la pena de muerte el castigo máximo

LA PENADE MUERTEEL CASTIGO MÁXIMO

MATERIAL DE CAMPAÑA

Si desean más inforamción,pónganse en contacto con suSección o Estructura de AmnistíaInternacional. Encontraránla información oportunaen www.amnesty.org

Fotografía: Majid Kavousifary su sobrino Hossein Kavousifar,ahorcados de una grúa, Teherán,Irán, 2 de agosto de 2007.© Particular

Índice: ACT 50/015/2008

LA PENA DE MUERTEEL CASTIGO MÁXIMO


Todos los días se ejecuta a presos, tanto hombres como mujeres e incluso menores de edad.Sea cual sea su delito, sin importar si son culpables o inocentes, sus vidas se pierdenpor culpa de un sistema de justicia que valora más el castigo que la rehabilitación.

La pena de muerte es el exponentemáximo de pena cruel, inhumana ydegradante. Viola el derecho a la vida. Encualquiera de sus formas – electrocución,ahorcamiento, cámara de gas,decapitación, lapidación, fusilamiento oinyección letal– es un castigo violentoque no tiene lugar en el actual sistema dejusticia penal.

No obstante, persiste.

En muchos países, el gobierno alega que

la pena de muerte tiene efectosdisuasorios para justificarla. Sinembargo, no existen datos quedemuestren su mayor eficacia, encomparación con otros castigos severos,a la hora de reducir la delincuencia.

La pena de muerte es discriminatoria.A menudo, se emplea de formadesproporcionada contra la poblaciónpobre, las minorías y las personaspertenecientes a grupos raciales,étnicos y religiosos menos numerosos.

Su imposición y ejecución sonarbitrarias. En algunos países se utilizacomo arma de represión: una formabrutal y rápida de silenciar a laoposición política.

La pena de muerte es irreversible,circunstancia a la que se unen losfrecuentes errores humanos y prejuiciosdel sistema de justicia, que impidenerradicar el peligro de ejecutar apersonas inocentes. Errores así no tienensolución.

Cinco hombres ahorcados en público en Mashhad, Irán, agosto de 2007.©

APPhoto/Halabisaz

Índice:ACT50/015/2008


Amnistía Internacional se opone a lapena de muerte en todas lascircunstancias y trabaja por su aboliciónen todo el mundo.

UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de DerechosHumanos, adoptada por la Asamblea Generalde las Naciones Unidas en diciembre de1948, reconoce el derecho de toda persona ala vida (artículo 3) y declara de formacategórica que "nadie será sometido a torturasni a penas o tratos crueles, inhumanos odegradantes" (artículo 5).

En diciembre de 2007, la ONU reafirmó yfortaleció su postura en contra de la pena demuerte, cuando la Asamblea General aprobóuna resolución por la que instaba a losEstados miembros a suspender lasejecuciones “con miras a abolir la pena demuerte”.

UN SÍNTOMA, NO UNA SOLUCIÓN

Poner fin a la pena de muerte implicareconocer que se trata de una políticapública destructiva y divisiva que noconcuerda con los valores generalmenteaceptados. Promueve respuestas simplistasa complejos problemas humanos y desvía laatención de otras medidas efectivas que sepodría tomar contra la criminalidad. Ofreceuna respuesta superficial al sufrimiento delas familias de víctimas de asesinato, yextiende ese sufrimiento a los seres

queridos de las personas condenadas.Desvía recursos que se podrían utilizarmejor para luchar contra la delincuenciaviolenta y para ayudar a las personasafectadas por ella. Constituye un síntomade una cultura de la violencia, no unasolución a ella. Es una afrenta a ladignidad humana. Debe abolirse.

El mundo está dando la espalda a loshomicidios judiciales ordenados por elEstado. Desde 1979, más de 70 países hanabolido la pena de muerte para todos losdelitos o para delitos comunes. Más de 130Estados han abandonado la pena capital, porley o en la práctica, y sólo unos pocosgobiernos siguen llevando a cabo ejecucionesaño tras año.

¿Qué pide Amnistía Internacional?

� Una suspensión de las ejecucionesen todo el mundo.

� La abolición de la pena de muertepara todos los delitos.

� La ratificación universal de los tratados queestablecen la abolición, incluido el SegundoProtocolo Facultativo del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos, destinado aabolir la pena de muerte.

� El cumplimiento, por parte de todoslos países que mantienen la penade muerte, de su obligación internacionalde no utilizarla contra menores.

MÁS INFORMACIÓN� Para acceder a información actualizada

sobre la campaña de AmnistíaInternacional contra la pena de muerte,con datos y cifras de todo el mundo einformación sobre qué hacer paraayudar, consultenwww.amnesty.org/es/death-penalty

� Si desean información general sobre lapena de muerte en todo el mundo,consulten www.worldcoalition.org

� Actúen el 10 de octubre, Día Mundialcontra la Pena de Muerte. Encontraránmás información en la página web deAmnistía Internacional.

LA PENA DE MUERTECONSTITUYE UN SÍNTOMADE UNA CULTURADE LA VIOLENCIA,NO UNA SOLUCIÓN A ELLA.


¿TIENE EFECTOS DISUASORIOSLA PENA DE MUERTE?LA REALIDAD, AVALADA POR DATOS

MITO

La pena de muerte tiene efectos disuasorioscontra la delincuencia violenta y protegea la sociedad.

REALIDAD

Datos de todo el mundo han demostrado quela pena de muerte no tiene efectosdisuasorios especiales con respecto a ladelincuencia. Muchas personas hanargumentado que la abolición de la pena demuerte conlleva un incremento en los índicesde criminalidad, pero los estudios realizadosen Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, noavalan esa teoría. En 2004, en EstadosUnidos el índice medio de asesinatos en losestados con pena de muerte fue de 5,71 porcada 100.000 habitantes, pero en los estadossin la pena capital fue sólo de 4,02. Además,en Canadá, en 2003, 27 años después de laabolición de la pena de muerte, el índice deasesinatos había descendido un 44 por cientocon respecto a 1975, cuando la pena demuerte seguía en vigor. Lejos de proteger a lasociedad, se ha demostrado que la pena demuerte embrutece a la sociedad. Loshomicidios sancionados por el Estado sólosirven para fomentar el uso de la fuerza y parapermitir que continúe el ciclo de violencia.

MITO

La población tiene menos tendenciaa cometer delitos, y en concreto asesinatos,si sabe que el castigo que le esperaes la ejecución.

REALIDAD

Este argumento presupone que losdelincuentes estudian y anticipan lasconsecuencias de ser atrapados, y consideranaceptable una pena de prisión de largaduración, pero no así la ejecución. Muchosdelitos se cometen en el calor del momento, yes poco probable que los posibles castigosinfluyan en su comisión o no, ya que, además,los responsables no piensan que se losatrapará y que tendrán que rendir cuentas. Lapena de muerte puede provocar incluso másviolencia. La ejecución es el máximo castigoque un Estado puede imponer a una persona.Una vez que el delincuente es consciente dehaber cometido un delito punible con lamuerte, deja de tener interés por evitarcometer asesinatos u otros delitos paraatenuar su posible castigo. Por ejemplo, si elrobo a mano armada se castiga con la muerte,el ladrón no pierde nada si, además, asesina auna persona al tratar de huir.

MITO

La pena de muerte reduce los delitosrelacionados con la droga.

REALIDAD

En marzo de 2008, el director ejecutivo de laOficina de las Naciones Unidas contra laDroga y el Delito pidió que dejara de aplicarsela pena de muerte para castigar delitosrelacionados con la droga: “Aunque las drogasmatan, —dijo— no creo que debamos matarpor causa de las drogas”.

El uso de la pena de muerte para delitosrelacionados con la droga viola el derechointernacional. Según el artículo 6.2 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos,“en los países en que no hayan abolido lapena capital sólo podrá imponerse la pena demuerte por los más graves delitos”. En abrilde 2007, el relator especial de la ONU sobreejecuciones extrajudiciales, sumarias oarbitrarias, que compareció como perito en unrecurso contra la Constitución de Indonesia,declaró ante el Tribunal Constitucional que“[la] muerte no es una respuesta adecuada aldelito de tráfico de drogas”. Aparte deIndonesia, existen otros países en los quetambién se ejecuta a personas por delitosrelacionados con la droga, como Arabia Saudí,China, Irán, Malaisia y Singapur. No obstante,no hay pruebas concluyentes de que elempleo de la pena de muerte tenga mayorpoder disuasorio contra dichos delitos que laspenas de periodos prolongados de prisión.



MITO

La amenaza de ejecución es una estrategiaeficaz para prevenir el terrorismo.

REALIDAD

Las personas dispuestas a cometer actos deviolencia a gran escala para aterrorizar a unasociedad lo hacen conscientes de los gravesdaños físicos que pueden sufrir y, por tanto,con poca o ninguna consideración por supropia seguridad. Las ejecuciones de ese tipode personas sirven a menudo para darpublicidad a los grupos a los que perteneceny crear mártires, que a su vez pueden atraernuevos adeptos para la causa. No obstante,muchos países han intentado controlar elterrorismo por medio de la pena de muerte.En noviembre de 2005, Irak aprobó la LeyAntiterrorista de Irak, en la que se definevagamente el delito de “terrorismo”, pero semencionan varios actos “terroristas”(incluidos algunos que no acarrean pérdida devidas) que se castigan con la pena de muerte.En virtud de esta y otras leyes, se han llevadoa cabo decenas de ejecuciones en Irak.

MITO

La pena de muerte es aceptable siempre quela apoye la mayoría de la opinión pública.

REALIDAD

Amnistía Internacional reconoce el derecho delos Estados a crear leyes. Sin embargo, éstasdeben formularse dentro de los límites delrespeto a los derechos humanos. A lo largo dela historia abundan los ejemplos de violacionesde derechos humanos que contaron con elrespaldo de la mayoría, pero que hoy en díarecordamos con horror. La esclavitud, lasegregación racial y los linchamientosrecibieron en general la aprobación de lassociedades en las que se produjeron, peroconstituyeron violaciones graves de losderechos humanos de las víctimas.

Resulta comprensible que la población esperede sus líderes que tomen medidascontundentes contra la violencia, y que laciudadanía manifieste sentimientos de iracontra los culpables de delitos brutales. Noobstante, Amnistía Internacional consideraque los líderes políticos deben dar ejemplo ydefender los derechos humanos, oponiéndosea la pena de muerte y explicando a susvotantes las razones por las que el Estado nopuede perpetrar ese tipo de actos.

Tras más de 30 años de investigación sobre lapena de muerte, Amnistía Internacional creeque el respaldo de la opinión pública a la penacapital se basa abrumadoramente en el deseode erradicar la delincuencia. Valgan comoejemplo los sondeos de Estados Unidos y otrospaíses, que reflejan considerables descensos enel apoyo a la pena de muerte cuando se ofrececomo alternativa la cadena perpetua sinposibilidad de libertad condicional. En EstadosUnidos, un sondeo de la organización Gallup,realizado en mayo de 2006, constató unretroceso en el apoyo a la pena de muerte del65 al 48 por ciento, cuando se ofreció susustitución por la pena de cadena perpetua sinposibilidad de libertad condicional.

MITO

Las ejecuciones son la solución máseconómica a la delincuencia violenta.

REALIDAD

Una sociedad no puede aprobar la violencia ysacrificar los derechos humanos para recortarcostes. La decisión de segar una vida humanano se debe basar en razones económicas.Asimismo, la pena de muerte es ineficazcomo medida para reducir la poblaciónreclusa. Por ejemplo, Estados Unidos tieneuna población reclusa de aproximadamente2,2 millones de personas, pero sólo unas3.000 están condenadas a muerte. Si seejecutara a todas ellas, la diferencia conrespecto al número de personas en prisiónsería irrelevante.


PRESTIDIGITACIÓN POLÍTICALA PENA DE MUERTE NO ES UNA RESPUESTA VÁLIDAA LA DELINCUENCIA

Con demasiada frecuencia, la clase política evita abordar la realidad subyacente a ladelincuencia. En lugar de ello, apela al empleo de la pena de muerte como solución universalpara que la opinión pública se sienta más segura.

Las causas y soluciones de ladelincuencia violenta que azota a tantassociedades son complejas. Parareducirla, se puede tratar, por ejemplo,de mejorar la formación y dotación delos agentes de policía, erradicar lapobreza y mejorar la educación. Noobstante, la clase política se niega confrecuencia a abordar los problemasreales subyacentes a la delincuencia, yprefiere, en su lugar, la hueca perograndilocuente “solución” de abogar porla pena capital. Por medio de ésta, setransmite la sensación de actuar concontundencia y de poner orden en unasituación caótica. En realidad, segar lavida de una persona que ya está recluiday que, por tanto, ha dejado de constituiruna amenaza para la sociedad no dejade ser un gesto vano y atroz en la luchacontra la delincuencia.

En Jamaica, donde el últimoahorcamiento tuvo lugar en 1988,los dos partidos mayoritarios hanprometido reanudar las ejecuciones enrespuesta al alarmante índice dehomicidios que sufre el país. Jamaicatiene uno de los índices de homicidioper cápita más elevados del mundo,con 1.574 asesinatos en 2007 entreuna población de aproximadamente2,6 millones de personas. No obstante,los líderes políticos se han dedicado adiscutir quién será el que lleve a cabomás ahorcamientos, en lugar decentrarse en las razones y solucionesde esa situación. Como opinaba unartículo del diario The JamaicaObserver en 2006: “En lugar de ponersu tiempo y energías al servicio de

nuevas y creativas formas de combatirla violencia contra los menores,nuestros parlamentarios prefierenseguir dormidos en sus laureles yrecurrir al mismo y manido argumentode la pena capital”.

Altos cargos policiales han señalado lainutilidad de reanudar las ejecucionespara tratar de solucionar el problema dedelincuencia que padece Jamaica. MarkShields, subdirector general de la policía,declaró al respecto: “Según mi

Condenado a muerte del Pabellón Norte de Condenados, Pontiac Correctional Institution,Illinois. En enero de 2003, el gobernador George Ryan conmutó por cadena perpetua todaslas sentencias a muerte de Illinois, y calificó el sistema de imposición de la pena capitalen ese estado de “arbitrario y caprichoso”.

©AP

Photo



experiencia de trabajo en Jamaica, seríauna total y absoluta pérdida de tiempoamenazar a estos jóvenes violentos con laposibilidad de que el Estado los mate siellos matan. En cualquier caso, noesperan vivir mucho, sino morir a manosde un agente de policía o de otrodelincuente”. Este punto de vista ha sidorespaldado por otros sondeos entre altoscargos policiales. Según un estudiorealizado en Estados Unidos en 1995,sólo el 1 por ciento de los jefes depolicía estadounidenses considerabanampliar el uso de la pena de muertecomo medida prioritaria para atajar ladelincuencia violenta, en comparacióncon el 51 por ciento, que abogaba por lareducción del consumo de drogas o deldesempleo.

En Sudáfrica, un portavoz del partidoFrente de la Libertad Plus manifestó en2006: “En Sudáfrica hay 18.000asesinatos al año, lo que implica quehay 18.000 asesinos sueltos con muypocos agentes de policía tras su pista[…] La única solución que nos queda esrestaurar la pena de muerte. Todas lasdemás han fracasado”. Esterazonamiento parece confuso y no tieneen cuenta el hecho de que aún no se hatratado de incrementar el número deagentes de policía, medida que podríadar buenos resultados a la hora dereducir la delincuencia.

Otros líderes políticos se han opuestoen el pasado a los llamamientos a favorde la restauración de la pena demuerte. En 1996, en respuesta a lasdemandas de la opinión pública paraque se restaurara la pena capital enSudáfrica como forma de frenar elcrecimiento de la delincuencia, elentonces presidente de SudáfricaNelson Mandela afirmó: “Si ladelincuencia ha llegado a nivelesinaceptables no es porque se hayaabolido la pena de muerte. Aunquevolviera aprobarse la pena capital, ladelincuencia seguiría igual. Lo que senecesita es que las fuerzas deseguridad hagan su trabajo y, por tanto,nos preocupamos por garantizar sucapacidad para ofrecer servicios yseguridad a la comunidad. Ésa es lacuestión, no la pena de muerte”.

Los políticos tienen la responsabilidadde actuar dentro de los límites de losderechos humanos. En relación con lacuestión de la pena de muerte y la luchacontra la delincuencia, la clase políticadebe proponer formas eficaces deabordar la situación que no fomenten laviolencia, perpetúen su ciclo o creenmás sufrimiento a través de la violencia.Cuando la opinión pública pidasoluciones a la delincuencia violenta, larespuesta nunca debe consistir ennuevos homicidios.

“[LA PENA DE MUERTE] ES UNAALTERNATIVA POLÍTICA MUYCÓMODA A LA PUESTA ENMARCHA DE PROGRAMASREALES Y EFECTIVOS DEPROTECCIÓN PÚBLICA YPREVENCIÓN DE LADELINCUENCIA, QUE IMPLICANMAYORES DIFICULTADES. ES UNMÉTODO BARATO AL QUERECURREN LOS POLÍTICOSPARA HACER CREER A SUSATEMORIZADOS VOTANTES QUEESTÁN HACIENDO ALGO PORCOMBATIR LA DELINCUENCIA.J van Rooyen, The criminal judge and the deathsentence: Some observations on the views ofMr Justice Curlewis (Sudáfridca, 1991) )

MÁS INFORMACIÓN

Para consultar los últimos estudios sobre la pena de muerte en paísesde todo el mundo, visiten www.amnesty.org/es/death-penalty

INTERNAL


EJECUCIONES SECRETAS

Al mantener las ejecuciones en secreto, muchos gobiernos se aseguran de que la opiniónpública no pueda debatir la realidad de la pena de muerte

Muchos gobiernos promuevenactivamente la pena de muerte comoelemento vital de control de ladelincuencia, y afirman que la amenazade ejecución tiene efectos disuasorioscon respecto a la comisión de delitosviolentos. Sin embargo, para que la penade muerte evite dichos delitos, losposibles delincuentes deben serconscientes de antemano del peligro deser ejecutados, pero son esos mismosgobiernos quienes, al tiempo que apoyanla pena de muerte, ocultan su uso.

En Japón, por lo general, las ejecucionesse llevan a cabo en secreto, hasta elpunto de que sólo se informa a laspersonas condenadas horas antes, y nose envía notificación alguna a lasfamilias. En China y Vietnam, lainformación sobre la pena de muerte,como el número anual de ejecuciones,se considera secreto de Estado, y laONU ha recibido negativas rotundas asus llamamientos a divulgarla. De estemodo, la opinión pública de los paísesen cuestión carece de información, loque impide el debate en torno a unacuestión de derechos humanos de talrelevancia. Por otro lado, parece lógicopensar que ese secretismo seráperjudicial para el posible efectodisuasorio de las ejecuciones.

En Singapur, la situación es muy similar.Este país aprueba la pena de muerte, perono revela hasta qué punto la utiliza. Loscontroles gubernamentales sobre la prensay sobre las organizaciones de la sociedadcivil reprimen la libertad de expresión yobstaculizan las tareas de vigilanciaindependiente con respecto a la situaciónde los derechos humanos, y a la pena demuerte en particular. En consecuencia, eldebate público sobre la pena de muerteen Singapur es prácticamente inexistente,y el gobierno del país sigue sosteniendoque la pena capital no es una cuestión dederechos humanos.

Las autoridades de Singapur parecenemitir mensajes contradictorios. Si lapena de muerte es vital para la luchacontra la delincuencia por su poderdisuasorio, las autoridades deberían

©AP

Fotograma de un vídeo en el que, al parecer, se está preparando a presos para ser ejecutadosen público en la provincia de Fukien, China, 1992.



tratar de darle la máxima publicidadposible para incrementar dicho poder.Sin embargo, lo que hacen es justo locontrario.

Los Estados mencionados no son losúnicos que llevan a cabo ejecuciones ensecreto. A ellos se suman Corea delNorte y Mongolia.

En 2006, el relator especial de la ONUsobre ejecuciones extrajudiciales,sumarias o arbitrarias pidió que sepusiera fin al secretismo oficial en tornoal uso de la pena de muerte, y añadióque sólo podría establecerse un debatepúblico válido si los gobiernos daban aconocer información detallada sobre:

(a) el número de personas condenadasa muerte; (b) el número deejecuciones que se llevan a cabo […]A pesar de la trascendencia de esa

información en todo proceso dedecisión fundamentado, muchosEstados optan por el secreto frente ala transparencia, pero siguenafirmando que la pena de muerte semantiene en parte porque goza de unamplio apoyo popular.

Poner fin a una vida humana es una delas más extremas demostraciones depoder de un Estado. Como ya hanilustrado numerosos países, el motor delproceso que lleva a la abolición de la penade muerte es el debate. Si las autoridadesde los Estados que matan suprimen dichodebate y niegan cualquier información ala opinión pública, niegan también suderecho a un debate informado. Noobstante, la gravedad de las ejecucionesexige sacarlas a la luz pública y permitirque se entable un debate al respecto, queno se debe sofocar con una conspiraciónde silencio.

“LA FALTA DE TRANSPARENCIASOCAVA EL DEBATE PÚBLICOSOBRE LA PENA DE MUERTEY, EN OCASIONES,ÉSA ES PRECISAMENTESU FINALIDAD.Relator especial de la ONU sobre ejecucionesextrajudiciales, sumarias o arbitrarias, 2006

©AP

Photo/ChiakiTsukumo

Agente de pólicía frente a establecimientopenitenciario de Tokio, Japón.Las ejecuciones habitualmente se llevana cabo en secreto, y a los presosno se les avisa de la ejecuciónhasta un día antes de morir.


INTERNAL

¿Ofrecen realmente las ejecuciones justicia a las víctimas de delitos violentosy a sus familias?

VIDA POR VIDA:UNA PROPUESTA INACEPTABLE

Muchas de las personas que defiendenla pena de muerte lo hacen en nombrede los “derechos de las víctimas”.Alegan que las víctimas de delitosviolentos y sus seres queridos tienenderecho a pedir que el Estado quite lavida al responsable. Sin embargo, lacomprensible ira que sienten lasvíctimas de delitos violentos y susfamilias hacia los responsables de estosactos no puede utilizarse para justificarla violación de los derechos humanos delas personas condenadas por estosdelitos. El carácter irrevocable y lacrueldad inherentes a la pena de muertehacen que resulte incompatible con lasactuales normas de conducta civilizaday que sea una respuesta inadecuada einaceptable a los delitos violentos.

Quienes defienden la pena de muerteafirmando que lo hacen en nombre delas víctimas dan a entender que todaslas personas afectadas por delitosviolentos apoyan la pena de muerte, loque dista mucho de ser cierto. Muchosfamiliares de víctimas de asesinato seoponen a la imposición de la pena demuerte en nombre de sus seresqueridos. En Estados Unidos, el grupode activistas Familias de Víctimas deAsesinato por los Derechos Humanos seha convertido en una potente voz contralas ejecuciones:

Creemos que las víctimas quesobreviven a un homicidio tienen uninterés reconocido en el debate sobrecómo responden las sociedades anteel asesinato y poseen autoridad moralpara pedir una ética coherente conlos derechos humanos en esarespuesta. Familias de Víctimas deAsesinato por los Derechos Humanoses la respuesta a esa petición.

Marie Deans, cuya suegra fue asesinadaen 1972, afirma:

Después de un asesinato, las familiasde las víctimas se enfrentan a doscosas: una muerte y un delito. En esosmomentos, las familias necesitanayuda para sobrellevar su dolor y supérdida, y apoyo para curar suscorazones y reconstruir sus vidas. Porexperiencia propia sabemos que lavenganza no es la respuesta. Larespuesta está en reducir la violencia,no en causar más muertes. Larespuesta está en apoyar a quienessufren por la pérdida de sus seresqueridos, no en causar dolor a más

familias [ejecutando a uno de susmiembros]. Es hora de romper el ciclode violencia.

Las mismas personas que justifican lapena de muerte alegando los derechosde las víctimas raramente tienen encuenta el sufrimiento que lasejecuciones causan a otros sereshumanos. Los dirigentes políticos quepropugnan las “ventajas” de lasejecuciones ante el electorado no hacenmás que pasar por alto el trauma quesupone para los guardas y funcionariosde prisiones que participan en lasejecuciones, el sufrimiento emocionalque padecen la familia y los seresqueridos de la persona ejecutada, lasensación que pueden tener losabogados defensores de que en ciertomodo les han fallado a sus clientesejecutados y el embrutecimiento que lasejecuciones causan a tantas otraspersonas.

“La gente no entiende que la pena demuerte afecta profundamente a lasfamilias”, afirma Jonnie Waner. Suhermano, Larry Griffin, fue condenado amuerte por el estado de Misuri, EstadosUnidos, en 1995. “Mi madre nunca seha recuperado [de la ejecución de suhijo]. Ha cambiado mucho desde quesucedió. Todos los niños lo pasan muymal intentando entenderlo. La pena demuerte causa muchas más víctimas.”“A QUIENES AFIRMAN QUE LA

SOCIEDAD DEBE TOMAR VIDAPOR VIDA LES DECIMOS“NO EN NUESTRO NOMBRE”.Marie Deans, familiar de una víctimade asesinato, Estados Unidos



VIDAS QUE DEPENDEN DE UN RESCATEAlgunos países, en particular ArabiaSaudí, Irán, Pakistán y Yemen, utilizanun sistema que permite a los familiaresde la víctima de asesinato renunciar a lapena de muerte sin pedir nada o acambio de una indemnizacióneconómica —también conocida comodiya o “dinero de sangre”—, del mismomodo que también les ofrece laposibilidad de establecer una condiciónque consideren adecuada. El dinero desangre se paga como compensación porel asesinato, renunciando así a laejecución. Estos sistemas convierten laimposición de la pena de muerte en algosumamente arbitrario y discriminatorio.Es arbitrario porque personas acusadasde delitos similares pueden recibir untrato diferente. La persona acusada dematar a un miembro de una familiacompasiva no es ejecutada, mientrasque sí lo es cuando la familia de lavíctima es menos indulgente, aunquetodos los demás elementos del delitosean similares. Es discriminatorioporque quienes poseen dinero tienenmás posibilidades de convencer a lasfamilias de las víctimas para queacepten una gran suma de dinero.

Los familiares de las personasasesinadas tienen todo el derecho apretender que los culpables de infligirsemejante daño rindan cuentas en unproceso judicial justo. Pero darles laoportunidad de influir en el procesojudicial hace que exista el peligro deeliminar uno de los principiosfundamentales de la jurisprudenciamoderna: que todas las personas somosiguales ante la ley.

©AP

Photo/PaulSakuma

Protesta contra la pena de muerte por la ejecución en California, Estados Unidos,de Clarence Ray Allen, de 76 años de edad, ciego e incapacitado en silla de ruedas.Clarence Ray Allen fue ejecutado mediante inyección letal el 17 de enero de 2006tras pasar 23 años en el corredor de la muerte.


¿EXISTE UN MÉTODO HUMANODE EJECUCIÓN?

De los numerosos y variados tipos de ejecución –electrocución, ahorcamiento, fusilamiento,cámara de gas, lapidación– la inyección letal se ha revelado como el nuevo métodoque prefieren algunas personas debido a su supuesto carácter humano. Sin embargo,casos recientes han hecho que se reconsidere la utilización de la inyección letal y si existerealmente una forma humana de ejecución por parte del Estado.

La pena de muerte obliga al Estado allevar a cabo precisamente el acto quese condena con mayor firmeza en elderecho internacional. En casi todos lossistemas jurídicos se recurre a las penasmás severas para castigar la muertepremeditada o a sangre fría de un serhumano. Pero ninguna muerte es máspremeditada ni se lleva a cabo conmayor sangre fría que la que esconsecuencia de una ejecución. Laejecución, al igual que las formas físicasde tortura, supone una agresióndeliberada contra una personaencarcelada. Sencillamente, no existeuna forma humana de matar a alguien.Es imposible encontrar una forma deejecutar a una persona que no resultecruel, inhumana o degradante.

El planteamiento con respecto a la penade muerte ha cambiado a lo largo de losdos últimos siglos, desde los métodosdestinados a extremar el sufrimiento delos presos hasta el enfoque moderno yfuncional adoptado por la mayor parte delos gobiernos que aún recurren a la penacapital en la actualidad. Este enfoquefuncional hace mayor hincapié en lamuerte de la persona condenada que enexagerar el sufrimiento causado por laejecución.

Pero se ha demostrado que todos losmétodos de ejecución son problemáticosy pueden causar un sufrimientoprolongado. En algunas ocasiones, el

fusilamiento, el ahorcamiento y ladecapitación no han causado la muerteinstantánea y ha sido necesario recurrir anuevas formas de violencia para matar ala persona condenada. Ante estasespeluznantes situaciones, algunosgobiernos han cambiado a la inyecciónletal como método de ejecución acordecon nuestro tiempo.

El 10 de febrero de 1998, Guatemalautilizó por primera vez la inyección letalpara ejecutar a un preso, ManuelMartínez Coronado. Pero las personasencargadas de aplicarle la inyección letalestaban tan nerviosas (según losinformes, debido en parte al angustiosollanto de la esposa y los hijos delhombre) que tardaron mucho enintroducir el catéter por el que iban aadministrar los fármacos necesarios paramatarlo. Un corte del suministroeléctrico durante la ejecucióninterrumpió el flujo de entrada de losfármacos letales, y Manuel MartínezCoronado tardó 18 minutos en morir. Laterrible experiencia fue retransmitidaíntegramente y en directo por latelevisión estatal.

En Estados Unidos, varias ejecucionesmediante inyección letal se han llevado acabo de forma totalmente inadecuada. El13 de diciembre de 2006, Ángel Díaz,ciudadano puertorriqueño condenado amuerte por un asesinato cometido en1979, tardó 34 minutos en morir

mediante inyección letal. Según losinformes, durante ese tiempo pasó másde 20 minutos moviéndose, haciendomuecas e intentando hablar. Fuenecesaria una segunda dosis para que elmédico, con el rostro cubierto por unacapucha para ocultar su identidad,pudiese certificar que Ángel Díaz habíamuerto.

Estados Unidos introdujo la ejecuciónpor inyección letal hace casi 30 años yla aplicó por primera vez en 1982, alconsiderarla la forma más “humana” dematar a alguien. Desde entonces, casi900 personas han sido ejecutadas en elpaís mediante este método, queprácticamente ha sustituido a losmétodos alternativos: silla eléctrica,ahorcamiento, cámara de gas yfusilamiento. Casi 20 años después desu introducción en la legislaciónestadounidense, la inyección letal fueadoptada por China, Filipinas (aunqueeste país abolió la pena de muerte enjunio de 2006), Guatemala, Taiwán yTailandia.

La inyección consiste en la combinaciónde dosis letales de tres sustanciasquímicas: tiopental sódico, que tiene unefecto anestésico general; bromuro depancuronio, que paraliza los músculos; ycloruro de potasio, que causa la muertepor paro cardiaco. Si se administra unadosis inadecuada de tiopental sódico, elefecto anestésico puede desaparecer



rápidamente y la persona padecerá undolor atroz antes de sufrir un parocardíaco. Además, la parálisis leimpedirá comunicar su agonía a losdemás.

En algunas zonas de Estados Unidos esilegal utilizar estas sustancias químicaspara matar a un animal con“humanidad”. El Colegio Oficial deVeterinarios de Estados Unidos considerainaceptable la utilización de bromuro depancuronio para aplicar la eutanasia alos animales domésticos, y en variosestados se ha prohibido su uso. Enseptiembre de 2003, por ejemplo, enTexas entró en vigor una nueva ley queprohibía su utilización en la eutanasia deperros y gatos. Sin embargo, Texas es el

estado que más a menudo recurre a lainyección letal para seres humanos, ydesde 1982 ha utilizado este métodopara ejecutar a casi 400 personas.

La inyección letal evita muchos de losdesagradables efectos de otras formas deejecución: la mutilación corporal y lahemorragia en el caso de ladecapitación, el olor a carne quemadaen la electrocución, los gestos y sonidosperturbadores en la ejecución por gas ypor ahorcamiento, así como el problemade la emisión involuntaria de heces yorina. Por estas razones, puede resultarmenos desagradable para las personasque llevan a cabo la ejecución. Sinembargo, con este sistema aumenta elriesgo de que participe personal médico

en el acto de matar para el Estado,lo cual vulnera los más tradicionalesprincipios de ética médica.

Profesionales de la salud realizan los preparativospara la ejecución de Manuel Martinez Coronado,primera ejecución por inyección letal en Guatemala,febrero de 1998.

“REALMENTE PARECEQUE LO TORTURARONHASTA LA MUERTE.Doctor Jonathan Groner, Facultad de Medicinadel estado de Ohio, con respecto a la ejecuciónde Ángel Díaz mediante inyección letal en 2006.

©Jorge

Uzon

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Cada vez son más las personas de todoel mundo que condenan la pena demuerte por lo que es en realidad: uncastigo brutal que no tiene cabida enuna sociedad justa. Sus peticiones nohan caído en saco roto. Actualmente, enlos comienzos del siglo XXI, dos terciosde todos los países han abolido la penade muerte en la ley o en la práctica. Encambio, a finales del siglo pasado sólotres países habían abolido esta pena deforma permanente. La tendencia estáclara: el mundo se muestra firme y dice“no” a las ejecuciones. Y ese principiose ha visto reforzado al más alto nivelinternacional.

En diciembre de 2007, la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas —elmáximo órgano político de la ONU—aprobó por 104 votos frente a 54 unaresolución sobre la suspensión de lasejecuciones “con miras a” la completaabolición de la pena de muerte. Estadecisión histórica tiene una considerableimportancia moral y política, aunque noes legalmente vinculante para losEstados. La suspensión de lasejecuciones constituye un importanteinstrumento para convencer a losEstados que aún utilizan la pena demuerte de que participen en un debatenacional y revisen su legislación sobre lapena capital. Mientras se revisan lasleyes sobre pena de muerte sesuspenden todas las ejecuciones.

La resolución es la iniciativainternacional surgida a partir de otrasacciones regionales que se han sumadoa la campaña para poner fin a la penacapital. Europa se ha convertido en unazona en la que prácticamente no existela pena de muerte y en adalid de lacampaña por la abolición. En la mayorparte del continente africano no existe lapena de muerte, y, según se ha tenidonoticia, sólo siete de los 53 países de laregión han llevado a cabo homicidiosjudiciales en 2007.

Estados Unidos, el país que otrasnaciones mencionan al justificar supropia utilización de la pena capital, seestá alejando cada vez más de la penade muerte. El número de condenas amuerte impuestas y ejecucionesconsumadas ha disminuido

HACIA LA ABOLICIÓN

La gente ya no está dispuesta a mantenerse al margen mientras sus gobiernos ejecutanen nombre de la justicia.

Un hombre con un cartel en el que pide la abolición de la pena de muerte protestaante la Oficina de Enlace de China en Hong Kong en julio de 2005.

©Private



drásticamente en los últimos años. Endiciembre de 2007 se abolió la pena demuerte en Nueva Jersey, y varios estadosmás tienen legislación pendiente paraeliminarla.

Más de 70 países han abolido la pena de

muerte desde 1979. Una vez eliminadala pena capital, rara vez se reinstaura.

Abolicionistas de todo el mundo estánuniendo sus fuerzas y creando unmovimiento realmente mundial contra lapena capital. El Congreso Mundial contrala Pena de Muerte, de periodicidadanual y encabezado por la CoaliciónMundial contra la Pena de Muerte,constituye uno de los acontecimientosclave. En varios países se han creadocoaliciones nacionales, como la RedAsiática contra la Pena de Muerte(ADPAN). Las une la conciencia cada vezmayor de que hay penas alternativas a lapena de muerte que resultan efectivas yno implican que el Estado mate a un serhumano de forma premeditada y asangre fría en nombre de la justicia.

Amnistía Internacional hace campaña enfavor de la abolición absoluta de la pena

de muerte y pide a todas las nacionesque trabajen para lograr un mundo sinejecuciones y convertir en realidad laresolución aprobada por la ONU en2007.

MÁS INFORMACIÓN

� Lista actualizada de paísesabolicionistas y retencionistas:www.amnesty.org/es/death-penalty

� Información general sobre la campañainternacional para abolir la pena demuerte: www.worldcoalition.org

� Actúen el 10 de octubre, Día Mundialcontra la Pena de Muerte. Encontraránmás información en la página web deAmnistía Internacional.

Dhananjoy Chatterjee fue ahorcadoel 14 de agosto de 2004 en la Cárcelde Alipore Central, Calcuta, India, dondecentenares de manifestantes se concentraronpara protestar contra la pena de muerte.

©AP

Photo/BikasDas

EXISTEN PENAS ALTERNATIVASA LA PENA DE MUERTE QUE[…] NO IMPLICANQUE EL ESTADO MATEA UN SER HUMANO DE FORMAPREMEDITADA Y A SANGRE FRÍAEN NOMBRE DE LA JUSTICIA.


EL ESTADO ES EL QUE MATA

Personas condenadas tras juicios injustos, opositores políticos ejecutados,menores condenados a muerte…; los casos siguientes son sólo una muestrade las personas a quienes el Estado ha quitado la vida “legalmente”.

CHINAIsmail Semed fue ejecutado el 8 defebrero de 2006 en Urumqi, RegiónAutónoma Uigur del Sin-kiang. El 31 deoctubre de 2005, el Tribunal PopularIntermedio de Urumqi lo condenó amuerte por “tratar de dividir la patria”tras ser expulsado de Pakistán en 2003.Ismail Semed presentó un recurso contrala condena, pero, según el ProyectoUigur de Derechos Humanos,organización con sede en EstadosUnidos, puede que su recurso se hayavisto a puerta cerrada, lo que, si bien eslegal en determinadas circunstancias,hace que resulte difícil determinar si elproceso se celebró con las debidasgarantías. El Proyecto Uigur de DerechosHumanos también sostiene que, durantelos interrogatorios, Ismail Semed seconfesó autor de los delitos que se leimputaban, pero posteriormente los negódurante el juicio, por lo que es posibleque su confesión inicial fuese extraídabajo tortura.

A su esposa y sus dos hijos pequeñossólo les permitieron estar con él durante10 minutos el día anterior a suejecución. Lo mataron de un disparo enel corazón.

INDONESIAFabianus Tibo, de 61 años, Dominggusda Silva, de 43, y Marinus Riwu, de 49,fueron ejecutados por un pelotón defusilamiento a la 1.45 de la madrugadadel 21 de septiembre de 2006. Habíansido condenados a muerte en abril de2001 por asesinato con premeditación eincitación a disturbios, tras los actos deviolencia étnica y religiosa que se habíanproducido en el distrito de Poso,Sulawesi Central, en mayo de 2000.Aunque las autoridades no dieron aconocer oficialmente el lugar en dondese llevó a cabo la ejecución, un miembrode las fuerzas policiales afirmó quehabía sido cerca del aeropuerto de Palu,en Sulawesi Central.

Amnistía Internacional considera que eljuicio no contó con las debidasgarantías. En concreto, al dictarsentencia puede que el tribunal hayapasado por alto las declaraciones detestigos que la defensa aportó comopruebas. Según los informes, en elexterior del juzgado había manifestantes,armados con piedras, que exigían lapena de muerte para los tres hombres.Se teme que esta intimidación hayaafectado al resultado del juicio. Losrepresentantes legales de los hombrestambién fueron objeto de intimidación,incluidas amenazas de muerte y lacolocación de una bomba en el domiciliode uno de ellos.

IRÁNAteqeh Rajabi Sahaaleh, de 16 años, fueejecutada el 15 de agosto de 2004 porreiterados “delitos contra la castidad”.Fue ejecutada en un acto públicocelebrado en el centro de la ciudad deNeka, provincia de Mazandaran, en elnorte de Irán. La ejecución se llevó acabo pese a los informes que indicabanque al parecer Ateqeh Rajabi no estabamentalmente capacitada y a pesar deque no tuvo acceso a una defensaletrada efectiva en ningún momento.

Al parecer, Atefeh Rajabi perdió los nerviosdurante el juicio, gritó al juez quejándosede que había sido víctima de los actos deun hombre mayor y se quitó el velo enseñal de protesta. Según los informes, eljuez la reprendió y posteriormente afirmóque se había “desnudado en público”.Según parece, Ateqeh Rajabi padecía unaenfermedad mental tanto en el momentode cometer los actos que el gobiernoconsideró constitutivos de “delito” comodurante el proceso judicial. Aunque en sudocumento nacional de identidad figurabaque tenía 16 años, la magistratura deMazandaran anunció en el momento de suejecución que tenía 22 años. El derechointernacional prohíbe la ejecución demenores: personas que tenían menos de18 años en el momento de la comisión deldelito. Las autoridades judiciales no haninvestigado la denuncia interpuesta contrael juez. Según el diario iraní Peyk-e Iran, eljuez del tribunal de primera instancia quedictó la sentencia inicial fue quien seencargó de poner la soga al cuello deAtefeh Rajabi cuando ésta subió alpatíbulo.



SINGAPURA primera hora de la mañana del 26 deenero de 2007, el ciudadano nigerianoIwuchukwu Amara Tochi, de 21 años, yel sudafricano Okele Nelson Malachy, de35, fueron ejecutados en la horca en lacárcel de Changi, Singapur.

Los dos fueron ejecutados a pesar de losllamamientos del gobierno nigeriano ydel relator especial de la ONU sobreejecuciones extrajudiciales, sumarias oarbitrarias, que pidieron al gobierno deSingapur que no siguiera adelante con laejecución de Iwuchukwu Amara Tochi. Elrelator especial de la ONU afirmó que enel juicio de Tochi no se habíagarantizado el derecho humanofundamental a la presunción deinocencia.

Iwuchukwu Amara Tochi fue detenido enel aeropuerto de Changi el 27 denoviembre de 2004 y acusado, enaplicación de la Ley sobre el Abuso deDrogas, de introducir 727,02 gramos deheroína en Singapur. La ley dispone lapena de muerte preceptiva para todapersona declarada culpable de traficarcon más de 15 gramos de heroína. Eljuez que condenó a Tochi parece haberaceptado que tal vez éste no se diocuenta de que la sustancia que llevabaera heroína. En la sentencia afirmó: “Nohubo pruebas directas de que [elacusado] supiera que las cápsulascontenían diamorfina [heroína]. Nadahacía pensar que Smith [el hombre quedio a Tochi las píldoras para que lastransportara] le hubiera dicho quecontenían diamorfina, o que [el acusado]lo hubiera averiguado por sí mismo”.

ESTADOS UNIDOSEl 9 de mayo de 2007, Philip Workman,de 53 años, fue ejecutado medianteinyección letal en Tennessee pese a losindicios que sugerían que un testigo decargo clave mintió en el juicio y que elteniente Ronald Oliver, el agente depolicía por cuya muerte durante un roboen 1981 fue condenado PhilipWorkman, pudo haber recibido undisparo fortuito de otro agente. PhilipWorkman pasó 25 años condenado amuerte.

El 4 de mayo de 2007, la Corte deApelaciones de Estados Unidos rechazóel recurso presentado por PhilipWorkman para que se suspendiera laejecución a fin de intentar demostrar suinocencia. Dos de los jueces resolvieronque Philip Workman no había “cumplidocon su deber de demostrar unaposibilidad de éxito” con respecto a suapelación. También añadieron: “Casi 25años después de la condena a muerte dePhilip Workman, y tras cincosuspensiones de la ejecución, tanto elestado como la opinión pública tieneninterés en una solución definitiva”. Sinembargo, el tercer juez, el juez Cole,presentó un voto particular y alegó quePhilip Workman había “demostrado de laforma necesaria” que contaba conposibilidades de tener éxito, al menos ensu intención de obtener una vistaprobatoria sobre su alegación, y que esobastaba para justificar una suspensión.El juez Cole señaló también que otrotribunal de tres jueces de la Corte deApelaciones de Estados Unidos habíaconcedido recientemente unasuspensión de la ejecución a un

condenado a muerte en circunstanciassimilares. Afirmó: “Sencillamente nopuedo llegar a la conclusión de que estacontradicción en la administración de lapena de muerte sea permisible”. Desde1973, más de 120 personas condenadasa muerte han quedado en libertad trasser exoneradas.

LA PENADE MUERTEEL CASTIGO MÁXIMO

CARPETA DE CAMPAÑA

Si desean más inforamción,pónganse en contacto con suSección o Estructura de AmnistíaInternacional. Encontraránla información oportunaen www.amnesty.org

Fotografía: Majid Kavousifary su sobrino Hossein Kavousifar,ahorcados de una grúa, Teherán,Irán, 2 de agosto de 2007.© Particular

Índice: ACT 50/015/2008

la pena de muerte el castigo máximo

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