LLaa ““GGuueerrrraa ccoonnttrraa eell CCrriimmeenn OOrrggaanniizzaaddoo”” eenn MMééxxiiccoo:: ¿¿GGuueerrrraa cciivviill eenn ccuurrssoo?? ¿¿RReevvoolluucciióónn eenn cciieerrnneess??

UUnnaa ppeerrssppeeccttiivvaa ccuuaannttiittaattiivvaa..

Aníbal Ayala Cortés

Es con el aumento de la productividad y la división del trabajo, y con la aparición de jerarquías y de élites, como crece progresi-

vamente la crueldad y la destructividad en gran escala. A medida

que avanza la civilización y se fortalece el poder oligárquico auto- ritario, los hombres se vuelven más violentos.

Guiseppe Amara, La violencia en la Historia. 1976 La violencia es requisito del capitalismo, su forma de vida. En lo interno, la lucha implacable; en lo externo, la guerra.

Así, han hecho de la mentira su verdad incontrovertible; del engaño, su sagacidad; del cinismo, la audacia que envanece; de la cordura, la razón de los temerosos. El odio debía volver- se su esperanza activa, el móvil de su acción.

Gastón García Cantú, Las invasiones norteamericanas en México. 1971

Tiempos oscuros se ciernen sobre la nación. Tras un polémico y aún no satisfactoriamente

aclarado proceso electoral, que dividió claramente y de facto al país en dos macrorregiones

geohistóricas bien delimitadasA, a partir de diciembre de 2006 se decretó desde el gobierno

federal una guerra “frontal y sin tregua” contra los grupos del crimen organizado que

operan en México. Casi seis años han transcurrido desde entonces y la guerra del Estado

mexicano contra el “crimen organizado” ha cobrado ya más de 95 mil muertos, ha

provocado el mayor desplazamiento poblacional registrado desde la década de 1910-1920,

ha colapsado gran parte de la estructura socioeconómica del país y ha enrarecido el

ambiente político nacional a tal grado que muchos hablan ya abiertamente de la

posibilidad de un régimen dictatorial militarizado en México (no hemos tenido dictaduras

militares desde 1913-1914, luego del golpe de Estado del Gral. Victoriano Huerta contra

el gobierno de Francisco I. Madero) y/o de la intervención militar estadounidense en

territorio nacional para contener la violencia (la última intervención militar extranjera en

México ocurrió con la fallida “Expedición Punitiva” contra el Gral. Francisco Villa en

1916).

Que se trata de una campaña militar que se enfila, en realidad, contra los grupos y sectores

sociales opositores más activos y radicalizados, es una verdad que aceptan incluso autores

cercanos a las esferas del poder2. Que el fenómeno ha sido potenciado por el apoyo de

amplios sectores sociales subalternos a los grupos del crimen organizado en pugna con el

Estado, es también una verdad que se ha documentado y debatido con cierta amplitud3. Y

sin embargo, muy pocos han planteado el hecho de que, por definición, un conflicto de este

tipo es una guerra civil. Más aún: es una guerra de clases.

A. Después de las elecciones de 2006, “México aparece dividido en dos porciones formadas por dieciséis entidades federativas cada una. Visto en un mapa, el país muestra dos claras mitades: la del Norte —con excepción de Baja

California Sur y Zacatecas— es azul; la del Sur, exceptuando a Puebla y Yucatán, es amarilla.”1

El presente texto intenta encontrar alguna evidencia cuantitativa que proporcione

elementos para definir el actual conflicto mexicano en su justa dimensión histórica,

alejándose del discurso oficial elitista y de la interpretación fácil e inmediatista, que han

proliferado a lo largo de este sexenio sangriento, velando de manera interesada la

interpretación de los hechos con la finalidad de desviar la atención y producir una falsa

imagen del momento histórico que transitamos.

1. Historia del narcotráfico en México

En México, el narcotráfico, lejos de ser una actividad delictiva,

es un movimiento social que fue instrumentado por el Estado, de la misma manera que lo hizo con el sindicalismo. Sus diri-

gentes son los representantes de la sociedad política.

José Alfredo Andrade Bojorges, La historia secreta del narco. 1999

La exploración histórica para entender cómo surgió y se desarrolló el fenómeno del tráfico de drogas ilícitas

en México proporciona elementos que permiten ubicarlo

como uno de los componentes de las relaciones de poder que se han tejido desde la constitución del Estado postre-

volucionario.

Luis Astorga, El siglo de las drogas. 2005. Campesinos casi analfabetos como Caro Quintero, Don Neto,

El Azul, El Mayo o El Chapo no hubieran llegado muy lejos sin el contubernio de empresarios, políticos, militares y policías. Ellos son los auténticos Señores del Narco. Su protección a los

capos se agota cuando cometen graves errores, cuando son traicionados por sus subalternos, o porque dejaron de ser úti- les para el negocio.

Anabel Hernández, Los señores del narco. 2010

Varios autores4 muestran que productos como la marihuana, la coca, el opio, etc., siempre

se habían consumido y comercializado libremente sin ningún problema. Los problemas

asociados con estas sustancias iniciarían bruscamente en la primera mitad del siglo XIX,

cuando los británicos introdujeron el cultivo y procesamiento del opio a China,

difundiéndose su uso y consumo masivamente, al grado de alarmar al Emperador Cheng,

quien por primera vez decreta leyes que prohíben el cultivo de la adormidera y la

distribución del opio. Intereses económicos de comercio, y por ende políticos, llevaron a

una situación bélica que se desató entre la Gran Bretaña y China en 1830 en la llamada

‘Guerra del Opio’, que terminó con la firma del Tratado de Nankin, en agosto de 1842.

Como siempre, el vencedor impuso severas e injustas condiciones al vencido

Naturalmente que, con estas concesiones, floreció la producción y el comercio del opio5.

En el caso de México y su vecindad geográfica, hacia el siglo XVIII, la marihuana era uno

de los cultivos más rentables de las colonias inglesas del actual sur de los Estados Unidos6.

México, de manera particular, participaba activamente en este comercio con la exportación

de marihuana (introducida originalmente por los conquistadores europeos en el siglo XVI)

procedente de las extensas zonas de cultivo de las planicies costeras noroccidentales y los

valles vecinos (Sinaloa y regiones de Sonora, Chihuahua y Durango), especialmente a

partir de la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865). Este circuito comercial

establecido a través del Río Bravo y, por las rutas del Atlántico, hacia Europa, trajo

importantes ingresos tanto a los insurrectos confederados del sur de los Estados Unidos,

como a los liberales mexicanos en lucha contra la Intervención Francesa y el Segundo

Imperio Mexicano de Maximiliano (1862-1867)7. Sería hasta finales del siglo XIX y

principios del XX que, junto a los obreros chinos (“coolies”) de las empresas ferrocarrileras

estadounidenses, llegó a Sinaloa la siembra de la amapola y la técnica de elaboración de

opio, morfina y heroína, aunque su comercialización se mantuvo muy limitada: hacia 1910,

se importaban alrededor de 12 toneladas de opio anuales provenientes de Estados Unidos,

Europa y Asia8. La cocaína no llegaría a México hasta la década de 1960 en el contexto de

las “operaciones negras” de la CIA, cuando ya operaba la legislación prohibicionista. Su

cultivo inició en el país hacia la primera década del siglo XXI, limitada a la región sur:

Guerrero, Oaxaca, Tabasco, sur de Veracruz y Chiapas.

Las políticas prohibicionistas contra las drogas, implantadas durante el siglo XX,

respondieron a las críticas internacionales contra el libre comercio de drogas que

ocasionaban la decadencia social y económica de los pueblos, bajo una óptica puritana y

conservadora, no exenta de prejuicios. Se arguyó que el consumo de estas sustancias

fomentaba conductas antisociales, generaba problemas de salud pública y actuaba como

factor coadyuvante de la criminalidad, poniendo en riesgo la estabilidad del capitalismo

industrial y comercial. En realidad se trataba de un discurso hipócrita: por un lado, estas

actitudes socialmente indeseables se adjudicaron, desde el principio, a los sectores sociales

marginales (negros, latinoamericanos y asiáticos) y a las clases bajas, fomentando

violentas tendencias racistas, xenófobas y clasistas. Por otra parte, la magnitud de los

dividendos económicos obtenidos, hacia deseable el control capitalista de este comercio

subterráneo, de tal manera que las políticas prohibicionistas generaron sectores criminales

e impulsaron el propio tráfico de drogas que abastecía el amplio consumo interno en las

sociedades occidentales. Hacia 1912 se suscribieron los primeros acuerdos internacionales

sobre control de drogas al prohibirse el libre comercio del opio. Hacia 1919 la coca sufrió

el mismo destino y en 1937 la marihuana siguió idéntico camino. En el transcurso de 22

años, productos vegetales que siempre habían sido considerados medicinales, terapéuticas

y comercialmente rentables, se transformaron en sustancias proscritas y demonizadas. No

obstante, de manera clandestina, con el complaciente disimulo de los gobiernos, continuó

su tráfico internacional9. Desde esta perspectiva, es posible identificar dos fases principales

en la historia del tráfico de drogas en México, divididas a su vez en, por lo menos, cuatro

grandes etapas que permiten observar sus relaciones con la esfera política10.El desarrollo

histórico del narcotráfico en México ha pasado por varias fases. La primera fase transcurre

desde la Revolución hasta mediados de la década de 1960. Una primera etapa de esta fase

transcurre entre 1914 y 1947.

A finales del siglo XIX, antes de la prohibición, el discurso relacionado con las drogas se

centraba en una cierta moral que juzgaba con mayor dureza a los adictos a la marihuana,

muy frecuentes entre las clases bajas (soldados rasos, prisioneros, delincuentes, gente del

bajo mundo), que a los ejemplos de individuos de las clases altas que asistían regularmente

a locales costosos donde se consumía opio, morfina y heroína11. Sin embargo, tan solo unos

pocos miles de individuos en México se dedicaban a la producción y el tráfico de drogas,

orientadas mayoritariamente hacia el pequeño mercado estadounidense (el mercado

mexicano prácticamente no existía). Esta actividad no representaba ningún riesgo político

para el gobierno y sí era, en cambio, una de las fuentes de ingresos de políticos, policías y

militares, aunque no la más importante. Los pocos narcotraficantes existentes se sometían

completamente al control del Estado y había muy poca tolerancia al uso de la violencia

para dirimir las disputas entre ellos12. Dentro de los Estados Unidos, la corriente

ultraconservadora puritana y moralista lograría incluso la prohibición del alcohol en 1920,

lo cual posibilitó la consolidación definitiva de la mafia italoamericana en territorio

estadounidense y alentó la formación de bandas de contrabandistas fronterizos en México.

La 'Prohibición' y la Revolución Mexicana estimularon un brote importante de comercio

ilícito: alcohol, algodón, marihuana, morfina, heroína y opio eran intercambiados en la

frontera por contrabandistas estadounidenses a cambio de armas y municiones para las

facciones revolucionarias del Norte de México13.

Durante esa década de 1920, la crisis minera en el Norte del país trajo consigo un cultivo

más amplio de la amapola en las regiones norteñas, originando la extensión de sus plantíos

a través del hoy famoso “Triángulo Dorado” de la droga (regiones serranas de Sinaloa,

Chihuahua y Durango), zona fabricante de heroína para exportación. Los futuros “cárteles”

mexicanos del narcotráfico habían nacido en posición subordinada al poder político del

‘Grupo Sonora’, particularmente en los estados productores o de tráfico en el Norte del

país. Políticos como Esteban Cantú (gobernador de Baja California que controlaba el

tráfico de opio), Gabriel Leyva Velázquez (gobernador de Sinaloa que ofrecía su ‘amistad’,

ayuda y consejo a cambio de un porcentaje de las cosechas de droga14) o Abelardo L.

Rodríguez (Presidente interino en 1932 y luego próspero empresario de casinos), fueron

pioneros en el negocio. Aunque los traficantes pertenecían al arreglo general del régimen

emanado de la Revolución, estaban excluidos formalmente de la política. Desde su posición

subordinada, su capacidad para establecer sus propias reglas era muy limitada, sin

protección política tenían escasas probabilidades de supervivencia15. Hacia la segunda

mitad de la década de 1920, el tráfico de drogas era ya un creciente negocio

transfronterizo controlado por un grupo de caciques y políticos del Bajío y el

Noroccidente (Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora),

organizado a través de la Confederación de Partidos Revolucionarios de Guanajuato (el

Partido “Verde”) y ligado a la Iglesia Católica a través de su sector más militante y

‘empresarial’: los jesuitas de la organización Acción Católica16. El Estado mexicano inició

una serie de maniobras para controlar el próspero comercio: en enero de 1925, el

presidente Plutarco Elías Calles expidió un decreto que fijaba las bases sobre las cuales se

permitiría la importación de opio, morfina, cocaína y otras drogas17. En este contexto, en

1926, después de una serie de provocaciones de la Iglesia (descontenta con la legislación

constitucional de 1917) y de la respuesta agresiva del gobierno federal, estalló la Guerra

Cristera (1926-1929), precisamente en los territorios políticamente controlados por el

Partido “Verde”. Durante el conflicto, los ingresos obtenidos por el tráfico de drogas

financiaron a las tropas insurrectas de cristeros18. Por esta razón, el gobierno callista

prohibiría el cultivo, el transporte, la venta y el consumo de drogas en 1927, en

consonancia con la legislación internacional en la materia. A pesar de ello, varios

gobernadores siguieron la senda de Cantú, Leyva y Rodríguez: el negocio era demasiado

jugoso como para ser dejado sólo a los traficantes. Cargamentos de marihuana en pequeña

escala siguieron llegando a Estados Unidos19. Paradójicamente, sería Lázaro Cárdenas

quien reestructuraría el esquema del tráfico ilegal de drogas.

Si bien las mafias internacionales dedicadas al contrabando de drogas aparecieron

inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)20, fue la Segunda

Guerra Mundial (1939-1945) la que provocó un incremento exponencial en el consumo

mundial, legal e ilegal, de drogas, tanto en el ámbito civil como en el militar21. Los nazis, y

sus simpatizantes en diversos países, buscaban inundar de marihuana a la sociedad

estadounidense para financiar los planes bélicos alemanes y sostener el espionaje político

de los nazis en los más altos niveles del gobierno estadounidense22. En pleno conflicto,

cuando las fuentes tradicionales de suministro de drogas fueron cortadas por la guerra, los

alemanes seleccionaron, por factores geográficos y ecológicos, al territorio mexicano para

cultivar en gran escala amapola y marihuana (sobre todo el Noroeste, donde la superficie

de cultivo aumentó enormemente) destinadas al mercado norteamericano. También desde

esa época se empezó utilizar a México como trampolín o sitio de tránsito internacional de

drogas23. Simultáneamente, la guerra creó una necesidad de morfina para los soldados

heridos en el frente. Con ese estímulo de las autoridades estadounidenses, el gobierno

mexicano legalizó temporalmente la producción de opio para satisfacer las necesidades del

ejército de Estados Unidos24. Las drogas habían caído en un círculo vicioso que era preciso

romper ante la coyuntura histórica. Era ilegal el cultivo, pero legal el procesamiento por

parte de las droguerías, A partir de ese momento, el Estado mexicano monopolizaba el

consumo legal a través de los hospitales para toxicómanos y los tratamientos controlados,

al tiempo que permitía, fuera del marco legal, el cultivo de amapola y marihuana a los

“amigos” del gobierno, y se lo prohibía, con la ley en la mano, a los opositores25. Para

inicios de la década de 1930, los comerciantes y consumidores de principios del siglo XX

se convirtieron en “traficantes”, “viciosos”, “delincuentes”, “criminales”26.

En 1934, mientras las pandillas mexicanas de traficantes se enfrentaban entre sí por el

control de territorios y rutas, bandas extranjeras se infiltraron en el país obteniendo

grandes beneficios. Cuando las pandillas locales intentaron reaccionar, los extranjeros ya

habían construido sólidas redes de protección alrededor de altos políticos mexicanos.

Hacia 1937, México era ya un importante centro de concentración y distribución de

drogas a escala continental. Entre sus beneficiarios, con la finalidad de asegurarse un éxito

más completo, varios buscaron relacionarse con la élite política nacional. Así quedó ligado

el tráfico de drogas al sector político que garantizaba su impunidad a través de su

influencia. El narcotráfico no nació ni creció como un poder “autónomo” y “paralelo”, sino

ligado estructuralmente a la política. La evolución de los capos mexicanos transcurrió

desde contrabandistas de alcohol y falsificadores de dólares durante la ‘Prohibición’ y la

‘Gran Depresión’, hasta traficantes de drogas y armas. Desde ese entonces, estos capos se

preocupaban por realizar “inversiones en opinión pública”: destinaban parte de sus

ganancias a proveer a sus municipios natales de infraestructura urbana, al mismo tiempo

que financiaban las aspiraciones políticas de sus socios locales. En este contexto, el

gobierno federal designó a la Procuraduría General de la República (PGR) como la única

institución encargada de la persecución, aprehensión y consignación de los traficantes,

vigilando cuidadosamente puertos, aduanas y fronteras. Gradualmente, el problema de las

drogas fue pasando al ámbito judicial y desapareciendo del ámbito sanitario27.

La escasez de estupefacientes derivados del opio y de la cocaína durante la Segunda

Guerra Mundial incrementó notablemente el cultivo de amapola y marihuana en varias

partes del mundo: Túnez, Argelia, Perú, Siria, Líbano y México. Hacia la década de 1940,

el Noroeste de México se consolidó indiscutiblemente como la región de mayor cultivo y

tráfico de drogas, surgiendo una forma de vida y una cultura local inéditas compartidas

por ejidatarios, empresarios, policías y funcionarios de la región, quienes a veces formaban

bandas organizadas a nivel nacional e internacional28. En este contexto, en 1941 se creó la

Zona Militar del Pacífico, cuyo primer comandante fue el Gral. Lázaro Cárdenas. Para ese

momento, dos grupos elitistas se disputaban el control de la riqueza generada por la

producción de la marihuana y el opio: las élites del Centro-Occidente (los cardenistas) y las

élites del Noroeste (los obregonistas). Los primeros se habían aliado al antiguo Partido

“Verde” y querían usar las ganancias del tráfico ilegal de drogas en infraestructura

productiva, petrolera y petroquímica y, a su vez, como motor de financiamiento para el

esquema corporativo social. Los segundos estaban ligados a los intereses locales y

deseaban que el dinero se empleara en la creación y el fortalecimiento de sectores de riego

y de ganado que dieran prosperidad a los propietarios rurales agroindustriales de la

región. Con su influencia político-militar, Cárdenas logró imponer su visión y emplear sus

crecientes ganancias para financiar parte del modelo de industrialización por sustitución

de importaciones que impulsaba, convirtiendo al narcotráfico prácticamente en una

empresa paraestatal análoga a PEMEX29.

La segunda etapa de esta primera fase histórica del narcotráfico en México, transcurrió

entre 1947 y 1985. Fue el momento en que se crearon los mecanismos de mediación entre

el poder político y los traficantes, representados principalmente por corporaciones

policiacas que, con atribuciones extralegales, podían aplicar dos acciones simultáneas:

proteger y contener a los traficantes. La principal institución que estableció este control

fue la policía política mexicana: la Dirección Federal de Seguridad (DFS), agencia de

inteligencia creada en 1947 ante la aparición de grupos subversivos en el país.

Prácticamente no había estado de la República en el que no operara de alguna forma el

narcotráfico. Los cultivos se ubicaban en Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa, Jalisco,

Nayarit, Durango, Sonora, Chihuahua, sur de Veracruz y Oaxaca30. Justo a partir de ese

año, la acción del Estado mexicano contra el cultivo y el tráfico de drogas, originalmente a

cargo de instituciones sanitarias, fue monopolizada por la PGR, concentrándose en la

destrucción de sembradíos y en la persecución policiaca de productores, traficantes y

consumidores; aunque, por regla general, los traficantes mayores nunca fueron molestados

puesto que estaban relacionados con importantes personajes de la política y los negocios31.

También en ese año se inició la utilización de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para

fumigar con productos químicos especiales los plantíos de amapola y marihuana en el

Noroeste32. Para 1948, el interés por participar en el boyante negocio del tráfico de drogas

se había extendido ya por varias clases y sectores sociales mexicanos33. En tal

circunstancia, los altos mandos policiacos, militares y políticos, dictaban las pautas que

debían seguir los narcotraficantes, les asignaban territorios de operaciones y rutas de

tráfico. Lo que ellos ordenaban, invariablemente se cumplía; de lo contrario, se terminaba

el negocio para los traficantes34. No había cultivos, bodegas o cargamento que no pasaran

por el permiso y la vigilancia del Ejército, la DFS y la Policía Judicial Federal. El Ejército

vigilaba los plantíos de droga; la Judicial se encargaba del traslado de la mercancía, y la

Federal tenía el control de los narcotraficantes. Los traficantes pagaban una especie de

“impuesto” al gobierno federal. Existía la orden precisa de no dejar ni un kilo de droga en

el país y la violencia entre las bandas estaba prohibida, nadie podía hacerse “justicia” por

su propia mano35.

Entre 1948 y 1949, bajo presión del gobierno estadounidense, el gobierno mexicano

instauró, por primera vez, una campaña militar para localizar y destruir los sembradíos

clandestinos de amapola y marihuana localizados en las laderas de las abruptas montañas

de la Sierra Madre Occidental, en el Noroeste, abarcando amplias zonas de Sinaloa y del

sur de Sonora36. Los detenidos eran generalmente campesinos pobres. A los dueños casi

nunca se les tocaba gracias a las influencias políticas de que gozaban37. La mayoría de los

373 plantíos de enervantes que fueron destruidos pertenecían a traficantes aliados a la élite

del Centro-Occidente. Los cardenistas habían perdido las riendas del Estado. La guerra

había quedado muy atrás y había terminado la necesidad estratégica de drogas; sin

embargo, aún había demanda del producto y la clase política seguía teniendo necesidad de

conseguir recursos económicos38. Desde entonces circulaba ya la versión de que existían

acuerdos no escritos entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para favorecer el

cultivo de amapola y el tráfico de opio y sus derivados bajo la cobertura de la “razón de

Estado”. La producción y el comercio de drogas se convirtieron en los negocios más

rentables posibles y florecieron incontenibles en Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja

California. Sinaloa era el ejemplo paradigmático. Existía una especie de división territorial

de cultivos: amapola en las zonas central y norteña, marihuana en la zona meridional. El

gran negocio y la especialidad de los traficantes de ese estado eran el cultivo de amapola y

el tráfico de goma de opio39. Bajo estas condiciones, el choque entre los grupos de

traficantes, apoyados por distintos sectores elitistas regionales, fue inevitable. En

recónditos escenarios, cañadas y laderas de la Sierra Madre Occidental, en inaccesibles

regiones donde la orografía dificultaba la comunicación terrestre, se desarrollaba ya una

sórdida y sangrienta lucha entre traficantes internacionales40.

En el contexto de la Guerra Fría (1947-1991), entre 1958 y 1969 (por lo menos), el

gobierno estadounidense creó una extensa red de agentes pagados y colaboradores dentro

de la clase política mexicana (ya existía un antecedente: Adolfo Ruiz Cortínez había sido

agente de la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos en 1914 y para 1952 aún

era agente operativo de la CIA). La finalidad de la red era intercambiar información

política y relevante entre ambos gobiernos para detectar grupos subversivos y frenar la

expansión del comunismo. La operación sería conocida como LITEMPO y en ella

participarían personajes del más alto nivel político mexicano: Adolfo López Mateos

(LITENSOR), Gustavo Díaz Ordaz (LITEMPO-2), Luis Echeverría Álvarez (LITEMPO-

8), Fernando Gutiérrez Barrios (LITEMPO-4) y Miguel Nazar Haro (LITEMPO-12)41.

Prácticamente todas las políticas mexicanas fueron dictadas directamente desde

Washington y su común denominador fue el giro abiertamente represivo que adquirieron.

Simultáneamente, el gobierno mexicano firmó los tratados internacionales sobre

enervantes y suscribió el criterio de prohibición del cultivo y el procesamiento de drogas a

los países menos desarrollados. Las bandas de narcotraficantes, ahora en la ilegalidad y sin

relación formal con proyectos del Estado, aumentaban cuantitativa y cualitativamente. El

tráfico de drogas por aire y por tierra se incrementaba de manera notable. A 10 años de

iniciadas las campañas de erradicación y combate contra las drogas en el Noroeste y en

Sinaloa, se dio un importante desplazamiento de productores de enervantes hacia Jalisco,

Nayarit, Colima y Michoacán42. Las fuerzas armadas mexicanas se encontraban ya en

franco proceso de participación en el narcotráfico. Testimonios de traficantes detenidos,

recabados por el FBI estadounidense, señalaban que, para 1954, la mayoría de los pilotos y

casi todos los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana en Baja California eran utilizados para

el contrabando de drogas dentro de México y hacia Estados Unidos43. El gobierno federal

lanzó entonces una política antinarcóticos más agresiva, arrasando cientos de hectáreas de

enervantes y destruyendo a algunas de las bandas de traficantes más exitosas en Sinaloa,

Michoacán y Durango, pero el golpe más importante fue “apadrinar” la impunidad en

determinados territorios. Entre 1958 y 1964, el gobierno mexicano percibió que el

consumo interno de drogas presentaba el peligro de desbordarse y que, en los territorios

en poder del narcotráfico, los caciques regionales no solo se negaban a desaparecer, sino

que aumentaban su peligrosidad. Eran el último reducto de poder fuera de la estructura

corporativa estatal44.

Las cosas empezaron a cambiar en la década de 1960 con el boom en Estados Unidos en el

consumo de cocaína, marihuana, opio, heroína y nuevas drogas psicotrópicas como el LSD.

Los soldados que combatían en el sureste asiático y los estudiantes universitarios en las

ciudades contribuyeron al auge en el consumo de las drogas45. A principios de esa década

se estimaba que existían alrededor de 300 pistas clandestinas dedicadas al tráfico aéreo de

drogas en el Norte del país46. Este crecimiento acelerado del consumo de drogas se

relaciona íntimamente con la etapa más reciente de conflictividad social en la Unión

Americana. Hacia 1966 detonaron una serie de movimientos de clase media urbana, que

contaban con base obrera, en las principales ciudades estadounidenses, y que tenían

aspiraciones de cambio social. El creciente éxito de esta corriente llegó a amenazar al

establishment del gobierno, el cual recurrió a la CIA y al FBI. A partir de 1968 se creó el

programa COINTELPRO, que consistía en el asesinato selectivo de los líderes de estos

movimientos y en llenar las calles de las drogas habitualmente consumidas por los jóvenes

seguidores de los mismos, con la finalidad de anular su combatividad y desacreditarlos

socialmente47. Sin embargo, la consecuencia lógica de este programa fue el crecimiento

exponencial de los adictos la población estadounidense. Esta situación preocupó al

gobierno de ese país: al crecer la demanda, con ella creció también la violencia en las calles

de sus ciudades. Esto orilló al gobierno de Estados Unidos a presionar a los países

productores, sobre todo a México y Turquía48. México ya había desplazado a Cuba como

centro del tráfico transatlántico de estupefacientes49. Quizá por eso, desde 1961, llegaron a

México asesores estadounidenses para ayudar en los esfuerzos de control sobre la

producción y el tráfico de droga50.

A finales de 1969, Estados Unidos lanzó la llamada ‘Operación Intercepción’ en su frontera

con México, consistente en revisiones minuciosas a cualquier transporte terrestre para

detectar posibles cargamentos de drogas hacia su territorio51. En realidad, la finalidad del

operativo era presionar económicamente a México, complicando el comercio legítimo y el

tránsito de turistas en la frontera. El gobierno mexicano se vio obligado a acelerar sus

propios programas antidrogas y a colaborar con Estados Unidos en un esfuerzo

conjunto52. Ese mismo año, el gobierno mexicano realizó una campaña de ‘limpieza’ al

interior del Ejército para alejar toda posible influencia del narcotráfico entre sus filas e

impedir que Estados Unidos tomara el control absoluto de los traficantes; entendía el

riesgo que corrían las instituciones si sectores del Ejército se dedicaban a proteger

contrabandistas, así como la amenaza a la estabilidad interna si el gobierno estadounidense

se quedaba con el dinero de las drogas para darle un uso discrecional. Pieza clave de esta

campaña fue Leopoldo Sánchez Celis, gobernador de Sinaloa que tomó la batuta de las

drogas, aliado importante de las élites político-empresariales del Centro-Occidente que

representaban la modernidad del país (el ‘Grupo Atlacomulco’)53. En el nuevo esquema, la

Policía Judicial Federal (PJF) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS) tenían la misión

de controlar a los productores y a los traficantes de drogas, cobrándoles un porcentaje en

especie o en efectivo, con la complicidad de los gobiernos municipales y el apoyo de los

gobiernos estatales y federal, así como del ejército. Las supuestas destrucciones de

sembradíos de amapola y de marihuana se hacían después de “cosechar” la producción de

estupefacientes. El escaso tráfico de cocaína en el país procedía de Europa, Panamá,

Argentina y Cuba, ingresando a través de los puertos del Sur: Acapulco, Veracruz, Dos

Bocas, Frontera, Salina Cruz, Progreso y Ciudad del Carmen54.

El estrechamiento del vínculo entre la cúpula político-empresarial mexicana y los líderes

del tráfico de drogas se dio con la activa cooperación de las redes del narcotráfico en el

contexto de la llamada “Guerra Sucia” (1962-1982). Existen importantes de testimonios

del Gral. Marcelino García Barragán, Secretario de Defensa Nacional, y del Cap.

Fernando Gutiérrez Barrios, titular de la Dirección Federal de Seguridad, que establecen

la participación de pistoleros provenientes de los grupos del narcotráfico en la “Masacre de

Tlatelolco”, el 2 de octubre de 1968, que aniquiló al Movimiento Popular-Estudiantil de

aquel año. Su participación se habría dado por la iniciativa y bajo la convocatoria del

Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez55. En esa época nacieron más de una

treintena de grupos armados subversivos (guerrillas), compuestos por agrupaciones

juveniles rurales y urbanas, tanto de origen popular como clasemediero, con posiciones

políticas y militares diferenciadas, que fueron aniquiladas en el campo y en las ciudades

por haberle declarado la guerra al Estado mexicano. Para este propósito se creó la Brigada

Especial C-047 (la “Brigada Blanca”), auténtico “escuadrón de la muerte” al servicio del

Estado. Como parte de esta Brigada, y por “sugerencia” de la CIA”, se “contrataron” los

servicios de las bandas de narcotraficantes para proveerse de espías, informantes, soplones

y asesinos a sueldo, así como para financiar la “guerra”. El saldo de este conflicto fue un

número aún debatible de muertos y secuestrados por el ejército y las policías del país

(algunos autores hablan de más de 25 mil)56. Uno de los grupos guerrilleros más

importantes de la época era la “Brigada Campesina de Ajusticiamiento-Partido de los Pobres”,

en el ámbito rural, asentado en la sierra de Guerrero, aunque con presencia importante en

todo el Sureste y parte del Centro del país. Tras resistir 16 campañas militares a lo largo

de ocho años, la desarticulación de este grupo ocurrió gracias a la participación de

sembradores de marihuana en la región de Tecpan de Galeana, quienes ubicaron y

entregaron a la jefatura guerrillera en diciembre de 197457. El otro grupo importante era

la “Liga Comunista 23 de Septiembre”, en el ámbito urbano, operando prácticamente en todas

las ciudades grandes y medianas del país. Casi desde su fundación en 1973, la DFS logró

infiltrar al grupo a través de pistoleros al servicio de las bandas de narcotraficantes,

manipulándolo para eliminar a actores sociopolíticos indeseables para el régimen (Eugenio

Garza Sada en 1973, Fernando Aranguren en 1973, Margarita Saad Valenciano en 1974)

y, finalmente, destruyéndolo en 198258. Además, una parte considerable de los “impuestos”

pagados por los narcotraficantes ayudaron a financiar la lucha contra los movimientos

subversivos59.

Paradójicamente, Sánchez Celis era un político cercano de los sectores opositores de

izquierda. La historia de esta ambigua relación se relaciona con el desarrollo económico

nacional y con el desarrollo histórico del narcotráfico mexicano. Desde 1930, la empresa

petrolera anglo-holandesa Shell-BP había descubierto el gigantesco yacimiento de Poza

Rica que duró, precisamente, hasta el año de 1968, y que tuvo una producción acumulada

de 961 millones de barriles anuales. Cuando el gigantesco yacimiento empezó a declinar a

mediados de la década de 1960, empezó la quiebra del modelo económico de “Desarrollo

Estabilizador”, basado en los ingresos provenientes de la venta de petróleo. Había que

echar a andar la paraestatal oculta creada por Cárdenas: la narcoeconomía basada en los

ingresos obtenidos por el contrabando de drogas; y era necesario que las izquierdas

nacionalista y radical se unieran en torno a dicho proyecto. En este contexto, el hijo de

Sánchez Celis, Leopoldo Sánchez Duarte, fue uno de los principales responsables de la

caída del rector Ignacio Chávez durante el Movimiento Estudiantil de 1966, siendo líder

estudiantil de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias a este antecedente, Sánchez

Celis pudo incrustarse fácilmente en el Movimiento Estudiantil de 196860. Curiosamente,

justo al agotarse el yacimiento de Poza Rica, se presentó la rebelión estudiantil. Sánchez

Celis emplearía posteriormente a varios dirigentes del Movimiento Estudiantil e incluso

casaría a su hija con uno de ellos. Con esta política, los líderes del narcotráfico empezaron

a estar en todas partes, a permear prácticamente todos los sectores de la vida pública, a

hacerse indispensables para la seguridad interna del país, a captar cuadros políticos para la

defensa de sus intereses61. El narcotráfico se transformó en un asunto de Estado62. Había

ya una excesiva asociación entre el narcotráfico y el poder político hipotéticamente

encargado de combatirlo63.

Para 1970, con el crecimiento de la demanda de enervantes y la formación de una nueva

generación de productores forjados en sus comunidades rurales, se consolidaron las

grandes familias de narcotraficantes; si bien la inmensa mayoría de quienes se

involucraban en esta actividad estaba compuesta por personas de extracción humilde,

empujadas por la miseria, que no pasaban del 4° año de primaria y de indudable origen

rural. Por supuesto, siempre había traficantes que se oponían a depender de las

“autorizaciones” gubernamentales y a pagar sus “impuestos”. A ellos se les perseguía, se

les apresaba y se les confiscaba la mercancía. Los propios narcotraficantes los delataban.

Desde finales de 1976 hasta mediados de 1979, se aplicó la “Operación Cóndor”: el primer

intento del gobierno de Estados Unidos por controlar, desde territorio mexicano, el

mercado de la oferta y la demanda de enervantes64, la mayor batida contra el tráfico de

drogas que se hubiera realizado en México. Diez mil soldados fueron desplegados en el

“Triángulo Dorado”, destruyendo sembradíos y capturando a campesinos que eran

salvajemente torturados. Ningún capo importante fue detenido65. El primer resultado

visible del operativo militar fue el éxodo masivo de campesinos serranos hacia las

ciudades66. En este contexto, los comandantes de la DFS se entrevistaron con los grandes

traficantes de Sinaloa y les aconsejaron que orientaran sus operaciones hacia los Estados

Unidos. Los persuadieron de que se reubicaran en Guadalajara y crearan una especie de

complejo narcoindustrial67. Así nació el Cártel de Guadalajara en 1978, liderado por un ex

comandante de la Policía Judicial Federal: Miguel Ángel Félix Gallardo. La “mudanza” le

trajo beneficios al grupo de traficantes en términos de infraestructura, inversión y “lavado”

de dinero, además de extender el negocio68. Simultáneamente, como una consecuencia de

la “Operación Cóndor”, buena parte del cultivo de drogas se trasladó hacia el Noreste bajo el

cobijo de los tradicionales contrabandistas de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León,

encabezados por el cacique regional Juan N. Guerra, con apoyo de la facción cardenista de

la élite política. A fin de construir un sistema de equilibrios regionales y evitar la

monopolización de la producción y el tráfico de drogas, se decidió crear el Cártel de

Matamoros en 198069. Así, al iniciar la década de 1980, había dos grandes organizaciones:

la que traficaba droga en la zona del Pacífico (el Cártel de Guadalajara o del Pacífico) y la

que traficaba a lo largo del Golfo de México (el Cártel de Matamoros o del Golfo)70. Durante

la década de 1970 a 1980, el tráfico de cocaína proveniente de Colombia ya operaba en

todo el país71.

Entre 1978 y 1979 se desarrolló en Nicaragua un amplio proceso de revolución social,

encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que significó el fin de

la dictadura de la familia Somoza (aliada incondicional de los gobiernos estadounidenses),

sustituyéndola por un gobierno de perfil progresista de izquierda. El nuevo gobierno,

formado por un amplio espectro ideológico con presencia socialdemócrata, socialista,

marxista-leninista y con una influencia muy grande de la Teología de la Liberación, trató

de introducir reformas socioeconómicas y políticas, logrando avances significativos. Para

el gobierno de Estados Unidos, el nuevo régimen nicaragüense constituía una amenaza

para sus intereses y decidió lanzar una ofensiva en su contra. Se trataba, básicamente, de

establecer un amplio acuerdo con las redes de narcotraficantes del continente, bajo la

tutela de la CIA, y de abastecer, por su conducto, con armas y recursos a la oposición

armada nicaragüense organizada por los Estados Unidos (los ‘Contras’) para hundir al país

en una guerra civil. Por ese servicio, se autorizó a los cárteles ingresar gigantescas

cantidades de cocaína colombiana a Estados Unidos para distribuirse entre los sectores

más pobres de la población, particularmente entre grupos radicales. Se trataba de un

esquema muy similar al utilizado a principios de la década de 1960 para financiar la

contrarrevolución cubana. La droga llegaba a Estados Unidos por varias vías: desde

Panamá, a través del Caribe (Jamaica y Haití); o desde Honduras, Guatemala y El

Salvador, a través de México. Los cárteles mexicanos transportaban armas de la frontera

Norte a la frontera con Honduras y, a cambio de ello, regresaban por la misma ruta con

cargamentos de crack y cocaína para ingresarlos a Estados Unidos. Tan estrecha fue la

relación, que en ranchos de los líderes de los cárteles se entrenaba a combatientes de los

‘Contras’ nicaragüenses. Todo esto fue lo que definitivamente politizó al narcotráfico

mexicano y modificó sus relaciones con los grupos de poder72.

Hacia 1982 la etapa de los años del control gubernamental sobre las drogas comenzó a

cambiar. La nueva fase histórica del narcotráfico mexicano coincidió con la más reciente

pugna elitista por el control del aparato estatal mexicano. La llamada “Guerra Sucia” tuvo

saldos históricos importantes: por un lado, hizo incuestionable la quiebra del modelo de

crecimiento económico que la élite política gobernante (asociada a las élites de la

macrorregión geohistórica central) había impuesto desde la década de 1940; por otro,

cuestionó fuertemente la limitada y marginal participación de la élite financiera privada

(asociada a las élites de la macrorregión geohistórica norteña) en el desarrollo del

capitalismo mexicano. Se desató una enconada lucha entre ambas élites por la dirección

hegemónica del Estado mexicano. Esta lucha se manifestó abiertamente en el debate entre

los estructuralistas (la élite política y su discurso nacionalista) y los monetaristas (la élite

financiera y su discurso neoliberal). En un primer momento (1973-1982), el debate se

realizó dentro de las instituciones estatales, en las universidades y a través de los medios

masivos de comunicación, especialmente la televisión73. En el proceso electoral de 1982, la

confrontación elitista se habría resuelto a favor de la élite financiera, trayendo consigo una

serie de cambios importantes en todos los sectores de la sociedad mexicana. A partir de ese

momento la élite financiera se impuso sobre la élite política, primero a través del grupo

“tecnoburócrata monetarista” de la propia élite política y más tarde (en el proceso electoral

del año 2000), asumiendo el control estatal directamente. Gradualmente, entre 1982 y

1993 se fueron concretando una serie de reformas económicas como la liberalización del

comercio, la liberalización financiera interna, la eliminación de restricciones a la inversión

extranjera, la privatización de empresas públicas, la reforma fiscal favorable a los grandes

empresarios, la eliminación de las restricciones legales a la participación privada en

actividades económicas estratégicas, la limitación de la participación del Estado en

economía y la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCN)74. Estas

reformas giraron en torno a seis grandes ejes: a) la reorganización de los procesos

productivos y de las relaciones laborales; b) la modificación del régimen de propiedad

agraria; c) la transferencia de bienes y servicios estatales a manos privadas; d) la

reestructuración del sistema educativo y la redefinición del trabajo intelectual; e) la

redefinición de las relaciones Iglesia-Estado; f) la integración subordinada del país al

proyecto hemisférico estadounidense (la llamada “triple vinculación”: integración política,

integración económica e integración militar). Se desmanteló así toda la estructura

sociopolítica construida desde el cardenismo y se canceló, de facto, el pacto social

postrevolucionario establecido entre el Estado mexicano y las clases populares

subalternas75.

En este contexto, la línea que separaba a los narcotraficantes de la jerarquía política y

empresarial empezó a desvanecerse. Los contactos entre los narcotraficantes mexicanos y

colombianos se daban a través del gobierno y la CIA. El pago de “impuestos” por parte de

los cárteles comenzó a transformarse en dinero directo para los políticos y funcionarios

públicos. Empezó a perderse el mando sobre los traficantes. Los coordinadores regionales

dejaron de ser militares o policías para convertirse directamente en narcotraficantes de

profesión para sus propósitos. Crearon sus propias bandas de sicarios y traficantes,

mientras vendían apoyo y protección a los cárteles. Así nació el Cártel de Tijuana en

198376. Se hicieron inocultables las estrechas relaciones de protección, asesoría y

asociación por parte de altos mandos policiacos y militares, políticos de la alta cúpula

gubernamental, banqueros y empresarios, hacia los líderes del narcotráfico77.

En 1985, el conflicto entre la CIA y la DEA, al interior del gobierno estadounidense,

originado por el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena, ejecutado por el

Cártel de Guadalajara, rompió las estructuras de contacto en la red elaborada por Estados

Unidos. El gobierno estadounidense se vio obligado a revelar que 30 agentes de la DEA

operaban en México, que Guadalajara era el centro de operaciones del narcotráfico a escala

continental, y que 18 bandas y 75 jefes controlaban el tráfico de drogas en México. Los

Departamentos de Justicia y del Tesoro de Estados Unidos aplicaron la “Operación

Detención e Incautación” en la frontera con México, con el objeto de presionar políticamente

al gobierno mexicano78. La CIA se vio obligada a desarticular a los dos cárteles más

fuertes de América: el Cártel de Medellín, Colombia, y el Cártel de Guadalajara, México.

Pero a cambio, dado que la guerra contra el régimen nicaragüense continuaba, alentó,

facilitó y apoyó la creación de cárteles sustitutos: el Cártel de Cali, en Colombia, y el Cártel

de Juárez, en México; ambos con un bajo perfil, alejados de actos violentos, dedicados a

fortalecer sus equipos empresariales contratando los servicios de importantes financieros y

consolidando sus contactos con las fuerzas de seguridad. Las exorbitantes ganancias

generadas por estos cárteles hizo que en torno suyo se concentraran empresarios,

industriales, políticos, militares, altos mandos policiacos, gente de los medios y del

espectáculo79.

A partir de 1986 inicia una segunda fase histórica en el narcotráfico mexicano. El régimen

mexicano, a pesar de su monopolio sobre el poder político a través del partido único de

Estado, empezó a mostrar signos de incapacidad para controlar eficazmente a sus propias

instituciones de mediación, las cuales, al igual que las organizaciones de traficantes, iban

adquiriendo cada vez mayor autonomía relativa respecto del Estado. La presión fue tal que

el gobierno debió desaparecer a la DFS en 1987. Parte de sus atribuciones se concentraron

en la PJF pero, pese a sus esfuerzos, nunca más se volvió a tener capacidad de control

político y policiaco sobre el tráfico de drogas. Al mismo tiempo, el Cártel de Guadalajara

había dejado de ser el actor hegemónico del narcotráfico en México, perdió su

centralización, su disciplina y su eficiencia, dando lugar a media docena de organizaciones

“hijas” a raíz de su desmembramiento en 198980. Consecuentemente, la producción y el

tráfico de drogas se diseminaron por todo el país. Entre 1988 y 1993: en todas las

entidades federativas se cultivó marihuana; sólo en seis estados no se reportaron plantíos

de amapola (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Nuevo León

y Tabasco), y solo tres estados estaban libres de las rutas de contrabando de cocaína

(Aguascalientes, Hidalgo y Tlaxcala)81.

Tras la caída de la jefatura del Cártel de Guadalajara, se convocó a una cumbre de capos en

la que el país fue repartido a fin de evitar una guerra interna (la única organización no

procedente de Sinaloa era el Cártel del Golfo). El acuerdo fue simple: una región para cada

uno. Sin embargo, nadie respetó el acuerdo y comenzó una guerra interna de baja

intensidad82. Aunado a esta situación, las condiciones internacionales favorables al tráfico

de drogas cambiaron. Las operaciones estadounidenses contra el régimen nicaragüense

habían logrado desestabilizar al gobierno sandinista y obligarlo a negociar con la

oposición, la cual logró derribar al gobierno revolucionario en el proceso electoral

“democrático” de febrero de 1990. Los cárteles colombianos y mexicanos dejaron de ser

útiles para los planes de la CIA, los capos comenzaron a ser detenidos o asesinados83. Para

entonces, los traficantes mexicanos habían adquirido un papel más importante. México se

convirtió en una zona estratégica que se encontraba a medio camino entre los productores

colombianos y los consumidores estadounidenses. La topografía mexicana, a lo largo de

sus litorales, permitió que se instalaran incontables pistas de aterrizaje para aviones que

transportaban enervantes. Igualmente significativa resultaba la frontera terrestre de más

de tres mil kilómetros con Estados Unidos. Cuando la guerra por el mercado entre los

narcotraficantes de Cali y Medellín, y los golpes del gobierno estadounidense, debilitaron

a los narcotraficantes colombianos, los intermediarios mexicanos, agrupados en una

pléyade de pequeños cárteles regionales, encabezados por el Cártel de Juárez desde 1987, se

quedaron con el control del comercio84.

Entre 1989 y 1994, los Cárteles del Golfo y de JuárezB fueron los más beneficiados (tuvieron

una ascensión meteórica y atípica) debido a que gozaban de la protección del gobierno

federal. El Ejército y la Policía Judicial se encargaban de destrozar los cárteles de los

adversarios86. A cambio, el gobierno federal volvió a usar a estos cárteles para cometer los

asesinatos políticos de aquellos años (Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, Luis Donaldo

Colosio y José Francisco Ruiz Massieu en 199487). El gobierno permitió que los narcos se

mataran entre sí y acumularan arsenales propios de grupos insurgentes88. Comenzó la

ejecución de los capos de la “vieja guardia” para abrir paso a la nueva generación de narcos

con una mentalidad más moderna. Ya no se tenía la idea de separar el negocio del

narcotráfico de la política. La actividad de narcotraficantes era ejercida no sólo por los

capos, sino, sobre todo, por políticos y funcionarios públicos. Los políticos querían el

dinero del narco para sus negocios personales y para sus campañas políticas. El antiguo

“narcoimpuesto” fue sustituido por los grandes sobornos a los representantes de las

instituciones del Estado y de los partidos políticos89.

En 1993 comenzó la guerra entre los cárteles del narcotráfico de la mano con la lucha

prematura por la sucesión presidencial en México90. el Cártel de Juárez contra el Cártel de

Tijuana. Ambas bandas respondían a dos ambientes distintos: los narcos de Tijuana eran

“urbanos” y los de Ciudad Juárez eran “serranos”. La disputa era por el control del tráfico

de drogas en el Noroeste91. Para 1995, el Cártel de Juárez había encerrado al Cártel de

Tijuana en Baja California, había absorbido a los jóvenes líderes del Cártel del Golfo

(mediante la llamada “Paz del Norte”), había conformado una especie de federación de

cárteles y mantenía la hegemonía del tráfico de drogas en México. La organización

controlaba todo el Pacífico mexicano y todas las redes y rutas de contrabando en el Centro

del país, se había introducido en la península de Yucatán (creando una prolongación: el

Cártel del Sureste) y se había apoderado de todas las redes del tráfico de droga de Centro y

Sudamérica92. Movía 40 veces más cocaína hacia Estados Unidos de lo que nunca antes se

había introducido93.

En ese momento ocurrió un cambio cualitativo de enorme importancia en la relación entre

narcotraficantes y élites políticas. Siguiendo el modelo impulsado por el Neoliberalismo,

en el que la estructura gubernamental actúa en función de las necesidades y los intereses

de las grandes empresas (especialmente las multinacionales), los capos empezaron a

comportarse como grandes empresarios transnacionales: los sobornos se transformaron en

salarios para los funcionarios públicos de los tres Poderes de la Unión, en los tres niveles

de Gobierno y en todas las instituciones estatales. La élite política se transformó en

empleada de los narcoempresarios. Una red policial y militar protegía sus operaciones94.

Este cambio coincidió con una fractura elitista de gran importancia: las élites

B. El Cártel de Juárez había heredado toda la estructura del Cártel de Guadalajara y era encabezado por Amado Carrillo

Fuentes, el SEÑOR DE LOS CIELOS, con el apoyo de empresarios de abolengo, banqueros, militares, policías y

políticos85

.

C. Cabe recordar que Baja California fue la primera entidad federativa donde el PAN ganó una gubernatura en 1989 y

que la retuvo hasta ahora.

empresariales del Norte y del Bajío articularon demandas de autonomía, frente al poder

central, tendientes a recuperar el liderazgo que los cambios en la sociedad le habían

arrebatado y que históricamente habían ejercido. En los estados fronterizos del Norte y en

el Bajío, la industria turística y las maquiladoras se extendieron, así como la agricultura y

la ganadería vinculadas al mercado estadounidense, estimuladas por la liberalización del

comercio desde mediados de la década de 1980, por la desregulación y, en general, por las

reformas emprendidas entre 1983 y 1999. Los empresarios locales se constituyeron en un

núcleo de renovación de las élites políticas y se integraron a la estructura de poder a

través del PAN, con una representatividad social distinta de la que ostentaban las élites

centrales. A estas élites empresariales les favoreció el debilitamiento del Estado95.

Esta ruptura del pacto elitista se manifestó en el ámbito del narcotráfico en el apoyo que

estas élites empresariales disidentes dieron al intento de reconstruir el Cártel de

Guadalajara y oponerlo al Cártel de Juárez apoyado por el gobierno central. En 1996, este

grupo intentó desplazar del Centro del país al hegemónico Cártel de Juárez, con el refuerzo

del Cártel de Tijuana96. Si bien el intento fracasó, sí consiguió dividir a la federación de

cárteles y debilitar la jefatura del líder de Ciudad Juárez, Amado Carrillo, quien resultaba

ya poco útil para los grupos confederados bajo su mando97. La federación de narcos se

rompió en 1997 después de la desarticulación de su red de protección policiaco-militar y de

la muerte del El Señor de los Cielos98 y se fragmentó en cuatro sectores que se disputaban

territorios violentamente: Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua99. Las alianzas

políticas volvieron a sufrir un reacomodo. Ante la fractura elitista y de los cárteles durante

la década de 1990, la élite empresarial disidente del Norte y del Bajío, agrupada en torno al

PAN, se alió al revitalizado Cártel de Sinaloa, heredero directo del Cártel de Juárez,

encabezado por Joaquín Guzmán Loera100. Las élites político-empresariales del Centro y

del Golfo, agrupadas en torno al PRI, se aliaron al Cártel del Golfo, encabezado por Osiel

Cárdenas Guillén101. Pero eran alianzas distintas a las anteriores: los capos compraban

ahora la lealtad y la protección de las autoridades gubernamentales y del aparato de

Estado, pero no como soborno, ni siquiera como extorsión, sino como mercancía. No

pedían favores y mercedes, compraban empleados y servicios. En ese tenor, cualquier

desconocimiento de los acuerdos previos se consideraba como incumplimiento de un

contrato comercial y, por lo mismo, se preveían severas sanciones. Quizá por eso los

traficantes de Sinaloa y de Tamaulipas parecían estar mejor protegidos que sus “colegas”

del resto del país, contar con organizaciones más sólidas y eficientes, tener mayor peso

político y ser más osados, sanguinarios y prepotentes102.

Durante los últimos años de la década de 1990, el Cártel de Tijuana (integrado por jóvenes

de clase media urbana, en contraste con el origen rural del resto de los narcos103), con el

apoyo del gobierno federal, se convirtió en arma política contra las élites empresariales

disidentes del Noroeste: su grupo operativo más importante, los “Narcojuniors”, reclutaba

jóvenes de acaudaladas familias de Baja California para involucrarlos de lleno en el tráfico

de drogas y como sicariosC. También penetró en Colima (creando una prolongación: el

D. El Cártel del Golfo tuvo como particularidad el empleo de ex militares como sicarios. En 1999 reclutó al grupo de “Los Zetas”: militares de élite entrenados para enfrentar la insurrección zapatista en 1994 que desertaron de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Estos soldados habían recibido entrenamiento en Estados Unidos, Francia e Israel, especialmente en labores de inteligencia, manejo de armas sofisticadas y contrainsurgencia. Posteriormente se integraron unidades de “kaibiles”: soldados de las fuerzas especiales antiguerrilla de Guatemala, también entrenados por la CIA. Desde entonces, y hasta marzo de 2010, “Los Zetas” se convirtieron en el grupo operativo de sicarios del Cártel

108.

Cártel de Colima) para controlar el innovador y creciente tráfico de drogas sintéticas104. De

la misma manera, el gobierno federal apoyó al Cártel del Golfo para que fortaleciera su

control sobre la frontera norte de Tamaulipas a través del grupo operativo Los Texas105, y

para que penetrara en un emblemático territorio del Cártel de Sinaloa: Michoacán (creando

una prolongación: el Cártel del Milenio).

En julio de 2000, por primera vez desde 1929, la Presidencia de México fue obtenida de

manera contundente por un partido de oposición: el PAN. Las élites empresariales del

Norte y del Bajío desplazaban a las élites político-empresariales del Centro y del Golfo,

ocupando directamente los puestos clave de toma de decisiones dentro del aparato estatal.

Inicialmente se tuvo la idea de que el triunfo empresarial panista traería el fin del régimen

de corrupción y de que se iniciaba un proceso de depuración y transición en el país. Nada

más lejos de la realidad. Con el desplazamiento de la élite político-empresarial del PRI del

Poder Ejecutivo, su pérdida de mayoría absoluta en las Cámaras de Diputados y

Senadores, la hegemonía de la oposición elitista empresarial del PAN en los puestos de

poder, la crisis del régimen corporativo postrevolucionario y la pérdida de muchos de sus

acuerdos informales, tanto las organizaciones de traficantes como los cuerpos policiales

aliados a ellos ganaron en autonomía. Las instancias de mediación local, estatal o federal

entre las cúpulas políticas y los narcotraficantes, que habían funcionado durante décadas,

se debilitaron. Se perdió la facultad del Estado de actuar como árbitro en el negocio. El

resultado la alternancia de 2000 fue una fragmentación y debilitamiento del poder político

para enfrentar el desafío de los cárteles. La transición benefició a los narcos: a la

diversificación de sus actividades, agregaron el control territorial directo y efectivo de sus

zonas de influencia, al margen del poder político legalmente constituido106.

Apenas un mes después de haber tomado posesión el nuevo gobierno federal panista, en

enero de 2001, Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, se evadió de una prisión

federal de máxima seguridad en Jalisco, luego de pagar 40 millones de dólares como

soborno a la familia del Presidente107. En octubre de 2001, a sugerencia de la DEA, Loera

convocó a una cumbre de más de 25 jefes del narcotráfico para volver a confederar a todas

las bandas del Pacífico en una organización nacional, en la que todos compartieran las

rutas de transporte, los grupos operativos de sicarios, las redes bancarias y empresariales

de “lavado” de dinero, y la protección del gobierno federal. Así nació La Federación del

Pacífico. Esta organización era prácticamente inmune, controlaba operaciones ilícitas en 16

estados (más de la mitad del país), poseía contactos comerciales con 20 países y creó la

mayor red de tráfico de drogas del mundo por cualquier vía (terrestre, aérea o marítima),

además de declararle la guerra a los cárteles competidores: el de Tijuana y el del Golfo. En

la primavera de 2002, bajo el cobijo del programa federal “México Seguro”, las fuerzas

federales golpearon severamente al Cártel de Tijuana (fueron capturados o muertos casi 2

mil de sus operadores y dos de sus líderes). Un año después, en la primera mitad de 2003,

fueron capturadas las dirigencias de los cárteles del Milenio y del GolfoD. Las dos rutas más

importantes de contrabando en la frontera Norte habían sido descabezadas. La lucha

oficial no era contra el narcotráfico, sino contra los rivales de La Federación109.

Ante la embestida en su contra, los restos de los cárteles del Golfo y de Tijuana pactaron una

alianza contra La Federación en 2004. La violencia cimbró a Tamaulipas, se extendió por

toda la frontera Norte y descendió hacia el Centro del país, siguiendo las antiguas rutas

novohispanas de transporte de la plata, convertidas hoy en rutas de transporte de la

droga110. Al mismo tiempo, La Federación se fue apoderando de los circuitos de

distribución y venta de drogas en las calles de las principales ciudades estadounidense111.

Sin embargo, en el otoño-invierno de ese año, La Federación se fracturó cuando la

dirección del Cártel de Juárez incumplió sus compromisos con sus socios e iniciaron una

serie de ejecuciones entre miembros de sus respectivas jefaturas112. Al iniciar 2005, La

Federación había abierto frentes de batalla en todo el país. Embestía al Cártel del Golfo en

Tamaulipas, enfrentaba al Cártel de Tijuana en la península de Baja California y disputaba

Chihuahua al Cártel de Juárez. Por otra parte, había pactado alianzas con los restos del

Cártel de Colima y del Cártel del Milenio113. La Policía Federal (AFI) operaba de lleno como

ejército particular de La Federación114. Para 2006, el Cártel de Tijuana estaba casi disuelto,

el Cártel de Juárez se encontraba sitiado y la jefatura del Cártel del Golfo estaba vacante. El

gobierno de Estados Unidos enfocó sus esfuerzos y su apoyo (tanto al gobierno mexicano

como a La Federación) en aniquilar al Cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas, dejando

el campo libre a La Federación para manejar monopólicamente el tráfico de drogas hacia

Estados Unidos115. La guerra por el control del narcotráfico estaba por comenzar.

En este contexto ocurrieron las elecciones de 2006. El 6 de julio, el dictamen del IFE dio

como ganador de la contienda presidencial a Felipe Calderón Hinojosa, candidato del

PAN. El PRD solicitó la anulación de la elección y el nombramiento de un Presidente

Interino citando múltiples irregularidades encontradas en el proceso electoral, así como un

denominado “fraude electrónico”. A unas horas de que se anunciara el resultado, los

simpatizantes del PRD iniciaron una movilización ciudadana y acciones de resistencia y

desobediencia civil pacífica. A pesar de reconocer las irregularidades cometidas durante el

proceso, el Tribunal Electoral validó el 5 de septiembre las elecciones, declarando a Felipe

Calderón como Presidente. El candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, alegó

que la elección se realizó de manera fraudulenta, y se autoproclamó "Presidente Legítimo"

el 20 de noviembre ante la presencia de sus seguidores. El 1 de diciembre, Calderón sería

investido como nuevo Presidente en medio de una importante crisis política de

legitimidad. Inmersa en un tenso ambiente político, se realizó la toma de protesta

presidencial más corta de la historia de México (5 minutos, aproximadamente) y bajo un

fuerte dispositivo de seguridad policiaco-militar. El primer acto de gobierno del

Presidente sería pronunciar un discurso oficial ante los militares en su calidad de “Jefe

Supremo de las Fuerzas Armadas”. Con este acto simbólico dio inicio un nuevo ciclo

político marcado por la creciente y activa importancia de los militares en la política

mexicana. Calderón arrancó su gobierno implementando medidas espectaculares que le

E. Cabe recordar que, de acuerdo con encuestas de opinión de 2007, uno de cada tres ciudadanos consideraba que en las

elecciones presidenciales de 2006 hubo muchas prácticas fraudulentas; cifra equivalente, aproximadamente, a 22 millones de habitantes (cerca del 23% de la población políticamente activa)

116.

permitieran obtener la legitimidad que el proceso electoral no le diera y que demostraran

su firmeza ante la sociedad mexicana que lo seguía viendo con sospecha e incertidumbreE.

Urgido de aprobación social, apoyado en el Ejército, la Armada y la Policía Federal, diez

días después de haber tomado posesión como Presidente, Felipe Calderón declaró

oficialmente la guerra a los cárteles del narcotráfico e inició una serie de operativos

policiaco-militares en toda la República117. Sin embargo, el gobierno federal seguía

apoyando sin cortapisas a La Federación y la declaración de guerra era en realidad una

amenaza de aniquilación contra las organizaciones de traficantes que rivalizaban con

ella118. Los sectores políticos “duros” dentro de los gobiernos estadounidense y mexicano

se aliaron con un sector del narcotráfico para acabar con los grupos renuentes a acatar el

control oficial de sus actividades. Y no solo eso: la declaración de guerra contra el

narcotráfico proporcionó al régimen una cubertura perfecta para erigir y asentar un

eficiente aparato represivo en contra de guerrilleros, disidentes, críticos, opositores,

líderes sociales, periodistas incómodos y ciudadanos inconformes, calificando a las

agresiones armadas en su contra como “venganzas entre grupos rivales”, “actos

perpetrados por el crimen organizado”, “narcoterrorismo”, “ajustes de cuentas”, etc119.

Las elecciones de 2006 habían sido una especie de “segundo round” entre las dos facciones

de la élite mexicana que se disputaban el control del Estado desde la década de 1980. Las

elecciones de 1982 habían significado el triunfo de la élite empresarial inconforme del

Norte y del Bajío, a través del grupo “tecnoburócrata” monetarista neoliberal de la propia

élite político-empresarial; las elecciones de 1988 habían sido un “primer round” entre las

fracciones nacionalista-estructuralista y monetarista-neoliberal, donde la primera había

intentado reconquistar el control del aparato estatal por la vía electoral, pero había sido

vencida fraudulentamente por la facción en el poder. En las elecciones de 2000, la facción

“tecnoburocrática” de la élite político-empresarial había sido desplazada del Estado por la

propia élite empresarial norteña y abajeña. En las elecciones de 2006, la facción

nacionalista-estructuralista disidente del Centro y del Sur trató una vez más de retomar el

control del Estado disputándoselo a la élite empresarial del Norte y del Bajío120, y volvió a

ser derrotada de manera fraudulenta. Esta última confrontación desgastó enormemente a

las dos fracciones elitistas en pugna. La consecuencia lógica de este desgaste fue que la

facción “tecnoburocrática” dominante dentro del PRI, que había sido desplazada en 2000,

vio la oportunidad de retomar el poder, encabezada por el grupo hegemónico dentro del

decaído, pero no derrotado, priísmo: el llamado “Grupo Atlacomulco” (al que ya se habían

señalado importantes relaciones con el urbano y clasemediero Cártel de Tijuana desde la

década de 1990121).

Esta compleja situación se reflejó en una serie de fracturas y reacomodos en el ámbito del

narcotráfico entre 2007 y 2008. La élite político-empresarial manifestada políticamente a

través del PRI, ofreció apoyo al grupo operativo militar del Cártel del Golfo (también aliado

histórico del “Grupo Atlacomulco”122), Los Zetas, para que se apoderaran de las redes de sus

empleadores y expulsaran a La Federación del negocio. En este tenor, a mediados de 2007,

la jefatura del Cártel del Golfo negoció con una facción de la jefatura de La Federación una

nueva alianza que dejara fuera al resto de las organizaciones confederadas. Esto originó un

auténtico cisma: La Federación colapsó en enero de 2008. De su seno se desprendió el

Cártel del Pacífico Sur aliado al Cártel del Golfo y al Cártel de Tijuana. Esta última

agrupación, por su parte, también se escindió, dando origen al Cártel del Teo, adversario de

sus antiguos patrones de Tijuana y aliado del Cártel de Sinaloa. Simultáneamente, a finales

de 2006, el Cártel del Golfo creó una prolongación contra el Cártel del Milenio (que se había

aliado al Cártel de Sinaloa) en Michoacán y formó un grupo más radical: La Familia

Michoacana123. Así, mientras que en 2006 había en México cinco cárteles (La Federación,

Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel del Golfo y Cártel del Milenio), para inicios de 2008

había ya nueve (Cártel de Sinaloa, Cártel de Guadalajara, Cártel del Pacífico Sur, Cártel de

Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel del Teo, Cártel del Golfo, Cártel del Milenio y La Familia

Michoacana)124.

Los golpes del gobierno federal a favor de sus aliados de Sinaloa y el impulso de las élites

opositoras a las organizaciones enemigas de La Federación, han ocasionado la

recomposición, la fragmentación, la expansión y la dispersión geográfica de la violencia125.

Este efecto multiplicador ha generado la operación de células convertidas en

“minicárteles” (en su mayoría, derivados de los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y del

Golfo) que se han extendido por todo el territorio nacional126. Al mismo tiempo, los grupos

de narcotraficantes diversificaron sus “actividades”, incluyendo la extorsión permanente

(el cobro de una especie de “narcoimpuesto” a empresarios), el secuestro (tanto el selectivo,

contra empresarios, como el masivo, contra migrantes ilegales), el control de la pequeña

delincuencia común (actuando como una especie de “narcopolicía” y de empleadores de

estos delincuentes), el robo y tráfico de maderas finas (a través de talamontes

clandestinos), de alimentos (asaltando camiones de carga y contenedores del ferrocarril) y

de combustibles (“ordeñando” los ductos de PEMEX), la minería clandestina (sobre todo

de carbón y hierro) y el control de algunas ramas de la economía formal (actuando como

proveedores “oficiales” con productos robados, de elaboración “pirata” o de contrabando).

Su poder y control sobre regiones enteras se tradujo en una insubordinación absoluta

frente al gobierno127. Incluso han comenzado a incursionar en ámbitos netamente sociales:

actúan como cobradores de deudas a nombre de organizaciones ciudadanas, gobiernos

locales y empresarios; resuelven litigios y conflictos entre particulares; sancionan

conductas antisociales en las comunidades bajo su control (actúan contra la violencia

doméstica, cuidan la tranquilidad pública, “limpian” las calles de narcomenudistas,

delincuentes comunes, prostitutas, personas en situación de calle, adictos, mendigos, etc.);

reparten regalos a la comunidad en días festivos; sufragan económicamente la instalación o

el mantenimiento de servicios públicos; protegen las invasiones de predios urbanos por

parte de grupos marginados o de tierras por parte de campesinos. En resumen: buscan

tener una base social que les otorgue legitimidad. Por esta razón, frecuentemente los

habitantes de zonas bajo control del narco han protestado contra la presencia de las

fuerzas de seguridad federales128.

La violencia creció a tal nivel que, en el primer trimestre de 2008, por instrucciones

directas del gobierno federal, la alta cúpula militar, por mediación del Gral. Mario Arturo

Acosta Chaparro (pieza clave en la lucha contrainsurgente durante la llamada “Guerra

Sucia” en las décadas de 1960 a 1980, y asociado con el Cártel de Juárez desde la década de

1980), buscó establecer una tregua con y entre los cárteles de la droga, pero el intento

fracasó129. La ruptura de La Federación ocasionó otra ruptura, igualmente violenta, al

interior de las instituciones federales de seguridad y justicia (Ejército, Armada, Policía

Federal): irremediablemente tenían que elegir un bando130. Así pues, durante la primera

mitad de 2008, toda la estructura hegemónica elitista mexicana se fracturó: dos élites

regionales enfrentadas por el control del aparato estatal, dos bandos con lealtades

opuestas dentro de las instituciones de seguridad federal, dos agrupaciones de

narcotraficantes en estado de guerra. La posibilidad de un descontrol total sobre el tráfico

de enervantes y de explotar a su favor la inestabilidad en el seno de las élites mexicanas,

estimuló al gobierno estadounidense a diseñar un tratado internacional de seguridad, en

acuerdo con México y los países de Centroamérica, para poner orden al narcotráfico (la

“Iniciativa Mérida”). Al respecto, no debe olvidarse que los gobiernos de Estados Unidos y

México han mantenido, desde finales de la década de 1970, la idea de favorecer la creación

de un solo cártel de narcotraficantes que monopolice el negocio de las drogas. Esa fue la

intención detrás del apoyo gubernamental al Cártel de Guadalajara, al Cártel de Juárez, a La

Federación del Pacífico y al Cártel de Sinaloa, sucesivamente. Una situación monopólica en el

tráfico de drogas facilitaría a las autoridades negociar con un solo interlocutor, establecer

“reglas” de autocontención de los narcos y de limitación de la violencia, y, al mismo

tiempo, someter a tal organización a la lógica del poder socioeconómico elitista

centralizado131. Esta misma lógica está detrás de la “Iniciativa Mérida” que entró en

operación en junio de 2008. El gobierno de Estados Unidos aprobó la entrega a México de

1,600 millones de dólares y programas de asistencia material (vehículos, armas, tecnología,

capacitación y entrenamiento). En correspondencia, México permitió al gobierno

estadounidense instalar un Centro Binacional de Operaciones Conjuntas en la capital del

país (muy cerca de la Residencia Presidencial de Los Pinos) y autorizó el ingreso al país a

más de 20 mil agentes militares y policiales estadounidenses para coadyuvar en el combate

al narcotráfico y a la delincuencia organizada132.

Coincidentemente, 2 meses y medio después de entrar en operación la “Iniciativa Mérida”,

dio inicio una serie de actos que han sido calificados por los gobiernos de México y

Estados Unidos como “narcoterrorismo” (atentados explosivos con granadas y coches-

bomba; asesinatos indiscriminados y masivos contra la población civil; asesinato de

políticos, funcionarios públicos y periodistas; secuestro y ejecución de migrantes ilegales

centroamericanos en territorio mexicano durante su trayecto hacia Estados Unidos;

ataques de “tierra arrasada” contra comunidades marginales, bloqueos de calles, avenidas y

carreteras para impedir la acción de las fuerzas armadas gubernamentales y hacer sentir su

capacidad de confrontación). Todas estas acciones tienen como característica común que se

han ejecutado en contra de civiles no relacionados con la “guerra contra el crimen

organizado”. Algunos indicios recopilados por la Sección de Inteligencia del Ejército

mexicano sobre estos actos, apuntan hacia la posible responsabilidad de agentes

estadounidenses que operan en el país y no de sicarios del narcotráfico. Sectores de

militares retirados y en activo señalan que parte importante de la violencia que se ha

desatado en el país podría ser “inducida”. Y acusan al gobierno federal de preparar el

“escenario” para una intervención militar estadunidense133. De hecho, estas sospechas de

colaboración gubernamental a favor de una intervención militar extranjera, el manifiesto

favoritismo del actual gobierno hacia la Armada en detrimento del Ejército y la

inconformidad de ciertos círculos militares con la estrategia aplicada por el alto mando

durante el conflicto, son factores que han fracturado aún más la tradicional unidad

corporativa de las fuerzas armadas mexicanas desde 2009.

Simultáneamente, desde 2007, los grupos operativos del narcotráfico comenzaron a actuar

como grupos paramilitares en apoyo del gobierno y en contra de los movimientos más

radicales de las clases subalternas: los grupos guerrilleros y las comunidades en defensa de

su autonomía. Así, en mayo y junio de 2007, comandos armados del Cártel de Sinaloa y de

Los Zetas atacaron a los grupos guerrilleros en Guerrero (enfrentamientos armados

directos con el ERPI134) y Oaxaca (secuestro y desaparición de militantes del EPR135).

Desde 2011, comandos similares han puesto sitio a municipios autónomos de Michoacán

(Ostula y Cherán), Guerrero (Ayutla y Tierra Caliente) y Campeche (Candelaria)136. En

tanto, desde 2008, los cárteles, principalmente Los Zetas, iniciaron incursiones en territorio

de las comunidades autónomas de La Montaña y la Costa Chica, en Guerrero137, y en los

municipios autónomos ubicados dentro del territorio controlado desde 1994 por el EZLN

en Chiapas138. La creciente situación de inseguridad y violencia social, económica y

política, alentó a sectores de la población (especialmente a los sectores medios,

organizados en más de 300 organizaciones civiles) a iniciar en 2011 una serie de

movilizaciones y manifestaciones de descontento y protesta a través del “Movimiento por la

Paz con Justicia y Dignidad”. La presión de estos sectores, sin embargo, no alteró el curso

de la guerra.

En tanto, el exterminio entre los ex integrantes de La Federación resultó mucho más eficaz

que la guerra declarada por el gobierno federal139. Uno de los episodios de este exterminio

terminó involucrando directamente al gobierno de Calderón. Desde la década de 1980, el

Cártel de Juárez había obtenido el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México y, por este medio, había logrado introducir y enviar importantes cantidades de

cocaína por vía aérea. Este control había sido heredado por el Cártel de Sinaloa. En octubre

de 2008, la jefatura del cártel que controlaba el Aeropuerto fue apresada por la Policía

Federal a petición expresa del Cártel del Golfo y sus aliados del Cártel del Pacífico Sur. El

Cártel de Sinaloa consideró este acto como una traición: ellos había apoyado

económicamente la campaña electoral de Calderón (ya habían “pagado” el sexenio para

poder “trabajar” tranquilamente) y habían pactado la operación del grupo en el Estado de

México con Juan Camilo Mouriño, Secretario de Gobernación; pero después Mouriño

“vendió” esa plaza en 10 millones de dólares al Cártel del Pacífico Sur, y ahora les había

quitado el estratégico control sobre el Aeropuerto de la capital. Uno de los más altos

mandos del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, habló personalmente con el

Presidente de la República, Felipe Calderón, exigiendo la liberación de sus subordinados

presos y el cumplimiento del pacto signado. La conversación fue inútil y la represalia,

inevitable: el 4 de noviembre de 2008, menos de un mes después, el Cártel de Sinaloa

derribó el jet oficial en el que viajaban el Secretario de Gobernación y el Subprocurador

Especial contra la Delincuencia Organizada, y lo hizo sobre la capital del país, muy cerca

de la Residencia Presidencial y del Centro Binacional de Operaciones Conjuntas140. La

alianza entre el Cártel de Sinaloa y la élite empresarial gobernante se fracturó, pero no se

disolvió.

Ni siquiera la muerte de Mouriño y de Vasconselos cambió el rumbo de la supuesta

“guerra contra el narcotráfico”. Las acciones del gobierno continuaron encaminadas a

atacar a los competidores del Cártel de Sinaloa y sus asociados, a cualquier precio. Las

dirigencias de los cárteles del Pacífico Sur y de Juárez fueron abatida por tropas federales

(en conjunto con el gobierno de Estados Unidos) entre abril y diciembre de 2009141. Esto

ocasionó un severo debilitamiento de la organización fronteriza y la fragmentación de la

organización sureña en varias facciones: el Cártel del Centro, el Cártel Independiente de

Acapulco (aliado a Los Zetas) y el Cártel de Oaxaca. Simultáneamente, el grupo operativo del

Cártel del Golfo, Los Zetas, rompieron con sus empleadores y se constituyeron en un nuevo

cártel totalmente dominado por una cúpula de ex militares. Esto ocasionó otra avalancha

de rupturas al interior de los restos de La Federación: el refundado Cártel de Guadalajara

(asociado al Cártel de Sinaloa) sufrió el desgajamiento del Cártel de Jalisco-Nueva Generación

(aliado a Los Zetas); en tanto que, de La Familia Michoacana (aliada a Los Zetas), se

desprendieron Los Caballeros Templarios (aliados al Cártel de Sinaloa). Se intensificó la

violencia de la guerra por el dominio y control de ciudades, rutas y territorios. Durante

2009, el saldo de la lucha favorecía ampliamente al Cártel de Sinaloa, a tal grado que la

revista estadounidense especializada en asuntos financieros, Forbes, incluyó a Joaquín

Guzmán Loera entre los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en 1000

millones de dólares, empatado con Emilio Azcárraga Jean, empresario dueño de Televisa,

y con Alfredo Harp Helú, banquero ex propietario de Banamex142.

Al iniciar 2010, la estrategia del gobierno federal a favor del Cártel de Sinaloa y sus socios,

había extendido la violencia por todo el territorio nacional y había multiplicado el número

de organizaciones de traficantes de drogas, elevándose a 16 (Cártel de Sinaloa, Cártel de

Colima, Cártel del Centro, Cártel del Pacífico Sur, Cártel de Oaxaca, Cártel Independiente de

Acapulco, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel del Teo, Cártel de Guadalajara, Cártel de

Jalisco-Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Milenio, La Familia Michoacana, Los

Caballeros Templarios, Los Zetas)143. La protección gubernamental al Cártel de Sinaloa, a

pesar de la tensión entre este grupo y el gobierno federal (presionado cada vez con mayor

fuerza por Estados Unidos), fracturó en 2010 a la élite empresarial en el poder: por un

lado, se encuentra la fracción político-empresarial “oficialista” en torno al círculo central

del Gobierno Federal, y por otro, la vieja élite empresarial fundadora del PAN que ha sido

desplazada del poder, dispuesta a aliarse con la vieja élite política priísta para recuperar su

preeminencia. De esta manera, el conflicto interelitista por el control del Estado se

complicó con la guerra entre los cárteles de la droga y con el creciente intervencionismo

estadounidense en México. A raíz de este entramado conflictivo, aumentó brutalmente la

violencia en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guerrero

y Morelos. En abril de 2010, tras dos años de guerra, el Cártel de Sinaloa prácticamente

logró eliminar al Cártel de Juárez144. A finales de septiembre de ese año, ante el

incontenible avance del cártel militar de Los Zetas (apoyado por las élites político-

empresariales ligadas al PRI), las jefaturas de los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Los

Caballeros Templarios, se reunieron para unificar fuerzas contra Los Zetas y sus aliados,

formando una nueva federación: Cárteles Unidos o La Resistencia145, contando con el apoyo

del gobierno federal panista y de las corporaciones de seguridad del Estado.

La inestable situación ha preocupado cada vez más al gobierno de Estados Unidos, a tal

grado que varios de sus funcionarios, representantes de la élite empresarial

estadounidense y candidatos de los partidos políticos de ese país, han repetido una y otra

vez, desde 2010, que México se encuentra sometido a una “narcoinsurgencia”; que los

cárteles de la droga (especialmente el de Sinaloa y Los Zetas) tienen ya una capacidad

militar equivalente a la del ejército de una nación pequeña; que el Estado mexicano ya no

tiene control sobre una vasta porción del territorio nacional; que los cárteles no han

tomado el poder estatal por asalto simplemente porque no están interesados en gobernar;

que el Estado mexicano es incapaz de hacer frente a esta situación, lo cual constituye una

seria amenaza a la estabilidad de todo el continente americano. Como conclusión “lógica” a

estas afirmaciones, sugieren que el gobierno mexicano debería “ampliar” la participación

de gobiernos extranjeros en el conflicto para “reforzar” esta lucha. De hecho, varios

“analistas” y “expertos” estadounidenses afirman tajantemente que la intervención militar

de los Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico en México es ya inevitable y que

solo es cuestión de tiempo para que los marines intervengan para “poner orden y dar

seguridad”146.

Al iniciar el 2011, las organizaciones de narcotraficantes se habían asociado en dos bloques

antagónicos que pretenden controlar el negocio de las drogas en el país. Por un lado, la

nueva federación de los Cárteles Unidos se amplió al lograrse una alianza entre el Cártel de

Sinaloa, el Cártel del Golfo, Los Caballeros Templarios, el Cártel del Teo y los remanentes del

Cártel del Milenio. Este bloque tendría su base operativa en el sur de Chihuahua, Durango,

Sinaloa y Nayarit, así como en zonas de Sonora, Baja California, Jalisco, Guanajuato,

Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas. El otro bloque estaría conformado por la

alianza de Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel del Sureste, el Cártel del Pacífico Sur, el

Cártel de Oaxaca, el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana. Esta agrupación tiene una mayor

presencia en el país, dominando los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche,

Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Morelos, Estado de México, el norte de

Chihuahua, parte importante de Sonora, parte de Chiapas y San Luis Potosí, zonas de

Sinaloa, Durango, Jalisco, Colima, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, e incluso se

ha extendido hacia las regiones Centro y Norte de Guatemala147. Al finalizar 2011, el

apoyo estadounidense y mexicano hacia el Cártel de Sinaloa y sus aliados dio muestras de

debilitamiento. Resultaba evidente que los gobiernos de ambos países preferían entregar el

monopolio del mercado de las drogas a un grupo que le fuera cercano, que hubiera sido

entrenado por ellos, cuya cúpula tuviera sólidas ligas históricas con las élites mexicanas y

estadounidenses. El apoyo de las autoridades nacionales y extranjeras ha comenzado a

migrar hacia Los Zetas.

Esta nueva situación comenzó a mostrarse públicamente el 7 de noviembre de ese año. El

Ejército mexicano capturó a Ovidio Limón Sánchez, sobrino de Guzmán Loera y uno de

los principales líderes del Cártel de Sinaloa, responsable de la administración y operación

de las actividades de tráfico de cocaína, así como del control de las redes de compra,

transporte y distribución de drogas en Estados Unidos148. La captura ocurrió justo una

semana después de que la revista Forbes publicara una nueva lista de las personas más

poderosas del mundo, calificando a Guzmán Loera como “el delincuente más poderoso del

mundo tras la muerte de Osama bin Laden”. Su fortuna lo ubicaba en el puesto 55, solo

superado dentro de América Latina por la Presidenta brasileña, Dilma Rousseff (lugar 22)

y por el empresario mexicano Carlos Slim (lugar 23)149. Cuatro días después llegó la

respuesta de los narcotraficantes. El 11 de noviembre, empleando lanzacohetes, un grupo

operativo del Cártel de Sinaloa derribó el helicóptero en el que viajaba el nuevo Secretario

de Gobernación, José Francisco Blake Mora150. Las relaciones entre el bloque encabezado

por el Cártel de Sinaloa y los gobiernos de México y Estados Unidos se tensaron al

máximo. Sin embargo, un factor frenó cualquier intento por romper completamente las

relaciones entre las élites de América del Norte y los capos del Pacífico: desde 2010, la

confederación de narcotraficantes del Cártel de Sinaloa comenzó a sembrar coca en algunos

estados como Guerrero y Michoacán151. Esto dio un nuevo giro a la situación: si el intento

se torna exitoso y se rompe la cadena de abastecimiento de cocaína desde Sudamérica, el

Cártel de Sinaloa y sus confederados podrían convertirse en los amos y señores del

comercio de drogas en todo el continente. Por otra parte, se sabe que el gobierno

estadounidense ha realizado pactos secretos con Los Zetas para controlar la ola de

migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, secuestrándolos y asesinándolos antes

de cruzar ilegalmente la frontera Norte152. Esta función hace, por ahora, imprescindible la

presencia del cártel militar.

Actualmente (2012), la situación se presenta casi irresoluble. Por una parte, existe la

sospecha de que el secuestro del político y dirigente panista Diego Fernández de Cevallos,

ocurrido en mayo de 2010, fue una operación ejecutada por el Cártel de Sinaloa para

disminuir la presión gubernamental en su contra. En este contexto, el gobierno federal

habría recurrido una vez más a la mediación del Gral. Acosta Chaparro para negociar la

liberación del político panista. Mediación que habría fracasado y por lo cual el Gral.

Acosta Chaparro habría sufrido un atentado en su contra apenas cuatro días después del

secuestro. Probablemente, también en este contexto habría que entender el asesinato del

Gral. Acosta Chaparro en abril de 2012153. Por otra parte, se ha hecho público que desde

2009 el liderazgo del cártel militar de Los Zetas se fracturó y que existe una virtual “guerra

civil” al interior de esa organización, lo que ha incrementado la violencia en estados como

Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, donde una de las facciones, aliada al

Cártel de Sinaloa y muy cercana al gobierno federal, ha creado un grupo paramilitar

denominado “Los MataZetas” liderado por Miguel Ángel Treviño Morales, ex segundo

mando de Los Zetas154. Finalmente, se tienen fuertes evidencias de la participación de todos

los bandos de la guerra entre “cárteles” (el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez, el Cártel del

Pacífico Sur y Los Zetas) a favor del triunfo del candidato presidencial del PRI, Enrique

Peña Nieto, durante las elecciones de julio de 2012, colaborando activamente en el

cuestionado triunfo priísta. Esta situación complica aún más la situación, pues el gobierno

federal entrante tendría que respetar convenios previos con todas las partes en conflicto…

o atenerse a las consecuencias155. Probablemente es en este contexto que debe entenderse

la desarticulación de la jefatura del Cártel del Golfo en septiembre de 2012, lo cual

prácticamente aniquiló a esa organización156.

La prolongada crisis económica que ha sufrido México desde la década de 1970, agudizada

por el cuestionamiento hacia la legitimidad de las élites en el poder expresada por los

movimientos opositores e insurreccionales de esa época, generó una ruptura de

considerable importancia al interior de la élite político-empresarial que se había mantenido

hegemónica desde la década de 1940. Esta ruptura se hizo más profunda a raíz de las

elecciones de 1988, cuando la facción ‘nacionalista-estructuralista’ disidente (creadora del

PRD) aglutinó a los sectores de la izquierda moderada y se distanció de la facción

‘neoliberal-monetarista’ (en la jefatura del PRI) que ejercía el control del Estado. La

ruptura se complicó en las elecciones de 2000, cuando la élite empresarial del Norte y del

Bajío (expresada a través del PAN) arrebató el control del Estado a las élites políticas; y

en las elecciones de 2006 y 2012, cuando esta élite empresarial y sus aliados políticos

dentro del PRI y del PAN, impidieron el acceso al poder a la élite política disidente del

PRD. El choque entre estas tres facciones elitistas ha tenido su repercusión en el

desarrollo histórico del narcotráfico mexicano. No es accidental que el incremento en los

niveles de violencia relacionados con el tráfico de drogas se presente en los estados,

regiones y municipios donde la oposición política se convirtió en gobierno, y tampoco es

fortuito que la lucha política más enconada ocurra precisamente en los estados con

importante producción, tráfico, tránsito y consumo de drogas, o sede de importantes

circuitos de legalización de ganancias procedentes del narcotráfico (Baja California,

Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Estado de México,

Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo)157. Y es que esta

actividad económica ilegal se transformó, desde la década de 1940, en una empresa casi

paraestatal, como la define Andrade Bojorges, que ha dado origen a muchas “riquezas

inexplicables” entre la alta burocracia gubernamental, las cúpulas policiaco-militares, los

empresarios y los banqueros de este país. Es una cuestión de pragmatismo moral social

que parte de valoraciones concernientes a las ventajas comparativas: si es más rentable

vivir fuera del marco legal vigente que dentro de él, si es posible aprovechar las ventajas

de permanecer formalmente dentro de dicho marco y factualmente fuera de él, con todos

los riesgos que ello implica158.

Los “cárteles” estarían formados por individuos pertenecientes a varias categorías sociales,

personajes mayoritariamente surgidos de las clases subalternas que son ampliamente

conocidos y reconocidos en las regiones donde operan, simultáneamente percibidos como

sujetos temibles y reprochables, y como “empresarios” exitosos y hasta filántropos. El

fenómeno del narcotráfico se presentó con mayor fuerza en aquellas entidades, regiones y

localidades del país donde históricamente se crearon las condiciones sociales, económicas,

políticas y culturales que hicieron posible el “despegue” del negocio más rentable de

nuestro tiempo. Esto resulta particularmente cierto desde la década de 1990, cuando el

narcotráfico empezó a reproducirse, difundirse y diversificarse a la par, e incluso más

rápidamente, que la demanda de drogas en su mercado principal: Estados Unidos. Para el

grueso de la población, la estigmatización pública de que se hace objeto a los “narcos”

constituye una evidencia incontrovertible de la hipocresía y corrupción oficiales y de

ciertos grupos de la llamada “sociedad civil” (en su acepción gramsciana), quienes

históricamente han tolerado, solapado y aprovechado sus actividades delictivas durante

largo tiempo, acelerando el proceso de descrédito e ilegitimidad de las instituciones

gubernamentales y de la clase empresarial. Está demostrado que los principales

delincuentes son los policías, militares, políticos, banqueros y empresarios que protegen,

coordinan, financian y se asocian con los “cárteles”159. Este esquema de enriquecimiento

elitista se vio alterado con el ascenso de la élite empresarial al poder desde 1988.

Se modificaron los mecanismos de mediación entre las élites político-militares y

empresariales, y los grupos traficantes de drogas. El resquebrajamiento progresivo del

sistema hegemónico postrevolucionario, el avance de la oposición política y la alternancia

en el poder, crearon las condiciones que hicieron posible una creciente autonomía relativa

de los narcotraficantes respecto del poder político, militar y económico que controla al

Estado160. A partir del año 2000, la relación entre capos y élites se invirtió: todas las

antiguas reglas entre los narcotraficantes y los órganos de poder económico y político

están rotas. Los capos imponen su ley y dictan las reglas, los empresarios y banqueros

(propietarios de grandes consorcios) que legitiman sus ganancias son sus socios y los

funcionarios públicos (municipales, estatales y federales, del orden ejecutivo, legislativo y

judicial) son sus empleados, a quienes pagan por adelantado161. Esta anómala situación

sería el origen de las medidas de excepción que se han aplicado, al menos, desde 2005.

Medidas desesperadas de las élites políticas, militares y económicas para intentar

recuperar los mecanismos de contención y control relativo del negocio de las drogas,

cuyos beneficios habían disfrutado en exclusiva durante décadas162.Los cuerpos de

seguridad del Estado (policías, ejército y marina), con sus bien organizadas estructuras,

actúan como un “cártel” más en el país, ya sea al servicio de los grandes capos o bien

compitiendo directamente con ellos por el control de la producción y el tráfico de

drogas163.

México se ha convertido en un paraíso patrimonial para grupos mafiosos de delincuentes

de 12 naciones distintas, quienes compran bienes inmobiliarios y generan retornos

económicos a través de inversiones en ciertos sectores de la economía (construcción,

fideicomisos, químicos, educación, publicidad). Todo esto ha beneficiado enormemente a la

élite empresarial al crear flujos monetarios que incrementan sus tasas de ganancia. En

consecuencia, esta élite se rehúsa a frenar el narcotráfico y las actividades ilícitas ligadas a

él. En general, las élites mexicanas perciben que al desmantelar la “industria” del

narcotráfico, se caería la economía formal nacional. Esto ha dado lugar a lo que ya se

define como la “narcocracia” mexicana: en México, el gobierno real y efectivo es ejercido

por los grandes capos de los “cárteles” y sus socios empresariales y financieros, los políticos

y los órganos de gobierno son solo sus empleados164. A pesar de la “guerra contra el

narcotráfico”, con la complacencia y la complicidad de las autoridades de todos los niveles

(privadas, civiles, policiacas y militares) de México y Estados Unidos, la delincuencia

organizada ha convertido a México en una potencia mundial en producción, refinación,

distribución, venta y exportación de estupefacientes165. El objetivo de la guerra no era

acabar con el narcotráfico, sino eliminar al narcotráfico desorganizado, para dejar en

libertad de actuar a las grandes élites que manejan el tráfico de drogas a gran escala166.

Ante estas evidencias, es nuestra hipótesis que estamos asistiendo a un cambio histórico

importante. Visto desde la perspectiva inmediatista, el fenómeno aparece como la

“penetración” de los traficantes de drogas en el campo político nacional. Visto desde la

perspectiva histórica, se observa el fin de un régimen, de una relación estructural de

supeditación histórica167. Este cambio histórico parte de una premisa simple y demoledora:

los narcotraficantes no han logrado reflejar su poder económico (que resulta ya

hegemónico en la economía nacional e internacional) en un poder político equivalente168.

¿Acaso no es esta una premisa básica de los procesos revolucionarios burgueses? Estamos

presenciando el ascenso de un nuevo grupo elitista, un nuevo sector oligárquico burgués,

de origen subalterno o “plebeyo”, que por vías violentas e ilegales ha escalado posiciones

socioeconómicas y políticas hacia el control del aparato estatal. La situación no sería nueva

en la historia de México. Durante los 300 años de la colonia novohispana, se fueron

construyendo y consolidando grupos elitistas regionales que entraron en conflicto a raíz

de la aplicación de las políticas liberales moderadas expresadas en las llamadas “Reformas

Borbónicas”. Hacia principios del siglo XIX, las élites del Bajío, del Sur y del Noreste,

aliadas a los sectores medios liberales y radicales y a las clases subalternas inconformes,

iniciaron un conflicto (la Independencia) con las élites centrales conservadoras. Estas

élites provinciales y sus aliados serían derrotados por las fuerzas de la metrópoli, pero

compartirían el poder con sus antiguos rivales al consumarse la Independencia en 1821.

En el periodo histórico siguiente (conocido como “Periodo de Anarquía”), las dirigencias

insurgentes sobrevivientes, pertenecientes a sectores medios de claro origen “plebeyo”, se

aglutinaron en torno al Partido Liberal y fueron acumulando recursos e influencias

suficientes hasta que estuvieron en condiciones de disputar el poder estatal a las élites de

abolengo que lo detentaba. Esta confrontación (la Reforma y la Intervención Francesa) se

resolvió con un nuevo reacomodo elitista que debió incluir a la nueva élite “plebeya”

ascendente.

Una situación similar se dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando las

élites regionales del Norte invocaron una alianza con los sectores medios y las clases

subalternas inconformes en su confrontación con las élites centrales, esta vez dominadas

por elementos conservadores y sus asociados extranjeros. La nueva confrontación (la

Revolución) se resolvería con el ascenso de los sectores medios del Noroeste, también de

claro origen “plebeyo”, y el reacomodo de las élites en el poder con la inclusión de este

nuevo grupo arribista. Hacia la segunda mitad del siglo XX, el pacto elitista

postrevolucionario se habría roto con la confrontación entre la élite empresarial-financiera

y la élite burocrática político-militar que ejercía el gobierno. En esta confrontación

participaría activamente un sector medio de origen rural dedicado a la producción y el

tráfico de drogas. La intensidad del choque interelitista fragmentaría incluso a la élite

gobernante, debilitándola enormemente y posibilitando el acceso de la élite empresarial al

ejercicio del poder estatal. Esta confrontación entre las élites habría evidenciado fisuras

importantes en el bloque histórico (conforme a su definición gramsciana) en el poder,

haciendo posible la emergencia de estos nuevos sectores medios “plebeyos” contendientes

por el poder estatal. Esta es la etapa histórica en la que nos encontraríamos ahora.

Los datos aportados por diversos medios de información (compilados en su mayoría por

Flores Nández169) permiten construir una radiografía del conflicto a seis años de haber

iniciado:

A principios de 2012 se calculaba que en México había alrededor de 550 mil

narcotraficantes: 300 mil cultivan drogas, 50 mil son líderes en diferentes niveles y

rangos, y 200 mil son “operativos” (empacadores, transportistas, distribuidores,

vigilantes, sicarios o informantes). Se calculaba, además, que alrededor del 41% de los

“operativos” eran sicarios (soldados del narco), es decir, alrededor de 82 mil. Unos 80

mil niños y jóvenes realizarían funciones “operativas” para los narcotraficantes, de los

cuales unos 30 mil serían menores (de 10 a 17 años de edad).

En junio de 2012, el gobierno mexicano reportaba que 121 mil 500 narcotraficantes

habían sido capturados o abatidos por las fuerzas federales (incluyendo a 135 líderes y

lugartenientes, y a 17 altos mandos o capos), señalando que 1 de cada 3 de los detenidos

era un funcionario público coludido con los cárteles. También reportaban que alrededor

de 5 mil de los detenidos o abatidos eran sicarios. Las comisiones de defensa de

derechos humanos reportaban que el 35% de los detenidos eran menores de edad y que

el 99% del total de encarcelados no habían sido sentenciados hasta esa fecha: solo se han

consignado a 1300 personas por vínculos probados con el narcotráfico. La abrumadora

mayoría de los detenidos serían narcomenudistas, consumidores, empacadores,

transportistas, vigilantes, campesinos o inocentes.

Al 2 de enero de 2012, oficialmente se reconocía un saldo total de entre 49 mil 969 y 51

mil 918 muertos. Sin embargo, recuentos realizados por la prensa mexicana revelaron

que habrían muerto al menos 60 mil 420 personas. Incluso, en lo que se calificó como

un dislate, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panneta, afirmó el 27 de

marzo de 2012 que la cifra real ascendería a 150 mil muertos durante el sexenio de

Calderón. Más aún, el Presidente Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León,

Mauricio Fernández García, declaró en 2010 que es muy posible que el número real de

muertos en estos seis años ronde los 250 mil. Quizá por eso, el gobierno federal

corregiría sus cifras el 20 de agosto de 2012 y aceptaría, a través del INEGI, que el

conflicto ha ocasionado la muerte de 95 mil 632 personas en los últimos seis años.

Entre ellos, al menos, 150 activistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos,

periodistas, guerrilleros y políticos. Cabría destacar que se contabilizan, al menos, mil

500 niños muertos (aunque la cifra podría ascender a 4 mil) y 52 mil 500 niños

huérfanos. Además, organizaciones no gubernamentales reportan entre 10 mil y 20 mil

desaparecidos, unos 3 mil de ellos por razones políticas.

Al 12 de enero de 2012, se reportaba oficialmente que 831 municipios (el 33.8% de los 2

mil 456 municipios que hay en México) han sido afectados por la violencia de la guerra.

Sin embargo, datos extraoficiales señalan que los cárteles de narcotraficantes controlan

completamente 195 municipios y mantienen una creciente influencia en otros mil 500.

Por lo tanto, controlarían ya el 71% del territorio nacional y el resto estaría en disputa.

De las 32 entidades federativas del país, sólo Yucatán parece encontrarse libre del

control de los cárteles.

Al 13 de enero de 2012, organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos

humanos reportaban que alrededor de 9 mil 500 migrantes centroamericanos han sido

secuestrados y asesinados, en 20 estados del país, por los grupos operativos del

narcotráfico, durante su travesía hacia Estados Unidos a través de México. Algunas

incluso han denunciado el contubernio del gobierno federal, los gobiernos locales y las

autoridades migratorias estadounidenses en estos asesinatos masivos, auténticos

“progromos” o “razzias” fascistas. Diversos organismos no gubernamentales reportan

hasta 17 mil personas desaparecidas.

En abril de 2012, las agrupaciones nacionales de empresarios, industriales y

comerciantes han reportado que alrededor de 160 mil empresas han cerrado en las

zonas más conflictivas, que un enorme número de empresarios del Norte del país han

decidido emigrar al Centro de la República o al extranjero por temor a ser víctimas de

la violencia y que miles de familias productivas han emigrado al extranjero por la

creciente violencia. Además, una cantidad importante de inversionistas extranjeros se

han negado a realizar inversiones en el país por temor a que sus capitales y fondos se

mezclen con capitales “blanqueados” provenientes de actividades delictivas. Ese mismo

mes, investigaciones de organismos financieros privados reportaban que la guerra

contra el crimen organizado ha costado al país 467 mil millones de pesos, obligando a

las empresas mexicanas a destinar anualmente más de 8 millones de dólares a la

contratación de diversos servicios de seguridad privada. Recientemente, el pasado 4 de

mayo de 2012, la agencia estadounidense calificadora de inversiones, Standard & Poors

(dedicada a la evaluación periódica de riesgos para acciones y bonos de inversión,

fijando la solvencia de los mismos), determinó que la “guerra contra el crimen

organizado” generó a la economía mexicana una pérdida de alrededor de 150 mil

millones de pesos durante 2011 y que el incremento de la violencia en varias regiones

del país está deteniendo considerablemente el crecimiento y el desarrollo económico de

México.

El gobierno mexicano reportaba que, hasta el 12 de abril de 2012, 57 mil 871 soldados e

infantes de marina (casi el 23% del total de los militares) y alrededor de 25 mil agentes

policiacos federales, han sido desplegados contra el narco en 22 estados del país,

operando de manera conjunta en 7 estados (Veracruz, Colima, Oaxaca, Nayarit,

Chiapas, Guerrero y Puebla). Sin embargo, reportes independientes hablan de 90 mil

soldados que han sido movilizados (el 45% del total de las fuerzas armadas), junto a 15

mil infantes de marina y 35 mil policías militarizados federales. Los Operativos

Conjuntos ejecutados hasta ahora por las fuerzas federales son: Baja California

(Tijuana), Chihuahua (Ciudad Juárez), Frontera Sur (Istmo de Tehuantepec), Guerrero,

Michoacán, Sinaloa (Culiacán-Navolato), Triángulo Dorado (Chihuahua-Sinaloa-

Durango), Noreste (Nuevo León-Tamaulipas), Veracruz y Coahuila.

A finales de abril de 2012, organismos internacionales reportaron que en México

existen alrededor de 160 mil desplazados internos (algunas reportaban incluso una cifra

de 230 mil) por la violencia, principalmente en la macrorregión Norte (península de

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y

Sinaloa), en Michoacán y en Guerrero. Sin embargo, el “Movimiento por la Paz con

Justicia y Dignidad” reportó el 17 de septiembre de 2012 que, en realidad, entre el 2% y

el 3% de la población económicamente activa del país (entre 780 mil y 2 millones de

personas) se ha visto forzada a migrar debido a la guerra contra el narcotráfico.

2. ¿Es la “guerra contra el narcotráfico” una nueva guerra civil mexicana?

En su clásica obra ‘De la guerra’, el filósofo y militar alemán Carl von Clausewitz, afirma que la guerra es la continuación

de la política empleando otros medios. Estaba equivocado: la

guerra no es un medio, sino un fin que se disfraza de medio; la guerra no es un instrumento, sino que somos nosotros los

instrumentos de la guerra.

Gaston Bouthoul, El desafío de la guerra. 1977

En América Latina se han vivido muchas guerras

en el interior de las naciones. Pero estos conflictos han sido ignorados por los gobiernos respectivos, pues

su mera existencia cuestiona la legitimidad de su poder.

Raúl Sohr, Para entender la guerra. 1990

Las guerras expresan y transforman a las sociedades.

Gaston Bouthoul, El desafío de la guerra. 1977

En mayo de 2009, el escritor Carlos Montemayor consideraba que la sociedad mexicana se

encontraba ya en el preámbulo de una guerra civil enmascarada como una lucha contra la

delincuencia170. Esta idea de que la actual “guerra contra el crimen organizado” es, en

realidad, una guerra civil, comenzó a circular masivamente entre la sociedad mexicana con

motivo de los festejos por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la

Revolución, en 2010. El 6 de julio de ese año, la estación televisiva independiente por

internet, NoticiasDigital.Net, planteaba en su editorial la posibilidad de que estuviera por

estallar una guerra civil en México ante la virtual inexistencia del Estado y su incapacidad

para garantizar la seguridad pública (http://www.youtube.com/watch?v=CFpSbFowvPs).

Dos meses después, en el conocido programa de análisis político “Primer Plano”,

transmitido por la televisora Canal Once del IPN, un grupo de reconocidos analistas

F. El ‘Equipo Bourbaki’ es un grupo de investigadores de distintas nacionalidades, de distintas disciplinas, sin ánimo de lucro, sin jerarquías y que publican periódicamente de manera conjunta y anónima. El informe al que se hace referencia aquí fue elogiado por el historiador Eric Hobsbawm como una importante contribución a las Ciencias Sociales.

políticos definía ya la situación nacional como una auténtica guerra civil y planteaba la

necesidad de preparar a la población mexicana para vivir cotidianamente bajo esta nueva

situación (http://www.youtube.com/watch?v=XBIXK90kcJI).

Para 2011, la definición del conflicto nacional como ‘guerra civil’ se presentó de manera

casi oficial. En febrero de ese año, se hizo público el denominado “Informe BourbakiF sobre

la guerra del narco en México”, cuyo verdadero título es “El costo humano de la guerra

por la construcción del monopolio del narcotráfico en México (2008-2009)”. Este

documento interdisciplinario afirma ya de manera categórica que México se encuentra en

estado de guerra civil al menos desde 2008 y que el gobierno mexicano, siguiendo una

postura oficial que han mantenido todos los gobiernos mexicanos a lo largo de la historia,

considera a la guerra civil como “delincuencia” (http://equipobourbaki.blogspot.mx/ y

http://webiigg.sociales.uba.ar/revistacuadernosdemarte/nro1/InformeBourbaki.pdf).

El 12 de mayo de 2011, la socióloga Miriam Fracchia afirmó durante una entrevista para

la televisora TeleSur de Venezuela, basándose en dicho Informe, que en México se está

librando una guerra civil formal entre dos órdenes de poder: el estatal y el delictual

(http://multimedia.telesurtv.net/media/telesur.video.web/telesur-web/#!es/video/en-mexico-

ya-debe-hablarse-de-guerra-civil-sociologa/). Un mes después, el Instituto de Investigación de

Conflictos Internacionales (HIIK), dependiente del Instituto de Ciencias Políticas de la

Universidad de Heidelberg, Alemania, empleando el modelo de simulación de conflictos

KOSIMO, incluyó a México dentro de la categoría de “Países en Estado de Guerra Civil”,

siendo el único país del Continente Americano que mantiene una guerra interna de la más

alta intensidad (nivel 5, de acuerdo a su propia escala). En febrero de 2012, dicho Instituto

ratificó esta clasificación para el caso de México171. Poco antes, en enero de ese año, el

organismo internacional no gubernamental Human Rights Watch (HRW), afirmó que la

violencia vivida cotidianamente en los estados del Norte del país alcanza los niveles de una

guerra civil, según sus propios parámetros172. En abril de 2012, el empresario Alejandro

Martí, presidente de la organización civil México SOS, declaró públicamente que el país

vive una guerra civil: es “la peor época de nuestra historia desde la Revolución”173. En julio

de ese año, la prestigiada revista estadounidense “The New Yorker” publicó un texto del

periodista William Finnegan, en el que se afirma que México vive una guerra civil de baja

intensidad que se libra tanto en los pueblos como en las ciudades, y que nadie cree que el

gobierno mexicano esté ejerciendo su autoridad en el país174. Pero, ¿realmente existen

elementos que permitan calificar a la ‘guerra contra el crimen organizado’ como una

guerra civil? Algunos aspectos cualitativos así parecen indicarlo.

a) ¿Guerra civil entre élites?

Como ya hemos mencionado anteriormente, se ha documentado la estrecha relación entre

los grupos elitistas y los cárteles de narcotraficantes. No pocos analistas señalan el

contubernio que existe entre la élite política del PRI y los narcotraficantes de la frontera

Norte y del Golfo. Así mismo, se ha destacado la alianza existente entre la élite política del

PAN y los narcotraficantes del Occidente y del Pacífico. Además de los testimonios

escritos al respecto (algunos de los cuales han sido citados anteriormente), también es

posible visualizar esta situación de manera geográfica. Esta correlación geográfica

reforzaría la idea de que los cárteles del narcotráfico se han transformado en la

manifestación armada de élites regionales y sectoriales confrontadas, y de que, de manera

análoga, los partidos políticos se han transformado en la expresión política de nuevas

élites regionales emergentes, rivales entre sí, ligadas al tráfico de drogas. Se trata de un

claro proceso de criminalización de la política y de politización del crimen. Desde esta

perspectiva, y dadas las actuales circunstancias, sería lícito hablar de una guerra civil en

curso entre distintas facciones elitistas que involucraría tanto a las élites políticas,

empresariales y financieras que se fueron estableciendo en el aparato estatal desde la

década de 1940, como a las nuevas élites “plebeyas” de traficantes en ascenso:

Sobre este particular, Astorga resalta acertadamente que se observa un importante

incremento en los niveles de violencia relacionados con el narcotráfico, desde la década de

1990, precisamente en los estados donde la oposición política contraria al PRI se convirtió

en gobierno (ya fuera el PAN o el PRD). Coincidentemente, se trataba de estados

productores de drogas, con importantes rutas de tráfico y tránsito hacia las fronteras

(especialmente hacia la frontera Norte), con importantes centros de “lavado” de dinero (por

vía empresarial, comercial o turística) o con potenciales mercados de consumo de

estupefacientes, especialmente entre los jóvenes. Así mismo, señala que en aquellos casos

en los que el PRI recuperó el control político, como en Chihuahua, la violencia asociada al

narcotráfico se concentró en las regiones, localidades y municipios que permanecieron bajo

Mapas comparativos de la distribución política partidista y las áreas de influencia de los cárteles en el país a finales de 2011

el control de la oposición (como ha sido el caso de Ciudad Juárez, gobernada por el

PAN)175.

Resulta interesante el caso de las entidades federativas gobernadas por la fracción elitista

disidente, de signo nacionalista-estructuralista, que en 1988 aglutinó a los sectores

sociales medios inconformes y de “izquierda”, tanto urbanos como rurales, en el PRD.

Desde 2010 se vinculó abiertamente a este partido político con La Familia Michoacana,

grupo asociado al Cártel del Golfo176. Tras la fractura de este grupo del narco, se ha

relacionado al PRD con Los Caballeros Templarios, aliados del Cártel de Sinaloa177, lo cual

mostraría la “versatilidad” de esta facción elitista, aspirante al control del Estado, en sus

relaciones con las agrupaciones rivales de narcotraficantes. Esta percepción se vería

reforzada por el hecho de que el Distrito Federal, capital del país y sede de los Poderes

Federales, que ha sido gobernado por el PRD desde 1997, se ha convertido, junto con los

17 municipios del Estado de México que integran la llamada “área metropolitana”, en el

mayor “tianguis” de drogas, el gran “narcomercado” del país. Desde la década de 1980,

células de casi todos los cárteles del país (de Juárez, de Tijuana, del Milenio, del Golfo, de

Sinaloa, del Pacífico Sur, de La Familia Michoacana y de Los Zetas) y de algunos

colombianos (de Cali y del Valle Norte) conviven y mantienen activa presencia en la capital

y su zona conurbada, sujetos a una especie de pacto de tolerancia y no agresión, no

obstante que es la entidad federativa con la mayor fuerza pública del país (alrededor de

100 mil agentes locales y federales, además de los militares)178. Se calcula que en la capital

del país existen, al menos, 2011 puntos de venta de drogas al menudeo (las llamadas

“narcotienditas”), aunque algunos autores indican la existencia de hasta 4500 puntos fijos y

hasta 5500 puntos móviles de venta de drogas al menudeo179.

b) ¿Guerra de clases?

Otro aspecto que permitiría hablar de una guerra civil en curso, se relaciona con la

segmentación y polarización socioeconómica a la que está sometida la sociedad mexicana,

especialmente desde la segunda mitad de la década de 1970, y que se ha agudizado desde

2005.

En el ámbito rural, el control monopólico ejercido por las grandes transnacionales

agroindustriales sobre la producción agropecuaria y sobre las cadenas de comercialización

y distribución de los productos agrícolas, así como el desmantelamiento de las estructuras

ejidales de tenencia de la tierra para favorecer la generalización del latifundio y del

minifundio, han dejado sin posibilidad de obtener ingresos a gran parte de la población

rural del país. Algunos campesinos viven en el autoconsumo y la subsistencia, otros

migran hacia las grandes ciudades del país o hacia los Estados Unidos buscando alguna

posibilidad de vida digna, y otra porción creciente dedica su esfuerzo a la producción de

estupefacientes: su cultivo es muy rentable y la prohibición eleva las posibles ganancias, lo

que de cualquier manera apenas alcanza para completar los gastos familiares. Ya desde

mediados de la década de 1980, en la región Noroeste del país, se reclutaba a jóvenes de

colonias populares para la cosecha de amapola y de marihuana. A estos jóvenes “pizcadores”

de droga se les ofrecían de 4 a 5 mil pesos diarios (actualmente serían equivalentes a 350-

370 pesos diarios). La migración de jóvenes agricultores fue tal que varios poblados

quedaron habitados solo por mujeres, niños y ancianos180. Estas condiciones favorables de

vida para los jóvenes campesinos se han visto devaluadas conforme la “guerra” se fue

extendiendo.

En el ámbito urbano la situación no es mejor: las jóvenes generaciones carecen de los

satisfactores mínimos para una vida íntegra. Cada año, más de 120 mil aspirantes a la

educación media superior y más de 150 mil aspirantes a la educación superior, son

“rechazados” de las instituciones de educación pública181. De esta manera, alrededor del

60% de la población juvenil urbana del país, en edad escolar o productiva, ni estudia ni

trabaja (son los llamados “ninis”), y las únicas alternativas que ofrecen las autoridades del

país son los oficios y el comercio ambulante182. Adicionalmente, más de 15 millones de

personas económicamente activas se mantienen en la “economía informal” (trabajo

doméstico, comercio ambulante, servicios y oficios a destajo) y alrededor de 3 millones de

personas en condiciones de laborar se encuentran deseampleadas183. En cuanto a la

población económicamente activa que se encuentra laborando formalmente, el más

reciente análisis realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM indica

que los casi 6 millones y medio de trabajadores que ganan el salario mínimo, generan el

valor de su sueldo en sólo 9 minutos y lo que producen en el resto de su jornada laboral (7

horas con 51 minutos), se queda en las arcas del gobierno y de las empresas; por otra

parte, tienen que trabajar en promedio 20 horas para comprar una canasta básica de

alimentos184.

Ante esta realidad socioeconómica de falta de opciones de desarrollo integral para los

jóvenes de las clases subalternas urbanas y rurales, resulta perfectamente explicable que

sean susceptibles de ser reclutados como, jornaleros, empacadores, transportistas,

vigilantes, informantes, soldados-sicarios y asesinos a sueldo al servicio de las

organizaciones de narcotraficantes desde los 14 años de edad (hace 10 años, el

reclutamiento oscilaba entre los 25 o 30 años de edad)185. En el ámbito rural, buena parte

de los jóvenes campesinos han optado por cultivar amapola y marihuana: obtienen mejores

ingresos de esa manera. Para los campesinos que cultivan y cosechan amapola y

marihuana, se calcula que una hectárea de amapola produce, en promedio, alrededor de

medio kilogramo de goma de opio, con una inversión de 3 a 4 mil pesos y una ganancia

neta de 5 mil pesos. Cada hectárea puede sembrarse tres veces al año, lo que daría una

ganancia anual de unos 15 mil pesos por hectárea. Por regla, se siembran 4 hectáreas como

máximo, por lo que la ganancia anual máxima ascendería a 60 mil pesos. En general, los

campesinos se dedican seis meses al cultivo de drogas y los otros seis meses laboran como

jornaleros agrícolas en el Norte del país. Para sobrevivir durante la temporada de drogas,

siembran, además, frijol, maíz y hortalizas para autoconsumo186. En el ámbito urbano, los

jóvenes de las clases medias y populares han visto obstaculizado se acceso al trabajo y a la

educación, cancelándose las vías legales para ascender socioeconómicamente. Como

alternativa han encontrado al narcotráfico. Toma alrededor de tres meses pasar de

vendedor ambulante o lavador de autos, a informante o asesino a sueldo al servicio del

narco, ganando entre 2 mil y 5 mil pesos semanales para los informantes, y

aproximadamente 10 mil pesos semanales para quienes se empleen como sicarios187. La

diferencia abismal entre estas percepciones y las obtenidas en la economía formal o

informal es dramática. No sorprende que los centros de narcomenudeo sean “negocios” casi

familiares, atendidos por jóvenes “rechazados” de las universidades públicas y de los

empleos formales, amas de casa, personas de la tercera edad o desempleados188.

No deberían sorprendernos las manifestaciones de protesta de hombres y mujeres jóvenes,

con los rostros cubiertos, para exigir el retiro de las fuerzas armadas y policiacas de las

calles del país189: la confrontación del Estado con los narcotraficantes está acabando con su

única fuente de ingresos, con su única posibilidad de supervivencia. No debería

escandalizarnos que existan regiones del país donde los niños admiren a los

narcotraficantes y anhelen convertirse en sicarios, narcomenudistas o capos cuando sean

mayores190: esas son las únicas opciones que les quedan. No debería asustarnos que las

clases subalternas y los sectores medios, urbanos o rurales, se estén aliando con los

cárteles, dispuestos a empuñar las armas contra el Estado y las élites político-

empresariales: es una mezcla de rebeldía social, deseo de venganza y defensa radical de la

única forma de vida que les brinda posibilidades de progreso. Hombres y mujeres jóvenes

han tomado las armas para tratar de mejorar sus condiciones de vida, bajo las órdenes de

exitosos empresarios ilegales confrontados con un Estado corrupto, ineficiente y

autoritario191.

De la misma forma, la violencia social desatada por la guerra declarada por el Estado

contra las organizaciones delictivas organizadas (o contra aquellas que rivalizaban con el

cártel “consentido”) ha afectado también los intereses de los grupos elitistas empresariales

regionales: los secuestros contra miembros de estos sectores para cobrar millonarios

rescates, el pago de una especie de “impuesto” a los grupos criminales para evitar ser

“molestados”, los robos de sus productos y mercancías en las vías nacionales de

comunicación para surtir al mercado negro (controlado por los mismo grupos de narcos), la

competencia en desventaja que sostienen contra los productos de contrabando o de

elaboración “pirata” (manejados por los narcos), han ocasionado importantes descalabros

económicos a estas élites regionales, han extendido su descontento en contra del gobierno

federal y del grupo gobernante, y, sobre todo, han sembrado entre ellas el temor hacia la

violencia social ejercida en su contra por las clases subalternas a través de las estructuras

armadas del narcotráfico. La respuesta de los sectores elitistas ha ido subiendo de tono.

Inicialmente, algunos empresarios decidieron establecerse fuera de las zonas de conflicto e

incluso fuera del país192. Posteriormente, cuando la violencia comenzó a afectar a estos

sectores empresarios en sus negocios, en su seguridad personal y en la seguridad de sus

familias, pidieron la militarización de las zonas de conflicto e incluso exigieron la

aplicación de un toque de queda y la suspensión de las garantías individuales193. Cuando se

hizo patente la incompetencia gubernamental para afrontar la situación y garantizar su

seguridad, estas élites regionales, compuestas por comerciantes y empresarios, han

formado “comandos ciudadanos o blancos” (verdaderas “guardias blancas” formadas por

mercenarios) para enfrentar a los grupos criminales. Estos “comandos” ya operan en Baja

California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Estado de

México y Distrito Federal. Se trata básicamente de aplicar una “estrategia de espejo”:

hacer exactamente lo que el enemigo hace194. Quizá por eso se ha llevado adelante una

campaña de “limpieza social”: ejecuciones selectivas en contra de delincuentes comunes,

presuntos delincuentes, adictos, migrantes, estudiantes, disidentes, activistas, opositores y

personas de clase baja, realizadas por “comandos de la muerte” similares a la antigua

“Brigada Blanca”, financiados por el gobierno federal y las cúpulas empresariales, que

operan en zonas territoriales específicas. Se sabe que, por lo menos hasta 2009, estos

“comandos” operaban bajo las órdenes del Gral. Acosta Chaparro195.

Esta situación de polarización y tensión sociales complica el panorama. Por un lado, esta

nueva guerra civil mexicana tendría como protagonistas a varios grupos elitistas rivales,

tanto aquellos que ya se han establecido históricamente en el control del aparato estatal,

como aquellos que, provenientes de las clases subalternas, comienzan a ascender y

pretenden establecerse también en la dirección estatal. Por otro lado, también se está

desarrollando, subsumida en este conflicto interelitista, una confrontación entre clases y

sectores sociales de distintos niveles: las clases subalternas y sectores medios encuentran

en la violencia “delincuencial” un cauce para paliar (y aún detener) la presión

socioeconómica ejercida por las élites contra ellos y forzar vías de movilidad y ascenso

socioeconómico. Las clases dominantes y los sectores elitistas, por su parte, perciben la

amenaza que para el status quo establecido significan estas acciones “delincuenciales” de las

élites “plebeyas” emergentes y sus aliados subalternos, y responden ejerciendo la violencia

institucional del Estado, o la violencia particular avalada por el Estado, en defensa de su

dominio y de sus intereses socioeconómicos. Esta situación tampoco representaría una

novedad en la historia de México. Una situación similar se presentó durante la guerra de

Independencia, cuando las élites regionales del Bajío, del Noreste y del Sur, de origen

criollo, apelaron a la inconformidad de las clases subalternas y de los sectores medios para

enfrentarse a las élites hegemónicas del Centro, de origen hispano. Más tarde, durante la

Revolución, las élites regionales del Norte también apelarían a la inconformidad de las

clases subalternas y los sectores medios para enfrentar a las élites centrales hegemónicas

del Porfirismo.

c) La interpretación polemológica

Si bien todos los datos cualitativos anteriores muestran ciertos rasgos que justificarían el

empleo del término “guerra civil” para referirse a la actual situación de violencia en

México; también es cierto que, desde la perspectiva científica, los rasgos cualitativos no

bastan para expresar con certeza la realidad de un fenómeno, porque se trataría de

argumentos fundados en interpretaciones y opiniones, fácilmente cuestionables y

rebatibles. A fin de dar mayor solidez a la afirmación de que actualmente México se

encuentra en estado de guerra civil, es necesario abordar el fenómeno desde un ángulo

cuantitativo. Para este propósito resulta particularmente útil la Polemología, en su calidad

de sociología de la guerra y de la paz. La Polemología (del griego πολέμοσ: conflicto; λόγοσ:

estudio), es una de las ramas más recientes de la Sociología y de la Ciencia Política.

Fundada en 1945 por el sociólogo y politólogo francés Gastón Bouthoul, también

fundador del Instituto Francés de Polemología en 1948, se trata de una disciplina

multidisciplinaria que estudia tanto los factores llamados polemógenos para aproximarse

sociológicamente al fenómeno de la guerra, como las eventuales correlaciones entre las

explosiones de violencia social y fenómenos históricos recurrentes, ya sean económicos,

culturales, psicológicos o, sobre todo, demográficos. Hace una labor de recuento,

observación, análisis e interpretación de los conflictos violentos como manifestaciones de

la agresividad social196.

La Polemología emplea una metodología que consta de dos etapas. La primera consiste en

un cuestionario de análisis cifrado que consta de una parte descriptiva [identificación del

conflicto, localización precisa en el espacio y el tiempo, ubicación dentro de una

periodicidad detectada, identificación de los grupos antagonistas, intensidad del conflicto

(poblaciones involucradas, combatientes, muertos), morfología del conflicto (evolución,

etapas), resultados observables del conflicto] y otra interpretativa [dimensión o escala del

conflicto, motivaciones del conflicto (causas y funciones), secuencia del conflicto, alcances

y/o consecuencias del conflicto (internas y externas), clasificación tipológica del conflicto,

perspectiva y prospectiva del conflicto (su porvenir)]. Los resultados de este cuestionario,

aplicado a cada conflicto, se someten a un tratamiento estadístico para obtener

correlaciones cuantitativas. La segunda etapa es una interpretación polemológica de los

datos aportados por el cuestionario de análisis197. Partiendo de la idea de que los conflictos

armados internos (guerras civiles y revoluciones) son tan importantes como los conflictos

armados externos (guerras extranjeras) y que ambos suelen interrelacionarse, la

Polemología clasifica a los conflictos violentos según ciertas dimensiones. Emplea seis

criterios cuantitativos básicos para distinguir entre microconflictos, o conflictos menores, y

macroconflictos, o conflictos mayores: involucramiento de más de un Estado, afectación de

un espacio mayor al de una provincia o una capital, afectación de una población

considerable, duración mayor de un año, intensidad superior a mil muertos, generación de

resultados internos importantes (secesión o cambio de régimen), generación de

consecuencias internacionales importantes (anexión, independencia, protectorado o

balcanización, nacimiento o desaparición de un Estado). Dentro de la categoría de los

macroconflictos se encuentran: guerras extranjeras, guerras civiles, ocupaciones por la

fuerza, penetraciones militares, revoluciones, sublevaciones e insurrecciones, genocidios y

disturbios violentos de gran alcance198.

Bajo estos criterios, entre 1740 y 1990, se habrían presentado 7 macroconflictos en

México:

Guerra de Independencia (1810-1821), afectando a una población total de 25 millones de

personas, con alrededor de 250 mil combatientes y aproximadamente 300 mil muertos.

Invasión Estadounidense (1846-1849), afectando a una población total de 30 millones de

personas, con alrededor de 30 mil combatientes y aproximadamente 17 mil muertos.

Guerra de Reforma (1858-1861), afectando a una población total de 9 millones de personas, con

alrededor de 40 mil combatientes y aproximadamente 12 mil muertos.

Intervención Francesa (1862-1867), afectando a una población total de 45 millones de

personas, con alrededor de 200 mil combatientes y aproximadamente 20 mil muertos.

Revolución Mexicana (1910-1920), afectando a una población total de 30 millones de personas,

con alrededor de 560 mil combatientes y aproximadamente 3 millones de muertos.

Guerra Cristera (1926-1929), afectando a una población total de 35 millones de personas, con

alrededor de 110 mil combatientes y aproximadamente 250 mil muertos.

Guerra “Sucia” Contrainsurgente (1962-1982), afectando a una población total de 48 millones

de personas, con alrededor de 180 mil combatientes y aproximadamente 26 mil muertos.

En los dos últimos casos, si bien no puede hablarse de un cambio de régimen, si puede

decirse que estos conflictos originaron importantes procesos de desplazamiento al interior

de la élite hegemónica gobernante. La Guerra Cristera aceleró el ascenso de las élites del

Centro del país y el desplazamiento de las élites del Noroeste que ejercían el gobierno, así

como la incorporación subordinada y corporativa de las clases subalternas a la maquinaria

estatal. La Guerra “Sucia” aceleró el ascenso de las élites empresariales del Noreste y del

Bajío, con el consiguiente desplazamiento de las élites burocráticas del Centro y del Golfo

que controlaban al aparato estatal, y el rompimiento del pacto corporativo con las clases

subalternas al imponerse el proyecto neoliberal de la “globalización”. Es igualmente

importante aclarar que los datos numéricos reportados para cada conflicto son

estimaciones realizadas a partir de datos aportados por historiadores, periodistas

especializados, agencias internacionales y nacionales, así como organismos no

gubernamentales.

Bajo los parámetros establecidos por la Polemología, resultaría completamente justificado

hablar de un nuevo macroconflicto en territorio mexicano, iniciado a finales de 2006

(aunque con importantes antecedentes desde mediados de 2005 con el operativo “México

Seguro”), afectando a una población total de poco más de 113 millones de personas, con

alrededor de 110 mil combatientes (atendiendo a las cifras más conservadoras) y

aproximadamente 95 mil muertos. En este nuevo macroconflicto interno mexicano, la

intervención de Estados extranjeros ha sido patente, especialmente en el caso de Estados

Unidos, cuyo gobierno impulsó el establecimiento de un acuerdo de seguridad compartida

(la “Iniciativa Mérida”) al margen de los mecanismos de regulación estatal, con lo cual

interfiere directamente y de manera ilegítima en los lineamientos de la estrategia

gubernamental para encarar el conflicto.

Cabe señalar que la misma Polemología acepta la dificultad de analizar un conflicto en

curso. Por una parte, una guerra no concluida no puede ser estudiada científicamente

puesto que aún no ha mostrado su auténtico alcance ni su resultado final; sin embrago, por

otra parte, desde el momento en que ha detonado un fenómeno conflictual de importancia,

los grupos y regiones implicados se transforman en objeto de estudio de la Polemología,

por lo que resulta imposible apartarlo de su campo de visión199.

d) La perspectiva de la “larga duración”

En su texto de 1989, Gilberto Argüello relaciona los macroconflictos mexicanos con las

‘fluctuaciones’ de desarrollo de la economía mundial, sintonizando directamente con las

propuestas de la Escuela de los Annales. Esta corriente de análisis e interpretación histórica,

en especial con los trabajos de Fernand Braudel, propone una redefinición del concepto de

‘tiempo histórico’. El ‘tiempo histórico’ no sería lo mismo que el ‘tiempo cronológico’, pues se

refiere al tiempo que viven los individuos, al de su organización social y económica. A

partir de esta premisa, se propone una compleja articulación de duraciones que define al

‘tiempo histórico’.

En primer lugar, encontramos la Corta Duración, perteneciente a los ‘acontecimientos o

sucesos’ de duración efímera, equivalentes a la duración de vida de un hombre. Se trata de

los eventos históricos más visibles pero menos significativos y es el enfoque temporal más

habitual. Por encima de este nivel, encontramos la Duración Media, correspondiente a las

‘coyunturas’, es decir, a las cadenas o sucesiones de acontecimientos que generan cambios o

modificaciones drásticas y, por lo tanto, perceptibles. Su duración puede ser de varias

décadas y se encuentra íntimamente relacionada con la noción de ‘sucesión histórica’. Para

analizar este nivel de duración es preciso considerar los tres componentes de una

estructura social (formación económica, formación política y formación ideológica o

cultural). De estos análisis se ha deducido la existencia de ‘ciclos históricos’ económicos,

políticos y sociales. Por encima de todo esto se encuentra el nivel de la Larga Duración,

referente a las ‘estructuras’, es decir, a las formas que adopta el entramado de relaciones

sistemáticas interpersonales que vinculan a los miembros de una determinada comunidad

en un espacio determinado, aunque no se encuentren en contacto directo. Las ‘estructuras’

son la parte decisiva de la realidad histórico-social. Estas ‘estructuras’ presentan una

estabilidad muy grande que les confiere una cuasi inmovilidad, por lo que su duración es

de siglos. Las ‘estructuras’ determinan los periodos históricos y su configuración200.

Al nivel de la ‘Duración Media’, a lo largo del siglo XX se desarrolló el estudio de los ‘ciclos

económicos largos’, especialmente a partir de los trabajos de Nicolái Kondrátiev. Se trataría

de fluctuaciones cíclicas de largo plazo, con forma sinoidal, que se presentan regularmente

en la moderna economía mundial capitalista. La duración de cada ‘onda o ciclo largo’ varía

entre 47 y 60 años, durante los cuales se alterna un período de alto crecimiento, en el cual

las coyunturas de prosperidad son más marcadas y duraderas, con un período de

crecimiento relativamente lento, en el cual las crisis son más fuertes y las depresiones más

prolongadas. Las etapas de la revolución burguesa mexicana han coincidido con los

momentos de variación de las ondas Kondrátiev al final de las fases ascendentes o de auge

económico; en tanto que las intervenciones extranjeras han coincidido con las fases

descendentes o de depresión económica. Las grandes insurrecciones de las clases

subalternas (“Guerra Cristera” y “Guerra Sucia”) se han presentado preferentemente

durante las fases descendentes o depresivas201.

Es difícil ubicar al nuevo macroconflicto mexicano en esta óptica de la ‘Duración Media’. La

dificultad estriba en el debate que aún se mantiene acerca de la existencia o inexistencia de

un quinto ciclo Kondrátiev, que habría iniciado alrededor del año 2000. Suponiendo que tal

ciclo se haya iniciado, estaríamos hablando de un macroconflicto que transcurre en una

fase de ascenso, lo cual coincidiría con una posible nueva fase de la revolución burguesa en

México.

e) La perspectiva geohistórica

Otra innovación propuesta por la Escuela de los Annales es la Geohistoria. Se trataría del

estudio de la dinámica entre las sociedades y la estructura geográfica que las sustentan, y

permite explicar comportamientos sociales de ‘Larga Duración’ o de ‘coyuntura’ a partir de

la influencia geográfica sobre distintos aspectos de la sociedad, como su economía,

demografía, costumbres, etc. De esta forma, la Geografía se transforma en una especie de

‘tiempo geográfico’: el espacio obedece también a ‘ciclos largos’ que influyen directamente

sobre la organización de los territorios. En este sentido, la Geohistoria (o geografía de

‘Larga Duración’) sirve no sólo de marco, sino también de hilo conductor al ‘tiempo social’

(el de los pueblos y Estados) y al ‘tiempo individual’ (el de los hombres que conforman las

sociedades). En esta perspectiva, el objetivo es entender la organización de los territorios

en el transcurso de la historia, haciendo hincapié en los momentos de crisis que revelan la

vulnerabilidad y las fallas internas de la sociedad, causan rupturas, favorecen la expresión

territorial de las injusticias sociales, transforman las relaciones entre la sociedad y el

ambiente202. Bajo esta perspectiva geohistórica, resulta de enorme interés comprobar que

existe una diferencia notable en los efectos del conflicto sobre las sociedades de las

distintas regiones geohistóricas. Desde el inicio mismo del conflicto, las sociedades de la

macrorregión norteña han sido mucho más vulnerables a los efectos desarticuladores y

socialmente disolventes de la guerra. Ello se debe quizá a la evolución histórica de estas

colectividades.

Desde la segunda mitad del siglo XVI, el proceso de conquista y colonización de esta

extensa macrorregión corrió a cargo de agricultores, ganaderos, mineros y militares,

españoles y criollos en su mayoría, además de algunos núcleos de campesinos indígenas

purépechas, otomíes y tlaxcaltecas de las regiones centrales. Descendientes de migrantes,

aislados, poco numerosos, en permanente guerra contra los chichimecas nómadas locales y

frente a una naturaleza hostil, estos hombres se acostumbraron a construir y defender por

sí mismos, todos los días, sus propiedades y su sociedad, porque allí no había ‘indios de

paz’ que trabajaran por ellos ni instituciones a las que recurrir. Adquirieron características

particulares que los diferenciaban de los pobladores de la macrorrregión central. Su

economía se hizo autosuficiente y sus formas de gobierno, autarquícas203. Se constituyó así

una cultura muy particular, ranchera primero e industrial después, más egoísta, menos

creyente y tradicional, más militarizada y, en general, mucho más independiente e

individualista, mucho más favorable al proceso de formación del mercado interno

capitalista204. Naturalmente, la violencia social impacta con mayor fuerza en estas

sociedades individualistas atomizadas: la debilidad de las redes sociales de solidaridad y el

predominio del beneficio personal deja a los individuos expuestos en soledad a la acción de

los elementos diluyentes de los vínculos sociales. Así ocurrió durante la Revolución,

proceso histórico desarrollado fundamentalmente en el Norte. Así está ocurriendo ahora.

Es evidente que las principales acciones de guerra han estado afectando hondamente a las

comunidades norteñas y que las principales “batallas” se han librado en esta región.

Macrorregiones geohistóricas según Aguirre Rojas (2006) Distribución geográfica de muertos en la narcoguerra (2011)

Existen, sin embargo, firmes evidencias de que el conflicto ha comenzado a desplazarse

hacia las macrorregiones centrales y sureñas205, en cuyo caso, es previsible una

prolongación de la guerra en el tiempo y en el espacio, así como un notable incremento en

su intensidad. Es posible hacer estas afirmaciones considerando la naturaleza geohistórica

de estas dos macrorregiones del país. El signo característico de la macrorregión central es

el mestizaje en todos los niveles: socioeconómico, biológico y cultural. Se trata de la región

más compleja, barroca y sofisticada, como fruto del mestizaje, lo que complica hasta el

extremo las formas de expresión política, social, artística, cotidiana y discursiva de los

habitantes de esta zona. Esta macrorregión, en virtud de su alta estabilidad sociopolítica,

ha logrado hegemonizar, en general, el proceso de la construcción de la nación mexicana,

lo que ha obligado al resto del país a gravitar en torno a este México central. De esta

manera, siendo la zona con más alto desarrollo económico, cultural, político y social, el

Centro del país se ha afirmado históricamente como el eje tradicional y como el punto de

partida obligado de los incipientes y dispares desarrollos de las otras macrorregiones206.

Resulta entonces imaginable una importante resistencia de estas poblaciones a someterse a

la lógica y los efectos de la guerra, lo cual les haría perder su posición históricamente

hegemónica. En cuanto a la macrorregión sureña, la zona más inaccesible de Mesoamérica,

sus poblaciones permanecieron prácticamente aisladas debido a la ausencia de vías de

comunicación transitables y, por ello, mantuvieron su independencia y autonomía durante

mucho tiempo. Hasta hoy, se trata de una región predominantemente indígena y

permanentemente rebelde frente al mestizaje, a la transculturización y a la imposición de

proyectos de dominio. Un México cuyas poblaciones aún preservan y mantienen un fuerte

sentido de pertenencia comunitaria207. Estas características hacen prever que la aplicación

de la lógica bélica en la zona encontrará aún mayor resistencia, los efectos disolventes de

la violencia encontrarán una fuerte oposición, incluso armada, basada en los seculares

lazos de unión colectiva.

Distribución geográfica de desplazados por la narcoguerra (2011)

f) México 2012: un país en guerra civil

Como hemos expuesto anteriormente, existen ciertos datos, ciertas interpretaciones y

ciertas tendencias que permiten suponer que, desde 2006, México estaría viviendo una

nueva guerra civil entre sectores elitistas, algunos ya consolidados y disputándose el

control del aparato estatal, y otros de origen subalterno y en ascenso, buscando abrirse un

nicho en la capa elitista de la sociedad mexicana. Debajo de este conflicto elitista, se estaría

desarrollando una guerra social entre las clases dominantes y las clases subalternas por el

reparto social de las ganancias derivadas de la única actividad económica que está

generando una riqueza importante: la producción y el tráfico de estupefacientes. Este

conflicto de doble matriz indudablemente tendrá importantes efectos internos y externos

en los años venideros. Con respecto a estos posibles efectos, existen datos que apuntan

hacia un origen completamente externo de la actual ‘guerra contra el crimen organizado’

en México.

3. Las sinrazones de la irracional guerra en México

Los asuntos militares no son una ciencia oculta. Las guerras tienen mucho de azar pero poco de

casualidad. Pueden no ser coherentes, pero son, sin duda, explicables.

Raúl Sohr, Para entender la guerra. 1990

Las guerras no deberían narrarse de manera diferente a los latrocinios: breve y escuetamente,

sin alabanza alguna, detestándolas.

Juan Luis Vives, De concordia et discordia in humano genere. 1529

Toda guerra es un engaño.

Sun Tzu, El Arte de la Guerra. 500 a. C.

¿Era necesaria una guerra contra el crimen organizado en México? Autores tan

comprometidos con las élites en el poder como Jorge G. Castañeda Gutman (Secretario de

Relaciones Exteriores entre 2000 y 2003) y Rubén Aguilar Valenzuela (Coordinador

General de la Secretaría Particular de la Presidencia entre 2002 y 2004) afirman que, si

atendemos a las motivaciones alegadas por el gobierno mexicano, la respuesta es un

rotundo “NO”. Ni la mayor disponibilidad de drogas para la juventud mexicana, ni el

incremento de la violencia generada por los grupos de narcotraficantes, ni la penetración

de los narcotraficantes en nuevas o más importantes esferas de la vida política nacional, ni

la pérdida de vigencia, control y poder del Estado sobre determinadas regiones del

territorio nacional, ni el incremento en la demanda de drogas en el mercado negro

estadounidense, explican la declaración de guerra emitida por el presidente Felipe

Calderón en diciembre de 2006, a once días de haber tomado posesión del cargo. Y no la

explican porque ninguno de estos factores mostraba en ese momento ningún indicador de

alarmante incremento con respecto a los datos históricos registrados. Al contrario. Todos

estos factores sufrieron un alza importante y amenazadora después del inicio de la

“guerra”.

Para estos autores la respuesta solo puede ser una: la motivación de la guerra era lograr la

legitimación sociopolítica que las urnas y las manifestaciones públicas le habían negado al

grupo gobernante en las controvertidas elecciones de julio de 2006, apenas cinco meses

antes del inicio del conflicto. De hecho, estos autores comparan la situación mexicana con

la de Colombia durante las décadas de 1980-2000 y concluyen algo que es vital para

entender este conflicto: en Colombia, la guerra contra el crimen organizado no afectó el

cultivo, ni a la producción, ni la exportación de coca, pero sí redujo dramáticamente las

actividades de los cárteles, las guerrillas y los grupos paramilitares privados. Los mismos

autores confiesan abiertamente que el “Plan Colombia” y la intervención de hasta mil 400

“asesores” estadounidenses no fueron un instrumento de combate al narcotráfico, sino un

esquema contrainsurgente208. Esta afirmación es compartida por el escritor Jorge Volpi:

“En 50 años de lucha frontal contra las drogas, ni un solo Estado ha sido capaz de ofrecer un saldo

positivo. La misma Colombia, que no cesa de publicitar sus éxitos, en realidad ha logrado

disminuir la violencia guerrillera, pero no la producción de estupefacientes”209. ¿Es esto lo que

está sucediendo en México? ¿Se está desarrollando en el país una guerra contrainsurgente

contra los grupos no estatales (elitistas o subalternos) que ejercen la violencia sin el aval

estatal? La respuesta es parcialmente afirmativa y parcialmente negativa.

La interpretación clásica supone que el Estado, en tanto organización que ejerce el

monopolio de la violencia legítima en un territorio dado, se encuentra de manera real y

efectiva en permanente estado de guerra contra los particulares que ejercen violencia para

sus propios fines. Sin embargo, es posible apreciar objetivamente que el Estado jamás ha

mostrado inclinación alguna a suprimir el crimen, sino sólo a resguardar su propio

monopolio criminal210. En realidad, el Estado moderno jamás ha entrado en conflicto con

la delincuencia (la violencia particular con fines particulares), sino que la administra y la

utiliza en provecho de las clases dominantes y de las élites hegemónicas. Es la excusa que

les permite administrar y explotar de manera extralegal su propia ilegalidad, fundamentar

su propio monopolio de la violencia y legitimar la existencia y el uso de sus cuerpos de

seguridad y represión. Además, les permite combatir los estallidos populares de violencia

rebelde que representan el verdadero peligro para las clases dominantes. La violencia

delincuencial es útil para la conservación de los códigos jurídicos sociales que persiguen y

sancionan al individuo cuando recurre a la violencia y la dirige contra el orden

imperante211. Por lo tanto, la ‘guerra contra la delincuencia organizada’ no tiene como

destinatarios a los delincuentes, ni amenaza sus actividades ilícitas. Entonces, ¿qué se

pretende? La respuesta es completamente amenazadora para la existencia misma del

Estado-Nación llamado México.

a) Narcotráfico y capitalismo

La producción y el tráfico de drogas han sido históricamente grandes negocios para las

élites dominantes. Desde la conquista del Imperio Inca, en el siglo XVI, los españoles

estimularon enormemente el consumo de hoja de coca entre los indígenas que trabajaban

en las minas de plata de Potosí, al sur de Bolivia. A mediados del siglo XVIII, 400

comerciantes españoles se enriquecían con el tráfico de coca. Cada año, 100 mil cestos, con

un millón de kilogramos de hoja de coca, entraban a las minas. La mayor parte de los

ingresos de obispos, canónigos y demás ministros eclesiásticos de Cuzco provenía de los

diezmos sobre la coca. El mísero salario que percibían los mineros indígenas se destinaba a

la compra de hojas de coca antes que a la comida: masticando las hojas, podían soportar

mejor las mortales tareas de la mina, pero no vivían más allá de 10 años212. Cien años

después, los británicos iniciaron la conquista de la India, empresa que culminaría durante

la década de 1830. Durante el proceso, la East India Company desarrolló la producción

monopólica y a gran escala del opio en la India, para después generalizar su consumo entre

la población local. Incluso se pagaban los salarios de los obreros indios de la Company con

opio. En tanto, desde el siglo XVI China y Europa habían comenzado su intercambio

comercial marítimo, pero el gobierno imperial chino impuso a los europeos pesados

trámites y restricciones para la venta de sus productos, lo cual era muy desfavorable para

los comerciantes occidentales. España inició la venta de opio a los chinos, junto con tabaco

y maíz para equilibrar el déficit. En el siglo XVIII, los británicos siguieron el ejemplo de

España: vendían a los chinos el opio que se cultivaba en la India. Para el siglo XIX, la

hacienda imperial china tenía un fuerte déficit debido a este comercio (los chinos gastaban

dos terceras partes de sus ingresos en mantener su adicción) y el número de chinos adictos

era ya un grave problema de salud pública. En 1829, el gobierno imperial chino prohibió el

consumo de opio, pero la droga comenzó a circular clandestinamente. Una década después,

las autoridades chinas destruían los cargamentos de opio en sus puertos. En respuesta,

Gran Bretaña, Portugal, Estados Unidos, Francia y Alemania declararon la guerra a

China, la derrotaron y la obligaron a abrir su mercado interno a los productos occidentales

sin control alguno. Para entonces, el tráfico de opio reportaba a los comerciantes

británicos ganancias anuales cercanas al 400 por ciento213. De acuerdo a algunos informes,

hacia la década de 1950, Gran Bretaña aún mantenía el control mundial en el tráfico y

comercio de enervantes, pero ya manifestaba cierta “molestia” por la competencia que

representaban las bandas de traficantes mexicanos, gracias al apoyo extraoficial que

recibían del gobierno de Estados Unidos214.

Como ya se ha narrado anteriormente, más o menos desde esa época, la producción y el

comercio de drogas en América, especialmente de cocaína, han sido usados y controlados

por las agencias de seguridad de los Estados Unidos con el fin de financiar sus operaciones

“negras” o ilegales en contra de gobiernos que le son adversos en la región. Pero no solo

eso. Los principales bancos y empresas financieras estadounidenses, entre ellos Wells

Fargo, Bank of America, Citigroup, American Express y Western Unión, han lucrado durante

años con el ‘lavado’ de fondos provenientes del narcotráfico. Entre 2004 y 2007,

únicamente Wells Fargo ‘lavó’ más de 378 mil millones de dólares en ganancias de la

droga215. Mediante estos mecanismos, el narcotráfico se inserta en la economía mundial,

cada vez más ‘globalizada’ e interdependiente. Aprovecha sus posibilidades y recursos, sus

mecanismos e instrumentos. Obtiene de ella las condiciones de su rentabilidad y

acumulación a través del ‘lavado’ de dólares, las reinversiones ilícitas y las nuevas

inversiones en la economía formal. Se integra en ella al punto de confundirse. Se vuelve a

la vez factor, componente y resultado de sus estructuras y procesos, de su existencia y

desarrollo. Al mismo tiempo, la transnacionalización del narcotráfico produce una

narcoeconomía, una narcosociedad, una narcocultura y una narcopolítica, que gradualmente se

van implantando en las sociedades, en los grupos gobernantes y en el aparato estatal. Los

beneficios del narcotráfico constituyen enclaves económicos semejantes a los que

anteriormente se han desarrollado en torno a la explotación minera del oro y la plata, a la

producción agrícola del café y del azúcar o a la extracción del gas y del petróleo216.

Se calcula que las actividades del llamado “crimen organizado transnacional” (narcotráfico,

extorsión, tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de especies, robo, contrabando,

falsificación, ‘piratería’, etc.) generan ganancias de alrededor de 2.1 billones de dólares al

año y el 70% de ese dinero pasa a las redes económicas lícitas y formales217 a través de los

mecanismos de ‘lavado’ de dinero que realizan las grandes instituciones bancarias del

mundo. Se estima que los cárteles mexicanos ‘lavan’ más de 2 billones de pesos al año

provenientes únicamente de la venta de drogas en Estados Unidos, cifra que es 135 veces

mayor al total de los recursos que ese país ha destinado a la ‘Iniciativa Mérida’. Si los siete

cárteles mayores en México se beneficiaran equitativamente, cada uno habría ganado 5.6

mil millones de pesos anuales, cantidad que es 9 veces mayor a las ganancias netas

reportadas por la empresa legal más exitosa de América Latina: Grupo Carso, propiedad del

mexicano Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo según la revista Forbes218 (no

obstante, reportes del Senado mexicano, publicados el 11 de octubre de 2012, señalan que,

en realidad, los narcotraficantes mexicanos habrían “lavado” anualmente más de 3 billones

de pesos en México y en Estados Unidos, lo que significaría que cada cártel es 15 veces

más rentable que el Grupo Carso219). Pero ni todos los cárteles ganan lo mismo ni estas

estimaciones de sus ganancias se acercan al total real.

Otra vertiente del gran negocio que significa la “guerra contra el crimen organizado” son

las empresas productoras de armas y municiones. En medio de la ‘guerra’, a mediados de

junio de 2007, el gobierno federal instituyó el Fideicomiso Público de Administración y Pago

de Equipo Militar. A la fecha, el Fideicomiso ha pagado más de 7 mil 100 millones de pesos,

por la compra y el mantenimiento de armamento y equipo militar, a empresas de Estados

Unidos, Bélgica, Alemania, República Checa, España, Italia, Brasil, Uruguay, Turquía,

Israel y Canadá, además de tres empresas radicada en México220. Esta cifra no incluye el

dinero desembolsado por los cárteles y por particulares para la compra de armas,

municiones, equipos y refacciones bélicas en el ‘mercado negro’ del tráfico de armas

internacional. Lo que sí se sabe es que los cárteles del Golfo y de los Zetas son, al menos

desde 2008, los mayores compradores de armamento a los traficantes internacionales a

través de las fronteras de Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, usando los mismos puntos por

los que se ‘exportan’ drogas hacia Estados Unidos. Los arsenales adquiridos viajan hacia el

sur por la ruta del Pacífico (desde Tijuana hasta las costas de Acapulco), por la ruta del

Centro (desde Ciudad Juárez, a través de Durango, hacia Morelia, Chilpancingo y Oaxaca),

por la ruta del Golfo (desde Ciudad Acuña, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, hacia

Veracruz y Tuxtla Gutiérrez) o por la ruta del Sur (hacia Tapachula, Motozintla, Balancán

y Ciudad Hidalgo)221.

El “crimen organizado” internacional genera una ganancia anual de más de 4 billones de

dólares222 y una parte significativa de este monto es para las cúpulas empresariales,

comerciales y financieras del mundo, especialmente las de Estados Unidos. Este flujo de

capital entra masivamente a las economías nacionales y a la economía internacional desde

los grandes consorcios empresariales por medio de transferencias y triangulaciones

financieras sofisticadas en las Bolsas de Valores de todo el mundo. Las facilidades para

ingresar el dinero obtenido de manera ilícita en la economía formal y legal vuelve al

narcotráfico un negocio perfecto223. El negocio de la “guerra contra el crimen organizado”

es un gran negocio para las grandes corporaciones transnacionales, sean empresas de

servicios, fabricantes de armas, inmobiliarias, bancos, financieras, aseguradoras, casas de

cambio, casinos o joyerías, y los grupos elitistas propietarios de estas corporaciones no

están interesados en que la situación de violencia social cambie224. Por lo tanto, resulta

evidente que el narcotráfico y sus actividades ilícitas ligadas son una importante fuente de

recursos para la economía capitalista en crisis desde, por lo menos, 2001. Difícilmente se

tomarán verdaderas acciones, ya no digamos para erradicarlo, sino simplemente para

contener sus efectos adversos en la sociedad. La extraordinaria tasa de ganancias derivada

del narcotráfico es motivo suficiente para que las élites hagan hasta lo imposible por

mantener su control sobre estas actividades. En el actual contexto de crisis estructural

capitalista a escala mundial, uno de los conflictos sociales permanentes se presenta por el

control y disfrute de estas ganancias del narcotráfico: los ciudadanos de los países

productores (todos ellos ubicados en el Tercer Mundo) frente a las grandes corporaciones

transnacionales (todas ellas provenientes del Primer Mundo). A esto respondería, en gran

medida, la estrategia de militarización y paramilitarización de las sociedades de los países

productores de drogas.

b) Narcotráfico: ¿excusa para la intervención extranjera?

Las élites dominantes en Estados Unidos jamás han renunciado a su intención de anexarse

territorios mexicanos estratégicamente importantes. Esta tendencia histórica inició desde

finales del siglo XVIII, prácticamente al iniciar la vida independiente de los Estados

Unidos de América. Gastón García Cantú hace un recuento de 285 acciones de agresión

política, económica y militar de los gobiernos estadounidenses contra México entre 1799 y

1918225. A este recuento habría que añadir los ‘Tratados de Bucareli’ (1923), la participación

de la fuerza aérea estadounidense al lado del gobierno mexicano durante las rebeliones

militares Delahuertista (1923-1924) y Escobarista (1929), el embargo y boicot económico

contra la plata y el petróleo mexicanos como represalia por la Expropiación Petrolera

(1938-1941), la activa presencia de agentes estadounidenses durante la llamada ‘Guerra

Sucia’ (1962-1982), el ‘Tratado de Libre Comercio de América del Norte’ (TLCN) (1992), el

‘Plan Puebla-Panamá’ o ‘Plan Mesoamericano’ (2001), la ‘Alianza para la Seguridad y la

Prosperidad de América del Norte’ (ASPAN) (2005) y la ‘Iniciativa Mérida’ (2008). No existe

acontecimiento importante en la historia nacional mexicana en el que Estados Unidos no

haya estado involucrado negativamente a través de su arbitraria y prepotente intervención

diplomática, económica, militar y de inteligencia226. Todo el proceso del crecimiento

capitalista estadounidense puede verse, en sus consecuencias externas, en la historia de

nuestro país. Hemos crecido como Nación según las respuestas que hemos dado al desafío

que implica nuestra vecindad con Estados Unidos. Ningún conflicto nacional ha sido

exclusivamente interior: siempre se ha presentado “el auxilio” de Estados Unidos. Por ello

hemos sido, incluso ahora, el país más agraviado por los estadounidenses. La experiencia

del pasado nos ha legado dos posiciones antagónicas al respecto: la que afirma que nuestra

sobrevivencia nacional depende del acatamiento de cuanto nos demandan los Estados

Unidos, y la que rechaza radicalmente toda forma de intervención estadounidense en

nuestros asuntos internos227.

Bajo estas premisas, la “guerra contra el crimen organizado” en México sería una guerra

inducida y tolerada por el aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos, como parte

de una nueva estrategia de desestabilización, con el fin de obtener el control directo y

permanente sobre alguna o algunas porciones estratégicas del territorio nacional,

neutralizar cualquier proyecto sociopolítico alternativo y favorecer su propia economía.

Esta es la idea que ha ido cobrando forma y solidez entre círculos periodísticos,

intelectuales, académicos y militares del país: la “guerra contra el crimen organizado” sería

la actual fase de intervención estadounidense en México, de acuerdo a la agenda militar

global de la Casa Blanca definida por el Pentágono desde 2001228, bajo la lógica de una

desestabilización encubierta, con la finalidad de propiciar una ‘balcanización’G territorial,

parcial o total, de México. En diciembre de 2006, para justificar la militarización del país

como vía para profundizar el plan de reordenamiento territorial de facto, contenido en el

‘Plan Puebla-Panamá’ (2001) y en la ‘Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América

del Norte’ (2005), Felipe Calderón y sus patrocinadores en Washington habrían iniciado la

“guerra contra el crimen organizado”. Una planificada guerra de distracción que habría

permitido desviar la atención pública de la captura de territorios y recursos estratégicos

mexicanos por parte de Estados Unidos, a través de varios megaproyectos y de la

integración energética transfronteriza ya en curso, siguiendo el esquema de un nuevo

reordenamiento territorial en el marco del establecimiento de un Estado policiaco-militar

en ciernes230. Y es que la franja fronteriza entre México y Estados Unidos ha sido definida

como un área clave para la generación e interconexión de electricidad y la exploración y

explotación, segura y eficiente, de hidrocarburos (petróleo de “aguas profundas” y gas,

incluyendo el llamado “gas shale”) y agua. Bajo esta perspectiva, estaríamos atestiguando

una violencia provocada cuyo fin es el desplazamiento forzado de la población y la

eventual ‘balcanización’ de esa porción del territorio nacional231. Otros especialistas, como

Edgardo Buscaglia, señalan que México podría caer en un proceso de ‘somalización’

masiva, es decir, el colapso del Estado-Nación, donde no existe gobierno alguno en

G. El concepto “balcanización” es usado generalmente para describir el proceso de fragmentación o división de una región o

Estado en territorios más pequeños que son, con frecuencia, mutuamente hostiles. Por extensión, el término se ha usado

también para describir los procesos de división de ciertas culturas en identidades separadas229

. Es en ambas acepciones

que se usa en este texto.

amplias porciones del territorio, imperando la violencia y las reglas de actores no estatales.

Desde esta perspectiva, los 982 territorios controlados por los cárteles en México parecen

ir en esta dirección232. A decir verdad, esta definición de la ‘guerra contra el crimen

organizado’ está plenamente justificada si consideramos sus antecedentes.

c) Los planes estadounidenses para México

En 1974, el gobierno de Estados Unidos desclasificó varios documentos militares y de

inteligencia hasta entonces desconocidos. Uno de estos fue un plan militar, conocido como

War Plan Green (o Plan Verde de Guerra). Este Plan fue aprobado por el Secretario de

Guerra estadounidense en 1919: Newton Diehl Baker. En él, Estados Unidos detallaba la

estrategia a usar para invadir y conquistar al país, así como para atacar y neutralizar al

ejército mexicano. El Plan detallaba cómo derrocar al gobierno, estimular la formación de

milicias locales y establecer gobernantes que fueran favorables a los intereses de

Washington233. Semejante proyecto era entendible en el contexto de la Primera Guerra

Mundial. Sobre todo si consideramos que ese año se instituyó un poderoso bloque de

empresarios estadounidenses de la banca, la minería y el petróleo con el fin de presionar

tanto a su gobierno como al mexicano directamente, pugnando por el pago de la deuda

externa mexicana y sus intereses, el pago a los extranjeros que hubiesen sufrido daños

durante la Revolución y la inaplicabilidad retroactiva del artículo 27 constitucional234. Lo

asombroso es que el proyecto jamás haya sido desechado.

En 1996, el ex Secretario de Defensa de Estados Unidos, Caspar Weinberger, publicó su

libro The Next War (La Próxima Guerra) donde, mediante análisis basados en simulacros

computarizados del ejército, alimentados con información estadística, aspectos políticos,

económicos, sociales y militares a disposición únicamente de altos funcionarios, se

proyectan futuros escenarios de guerra con varios países del mundo. Se trata, según su

autor, de meras evaluaciones sobre las posibles amenazas que Estados Unidos podría

enfrentar en un futuro no muy distante. Y entre estas amenazas señala a México como el

único país de América Latina que sería invadido dentro de los futuros escenarios de

conflicto que podría afrontar Estados Unidos, lo cual nos indica el grado de interés que

nuestros vecinos tienen sobre nuestro país. El capítulo 3 del libro describe la intervención

militar estadounidense:

México se encuentra seriamente afectado por una crisis institucional acompañada de una gran

corrupción y de la proliferación del narcotráfico. En este contexto ocurre el asesinato del Presidente

mexicano, Lorenzo Zapata, un “brillante” economista educado en Estados Unidos, a manos de los

cárteles del narcotráfico. Inmediatamente asciende al poder un carismático profesor universitario,

Eduardo Francisco Ruiz, educado por Jesuitas, que promueve reformas radicales, nacionaliza las

instituciones bancarias y aseguradoras, crítica la política de Washington y reprime violentamente a

sus opositores políticos, por lo que millones de mexicanos intentan huir por la frontera norte.

Simultáneamente, los cárteles mexicanos del narcotráfico abren dos frentes de batalla en Houston y

en San Diego. La CIA intenta una operación quirúrgica infiltrando un comando especial para

capturar a los altos capos mexicanos, pero la misión fracasa y los agentes son asesinados. En

respuesta, el nuevo gobierno mexicano permite y alienta un ataque masivo contra la embajada de

Estados Unidos en México. Recién entonces la CIA y la DEA hacen públicos sus informes que

relacionan al nuevo Presidente mexicano con los más poderosos capos del narcotráfico. Esto se

interpreta como una grave amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Por esta razón, el

Presidente y el Congreso de Estados Unidos autorizan la intervención militar en México para

reinstalar la democracia con un nuevo hombre honesto al frente. La invasión se hace con infantería

y artillería mecanizada a través de varios puntos: desde Fort Hood hacia Guadalajara, desde Fort

Lewis hacia Hermosillo y Culiacán, desde Fort Stewart hacia Tampico y Veracruz, desde Fort

Riley hacia Monterrey y Saltillo, desde Fort Sam Houston hacia el D.F. La ofensiva militar está

acompañada por el ataque marítimo contra Tampico y el bombardeo aéreo contra la base aérea de

Santa Lucía, en la zona metropolitana del D.F., así como una guerra psicológica para convencer a

la población de que la invasión estadounidense es buena para México. Los aviones de bombardeo

salen de las bases de Barksdale, Carswell y Vanderberg. En el curso de la invasión relámpago, el

Canciller mexicano, junto con un grupo de conspiradores formado por militares de élite, toman por

asalto la Residencia Oficial de Los Pinos haciendo huir al Presidente. El Canciller asume la

Presidencia interina y se comunica con el alto mando del Pentágono y con el Presidente

estadounidense solicitando su reconocimiento y legitimidad al gobierno provisional. La invasión

termina con un ataque demoledor a la facción rebelde del Ejército Mexicano que se concentra en la

Sierra de Zacatecas. Después de este hecho, el avance hacia el sur del territorio mexicano resulta

irrelevante, pues el nuevo gobierno convoca a elecciones democráticas. Sin embargo, previsoramente,

el gobierno de Estados Unidos instala una base naval en Tampico y una base militar en

Guanajuato235.

No deja de asombrar la capacidad de prospección del alto mando militar estadounidense:

desde 1996 ya se habían planteado al narcotráfico mexicano como un enemigo militar que

sería necesario combatir en el futuro. Huelgan los comentarios referentes a las similitudes

entre el escenario planteado por Weinberger y el actual panorama nacional. Precisamente

estas similitudes han hecho considerar a más de uno que desde finales del la década de

1990 fue elaborado un plan para detonar un conflicto “prediseñado” en México. Y existen

aún otros indicativos en este sentido.

En 1999 se publicó el libro America´s Man on Horseback. A Fable? (publicado en español con

el título El nuevo conquistador de México. ¿Una fábula?), del empresario y escritor

ultraconservador estadounidense Guy Odom. El autor toma como modelo la obra El

Príncipe de Niccolò Machiavelli (Maquiavelo), y se dirige a un futuro dictador de Estados

Unidos que, según sus cálculos, arribará al poder de ese país en algún momento entre los

años 2013 y 2029 para imponer orden en una nación arrasada por el delito, la decadencia y

la corrupción. Odom propone una serie de medidas y ofrece una serie de consejos a este

futuro personaje para que depure a Estados Unidos y logre edificar un auténtico Imperio

Estadounidense de alcance mundial. Una vez que el dictador estadounidense "arregle el

desorden" interno, Odom propone que consolide su poder a través de “guerras de

conquista” hacia el sur de su frontera. En primer lugar, expone sus justificaciones:

“En cierto punto la conquista se convertirá en una necesidad para usted, Señor Presidente, y no en

una opción. […] México nunca olvidó que perdió la guerra de 1846 con Estados Unidos. Siete

décadas después, […] Villa invadió Estados Unidos. […] México recuerda bien su derrota de 1846 a

manos de Estados Unidos, cuando el gobierno cedió casi la mitad de su territorio. Esa conquista de

México inauguró en la Unión Americana la primera Era de Conquistas. Además, la humillación

de la Expedición Punitiva estadounidense de 1916 encendió aún más el resentimiento de México

contra Estados Unidos. Tras eso, una y otra vez, el gobierno de México realizó represalias contra

los intereses económicos estadounidenses en su territorio. […] Y no terminó ahí. […] A partir de

1964, mexicanos tomaron parte en el juego más mortífero en Estados Unidos: robar, violar y matar

al gringo, para luego ponerse a salvo en México. Esto aumentó en 1988, cuando cientos, y luego

miles de mexicanos, se aventuraron en Estados Unidos, robando, violando y asesinando a

ciudadanos estadounidenses. […] Con el botín obtenido se sobornó a funcionarios mexicanos para

dejar que los malhechores vivieran en paz, y una y otra vez incursionaron en Estados Unidos y

volvieron a México. A decir verdad, ningún otro país representa para usted tal oportunidad para

crear un odio “justo” y un deseo “justo” entre los estadounidenses para vengarse. […] Antes de su

presidencia, estalló la anarquía y la lucha abierta entre clases en México, lanzando a nuestro país a

un fuego cruzado de caos económico y balas reales. […] En México, gigantescas reservas de petróleo,

gas, oro y plata son explotadas inadecuadamente, y millones de hectáreas de tierras fértiles yacen

ociosas. […] Estados Unidos no puede fallar en administrar mejor los recursos de México y mejorar

las condiciones de los mexicanos que no pertenecen a la élite. […] Los mexicanos que valoran el

empleo remunerado, el gobierno honesto y la educación de buen nivel, pero a quienes se les niegan las

tres cosas, le darán la bienvenida. Muchos mexicanos industriosos ansían y les encantaría la venta

de millones de hectáreas de tierras de los ejidos, propiedad del gobierno. Y no hay mejor modo de

recompensar a los veteranos de guerra estadounidenses que otorgándoles tierras en México.

Ciertamente, Señor Presidente, México es un espléndido territorio nuevo para incorporarlo a

Estados Unidos de América”236.

Causa perplejidad el lenguaje usado por Odom para justificar la futura invasión

estadounidense a nuestro país. Sus palabras son muy semejantes a las empleadas en el

siglo XIX por los promotores de la guerra para justificar la invasión de 1846-1849 a

México. Luego de justificarse, Odom da consejos al futuro dictador estadounidense para

realizar la invasión:

“Poco antes de la guerra con México, […] asegúrese de que todos los ciudadanos estadounidenses de

origen mexicano gocen de todos los beneficios de la nacionalidad estadounidense durante la guerra;

[…] permítales elegir, por escrito, a México o a Estados Unidos. Permita que aquellos que eligieron

a México se vayan al sur en paz. Pero quienes eligieron a Estados Unidos y luego se relacionen con

México serán considerados criminales de guerra de la clase más vil. […] Utilice la propaganda

para consolidar el apoyo popular antes y durante la guerra contra México. […] Ponga de su parte a

la opinión pública de Estados Unidos y del mundo, Señor Presidente. Use la espléndida y

alentadora palabra ‘misión’: la ‘misión’ de liberar a México, la ‘misión’ de emancipar a México, la

‘misión’ de civilizar a México. Demuestre a los estadounidenses que la guerra para liberar a

México producirá empleos para los estadounidenses, y también la admiración del mundo. […]

Disponga de los asuntos para que México parezca el agresor. Use propaganda para llamar a otros

pueblos civilizados y que tomen posición a favor de Estados Unidos y en contra de México –sus

operaciones de narcotráfico, su Estado policial, su lucha de clases–. Anticipe que, al principio, la

opinión del mundo se volcará en su contra. Seleccione al país que más vocifere sus denuncias de la

inminente guerra contra México y envilezca a su gobierno. Acuse a sus líderes de alentar

secretamente a México a entrar en guerra. […] Si la conquista se consuma con la suficiente rapidez,

la mayoría de los países asiáticos y europeos no serán demasiado estridentes en sus protestas.

Además, prometa a los demás países que Estados Unidos respetará sus inversiones y acuerdos

contractuales en México. Solicite del Congreso una declaración de guerra contra México. Si el

Congreso se retrasa, avance protegido por su declaración de guerra contra el crimen. Despliegue

tropas, blindados, aviones y misiles a lo largo de la frontera con México. Inicie maniobras navales

en el Caribe y el Pacífico. […] Luego de iniciada la guerra para liberar a México, algunos países

europeos podrían condenar a Estados Unidos como país agresor, e imponer sanciones económicas.

Movilice a intelectuales estadounidenses amistosos para que expresen su indignación ante el hecho

de que esos gobiernos prefieran a una horda de asesinos mexicanos que a Estados Unidos de

América, guardián del espíritu europeo.

[…] Puesto que usted ya cuenta con la experiencia, la estrategia y la táctica para terminar la

primera conquista, la de México, sólo me queda ofrecerle algunas sugerencias. Considere una

proporción de bajas de un soldado estadounidense por cada cien soldados mexicanos. Haga de esto

una verdadera guerra, y no la carnicería tecnológica que podría ser, preservando de este modo el

valor y la honra de las fuerzas armadas mexicanas, y permitiendo que la milicia estadounidense se

enorgullezca verdaderamente de sus victorias. Prevea el apoyo armado a México por parte de

voluntarios centro y sudamericanos, e incluso de otros países. Identifique la más alta concentración

de combatientes extranjeros y haga de estas zonas los más feroces campos de batalla. […] Transmita

al mundo un mensaje aún más severo. De haber injerencia de lugares ajenos a América, sea con

suministros de armas o con asesores militares (tal vez de China, Irán, Alemania, Japón, Rusia u

otro país), considere una demostración de la fuerza y decisión de Estados Unidos. Haga ver lo que

podría esperar a cualquier país que ignore la Doctrina Monroe. […] Seleccione un lugar rodeado de

desiertos, montañas o ambos, como la ciudad de Durango, […] y bórrelo de la faz del planeta con

armas nucleares. […] En caso de que la demostración nuclear no disuada a los países que violen la

Doctrina Monroe, seleccione a la más fuerte de las naciones oportunistas. Destruya su presencia

militar en América y devaste al país mismo. […] Luego de la conquista de México, y antes de que

nuestras tropas marchen victoriosamente por el país, prepare a la población mexicana para su

entrada. […] Luego de conquistar México, no tendrá que lidiar con más del 5% de su población, o

tal vez menos, pues muchos líderes tomarán sus malhabidas ganancias y huirán del país. Antes y

durante la conquista, este mismo 5% protestará contra usted y agitará al populacho para que

combata a sus tropas. Dado que el pueblo de México es valiente, muchos mexicanos escucharán las

exhortaciones nacionalistas y se le resistirán”237.

Resulta altamente aleccionador leer los pretextos que Estados Unidos emplearía para su

invasión: las operaciones del narcotráfico mexicano, la existencia de un Estado policial en

México y la encarnizada lucha de clases que se desataría en nuestro país. Así mismo, llama

poderosamente la atención que se aconseje al futuro gobierno estadounidense usar su

previa declaración de guerra contra el crimen como protección jurídica para la invasión.

Los paralelismos con la actual situación no dejan de ser inquietantes. A continuación,

Odom aconseja al futuro dictador estadounidense acerca de la administración de los

nuevos territorios conquistados:

“Asigne la administración general del país a un virrey estadounidense, pero entregue la

administración directa de México a los más aguerridos miembros de la clase media mexicana y a

los defensores idealistas más marginados. No confíe en los mexicanos que apoyaron a Estados

Unidos, pues con el tiempo se volverán contra usted. Durante un año mantenga la legislación

mexicana, pero establezca la ley estadounidense en México al primer aniversario de la conquista.

Ponga un nombre nuevo al territorio conquistado y vuelva a bautizar a los 32 estados. Seleccione

un lugar más conveniente y salubre para el Distrito Federal, y convierta a la antigua capital

mexicana en una espléndida ciudad histórica. […] Establezca el inglés estadounidense como lengua

oficial de este nuevo territorio; […] permita el uso personal del español, pero exija el inglés

estadounidense para todos los asuntos federales, estatales, municipales y civiles, incluyendo la

práctica de la educación y los negocios. […] Produzca una impresión permanente en los mexicanos

de todas las clases sociales. Obtenga rápidamente su atención con una demostración de poder fácil

de instrumentar, que no esté relacionada con confiscaciones de propiedades o expulsiones sumarias.

Suprima permanentemente todos los derechos civiles de aquellos que tengan ciertos apellidos

relacionados con el fraude y la corrupción; proscriba a todos los mexicanos con estos apellidos. Sin

excepción, prohíba la injerencia de estos apellidos en cualquier asunto del territorio, sea votar,

enseñar, tener cargos en el gobierno, tener empleos en el gobierno o en cualquier empresa que realice

negocios con el gobierno, y ejercer la abogacía. […] Considere ocupar a la gente del nuevo territorio

en buscar a los miles de narcotraficantes, a sus empleados y a los funcionarios que sobornaron,

cuando México era el mayor canal de contrabando de drogas ilegales hacia Estados Unidos.

Ofrezca copiosas recompensas y luego, con bombos, platillos y fanfarrias, entréguelas a quienes se las

hayan ganado. Luego de cuidadosas investigaciones, los jueces mexicanos escogidos por el virrey

podrán lidiar con el diluvio de sujetos que prosperaron abasteciendo la antigua adicción

estadounidense. […] Permita que los mexicanos enderecen lo que estaba torcido; otórgueles un

período de gracia de un año para que purguen de criminales al país. Esto incluye eliminar a todo

criminal mexicano de clase baja, media o alta que consideren apropiado. Mientras los mexicanos se

desquiten por las décadas de fechorías criminales, acepte sin hacer preguntas sus decisiones legales.

Permita que el sistema judicial mexicano se cobre una retribución. Señor Presidente, haga saber al

mundo entero que, durante un año, Estados Unidos se lavará las manos frente a las demandas,

juicios y castigos contra malhechores mexicanos. Haga que estos juicios a puertas abiertas no tengan

paralelo: transmítalos por televisión vía satélite al resto de países en Centro y Sudamérica. […]

Haga que el virrey exija a los tribunales que las audiencias sean realizadas en español, y no en

inglés estadounidense. Esta singular desviación del lenguaje será muy útil en su proyecto más

importante: la continuación de las conquistas. […] Sin mucho alboroto ni publicidad internacional,

permita la aplicación de la pena de muerte en esos juicios e inicie sorteos para quienes hayan sido

condenados a la pena máxima. Que la suerte decida quién vive y quién muere. Los que sobrevivan

al sorteo, deberán ser confinados de por vida en prisiones estadounidenses en el extranjero. […] En

los países centro y sudamericanos estallará la lucha entre clases mientras los juicios a puertas

abiertas sigan su curso. […] Los países al sur de México parecerán fichas de dominó puestas en

hilera. La rendición de México y los subsiguientes juicios públicos detonarán su caída. Las naciones

se dividirán en facciones y los gobiernos quedarán impotentes ante las rebeliones de los vengativos

que ya no esperarán retribuciones. Los saqueadores y los intrigantes que huelan la oportunidad

contribuirán a la vorágine. Y entonces, la anarquía. Y que la anarquía prevalezca. El valor de

estos países no reside en su gente sino en sus tierras, minerales y mares”238.

Como en el caso del texto de Weinberger, resulta asombrosa y sobrecogedora la capacidad

de previsión, diseño y programación de las élites estadounidenses con respecto al manejo

de sus futuros intereses globales. Y resulta doblemente sobrecogedor comprender que

México es visualizado como parte fundamental de estos futuros intereses. Existen aún más

evidencias acerca de los planes estadounidenses para el futuro de México.

En 2005, la compañía informática británica UBISOFT desarrolló un videojuego basado en

un argumento escrito por Thomas Leo Clancy Jr., escritor estadounidense con firmes

convicciones conservadoras, neoliberales y militaristas, especialista en novelas políticas de

espionaje militar. El videojuego “Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter” presenta

una trama cercana al escenario de Weinberger:

En el año 2013, los Presidentes de Canadá, Estados Unidos y México se reúnen en la Ciudad de

México para firmar el ASCAN (Acuerdo de Seguridad Conjunta de América del Norte), una

alianza de cooperación mutua en materia militar para controlar la inmigración ilegal, el

terrorismo y el tráfico de drogas. Mientras se realiza la reunión cumbre para firmar del documento,

estalla una rebelión militar, financiada por los cárteles, contra el gobierno mexicano dirigida por el

Gral. Carlos Ontiveros. El Primer Ministro canadiense es asesinado y los Presidentes mexicano y

estadounidense son secuestrados por militares rebeldes y narcoparamilitares que pretenden ejecutar

un Golpe de Estado y anular el recién firmado pacto. El Pentágono envía a un comando especial de

élite, los Ghost, a salvar a los mandatarios retenidos. Con la ayuda del Servicio Secreto

estadounidense, el comando logra liberar a los dos Presidentes y, en este contexto, el mandatario

mexicano, Ruiz Peña, autoriza la intervención estadounidense en suelo mexicano para “restablecer

la democracia”. Los militares rebeldes destruyen la embajada de Estados Unidos. Luego de intensos

combates en las cercanías del Ángel de la Independencia, la Plaza de Zócalo, la Zona Rosa, los

barrios marginales de la Zona Metropolitana y la Zona Industrial del Valle de México, las tropas

estadounidenses logran matar a Ontiveros. Pocos meses después, en el año 2014, el conflicto

provocado por el levantamiento contra el gobierno de México, ha sumido al país en una guerra civil

a gran escala que se ha extendido a Centroamérica, donde las fuerzas rebeldes mexicanas,

lidereadas por Juan Antonio de la Barrera, han cerrado el Canal de Panamá y han robado cabezas

nucleares ucranianas Red Star IV y misiles paquistaníes Kashmira-II. Los misiles armados con las

cabezas han sido instalados en Ciudad Juárez para lanzar un ataque contra ciudades de Estados

Unidos, mientras las tropas insurrectas inician una invasión a suelo estadounidense a través de El

Paso. El comando Ghost es enviado a México de forma encubierta para detener esta amenaza y

sofocar la rebelión mexicana de manera definitiva239.

En abril de 2006, la Oficina de Consultoría y Asistencia Técnica en el Manejo de

Emergencias, una empresa privada dedicada a anticipar, evaluar e implementar medidas de

respuesta ante situaciones de emergencia de cualquier tipo, elaboró un reporte especial

acerca de la situación político-social en México, en vísperas de las elecciones

presidenciales, a petición de la Cámara de Comercio Americana. En dicho reporte, la

empresa consultora concluía que las elecciones de 2006 podrían ser el detonante de una

muy cercana guerra civil en México (de hecho, ese es el título del reporte: The Coming

Civil War in Mexico). El informe establece una continua “erosión” de la estabilidad en

varias regiones del país y en varios sectores de la sociedad mexicana. Entre otros factores

detonantes de esta “erosión”, se mencionan: la incapacidad del modelo maquilador

mexicano para competir con el contrabando de productos asiáticos, el creciente desempleo,

la violencia en las ciudades fronterizas del norte, las pérdidas económicas ocasionadas por

los efectos del cambio climático, la decadencia de la clase media, la violencia creciente

contra las mujeres y los niños, la presencia y acción de grupos inconformes armados

(guerrillas), el creciente poder de las organizaciones criminales y de los cárteles de la

droga, así como las sistemáticas incursiones fronterizas por parte de fuerzas

estadounidenses y mexicanas. A continuación, el informe habla de los impactos inmediatos

que una guerra civil mexicana tendría para Estados Unidos: una migración masiva legal e

ilegal, la expansión de la violencia hacia el territorio estadounidense y la pérdida de los

recursos petroleros provenientes de México (el informe asegura que México es la tercera

fuente de petróleo para Estados Unidos, con alrededor de 1.85 millones de barriles de

crudo por día, solo superado por Arabia Saudita y Canadá). Finalmente, el informe

establece las estrategias que podría seguir el gobierno estadounidense bajo distintos

escenarios:

a) El primer escenario, el más optimista, supone que la elección presidencial de julio de 2006 logra

realizarse con plena certeza y confiabilidad. Bajo este contexto, Estados Unidos debería reforzar su

intercambio comercial con México y establecer políticas comunes que permitan superar la violencia

criminal. Esto garantizaría el flujo de petróleo mexicano hacia Estados Unidos en un momento de

gran inestabilidad en el Medio Oriente.

b) El escenario medio supone que las elecciones presentan problemas y se genera una fuerte división

sociopolítica en México durante meses. Dependiendo de la intensidad del conflicto postelectoral,

podría producirse un golpe militar contra el gobierno establecido en la capital. Las fronteras

mexicanas serían selladas y los cárteles de la droga entrarían en acuerdos con el nuevo régimen

militar. La subsecuente represión contra los opositores haría estallar la guerra civil. Bajo estas

condiciones, sería probable que la oposición mexicana acusara a Estados Unidos de manipular las

elecciones y comenzaran algunas fricciones a lo largo de la frontera común. El flujo de petróleo

mexicano se volvería inestable y podría disolverse el TLCN. Los Estados Unidos se verían

obligados a implementar medidas de presión política y económica contra el régimen mexicano y, tal

vez, a intervenir militarmente para “restablecer el orden interno” mexicano.

c) El peor escenario supone que las elecciones son totalmente inaceptables y generan un conflicto que

desemboca inmediatamente en una guerra civil (esta situación podría ser aprovechada por

regímenes antiestadounidenses para apoyar el conflicto y establecer un régimen aliado en México).

Frente a estos hechos, Estados Unidos debería sellar sus fronteras con México y declarar su

neutralidad. Poco después, Estados Unidos se vería obligado a tomar una medida severa que sería

mundialmente condenada: la creación de una zona de seguridad de 100 millas (161 km) dentro del

territorio mexicano que deberá ser tomada por la fuerza militar. Esta zona de seguridad frustraría

tanto el flujo masivo de migrantes huyendo de la guerra como los intentos por extender el conflicto

hacia Estados Unidos, y con tal propósito, la zona estaría bajo administración militar

estadounidense y sería sobrevolada por aviones militares no tripulados (drones) que la vigilarían y

la defenderían permanentemente Por supuesto, para asegurar el suministro de petróleo, sería

necesario tomar por la fuerza los campos petroleros mexicanos bajo el manto de una alianza

internacional. Sería de esperarse que se formara una alianza latinoamericana en contra de esta

iniciativa y que el conflicto se complicara enormemente240.

Después de diciembre de 2006, la ficción y los escenarios hipotéticos comenzaron a hacerse

realidad. Los viejos proyectos de invasión al territorio mexicano diseñados en 1919, 1996

y 1999 comenzaron a reflejarse en los proyectos de asociación político-militar bajo la

excusa de la “guerra contra el narcotráfico”. Los escenarios que especulaban acerca de una

crisis mexicana de enormes proporciones que “obligaría” a Estados Unidos a intervenir

para “restaurar el orden”, comenzaron a formar parte del discurso oficial del gobierno

estadounidense. En mayo de 2008, la empresa estadounidense Strategic Forecasting Inc.,

conocida por su acrónimo StratFor, especializada en servicios de inteligencia y espionaje, y

considerada como la CIA de las 500 empresas más importantes por la revista Fortune,

consideraba a México como candidato a convertirse en un “país fracasado”, similar a la

República Democrática del Congo, Colombia y Líbano, debido a la aparente derrota del

Estado mexicano frente a los cárteles. Su tesis central incluía la posibilidad de un atentado

en contra del Presidente Calderón. En tal escenario, podría ocurrir el ascenso de la

“narcocracia” al poder de México, tal como había sido previsto por Wienberger. Esto

desembocaría en un caos sociopolítico en el que México podría sufrir una fragmentación

político-territorial en caso de no existir un poder claro que pudiera tomar las riendas del

país, abriéndose la posibilidad de que la lucha interna saliera de control, lo que obligaría a

la intervención de Estados Unidos241.

Siete meses después, la advertencia se repetía. La revista estadounidense especializada en

negocios, Forbes, la misma que ha situado a Joaquín Guzmán Loera entre los hombres más

ricos y poderosos del mundo, publicaba en diciembre de 2008 un artículo titulado “La

disolución de México: el próximo desastre” (“Mexico Meltdown:The Next Disaster”). El artículo

señala que el incremento de la narcoviolencia, la caída de los precios internacionales del

Frontera sur de la zona

de seguridad

petróleo y los devastadores efectos de una profunda recesión en los Estados Unidos, son

factores que ponen a México en una delicada situación que tarde o temprano

comprometerá a la seguridad nacional estadounidense. La publicación alerta acerca de la

amenaza que representaría un escenario de inestabilidad al sur de la frontera

estadounidense: “Estados Unidos ha estado obsesionado con Irak y Afganistán, pero, desde una

perspectiva de seguridad nacional, las consecuencias del fracaso del gobierno mexicano en su intento

de frenar la transformación del norte de su país en una región controlada por mafias terroristas, es

una amenaza mucho más seria. Nos preocupamos por espacios sin gobierno lejanos a Estados

Unidos, pero esto está ocurriendo justo junto a nosotros. ¿No es más importante nuestra

frontera?”242. Apenas un mes antes, en noviembre de ese año, el Comando Conjunto de las

Fuerzas Armadas de Estados Unidos había publicado un polémico informe sobre la

situación en México: “Entorno Operativo Conjunto 2008” (“Joint Operating Environment

2008”). En dicho informe, el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera que

México y Paquistán son las dos naciones con mayores probabilidades de presentar un

“colapso rápido”, lo que haría necesaria la intervención de tropas estadounidenses. Con

respecto a México afirma que, ante un escenario de caos provocado por el narcotráfico y el

crimen organizado, Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta a esta situación,

dadas las consecuencias para su seguridad interna: “Cualquier derrumbe de México a una

situación de caos demandaría una respuesta estadounidense, basándose simplemente en las graves

implicaciones para la seguridad interior”243.

El tema se volvió recurrente. En junio de 2009, la empresa Research and Development

Corporation (Rand Corporation), influyente “centro de pensamiento” al servicio del gobierno

estadounidense, publicó el informe “Seguridad en México. Implicaciones para los Estados

Unidos: opciones políticas”, en el que concluye que el gobierno mexicano no está logrando

los objetivos de recuperar territorios dominados por el narcotráfico, abatir la corrupción

policiaca y hacer que prevalezca la vigencia legal. Por lo tanto, México constituye una

amenaza creciente para Estados Unidos, pues, desde que llegó la élite empresarial al poder,

no cuenta con una estrategia de seguridad nacional244. A partir de ese momento, el

gobierno estadounidense ha insistido en diversas ocasiones en la existencia de un proceso

de “narcoinsurgencia” en México que pone en riesgo la viabilidad misma del Estado

mexicano y que, tarde o temprano, obligará a Estados Unidos a enviar tropas al sur de su

frontera a fin de garantizar su seguridad interna: “El imperativo estratégico debe cambiar de

Irak y Afganistán a México, donde hay una delincuencia de alta intensidad operando con tácticas

guerrilleras y terroristas, una nueva forma de insurgencia que potencialmente podría tomar el

control del gobierno mexicano y que debe combatirse con campañas de contrainsurgencia en las que

Estados Unidos, eventualmente, tendría que enviar soldados, tanto a la frontera común como a

través de ella, para pelear contra esa insurgencia”245. Las afirmaciones estadounidenses se

redondearon en marzo de 2011, cuando se difundió públicamente que el Cártel de Sinaloa

había adquirido en Estados Unidos armamento antiblindados y misiles tierra-aire Stinger

“similares a los que utilizan los marines o los cuerpos de élite del ejército estadounidense, lo que le

habría dotado de una capacidad de respuesta similar a la de un ejército”246. La información sería

confirmada tres días después por el Almte. James Winnefeld, Comandante en Jefe del

Comando Norte de Estados Unidos (Northcom), quien declaró que “por sus ingresos

disponibles, los cárteles mexicanos serían equivalentes a una de las diez fuerzas armadas más

grandes del mundo”247. Incluso la ONU se sumó a las aseveraciones de Estados Unidos al

asegurar, en diciembre de 2011, que el Cártel de Sinaloa y Los Zetas son una creciente e

importante amenaza a la estabilidad de México y de toda Centroamérica248. Esta versión

sería ratificada por el organismo internacional en mayo de 2012, cuando la Oficina de la

Organización de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito aseguró que Los Zetas es la

banda criminal más violenta de América Latina y que el Cártel de Sinaloa es la mayor

empresa trasnacional dedicada al narcotráfico en el mundo249.

En contraposición a esta postura ideal, utópica, simplista y reduccionista, investigadores

como Luis Astorga sostienen que el argumento de un narcopoder “paralelo”, independiente

de las estructuras estatales, más fuerte que ellas, enfrentado al Estado mexicano y que

gradualmente lo ha “corroído” con éxito, no se sostiene. Un narcopoder “paralelo” de este

tipo no necesitaría de tantos apoyos y “padrinazgos” oficiales250. Este argumento ignora

deliberadamente que México es un país políticamente centralizado y de un exacerbado

presidencialismo, por lo que resultaría incomprensible que una actividad tan importante

hubiera escapado a su control. Olvida intencionalmente todos los elementos históricos que

apuntan hacia la interdependencia estructural entre instituciones, agentes sociales y

traficantes251. En consonancia con esta visión más realista, en marzo de 2011, George W.

Grayson (prestigiado académico en la William & Mary University de Virginia) y Samuel

Logan (investigador especializado en temas de seguridad y crimen organizado), afirmaron

que la contienda electoral mexicana de 2012 estaría permeada por el activismo inédito de

los cárteles y alertaron sobre el actual propósito de Los Zetas de establecer un “gobierno

paralelo” en México, lo que de hecho ya habrían logrado en varias regiones; pero aclaran:

“ni ‘Los Zetas’, ni ningún otro cártel, desean el fracaso del Estado en México. Al contrario, están

ansiosos de llevar a cabo sus actividades con total impunidad; esto es, establecer un ‘gobierno

paralelo’ junto con rutas clave para el trasiego de drogas. Es más: dicha soberanía compartida ya

existe en regiones como Tierra Caliente (la cuenca media del río Balsas y los valles de Apatzingán,

donde colindan Michoacán, Guerrero, Jalisco y el Estado de México), el Triángulo Dorado

(conformado por Chihuahua, Sinaloa y Durango), en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así

como en sectores del norte del país como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo”252.

Las afirmaciones de todos estos investigadores echa por tierra la tesis de un “Estado

fallido o fracasado” en México: los cárteles están íntima y estrechamente relacionados con

las estructuras de poder político y económico que sostienen al Estado mexicano. De hecho,

de alguna forma, son una expresión de estas estructuras. Por lo tanto, no estarían

interesados en tomar el poder gubernamental ni en derrumbar al Estado mexicano del

cual dependen.

c) Narcotráfico y recursos naturales estratégicos

Entonces, ¿cuál sería la razón para que Estados Unidos deseara intervenir en México

usando los pretextos de la “guerra contra el narcotráfico”, la “narcoinsurgencia mexicana” y

la “amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos”? La respuesta, como bien había

señalado Odom en 1999, se encuentra en los recursos naturales estratégicos. Desde hace

50 años, en casi todos los países del mundo, la adopción de una política de seguridad

econocéntrica ha conducido invariablemente a valorar excesivamente la adquisición y

protección de recursos esenciales para satisfacer las necesidades básicas de sus sociedades

y la demanda de sus procesos productivos: alimentos, agua, energía, minerales, fibras,

maderas, etc. Así, la búsqueda y protección de fuentes bien abastecidas y seguras de estos

recursos se contempla como una de las funciones primordiales de seguridad que tiene a su

cargo el Estado, especialmente en el caso de las Naciones que dependen de su importación

para mantener su eficiencia industrial y su nivel de vida social. El crecimiento exponencial

de la demanda de estos recursos (debido al espectacular crecimiento demográfico que ha

experimentado la humanidad y a la expansión de los procesos de industrialización a un

número cada vez mayor de zonas del planeta, en los últimos 50 años), la escasez natural de

algunos de estos recursos y/o su excesiva explotación (es el caso, especialmente, de los

hidrocarburos, del agua y de los recursos forestales), la dificultad para extraer y disponer

de muchas fuentes y yacimientos de estos recursos, así como su ubicación geográfica de en

regiones compartidas, limítrofes o disputadas, son factores que determinan los posibles

riesgos de conflicto asociado a estos recursos esenciales. Estos riesgos se incrementan si

consideramos, además, los ya irreversibles cambios que la actividad humana está

produciendo en el medio ambiente mundial (el ‘Cambio Climático Global’)253 y las

recurrentes crisis socioeconómicas cíclicas que son inherentes al llamado ‘Modo de

Producción Capitalista’ y a sus ‘Formaciones Socioeconómicas’ y ‘Bloques Históricos’ asociados.

Bajo esta perspectiva, es posible identificar tres motivaciones para los conflictos derivados

de la competencia por recursos: a) por el reparto de una fuente concreta de

aprovisionamiento que traspasa fronteras nacionales, b) por las pretensiones rivales sobre

fuentes significativas ubicadas en zonas internacionales o de ambigua asignación, y c) por

el acceso y el control de vías consideradas esenciales para el transporte de recursos

indispensables254.

Bajo esta óptica, a medida que las antiguas fuentes y yacimientos se van agotando, la

competencia mundial se concentra cada vez más en las escasas regiones que todavía

cuentan con existencias significativas de recursos. Automáticamente, dichas regiones

adquieren importancia estratégica creciente, y lo mismo sucede con las rutas de tránsito

asociadas a ellas. Evidentemente, cualquier inestabilidad, disturbio o intromisión en esas

zonas críticas podría comprometer la continuidad del suministro, lo cual supone el riesgo

de una intervención exterior para asegurar y garantizar dicho suministro255. En

semejantes circunstancias, los Estados importadores juzgarían cualquier interrupción

prolongada de los flujos de recursos como una seria amenaza a su seguridad interna y

como una posible causa de importantes disturbios domésticos dentro de sus fronteras. Por

lo tanto, evaluarían la situación como un conflicto que legítimamente podría resolverse

recurriendo al empleo de la fuerza militar256. Teniendo estas consideraciones en mente, es

fácil observar que la economía estadounidense necesita los recursos esenciales de América

Latina como los pulmones necesitan el aire. La industria estadounidense, tanto la militar

como la llamada ‘civil’, consume grandes cantidades de petróleo y gas natural (como

combustibles); además de cobre, aluminio, bauxita, hierro, manganeso, níquel, cromo,

tungsteno y otras materias primas. Ninguno de estos recursos minerales es abundante en

territorio estadounidense, por lo que se ven forzados a importar entre la cuarta parte y la

mitad de ellos. Esta dependencia creciente con respecto a los suministros extranjeros

determina una identificación, también creciente, de los intereses de la oligarquía capitalista

estadounidense en América Latina con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Poco

más de la mitad de las inversiones estadounidenses, al sur del río Bravo, están dedicadas a

la extracción de petróleo y gas natural, así como a la explotación de yacimientos minerales

indispensables para la economía de los Estados Unidos, tanto en tiempos de paz como en

tiempos de guerra257.

En el particular caso de México, el interés de Estados Unidos por los recursos naturales

estratégicos, y la consiguiente estrategia de militarización del territorio y de la sociedad

mexicanos, inició con la década de 1980. Como ya se ha mencionado anteriormente, tras

12 años (1970-1982) de confrontación entre las élites económicas (cúpulas empresariales,

bancarias y financieras) y las élites políticas (cúpulas burocráticas, sindicales, partidistas,

policiales y militares) por el ejercicio de la hegemonía en México, finalmente el sector

político aliado a las élites económicas (los llamados “tecnócratas”) logró obtener el control

del aparato estatal en las elecciones de 1982 a través de los que Gustavo Esteva califica

como “golpe de Estado incruento”: el nuevo gabinete, compuesto exclusivamente por

tecnócratas, desplazó de golpe a la vieja clase política que gobernó al país desde 1928 bajo

distintas denominaciones partidarias, distintas configuraciones políticas y distintas

orientaciones ideológicas258. Justo en ese año, México firmó una “carta intención” con el

Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial para obtener créditos

internacionales para paliar la crisis económica heredada por la quiebra del modelo

económico anterior, quedando obligado el gobierno mexicano a “reestructurar” su

economía, abriéndola a la penetración de inversiones privadas de corporaciones

transnacionales259. Esta “reestructuración” se plantea seis grandes objetivos: a) la

reorganización de los procesos productivos y de las relaciones laborales; b) la modificación

del régimen de propiedad agraria; c) la transferencia de bienes y servicios estatales a

manos privadas; d) la reestructuración del sistema educativo y la redefinición del trabajo

intelectual; e) la redefinición de las relaciones Iglesia-Estado, y f) la integración

subordinada de las fuerzas armadas del país al proyecto hemisférico de seguridad

estadounidense260. Desde entonces, las corporaciones transnacionales buscarían el

desmantelamiento de la industria nacional y la privatización de los hidrocarburos, la

petroquímica, la electricidad, la agricultura y la minería de exportación, los yacimientos de

minerales industriales y radiactivos, las telecomunicaciones, los transportes, la seguridad

interna, la banca y las finanzas, dejando las grandes actividades económicas en las manos

más débiles posibles: la iniciativa privada nacional261.

Con esta finalidad, la nueva fracción elitista gobernante impuso una serie de reformas

económicas estructurales entre 1982 y 1995: liberalización del comercio, liberalización

financiera interna (reprivatización de la banca), apertura de la cuenta de capitales

(eliminación de restricciones a la inversión extranjera directa), privatización de empresas

públicas, reforma fiscal basada en la disminución de impuestos a grandes empresarios,

reorganización de PEMEX en varias divisiones independientes, reclasificación de la

petroquímica básica como actividad secundaria, privatización parcial de plantas

petroquímicas y gasoductos de PEMEX, y “desregulación” (eliminación de las

restricciones legales) de la participación privada en actividades económicas (transportes y

comunicaciones, en primera instancia), limitando la participación del Estado en las

mismas262. Todas estas reformas estuvieron acompañadas de un gradual proceso de

militarización del país dirigida por el Pentágono. Se buscó definir mecanismos de

persecución del narcotráfico empleando fuerzas terrestres, aéreas y navales especializadas

de menor envergadura y bajo control estadounidense. Con la excusa de la guerra a las

drogas, Estados Unidos ha redireccionado las funciones de las fuerzas armadas mexicanas

hacia la disuasión interna ante las previsibles protestas populares originadas por la

aplicación de las políticas neoliberales. Uno de los propósitos era sustituir la estructura de

“Zonas Militares” del ejército mexicano por un sistema de “Cuerpos Móviles”: unidades

especiales de movilización y reacción rápida, con capacidad de despliegue rápido en

cualquier punto del país. Otro era la unificación de los cuerpos policiacos mexicanos en

una “Policía o Guardia Nacional” con entrenamiento especializado en guerra irregular

urbana, contrainsurgencia, contraterrorismo y contraespionaje. Todo en prevención de los

disturbios sociales derivados de problemas socioeconómicos y de actos “narcoterroristas”.

Estas pretensiones estadounidenses originaron una fractura al interior de las fuerzas

armadas mexicanas, enfrentándose los sectores “nacionalistas” con los “globalistas”263.

Para 1996, el ejército había extendido su presencia activa a todo el Sur-Sureste del país, en

una franja que iba desde el Golfo de México hasta el Pacífico, además de la región de las

Huastecas, la sierra de Puebla y las sierras de Chihuahua y Durango. Adicionalmente,

militares asumieron los puestos de mando de las policías de Chihuahua, Baja California,

Aguascalientes y Jalisco264.

La segunda etapa de aplicación de las políticas neoliberales comenzó en 2002, pero con

mayor énfasis desde 2006, con la aplicación de la Reforma Educativa (en tres etapas: 1992,

2002 y 2008), diseñada para vincular la educación pública con los procesos productivos

neoliberales, para que el sector empresarial ejerza el liderazgo en el proceso educativo y

para satisfacer la demanda de mano de obra de cierta calificación por parte de las maquilas,

transnacionales y centros comerciales nacionales e internacionales; así como de la Reforma

Energética (en tres etapas: 1995, 1996 y 2008), permitiendo la participación de empresas

extranjeras en los sectores petrolero y eléctrico, a través de empresas conjuntas,

arrendamientos, subcontratos de servicios y contratos de exploración o de producción

limitada, manteniendo solo nominalmente el control gubernamental sobre estos recursos.

En el entorno mundial de recesión económica generalizada que inició en 2007 y ante la

creciente competencia de las potencias capitalistas mundiales por el control de estos

recursos estratégicos, los anuncios realizados entre 2006 y 2011 sobre la existencia de

importantes reservas de riquezas minerales sin explotar en el país, han despertado la

suspicacia de círculos periodísticos, académicos e intelectuales. En ese periodo se informó

sobre el descubrimiento de enormes yacimientos petroleros en el Golfo de México265,

aderezados por el anuncio sobre la existencia de yacimientos mayores de hidrocarburos a

solo 80 kilómetros de las costas de Matamoros, Tamaulipas266. Previamente se había

hecho de conocimiento público la existencia de gigantescos yacimiento de gas natural en la

Cuenca de Burgos, Tamaulipas, y en la Cuenca de Sabinas, Coahuila267. A esto habría que

sumar el llamado “Boom Minero Mexicano”: desde 2006 se ha observado un “renacimiento”

de la explotación minera en todo el país, especialmente de oro, plata, carbón, hierro, zinc,

cobre, azufre y platino, cuya explotación por empresas extranjeras ha generado ya

múltiples conflictos con las comunidades vecinas268.

Para muchos autores no hay duda alguna: existe una relación intrínseca entre la “guerra

contra el narco” y la existencia de estos importantes recursos mineros y energéticos. Esta

relación puede observarse incluso geográficamente:

Yacimientos de hidrocarburos Yacimientos mineros

Contra todo lo que comúnmente se cree, los estallidos de violencia y la anarquía social no

disuaden a las grandes compañías transnacionales, especialmente las mineras y las

energéticas, de establecer lucrativas explotaciones en regiones conflictivas, ni de negociar

eficaces acuerdos de seguridad para sus intereses con las élites y con los “señores de la

guerra” locales269. En este contexto, el investigador John Saxe-Fernández ha afirmado

tajantemente que las grandes compañías corporativas transnacionales de Estados Unidos,

Canadá y Europa, dedicadas a explotar recursos minerales, hidrocarburos y productos

agrícolas, implantan o impulsan diseños económicos, diplomáticos y militares de “guerra

irregular” con dos finalidades: a) controlar a las poblaciones locales ante esquemas

extractivistas incapaces de generar empleo y bienestar social, y b) desalojar a poblaciones

y empresas locales de zonas estratégicas, para obtener el control exclusivo de fuentes de

recursos que quedan abiertas a la depredación imperial270.

La “guerra contra el crimen organizado” sería, entonces, el resultado de una estrategia

diseñada y elegida no por el teórico interés nacional, sino por el pragmático interés

empresarial de enfrentar, contener y eliminar la abierta resistencia de las clases

subalternas a las políticas y a las prácticas de las grandes transnacionales. Caso concreto

de ello es la ofensiva que el gobierno federal ha emprendido contra las comunidades de

diversos lugares del país bajo el pretexto de la “guerra contra el narcotráfico”, y con el

verdadero objetivo de obtener el control de los recursos naturales que ahí existen,

eliminando además la resistencia organizada de las comunidades frente al ‘crimen

organizado’, al Estado-Nación y a las empresas trasnacionales271. Esto se revela

claramente en la sugerencia que hizo el gobierno de Estados Unidos al de México en el

sentido de que el ejército norteamericano cuide de los pozos petroleros mexicanos ante

eventuales atentados narcoterroristas272; en la imposición del gobierno de Estados Unidos al

de México respecto a la presencia activa de elementos de sus agencias de inteligencia y de

su Departamento de Defensa en territorio nacional, además, de una “fuerza de tarea” de

efectivos militares estadounidenses que “ayudaría” en las zonas más conflictivas del país273,

así como en la decisión estadounidense de desplegar más de 130 aviones y helicópteros,

seis aeronaves no tripuladas, al menos mil 500 agentes, casi 300 aparatos de inspección no

intrusiva, sensores infrarrojos, videos de vigilancia y sistemas móviles, además del

Extensión de la “narcoviolencia” en México

resguardo de las costas a través de la “Iniciativa de Seguridad Marítima de América del

Norte” (NAMSI), a lo largo de la frontera con México, a fin de blindar dicha frontera y

detectar actividades del narcotráfico y el crimen organizado, frenando el tráfico de armas,

drogas, dinero y personas274.

e) El proyecto transexenal “México 2030”

Insólitamente, los objetivos finales que se persiguen con esta “guerra de diseño” se han

hecho de conocimiento público. Entre febrero y abril de 2010, la periodista Nancy Flores

Nández publicó una serie sucesiva de seis artículos dando a conocer la existencia del

expediente “México 2030, Proyecto de Gran Visión”. Se trata de 14 documentos de trabajo,

con un total de 831 páginas, que fueron elaborados en los talleres temáticos convocados

por el entonces Presidente electo, Felipe Calderón, entre julio y noviembre de 2006, y

auspiciados por el “Fideicomiso para Apoyar el Cambio de Administración del Ejecutivo

Federal”. El proyecto se divide en cinco ejes temáticos: a) estado de derecho y seguridad

pública; b) economía competitiva y generadora de empleos; c) igualdad de oportunidades;

d) desarrollo sustentable, y e) democracia efectiva y política exterior responsable. Sólo el

primer eje estaría exento de la participación privilegiada de la iniciativa privada (al menos

de manera explícita).

En términos generales, los documentos plantean que: 1) La energía, el agua, gran parte de

las tierras más fértiles, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biósfera y las

playas, encabezan la lista de áreas que, prioritariamente, se entregarán al manejo de

inversionistas privados (más de la mitad del territorio nacional caería así en manos

privadas). 2) Los sistemas públicos de salud, educación, cultura, fomento al arte y deporte

serán completamente entregados a la iniciativa privada. 3) En los próximos 20 años

habrán desaparecido los sindicatos del sector público, en especial de los ámbitos

energético, educativo, de salud y cultural. 4) Los programas de “prestación de servicios a

largo plazo” y “obras públicas financiadas” en áreas estratégicas (salud, educación,

telecomunicaciones, carreteras) y los bienes nacionales (agua, energía, medio ambiente,

patrimonio cultural) serán administrados por la iniciativa privada. 5) Gobierno federal e

iniciativa privada pactarán el diseño y el impulso de reformas de ley que “flexibilicen”,

“desregulen” y “liberalicen” los ámbitos fiscal, laboral, educativo, de pensiones y de salud.

6) El 70% de la investigación en ciencia y tecnología será producida por el sector privado

y, a cambio, éste seguirá gozando de millonarias exenciones fiscales. 7) Se establece el

principio de la “plena seguridad para la propiedad y la integridad de las personas” como

rector del estado de derecho; para ello se proyecta la creación de la Policía Nacional, la

supresión del amparo directo, la reelección de los legisladores, el “replanteamiento” de la

relación entre el Estado y las iglesias, y la participación de las Fuerzas Armadas

mexicanas en misiones internacionales. La meta, dentro de 20 años, será “acotar” al crimen

organizado (en ningún momento se plantea exterminarlo). 8) En el ámbito de la seguridad

nacional, se prioriza la recuperación de los territorios afectados por el crimen organizado y

los espacios cooptados de manera ilegítima por terceros (guerrilleros), para lo cual se

diseñarán estrategias que inicien con trabajos coordinados de inteligencia y

contrainteligencia, “activa y pasiva”, y concluyan con el uso de la violencia institucional

limitada necesaria para “anular” las amenazas a la seguridad nacional. 9) En 20 años,

“algunos mexicoamericanos” ocuparán cargos públicos de relevancia en “ciertas áreas” del

Estado mexicano, como parte del proceso de “integración con América del Norte”

(seríamos algo así como un país “accionista-asociado”); cuyas primeras etapas abarcan las

“áreas financiera, comercial y de políticas públicas” (a las que habría que agregar la

integración militar definida como “tercer vínculo” por Carlos Fazio). 10) Se rechaza el

desarrollo tipo BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Además, se margina la relación con

América Latina, al limitarla a cinco países; al tiempo que se enfatiza el “interés mexicano”

en Cuba. 11) En 20 años, México será “un país con una nueva Constitución y armonía

entre la legislación interna y externa”.

En esencia, se trataría de establecer una nueva Constitución Mexicana que aboliría la

propiedad pública, desconocería los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes

nacionales, y abandonaría el concepto de “soberanía nacional”. Algunas de las garantías

individuales, hoy establecidas legalmente en el texto constitucional, serían consideradas

servicios, y otras simplemente se eliminarían. Detrás de las principales estrategias del

expediente “México 2030, Proyecto de Gran Visión”, hay apenas 420 personas, no sólo de

nacionalidad mexicana, sino también extranjeras. Se trata de políticos del PAN y del PRI,

empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones bancarias y

financieras, así como activistas y académicos afines al gobierno. Que los objetivos

planteados en el expediente “México 2030” forman parte central de la agenda

estadounidense para México, lo demuestra el hecho de que Estados Unidos haya provisto

al ejército, a la marina y a las policías mexicanas con equipo militar, valuado en más de mil

300 millones de dólares, y con cursos de entrenamiento especializado; que haya desplegado

aviones de combate no tripulados (“drones”) y agentes de sus agencias de seguridad en

territorio mexicano; que periódicamente, de manera insistente, presione al gobierno

mexicano para someter a las fuerzas armadas mexicanas al mandato del “Comando Norte”H

y hacerlas participar en “operaciones conjuntas” y en “misiones internacionales”. Existe

una política de total entrega de la soberanía nacional mexicana en manos de la alta cúpula

oligárquica de Estados Unidos ‒política que ha sido previamente diseñada en las altas

instancias del gobierno de ese país‒, que se radicalizó gradualmente desde el arribo a la

Presidencia de la República de la élite empresarial mexicana más conservadora en las

elecciones de 2000. Cabe recordar que históricamente, Estados Unidos ha empleado el uso

de las drogas como herramienta para alcanzar sus fines275.

H. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, popularmente llamado “Pentágono”, tiene bajo su control a los Comandos Unificados de

Combate (UCC), encargados de proporcionar un control militar efectivo sobre las posibles amenazas a la seguridad estadounidense, tanto

en la paz como en la guerra. Se organizan sobre una base geográfica o sobre una base funcional. Estos UCC prácticamente se reparten

toda la superficie del planeta: (1) Comando África (la totalidad del continente africano a excepción de Egipto y las islas circundantes); (2)

Comando Central (desde el Mar Rojo, a través de la región del Golfo Pérsico, hasta el Asia Central y el Medio Oriente); (3) Comando

Europeo (toda Europa, Rusia, Islandia, Groenlandia y el Próximo Oriente); (4) Comando Norte (Alaska, Canadá, Estados Unidos y México);

(5) Comando del Pacífico (todo el Océano Pacífico: desde la Antártida hasta Japón y Mongolia, y desde las fronteras occidentales de India

y China hasta Nueva Zelanda y Hawái); (6) Comando Sur (América del Sur, América Central y el Mar Caribe). El Comando Norte, en

particular, fue establecido en octubre del 2002 para garantizar la seguridad del territorio nacional de Estados Unidos. Entre los objetivos

principales del ASPAN, firmado en marzo de 2005, está la integración de las fuerzas armadas de Canadá y de México al Comando Norte.

Las fuerzas armadas canadienses ya forman parte de dicho Comando de manera oficial276

.

4. ¿Es la “guerra contra el narcotráfico” una insurrección o un proceso

revolucionario en potencia?

Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la Historia. Pero tal vez se trata de algo diferente.

Tal vez las revoluciones son el manotazo al freno de emergencia que dan los hombres que viajan en ese tren.

Walter Benjamin, Tesis sobre la Historia. 1942

El campo no es solamente un semillero de pobreza: es,

también, un semillero de rebeliones, aunque las tensiones sociales agudas se oculten a menudo, enmascaradas por la resignación aparente de las masas. Pero no está lejos

en el tiempo la explosión: los fanáticos y los bandoleros, utopía y venganza, dieron siempre cauce a la protesta social, ciega todavía, de los campesinos desesperados.

Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. 1971

Las revoluciones no se hacen, se organizan.

Vladimir Ilich Ulianov (a. Lenin). 1917

¿Qué es una “revolución”? El término ha sido frecuentemente banalizado, pues se le ha

utilizado indistintamente y sin medida a propósito de cualquier cambio de cierta

importancia. Usualmente se acepta que una “revolución” es una transformación radical,

profunda y relativamente rápida de una sociedad con respecto a su pasado inmediato. Las

revoluciones son consecuencia de largos procesos históricos y de elaboradas

construcciones colectivas. Suelen percibirse como una ruptura del orden establecido o una

discontinuidad evidente con respecto al estado anterior de cosas, afectando de forma

decisiva a las estructuras sociales, políticas, económicas, ideológicas, culturales y

tecnológicas. Muy a menudo se confunden las revueltas, las rebeliones y las revoluciones.

Las revueltas y las rebeliones son mucho más frecuentes que las revoluciones. Los

procesos revolucionarios pueden incluir episodios de revueltas y rebeliones, pero no se

reducen a ello. En cambio, incluso cuando tienen éxito, las rebeliones y las revueltas no

necesariamente desembocan en un cambio revolucionario277.

Las revueltas poseen escasa organización, son esporádicas, espontáneas y de corta

duración, ocupan un área reducida del territorio y se extinguen cuando los reclamos

puntuales que efectúan sus líderes son satisfechos, o bien, cuando las fuerzas del orden

proceden a su represión violenta. Las rebeliones, en cambio, poseen un nivel mayor de

organización y se prolongan en el tiempo, pudiendo integrar los reclamos y demandas de

diferentes sectores. En éstas, el ejercicio de la violencia por parte de los rebeldes es mucho

más amplio, al igual que los alcances de la represión. Cuando logran triunfar, obtienen

algunas modificaciones parciales en el orden social, que satisfacen sus demandas, aunque

no significan cambios en los aspectos centrales278. Con excesiva frecuencia, los

historiadores emplean el término “revolución” para referirse a los cambios que

constantemente se producen en el curso de la Historia. Sin embargo, la mayoría de todas

estas “revoluciones” han tenido muy poco de revolucionario. Han producido algunos

cambios importantes, pero no alteraron el carácter fundamental de las sociedades en cuyo

seno tuvieron lugar279.

En la historiografía se habla generalmente de tres tipos de revoluciones: a) Las

revoluciones políticas ocurren cuando se transforman las estructuras estatales sin

modificar las estructuras sociales y sin presentarse necesariamente un conflicto social

profundo; incluso es posible que ocurra un simple cambio de grupo dirigente. b) Las

revoluciones económicas presentan cambios drásticos y súbitos en todas las condiciones

económicas, y son capaces de transformar las estructuras sociales sin por ello engendrar ni

ser el resultado de cambios en las estructuras políticas. Generalmente, el término se aplica

a los cambios tecnológicos, aunque el concepto es bastante más amplio. c) Las revoluciones

sociales se caracterizan por la transformación radical del conjunto de las relaciones e

interacciones sociales cotidianas de un grupo humano dentro de un espacio territorial

definido, ocasionando un cambio profundo en la forma de vida humana. Las

transformaciones de las estructuras sociales y políticas se producen al mismo tiempo y se

refuerzan mutuamente. Los cambios que se producen son el producto de conflictos socio-

políticos intensos280.

Para que una acción colectiva sea considerada “revolución”, deben estar presentes los

siguientes elementos: (1) Crisis del sistema de dominación: las revoluciones se producen

cuando los sectores dominantes tienen dificultades para continuar ejerciendo su poder.

Estas dificultades se combinan con la negativa de los dominados a continuar siéndolo. (2)

Amplia participación de la población: el descontento o el rechazo al orden vigente se

manifiesta en la participación de un sector amplio de la población, que apoya o se involucra

directamente en el movimiento social que provoca la destrucción de dicho orden. (3)

Violencia: en toda revolución se ejerce algún tipo de violencia, tanto de parte de los grupos

que actúan contra el orden, como de los que lo defienden. (4) Sustitución de las

autoridades: las acciones culminan con la destitución de las autoridades del viejo orden, y

su reemplazo por otras, provenientes de los grupos revolucionarios. Durante algún

tiempo, antes de la culminación del conflicto, coexisten dos poderes, con cierta legitimidad

sociopolítica, enfrentados entre sí. (5) Capacidad para ejercer el poder: una vez que son

reemplazadas las autoridades cuestionadas, los revolucionarios poseen los recursos para

imponerse definitivamente sobre las fuerzas que se les oponen. (6) Construcción de un

nuevo orden: los revolucionarios triunfantes emprenden la transformación de los aspectos

centrales de la sociedad y, mediante profundos cambios económicos, políticos y sociales,

inician la construcción de un nuevo orden social281.

De acuerdo al esquema del Materialismo Histórico, las condiciones objetivas y subjetivas

que hacen posible un estallido revolucionario, pueden resumirse brevemente de la

siguiente manera: (1) Desintegración y pugnas en el seno de la clase dominante y de su

Estado. (2) Crisis múltiple (social, económica, política, ideológica, administrativa) que

afecta a toda la sociedad en su conjunto. (3) Miseria y desesperación de las masas, lo que

las impulsa a actuar de manera cohesionada. (4) Imposibilidad de la clase dominante para

mantenerse en el poder con sus tradicionales formas de control, dirección y dominio sobre

la sociedad. (5) Existencia de un núcleo organizado dentro de las clases subalternas con un

importante grado de conciencia, disciplina y capacidad de acción. (6) Integración de

organizaciones profesionales de militantes revolucionarios en el seno de las clases

subalternas, que desarrollan sus propios núcleos de analistas y dirigentes. (7) Desarrollo

de una tendencia revolucionaria en amplios sectores populares, que tenga como objetivos:

la conquista del poder del Estado, la desarticulación de las fuerzas que sustentan a la clase

dominante y la integración de un aparato institucional-estatal enteramente nuevo que

satisfaga los intereses de las clases subalternas. (8) Manifestación y estallido de profundas

contradicciones económicas, sociales y políticas. (9) Acciones audaces de las masas

organizadas y disciplinadas por sus núcleos y agrupaciones. (10) Imposibilidad de los

aliados y socios internacionales de la clase dominante para actuar en contra de la acción

revolucionaria, sea por su propia crisis y derrumbe, por enfrentar situaciones de catástrofe

o de guerra, o por carecer de fuerza en una región concreta. (11) Apoyo internacional a los

movimientos revolucionarios. (12) Existencia de una serie simultánea de conflictos locales

que disperse la reacción de la clase dominante, y de sus aliados y socios internacionales, en

contra de los movimientos revolucionarios282.

Las etapas sociales de una revolución pueden resumirse en cuatro momentos o estadios:

(1) Intranquilidad y descontento masivo, descoordinado e indiscriminado, resultado de una

percepción sutil de que los valores hegemónicos tradicionales difundidos por la clase

dominante ya no satisfacen las aspiraciones del común de la gente. (2) Se comienza a

fraguar y consolidar una oposición organizada, con programas y objetivos bien definidos.

La intelectualidad cambia su lealtad al orden establecido por la inclinación hacia los

disidentes. Aparecen liderazgos opositores de naturaleza caudillista y reformista. (3) Se

inicia la revolución propiamente dicha. Se esclarecen los motivos y los objetivos, se

estructura una organización y aparece un liderazgo estadista. Se agudiza el conflicto entre

los sectores radicales y moderados dentro del movimiento revolucionario, y los radicales

se imponen. (4) Se hace patente un agotamiento por parte de las masas convocadas a la

revuelta, conforme el impulso reformista se consolida y el entusiasmo moral de la

radicalidad se desvanece. Aumenta el desconcierto socioeconómico. (5) Los sectores

reformistas se imponen y establecen una estructura de gobierno. Se legaliza la revolución.

Se establece un poder central y se reconstruye un orden social firme, tomando tanto

lineamientos de la estructura social anterior como aspiraciones reformistas y radicales. El

resultado dista mucho de los objetivos originales de la revolución, pero también del

régimen previo283.

A partir de su concepto de “Bloque Histórico”, Antonio Gramsci propone que las

revoluciones ocurren como consecuencia de una crisis orgánica en el “bloque histórico”

dominante, es decir, la ruptura del vínculo orgánico entre la “sociedad civil” (las

instituciones “privadas” o “corporaciones”, cuya función es crear y mantener la hegemonía

de la clase dominante) y la “sociedad política” (las instituciones “públicas” o

“gubernamentales”, cuya función es controlar el aparato estatal y los mecanismos de

administración, coerción, cooptación y represión). Las crisis orgánicas son el resultado de

contradicciones que se van agravando como consecuencia de la evolución de las

condiciones socioeconómicas y la ausencia de una evolución paralela de las condiciones

sociopolíticas. En la medida en que la clase dominante deja de cumplir su función

económica e ideológica, el “bloque histórico” que la sustenta y cohesiona tiende a

disgregarse. Cuando esta disgregación se incrementa, la clase dominante pierde la

hegemonía y el consenso social, deja de tener la dirección y el control sobre las clases

subalternas, y las instituciones públicas y privadas pierden su legitimidad sociopolítica. El

origen de esta ruptura puede encontrarse en: a) el fracaso de la clase dirigente en alguna

gran empresa política para la cual demandó o impuso por la fuerza el consenso y la

adhesión nacionalista de las grandes masas (las guerras son un claro ejemplo); o bien, b) la

insurrección espontánea de vastas masas (especialmente de campesinos y de

pequeñoburgueses intelectuales) que pasan súbitamente de la pasividad política al

activismo militante, planteando reivindicaciones que suponen modificaciones

revolucionarias. Las crisis orgánicas son un reflejo de las crisis socioeconómicas y siguen

su evolución, de ahí que puedan prolongarse durante un largo periodo histórico: son el

síntoma de profundas e irreparables contradicciones en la estructura socioeconómica, que

intentan ser “reparadas y saneadas” artificialmente por las fuerzas político-económicas

dominantes para mantener el antiguo orden de cosas284. Así, la revolución tiene lugar

cuando una clase social toma el control del poder político, arrebatándolo por la fuerza de

manos de la clase social dominante, para erigir un nuevo aparato estatal acorde con sus

propias necesidades e intereses, suprimiendo aquellas instituciones públicas y privadas,

sociales y políticas, que impiden el desarrollo de las metas sociales y económicas de la clase

en cuyo nombre se lleve a cabo285.

Los enfoques más cuantitativos de la historiografía y la sociología recientes señalan que

las revoluciones son más frecuentes en sociedades que experimentan un rápido desarrollo

económico, como consecuencia del desquiciamiento causado por la pujanza de nuevas

clases o categorías sociales y la alteración de los antiguos patrones de ingreso por el

impacto esporádico y discontinuo del desarrollo económico que crea una nueva riqueza

(clases medias profesionales y comerciales urbanas) y una nueva pobreza (trabajadores

cuyos salarios no logran mantenerse frente a la inflación o desempleados carentes de los

paliativos de la familia extendida o la comunidad), en correlación cercana y evidente, sin

que se hayan generado nuevos amortiguadores de seguridad social. De ello resultan

disturbios causados por la brecha cada vez más amplia entre las expectativas (sociales y

políticas para los nuevos ricos, económicas para los nuevos pobres) y las realidades de la

vida cotidiana. Desde esta perspectiva, el momento de la revolución se alcanza cuando la

fase de crecimiento a largo plazo es seguida por una fase de estancamiento u ocaso

económico a corto plazo, y el resultado es que las expectativas de ascenso y seguridad

socioeconómica, recién creadas por la fase de crecimiento, se frustran ante la realidad

cotidiana. Así, la revolución no es obra de los desposeídos, los marginados o los hartos,

sino de aquellos cuya situación no mejora con la rapidez que esperaban. Se presentan

situaciones análogas en otras situaciones no económicas: si a una fase de concesiones

gubernamentales liberales sigue otra de represión política; si a una fase de canales de

enriquecimiento para una élite sigue otra de reacción aristocrática y obstrucción a su

ascenso; si a una fase de liberalidad y fácil ascenso socioeconómico sigue otra de

reafirmación de privilegios oligárquicos. El modelo es aplicable a múltiples factores,

siendo el punto crítico aquel en que las causas subyacentes a largo plazo (las

precondiciones que crean una situación potencialmente explosiva y que se pueden analizar

sobre una base comparativa) se mezclan con los factores accidentales inmediatos (los

precipitantes, que desencadenan el estallido social y que no son recurrentes sino

fortuitos)286.

En esta misma línea, John Tutino explica que los orígenes de los levantamientos

populares, especialmente en áreas rurales, se encuentran en un rápido y grave deterioro de

las condiciones de vida (pérdida de autonomía sociopolítica y de seguridad socioeconómica

de subsistencia) de las clases subalternas, frecuentemente ligado a la repentina imposición

de políticas gubernamentales a favor de un desarrollo capitalista acelerado, forzado,

impuesto por dirigentes deseosos de participar en la competencia mundial o regional. Este

descontento inicial se profundiza cuando las clases subalternas perciben claramente que

sus dificultades son ocasionadas por la actuación de una élite gobernante concreta, lo que

genera un profundo sentido de injusticia que solo puede reparase con la acción social. Con

todo, esta situación no las empuja automáticamente a la insurrección. Generalmente las

clases subalternas corren el riesgo de la confrontación solo cuando perciben que las élites

de la clase dominante son débiles o están divididas, debilitando a su vez al Estado,

permitiéndoles iniciar la insurrección y sostenerla sin represión inmediata. A menudo, la

noticia de esa oportunidad de insurrección les llega a través de agitadores externos:

facciones disidentes y renegadas de las élites, o aspirantes frustrados al poder elitista,

quienes convocan a las clases subalternas como aliadas en una revuelta contra el poder

establecido y contra sus adversarios de élite. Ahora bien, las insurrecciones populares no

siempre conducen a la revolución. Para que las insurrecciones tengan consecuencias

revolucionarias es preciso que grandes y extensos segmentos de la población se adhieran a

ellas y que las élites estén tan profundamente divididas que sean incapaces de crear un

frente común. Bajo esas condiciones, los insurrectos pueden sostener su levantamiento el

tiempo suficiente y con la intensidad necesaria para desgastar al Estado y asaltar el poder.

En este sentido, los movimientos rebeldes basados en una sólida organización comunal

tienen las mejores oportunidades de generar cambios revolucionarios287.

El historiador británico Edward P. Thompson emplea el término “economía moral de la

multitud” para referirse a estas situaciones: el Materialismo Histórico postula que en las

sociedades siempre existe un conflicto de intereses entre las diversas clases sociales que las

integran, a esto se denomina “lucha de clases”. Thompson, partiendo de la premisa de que

esta “lucha de clases” es permanente, plantea la posibilidad de captar de manera precisa el

mecanismo que, en la sensibilidad popular y desde la perspectiva de las masas populares,

regula y establece en cada momento histórico lo que es tolerable y lo que es intolerable, lo

que es justo y lo que es injusto, lo que aún puede aceptarse y lo que resulta inaceptable.

Este mecanismo, en cada situación histórica particular, se construye siempre desde las

tradiciones, la historia, las costumbres y los singulares modos de cada grupo o clase

popular, en cada circunstancia y en cada tiempo histórico específicos. Cuando el umbral

determinado por esta “economía moral” es sobrepasado, se encienden la ira y la indignación

colectivas, y sobrevienen los motines, las revueltas, las insurrecciones, las sublevaciones y

las revoluciones. Es esta “economía moral” la que permite entender por qué estalla el

descontento popular en un cierto momento y no en otro, por qué se presentan ciertos

desenlaces para estos episodios y no otros288.

Antonio Gramsci observa que la espontaneidad es uno de los aspectos centrales de las

revueltas de las clases subalternas, como consecuencia de sus largos periodos de pasividad

sociopolítica. En este contexto, frecuentemente, la “lucha de clases” se confunde con la

delincuencia: el bandidaje, el chantaje, el saqueo, la destrucción de propiedades, el

secuestro, el asalto a las instituciones. Son formas de terrorismo elemental de las clases

subalternas contra la clase dominante y sus auxiliares, que no tienen realmente

consecuencias estables y eficaces. Sus resultados son siempre aleatorios y, en el mejor de

los casos, la toma del poder político estatal por parte de los sectores subalternos más

avanzados es efímera289. No obstante, como bien señala Alberto Ríos Gordillo, estas

prácticas populares de rebelión elemental como el ausentismo laboral, los robos de

materias primas, la negativa al pago de impuestos, el saqueo de almacenes, los

enfrentamientos con los representantes del poder, la invasión campesina de tierras o las

huelgas de los obreros, transgreden el orden sociopolítico dominante, y lo hacen desde los

códigos mismos de la “economía moral popular”, al confrontarse con la clase dominante que

impone las leyes, despertando tanto la simpatía de las masas populares, como su rechazo

hacia el “estado de derecho” establecido y defendido por los poderosos. Estas formas

básicas de rebeldía subalterna tienen el potencial de conducir directamente a una

revolución política. En estas prácticas ilegales de rebeldía, que se multiplican con las

legislaciones más restrictivas, se perfilan ya luchas propiamente políticas. Generalmente

no es el derrocamiento eventual del poder establecido lo que las inspira, pero una buena

parte de ellas pueden capitalizarse como combates políticos colectivos o llevar a ellos

directamente290.

Así pues, la llamada “delincuencia organizada” es un verdadero estado de resistencia social

y política con grupos organizados, mando único y orden militar291. El propio Karl Marx

afirma que los criminales no solo producen delitos y estimulan a las fuerzas productivas,

además rompen la monotonía y la seguridad cotidiana de la sociedad burguesa. Los

criminales socavan y debilitan las reglas de la “buena sociedad” y articulan un discurso

alternativo y contrahegemónico; interrumpen y abren fisuras sobre las normas y creencias

que hacen posible el funcionamiento de la maquinaria social292. El historiador británico

Eric Hobsbawm ha mostrado que esta forma primitiva de protesta social surge

especialmente, y se torna endémica y epidémica, durante periodos de creciente tensión y

desquiciamiento social, en épocas de penurias anormales (hambrunas, epidemias, guerras)

que amenazan con destruir y transformar a las comunidades originarias más arraigadas. Se

trata de una forma pre-política de resistencia ante las clases dominantes, los invasores

extranjeros o las nuevas fuerzas sociales que buscan imponer un poder cuya autoridad no

es totalmente reconocida o sancionada por la comunidad que ayuda o protege a los

“criminales”, y cuya existencia y supervivencia son amenazadas, en forma

extraordinariamente violenta, por cambios radicales impuestos en lapsos temporales

relativamente cortos. Al enfrentarse contra los poderes establecidos, aun a través de

medios delictivos, las clases subalternas ven expresados sus anhelos íntimos de abierta

rebeldía social. Incluso llega a suceder que la “delincuencia organizada” sustituya al

Estado en las regiones bajo su influencia y forme un “poder paralelo”, estrechamente

vinculado a las clases subalternas, que gradualmente vaya fortaleciéndose, ganando la

simpatía de la población, legitimándose como interlocutor válido de las masas populares

ante las instancias de poder y generando, sin proponérselo, condiciones subrevolucionarias

o prerrevolucionarias. Sin embargo, se trata de una forma de protesta social “recatada”,

reformista y nada revolucionaria: censura los excesos de la opresión y la extrema miseria,

pero no cuestiona la existencia misma de la opresión y la miseria. Su papel no es acabar

con el sistema que origina la opresión y la miseria, sino limitar o revertir la violencia de

los opresores y acotar la miseria dentro de valores tradicionalmente aceptados por la

comunidad como “tolerables”, dentro del marco institucional impuesto por un sistema cuya

existencia no es puesta en tela de juicio293.

De acuerdo a la gravedad de la crisis orgánica y a la correlación de las fuerzas

sociopolíticas en pugna, la clase dominante tiene tres alternativas: (1) La recomposición de

la “sociedad civil”: la clase dominante dispone de una capa muy diversificada y sólida de

intelectuales cuya combinación política puede reformar la crisis orgánica, cambiando

personal y programas, y reasumiendo el control que estaba perdiendo. Los antiguos

compromisos de la clase dominante con las clases auxiliares se recomponen en beneficio de

éstas y, si es necesario, la clase dominante realiza importantes concesiones a las clases

subalternas. (2) La utilización de la “sociedad política”: la fuerza del aparato del Estado es

empleada para aplastar a la dirección revolucionaria de las clases subalternas y separarlas

de sus intelectuales por la fuerza o por cooptación. La intelectualidad elitista al servicio de

la clase dominante, y en especial de la clase política, se reagrupa bajo una dirección única,

considerada como la única capaz de resolver un grave problema existente y alejar un

peligro mortal. Esta solución implica el uso combinado de la coerción y del consenso. En

casos extremos, puede derivar regímenes dictatoriales. (3) El “hombre o grupo carismático

providencial”: cuando el uso de la fuerza o del consenso resulta aleatorio, la clase

dominante recurre a personajes “providenciales o carismáticos” como fuerza equilibrante.

Esto implica que ninguna de las fuerzas en pugna tiene recursos suficientes para vencer,

de tal manera que la continuación de la lucha solo puede concluir con la aniquilación

mutua. Se establece así un régimen de compromiso que está destinado a evolucionar hacia

un bando o el otro, o a desaparecer ante un nuevo estallido rebelde. Si ninguna de estas

soluciones resulta viable, frecuentemente la clase auxiliar, que sirve de base social y de

semillero intelectual para la clase dominante, y de intelectualidad dirigente para las clases

subalternas, se apodera del Estado y reforma las estructuras políticas, económicas y

sociales en su beneficio294.

El caso mexicano parece ser particularmente paradigmático. Miguel Basáñez establece que

la hegemonía de la actual clase dominante mexicana se construyó sobre cuatro

interpelaciones ideológicas, heredadas del siglo XIX, que respondían a las demandas y

aspiraciones de las masas populares y de las élites marginales, y que resultaron muy

poderosas: (1) la redistribución de la tierra a los campesinos, (2) la constitución de

sindicatos y una legislación laboral que garantizara un mínimo de seguridad social a los

obreros, (3) la educación gratuita y masiva que garantizara una vía de movilidad social a la

pequeña clase media urbana, y (4) el compromiso de no reelección para garantizar

oportunidades de ascenso a las élites marginales que aspiran al poder. Estas

interpelaciones se manifiestan claramente en cuatro artículos constitucionales: 3°

(educación), 27° (reforma agraria), 123° (trabajo) y 83° (no reelección)295. Rhina Roux

indica que el Estado postrevolucionario en México se vio obligado a realizar esta serie de

concesiones a las clases subalternas y a las élites marginales a fin de lograr la estabilidad

necesaria para reconstruir la economía nacional bajo un modelo capitalista, y por ello,

paradójicamente, tuvo que invertir el principio central del liberalismo capitalista, que

privilegia al individuo frente a la colectividad y a la acción privada sobre la acción

comunitaria. La forma de Estado derivada de la Revolución Mexicana, y bosquejada en la

Constitución de 1917, era anómala en los marcos del pensamiento liberal capitalista

dominante en el mundo occidental296. Esto se debió a que no existía un sector burgués

moderno que dirigiera el proceso, sino que las decisiones eran tomadas por una burocracia

político-militar, de origen pequeñoburgués provinciano, que manipuló a las clases

subalternas previamente derrotadas mediante la satisfacción parcial de sus principales

demandas y las utilizó para negociar con las élites dominantes y con las potencias

centrales, garantizándose para sí un amplio margen de autonomía relativa297.

Se estableció así una suerte de ‘pacto no escrito’: la clase dominante reconocía derechos

corporativos a las clases subalternas, garantizando un mínimo de seguridad

socioeconómica y de autonomía sociopolítica; y a cambio, las clases subalternas cedían sus

derechos políticos ciudadanos a la clase dominante. Los ciudadanos no elegirían a sus

gobernantes y se limitarían vigilar que éstos cumplieran con los derechos corporativos

pactados. En esto consistía la legitimidad del Estado mexicano postrevolucionario. En

realidad, este esquema de organización social no constituía ninguna novedad: tanto la

sociedad cúlhua-mexica prehispánica como la sociedad novohispana colonial funcionaron

bajo esquemas similares. En el México independiente, la consolidación del liberalismo

decimonónico debió recurrir al mismo esquema para mantener la estabilidad interna. Cada

vez que las élites intentaron modificar estos ‘pactos no escritos’, estallaron sendos procesos

revolucionarios: las Reformas Borbónicas de finales del siglo XVIII ocasionaron la

Revolución de Independencia, las Reformas Santanistas de mediados del siglo XIX

produjeron la Revolución Liberal de Ayutla, las Reformas Liberales “Científicas” de inicios

del siglo XX causaron la Revolución Mexicana298. La situación parece replicarse

actualmente.

A partir de 1966 se abrió un periodo de transición que se ha expresado en una serie de

crisis múltiples encadenadas una a la otra (1968, 1976, 1982, 1987-88, 1994-95, 2006,

2012), ocasionadas por cuatro factores: (1) inadecuación del sistema político para absorber

y representar las demandas de los nuevos sectores sociales; (2) deterioro de las relaciones

entre el Estado y los intelectuales; (3) debilitamiento de la hegemonía ideológica y del

“nacionalismo revolucionario” como su elemento central, (4) desplazamiento del Estado

hacia funciones directamente favorables a un sector particular de la clase dominante ligado

a las élites mexicanas más conservadoras y a los intereses de las grandes empresas

transnacionales. Todo esto derivó en el enfrentamiento entre distintas élites de la clase

dominante por controlar el aparato estatal y ejercer la hegemonía. El enfrentamiento se

direccionó claramente a favor de las élites empresariales y financieras más conservadoras a

partir de 1982, y de manera más evidente desde las elecciones de 1988299. En ese año inició

una crisis global de toda la estructura estatal mexicana: a) el quiebre de las reglas

estructuradas de la comunidad estatal; b) la ruptura del ‘pacto no escrito’ entre gobernantes

y gobernados, poniendo en crisis la legitimidad del Estado, y c) la ruptura de las reglas

internas de funcionamiento de la élite gobernante. El origen de todo ello estaba más allá

de las fronteras nacionales: eran las consecuencias del proceso de reorganización mundial

del capitalismo tras la crisis estructural mundial de 1966-1973.

Desde la segunda mitad de la década de 1990, esta reorganización capitalista mundial se

desplegó en México en torno a cuatro grandes ejes: (1) caída del salario real,

reorganización de los procesos productivos y reorganización de las relaciones laborales,

barriendo con la legislación laboral y la seguridad social previamente pactadas; (2)

modificación constitucional del régimen de propiedad agraria, transformación de la tierra

en mercancía y cancelación de la soberanía alimentaria, aniquilando la reforma agraria

pactada con anterioridad; (3) reestructuración del modelo educativo, socavando el carácter

masivo de la misma y redefiniendo el sentido y los fines del trabajo intelectual, y de la

generación y transmisión del conocimiento, con lo que se interrumpe la vía de ascenso

socioeconómico originalmente pactada, y (4) limitación del principio de ‘no reelección’ a

partir de un nuevo reacomodo de los intereses de la clase dominante, representados por la

mancuerna del PRI (élite político-empresarial) y del PAN (élite empresarial-financiera),

obstruyendo el acceso al poder a otros sectores elitistas, marginales o emergentes, que se

había acordado inicialmente. Aunado a todo ello, se redefinieron las relaciones entre la

Iglesia y el Estado (violentando la tradición laica liberal instituida a finales del siglo XIX),

se han transferido gradualmente los bienes y servicios de propiedad pública hacia el sector

privado (rompiendo con la tradición patriomonialista del Estado, heredada del

contractualismo hispano) y se ha integrado la política nacional al proyecto hemisférico

estadounidense, progresivamente y de manera subordinada, en todas las esferas

(cancelando la tradición nacionalista construida en el proceso independentista y

confirmada en la resistencia a las intervenciones extranjeras durante el siglo XIX e inicios

del siglo XX). Todas estas Reformas Neoliberales han colapsado el entramado material e

ideológico que sostenía al aparato estatal mexicano y han generado una sensación de

incertidumbre cotidiana, inseguridad socioeconómica y sometimiento sociopolítico. Todo

esto es percibido como un conjunto de agravios por parte de las clases subalternas300. Ahí

entronca el proceso actual mexicano con los históricos procesos revolucionarios en

México.

De manera muy acertada, Aguirre Rojas identifica nueve factores de semejanza entre las

condiciones socio-político-económicas previas a los estallidos revolucionarios de 1810 y

1910, y las actuales condiciones socio-político-económicas imperantes en el país:

a) Tanto las Reformas Borbónicas aplicadas en la Nueva España durante la segunda mitad

del siglo XVIII, como las Reformas “Científicas” del Porfiriato aplicadas en México a

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, significaron procesos de modernización

económica brutales, que no solo reconfiguraron de manera fundamental la estructura

económica imperante, sino que también implicaron modificaciones importantes en la

estructura social vigente. De manera semejante, las Reformas Neoliberales de finales

del siglo XX y principios del siglo XXI han desencadenado similares cambios

económicos rápidos y profundos, que han rediseñado la pirámide social, expresándose

en forma de cambios políticos y culturales significativos. Igual que en 1810 y 1910, hay

sectores de la clase dominante que están inconformes con la élite gobernante,

coincidiendo con los sectores y clases auxiliares, subalternas y marginales que no ven

reflejados sus intereses ni sus demandas en el Estado o en el gobierno, y que aspiran a

hacer valer su presencia y su fuerza social, política y cultural de manera clara y

contundente.

b) En 1810, la cerrazón y la necedad de la Corona española y su gobierno virreinal para

asumir, atender y dar cauce a los vastos reclamos económicos, políticos y culturales que

cundían entre la población novohispana, provocaron el estallido del proceso

revolucionario de la Independencia. Cien años después, idénticas actitudes por parte de

la anquilosada y excluyente estructura de poder Porfirista, ocasionaron un nuevo

estallido revolucionario. Actualmente, estas mismas actitudes se están presentando en

la élite político-empresarial que ha asumido el control del Estado desde 1988. Se niegan

sistemáticamente los reclamos tanto populares como de las clases medias y aún de

ciertas fracciones de la clase dominante.

c) Tanto en los lustros previos a 1810, como en los anteriores a 1910, se presentaron

claras ofensivas generalizadas, masivas y anormales, en términos de la evolución

histórica precedente, tanto de la clase dominante como del Estado vigente, en contra de

los intereses, los bienes y las propiedades, los mecanismos de afirmación y reproducción

cultural, la relativa autonomía sociopolítica y los precarios equilibrios socioeconómicos

de existencia cotidiana de amplias masas populares y de vastos sectores subalternos y

auxiliares. Lo mismo está ocurriendo hoy. Las Reformas Borbónicas fueron un claro

intento de regular, reordenar y someter a todos los espacios, sectores, grupos y clases

sociales de la Nueva España bajo nuevos mecanismos que permitieran a la Corona

española recuperar el control de su colonia, constituyendo un claro ataque contra la

economía, la organización política y la vida social de las clases subalternas. El esquema

habrá de repetirse, de otro modo y en otro sentido, con las Reformas “Científicas” del

Porfiriato: desempleo y subempleo generalizado, despojo de tierras y recursos,

debilitamiento de la seguridad de sustento y de la autonomía política de las

comunidades, y degradación de los hábitos y costumbres cotidianas de los grupos

subalternos. Un proceso semejante se ha estado presentando en los últimos 20 o 25

años: se ha despojado a los campesinos de su tierra, se ha vulnerado la economía

popular, se ha renunciado a todo vestigio del modelo de Estado protector y

nacionalista, se han recortado los limitados espacios de la autonomía subalterna, se ha

criminalizado impunemente toda forma de protesta social. Así como aquellas intensas y

anormales ofensivas contra las clases populares abonaron los grandes estallidos sociales

de la Independencia y la Revolución, así ahora la nueva y agresiva ofensiva neoliberal

-intensa, sostenida y anormal- conducirá a la abierta y masiva irrupción revolucionaria

del descontento popular por tercera ocasión.

d) A finales del siglo XVIII estalló una importante crisis económica generalizada. Las

potencias centrales aumentaron enormemente sus gastos para mantener ejército,

marina, una naciente industria e infraestructura (caminos, canales, puertos, etc.); pero el

sistema hacendario del Antiguo Régimen proporcionaba ingresos muy limitados, por lo

que se hizo indispensable crear un nuevo sistema de ingresos que solo podía provenir

de las colonias. Como es costumbre, la solución inmediatista fue recurrir a la creación

de nuevos impuestos y al endeudamiento público. Todo esto terminó por quebrar a los

regímenes de despotismo ilustrado. A principios del siglo XX ocurrió una situación

semejante. En el último tercio del siglo XIX, la vida económica alcanzó el estadio del

gran capitalismo. Las potencias centrales mantenían su poderío industrial y dominaban

al mundo. Para lograrlo, los Estados debieron obtener el apoyo del comercio, de los

bancos y de los empresarios, a cambio de permitirles monopolizar toda la economía.

Lógicamente, para inicios del siglo XX, la brutal y descontrolada competencia entre

empresarios, banqueros y comerciantes había ocasionado el colapso financiero y

endeudamientos públicos impagables, que trataron de cubrirse con la aplicación de

mayores impuestos y con el descenso de los salarios de las clases subalternas.

Actualmente, también presenciamos una crisis global de grandes dimensiones. Desde

2008 estalló públicamente una nueva crisis derivada de la desregulada competencia

entre consorcios transnacionales por el control de fuentes de materias primas, recursos

energéticos y mercados. Los efectos de esta crisis se están percibiendo de manera clara

en los bolsillos y las mesas de las clases subalternas.

e) Estas crisis, en el caso mexicano, parecen haberse complicado siempre con periodos de

profundo desajuste climático. Así, uno de los factores importantes que precedieron el

estallido de la Independencia fue la sequía de esos mismos años, origen inmediato de las

hambrunas de 1785-1786 y 1809-1810. De forma semejante, entre 1891 y 1895, una

gran sequía asoló al país, afectando particularmente al Norte y encareciendo

enormemente los alimentos básicos, lo cual estimuló el estallido de la Revolución. En

este mismo sentido, resulta interesante observar la muy probable relación entre la

severa sequía de 1987-1992, principalmente en el Norte del país, y la sorpresiva victoria

de la oposición panista en esta región en 1988. O la coincidencia de la gran sequía de

1993-1996 con el derrumbe de la élite priísta, gobernante desde 1940, en el proceso

electoral de 2000. En la actualidad, desde 2011, el país vive la que ha sido calificada

como “la peor sequía en los últimos 70 años”, cuyas consecuencias aún son

impredecibles.

f) Los efectos de la crisis global de finales del siglo XVIII se expresaron, entre otras

formas, como un importante incremento de la migración interna novohispana dentro de

la macrorregión central del país. A principios del siglo XX, la crisis global de 1907-

1908 se expresó como una fuerte migración proveniente de la macrorregión central

hacia la macrorregión norteña de México. Actualmente, los efectos de la crisis iniciada

oficialmente en 2008 (pero con importantes antecedentes desde 1973) se están

reflejando como una masiva migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Migración

que está tornándose cada vez más difícil, conflictiva y complicada.

g) Otra de las claras y extremas manifestaciones de la crisis de finales del siglo XVIII fue

el desmedido encarecimiento del maíz entre 1808 y 1811, provocando fuertes

reacciones de inconformidad entre las clases subalternas. El esquema se repetiría con el

encarecimiento del maíz entre 1907 y 1913, como consecuencia de la crisis de 1907-

1908, con idénticos resultados. Ahora, a partir de 2007, se está presentando un nuevo

ciclo de carestía del maíz, complicado con la autorización del gobierno mexicano para

que empresas transnacionales cultiven y comercialicen maíz transgénico desde 2012.

Las consecuencias difícilmente serán diferentes.

h) Otra consecuencia de estos periodos de crisis global ha sido la fractura de la clase

dominante en facciones contrapuestas. A principios del siglo XIX, los rápidos cambios

económicos, políticos y sociales provocados por las Reformas Borbónicas terminaron

por dividir profundamente a la clase dominante en altos burócratas, alto clero y

grandes comerciantes, que se mantuvieron fieles a la Corona española; y una

aristocracia criolla constituida por terratenientes, dueños de minas, comerciantes

medios y bajo clero, con aspiraciones autonomistas e independentistas. A principios del

siglo XX, las Reformas “Científicas” también fracturarían a la clase dominante en

empresarios agroexportadores, banqueros ligados a empresas extranjeras y alta

burocracia, detentadores de la hegemonía nacional; y empresarios agroindustriales,

comerciantes medios y prósperos rancheros, aspirantes al poder nacional. Hoy, se

confrontan claramente los sectores la burguesía mediática, comercial y financiera

ligados a las empresas transnacionales, quienes ejercen la hegemonía nacional desde

1982; y los sectores de la burguesía industrial, comercial y agrícola que dependen del

mercado nacional, quienes no encuentran representados sus intereses en la arena

política.

i) Naturalmente, junto a la crisis económica y la inestabilidad social, aparece la crisis de

legitimidad del gobierno, del Estado y de la clase política en su conjunto. En vísperas

de 1810, el poder del gobierno virreinal novohispano se debilitó enormemente con la

aplicación de las Reformas Borbónicas. El golpe final sobrevino con la invasión

napoleónica a España y la abdicación del rey Carlos IV a favor del hermano de

Napoleón Bonaparte en 1808, dejando sin sustento la legitimidad del gobierno colonial.

Más aún después del golpe de Estado que depuso al Virrey Iturrigaray ese mismo año.

Igual sucedería con el régimen Porfirista, que se debilitó a pasos agigantados a partir

de 1898, con la integración de la oligarquía “científica”, y de 1904, con la intervención

directa de esta oligarquía en el diseño de la política nacional. La compra que el gobierno

hizo de las empresas ferrocarrileras extranjeras y la subsecuente cancelación de sus

convenios con las empresas petroleras estadounidenses a favor de empresarios

europeos, constituyeron factores decisivos para incrementar esta debilidad. El golpe

final sobrevino con la famosa entrevista que el dictador Porfirio Díaz concedió al

periodista estadounidense James Creelman en 1908, abriendo la factibilidad a la

impugnación maderista. En el actual escenario mexicano se está produciendo una

situación semejante. El arribo de la oposición empresarial al gobierno en 2000 abrió un

caudal de esperanzas de cambio entre la población mexicana. Esperanzas que se

desmoronaron en las elecciones de 2006 con el documentado fraude electoral cometido.

La política aplicada durante los siguientes seis años debilitó enormemente la ya

cuestionada legitimidad del grupo gobernante. Las prácticas antidemocráticas

empleadas durante el proceso electoral de 2012 solo vinieron a profundizar esta crisis

de legitimidad hasta niveles impensables.

Así pues, en contra de la visiones falsamente tranquilizadoras que intentan difundir los

medios masivos de comunicación, controlados y manejados por la clase hegemónica, lo

cierto es que el descontento social en México está creciendo aceleradamente, pasando del

agravio personal u ocasional a la insatisfacción colectiva permanente, y madurando esta

última desde la simple denuncia de la injusticia y el incipiente reclamo de una demanda

específica, hasta el clamor por una verdadera y profunda reconfiguración social. Las clases

subalternas mexicanas parecen hoy dispuestas a dejar de exigir la reparación de agravios o

injusticias personales, sectoriales, locales o regionales, para iniciar un histórico ajuste de

cuentas con la clase dominante y con su élite gobernante301. Por lo tanto, cabría pensar

que México se encuentra actualmente en una etapa pre-revolucionaria o sub-

revolucionaria, con altas posibilidades de evolucionar hacia un periodo propiamente

revolucionario de gran envergadura.

El papel que los “cárteles” están jugando en esta compleja dinámica social mexicana es más

bien ambiguo. Por un lado, tal como se ha documentado previamente, históricamente el

narcotráfico en México está íntimamente ligado al aparato estatal-gubernamental erigido

después de la Revolución Mexicana. Los propios consultores de la Oficina de las Naciones

Unidas para asuntos de Drogas y Delincuencia sostienen que los grupos mexicanos del

crimen organizado no pueden ubicarse dentro de los modelos habituales de delincuencia

organizada y sus conexiones con el poder político, sino en el concepto de “crimen

organizado de Estado”: grupos que ejecutan actos legalmente definidos como delictivos bajo

la protección y/o la dirigencia de funcionarios del Estado y cuya finalidad es lograr

objetivos definidos por las propias necesidades del Estado302.

Con respecto a esta categorización, el filósofo camerunés Achille Mbembe ha acuñado el

término “máquinas de guerra”: grupos especializados, dinámicos, polimorfos y difusos, de

hombres armados que se dividen o se suman entre ellos, dependiendo de las tareas a

realizar o de las circunstancias imperantes; capaces de adaptarse a diversas situaciones al

margen de trabas e inercias tradicionales; mantienen complejos vínculos con las

estructuras estatales –desde la autonomía hasta la incorporación- y disfrutan de una

amplia autonomía para operar, lo que a la larga podría implicar una ruptura con sus

mandos gubernamentales. El Estado puede transformarse, por cuenta propia, en una

“máquina de guerra”, o bien apropiarse de una ya existente, o incluso fomentar su creación;

todo dependerá de las necesidades determinadas por el momento histórico.

Frecuentemente, estas “máquinas” toman elementos propios de los ejércitos regulares

formales; a su vez, dichos ejércitos pueden fácilmente apropiarse de algunas características

propias de estas “máquinas”. Estos grupos combinan tanto características de una

organización política como de una empresa mercantil. Presentan, pues, pluralidad de

funciones, adaptabilidad y flexibilidad. La investigadora Rossana Reguillo les agrega la

deslocalización, la ubicuidad, la elusividad y el sigilo; en tanto que el investigador

Fernando Montiel, destacado discípulo del sociólogo noruego Johan Galtung, les añade las

propiedades de los panópticos (torres de vigilancia circulares, ubicadas a gran altura en el

centro de los patios de las prisiones, que permiten mantener un control visual de 360°):

son omnipotentes, omniscientes y omnipresentes, es decir, actúan como celadores. Son

todo aquello que el Estado debería ser y no es303.

Todo esto se conecta directamente con el concepto del “capitalismo del desastre”, basado en

la llamada “doctrina del shock”, ambas ideas desarrolladas extensamente por la periodista

canadiense Naomi Klein: las poblaciones son sometidas a constantes dosis de tensión

psicosocial (a partir de diversos detonantes: golpes de Estado, ataques terroristas, colapsos

financieros, guerras indefinidas, desastres naturales) para inducirles un estado de shock

colectivo que termina por quebrar su voluntad y facilitar la sustitución de sus valores

tradicionales, que bajo otras circunstancias defenderían con firmeza. Bajo este estado de

shock, los ciudadanos renuncian voluntariamente a todos sus derechos a cambio de

recuperar la seguridad y la tranquilidad perdidas304. Bajo estas definiciones, los “cárteles”

son “máquinas de guerra” al servicio de la clase dominante, en el contexto de la aplicación

de la “doctrina del shock”, pero que, contradictoriamente, se encuentran en competencia con

el Estado por el monopolio de la violencia, legítima o ilegítima. De ahí su ambigua

actuación dentro del conflicto social mexicano en ciernes.

El uso que el Estado mexicano ha estado haciendo de la “maquinaria de guerra” de los

“cárteles”, particularmente desde 1995, en el marco del levantamiento armado del “Ejército

Zapatista de Liberación Nacional” (EZLN) en Chiapas, en enero de 1994, se ha extendido

por buena parte del territorio nacional con la integración de múltiples grupos

paramilitares que han acosado permanentemente a las comunidades asentadas en

territorios económica y políticamente estratégicos. Este uso se incrementó notablemente

con la declaración de la “guerra contra el crimen organizado”, por parte del gobierno federal,

en diciembre de 2006, y con mayor énfasis desde 2010, revelándose claros lineamientos de

carácter contrainsurgente como la “recuperación” de territorios, no solo bajo control de

los “cárteles”, sino bajo dominio de organizaciones guerrilleras. Así, la “guerra” ha incluido

ataques directos a guerrillas como el “Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente”

(ERPI)305, una escisión del “Ejército Popular Revolucionario” (EPR), que admitió

públicamente en agosto de 2009 haber sostenido enfrentamientos con grupos

paramilitares asociados con el gobierno federal y con el Cártel de Sinaloa. En tanto que la

“Tendencia Democrática Revolucionaria–Ejército del Pueblo” (TDR-EP), la otra secesión del

EPR, ha proclamado la validez de aplicar la justicia popular y cobrar un “impuesto

revolucionario” a los narcotraficantes306. Por su parte, el EZLN ha decretado la

prohibición absoluta de cultivar, traficar y consumir drogas en su territorio. Hasta ahora,

no se han señalado relaciones de colaboración entre grupos guerrilleros y de

narcotraficantes mexicanos307. Es decir, en esta “guerra”, las guerrillas mexicanas han

tomado una clara posición contra las “máquinas de guerra”. Pero los ataques también han

ocurrido contra organizaciones de la sociedad civil que se han rebelado por la vía pacífica a

las políticas gubernamentales, y aún en contra de las comunidades organizadas que se han

manifestado a favor de la autodeterminación y la autonomía de los pueblos y grupos (en

estos últimos casos, las autoridades suelen atribuir los atentados a la delincuencia

organizada, pero sin presentar una sola prueba)308.

La respuesta de las comunidades a este acoso ha sido previsible: buena parte de ellas ha

organizado sus propios grupos de autodefensa armada y se han declarado “autónomas”. El

verdadero peligro para el Estado mexicano, para la clase dominante y sus élites

gobernantes, y para el ejercicio efectivo de la hegemonía en México, es esta autonomía

armada, verdadero preámbulo de una situación revolucionaria. Gradualmente se está

edificando un poder subalterno paralelo que resulta mucho más amenazador que el

hipotético “desafío” que representan los “cárteles” del narcotráfico, pues cuestiona, de

manera frontal, el principio de autoridad hegemónica de la clase dominante y de su Estado.

Así, la autonomía comunitaria se ha extendido por amplias zonas rurales indígenas en

Sonora, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Campeche, y comienzan a presentarse

síntomas de “contagio” en zonas de Chihuahua, Morelos, Veracruz, Tabasco y Estado de

México. En estas zonas, las autoridades son elegidas al margen de los procesos y las

instituciones políticas estatales, se constituyen cuerpos populares de seguridad y

autodefensa armada, se crean modelos de desarrollo económico sustentable, se impulsan

proyectos de educación autónoma y se desarrollan medios de comunicación alternativos e

independientes, todo sin la participación del Estado ni de las grandes empresas nacionales

o transnacionales309. Comienza así a presentarse una ruta para los opositores, dirigentes

sociales e inconformes que ya miran a la insurrección como posibilidad real y viable ante

las condiciones de inseguridad y de acoso310.

Pero existe aún otro aspecto que relaciona a la “guerra contra la delincuencia organizada”

con el más que probable proceso revolucionario social en curso. Hace ya tiempo que en la

sociedad mexicana se gesta un resentimiento socioeconómico y sociopolítico que las

bandas de narcotraficantes han sabido capitalizar. El creciente empobrecimiento y las

poderosas armas suministradas por el narcotráfico han formado auténticos ejércitos

regionales de extracción popular que son casi invencibles por su temeridad y fuerza. Los

“cárteles” lograron lo que no pudieron ni el corporativismo priísta ni las guerrillas surgidas

desde la década de 1960: armar y disciplinar a amplias capas de la población, además de

quebrar la tradicional unidad de la élite empresarial. Los narcotraficantes han logrado dar

cauce a los impulsos insurreccionales de las masas populares golpeadas por la política

macroeconómica neoliberal. Quizás aún no está plenamente organizado, pero se ha

sembrado ya la semilla de una insurrección o de un levantamiento popular patrocinado por

el crimen organizado. Y lo están haciendo en absoluto silencio. Quienes forman parte de

los ejércitos de sicarios al servicio de los “cárteles”, tienen razones de sobra para protestar

porque nunca han sido tomados en cuenta. Lo que siempre les ha faltado es un proyecto

político y económico que los incluya311. Un claro ejemplo de esto se presenta en la

histórica “ruta de la plata”, convertida hoy en la “ruta de las drogas y las armas”. Durante

la Colonia, las vías de esta “ruta” eran codiciadas por bandoleros y asaltantes que

esperaban el paso de las cargas de metales preciosos en camino a la Ciudad de México

desde Nuevo México, vía Zacatecas. Ahora se las disputan los “cárteles”. Y no es para

menos: conecta al Centro y al Bajío con el Norte. Los ejércitos de sicarios se asientan en

los pueblos que atraviesan las carreteras o en las zonas serranas, donde reclutan a jóvenes

sumidos en la pobreza y con escasas alternativas de sustento. Estos jóvenes, de 20 a 35

años, se mezclan con ex militares y ex policías, quienes los arman en poco tiempo y les dan

autoridad local312. Otro ejemplo: en Monterrey, Los Zetas desplazaron a la “Confederación

de Trabajadores de México” (CTM) y a la “Confederación Revolucionaria de Obreros y

Campesinos” (CROC), arrebatándoles el control de los sindicatos que representan a más de

20 mil vendedores ambulantes313.

Como en 1810, cuando se rebelaron contra el colonialismo español; como en 1910, cuando

se levantaron contra el Porfiriato, los pobres de México han vuelto a empuñar las armas

para luchar de nuevo contra el destino que las élites se obstinan en imponerles. Hay sin

embargo profundas y marcadas diferencias entre los estallidos sociales de hace 100 y 200

años, y el de hoy. Aquéllos fueron promovidos por dirigentes políticos, que llevaron a las

masas a la lucha violenta en busca de soluciones colectivas a problemas comunes. Quienes

participan en el alzamiento actual, lo hacen bajo las órdenes de empresarios clandestinos y

persiguen objetivos individuales. En los tres momentos históricos (1810-1821, 1910-1920,

2006–¿?), la concentración de la riqueza en pocas manos, la expansión acelerada de la

miseria, los privilegios inaceptables de una burocracia autoritaria, sorda, ciega y corrupta;

la injusticia sistemática en perjuicio de los más débiles, la ausencia de perspectivas de

cambio a corto y mediano plazos, la falta de espacios de negociación para acordar salidas

pacíficas, detonaron, en cada caso, una guerra civil. La actual confrontación es

consecuencia del desmantelamiento del Estado nacional que, en 1982, iniciaron De la

Madrid y Salinas, y que culminaron Zedillo, Fox y Calderón. La lucha entre los gatilleros

de esas empresas llamadas “cárteles”, que no son simples ‘bandas de forajidos’, sino temibles

y verdaderos ejércitos regionales, mejor pertrechados que el Ejército Federal con sus casi

100 mil elementos, constituye la esencia de esta nueva guerra civil, protagonizada

centralmente por hombres y mujeres jóvenes que tomaron las armas para tratar de

mejorar sus condiciones de vida314. Alonso Salazar, periodista, escritor y político

colombiano, llamó a esto, de manera arriesgada pero bastante precisa, “una revolución sin

filósofos”315.

5. A manera de conclusión: una historia circular

Éramos pobres e invisibles. Ahora somos ricos con la multinacional de la droga.

Nosotros somos una empresa moderna, ustedes son el Estado quebrado e incompetente. Nosotros somos ágiles, ustedes son lentos y burocráticos.

Nosotros luchamos en terreno propio, ustedes en territorio ajeno.

Nosotros no tememos a la muerte, ustedes se mueren de miedo. Nosotros vamos a la ofensiva, ustedes apenas atinan a defenderse.

Nosotros no tememos ser crueles, ustedes están atados por su ‘humanismo’.

Ustedes nos transformaron en superestrellas del crimen, nosotros los tildamos de payasos. A ustedes la gente los odia, a nosotros, por miedo o por amor, nos ayuda…

¿No hablan de lucha de clases? Pues entonces ¡llegamos nosotros!... No solo hay proletarios y explotadores. Hay una tercera cosa creciendo allá afuera.

Entrevista a Marcos Camacho, Marcola. Un capo lúcido. 2006

En julio de 2006, el proceso electoral presidencial dejó un país geohistóricamente dividido

y un gobierno “electo” sin margen alguno de legitimidad. En diciembre de ese año, Felipe

Calderón Hinojosa, apenas iniciando su gestión presidencial, declaró la “guerra al crimen

organizado” porque tenía miedo. Temía que sobreviniera una revuelta social auspiciada

por las crecientes protestas de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y por los

conflictos sociales de gran envergadura presentes en Oaxaca y en el Estado de México

(San Salvador Atenco) -los cuales estaban ya atrayendo la atención de los principales

grupos guerrilleros del país: EZLN en Atenco y EPR en Oaxaca-, así como por la

amenaza de una huelga nacional por parte del beligerante sindicato minero y su aliado: el

sindicato de electricistas. Pero temía también a la reacción de poderosos grupos

empresariales (el otrora monolítico grupo empresarial de Monterrey se había fraccionado:

un bando encabezado por Lorenzo Zambrano, presidente de Cemex, y otro por Alejandro

Junco de la Vega, dueño del Grupo Reforma) que llegaron a considerar la posibilidad de

impulsar una presidencia interina y hasta barajaron un nombre para ello: el del ex rector

de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Temeroso, en este contexto, Calderón recurrió a

las fuerzas armadas316. El presidente trataba de legitimar ante la opinión pública su

gobierno alardeando del apoyo militar, en virtud de que había sido impuesto por un golpe

de Estado técnico militar a través del Estado Mayor Presidencial. Al mismo tiempo, el

nuevo gobierno empezó a definir dos estrategias, la de la guerra y la económica, bajo tres

principios básicos: reactivar la economía nacional a favor de las grandes transnacionales,

legitimar al gobierno repudiado por amplios sectores sociales y reprimir cualquier connato

de movilización social (en realidad, la labor de los militares en las calles no es combatir al

crimen, sino desarticular los movimientos sociales a través de ejecuciones selectivas y

acoso paramilitar). Además, esta “declaratoria de guerra” contaba con el aval de las

políticas del Pentágono para militarizar las instituciones de seguridad en México317. Para

2010, al menos 600 mil mexicanos, jóvenes en su mayoría, habían sido desmovilizados

políticamente a causa de las drogas, puesto que una sociedad drogadicta y temerosa no

tiene capacidad para defender sus derechos318.

Paradójicamente, seis años después, el fracaso de esta estrategia se hizo evidente. La

“declaración de guerra al narcotráfico” desató una guerra civil cuya duración resulta ya

incierta (algunos han hablado de un periodo de 10 a 15 años, los más optimistas afirman

que durará hasta 2014 o 2015. En todo caso, cualquier análisis histórico, social, económico

o político, de corto, mediano y largo plazos, tendrá que partir de esta certeza: México está

en guerra civil y los sectores sociales más empobrecidos han tomado de nuevo las

armas319). A pesar de la desmovilización política, en mayo de 2012, en plena campaña

presidencial, detonó el movimiento estudiantil universitario “#Yo soy 132” oponiéndose a

la imposición de un nuevo gobierno no electo democráticamente. La inercia del miedo y la

adicción no fue suficiente. En el proceso electoral de 2012, ningún candidato presidencial

se refirió explícitamente en sus discursos a la guerra que desgarra al país, y el que

resultaría candidato “ganador” (en realidad impuesto por las grandes transnacionales y sus

asociados en las élites políticas y empresariales nacionales), Enrique Peña Nieto, casi al

final del periodo electoral, dio a conocer que el general colombiano Óscar Naranjo, uno de

los hombres clave del llamado “Plan Colombia” implementado por Estados Unidos, sería

su asesor antidrogas. Un anuncio dirigido a los organismos de seguridad estadounidenses

para darles la certeza de que podrán seguir con la injerencia que han tenido hasta la fecha

en la agenda antinarcóticos y de contrainsurgencia mexicana320. Pero también un claro

mensaje de seguridad para el Cártel de Sinaloa, dadas las viejas relaciones del Gral.

Naranjo con los socios colombianos de dicha organización321.

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2012 parecen una reedición de las

elecciones presidenciales de 2006. Esto se nota incluso geohistóricamente:

En tanto, el proceso de una casi segura próxima revolución social en México ha

continuado sin alteraciones. Antes de abandonar el cargo presidencial, Felipe Calderón

Hinojosa logró que se aprobará la Reforma Laboral (que, en esencia, elimina todas las

prestaciones sociales concedidas a los obreros por los gobiernos postrevolucionarios y

abarata la mano de obra a niveles alarmantes: entre 7 y 8 pesos por hora laboral) y la

tercera fase de la Reforma Agraria (dando por finalizadas las pocas características de

propiedad social y comunal que le quedaban al ejido desde 1992, dando paso a la propiedad

privada de la tierra y abriendo la posibilidad de que las empresas mineras, energéticas,

turísticas y agroindustriales puedan despojar a las comunidades de sus tierras). Todo esto

solo incrementará la inseguridad socioeconómica y el sometimiento sociopolítico de las

clases subalternas, acelerando el estallido social que se avecina. El nuevo gobierno,

impuesto por un nuevo golpe de Estado técnico, en sus primeras horas de funciones, debió

recurrir a la represión en la propia capital del país para hacer frente a las masivas protestas

en su contra. Sus primeros pasos han sido en la dirección de afianzar el modelo de país

propuesto en los documentos “México 2030. Proyecto de gran visión”: está impulsando una

Reforma Educativa que permita acabar con la disidencia magisterial y universitaria, así

como una Reforma de Seguridad Interna que establece la creación de una “Gendarmería

Nacional” que unifique a todos los mandos policiacos y militares bajo la tutela de la

Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la

Marina Armada de México.

En tanto, se mantiene activa la “guerra contra el crimen organizado” y las tropas siguen

en las calles. Pero, al igual que su antecesor, la estrategia de Peña Nieto está basada en el

miedo al estallido social que ya se presiente. Se trata de una farsa mediática, implementada

a través de criterios de mercadotecnia que no pretende desmantelar grupos criminales,

sino hacer frente a las protestas sociales322. No hay ninguna “guerra contra el

narcotráfico”. Hay una “guerra” por el control del narcotráfico. Lo quieren todos:

militares, policías, políticos y empresarios. Es muchísimo dinero el que proveen los

consumidores estadounidenses, y todos en México quieren la parte proporcional más

Elecciones presidenciales 2006 Elecciones presidenciales 2012

grande323. La “industria” del narcotráfico contrasta por lo cuantioso de sus dividendos del

resto de la economía, menguada desde hace al menos 30 años y fulminada desde el 2007

por la impericia de las autoridades fiscales y monetarias frente a la recesión global324. El

“sector” muestra crecimiento sostenido, ganancias multimillonarias y una vigorosa

“generación de empleos”. Es evidente que el desmantelamiento de la “industria” de las

drogas no es el objetivo que persigue la política de seguridad, pues no la ha disminuido en

ningún sentido. Lo que sí ha hecho, y muy bien, es desgarrar el tejido social mexicano325.

Con una fuerza del Estado disminuida y desmoralizada, con una corrupción impune en las

filas de todos los niveles de gobierno, con un sistema financiero criminal sin merma y un

poder armado creciente, es posible que las organizaciones criminales pasen a una nueva

etapa de poder, ya con todo el aparato institucional completamente a sus pies. En este

contexto habría que reconocer en el horizonte histórico los peores escenarios para el país:

la ingobernabilidad-balcanización, un golpe de Estado-régimen militar, o una invasión

militar extranjera326.

Aníbal Ayala Cortés Ciudad de México

Diciembre de 2012

NOTAS

1) Villalpando, 2008, p: 248.

2) Con respecto a la aceptación de la naturaleza contrainsurgente de la “guerra contra el crimen

organizado”, véase Aguilar y Castañeda, 2010; especialmente el Capítulo VI: “México y

Colombia no son lo mismo” (pp: 103-126). Para una visión crítica más exacta y documentada

al respecto, véanse los textos de Nancy Flores, publicados entre febrero y julio de 2010, así

como el publicado en septiembre de 2011.

3) Véase, por ejemplo: Rodríguez Castañeda (coord.), 2011.

4) Véanse: Barona Lobato, 1976; Fernández Menéndez, 1999; Boville Luca de Tena, 2000;

Camacho, 2002; Paoli Bolio, 2008.

5) Barona Lobato, 1976, pp: 23-24.

6) Camacho, 2002, pp: 84-86.

7) Fernández Menéndez, 1999, pp: 35-36.

8) Paoli Bolio, 2008, p: 99.

9) Véase: Boville Luca de Tena, 2000; específicamente el Capítulo I: “Origen de las políticas sobre

drogas” (pp: 27-58).

10) El referente obligado para un estudio histórico del narcotráfico en México es Luis Alejandro

Astorga Almanza, sociólogo de la UNAM. Véanse sus obras publicadas en 1996, 2005 y 2007.

11) Astorga, 2005, pp: 17-29.

12) Ortega Sánchez, 2010, pp: 138-144.

13) Fernández Menéndez, 1999, p: 36.

14) Andrade Bojorges, 1999, p: 37.

15) Morales Oyarvide, 2010.

16) Andrade Bojorges, 1999, pp: 37-38.

17) Astorga, 2005, p: 28.

18) Andrade Bojorges, 1999, pp: 133-138.

19) Fernández Menéndez, 1999, p: 36.

20) Astorga, 2005, p: 41.

21) Andrade Bojorges, 1999, p: 35.

22) Paoli Bolio, 2008, pp: 99-100.

23) Barona Lobato, 1976, pp: 38-39.

24) Fernández Menéndez, 1999, p: 37.

25) Andrade Bojorges, 1999, p: 35.

26) Astorga, 2005, p: 28.

27) Astorga, 2005, pp: 39-57.

28) Astorga, 2005, pp: 59-63.

29) Andrade Bojorges, 1999, p: 36.

30) Hernández, 2010, p: 118.

31) Astorga, 2005, p: 63.

32) Astorga, 2005, p: 72.

33) Astorga, 2005, p: 79.

34) Ravelo, 2007, pp: 12-13.

35) Hernández, 2010, pp: 119-121.

36) Barona Lobato, 1976, p: 40.

37) Astorga, 2005, p: 80.

38) Andrade Bojorges, 1999, pp: 44-45.

39) Astorga, 2005, pp: 81-84.

40) Barona Lobato, 1976, p: 42.

41) Véase: López Ortiz, 2010.

42) Astorga, 2005, p: 90.

43) Astorga, 2005, pp: 95-96.

44) Andrade Bojorges, 1999, pp: 48-52.

45) Astorga, 2005, p: 106.

46) Astorga, 2005, p: 100.

47) Véase: Casado Galván, 2009.

48) Ortega Sánchez, 2010, p: 139.

49) Astorga, 2005, p: 100.

50) Fernández Menéndez, 1999, p: 37.

51) Astorga, 2005, p: 101.

52) Fernández Menéndez, 1999, p: 37.

53) Andrade Bojorges, 1999, pp: 59-60.

54) Astorga, 2005, pp: 103-108.

55) Véanse: Scherer García y Monsiváis, 1999 y 2004.

56) Castellanos, 2007, p: 17.

57) Castellanos, 2007, pp: 157-158.

58) Fernández Menéndez, 2007, pp: 115-134.

59) Hernández, 2010, pp: 121-122.

60) Véase: Jiménez Cantú, 2005.

61) Andrade Bojorges, 1999, p: 65.

62) Hernández, 2010, p: 122.

63) Astorga, 2005, p: 112.

64) Hernández, 2010, p: 122-124.

65) Andrade Bojorges, 1999, pp: 63-64.

66) Astorga, 2005, p: 115.

67) Fernández Menéndez, 1999, p: 21.

68) Andrade Bojorges, 1999, pp: 64-65.

69) Andrade Bojorges, 1999, p: 107.

70) Hernández, 2010, p: 34.

71) Astorga, 2005, p: 121.

72) Fernández Menéndez, 1999, pp: 20-23.

73) Véase: Basáñez, 1990.

74) Véase: Molina Hernández, 2008.

75) Roux, 2005, pp: 225-237.

76) Hernández, 2010, pp: 125-138.

77) Astorga, 2005, p: 123.

78) Astorga, 2005, p: 134.

79) Fernández Menéndez, 1999, pp: 24-25.

80) Ortega Sánchez, 2010, p: 142.

81) Astorga, 2005, pp: 127-128.

82) De Mauleón, 2010, pp: 66 y 115.

83) Hernández, 2010, pp: 144-145.

84) Hernández, 2010, pp: 139-140.

85) Hernández, 2010, pp: 40-42.

86) Fernández Menéndez, 1999, p: 26.

87) Véase: Fernández Menéndez, 1999.

88) Ortega Sánchez, 2010, pp: 144-145.

89) Hernández, 2010, pp: 126-127 y 180.

90) Fernández Menéndez, 1999, p: 76.

91) Astorga, 2005, pp: 149-150.

92) Fernández Menéndez, 1999, p: 63-66.

93) Hernández, 2010, p: 181.

94) Fernández Menéndez, 1999, p: 66.

95) Véase: Loaeza, 2000.

96) Fernández Menéndez, 1999, pp: 80-84.

97) Fernández Menéndez, 1999, p: 70.

98) De Mauleón, 2010, pp: 104-105.

99) Fernández Menéndez, 1999, p: 27.

100) Véanse: Hernández, 2010; De Mauleón, 2010, pp: 56-84.

101) Fernández Menéndez, 1999, pp: 101-170.

102) Astorga, 2005, pp: 157-158.

103) Astorga, 2005, p: 167.

104) Fernández Menéndez, 1999, pp: 123-138.

105) Fernández Menéndez, 1999, pp: 145-152.

106) Astorga, 2005, pp: 162-163.

107) Hernández, 2010, pp: 14 y 320.

108) Hernández, 2010, pp: 397-405.

109) Hernández, 2010, pp: 359-365; De Mauleón, 2010, pp: 77-80.

110) De Mauleón, 2010, p: 79.

111) Hernández, 2010, p: 353.

112) Hernández, 2010, p: 390; De Mauleón, 2010, pp: 79-80.

113) De Mauleón, 2010, p: 35.

114) Hernández, 2010, p: 414.

115) Hernández, 2010, pp: 463-464.

116) Consulta Mitofsky, 2 de julio de 2007.

117) Ravelo, 2007, pp: 34-39.

118) Astorga, 2005, p: 171.

119) Flores Nández, 2012, pp: 21-22.

120) Hernández, 2010, p: 16.

121) Al respecto, véanse: Bruhn y Green, 2007; Pineda, 2006

122) Véase: Fazio, 2007. Especial atención merece la mención que hace del informe “Avances del

análisis de información sobre el narcotráfico en México”, realizado por el Centro de

Inteligencia Antinarcóticos (CIAN) en septiembre de 2005, así como de la publicación de una

investigación al respecto publicada por The New York Times el 23 de febrero de 1997.

123) Ortega Sánchez, 2010, pp: 155-157.

124) Véase: Guerrero Gutiérrez, 2011.

125) Véase. Guerrero Gutiérrez, 2011.

126) Mosso Castro y Mendoza Hernández, 2012.

127) Ortega Sánchez, 2010, p: 159.

128) Véase: Rodríguez Castañeda, 2011.

129) Hernández, 2010, pp: 467-472.

130) Hernández, 2010, pp: 491-496.

131) Ortega Sánchez, 2010, pp: 141-142.

132) Véase: Echeverría, 2012.

133) Véase: Camacho, 2010.

134) Osorno, 2009; Camacho, septiembre y noviembre de 2009.

135) Alemán, 2009.

136) Camacho, septiembre de 2009.

137) Gómez Durán, 2011.

138) Gutiérrez Luna, agosto de 2008.

139) Hernández, 2010, p: 509.

140) Hernández, 2010, pp: 509-530.

141) Hernández, 2010, p: 531.

142) Forbes, marzo de 2009.

143) Véase: Guerrero Gutiérrez, 2011.

144) Hernández, 2010, p: 537.

145) Hernández, 2010, p: 585.

146) Véanse: Proceso, 11 de abril de 2010; Stratfor, 21 de diciembre de 2010.

147) Véanse: Stratfor, 21 de diciembre de 2010; Vega, enero de 2011.

148) Castillo García, 11 de noviembre de 2011.

149) Forbes, 2 de noviembre de 2011.

150) Hernández, 12 de noviembre de 2011.

151) Hernández, 2010, p: 327.

152) Flores Martínez, 2011.

153) Flores Contreras, 20 de abril de 2012.

154) Castillo García, 29 de agosto de 2012.

155) Dávila, 11 de julio de 2012.

156) Aranda y Castillo, 13 de septiembre de 2012.

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158) Astorga, 2005, p: 124.

159) Esta es la tesis central expuesta por Andrade Bojorges, 1999; Fernández Menéndez, 1999;

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168) Astorga, 2005, p: 174.

169) Casi todos los datos “duros” presentados fueron extraídos de Flores Nández, 2012.

170) Henríquez, 26 de mayo de 2009.

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