la langosta recomienda sÓlo asÍ de jorge g. castañeda

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Una nota explicativa

Este opúsculo tiene una breve historia . Siempre he pensado que el papel de los llamados “intelectuales” en las gestas políticas consiste en proponer ideas para armar un programa . Lo hice con Vicente Fox, trabajando direc-tamente en su campaña; en 2004 con un libro para mi propia campaña; entre 2009 y 2012, con Héctor Aguilar Camín al publicar tres textos cortos de corte programáti-co, dirigidos a quien se pusiera el saco . Lo hago ahora de nuevo, en parte con Aguilar Camín, a quien agradezco la autorización de reproducir largas citas de sus diversos en-sayos, su meticulosa lectura y sus múltiples y pertinentes sugerencias . Extiendo también mi agradecimiento a Joel Ortega por sus comentarios, críticas y su insistencia en ponerle más sabor al caldo, y a Patricio Navia por la suya en la esperanza .

La estructura es sencilla . Comienza con un corte de caja sobre la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto . Enseguida se presentan tres capítulos: el primero de-dicado a algunos ingredientes adicionales al saldo que con-tabilizó Aguilar Camín en un ensayo en Nexos, el segundo

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a una agenda ciudadana para 2018, y el tercero a la necesi-dad y viabilidad de una candidatura independiente en esta sucesión presidencial . Las tres secciones —balance, pro-grama, expresión electoral— se engarzan . De cada una se deriva la siguiente .

La mancuerna mortal de corrupción y violaciones a los derechos humanos, unida por el pecado mayor de la impunidad, hundió al sexenio de Peña Nieto . Sus refor-mas —muchas de ellas necesarias, virtuosas, productivas a mediano plazo— quedaron teñidas por la casa blanca, Malinalco, el tren chino, más lo que se acumule, y por Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, Tanhuato y lo que si-gue . A la amnistía peñista —tácita y amplia— a Calderón, y formal y completa a los responsables de la corrupción en su propio gobierno, se aunaron factores producto de errores y de casualidades . Los conocemos: un mediocre crecimiento económico —otra vez—; una incapacidad de ejecución —otra vez—; una insensibilidad notable ante la opinión pública y publicada . Como resultado de todo, presenciamos un vehemente rechazo y desprecio de la so-ciedad mexicana por la clase política y por el derroche de los partidos y las cámaras, repudio nunca visto desde que existen mediciones al respecto .

Por eso, la elaboración de la agenda ciudadana —tér-mino ambiguo, pero útil, para establecer una diferencia entre ésta y la típica y necesaria agenda partidista— fluye fácil y directamente de este diagnóstico . Se centra en la impunidad y sus dos retoños: la corrupción y las violacio-nes a los derechos humanos, en las reformas del sistema de partidos y de representación, y la defensa de minorías y


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de la desdichada mayoría compuesta por los consumidores mexicanos . Agenda ciudadana y volcada sobre estos temas por una sencilla razón: a diferencia de metas fundamenta-les como crecer, reducir la desigualdad y abatir la pobreza y la violencia, ubicar a México y un mundo cada vez más convulso y cercano, que los partidos asumen y procuran alcanzar, sólo una candidatura apartidista puede hacer su-yas estas otras demandas, y concentrarse en lograrlas . Por supuesto que las exigencias económicas, sociales y de se-guridad de la ciudadanía son esenciales; pero existen pro-gramas al respecto, los partidos los enarbolan, y yo mismo he insistido en ellos . Aquí hago hincapié en lo que no se menciona tanto, o en lo que se dice pero no se hace, y no se hará, si todo queda en manos de los partidos .

Aclaro que buena parte de los componentes de es-ta agenda son concreciones o “aterrizajes” de esa noción etérea cuya acepción se equipara a la pornografía, a sa-ber, el estado de derecho . Nadie sabe definirlo, pero lo reconocemos cuando lo vemos . Impunidad, corrupción, violaciones a los derechos humanos, sistema electoral vi-ciado, consumidores expoliados, minorías desamparadas: todos padecen las consecuencias de un estado de derecho cojo, manco y decapitado . Se puede intentar proceder al revés: construir ese estado de derecho, y todo lo demás caerá por añadidura . No lo creo .

La tercera sección es una prolongación de las dos pri-meras, y descansa en una tesis franca y directa: en el México de hoy, estos cambios únicamente son posibles mediante un gobierno exterior a la partidocracia, que nazca de fue-ra de los partidos, que como fuerza externa al sistema lo


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obligue a transformarse . Ni el PRI ni el PAN lo harán; ya fracasaron . La izquierda va de salida en la región; la nues-tra es todo menos que ajena a la impunidad y corrupción que nos ahogan . El soplo nuevo debe surgir sin ellos . Sólo así . Ese gobierno puede provenir exclusivamente de una candidatura independiente a la presidencia, única y con un programa, con un equipo de campaña y de gobierno, y una planilla de candidatos independientes que la acom-pañe . De ese modo se podrá plantear la disputa del 2018 como corresponde al ánimo de la sociedad mexicana: entre los adversarios o verdugos de la partidocracia y sus defen-sores y beneficiarios, no entre izquierda y derecha, entre progresistas y conservadores, entre priistas y el anti-PRI . Convertir la elección del 2018 en un referéndum sobre la partidocracia equivale a lo que se hizo en el 2000, esto es, imponer un referéndum sobre la permanencia del PRI en Los Pinos .

Para eso debe servir este largo ensayo, o pequeño li-brito, el primero de varios que intentaré elaborar durante los próximos dos años . El objetivo radica en socializar el tripié —diagnóstico/agenda/candidatura— en el que des-cansa el texto, discutirlo con la sociedad, y sensibilizar a los posibles candidatos independientes de su coherencia inter-na y pertinencia . El punto de partida —y de llegada— de este esfuerzo es simple . Peña desperdició una oportunidad magnífica: la regó . Junto con el hartazgo acumulado, pro-vocó una reacción inédita de despecho a la clase política . De esa indignación emana una agenda ciudadana, distin-ta de la agenda —esencial— de los partidos . Esa agenda sólo la puede abanderar una candidatura independiente,


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y nadie más la puede poner en práctica que un gobierno amplio, plural e independiente, producto de la victoria de esa candidatura . Sólo así .


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I . Eyeless in Los Pinos: Un sexenio de tres años

La disonancia mayor del otoño del descontento mexi-cano de fines de 2015, escribió Héctor Aguilar Camín, era que el gobierno tenía “un proyecto de país de primer mundo, una capacidad de ejecución de gobierno de tercer mundo y un rechazo público de Estado o país fallido” . Vale decir, los propósitos del gobierno reformista de Peña Nieto estaban “muy por arriba de sus resultados y sus re-sultados muy por debajo de lo que está dispuesta a tolerar su sociedad” .

Lo cito extensamente:

La intención del gobierno que asumió el poder en

2012 fue recuperar “la rectoría del Estado”, expresión

característica de la retórica del antiguo PRI . Su esfuerzo

dio resultados inesperados en la negociación del llama-

do Pacto por México, consistente en que las principales

fuerzas políticas se sentaron a pactar a puerta cerrada las

reformas que acabarían transformando sustancialmente la

Constitución, al punto de volverla irreconocible en mu-

chos pasajes . Creo que el éxito inusitado de este proceso


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reafirmó en el gobierno la vocación de ejercer su auto-

nomía, su recobrada “rectoría del Estado”, respecto de

los otros poderes, la oposición, los medios y la sociedad .

El gobierno se amuralló en el ejercicio de esa autono-

mía y dejó de escuchar tanto las quejas interesadas de los

afectados por sus reformas, como las quejas legítimas de

la sociedad por la ineficacia acumulada de gobierno y la

corrupción rampante .

Creo que la sensación de autonomía venida del Pacto

por México, la certeza de haber recobrado la “rectoría

del Estado”, anestesió los reflejos del gobierno federal

frente a los agravios que su paso y su estilo viejo iba de-

jando… El gobierno federal reaccionó muy tarde a los

acontecimientos que las encuestas muestran hoy como

las claves de su crisis: la reforma fiscal de septiembre de

2014, el asesinato y desaparición de 43 normalistas en

la noche sangrienta del 26 de septiembre de ese mismo

año en Iguala y la confluyente exhibición de conflicto de

interés, a principios de diciembre, en la adquisición de la

casa privada del presidente mediante un trato favorable

con un contratista gubernamental .

La corrupción pública y la impunidad criminal son

los grandes surtidores del descontento mexicano . Para

esos agravios no tienen respuesta las reformas estructu-

rales hechas por el gobierno . Tampoco las tiene nuestro

arreglo democrático frente al rechazo creciente de los

ciudadanos a la democracia misma, a los partidos y a

los políticos de la llamada partidocracia, capaz de gene-

rar un 62% de ciudadanos que se dicen dispuestos a votar

por un candidato independiente .


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Los pactos y sus defectos

Agrego a estas causas de la debacle otros vicios de ori-gen del Pacto por México y otros pactos —tácitos o forma-les— del sexenio que corre . Además de las consecuencias de su carácter sigiloso —quizás inevitable—, la premura con la que se iniciaron las negociaciones en casa de José Murat, la identidad y la historia de algunos de los partici-pantes y la rapidez con la que se llevaron a cabo impidieron el tipo de reflexión y debate que proyectos de esa naturale-za requieren . No hubo tiempo, ni un círculo de discusión lo suficientemente amplio para cotejar alternativas y sope-sar las implicaciones de cada una . Involucrar a los dos par-tidos de oposición proyectaba una imagen de gran destreza e innovación políticas, pero también obligaba a aceptar de-nominadores comunes de contenido reformador más bajos .

Era imposible diluir la reforma energética al grado de volverla aceptable para el PRD —aunque la ilusión absur-da persistió durante casi un año—; algunos negociadores imberbes soñaron que Cuauhtémoc Cárdenas la aproba-ría: sueño guajiro . Por ello se tornaba indispensable en-tregarle alguna otra concesión a la izquierda moderada . Fue el abandono de la idea del IVA más alto y extendido a alimentos y medicinas, sustituyéndolo por otras medi-das fiscales interesantes, pero que encerraban dos defectos . Enajenaban a la iniciativa privada y a las clases medias pro-fesionales, y generaban un impacto recaudatorio menor: un punto del PIB, quizás uno y medio . Por tanto imposi-bilitaban la madre de todas las reformas: la creación de un sistema de protección social universal .


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Pero tal vez la principal contradicción inherente al Pacto por México estribó en el ineluctable debilitamiento y la aguda división que provocaría dentro de ambos par-tidos aliados . Para el PRD, en el mejor de los casos, pro-crearía una organización escindida a la mitad en términos electorales, aunque no legislativos, donde un activo indivi-sible —el liderazgo nacional de López Obrador— abando-naría la alianza . Esta última se fraguaría, y se conservaría, por arriba . AMLO desfondaría al PRD por abajo . Con diputados y senadores, algunos delegados y dirigentes sin seguidores, el PRD se transformaría en un aliado débil y en ocasiones inútil, mientras que a su izquierda emergería una fuerza electoral amenazante para el 2015, y aterradora para el 2018 . Entre agosto y noviembre de 2012, nada de esto aparecía en el horizonte tan rápidamente divisado por el equipo negociador de Peña Nieto . Hasta después .

En cuanto al PAN, sus grietas no surgieron con el Pacto, pero éste las ensanchó . La fracción pactista, enca-bezada por Gustavo Madero y concentrada en la Cámara de Diputados, cavaba su propia tumba política al pugnar por una convergencia poco redituable . Sin esa fracción, la reforma energética no era posible; incluso logró imponer-le a Peña Nieto una reforma más audaz y transformadora que aquella que originalmente presentó . No obstante, su debilidad interna le impidió arrancarle a Peña una reforma política que podía presumir ante sus bases . La reelección se acotó y se demoró . La iniciativa popular y el referén-dum se vieron condicionados a tal grado que los cuatro primeros intentos fueron descartados por las autoridades electorales . La segunda vuelta se esfumó . Por fortuna, para


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aprobar las demás reformas, el gobierno contaba con la otra fracción del PAN . Se trataba, desde luego, de aquella que dirigía Felipe Calderón y que se parapetó en la Cá-mara Alta, desde donde ejercía un derecho de veto sobre la agenda legislativa .

De allí el imperativo de un segundo pacto . Además del Pacto por México, se consumó entonces otro acuerdo, menos anunciado, entre dos presidentes cuya avenencia no era difícil . Ambos pertenecían con mención honorífica al selecto grupo de la dirección de la clase política nacional . Más miembros de la partidocracia que Calderón y Peña Nieto, imposible: ambos políticos profesionales de toda la vida; ambos con carrera legislativa; ambos dedicados de lleno a la actividad de partido . No les resultó complicado entenderse . Existen motivos de sobra para suponer que a partir de noviembre de 2012, y quizás desde antes de las elecciones de julio de 2012, Calderón y Peña Nieto llega-ron a un entendimiento tácito, blindado por la omertá, o tal vez explícito, pero silencioso, que le puede haber aportado ventajas a ambos pero poco al país .

La primera vertiente de este pacto escondido habría radicado en las elecciones mismas: que Calderón hiciera lo posible y necesario para acotar o jibarizar la candida-tura de Josefina Vázquez Mota y favorecer la del priista contra López Obrador . A cambio obtuvo un acuerdo de borrón y cuenta nueva para sí mismo y para su equipo . Si este pacto no se cerró antes de los comicios, se amarró durante el interregno . Calderón garantizó los votos de sus senadores a favor de las reformas de Peña Nieto . Se bene-ficiaron aquellas que sólo transitaban con el apoyo panista


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(energía), sin exigir grandes concesiones a cambio en ma-teria de reforma política: ni la reelección inmediata y sin restricciones, ni el referéndum en condiciones factibles, ni la segunda vuelta .

Gracias a ello, Calderón obtuvo lo esencial: el com-promiso de protección e indulto implícito, para él y sus principales colaboradores, contra dos posibles acusaciones o pesquisas, a saber: graves violaciones de derechos hu-manos y corrupción . El nuevo gobierno impediría, hasta donde estuviera en sus manos, cualquier avance contra Calderón en la Corte Penal Internacional . Se abstendría de criticar o denunciar su guerra del narco . Detendría las investigaciones de los desaparecidos y muertos del sexenio; sobre todo, salvo en materia de comunicación y la muleti-lla de la “coordinación”, renunciaría a cualquier deslinde entre una guerra y otra .

Para funcionarios de Calderón como Marisela Rodrí-guez en la PGR, Genaro García Luna en Seguridad Pública, Alejandra Sota y Patricia Flores en la Presidencia, e incluso Eduardo Medina Mora (también en PGR y ciertamente más cercano en lo personal a Peña Nieto que a Calderón), prevalecería el manto protector del Estado mexicano: em-bajada y consulado, contratos, residencia en Estados Uni-dos, exilio interno sin perturbaciones . En una palabra, el nuevo gobierno serviría de tapadera del anterior, tal vez sin prever que el costo resultaría exorbitante, es decir, apro-piarse todas las culpas y responsabilidades de su predecesor . A las cuales pronto sumaría las propias, desembocando en la doble crisis compuesta por el estigma y el legado de Peña Nieto: corrupción y violaciones a los derechos humanos .


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En vista de las divisiones del PAN, tal vez Peña Nie-to tenía a su alcance una alternativa a estos dos primeros pactos: el de México y el del silencio . Sin el PRD como aliado en igualdad de condiciones que Acción Nacional, y sin la necesidad de asociarse a Calderón —impopular en su propio partido debido al desplome de la elección de 2012, detestado por Gustavo Madero y muchos más—, el priista contaba con un camino distinto . Consistía en forjar una verdadera coalición de gobierno con el PAN —confir-mando la acusación de López Obrador sobre el PRIAN— provista de un programa común, un gobierno común y un frente común ante una izquierda de 30% del electorado por un lado, y un calderonismo desacreditado por el otro . Al descartar esta vía, ya sea por las prisas, ya sea por el sex appeal del Pacto por México, ya sea por inclinaciones ideo-lógicas, Peña Nieto se vio obligado a consumar otro pac-to adicional, menos sustantivo que los dos primeros, pero más pernicioso para él y para el país . Me refiero al pacto con el Estado de México y la pequeña y cerrada camarilla de colaboradores de su gobierno .

Calderón formó un gobierno de cuates, pero disponía de amigos fuera del PAN . Peña Nieto optó por un gabi-nete y equipo —gabinete ampliado, Los Pinos, líderes de sus bancadas legislativas, paraestatales— procedentes del PRI y en particular del “viejo” PRI del Estado de Méxi-co o de Hidalgo . Unos eran más inteligentes y modernos —Beltrones—; otros más arquetípicos —César Camacho; unos más jóvenes —Osorio, Videgaray y Nuño—; otros más viejos y colmilludos — Gamboa, Chuayffet, Murillo Karam y Ruiz Esparza . Pero todos estaban cortados con la


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misma tijera: personas poco aptas para decir que no, para discrepar, para discutir o para violar los sempiternos com-promisos de silencio o nuevamente de omertá del partido anteriormente oficial . Algunos compromisos son sagrados para ellos: el patriotismo partidista, o la “camiseta”, como suelen decir; el rito priista; la idea de restregar el origen tri-color en la cara de los no priistas; el “hegemonismo” tra-dicional . Son motivos de orgullo, no de arrepentimiento . Pero hegemonismo sin hegemonía suena hueco y conduce a la mentalidad de fortaleza asediada . Cuando se arranca con 38% del voto y luego se cae a 29% a medio período, las cosas cambian .

El raquítico crecimiento económico de los prime-ros dos años, la crisis de Ayotzinapa y de otros episodios de derechos humanos, el escándalo de la casa blanca, de Higa y de Malinalco, el derrumbe del gobierno en las encuestas y en el ánimo de las redes sociales —engaño-sas, minoritarias y exasperantes, pero potentes— y la fuga del Chapo Guzmán generaron una coyuntura poco ima-ginable cuando comenzó el sexenio . En el mejor de los mundos posibles, se antojaría difícil remontarla, sobre to-do para un gobierno minoritario desde su inicio . Los tres pactos citados, más las características de gestión del primer trienio, dificultaron al extremo una respuesta eficaz . No sorprende su ausencia .

Cada uno de los tres pactos contribuyó a su manera al impasse de 2015 . Sin embargo, el factor decisivo y constante fue la impunidad . El Pacto por México, al neutralizar a la oposición (con la excepción de López Obrador), impidió que funcionara a cabalidad el incipiente sistema mexicano


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de checks and balances . El pacto con Calderón, al ofrecer inmunidad a los integrantes del sexenio anterior, sembró la semilla de la impunidad en varios ámbitos, principal-mente en el de derechos humanos . Y el pacto de omertá en el equipo de gobierno de Peña equivalió a un cheque en blanco para reintroducir las reglas de antes, con garantías de indulto para excesos importantes . Por una hija insolen-te o un abuso en vacaciones cayeron funcionarios menores; los pecados mayores o los errores garrafales no afectaron a los colaboradores de primera línea .

Si la impunidad nació en el sexenio a partir de los abusos de la guerra del narco, se extendió pronto a la co-rrupción que, en efecto, no se erradicó en el sexenio de Fox y se agudizó a escala estatal y municipal con Calde-rón . En la percepción de la sociedad, explotó con Peña Nieto . Lo cual se debió en parte a desvaríos inconscientes del propio presidente y de su equipo, en parte a la mala fama del PRI y las pasiones que despierta entre dos tercios de la población, y en parte a la presencia de reflectores más poderosos que en los dos períodos anteriores .

El vínculo entre el sexenio de guerra de Calderón, los sexenios de violaciones de derechos humanos de Cal-derón y Peña Nieto, y el sexenio de corrupción de Peña Nieto, puede resumirse —y simplificarse— de la mane-ra siguiente . Mientras siga la guerra, se violan los dere-chos humanos . Mientras se violen los derechos humanos sin consecuencia alguna para los responsables (Calderón, Marisela Morales, García Luna, Medina Mora, etc .), se consagra la impunidad . Al persistir la impunidad en este rubro, se extiende a otros . Así se construyó —tal vez de


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modo inconsciente e involuntario— la mancuerna fatal que marcó y desarmó al gobierno de EPN, junto con el magro crecimiento económico . Por tanto, para el 2018, cualquier agenda ciudadana que acompañe a una candida-tura sin partido de cuestionamiento a la clase política y al régimen de partidos que padecemos, debe partir de la im-punidad: la eterna patente de corzo para seguir robando, torturando, desapareciendo, matando . De allí, debe pasar a la corrupción y después a los derechos humanos, para luego izar banderas político-electorales, socio-culturales y de la vida cotidiana de los ciudadanos . Sin un diagnóstico parecido de estos años, no hay agenda viable y verosímil; sin programa no hay candidatura independiente compe-titiva . Sólo así .


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