La economía social de mercado es un orden social, económico y político integrado, que se

caracteriza por tener una política económica de mercado, y al mismo tiempo una política

social que regula a la primera,  lo que se configura además como su mayor diferencia

frente al neoliberalismo.

La economía social de mercado está fundada bajo valores éticos que son definidos como

trascendentes y universales para la doctrina social. Este sistema se ha implementado en

varios países del viejo continente y se comporta como el contrario a los sistemas

económicos socialistas de planeación y a la economía de tendencia liberal, por lo que es

considerada como una tercera vía.

Los valores éticos en los cuales se fundamenta la economía social de mercado se centran

en principios que guardan relación con la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y

la subsidiaridad, a fin de lograr un sistema económico al servicio del hombre. Por lo mismo

se entiende como un sistema liberal con márgenes y límites reglados según una agenda

valórica y de principios.

Entre los principios constitutivos de la economía social de mercado, encontramos siete

principios básicos. En primer lugar, el sistema de “competencia perfecta”, un sistema de

precios para el que es necesaria una gran cantidad de oferta y de demanda. Por otra

parte, la “estabilidad de la moneda”, donde se mantiene su valorEN FORMA  constante,

labor a cargo de un banco central independiente del gobierno. Además encontramos el

“libre acceso a los mercados”, en el que no deben existir barreras para ingresar a los

diferentes mercados. Luego, en cuarto lugar, la “libertad contractual” se refiere a la

necesidad de la libertad de contrato necesaria para la competencia, sin embargo, es

posible que, en este caso, el gobierno intervenga en dicha libertad, garantizando la justicia

social. En quinto lugar encontramos la “propiedad privada con función social” o “hipoteca

social”, que se refiere a que, dentro de los fundamentos de la economía social de

mercado, se encuentra la propiedad privada de los medios, subordinada al principio de

destino universal de los bienes. En sexto lugar, la “plena responsabilidad”, en otras

palabras, la búsqueda libre del beneficio económico guardando valores éticos como el bien

común, la moderación y la responsabilidad ambiental. Por último, la “constancia de la

política económica”, la que debe garantizar el bienestar de todos los actores sociales.