8/6/2019 La educacin como derecho y obligacin estatal.

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La educacin como derecho y obligacin estatal.1

Por Ernesto Guzmn Alberto.2

A diferencia de tiempos atrs, en la actualidad podemos identificar problemas con gran

precisin e intentar aplicar las soluciones ms efectivas. Esto gracias a los avances que hemos

experimentado en las ciencias y las tecnologas, herramientas a nuestra disposicin para lograr

el bienestar de la humanidad o para catapultarla; fin este ltimo, un tanto perverso pero posible.

En nuestros das, es incontrovertible que la educacin es un factor trascendental no slo de

movilidad social, sino tambin para el desarrollo social, cultural y econmico de las naciones.

Un problema que nos aqueja desde otrora y que constituye una vergenza nacional, es

la precariedad de nuestro sistema educativo, especialmente el sector pblico. Problema

identificado y an pendiente de soluciones. Las instituciones educativas privadas no escapan a

la problemtica, palpable a nivel bsico, medio y superior. Hoy parece ser unnime el reclamo

del cumplimiento de la partida presupuestaria consignada en la ley3, no obstante, hemos dejado

transcurrir demasiado tiempo hasta llegar al siglo veintiuno para hacer reclamos del ayer.

La educacin es uno del conjunto de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales,

tambin conocidos como de segunda generacin. Aunque el nombre parece complicar su

existencia, son derechos humanos de igual jerarqua e importancia que los dems derechos

fundamentales. El derecho a la educacin tiene un carcter prestacional, pues la obligacin

estatal comprende erogar fondos pblicos para el establecimiento y operacin de un sistema

educativo nacional de acceso universal; es decir, que entraa una prestacin estatal.

Para la efectividad de dichos derechos, Repblica Dominicana est internacionalmente

comprometida a protegerlos: impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el

acceso; promoverlos: deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho

accedan al bien; garantizarlos: asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no

puede hacerlo por s mismo; y respetarlos: deber del Estado de no injerir, obstaculizar o

impedir el acceso el goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho.4

1Publicado originalmente en el Communis Opinio No. 26 (del CED PUCMM) del 17 de noviembre de 2010.2

Estudiante de trmino de la carrera de derecho en la Pontificia Universidad Catlica Madre y Maestra

(PUCMM), Recinto Santo Toms de Aquino (RSTA). Santo Domingo, Repblica Dominicana.3

El artculo 197 de la Ley General de Educacin No. 66-97, establece que: El gasto pblico anual eneducacin debe alcanzar en un perodo de dos aos, a partir de la promulgacin de esta ley, un mnimo de un

diecisis por ciento (16%), del gasto pblico total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno

(PBI) estimado para el ao corriente, escogindose el que fuere mayor de los dos, a partir del trmino de

dicho perodo, estos valores debern ser ajustados anualmente en una proporcin no menor a la tasa anual

de inflacin, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en trminos de porcentaje del

gasto pblico o del producto interno bruto (PBI) (sic).4

Abramovich, Vctor; Courtis, Christian. Apuntes sobre la exigibilidad de los derechos sociales. [Enlnea]. Disponible en: www.juragentium.unifi.it/es/[11.11.2010].

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Adems de las anteriormente indicadas cualidades, a la educacin tambin le son

inherentes los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia que engloban a

todos los derechos humanos. El primero refiere a la titularidad del derecho, recayendo sobre

todas las personas de igual forma e igual medida5; el segundo principio exige concebir a la

educacin en relacin con todos los dems derechos y libertades. De hecho, es el

reconocimiento de todos los otros derechos o la falta de l lo que afecta a la educacin 6; yel tercer principio implica que la realizacin de un derecho depende, en todo o en parte, del

cumplimiento de otros derechos.7

Bajo estas ltimas consideraciones, en el informe anual de 1974, la Comisin

Interamericana de Derechos Humanos seal que: si bien se han obtenido ciertos avances en

relacin con algunos de los llamados derechos sociales, econmicos y culturales, se registran

graves regresiones en los denominados derechos civiles y polticos8; situacin que se

mantiene en nuestros das. Esto se explica de modo que al ser transgredidos derechos

fundamentales como la educacin (de segunda generacin), se ponen en peligro otros como la

libertad de expresin (de primera generacin), analoga extensible a otros derechos.

Existen otros principios que rigen los derechos econmicos, sociales y culturales, que

por igual conciernen a la educacin; tales como el de progresividad, no regresin y no

discriminacin. El primero consiste en que las transformaciones deben ser a favor del

desarrollo de los derechos, es decir, un proceso de avance y ampliacin del umbral del derecho

a la educacin; el segundo no es ms que una prohibicin a menoscabar esas trasformaciones

positivas ya alcanzadas, en otras palabras, proscribe retrotraer a estadios inferiores; y el tercero

la igualdad de oportunidades en todos los casos 9en el acceso a la educacin.

Un ejemplo a lo anterior, es el caso hipottico de que el Estado dominicano pretendareducir la obligatoriedad de la educacin al nivel bsico, cuando la constitucin vigente lo

dispone para nivel inicial, bsico y medio10; lo que constituira una flagrante violacin a la

progresividad11 y a la prohibicin de la regresin del derecho a la educacin. Otros

5Morales Ach, Pedro Isabel. Manual para la atencin judicial de casos de violacin a los derechos

humanos de las personas que viven con VIH/SIDA. Letra S: Mxico 2007. Pg. 34.6

Tomasevski, Katarina. El as alto a la educacin. Ed. Intermn Oxfam: 2004. Pg. 217.7

Ximena Erazo, Mara Pa Martn. Polticas pblicas para un estado social de derechos: el paradigma delos derechos universales. Ed. Lom: 2007 (Vol. II). Pg. 152.8 Pinto, Mnica. Los derechos econmicos, sociales y culturales y su proteccin en el sistema universal yen sistema interamericano [En lnea]. Revista IIDH: 2004. Pg. 41. Disponible en: www.iidh.ed.cr[06.11.2010].9

Art. XII. Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la NovenaConferencia Internacional Americana, Bogot, Colombia, 1948.10

Art. 63.3. Constitucin de Dominicana del 26 de enero del 2010.11 El principio de progresividad se encuentra explcitamente consagrado: lograr progresivamente la

plena efectividad de los derechos aqu reconocidos [Art. 2 PIDESC]; implantacin progresiva de la

enseanza gratuita [Art. 13.2.b y c PIDESC]; un plan detallado de accin, para la aplicacin

progresiva [Art. 14 PIDESC]; aplicacin efectiva y progresiva del presente pacto [Art. 22

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compromisos internacionales suscritos por Repblica Dominicana a raz del Pacto

Internacional de Derechos Econmicos, Sociales, Econmicos y Culturales (PIDESC)12 son:

La gratuidad de la instruccin pblica. La implantacin de un sistema adecuado de becas. La mejora continua de las condiciones materiales del cuerpo docente. La enseanza secundaria tcnica generalizada y accesible a todos. El respeto a la libertad de los padres a elegir la formacin para sus hijos o pupilos

segn sus convicciones.

El fomento o intensificacin de la educacin fundamental para quienes no la hayanrecibido completamente.

De otro lado, la carta sustantiva de la nacin dominicana13 contiene otras obligaciones,

las cuales son complementadas y desglosadas por leyes como la Ley General de Educacin14.

Entre estas obligaciones estn:

La erradicacin del analfabetismo. La inversin creciente y sostenida en educacin. Garantizar la autonoma universitaria y la libertad de ctedra. Ofertar el nmero de horas lectivas que aseguren el logro de los objetivos

educacionales.

Propender a la profesionalizacin, a la estabilidad y dignificacin del cuerpo docente. La educacin de personas con necesidades especiales y con capacidades

excepcionales.

Definir polticas para promover e incentivar la investigacin, la ciencia, la tecnologay la innovacin.

Para concluir con el listado no limitativo de las obligaciones que engendra el derecho a

la educacin, entendemos que el Estado tambin est obligado a brindar una educacin laica15,

obligacin que resulta suplantada al suscribir que: La enseanza suministrada por el Estado

en las escuelas pblicas estar orientada por los principios de la doctrina y de la moral

PIDESC]; para lograr progresivamente la efectividad de los derechos que se derivan de las normas

econmicas, sociales y sobre educacin, ciencia y cultura [Art. 26 CADH].12

Adoptado por la Asamblea General de la Organizacin de las Naciones Unidas el 16/12/1966; entr en

vigencia el 03/01/1976 y promulgado por Rep. Dominicana el 04/01/1978 (G.O. 9455).13

Constitucin de Dominicana del 26 de enero del 2010.14

Ley No. 66-97del 09 de abril del ao 1997.15

La educacin laica se deriva de su caracterstica de integralidad en conexin con otros derechos

fundamentales; la misma no debe atender a doctrinas religiosas, sino simplemente a lo ms prximo a una

moral que cuenta con slidos fundamentos filosficos y que ya reconoce determinados valores y derechos

como patrimonio comn de todos los seres humanos. [Cortina, Adela; Martnez Navarro, Emilio. tica.Ed. Akal: 2008.

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catlicas16. Junto a otras estipulaciones similares, que sin lugar a dudas, contravienen otros

derechos de igual naturaleza al de la educacin.

Aunque es un interesante tema que merece desarrollarse aparte y por ende no lo

profundizaremos, ha existido desde hace tiempo una gran discusin a distintos niveles acerca

de si estos derechos son normas programticas o de exigibilidad directa e inmediata, como losderechos fundamentales en general. Indiscutiblemente su forma abstracta es una dificultad a la

hora de su justiciabilidad, algo que no es bice para su cumplimiento, pues en el caso del

derecho a la educacin, ste tiene grandes vestigios de justiciabilidad.

Cabe destacar que el derecho a la educacin puede ser exigido a travs del sistema

interamericano de proteccin de los derechos humanos. Esta viabilidad est fundada en el

Protocolo Adicional a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos en materia de

Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como Protocolo de San

Salvador.17No ocurre lo mismo con otros de los derechos econmicos, sociales y culturales

del protocolo, pues las vas de reclamo se reducen a informes y otras formas de verificacin delcumplimiento de las obligaciones de los Estados, que distan mucho de un real proceso

contencioso de juzgamiento.

La despolitizacin del sector de educacin pblica es crucial para afrontar los nuevos

retos. La problemtica educativa debe ser enfrentada sin tintes polticos, por tcnicos

experimentados y expertos en la materia, que entiendan que su labor no es cuestin de cuatro

aos, sino que es una ejecucin a largo plazo y de constante seguimiento. Los reclamos

colectivos no pueden cesar hasta lograr la satisfaccin de necesidades tan elementales como la

educacin; he aqu una funcin inherente a la sociedad civil y a la prensa responsable.

Es recomendable que nuestro pas aproveche para el sector educativo las ventanas de

cooperacin internacional, que se encuentran abiertas gracias a diversos instrumentos

internacionales vigentes. Resulta impostergable el cumplimiento de la partida presupuestaria

que la ley ordena para educacin. Si continuamos dando aquiescencia al discurso oficialista de

los avances en el regln de educacin, seguiremos siendo un pas mediocre, basado en un

desarrollo humano medio18. No podemos aplaudir una campaa comunicativa de

1000x1000 que impone la cantidad sobre calidad.

16 Concordato entre la Santa Sede y la Repblica Dominicana, suscrito el 16/06/1954 y promulgado el

10/07/1954. Tambin establece que: La enseanza religiosa en dichas escuelas siempre ser organizada e

impartida libremente por la Autoridad eclesistica. [Art. XXI.1]; En todas las escuelas pblicas primarias

y secundarias se dar enseanza de la religin y moral catlicas [Art. XXII.2]; Para dicha enseanza

slo se utilizarn textos previamente aprobados por la Autoridad eclesistica [Art. XXII.3]; 17

Suscrito por Repblica Dominicana el 17/11/1988, en la ciudad de San Salvador, El Salvador. A la fecha,

pendiente de ser ratificado por la Repblica Dominicana.18

VerInforme de Desarrollo Humano 2010. Pg. No. 164.

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Tampoco se puede soslayar el gasto excesivo en que se incurre en la promocin,

publicidad y transmisin de concursos como el de lengua espaola y matemticas, cuando

modestamente pueden llevarse a cabo y disponer de esos recursos para materializar condiciones

aceptables que induzcan a un verdadero ejercicio del derecho a la educacin.

Urge reformular la metodologa de evaluacin del sistema, pues las pruebas nacionalesson un fiasco, simplemente una excusa vlida para el estipendio de fondos pblicos. El aparato

Estatal debe moverse hacia donde exista sed de conocimiento, reduciendo las imposibilidades

de acceder al disfrute de este derecho: A cada extremo del territorio nacional.

Conociendo las debilidades de un rengln tan fundamental de cualquier sociedad como

es la educacin, al no aplicar remedios efectivos se ampla la brecha que nos separa de pases

encomiables, garantizando el estancamiento social y el subdesarrollo. Pero no slo eso, sino

que se agudizan eternamente los problemas. Es deplorable que en nuestro pas se invierta ms

en infraestructuras que en personas, que al fin y al cabo son quienes realmente motorizan la

nacin.

Para la proteccin de los derechos fundamentales tenemos garantas internas como la

accin de amparo o recursos de inconstitucionalidad, as como las vas de recurso en materias

afines como la administrativa y todo aquel instituto que se adece para lograr la efectividad del

derecho a la educacin. La creatividad de la clase jurdica y la disposicin de la judicatura son

piezas esenciales para que avancemos.

La calidad, obligacin constitucional del Estado, no se concretiza en aulas con ms de

25 o 30 alumnos19, ni mucho menos con deplorables condiciones materiales como se informa

en la escuelaLa hondonada20

o el Liceo Daro Gmez21

. Este ltimo incluso opera en un localalquilado, cuya mensualidad es pagada por los padres de la comunidad. Ante estas vicisitudes

se recurre a los colegios privados, empresas de las que no se explica el poco control que ejerce

el Estado sobre las ellas.

En educacin superior, mientras perdure la aplicacin de polticas erradas, desfasados

planes de estudio, escasa inversin e incentivo en investigacin, ciencia y tecnologa,

incoordinacin, as como la desavenencia de la clase poltica, sin cuya voluntad no habra

cambio de paradigma, seguiremos sin tener al menos una entidad dominicana en las mejores

19Es aceptado por los especialistas en pedagoga que las aulas saturadas de alumnos impiden alcanzar los

objetivos educativos planteados, por eso la cantidad promedio segn los niveles de educacin, oscila entre 25

o 30 alumnos. [Ver: Nez, Vctor / Dominicanos Hoy. Liceo tiene 83 estudiantes por aulas [En lnea].Disponible en: www.dominicanoshoy.com [11.11.2010]].20

Matos, Carmen / Hoy. La escuela La Hondonada carece materiales y servicios bsicosSic [En lnea].Disponible en: www.hoy.com.do [11.11.2010].21

Nos hacemos eco de la denuncia del Presidente del Parlamento Juvenil de R. D., el joven Ruddy de los

Santos, quien en su trabajo social ha detectado fallas de esta naturaleza, en especial la del Liceo Daro Gmez

ubicado en el Distrito Municipal de La Caleta.

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500 universidades del mundo22, ni una entre las cien mejores de Amrica Latina23. Y ni hablar

de la penosa realidad de la Universidad Primada de Amrica, donde evidentemente el

proselitismo incesante y su nivel de politizacin son causa de gran parte de sus males.

Los problemas desencadenados de la educacin no se erradican simplemente con cada

ao pintar escuelas, dotarlas de equipamientos tecnolgicos, ni con ampliar el programa dedesayuno escolar. Adems de todos estos dficits vale la pena cuestionarse si los conocimientos

impartidos son o no suficientes para enfrentar las vicisitudes de un mundo globalizado y tan

complejo como el nuestro, o si elevan la competitividad de la nacin, lo que inmediatamente

produce en nuestras mentes un panorama sombro y sin respuestas.

De modo alguno puede Repblica Dominicana reprochar a sus nacionales cuando tras la

costosa inversin que realizan en educacin privada, al huir de la inercia estatal, del sistema

derrumbado o del caos formativo, se convierten en estadsticas de las denominadas fugas de

cerebros. Obviamente, un fenmeno cuyos orgenes y prcticas no se circunscriben a isla,

pero tampoco se puede incurrir en la falacia de justificar una irresponsabilidad con analogas deigual fundamento.

Si verdaderamente la educacin fuera una prioridad nacional, lo percibiramos. Demos

una mirada perspectiva al status de las obligaciones del Estado que hemos esbozado. Nos sirve

poco ensalzarnos por crecimientos econmicos alarmantes, reales o ficticios, cuando siempre

hemos mantenido cifras negativas en educacin. Lo que s podemos garantizarnos es que

tardaremos mucho para llegar a la tan mencionada democracia, porque no puede existir una

verdadera democracia all donde no se democratiza el conocimiento24.

22Institute of Higher Education of Shanghai jiao Tong University. Academic Ranking of World

Universities 2010[En lnea]. Disponible en: www.arwu.org [11.11.2010].23 Webbometrics. Web ranking of Latin American Universities [En lnea]. Disponible en:www.webometrics.info [11.11.2010].24

Gutirrez Gmez, Alfredo; Domingo Motta, Ral; Roger Ciurana, Emilio; Luengo, Enriquie. Educacin,mundializacin y democracia: un circuito crtico. Ed. Univ. Iberoamericana (Mxico): 2001. Pg. 99.