JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO: 1975-1978

La caída del poder del Gral. López Arellano, ocurrida el 22 de abril de 1975, marcó no

solo el cambio en la estructura de las fuerzas armadas, en cuyo seno había tomado

mando un Consejo Superior, sino el ascenso de la burguesía intermediaria con

posiciones más cercanas a los de los grupos refractorios al ensayo reformista, que con

el escándalo bananero se tornaría más tibio y vacilante en su parte principal lo que es

la reforma agraria.

Por disposición del Consejo Superior asume la Jefatura de Gobierno el Gral. Melgar

Castro, militar que tenia buena imagen adentro del ejercito.

La agitación social en el campo y las amenazas de represión a los dueños de las tierras

iban en aumento, mientras que el régimen daba largas al asunto agrario. Numerosos

campesinos fueron encarcelados por su participación en tomas o recuperaciones de

tierras, a consecuencia de lo cual la Unión Nacional de Campesinos UNC, determino

organizar para el 25 de junio de ese año una marcha de hambre hacia Tegucigalpa con

afiliados del Norte, Sur, Oriente y Olancho.

La matanza de Santa Clara y Los Horcones

Los campesinos preparaban emprender una marcha hacia la capital a exigir tierras,

pero la muerte se interpuso en el camino.

La lucha de los campesinos en Honduras ha estado colmada de luto, dolor y llanto.

Miles han muerto a manos de los terratenientes que los han asesinado vilmente a título

personal, a través de empleados o en contubernio con militares, policías, jefes de

presidios o paramilitares.

Ha habido ocasiones en que los operadores de justicia, jueces y fiscales, se parcializan

para torcer los juicios y encarcelar a los trabajadores del campo cuyo único delito es

haber nacido pobres en esta Honduras que merece mejor suerte.

El 25 de junio de 1975, durante el gobierno del general Juan Alberto Melgar Castro,

que recién le había dado golpe de Estado al también golpista Oswaldo López Arellano,

ocurrió en Olancho una de las masacres más crueles de las luchas campesinas.

El 13 de junio de ese año los campesinos, que pertenecían a la Unión Nacional de

Campesinos (UNC), se tomaron varios puentes y calles con la finalidad de demandar la

liberación de 25 compañeros que estaban presos en el occidente del país por haber

recuperado tierras. La acción no logró su objetivo.

Optaron, entonces, por emprender una “marcha de hambre” que terminaría en la capital.

Esta marcha fue programada para el 25 de junio.

De diferentes partes del país salieron los grupos campesinos sin mayores problemas

pero en Juticalpa los terratenientes, militares y la Dirección Nacional de Investigación

les tenían preparada una trampa.

La marcha salió a las 2:30 de la mañana de Juticalpa. En el centro Santa Clara optaron

por hacer un descanso para recuperar energía y reiniciar su caminata.

Un grupo de escolares, al mando del supervisor departamental de Educación Primaria,

Guillermo Ayes Mejía, y varios maestros se apersonaron al lugar para exigir “varias

aulas”.

Un informe de la UNC, citado por Longino Becerra en Evolución Histórica de Honduras,

dice: “Una vez que la manifestación de escolares llegó al frente del edificio, el profesor

Ayes Mejía (seguramente en contubernio con terratenientes y militares) desenfundó

una pistola y comenzó a exigir que se le abrieran las puertas, al grado de violentarlas a

puntapiés con el propósito de penetrar al inmueble por la fuerza”.

El informe agrega: “Parapetados en el desfile de escolares, atrás de estos, venía un

grupo de agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN) (al mando del

teniente Norman Altamirano) vestidos de civiles, los que, acompañando la acción de

Ayes, penetraron al edificio por otro de los portones del centro Santa Clara y acto

seguido comenzaron a disparar contra las personas indefensas que se encontraban

dentro”.

Cinco campesinos murieron en el acto: Fausto Cruz, Inés Arnulfo Arias, Francisco

Colindres, Alejandro Figueroa y Máximo Aguilera Soriano, este último padre del actual

presidente de la Democracia Cristiana, Lucas Aguilera. También falleció el taxista

Miguel Ángel Barahona Tablada.

Los militares y agentes de la DNI sacaron a otras quince personas del edificio de Santa

Clara y las llevaron al presidio de Juticalpa, donde fueron encerradas en “un cuarto

utilizado como servicio sanitario”.

El gobierno de Melgar Castro, presionado por diferentes sectores, nombró una

Comisión Investigadora la cual presentó un informe detallado de la matanza.

“A las 10:30 de la noche fueron sacados del presidio de Juticalpa: Roque Ramón

Andrade, Bernardo Rivera Irías, Óscar Ortiz Ruiz, Lincoln Coleman, Juan Benito

Montoya y el sacerdote Michael Jerome Zypher, quienes fueron conducidos en un

vehículo pick-up, color rojo, propiedad del sargento David Artica Tablada, jefe del

presidio de Juticalpa”.

“Así se organizó un convoy al mando del mayor José Enrique Chinchilla, dirigiéndose al

valle de Lepaguare, a donde llegaron a la 1:30 aproximadamente”.

Agrega: “El convoy se detuvo en el puente que da acceso al valle, ya que parte de la

carretera había sido obstaculizada. En el puente los detenidos fueron bajados y

transbordados a dos vehículos que ya los esperaban del otro lado”.

Hacienda Los Horcones

Al convoy se subieron los terratenientes Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Bahr y se

dirigieron a la hacienda Los Horcones, propiedad del primero.

“El mismo día 25, en horas de la tarde, el padre Iván Betancourt, acompañado de las

señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas, llegaron al

valle de Lepaguare en donde fueron capturados por el subteniente Benjamín Plata,

quien llevó detenido al padre Batancourt, mientras el sargento Eugenio Alemán

conducía el vehículo del sacerdote y a las señoritas García Mallorquín y Bolívar

Vargas”.

Continúa el informe: “Ya entrada la noche se trasladaron a la hacienda Los Horcones,

la cual desde el 24 de junio había sido ocupada por un pelotón al mando del

subteniente Benjamín Plata”.

“A esa hora, 1:30, y teniendo en la hacienda a nueve detenidos, el mayor Chinchilla

ordenó a tres elementos del Departamento de Investigación Nacional que interrogaran

a los seis detenidos traídos de Juticalpa, los que posteriormente fueron muertos”.

“Después del interrogatorio, el padre Betancourt también fue muerto. Acto seguido, y

para evitar que quedaran testigos de los hechos, se procedió al asesinato de las

señoritas Ruth Argentina García Mallorquín y María Elena Bolívar Vargas”.

Consumados los hechos, los cadáveres fueron depositados en un pozo malacate

ubicado a un kilómetro del lugar.

Apresados pero perdonados

Como resultado de las investigación fueron encarcelados los militares José Enrique

Chinchilla y Benjamín Rodolfo Plata y los terratenientes Manuel Zelaya Ordóñez y

Carlos Bahr.

Estos hechos obedecieron a una trama de la Federación Nacional de Agricultores y

Ganaderos de Honduras y miembros de la empresa privada, según el informe.

Los involucrados fueron encarcelados en la Penitenciaría Central y condenados a 20

años de prisión, pero recobraron su libertad el 11 de septiembre de 1980, favorecidos

por un decreto de amnistía e indulto promulgado por la Asamblea Nacional

Constituyente.

Se crean organismos asesores

Con el fin de involucrar a los diversos grupos sociales el gobierno decidió crear

organismos orientados a la política bananera. El 14 de agosto de 1975 se emitió el

decreto No. 253 que derogaba las concesiones de las empresas Tela Railroad y

Standard Fruit, en virtud de las cuales les han permitido la explotación de recursos y

reservas naturales así como les otorgaron privilegios económicos. El 9 de marzo de

1976 fue promulgado el Decreto No 327 que crea el CADEJE " Consejo Asesor del Jefe

de Estado". Se integro con 36 miembros propietarios y 36 miembros suplentes

extraídos del propio Gobierno, partidos políticos tradicionales y emergentes, colegios

de profesionales, UNAH, COHEP, CTH entre otros. Este consejo tenia él deber de

fomentar la lucha de las clases y tenia el propósito de perpetuar a un gobierno de facto.

Los partidos liberales y nacionales se abstuvieron de acreditar representantes, decisión

que tomo también en COHEP; Porque sé decía que este consejo no contempla el

concepto de representatividad y más bien se estructura dé manera que hace evidente

un enfrentamiento de grupos y la lucha de intereses sectarios.

La FENAGH y los partidos políticos comenzaron sus ataques contra el gobierno,

comenzando con el INA. Los campesinos de todo el país estaban revueltos con el

problema agrario, y los ganaderos y agricultores acusaban al INA de querer romper con

la armonía necesaria para el proceso de reforma agraria. Por lo tanto, los dueños de

tierra y políticos crearon la UNID, Unión Nacional de Instituciones Democráticas " para

analizar, orientar y vigilar el proceso de desarrollo democrático de la nacion" el 18 de

Marzo de 1976.