Mensaje de Ángel Ortiz GuzmánMunicipio Autónomo de Carolina, Puerto Rico

Auditorio Fortunato Vizcarrondo19 de julio de 2006

La Constitución de Puerto Rico, El Estado Libre Asociado y la Agenda de Futuro

I.

Felicito a la administración municipal de Carolina y a su Alcalde, Honorable José Aponte De la Torre por permitirnos en esta noche profundizar en el significado de la Constitución de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado y la Agenda de futuro de Puerto Rico.

Quiero comenzar citando las palabras del ex-Alcalde del Municipio de San Juan Honorable Héctor Luis Acevedo en el prólogo del libro La Generación del 40 y la Convención Constituyente cuando señalaba con acierto lo siguiente:

AEn un mundo donde la abundancia de noticias y la multiplicidad de reclamos hace efímera la memoria y, de ligero pulso, el pensamiento, es vital saberse inmerso en el recuerdo y la obra de los que nos precedieron, no porque obliguen desde el pasado, sino porque invitan a superarlos@1

Este año en que se cumplen cincuenta y cuatro años del establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se hace imperativo reflexionar en torno a los logros alcanzados luego de la primera y única constitución, redactada y aprobada por el Pueblo de Puerto Rico. Aprovecharé además esta ocasión, para reflexionar sobre nuestra relación política con los Estados Unidos con el interés de que comencemos, juntos, a pensar y soñar sobre la agenda de futuro.

1Acevedo, Héctor Luis. La Generación del 40 y la Convención Constituyente, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano, 2003, pág. xi.

II.

Comencemos nuestra reflexión recordando el contexto histórico en que se establece nuestra constitución: la década de los cincuenta. Veamos.

La Unión Soviética que había sido aliada de los países que derrotaron a Alemania rápidamente se vio transformada en el "enemigo de occidente" y el mundo vio formarse lo que se conoció como "Guerra Fría".

Poco después del fin del conflicto mundial, la guerra civil en China, dio el triunfo de Mao Zedong quien instauró en la parte continental de su nación un régimen totalitario de base comunista, conocido como la República Popular China.

En la década de los 50, la disputa entre estos dos nuevos ejes mundiales, se intensificó notablemente con la guerra de Corea y la posterior división de país en dos estados diferentes. Se inició una carrera armamentista sin precedentes que se extendería en las siguientes décadas, así la Unión Soviética y los Estados Unidos crearon un arsenal capaz de destruir todo el planeta.

Estados Unidos vivió una revolución cultural impulsada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente fenómeno de consumismo. Alemania y Japón experimentaron una sorprendente recuperación económica que menos de dos décadas después del final de la segunda guerra mundial, había transformado a ambos países en potencias económicas, si bien no políticas o militares. Por lo tanto, aunque Francia y Gran Bretaña tenían un mayor peso político en el mundo, Japón y Alemania, superaban a los dos países europeos que obtuvieron la victoria en la segunda guerra e incluso su presencia en el comercio internacional superaba a la de la Unión Soviética.

Un proceso de importancia capital para el futuro de Europa y del mundo se inició cuando Robert Schuman pronunció la celebre declaración que lleva su nombre y que constituye el embrión de la actual Unión Europea (UE).

En enero de 1950, la India se convierte en república, tras su declaración de independencia tres años antes. El 25 de junio de 1950 comienza la guerra de Corea que durará hasta 1953 y en los Estados Unidos se realiza la primera emisión en color de televisión. . Específicamente en 1952, los Estados Unidos detonan la primera bomba de hidrogeno en el atolón de Enewetak en las Islas Marshall en el Pacifico.

III. En términos generales, la Constitución del Estado Libre Asociado de 1952 permitió la organización del gobierno interno del Pueblo de Puerto Rico. En su artículo III se estableció el Poder Legislativo a través de una Asamblea Legislativa de dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El artículo IV organizó el Poder Ejecutivo, el Artículo V el Poder Judicial, el Artículo VI las disposiciones generales y Artículo VII estableció el procedimiento para enmendar la constitución.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952 estableció en su Artículo II una Carta de Derechos la cual reconoció los derechos civiles y políticos de los puertorriqueños. Estos derechos incluyen el respeto a la dignidad del ser humano, el derecho al voto, la libertad de culto o religión, la libertad de palabra y prensa, el derecho a la educación, libertad de organización, el derecho a la vida, al disfrute de la propiedad privada, a la igual protección de las leyes, la protección en contra de los registros y allanamientos irrazonables por parte de las autoridades gubernamentales y la prohibición de la esclavitud, entre otros.

A pesar de los derechos civiles y políticos nuestra constitución a penas menciona otros derechos tales como los derechos económicos, sociales y culturales del Pueblo de Puerto Rico. Tampoco incluye un conjunto de derechos denominados derechos de los pueblos o de la solidaridad, que incluyen el derecho a la autodeterminación, a la paz, al desarrollo, a la democracia, a recibir y producir información equitativamente, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a beneficiarse del

patrimonio común de la humanidad.

Estos derechos nos pertenecen a todos como individuos pero también al conjunto del pueblo de Puerto Rico e incluso a la comunidad internacional. La definición, reconocimiento y consagración de estos derechos es una tarea aún pendiente para las nuevas generaciones de puertorriqueños.

Por definición, una constitución es la Ley fundamental de la organización de un Estado. Debemos esta noche preguntarnos, establecimos los puertorriqueños en 1952 la ley fundamental y suprema de Puerto Rico? La respuesta es obvia: No.

La Constitución requiere como todo adaptarse al momento histórico en que vivimos.

Nuestra Constitución debe dejar meridianamente claro que la soberanía nacional de los puertorriqueños reside en el Pueblo de Puerto Rico y no en el Congreso de los Estados Unidos como sostienen algunos. En el futuro, la Constitución de Puerto Rico debe establecer que la enseñanza que se imparta en Puerto Rico sea en nuestro idioma español, que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

La Constitución debe garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer, debe promover el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, reconocer los derechos sociales, económicos y culturales, la protección del patrimonio cultural de la nación puertorriqueña.

La Constitución de Puerto Rico debe proteger los derechos colectivos y del ambiente, como por ejemplo la prohibición de la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, prohibir la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos en suelo de Puerto Rico.

Nuestra Constitución debe definir quienes somos los nacionales puertorriqueños. Debe elevar a rango constitucional, nuestra bandera, escudo e idioma nacional. En cuanto a la organización

del Estado debe reflejar la voluntad clara manifestada por el pueblo de Puerto Rico el pasado año de cambiar el Poder Legislativo en un sistema unicameral. La Constitución del futuro debe dejar claro quien es el Jefe de Estado y de Gobierno de Puerto Rico y la sucesión del primer ejecutivo. Debe además, elevar a rango constitucional la autonomía fiscal y presupuestaria de la Rama Judicial, la autonomía municipal y la finalidad social del Estado y de los servicios públicos esenciales y su prestación eficiente para el Pueblo de Puerto Rico.

IV.

Junto a Don Luis Muñoz Marín, trabajaron muchos de los mejores talentos del país los cuales, en aquella época estaban disponibles para el servicio público y allí ofrendaron su vida civil al servicio de nuestro pueblo. Esa generación, la generación del cuarenta sentó la medida de las cosas en Puerto Rico, en cuestiones de gobierno y servicio público, marcaron así, para siempre, nuestra historia.@2

Entre esos talentos del país es importante recordar, además de Don Luis Muñoz Marín, al doctor Antonio Fernós Isern, Roberto Sánchez Vilella, Ernesto Ramos Antonini3 y Vicente Geigel Polanco4, entre otros.

Ahora nos toca a nueva generación de puertorriqueños lograr que la Constitución de Puerto Rico, no omita aquellos rasgos inherentes a nuestra realidad de nación. En ninguno de los artículos de la Constitución de 1952 se menciona que Puerto Rico es una nación. Tampoco, que Puerto Rico tiene el derecho natural e inalienable a su libre determinación y a su soberanía nacional.

2Acevedo, Héctor Luis, op.cit. pág. xvi.

3Véase Rivera Hernández, Victor. Ernesto Ramos Antonini Una biografía necesaria, Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Puerto Rico, 2004, 94. págs

4Véase Duprey Salgado, Néstor. Independentista Popular Las Causas de Vicente Géigel Polanco , Crónicas, Inc, San Juan, Puerto Rico, 2005, 684 págs.

La Constitución de 1952 omite hacer referencia a nuestro idioma oficial, a la cultura nacional de los puertorriqueños, a nuestro derecho natural a relacionarnos con nuestros vecinos caribeños y latinoamericanos, es decir, al poder para establecer relaciones exteriores propias, a los principios del derecho internacional aceptados por Puerto Rico, a la protección de las riquezas naturales, ambientales y culturales de nuestra nación. Esa es mi queridos amigos parte de la agenda de futuro de los puertorriqueños a principios del siglo XXI.

V.

Nuestra patria, Puerto Rico, enfrenta sin duda retos importantes en esta delicada pero potencialmente prometedora coyuntura histórica. Confío en que la misma nos ayude a mirar el futuro político de Puerto Rico con renovada esperanza y con una voluntad política cada vez más sólida para dejar atrás siglos de colonialismo e indecisión y de la tan triste lucha entre Puertorriqueños en la cual los derrotados somos todos.

Desde la noche misma de las elecciones del 2004, una de las elecciones nacionales más cerradas de nuestra historia, Puerto Rico vive una considerable dosis de angustia. Con el resultado electoral que llevó al Partido Popular Democrático nuevamente a la gobernación y con ella el control de la rama ejecutiva y al Partido Nuevo Progresista, por su parte, a la rama legislativa, tal escenario ha supuesto hasta el día de hoy una puesta a prueba de nuestra democracia y de la capacidad de nuestro liderato político para dialogar, identificar puntos de encuentro y concertar. Y el mismo surgió como fruto del malestar ciudadano para con la clase política puertorriqueña. Vivimos ante con un gobierno poco ágil, distante, con evidentes señales de falta de concentración y enfoque en lo que es verdaderamente importante. Vivimos con una asamblea legislativa resistente y sorda; y un partido independentista soberbio, arrogante y poco democrático, que evidencia no tener siquiera, a pesar de un récord indiscutible de labor patriótica, la voluntad política para hacer causa común con los sectores no afiliados del independentismo.

Ante este panorama debemos aprovechar para reflexionar y repensar las estrategias y estilos de manejar la cosa pública como las propuestas políticas de futuro para el país.

Todos los partidos políticos deben tener claro una cosa importante: la era del estado de los partidos terminó, vale decir, los tiempos en que el espacio público era dominado por la discusión intra e inter-partidista son hoy cosa del pasado. El protagonismo de los ciudadanos, las organizaciones de sociedad civil, el sector privado y la prensa, como actores políticos claves, promotores y guardianes del bien público, reposiciona a los partidos y les exige una entrada más discreta y una actitud de mayor apertura al diálogo y la concertación con una diversidad de actores y actrices.

La realidad actual supone una oportunidad impostergable para que el Partido Popular Democrático se replantee su proyecto político. Si bien el Partido Popular retuvo la gobernación, no hay duda que tal triunfo fue el resultado de una alianza de facto entre los simpatizantes del Partido Popular y simpatizantes de la independencia de Puerto Rico, no afiliados al Partido Independentista Puertorriqueño. Mientras que la base política del Partido Nuevo Progresista ha crecido en las últimas décadas Baunque no así el apoyo a la estadidad, la base política del Partido Popular no ha registrado el mismo crecimiento. De ahí que no podemos perder de vista que la única posibilidad de hegemonizar el espacio político puertorriqueño y ser una opción de gobierno pasa por la concertación entre sectores autonomistas, independentistas y de centro izquierda e izquierda democrática en Puerto Rico.

)Qué significa esto para el ideal del autonomismo? Creo que ha llegado el momento para poner felizmente en primera fila a una nueva generación política con la esperanza de dejar atrás viejos estilos. Se abre una oportunidad inigualable para que el Partido Popular Democrático vuelva a identificar, como le llamó el fundador, don Luis Muñoz Marín, Anuevos caminos hacia viejos objetivos@.

La ruta de la justicia social y el respeto por los valores democráticos del pueblo puertorriqueño, requieren hoy de una nueva ruta, que por la vía de una autonomía plena, logre ampliar la base política de un Partido que indiscutiblemente le ha servido bien al pueblo puertorriqueño y que hoy, bajo el liderato de nuevo cuño del licenciado Aníbal Acevedo Vilá, propone una ruta de progreso con dignidad.

Pero la ruta de autonomía plena y de progreso con dignidad, por medio de un proyecto verdaderamente descolonizador, que resignifique al Estado Libre Asociado por medio de la articulación de una propuesta de soberanía política y asociación sin ningún vestigio de territorialidad ni colonialidad, no debe pensarse como una mera salida de oportunismo político para sumar votos y ganar futuras elecciones. Por el contrario, se trata de aprovechar la coyuntura para enfrentar, con voluntad política descolonizadora y nuevas estrategias, el eterno dilema del status político y, al así hacerlo, asegurar la inserción de Puerto Rico en el nuevo tablero económico en condiciones más favorables y de mayor apertura a nuestra comunidad natural y al mundo entero.

Más que trabajar para garantizarse una oportunidad en futuras contiendas electorales, el Partido Popular Democrático, ente posibilitador de la transformación económica y política más importante de nuestra historia, tiene que comprometerse hoy con un nuevo proyecto de país que asegure la viabilidad económica de nuestra Isla.

Para ello, es imprescindible superar la planificación de cada cuatro años y comprometerse con un esfuerzo de planificación a largo plazo. Pero la planificación a largo plazo y un proyecto de viabilidad económica de nuestra patria no puede quedar secuestrada cuatro años más por la fragilidad y el desgaste de un status político que, si bien le sirvió bien a Puerto Rico en la segunda mitad del siglo veinte, no le sirve bien a la situación actual de nuestra nación caribeña. Superar el déficit democrático del Estado Libre Asociado como ha propuesto el ex gobernador Rafael Hernández Colón; potenciar su inserción política y económica como igual en el concierto de las naciones soberanas

del mundo; y resignificar nuestra relación de asociación con los Estados Unidos de América liberándola de todo vestigio de colonialismo, es una agenda de acción política que los autonomistas puertorriqueños, el pueblo de Puerto Rico en su conjunto, no puede aplazar.

En esta coyuntura surge la oportunidad de que la plataforma de gobierno refrendada por la votación ciudadana en las elecciones del 2004, incluyó el compromiso programático con la celebración de una Asamblea Constitucional de Status en la que, representantes de todos los sectores políticos y sociales del país, pudieran acordar una ruta procesal y validar un mecanismo de consulta ciudadana que considere únicamente opciones de status político no coloniales y no territoriales.

Los simpatizantes del Estado Libre Asociado deben reconocer, con honestidad y voluntad de futuro, que los contenidos actuales del arreglo político que se alcanzo en 1952 con el gobierno de los Estados Unidos de América, no cumple con dichas condiciones. No se trata, como otros querrían, de dejar al Estado Libre Asociado fuera de la contienda. Se trata de reconocer que lo logrado en 1952, no era el final sino el principio de un proceso de autodeterminación y descolonización.

Estoy seguro que el Estado Libre Asociado, que ha sido la opción preferida de los puertorriqueños a lo largo de los últimos cincuenta años, representa y representará en nuestra ruta de cambio y consolidación democrática a lo largo de los próximos años.

El Estado Libre Asociado tiene que replantear su relación política con los Estados Unidos de América para asegurar que, validando la voluntad ciudadana de seguir vinculados política y económicamente a los Estados Unidos de América, dicha relación nazca de la soberanía del pueblo puertorriqueño por la ruta de la libre asociación, modelo político reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como fórmula legítima de descolonización para el país.

La voluntad de impulsar la asamblea constitucional de status no puede flaquear. Más aun, ése debe ser uno de los puntos clave del diálogo y la concertación con el liderato político del País. De ninguna manera el nuevo escenario de gobierno compartido debe ser excusa para abandonar este importante compromiso. Por el contrario, debe ser la ocasión para que la nueva generación del liderato autonomista evidencie su compromiso inquebrantable con la descolonización de nuestra patria y la identificación de nuevos contenidos para el Estado Libre Asociado.

En efecto, esta es una coyuntura en la que como lo propusiera Inés María Mendoza de Muñoz Marín, el Partido Popular, los autonomistas, tienen que proceder sin miedo. El crecimiento del Estado Libre Asociado se ha visto detenido por los temores a la derecha republicana y estadista, y a su proyecto de meter miedo a la soberanía. El futuro de nuestro país no puede quedar prisionero de los miedo. tanto más si tal miedo nos aleja de la única posibilidad viable de inserción económica exitosa y competitiva en la globalización, que nos permita retomar con éxito la ruta de la justicia social y el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, para desde esa plataforma identificar novedosas respuestas a los desafíos sociales que aquejan a nuestra población.

La ruta hacia la descolonización espiritual del pueblo puertorriqueño pasa por la voluntad política decidida del liderato autonomista para transformar al Estado Libre Asociado y convertirlo en una fórmula cabalmente descolonizadora y no territorial. Confío en que la reflexión de esta noche sirva de referencia útil en la ruta y agenda de futuro de Puerto Rico.

Muchas gracias.