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Contenido
Introducción .................................................................................................................................. 4
Capítulo 1: Información general sobre herramientas económicas para la conservación de la
biodiversidad ............................................................................................................. 4
1.1 Funciones y servicios de ecosistemas ................................................................................. 4
1.2 Valoración económica de servicios ambientales ................................................................ 4
1.3 Mecanismos financieros ...................................................................................................... 5
1.3.1 Algunas condiciones previas a la aplicación de mecanismos financieros .................... 8
1.3.2 Alcance de mecanismos financieros ............................................................................ 9
1.3.3 Clasificación de mecanismos financieros ................................................................... 10
Capitulo 2: La situación política y económica en América del Sur y sus implicaciones en el
diseño y la aplicación de mecanismos financieros ................................................. 16
2.1 El desarrollo político de América del Sur .......................................................................... 16
2.2 La realidad socio‐económica ............................................................................................. 18
2.3 Las herramientas económicas para la conservación en América del Sur ......................... 21
Capítulo 3: Estudios de casos en América del Sur ..................................................................... 23
3.1 Argentina – Uso del eco sello FSC ..................................................................................... 23
3.2 Bolivia – Pagos para el uso de servicios ambientales: El Albergue Ecoturístico Indígena
Chalalán ............................................................................................................................. 25
3.3 Brasil – El regimen de compensación: La ley de Compensação Ambiental y el Atlantic
Forest Fund ....................................................................................................................... 25
3.4 Chile – Sistema de límite e intercambio: Negocio de emisiones en Santiago de Chile ..... 26
3.5 Colombia – Impuestos para servicios ambientales: El impuesto ecológico ...................... 29
3.6 Ecuador –El Pagos para el uso de servicios ambientales: El proyecto Pimampiro ........... 29
3.7 Guyana – Fondos gubernamentales internacionales – El proyecto REDD+ ...................... 32
3.8 Paraguay – Regimen de compensación y fondos gubernamentales: La reserva natural
Mbaracayú ......................................................................................................................... 32
3.9 Peru – Bioprospección: Convenio de Bioprospección Perú – República Corea ................ 35
3.10 Uruguay – Exoneraciones de impuestos para conservación de bosques ....................... 37
Capitulo 4: Las herramientas económicas y las Metas de Aichi ............................................... 37
Conclusiones ............................................................................................................................... 41
Anexo……………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3
Introducción
A lo largo de las últimas décadas el reconocimiento de la diversidad biológica como activo
global de valor inmenso para las generaciones presentes y futuras ha crecido constantemente.
Sin embargo, la amenaza para las especies y ecosistemas nunca ha sido tan grande como hoy
en día y la extinción causada por las actividades humanas continúa a un ritmo alarmante
(Evaluación de Ecosistemas del Milenio 2005). El reconocimiento internacional de la
importancia de la biodiversidad para el bienestar humano y las amenazas para la subsistencia
causadas por su pérdida han llevado a la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB). Ése tiene por objetivo “la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización
de los recursos genéticos” (CDB 1992). En 2010 las Partes del Convenio aprobaron el Plan
Estratégico de la Diversidad Biológica 2011‐2020 con el propósito de inspirar acciones a gran
escala para apoyar la conservación de la diversidad biológica.
Uno de los componentes importantes de los esfuerzos internacionales para la conservación de
la biodiversidad es la protección de los servicios ambientales, los cuales proveen bienes y
servicios económicamente valiosos que benefician la sociedad y aseguran la subsistencia de
billones de personas (CDB 2011f). Constituyen un capital natural, económico, cultural y social
importante. Algunos tipos de ecosistemas particulares, como bosques tropicales, humedales,
arrecifes de coral y bosques de neblina son especialmente relevantes y valiosos para el
bienestar humano, pero enfrentan una amenaza inminente de degradación causada por
sobreexplotación y conversión de tierras (Evaluación de Ecosistemas del Milenio 2005). Estas
actividades destructivas son alimentadas por varios tipos de errores de conceptos:
infravaloración crónica de bienes y servicios ambientales, un enfoque predominante en
ganancias económicas a corto plazo de la explotación de recursos biológicos y la ignorancia de
las externalidades negativas de las actividades nombradas (de Groot 2006).
Ese modo de pensar defectuoso ha llevado a la subestimación de la importancia de la
conservación y, por consecuencia, a problemas de financiación de actividades
conservacionistas crónicos. En particular en los países donde la economía depende de la
explotación y la exportación de los recursos naturales (petróleo, cobre, soya o madera) y de la
producción de productos primarios, los ecosistemas corren el riesgo de ser degradados. En el
mismo instante estos países cuentan con los tipos de ecosistemas más prístinos,
internacionalmente importantes y raros. Eso también es el caso en la mayoría de los países de
América del Sur, lo que hace esta región una de las más importantes del mundo con respecto a
los esfuerzos de la conservación de la biodiversidad.
Un enfoque recién desarrollado de afrontar ese problema es el diseño y la implementación de
mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad. Estos mecanismos tienen por
objetivo la provisión de recursos financieros sostenibles para la conservación de servicios
ambientales. Existen varias categorías de estos mecanismos financieros, los cuales pueden
involucrar al gobierno y la creación de mercados.
Este documento analiza en el e primer paso la base teórica y las opciones de diseño diferentes
de los mecanismos financieros. A continuación da un resumen de la situación política y socio‐
económica en los países sudamericanos y la situación general de la implementación de los
mecanismos financieros en esta región, seguidos por un análisis detallado de diferentes casos
4
de estudio en varios países sudamericanos. Además la contribución de los mecanismos
financieros a las Metas Aichi del CDB será investigada y se extrae varias conclusiones.
Capítulo 1: Información general sobre herramientas económicas para la conservación de la
biodiversidad
1.1 Funciones y servicios de ecosistemas
De la interacción entre las especies de flora y fauna de los ecosistemas, su ambiente físico y la
energía solar se origina una serie de funciones ambientales. Ejemplos de estas funciones son el
ciclo hidrológico, los ciclos de nutrientes, la retención de sedimentos o la producción de
biomasa. Las funciones ambientales son definidos por de Groot et al. (2010) como “la
capacidad de procesos y componentes naturales de proveer bienes y servicios ambientales
[para los seres humanos], en modo directo o indirecto”. Eso quiere decir, que cuando los
humanos aprovechan o usan los procesos, componentes estructurales y los productos de los
ecosistemas estos se convierten en bienes o servicios ambientales. Los servicios ambientales
son definidos como “contribuciones directas e indirectas al bienestar humano” (de Groot et al.
2010), como son por ejemplo los alimentos, el agua, la madera, la regulación de la calidad del
aire, del agua y del clima, el placer estético y la recreación. La transformación de una función
de ecosistema en un servicio ambiental a su vez implica que se genera un beneficio
económico, ecológico y social para el ser humano (Cordero et al. 2008).
Según de Groot et al. 2010 existen cuatro tipos de servicios ambientales:
Los servicios de producción (o aprovisionamiento): son los productos o bienes que
se obtienen de los ecosistemas, como los alimentos, el agua potable y la leña.
Los servicios de regulación: son los beneficios relacionados con la regulación de los
procesos de los ecosistemas, tales como la regulación del clima, del agua y de los
sedimentos.
Los servicios culturales: son beneficios inmateriales que las personas obtienen de
los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la
reflexión, la recreación y las experiencias estéticas
Los servicios de hábitat: son beneficios que proveen hábitat y vivero para varias
especies y apoyan la provisión de los otros servicios y el mantenimiento de la
biodiversidad en general.
1.2 Valoración económica de servicios ambientales
Sólo en el momento cuando los servicios ambientales tienen carácter de bienes privados y son
comerciados por mecanismos de mercados, su valor económico se manifiesta de manera obvia
en precios monetarios, lo cual facilita su valoración económica. Esto es regularmente el caso
para servicios de producción.
En cambio, muchos bienes y servicios ambientales tienen carácter de bienes públicos no
comerciados. Los bienes públicos se consideran los bienes y servicios cuyo consumo no es rival
ni excluible. Es decir que muchas personas pueden consumir, usar o disfrutar el bien
simultáneamente y que es difícil hasta imposible evitar que personas, aunque no pagan un
precio por el bien, lo consuman.
5
En estos casos el valor económico no queda obvio, sino se debe valorar por una serie de
metodologías de preferencias reveladas y preferencias declaradas. Eso a su vez permite contar
con un indicador de su importancia relativa para la sociedad (Meijerink et al. 2007).
La economía ambiental distingue ciertas formas de valor económico que se pueden
determinar mediante estas metodologías, los cuales serán explicados abajo.
1) Valor de uso
A) Valor de uso directo
Este tipo de valor incluye actividades comerciales y no comerciales. Los usos comerciales
(producción industrial de madera, por ejemplo) pueden ser importantes, tanto en el
ámbito local, como en el nacional e internacional.
B) Valor de uso indirecto
Este clase de valor se atribuye a los bienes y servicios que no están usados directamente,
pero que contribuyen significadamente al bienestar humano y de los que el reemplazo
viene con altos costos, como regulación de cualidad acuática o prevención de mareas.
C) Valor de opción
Este tipo de valor se atribuye a los ecosistemas o alguno de sus componentes o
características, que no se están utilizados actualmente, pero de los que se ofrece la opción
de utilizarlos en el futuro.
2) Valor de no uso
A) Valor de existencia
Es el valor que pueden tener un ecosistema, sus componentes y procesos para personas,
que no los utilizan de modo directo ni indirecto, ni piensan hacerlo en el futuro, pero que
valoran su existencia en determinadas condiciones.
B) Valor de legado
El valor de legado expresa el deseo de que las futuras generaciones se aprovechan de los
servicios ambientales de un cierto ecosistema.
Para identificar y medir los nombrados valores se ha desarrollado una gama de metodologías
de valoración directa (basados en valores de mercado), valoración indirecta (basados en
manifestación de preferencias reveladas) y de valoración contingente (basados en preferencias
declaradas).
1.3 Mecanismos financieros
Dado que muchos de los servicios de los ecosistemas no se comercializan en los mercados,
estos no generan las señales apropiadas que podrían contribuir a una eficiente asignación y un
uso sostenible de los mismos. Típicamente las personas que proveen los servicios ambientales
no son recompensadas para todos los beneficios que otros obtienen de los mismos y las
6
personas que reducen los servicios ambientales no incurren los costos que imponen a otros.
Este fenómeno se denomina externalidad.
Externalidades ocurren si no existe un mercado para algo que le importa a la gente. Mercados
no existen por una o varias de las razones siguientes:
Costos de transacción altos
Incertidumbre alta sobre las características del bien o del servicio
Información asimétrica entre proveedores y consumidores
Pocos consumidores y proveedores
Derecho de propiedad no puede ser definido u obligado
Queda obvio que una o varias de estas características aplica para los servicios ambientales e
hace difícil hasta impide su comercialización efectiva. Al mismo instante, como los mercados
existentes exhiben deficiencias, mismo para los bienes que se comercian en éstos,
regularmente no existen bastantes incentivos que promueven el uso sostenible y equitativo de
los servicios ambientales (Murtough et al 2002).
Sin embargo, el reconocimiento de la multifuncionalidad de los diferentes ecosistemas en todo
el mundo, que están proveyendo bienes y servicios esenciales para la vida humana, lleva al
reto de crear incentivos económicos para su uso sostenible y, con eso de ampliar y diversificar
la gama de mecanismos financieros con y sin mercados para su conservación y manejo
sostenible. Este hecho requiere el desarrollo y la aplicación de estrategias financieras que
capten el verdadero valor de todas sus funciones, y que aseguren la distribución equitativa de
costos y beneficios entre los beneficiarios y productores de los bienes y servicios ambientales
(Izko y Cordero, 2007).
El Banco Mundial define los mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad
como “todos mecanismos financieros o mecanismos de mercado que están utilizados para
obtener ingresos, proveer incentivos económicos o soluciones financieras para asegurar la
provisión de servicios ambientales” (Sander & Cranford 2010).
Así mismo, Verweij (2002) define mecanismos financieros innovadores como “acuerdos
institucionales que resultan en transferencias de nuevas o recursos financieros aumentados de
las personas que están dispuestos a pagar para productos sostenables y/o productos
ecológicos forestales a los proveedores humanos de estas funciones”.
Los esquemas de mecanismos financieros pueden responder a diferentes objetivos y por
consecuencia diferentes estrategias de manejo. Entre estas se cuentan: conservar o rehabilitar
ecosistemas boscosos, páramos y humedales, implementar prácticas de conservación de
suelos, implementar mejores prácticas agrícolas y ganaderas para que se mejore el flujo de
servicios ambientales provenientes del ecosistema rehabilitado o establecer plantaciones
forestales y sistemas agroforestales para generar bienes y servicios ambientales (Cordero et al.
2008).
Según Robertson y Wunder (2005), los servicios ambientales que se financian con mayor
frecuencia en este marco, en escala significativa, son los asociados con los bosques tropicales y
el mercado de carbono, tales como:
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Servicios hidrológicos
Conservación de suelos
Belleza escénica o paisajística
Conservación de biodiversidad
Captación o fijación de carbono
Reducción de emisiones de CO2 por deforestación y degradación (REDD).
Emerton et al. (2006) clasificaron la gama de los mecanismos financieros con respecto a dos
dimensiones, la fuente de los fondos (privada frente a pública) y el mecanismo (organizado con
mercado frente a sin mercado):
1) Organización de mercados por actores privados
Este tipo de mecanismos financieros se supone que está implementado para servicios que
tienen carácter de bienes privados (por ejemplo madera) y por eso exhiben un alto grado
de exclusividad y de rivalidad. El alcance de estos mecanismos financieros puede llegar del
local al internacional, dependiendo del mercado. Cuanto mayor el alcance, mayor el papel
del gobierno que impone las condiciones institucionales. En cuanto las entidades privadas
se ponen de acuerdo sobre un cierto mecanismo financiero, el marco de observancia es
imprescindible. A un nivel internacional se necesita cierta forma de acuerdo jurídicamente
vinculante tanto como una base jurídica en los estados mismos (Meijerink et al. 2007).
2) Organización de mecanismos financieros sin mercado por actores privados
Este tipo de mecanismos financieros es bastante flexible, porque puede ser aplicado a
cualquier servicio ambiental a cualquier nivel gubernamental. Sin embargo, es más
probable encontrar un mecanismo así a nivel local, regional o nacional, más que a nivel
internacional, ya que los donantes en muchos casos quieren ver cómo sus fondos son
usados, por eso invierten en proyectos en su entorno. No obstante, para los servicios de
carácter internacional, como la conservación de biodiversidad, algunas organizaciones
internacionales fueron exitosas en recaudar fondos (Meijerink et al. 2007).
3) Organización de mercados apoyada por el gobierno
Este tipo de mecanismos financieros está apropiado para todos servicios ambientales,
rivales y no rivales. Por ejemplo, fijación de carbono que está negociada en créditos de
carbono no es rival, mientras producción de madera, para la que se establece mercados de
negocio de madera sostenible es rival. Lo importante en este caso es si los bienes son
excluibles, es decir que se tiene asignar derecho de propiedad a ciertos bienes ambientales
antes de que se las pueda vender y comprar. Eso es un reto sobre todo a nivel
internacional, donde los gobiernos tienen que negociar los derechos de propiedad primero
(Meijerink et al. 2007).
4) Mecanismos financieros establecidos por el gobierno
Este tipo de mecanismos financieros es típico para servicios ambientales con carácter de
bienes públicos, pues exhiben un bajo grado de rivalidad y de ser excluibles. Por lo tanto la
creación de mercados para esos servicios ambientales es extremamente difícil.
8
Servicios de ecosistemas con carácter de bienes públicos entran en la categoría de
externalidades y típicamente no son recompensadas. Por eso la intervención
gubernamental es necesaria, pero puede ser combinada con la creación de mercados
(Meijerink et al. 2007).
1.3.1 Algunas condiciones previas a la aplicación de mecanismos financieros
En todos los casos, la mayoría de los instrumentos económicos, sobre todo los que se basan en
mercados, sólo pueden funcionar de manera efectiva si existe capacidad institucional y un
ambiente institucional favorable que los apoyen.
El ambiente institucional o bien el marco institucional se puede entender como sistema de
leyes formales, regulaciones y procedimientos tanto como convenciones informales,
costumbres y normas, los cuales capacitan o restringen actividades socio‐económicas y
comportamiento. El ambiente institucional no sólo establece el contexto en lo que
mecanismos financieros están operando, sino determina al mismo tiempo las condiciones
económicas para los mismos (por ejemplo costos de oportunidad y beneficios) (Meijerink et al.
2007).Al mismo tiempo los derechos de propiedad deben ser definidos unívocamente. Un
derecho de propiedad permite utilizar un bien o un servicio particular de forma determinada
(Murtough et al. 2002).
Murtough et al. (2002) distinguen siete atributos de derechos de propiedad que deberían ser
asegurados:
1. Definidos exactamente: naturaleza y ámbito del derecho de propiedad son unívocos.
2. Verificable: El uso del derecho de propiedad puede ser medido a costo razonable.
3. Ejecutable: El derecho de propiedad puede ser ejecutado a costo razonable.
4. Valioso: Existen entidades que están dispuestas a comprar el derecho de propiedad.
5. Transferible: El derecho de propiedad puede ser transferido a otra entidad a costo
razonable.
6. Incertidumbre científica baja: El uso del derecho de propiedad exhibe una relación evidente
con los respectivos servicios ambientales.
7. Riesgo soberano bajo: Es poco probable que futuras decisiones gubernamentales reduzcan
el valor del derecho de propiedad.
Un mecanismo financiero no será sostenible ni eficaz, si esos atributos no están asegurados.
La pregunta, quién tiene el derecho de propiedad es importante, porque determina quién es
responsable de la protección y la provisión del servicio ambiental así como quién debería
contribuir a los costos. Sobre todo los mecanismos de mercado exigen derechos de propiedad
formales, lo que aumenta la responsabilidad del gobierno acerca de derechos, de imponer
restricciones a derechos individuales o de establecer nuevos derechos de propiedad (Meijerink
et al. 2007).
Otra condición previa de introducir mecanismos financieros exitosos son los costos de
transacción. Estos son definidos como “costos otros que el precio de dinero que están
incurridos en negocios de bienes y servicios” (Johnson 2005).
9
Estos costos de transacción incluyen la búsqueda de otras entidades con quienes hacer
negocio, informarles de la oportunidad de este negocio y también ponerse de acuerdo sobre
los términos. Todas esas actividades vienen con costos de oportunidad en términos de tiempo,
energía y dinero, que se debe tener en cuenta cuando se establece un mecanismo financiero
(Meijerink et al. 2007).
1.3.2 Alcance de mecanismos financieros
El alcance de los mecanismos financieros es importante, ya que determina si el servicio
ambiental llega a beneficiarios heterogéneos y distantes o si está limitado a beneficiarios
homogéneos y cercanos. Un alcance amplio resulta en costos más altos de toma de decisiones,
de establecer mecanismos financieros y de conseguir y difundir informaciones necesarias
(costos de transacción). Al mismo instante, sin embargo, se alcanza más beneficiarios. Un
ejemplo para un alcance amplio es la conservación de biodiversidad, que requiere acuerdos
internacionales.
1) Nivel local
Los regímenes de gobernanza de bienes privados o de propiedad común usualmente se
encuentran a nivel local. Eso lo hace más fácil llegar a acuerdos, ya que la comunicación y
la observancia resultan más fáciles. A nivel local se encuentran los siguientes mecanismos
financieros:
Organización de mercados por actores privados (por ejemplo, una compañía
hidroeléctrica paga campesinos para que mantengan la cuenca)
Organización de mecanismos financieros voluntarios sin mercado por actores
privados
(por ejemplo, una comunidad ayuda a mantener un ecosistema en su vecindad)
2) Nivel regional
A nivel regional mecanismos financieros similares a los del nivel local pueden ser
establecidos, aunque la comunicación y la observancia se hacen más difíciles.
El gobierno regional o nacional podría jugar un papel más importante en asuntos de
facilitación.
3) Nivel nacional
A nivel nacional les resulta más difícil a los proveedores de servicios ambientales coordinar
los mecanismos financieros (es decir comunicarse y lograr observancia).
A nivel nacional se encuentran mecanismos financieros como:
Organización de mercados apoyada por el gobierno (por ejemplo, un sistema
nacional de derechos negociables del uso de agua)
Mecanismos financieros establecidos por el gobierno (por ejemplo, la creación de
un sistema de áreas protegidas financiado por fondos gubernamentales)
10
En una situación de formas de comunicación mejores y un sistema de observancia que
funcione bien, la distancia entre los proveedores y los beneficiarios importa menos.
En estos casos se encuentran también mecanismos financieros que normalmente se
establecen a nivel local o regional.
4) Nivel internacional
La principal dificultad al nivel internacional es la observancia de los acuerdos entre estados
diferentes. Mecanismos financieros que requieren un alto nivel de participación y
compromiso de gobiernos son difíciles de obligar, ya que no existe un gobierno
supranacional que podría implementar y obligar los mecanismos financieros.
Acuerdos firmados entre gobiernos pueden servir como:
Organización de mercados apoyada por el gobierno (por ejemplo el mecanismo
MDL del protocolo Kyoto)
Como es el caso también al nivel nacional, una comunicación mejor y un sistema de
observancia que funcione bien favorecen el establecimiento de mecanismos financieros
organizados por actores privados.
Otra vez la observancia puede resultar un desafío. Un ciudadano de un Estado podría
apoyar la conservación de un ecosistema en otro país, pero sólo tiene poca influencia en
cómo este ecosistema está manejado, en cómo los derechos de propiedad están
protegidos etc.
Todo depende por un lado de la fortaleza de los acuerdos internacionales y la observancia
de los mismos, y por otro lado del ambiente institucional y la capacidad de hacer cumplir
las regulaciones en los estados mismos (Meijerink et al. 2007).
1.3.3 Clasificación de mecanismos financieros
Existe una gama de mecanismos financieros para la conservación creciente. Los mecanismos
más comunes y utilizados serán presentados según la clasificación de Emerton et al. (2006), en
la cual ciertos mecanismos podrían ser clasificados en una clase diferente dependiendo del
diseño específico de los mismos.
1.3.3.1 Organización de mercados por actores privados
A) Pagos para uso de servicios ambientales “puros”
Wunder (2006) ha definido un mecanismo de un pago para uso de servicios ambientales en
general como:
1) Un acuerdo voluntario donde un
2) servicio ambiental definido es comprado por
3) al menos un comprador, a
4) por lo menos un proveedor del servicio,
5) si y sólo si el proveedor suministra efectivamente dicho servicio ambiental
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Según el primer criterio, el pago para uso de servicios ambientales requiere un marco
negociado y voluntario que lo distingue de las medidas de comando y control. El segundo
criterio establece que lo que se compra debe ser bien definido (un servicio cuantificable
directamente como litros de agua potable usados) o usos equiparables de la tierra que ayuden
a recuperar o mantener y proveer el servicio (por ejemplo, la conservación del bosque
garantiza la limpieza del agua).
Por lo general se requiere un sistema de monitoreo suficiente y regular e independiente para
asegurar si se han cumplido las condiciones contractuales. El pago o bien la compensación se
transfiere sólo si el suministro del servicio está asegurado o si el uso acordado de suelos se
cumple. Independientemente del tipo de financiamiento utilizado, los pagos deben ser
periódicos y continuos, así que constituyen un incentivo para que el vendedor cumpla con las
obligaciones contractuales, que es mantener y proveer estructuras, funciones y con eso
servicios ambientales, y para que el comprador pueda optar por salir del sistema en caso de
incumplimiento por parte del primero.
Los sistemas de pagos para uso de servicios ambientales intentan crear incentivos financieros
para usuarios de recursos naturales y gerentes para que adopten voluntariamente actividades
y tecnologías que generan beneficios ambientales (Cordero et al. 2008).
Un enfoque exitoso en muchos países ha sido la implementación de pagos para la protección
de cuencas. Este éxito se basa en el reconocimiento amplio por los usuarios del agua que la
conservación de bosques naturales en el alrededor de cuencas reduce contaminación en
escorrentías de las zonas de montaña y por eso podría ser una manera eficiente de proveer
agua limpia para la generación hidroeléctrica (Johnson, White, & Perrot‐Maître 2001).
Cuando se trata de pagos para el uso de servicios ambientales puros, el papel que juega el
gobierno en crear y obligar el contrato es mínimo. En cambio, el sector comercial, usuarios
privados u ONGs asumen el liderazgo en el establecimiento de los mecanismos financieros.
Si el gobierno asume un papel principal en el diseño y la implementación del mecanismo
financiero, se lo podría acoger a punto 1.3.3.4.
B) Eco sellos (o eco etiquetados)
Eco sellos son mecanismos financieros que facilitan que los consumidores expresen sus
preferencias a través de los mercados.
Según la Organización Internacional de Normalización (ISO) se define eco sellos como: “…a
través de difusión de información verificable y correcta, la que no sea engañosa, sobre
atributos ambientales de productos y servicios se promueve la demanda y la provisión de esos
productos y servicios que causan menos estrés ambiental y de ese modo se favorece el
potencial de mejora ambiental continua por el mercado” (Global Ecolabelling Network 2004,
p. 1). Los sistemas de certificación (agrícola, pesquera, forestal, etc.), de producción orgánica y
de prácticas forestales sostenibles y conformes con la conservación, ofrecen a los
consumidores la oportunidad de promover la sostenibilidad a través de sus elecciones de
compra. En estos casos los eco sellos facilitan la información necesaria al consumidor para
tomar una decisión consciente con conocimiento de causa (Gutman & Davidson 2007).
En el mismo instante un eco sello permite a los productores proporcionar informaciones
adicionales sobre los beneficios ambientales de sus productos al consumidor.
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El uso de eco sellos está liderado por parte de ONGs y promueve el interés del sector
comercial así como lo de consumidores (Global Ecolabelling Network 2011).
ISO reconoce tres clases de eco sellos, los cuales se define como:
Tipo 1: eco sellos/certificación basados en varios criterios y resultando en el derecho
de utilizar un sello estándar de terceros en los productos (etiquetado voluntariamente
o reglamentariamente)
Tipo 2: autodeclaración del rendimiento ambiental
Tipo 3: libreta de calificaciones/etiquetas de información proporcionando
informaciones sobre varias categorías de parámetros definidos y verificados por
terceros.
C) Tasas de usuarios (por ejemplo ecoturismo)
Las tasas de usuarios se refieren a un pago de usuarios de un servicio ambiental al proveedor o
al gerente del servicio ambiental o de la infraestructura de provisión. Las tasas se recaudan
normalmente una vez o periódicamente para servicios que no son cuantificables
directamente. Los ejemplos más comunes son tasas de usuarios en el sector de recreación y de
turismo.
Idealmente esas tasas turísticas reflejan los costos de proveer los servicios y instalaciones
recreacionales así como el valor que los visitantes atribuyen a la experiencia recreacional.
Las tasas turísticas incluyen gastos directos (tarifas de entrada, licencias o permisos para
actividades recreacionales, como caminatas, cazar etc.) así como impuestos indirectos y tasas
impuestas en ventas de souvenirs, alojamientos, salidas por el aeropuerto u otros productos
relativos a turismo (Emerton et al. 2006).
1.3.3.2 Organización de mecanismos financieros voluntarios sin mercado por actores
privados
A) Fondos privados (por ejemplo donaciones)
Fondos privados originan en general de fundaciones filantrópicas que manejan fondos de
donaciones provistos por parte de individuales o empresariales, de programas de financiación
por empresas a nivel local, regional, nacional o internacional, o membrecías.
En las últimas décadas la financiación por parte de empresas y patrocinios ha crecido
constantemente, lo cual podría ser atribuido a una creciente sensibilización de consumidores y
razones de marketing y RSE. Donaciones personales originando de individuales, grupos
informales y organizaciones reflejan el interés de personas en la conservación de especies
salvajes y áreas naturales. Modos de recaudar fondos son, por ejemplo, mediante eventos o
subastas en apoyo de la conservación o programas de adopción y esquemas de “friends of”
(Emerton et al. 2006).
B) Loterías verdes
Las loterías verdes corrientes operan a nivel nacional o sub‐nacional y la mayor parte de sus
beneficios está distribuida a las organizaciones de la sociedad civil nacionales (de Groot et al.
2007).
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1.3.3.3 Organización de mercados apoyada por el gobierno
A) Regímenes de compensación
Regímenes de compensación ambientales son destinados a permitir indemnización por
impactos negativos inevitables en ecosistemas causados por proyectos de desarrollo. El
objetivo principal es llegar a un resultado neutral neto o beneficial.
Compensaciones de biodiversidad son resultados cuantificables de esfuerzos de indemnizar
por impactos negativos significados en la biodiversidad después de tomar medidas adecuados
de prevención y mitigación. El objetivo general es llegar a ninguna pérdida neta y preferible a
una ganancia neta de biodiversidad con respecto a la composición de especies, la estructura
del hábitat, funciones ambientales y valores culturales atribuidos a la biodiversidad (BBOP
2011).
Necesitan un marco institucional que permite medir de forma fiable la biodiversidad en cierto
lugar y el impacto que un proyecto va a tener en el ecosistema local y que establece soluciones
de mercado para compensar este impacto mediante inversiones en protección o recuperación
de biodiversidad en el mismo lugar u en otro. En el marco de políticas de compensación el
desarrollo de infraestructura física está permitido, pero el promotor es responsable por los
impactos en la biodiversidad y está obligado a compensarlos (Sander & Cranford 2010).
Existen aproximadamente 40 programas de “mitigación compensatoria” en el mundo y
además 25 programas declarados “en desarrollo” (Madsen et al. 2010).
Existen tres tipos de regímenes de compensación (Sander & Cranford 2010):
Fondos de compensación: aceptan compensación monetaria por impactos en
biodiversidad y la utilizan para financiar empeños de conservación en otros lugares.
“One‐off” compensaciones: son vinculados directamente con los impactos negativos
causados.
Bancos de mitigación: permiten adquirir créditos de conservación antes de que se
causen impactos de proyectos de desarrollo. El sistema de bancos de mitigación puede
ser definido como “mercado donde créditos de esfuerzos con resultados beneficiales
para la biodiversidad pueden ser comprados a fin de compensar el débito de daños
ambientales. Créditos pueden ser adquiridos de antemano y sin vínculo con los débitos
que van a compensar y pueden ser guardados” (IEEP et al. 2010).
Uno de los mecanismos de compensación más recientes y prometedores es el mecanismo de
reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques (REDD).
Forma parte de los mecanismos financieros de mercados de carbono que tienen por objetivo
la compensación por emisiones de carbono. Los países industrializados pueden adquirir
créditos de carbono para cumplir sus metas de emisiones y para comerciarlos en los mercados
de carbono. Los países en desarrollo reciben cierta cantidad de las inversiones monetarias de
los países industrializados en los créditos de carbono en relación a sus esfuerzos de omitir la
deforestación y la degradación de sus bosques nacionales (WWF Alemania 2011).
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B) Sistemas de límite e intercambio
Los sistemas de límite e intercambio establecen un nivel de contaminación permitido y
proveen licencias a los emisores de contaminantes.
El sistema de límite e intercambio requiere un organismo de supervisión (por ejemplo el
gobierno) que determina el nivel total de contaminación permitido y distribuye una vez las
licencias de contaminación entre las empresas que emiten contaminantes.
En general el nivel total de contaminación será bajo del nivel actual así que los emisores tienen
que reducir su cantidad de emisiones. A su vez los emisores que pueden reducir su nivel de
contaminación a costos más bajos que el valor de las licencias pueden comerciar una parte de
sus licencias con los que no tienen la opción de bajar sus emisiones a costos comparables.
Colectivamente las empresas enfrentan costos más bajos de reducción que sería el caso bajo
un régimen de comando y control estricto (Coull & Valantin 2008).
1.3.3.4 Mecanismos financieros establecidos por el gobierno
A) Impuestos y subsidios
Instrumentos fiscales, es decir impuestos y subsidios, son mecanismos de recaudar y transferir
fondos entre diferentes sectores. Tradicionalmente las políticas se enfocan en los sectores
productivos de la economía nacional, sin embargo, en los años recientes también había un
énfasis en el uso de estos instrumentos para recaudar ingresos sus para alcanzar metas
ambientales. En el mismo instante usando impuestos y subsidios se puede influir el
comportamiento de los actores económicos, es decir crear incentivos económicos para el uso
de recursos naturales eficiente y para reducción de contaminación
Los gobiernos pueden recaudar impuestos sobre actividades extractivas de recursos naturales,
que contaminan o hacen daño al medio ambiento, y invertirlos en la provisión y la protección
de ecosistemas. Alternativamente los instrumentos fiscales se pueden utilizar con el fin de
promover la adopción de tecnologías o actividades ecológicas (por ejemplo, la reducción fiscal
o subsidios directos para tecnologías limpias o la producción de productos verdes o la retirada
de subsidios para productos dañinos para el medio ambiente) (Emerton et al. 2006).
B) Fondos gubernamentales
Fondos gubernamentales de varias formas (de presupuesto doméstico, asistencia internacional
o fondos bilaterales y multilaterales) han sido establecidos en muchos países a fin de manejar
programas y proyectos de conservación y el uso sostenible del medio ambiente.
Estos fondos típicamente están establecidos conjuntamente con grandes, “one‐off”
contribuciones de organismos donantes u ONGs y pueden ser suplementados o repuestos con
contribuciones del sector privado, ingresos fiscales y ingresos de mecanismos de mercado.
Existen tres tipos de fondos gubernamentales:
Fondo de dotación: sólo gastan ingresos mientras intentan mantener o aumentar su
capital.
Fondo de amortización: liquidan todos de sus activos en un período especificado.
Fondos rotatorios: reciben reposiciones regulares de una o varias fuentes.
15
Fondos multilaterales, como el Global Environment Facility (GEF), han llegado a la vanguardia
de esfuerzos internacionales en lo que respecta a la financiación de la conservación de
biodiversidad (Emerton et al. 2006).
C) Pagos gubernamentales directos
Además de la financiación indirecta por fondos, programas y proyectos de organismos
terceros, gobiernos de vez en cuando actúan como donantes o bien beneficiarios directos y
hacen pagos para el uso de servicios ambientales (vea también 1.3.3.1).
Un ejemplo de estos pagos gubernamentales directos son los inversiones agro‐pecuarios a
través se hacen pagos a los campesinos para que ellos conserven o restauren vegetación
nativa, o para que adopten prácticas agrícolas o pecuarias de bajo impacto (de Groot et al.
2007).
D) Canjes de deuda por naturaleza
Canjes de deuda por naturaleza son mecanismos por los que un tercer organismo (en muchas
ocasiones siendo una ONG) compra deudas públicas con descuento que a su vez son
cambiadas por compromisos gubernamentales de financiar actividades de conservación,
regularmente vía fondos de dotación (Emerton et al. 2006).
Canjes de deuda por naturaleza lo hacen posible para los estados deudores reducir su carga
financiera total por cancelar las deudas públicas, condicionado a que una proporción
convenida de la misma esta invertida en conservación.
Los canjes pueden ser bilaterales o comerciales:
Canjes bilaterales se basen en deuda soberana del donante bilateral y acuerdos entre
el deudor y el acreedor.
Canjes comerciales incluyen a un intermediario (regularmente una ONG) que compra
la deuda de acreedores comerciales con descuento en un mercado secundario. El
intermediario ahí acepta cancelar la mayor parte de la deuda condicionado a que los
fondos serán usados para la conservación en el país deudor (Sander & Cranford 2010).
E) Bioprospección
Como bioprospección se entienden la “búsqueda, [el]conocimiento y [la] selección
de organismos o productos derivados, con uso actual o potencial en salud,
alimentación, industria y medio ambiente, entre otros y su aprovechamiento
sostenible en procesos productivos a escala industrial o artesanal, con aplicación
nacional o internacional de los productos o servicios generados”(Melgarejo et al,
2002.Tomado de Referencia 1).
El potencial comercial de los recursos biológicos está expandiendo por parte por la demanda
creciente de los productos que utilizan los mismos como ingredientes esenciales, como por
ejemplo cosméticos, complementos diéticos y farmacéuticos.
16
Los acuerdos sobre bioprospección establecen los términos y condiciones bajo los que los
científicos, empresas y coleccionistas privados deben buscar bioquímicos naturales con valor
comercial potencial.
Acuerdos de bioprospección entre gobiernos y empresas (típicamente farmacéuticas o
instituciones académicas) conceden derechos exclusivos a las empresas de investigar la
biodiversidad para obtener informaciones genéticas útiles. Las empresas, a cambio,
compensan los gobiernos por adelantado y regularmente aceptan compartir una parte de sus
ingresos si un mayor producto comercial está desarrollado (Emerton et al. 2006).
F) Títulos de renta fija
Existen dos tipos de títulos de renta fija hasta ahora que se utilizan para la conservación
ambiental y el desarrollo sostenible:
Bonos: el emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los intereses,
por ejemplo bonos verdes del Banco Mundial
Mecanismo internacional de financiación: una entidad jurídica independiente
financiada por instituciones financieras internacionales, cuyos valores emitidos están
respaldados por flujos de dinero futuros de los estados donantes (Gutman & Davidson
2007).
Capitulo 2: La situación política y económica en América del Sur y sus implicaciones en el
diseño y la aplicación de mecanismos financieros
2.1 El desarrollo político de América del Sur
Como una introducción respecto de las herramientas económicas en América del Sur resulta
de interés poder analizar brevemente la historia, experiencia política y situación socio‐
económica en la región.
América del Sur ostenta un tipo de sistema político caracterizado por la democracia liberal‐
representativa. A mediados de los años 80 se realizaron elecciones democráticas en casi toda
la región. En esta época la gran parte de los nuevos gobiernos democráticos se vieron
enfrentados a problemas económicos significativos, los cuales eran en parte el legado de las
políticas económicas de los regímenes militares, y en parte la consecuencia de la crisis de
endeudamiento que había en estos años (Nolte et al. 2008).
Para remediar esta situación casi todos los estados latinoamericanos iniciaron reformas
neoliberales en los años 80 y 90. La apertura de los mercados, la baja de aranceles y la
orientación hacia las exportaciones se percibieron como oportunidades clave para superar los
problemas financieros (Nolte et al. 2008). Los enfoques de la política neoliberal se aplicaron en
casi todos países de América del Sur, es decir se realizó la apertura al exterior, la privatización,
la flexibilización de relaciones laborales, la liberalización de precios, etc. De la misma forma,
estas reformas previeron el fin de la hiperinflación, que se superaría el estancamiento
económico y reduciría el paro y la polarización de la sociedad. Además la realización de la
política neoliberal llevó a cabo la promesa del aumento del bienestar social general. De hecho
se registraron algunos éxitos de esa política en la fase principal, como por ejemplo la lucha
exitosa contra la tasa de inflación alta y un impulso para crecimiento económico.
17
Pero al mismo instante se destacó que no se mejoró la situación social de amplias capas de la
población a pesar del crecimiento económico (Boris 2006).
Además, después de presenciar tasas de crecimiento económico incrementadas, la mayoría de
los países entró en una fase de estancamiento en la segunda mitad de los años 90. En varios
Estados surgieron crisis financieras y recesiones de larga duración (Boris 2006). La falta de
empleo siguió incrementando en curso de las crisis de 10% a 15%, el sector informal y las
relaciones laborales precarias se multiplicaron, los que en algunos países afectaban a más que
la mitad de la población activa. El 20% más bajo de la población perdió 25 % de sus ingresos,
los salarios reales descendieron y 20 millones de personas adicionales cayeron bajo el umbral
de la pobreza entre 1997 y 2002. Eso significó un aumento a 44% de la población
latinoamericana que vivía en pobreza (237 millones de personas, en comparación con 136
millones en 1980) (Boris & Tittor 2008).
La polarización socio‐económica, es decir, la polarización de ingresos y la brecha entre pobres
y ricos, asumió dimensiones imprevistas. A eso se unió la problemática del endeudamiento
(51% del PIB en 2002 en promedio) y la vulnerabilidad creciente ante el mercado mundial
(Boris 2006).
Las consecuencias sociales de las crisis económicas debilitaron los partidos poderosos y
llevaron a la creación de nuevos partidos y la formación de movimientos anti‐neoliberales.
Varios grupos sociales, que antes habían sido excluidos del proceso político, llegaron a una
conciencia política y empezaron a organizarse (Boris & Tittor 2008).
Esa situación de insatisfacción y protesta era un caldo de cultivo ideal para la reaparición del
populismo con un enfoque de izquierda, el discurso del cual giró la ruptura con el
neoliberalismo. Las políticas izquierdistas tenían una forma programática y retórica diferente
en cada país, dependiente de la estructura social, las instituciones y especialidades nacionales.
Lo que tenían en común era el estilo político que se concentró en una persona. Algunas se
enfocaron en nuevos temas, como el aumento salarial y la lucha contra la pobreza o el
restablecimiento de los derechos humanos y la fijación de los precios (Nolte et al. 2008).
La política económica populista en general abogaba la influencia y el control más estricto del
Estado sobre la economía y las empresas. Se detuvo la ola de privatización de los años 90 en la
primera década del siglo XXI y empresas estadales existentes fueron fortalecidas, sobre todo
en el sector energético (Nolte et al. 2008).
En algunos países grupos indígenas ganaron influencia en la política nacional. Estos grupos
representan una amplia gama de demandas, entre otros la reorganización territorial (la
autogestión política), acceso al sistema de educación y de salud, reformas agrarias y seguridad
de alimentación, la autogestión de los recursos naturales y el reconocimiento de las
tradiciones juridiciales y administrativas (Nolte et al. 2008).
Los gobiernos de izquierda por la mayor parte ganaron las elecciones con la promesa de
mejorar la situación social. De hecho el primer balance muestra unos progresos de la
repartición social justa viendo los ámbitos políticos de la política social, fiscal, laboral y
económica. Entre estos se cuentan programas de educación, salud y pagos de apoyo social.
El enfoque de las nuevas políticas sociales latinoamericanas está en la ampliación de las
transferencias directas para hogares indigentes y el apoyo social condicionado a gran escala.
Esas políticas así mismo exhiben impactos: los indicadores de desarrollo sociales (experiencia
de vida, tasa de alfabetización, tasa de mortalidad infantil etc.) siguen mejorando y se
aumenta el poder adquisitivo.
18
La tasa de pobreza en América del Sur bajó entre 2002 y 2008 de 48% a 36%, el mejor balance
en los últimos 50 años. Aparte de eso, siguen aumentando los esfuerzos para el regionalismo y
la cooperación regional (Mayer 2010).
Sin embargo las inversiones sociales todavía no fueron suficientes para reducir la brecha entre
riqueza y pobreza y el sector informal sigue sin seguro social. Se carece de reformas
estructurales y cambios en las estructuras de poder tradicionales injustas, como la alta
concentración de tierra y propiedad en las manos de pocos (Mayer 2010). Además, las
instituciones y relaciones creadas por el neoliberalismo no fueron cambiadas
significativamente: la independencia de los bancos centrales o la importancia acentuada de la
política fiscal y monetaria (Boris & Tittor 2008).
El crecimiento económico de los últimos años todavía llevó a cabo más ganancias exclusivas
para la clase alta en los países latinoamericanos en vez de desarrollo de amplio efecto. Los
gobiernos de la izquierda se ocupan, tanto como sus antecedentes, en primer lugar de la
estabilización de las economías políticas de los países latinoamericanos. Cambios estructurales
como reformas agrarias, inversiones estables en educación, ciencia y tecnología, el
establecimiento de cadenas de valor y producción y mediante eso de puestos de trabajo,
apenas se lograron (Mayer 2010).
Los resultados del instituto del sondeo de opinión “Latinobarómetro” publicados en 2008 y
2009 reflejan la falta de cambios estructurales con una nueva pérdida de legitimidad de los
sistemas políticos y de las democracias. 75% de los encuestados ven la causa principal de los
conflictos internos y de la criminalidad violenta en la brecha entre riqueza y pobreza. Dos
tercios de la población latinoamericana no tienen confianza en los partidos políticos o la policía
(Mayer 2010).
2.2 La realidad socio‐económica
América del Sur en general pertenece a la “clase media” de las naciones en desarrollo, sin
embargo existe una enorme heterogeneidad tanto entre países como en el interior de los
mismos. Además, existe un grupo de países donde la industrialización ya tiene más de
cincuenta años de historia (Gallart 2008).
Se pueden destacar tres características sociales de la región: la primera es la amplitud del
sector no estructurado, que se caracteriza por la ausencia de cumplimiento de las normas
legales de contratación. Se lo llama también la economía informal por el tipo de actividades
legítimas pero no legales a las que se dedica. La segunda característica es la desigualdad de
ingresos y en particular la magnitud de la pobreza en la población latina: un tercio de los
trabajadores en América del Sur ganaban US$ 2 por día o menos, en 2003 y, con respecto al
sector no estructurado, en 2005 el 48,5% del empleo urbano de la región se desempeñaba en
el sector informal (Gallart 2008).
La tercera característica es la dependencia alta de las economías de la exportación de materias
primas. En la década pasada represento 52% de las exportaciones de la región, según el Banco
Mundial. Sobre todo Chile, Perú y Venezuela dependen de materias primas para 75% de sus
exportaciones (The Economist 2010). Más que 97% del PIB de la región entera se produce en
países de exportación neta de materias primas y 93% de la población vive en países que
benefician de precios altos de materias primas (World Bank 2010).
19
Los Estados exportadores de materias primas latinoamericanos dependen mucho más de los
ingresos fiscales de las mismas que los Estados desarrollados que exportan materias primas
(24% de los ingresos fiscales totales en comparación con 9% en los países desarrollados). De
los siete Estados que producen juntos 85% del PIB regional, seis obtienen una cuota sustancial
de las materias primas en sus ingresos fiscales, que va desde 10% hasta 49% en promedio
entre 2004 y 2008. Estos países son Argentina (exportaciones agrícolas), Chile (cobre),
Colombia (petróleo), (México (hidrocarburos), Perú (minerales) y Venezuela (hidrocarburos).
La cuota de los recursos naturales en los ingresos totales incrementó en la década pasada en
todos países exportadores de materias primas (Sinnott et al. 2010).
En 2008, las exportaciones de materias primas de las siete economías más grandes en la región
alcanzaron casi US$400 mil millones (52% de las exportaciones totales)En el Cono Sur de la
región la cuota de exportaciones agrícolas representa más que 50% de las exportaciones
totales en promedio y la productividad sigue creciendo. (The World Bank 2010).
El crecimiento de los precios mundiales para las materias primas de América del Sur y el
aumento relacionado de la producción de las mismas representaron entre un tercio y la mitad
del crecimiento regional de la década pasada y gracias a la demanda asiática los precios siguen
siendo altos. Como región que sufría regularmente de dificultades de su balanza de pagos,
benefició bastante de los ingresos por la venta de materias primas (The Economist 2011).
Pero esta dependencia lleva a un serie de riesgos: primero la volatilidad de los precios para
materias primas que son más variables que los de fabricantes. Segundo las exportaciones
pueden encarecer el valor de la moneda, lo cual hace las otras partes de la economía menos
competitivas y lleva a un déficit de la cuenta corriente y a una dependencia más alta de las
materias primas. Esta situación se conoce también como ”enfermedad holandesa”. Tercero,
muchas materias primas non‐agrícolas no son renovables, así que los gobiernos deberían
invertir sus ingresos fiscales en infraestructura y la diversificación de la economía nacional.
Además la producción de materias primas puede implicar daño ecológico local. En varias
partes de América del Sur minería y yacimientos petroleros están ubicados en áreas habitadas
por gente indígena, lo que causa problemas sociales y culturales (The Economist 2011).
El país líder de la economía latinoamericana es Brasil, que por las reformas estructurales de la
política social, financiera y monetaria durante el período presidencial de Fernando Henrique
Cardoso expone una estabilidad económica consistente. En los países más industrializadas,
como Argentina y Brasil, se efectúan inversiones directas altas hoy día. En los negocios de
exportación y de importación de productos los socios principales de las dos naciones líderes de
América del Sur son los Estados Unidos y China. Tradicionalmente Argentina y Brasil tienen una
alta tasa de inflación y de paro (en Brasil respectivamente 5% y 9,3% en 2009). Entre las
naciones económicas más importantes en América del Sur se cuenta también Chile, que realiza
negocios principalmente con la Unión Europea y con China. El producto de exportación más
importante de Chile es la materia prima cobre, la cual constituye la mitad del volumen de
exportación chileno, seguida por alimentos (11%) (Metropolen‐Lateinamerika.de 2011).
El precio alto de cobre permitió al país recaudar US$ 20 mil millones (igual a 12% del PIB) e
invertirlo en un fondo estabilizador hasta los finales de 2008. Perú y Bolivia también ahorraron
parte de sus ganancias inesperadas de los precios altos para materias primas (The Economist
2011).
Sin embargo, América del Sur no estuvo a salvo de las consecuencias de la crisis financiera y
económica mundial. Pero la recuperación del crecimiento económico se lleva a cabo más
20
rápidamente en ésta que en otras regiones del mundo. La razón por ese desarrollo son las
perspectivas positivas de los países latinoamericanos que se dedican a la exportación de
productos primarios. Los países que exportan materias primas pueden contar con ganancias
crecientes, sobre todo porque los países compradores importantes, como China e India
esperan un crecimiento económico consistente (Sangmeister 2010).
Esta circunstancia en parte llevó a una expansión de 6,6% del PIB de América del Sur en 2010,
una tasa de crecimiento similar a aquellas experimentadas en el período 2004 ‐ 2008. Por otra
parte el crecimiento se impulsó por el incremento de la demanda interna, tanto de consumo
privado como de inversión (CEPAL 2010a).
A pesar de la elevada cifra de crecimiento regional, el desempeño económico expuso
diferencias significantes entre los países. Un primer grupo de países (Paraguay, Perú,
Argentina, Uruguay y Brasil) registró elevadas tasas de expansión, de entre el 7,5% y el 9,7%.
Un segundo grupo anotó crecimientos de entre el 4% y el 7% (Chile y Colombia entre otros).
Bolivia, Ecuador se encuentran en el grupo que presenció tasas de expansión de entre el 1% y
el 4%. Venezuela (‐1,6%) anotó caídas en el PIB en 2010 (CEPAL 2010a).
En el año en curso 2011 la economía de América del Sur va a seguir creciendo, pero mucho
más lento y de diferente manera en los países individuales, con una tasa de crecimiento
macroeconómica de 4% en promedio y el PIB per cápita va crecer un 2,7%. De las siete
economías líderes, a los que corresponde un 90% del valor agregado en la región, Argentina,
Brasil, Chile y Perú se estiman como “overperformer”. El colista va a ser otra vez Venezuela. El
desarrollo económico siguiente en América del Sur depende en gran medida de la estabilidad
de los mercados de consumo de productos latinoamericanos en los Estados Unidos, China y la
Unión Europea (Sangmeister 2011).
A medio plazo para quedar competitivas las economías latinoamericanas deberían subir la
productividad laboral, que todavía sigue baja en comparación internacional, desarrollar
estrategias para un crecimiento económico sostenible mediante inversiones en el capital
humano, el cambio de la concentración de las estructuras de producción enfoquadas en
materias primas, la diversificación de la gama de exportación y la transmisión a economías
bajas en producción de carbono (Sangmeister 2011).
Sin embargo: si no se logra en los años que vienen una distribución equilibrada de los ingresos
y el desarrollo económico, 70 millones de personas en América del Sur seguirían viviendo en
pobreza absoluta en 2015, de forma que el problema central del desarrollo de la región sigue
siendo sin solución (Sangmeister 2010).
En este tiempo los ingresos per cápita de los 20% más ricos de la región superan los ingresos
de los 20% de los más pobres unas veinte veces (Sangmeister 2011). Es decir que los ingresos
de los cuatro deciles más pobres son menos de 15% del ingreso total en la región, mientras el
decil más rico capta aproximadamente un tercio del ingreso total (CEPAL 2010b). En ninguna
parte del mundo el capital y la tierra son divididos tan injustamente como en América del Sur,
lo que se ha mantenido a lo largo de las últimas cuatro décadas. Según el Reporte de
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas la región expone uno de los coeficientes GINI más
altos del mundo (0,57) y sobrepasa el de los países OECD (0,34) por más que 60% (Sangmeister
2011).
En 2009 el índice de la pobreza alcanzó a un 33,1% de la población de la región, de los cuales
un 13,3% en condiciones de pobreza extrema o indigencia. Estas cifras se refieren a 183
millones de personas pobres y 74 millones de indigentes (CEPAL 2010b).
21
Sin embargo y pese al leve retroceso experimentado en 2008 y 2009, América del Sur sigue en
el camino hacia el cumplimiento de la meta 1A del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio,
que consiste en reducir a la mitad el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema
entre 1990 y 2015. Se puede destacar un porcentaje de avance de 82%, cuando ha
transcurrido 72% del tiempo previsto para el logro de la meta (CEPAL 2010b).
Entre 2002 y 2009, se puede comprobar que la reducción de la pobreza ha sido posible gracias
a efectos complementarios del crecimiento económico y distribución. Sobre todo, en los países
donde la pobreza se redujo en 7% o más, ambos efectos contribuyeron al resultado. En los
últimos años la gran parte de los países presentó una incipiente tendencia hacia una
concentración del ingreso total menor. La última estimación disponible demuestra que la
brecha entre los quintiles de los extremos del espectro de ingresos se redujo en 14 de 18
países en total. Al mismo tiempo el índice Gini bajó alrededor de 5% en 11 países, lo que indica
un mejoramiento de las condiciones de vida en general (CEPAL 2010b).
2.3 Las herramientas económicas para la conservación en América del Sur
En el marco de la historia económica y política de la región latinoamericana descrito, se debe
comprender los recelos en la población de los mecanismos del capitalismo y del mercado libre.
Este escepticismo del mercado está conectado a veces con la actitud hostil frente a la
globalización, las políticas exteriores de los Estados Unidos, el Banco Mundial y otras
instituciones Bretton Woods (The Ecosystem Marketplace 2006).
Mientras en el Norte mucha gente continua a insistir en mercados libres como la mejor forma
de organizar la economía, este discurso frecuentemente lleva a más resistencia que persuasión
en países en vías de desarrollo (The Ecosystem Marketplace 2006). Los pagos para el uso de
servicios ambientales no es una excepción para esta actitud. En un extremo del debate se
encuentran los que defienden este tipo de pagos de un punto de vista de maximizar la
eficiencia económica, dando valor de cambio a la naturaleza, y de pragmatismo político
subrayando la necesidad de proteger la naturaleza y los recursos naturales. En el otro extremo
están los que usan un prisma ético, por ejemplo organizaciones indígenas opositoras a
mercantilizar su capital natural. Ellos también adoptan el argumento de que los pagos para
servicios ambientales truncan motivaciones ulteriores no economistas de conservación, que se
derivan de motivos sociales y culturales (Pascual & Corbera 2011).
Existe una variedad de argumentos teóricos sobre el rendimiento superior de pagos directos
para la protección de servicios ambientales en comparación con enfoques de mando y control
para conseguir las mismas metas. Los entusiastas del mercado siguen promoviendo el
concepto de “mercados para servicios ambientales”. No obstante, la implementación de estos
esquemas de pagos ha sido más lenta en los países en vías de desarrollo que las ventajas
aparentes hacen sospechar (The Ecosystem Marketplace 2006).
América del Sur a su vez posee bosques diversos y extensos, que se reconocen como baluarte
global de carbono, biodiversidad y una amplia gama servicios ambientales y por eso la región
ha sido bastante receptiva para pagos para servicios ambientales para la conservación del
medio ambiente y el apoyo para comunidades locales. Existen modelos de pagos en casi todos
los países en la región, de los cuales Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia son los líderes. Había
un gran interés especialmente después de que los efectos del huracán Mitch en 1998
22
subrayaron la dependencia de la población, sobre todo la de la gente pobre, de los servicios
ambientales y la protección provista por los ecosistemas naturales (Pagiola et al. 2005).
Las primeras experiencias con modelos de pago se han basado en la conservación del recurso
hídrico y de las cuencas, donde la percepción de los beneficios del cuidado de los servicios es
más tangible, ya que cambia la calidad y provisión del agua. Los pagos para la conservación de
cuencas hidrográficas, en general promueven la conservación y rehabilitación de bosques y
páramos en la parte alta de las cuencas. Todavía la mayor cantidad de esquemas de pago
funciona para este servicio ambiental. Otros esquemas de pagos para servicios ambientales
incluyen los servicios del secuestro de carbono, la conservación de biodiversidad, la belleza del
paisaje y otros servicios ambientales (Cordero et al. 2008).
En 2009 se ejecutaron ya más que 65 programas en la región y además una cantidad
significativa de proyectos en estudio (Figueroa et al. 2009).
Gran parte de las iniciativas se han desarrollado sin un marco legal nacional que apoye la
creación y funcionamiento de estos esquemas. Solo en los últimos años se han establecido
cuerpos que rigen los sistemas de pagos, debido al aumento de los programas que se atribuye
a la demanda y disponibilidad creciente de pagar para servicios ambientales. Entre otros,
Colombia y Paraguay cuentan con cuerpos normativos que reconocen los programas de pagos
para servicios ambientales como herramienta de conservar el medio ambiente (Figueroa et al.
2009).
Las instituciones que se encargan de la gestión de pagos para servicios ambientales a nivel
nacional, tampoco son muy desarrollados, en 2009 dos de 10 países (Brasil y Perú)
sudamericanos contaron con una institución a nivel central que se encarga de fomentar y
administrar los sistemas de pagos (Figueroa et al. 2009).
Entre los obstáculos mayores de la lenta adopción se cuentan la falta de confianza que existe
entre los proveedores y los beneficiarios de los servicios, y de capital social. Además, los
usuarios muchas veces carecen de la voluntad de pagar para los servicios, que antes recibieron
gratis (The Ecosystem Marketplace 2006).
Aparte de estos problemas prácticas reside la verdadera dificultad de comunicar un tema tan
complejo y de convencer que el uso aumentado de mercados e incentivos para la protección
ambiental es deseable y prometedor, cuando muchas personas en el mundo real todavía lo
perciben como un juguete de economistas (neoliberales) (The Ecosystem Marketplace 2006).
A este problema de la comunicación se reúne lo de la terminología que se usa, que en si misma
podría convertirse en un escollo en la creación de nuevos enfoques de la protección ambiental.
En varios países latinoamericanos, como por ejemplo en Bolivia, un argumento regularmente
presentando en contra de los mercados es que raramente han llevado lo que se prometió.
Como indicado antes, es más que dudable que la privatización y liberalización han creado más
empleo, mejores ingresos y mejores condiciones de vida para los bolivianos. Por ejemplo,
después de la Guerra de Agua en Cochabamba los movimientos sociales bolivianos
argumentaron que la privatización solo sirve a las empresas multinacionales para sacar los
recursos naturales de Bolivia, la continuación de lo que se empezó hace 500 años. Ese discurso
radical en contra de la privatización ha encontrado amplia resonancia en la sociedad boliviana,
en particular en los grupos indígenas en la parte alta del país (The Ecosystem Marketplace
2006).
Sin embargo, a pesar de los mercados de carbono emergentes, donde el secuestro de carbono
constituye un servicio ambiental de interés global, cuyas transacciones involucran a
23
compradores e incluso intermediarios (brokers) internacionales, en muchos casos no es
correcto de referirse a los esquemas existentes como “mercados de servicios ambientales”
(The Ecosystem Marketplace 2006).
El término “mercado” sugiere la existencia de múltiples actores, opciones y algún grado de
competencia. Estos mercados existen en algunos países desarrollados, pero en los países en
desarrollo están lejos de alcanzarse (Wunder 2006).
Después de todo, los esquemas de pagos para servicios ambientales en América del Sur tienen
especificidades espaciales restringidas o eliminan todas las fuerzas competitivas, que serían
fundamentales para el funcionamiento adecuado de mercados. Es el caso para los pagos para
servicios de cuencas, biodiversidad y belleza de paisaje. Por ejemplo, son muy comunes los
esquemas de un solo comprador: servicios de agua potable, fábricas de cerveza, empresas
eléctricas, operadores de turismo. Lo que se encuentra en muchas ocasiones en el mundo real
son acuerdos bilaterales negociados entre beneficiarios de servicios ambientales y
proveedores de los mismos, lo que lleva a beneficios a ambas partes. En algunos casos se usa
el término “arreglos solidarios reciprocas”, que es mejor aceptado en las culturas de países en
vías de desarrollo.
Más allá de los conceptos de “pagos” y “mercados” ahora existe una rama de literatura que
opta por “compensaciones” y “recompensas” para los servicios ambientales, que indican los
aspectos de equidad y derechos de propiedad respecto al negocio con los servicios, que se
demanda sobre todo en los países en vías de desarrollo (The Ecosystem Marketplace 2006).
Capítulo 3: Estudios de casos en América del Sur
El enfoque de este capítulo está en mecanismos financieros innovadores, es decir los
mecanismos más tradicionales como la financiación de proyectos por fondos
gubernamentales, fondos privados, canjes de deuda e impuestos serán excluidos de este
capítulo.
3.1 Argentina – Uso del eco sello FSC
El eco sello del Forest Stewardship Council se concentra en los servicios ambientales de
provisión de madera, servicios hídricos y conservación de biodiversidad, que están provistos
por todos los bosques del mundo.
El FSC es una red internacional compuesta por ONG ambientales y sociales, productores y
vendedores de productos forestales, y agencias de certificación. Promueve estándares para el
manejo ambiental, social y económico sostenible de bosques. Fundada en 1993, su objetivo
original era unir varios eco sellos forestales bajo un sello global para que consumidores
pudieran comprar con confianza madera certificada proveniente de bosques manejados de
modo sostenible (Espach 2006). El concepto del eco sello FSC es que los consumidores, a su
vez, estén dispuestos de pagar un precio más elevado para los productos certificados y que se
abran nuevos mercados para los productores y los vendedores de productos ambientales. El
sello FSC está considerado pionero del enfoque de mercado eco‐consumista. Al mismo
instante el sello otorgaría credibilidad con socios comerciales, instituciones financieras y
organizaciones de vigilancia (FSC 2011a).
La sede de FSC, localizada en Berlín, define los principios globales y los estándares, acredita
agencias de certificación y supervisa los programas en el mundo. Los mecanismos
24
institucionales en los que la certificación del FSC está basada, son sus requisitos globales de
acreditación, sus auditorías regulares y su transparencia pública. FSC International establece
los procedimientos mundiales de cumplimiento, auditorías y observancia.
FSC ofrece tanto certificación forestal como certificación de cadena de custodia (Espach 2006).
La certificación del manejo forestal está llevada a cabo por una entidad de certificación
independiente, acreditada por el FSC, que verifica que el manejo del bosque cumple con los
Principios y Criterios del FSC de Manejo Forestal Responsable internacionales. La certificación
de cadena de custodia permite realizar el seguimiento de la materia prima a través de todas
las etapas de producción, transformación y distribución, hasta la góndola y, así verificar que los
productos finales provienen de bosques certificados bajo el sello FSC. Las operaciones que han
sido verificadas con la certificación FSC de cadena de custodia son elegibles de etiquetar sus
productos con el logotipo del FSC (FVSA 2011).
Verificaciones independientes externos por agencias de certificación son mandatorios. Los
certificados FSC son válidos durante cuatro años. Auditorías son requeridas cada seis meses
para certificación de cadena de custodia y anualmente para certificación de manejo forestal
sostenible durante los primeros cuatro años. Observancia corresponde al monitoreo público y
un proceso investigativo, que consta de revisión externa de informes completos de todos
actores locales principales (Espach 2006).
En 2007, 34 % de los fondos (internacionales) provinieron del apoyo de fundaciones
caritativas, fondos privados gubernamentales y contribuciones empresariales. Un 66 % estuvo
recaudado por tasas de membrecía, procesos de acreditación y por servicios rendidos (FSC
2011b).
Mientras FSC International, que preside un congreso internacional multisectorial, define los
principios del programa, el establecimiento de los estándares forestales y los criterios de
cumplimiento está realizado por grupos de trabajo regionales. Los estándares deben ser
definidos para cada tipo de bosque por separado (plantaciones, bosque lluvioso tropical,
bosque alpino etc.) mediante negociaciones abiertas. Consenso entre los consejos
económicos, sociales y ambientales nacionales es necesario (Espach 2006).
FSC Argentina está coordinando seis diferentes iniciativas de establecimiento de estándares,
cinco respecto a bosques regionales nativos y uno para la estandarización de plantaciones. La
certificación FSC en Argentina demanda modificaciones de las prácticas de manejo
considerables. Empresas estimaron que los costos de certificación oscilaban entre 50,000 US$
y más que 150,000 US$. Los costos, el plazo y los recursos necesarios para la certificación de
manejo forestal sostenible por FSC pueden variar bastante, ya que dependen del tamaño y la
complejidad del bosque (Espach 2006).
Entre los mayores desafíos del sello FSC, sobre todo en Argentina, se cuenta que no existe
demanda doméstica en la cadena de suministro por productos de madera proviniendo de
manejo forestal sostenible. Así que ninguno de los productores de madera destinada para el
mercado doméstico argentino ha solicitado por la certificación FSC. Sobre todo las empresas
pequeñas perciben la certificación como arriesgada, ya que lleva a cabo costos significantes a
corto plazo de introducirse en un mercado como pionero e innovador de productos maderas
de alta calidad. Muchas deciden esperar y ver si la inversión hecha por otros va a saldar en el
futuro (Espach 2006).
La falta de demanda de mercado y precios más elevados para productos certificados limita el
atractivo de la certificación y reafirma la oposición contra el FSC. No existe presión por
25
reguladores estadales u ONG significante. Regulaciones estadales y observancia de manejo
forestal son escasos y fácilmente evitadas. Además, instituciones estadales, como el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación
empezaron a establecer propios estándares forestales que se enfocan más en los
requerimientos empresariales (Espach 2006).
3.2 Bolivia – Pagos para el uso de servicios ambientales: El Albergue Ecoturístico Indígena
Chalalán
El concepto del Albergue Ecoturístico Indígena Chalalán se basa en el servicio ambiental
cultural de turismo y recreación.
El Parque Nacional Madidi fue creado en 1995 en una de las áreas con mayor biodiversidad en
América del Sur. Se encuentra entre las provincias Abel Iturralde y Franz Tamayo, al noroeste
del Departamento Autónomo de La Paz en Bolivia (Chalalán 2011a). Antes de que se creara el
parque, las amenazas principales para la conservación eran la extracción de caoba y cedro, el
desmonte por los colonos y la cacería, así como planes de mediano plazo para la construcción
de una gran represa.
En la época de la creación del parque, la población de San José había caído bajo un número de
250 habitantes debido a una continua emigración. Los principales factores de la misma eran la
falta de opciones locales de empleo en combinación con mejores oportunidades en otros
lugares. De ahí la exclusión de las empresas madereras externas por la creación del parque,
llevó a cabo la pérdida de los empleos existentes, que causó disminución de ingresos
monetarios adicional para los pueblos de la zona (Robertson & Wunder 2005).
Confrontado con una creciente oposición al parque nacional, Conservation International
comenzó a trabajar con San José de Uchupiamonas, en 1994 para lograr el apoyo local. Se
reconoció que el ecoturismo constituía un medio para obtener ingresos alternativos y,
además, ofreció gran potencial de crecimiento económico e ingresos bastante estables y
seguros en Madidi. De ahí los comunarios de San José propusieron una empresa administrada
por la comunidad (Chalalán 2011b).
Conservation International facilitó el diseño y el proceso de aplicar por fondos privados; al
mismo instante compensó a los concesionarios madereros que planeaban operar en el área.
Siguiendo esos esfuerzos el Banco Interamericano de Desarrollo donó 1.4 millones $US a San
José para la construcción de un eco‐albergue y para capacitación local en turismo.
En 1998, se finalizó la construcción del Eco‐albergue Chalalán y se la inauguró en el mismo año.
En febrero de 2001, los derechos de propiedad del albergue se transfirieron formalmente a la
comunidad (Robertson & Wunder 2005).
Actualmente, la mayoría de los jefes de hogares forman parte de la empresa turística de la
comunidad. En total se cuenta con 75 accionistas, un 70% de los hogares de la comunidad. El
pueblo de San José cuenta con considerables beneficios económicos provenientes del turismo
y se destinan a cuatro distintos canales: dividendos pagados a los accionistas comunitarios,
inversiones para futuras iniciativas turísticas, al fondo comunitario para gastos colectivos y
empleo remunerado rotativo de trabajadores asalariados. Se ha obtenido una distribución
bastante equitativa dentro de la comunidad (Robertson & Wunder 2005).
Casi todos los turistas pagan entre 205 y 400 US$ de un paquete incluso la visita al albergue,
dependiendo del tamaño del grupo y número de noches de estadía (Chalalán 2011c).
26
Las ganancias netas constituyen alrededor de 10 – 15% del ingreso bruto. En términos
absolutos, esto corresponde a $US32.000–49.000 por promedio (Robertson & Wunder 2005).
La nombrada consolidación económica y cultural de San José ha servido como plataforma de
despegue para la creación de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO), que forman la base para la
titulación de reivindicaciones territoriales de grupos indígenas. El estatus de TCO permite que
los grupos indígenas formalicen sus derechos territoriales y, por consiguiente, se eviten la
colonización y la extracción de recursos por parte de actores externos (Robertson & Wunder
2005).
Los desafíos de este tipo de pagos para servicios ambientales es el peligro que los logros de
conservación obtenidos hasta ahora podrían revertirse, si la comunidad usara sus derecho de
tenencia para explotar madera, dar acceso a colonos etc., mientras se reduce el turismo a una
parte más pequeña del territorio indígena (Robertson & Wunder 2005).
Además la presión para la conversión de bosques cerca de la comunidad ha aumentado,
debido a la duplicación de la población. Ahora más que 600 personas viven en San José.
Asimismo, concesiones petroleras y mineras que cubren 19 y 2% de la superficie del parque,
respectivamente, indican la posibilidad de que haya en el futuro disputas sobre derechos de
extracción (Robertson & Wunder 2005).
3.3 Brasil – El regimen de compensación: La ley de Compensação Ambiental y el Atlantic
Forest Fund�
El Atlantic Forest Fund se fija en los servicios ambientales de conservación de biodiversidad así
como en regulación de flujos y cualidad de agua. Resultó de la cooperación entre FUNBIO y el
Ministerio de Medio Ambiente del Estado Rio de Janeiro. Esta cooperación está basada en un
estudio de FUNBIO del marco legal de compensaciones ambientales, áreas adecuadas para
inversión estadal, la situación de las áreas protegidas y la estructura de gestión de las
instituciones involucradas (Serrão 2009b).
Al final de 2007 se firmó un acuerdo de cooperación técnica para hacer el financiamiento
estadal más eficiente, atraer más recursos, proveer una alternativa de corto plazo para apoyar
las áreas protegidas en el estado y llevar a más transparencia, la que los donantes e inversores
privados seguían exigiendo (Serrão 2009a).
El fondo fue diseñado para operar cinco portfolios diferentes. Se administran tanto fondos
privados de patrocinadores filantrópicos nacionales e internacionales como fondos de
dotación permanentes. Estos últimos están destinados a sostener el manejo de las unidades de
conservación del estado, como los parques, las reservas biológicas y las estaciones ecológicas,
mientras los fondos privados se invierten en proyectos según los criterios de los donantes
(Serrão 2009b). Entre ellos se encuentran proyectos de pagos para secuestro de carbono o
pagos para la conservación de biodiversidad (Zwick 2009).
Sin embargo, el objetivo del componente más importante es la ejecución de proyectos con
recursos provenientes de la compensación pagada por empresas industriales grandes, que está
basada en la ley del Compensação Ambiental. Bajo esta ley los pagos son destinados a áreas
protegidas y el dinero está asignado a cinco usos específicos: estudios para la creación de
nuevas reservas, la creación de planes de manejo, la resolución de asuntos de tenencia de
tierra, la compra de bienes y servicios necesarios para manejar un área e investigaciones
relacionadas con el manejo de estas áreas.
27
El Compensação Ambiental no establece un precio vinculado directamente a los costos de
mercado de restaurar o reemplazar áreas dañadas, sino requiere una valoración de una tasa
de licencia basada en el impacto del desarrollo no mitigable del proyecto. Esta tasa de
compensación está tapada a 1.1% de los costos del proyecto industrial.
En este régimen de compensaciones, FUNBIO abre una cuenta bancaria en el nombre de la
empresa y la misma deposita su tasa de compensación en esa. FUNBIO actúa como
administrador permanente del fondo – pero sólo bajo la atenta supervisión de los reguladores
y empresas contribuyentes (Zwick 2009).
Todas las partes afectadas se pusieron de acuerdo de que la “Cámara de Compensación”,
compuesta por representantes de la industria, la academia, el gobierno y la comunidad
ambiental debería revisar los proyectos sometidos para recibir fondos. El flujo del dinero va a
las áreas protegidas administrados por el estado o las municipalidades, dependiendo de qué
áreas son impactadas directamente o se encuentran cerca del proyecto. Pero las empresas que
pagan las tasas tienen cierto margen en la decisión adónde direcciona el dinero.
El fondo está sustentado por contribuciones por parte de la KfW, el Istituto Estadual do
Ambiente y la Secretaria do Ambiente (Serrão 2009c). En 2009, el fondo guardó hacia 75
millones R$ provistos por operaciones ya licenciadas. Estudios estimaron hacia 100 millones R$
para los cuatro años siguientes (Zwick 2009).
El Atlantic Forest Fund como base de capital ha forzado el desarrollo de una visión más
coherente para todas áreas protegidas, la creación de un proceso de planeamiento a medio
plazo y la comparación entre los recursos disponibles y la demanda por parte de las áreas
protegidas (Zwick 2009).
3.4 Chile – Sistema de límite e intercambio: Negocio de emisiones en Santiago de Chile
El negocio de emisiones en la ciudad de Santiago tiene como objetivo mejorar la regulación de
calidad del aire en el área urbana. La meta principal del Plan de Descontaminación Atmosférica
de la Región Metropolitana (PPDA) era la reducción de riesgos para la salud humana
proviniendo de la exposición a contaminación. Se quería eliminar episodios de alta
concentración de PM 10, reducir concentraciones de partículas más pequeñas que 2.5 micras
(PM 2.5), que tienen consecuencias más graves para la salud humana, revertir el incremento
de concentraciones de O3, PM10, TSP, CO y NO2, evitar la producción de NOx en áreas
saturadas o latentes y por último cumplir las normas de calidad del aire ambiente (Schreifels
2008).
El programa fue lanzado en 1992, cuando el Ministerio de Salud promulgó el Decreto Supremo
No. 4 para controlar las emisiones de PM10 proviniendo de fuentes estacionarias en la Región
Metropolitana de Santiago. En 2004 se implementaron dos programas de emisiones
adicionales, uno para partículas y otro para la contaminación por NOx por parte de procesos
industriales grandes (Coria et al. 2010).
El Decreto incluyó tres disposiciones clave para fuentes estacionarias de combustión (por
ejemplo calderas industriales y comerciales, hornos industriales, centrales eléctricos) con un
caudal de gas de escape clasificado a más que 1,000 m3/hora:
28
Un estándar de concentración de emisiones máxima
Un límite para el nivel total de emisiones diarios potenciales de fuentes de
contaminación puntual
Un programa de negocio de emisiones
Bajo el programa de negocio de emisiones, fuentes existentes fueron asignadas una cantidad
específica de permisos para emisiones diarias (PED) basada en las emisiones potenciales. Cada
PED es la autorización de emitir hasta un kilogramo de PM10 diario a perpetuidad (Schreifels
2008). Nuevas fuentes y expansiones de fuentes existentes no recibieron ningún PED. Éstas
tenían que comprar PED de fuentes existentes para compensar las emisiones potenciales
diarias. Los PED tienen fecha de expiración y las fuentes no están permitidas de guardar sus
permisos indefinidamente para usos futuros o para venderlos (Coria et al. 2010).
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) está encarda parcialmente con el diseño
de las reglas de transacciones de mercado de las PED, mientras el Secretario Regional
Ministerial (SEREMI) es responsable de la implementación, el monitoreo y la observancia de las
mismas (Coria et al. 2010). Fuentes que quieren compensar sus emisiones deben solicitar la
compensación y encontrar un socio, firmar un acuerdo de compensación (legalizado por un
notario público) y, por último, certificar los niveles de emisiones para cada fuente en la
transacción por procesos de monitoreo formales. Después de ese procedimiento, el SEREMI
acepta o rechaza la transacción o pide información adicional. Por lo tanto, aunque las fuentes
proponen negocios, la decisión final de crear permisos y permitir las transacciones se queda
con la SEREMI (Coria et al. 2010).
Para evaluar el cumplimiento con el Decreto Supremo No. 4 las fuentes estacionarias son
obligadas a medir y certificar su concentración de emisiones una vez al año e informar al
SEREMI. Además se hace inspecciones aleatorias durante el año (Schreifels 2008). Si las
empresas no cumplen enfrentan sanciones, las que varían entre una nota de violación y una
amplia gama de pagos de tantos alzados de penalidad. Adicionalmente es posible clausurar las
operaciones de las fuentes (Coria et al. 2010).
Aunque, a primera vista, este programa ha cumplido con sus objetivos ambientales, la co‐
existencia de tasas altas de incumplimiento y del superávit por parte de muchas empresas
indica que el programa no funciona eficientemente.
Primero, como las emisiones se calculan mediante el caudal potencial máximo de gas de
escape, las opciones disponibles para fuentes de “reducir” emisiones son limitadas a la
reducción del caudal potencial máximo o la concentración de contaminantes en los gases de
escape. Eso puede ser logrado mediante cambiar a combustibles de menor consumo y más
limpios o instalar controles de la contaminación. Por consiguiente, los costos de reducir
emisiones potenciales son similares para todas fuentes. Esto limita los ahorros de costos
potenciales del programa de negocio. Ni obstante, existirían otras opciones de reducir
emisiones, que no influirían la concentración, y por eso no son reflejadas en el cálculo. Éstas
incluyen medidas que reducirían el caudal diario real de los gases de escape pero no el caudal
diario potencial, por ejemplo la reducción de uso y mejorar la eficiencia de combustión para
quemar menos combustibles (Schreifels 2008).
Segundo, en general existe una falta de actividad de mercado, la cual desalienta negocios o no
permite a la industria aprovechar plenamente de las oportunidades de ahorrar costos
provistas por el programa de negocio de emisiones (Schreifels 2008).
29
En los primeros tres años, ninguna transacción fue aceptada por la SEREMI, ya que las
autoridades estuvieron desarrollando inventarios comprensivos de las fuentes y emisiones y
hasta ahora sólo un pequeño grupo de empresas posee PED.
El programa sufre de varios fallos institucionales, que incluyen:
La falta de datos de transacciones y precios públicamente accesibles
La falta de informaciones sobre penalidades para violación
Incertidumbre reguladora causada por cambios de las reglas
Arreglos institucionales incoherentes, que dividieron el manejo del programa entre dos
instituciones gubernamentales con objetivos y agendas diferentes (Coria et al. 2010).
SEREMI está encargado de actualizar los registros de los procedimientos de las transacciones.
En la práctica, cada transacción es un caso complicado que dura meses de resolverlo y el
precio no necesariamente está comunicado públicamente. No existe ni un mercado de verdad
ni un registro sistemático de las transacciones anteriores de las empresas.
Además las empresas no tienen que publicar el precio de las emisiones transferidas. Muchas
transacciones se llevan a cabo entre varias fuentes de la misma empresa, así que tal vez ni
siguiera existe un precio explícito. SEREMI, por eso, es incapaz de proveer un resumen simple y
accesible con los datos de transacciones y precios (Coria et al. 2010). Eso significa que los
costos de transacción son altos para las empresas que quieren entrar al mercado y además
existen pocos intermediarios que podrían asistir con las la preparación y el diseño de las
transacciones (Schreifels 2008).
El nivel agregado de incumplimiento se explica principalmente por nuevas fuentes, que no
compensaron sus emisiones con permisos de emisiones. Como SEREMI determina si habrá
penalidades y el tamaño de las cuales caso por caso con discreción, existe un nivel
considerable de incertidumbre sobre las mismas. Aparte de eso, muchas veces el proceso
regulador tiene retrasos significativos, así que algunas fuentes ganan varios meses de
incumplimiento impunes (Coria et al. 2010).
Cambios de las reglas e intervenciones arbitrarias, tales como cambios respecto a la tasa de
compensación, reducciones de PED y la fecha de expiración, causan incertidumbre y recelos.
Muchas fuentes son renuentes a vender sus PED, porque están inseguros si podrían recomprar
los mismos en el caso de una futura expansión o si cambian las tasas de concentración de
concesiones, como pasó en 2000 y 2005 (Coria et al. 2010).
Además los arreglos institucionales incoherentes han creado algunos problemas de agencia,
porque el desempeño de SEREMI no está medido con indicadores relacionados con el
programa de negocio, sino con índices de salud (Coria et al. 2010).
3.5 Colombia – Impuestos para servicios ambientales: El impuesto ecológico
Los impuestos ecológicos en Colombia se fijan en los servicios ambientales de regulación de
flujos de agua para la producción de hidroelectricidad y otros usos industriales, y regulación de
cualidad de agua para el suministro de agua potable.
Enfrentados con fondos ecológicos cada vez más escasos y en el mismo instante con la
necesidad de proteger las áreas forestales hidrológicamente sensitivas, el Gobierno de
Colombia estableció Corporaciones Autónomas Regionales por la ley 99 en 1993 en todo el
país (Perrot‐Maître & Davis 2001).
30
Son la primera autoridad ambiental a nivel regional encargada del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables dentro del área de jurisdicción, además actúan como
coordinadores de la gestión de cuencas. Las CAR son integradas por entidades territoriales que
constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica (ASOCARS 2007).
La creación de las CAR requirió cambios del marco legal y regulatorio a todos niveles de
gobernanza pública. Un sistema nacional de fondos fue promulgado para proveer
financiamiento para la gestión de cuencas utilizado por las CAR, las municipalidades y
propietarios privados (Perrot‐Maître & Davis 2001).
Los impuestos se recaudan de actores públicos y privados diferentes. A las municipalidades y
departamentos se requiere que destinan un por ciento de sus presupuestos a comprar terreno
para proteger las cuencas de las que la municipalidad o el departamento depende respecto al
suministro de agua o para pagar a propietarios privados para que mantengan la cuenca que
está ubicada en su terreno. Centrales hidroeléctricas con una capacidad de más de 10,000
kilovatios tienen que transferir tres por ciento de su groso de venta de electricidad a los CAR.
Tres por cientos adicionales se deben transferir a las municipalidades donde se encuentran las
cuencas hidrológicas y reservorios de los que dependen las centrales hidroeléctricas. Además,
cualquier empresa que usa agua en sus procesos industriales está obligada a destinar un por
ciento de sus inversiones a las CAR para la protección de las cuencas hidrológicas que le
proveen el agua (Perrot‐Maître & Davis 2001).
Se espera, que el impuesto ecológico impulse el reconocimiento de los valores de servicios
ambientales por parte de las centrales hidroeléctricas y otros usuarios industriales del agua.
El desafío principal del sistema de impuestos ecológicos es un desequilibrio de ingresos por
parte de las CAR. Son casi completamente financiadas por fuentes locales. Un 80 % de sus
fondos proviene de impuestos de propiedad y del sector eléctrico en su región respectiva.
Como esos ingresos se recaudan por la mayor parte del sector privado, las CAR que están
ubicadas en regiones ricas tienden a tener una ventaja financiera. Para remediar esta
desigualdad, se introdujo un mecanismo de compensación bajo lo cual un 20% de los ingresos
provenientes del sector eléctrico nacional son depositados en un fondo general de donde son
redistribuidos a las CAR más pobres (Perrot‐Maître & Davis 2001).
3.6 Ecuador –Pagos para el uso de servicios ambientales: El proyecto Pimampiro
El proyecto de pagos para el uso de servicios ambientales en la región de Pimampiro tiene su
enfoque en los servicios de la regulación del flujo del agua, la provisión del agua potable y el
control de sedimentación.
La iniciativa en Pimampiro empezó como parte de un proyecto de la FAO y la Nueva América
Asociación para el manejo de recursos naturales sostenible y la asistencia agrícola (DFC), que
era parte del programa “community forest management” Más tarde el proyecto fue
actualizado con apoyo de la ONG CEDERENA, que devolvió del DFC, y la municipalidad (IIED
2007). Se estableció el “Fondo para el pago por servicios ambientales para la protección y
conservación de bosques y páramos con fines de regulación de agua” con fondos de la
Fundación Interamericana (10,000 US$), el proyecto DFC (5,000 US$) y los ingresos
provenientes de un incremento en la tarifa por el servicio de abastecimiento de agua para
31
consumo en la municipalidad de Pimampiro, que se recaudó a partir de 2002 basado en una
ordenanza municipal (Wunder 2011).
El fondo está manejado de forma conjunta por CEDERENA y la Unidad de Manejo Ambiental y
Turismo de la municipalidad. Los costos de monitoreo (4,800 US$) y manejo (1,800 US$) los
cubre la municipalidad (IIED 2007).
Los niveles de pagos no estuvieron basados en una valoración económica de los costos que
incurren los propietarios de tierra que proveen los servicios, o los beneficios de los usuarios.
Sólo se basó en cuánto terreno se podría incluir en el esquema y el monto de dinero que se
necesitaría. Sin embargo, luego se realizó una investigación con el objetivo de hacer el
proyecto autosostenido. La fórmula estima el valor de proteger el ecosistema en términos de
agua producida más el valor de restauración del bosque, lo cual es el valor que se debe cobrar
para invertir en recuperar la capacidad hidrológica río arriba. La formula indica que el valor de
la protección de bosque para la producción de agua es 0.03 US$/m3 y el costo de restaurar el
bosque equivale 0.10 US$/m3, que indica que el valor del servicio ambiental es 0.13 US$/m3.
Este valor corresponde casi exactamente con el incremento de la tasa para los usuarios de
agua, que era 0.16US$/m3 (IIED 2007).
La municipalidad recauda un promedio de 1.20 US$ por familia por mes para un promedio de
30 m3 de agua por mes. En total la municipalidad de Pimampiro representa alrededor de 1,300
usuarios de agua, que lleva a un monto de pagos anuales de 4,700 US$ en promedio, de lo que
se paga alrededor de 4,200 US$ al año a los proveedores del servicio, el resto entra al fondo
para incrementarlo (Wunder 2011).
Los beneficiarios del programa son 20 familias que poseen el área forestal (390 ha de bosque y
163 ha de páramo) ubicada en la cabecera del Río Palaurco, donde la ciudad de Pimampiro
(situada a 32 km río abajo) tiene su tubería de toma de agua (IIED 2007). Los campesinos
participantes del programa reciben un promedio de 21.10 US$ al mes, que representa
aproximadamente un 30% de sus gastos del hogar y está usado para cubrir los costos y las
necesidades a corto plazo, como alimentación, producción agrícola, salud y educación. Los
pagos son realizados trimestralmente por la oficina local del Banco de Fomento. Las categorías
de pagos varían según las condiciones del ecosistema que los campesinos aceptaron a
proteger. Son basadas en un sistema simple de costos por tipo de tierra: 1 US$/ha/mes para
páramo intacto o bosque primario, 0.75 US$/ha/mes para bosque secundario añejo y
0.50US$/ha/mes para bosque secundario nuevo (Wunder 2011).
La municipalidad tiene un reglamento interno que norma las relaciones con estos propietarios
de la cuenca alta. Al principio los campesinos a su vez tuvieron que firmar un acuerdo de cinco
años con la municipalidad de Pimampiro en lo que aceptaron proteger el bosque nativo y la
vegetación del páramo de deforestación y conversión de tierras. Ahora los contratos son
perpetuos. Los acuerdos especifican de qué áreas se trata, establece un plan de gestión de
tierra y determina pagos conforme al uso de tierra actual (Wunder & Alban 2007).
Los desafíos principales de este programa son un déficit de fondos, altos costos de manejo y
altos costos de oportunidad no tomados en cuenta. El déficit de fondos se basa en índices de
recogida bajos (aproximadamente un 60%) y demanda insuficiente capturada por el proyecto,
ya que usuarios de agua para irrigación, como los usuarios más importantes e ineficientes, no
están incluidos en el proyecto. Los costos de monitoreo y administración son más altos que los
ingresos anuales del programa, lo que lo hace financieramente insostenible. La municipalidad
sigue con dificultades de financiar el proyecto continuadamente (IIED 2007).
32
Además los fondos están ahorrados en una simple cuenta de ahorros en vez de un fondo
fiduciario estructurado. Como la municipalidad tiene el control sobre esta cuenta, los fondos
podrían ser destinados a otros propósitos. Cuatro de los cinco miembros del comité de manejo
del fondo son miembros del concejo municipal, lo que podría resultar problemático si
decisiones respecto al fondo chocan con intereses políticas (Wunder & Alban 2007).
Otro asunto que podría causar problemas en el futuro es que los costos de oportunidad para
los campesinos río arriba no están internalizados en los cálculos de los pagos.
3.7 Guyana – Fondos gubernamentales internacionales – El proyecto REDD‐plus
El proyecto REDD+ de Guyana se basa en el servicio del secuestro de carbono en sus bosques
nacionales. El 9 de Noviembre de 2009, Guyana y Noruega firmaron un Memorando de
Entendimiento acerca de la cooperación en asuntos relacionados con la lucha contra el cambio
climático. Se tratan especialmente de emisiones resultantes de la deforestación y de la
degradación de los bosques en países en desarrollo (REDD‐plus), la protección de biodiversidad
y el refuerzo del desarrollo sostenible, bajo en carbono. Una Nota Conceptual Común
estableció el marco para avanzar la cooperación entre Guyana y Noruega. Arregló que Noruega
proveería Guayana con apoyo financiero para los resultados REDD+ que se administraría por
un mecanismo financiero multi‐contribuyente: el Fondo de Inversión Guyana REDD‐plus (GRIF).
El primer pago fue transferido en Octubre 2010 (MoE Noruega 2011a).
La Asociación de Desarrollo Internacional del Banco Muncial (IDA) fue invitada por Guyana y
Noruega como administrador y responsable de proveer servicios financieros intermediarios al
GRIF. El administrador recibe pagos por servicios del clima forestal provistos por Guyana y
transfiere estos pagos y cualquier ingreso de inversión de los mismos a entidades asociadas
para proyectos y actividades que apoyan la implementación de la Estrategia del Desarrollo
Bajo en Carbono de Guyana. Transferencias se efectúan con aprobación por el comité
directivo, que se compone por Guyana y Noruega, con observadores de entidades asociadas y
la sociedad civil de Guyana y Noruega. Las entidades asociadas proveen servicios
operacionales para las inversiones LCDS aprobadas, y aplican sus propios procedimientos
operacionales y salvaguardias. A partir de Marzo 2011, Guyana y Noruega aprobaron el Banco
de Desarrollo Inter‐Americano, el Banco Mundial y el Grupo de Desarrollo de las Naciones
Unidas como entidades asociadas (MoE Noruega 2011a).
Guyana y Noruega acordaron evaluaciones generales anuales del progreso, que serían hechas
por una o varias entidades independientes que eligen los dos países juntos.
Se paga Guyana para su rendimiento por un sistema de incentivos que recompensa tanto
mantener la deforestación bajo cierto nivel de referencia acordado como evitar degradación
forestal incrementada. Los dos países decidieron por un modelo que le permite a Guyana usar
áreas forestales limitadas de manera cautelosa y estratégica para actividades económicas de
alto valor, la construcción de infraestructura nacional esencial y el desarrollo sostenible de
pueblos forestales. Por otro lado, el modelo establece incentivos que penalizarían rápido una
tendencia ascendente en deforestación.
Noruega provee apoyo financiero a Guyana basado en la entrega de resultados medidos con
dos tipos de indicadores: de actividades de capacitación (políticas y salvaguardias que
permiten el desarrollo REDD‐plus y la implementación de la Estrategia del Desarrollo Bajo en
33
Carbono) y indicadores de rendimiento REDD‐plus (relacionados con emisiones de gases de
efecto invernadero de bosque).
Noruega y Guyana decidieron usar el “nivel de referencia combinado” – pendiente la
determinación de una metodología de nivel de referencia por la UNFCCC – para establecer un
nivel de referencia provisional basado en un pesaje equitativo de la tasa de deforestación
promedia de Guyana de los años 2000 – 2009 y la tasa de deforestación promedia de los países
en desarrollo de los años 2005 – 2009. El nivel de referencia para Guyana es el valor promedio
de estas dos medidas, que es un 0.275% (MoE Noruega 2011a).
Sin embargo, el nivel de deforestación promedia en Guyana entre 2000 y 2009 era un 0.03%
(MoE Noruega 2011b).
Como ni Noruega ni Guyana desean ver tal incremento en las tasas de deforestación, se
pusieron de acuerdo que las actividades económicas son permitidas en el bosque de Guyana
ajustadas al techo de 0.056% al año sin penalidades financieras aparte de la reducción de la
compensación causada por un menor margen entre el nivel de referencia y el nivel de
deforestación verificado (MoE Noruega 2011a).
Para cualquier tasa de deforestación hasta este nivel Guyana será elegible para pagos
correspondientes al margen completo entre el nivel de referencia y el nivel de deforestación
verificada. Para tasas de deforestación entre 0.056% y 0.1% (a menos que la tasa está
relacionada con el proyecto hidroeléctrico de las Cascadas Amaila) la elegibilidad para pagos
será calculada como un porcentaje disminuyendo gradualmente de los pagos que se habrían
efectuados si sólo el margen entre el nivel de referencia y el nivel de deforestación verificada
hubieran sido tomadas en cuenta. A una tasa de deforestación a 0.1% o más, ningún pago se
efectuaría para este año dado. De esa manera Guyana está incentivado mantener más que
99.5% de su cubierta forestal durante la colaboración (MoE Noruega 2011a).
Para el cálculo de emisiones reducidas por deforestación evitada se aplica un valor
predeterminado interino de 100 toneladas de carbono por hectárea. Este valor corresponde a
367 toneladas de CO2. En los cálculos de emisiones causadas por degradación forestal, un
valor predeterminado de 400 toneladas por hectárea está aplicado, lo que corresponde a 1468
toneladas de CO2 (MoE Noruega 2011a).
Los pagos a Guyana serán calculados aplicando el precio de carbono predeterminado de 5US$
por tonelada de CO2, como está establecido en el Amazon Fund de Brasil. Sin embargo, este
precio sólo se usa si la tasa de deforestación observada en Guyana está bajo del nivel acordado
(MoE Noruega 2011a).
Para calcular los pagos basados en resultados a Guyana se usa los pasos siguientes:
1) Se mide la deforestación evitada por restar la tasa observada de deforestación en Guyana
al nivel de referencia acordado en 0.275%
2) Se determinan las reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero por
deforestación evitada (comparadas al nivel de referencia acordado) mediante la aplicación
de sustitutos de densidad de carbono:
a) Convertir la tasa observada de deforestación evitada en emisiones de gases de efecto
invernadero evitadas (100 tC/ha, lo cual corresponde a 367tCO2/ha)
b) Restar las emisiones incrementadas de la degradación forestal (basadas en indicadores
de degradación forestal acordados, usando un valor predeterminado de densidad de
400tC/ha)
34
3) Se aplica un precio provisional de carbono de 5 US$/tonelada de emisiones evitadas,
siempre y cuando Guyana no excede un nivel de deforestación acordado en el contexto de
la cooperación entre Guyana y Noruega. Si la tasa de deforestación supera el 0.056% se
reducen los pagos y se suspenden finalmente un nivel de 0.1% (MoE Noruega 2011a).
Hasta ahora no había intentos destacables de llegar a una economía baja de carbono. La LCDS
no está conectada bastante a las estrategias estadales de bajar la pobreza y del desarrollo
nacional. Segundo, las actividades de capacitación no se desarrollan con participación
suficiente, sobre todo con respecto a los indígenas, sino son guiadas por el gobierno y el
presidente mismos. Además, todavía se necesita especificar los criterios basado en los que se
hace el rendimiento del gobierno de Guyana con respecto a los indicadores de capacitación.
Todavía existe cierta resistencia en las instituciones gubernamentales de proveer documentos,
datos y mapas para las entidades independientes de hacer los rendimientos (Lang 2011).
3.8 Paraguay – Regimen de compensación y fondos gubernamentales: La reserva natural
Mbaracayú
El proyecto en la reserva natural de Mbaracayú se concentra en el servicio ambiental de
secuestro de carbono.
El proyecto tenía como objetivo la creación y la protección de un área protegida privada en el
este de Paraguay, que es un área muy contenciosa y bajo presión de uso de tierra intensa. El
proyecto está ubicado en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú en Ygatimi con un área de
64,400 ha (Colini Cenamo et al. 2009).
Es la única área nacional protegida que estuvo establecida por un acuerdo internacional
reconocido por una ley parlamentaria. La base legal para la protección de la reserva consta de
el convenio internacional: “Convenio para establecer y conservar la Reserva Natural del
Bosque de Mbaracayú y la cuenca que la rodeo”. Este acuerdo fue firmado en 1991 por el
gobierno ‐ el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el
Ministerio de Hacienda ‐, la PDNU, dos ONG paraguayanos, una de éstas siendo la Fundación
Moises Bertoni, y la TNC de los Estados Unidos, y reconoció la importancia biológica de
Mbaracayú como un vestigio significante del Bosque Atlántico Interior que está amenazado a
nivel global y reducido a menos que 5% de su tamaño original. Este acuerdo fue
posteriormente ratificado por la Ley de la Nación Paraguayana No 112/91, que creó a
perpetuidad esta área protegida y una reserva de uso multiple dentro de la cuenca
hidrográfica que la rodea, la Cuenca Alta del Río Jejuí, con un área de 300,000 hectáreas
(Palacios & Yanosky 1999). El acuerdo declaró la Reserva Natural del Bosque bajo la protección
legal del estado, protegida de expropiación y enajenación, prohibidos los usos extractivos de
los recursos a parte de investigación científica y determinó que el pueblo de los Aché podría
seguir practicando caza y recogida de subsistencia
La conservación y el manejo de Mbaracayú están llevados a cabo por la Fundación Moises
Bertoni que aceptó la responsabilidad de recaudar fondos y comprar y proteger la reserva.
(Yanosky 2006).
La compra de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú la hicieron posible por un lado los
fondos de la USAID, la EU, del Banco Mundial, del Bando de Desarrollo Internacional y de la
AECID, pero por otro lado sólo se la pudo realizar finalmente con el financiamiento por parte
de la empresa AES Corporation. La compañía ofreció 2,000,000 US$ para la compra y el manejo
35
de la reserva para adquirir a su vez créditos de carbono para la emisión de 13 millones de
toneladas de equivalentes de CO2, con las que quería compensar las emisiones de su filial en
Hawaii. El precio era de 0.15 US$ por tonelada de CO2 equivalentes (Colini Cenamo et al.
2009).
TNC y la Fundación Moises Bertoni diseñaron un inventario de los tipos de bosque natural en
Mbaracayú para estimar el volumen de la biomasa y el peso de carbono que sería perdido por
talas de árboles y conversión en agricultura. El peso total estimado de carbono que podría ser
conservado por protección y manejo de la Reserva Natural de Bosque y las tierras que la
rodean, era 27 millones de toneladas métricas. Adicionalmente a los datos de secuestro de
carbono, la Fundación Moises Bertoni tuvo que proveer copias del plan de manejo para los
primeros tres años de protección y reportes periódicos sobre la asistencia a la comunidad y la
capacitación de los campesinos en el alrededor y las comunidades Aché (Yanosky 2006).
Se creó un fondo fiduciario, alimentado por la venta inicial de los créditos de carbono, que
garantizaría la sostenibilidad de los recursos aún después del vencimiento del contrato (35
años) y que cubrió casi 50% de los costos totales. Gracias a la capitalización de los recursos
financieros el fondo fiduciario ahora retiene más que 5,200,000 US$.
En total se necesitaba 2,000,000 US$ para la compra de la propiedad del CFI y la conversión en
una reserva, 150,000 US$ anuales para el establecimiento del sistema de protección y del plan
de trabajo y 500,000 US$ anuales para el manejo del parque (Colini Cenamo et al. 2009).
Existen varios desafíos principales, aparte de cubrir los costos anuales significantes, que
también requieren otras fuentes financieras que el fondo fiduciario: primero sigue
intensificando la presión externa proveniente de las zonas en el alrededor de la Reserva,
debido a los usos de tierra extractivas y productivas. Estas presiones de conversión de tierra
significarían a medio plazo situaciones de “efecto isla” sobre la Reserva. A eso se suman el
ingreso de cazadores ilegales y plantaciones clandestinas ilegales de marihuana. Segundo,
prevale una ausencia de políticas ambientales nacionales planificadas, que se puede traducir
en acciones administrativas específicas y que podrían complementar las políticas y
necesidades de desarrollo y crecimiento económico. Este se puede ver en combinación con el
cambio cultural entre las comunidades indígenas que también procuran obtener un desarrollo
económico e incremento de su bienestar y que perciben la Reserva como parte de su base de
vivencia económica y generacional. A esto se suma que existe una tasa alta de crecimiento
poblacional en la zona, tanto por nacimientos como por migración de población que aporta
elementos socio‐culturales diferentes (Palacios & Yanosky 1999).
3.9 Peru – Bioprospección: Convenio de Bioprospección Perú – República Corea
El Convenio de Bioprospección entre Perú y la República Corea se fija en el servicio ambiental
de provisión de recursos genéticos y médicos.
En el Perú existen dos normas principales que establecen un marco normativo sobre la
bioprospección: una del acceso a los recursos genéticos y distribución de beneficios y otra de
la protección y promoción del uso de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
Conjuntamente con una serie de instrumentos internacionales, leyes, reglamentos y
resoluciones, las dos normas conforman el marco jurídico aplicable al acceso a los recursos
genéticos del país y a la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas
(Ruiz 2009).
36
Se trata primero de la norma específica “Decisión 391 de la Comunidad Andina sobre un
Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos” (y sus Resoluciones 414 y 415). Con la
aprobación del decreto supremo 003‐2009‐MINAM, mediante el cual se sanciona el
reglamento nacional de la decisión 391, se cuenta finalmente con un instrumento que debería
servir para convertir en un concepto operativo las reglas de acceso y de la distribución de los
beneficios derivados de los componentes de la biodiversidad (Ruiz 2009).
Segundo, la Ley 27811 establece el “Regimen Especial de Protección de los Conocimientos
Colectivos de los Pueblos Indígenas Relacionados con la Diversidad Biológica”. Adicionalmente
existen varios leyes y acuerdos que complementan estas dos normas, como el Tratado
Internacional de la FAO sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la
Ley 28216 que crea la Comisión Nacional contra la Biopiratería, la Ley Forestal y de Fauna
Silvestre o el Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas (Ruiz 2009).
En el Convenio de Bioprospección Perú – República Corea se establecen los términos generales
de cooperación científica entre el Perú y la República de Corea con respecto a la investigación
conjunta del uso potencial de plantas medicinales con potencial de uso en biomedicina y otros
campos, de las cuales el Perú es país de origen (Pastor & Sigüeñas 2008).
Ambos países son los beneficiarios por la nombrada participación en beneficios y por ser co‐
titulares de los derechos de propiedad intelectual de los productos e invenciones derivados de
la investigación de los extractos.
Se estableció la participación en los beneficios que lleva a cabo la distribución equitativa entre
las partes (50 % a Perú y 50 % a Corea) de los ingresos netos, que se obtiene de la utilización
de los recursos biológicos, de sus compuestos, sus productos derivados, modificados y/o
sintetizados químicamente (Pastor & Sigüeñas 2008).
Aparte de eso el convenio establece el apoyo de la República de Corea en desarrollar las
capacidades peruanas de investigación en el uso sostenible de plantas medicinales y
conocimiento en protección de propiedad intelectual a través de pasantías de científicos
peruanos en Corea y visitas coreanas en Perú (Pastor & Sigüeñas 2008).
Además el objetivo de la cooperación científica se centró en crear un banco de extractos
codificados de plantas, cuyo conocimiento de (potencial de) uso en biomedicina es de dominio
público, proveer estos extractos a los investigadores de ambos estados, y determinar su valor
biomédico con el propósito último de desarrollar una Farmacopea Vegetal Amazónica. El
Convenio comprometió al Perú de enviar a la República de Corea un total de 600 extractos
alcohólicos de plantas de uso tradicional en la Amazonía peruana (Pastor & Sigüeñas 2008).
Uno de los desafíos principales de este acuerdo es el asunto que estas medidas bi‐nacionales
no pueden ser suficientes si se tiene en cuenta que el proceso de agregado de valor a los
recursos genéticos y productos derivados de la biodiversidad se realiza muchas veces fuera de
las jurisdicciones nacionales, debido a las capacidades tecnológicas que tienen ciertos países
para transformar estos recursos. Además, teniendo en cuenta los trece acuerdos de
promoción comercial que el estado peruano ha aprobado con, entre otros, los EEUU, Canada,
la Unión Europea, México y China, esta situación parece preocupante, ya que estos
dinamizarán el comercio y con eso también el flujo de recursos biológicos (MINAM 2011).
Adicionalmente, en el acuerdo no se especificó cómo se distribuyen los beneficios repercutidos
entre las instituciones peruanas participantes, ni de qué manera se benefician a las
comunidades o pueblos que han desarrollado los conocimientos tradicionales asociados, si
bien hay que tener presente que se trataría de conocimientos tradicionales que ya se
37
encuentran en el domino público. A ello se añade que la Ley No. 27811 omite hacer referencia
a los individuos al interior de las comunidades que son los depositarios de muchos de los
conocimientos tradicionales de las comunidades. No existen protocolos establecidos para
lograr una adecuada protección de los recursos cuando quien transfiere el recurso o el
conocimiento asociado es un individuo de la comunidad y lo hace sin consentimiento de ésta
(Pastor y Sigüeñas 2008).
La complejidad institucional peruana procedente de la involucración de tres instituciones
reguladoras en la coordinación y administración (CONCYTEC, INDECOPI, INRENA) y siete
instituciones en el comité científico liderado por el IIAP y la UPCH, hace difícil la toma de
decisiones, llegar a consensos y asignar responsabilidades. Adicionalmente, la distribución de
los beneficios puede generar fricciones y competencia entre las instituciones involucradas
(Pastor & Sigüeñas 2008).
3.10 Uruguay – Exoneraciones de impuestos para conservación de bosques
Las exoneraciones de impuestos acerca de un manejo sostenible de bosques se fijan en
general en los servicios de provisión de madera, secuestro de carbono, conservación de
biodiversidad y servicios hídricos. La ley nacional No. 15.939 estableció la exoneración de
impuestos al patrimonio, a la renta y de la Contribución Inmobiliaria Rural (CIR), tanto para
suelos con bosques naturales declarados como para bosques de rendimiento en suelos de
prioridad forestal. Aparte de esto, la ley otorga ventajas para la reinversión y canalización de
ahorros de otros sectores para proyectos foresto‐industriales que se declaren de Interés
Nacional. La ley hace posible invertir más del 30% de los impuestos a la renta de otros sectores
en proyectos forestales (Fossati & Van 2006).
La exoneración de la CIR a la forestación significó un valor de 8,8 millones de dólares entre
1989 y 2003, mientras la exoneración del Impuesto al Patrimonio implicó 23,2 millones de
dólares en el mismo período (Fossati & Van 2006).
Capitulo 4: Las herramientas económicas y las Metas de Aichi
En general, los mecanismos financieros constituyen un enfoque económico y sostenible para la
interacción de biodiversidad y servicios ambientales. Basados en métodos financieros y
económicos modernos, los mecanismos financieros innovadores intentan desarrollar
soluciones financieras y económicas para la crisis actual de biodiversidad y transformar los
sistemas financieros y económicos actuales distorsionadores para sostener la vida en el
planeta, y a su vez evitar la mercantilización insostenible de la naturaleza (CDB 2011a).
Con ese propósito los mecanismos financieros sirven a diferentes niveles de manejo y
administración de biodiversidad y recursos naturales, desde el manejo a nivel local hasta
apoyar las políticas y convenios internacionales que buscan soluciones sostenibles y duraderas
para la crisis de biodiversidad actual. Por ejemplo, en el caso de la Albergue Ecológica Chalalán,
se apoya la conservación mediante la generación de ingresos alternativos para la población
local que no perjudican el entorno natural; en Pimampiro, se financia a nivel local la provisión
de recursos hídricos de alta cualidad. En el caso de Colombia se trata de proteger las cuencas y
su entorno mediante un cambio en la política nacional, mientras en Perú un convenio
internacional intentó apoyar el uso sostenible y equitativo de los recursos genéticos en el
territorio nacional.
38
Uno de los convenios más importantes e influyentes acerca de la temática de la conservación
de biodiversidad es el Convenio sobre la Diversidad Biológico, que fue abierto a la firma
durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y fue
ratificado entre el 5 de junio de 1992 y el 4 de junio de 1993 por 168 países.
“El Convenio representa un paso decisivo hacia la conservación de la diversidad biológica, la
utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y equitativa de los beneficios
obtenidos del uso de los recursos genéticos” (CDB 2011b).
En particular los Artículos 20 y 21 del Convenio abordan la cooperación financiera
internacional acerca de la biodiversidad y los servicios ambientales y proveen la base
fundamental para su diseño (CDB 2011c). Para implementar los dos Artículos, la Conferencia
de las Partes en 2008 aprobó una estrategia con ocho Metas específicas para la movilización
de recursos para hacer posible la realización de los tres objetivos del Convenio.
La Meta estratégica 4 de esta estrategia determina la exploración de mecanismos financieros
“nuevos e innovadores, en todos los niveles, con el fin de aumentar el financiamiento para
apoyar los tres objetivos del Convenio” (CDB 2008). Además se definen las sub‐metas de, entre
otros, promover planos de pago por servicios de ecosistemas, como se realizó en el caso de
Pimampiro; considerar mecanismos de compensación relacionados con la diversidad biológica
pertinentes, como está llevado a cabo en el Atlantic Forest Fund; explorar las oportunidades
tanto de reformas fiscales ambientales como de la introducción de incentivos fiscales
innovadores, como se hizo en Uruguay; y explorar otras oportunidades de mecanismos
financieros, como mercados para productos ecológicos (por ejemplo madera sostenible
verificado por el FSC) o nuevas fuentes innovadoras de financiamiento de desarrollo
internacional (CDB 2008).
Adicionalmente el Convenio reconoce y subraya las sinergias entre la conservación de
biodiversidad, la lucha contra la desertificación y la mitigación y la adaptación al cambio
climático (CDB 2011a).
Existen varias prioridades del Convenio acerca las medidas nacionales e internacionales para el
desarrollo y la implementación de mecanismos financieros a gran escala, entre ellos la
educación y capacitación de actores en el desarrollo de mecanismos financieros, fomentar las
iniciativas empresariales de biodiversidad y la exploración y aplicación de mecanismos
financieros innovadores e incentivos que abordan retos globales y sociales relacionados con la
pérdida de biodiversidad, incluso mecanismos a nivel internacional (CDB 2011a).
Más allá, en 2010 las Partes en el Convenio aprobaron el Plan Estratégico de la Diversidad
Biológica 2011 – 2020 en Nagoya, Japón. Se firmó con el propósito de inspirar acciones a gran
escala por todos los países en apoyar la diversidad biológica durante la próxima década (CDB
2011d).
El Plan Estratégico se compone de una visión compartida, una misión, objetivos estratégicos y
20 metas, conocidas como las Metas de Aichi. El Plan Estratégico sirve como un marco flexible
para el establecimiento de objetivos nacionales y regionales.
Bajo el Objetivo estratégico A, lo que exige “abordar las causas subyacentes de la pérdida de
diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos
gubernamentales y de la sociedad” (CDB 2011e), se puede destacar dos Metas que exponen
una relación estrecha con el diseño y la implementación de mecanismos financieros para la
conservación de la biodiversidad: primero, la Meta 2 determina que “para 2020, a más tardar,
los valores de la diversidad biológica habrán sido integrados en las estrategias y los procesos
39
de planificación de desarrollo y reducción de la pobreza nacionales y locales y se estarán
integrando en los sistemas nacionales de contabilidad, según proceda, y de presentación de
informes” (CDB 2011e). Este objetivo ambicioso exige cambiar el entender de la contribución
de la biodiversidad y sus servicios a las economías nacionales en el mundo, reconocerlo como
capital incambiable e importante para el bienestar nacional y el desarrollo socio‐económico, y
así mismo, reconocer su valor económico e incluirlo en las cuentas nacionales. Los mecanismos
financieros, en un primer paso hacia este objetivo, apoyan a promover el reconocimiento del
valor económico de los servicios ambientales y su contribución al bienestar humano a nivel
local, regional e internacional, por parte de los proveedores y beneficiarios, así como a nivel de
tomadores de decisiones políticos y económicos. Una vez creada, esa conciencia y aceptación
del valor de la biodiversidad va a contribuir a la integración del mismo en los procesos de
planificación con alta incidencia y a las cuentas nacionales. En el caso de los ejemplos
mencionados se puede destacar en varios casos un reconocimiento del valor de biodiversidad
a nivel local, como en el caso de Pimampiro o del Albergue Ecológico Chalalán; a nivel nacional
sobre todo en el caso de Paraguay, donde también se ha hecho un cálculo del valor económico
para el secuestro de carbono para convencer las autoridades nacionales de su importancia, y
en Colombia, donde el reconocimiento del valor socio‐económico del medioambiente y de las
cuencas ha llevado a la creación de nuevas entidades públicas y al reconocimiento de la
contribución de los mismos al bienestar de municipalidades y la producción industrial.
Al mismo tiempo, a su vez, la inclusión de los valores económicos y socio‐culturales de la
biodiversidad en las estrategias y planes para el desarrollo y la lucha contra la pobreza
establecen la base fundamental para promover la implementación de más mecanismos de
financiamiento adecuados, que sean socialmente y ecológicamente sostenibles y que apoyan
la conservación de los servicios ambientales.
Sin embargo, cabe destacar, si los mecanismos financieros sólo se los llevan a cabo a un nivel
local de manera de proyectos pilotos, sin tomar en cuenta valores económicos y costos de
oportunidad, o sin la capacitación e información adecuada, como es el caso en el ejemplo de
Chile, y si no se los promueve a escalar a niveles más amplios, solo pueden contribuir a la
Meta 2 de manera bastante limitada.
La Meta 3 a su vez define que “para 2020, a más tardar, se habrán eliminado, eliminado
gradualmente o reformado los incentivos, incluidos los subsidios, perjudiciales para la
diversidad biológica, a fin de reducir al mínimo o evitar los impactos negativos, y se habrán
desarrollado y aplicado incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la
diversidad biológica […]” (CDB 2011e). Respecto a esta Meta se puede destacar que los
mecanismos financieros para la conservación constituyen una, a no ser que, la herramienta
más importante para conseguir estos objetivos en los próximos años. Primero, para reformar
los incentivos perjudiciales para la biodiversidad, los gobiernos no solamente deberían
suspender subsidios para actividades económicas dañinas para el medio ambiente, sino al
mismo instante pueden recaudar impuestos sobre actividades que extraen recursos naturales,
contaminan o hacen daño al medio ambiento y invertirlos en la provisión y la protección de
ecosistemas. En el caso del Atlantic Forest Fund, por ejemplo, con la recaudación de la tasa
para cada proyecto que perjudica la biodiversidad en su sitio de implementación, se promueve
los esfuerzos de bajos impactos negativos en el medioambiente y, al mismo tiempo, se utilizan
los fondos recaudados para fortalecer los áreas protegidas y otros proyectos de conservación
40
Segundo, con respecto al desarrollo de incentivos positivos para la conservación, se puede
constatar que todos mecanismos financieros presentados, mientras que sean diseñados
responsablemente teniendo en cuenta las condiciones y sus consecuencias socio‐económicos y
culturales, apoyan a lograr esa Meta. En el caso de Uruguay se creó un incentivo de subsidio
indirecto para la conservación de bosques, y así mismo el FSC promueve la utilización
sostenible de la biodiversidad forestal. Con sus fines comunes de equilibrar los beneficios e
ingresos provenientes de los servicios ambientales y de compensar a los proveedores por un
manejo sostenible de los servicios ambientales, recuperando entre otros los costos de
oportunidad, se ofrecen incentivos positivos para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad y se apoya el reconocimiento de la importancia económica y socio‐cultural de la
misma. Además a través de estos fines los mecanismos financieros pueden ayudar en reducir
pobreza y proveer fuentes de ingresos alternativos para la población rural. A nivel local, otra
vez, se puede destacar que los proyectos presentados en Ecuador y Bolivia establecen
incentivos positivos para la conservación del medioambiente y ayudan a recaudar ingresos y
equilibrar los beneficios.
Cabe mencionar con respecto a la Meta 3, que los mecanismos financieros pueden contribuir a
alcanzar este objetivo creando incentivos positivos para la conservación ambiental, pero que
también en ese caso se necesita la voluntad política de los tomadores de decisiones a nivel de
con impacto significativo para realizarlo de verdad. Sólo ellos pueden llevar a cabo el cambio
en las políticas y los sistemas fiscales con respecto a los incentivos y subsidios perjudiciales y
crear herramientas fiscales que apoyen la conservación de la biodiversidad.
El Objetivo estratégico E determina que se debe mejorar la aplicación del Convenio a través de
la planificación participativa, la gestión de los conocimientos y la creación de capacidad. Los
mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad representan una herramienta
destacablemente útil hasta imprescindible para alcanzar la Meta 20 bajo este Objetivo. En la
nombrada Meta se determina “para 2020, a más tardar, la movilización de recursos financieros
para aplicar de manera efectiva el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‐2020
provenientes de todas las fuentes y conforme al proceso refundido y convenido en la
Estrategia para la movilización de recursos debería aumentar de manera sustancial en relación
con los niveles actuales” (CDB 2011e). Los mecanismos financieros en este caso pueden apoyar
de forma sustancial a movilizar los recursos necesarios para realizar el llamado Plan Estratégico
con todos sus componentes a través de fondos gubernamentales y privados dependiente del
mecanismo financiero aplicado. Los ejemplos con carácter de modelos en este caso serían el
sistema de los CAR en Colombia, que ayuda a recaudar fondos de actores privados y movilizar
fondos gubernamentales para el manejo sostenible de las cuencas a nivel nacional, y el Atlantic
Forest Fund que recauda fondos significativos de diversas fuentes con el fin de promover la
conservación ambiental y el manejo efectivo de áreas protegidas a nivel regional. Así mismo
los mecanismos financieros a nivel local se deben contar como importantes para la
conservación a nivel local.
Como limitante que se aplica a todos los ejemplos dados se puede destacar, que los fondos
recaudados mediante los mecanismos financieros son destinados a objetivos y lugares
específicos y predefinidos y por eso no apoyarían de manera igual a todos los objetivos del
Plan Estratégico. Ahí se necesitará la asignación fondos significativos gubernamentales para
cada Meta diferente a fin de asegurar el cumplimiento satisfactorio de cada una.
41
Conclusiones
En resumen, se puede destacar que existe una gran variedad de mecanismos financieros para
la conservación de la biodiversidad y una amplia gama de servicios ambientales, tanto en
general que en la región de América del Sur misma.
Mientras todos sirven para expresar el valor económico de los servicios ambientales e
promover su conservación, se distinguen por la fuente de los fondos (privada frente a pública)
y el el modo de comercialización (organizado con mercado frente a sin mercado). En cada de
las cuatro combinaciones posibles existe una variedad de diseños diferentes con respecto al
marco institucional, las partes incluidas etc.
Una vez establecidos estos marcos legales y regulatorias ayudarán a reducir los costos de
transacción de establecer y mantener mecanismos financieros. En todo caso la participación
de actores, la negociación y la institucionalización son cruciales para todas estrategias, desde
la organización de mercados por actores privados y acuerdos voluntarios hasta la organización
con y sin mercados por el gobierno.
La complejidad de diseñar y mantener los mecanismos financieros incrementa con la escala, ya
que más actores son involucrados y la incertidumbre de relaciones biofísicos crece con la
expansión del área Por eso el alcance de esquemas privados en casi todos los casos es más
pequeño que lo de esquemas públicas.
En el caso de América del Sur el amplio uso de esquemas financieros, a pesar de la falta de
confianza en varios países y sociedades ante la comercialización de servicios ambientales, se
puede atribuir sobre todo a la importancia que tienen los recursos naturales y los servicios
ambientales provistos tanto para la economía de muchos países como a nivel internacional, y,
sobre todo con respecto a los servicios hídricos y de los bosques, para la subsistencia de una
gran parte de la población, que enfrenta una situación económica difícil y ingresos bajos y que
por eso depende en gran medida de los servicios que le brinda su entorno natural.
Los esquemas prevalentes son diferentes en cada país, dependiendo por parte de los servicios
ambientales que se percibe importantes así como la situación política e ideológica.
Analizando los casos diferentesi en la región, se muestran varios sistemas de financiación bien
establecidos, sobre todo donde se trata de mecanismos financieros implementados por el
gobierno. Los más innovadores que se basen en acuerdos de actores privados, se encuentran
en un fase piloto y/o a nivel local. En general, la gran parte de los mecanismos se estableció a
nivel local a regional, los casos nacionales todavía son escasos.
Sobre todo en los países con sociedades más tradicionales existe un escepticismo fundamental
ante el enfoque “neoliberal” del manejo de recursos naturales en general y en particular ante
la valoración y la comercialización de los recursos comunes. Como resultado, la mayoría de las
iniciativas de financiamiento de conservación todavía se caracterizan por mecanismos
tradicionales.
Los servicios ambientales que se financian con mayor frecuencia en todos los países
estudiados son los asociados con agua, bosques tropicales y el mercado de carbono. Eso
incluye los servicios hídricos, la conservación de biodiversidad, el turismo y la recreación (en
combinación con la belleza escénica) y el secuestro de carbono.
42
Analizando la situación de los diferentes países se demuestra la inclinación hacia ciertos
servicios, como por ejemplo en Brasil hacia el secuestro de carbono o en Ecuador hacia el
agua.
En comparación los países destacan varias cantidades y experiencia en el establecimiento de
mecanismos financieros:
Respecto a los países andinos se puede destacar que mientras algunos están abiertos a
mecanismos de mercado, sobre todo cuando se trata de los servicios hídricos, otros muestran
cierta resistencia contra los mismos, que se basa por parte en la historia de usurpación de
recursos. En sociedades con una cultura indígena importante (como en los páramos
bolivianos), los sistemas de mercado y los mecanismos financieros más innovadores tienden a
ser escasos. En países con economías cerradas o controladas estrictamente por el estado,
como en Venezuela, no existen mecanismos financieros innovadores, o, como en este mismo
caso, ni siguiera mecanismos más conservadores.
Los países con el portafolio más amplio de mecanismos financieros, tanto innovadores como
conservadores, son Bolivia, Ecuador y Colombia. Mientras Colombia exhibe un sistema
extendido de cobros de beneficiarios de servicios ambientales, la compensación de los
proveedores no es tan avanzada como en Ecuador. Lo que sorprende es el caso de Bolivia, que,
a pesar de una sociedad predominantemente tradicional, muestra una gran variedad de
mecanismos financieros, incluso varios casos de mecanismos innovadores.
En el Cono del Sur, es decir en Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay los casos de mecanismos
financieros para la conservación de la biodiversidad son escasos. Lo que resulta sorprendente
teniendo en cuenta que sobre todo Chile exhibe un sistema de mercado libre bastante
avanzado.
Los casos presentados en detalle son ejemplos para mecanismos financieros innovadores en
los respectivos países. Pocos cuentan con una valoración económica genuina, sólo en el caso
de Paraguay y en Ecuador se ha realizado un estudio de valoración antes o respectivamente
después de la implementación del sistema financiero. Eso indica que la negociación entre las
partes o consideraciones políticas todavía predominan en el diseño de los esquemas
financieras en vez de cálculos económicos. Mientras algunos casos muestran un verdadero
éxito en cuanto a sus objetivos de conservación, aunque todos cuentan con sus dificultades,
como el Atlantic Forest Fund, la reserva Mbaracayú, Pimampiro o el Albergue Chalalán, otros
cuentan con bastantes dificultades y fallas, como en el caso de FSC en Argentina o el sistema
de límite e intercambio en Chile. Estos casos sirven como ejemplos de la amplia gama de
mecanismos financieros posibles e implementados en América del Sur y de todos se pueden
aprender lecciones para la implementación de más mecanismos financieros y su promoción
política y social.
En general, se puede destacar la necesidad de trabajar en clarificar los derechos legales y las
responsabilidades acerca del manejo y la conservación de los servicios ambientales. Todavía
existe bastante ambigüedad y confusión respecto a los derechos y responsabilidades de los
recursos forestales e hídricos en la mayoría de los países. Es indispensable solicitar opiniones
legales y redactar nuevas regulaciones hasta mayores reformes legales y legislativas.
Resumiendo, no existe un modelo de mecanismos financieros que se puede aplicar en todos
casos o que siempre la mejor opción, más bien los mecanismos financieros siempre tienen que
ser específicas y adaptadas a la situación local, dependiendo de los servicios ambientales, los
43
actores y sus intereses y el marco legal y regulatorio para que puedan llevar al objetivo
deseado.
Desde el punto de vista del ámbito de la política ambiental internacional se debe destacar que
los mecanismos financieros constituyen una herramienta indispensable, junta a otras
iniciativas políticas y sociales, para alcanzar varias de las Metas Aichi de las Naciones Unidas,
que pretenden detener la pérdida de la biodiversidad mundial. En este sentido los mecanismos
financieros promueven la valoración, el reconocimiento del valor y la importancia de la
biodiversidad y los servicios ambientales por tomadores de decisiones, líderes de opinión y
otros actores principales, la inclusión de los servicios ambientales en los mercados y las
cuentas económicas de los actores desde el nivel local hasta el nivel nacional e internacional.
De esta manera significan una herramienta importante y valiosa en los esfuerzos a todos
niveles para conservar la biodiversidad y los recursos naturales en el mundo de modo
económicamente razonable y socialmente sostenible.
1
Anexo
Mapeo rápido de casos de estudios de mecanismos financieros en América del Sur
Pais Proyecto Servicio ambiental
Tipo Fuente
Argentina Forest Stewardship Council
Conservación de biodiversidad
Eco sellos Espach, R. (2006) Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) (2011)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010)
Bolivia Los Negros Servicios de hábitat, Regulación de flujos de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales
Asquith, N.M., Vargas Ríos, M.T., Smith, J. (2002) Asquith, N.M., Vargas, M.T., Wunder, S. (2008) Garzón, A. (2009) Robertson, N., Wunder, S. (2005)
PAC‐NC Secuestro de carbono
Regímenes de compensación
Colini Cenamo, M. et al. (2009)
Proyecto de Acción Climática Noel Kempff Mercado
Secuestro de carbono, Conservación de biodiversidad
Regímenes de compensación
Figueroa, E. et. al.
(2009)
Börner, J. et al. (2011)
Emerton, L. et al. (2006) Grieg‐Gran et al. (2005) May et al. (2004) Robertson, N., Wunder, S. (2005) Sohngen, B., Brown, S. (2004) Southgate, D.,
Wunder, S. (2007)
Reserva Biológica de Sama
Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales
Fernández‐Baca, J.C. et al. (2007) Guerrero, R.V.A. (2007) Robertson, N., Wunder, S. (2005)
Instituto de Capacitación del Oriente
Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales
Chalalán (2011) Robertson, N., Wunder, S. (2005)
Eco‐albergue Chalalán
Recreación y turismo
Pagos para el uso de servicios ambientales
Robertson, N., Wunder, S. (2005)
Albergue Ecoturístico Indígena Mapajo
Recreación y turismo
Pagos para el uso de servicios ambientales
Robertson, N., Wunder, S. (2005)
La Chonta Recreación y turismo
Pagos para el uso de servicios ambientales
Robertson, N., Wunder, S. (2005)
La Yunta Recreación y turismo
Pagos para el uso de servicios ambientales
Robertson, N., Wunder, S. (2005)
Reserva Eduardo Avaroa
Recreación y turismo
Pagos para el uso de servicios ambientales
Robertson, N., Wunder, S. (2005)
Maraina
Regulación de flujos y cualidad de agua
‐ Garzón, A. (2009)
Comarapa Regulación de flujos y cualidad de agua
‐ Garzón, A. (2009)
Estación Biológica del Beni
Conservación de biodiversidad
Canje de deuda por naturaleza
Robertson, N., Wunder, S. (2005)
Forest Stewardship Council
Conservación de biodiversidad
Eco sellos FSC (2011)
Canje de deuda
Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010)
Brasil ACRE ‐ PES Secuestro de carbono
Regímenes de compensación, Pagos para uso de servicios ambientales , Fondo gubernamental (Sistema de límite e intercambio)
Colini Cenamo, M. et al. (2009) Veríssimo, A., et al. (2002)
ECOMAPUA Secuestro de carbono
Regímenes de compensación (Sistema de límite e intercambio)
Colini Cenamo, M. et al. (2009)
GENESIS Secuestro de carbono
Regímenes de compensación
Colini Cenamo, M. et al. (2009)
Transamazon Highway
Secuestro de carbono
Pagos para el uso de servicios ambientales (Fondos privados)
Colini Cenamo, M. et al. (2009)
JUMA Secuestro de carbono
Regímenes de compensación
Agustsson, K.A. et al.
(2010)
Börner, J. et al. (2011)
Colini Cenamo, M. et al. (2009)
ANTONINA Secuestro de carbono
Regímenes de compensación
Colini Cenamo, M. et al. (2009)
SURUI Secuestro de carbono
Fondos privados(Regímenes de compensación)
Colini Cenamo, M. et al. (2009)
Atlantic Forest Fund
Conservación de biodiversidad, Regulación de flujos y cualidad de agua
Regímenes de compensación
Serrão, M. (2009) WWF (2009) Zwick, S. (2009)
PCJ watershed case
Regulación de flujos y cualidad de agua
Fondos gubernamentales, Pagos para el uso de servicios ambientales
Veiga, F. (2007) Veiga, F. (2009)
Public Redistribution Mechanism, Parana
Regulación de flujos y cualidad de agua, Conservación de biodiversidad
Impuestos indirectos
Johnson et al. (2001)
Perrot‐Maître, D.,
Davis, P. (2001)
Southgate, D., Wunder, S. (2007)
Plantar Secuestro de carbono
Fondos gubernamentales
Börner, J. et al. (2011) Grieg‐Gran et al. (2005) May et al. (2004) Southgate, D., Wunder, S. (2007)
Peugeot Carbon Sink Project
Secuestro de carbono
Fondos privados Grieg‐Gran et al. (2005) May et al. (2004) Southgate, D., Wunder, S. (2007)
Bananal Secuestro de carbono
Fondos privados Grieg‐Gran et al. (2005) May et al. (2004)
ICMS Ecológico, biodiversity protection, tax revenue sharing
Conservación de biodiversidad, Regulación de flujos y cualidad de agua
Impuesto ambiental
Emerton, L. et al. (2006)
Private Reserves of Natural Heritage (RPPN)
Conservación de biodiversidad
Exoneración de impuestos, Fondos gubernamentales
Emerton, L. et al. (2006)
Área de Protección Ambiental de Guaraqueçaba
Secuestro de carbono, Conservación de biodiversidad
Regimen de compensación
Tiepolo, G. (2007)
Reforestación a gran escala
Secuestro de carbono, Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales, Regimen de compensación, Fondos gubernamentales
Tíepolo (2007) Veiga (2007)
Código Forestal Brasil
Conservación de biodiversidad, Regulación de flujos y cualidad de agua
Regimen de compensación
Lerda, D., Zwick, S. (2009)
Programa de Áreas Protegidas de la Amazonía (ARPA)
Conservación de biodiversidad
Fondos gubernamentales multilaterales
Leite, D. (2009)
Lerda, D., Zwick, S. (2009)
Forest Stewardship Council
Conservación de biodiversidad
Eco sellos FSC (2011)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010)
Chile Negocio de emisiones en Santiago
Secuestro de carbono
Sistema de límite e intercambio
Coria, J. et al. (2010) Montero, J.P. et al. (2000) O’Ryan, Raul (2002) Schreifels, J. (2008)
Fondo Privado de Capital de Inversión de Forestal
Conservación de biodiversidad
Fondos privados WWF (2009)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010)
Forest Stewardship Council
Conservación de biodiversidad
Eco sellos FSC (2011)
Colombia San Niclas
Secuestro de carbono, Regulación de flujos y cualidad de agua, Conservación de biodiversidad
Fondos privados, Fondos gubernamentales,(Regimen de compensación)
Álvarez Gómez, O.A. (2008) González T., A., Riascos A., E. (2007) Ministerio de Medio Ambiente Colombia et al. (2008) Robledo, C., Tobón, P. (2008a) Robledo, C., Tobón, P. (2008b) Robledo, C. (2002)
Certificado de Incentivo Forestal
Secuestro de carbono, Regulación de flujos y cualidad de agua, Conservación de biodiversidad
Fondos gubernamentales
Blanco, J. et al. (2008) Ministerio de Medio Ambiente Colombia et al. (2008)
Familias Guardabosques
‐ Fondos gubernamentales
Blanco, J. et al. (2008) Ministerio de Medio Ambiente Colombia et al. (2008) Southgate, D., Wunder, S. (2007)
CIPAV – Rio la Vieja
Conservación de biodiversidad, Secuestro de carbono
Fondos gubernamentales multilaterales (GEF)
Blanco, J. et al. (2008) Cordero et al. (2008) Ministerio de Medio Ambiente Colombia et al. (2008) Southgate, D., Wunder, S. (2007)
Valle de Cauca Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales, Fondos gubernamentales
Blanco, J. et al. (2008) Echavarria, M. (2002) Echavarria, M. (2003)
Emerton, L. et al.
(2006)
Johnson et al. (2001) Ministerio de Medio Ambiente Colombia et al. (2008) Pagiola, S. et al.
(2005)
Perrot‐Maître, D., Davis, P. (2001)
Microcuenca Chaina
Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales
Blanco, J. et al. (2008) Borda, C. et al. (2010) Ministerio de Medio Ambiente Colombia et al. (2008)
Impuesto ecológico
Regulación de flujos y cualidad de agua
Impuesto Johnson et al. (2001)
Perrot‐Maître, D., Davis, P. (2001) Insituto para la Sostenibilidad del Desarrollo (2007)
Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas
Secuestro de carbono, Conservación de biodiversidad
Fondos gubernamentales
Ministerio de Medio Ambiente Colombia et al. (2008) González T., A., Riascos A., E. (2007)
Parque Nacional Chingaza
Regulación de flujos y cualidad de agua, Secuestro de carbono
Pagos para el uso de servicios ambientales, Regimen de compensación
Figueroa, E. et al. (2009)
Procuenca Regulación de flujos y cualidad de agua, Conservación de biodiversidad, Secuestro de carbono
Pagos para el uso de servicios ambientales, Fondos gubernamentales multilaterales
Ministerio de Medio Ambiente Colombia et al. (2008) Blanco, J. et al. (2008) Acosta, I. Muñoz, J. (2005) Ocampo (2008)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010) WWF (2009)
Forest Stewardship Council
Conservación de biodiversidad
Eco sellos FSC (2011)
Concesiones de ecoturismo
Turismo y recreación
Tasas de usuario Guerrero‐Alvarado (2007)
Ecuador Pimampiro Regulación de flujos y cualidad de agua, Control de sedimentación
Pagos para el uso de servicios ambientales
Börner, J. et al. (2011) Cordero Camacho, D., (2008) Echavarria, M., Vogel, J., Alban, M., Meneses, F. (2003) Echavarria, M. (2003) Emerton, L. et al. (2006) Garzón, A. (2009) Grieg‐Gran, M. Porras, I. Wunder, S. (2005) Hofstede, R. (2002) Hofstede, R., Albán, M. (2002) International Institute for Environment and Development (IIED) (2007)
Izko, X. (2009)
Pagiola, S. et al. (2005) Southgate, D., Wunder, S. (2007) Wunder, S., Albán, M. (2008) Wunder, S. (2011) Wunder (2006)
PROFAFOR Secuestro de carbono
Pagos para el uso de servicios ambientales
Alban, M., Argüello, M. (2004) Grieg‐Gran et al. (2005) Izko, X. (2009) Wunder (2006) Wunder, S., Albán, M. (2008)
FONAG, Quito, Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales
Cordero Camacho, D.,
(2008)
Fernández‐Baca, J.C.
et al. (2007)
Echavarria, M. (2003)
Emerton, L. et al.
(2006)
Figueroa, E. et al.
(2009)
Garzón, A. (2009)
Herbert, T. et al.
(2010)
Hofstede, R. (2002)
Hofstede, R., Albán,
M. (2002)
Izko, X. (2009)
Lloret, P. (2007)
Pagiola, S. et al. (2005) Southgate, D., Wunder, S. (2007) WWF (2009)
SocioBosque Conservación de biodiversidad, Secuestro de carbono
Fondos gubernamentales
Carrión, R., Lascano, M. (2008) Colini Cenamo, M. et al. (2009) Ministerio del Medio Ambiente Ecuador (2008)
El Chaco Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales, Fondos gubernamentales
Cordero Camacho, D., (2008) Garzón, A. (2009) Yaguache Ordóñez, R. et al. (2005)
Programa Nacional de Pago por la Protección de Servicios Ambientales (PNPSPA)
Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales, Fondos privados
Carrión P., R. (2009) Cordero Camacho, D., (2008) Garzón, A. (2009) Izko, X. (2009)
ETAPA Cuenca Regulación de flujos y cualidad de agua Turismo y recreación
Pagos para el uso de servicios ambientales, Tasas de usuario
Cordero Camacho, D., (2008) Echavarria, M., Vogel, J., Alban, M., Meneses, F. (2003) Figueroa, E. et al. (2009) Hofstede, R. (2002)
Hofstede, R., Albán, M. (2002) Izko, X. (2009)
Zamora, P.L. (2002)
Podocarpus Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales
Figueroa, E. et. al. (2009)
El Ángel Regulación de flujos y cualidad de agua
Pagos para el uso de servicios ambientales
Figueroa, E. et. al.
(2009)
Izko, X. (2009)
Venta de especies valoradas en SNAP
Conservación de biodiversidad, Recreación, Enriquecimiento espiritual, Desarrollo cognitivo
Tasas de usuario Cordero et al. (2008)
Comunidades indígenas Achuar y Huaorany
Turismo y recreación
Pagos para el uso de servicios ambientales
Rodriguez, A. (2007)
Gran Reserva Chachi
Conservación de biodiversidad, Regulación de flujos y cualidad de agua
Fondos privados Izko, X. (2009) Cordero, D. et al. (2008)
Bosques para la conservación
Secuestro de carbono
Regímenes de compensación
Izko, X. (2009)
Corporación de Salud Ambiental Vida para Quito
Belleza escénica, Turismo y recreación
Fondos privados Izko, X. (2009)
RICANCIE (Red Indígena de Comunidades del Alto Napo para Convivencia
Belleza escénica, Turismo y recreación,
Tasas de usuario Izko, X. (2009)
Intercultura y Ecoturismo)
Conservación de biodiversidad
Reserva Cuyabeno
Belleza escénica, Turismo y recreación, Conservación de biodiversidad
Pagos para el uso de servicios ambientales
Izko, X. (2009)
Lindblad Galapagos Conservation Fund
Conservación de biodiversidad
Fondso privados WWF (2009)
Ecoturismo en Cayambe, Coca
Turismo y recreación
Pagos para el uso de servicios ambientales
Campaña, J.L., Flores, S. (2007)
CAIMAN Conservación de biodiversidad
Fondos gubernamentales
Gibson, D. (2006)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010)
Forest Stewardship Council
Conservación de biodiversidad
Eco sellos FSC (2011)
Cofan Ecotourism project
Turismo y recreación
Tasa de usuario, Pagos para el uso de servicios ambientales
Landell‐Mills, N., Porras, I. (2002)
Sionas, Reserva Natural de Cuyabeno
Turismo y recreación
Pagos para el uso de servicios ambientales
Landell‐Mills, N., Porras, I. (2002)
Maquipucuna Reserva
Turismo y recreación
Tasa de usuario, Pagos para el uso de servicios ambientales
Landell‐Mills, N., Porras, I. (2002)
Kapawi Ecolodge and Reserve
Turismo y recreación
Pagos para el uso de servicios ambientales
Landell‐Mills, N., Porras, I. (2002)
Bilsa Biological Reserve
Conservación de biodiversidad, Secuestro de carbono
Fondos privados Landell‐Mills, N., Porras, I. (2002)
Guyana REDD+ Secuestro de carbono
Fondos gubernamentales
Lang, C. (2011‐03‐25) Ministery of Environment Noruega (MoE Noruega) (2011)
Obligaciones respaldadas por bosque
Regulación de flujos de agua, Regulación de clima, Conservación de biodiversidad, Secuestro de carbono
Obligaciones financiadas por fondos privados
WWF (2009)
Paraguay Mbaracayú Secuestro de carbono
Regímenes de compensación, Fondos gubernamentales
Colini Cenamo, M. et al. (2009) Palacio, R., Yanosky, A. (1999) Yanosky, A. (2006)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010) WWF (2009)
Peru Alto Mayo Secuestro de carbono, Regulación de flujos y cualidad de agua
Regímenes de compensación, Fondos gubernamentales
Aspajo, F. (2006) Colini Cenamo, M. et al. (2009) INRENA (2007) León, F., Renner, I. (2010) Southgate, D., Wunder, S. (2007)
Cordillera Azul Secuestro de Fondos privados Colini Cenamo, M. et
carbono
(Regímenes de compensación)
al. (2009)
Madre de Dios Secuestro de carbono
Fondos privados
Colini Cenamo, M. et
al. (2009)
Southgate, D.,
Wunder, S. (2007)
Tambopata Secuestro de carbono
Regímenes de compensación
Colini Cenamo, M. et al. (2009)
Turismo comunitario en Pacaya Samiria
Recreación y turismo
Pagos para el uso de servicios ambientales
Lau, M.E. (2007)
Eco sello FSM Conservación de biodiversidad
Eco sello Velásquez, J., Elgegren, J. (2006)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Velásquez, J., Elgegren, J. (2006)
Convenio de bioprospección con la República de Corea
Provisión de recursos genéticos y médicos
Bioprospección Ministerio de Medio Ambiente Peru (MINAM) (2011) Pastor, S., Sigüeñas, M. (2008)
Concesiones de Nuez Brasileño
Conservación de biodiversidad
Fondos privados WWF (2009)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010) WWF (2009)
Forest Stewardship Council
Conservación de biodiversidad
Eco sellos FSC (2011)
Uruguay Exoneraciones de impuestos para el manejo sostenible de bosques
Madera, Conservacioón de biodiversidad, Regulación de flujos y cualidad de agua, Secuestro de carbono
Exoneraciones de impuestos
Fossati, A., Van, E. (2006)
Canje de deuda Conservación de biodiversidad
Canje de deuda Sheikh, P.A. (2010)
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i Una lista de los casos estudiados se encuentra en el Anexo