la caja por el camino del anglo

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 La Caja por el camino del ANGLO Rodrigo Arias López Actuario Matemático Semanario Universidad del 1º al 7 de marzo de 2007 La escasa autonomía política de la CCSS y las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional protegiendo los derechos de los asegurados, evidencian la necesidad de una profunda reforma a la Ley Constitutiva de la Caja. Recordemos que en el año 1961 Costa Rica dio un paso trascendental, al incluir en la Constitución Política la obligación de universalizar los seguros sociales y dotar a la CCSS de rentas para ese fin. Sin embargo, lo bueno no dura, máxime si la ley beneficia a la mayoría, pues con la promulgación de la Ley 4-3 se obstaculizó tan noble causa y se abrió una peligrosa puerta para que las hormigas, como dice el refrán, a puros mordiscos se coman un elefante. Liberación Nacional, ganador de las elecciones en 1974, ni lerdo ni perezoso, pero consecuente con su doble discurso moralista, nombraba a cuatro políticos en la Junta Directiva de la Caja, incluyendo al Presidente Ejecutivo; el Pa rtido Unificación Nacional elegía a tres. Hoy la integración de la Junta Directiva de la CCSS es "más democrática y representativa", como suelen decir estos políticos para ocultar el maquillaje que le practicaron, pues lo cierto es que el Presidente Ejecutivo y los enraizados Gerentes de División, que se nombran con criterio político, son los que definen lo que se hace o no se hace en la Caja, inspirados en la filosofía del PLUSC y del Banco Mundial. Los otros dirigentes que supuestamente conducen la nave, hacen lo que pueden para ganarse las dietas. Esta forma de actuar, haciendo creer que las cosas se hacen de la forma que no es, pareciera un negocio redondo para quienes viven del Estado y son aglutinados en el PLUSC, en detrimento de los asegurados de la Caja. Tenemos así que las contribuciones del período 1975-2006 del Régimen de Salud de los trabajadores asalariados, tienen un valor actual de ¢10.6 billones y los gastos ¢5.6 billones, lo cual significa un superávit actuarial de ¢5 billones. Con ese nivel de excedentes la Caja pudo haber realizado grandes proyectos a favor del seguro social de esas personas y tendría aún una suma líquida de reservas cercana a los ¢3 billones. Sin embargo, en el reportaje " Autoridades de la CCSS refutan deuda del Estado" (La Prensa Libre: 2/2/2005) se informa que la CCSS no cuenta con esos fondos. Para esos políticos la d euda morosa del Estado con la Caja no es el gigantesco dóberman de ¢5 billones que arroja el cálculo matemático, sino un pequeño chihuahua que aparece registrado en los Estados Financieros, que no supera los ¢300 mil millones. Omiten explicarles a los ciudadanos que los restantes ¢4.7 billones de superávit de aportes del régimen de salud de los asalariados, no aparecen en los Estados Financieros porque los utilizaron para pagar el costo de atención de la salud de los pobres, los pensionados, los trabajadores independientes y de personas no aseguradas, ante el hecho de que el Estado, asaltado por el PLUSC, no giró los fondos establecidos por ley, ni dotó a la Caja de rentas como lo ordena el artículo 177 de la Constitución Política. Solamente en el año 2006 el costo de atención de la salud de personas no aseguradas y de asegurados no asalariados, rondó los ¢300 mil millones y los ingresos no llegaron a ¢100 mil millones. El monto faltante superior a ¢200 mil millones se financió esencialmente con cuotas de los trabajadores asalariados, estando prohibido por el artículo 73 de la Constitución Política. El silencio de los jerarcas de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la República ante el desmantelamiento de la CCSS al margen de las leyes y la Constitución Política, es extraño. Muy extraño. Lo más grave es que ya la Contraloría advirtió que para cobrar esas deudas, la Caja debe demostrar que brindó los servicios. De esta manera, el dóberman disfrazado de chihuahua no llegará ni a cachorro de chihuahua. Es el mismo camino que usaron para cerrar el Banco Anglo.  

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La Caja por el camino del ANGLO

Rodrigo Arias López

Actuario Matemático

Semanario Universidad del 1º al 7 de marzo de 2007 

La escasa autonomía política de la CCSS y las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucionalprotegiendo los derechos de los asegurados, evidencian la necesidad de una profunda reforma a laLey Constitutiva de la Caja.

Recordemos que en el año 1961 Costa Rica dio un paso trascendental, al incluir en la ConstituciónPolítica la obligación de universalizar los seguros sociales y dotar a la CCSS de rentas para esefin. Sin embargo, lo bueno no dura, máxime si la ley beneficia a la mayoría, pues con la promulgaciónde la Ley 4-3 se obstaculizó tan noble causa y se abrió una peligrosa puerta para que las hormigas,como dice el refrán, a puros mordiscos se coman un elefante.

Liberación Nacional, ganador de las elecciones en 1974, ni lerdo ni perezoso, pero consecuente consu doble discurso moralista, nombraba a cuatro políticos en la Junta Directiva de la Caja, incluyendo alPresidente Ejecutivo; el Partido Unificación Nacional elegía a tres. Hoy la integración de la JuntaDirectiva de la CCSS es "más democrática y representativa", como suelen decir estos políticos paraocultar el maquillaje que le practicaron, pues lo cierto es que el Presidente Ejecutivo y los enraizadosGerentes de División, que se nombran con criterio político, son los que definen lo que se hace o no sehace en la Caja, inspirados en la filosofía del PLUSC y del Banco Mundial. Los otros dirigentes quesupuestamente conducen la nave, hacen lo que pueden para ganarse las dietas.

Esta forma de actuar, haciendo creer que las cosas se hacen de la forma que no es, pareciera unnegocio redondo para quienes viven del Estado y son aglutinados en el PLUSC, en detrimento de losasegurados de la Caja. Tenemos así que las contribuciones del período 1975-2006 del Régimen deSalud de los trabajadores asalariados, tienen un valor actual de ¢10.6 billones y los gastos ¢5.6billones, lo cual significa un superávit actuarial de ¢5 billones. Con ese nivel de excedentes la Cajapudo haber realizado grandes proyectos a favor del seguro social de esas personas y tendría aún unasuma líquida de reservas cercana a los ¢3 billones. Sin embargo, en el reportaje "Autoridades de laCCSS refutan deuda del Estado" (La Prensa Libre: 2/2/2005) se informa que la CCSS no cuenta conesos fondos. Para esos políticos la deuda morosa del Estado con la Caja no es el gigantescodóberman de ¢5 billones que arroja el cálculo matemático, sino un pequeño chihuahua que apareceregistrado en los Estados Financieros, que no supera los ¢300 mil millones.

Omiten explicarles a los ciudadanos que los restantes ¢4.7 billones de superávit de aportes delrégimen de salud de los asalariados, no aparecen en los Estados Financieros porque los utilizaronpara pagar el costo de atención de la salud de los pobres, los pensionados, los trabajadoresindependientes y de personas no aseguradas, ante el hecho de que el Estado, asaltado por elPLUSC, no giró los fondos establecidos por ley, ni dotó a la Caja de rentas como lo ordena el artículo177 de la Constitución Política.

Solamente en el año 2006 el costo de atención de la salud de personas no aseguradas y deasegurados no asalariados, rondó los ¢300 mil millones y los ingresos no llegaron a ¢100 milmillones. El monto faltante superior a ¢200 mil millones se financió esencialmente con cuotas de lostrabajadores asalariados, estando prohibido por el artículo 73 de la Constitución Política.

El silencio de los jerarcas de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la República ante eldesmantelamiento de la CCSS al margen de las leyes y la Constitución Política, es extraño. Muyextraño. Lo más grave es que ya la Contraloría advirtió que para cobrar esas deudas, la Caja debedemostrar que brindó los servicios. De esta manera, el dóberman disfrazado de chihuahua no llegaráni a cachorro de chihuahua. Es el mismo camino que usaron para cerrar el Banco Anglo. 

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