la cultura institucional de género pueg unam octubre 30 de 2015 cristina palomar
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La cultura institucional de género
PUEG UNAM
Octubre 30 de 2015
Cristina Palomar
En el 2003, la Universidad de Guadalajara (UdeG) –al igual que otras Instituciones de educación superior (IES) mexicanas–, firmó un convenio
con algunas instancias del gobierno mexicano, en el que se comprometía a incorporar la perspectiva de género en todos los planos
de la institución. Dicho convenio buscaba que la equidad de género fuera una realidad en todas las instituciones de educación superior (IES)
del país.
Sin embargo, para poder llevar a cabo el compromiso adquirido era necesario tener información acerca de cuál era la situación de género
en la universidad. Aunque se asumía la presencia inequidades de género no se contaba con evidencias de esta y, por lo tanto, no se tenían claves para saber qué implicaciones tenía el compromiso de
incorporar la llamada perspectiva de género.
A pesar de que en los discursos de los funcionarios y en algunos documentos oficiales ya se utilizaba el concepto
de “género”, su uso era ambiguo y confuso. Por lo tanto, no sabíamos si los funcionarios universitarios
sabían qué era la llamada perspectiva de género, si estarían sensibilizados a la necesidad de incorporarla o si,
al menos, se interesaban en conocerla. Tampoco sabíamos qué tanto podría estar incorporada ya dicha perspectiva o en qué grado y en dónde; igualmente,
no podíamos ver cómo haríamos para determinar la existencia de la inequidad de género.
Sin embargo, era obvio que para cumplir con el compromiso adquirido por la universidad, era necesario contar con la siguiente
información básica:
1. hablar de la situación de la universidad en términos de género (diagnóstico) y evaluar si se contaba con las condiciones
institucionales para implementar la perspectiva de género; y,
2. tener elementos para diseñar una estrategia que posibilitara lograr la meta planteada como compromiso institucional, y para poder después formular las políticas para garantizar la equidad
buscada en la UdeG.
El reto era enorme, tomando en cuenta las dimensiones y características de la universidad, así como la complejidad del tema de
investigación. Se comenzó por evaluar el capital de la UdeG en términos del interés y los estudios de género.
¿Cómo se hablaba de género en la UdeG?
• Tres instancias académicas distintas dedicadas a los estudios de género: el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEGE) en el CUCEA; el Programa de Estudios de Género (PEG), del Departamento de Sociología del CUCSH, y el Centro de Estudios de Género (CEG) en este mismo centro universitario, pero adscrito al Departamento de Estudios en Educación.
• Tareas de difusión y divulgación de los estudios de género, así como la promoción de conferencias, seminarios y encuentros académicos regulares con temáticas de estudios de género en distintos espacios.
• Muchos los investigadores y profesores de toda la Red Universitaria incluían en sus programas docentes y proyectos de investigación la perspectiva de género y algunas de las temáticas vinculadas con ésta.
• Una amplia retórica de género
• Un fenómeno evidente de feminización de la matrícula, a partir de los siguientes datos.
Población de alumnos del Nivel Superior en la Red de la U de G en el 2004.
NIVEL TOTAL HOMBRES MUJERES
Nivel superior 75,104 37,898 37,206
Técnico superior universitario
1,953 1,244 709
Licenciatura 68,872 34,316 34,556
Posgrado 4,279 2,338 1,941
Especialidad 1,362 585 777
Maestría 2,641 1,588 1,053
Doctorado 276 165 111
Sin embargo, también contábamos con datos que parecía configurar otra cara de la institución en términos de género:
• el porcentaje de mujeres en el Consejo General Universitario (máximo cuerpo colegiado de la Universidad de Guadalajara), era solamente de 14%;
• entre los nombramientos de Profesor Investigador Titular C –el más alto dentro del tabulador académico de la U de G–, solamente 21% eran
mujeres;
• en el sector administrativo universitario, la mayor concentración de mujeres estaba en los puestos administrativos de los niveles inferiores de
los tabuladores y jerarquías;
• de entre las solicitudes anuales de año sabático, solamente una fue hecha por una mujer;
• nunca una mujer ha ocupado los tres puestos más importantes en la jerarquía universitaria: la rectoría general, la vicerrectoría y la secretaría
general;
También sabíamos que no existían políticas institucionales, en ningún nivel, destinadas a evitar cualquier forma de
discriminación de género o que garantizaran la equidad de género al interior de la Universidad de Guadalajara;
sabíamos igualmente, que en el seno de la UdeG se daban diversos fenómenos ligados con prácticas sexistas y
violentas.
A partir de ese panorama comenzamos a formular diversas preguntas.
Preguntas para la propuesta de investigación:
• ¿cómo evaluar si hay, en la Universidad de Guadalajara, esta perspectiva de género en el nivel institucional, y cómo se podría saber que ésta ha sido incorporada verdaderamente en lugar de ser solamente un elemento nuevo para la retórica institucional? ¿cuáles serían los indicadores de una verdadera incorporación de dicha perspectiva?
• Había otras preguntas previas: ¿existen, en la historia institucional de la Universidad de Guadalajara, evidencias de interés y sensibilidad hacia la llamada perspectiva de género? ¿cuál es la situación de la equidad de género en la Universidad de Guadalajara? ¿cómo es, en la Universidad de Guadalajara, la cultura institucional respecto al género?
Esas preguntas nos llevaron a realizar un sondeo preliminar acerca del tema de investigación, tanto en relación con la
cultura institucional, como con las posturas de la comunidad universitaria en relación con la equidad de género, al igual que en relación con los retos metodológicos implicados en una investigación sobre estos temas. Los resultados fueron
muy ilustrativos.
Elementos teórico – conceptuales:
Lo primero que había que hacer era definir lo que el término género significaba en nuestra investigación, para no contribuir a la ambigüedad y confusión conceptual
que la situación producía.
Definimos al género como un principio simbólico que produce un particular orden social a partir de los esfuerzos por dar sentido a la llamada diferencia sexual. Ese
principio simbólico opera como un elemento estructurador de las relaciones sociales y participa en los diferentes ámbitos de la vida social en combinación con los otros
circuitos de significación que distinguen cada ámbito.
El orden social de género fue entendido como la configuración simbólica que determina el marco organizador en los grupos sociales con base en los
mencionados esfuerzos por significar la diferencia sexual: el principio ordenador que marca lugares, jerarquías, atribuciones, características, etc., para los sujetos, a partir de categorías tales como “hombre”, “mujer”, “masculino”, “femenino”, entre otras.
Este orden social de género opera con naturalidad apoyado en las evidencias que el mismo orden social presenta y que,
a partir de las categorías que él mismo produce, implica jerarquías, oportunidades y posibilidades diversas para los
sujetos.
En las instituciones, el género es parte del marco organizador de estas y participa en la particular cultura que cada una de éstas produce. Al combinarse con la vocación y
los objetivos de cada institución, el género cobra tintes particulares.
Así, el género es un elemento importante para entender el juego de reglas institucionales, de técnicas y procedimientos
generalizados aplicados a la escenificación y reproducción de prácticas sociales diferenciadas a partir de categorizaciones
particulares.
A partir de lo anterior se conforma una determinada arena discursiva, móvil e inestable que brinda, tanto a la institución como a los sujetos, un espacio en el que coexisten distintos
recursos útiles para posicionarse en los juegos de poder implicados en la vida institucional.
El género es, pues, un principio simbólico que interviene en la producción de la cultura institucional específica.
El objetivo de las universidades es producir y transmitir el conocimiento a través del trabajo académico y científico. En la búsqueda de dicho objetivo, generan una cultura institucional
compuesta por un conjunto complejo de significados y comportamientos (Pérez Gómez, 2004).
Esos significados y comportamientos no se relacionan solamente con su objetivo explícito, sino que involucran otros registros propios de la vida cotidiana institucional, tales como
determinadas prácticas, tradiciones, costumbres, rutinas, rituales e inercias que, en conjunto, aseguran tanto el logro de
su objetivo, como la construcción y sostenimiento de la identidad institucional, al mismo tiempo que refuerzan la
vigencia de ciertos valores, expectativas y creencias ligadas a la vida social en la universidad.
Planteamos que el análisis de la cultura institucional permitiría comprender cómo
interviene el género en la urdimbre de las prácticas, costumbres y rituales institucionales, así como
conocer y explicar las manifestaciones del orden de género que, por la fuerza de la costumbre, se han
vuelto invisibles y naturales.
La UdeG como institución de educación superior: sus rasgos básicos
La Universidad de Guadalajara es, después de la UNAM, la segunda universidad pública en importancia y tamaño en México.
Tiene una organización en red compuesta por seis Centros Universitarios Temáticos en la zona metropolitana de Guadalajara; nueve Centros
Universitarios Regionales; un Sistema de Educación Virtual; un Sistema de Educación Media Superior; 24 Escuelas Preparatorias Metropolitanas y 31
Escuelas Preparatorias Regionales.
En total, la comunidad humana de la red de la UdeG está formada por 266,230 personas: 241,744 alumnos; 16,522 académicos y 7,964
miembros del personal administrativo.
En cuanto al financiamiento, la UdeG tuvo el año pasado más de diez mil millones de pesos de ingresos presupuestados.
La UdeG es una institución pública de educación superior estatal.
Su participación en la formación de las elites locales, el peso específico que tiene como institución en la vida local es
mucho mayor que el que tienen las universidades nacionales, al mismo tiempo que el espacio interno de éstas se convierte en campo de lucha por la obtención de puestos
y representaciones políticas, gremiales o burocráticas.
• La UdeG tiene en Jalisco el monopolio de la expedición y certificación de títulos y grados.
• Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio,
• Su gobierno sigue supuestamente los principios de representación democrática, incluyendo a los gremios de estudiantes, trabajadores administrativos y profesores.
• Es gobernada a través de cuerpos colegiados mixtos de autoridad restringida por la figura del gobernador del
estado.
• La autoridad académica, que se supone limitada al ámbito técnico, está en realidad íntimamente imbricada con el
poder político y con las tareas administrativas.
Los mecanismos de selección de autoridades y maestros en teoría se basan en la competencia y en el mérito profesional, pero es bien sabido que las tensiones e influencias que están
detrás de la elección de estas figuras son tan diversas y complejas que, finalmente, el currículum académico y
profesional son solamente un dato en la evaluación de los candidatos, ya que muchas veces tienen más peso otros
elementos vinculados con el juego de poder.
La estructura de la UdeG entraña un complejo juego de fuerzas que combina las provenientes del campo del poder con las originadas en el campo del saber (Gradilla, 1995). Esta situación genera un código de moralidad institucional particular, regido por una norma producida y
reproducida históricamente.
Hasta los años ochenta se definía como institución pública dependiente del gobierno del estado, con un fin social e ideales democráticos
modernos y universales.
Sin embargo, en las últimas décadas ha ido cambiando su perfil a partir de factores nuevos provenientes tanto de la reconfiguración de fuerzas políticas locales y nacionales, como de las implicaciones de los nuevos
discursos oficiales sobre la educación y de las políticas de financiamiento de la educación superior.
Por otra parte, la UdeG se caracteriza por el gran peso que siempre han tenido los “jefes políticos” que operan al interior de la Universidad según una división territorial que asegura
la reproducción del esquema original y que produce “una red jerarquizada de clientelas que no admite ningún punto
vacío” (Gradilla, ibídem:386-387); dicha red tiene como pieza central la lealtad como valor primordial en las transacciones de los agentes involucrados y, como efectos principales, la generación de estructuras clientelares que los disciplinan y
los someten a un código de intercambio de favores recíprocos.
Estas estructuras de relaciones clientelares, que llevan incorporadas el género como un elemento muy poderoso, atrapan a los sujetos en una
red tejida a partir de la mencionada lógica de favores personales ofrecidos y recibidos (a veces reales y a veces más bien imaginarios),
que compromete la agencia de los miembros de la comunidad universitaria en muchos sentidos.
Además, los jefes políticos están vinculados de peculiares y versátiles maneras con los distintos partidos políticos en juego en la política local
y nacional, así como en los diferentes ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara y los distintos niveles de gobierno, lo cual extiende las redes de poder fuera de los muros estrictos de la
universidad, tornando porosos dichos muros y estableciendo complejas vías de ida y vuelta entre el campo de la política formal, y la política universitaria interna, confundiendo a veces los actores y los puestos
Como resultado de la suma de todos los factores mencionados, tanto la vida académica como los procesos administrativos de la Universidad de Guadalajara tienen una tendencia muy marcada
hacia la politización, como consecuencia de que, a través del juego de fuerzas resultante, “se obtienen prestigios y recursos que permiten a los individuos y a sus grupos de adherentes y simpatizantes incrementar su influencia en la distribución del
poder universitario” (Acosta, 2008). La combinación del acceso a los puestos, los recursos y las representaciones formales y simbólicas de los actores universitarios, es la fórmula de la
política universitaria en la UdeG.
Este esquema, no obstante, ha ido moviéndose sin desactivar el mecanismo que articula el poder con el saber y la moralidad
dentro de la Universidad.
Entre 1989 y 1995 tuvo lugar uno de los cambios institucionales más relevantes, ya que se consideró como la
modernización a la estructura universitaria: la llamada “Reforma Universitaria” que generó un proceso de
descentralización y de regionalización de la Universidad, de profesionalización del personal académico y de diversificación
de las fuentes de su financiamiento (Acosta, op. cit.).
Aunque el peso de la política en la vida institucional conservó su lugar central tuvo algunas modificaciones: las
redes de poder en la Universidad se multiplicaron y se reforzaron los estilos clientelares del ejercicio del poder
administrativo y también del académico (Acosta, 2006:137), lo cual ha tenido diversos efectos, entre otros, dificultar la
consolidación efectiva de la vida académica institucional y el nacimiento de una comunidad académica activa, y con
libertad de pensamiento y acción.
Otro asunto importante derivado de los cambios ocurridos en este periodo, fue el debate acerca de quién debería administrar y
gobernar una institución académica. Se concluyó que, dado que es la “lógica académica” la que debería privar en la administración, no son
“los burócratas” los indicados, sino los mismos académicos.
Apareció entonces una figura nueva, la de los “funcionarios-investigadores” (Acosta, 2006), que al mismo tiempo que comenzaron a tomar las actividades de dirección institucional, seguían formando
parte de la planta académica de profesores-investigadores o docentes de tiempo completo. Esta combinación resultó en un principio
atractiva para muchos ya que implicaba recibir ingresos por ambas pero fue la fuente de conflictos y confusiones que duran hasta ahora,
pero tuvo otros efectos no tan positivos.
A partir del 2008 la UdeG inició un proceso con nuevos elementos vinculados con un contexto mucho más móvil y
complejo, y en el que parecían conjugarse tanto los mecanismos de mercado global y nacional, como las
políticas financieras neo liberales de la educación superior y los mecanismos propios de la elite académica. Todo ello se
combinaba con las siempre presentes jefaturas políticas universitarias, la distribución de territorios y posiciones entre éstas, y las redes clientelares, pero con nuevos escenarios y
otros elementos en juego.
La comunidad humana de la UdeG
La comunidad de la Universidad de Guadalajara se compone por el conjunto de los recursos humanos institucionales, divididos
básicamente en tres grandes sectores: 1) el académico, integrado por profesores, investigadores y técnicos académicos;
2) el administrativo, que se compone por el llamado gobierno universitario (funcionarios de diferentes niveles), administradores y personal de apoyo; y 3) el alumnado, dividido en dos grandes cuerpos: los estudiantes de nivel superior y de posgrado, y los
correspondientes al sistema de educación media.
¿Quiénes son, y qué lugar y significado tiene cada uno de estos sectores en el contexto universitario general?
Para contestar esta pregunta se tuvo que hacer un análisis histórico a partir de la tercera fundación de la UdeG en 1925, que nos mostró que la identidad, las posiciones y los significados de cada contingente humano
son construidos de manera diferente en los distintos momentos de la historia institucional, a partir de las transformaciones de la Universidad
como institución social.
En resumen, revisar ese proceso mostró que la fuerte politización inicial del sector estudiantil se fue disolviendo progresivamente, al mismo
tiempo que el peso político de ese sector se fue desplazando, primero, hacia el sector administrativo, y luego al sector académico.
Por otra parte, la comunidad universitaria de la UdeG tiene ahora un perfil más vinculado con definiciones y criterios derivados del progresivo avance
del discurso neoliberal en el campo de la educación superior nacional y global, que con rasgos estrictamente definidos por la universidad.
Los rasgos descritos configuraban el complejo universo de la investigación de la cual hablamos hoy.
La investigación se planeó en dos fases, la primera con carácter cuantitativo y la segunda con perspectiva cualitativa.
El trabajo de campo de la primera fase se realizó entre 2004 y 2005, por lo que los datos a los que se hace referencia son los
correspondientes al periodo administrativo 2000-2006. La información estadística general utilizada como punto de partida para el diseño
metodológico fue tomada de los documentos e informes oficiales de la Universidad de Guadalajara. Los resultados de esta fase de
investigación se publicaron en el 2011 por ANUIES.
El trabajo de campo de la segunda fase se realizó en el 2007 y aún no se han publicado sus resultados.
La fase cuantitativa de la investigación
Esta fase se caracterizó por enormes y diversas dificultades metodológicas y técnicas para el desarrollo del trabajo de
campo, debido tanto a las dimensiones propias de la institución como a algunos retos factores imprevistos. Otro reto importante fue el de lograr la articulación de un marco
teórico consistente con el objetivo de investigación y la propuesta metodológica, que al mismo tiempo diera cuenta
de los cuestionamientos y las contradicciones que nos revelaban los datos empíricos. También podría decirse que
esto último fue el principal logro del trabajo.
Los datos nos confrontaron seriamente en términos conceptuales con ciertos presupuestos asumidos como puntos de partida para la
investigación, tales como:
• la existencia de la inequidad de género, de exclusión y discriminación de las mujeres, y de violencia de género
• que había condiciones institucionales básicas para implantar una perspectiva de género y una política de equidad .
Era fundamental, por lo tanto, recoger evidencias de los fenómenos de inequidad de género en la UdeG, pero también queríamos
encontrar la manera de medir dicha desigualdad para poder hablar de “más” o “menos” desigualdad en relación con la que se produce
en otros ámbitos y para luego saber si la situación mejora o no.
Lo anterior implicó revisar diversas propuestas de indicadores para medir la desigualdad, y concluimos que ninguna de ellas era útil para el ámbito que pretendíamos analizar. Las propuestas revisadas descansaban en un supuesto que no compartíamos: considerar que la presencia diferencial en términos numéricos de hombres y mujeres de carne y hueso es el indicador fundamental para establecer una mayor o menor equidad.
Nosotros planteábamos que es mucho más significativa la dimensión simbólica involucrada en la cultura institucional que antecede a los datos
estadísticos medidos. Es decir, el supuesto de fondo en las distintas propuestas de medición revisadas era que mientras mayor sea la paridad numérica entre hombres y mujeres en un ámbito o una institución, habrá
mayor equidad de género.
Cuestionamos ese supuesto dado que consideramos que con este razonamiento simple no se consideran cuestiones que lo
problematizan, como que si bien las mujeres pueden tener posiciones de poder, este puede ser ejercido a favor de intereses vinculados con
la dominación masculina; o que muchas veces las movilizaciones hechas por mujeres defienden posturas que no siempre redundarán
en una mayor equidad de género. O que pueden ser varones quienes planteen demandas o exijan prestaciones vinculadas con cuestiones consideradas tradicionalmente como femeninas. O que el incremento
en el número de mujeres que ocupan puestos que suelen considerarse masculinos pueda obedecer a la pérdida de la
importancia o el prestigio de dichos puestos y no al avance de la equidad de género, entre otras cosas.