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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
DEL CIUDADANO EXPEDIENTE: SCM-JDC-271/2018 ACTORA: SANDRA ESTHER PÉREZ TOXQUI SÁNCHEZ RESPONSABLES: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y
OTRA PERSONAS TERCERAS INTERESADAS: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PABLO
MONTES DE OCA DEL OLMO, FEDERICO
DÖRING CASAR, CHRISTIAN DAMIÁN VON
ROEHRICH DE LA ISLA, HÉCTOR
BARRERA MARMOLEJO, LUISA ADRIANA
GUTIÉRREZ UREÑA, ALEJANDRA
PALESTINO BANDA Y AMÉRICA
ALEJANDRA RANGEL LORENZANA MAGISTRADA: MARÍA GUADALUPE SILVA ROJAS SECRETARIAS: YAZMÍN AGUILAR MEJÍA Y ANA CAROLINA VARELA URIBE
Ciudad de México, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.
La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en sesión pública de esta fecha, confirma
el acuerdo IECM/ACU-132/2018 emitido por el Instituto Electoral de
la Ciudad de México mediante el cual aprobó de manera supletoria el
registro de las candidaturas postuladas por la coalición parcial POR LA
CDMX AL FRENTE para la elección de Diputaciones por el principio de
mayoría relativa al Congreso de esta ciudad.
SCM-JDC-271/2018
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GLOSARIO
Actora o Promovente
Sandra Esther Pérez Toxqui Sánchez
Acuerdo Acuerdo IECM/ACU-132/2018 emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México
Coalición Coalición parcial POR LA CDMX AL FRENTE en la elección de Diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Ciudad de México
Código Local Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México
Comisión Comisión Permanente Nacional del PAN
Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México
Constitución
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto Local Instituto Electoral de la Ciudad de México Juicio de la Ciudadanía
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
Ley de Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Lineamientos Lineamientos para la postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 y Lineamientos para la asignación de Diputaciones y Concejalías por el principio de representación proporcional, así como de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018
MC PAN
Movimiento Ciudadano Partido Acción Nacional
Postulación
Solicitud de registro de las candidaturas postuladas por la Coalición parcial POR LA
CDMX AL FRENTE respecto de las diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso de la Ciudad de México cuyos registros combate la Actora1
1 Consultables en las hojas de la 104 a 143 del expediente en que se actúa.
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PRD
Partido de la Revolución Democrática
Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ANTECEDENTES
De las constancias que integran el expediente y de los hechos
narrados por la Actora, se advierte lo siguiente:
I. Registro de Candidaturas
1. Postulación. El (28) veintiocho de marzo de (2018) dos mil
dieciocho2, la Coalición realizó la Postulación.
2. Acuerdo Impugnado. El (19) diecinueve de abril, el Consejo
General emitió el Acuerdo en el que aprobó la Postulación.
II. Juicio de la Ciudadanía
1. Demanda, Turno y Recepción. El (23) veintitrés de abril, la
Actora promovió Juicio de la Ciudadanía contra el Acuerdo con el
que se formó el expediente SCM-JDC-271/2017 que fue turnado a la
ponencia a cargo de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas,
quien lo tuvo por recibido el (25) veinticinco siguiente.
2. Admisión, Personas Terceras Interesadas y Amigos y Amigas
de la Corte (Amicus Curiae)3. El (1°) primero de mayo, la
Magistrada admitió el presente juicio y tuvo a la representación del
PAN en la Ciudad de México, a Pablo Montes de Oca del Olmo,
Federico Döring Casar, Christian Damián Von Roehrich de la Isla,
Héctor Barrera Marmolejo, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Alejandra
Palestino Banda y América Alejandra Rangel Lorenzana
compareciendo como personas terceras interesadas; asimismo, tuvo
por presentados los escritos de comparecencia de las asociaciones
2 A partir de este antecedente, todas las fechas se refieren al año (2018) dos mil dieciocho, a menos que expresamente se exprese otro año. 3 Amigos y Amigas de la Corte.
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civiles “Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y
Reproductivos” y “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la
Equidad” bajo la figura de amigos y amigas de la Corte (Amicus
Curiae).
3. Cierre de Instrucción. El veinticuatro de mayo, al considerar que
no existían pruebas o diligencias por desahogar, cerró la instrucción.
RAZONES Y FUNDAMENTOS
PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional es
competente para conocer y resolver el presente medio de
impugnación, toda vez que se trata de un juicio promovido por una
ciudadana -que se ostenta como militante del PAN- a fin de impugnar
el acuerdo del Instituto Local que aprobó los registros de
candidaturas para Diputaciones, Alcaldías y Concejalías para el
proceso electoral ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México; tipo
de elección que actualiza la competencia de este órgano
jurisdiccional y entidad federativa sobre la cual ejerce jurisdicción. Lo
anterior, con fundamento en:
Constitución. Artículos 41 párrafo segundo Base VI y 99 párrafo
cuarto fracción V.
Ley Orgánica. Artículos 186 fracción III inciso c) y 195 fracciones IV
inciso d) y XIV.
Ley de Medios. Artículos 3 párrafo 2 inciso c), 79 párrafo 1, 80
párrafo 1 inciso f) y 83 párrafo 1 inciso b).
Acuerdo INE/CG329/2017. Aprobado por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral para establecer el ámbito territorial de
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cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y su ciudad
cabecera4.
SEGUNDA. Precisión de los Actos Impugnados
2.1. Acuerdo. Aunque la Actora señala que impugna el acuerdo
IECM-ACU-CG-158-2018, debe entenderse que impugna el acuerdo
IECM-ACU-CG-132-2018, pues la primera resolución hace referencia
al registro de candidaturas para las alcaldías y concejalías de la
Ciudad de México, y no al registro de candidaturas a diputaciones al
Congreso de esta ciudad, mismo que constituye la materia de
inconformidad de la Promovente, como lo señala el Instituto Local en
su informe circunstanciado5.
2.2. Actos Impugnados. La Actora impugna de manera expresa
únicamente el acuerdo IECM-ACU-CG-132-20186, sin embargo, a
fin de potenciar su derecho de acceso a la justicia, esta Sala
Regional estima necesario tener también como acto impugnado la
Postulación, pues es la que -según lo manifestado por la misma
Actora- viola el principio de paridad y los derechos de la mujeres a
ser postuladas en igualdad de circunstancias que los hombres;
mientras que el Acuerdo le causa un agravio solamente en vía de
consecuencia al aprobar dicha Postulación7.
Si bien la Sala Superior sostuvo en la Jurisprudencia 15/2012, de
rubro: REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN
IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO
SUSTENTAN8 que no es válido esperar a que la autoridad
administrativa electoral realice el acto de registro para impugnar los
actos acontecidos en el proceso interno porque, por regla general, el
4 Aprobado el (20) veinte de julio y publicado en el Diario Oficial de la Federación el (4) cuatro de septiembre de (2017) dos mil diecisiete. 5 Visible en la página 37 a 40. 6 Como lo señala en su demanda y lo afirma en el incidente de nulidad de actuaciones promovido en este juicio. 7 Como ya lo resolvió esta Sala Regional al resolver el Incidente promovido por la Actora contra el acuerdo de (16) dieciséis de mayo de este año, emitido por la Magistrada Instructora 8 Consultable en Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Tomo: Jurisprudencia, Volumen 1. Páginas 647 y 648.
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registro de candidaturas solamente puede controvertirse por vicios
propios, lo cierto es que en el caso, es evidente que la Actora no
podía haber conocido antes de la emisión del Acuerdo, la
Postulación, como se explica a continuación.
Acorde a la carta invitación dirigida a la militancia y en general a la
ciudadanía, publicada en los estrados del Comité Directivo Regional
del PAN el (19) diecinueve de enero, el método de selección
aprobado para las candidaturas a las Diputaciones al Congreso de la
Ciudad de México por el PAN, por el principio de Mayoría Relativa,
es el de designación.
Conforme a la mencionada carta invitación -Capítulo III- la Comisión
designará las candidaturas correspondientes, y acorde al artículo 102
de los Estatutos del PAN, la Comisión hará las propuestas
necesarias para su aprobación, en los términos del reglamento
correspondiente, sin que se desprenda la obligación de publicar tales
designaciones, de tal manera que la militancia pudiera conocerlas.
Por ello, esta Sala Regional considera que la Actora no pudo conocer
de la designación de candidatas y candidatos realizada por el PAN a
las diputaciones locales, sino hasta la publicación del Acuerdo.
Por ello esta Sala Regional estima justificado analizar los actos
realizados por el PAN antes de la emisión del Acuerdo, lo que
permitirá determinar si el Acuerdo fue viciado por un actuar indebido
del PAN que trascendió al acto de autoridad. Así, tomando en cuenta
que la Postulación y el Acuerdo no son irreparables en términos de lo
descrito en la Jurisprudencia 45/2010 de la Sala Superior, de rubro:
REGISTRO DE CANDIDATURA. EL TRANSCURSO DEL PLAZO PARA
EFECTUARLO NO CAUSA IRREPARABILIDAD9, esta Sala Regional
considera que es posible conocer ambos en esta instancia.
9 Consultable en Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral. Tomo: Jurisprudencia, Volumen 1. Páginas 650 y 651.
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Por lo antes expuesto, al advertir que la Actora controvierte
directamente el Acuerdo, pero sus argumentos también combaten las
postulaciones realizadas por el PAN que fueron aprobadas en el
mismo, esta Sala Regional tendrá como actos impugnados, los
siguientes:
1. Postulación [atribuible a la Comisión]: La postulación de
candidaturas a diputaciones al congreso de la Ciudad de México
por el principio de mayoría relativa realizadas por el PAN, pues a
su juicio, a las mujeres candidatas se les deja en disparidad
sustantiva.
Si bien los escritos de la Postulación fueron firmados -entre otras
personas- por el Presidente del Comité Directivo Regional del
PAN en la Ciudad de México, la determinación de las personas
cuyos registros como candidatas se solicitaría en las diputaciones
correspondientes al PAN, fue tomada por la Comisión, al ser el
órgano designado para tal efecto en el Capítulo III de la carta
invitación para elegir diputaciones en la Ciudad de México emitida
el (19) diecinueve de enero10.
2. Acuerdo que aprobó la Postulación [atribuible al Consejo
General]: La aprobación que hizo el Consejo General de dichas
postulaciones, pues al aprobarlas, se inobservaron los principios
constitucionales de paridad de género, igualdad y legalidad.
TERCERA. Salto de Instancia. La Actora solicita que el presente
juicio se conozca saltando la instancia del Tribunal Electoral de la
10 Cuestión que se ve reforzada además con el DICTAMEN QUE PRESENTÓ LA COMISIÓN
PERMANENTE REGIONAL DEL PAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN VIRTUD DEL CUAL SE
APROBARON LOS MÉTODOS DE SELECCIÓN PARA LAS CANDIDATURAS A LOS CARGOS DE
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALCALDES O ALCALDESAS, ASÍ COMO CONCEJALES DE
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL QUE INTEGRAN LAS DIECISÉIS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO del cual se desprende que dicha Comisión Regional solicitó a la Comisión Permanente Nacional, -entre otras cuestiones- acordar como método de selección de candidatos, el método ordinario de votación por militantes para las diputaciones de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales 17, 13, 26, 23, 02, 30, 16, 20, 05, 12, 03, 14, 24, 33, 15, 10 y de los artículos 106 y 109 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de Elección Popular del PAN.
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Ciudad de México, pues a la fecha de presentación de su demanda,
ya habían aprobado los registros de candidaturas para Diputaciones
en esta ciudad, y la etapa de campaña electoral para tales cargos,
estaba próxima a iniciar.
Esta Sala Regional considera que se encuentra justificada la
excepción al principio de definitividad sin el agotamiento de la
instancia previa, por las siguientes razones:
En primer término, los artículos 41 párrafo segundo base I tercer
párrafo, y 99 párrafo cuarto fracciones IV y V de la Constitución, así
como 80 párrafo 2 y 86 párrafo 1 inciso a) de la Ley de Medios,
disponen que los Juicios de la Ciudadanía, solo proceden contra
actos y resoluciones definitivas y firmes, por lo que es necesario el
agotamiento de las instancias previas establecidas en la ley, de las
cuales es posible modificar, revocar o anular el acto impugnado.
No obstante, este Tribunal Electoral ha sostenido que los recursos
ordinarios deben agotarse antes de acudir a los medios de
impugnación objeto de su conocimiento, siempre y cuando sean
formal y materialmente eficaces para restituir a quienes los
promuevan en el goce de sus derechos político-electorales
transgredidos.
De igual manera, ha señalado que cuando el agotamiento previo de
los medios de impugnación se traduzca en una amenaza para los
derechos sustanciales que son objeto del litigio, también es válido el
conocimiento directo del medio de impugnación, con el fin de cumplir
con el mandato del artículo 17 de la Constitución relativo a la
garantía de una tutela jurisdiccional efectiva.
Tal criterio ha sido sustentado en la jurisprudencia 9/2001, de rubro
DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS
IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE
LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL
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REQUISITO11, que establece que la parte actora queda exenta de
agotar los medios de impugnación previstos en la ley electoral local o
en la normativa partidista, en los casos en que el agotamiento previo
de los medios de impugnación, se traduzca en una amenaza para los
derechos sustanciales que son objeto del litigio, porque los trámites
de que consten y el tiempo necesario para llevarlos a cabo puedan
implicar la merma considerable o hasta la extinción del contenido de
las pretensiones, de sus efectos o consecuencias.
3.1. Salto de la Instancia respecto del Acuerdo
A. Procedencia del Salto de la Instancia. En el caso, si bien lo
ordinario sería agotar el Juicio de la Ciudadanía contemplado en los
artículos 122 y 123 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de
México, por ser el medio de impugnación previsto por la legislación
de esta ciudad para controvertir actos como los aquí impugnados, lo
cierto es que, existe una excepción al principio de definitividad.
Esta Sala Regional estima que en el caso es procedente el salto de
la instancia jurisdiccional local atendiendo a los tiempos que guarda
el proceso electoral de la Ciudad de México, pues conforme a la
resolución INE/CG386/201712 y al Calendario del Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018 del Instituto Local, la fecha límite para la
aprobación de los registros de las candidaturas para la elección de
las diputaciones en esta ciudad fue el pasado (20) veinte de abril, en
tanto que el (29) veintinueve de abril iniciaron las campañas
electorales para las referidas diputaciones.
11 Consultable en: Compilación de Jurisprudencia y Tesis 1997-2017, número 174, Clave de Jurisprudencia 9/2001. 12 Mediante la cual, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la aprobación del registro de candidaturas por las autoridades competentes para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal (2018) dos mil dieciocho, y -en la parte que interesa- determinó como fecha para que los Consejos Generales o Distritales de los organismos públicos locales se pronunciaran sobre la procedencia o improcedencia de las solicitudes de registro de las Diputaciones por el principio de mayoría relativa, el (20) veinte de abril.
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En ese sentido, la Actora refiere que al ser una ciudadana, habitante
de esta ciudad y militante del PAN, existe una afectación a sus
derechos político-electorales, adicionalmente viene haciendo valer
una violación a los derechos de todas las mujeres que habitan en
esta entidad, toda vez que la Autoridad Responsable aprobó el
registro de las candidaturas a diputaciones por el principio de
mayoría relativa postuladas por la Coalición, inobservando los
principios constitucionales de paridad de género, igualdad y
legalidad.
Lo anterior implica que de agotarse la cadena impugnativa ordinaria y
remitir el presente juicio al Tribunal Electoral de la Ciudad de México
para su resolución, pudiera haber una merma en los derechos que
señala violados, pues de tener la razón y existir una obligación a
cargo del Instituto Local consistente en hacer modificaciones a los
registros presentados por la Coalición, dichas modificaciones
deberían ser llevadas a cabo durante el transcurso de las campañas
electorales, lo que traería como consecuencia que la Actora sufriera
una merma en los derechos cuya violación solicita que esta Sala
Regional proteja, al no existir certeza en la postulación de tales
candidaturas y por lo tanto, contar con menos días para conocer las
propuestas políticas de los candidatos y candidatas en su ciudad; por
otro lado, las mujeres que a la postre resultaran beneficiadas
directamente por su impugnación -en caso de tener la razón-,
también podrían tener una merma en sus derechos pues tendrían
menos días de campaña.
De esta manera, a fin de no extender la posibilidad de hacer
modificaciones en los registros de las candidaturas en época de
campañas, cuando las y los participantes exponen sus propuestas
ante la ciudadanía, han hecho llegar su mensaje y motivado al
electorado para que voten por ellos o ellas, este órgano jurisdiccional
estima que el análisis del presente medio de impugnación debe ser
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realizado lo antes posible a efecto de generar certeza y garantizar la
equidad en la contienda de cada una de las personas que participan
en el proceso, lo que no sucedería si se impone a la Promovente la
obligación de agotar la instancia jurisdiccional local.
Por lo anterior, esta Sala Regional considera procedente conocer el
asunto en salto de la instancia al existir circunstancias que
justifican la necesidad de que sea este órgano jurisdiccional el que
sustancie y resuelva directamente la controversia planteada por la
Actora.
B. Oportunidad en Salto de la Instancia. Ahora bien, para la
procedencia del estudio en salto de la instancia, es necesario que la
Actora haya presentado la demanda dentro del término establecido
para la interposición del recurso respectivo, de conformidad con la
jurisprudencia 9/2001 de rubro PER SALTUM. EL JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL
CIUDADANO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO PARA LA
INTERPOSICIÓN DEL MEDIO DE DEFENSA INTRAPARTIDARIO U
ORDINARIO LEGAL13.
En el caso, la Actora cumple el requisito de oportunidad de la
presentación de la demanda, pues el artículo 42 de la Ley Procesal
Electoral de la Ciudad de México señala que todos los medios de
impugnación deben interponerse dentro del plazo de (4) cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga
conocimiento del acto impugnado, o se hubiera notificado de
conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable.
Sobre esa línea, la Actora reconoce que tuvo conocimiento del
Acuerdo el (19) diecinueve de abril, por tanto, si el plazo de cuatro
días para promover el juicio ciudadano local, comprende del (20)
13 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 13 y 14.
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veinte al (23) veintitrés del abril, y la presentación de la demanda fue
en esta última fecha, es evidente su presentación oportuna.
3.2. Salto de la Instancia respecto de la Postulación
A. Procedencia del Salto de la Instancia.
En ese sentido, la Sala Regional estima que, en el caso concreto es
procedente el salto de instancia partidaria atendiendo a los tiempos
que guarda el proceso electoral en el que la Actora controvierte las
diputaciones postuladas por el PAN, pues la fecha de inicio de las
campañas fue el (29) veintinueve de abril.
En consecuencia, atendiendo al fin que las campañas electorales
persiguen con el objeto de posicionarse en el electorado y con la
finalidad de maximizar la protección de los derechos político-
electorales de la Actora así como de dar certeza a los partidos
políticos que integran la Coalición y a las candidaturas postuladas
por dichos partidos, se concluye que en el caso concreto, es
procedente el salto de la instancia partidista para conocer del
presente medio de impugnación.
B. Oportunidad en Salto de la Instancia. Respecto de la
oportunidad de la demanda en lo relativo a la Postulación y según lo
explicado en la razón segunda, esta Sala Regional considera que la
demanda es oportuna pues la Actora no podía haber conocido la
Postulación antes de la emisión del Acuerdo.
Lo anterior porque la designación de las candidaturas que se
reflejaron en la Postulación fue realizada por la Comisión sin que
publicara tal decisión en ningún momento, por lo que su militancia las
pudo conocer cuando se publicó el Acuerdo.
Por lo tanto, fue a partir del momento en que se publicó el
Acuerdo, que surgió la oportunidad para impugnar la
Postulación pues no hay constancia en el expediente de la que esta
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Sala Regional pueda desprender que la Actora hubiera conocido
antes dicho acto. Sirve de respaldo la Jurisprudencia 15/2012 antes
citada.
Por ello, considerando que la Actora reconoce que conoció el
Acuerdo el (19) diecinueve de abril, si el plazo de (4) cuatro días para
promover el juicio de inconformidad, comprende del (20) veinte al
(23) veintitrés, y la presentación de la demanda fue el (23) veintitrés
de abril, es evidente su presentación oportuna.
Atendiendo a lo antes señalado, esta Sala Regional considera
justificado conocer en salto de la instancia (per saltum) el presente
medio de impugnación.
CUARTA. Personas Terceras Interesadas. Esta Sala Regional
considera que debe tenerse como personas terceras interesadas a la
representación del PAN en la Ciudad de México, a Pablo Montes de
Oca del Olmo, Federico Döring Casar, Christian Damián Von
Roehrich De La Isla, Héctor Barrera Marmolejo, Luisa Adriana
Gutiérrez Ureña, Alejandra Palestino Banda y América Alejandra
Rangel Lorenzana.
Lo anterior, pues sus escritos cumplen los requisitos enunciados en
el párrafo 4 del artículo 17 de la Ley de Medios, toda vez que consta
el nombre de quienes comparecen, su firma y la precisión de su
interés jurídico, así como sus pretensiones.
Además, de dichos escritos se desprende que tanto la
representación del PAN en la Ciudad de México como los
ciudadanos y ciudadanas tienen legitimación para comparecer como
personas terceras interesadas, ya que alegan tener un derecho
incompatible con el de la Actora.
Respecto a la oportunidad en la presentación de los escritos, es
posible advertir que la presentación de sus escritos ocurrió dentro de
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las (72) setenta y dos horas que establece el artículo 17 párrafo 4 de
la Ley de Medios, pues el plazo para su comparecencia inició el (23)
veintitrés de abril a las (23:00) veintitrés horas y terminó el (26)
veintiséis de abril a las (23:00) veintitrés horas; por lo tanto, si las
personas terceras interesadas presentaron sus escritos dentro de
dicho plazo14, lo procedente es tenerlas como terceras interesadas
en el presente medio de impugnación.
Respecto del PAN Ciudad de México, es válido tenerlo como tercero
interesado pues aunque la Comisión es señalada como responsable,
ambos son órganos diversos, con facultades distintas y
competencias diferentes, por lo que de resultar fundados los agravios
de la Actora podría verse afectado.
Ello es así pues de conformidad con lo establecido por el artículo 102
de los Estatutos Generales del pan y artículos 40, 106 y 108 del
Reglamento de Selección de Candidaturas a cargos de Elección
Popular del PAN, a la Comisión corresponde la designación de
candidaturas de diputaciones, por lo ve al PAN Ciudad de México
constituye un Partido Político que tiene un interés en el desarrollo del
proceso electoral, conforme lo prevé el artículo 1 y 2 de los estatutos
del PAN.
QUINTA. Causales de Improcedencia. Las personas terceras
interesadas hicieron valer diversas causales de improcedencia que
serán estudiadas a continuación:
5.1 Improcedencia del Salto de la Instancia (per saltum)
Las personas terceras interesadas refieren que la Actora no agotó los
recursos previos que debía de promover antes de acudir a esta
instancia federal, pues no se justifica de ninguna manera la posible
merma en sus derechos.
14 Como se advierte de las páginas 174 a 302, 379, 400, 482 y 644 del Tomo II que integra este expediente.
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A juicio de esta Sala Regional, dicha causal debe ser desestimada
en términos de la razón segunda de esta sentencia.
5.2 Frivolidad en la impugnación e inexistencia del acto
impugnado
Las personas terceras interesadas refieren que la Actora incumple
con el requisito establecido en el artículo 9, párrafo 1, inciso d) de la
Ley de Medios, pues impugna un acto que es confuso o incluso
inexistente.
Refieren que la demanda es frívola, pues está basada en un acto
vago e impreciso, ya que la Actora señala que impugna el Acuerdo
IECM-ACU-CG-158-2018 por el que se “aprueba de manera
supletoria el registro de las candidaturas para la elección de
Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de
mayoría relativa, postuladas por la Coalición”, sin embargo, alegan
que dicho acuerdo es inexistente y es el acuerdo IECM-ACU-CG-
132-2018 mediante el cual, la autoridad administrativa aprobó las
candidaturas que señala la Actora.
Esta Sala Regional estima que esta causal debe desestimarse,
pues a fin de garantizar a la Actora un verdadero acceso a la justicia
en términos del artículo 17 de la Constitución y de la jurisprudencia
04/99 de la Sala Superior, de rubro MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN
MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL
OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA
INTENCIÓN DEL ACTOR15, esta Sala Regional advirtió que la intención
de la Actora era impugnar el acuerdo IECM-ACU-CG-132-2018, tal
como se explicó en la razón segunda de esta sentencia.
15 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17.
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5.3 Falta de Interés Jurídico de la Actora
Las personas terceras interesadas refieren que la Actora carece de
interés jurídico porque el Acuerdo no afecta de manera personal ni
directa alguno de sus derechos político-electorales, toda vez que no
demostró haber participado en el proceso de selección de las
candidaturas del PAN que ahora impugna, por lo que no hay una
afectación a la esfera jurídica de sus derechos político-electorales.
Señaló que el PAN, al realizar la Postulación favoreció al género
masculino y dejó en condición de desventaja al femenino.
Esta Sala Regional estima que las personas terceras interesadas no
tienen razón pues la Actora, en su carácter de militante del PAN16,
tiene interés jurídico -no solo legítimo como ella misma señala- para
promover el juicio que se analiza, pues su pretensión consiste en que
el PAN ajuste las candidaturas registradas a diputaciones por el
principio de mayoría relativa en esta ciudad, conforme a la normativa
constitucional y convencional en materia de género por pertenecer al
grupo que estima vulnerado y al que pertenece, condición que le
permite el acceso a la justicia.
Lo anterior, pues la Actora es militante del PAN, partido al que
atribuye la Postulación que derivó en el Acuerdo, por lo que
atendiendo a la Jurisprudencia 15/2013 de rubro CANDIDATOS. LOS
MILITANTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EL
PROCEDIMIENTO INTRAPARTIDISTA DE SELECCIÓN (NORMATIVA DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL)17, es evidente que contrario a lo
señalado por las partes terceras interesadas, sí tiene interés para
impugnar dichos actos.
* * *
16 Según las constancias visibles en las hojas 926 del Tomo II que integra este expediente. 17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 21 y 22.
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No pasa desapercibido que las personas terceras interesadas
refieren también, que se actualiza la cosa juzgada respecto al
Acuerdo y que la impugnación de la Actora es extemporánea, porque
debió impugnar los Lineamientos, sin embargo, tales cuestiones
están vinculadas al estudio de fondo de la controversia, por lo que,
de estudiarlas en este momento implicaría prejuzgar sobre la
afectación al derecho que la Actora pretende sea restituido, lo cual
no es posible.
SEXTA. Requisitos de Procedencia. El medio de impugnación
reúne los requisitos previstos en los artículos 8, 9, 13, 79 párrafo 1,
80 y 81 de la Ley de Medios, en virtud de lo siguiente:
a) Forma. La Actora presentó su demanda por escrito, en ésta hizo
constar su nombre, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones,
identificó a la autoridad responsable y los actos impugnados, expuso
los hechos, agravios y preceptos presuntamente violados, ofreció las
pruebas que estimó pertinentes y la firmó de manera autógrafa.
b) Oportunidad y Definitividad. El primer requisito debe tenerse por
cumplido y en el caso del segundo requisito existe una excepción a
éste, de conformidad con lo razonado en el apartado del salto de
instancia.
c) Interés Jurídico. La Actora lo tiene como se señaló al contestar la
causal de improcedencia relativa a tal causal.
d) Legitimación. La Actora cuenta con legitimación para promover el
presente juicio, en términos de los artículos 13 párrafo 1 inciso b), 79
párrafo 1 y 80 párrafo 1 inciso f) de la Ley de Medios, ya que es una
ciudadana que actúa por sí misma alegando una posible vulneración
a sus derechos político-electorales.
SCM-JDC-271/2018
18
SÉPTIMA. Amigos y Amigas de la Corte (“Amicus Curiae”) El (28) veintiocho de abril, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y
la Equidad, A.C. por conducto de su directora ejecutiva y “Red de
Jóvenes por los Derechos Sexuales Reproductivos, A.C. por
conducto de su representante legal presentaron un escrito,
respectivamente, con el objetivo de expresar su opinión sobre
estándares nacionales e internacionales en materia de protección y
garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Esta Sala Regional ha reconocido la posibilidad de que se presenten
escritos de “amigos y amigas de la Corte” cuando las controversias
jurídicas involucran los principios constitucionales de igualdad y no
discriminación, siempre que el escrito sea presentado antes de la
resolución del asunto, por una persona ajena al proceso18 y que,
además, tenga la finalidad o intención de aumentar el conocimiento
en el juicio, mediante razonamientos o información científica y
jurídica (nacional e internacional) pertinente para resolver la cuestión
planteada.
Así, los escritos de amigos y amigas de la Corte (Amicus Curiae)
surgen como un instrumento para generar una mejor toma de
decisión judicial; es un auxilio para allegar legislación o
jurisprudencia foránea o nacional, doctrina jurídica o relativa al
contexto fáctico que -a juicio de quienes firman tales escritos-, deba
atender la autoridad jurisdiccional.
Por otro lado, implican una herramienta de participación pues aunque
los argumentos planteados no son vinculantes, permiten que las
personas hagan escuchar su opinión -en ocasiones especializada-
18 Véase la tesis 8/2018, de rubro AMICUS CURIAE. ES ADMISIBLE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
SCM-JDC-271/2018
19
sobre aspectos de interés y trascendencia en la vida política y
jurídica de la nación mexicana, pero sobre todo, en cuestiones que
se relacionen con el respeto, la protección y la garantía de los
derechos fundamentales.
Las asociaciones civiles “Elige Red de Jóvenes por los Derechos
Sexuales y Reproductivos” y “Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad”, pretenden que con tal carácter sean
tomados en consideración sus escritos, en los cuales refieren de
manera general lo siguiente:
• El contexto de desigualdad histórica de las mujeres.
• Paridad constitucional como derecho humano que garantiza el
principio de igualdad formal y sustantiva.
• La igualdad y la prohibición de la discriminación.
• La reforma constitucional y legal en materia electoral.
• Sobre el Acuerdo solicitan que esta Sala Regional tome en
cuenta una perspectiva integral y acorde a los bienes jurídicos
tutelados por las normas que protegen la igualdad entre
hombres y mujeres, que a su vez protegen a las mujeres de la
discriminación y violencia política por razón de género.
Sin embargo, a juicio de esta Sala Regional no pueden tomarse en
consideración tales documentos ya que los datos que pretenden
aportar no cuentan con sustento alguno que permita darles la
credibilidad necesaria, pues únicamente hacen referencia a datos
curriculares de las Asociaciones Civiles y publicaciones que han
realizado, sin embargo, no aportan ningún elemento que esté
encaminado al estudio del Acuerdo.
OCTAVA. Planteamiento del Caso
8.1 Pretensión. La Promovente solicita a esta Sala Regional revocar
el Acuerdo a fin de que el PAN realice un ajuste en la Postulación
conforme a la normativa constitucional y convencional en materia de
SCM-JDC-271/2018
20
género.
8.2 Causa de pedir. La Actora considera vulnerado en su perjuicio el
principio de legalidad y sus derechos
político-electorales como mujer militante del PAN pues a su juicio, el
Acuerdo valida la Postulación que es contraria a las normas que
tutelan el principio de paridad de género.
8.3 Controversia. La Sala Regional debe resolver si el Acuerdo y la
Postulación aprobada en éste, están debidamente fundados y
motivados, o por el contrario, inobservan los principios
constitucionales de paridad de género, igualdad y legalidad, al
permitir el registro de diputaciones por el principio de mayoría relativa
postuladas por la Coalición.
Asimismo, se deberá esclarecer si fueron vulnerados en perjuicio de
la Promovente tales principios constitucionales.
NOVENA. Estudio de Agravios
I. Síntesis de Agravios
1. Violación al Principio de Paridad en la Postulación
La Actora señala que el Acuerdo viola los principios de igualdad y
paridad de género contenidos en la Constitución y las normas
electorales, al validar que el PAN postule candidaturas que favorecen
al género masculino.
Indica que el Instituto Local debía revisar que los partidos cumplieran
las obligaciones inherentes al género, en lo relativo a los bloques de
competitividad previstos en la normativa electoral, cuestión que en su
concepto, no hizo.
Argumenta, que existe disparidad sustantiva en los grados de
competitividad en los distritos que corresponden al PAN en dicho
bloque y si bien son de alta competencia, los ocupados por hombres
SCM-JDC-271/2018
21
son más atractivos, quedando para las mujeres las candidaturas de
los distritos con peor desempeño.
2. Bloques de Competitividad
Señala que los distritos 16 y 13 aunque se localizan en el bloque de
alta competitividad, por cuanto hace al primero, estaba localizado en
una demarcación diferente, por lo que en realidad pasó de alta a baja
competitividad; y por lo que respecta al segundo, señala que durante
la elección de (2015) dos mil quince, fue ganado por una candidata
del PAN, razón por la cual tiene un alto nivel de competitividad para
esta elección, sin embargo, fue asignado a un hombre.
3. Interpretación Constitucional y Convencional
Solicita que esta Sala Regional realice un ejercicio de interpretación
constitucional y convencional respecto del alcance de las normas
aplicadas por el Instituto Local, al plantearse una violación al principio
de paridad de género.
II. Contestación de Agravios
1. Violación al Principio de Paridad en la Postulación
Los agravios de la Actora resultan infundados como se explica a
continuación.
Los bloques de competitividad se encuentran regulados en el artículo
256 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México y en los Lineamientos19.
De acuerdo a esa normativa, los bloques tienen como finalidad evitar
que a alguno de los géneros le sean asignados aquellos distritos en
los que el partido político obtuvo los porcentajes de votación más
bajos en el proceso electoral anterior.
19 Que fueron modificados a través del acuerdo IECM/ACU-CG-090/2018 -derivado de la resolución emitida por esta Sala Regional en el expediente SCM-JRC-14/2018- modificación que versó únicamente en lo relativo al lineamiento (23) veintitrés, referente a las concejalías, es decir, quedando intocado el resto de los Lineamientos.
SCM-JDC-271/2018
22
Asimismo, conforme a los Lineamientos -concretamente en cuanto a
las reglas de género-, el punto 10 establece las bases del registro de
candidaturas en los siguientes términos:
a) Con independencia de la modalidad de participación, sea en lo
individual, coaligado o en candidatura común, se enlistarán
todos los distritos y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, en los que los partidos registren una candidatura al
cargo de elección popular, ordenados de menor a mayor
conforme al porcentaje de votos que en cada uno de ellos,
hubiere recibido en el proceso electoral anterior.
En el supuesto de que en el cálculo del porcentaje de votos se
presenten cifras idénticas, el ejercicio se realizará
incrementando el número de decimales al porcentaje estimado
hasta alcanzar la diferencia.
b) Se dividirá la lista en (3) tres bloques, correspondiente cada
uno a un tercio de los distritos o demarcaciones territoriales de
la Ciudad de México; el primer bloque, con los distritos o
demarcaciones territoriales en los que el partido de que se
trate hubiera obtenido el porcentaje de votación más baja; el
segundo con los distritos o demarcaciones territoriales en los
que obtuvo una votación media y, el tercero, con los distritos o
demarcaciones territoriales en los que obtuvo el porcentaje de
votación más alta.
En atención a que en la Ciudad de México se divide en (33)
treinta y tres distritos, cada uno se integrará por bloques de
(11) once distritos.
Conforme a los Lineamientos, para la aplicación de los criterios
señalados, y considerando la modificación al marco geográfico de la
Ciudad de México -en donde de (40) cuarenta distritos se cambió a
SCM-JDC-271/2018
23
(33) treinta y tres- se tomó en cuenta el cuadro de equivalencia
proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Organización, Electoral y
Geoestadística del Instituto Nacional Electoral, el cual se basa en el
porcentaje de votación recibida por partido en las secciones
electorales vigentes tanto para la anterior como la actual geografía
electoral, situación que permite evitar la postulación de candidaturas
partidistas de un mismo género en aquellos territorios donde se
obtuvo la menor votación, observando de igual manera, el principio
de certeza, al ser una división geográfica que permanece constante.
En el punto (13) trece de los Lineamientos, se especifica que los
partidos deberán cumplir la paridad de género.
Ahora bien, por lo que hace a los distritos asignados al PAN,
mediante la resolución IECM-CG-39/2017, el Consejo General
aprobó la Coalición a través de la cual, en lo relativo a las
diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, los partidos
coaligados convinieron que al PAN le correspondían los distritos 2, 3,
12, 13, 16, 17, 20 y 23.
Sobre esta línea, conforme a los Lineamientos, los bloques en los
que el PAN obtuvo mayor porcentaje de votos en la elección son los
siguientes:
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SCM-JDC-271/2018
26
Asimismo, atender la pretensión de la Actora, conllevaría vulnerar los
derechos de las mujeres y candidatas a diputadas locales por los
distritos 2, 12 y 16, cuyo registro fue aprobado en el Acuerdo,
quienes cumplieron el proceso de selección interna del Partido,
existiendo la presunción legal de que sus postulaciones derivan de
un proceso democrático interno del PAN y cumplen los requisitos
constitucionales y legales de elegibilidad previstos en ley y cuyos
registros cumplen con el principio de paridad de género pues
están postuladas para competir en la elección de diputaciones
consideradas de alta competitividad para el PAN.
Por tanto, atender la pretensión de la Actora, implicaría modificar sus
candidaturas a pesar de haber sido registradas en apego a los
Lineamientos que la Actora no impugnó oportunamente, lo cual de
haber sido procedente su medio de impugnación, le hubiera
permitido generar efectos generales que obligaran a todos los
partidos políticos y no solo a uno, implementar medidas para
garantizar a todas las mujeres que participaran en el actual proceso
electoral, la postulación en los distritos de más alta rentabilidad
dentro del bloque de alta competitividad.
Dichos Lineamientos fueron debidamente observados por el Consejo
General al aprobar Acuerdo, en lo relativo a las reglas en materia de
género, porque en ningún momento se aprobó el registro de más de
(50%) cincuenta por ciento de un mismo género, y el Consejo
General observó que no fueran asignados al género femenino,
distritos en los que el PAN hubiera obtenido los porcentajes de
votación más bajos, lo que está previsto en los Lineamientos.
Asimismo, según los Lineamientos, los (10) diez distritos electorales
locales de mayoría relativa que le correspondió registrar al PAN en la
Coalición, son los de mayor votación y por ende de mayor
rentabilidad política electoral. En consecuencia, las candidatas
SCM-JDC-271/2018
27
registradas en el bloque señalado, tienen altas oportunidades de
obtener un triunfo y acceder al cargo, porque el PAN no postuló a
ninguna mujer en un bloque bajo.
En consecuencia, la aprobación que el Acuerdo hizo de la
Postulación cumple la obligación prevista en el artículo 256 del
Código Local, porque no trae como consecuencia que al género
femenino les fueran asignados exclusivamente aquellos distritos en
los que el PAN hubiera obtenido porcentajes de votación más bajos
en el proceso electoral anterior, ya que los distritos 2, 12 y 16 en el
que las mujeres fueron postuladas, se encuentran dentro del bloque
de alta competitividad.
Asimismo, en el supuesto sin conceder que las candidatas no fueran
favorecidas por la votación del electorado en relación con los distritos
en los cuales fueron propuestas, la legislación prevé medidas para
verificar el cumplimiento de la paridad de género que podrían
beneficiarlas directamente en el acceso al cargo de diputadas para el
cual contienden mediante el mecanismo conocido coloquialmente
como de “mejores perdedores y perdedoras” de las candidaturas de
mayoría relativa plasmado en la fracción IV del artículo 24 del Código
Local, que implica que en la Ciudad de México, dichas personas
pasan a formar parte de la lista de representación proporcional como
lo indican el artículo 24 fracción V y 27 regla V inciso a de dicho
ordenamiento.
Dichas normas prevén que para obtener la lista definitiva de
candidaturas a Diputaciones de representación proporcional del
Congreso de la Ciudad de México, se intercalarán las fórmulas de
candidatos y candidatas de ambas listas (mayoría relativa y
representación proporcional), iniciando con las candidaturas de la
Lista A (representación proporcional) y siguiendo con las de la Lista
SCM-JDC-271/2018
28
B (“mejores perdedores y perdedoras” en las candidaturas a las
diputaciones de mayoría relativa).
Esto implica que si las candidatas registradas en la Postulación
aprobada en el Acuerdo que la Actora impugna, no obtuvieran el
triunfo por la vía de la mayoría relativa y considerando que están en
el bloque de más alta competitividad del PAN, podrían integrar la lista
de representación proporcional y así, aunque no consigan ocupar
una diputación por la vía de la mayoría relativa, podrían obtenerla por
la de representación proporcional.
Finalmente, el Código Local establece en su artículo 27 regla V inciso
h que en caso de existir una integración de las diputaciones electas
por ambos principios no paritaria, se deducirán tantos diputados
como sean necesarios del género sobrerrepresentado, y se
sustituirán por las fórmulas del género subrepresentado, lo que
constituye un mecanismo adicional por el cual podrían integrar el
Congreso.
II. Bloques de Competitividad
El agravio es inoperante, debido a que la Actora alega aspectos de
hecho que no tienen sustento legal, pues pretende controvertir el
acuerdo IECM/ACU/-CG094/2017 a través del cual, el Instituto Local
aprobó los Lineamientos que entre otros elementos, contiene los
distritos que conforman cada bloque de competitividad en que está
dividida la Ciudad de México, por lo que la calificación de distritos
que plantea la Actora no pueden ser materia de análisis en el
presente juicio en el que se impugna un acto diverso.
Debe precisarse que el acuerdo IECM/ACU-CG-094/2017 fue
materia de análisis tanto por el Tribunal Local (TECDM-JEL-047/2017
y acumulados) como por esta Sala Regional
(SCM-JRC-14/2018), ordenándose al Instituto Local que modificara la
SCM-JDC-271/2018
29
disposición 23 de los Lineamientos, referente a la elección de
concejalías.
En tal virtud, los Lineamientos ya se encontraban regulados a través
de un acuerdo que adquirió firmeza; por tanto, en la presente etapa,
que versa sobre la aprobación de las candidaturas propuestas, no es
posible revisar si la distribución de los distritos en los bloques de
competitividad que establecen los Lineamientos es correcta o no.
III. Interpretación Constitucional y Convencional
Para este órgano jurisdiccional la solicitud la Actora de realizar una
interpretación constitucional y convencional de las normas aplicables
al caso es improcedente pues el PAN postuló candidaturas en el
bloque de alta competitividad en el cual cumplió la paridad de género
al postular (5) cinco hombres y (5) cinco mujeres [(4) cuatro en la
Coalición y (1) una de manera individual], con lo que se demuestra
que cumplió su obligación de postular paritariamente sus
candidaturas.
La paridad y la igualdad en materia político-electoral son principios
que se encuentran reconocidos en nuestro orden jurídico, a los
cuales debe darse vigencia a través de diferentes medidas y el
establecimiento de reglas que tengan por objeto acelerarlas,
protegerlas o garantizarlas.
En este sentido, la Constitución dispone en el artículo 41 que entre
los fines de los partidos políticos está el de garantizar la paridad
entre los géneros en candidaturas a legisladoras y legisladores
federales o locales.
Al respecto el artículo 7 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, reconoce como derecho de la
ciudadanía y obligación para los partidos políticos, la igualdad de
oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener
acceso a cargos de elección popular y en el artículo 232 establece el
SCM-JDC-271/2018
30
deber de los partidos de promover y garantizar la paridad entre los
géneros, en la postulación de sus candidaturas a los cargos de
elección popular.
Finalmente, el artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos
dispone que éstos deben buscar la participación efectiva de ambos
géneros en la postulación de candidaturas y establecer criterios
objetivos para garantizar la paridad de género y asegurar
condiciones de igualdad entre éstos, además es de apreciar que en
ningún caso “… se admitirán criterios que tengan como resultado que
a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos
distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de
votación más bajos en el proceso electoral anterior”.
En ese sentido, en casos como el presente, en que el Acuerdo
realiza una debida aplicación de las normas que favorecen la paridad
de género, no existe la necesidad de un análisis constitucional o
convencional como lo propone la Actora, como se razona en seguida:
El ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado
a los siguientes requisitos:
1. Tratándose del oficioso: A que el órgano jurisdiccional advierta la
posible disconformidad de la norma aplicable o el acto de autoridad,
con los derechos humanos reconocidos, cuestión que no sucede en
el caso;
2. Tratándose del que deba ejercerse a petición de parte: A que
se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo,
consistentes en que, aunado a que se pida la aplicación del principio
pro persona y la realización de una interpretación constitucional y
convencional por parte de la autoridad, se señale cuál es el derecho
humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya
aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más
favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los
SCM-JDC-271/2018
31
motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones
posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de
que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional.
En el caso, no se actualizan tales aspectos, porque tanto del Acuerdo
como de la Postulación es posible advertir que las responsables
cumplieron cabalmente el principio de paridad de género tanto al
realizar la Postulación como al aprobar su registro.
Para cumplir con el principio en cita, el Instituto Local tomó en cuenta
el cuadro de equivalencias proporcionado por su Dirección Ejecutiva
de Organización, Electoral y Geoestadística, que se basa en el
porcentaje de votación recibida por cada partido en las secciones
electorales vigentes -tanto para la anterior, como para la actual
geografía electoral-. Esto permite evitar la postulación de
candidaturas de un mismo género en aquellos territorios donde se
obtuvo la menor votación, observando de igual manera, el principio
de certeza.
Por ello, el agravio, además de no controvertir las consideraciones
del Acuerdo, se limita a solicitar el estudio de constitucionalidad y
convencionalidad pero no cumple los aludidos parámetros mínimos
para la eficacia de esta solicitud pues aunque señala que hay una
violación al principio de paridad de género, no indica de manera
específica qué norma debe interpretarse a la luz de la Constitución e
instrumentos internacionales
Por tanto, esta Sala Regional concluye que los argumentos
expuestos por la Actora resultan infundados.
Así, al ser infundados los agravios, a juicio de esta Sala Regional,
se debe confirmar la Postulación y el Acuerdo Impugnado.
SCM-JDC-271/2018
32
Cabe destacar que, dado el sentido de la sentencia y a pesar de que
está transcurriendo el plazo de publicación para el trámite previsto en
los artículos 17 y 18 de la Ley de Medios, por parte de la Comisión
Permanente Nacional del PAN, a fin de que en su caso,
comparezcan personas terceras interesadas con un derecho
incompatible con el pretendido por la Parte Actora, esta Sala
Regional considera que no les produce una afectación al resolver
antes de la conclusión de dicho periodo.
R E S U E L V E:
ÚNICO. Confirmar las postulaciones realizadas por el PAN para las
diputaciones de mayoría relativa en el actual proceso electoral en la
Ciudad de México, así como el Acuerdo IECM/ACU-132/2018 emitido
por el Instituto Electoral de la Ciudad de México que las aprobó.
NOTIFICAR personalmente a la Actora y a los Terceros
Interesados; por oficio a los amigos y amigas de la Corte (Amicus
Curiae) y a la Comisión Permanente Nacional del PAN; por correo
electrónico a la Autoridad Responsable y por estrados a las demás
personas interesadas. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 26 y 28 de la Ley de Medios, así como 94, 95 y 101 del
Reglamento Interno.
Devuélvanse las constancias que correspondan y, en su oportunidad,
archívese este asunto y el incidente promovido dentro del mismo
como definitivamente concluido.
Así lo resolvieron, por mayoría de votos, la Magistrada y el
Magistrado, con el voto en contra del Magistrado Héctor Romero
Bolaños, quien emite voto particular, ante la Secretaria General de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.
SCM-JDC-271/2018
33
MAGISTRADO PRESIDENTE
ARMANDO I. MAITRET HERNÁNDEZ
MAGISTRADO
HÉCTOR ROMERO
BOLAÑOS
MAGISTRADA
MARÍA GUADALUPE
SILVA ROJAS
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
MARÍA DE LOS ÁNGELES VERA OLVERA
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO HÉCTOR
ROMERO BOLAÑOS, CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN EL
SCM-JDC-271/2018
34
ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO INTERNO DE ESTE TRIBUNAL
ELECTORAL, RESPECTO DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL
JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTCO-
ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON LA
CLAVE SCM-JDC-271/2018, APROBADA EN SESIÓN PÚBLICA
DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO20.
Con todo respeto me permito disentir del criterio sostenido por la
mayoría, pues estimo que en el juicio se actualiza la causa de
improcedencia consistente en la falta de interés jurídico que impide el
dictado de una resolución de fondo. Se explica.
Bajo la óptica doctrinaria y jurisprudencial, el interés jurídico se
constituye como la posición a cuyo favor la norma jurídica contiene
alguna prescripción configurándolo como la posición de prevalencia o
ventaja que el derecho objetivo asigna a la persona frente a otras.
Por regla general, el interés jurídico se advierte cuando en la
demanda se aduce la vulneración de algún derecho sustancial de la
o el enjuiciante, a la vez que se argumenta que la intervención del
órgano jurisdiccional competente es necesaria y útil para lograr la
reparación de esa conculcación, mediante la formulación de algún
planteamiento tendente a obtener el dictado de una sentencia que
tenga el efecto de revocar o modificar el acto o resolución
reclamado, lo cual debe producir la restitución al demandante en
el goce del pretendido derecho político-electoral violado.
Para que tal interés jurídico exista, el acto o resolución impugnado,
en la materia electoral, debe repercutir de manera clara y suficiente
en el ámbito de derechos de quien acude al proceso, pues solo de
esa manera, de llegar a demostrar en juicio que la afectación del
derecho de que aduce ser titular es ilegal, se le podrá restituir en el
goce de la prerrogativa vulnerada o bien se hará factible su ejercicio.
20 Con la colaboración de Laura Tetetla Román y Paola Pérez Bravo Lanz.
SCM-JDC-271/2018
35
En el caso, la actora en su calidad de militante del PAN impugnó el
Acuerdo por el cual el Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México aprobó de manera supletoria el registro de las
candidaturas postuladas por la coalición parcial “Por la Ciudad de
México al Frente” para la elección de diputaciones por el principio de
mayoría relativa al Congreso de esa ciudad.
Esencialmente, en su demanda alegó que la postulación dejaba a las
mujeres candidatas en disparidad sustantiva pues si bien se les ubicó
en bloques de competitividad alto, los distritos en los que fueron
postulados los hombres son cualitativamente más atractivos que los
ocupados por candidatas; y que al aprobar tales postulaciones se
inobservaron los principios constitucionales de paridad de género,
igualdad y legalidad.
Argumentos que si bien pudieran interpretarse en el sentido de que
impugnaba los actos de su partido, en el escrito de diecisiete de
mayo21 la Actora enfáticamente sostuvo que impugnó solo el acuerdo
por el que se aprobaron los registros a las diputaciones locales por
parte del Consejo General del Instituto local.
En esa línea, al no controvertir los actos de Partido, esto es, el
proceso de selección o designación de las candidaturas, supuesto en
el que los militantes tienen interés jurídico22, en mi concepto, la
Actora adolece de interés para impugnar el Acuerdo que aprueba el
registro respectivo.
Ello porque, atendiendo a lo expuesto con antelación, para tener un
interés jurídico en la causa debe repercutir de manera clara y
suficiente en el ámbito de derechos de quien acude al proceso, pues
solo de esa manera, de llegar a demostrar en juicio que la afectación
del derecho de que aduce ser titular es ilegal, se le podrá restituir en 21 Por el cual promovió una incidencia en el juicio. 22 En conformidad con el criterio de jurisprudencia 15/2013 cuyo rubro es: REGISTRO DE CANDIDATOS. LOS MILITANTES DEBEN IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LOS ACTOS PARTIDISTAS QUE LO SUSTENTAN.
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el goce de la prerrogativa vulnerada o bien se hará factible su
ejercicio; conforme a lo dispuesto por el artículo 84 párrafo 1 inciso b)
de la Ley de Medios.
Lo que en el caso no se actualiza puesto que, como la Actora
promueve en su calidad de militante y mujer sin haber participad en
el proceso interno de designación respectivo, no hay un derecho que
esta Sala Regional le pudiera restituir ante la eventual revocación del
acto que impugna; menos aún bajo la perspectiva de que se cuida la
regularidad estatutaria del Partido puesto que, se insiste, no impugnó
los actos internos de designación.
Ahora, sin desconocer los criterios que ha emitido este Tribunal
Electoral en cuanto al interés legítimo23, en mi opinión tampoco sería
procedente estudiar su demanda bajo esa modalidad, puesto que en
los asuntos que dieron origen a dicho criterio24 se impugnaron los
lineamientos o criterios que fueron implementados por la responsable
respectiva, para determinar -o bien por omitir- cómo se
implementaría o se garantizaría la equidad o paridad de género en el
proceso electoral respectivo.
A diferencia de aquellos asuntos, en el caso no se está impugnando
los lineamientos por los que el Instituto local determinó las reglas a
aplicar para cumplir con el principio de paridad -criterios aprobados
desde el mes de diciembre del año pasado- tal como se reconoce en
la sentencia de la mayoría; supuesto en el que podría asistirle un
interés legítimo en aras de buscar la implementación –o la ausencia-
de medidas tendentes a proteger el principio de paridad en el
desarrollo del proceso electoral respectivo.
23 Y que se contienen básicamente en las jurisprudencias 8/2015 y 9/2015 cuyos rubros son, respectivamente: “INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR” e “INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN”. 24 SUP-JDC-12624/2011, SUP-REC-90/2015 y SUP-REC-97/2015.
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Luego, como la Actora pretende que se analice la legalidad y
constitucionalidad del Acuerdo por el que se aprueba el registro de
las candidaturas, bajo las reglas que previamente se establecieron
en los lineamientos a que se ha hecho referencia, cuando ni siquiera
participó en el proceso selectivo del Partido, no puede hasta ahora
cuestionar la validez de tal Acuerdo.
Tampoco afirmo que actos como el que aquí se controvierte ya no
pueden impugnarse, pues la línea jurisprudencia construida por este
Tribunal Electoral ha reconocido que hay entidades con interés
jurídico para impugnarlos, a guisa de ejemplo los partidos políticos;25
del mismo modo, específicamente esta Sala Regional ha estimado
actualizado el interés jurídico de la militancia para controvertir el acto
de aprobación de registro, cuando han participado en el proceso
interno selectivo o de designación.
Empero, ante la ausencia de un derecho que restituir a la Actora
frente a un Acuerdo que aprobó las candidaturas respectivas, sin que
hubiere participado en la selección y/o designación de las mismas, es
que no comparto la postura de la mayoría en cuanto a que cuenta
con interés jurídico para controvertirlo.
Estimo importante reflexionar en cuanto a las consecuencias de
reconocer el interés jurídico o legítimo a cualquier persona que acuda
a impugnar los acuerdos por los que los Institutos locales aprueban
los registros de las candidaturas; como, en lo particular, en caso de
que resulten fundados sus agravios podría implicar afectar, inclusive,
a las candidaturas del género femenino que, por lo avanzado del
proceso electoral ya están realizando actos de campaña.
Por lo expuesto y fundado, es que formulo el presente VOTO
PARTICULAR.
25 Como lo informa la jurisprudencia 10/2005, bajo el rubro: ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS PUEDAN DEDUCIR.
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MAGISTRADO
HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS