LA FAMILIA YERMO 1750-1850

María Teresa Huerta DEH-INAH

Del análisis de la problemática del grupo de hacendados azucareros de Morelos en el período 1790 a 1870*, hemos sacado el caso de la familia Yermo, cuya trayectoria puede exponerse -a lo largo de tres generaciones-, como representativa de los grupos económicos que adecuaron su comportamiento a los cambios generados por las reformas borbónicas, la revolución independentista y el nuevo orden socioeco­nómico y político que prevaleció en la primera mitad del siglo XIX.

Conforme a esta perspectiva y según los datos disponibles hasta el momento, es posible integrar un marco explicativo que aluda someramente a la procedencia del grupo familiar, a la significación del fenómeno de la emigración vasca, a la constitución y actitud de un grupo social, a los mecanismos propios de la actividad especulativa sobre los productos agropecuarios, al manejo del capital comercial y usurario, a su conversión en hacendados azucareros, a su influencia sobre el poder político, a su intervención en la lucha social y a su posi­ción ante la emergencia y reacomodo de nuevos grupos en el México in­dependiente.

Los Y erm o: comerciantes monopolis tas

En este sentido, el caso de los Yermo queda inmerso en la proble­mática del comerciante monopolista de la segunda mitad del siglo XVJII, cuya práctica económica se desenvolvió en el marco de una so­ciedad corporativa.

* Investigación en proceso.

Originarios de la aldea de Sodupe, Consejo de Güenes, en las En­cartaciones del Señorío de Vizcaya1, los hermanos Juan Antonio y Ga­briel Joaquín de Yermo y Larrazábal, vivían por 1755 en San Miguel el Grande (Gto.), villa que aglutinaba a un núcleo preponderante de vascos2.

Es bien sabido que, tras la denominación vasca, se conformó un grupo social con intereses económicos y políticos muy sólidos y defi­nidos. Y es que desde los inicios coloniales, el reclutamiento de vascos fue prioritario en la política migratoria española, por proceder de una comarca entonces pobre y estéril con fuertes presiones demográficas3; de forma que la emigración a América les permitió ascender en la escala social, al incorporarse a una sociedad en formación.

Y como los núcleos peninsulares de las expediciones colonizado­ras fueron gratificados con concesiones territoriales y mineras, se con­virtieron en la élite de una sociedad corporativa que les garantizó jurí­dicamente sus privilegios.

En la jerarquizante y rígida sociedad colonial, las posibilidades de movilidad social eran nulas para casi todos los grupos étnicos, no así para los inmigrantes españoles a través de patrones establecidos que les propiciaban el rompimiento de la rigidez social.

El fenómeno, ya ampliamente analizado por Brading4, es muy per­ceptible entre los vascos, cuyo éxodo a la Nueva España fue permanen­te; es explicable que fueran preferentemente comerciantes, pese a tener muy arraigado el prejuicio de nobleza o hidalguía universal5, ya que el comercio era el agente generador de la relación Metrópoli-Colonias. Es conveniente observar que en España el prejuicio en contra de la activi­dad comercial se fue debilitando desde el descubrimiento de América, aunque simultáneamente se gestara el fenómeno del ennoblecimiento del comerciante enriquecido que aspiraba a obtener honor y prestigio social6; el cambio de actitud fue más notorio en el siglo XVIII, ya que el pensamiento ilustrado coadyuvó a socavar la concepción señorial de la sociedad española7. En consecuencia, se observó que durante ese siglo, el inmigrante español que llegaba a la Nueva España "era un campesino del norte convertido en comerciante” 8.

Cuando los Yermo se establecieron en San Miguel el Grande, ya otros vascos procedentes de la misma comarca les habían precedido. La villa fue desde su fundación paso obligado de la ruta México-Zacatecas y asiento de innumerables estancias ganaderas que luego se transforma-

ron en latifundios9, como resultado de un proceso concomitante al de integración de un grupo de propietarios ganaderos del que formaban parte: Francisco José de Landeta10, el Mariscal de Castilla11, Narciso de la Canal y Juan María de Lanzagorta12.

Es claro que la oligarquía local de San Miguel el Grande se confi­guró a través de relaciones de parentesco. Al respecto tenemos algunos otros indicios que complementan lo ya conocido13 sobre los nexos fami­liares entre los Landeta, los Lanzagorta, los Yermo, los Larrea y los de Lapuente.

Basta destacar que, en 1754, el rico comerciante vasco Juan de Castaniza y Larrea , casado con María Anna González de Agüero y de la P uen te , era cónsul del Tribunal del Consulado de la ciudad de México, poseía un almacén en San Miguel el Grande y fungía como apoderado de los hacendados y comerciantes vascos de la villa, como Francisco José de Landeta, Francisco de Urtuzuástegui, Domingo de Unzaga, Juan An­tonio de Arezana, Pedro de Arregui, Antonio de Lanzagorta y Pe­dro Francisco de la P u en te14, quien según constatamos era el vínculo familiar más cercano a los Yermo. Su hermana Josefa de la Puente había estado casada con José de Yermo y Larrazábal15, hermano de Juan An­tonio y Gabriel Joaquín16. Al propio tiempo, Juan Antonio de Yermo es­trechó aún más sus ligas familiares con el grupo vasco de San Miguel el Grande, al contraer matrimonio por 176117, con María Ignacia Diez de Sollano, hija de Joaquín Francisco Diez de Sollano y Josefa de Landeta y Primo18.

Por otra parte, importa subrayar que la importancia económica del grupo ganadero de San Miguel el Grande data de la segunda mitad del siglo XVII, cuando la ganadería era el sector económico más trascen­dente de la zona19 por ser una actividad complementaria de la minería, y cuyo desarrollo dependía de la expansión del mercado, por lo que la villa se convirtió en un fundamental centro de distribución, articulado a los circuitos de comercialización del ganado, que se conectaban con las regiones norteñas de Nuevo León y de Coahuila "en donde conserva­ban comerciantes, que a cambio de géneros compraban ganados, giro que les proporcionaba grandes ventajas de hacerse de grandes caudales” 20.

En este punto, el caso de Juan Antonio de Yermo constituye un buen ejemplo de tal práctica mercantil, porque siendo almacenero del Consulado de la ciudad de México21, se dedicaba al comercio de impor-

tación-exportación, manteniendo estrechas relaciones mercantiles con su sobrino Francisco de Yermo, establecido en el Nuevo Reino de León22, al igual que al giro del abastecimiento de la carne de carnero en la ciudad de México, lo que nos muestra la estrecha conexión de la gana­dería con el aprovisionamiento de la carne, práctica monopólica en donde "el obligado” era una pieza indispensable.

En ese contexto, los Yermo formaron parte del grupo económico que controlaba los circuitos ganaderos de la Nueva España, desde el centro principal de consumo que era la ciudad de México, y a través de una extensa red de relaciones comerciales mantenidas con Juan José de Oteiza, Bernardo García de Tejada, Pedro Antonio de Yandiola, Domin­go de Berrio y Barrutieta, Domingo de Unsaga y Domingo Narciso de Allende, de San Miguel el Grande; con ganaderos como el marqués de San Miguel Aguayo, el marqués de Jaral de Berrio, el Conde San Mateo Valparaíso, los Sánchez Navarro y otros; así como con Antonio Bassoco y Andrés Vicente de Urizar, especuladores del mercado de la carne en la ciudad de México23.

Parece ser, que a raíz de la crisis agrícola de 1785, la economía ga­nadera decayó considerablemente, provocando un aletargamiento del mercado de San Miguel el Grande; decadencia que también fue inducida por el aumento de derechos que trajo consigo un alza en los abastos pú­blicos24.

No obstante esos contratiempos, para entonces Juan Antonio de Yermo ya era propietario de las haciendas de San Juan Bautista de la Gruñidora y de Santa Rita de Sábana Grande, en la jurisdicción de Ma- zapil, Zacatecas25.

El clan de los Yermo se consolidó en 1786, cuando sus sobrinos Gabriel Joaquín y Juan José de Yermo y de la Bárcena se introdujeron en el sector mercantil. Conforme a las pautas organizativas de las casas de comercio de la época, empezaron a operar con un capital asociado que ascendía a $36,500.00: 30,000 consistentes en costos y efectos que les vendió su tío a crédito; $3,500.00 introducidos por Juan José, quien se­guiría suministrando las cantidades necesarias del capital de operación; más $3,000 pesos aportados por Gabriel Joaquín, quien además se haría cargo de la administración de la negociación26.

Cuando el tío Juan Antonio murió en 1791, Gabriel Joaquín ya había contraído matrimonio con su prima Ma. Josefa de Yermo y Diez de Sollano y se hacía cargo del giro de la casa Yermo, la que consistente en

haciendas y negociaciones de abastos de carne, era una empresa que in­tervenía en el comercio de importación-exportación27, en los circuitos comerciales del ganado menor y en el sector azucarero, operando bajo un sistema de crédito que manejaba tanto capital comercial especulativo como capital usurario de la Iglesia28. De esta forma, a través de la conti­nuidad del parentesco, los Yermo preservaron su patrimonio familiar consistente en una empresa de gran envergadura.

Los Yerm o , comerciantes-monopolistas articulados al libre comercio

No existe una explicación única sobre las motivaciones que con­dujeron a los Yermo a ampliar su esfera de actividades con la adquisi­ción de fincas rústicas y la inversión en el sector azucarero; creemos por el contrario que concurrieron varios factores.

Entre ellos, está el implícito en la reorganización del imperio español en el siglo XVIII con la reforma del comercio colonial, como un último intento de frenar la expansión de Inglaterra, que, a través del contrabando y de los continuos enfrentamientos bélicos, se manifesta­ba cada vez más amenazante en su propósito de arrebatar a España el control de los mercados de las colonias americanas29.

La estrategia a seguir consistía en implantar el libre comercio con­jugando los intereses del Estado español con los de las fracciones de co­merciantes articulados al mercado internacional. En este juego de in­tereses, parecían no tener cabida los grupos que se habían enriquecido dentro del esquema mercantilista, aunque algunos de sus miembros, como los Yermo, vislumbraron el evidente resquebrajamiento de las es­tructuras monopólicas y la mutación de la sociedad corporativa en otra con rasgos más capitalistas, por lo que no les quedó más alternativa que vincularse a los grupos propugnadores del libre comercio.

La nueva práctica mercantil tendría que sustentarse en U aplica­ción de los principios de liberalismo económico que instaban a la liber­tad empresarial, a la desvinculación y desamortización de la propiedad y al fomento de la producción agrícola, con la introducción de nuevos cul­tivos y mejores técnicas30; ya que la expansión de los mercados requería de una economía diversificada que suministrara productos exportables como la grana, el azúcar, el añil, el cacao, el café, los palos tintóreos, etcétera, y que además inclinaran en su favor la balanza de pagos, limi­

tando la exportación de metales preciosos y por consiguiente la escasez del numerario, con lo que se favorecería el aumento del circulante en la Nueva España31

En este contexto, quienes se encargaron de promover el encauza- miento de esas metas fueron los nuevos grupos de comerciantes, espe­cialmente el de Veracruz, a través de los organismos consulares de re­ciente creación32.

Pero quienes estaban en mejores condiciones de llevar a la práctica esos fines, eran los grandes comerciantes monopolistas que disponían de capital y de crédito, y que decididos a desarrollar su capacidad em­presarial podrían convertirse en el sector más dinámico de la agricultu­ra comercial.

Por otra parte, la nueva orientación en la política económica les propiciaba el acceso a la tierra y la penetración del capital comercial en los sectores productivos. En lo concerniente a la tierra, el propio Estado inició un movimiento anticorporativo, y aunque no se tomaron medidas radicales, sino más bien se abordó el problema desde el punto de vista fiscal33, de ahí se derivó el ataque frontal a la Iglesia, con el inicio de un débil y discontinuado proceso desamortizador, plasmado con la venta de los bienes de Temporalidades, confiscados a los jesuítas en 1767.

El caso de los Yermo es muy ilustrativo en cuanto a la especula­ción de la desamortización ya que tanto la hacienda de Jalmolonga, que adquirieron en 179234, como el agostadero de la Gruñidora, eran anti­guas posesiones jesuitas. Como ignoramos las condiciones en que se efectuaron las operaciones de compra-venta, no sabemos si se ajustaron al valor de las fincas antes de implantarse la medida desamortizadora.

Por otro lado, la nueva orientación en las miras económicas, de­terminó que los Yermo, junto con otros grandes comerciantes del Con­sulado de la ciudad de México, se introdujeran en la economía azucarera de las zonas de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, que por ser parte del Marquesado del Valle, fue una comarca con modalidades propias en la distribución de la tierra, emanadas tanto de la primitiva política patri­monial, como del otorgamiento de tierras a censo enfitéutico por los Marqueses35, así como de la existencia predominante de comunidades indígenas en la región.

La temprana penetración del capital comercial en la zona se efec­tuó a través del arrendamiento o avío de las fincas36. Las haciendas azu­careras no fueron empresas estables, sino más bien víctimas de un fenó-

meno permanente de endeudamiento, causado por el sistema de censos redimibles. Este sin duda impidió su desarrollo mas no su venta o arren damiento, por lo que es factible deducir que la acumulación de censos, más que entorpecer, facilitó la penetración del capital comercial en la zona y, consecuentemente, el control del mercado local, que de antema­no se había ido conformando por el estrecho nexo que siempre existió entre productores y comerciantes locales con comisionistas y comer­ciantes de la ciudad de México37.

A finales del siglo XVIII, se multiplicaron las ventas de fincas a comerciantes del Consulado de la ciudad de México38. Aunque desco­nocemos la fecha exacta en que Juan Antonio de Yermo adquirió la hacienda de Nuestra Señora de la Concepción de Temixco, ya la poseía para 178439.

Con la implantación de una política económica favorable y la pe­netración del capital comercial, la hacienda azucarera de la región se fue consolidando como un complejo agrícola-industrial cimentado en la abundancia de tierras, aguas y mano de obra. Para fines del siglo XVIII se permitió la importación de maquinaria propia para ingenios40, por lo que fue común que el primitivo trapiche se tornara en ingenio con la instalación de ruedas hidráulicas.

Otro tanto puede decirse sobre la concesión estipulada en 179641 para la libre fabricación del aguardiente de caña, permitiéndose la ins­talación de fábricas de aguardiente en los ingenios, lo que redundaba en beneficio de la utilización de las mieles, cuya industrialización compen­saría desde entonces las anormalidades en el mercado interno y externo del azúcar.

En la integración del complejo azucarero, eran indispensables las obras hidráulicas; en este sentido, desde finales del siglo XVIII y duran­te gran parte del siglo XIX, fue una preocupación de sus dueños, dotar a las haciendas de esas costosas construcciones. Gabriel Joaquín de Yermo, dueño de las de Temixco y Jalmolonga, refiriéndose a las mejo­ras técnicas que introdujo en las fincas, puntualizó que había invertido doscientos mil pesos en Temixco dotándola de importantes obras de riego, mediante costosos canales42.

También conforme a la política que promovía la diversificación de los productos agrícolas, Gabriel Joaquín de Yermo introdujo el cultivo del trigo y del añil en sus haciendas azucareras; a la vez que incrementó la producción azucarera de la hacienda de Temixco a 40 mil arrobas de azúcar anuales43.

En relacfón a las mayores perspectivas presentadas a la comerciali­zación de los productos de sus fincas, se condicionaron a acontecimien­tos económicos y políticos que repercutieron en el mercado mundial de los productos tropicales44. Por un lado, el mercado interno novohispa- no del azúcar se extendió a raíz de la autorización del comercio inter­colonial en 1774, cuando el consumo del cacao de Guayaquil (Perú) in­troducido por Acapulco, incrementó indirectamente el del azúcar, oca­sionando un aumento de su producción anual a 800 mil arrobas para 178845.

Dado que operar sobre la base del libre comercio significaba expan­dirse económicamente a nivel mundial, el intento de exportar el azúcar novohispano se supeditó a ciertas coyunturas favorables como el desas­tre económico de Haití -primer productor mundial del azúcar- a con­secuencia de la revolución francesa; así como la destrucción de inge­nios en las colonias inglesas de la Martinica y Guarico46. En cuanto a la búsqueda de mercados, los productores-distribuidores del azúcar vis­lumbraron el proyecto de articularse al mercado de Rusia y otros países de Europa central, por la vía del Báltico, por ser naciones que no po­seían colonias azucareras en América47.

Sin embargo, pronto se evidenció que el desarrollo del libre comer­cio, puesto en vigencia en la Nueva España en 1789, se vio constante­mente entorpecido por las continuas guerras en las que intervenía Espa­ña, lo que en cierta forma, limitó la tentativa de exportación del azúcar. Pues, si bien en 1796, los comerciantes de Veracruz se dedicaban pri­mordialmente a enviar azúcar a la península, en los años subsecuentes (1798-1800), existían considerables partidas de añil y de azúcar estanca­das en el puerto48. Aunque, a decir verdad, la creciente producción azu­carera cubana frenó las posibilidades del azúcar novohispano de compe­tir a nivel internacional.

El estado de guerra casi permanente en que se mantuvo España entre 1793-1814 trajo consigo una grave crisis financiera, en gran parte motivada por la desatinada reorganización que se le dio a la deuda pú­blica, ya que en lugar de fundamentarla en una nivelación fiscal inte­gral, se pretendió solventarla con los bienes eclesiásticos y préstamos de particulares que habrían de garantizarse con la emisión de vales reales50. La medida tuvo grandes repercusiones en la Nueva España, tanto en lo relativo a la Iglesia como a los empréstitos de particulares, que de hecho serían cubiertos por el capital comercial.

La mayor implicación fue el decreto expedido en 1804, tocante a la enajenación y venta de bienes raíces pertenecientes a Capellanías y Obras Pías, que habrían de depositarse en la Real Caja de Amortiza­ción51. La disposición provocó gran descontento por ser la Iglesia la ins­titución que financiaba, en gran medida, la economía novohispana, sobre todo el sector agrícola.

Ahora bien, como en este contexto el sector comercial era un ele­mento que a últimas fechas había contribuido a poner en circulación el capital usuario de la Iglesia, resultaba también seriamente lesionado. La situación empeoró cuando en 1805, la guerra de nuevo paralizó el co­mercio, desvinculando a la Nueva España de la Metrópoli. Y lo más alar­mante fue cuando el virrey José de Iturrigaray ordenó la suspensión de la actividad mercantil de Veracruz, al ordenar "el traslado de los cau­dales, frutos y efectos a Jalapa” 52.

Ante esa crítica situación hubo una tendencia generalizada a pro­testar a través de Representaciones. Los grandes hacendados, entre los que se encontraba Yermo, pidieron en 1806 la suspensión del decreto sobre Consolidación, arguyendo que por el estado de guerra el comercio estaba suspendido y sin giro alguno; y que aunque el sector comercial invertía en otros ramos, tenía que pedir prestado a rédito a Juzgados y capellanías53. De forma que el capital comercial sufriría una merma considerable con el pago de los censos a los que se aunaban las cargas fis­cales y los empréstitos a la Corona, que de hecho eran impuestos indi­rectos.

Gabriel Joaquín de Yermo no fue ajeno a ese menoscabo, lo que se patentizó en el expediente que se instruyó en su contra por el recono­cimiento de $131,200.00 al Colegio de San Ignacio de Loyola; el que habría de pagar a riesgo de perder la hacienda de Temixco. Aunque al respecto se llegó a un arreglo54, se ha aseverado que fue presionado a renunciar como abastecedor de la carne de la ciudad de México, por sus créditos insolventes a Capellanías y Obras Pías55.

Sobre lo anterior habría que agregar que, desde 1800, Gabriel Joaquín de Yermo tenía dificultades para cubrir la creciente demanda de carnero en la ciudad de México, y que en 1805, fue multado por el Ayun­tamiento de la ciudad de México por no haber cumplido con lo estipula­do en los reglamentos municipales sobre el sistema de subastas públi­cas, que acordaba que "el obligado” había de asegurar el abastecimien­to ininterrumpido de la carne.

Se le acusó de no haber abastecido convenientemente las tablas de la ciudad; él esgrimió el argumento de que el consumo había aumentado sin que hubiera variado la población, agregando que no había suficien­tes arrendatarios56 por la mortandad de carneros. En el penoso asunto intervinieron, el Lic. Juan Martín de Juanmartiñena, como abogado de Yermo; el Lic. Francisco Primo Verdad y Ramos que fungía como Sín­dico o Procurador general, siendo además abogado de la Real Audien­cia; y el Marqués de Santa Cruz de Inguanzo, que como Alcalde Ordi­nario del Primer Voto, certificó que efectivamente había habido esca­sez de carne57.

Este hecho nos conduce a un cuestionamiento que debe ser objeto de un análisis más detenido, porque parece reflejar la agudización de intereses contrarios entre el grupo de poder agropecuario del que for­maba parte Yermo, y elementos nuevos introducidos en el Ayunta­miento a raíz de los cambios implantados en el gobierno municipal, que intentaban desplazar al grupo detentador de los privilegios corporati­vos. Esta podría ser una posible explicación de los iniciales enfrenta­mientos entre antiguos y nuevos grupos, pero la interrogante persiste como algo que merece la pena desentrañarse más ampliamente, porque pudo haber tenido implicaciones directas en los sucesos acaecidos más adelante, cuando en 1808 el grupo oligárquico inició la ofensiva con el golpe de Estado encabezado por Gabriel Joaquín de Yermo en contra del virrey José de Iturrigaray58, quien como representante de la Corona española quiso aplicar una política económica que azuzó las contradic­ciones én los intereses económicos que empezaron a expresarse a nivel político59, desatando acontecimientos que habrían de culminar en el movimiento de independencia surgido en 1810, y cuyo proceso fue si­multáneo a la invasión napoleónica en España.

Al irrumpir la revolución independentista, los grupos que ejer­cían el control económico y político en el orden colonial se coaligaron, manifestando fidelidad a Fernando VII y reconociendo la legalidad de la Junta de Sevilla, y luego la de la Regencia. Aunque Cádiz estuvo sitiada por los franceses desde 1810, no interrumpió su actividad co­mercial, porque tenía salida al mar60; y fue ahí donde se instalaron las Cortes que elaboraron la constitución liberal de 1812.

En la Nueva España, fueron los grandes comerciantes quienes otorgaron préstamos al gobierno virreinal para sufragar los gastos de la guerra; los hacendados azucareros como Yermo contribuyeron con los

productos de sus fincas y movilizaron a sus trabajadores para organizar ejércitos61. El propio Yermo era capitán de los batallones de patriotas distinguidos de Fernando VII; murió en plena contienda en 181362¿ en vísperas de que el rey español Fernando VII restaurara el absolutismo e invalidara la labor constitucionalista de las Cortes de Cádiz.

En esas condiciones, la guerra de independencia en la Nueva Espa­ña prosiguió dando cabida a que algunos de los grupos de comerciantes y militares se enriquecieran, no obstante la crisis productiva, emergiendo al término del conflicto como fuerzas políticas que se adhirieron a la contrarrevolución promovida por los terratenientes y la Iglesia, para consumar la independencia, ya que los postulados de la Constitución de Cádiz puesta de nuevo en vigor en 1820, menoscababan sus estrechos intereses.

Los Y erm o , hacendados azucareros proven ien tes del sistema colonial

Dentro del nuevo orden socioeconómico y político que imperó desde el rompimiento con España hasta mediados del siglo, prevaleció un estado de inestabilidad política provocado por el enfrentamiento de los grupos con intereses económicos opuestos que luchaban por el poder, arrebatándoselo en etapas alternantes.

La crisis política se ahondó aún más con la financiera, que permi­tía a las distintas fracciones llevar a la práctica sus respectivos proyec­tos. En los primeros tiempos, Agustín de Iturbide siguió recurriendo a los préstamos forzosos de los grandes comerciantes, provocando la emi­gración de españoles y salida de capitales que se había iniciado por 1814, en plena contienda bélica. Posteriormente, con la implantación de una política conciliatoria y la concentración de empréstitos ingleses, Gua­dalupe Victoria pudo garantizar una paz relativa aunque permanecie­ran latentes las inconformidades de los grupos regionales y las pensio­nes raciales que ya traslucían la violencia popular.

En estas circunstancias cambiantes, la fracción de propietarios azucareros de las zonas de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, que se fue integrando en las últimas décadas del siglo XVIII, persistió como un grupo ya más integrado, del que formaban parte Antonio Velasco de la Torre, Martín Angel Michaus, Francisco Cortina González, Vicente de Eguía, Nicolás Icazbalceta, José María y Gabriel José de Yermo, Rafael

de Irazábal, Francisco Pérez Palacios, Eusebio García y la incorpora­ción como arrendatarios de Juan Félix Goyeneche, José María Flores y Juan Goribar.

El grupo siguió pugnando por desarrollar sus empresas conforme a los principios del liberalismo económico que les permitiera ensanchar el mercado interno y articularse al comercio internacional de los pro­ductos tropicales; y, en cierta medida, sus formulaciones económicas fueron atendidas por los grupos en el poder. En relación a ésto, el con­greso constituyente de 1823, dispuso63 la libertad de alcabala, diezmos y primicias a las nuevas plantaciones de cacao, café, añil, olivos y viñedos por diez años. Disposición que tuvo una favorable respuesta por parte de los hacendados azucareros como Antonio Velasco de la Torre quien plantó café en su hacienda de Cocoyoc, otorgando un artículo más a la agricultura de la zona. También en Atlacomulco se tenía el proyecto de sustituir el cultivo de la caña con el de café y añil64.

Sin embargo, como persistieron las presiones fiscales, las aduanas internas y los malos caminos, no existían las condiciones realmente favorables para la transformación agrícola del sector azucarero, a pesar de que para 1828, se conceptuaba como un ramo próspero y productivo para el Estado de México: los azúcares y aguardientes que se producían en las fincas de la zona eran los productos más florecientes de su comer­cio que no solamente se destinaba a la ciudad de México, sino que se am­pliaba a Puebla, Oaxaca y los Estados interiores, que los preferían a los del Estado de Michoacán, no obstante su cercanía. Los hacendados azu­careros de la región seguían pugnando por la exportación del azúcar, como una fuente inagotable de riquezas para la Nación, ya que seguían argumentando que inclinarían en su favor la balanza comercial, y limi­tando la exportación de los metales preciosos, que siendo el único cambio que se presenta a la importación de efectos extranjeros produce una escasez cada vez mayor del numerario65.

La integración de la economía azucarera, en el Estado de México, fue obstaculizada por la actitud antiespañola que empezó a manifestar­se por los rumbos de Cuernavaca desde 1824; el problema se agudizó en 1827, cuando ya se discutía abiertamente la expulsión de españoles del Estado de México, "donde residían los españoles más ricos de la Repú­blica, por lo que las valiosas fincas que poseían empezaron a decaer” 66. Ya que además, por los rumbos de Cuernavaca y Cuautla pululaban cua drillas de bandidos dedicados al pillaje, despojando y asesinando a los

españoles e invadiendo y robando algunas de las haciendas. Durante la administración de Bustamante (1830-1832) cundió la revolución del sur abarcando el ámbito territorial del Estado de México, Michoacán, Oaxaca, así como la zona de Atlixco y Matamoros67.

Por otra parte, con el decreto sobre la expulsión de los españoles puesto en vigencia en 1827, se pretendía quebrantar al núcleo oligárqui­co proveniente del sistema colonial, del que formaban parte los Yermo. A consecuencia de la implantación de la medida salió del país Juan Anto­nio de Yermo, estableciéndose en Burdeos. En este contexto, José María y Gabriel José de Yermo (hijos de Gabriel Joaquín) redujeron el marco de su actividad económica.

Aunque desde la muerte de Gabriel Joaquín, la casa Yermo siguió operando con préstamos y depósitos como forma de financiamiento de la negociación, ésta se fue constriñendo cada vez más al giro y fomento de las fincas azucareras, o sea a la de Jalmolonga y la ubicada en Cuerna­vaca que se fragmentó en la de Temixco como núcleo principal, y la de San Gabriel y San José.

Sus ligas con la Iglesia persistieron a través de los préstamos que gravaban sus fincas, de lo que se deducía el estancamiento en el valor de las propiedades. En la década de los treinta, convulsionada con las guerras de Texas y la de Francia, apenas sobrevivieron como propietarios cubriendo sus demandas de capital a través de los nuevos mecanismos de crédito. Concretamente, desde 1836, no estaban en con­diciones de seguir solventando los gastos para el giro y fomento de sus fincas.

Su endeudamiento terminó en la pérdida de sus propiedades, transferidas a comerciantes-prestamistas, miembros de un nuevo grupo identificado como el germen de la burguesía comercial de la época,

articulados al mercado internacional controlado por Inglaterra, eran los agentes más dinámicos de la economía nacional condicionada a las lu­chas internas por el poder político y a las situaciones de conflicto sur­gidas con países extranjeros.

Como los grupos en el poder recurrían a ellos para sufragar los gastos públicos, especularon con la deuda pública, los productos de los antiguos estancos estatales (tabaco, salinas, lotería nacional, etcétera), y con los bienes nacionales que incluían las propiedades ya expropiadas de la Iglesia, dando lugar al surgimiento del fenómeno del agiotismo, uno de los más perniciosos males de la época68.

Aunque los comerciantes-prestamistas incursionaron en los dis­tintos sectores de la economía, cuando se introdujeron al sector agrí­cola, se encauzaron preferentemente al azucarero. Como fue el caso de Miguel y Leandro Mosso, Felipe Neri del Barrio, Manuel Escandón, Isi­doro de la Torre, Pío Bermejillo, Juan Goríbar y otros69.

En conclusión, el caso de los Yermo ilustra los mecanismos de que se valieron los comerciantes-prestamistas70 para tener acceso a las fin­cas azucareras de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas, aprovechándose del proceso de endeudamiento del que fue víctima el grupo de hacenda­dos provenientes del sistema colonial, cuya desintegración parcial se inició en la década de los cuarentas para dar paso a algunos de los com­ponentes del nuevo grupo, consolidado por los cincuentas, y cuya pene­tración al contexto regional azucarero coadyuvó a fortalecer al grupo local de esa zona, que con mayor capacidad económica, pudo afrontar y sobrevivir a las crisis bélicas que se sucedieron en el período.

Lista general de los acreedores a la Casa Yermo con expresión de lo que se les adeuda por capitales y

réditos hasta el día 15 de noviembre de 1843, deducidos de éstas la cantidad que corresponde a cada uno

por las contribuciones de 2 y 3 al millar, y rebajada la cuarta parte de la suma de capital y réditos, según el

convenio celebrado el 15 de noviembre de 1843.

Acreedores Por capital Por réditos re- Sumas de capi- Importa la 4a. Se les debe lí-bajados, las con- tales y réditos parte que se quidamente

tribuciones de 2 deduce

y 3 al millar

Al convento de la Con­cepción de esta ciudad $60,000.00 $38755.3.6 $98,755.3.6 $24,688.6.10 $74,066.4.8

Al convento de la Encar­

nación 48,000.00 23,060.3.10 71,060,3.10 17,765.011 53,295.2.11Al de San Juan de la Pe­

nitencia 20,000.00 5,999.4.5 25,999.4.5 6,499.7.1 19,499.5.4Al Colegio de San Gre­

gorio 15,000.00 4,230.3.9 19,230.3.9 4,807.4.11 14,422,6.10Al Hospital de Terceros

De San Francisco 6,000.00 1,634.4.6 7,634.4.6 1,908.5.07 5,725.7.5Al P. sacristán del Con­

vento de Sta. Inés 4,000.00 159.7.4 4,159.7.4 1,039.7.10 3,119.7.6A la Archicofradía del

Santísimo Sacramento

del convento de San Jo­

sé de Gracia 3,000.00 449.1 3,449.1 862.2.3 2,586.6.9Al convento de Regina 2,000.00 425.3.10 2,425.3.10 606.2.11 1,819.11Al de San Lorenzo 1,000.00 237.5.09 1,237.5.10 309.3.05 928.2.4Al de San Bernardo 4,000.00 1,789.5.8 5,789.5.4 1,447.3.5 4,342,2.3

Al Duque de Terranova 4,200.00 1,169.2 5,369.2 1,340.6 4,022.2.2Al concurso del Dr. Quíntela 3,292.00 2,142.6 5,434.6 1,358.4.01 4,075.4.5A la parroquia de Xo-

chimilco 1,052.00 199.7.1 1,251.1 312.7.9 938.7.4A la Catedral por arren­damiento de la casa de

San Yermo 8,064.2 000.00 8,064.2 2,016.0.6 6,048.1.6A la parroquia del

Sagrario 16,000.00 2,528.5.4 18,528.5.4 4,632.1.4 13,896.4A la casa de Ejercicios 39,000.00 11,397.1.8 50,397.1.8 12,599.2.5 37,797.7.3A la testamentaría del

Sr. Gutiérrez 14,000.00 3,491.4.11 17,491.4.11 4,372.7.2 13,118.5.9A Juan Durán 46,000.00 4,389.0.10 50,389.010 12,597.2.2 37,791.6.8A la Archicofradía de

la Catedral 15,000.00 1,194.3.9 16,194.3.9 4,048.4.11 12,145.6.10Al menor Manuel Hernández 14,000.00 000.00 14,000.00 3,500.00 10,500.00Al gremio de plateros 2,000.00 91.8 2,091.8 522.6.2 1,568.2.6Al Sr. Matiñena 10,000.00 2,485.5.4 12,485.5.4 3,121.3.4 9,364.2.0

Acreedores Por capital Por réditos re­ Sumas de capi­ Importa la 4a. Se les debe lí­bajados, las con­ tales y réditos parte que se quidamente

Al Sr. Aguirre

tribuciones de 2

y 3 al millar

3,000.00 197.3.3 3,197.3.3

deduce

799.2.9 2,398.6A Tomás Santibáñez

por José Joaquín

Castañares 0.000.00 2,115.2.5 2,115.2.5 528.6.7 1,586.3.10Al canónigo Lebrija

por su capellanía 4,000.00 754.1.7 4,754.1.7 1,184.44 3,565.5.3Al Br. Simón Rivero

por su capellanía 4,000.00 718.1.2 4,718.1.2 1,179.4.5 3,538.4.11A J. J. Castañares por

su capellanía 20,000.00 000.00 20,000.00 5,000.00 15,000.00A José Gpe. soto Mejía 5,000.00 165.1.8 5,165.1.8 1,291.2.5 3,873.7.3A los representantes del Br. José Ma. Orsuño 0,000.00 544.5.5 544.5.5 136.1.4 408.4.1Al presbítero Manuel Ceballos por su

capellanía 4,000.00 265.4.0 4,265.4 1,066.3 3,199.1A Guillermo Valle por

su capellanía 4,000.00 049.4.9 4,049.4.9 1,012.3.2 3,037.1.7Al Br. Vicente Peláez de

Miranda por su capellanía 6,000.00 413.0.9 6,413.0.9 1,603.2.2 4,809.6.7

A Manuel Robredo por

su capellanía 4,000.00 4,465.4.0 8,465.4 2,116.3 6,349.1

A Fernando Humana

por su capellanía 3,000.00 270.1.6 3,270.1.6 817.44 2,425.5.2Al Juzgado de Capella­nías por las que están

vacantes y reconoce

la Casa Yermo 28,000.00 8,324.5.7 36,324.5.7 9,081.1.4 27,243.4

Por lo que la Casa Yermo

adeuda al Juzgado de

capellanías de

Guadalajara 62,763.4.8 27,757.4.6 90,521.1.2 22,630.2.3 67,890.6.11

A Mariano Rubio 2,500.00 2,510.5.10 5,010.5.10 1,252.5.5 3,758.0.5

SUMAS TOTALES 485,871.6.8 154,377.2.1 640,249.09 160,062.010 480,186.68

1 Archivo de Notarias de la ciudad de México (en adelante ANM), protocolo de M. Nuñez Mori-

llón, 1790, ff. 74-79v.

2 David Brading, "Los españoles en México, 1792” , H istor ia Mexicana, Vol. XXIII, No. 1, pp.

126-144.

3 Richard, Konetzke, A m érica Latina. La época colonial. II. México, Siglo Veintiuno Edito­

res, S.A., 1979, p. 51.4 Véase D. A. Brading, M ineros y Com ercian tes en el México B o rbón ico (1763-1910). Mé­

xico, Fondo de Cultura Económica, 1975.

5 Antonio Domínguez Ortiz. S ociedad y E s tado en el siglo X VIII e spaño l , Barcelona, Edito­

rial Ariel, 1976, p. 159.

6 Ruth Pike. Aristócra tas y com erciantes. Editorial Ariel, Barcelona-Caracas-México, 1978,

p. 128.

7 Jean Sarrailh. La España Ilustrada d e la segunda m i ta d d e l siglo XV III. México, Fondo

de Cultura Económica, 1974, p. 242.

8 Brading. "Los españoles en México, 1792” .9 Wigberto Jiménez Moreno, E stud ios de H istor ia Colon ia l , México, INAH, 1958, p. 65.

10 Propietario de las haciendas de Santa Bárbara y del Cubo, en el distrito de San Felipe, y de la de

Alcocer y Rancho Viejo en San Miguel el Grande, véase: Esteban Sánchez de Tagle. P olítica y

sociedad: la fo rm a c ió n de l R e g im ien to de Dragones de la Reina; San M iguel el Grande

(1974) Tesis, México, UNAM, Fac. Ciencias Políticas y Sociales, 1980.

11 Entre las propiedades del Mariscal de Castilla estaban: la hacienda de la R. del Gallinero, San Pablo, Las Trancas y San Juan del Bizcocho (en Dolores), las haciendas de Calderón y San

Diego (en San Miguel el Grande). Véase la obra arriba citada.

12 Narciso de la Canal era dueño de la hacienda de San Diego y Labor de Tirado en San Miguel. Y

Juan de Lanzagorta, de las haciendas La Quemada (en San Felipe) y la Cañada de la Virgen, La

Petaca y Cieneguillas, en San Miguel.

13 Véase Doris M. Ladd. The Mexican ÍNobility at Independence. 1780-1826. Austin, Texas, University of Texas, 1976, p. 201.

14 ANM, Protocolo de Juan Antonio Arroyo (19), 1750, F 410.

15 ANM, Protocolo de J. Nuñez Morillón, 1789, ff 66v y ss.

16 Tenía una tienda en Tacubaya asociado con Juan Antonio Llampart, otra en la calle de Santo

Domingo asociado con Manuel Marroquín, y una tienda de cacahuatería en el Puente de San

Jerónimo; entre sus bienes incluía una casa y solar en San Miguel el Grande.

17 ANM, Protocolo de Miguel de Montálban (404), 1761.

18 Era hija de Francisco José de Landeta y Francisca Primo y Jordán, Conde de Casa Loja, véase Ladd, op. cit.

19 Silvia Galicia. Precios y p ro d u c c ió n en San M iguel el G ra n d e , 1661-1803. México, Cua­

derno de Trabajo, DIH-INAH, 9, 1975, p. 49.

20 Juan Agustín Morfi. Viaje de indios y d iar io d e N u evo L eón México. México, Antigua

Librería Robredo, 1935, p. 48.

21 Fue cónsul del Tribunal del Consulado de México por 1786.

22 ANM, Protocolo de Jacinto de León, 2 de octubre, 1772.

23 Las relaciones comerciales de Yermo fueron extraídas de distintos documentos notariales.

Véase además a Charles H. Harris, A Mexican fa m i ly em p ire . Austin and London, Univer­

sity of Texas Press, 1975, pp 86-87.

24 Luis Chávez Orozco. D ocu m en to s para la h istor ia económ ica d e México. Vol. 20, México,

Sría. de la Economía Nacional, 1933-39, p. 67.

25 ANM, Protocolo de M. Núñez Morillón, 1790, ff. 74-79v.26 ANM, Protocolo de Francisco Javier Benítez (83), 1786 ff. 17-18v.27 ANM, Protocolo de Francisco Javier Benítez, 1791, f. 182v y ss.28 En relación a la actividad financiera de los Yermo y otros comerciantes vascos a través de la

Cofradía de Aránzazu, Clara García Ayluardo realiza una investigación, como parte del programa de trabajo del Seminario de Formación de Grupos y Clases Sociales en el siglo

XIX, en la Dirección de Estudios Históricos del INAH.28 Javier Ortiz de la Tabla, Comercio exterior de Veracruz, 1778-1821. Crisis de independen­

cia., Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978, p. 2-4.

30 Sarrailh, op. cit. p. 264.31 Ortiz de la Tabla, op. cit. p. 99. Sobre esto Angel Puyade, rico ganadero y dueño de una fin­

ca azucarera, abogaba porque se redujera la producción minera, como condición indispen­sable para que se revalorara la tierra.

32 Ibid. p. 109-110.33 Brian R. Hamnett, “Obstáculos a la política del despotismo ilustrado”, Historia Mexicana,

Vol. XX, No. 1, 1970, pp. 55-75.34 ANM, Protocolo de Fernando Tamayo, 1792, ff. 37 y ss.35 Francois Chevalier, La form ación de los grandes latifundios en México, México, Proble­

mas Agrícolas e Industriales de México, 8 (1) 1956, pp. 104-108.36 Sabemos del caso del rico comerciante Pedro de Eguren, cónsul del Tribunal del Consulado

de México en 1647, que arrendaba el ingenio de Atlacomulco, mancomunado con su primo Antonio de Araña.

37 Ward Barret La hacienda azucarera d e los M arqueses d e l Valle. 1535-1910. México, Siglo

Veintiuno Editores, S.A., 1977, pp. 14-18.

38 Entre los comerciantes almaceneros de la ciudad de México que adquirieron fincas azucare­

ras en la zona, a raíz de la década de los ochenta están, además de Yermo, Antonio Velasco de la

Torre que compró la hacienda de Cocoyoc, el Marqués de Santa Cruz Inguanzo la de Casasano,

José MartínChávez la de Santiago Tenextepango y Martín Angel Michaus la de Santa Inés.

39 Archivo General de la Nación, Ramo Bienes Nacionales, Leg. 266, Exp. 67, 1784. El anterior

propietario de la hacienda fue José de Palacio, quien por 1721 era Alcalde Mayor de Cuernavaca

y arrendatario del ingenio de Atlacomulco. Posteriormente adquirió otras fincas como Miaca-

tlan, El Puente y Temixco, la que heredó a su hija Mariana Palacios.

40 Luis Navarro y M. P. Antolin, "El virrey Marqués de Branciforte (1794-1798)” , en Virreyes

de Nueva E spaña, I, Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1972, p. 499.

41 En ese año se creó el Ramo de Aguardiente de Caña, con fines preponderantemente fiscales. Cf.

José Jesús Hernández Palomo, E l a guard ien te d e caña en México. Sevilla, Escuela de Estu­

dios Hispano-Americanos de Sevilla, 1974.

42 Lucas Alamán, H istor ia d e M éxico, Tomo I, México, Imprenta de J. M. Lara, 1849, p. 238.

43 Verdadero origen, carácter, causas, resortes, f in e s y progresos d e la revolución de

Nueva España. México, Impresor Juan Bautista de Arizpe, 1820, p. 55.

44 Celso Furtado, F orm ación económ ica d e l Brasil. México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 99.

45 Luis Chávez Orozco, op. cit.4 6 -Moreno Fraginals, op .c it . , p. 98.

47 Chávez Orozco, op.c i t . , p. 62.

48 Calderón Quijano, op.cit . Tomo I, p. 496.

49 Moreno Fraginals, op .c it . , p. 99.50 Miguel Artola, A n tig u o rég im en y revolución liberal. Barcelona, Editorial Ariel, 1979,

p. 144-151.

51 Romeo Flores Caballero, La c on trarrevo luc ión en la independencia . México, El Colegio de

México, 1969, p. 28-35.52 Calderón Quijano, op.cit . tomo II, p. 348.53 Archivo General de la Nación, Ramo Bienes Nacionales, Leg. 1667, Exp. 28.54 Flores Caballero, o p .c i t ., p. 50.55 Doris Ladd, o p .c i t ., 99.56 Los arrendatarios eran: el propio Gabriel Joaquín de Yermo, Antonio Bassoco, el Marqués de

Jaral de Berrio, el Marqués de San Miguel de Aguayo, Angel Puyade y Antonio Pérez Gálvez. A mayor abundamiento hay que referir que dentro de las investigaciones efectuadas en el Semi­nario de Formación de Grupos y Clases Sociales en el siglo XIX, está la relativa a un grupo de

mineros-comerciantes que incluye a los Fagoaga, Rui y Pérez Gálvez, que está a cargo de Edgar

Ornar Gutiérrez.57 Archivo General de la Nación, Ramo de abastos y panaderías, Vol. 5 ff. 354-365.58 Flores Caballero, op.c it . p. 61.59 Yermo presentó una serie de peticiones que incluían: la suspensión de la Real Cédula de Conso­

lidación, la libertad para las industrias y los cultivos de la Nueva España, la supresión de la al­cabala exigida a los ganaderos desde 1808, la abolición del nuevo impuesto sobre el pulque y la

reducción de los derechos del aguardiente de caña sobre el que recaía un fuerte gravamen.

60 Antonio García Baquero. C om ercio colonial y guerras revolucionarias. Sevilla, Escuela de

Estudios Hispanoamericanos, 1972, p. 198.

61 Alamán refiere (Historia de M éxico , I, Apéndices, p. 48) que en los años 1808-1809, Yermo

donó 8 mil arrobas de azúcar que se remitieron a Cádiz, y que fue el primer donativo que se

hizo en la Nueva España. Que en agosto de 1809, Gabriel Joaquín de Yermo prestó para des­pachar caudales, 50 mil pesos. Que en ese mismo año, su esposa promovió la recaudaoión de

una suma que ascendió a 80 mil pesos, contribuyendo ella con 2 mil; y en diciembre de ese

mismo año prestó otros 12 mil pesos. En noviembre de' 1810, colaboró con 4 mil pesos para el fondo formado para premiar a los individuos que más se distinguieran en la guerra contra los

insurgentes. Y además prestó en la misma fecha 100 mil pesos; y en agosto de 1812, otros 10

mil. Para las tropas del ejército dje Gabriel de Mendizábal aportó 300 tercios de azúcar, con

2,400 arrobas, con un valor de 6 mil pesos. Como vocal de la junta para el préstamo de 20 millo­

nes, presentó en frutos, dinero y vajilla, la suma de 340 mil pesos, aunque no se efectuó la

exhibición por no haberse convenido en los precios de los efectos, que después vendió Yermo

con mayor ventaja. Posteriormente hizo otro préstamo de 15 mil pesos. Y desde el inicio de la

revolución presentó al Virrey Venegas 400 hombres de sus haciendas, montados, armados y

pagados a sus expensas y mandados por sus dependientes; y otros 100 de la hacienda de San

Nicolás de su hermano Juan Antonio.62 Al morir Yermo, (el 7 de septiembre de 1813), tenía ocho hijos: José María, Gabriel José, María

Guadalupe, Ma. Ignacia, Mariano, María Dolores, María de Jesús y María Teresa. Y al poco

tiempo, el 24 de octubre de ese año nació su otro hijo Rafael. Yermo nombró albaceas a su viuda

Ma. Josefa Diez de Sollano de Yermo, a su sobrino GabrielTatricio, al Br. José Saturnino Diez

de Sollano, clérigo presbítero del Arzobispado y al Lic. Juan Martin Martiñena, que era su

abogado (véase: ANM, protocolo de Imaz Cabanillas, 1815, f. 98v y ss).

63 Vicente Riva Palacio e t . a l M é x i c o a través d e los siglos. Tomo IV, México, Ballescá Com­pañía Editores, 1889, p. 100.

64 El añil había provocado el interés de otros hacendados locales, porque se sabía que en España

se prefería y se compraba a un mejor precio que el de Guatemala por la superioridad de su cul­tivo y proliferó en la zona de Cuernavaca y Cuautla de Amilpas por la segunda década del siglo

XIX.

65 Representación que hacen al Congreso del Estado de México los propietarios de haciendas de

cañas...” México, Imprenta de José Márquez, 1828.66 México a través d e los siglos..., tomo IV, pp. 149*160.67 Lucas Alamán, D ocum entos .68 En el seminario de Formación de Grupos y Clases Sociales en el siglo XIX, de la Dirección de

Estudios Históricos del INAH, Rosa María Meyer realiza una investigación sobre un grupo de

agiotistas de la época.69 Véase María Teresa Huerta. "El caso de Isidoro de la Torre, un empresario azucarero.

1844-1881” , en: Form ación y desarro llo d e la burguesía en México. Siglo X IX . México, Editorial Siglo Veintiuno Editores, 1978, pp. 164-187.

70 En 1836, José María Yermo necesitado de fondos para el giro y fomento de la hacienda de Te- mixco con su anexo el rancho de Buena Vista, la de San José y S. Gabriel, pidió un préstamo a

la casa Sres. A güero G onzá lez y Cía , de $84,046.5 reales. En 1837, pidió con el mismo objeto a los Sres. Sancho y M o n tero la , primero $22,919.80 y después $38,058.4 reales; las tres es­crituras fueron endosadas posteriormente a Felipe Neri del Barrio y como se había hipotecado

la hacienda de Temixco, se la adjudicó en pago en 1839. La hacienda de San José la perdieron

en 1843, cuando se la adjudicaron a Tomás Santibáñez por 100,000.00 pesos, para pagarle

a Santibáñez una deuda de $98,000.00. La hacienda de San Gabriel la perdieron también en

ese año a raíz de la quiebra de la Casa Yermo, quedando en manos del Gral. Valentín Canalizo. Sobre el concurso de acreedores, véase el cuadro anexo.ANM, protocolos de Francisco Madariaga (tomo II), 1839, ff. 857-864v; protocolo de Francisco

Madariaga, 1841, ff. 736v-756v; y protocolo de José Ma. Aguilar (38), 28 de julio de 1846.