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EL MODELO CONSTITUCIONAL DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL: La

consolidacin de nuestro Estado Constitucional de Derecho

Dra. Nelly Aurora Castro Olaechea1

Hoy en da estamos viviendo la constitucionalizacin de todos los aspectos del

derecho y por tanto en todos los mbitos de nuestro quehacer cotidiano.

Siempre se ha dicho que el derecho de una persona acaba donde empieza el

derecho de los dems. Los principios y disposiciones constitucionales

entonces deben ser aplicables en todos los mbitos jurdicos y en general en

todos los aspectos que deben regir a todos los ciudadanos en sus actos

pblicos y privados, ms an en la potestad del Estado de Administrar justicia,

por dicha razn, la Constitucin Poltica del Estado debe estar presente en

todas las instituciones del Estado y en todas las disposiciones del

ordenamiento jurdico, por ello los ciudadanos en general deben ver y

entender con agrado cmo en el nuevo cdigo procesal penal las disposiciones

constitucionales se encuentran plasmadas en su Titulo preliminar a diferencia

del Cdigo de procedimientos penales del ao 1940 el mismo que con su

modelo inquisitivo no tena otro objetivo que arrancar la verdad al imputado

bajo cualquier costo, lo cual inclua pues, la violacin a mltiples derechos

fundamentales reconocidos tanto por nuestra normativa nacional como

internacional.

Con el nuevo cdigo procesal penal vigente ya en la ciudad de Lima, para los

casos de delitos contra la administracin pblica, nuestra labor como

operadores de la administracin de justicia no solo debe enmarcarse en

destacar las bondades procesales de este instrumento normativo sino tambin

empezar a analizar desde una perspectiva constitucional sus cimientos, los

mismos que se encuentran presentes en todos y cada uno de los artculos del

Titulo Preliminar, esto significa que el Titulo preliminar del nuevo cdigo y en

general todo su articulado encuentra su respaldo y fuerza constitucional en

1 Fiscal Provincial Penal de Lima

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todos sus enunciados en los que se puede entender como consecuencia que la

nota caracterstica de este instrumento, esto es su tendencia acusatoria,

garantista y adversarial encuentra por ende tambin respaldo constitucional.

En ese sentido, la caracterstica acusatoria del NCCP relacionada a la

diferenciacin de roles de cada actor esto es Ministerio Pblico, defensa y

Poder Judicial encuentran su respaldo en el artculo 159o de la Constitucin

al sealar y describir las atribuciones del Ministerio Pblico, artculo 139o de

la Constitucin que en todos sus incisos destaca la labor del Poder Judicial, y

artculo 139o incisos 14 y 15 de la Constitucin al sealar que nadie puede

ser privado del derecho a la defensa pues toda persona debe ser

informada inmediatamente y por escrito de la causa de su detencin ,

pudiendo comunicarse con un defensor en cualquier momento. Este derecho a

la defensa consagrado en forma universal en los instrumentos internacionales

adems, tambin constituye un respaldo de la eficacia y eficiencia del nuevo

cdigo toda vez que a travs de este principio cualquier persona puede

defender de manera eficaz y oportuna en cualquier estado del proceso incluso

en etapa pre-jurisdiccional esto es podr defenderse tanto de la parte

acusadora-fiscal como de la parte juzgadora en caso considere que sus

derechos estuvieren siendo menoscabados, siendo sumamente importante

este derecho pues supone en su ms importante interpretacin que el acusado

no debe caer en un estado de indefensin bajo ningn punto de vista y como

este derecho tambin se encuentra consagrado en el artculo IX del Titulo

preliminar del nuevo cdigo procesal penal el mismo que incluye que nadie

puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra s

mismo contra su cnyuge o sus parientes, incluye el principio de no auto

incriminacin el mismo que tambin tiene respaldo en las

normas internacionales a los que el Per se encuentra adherido.

De otro lado, con respecto a la caracterstica garantizadora relacionada con

las garantas procesales o escudos protectores del justiciable, estas

encuentran respaldo constitucional en el artculo 139 inciso 3 de la

Constitucin cuando reconoce el debido proceso y la tutela jurisdiccional

efectiva, ya que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdiccin

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predeterminada por ley ni sometida a procedimiento distinto ni juzgada por

rganos jurisdiccionales distintos a los que por ley debe ser juzgada. En el

Artculo 2o inciso 2o de la Constitucin cuando consagra el derecho a la

igualdad , Articulo 139o inciso 6 de la Constitucin cuando consagra el

derecho a la instancia plural, artculo 139 inciso 7 el derecho a la

indemnizacin frente al error judicial, artculo 2o inciso 24 prrafo e el

derecho a la presuncin de inocencia, articulo 139 incisos 2 y 13 cuando

consagra el principio del ne bis in idem y la seguridad jurdica de los fallos

judiciales etc. ; en general toda cuanta garanta pueda encontrar el

ciudadano dentro de un proceso penal las que van a conllevar a la eficiencia

de una defensa justa y como consecuencia a la eficacia del proceso general.

Con respecto a la tendencia adversativa que contiene la naturaleza del juicio

publico y oral, as como la necesidad del contradictorio y la responsabilidad

que en materia de actuacin probatoria le corresponde a las partes para

estar en igualdad de condiciones, esta tendencia tiene su sustento

constitucional en todo lo relacionado a la tutela procesal efectiva que la

Constitucin en su artculo 139o consagra a travs de los distintos principios y

derechos, como el sealado en el inciso 3 del artculo 139o cuando reconoce

el derecho al debido proceso el cual contiene no solo a la legalidad de los

actos procesales sino tambin a la igualdad procesal entre las partes y a no

ser desviado de la jurisdiccin predeterminada por ley, en concordancia con

el principio de igualdad consagrado en el artculo 2o inciso 2o de la

Constitucin que respalda tambin la igualdad de armas con que deben estar

premunidas todas las partes en un proceso penal.

En suma, del anlisis de los derechos fundamentales consagrados en nuestra

carta magna podemos concluir que las caractersticas del nuevo modelo

procesal penal, esto es la contradiccin, el garantismo y la adversariedad

encuentran respaldo constitucional y como dice el profesor Mario Pablo

Rodriguez Hurtado , el proceso penal no es un atado de informes o trmites ni

un deambular anrquico de secuencias, sino un mecanismo de resolucin o

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redefinicin de conflictos generados por los delitos, que se edifica para servir

a la colectividad, las vctimas y los procesados2.

2 Mario Pablo Rodriguez Hurtado: Los fundamentos constitucionales de la reforma acusatoria, garantizadora, de tendencia adversativa, eficaz y eficiente, y el ttulo preliminar del Cdigo Procesal Penal Peruano en Lecturas de la PUCP- VIII Post Ttulo en Derecho penal y procesal penal. Pag. 16