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Año 4 - N°60 -

Septiembre 2014

Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco

La Oficina de Prensa presentó su web

Capacitación en periodismo judicial Estudiantes, periodistas e integrantes de la Justicia Chaqueña debatieron sobre la relación Justicia y medios. Además se presentó el sitio prensa.justiciachaco.gov.ar cuyo objetivo es ampliar la difusión de la comunicación en temas judiciales.

Más de 400 personas participaron en los talleres que se realizaron en el Centro de Estudios Judiciales.

Editorial Por: Iride Isabel María Grillo

El camino es la ConstituciónPág. 2

Pág. 8Se encuentra ubicado en el predio que posee el Poder Judicial del Chaco en Ruta 11 Kilómetro 1008.

Se cumplió un nuevo aniversario

Seis años del IMCIF como paradigma de las ciencias forenses

Es un lugar privilegiado dentro de las dependencias auxiliares de la administración de justicia. Fue erigido como centro de referencia regional.

Pág. 6

Fallo destacado – Secretaría Contencioso Administrativa

El Estado debe garantizar que el derecho a huelga no afecte el referido a la educación

Pág. 3

En Resistencia y Sáenz Peña

Inauguraron juzgados del TrabajoResistencia ahora cuenta con el Juzgado Laboral Nº 4 y Pcia. Roque Sáenz Peña con el juzgado en lo Laboral Nº 2, ello en el marco de la reciente Ley 7424 que regula el procedimiento en el Chaco.

Rolando Toledo, acompañado por los ministros Ramón Áva-los e Iride Grillo, y el procura-dor general Jorge Canteros en Sáenz Peña.

Año IVNúmero

Publicación mensual del Superior Tribunal de Justicia del ChacoLópez y Planes 215Resistencia | Chaco

PresidenteRolando Ignacio Toledo MinistrosRamón Rubén Avalos María Luisa LucasAlberto Mario ModiIride Isabel María Grillo

Redacción, fotografía,diagramación y ediciónOficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia

Este ejemplar se distribuye una vez por mes en el Chaco y en la Argentina. Queda prohibida su venta por separado. Los artículos pueden reproducirse citando la fuente de la publicación

Contacto Oficina de Prensa del Superior Tribunal de JusticiaTeléfono 0362-4452893prensa@justiciachaco.gov.ar60

Septiembre de 2014

Dirección editorial

www.justiciachaco.gov.ar

Superior Tribunal de Justicia

Editorial2PÁG. Resistencia,

Septiembrede 2014

Editorial

EL CAMINO ES LA CONSTITuCIóNEl vigésimo aniversario de la reforma

constitucional de 1994, nos sitúa ante una instancia de reflexión profunda respecto a los fines y objetivos de los constituyentes y su realización en los quehaceres individuales y colectivos de nuestra sociedad. Este análisis requiere de una revisión y cambio de actitu-des desde el rol de autoridades constituidas y también reconociéndonos parte de la ciu-dadanía en su conjunto, destacando el papel de las organizaciones sociales en el fortale-cimiento de una democracia constitucional, abierta y participativa.

El problema de los argentinos en punto al respeto al sistema constitucional es esencial-mente cultural, por eso es conveniente dete-nernos sobre nuestros pasos y replantearnos conductas individuales y colectivas teniendo presente que la Constitución es el estatuto organizativo supremo, contenedor del pacto social de convivencia y del proyecto de vida de una sociedad, a la que poco conocemos y respetamos, y en la que se funda la legitimi-dad tanto fundacional como de ejercicio de los poderes y libertades.

AvAnces y cuestiones

pendientesLa reforma significó un paso trascenden-

tal en la vida institucional de la Argentina especialmente en materia de derechos hu-manos, ya que si bien estaban reconocidos y garantizados en el texto originario, se reforzó su efectividad a través de una serie de ga-rantías e instituciones así como un régimen de deberes y responsabilidades, incluso in-ternacionales. La incorporación de los trata-dos internacionales sobre derechos humanos que se encuentran en el mismo rango que la Constitución en cuanto a su supremacía, or-den de prelación y fuerza normativa signifi-có un avance cuya ponderación no podemos soslayar.

Sin embargo después de treinta y un años del restablecimiento de la democracia exis-ten hoy grandes violaciones a los derechos humanos en materia de trata de personas, pueblos indígenas, régimen carcelario, disca-pacidad, abuso infantil, violencia de género, adicciones y siniestros viales, por mencionar solamente algunas.

La sociedad argentina desde distintos ámbitos formula un reclamo vigoroso de

más justicia en un sentido polifacético, que implica la necesidad de mayor respuesta por parte de las instituciones a los planteos de la ciudadanía. Esa “mayor justicia” va más allá del ámbito del poder judicial y alcan-za al desempeño general del Estado que, en muchos casos, no responde idóneamente a ese requerimiento que se intensifica por la posibilidad de acceso a la información espe-cialmente a través de las redes sociales que van apurando y reemplazando a los medios de comunicación masivos tradicionales y los obligan también a ellos a aggiornarse.

LA fuerzA normAtivA de LA constitución.

su voLuntAd de cumpLimiento.

Resulta necesaria también una mayor voluntad de cumplir los preceptos constitu-cionales con el fin de asegurar la fuerza nor-mativa de nuestra Constitución y de los trata-dos que junto a las leyes de la Nación que se dicten en su consecuencia por el Congreso, y siempre que estas últimas se adecuen a los primeros, constituyen la normativa suprema a tenor de lo prescripto por los artículos 31, 75 inciso 22 y conc. de la ley fundamental.

Cuando realmente comprendamos las bondades del sistema constitucional y la necesidad imperiosa de que todo el sistema legal se ajuste a los principios allí conteni-dos, habrá realmente voluntad de Constitu-ción, voluntad que debe ir acompañada de la fuerza normativa para imponerla, es decir del reconocimiento de su aptitud para reglar no solo las relaciones políticas sino además el comportamiento global de una sociedad. La imperatividad de los preceptos constituciona-les y su supremacía sobre las demás normas y actos que de ellos deriven debe transformar-se en verdadera ley sociológica, es decir en regla de gobierno de las instituciones. Los principios constitucionales e instituciones allí consagrados son fuente inmediata y di-recta de derechos y obligaciones y vinculan tanto a todos los poderes públicos como a los particulares.

Para el logro de tal cometido se requiere de la voluntad y acción coordinada de dis-tintos actores: por un lado la ciudadanía me-diante la herramienta típica de expresión de soberanía en el sistema democrático, el su-

fragio, y día a día mediante la participación activa en aquellos ámbitos en que las leyes la habilitan a hacerlo, reconociendo el sistema constitucional vías e instituciones legítimas a tal fin, tales como el ejercicio de los dere-chos de reunión y asociación, la libertad de expresión y el derecho a la información, los mecanismos de consulta popular, los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, el derecho de peti-cionar a las autoridades y de acceso a la jus-ticia, el control de constitucionalidad y con-vencionalidad, los procesos constitucionales, etc. La democracia, como sistema político y como estado social, como manera de ser de una sociedad nos exige tomar conciencia que esa delegación de funciones para el ejercicio de las atribuciones constitucionalmente asig-nadas debe ser continuamente custodiada y monitoreada por la ciudadanía, y así debemos sentirlo como autoridades públicas.

Asimismo revisten vital importancia para la república democrática las instancias diri-genciales y organizaciones de distinta índole que deben también custodiar el ejercicio legí-timo de los poderes para evitar los excesos. Es relevante el rol que cumplen en el fortale-cimiento del estado constitucional de derecho la abogacía, por un lado, y el periodismo, por otro. La primera al funcionar como garante idónea de que las acciones estén siempre den-tro del amparo legal, y el segundo como legí-timo comunicador, desempeñando ambos un papel activo en el entramado social y consti-tuyendo nexos relevantes con los cuales las autoridades públicas y específicamente el po-der judicial es conveniente fortalecer.

tiempo sociAL de LA justiciA

Este es nuestro tiempo, revalorizándolo en sus distintas dimensiones, tanto en el senti-do biológico, cronológico, del tiempo calen-dario, como también el que lo trasciende y deja huellas que solo con el pasar de los años pueden valorarse en su real dimensión. Es ne-cesario tomar conciencia de que somos prota-gonistas de nuestra propia historia, ocupando espacios y dando testimonio, porque el siglo XXI está llamado a ser el siglo de la justicia, de las igualdades, de los derechos humanos, de la participación ciudadana. Mantengamos viva la memoria histórica para no repetir los

Por: Iride Isabel María Grillo

errores que en el pasado nos condujeron a alejarnos de la vida democrática y de las sen-das constitucionales, a través de los golpes de Estado, gobiernos de facto, interrupciones de los gobiernos constitucionales, desembocan-do en la dictadura cívico militar, todo lo que debe ser parte de nuestra memoria activa para no repetir la historia. Es un aprendizaje conti-nuo y progresivo, muchas veces hasta doloro-so, que debemos realizar, cotidianamente, re-visando modos de pensar, de sentir, de decir y de hacer y que se traducen también en modos de ser individuales y colectivos. El camino es la Constitución, aprendiendo a conocerla, a comprenderla, a interpretarla y a explicar-la como nuestro proyecto de vida, y de tanto en tanto a revisarla. Hagamos docencia sobre sus fortalezas y debilidades, como expresión legítima de nuestra identidad, de nuestra cul-tura. Cuidemos la Constitución como cosa nuestra y aprendemos a vivir bajo su amparo.

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Septiembrede 2014

En Resistencia y Pcia. Roque Sáenz Peña

Inauguraron juzgados del Trabajo

El Poder Judicial del Chaco participó en taller de Naciones Unidas sobre gestión de recursos humanos

El Poder Judicial chaqueño fue parte del ta-ller sobre transversalización de la perspectiva de género en las áreas de gestión de recursos huma-nos. La actividad se realizó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la intervención de la oficina de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Pablo Maciel, responsable de la oficina de ges-tión de recursos humanos del Poder Judicial, fue

quien representó al Chaco en esa instancia, de la que destacó “la relevancia de participación, deba-te y análisis en torno a direccionar las políticas de gestión de capital humano hacia horizontes donde se propicie y potencie entornos de trabajo armó-nicos”.

Maciel mencionó que “debe maximizarse y considerarse la gestión de apertura que es apunta-lado por un clima de respeto y confianza recíproca

que conduce al logro de intereses colectivos, es decir en beneficio de la organización y de quienes se desempeñan en ellas”.

También sostuvo que, en la ocasión, “se expu-sieron los lineamientos y estrategias de preven-ción sobre la violencia laboral, aspecto que resalta fuertemente la internalización y concienciación”.

Cabe mencionar que el Poder Judicial del Cha-co mereció el reconocimiento de la Oficina de la

Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en un in-forme denominado “Violencia Laboral y mecanis-mos de respuesta en el Poder Judicial Argentino” que abarcó a todos los poderes judiciales del país y tuvo como objetivos específicos, entre otros, in-dagar sobre mecanismos existentes de respuesta a los reclamos en torno a situaciones de violencia laboral en el marco del Poder Judicial argentino y en los países de la región.

Resistencia cuenta con un nuevo Juzgado del Trabajo, el Nº4. El cual fue inaugurado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, acompañado por los ministros Ramón Ávalos, María Luisa Lucas, Al-berto Modi e Iride Grillo, y el procura-dor general Jorge Canteros. En la opor-tunidad, Toledo tomó juramento a la jueza Patricia Bustos, titular del orga-nismo. A continuación destacó que “la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo juzgado es una de las accio-nes más importantes” y reconoció que esas dependencias judiciales eran una demanda anhelada hace varios años.

sentenciAs y rápidA ejecución

Respecto al fuero Laboral reconoció que no es el número de litigio lo que hizo colapsar los juzgados sino “la apli-cación de la ley escrituraria, la 2383”. Recordó entonces que la concreción de este objetivo insumió tres años de trabajo, la mitad de ellos impulsando la salida de la Ley 7424 que regula el Procedimiento Laboral en la provincia del Chaco. Lo cual incluye audiencias preliminares y un juez con rol “activo y saneador”, para que las sentencias se ejecuten lo más rápido posible.

Toledo valoró el carácter moderno de la nueva reglamentación y la trayec-toria de quienes estarán al frente de am-bos tribunales. También ponderó el tra-bajo de las dependencias como direc-ciones de Mantenimiento e Informática del Poder Judicial, en relación con la puesta a punto de la sede del organis-mo. Además remarcó: “éste fuero, que tiene como especialidad el contener las pretensiones de los trabajadores, necesita mayor celeridad, efectividad y Justicia efectiva. Ahora estamos en muchas mejores condiciones que antes como para satisfacer las necesidades del reclamo de la gente”.

en sáenz peñA fue inAugurAdo eL juzgAdo

deL trAbAjo nº 2 Durante el acto Toledo, junto a

los ministros Ramón Ávalos e Isabel

Con la presencia del titular del STJ y ministros se inauguraron el Juzgado Laboral Nº 4 de Resistencia, el 17 de septiembre y, el 22, el juzgado en lo Laboral Nº 2 de Pcia. Roque Sáenz Peña.

Asistió el responsable del área

“Es un sueño cumplido y espe-rado por todo el fuero Laboral”, dijo la jueza Claudia Mariela Kremar, en referencia a que des-comprimirá al único juzgado que funcionaba en esa ciudad hasta entonces. De amplia trayectoria en ese ámbito Kremar agradeció al STJ por la confianza y el equi-po de trabajo asignado. “Con la nueva legislación son muchas las expectativas, sobre todo, con las audiencias preliminares”

Gran expectativa

Grillo y el procurador general Jorge Canteros, tomó juramento a la jueza Claudia Mariela Kremar y se refirió a la importancia de la inauguración de esa dependencia, luego de más de tres años de intenso trabajo para lograr su concreción.

El organismo de primera instancia tiene su sede en Chacabuco 701, esqui-na Rivadavia, de esa ciudad y comen-zará a atender al público a partir de este jueves 25 de septiembre.

El presidente del STJ, Rolando Toledo, los ministros Ramón Ávalos, María Luisa Lucas, Alberto Modi e Iride Grillo, y el procurador general Jorge

Canteros en el juzgado del Trabajo Nº4 de Resistencia.

Toledo tomó juramento a la jueza del Trabajo Nº4 de Resistencia, Patricia Bustos.

Claudia Mariela Kremar, titular del Juzgado del Trabajo Nº 2 de Pcia. Roque Sáenz Peña.

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Septiembrede 2014

Más de 400 personas asistieron a la actividad impulsada por el Poder Judicial del Chaco orientada a debatir sobre la relación de los medios y la Justicia. Estudiantes, periodistas e integrantes de la Justicia Chaqueña analizaron cómo mejorar la comunicación institucional y la que se plasma en la prensa.

En el marco de una capacitación en periodismo judicial

“SOMOS SERVIdORES PúbLICOS”

La Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia presentó sitio web

El juez de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, Víctor Del Río, se refirió a las dis-tintas etapas de la relación entre Poder Judicial y medios de comunicación y problematizó cuestio-nes como la diferencia entre administración de Justicia y su interpretación. “¿Los hechos suceden tal como los presentan los medios?”, preguntó al auditorio. En tal sentido mencionó el “severo cuestionamiento” a la prensa –que “se ha sometido a una férrea contradicción de sus postulados”- que actualmente se realiza en todos los ámbitos

Habló de la imagen de sí mismos que tienen los jueces y los temores que afrontan al ser abordados por el periodismo. Detalló que, en general, la for-mación de los magistrados es de tipo enciclopédi-ca y academicista y que esto los hace verse de un modo tal que los hace privilegiar la propia preser-vación ante esos temores: “que crean que somos parciales, o no independientes. A que se malinter-prete que estamos prejuzgando”; lo que “muchas veces nos ha generado una actitud de aislamiento y una visión muy técnica”, afirmó.

Como contrapartida comparó a los jueces ar-

gentinos con los anglosajones a quienes “lo que les importa es que el pueblo los comprenda”.

Recordó que “en primer lugar somos servido-res públicos (…) totalmente sometidos al control social”, atributos que vinculó con una visión re-publicana de la magistratura; y afirmó que “hoy nuestras decisiones tienen una enorme incidencia a nivel social”. “Hoy no podemos estar ubicados en un lugar tan cerrado”, insistió.

Luego remarcó la importancia de cuestiones como la presunción del principio de inocencia, la (necesidad de) intimidad de las personas, el per-juicio que generan los procesos paralelos (recurso del que según consideró abusan los medios mu-chas veces en desmedro del proceso judicial) y el análisis lego del hombre común.

Mostró su preocupación por el continuo cues-tionamiento mediático del juzgador y la nociva influencia que los juicios paralelos generan en la opinión pública. “Los que trabajamos en la Jus-ticia no buscamos adeptos. El problema es que si descreemos en la administración de Justicia, rei-na la barbarie. Si vamos corroyendo el sistema de

Justicia, se nos cae todo”, remarcó. Del Río aseveró que “los jueces también pode-

mos opinar respecto de cómo se ejerce el derecho a informar” para luego sugerir que “hay que edu-carse mutuamente (Poder Judicial y medios) para lograr una mejor administración de Justicia”.

LA prensA“Es cierto que hay un derecho a informar pero

hay que tener en cuenta que se puede estar afectan-do los Derechos Humanos de una persona”, señaló sobre la cobertura mediática de ciertos temas. “La prensa se tiene que preguntar si, informando así y cuestionando la actuación judicial cuidan el respe-to (social) a la Justicia”, insistió.

Explicó que “toda persecución penal tiene que ser racional y sujeta a la ley” y que, es imprescin-dible que los medios atiendan esto. “El fin no jus-tifica los medios para el derecho penal”, aseveró y añadió que “el orden jurídico no puede aceptar el tema de la Justicia por mano propia”.

Como ejemplo citó: “La divulgación de la ima-gen del acusado (que es inocente hasta que se dicte

la sentencia) contribuye a la condena social”. Hay quienes sostienen que la televisación de los juicios implica “convertirlos en un reality show” o que “la fuerte presencia de los medios implique una pre-sión para el juez”.

“Desde el Poder Judicial continuamente pedi-mos que no se vulneren los derechos individua-les”, volvió a recordar el juez, para analizar luego que los jueces no tienen una relación horizontal con la prensa “como sí la tienen los políticos”.

También habló de cómo la prensa muestra a la sociedad a los jueces. “Evitemos la generalización de los errores de un juez respecto de los demás”, pidió, e insistió: “no extendamos a toda la institu-ción el error que comete un solo magistrado”.

Luego sostuvo que “la noticia tiene que ser la decisión tomada en una causa en particular y no el magistrado que la exponga”.

En seguida ponderó la decisión política del Po-der Judicial de establecer una forma distinta de co-municar a partir de la conformación de la Oficina de Prensa. “Aquí la información no parte directa-mente del juzgador”.

Los encuentros que se realizaron el 11, 17, 24 y 30 de septiembre en el Salón Auditorio del Centro de Estu-dios Judiciales, volvieron a poner en discusión cuestiones como el hecho de que “la sociedad reclama más cercanía entre el Poder Judicial y los ciudada-nos”. Y la educación mutua de jueces y periodistas para lograr una mejor ad-ministración de Justicia. Se abordaron temas relacionados con el derecho Pe-nal, Minoridad y Familia y perspectiva de género. También se dio a conocer la nueva web de la Oficina de Prensa del STJ desarrollado bajo ejes como: acce-sibilidad; periodicidad y eficiencia.

El sitio prensa.justiciachaco.gov.ar fue presentado en el salón auditorio del CEJ, con la asistencia de estudiantes de periodismo, trabajadores de prensa; magistrados, funcionarios y empleados judiciales, además del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolan-do Toledo, las ministras María Luisa Lucas e Isabel Grillo, y el Procurador General, Jorge Canteros.

Rolando Toledo tuvo a cargo la apertura de la actividad, instancia en la que marcó la necesidad de lograr un mayor acercamiento del Poder Judicial a la ciudadanía: “Lo que necesitamos es que la gente sepa lo que la justicia hace y el por qué lo hace”, señaló.

Repasó la cronología de la creación, funcionamiento y objetivos de la Ofici-na de Prensa, y destacó la importancia del sitio web recientemente inaugurado.

Luego disertaron la periodista Cris-tina Matta sobre “buenas prácticas periodísticas y tratamiento de la infor-mación” y Marcelo Tissembaum se re-firió a “prospectiva de la relación entre jueces y periodistas”, respectivamente.

Matta enfocó su charla en tres as-

pectos que consideró claves: por un lado la diferencia de “los tiempos de la pren-sa y los de la Justicia”, que consideró “un desacople irreconciliable”. Luego pidió a los periodistas “rigurosidad” y que sean “fieles a sí mismos”. Y recordó las ventajas “de callar para no errar”.

Señaló que actualmente hay más apertura en el ámbito del Poder Judicial aunque todavía el lenguaje sigue siendo “muy técnico y cerrado”, estimó.

Matta sostuvo que la gente cree “más en los medios que en la Justicia” y re-marcó las diferencias que existen entre ambos lenguajes. Indicó que los jueces deben informar pero también tienen de-recho a que la información se trate de manera adecuada.

A su turno, Tissembaum repasó la legislación de acceso a la información

pública. Habló de las diferencias entre la interpretación del leguaje jurídico y el del periodismo, así como de la cons-trucción de la noticia y la utilización de adjetivos “estigmatizantes” por parte de la prensa. También mencionó, criticán-dolos, los operativos mediáticos en la instalación de determinados temas.

“Antes de pensar cómo se forma la noticia hay que preguntarse quién lo hace”, indicó. Sugirió que hay que me-jorar la comunicación para mejorar la imagen institucional y habló del Poder Judicial como “educador y visibiliza-dor”. También se refirió a la accesibi-lidad a la Justicia, y destacó los sitios web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el del STJ del Chaco. Opi-nó que la trasparencia de la información permitirá “reducir la litigiosidad”.

Dijo el juez Del Río

Rolando Toledo, presidente del STJ, abrió la capacitación en periodismo judicial.

Karina Feldmann y Sandra Saidman hablaron de Minori-dad, Familia y Género.

Integrantes de la Justicia Chaqueña, estudiantes de perio-dismo y trabajadores de prensa participaron de los debates.

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Septiembrede 2014

Más de 400 personas asistieron a la actividad impulsada por el Poder Judicial del Chaco orientada a debatir sobre la relación de los medios y la Justicia. Estudiantes, periodistas e integrantes de la Justicia Chaqueña analizaron cómo mejorar la comunicación institucional y la que se plasma en la prensa.

En el marco de una capacitación en periodismo judicial

La Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia presentó sitio web

El edificio de tribunales de Villa Ángela se inaugurará en 2016. Está construido en un 27%.

Esta instancia del curso estuvo a cargo de María Teresa Deschutter, Florencio Gandola Zain, Marco Fernández Leyes y Estefanía Prokopiuk, integrantes de la Oficina de Prensa del Superior Tribunal de Justicia.

Durante su desarrollo se abordaron temas como la información oficial, que es la que circula por los canales habituales, y la reservada, donde las fuentes prefieren permanecer en el anonimato.

También explicaron el funcionamiento y la dinámica de diarios, radios, cana-les de televisión y portales web, y se hizo hincapié en la necesidad de informar teniendo en cuenta los horarios y condiciones en las que trabajan los periodistas.

Luego describieron las herramientas de la Oficina de Prensa del STJ para di-fundir el quehacer de la Justicia chaqueña y remarcaron que buscan “asegurar la plena disponibilidad comunicativa y dirigida a todos los medios por igual”.

La oficina de Prensa del STJ dispone del Servicio Informativo Judicial, boletín electrónico de noticias judiciales destinado a miembros del Poder Judicial local y nacional, abogados, y medios de comunicación chaqueños y del resto del país.

También se mencionó el sitio web prensa.justiciachaco.gov.ar y el canal de youtube con informes audiovisuales, entrevistas y noticias del ámbito de la Justi-cia. El diario judicial Infojus publicación mensual de 2.000 ejemplares con fallos destacados de cada sala del Superior Tribunal; entrevistas, informes sobre distintas dependencias, etc. El Infojus se difunde en versión gráfica y digital.

cAsos concretosDurante el taller los miembros de la Oficina de Prensa del STJ recomendaron

que, en los juicios de trascendencia pública se cuente “el caso (o la sentencia) desde el ciudadano, se explique qué se juzga y qué no, con qué pruebas se llega y el marco jurídico”.

También se habló de la necesidad de establecer, de antemano, las disposiciones del tribunal (a cargo de un juicio) sobre la difusión o no de las distintas etapas del proceso. “Respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijeron.

En el debate final, los participantes intercambiaron experiencias sobre cuestio-nes particulares y cómo actuar ante determinados requerimientos. En la oportuni-dad se resaltó la importancia de hacer saber la postura del Poder Judicial mediante, por ejemplo, el contenido de una resolución o fallo de interés social.

La disertación de Karina Feldmann (jueza del Menor de Edad y la Familia Nº 1 de Resistencia) y Sandra Saidman (jueza de Faltas de Barranqueras) abor-dó los temas: “perspectiva de género, claridad y precisión de la información difundida, nociones erróneas por déficit de información: detención de menores, juicios paralelos; la filtración de noti-cias, etcétera”.

Feldman se refirió a la necesidad de fortalecer la comunicación y poner ma-yor atención al lenguaje que se utiliza para tratar ciertas cuestiones delicadas. “Una deuda de los juristas es hablar cla-ro”, confió, al tiempo que remarcó que la “información es algo muy valioso en democracia”.

Mencionó la excepción que implican los expedientes referidos a menores o cuestiones de familia en relación con el acceso a la información de los periodistas.

Remarcó que, en el sistema penal ju-venil, está claramente especificado que el último recurso sea la privación de li-bertad.

También señaló que la noción de “reincidencia” se está cuestionando ac-tualmente, dado que, explicó, “que una persona haya sido detenida dos o más ve-ces no quiere decir que sea reincidente”.

“Si nos acostumbramos al juicio pú-blico, cuando nos toque a nosotros va a ser demasiado tarde”, planteó recién, en referencia a los denominados “juicios mediáticos”.

“La mediación- opinó luego- es una herramienta muy valiosa y en ciertas circunstancias es más valiosa que el cas-tigo”. Mencionó un estudio de UNICEF que señala que “el 65 por ciento de las notas periodísticas tiene algún término discriminatorio” y propuso la reflexión permanente sobre “la mejor manera de hacer las cosas”.

responsAbiLidAdSaidman diagnosticó a la discrimi-

nación hacia la mujer como “un grave problema” y señaló que su receta para corregir esta problemática es de índole cultural. En cuanto al acceso a la Justi-cia de las víctimas de violencia familiar, reveló que “se ha mejorado” y que “en el Poder Judicial del Chaco se ha avan-zado mucho”.

Reivindicó la cantidad de juzgados de paz que hay en esta provincia (79) en contraposición con otras, como Entre Ríos, con sólo 21. “En el Chaco debe-mos estar orgullosos de la estructura del Poder Judicial a efectos de los reclamos de derechos”, insistió.

Habló de la responsabilidad que les cabe a los medios de comunicación en cuanto a la conformación y marcación de estereotipos respecto de la mujer, y sugirió a los periodistas que consulten la ley 26485 (que es “completísima”, dijo) que tiene capítulos específicos destina-dos al tratamiento de estos temas por parte de la prensa.

MINORIdAd y fAMILIA y PERSPECTIVA dE GéNERO

dEbATE: MEdIOS dE COMuNICACIóN y JuSTICIA

Integrantes de la Oficina de Prensa del STJ expli-caron el funcionamiento

de esa dependencia.

6PÁG. Resistencia,

Septiembrede 2014

Fallo destacado – Secretaría Contencioso Administrativa

El Estado debe garantizar que el derecho a huelga no

afecte el referido a la educaciónFue al dejar firme la sentencia de alzada que denegó el pedido de inconstitucionalidad sobre la resolución 506/13 del Ministerio de Economía. El STJ precisó que ningún derecho puede prevalecer a costa de un sacrificio desproporcionado de otro.

El Superior Tribunal de Justicia des-estimó el recurso de inconstitucionali-dad planteado por el gremio docente Federación SITECH contra la resolu-ción 506/13 del Ministerio de Educa-ción, por considerar que el ejercicio del derecho a huelga no puede afectar el de educación.

De esta manera la sentencia 300/14 de la secretaría contencioso administra-tiva del STJ ratificó el fallo 134/13 de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Resistencia.

Los ministros Rolando Toledo, Ra-món Rubén Ávalos, María Luisa Lu-cas y Alberto Mario Modi expresaron: “partiendo de la premisa que la Consti-tución no establece un sistema de prio-ridades o excepciones absolutas entre estas normas (NdeR: entre el derecho a huelga y el derecho a la educación), incluso podría decirse que todas ellas gozan de la misma dignidad constitu-cional y que, por consiguiente, ninguna puede prevalecer a costa de un sacrifi-cio desproporcionado de las otras”.

Sobre ello agregaron que tanto el artículo 14 bis de la Constitución Na-cional, como la Organización Inter-nacional del Trabajo (OIT) y varias normas internacionales, consagran el derecho de huelga y la libertad sindi-cal, existen otros derechos igualmente protegidos mediante el artículo 14 de la Carta Magna (todo habitante de la Nación tiene derecho a aprender) y el 75, inciso 22 (a la educación contem-

plado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Dere-chos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y la Convención sobre De-rechos del Niño que en el artículo 28 reconoce específicamente “el derecho del niño a la educación”).

eL cAsoLa controversia tuvo su origen el 27

de marzo de 2013 con el dictado de la resolución ministerial nº 506 del Mi-nistro de Educación. En ella se estable-ció un mecanismo de ofrecimiento de cargos y/u horas que se utilizará estric-tamente ante situaciones de medidas de fuerza que pongan en riesgo el regular dictado de las clases en los estableci-mientos educativos de la Provincia, de los distintos niveles y modalidades (tal lo fijado en su artículo 7).

Desde el gremio aseguraron que “la adhesión de los trabajadores a las me-didas de fuerza dispuestas por la enti-dad sindical… provocó varias situacio-nes persecutorias perpetradas por parte de las autoridades gubernamentales, entre las que se encuentra la medida atacada”.

Al mismo tiempo consideraron que la resolución “ cuya anulación se pretende por arbitrario e ilegal, incide negativamente sobre el colectivo de trabajadores… trascendiendo el mero interés individual por afectar el estatu-

to del docente, el derecho de huelga y la libertad sindical”.

Por su parte el ministro de Educa-ción, Cultura, Ciencia y Tecnología, Sergio Soto, manifestó que aquella “fue dictada en cumplimiento de una manda judicial que priorizó el interés superior del niño, en el contexto de la educa-ción y la cultura, pues de acuerdo a la convención que lo rige (ley 23.894)”. Y que tal interés “queda expresamente consagrado en los artículos 3º, 4º y 5º y en lo referido a la educación en los artículos 28 y 29 de la mencionada nor-mativa, reglamentada por ley 26.061”.

En primera instancia el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 hace lugar a la acción de amparo y declara inconstitu-cional la resolución.

La decisión es apelada por la parte demandada y la Cámara de Apelacio-nes revoca lo dicho en la instancia an-terior y rechaza la acción de amparo presentado por Federación Sitech.

ArgumentosPara fundamentar su postura los mi-

nistros que los planteos de los deman-dantes carecen de sentido, dado que “no logran desvirtuar el razonamiento efectuado por las magistradas anterio-res respecto a la tensión de los derechos en pugna (el de huelga y el de acceso a la educación) y la necesidad primor-dial de preservar este último, luciendo como simples discrepancias”.

Además destacaron que pronuncia-

ron la sentencia “merituando las prue-bas ofrecidas y las especiales circuns-tancias del caso”. Al respecto recorda-ron la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que “son pasibles de la tacha de arbitra-riedad las sentencias judiciales que no constituyen derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las cir-cunstancias comprobadas de la causa o que omiten considerar articulaciones serias de las partes conducentes a la co-rrecta solución del litigio”.

“no vuLnerA derechos”Por otra parte el STJ hace propio lo

señalado por la Cámara en cuanto a que “contrariamente a lo sustentado por la sentenciante de origen, la resolución nº 506/13 no vulnera los derechos con-templados en el estatuto del docente.” En tal sentido, señalaron parámetros de interpretación de la constitución formal que entendieron deben ser aplicados al caso, desde cuya perspectiva, no cons-tataron la arbitrariedad e ilegalidad de-nunciadas por la accionante como fun-damento de la nulidad impetrada.

“El gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones pero con la condi-ción de que asegure la educación (art. 5 CN) cuya perspectiva se ha amplia-do con la reforma de 1994”, según lo establecido en los incisos 18 y 19 del artículo 75 de la Constitución Nacio-nal, remarcaron.

Luego ampliaron esa idea e indica-ron que ante la tensión de los derechos involucrados y estando salvaguardado el derecho de huelga, “la decisión que da vigencia sociológica al derecho a la educación debe ser mantenida, máxi-me el menor rango del estatuto del docente (artículo 31 CN) y que la res-tricción al mismo resulta temporaria, conforme a lo cual revocaron la sen-tencia en crisis”.

También negaron que la resolución vulnere el derecho de huelga y liber-tad sindical porque “en ningún caso, la huelga legitima la producción de un daño a la sociedad toda, por el conflic-to que se suscite entre un gremio y el sector empresario, donde la sociedad, destinataria de bienes o servicios es totalmente ajena. Este principio de aje-nidad, impone además de ser un tercero damnificado, que el conflicto, las cau-sas, las acciones y sus consecuencias están totalmente fuera de su control”.

Así explicaron que es responsabi-lidad del Estado proteger los derechos de sus habitantes en los casos en que se produce o existe el peligro de que ocurra un daño a la sociedad como re-sultado de una huelga. “Es este mismo Estado quien debe arbitrar los medios para que este derecho constitucional se encauce dentro de un marco de razona-bilidad, sin afectar los otros derechos que la misma carta magna protege”, enfatizaron.

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Septiembrede 2014

En Villa Ángela, Charata, J.J Castelli y Resistencia

Capacitaron en elementos de negociación y mediación para la conducción de audiencias

Las ministras María Luisa Lucas e Isabel Grillo participaron de los festejos por el 56º aniversario del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, ocasión en que Lucas fue homenajeada por haber presidido el organismo.

El reconocimiento se hizo exten-sivo a otros ex consejeros presentes a quienes se les entregó un diploma y una estatuilla por los aportes que realizaron al organismo; y también se distinguió al primer empleado de los Consejos de la Magistratura del país, Roque Santiago Wetzel.

eL primero deL pAís El 10 de junio de 1958, con la

firma de los diputados Ulises Ál-varez Hayes, Moisés Penchans-ky, Carlos Leunda, Pedro Freschi, Carlos Jaimovich y Edgardo Rossi ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de constitución de la entidad. “A nadie escapa --se-ñalaba uno de los párrafos de sus fundamentos-- que es de urgente necesidad sancionar la ley de orga-nización del Consejo de la Magis-tratura y Jurado de Enjuiciamiento. El proyecto que sometemos a con-sideración de la Cámara no tiene otra pretensión que la de contribuir a llenar esa necesidad”. Tras un in-tenso debate parlamentario, la ley 138 de creación de este consejo fue sancionada el 28 de julio de 1958. La norma mandaba a los abogados de la provincia elegir representan-tes ante la flamante institución. Así lo hicieron el 18 de septiembre de 1958. En Resistencia fue elegido el abogado Danilo Luis Baroni, futuro gobernador del Chaco.

La primera sesión del cuerpo se produjo el 25 de septiembre de

1958. Sus primeros integrantes, titulares y suplentes, como las ins-tituciones a las que representaban, fueron los siguientes. Titulares: Carlos María Ruperto Vargas Gó-mez (presidente, era también pre-sidente del Superior Tribunal de Justicia), Rosendo Tomás González Oliver (vicepresidente, era ministro del Superior Tribunal de Justicia), Roque Roig (fiscal de Estado, re-presentante del Poder Ejecutivo); Danilo Luis Baroni (representante de la primera circunscripción de la Asociación de Abogados y Procu-radores del Chaco), Julio Argentino Martín (representante de la segun-da y tercera circunscripción de la Asociación de Abogados y Procu-radores del Chaco), Mario Esteban Varela (representante de la Cámara de Diputados, era el presidente de la Legislatura); Edgardo Gil Spinassi (representante de la Cámara de Di-putados) y Mario José Stoffel (re-presentante de la segunda y tercera circunscripción de la Asociación de Abogados y Procuradores del Cha-co). Suplentes: Carlos Tulio Marti-latti (representante de la Asociación de Abogados y Procuradores del Chaco), Rubén Darío Dalla Fon-tana (representante de la primera circunscripción de la Asociación de Abogados y Procuradores del Cha-co), José Diez (representante de la Asociación de Abogados y Procu-radores del Chaco), Ramón de las Mercedes Tissera (representante de la Cámara de Diputados) y Dióge-nes Carlos Díaz (representante de la Cámara de Diputados). Secretario, escribano Amaro Enrique Cúndom.

Fuente: Prensa del Consejo de la Magistratura

Esta actividad, denominada elemen-tos de negociación y mediación para la conducción de audiencias prelimina-res, tuvo como primera parte el tema de mediación -y se realizó en todas las circunscripciones judiciales- a cargo de Alejandro Bottini. La segunda instan-cia, ya realizada en Villa Ángela, Sáenz Peña, Charata, Juan José Castelli (el 6, 7 y 8 de agosto pasados) y Resistencia, estuvo a cargo de las capacitadoras Silvia Cristina Suarez y Wilma Sara Martinez.

En Resistencia, se realizó en el mar-co del Posgrado sobre Derecho Proce-sal, Civil y Comercial, y estuvo dirigi-do a sus alumnos; también participaron los magistrados y funcionarios de los nuevos juzgados laborales de Sáenz Peña y Resistencia, así como abogados del foro interesados en el tema.

segundA etApALas capacitadoras revelaron que en

los talleres apuntaron a compartir su experiencia en el manejo de las audien-cias preliminares y el rol del juez como facilitador de la interacción entre los partícipes de la contienda. El objetivo proponía lograr que aquellos- que en principio aparecen como adversarios- diluyan sus controversias en el ámbito de las conversaciones, y así se disminu-ya el nivel de conflictividad.

Con esa propuesta como marco, sugirieron un catálogo de conductas, a saber: En primer lugar, incentivar la destreza natural del juez para propiciar soluciones alternativas del conflicto, a través de: el diálogo entre las partes; la libre y espontánea expresión de los hechos que preceden al conflicto, desde su peculiar cultura y lenguaje; el reco-nocimiento de las personas más allá de

56 años del Consejo de la Magistratura

sus roles procesales, con su historia de vida, sus temores, intereses, lo que, en definitiva, implica reconocer la digni-dad humana.

Fomentar la osadía y atrevimien-to necesarios para proponer fórmulas conciliatorias surgidas del examen previo de probabilidad de éxito de la pretensión, en su aspecto cualitativo y cuantitativo. Dispensar un tiempo exclusivo a la audiencia, sin escatimar esfuerzo. Valorar el tiempo de dedica-ción exclusiva, que implica abstraer-se de otra tarea que pueda perturbar la debida concentración. En segundo término, realizar la devolución de lo transmitido.

Suárez y Martínez encontraron un alto nivel de receptividad, curiosidad e interés en quienes asistieron a los ta-lleres en las diversas circunscripciones,

en especial en J.J Castelli, donde regis-traron activa participación de magistra-dos e integrantes de tribunales.

Durante los talleres, las capacitado-ras dialogaron con los asistentes para relevar las inquietudes, dificultades, in-tereses y experiencias acerca del tema.

Mencionaron el origen del instituto audiencia preliminar: cómo, cuándo y de qué manera se instrumentó en el fuero Civil y en el laboral; sus ventajas y dificultades, objetivos; rol y perso-nalidad del juez, trabajos previos a la audiencia preliminar.

El desarrollo de la actividad fue interactivo: mientras las capacitadoras exponían su concepto y experiencia, surgían espontáneamente inquietudes e intereses de los asistentes, que genera-ban nuevos cuestionamientos y exigían respuestas de creación colectiva.

Las capacitadoras destacaron que el juego de roles constituyó la mejor op-ción pedagógica utilizada. Se propuso recrear una audiencia preliminar con un caso hipotético sobre accidente de tránsito y accidente de trabajo (juez-.secretarios-partes-abogados), que sur-gió de la improvisación en la misma jornada, en la que intervinieron los asistentes y las capacitadoras.

La experiencia fue de gran signifi-cación y estímulo tanto para las capa-citadoras como para los asistentes; dejó expuestas las diversas culturas, emo-ciones, modos de lenguaje, comporta-miento, que condicionan las situacio-nes de encuentros y desencuentros en el ámbito de las audiencias. Se realizó en un ámbito distendido y con notables muestras del sentido del humor de par-te de los participantes.

Culminó exitosamente curso sobre cuantificación judicial del daño

Finalizó el dictado del curso sobre cuantificación judicial del daño que fue replicado en Resistencia, Villa Ángela, Pcia. Roque Sáenz Peña y Juan José Castelli. En todas las citas hubo una gran convocatoria y los capacitadores pudieron transmitir cabalmente todos sus conocimientos y experiencias.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, remarcó en sus visitas a J.J Castelli y Villa Án-gela, que la capacitación es una de las políticas centrales del Alto Cuerpo y la describió como “una realidad, no solo palabras”.

Además valoró que el perfeccio-

namiento permanente “permite a cada persona realizar su labor de una forma más independiente; y posibilita que sepa cómo reaccionar ante los distintos intereses que se presentan”.

Por su parte la ministra Isabel Gri-llo señaló durante su participación en Resistencia que “el curso es una res-puesta al pedido hecho por los aboga-dos”. Asimismo la definió como “una instancia de capacitación y aprendizaje recíproco”.

En otro tramo de su alocución re-marcó la importancia de los capacita-dores judiciales “quienes realizan un esfuerzo notable para mejorar los cono-

cimientos y aptitudes de los operadores judiciales y de todos aquellos vincula-dos a la justicia”.

Asimismo consideró que la cuestión del daño “debe abordarse desde una mirada más amplia que el derecho ci-vil”, y agregó “si hablamos de daño es porque fallaron los controles previos”.

El curso estuvo a cargo de los espe-cialistas Gustavo Vispo, María Teresa Varela y Claudia Piccirillo quienes rea-lizaron un análisis conceptual y juris-diccional de los distintos rubros indem-nizatorios, incapacidad sobreviniente, daño moral, estético y sicológico, entre otros.

La capacitación se extendió a casi toda la provincia.

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Septiembrede 2014

Centro de referencia

IMCiF: seis años como paradigma de las ciencias forenses

A seis años de su inauguración el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) del Poder Judicial del Chaco se encuentra conso-lidado en un lugar privilegiado dentro de las dependencias auxiliares de la administración de justicia, ya que a fuerza de un intenso trabajo fue instituido el año pasado como Sede Nordes-te del Programa de Laboratorios Regionales de Investigación Forense.

La mencionada región está integrada por las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Co-rrientes y estableció la sede en Resistencia en el marco de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Consejo Federal de Política Federal de Política Criminal y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

El IMCiF fue erigido como centro de referen-cia regional en lo que respecta a los procesos de investigación en ciencias forenses a partir de una videoconferencia realizada en junio de 2013 en simultáneo con la presidenta de la Nación, Cristi-na Fernández de Kirchner, en una comunicación con los ministros del Superior Tribunal de Jus-ticia del Chaco, Mario Alberto Modi y Rolando Ignacio Toledo; el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, además de fun-cionarios nacionales y provinciales.

La justicia de la región del NEA desarrolla actividades conjuntas, a partir de convenios de cooperación que facilitan el intercambio y el de-sarrollo de las tareas. Esto promueve a su vez que en distintas oportunidades desde las provin-cias vecinas de la región visiten regularmente el IMCiF con el objetivo de comenzar a imple-mentar procesos similares en sus respectivas dependencias.

Es importante señalar que en el seno de esta institución, que comenzó a funcionar el 12 de septiembre de 2008, se desarrollan todos los ser-vicios relacionados con las áreas de Tanatología, Clínica y Patología Forense, así como las espe-cialidades de las Ciencias Forenses auxiliares –Biología Molecular, Toxicología Forense y Quí-mica Legal- que contribuyen a la determinación de causas de muerte, lesiones, identificación de víctimas y agresores, entre otros.

trAbAjA con cALidAdDesde sus orígenes el IMCiF trabajó bajo un

sistema de calidad. La definición de su misión, visión, valores y política de calidad fueron los ejes sobre los cuales a lo largo de los primeros cinco años trabajó para la implementación del sistema de gestión bajo los lineamientos de la norma ISO 9001.

Es por eso que se destaca la estructura de los sectores periciales con sus procesos principales (Tanatología, Patología Forense, Toxicología, Química Legal y Biología Molecular) que para el desarrollo de su tarea requieren el apoyo in-discutido de los sectores auxiliares, destacando dentro del trabajo realizado en estos la gestión de los equipos, a cargo del Sector Bioingeniería; la gestión en Administración; las auditorías in-ternas, gestión de no conformidades y gestión de compras, proveedores y servicios por el Sector Calidad, así como la gestión en Tecnologías de la Información y Comunicación Institucional.

En la actualidad, la estructura documental

Durante el presente año, tanto el IMCiF como el CeTRe están desarrollando una im-portante capacitación interna. Es una iniciativa que se enmarca en el Programa Provincial de Capacitación Continua, Subprograma Práctica Procesal Informatizada del Centro de Estudios Judiciales (CEJ) del Poder Judicial del Chaco y es coordinada por la Dra. Liliana Douthat –su-bresponsable del IMCiF- y por el encargado del CeTRE, Ing. Francisco Colcombet.

El objetivo es transferir información respec-to de funciones y mecanismos específicos para optimizar el desempeño de los empleados de ambas dependencias, así como también de las otras dependencias que funcionan en el predio de Ruta 11 Kilómetro 1008.

Hasta el momento, los cursos desarrollados fueron: “Herramientras de comunicación efecti-va”, a cargo del Ing. Alberto Daniel Fernández; “Comunicación escrita eficaz”, dictado por la Lic. Eugenia Barberis; “Liderazgo y motiva-ción”, a cargo del Ing. Sergio Bogado; “Gestión de calidad. Auditorías internas”, por la Dra. Liliana Douthat y la Lic. María José Toledo; “Higiene y Seguridad. Como comunicar ante accidentes”, por el Ing. Francisco Colcombet; y “Prevención de accidentes por venenos de ori-gen animal (serpientes y escorpiones)” a cargo del Dr. Francisco Camargo.

Aún quedan por realizar los dos últimos mó-dulos referidos a Prevención de incendios, uso de matafuegos e hidrantes, guía de evacuación y extinción de incendios, a cargo del Ing. Francis-co Colcombet y los señores Osvaldo Fernández y Ramón Ariel Nuñez; y otro de Uso seguro del equipamiento e instrumental, emergencia ener-gética e informática, seguridad eléctrica y ma-nejo del grupo electrógeno, a cargo del Bioing. Gustavo Deluca y del señor Rafael Riccardi.

El trabajo en el IMCiF está dividido en sec-tores en los que se desarrollan las tareas princi-pales. El sector Tanatología cuenta con una Sala de Autopsias totalmente equipada y acondicio-nada según normas de calidad, con un anfitea-tro de observación para funcionarios y partes en juicio. La Morgue anexa tiene dos cámaras mortuorias para el depósito de cadáveres, una balanza especialmente diseñada para el pesaje de cuerpos, equipo de rayos X y revelador. En tanto que el sector de Clínica Médica está equi-pado con todo lo necesario para la revisación de las víctimas y de los victimarios.

Además, el instituto dispone de cuatro labo-ratorios en los que se realizan distintos proce-dimientos científicos para contribuir a la admi-nistración de justicia: en Toxicología Forense y Química Legal se realizan pericias para la investigación criminal por intoxicaciones, en-venenamientos o mal uso de fármacos, identi-ficación de pelos, fibras, manchas y evidencias biológicas, y su comparación con las halladas en el escenario del crimen, pero también para esclarecer otros delitos, tales como violaciones a la ley de estupefacientes y doping, adulte-raciones o falsificaciones de drogas, medica-mentos, alimentos y agua, delitos ambientales, accidentes laborales, incendios intencionales, estudio y comparación de tierras, pinturas, vi-drios y metales, sangre y semen, entre muchas otras posibles.

Mientras que Biología Molecular es el labo-ratorio que, mediante los estudios de ADN, pue-de establecer la identidad genética de víctimas y agresores, atribuir a las personas las evidencias recolectadas y determinar vínculos filiatorios de parentesco. Por su parte, Patología Forense se dedica a determinar las causas y mecanismos de muerte en los casos investigados por la Justicia.

CAPACITACIóN CONTINuA

SECTOR POR SECTOR

El IMCiF junto con el CeTRE fueron galardonados en diciembre de 2013 con el Premio Provincial a la Calidad en la Categoría I para el Sector Público.

del Sistema de Gestión de Calidad está com-pleta, y en un futuro próximo se requerirá la certificación de la norma de gestión nombrada; todo ello en beneficio de la permanente mejora continua que aseguren aún más la eficiencia y eficacia del IMCiF como colaborador en la ad-ministración de justicia.

premio El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses,

ubicado en el predio de Ruta 11 Kilómetro 1008 del Poder Judicial del Chaco, trabaja conjunta-mente con el Centro de Tratamiento de Residuos Especiales (CeTRE) en un sistema de calidad, motivo por el cual fue distinguido en diciembre de 2013 con el Premio Provincial a la Calidad en la categoría I para el Sector Público, otorgado el Gobierno del Chaco a través de la Subsecretaría de Coordinación y Gestión Pública, en el marco del Programa de Fortalecimiento y Moderniza-ción (ProFyM).

En la oportunidad, el Sector Calidad del IM-CiF trabajó sobre el relevamiento de datos nece-

sarios para la redacción de un Informe según lo requerido por el Modelo de Calidad del mencio-nado premio. Luego de presentar el proyecto, un equipo de evaluadores realizó una recorrida para constatar lo señalado en el informe y concluir con la evaluación.

Al ser distinguido el IMCiF con el premio, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco destacó a través del Acuerdo Nº 3284 que “representa un reconocimiento al desempeño de las dependencias que merece ser valorado y to-mado como referencia para el mejoramiento de todas las actividades que se desempeñan en el marco de la Gestión, estimulando la moderniza-ción e innovación de los procesos organizaciona-les, logrando con ello mejorar la Calidad del Ser-vicio de Justicia en su conjunto. Sirviendo ade-más como incentivo para otras dependencias”.

Asimismo, desde la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, los legisladores expresa-ron su beneplácito por la obtención del máximo galardón en calidad de la provincia por parte del IMCiF-CeTRE a través de la resolución Nº 345.

Los procesos prin-cipales se dividen en los sectores de Tanatología, Clínica Médica y en cuatro labora-torios: Química Legal, Toxicología Forense, Biología Molecular y Pato-logía Forense.