Que si bien declara fundada la demanda, esta no fue objetiva en sus fundamentos
de hecho.
3.-En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No se valoró su opinión en ningún momento debieron intervenir otros
profesionales de la salud.
207
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Me llama la atención que cuando el señor interdicto otorga el anticipo de legítima
a francisco Tudela el 21 de setiembre del 2007 si estaba cuerdo y con estado de
salud mental bien. Es decir un fallo injusto.
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten un anticipo de
legítima ¿Por qué?
No es correcto ni licito es libertad de los padres hacerlos, si es su voluntad.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a disponer de su tercio de libre
disposición?
Puede disponer de su 1/3 libremente pero no está obligada.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia emitida?
Que fue dada de forma parcializada a favor del demandante por intereses
económicos.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que
se desprende de la sentencia?
Que necesitaba protección, y no lo dejaban disponer ni de sus bienes, ni de su
vida personal.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No intervienen pero influyen cuando el tema es mediático, toman más atención.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger los bienes
de las personas de la tercera edad?
Creo que dentro del ministerio de la mujer se puede crear un ente fiscalizador con
asistenta social que vele no solo de los bienes, sino de la salud y bienestar de las
personas de la tercera edad.
11.- ¿Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutadas en el
señor Felipe Tudela Barreda?
Que fueron efectuadas sin consentimiento y totalmente parcializadas.
208
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una interdicción?
Si es lo indicado, pero debe aunarse una historia clínica.
13.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado
en una interdicción?
Sí, es otra prueba que encamina la dirección indicada.
14.- ¿Qué opinión le merece si en el proceso de interdicción se debe
solicitar como instrumento de opinión para el juez la evaluación
neurológica? Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico por
imágenes de neurofisiología y de laboratorio en donde se evidenciarían o no
las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia
senil en curso progresivo u otro de lesión que ocupe el espacio cerebral,
realizado por un médico neurólogo, debidamente titulado acreditado,
colegiado y habilitado.
Sería interesante y necesario pues sería determinante si hay deterioro de la salud
mental del interdicto.
Cuestionario 2: Del proceso de habeas corpus
1.- Del proceso de habeas corpus considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿Por qué?
Si de acuerdo a ley porque al demandado o agraviado lo encontraron en otro
lugar que no era su casa.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de habeas corpus?
Que, salió a favor de los demandantes y en contra del agraviado según su
manifestación.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
En ningún momento se valoró, pues su libertad fue violada por sus hijos. Él dijo
que estaba sólo.
209
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Acerca del traspaso de los bienes a las diferentes partes del proceso en especial
de su hijo que se le cedió una propiedad y no se visualizó que ahí sí estaba lúcido
y también el matrimonio con mucha rapidez.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten tener autoridad
total sobre ellos?
De ninguna manera deben tener autoridad. Sólo pueden cuidarlos, pero no
mandarlos.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su
libertad?
Creo que no, solo que este enfermo y no razone bien, incapacidad mental.
7.- ¿En su opinión personal tiene coherencia la sentencia?
Que se debió permitir la visita de los hijos pero vigilada para evitar cualquier daño.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su
libertad?
Que no tenía libertad para decidir por sí mismo.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No, pero tienen influencia sobre ellos.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad?
Sí dentro de un ministerio o beneficencia sacando datos de la RENIEC, para
hacerles un seguimiento y proteger a las personas de la tercera edad.
11.- ¿Son determinantes en un habeas corpus las evaluaciones médicas?
No, sólo la privación de la libertad.
210
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en un habeas corpus?
No sólo se analiza la libertad de la persona.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes?
Muy prepotente y poco cariñosa para con su padre, sólo lo veían de vez en
cuando pues estaban en el extranjero; de indiferencia. De parte de los hijos.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
un habeas corpus?
Depende del habeas corpus típico o atípico. En el caso de autos la vulneración a
su libertad es impedir la comunicación entre padre e hijos.
Cuestionario 3: Del proceso de nulidad de matrimonio
1.- Del proceso de nulidad de matrimonio considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿Por qué?
Si, pues no ha presentado la contrayente su divorcio y los requisitos de acuerdo a
ley.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de nulidad de matrimonio?
Que esta dado de acuerdo a ley.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
Bueno fue de acuerdo a ley, no opera la opinión del demandado.
4.- En los fundamentos de hecho de las sentencia ¿se valoró los años de
convivencia?
No, fue todo dado de acuerdo al matrimonio, que es un contrato y no convivencia,
pues no se disputo una unión de hecho.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su
vida sentimental?
No es correcto, es egoísmo de parte de los hijos.
211
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad
de convivir con otra persona?
Claro, que no, es libre siempre y cuando sea feliz y este lúcido.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia de la sentencia?
Que se ha dado de acuerdo a ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado con respecto a su convivencia?
Eso es otro proceso, pues acá se observa la nulidad de matrimonio por un
requisito formal, su convivencia no está en discusión.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No, pero tienen influencia muy importante.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones
sentimentales?
Es muy difícil, pero si un ministerio o dependencia que los proteja en su salud
integral física, psíquica y psicológica.
11.- ¿Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones
médicas?
No, pero si los requisitos; salvo que sea un interdicto y no tenga capacidad para
casarse.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una nulidad de matrimonio?
No necesariamente en el presente caso, se valoró los requisitos, el informe
médico o pericia es por la voluntad si no hay voluntad hay nulidad.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con
respecto al querer el demandado de rehacer nuevamente su vida
sentimental?
Muy negativa y ambiciosa pues solo, se preocuparon del padre por los bienes y
no por su vida personal actuando egoístamente.
212
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una nulidad de matrimonio?
No necesariamente en el presente caso, se valoró los requisitos, el informe
psicológico o pericia es por la voluntad si no hay voluntad hay nulidad.
213
Entrevista 4
Datos generales
1.- Nombres y apellidos: Carlos Segundo Pretel De la cruz
2.- Cargo abogado juez o fiscal: fiscal
3.- Especialidad: penal
4.- Fecha de la entrevista: 16-02-2018
5.- Número de colegiatura: 14387
6.- Edad: 65
7.- Religión: católico
8.- Nacionalidad: peruano
9.- Estado civil: casado
Instrumento de recolección de datos:
Guía de entrevista vamos a hablar sobre la protección de bienes del adulto mayor
señor Felipe Tudela Barreda.
Cuestionario 1: Del proceso de interdicción
1.- Del proceso de interdicción considera que se han expedido de acuerdo a
ley ¿Por qué?
Me parece que no; porque cuando le vi por televisión sus respuestas eran
coherentes y lucidas del demandado no acreditaba ni ameritaba ser interdicto.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de interdicción?
Me parece que no está de acuerdo a ley pues el peritaje lo debió hacer el médico
legista y debió participar el médico de parte, en un proceso común y en un debate
para determinar la lucidez del interdicto.
3.- ¿En la sentencia se valoró la opinión del demandado?
No se valoró su opinión, y se tomó el peritaje psiquiátrico o psicológico de parte
sin que haya participado un psiquiatra o perito del ministerio público.
214
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Que vísperas de la interdicción si estaba lúcido para pasar los bienes a favor del
demandante.
5.-Es licito que los hijos en vida de los padres soliciten un anticipo de
legítima. ¿Por qué?
Si es lícito, la ley lo contempla, siempre que no haya antecedentes de los hijos en
su conducta que los padres se lo impidan, que hayan atentado contra su vida.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a disponer de su tercio de libre
disposición?
Sí puede hacerlo.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia emitida?
Que no se ajusta a ley y respondió a intereses particulares debido a que los
demandantes tenían el poder político.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que
se desprende de la sentencia?
Que tenía derecho a disfrutar su vida en la forma que él crea conveniente con
quien quiera si es feliz.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
Tienen influencia mediática.
10.- ¿Cree usted que se puede crear un mecanismo para proteger los bienes
de las personas de la tercera edad?
Debería haber una institución al igual que el ministerio de la mujer que protege al
niño y la mujer; esta debe proteger los bienes de los mayores.
11.- ¿Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutadas en el
señor Felipe Tudela Barreda?
Fueron parcializadas, fueron de parte y no oficial. Debieron hacerse por el
ministerio público y si bién en la vía civil la juez puede nombrar peritos, también
es cierto que por disposición de la ley debe ser un perito oficial.
215
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una interdicción?
No necesariamente. Son uno de los medios que debe responder a otros medios
de decisión de las personas adultas mayores, tales como testimoniales,
discernimiento social y su comunicación con terceras personas.
Independientemente de su capacidad de pensamiento y de disponer de sus
gastos económicos.
13.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado
en una interdicción?
Es uno de los medios que debe responder a otros medios de decisión de las
personas adultas mayores, tales como testimoniales, discernimiento social y su
comunicación con terceras personas.
14.- ¿Qué opinión le merece si en el proceso de interdicción se debe
solicitar como instrumento de opinión para el juez la evaluación
neurológica? Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico por
imágenes de neurofisiología y de laboratorio en donde se evidenciarían o no
las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia
senil en curso progresivo u otro de lesión que ocupe el espacio cerebral,
realizado por un médico neurólogo, debidamente titulado acreditado,
colegiado y habilitado.
Si sería lo mejor.
Cuestionario 2: Del proceso de habeas corpus
1.- Del proceso de habeas corpus considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿Por qué?
Si, está de acuerdo a ley.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de habeas corpus?
Sobre la base entregado por los demandantes de la privación de su libertad está
de acuerdo a ley.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No, en ningún momento.
216
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
La trasmisión de bienes antes de los procesos a los demandantes.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten tener autoridad
total sobre ellos?
Siempre que se acredite fehacientemente por el médico oficial su incapacidad;
pero esta debe ser supervisada por el juez.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su
libertad?
No, salvo que sea incapaz.
7.- ¿En su opinión personal tiene coherencia la sentencia?
Se da de acuerdo a ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su
libertad?
No se tomó en cuenta su decir en ningún momento.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
Tienen influencia, pero no interviene.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad?
Sí, en el ministerio de la mujer.
11.- ¿Son determinantes en un habeas corpus las evaluaciones médicas?
No, sólo la libertad.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en un habeas corpus?
No, es la libertad, de movimiento y traslado.
217
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes?
Por su ambición y herencia del padre.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
un habeas corpus?
No, porque lo que se evalúa es la libertad, de movimiento y traslado.
Cuestionario 3: Del proceso de nulidad de matrimonio
1.- Del proceso de nulidad de matrimonio considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿Por qué?
Si, faltaban los requisitos.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de nulidad de matrimonio?
Es correcto.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No era necesario.
4.- En los fundamentos de hecho de las sentencia ¿se valoró los años de
convivencia?
No tiene que ver el matrimonio con la convivencia. En este caso faltó la
formalidad.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su
vida sentimental?
No es justo ni lícito. La ley no lo ampara.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad
de convivir con otra persona?
No está obligada, es libre desde todo punto de vista, depende de su capacidad.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia de la sentencia?
Se ajusta a ley, pero falto formalismo.
218
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado con respecto a su convivencia?
Era convivencia, su convivencia, pero no formalizó.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
Influencia mediática.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones
sentimentales?
Sus relaciones sentimentales son libres, en cuanto a su libertad y protección
debía haber un ente, Ministerio de Protección a las personas de la tercera edad.
11.- ¿Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones
médicas?
No, en este caso, salvo que se trate de la capacidad.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una nulidad de matrimonio?
No, en este caso, pues se refiere a la formalidad del matrimonio.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con
respecto al querer el demandado de rehacer nuevamente su vida
sentimental?
Egoísmo puro y temor de que el padre disponga de los bienes patrimoniales y en
el peor de los casos tener otros herederos.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una nulidad de matrimonio?
No necesariamente en el presente caso, se valoró los requisitos de la formalidad
del matrimonio.
219
Entrevista 5
Datos generales
1.- Nombres y apellidos: Agustín Rebatta Lunarejo
2.- Cargo abogado, juez o fiscal: abogado
3.- Especialidad: laboral
4.- Fecha de la entrevista: 16-02-2018
5.- Número de colegiatura: CAC 3510
6.- Edad: 63
7.- Religión: católica
8.- Nacionalidad: peruano
9.- Estado civil: casado
Instrumento de recolección de datos:
Guía de entrevista vamos a hablar sobre la protección de bienes del adulto mayor
señor Felipe Tudela Barreda.
Cuestionario 1: Del proceso de interdicción
1.- Del proceso de interdicción considera que se han expedido de acuerdo a
ley ¿Por qué?
Al parecer no, pues los exámenes médicos no eran suficientes.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de interdicción?
Que no está de acuerdo a ley por cuanto no hubo un análisis serio de los
exámenes médicos.
3.-En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
Al parecer no, puesto que él quería una compañía.
220
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Quizás una supuesta incapacidad relativa del demandante aducida por la juez y
por eso la recusación y el rechazo a muchos documentos que acreditaban su
capacidad mental.
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten un anticipo de
legítima ¿Por qué?
Si es lícito, pero depende de los padres darles o no, si los hijos son sanos y no
dilapidadores.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a disponer de su tercio de libre
disposición?
No está obligada, pero si puede disponer de su tercio.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia emitida?
Que en cierta manera está influenciada por el poder político de los demandados.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que
se desprende de la sentencia?
El demandado en la entrevista que tuve oportunidad de ver en la televisión lo vi
coherente y lúcido.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
Solo influencian, lo hacen mediático, pero no intervienen.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger los bienes
de las personas de la tercera edad?
Sí se puede de protección, pasados los 70 años como un ministerio o institución
de protección.
11.- ¿Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutadas en el
señor Felipe Tudela Barreda?
Son cuestionables, por las tachas y observaciones a las mismas.
221
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una interdicción?
Si es indicado, pero pueden existir otros medios.
13.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado
en una interdicción?
Sí, es otra prueba que va a encaminar la dirección indicada.
14.- ¿Qué opinión le merece si en el proceso de interdicción se debe
solicitar como instrumento de opinión para el juez la evaluación
neurológica? Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico por
imágenes de neurofisiología y de laboratorio en donde se evidenciarían o no
las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia
senil en curso progresivo u otro de lesión que ocupe el espacio cerebral,
realizado por un médico neurólogo, debidamente titulado acreditado,
colegiado y habilitado.
Sería excelente dicha prueba, pues habría más veracidad y sería una prueba
irrefutable.
Cuestionario 2: Del proceso de habeas corpus
1.- Del proceso de habeas corpus considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿por qué?
Sí, pues se restringió la libertad.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de habeas corpus?
De acuerdo a ley.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No, solo se valora la libertad.
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Ninguno.
222
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten tener autoridad
total sobre ellos?
No, salvo que sean incapaces.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su
libertad?
No, todos a cualquier edad tenemos derecho a la libertad.
7.- ¿En su opinión personal tiene coherencia la sentencia?
De acuerdo a ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su
libertad?
Que, era una persona anciana, que en realidad no tenía libertad, ni por la parte
demandada ni demandado.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No, solo los ponen en luz pública.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad?
Si se puede, un ente fiscalizador de no restricción de la libertad.
11.- ¿Son determinantes en un habeas corpus las evaluaciones médicas?
No, solo se verifica la restricción de la libertad.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en un habeas corpus?
No, es la libertad de la persona.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes?
De quizás protección a sus bienes propios, pues se sentían despojados o
amenazados por la pareja de su padre.
223
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
un habeas corpus?
No, en un habeas corpus lo que se evalúa es la libertad de la persona.
Cuestionario 3: Del proceso de nulidad de matrimonio
1.- Del proceso de nulidad de matrimonio considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿por qué?
Sí, pues no reunía todos los requisitos.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de nulidad de matrimonio?
De acuerdo a Ley.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No tienen porqué valorarse, sólo se ve la libertad.
4.- En los fundamentos de hecho de las sentencia ¿se valoró los años de
convivencia?
No, no es necesario, no se está valorando la unión de hecho.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su
vida sentimental?
De ninguna manera, las personas tienen derecho a su vida sentimental.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad
de convivir con otra persona?
De ninguna manera, tiene la plena libertad de hacerlo.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia de la sentencia?
Que se ha dado de acuerdo a Ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado con respecto a su convivencia?
Que tenía la libertad de convivir con quien quisiera.
224
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
Influyen de cierta manera, pero no intervienen.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones
sentimentales?
No en cuanto a sus relaciones sentimentales, ellos son libres.
11.- ¿Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones
médicas?
No necesariamente, salvo que se refiera a la capacidad.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una nulidad de matrimonio?
No, solo si se refiere a la capacidad.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con
respecto al querer el demandado de rehacer nuevamente su vida
sentimental?
Egoísta y Ambiciosa.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una nulidad de matrimonio?
No, solo si se refiere a la capacidad voluntaria.
225
Entrevista 6
Datos generales
1.- Nombres y apellidos: César Hugo Barreda Gutiérrez
2.- Cargo abogado juez o fiscal: fiscal superior
3.- Especialidad: penal
4.- Fecha de la entrevista: 20-02-2018
5.- Número de colegiatura: 3507 (CAC)
6.- Edad: 60
7.- Religión: católico
8.- Nacionalidad: peruano
9.- Estado civil: soltero
Instrumento de recolección de datos:
Guía de entrevista vamos a hablar sobre la protección de bienes del adulto mayor
señor Felipe Tudela Barreda.
Cuestionario 1: Del proceso de interdicción
1.- Del proceso de interdicción considera que se han expedido de acuerdo a
ley ¿por qué?
Si, tiene todos los parámetros y considerandos necesarios.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de interdicción?
Que está de acuerdo a ley.
3.-En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No, se tenía porque, pues se cuestiona su capacidad de raciocinio.
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Ninguno.
226
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten un anticipo de
legítima ¿por qué?
Sí, siempre y cuando estén de acuerdo a los padres primando su voluntad.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a disponer de su tercio de libre
disposición?
No está obligada, si puede hacerlo.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia emitida?
Que se dio de acuerdo a ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que
se desprende de la sentencia?
Una persona bastante mayor.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger los bienes
de las personas de la tercera edad?
Sí.
11.- ¿Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutadas en el
señor Felipe Tudela Barreda?
Correctas, aunque debieron corroborarse por el médico legista.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una interdicción?
Sí, es necesario.
13.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado
en una interdicción?
Sí, es necesario.
227
14.- ¿Qué opinión le merece si en el proceso de interdicción se debe
solicitar como instrumento de opinión para el juez la evaluación
neurológica? Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico por
imágenes de neurofisiología y de laboratorio en donde se evidenciarían o no
las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia
senil en curso progresivo u otro de lesión que ocupe el espacio cerebral,
realizado por un médico neurólogo, debidamente titulado acreditado,
colegiado y habilitado.
Sería importante para un fallo más justo.
Cuestionario 2: Del proceso de habeas corpus
1.- Del proceso de habeas corpus considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿Por qué?
Sí, pues según el artículo 200 de la Constitución Política del Perú, procede ante
un hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que
vulnera la libertad individual.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de habeas corpus?
Que se ha dado de acuerdo a las normas, pues procede por la amenaza o acto
lesivo del derecho a la vida, a la integridad física y psicológica o el derecho a la
salud (ejemplo en reclusos).
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No tenía por qué, solo es observar, si se está vulnerando su libertad.
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Nada – ninguno, según el tribunal procede en toda situación independiente del
lugar donde se encuentre la persona.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten tener autoridad
total sobre ellos?
No, salvo por salud.
228
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su
libertad?
De ninguna manera, la constitución y los tratados internacionales nos dan la
libertad a cualquier edad salvo, que se restrinja por haber cometido algún delito.
7.- ¿En su opinión personal tiene coherencia la sentencia?
Se ha dado de acuerdo a ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su
libertad?
Que, se había restringido su libertad.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No, pero muchas veces cuestionan los fallos de los jueces.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad?
Si están lúcidas son libres y tienen las normas que lo protegen.
11.- ¿Son determinantes en un habeas corpus las evaluaciones médicas?
No, todo se refiere a la restricción de la libertad.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en un habeas corpus?
No.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes?
De querer proteger al padre, por sentimientos o ambición propia.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
un habeas corpus?
No.
229
Cuestionario 3: Del proceso de nulidad de matrimonio
1.- Del proceso de nulidad de matrimonio considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿Por qué?
Sí, porque este proceso refirió los requisitos de nulidad.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de nulidad de matrimonio?
Correcto, puesto que no estaba inscrito el primer divorcio de la contrayente.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No, pues es irrelevante en este proceso.
4.- En los fundamentos de hecho de las sentencia ¿se valoró los años de
convivencia?
No tiene implicancia ni razón la convivencia con la nulidad de matrimonio en este
caso.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su
vida sentimental?
No es correcto.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad
de convivir con otra persona?
De ninguna manera, puede convivir a cualquier edad, siendo mayor de edad.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia de la sentencia?
Que es correcta.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado con respecto a su convivencia?
Estaba en libertad de hacerla.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No.
230
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones
sentimentales?
Los sentimientos son libres. No existe, ni se puede crear un mecanismo en las
relaciones personales.
11.- ¿Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones
médicas?
No, salvo que trate de la capacidad del contrayente.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una nulidad de matrimonio?
No necesariamente.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con
respecto al querer el demandado de rehacer nuevamente su vida
sentimental?
De querer proteger al Padre y sus intereses económicos.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una nulidad de matrimonio?
No necesariamente.
231
Entrevista 7
Datos generales
1.- Nombres y apellidos: Jorge Gómez Calle
2.- Cargo abogado juez o fiscal: fiscal
3.- Especialidad: civil – familia
4.- Fecha de la entrevista: 21-02-2018
5.- Número de colegiatura: CAP 668
6.- Edad: 65
7.- Religión: católico
8.- Nacionalidad: peruano
9.- Estado civil: casado
Instrumento de recolección de datos:
Guía de entrevista vamos a hablar sobre la protección de bienes del adulto mayor
señor Felipe Tudela Barreda.
Cuestionario 1: Del proceso de interdicción
1.- Del proceso de interdicción considera que se han expedido de acuerdo a
ley ¿Por qué?
A mi parecer no; pues no se habría evaluado adecuadamente los medios
probatorios.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de interdicción?
No está de acuerdo a ley pues no se merituo los medios probatorios.
3.-En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
De ninguna manera.
232
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Que el señor para algunas transacciones si estaba lúcido.
5.- Es lícito que los hijos en vida de los padres soliciten un anticipo de
legítima ¿Por qué?
Sí, es lícito, siempre y cuando haya consentimiento de los padres.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a disponer de su tercio de libre
disposición?
No está obligada.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia la sentencia emitida?
Que la sentencia es discutible, pues no se valoraron los medios probatorios.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que
se desprende de la sentencia?
Que, era una persona mayor, con capacidad para ejercer sus derechos.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger los bienes
de las personas de la tercera edad?
Sí un ente regulador, un ministerio o institución que proteja los bienes de las
personas de la tercera edad.
11.- ¿Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutadas en el
señor Felipe Tudela Barreda?
Que les falto peritaje.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una interdicción?
Si es uno de los medios.
233
13.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una interdicción?
Si es uno de los medios.
14.- ¿Qué opinión le merece si en el proceso de interdicción se debe
solicitar como instrumento de opinión para el juez la evaluación
neurológica? Que siempre se acompaña en pruebas de diagnóstico por
imágenes de neurofisiología y de laboratorio en donde se evidenciarían o no
las lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el diagnóstico de demencia
senil en curso progresivo u otro de lesión que ocupe el espacio cerebral,
realizado por un médico neurólogo, debidamente titulado acreditado,
colegiado y habilitado.
Sería magnífico y se corroboraría legalmente si se declara la interdicción.
Cuestionario 2: Del proceso de habeas corpus
1.- Del proceso de habeas corpus considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿Por qué?
Sí porque se refiere a su libertad.
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de habeas corpus?
Que se dado de acuerdo a ley.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No, pues no es necesario.
4.- En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo ¿qué le llama la
atención a usted que no se visualizó?
Todo se da de acuerdo a ley.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten tener autoridad
total sobre ellos?
No, siempre y cuando estén mal de salud.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su
libertad?
De ninguna manera, salvo que este enferma.
234
7.- ¿En su opinión personal tiene coherencia la sentencia?
Que se da de acuerdo a ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su
libertad?
Que es una persona ambiciosa y con poder.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad?
Sí, un ministerio o institución que vele por su integridad.
11.- ¿Son determinantes en un habeas corpus las evaluaciones médicas?
No.
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en un habeas corpus?
No.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes?
Actitud poco ética hacia su padre.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
un habeas corpus?
No.
Cuestionario 3: Del proceso de nulidad de matrimonio
1.- Del proceso de nulidad de matrimonio considera que se han expedido de
acuerdo a ley ¿Por qué?
Sí, porque la señora no había inscrito su divorcio.
235
2.- ¿Cuál es su opinión sobre el fallo de nulidad de matrimonio?
De acuerdo a ley.
3.- En la sentencia ¿se valoró la opinión del demandado?
No era necesario, solo se valora requisitos.
4.- En los fundamentos de hecho de las sentencia ¿se valoró los años de
convivencia?
No era necesario.
5.- Es lícito ¿qué los hijos en vida de los padres soliciten interrumpir su
vida sentimental?
No es lícito, es libertad de los padres rehacer su vida.
6.- Una persona adulta mayor ¿está obligada a no tener acceso a su libertad
de convivir con otra persona?
De ninguna manera.
7.- En su opinión personal ¿tiene coherencia de la sentencia?
Se ha dado de acuerdo a Ley.
8.- ¿Qué opinión tiene del demandado con respecto a su convivencia?
Que era libre de convivir con quien quisiera.
9.- Los medios de comunicación ¿pueden intervenir en el fallo de los
jueces?
No.
10.- Cree usted ¿qué se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones
sentimentales?
Su libertad de sentimientos solo le pertenece a las personas, es inherente a ellas.
11.- ¿Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones
médicas?
No, salvo que se refiera a su capacidad.
236
12.- El informe médico psiquiátrico del adulto mayor ¿es el instrumental
indicado en una nulidad de matrimonio?
Si se refiere a capacidad, en este caso no.
13.- ¿Qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con
respecto al querer el demandado de rehacer nuevamente su vida
sentimental?
De puro egoísmo.
14.- El informe psicológico del adulto mayor ¿es el instrumental indicado en
una nulidad de matrimonio?
No necesariamente en el presente caso, se valoró los requisitos, el informe
psicológico o pericia es por la voluntad si no hay voluntad hay nulidad.
Si se refiere a capacidad, en este caso no.
237
Anexo 5
Matriz de Categorización
Supuestos Indicador Entrevistas con Profesionales
Aplicación de las normas legales
correctas
Cumplimiento del debido proceso
Del proceso de Interdicción considera que se ha expedido de acuerdo a Ley
¿Por qué?
En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo de Interdicción, ¿qué le llama la atención a usted que no se
visualizó?
Del proceso de Habeas Corpus considera que se ha expedido de
acuerdo a Ley ¿Por qué?
En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo de Habeas Corpus, ¿qué le llama la atención a usted que
no se visualizó?
Del proceso de Nulidad de matrimonio considera que se ha expedido de
acuerdo a Ley ¿Por qué?
En los fundamentos de hecho de la sentencia o fallo de Nulidad de
matrimonio, ¿se valoró los años de convivencia?
Coherencia en las resoluciones
emitidas por las instancias que van
a resolver el proceso
¿Cuál es su opinión sobre el fallo de Interdicción?
En su opinión personal tiene coherencia la sentencia emitida en
Interdicción.
¿Cuál es su opinión sobre el fallo de Habeas Corpus?
En su opinión personal tiene coherencia la sentencia emitida en
Habeas Corpus.
¿Cuál es su opinión sobre el fallo de Nulidad de matrimonio?
En su opinión personal tiene coherencia la sentencia emitida en
Nulidad de matrimonio.
Vulnerabilidad de
los Derechos Humanos en
adultos mayores
Fuentes del derecho
En la sentencia del proceso de Interdicción se valoró la opinión del
demandado
En el proceso de Interdicción es lícito que los hijos en vida de los padres
soliciten un anticipo de legítima. ¿Por qué?
238
Vulnerabilidad de los Derechos Humanos en
adultos mayores
Fuentes del derecho
Una persona adulta mayor está obligada a disponer de su tercio de
libre disposición.
En la sentencia del proceso de Habeas Corpus se valoró la opinión
del demandado.
En el proceso de Habeas Corpus es lícito que los hijos en vida de los
padres soliciten tener autoridad total sobre ellos.
Una persona adulta mayor está obligada a no tener acceso a su
libertad.
En la sentencia del proceso de Nulidad de matrimonio se valoró la
opinión del demandado
En el proceso de Nulidad de matrimonio es licito que los hijos en
vida de los padres soliciten interrumpir su vida sentimental
Una persona adulta mayor está obligada a no tener acceso a su
libertad de convivir con otra persona
Soporte Institucional
Qué opinión tiene del demandado en relación a su situación legal que se
desprende de la sentencia del proceso de Interdicción.
Cree usted que se puede crear un mecanismo para proteger los bienes de las personas de la tercera edad.
En el proceso de Habeas Corpus ¿qué opinión tiene del demandado en relación a la violación de su libertad?
Cree usted que se puede crear un mecanismo para proteger la libertad de las personas de la tercera edad.
En el proceso de Habeas Corpus qué opinión le merece la actitud asumida
por los demandantes
En el proceso de Nulidad de matrimonio qué opinión tiene del demandado con respecto a su
convivencia
Cree usted que se puede crear un mecanismo para proteger la libertad
de las personas de la tercera edad en cuanto a sus relaciones
sentimentales.
239
Vulnerabilidad de los Derechos Humanos en
adultos mayores
Soporte Institucional
En el proceso de Nulidad de matrimonio ¿qué opinión le merece la actitud asumida por los demandantes con respecto al querer el demandado
de rehacer nuevamente su vida sentimental?
Intervención de los
medios de comunicación en
los procesos judiciales
Impacto noticioso por los personajes
políticos involucrados
determinan toma de decisiones de los
jueces
En el proceso de Interdicción, los medios de comunicación pueden intervenir en el fallo de los jueces.
En el proceso de Habeas Corpus, los medios de comunicación pueden intervenir en el fallo de los jueces.
En el proceso de Nulidad de matrimonio, los medios de
comunicación pueden intervenir en el fallo de los jueces.
Utilización adecuada de los informes médicos
Utilización adecuada de los informes médicos
Protección de los adultos mayores
con informes médicos idóneos
El informe médico psiquiátrico del adulto mayor es el instrumental
indicado en un proceso de Interdicción.
El informe médico psiquiátrico del adulto mayor es el instrumental
indicado en un proceso de Habeas Corpus
El informe médico psiquiátrico del adulto mayor es el instrumental
indicado en una nulidad de matrimonio
Son determinantes para anular un matrimonio las evaluaciones médicas.
Cumplimiento e interacción de los diferentes informes médicos tanto integral, psiquiátrico y neurológico para la expedición de resoluciones justas
Cumplimiento e interacción de los diferentes informes médicos tanto integral, psiquiátrico
Qué opinión le merece las evaluaciones médicas ejecutada en el
Señor Felipe Tudela y Barreda.
Qué opinión le merece si en el proceso de Interdicción se debe
solicitar como instrumento de opinión para el juez, la evaluación neurológica que siempre se acompaña en pruebas
de diagnóstico por imágenes, de neurofisiología y de laboratorio en donde se evidenciarían o no las
lesiones orgánicas que confirmen o eliminen el diagnóstico de Demencia Senil en curso progresivo u otro tipo
de lesión que ocupe el espacio cerebral, realizado por un médico
neurólogo, debidamente acreditado, colegiado y habilitado.
Son determinantes en un proceso de
240
y neurológico para la expedición de resoluciones justas
Habeas Corpus las evaluaciones médicas.
Utilización adecuada de los
informes psicológicos
Protección de los adultos mayores
con informes psicológicos
idóneos
El informe psicológico del adulto mayor es el instrumental indicado en
un proceso de interdicción.
El informe psicológico del adulto mayor es el instrumental indicado en
un proceso de Habeas Corpus.
El informe psicológico del adulto mayor es el instrumental indicado en
un proceso de Nulidad de matrimonio.
241
Anexo 6
Propuesta de mejora: Presentación de Proyecto de Ley a Congresista de la
República del Perú.
Entregado: Al Congresista de Piura Luis Humberto López Vilela.
Fecha: 08 de Julio del 2018
Hora: 15:00 pm.
Vía: WhatsApp
Bancada: Fuerza Popular
Integrante: Comisión Ordinaria Trabajo y Seguridad Social
Cargo: Vicepresidente
Periodo: Del 18/08/2017 al 26/07/2018
Se comprometió: A revisar el proyecto de Ley con sus asesores, realizar las
correcciones respectivas y presentarlo ante su bancada, quién decidirá si se
presenta en mesa de partes del Congreso ante la Comisión respectiva.
PROYECTO DE LEY N°_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 582 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL REFERIDO A LA APLICACIÓN DE NUEVAS PRUEBAS MÉDICAS Y/O PERICIALES EN EL PROCESO DE INTERDICCIÓN CIVIL.
El Congresista de la República, ………………………………………, integrante del
grupo parlamentario……………………….., en ejercicio de la potestad conferida
por el artículo 107° de la Constitución Política dl Estado, concordante con los
artículos, 22° Inc. C), 75° y 76° del Reglamento del Congreso, propone al
Congreso de la República lo siguiente:
FÓRMULA LEGAL
LEY QUE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 582
DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL REFERIDO A LA APLICACIÓN DE NUEVAS
PRUEBAS MÉDICAS Y/O PERICIALES EN EL PROCESO DE INTERDICCIÓN
Artículo 1° Objeto de la Ley
La presente ley tiene por finalidad la aplicación de nuevas pruebas médicas y/o
periciales de acuerdo a la evolución de la medicina actual en el proceso de
interdicción civil sobre el estado del presunto interdicto, para que se confirme su
estado físico, mental y orgánico cerebral y se le respete su libertad,
autodeterminación, voluntad y predilección.
Artículo 2°.- Modificación del artículo 582° del Código Procesal Civil
Modifíquese el primer párrafo del numeral 2 del artículo 582 del Código Procesal
Civil, el mismo que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 582.- Anexos específicos
242
Adicionalmente a lo previsto en el artículo 548°, a la demanda se
acompañará:
(…)
2. En los demás casos: la certificación médica general, psiquiátrica y
neurológica sobre el estado del presunto interdicto, la que se entiende expedida
bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser ratificada en la audiencia
respectiva.
(….)
Artículo 3° Vigencia
La presente ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el
diario oficial el peruano, comuníquese al señor Presidente de la República para su
promulgación.
Lima, junio de 2018.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES:
El artículo 582° Anexos específicos
Adicionalmente a lo previsto en el artículo 548°, a la demanda se acompañará:
(…)
2. En los demás casos: la certificación médica sobre el estado del presunto
interdicto, la que se entiende expedida bajo juramento o promesa de veracidad,
debiendo ser ratificada en la audiencia respectiva.
2. En los demás casos: la certificación médica general, psiquiátrica y
neurológica sobre el estado del presunto interdicto, la que se entiende expedida
bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser ratificada en la audiencia
respectiva.
PROBLEMÁTICA
La propuesta de mejora forma parte de la investigación doctoral “La protección de
bienes de los adultos mayores: un estudio del caso. Distrito Judicial de Lima.
Perú” presentada por el estudiante Mgtr. Rolando Aurelio Velásquez Cueva, del
Programa de Doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Escuela de
Posgrado – Filial Lima, es una unidad académica de la Universidad César Vallejo.
Dicha investigación doctoral, presenta las siguientes conclusiones:
La primera conclusión la no adecuada aplicación de las normas legales
correctas en los Procesos de Interdicción analizados sobre Interdicción siendo
uno de ellos el Proceso de interdicción Expediente N° 183512-2007-00358 pues
no se habría evaluado adecuadamente los medios probatorios ya que el adulto
mayor don Felipe Tudela y Barreda fue declarado no lúcido, sin embargo para
algunas transacciones como autorizar un anticipo de legítima si se consideró que
243
estaba lucido. Omitiendo pruebas que hubieran determinado con certeza su
estado de salud; es decir el examen neurológico que es la propuesta.
La segunda conclusión es qué ocurrió vulnerabilidad de los Derechos Humanos
en adultos mayores en los Procesos de Interdicción, puesto se puede llegar a
determinar si la persona esta incapacitada con el examen neurológico , y como
ejemplo referimos el caso del Expediente N° 183512-2007-00358 sobre
Interdicción del Señor Felipe Tudela y Barreda, que no se demostró su capacidad
o incapacidad durante el proceso porque no se valoró la opinión del demandado,
que se cuestionó su capacidad pero no se demostró realmente que carecía de
capacidad para ejercer sus derechos, puesto que para los intereses de los
demandados no tenía capacidad , pero si para actos que convenían al
demandante, que con la prueba de la propuesta se podría determinar su lucidez
y por ende su capacidad para ejercer sus derechos.
Tercera conclusión Es la no utilización adecuada de los informes médicos en el
Proceso de Interdicción donde en muchos no participan los peritajes del Ministerio
Publico Ejemplo es el Expediente N° 183512-2007-00358 sobre Interdicción
contra don Felipe Tudela Barreda porque entre otras les faltó peritaje del
Ministerio Público.
Este Proyecto de Ley N°…………/2018 - CR “Proyecto de Ley que modifica el
Código Procesal Civil en lo referido a la aplicación de nuevas pruebas médicas
y/o periciales en los procesos de interdicción civil”, distingue la capacidad jurídica
de las personas adultas mayores. Analiza los artículos del Código Procesal Civil
referido a las pruebas médicas solicitadas actualmente en el proceso de
interdicción y plantea las modificaciones de acuerdo a los avances de la
medicina, de la ciencia y diagnósticos por Imagen, de acuerdo a la Constitución
Política del Perú y respetando los derechos humanos de los adultos mayores de
acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia de los estándares internacionales.
ALCANCES DEL DERECHO A LA PROCEDENCIA DE LA INTERDICCIÓN
Cruzado (1991) define la interdicción como “situación disminuida en que se
encuentran determinadas personas que por mandato judicial están incapacitados
para realizar todos o algunos actos de su vida civil” (p. 327).
244
Cabanellas (1994) considera la interdicción como “prohibición, vedamiento,
incapacidad civil establecida como condena” (p. 456).
La legislación vigente señala sobre “Incapacidad absoluta. Son
absolutamente incapaces: Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos
actos determinados por la ley. Los que por cualquier causa se encuentren
privados de discernimiento” (Código Civil Peruano, 1984, art. 43).
Ampliando la legislación vigente respecto de “Limites de la curatela. EL
juez, al declarar la interdicción del incapaz, fija la extensión y límites de la curatela
según el grado de incapacidad de aquél” (Código Civil Peruano, 1984, art. 581).
En el Perú, el ordenamiento jurídico establece su procedencia “La
demanda de interdicción procede en los casos previstos por los incisos 2 y 3 del
artículo 43 y 2 a 7 del artículo 44 del Código Civil. La demanda se dirige contra la
persona cuya interdicción se pide” (Código Procesal Civil, 1992, art. 581).
Los incisos respectivos del Código Civil establecen:
“Son absolutamente incapaces: (…) 2. Los que por cualquier causa se
encuentren privados de discernimiento. 3 Numeral derogado por la Única
Disposición Complementaria de la Ley N° 29973, publicada el 24/12/12” (Código
Civil, 1984, art. 43).
“Son relativamente incapaces: (…) 2. Los retardados mentales. 3. Los que
adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. 4. Los
pródigos. 5. Los que incurren en mala gestión. 6. Los ebrios habituales. 7. Los
toxicómanos” (Código Civil, 1984, art. 44).
En conclusión interdicción es la pérdida del ejercicio de los derechos
civiles, y que somete a tutela a quien se la impone el juez por habérsele
declarado incapaz. Es decir otra persona, generalmente familiar va a ejercer la
curatela y le va a administrar sus bienes
ALCANCES DEL DERECHO A LOS MEDIOS PROBATORIOS QUE PUEDEN
SER PRESENTADOS EN LA DEMANDA DE INTERDICCIÓN
En el Perú, el ordenamiento jurídico dispone la utilización de medios probatorios
245
“Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos
por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y
fundamentar sus decisiones” (Código Procesal Civil, 1992, art. 188).
Que deben se pertinentes y bien dirigidos “Los medios probatorios deben
referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la pretensión. Los
que no tengan esa finalidad, serán declarados improcedentes por el Juez”
(Código Procesal Civil, 1992, art. 190).
El ordenamiento jurídico los clasifica los medios probatorios en típicos y atípicos:
“Son medios de prueba típicos: 1.La declaración de parte; 2.La declaración
de testigos; 3. Los documentos; 4. La pericia; y 5. La inspección judicial” (Código
Procesal Civil, 1992, art. 192).
“Los medios probatorios atípicos son aquellos no previstos en el Artículo
192 y están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permitan lograr la
finalidad de los medios probatorios” (Código Procesal Civil, 1992, art. 193).
ALCANCES DEL DERECHO DE LA CERTIFICACIÓN MÉDICA SOBRE EL
ESTADO DE SALUD DEL PRESUNTO INTERDICTO
“requiere de certificación médica sobre el estado del presunto interdicto como
requisito especial, la que será expedida bajo juramento o promesa de veracidad,
por el psiquiatra que expida dicho documento (certificado médico) debiendo ser
ratificada en la audiencia única” (Sentencia del Expediente 77 de la Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, 2014).
El mayor porcentaje de demandas de interdicción se basan en el estado de
deficiencia mental del presunto interdicto por lo que el principal medio probatorio
es el certificado médico
(Enfoque Dogmático del texto constitucional)
Derechos Fundamentales de la Persona según la Constitución Política del
Perú de 1993
“Refiere que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del Estado” (Constitución Política del Perú, 1993, art.
1).
246
“toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad
moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto
de derecho en todo cuanto le favorece” (Constitución Política del Perú, 1993,
art.2.1).
“toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquiera otra índole” (Constitución Política del Perú, 1993,
art.2.2).
“la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente,
a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia
y promueven el matrimonio” (Constitución Política del Perú, 1993, art. 4).
(Análisis del texto constitucional)
Existen varios factores por los que se considera vulnerable el grupo de los
adultos mayores. Uno de ellos es la avanzada edad, lo que va a ocasionar que
padezcan aumento de probabilidad de enfermedades y de malestares físicos.
También la asociación con diferentes estereotipos, que van a producir
reforzamiento de dependencia y que hacen que la sociedad y la familia no
puedan entender que los adultos mayores también son personas consideradas en
la Constitución Política. Por lo tanto deben de gozar de la autonomía y de una
verdadera capacidad de decisión sobre su estilo de vida. Frente a esta
problemática el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas correctivas de
protección más adecuadas para contrarrestar que los adultos mayores se
encuentren constantemente invadidos por la situación de vulnerabilidad.
(Concepto de Vulnerabilidad y las 100 Reglas de Brasilia de 2008)
Real Academia Española (2005) en su diccionario define la vulnerabilidad “como
cualidad de vulnerable, es decir que puede ser herido o recibir lesión, física o
moralmente” (p. 1577).
“de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género,
estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o
culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el
sistema de justicia los derechos reconocidos” (100 Reglas de Brasilia sobre
acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, 2008, cap. I,
regla 3).
247
“el envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad
cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a
sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de
justicia” (100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en
condición de vulnerabilidad, 2008, cap. I, regla.6).
“se velará para que en toda intervención en un acto judicial se respete la
dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, otorgándole un trato
específico adecuado a las circunstancias propias de su situación” (Las 100 Reglas
de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad, 2008, cap.III, regla.50).
Los que son heridos o reciben lesión física o moralmente son las
personas más débiles o frágiles y esto se observa más por la edad en los niños,
los ancianos y por el género femenino. Por lo tanto este grupo de personas será
más vulnerable. También aquí están incluidos los discapacitados y los habitantes
de tribus en la selva y también en la sierra. En el caso de los adultos mayores a
mayor edad serán considerados más vulnerables porque tendrán mayor número
de deficiencias fisiológicas. Las 100 Reglas de Brasilia se refieren a conceptos y
principios de promoción de políticas públicas que van a garantizar el acceso a la
justicia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Pero
también se refiere al trabajo diario de los que laboran a nivel jurisdiccional y
administrativo en el funcionamiento del sistema judicial. La adhesión del Poder
Judicial del Perú a la implementación de estas reglas ocurre desde el 26 de julio
de 2010.
(La idea de vulnerabilidad y los nuevos enfoques basados en derechos
humanos de los adultos mayores)
“Los nuevos enfoques basados en los derechos humanos tratan de poner el
énfasis en el empoderamiento de las personas mayores, considerándolos como
sujetos de derecho y no solo beneficiarias de la asistencia social” (Martínez, 2015,
p. 1082).
Alzate y otros (2014) comentan sobre “población adulta mayor atendida
en el sistema público sanitario de Medellín, existe vulnerabilidad social en esta
248
población al evidenciar dificultades en la implementación de políticas públicas y
estrategias en salud que impacten directamente en los indicadores de morbilidad
bucal” (p. 23).
Delgado (2014) refiere que “es posible vivir hasta una avanzada edad con
salud si somos capaces de prever, controlar y curar prematuramente los más
comunes padecimientos, y evitar la exposición a las condiciones que nos hacen
más vulnerables” (p. 14).
Las poblaciones vulnerables son consideradas actualmente por los y las
personas con discapacidad, los y las migrantes, los niños y las niñas, los y las
adolescentes, los adultos mayores y las adultas mayores, las comunidades y los
pueblos indígenas. Entender a los adultos mayores como grupo vulnerable nos
hace entender que siempre lo serán, esto representa una desigualdad de hecho,
se tiene que recordar que no es la edad sino sus características estructurales y
relaciones sociales los que lo hacen vulnerable. Los nuevos enfoques basados en
los derechos humanos de los adultos mayores los considera en mejorar su
situación como sujetos de derecho fundamentados en el valor igualdad para
eliminar las barreras jurídicas, institucionales y físicas.
(Protección de los DDHH de adultos mayores en el Perú)
“La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades
fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a: Una vida digna, plena,
independiente, autónoma y saludable. La no discriminación por razones de edad”
(Ley 30490, 2016, art. 5.1).
“El Estado dispone las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de
los derechos de la persona adulta mayor en situaciones de riesgo, incluidas las
situaciones de emergencia humanitaria y desastres, para lo cual adopta las
acciones necesarias” (Ley 30490, 2016, art. 5.2).
“El Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y la
persona adulta mayor son los ejes fundamentales para el desarrollo de las
acciones de promoción y protección de los derechos de la persona adulta mayor”
(Ley 30490, 2016, 2016, art. 6).
249
El Estado de proteger a la población de adultos mayores a través de
políticas públicas centradas en sus necesidades y en la instauración de
disposiciones inmediatas y progresivas que consigan el establecimiento o
consolidación de su calidad de vida. Y para que cumpla este cometido tiene que
tener el apoyo de la sociedad, las familias y los mismos adultos mayores.
(Texto Procesal Civil)
Artículo 582.- Anexos específicos
Adicionalmente a lo previsto en el artículo 548, a la demanda se acompañará:
1. Si se trata de pródigos y de los que incurren en mala gestión: el
ofrecimiento de no menos de tres testigos y los documentos que acrediten
los hechos que se invocan; y,
2. En los demás casos: la certificación médica sobre el estado del presunto
interdicto, la que se entiende expedida bajo juramento o promesa de
veracidad, debiendo ser ratificada en la audiencia respectiva.
(Análisis del texto procesal civil a la luz del texto constitucional)
Se mantiene la estructura general de la norma original, pero se hace hincapié en
que la certificación médica es de tres tipos: la general para la evaluación médica
integral realizada por un médico general colegiado. La psiquiátrica para la
evaluación mental realizada por un médico psiquiatra colegiado. La neurológica
para la evaluación orgánica cerebral con tomografía cerebral y/o resonancia
nuclear magnética cerebral realizada por un médico neurólogo colegiado
PROPUESTA DE SOLUCION:
Artículo 582.- Anexos específicos
Adicionalmente a lo previsto en el artículo 548, a la demanda se acompañará:
1. Si se trata de pródigos y de los que incurren en mala gestión: el
ofrecimiento de no menos de tres testigos y los documentos que acrediten
los hechos que se invocan; y,
2. En los demás casos: la certificación médica general, psiquiátrica y
neurológica sobre el estado del presunto interdicto, la que se entiende
expedida bajo juramento o promesa de veracidad, debiendo ser ratificada
en la audiencia respectiva.
250
La presente iniciativa tiene el empeño de analizar el artículo 582 del Código
Procesal Civil referido a las pruebas médicas solicitadas actualmente en el
proceso de interdicción y plantea las modificaciones de acuerdo a los avances de
la medicina y respetando los derechos humanos de los adultos mayores, de
acuerdo a la Constitución Política del Perú y los estándares internacionales de las
100 Reglas de Brasilia.
EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA
La vigencia de la presente ley no trasgrede normas constitucionales ni otras
normas vigentes, y solo modifica parte de un artículo del Código Procesal Civil.
ANALISIS COSTO BENEFICIO
La presente iniciativa legislativa no genera gastos y no afecta al presupuesto de
las entidades públicas.
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Anexo 7
252
Anexo 8
253
Anexo 9
254
Anexo 10