La “era del guano" (1840-1872) es una época a la que se le debe prestar una cuidadosa atención, debido a los muchos factores que contribuyeron al auge económico obtenido de su explotación. En este ensayo se presentan las tres clases de contratos que el Estado peruano celebró (venta libre, consignación y monopolio comercial) con diferentes capitalistas entre 1840 y 1872; escrito que, con un minucioso análisis, pretende contribuir al debate sobre el derroche, por parte del Estado, de los ingresos obtenidos de la explotación del guano.

Breve reseña histórica

En 1802, Alejandro von Humbolt fue el encargado de llevar a Europa una muestra de guano de islas; al analizarse, se descubrió que el mencionado producto contenía sustancias nitrogenadas que lo hacían un fertilizante muy efectivo. En 1827 Mariano Eduardo de Rivero reveló la importancia del guano; en 1840, el barón de Liebig demuestra las excelencias que poseía como fertilizante de tierra. Otros personajes que también estudiaron la importancia del guano fueron Alejandro Cochet[1], Tomás Way y Carlos Barroilhet[2].

Debido a la revolución industrial en Inglaterra, se expulsó a millones de campesinos de las tierras que ocupaban para convertirlas en pastos en los que se criaría al ganado que producía la lana demandada por la industria textil británica (Manrique, 1995). Ante tal eventualidad, se necesitaría un fertilizante potente que produzca lo mismo o más de lo producido antes de la conversión de las tierras de labranza en pastos (y el guano de islas era el candidato perfecto) ya que los campos iban decreciendo y la urbe se incrementaba.

Durante el período de explotación del guano se suscitaron 3 modalidades de comercialización, que culminarían en el comienzo de una de las más devastadoras crisis económicas del Perú.

Tratados de comercialización

Venta libre (1840-1841)

En 1840, Francisco Quiroz pactó con el Estado un arrendamiento por el plazo de seis años en el que él se comprometía a pagar 10, 000 pesos por año (30 pesos por tonelada de guano) y con un adelanto de 40, 000 pesos; 1, 500 de los cuales fueron entregados en efectivo y el resto en certificados de la deuda de la Casa de la Moneda (Basadre, 1974a). El historiador tacneño Jorge Basadre en su tan aclamada Historia de la República del Perú nos presenta las causas de la anulación de dicho contrato:

“El guano embarcado en 1841 alcanzó tan altos precios en Inglaterra que el Consejo de Estado hizo una representación al Poder Ejecutivo. La Corte Suprema conoció del expediente y el gobierno anuló el contrato que había suscrito, ordenó el reconocimiento de las islas por peritos y pidió las propuestas de quienes quisieran especular con el abono”

En síntesis: el Estado anuló el contrato a los 6 meses porque se dio cuenta de que estaba perdiendo. Tal decisión no infringía el contrato ya que en el mencionado acuerdo se estipulaba que si la demanda era grande se podía modificar el contrato con precio diferente. Dicho acuerdo no se renovó en la misma modalidad, sino que se modificó en consignaciones, las que se hegemonizaron durante un período de veintiocho años.

Consignación (1841-1869)

En 1841, Francisco Quiroz y su socio Aquiles Allier dieron el inicio a la época de consignaciones del guano, ya que este había pasado a ser considerado como propiedad fiscal; el Estado pasaba a ser el propietario de un factor de producción.

 Entre 1841 y 1869 el Estado celebró 34 contratos de consignación que tenían una estructura en común: el Estado recibía un porcentaje de las ventas que el consignatario hacía; el mismo, cancelaba su deuda al culminar el contrato.

El consignatario, además de lo pactado, podía brindar préstamos al Estado los cual se cancelaban con bonos. Ante la antes mencionada crisis económica del Perú, los bonos fueron desvalorándose y los consignatarios optaban por venderlas a comercializadores de bonos que usaban los mismos para pagar deudas al Estado (ya que los bonos no perdían su valor al ser usados como medios de pago ante una entidad pública en el Perú)[3].

En 1969 Fernando Palacios entregó una carta al presidente José Balta en la que se ofrecía una propuesta sobre una nueva negociación con el guano, modalidad que terminaría con los consignatarios.

Monopolio (1969 en adelante)[4]

Balta entregó la propuesta de Palacios a su entonces Ministro de Hacienda, el demócrata Nicolás de Piérola, quien tuvo posteriormente varias conversaciones con Palacios. Enseguida, Piérola fijó las bases a las cuales debía obtenerse una nueva expedición de guano a Europa que hiciera desaparecer el fantasma del déficit (producido por los anteriores acuerdos) y eliminase el sistema de las consignaciones.

En Lima se especulaba acerca de que si en Europa se pudiese conseguir un nuevo contratista para el guano. Solo los consignatarios creían estar enterados de las grandes utilidades provenientes de este negocio (Basadre, 1974b). Hasta que en 1969 se opto por firmar con Augusto Dreyfus.

El famoso Contrato Dreyfus se trataba de un monopolio comercial en el que se le anticipaba al Estado 2’ 000, 000 de pesos con la condición de que la empresa sea la única comercializadora del guano[5].

“Para sus promotores y partidarios, el contrato Dreyfus tenía múltiples ventajas. El país se libertaba del yugo de los consignatarios. Un bien de inmenso valor, el valor comerciable, sobre el que recobró el Estado su pleno demonio para ejercerlo de inmediato.” (Basadre, 1974c).

Después de dos años, tras haber firmado el tratado, Dreyfus demandó al Estado por promover el salitre[6] ante la Corte Suprema. Tras esto el Estado tuvo una deuda con la casa Dreyfus pausada por la Guerra del Pacífico y renovada dos décadas después.

Según nos comenta Heraclio Bonilla en su Guano y Burguesía en el Perú, Dreyfus fue uno de los contratistas más beneficiados por el guano a pesar de la traición del Estado.