Presidencia de la República del Ecuador

IV CUMBRE DE PODERES JUDICIALES DE PAÍSES UNASUR

Cuenca, 23 de junio de 2010

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“Desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la

libertad que está unida a ella y vive por ella”

Juan Luis Vives

Queridas amigas, amigos:

Existe mucha hambre todavía en nuestra América, la región más injusta del mundo en varios sentidos, pero paradójicamente existe un hambre que parece haberse saciado: el hambre de justicia.

Expondré más adelante por qué sostengo aquello, pero primero déjenme decirles que sin justicia, un valor fundamental en sí mismo, no existirá desarrollo, ese Buen Vivir de nuestros pueblos ancestrales. Las patas en las que se sostiene el banco del desarrollo son tres: producción, educación y justicia. Las dos primeras sin la última, solo nos convertirán en prósperos esclavos, o en frustrados iluminados. Se requiere de las tres para el buen vivir: la primera, para dotar a la sociedad de la base material que permita satisfacer adecuadamente nuestras necesidades, basta de apologías de la pobreza o del primitivismo; la segunda, para entender nuestro lugar en el mundo, en la sociedad, para entendernos nosotros mismos, como

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decía Jhon Stuart Mill “Prefiero ser un Sócrates triste, a ser un idiota contento”; y la tercera, la justicia: para sentirnos ciudadanas y ciudadanos que no son verdaderamente tales sino cuando sus derechos y obligaciones son reconocidos por un tercero imparcial, facultado socialmente para ello, en virtud de un encargo efectuado con fundamento en el interés público.

Para que funcione esa justicia, se requieren de adecuadas leyes y sistemas de justicia, pero pocas veces el rol del ser humano es tan vital, tan fundamental, tan crucial. Son esos hacedores de justicia, esos jueces probos, capaces, hambrientos de justicia, los imprescindibles para cambiar la realidad de nuestra América. Los jueces no solo son parte importante de UNASUR, son parte fundamental de UNASUR. Sin adecuados sistemas de justicia en la región, será muy difícil lograr el desarrollo, será muy difícil que nuestros pueblos sientan los beneficios de la integración y la integración fracasará.

Recuerden aquella frase “Un juez inicuo es peor que un verdugo”, y yo añadiría: “puede ser el peor de los verdugos”. Ser administrador de justicia no puede

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considerarse una profesión; es aquel “vocare” latino, es decir, un llamado, una vocación.

Ustedes son los principales responsables, de que las leyes no solo queden escritas en los libros especializados para las altas autoridades y los iniciados, sino que, se vuelvan carne y sangre del día a día, que las vivan aquellos que necesitan hacer valer sus derechos laborales, las madres que velan por los derechos de sus hijos menores, o las víctimas de abuso sexual. Quizá nunca sea tan necesaria como hoy aquella sentencia de Albert Camus, al decir: “debemos estar no al lado de quienes escriben la historia, sino junto a quienes la sufren”.

No nos engañemos ni un instante: sin buenos jueces, con aptitud y actitud, es decir, sabios y con vocación de justicia, no habrá sistema que funcione ni leyes que sirvan.

Pero el sistema, también es importante. Nuestros países, además de compartir historia, sueños, cuerpos y almas, comparten por desgracia, muchas veces, una serie de males endémicos que afectan la efectividad de la administración de justicia y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos; uno de ellos

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es la falta de eficiencia y eficacia en los recursos judiciales: los usuarios del sistema judicial se ven enfrentados a una serie de procesos burocráticos, cerrados, lo que genera conflictos legales, impunidad, abusos y discriminación.

De acuerdo a los instrumentos de derecho internacional y de las constituciones de los países de UNASUR, los tribunales deben ser independientes y ágiles en su actuación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no basta con que los recursos judiciales existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad.

Es cierto que muchas de estas ineficiencias vienen de procedimientos absurdos creados frecuentemente por poderes legislativos, ejecutivos… Y en esto, un mensaje muy claro, compañeros, no nos podemos dar el lujo de romanticismos, no hemos tenido los pies bien puestos sobre la tierra: esa falta de pragmatismo muchas veces puede llevar al fracaso y es uno de los mayores peligros para nuestros procesos de cambio…

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Muchos de estos procedimientos vienen de poderes legislativos y ejecutivos, y sabemos que especialmente desde los años noventa, la administración pública, por el desmantelamiento del Estado a manos de políticas de ajuste neoliberal, sufrió una “escasez real de recursos”, que disminuyó la capacidad de mejorar la situación de nuestros sistemas judiciales. Pero, nuevamente, no nos engañemos: la falta de agilidad del poder judicial se basa principalmente en la falta de un compromiso a favor del cambio estructural por parte de los administradores del sistema judicial.

Lo demuestra Cuenca, donde también hay escasez de recursos, pero donde la justicia marcha muchísimo mejor que en el promedio nacional.

Finalmente, en estos puntos, las leyes justas son fundamentales, aquellas que respondan a nuestras realidades y pongan en el centro de todo al ser humano. Lamentablemente, quizás la mayor crisis que ha sufrido América Latina en las últimas décadas, ha sido la crisis de ideas. Hemos padecido una verdadera crisis del pensamiento latinoamericano. Y esto, se ha reflejado también en las leyes que se

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establecieron en la región. ¿Cómo entender las leyes antidrogas que se impusieron a lo largo y ancho de Sudamérica, a inicios de los años noventa? Estas leyes, como en el caso ecuatoriano -pero eran igualitas en toda la región-, ni siquiera diferenciaban entre consumidor de droga, transportador o gran narcotraficante, e imponían las máximas penas existentes, superiores incluso a las de homicidio agravado. Por ellas se llenaron nuestras cárceles de madres solteras, padres desempleados, en fin, rostros de la pobreza. Todos sabemos que estas leyes tan injustas y ajenas a nuestra realidad fueron impuestas por Estados Unidos como parte de su sesgada lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, también fueron agenciosamente aceptadas por nuestros políticos, y en base a ellas, jueces obsecuentes se empeñaban en los correspondientes juicios en poner las máximas penas, para así no perder la visa respectiva; lo cual, insisto, llenó nuestras cárceles con rostros de la pobreza. Ojalá nunca más esto vuelva a pasar en nuestra América. En nuestro gobierno, dimos una amnistía general a miles de las llamadas mulas o transportadores de drogas, muchas de las

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cuales tenían ocho, diez años de cárcel, por haber intentado llevar unos cuantos gramos de droga a Estados Unidos o Europa. No nos equivocamos, la reincidencia de las personas liberadas, que solo con un gran esfuerzo de la imaginación y de la maldad se podrían llamar delincuentes, es prácticamente nula.

Con una pequeña digresión y comentando algo que mencionó el doctor Troya, respecto al Defensor Público, que no es el Defensor del Pueblo, eso es otra cosa: cuando llegamos, nuestras cárceles estaban repletas de presos sin sentencia, y tal vez como un reflejo de los signos de los tiempos, se había puesto mucho énfasis en la Fiscalía, en el acusador público, pero no en el defensor público, y eran presos que no tenían quien los defienda. Urgentemente organizamos esa Unidad de Defensoría Pública, contratamos 200 abogados defensores, y hoy podemos decir que Ecuador está prácticamente liberado de presos sin sentencia.

Este coloniaje intelectual nos ha llevado a situaciones tan absurdas como dotar al capital con más derechos que los países y que los propios seres humanos. A partir de los años

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noventa proliferaron en América Latina los tratados de “protección recíproca de inversiones”, supuestamente para dar “seguridad jurídica” al capital. Estos tratados imponen pactos que atentan contra la soberanía de nuestros países, ya que cualquier transnacional, sin ningún requisito previo, puede llevar a un Estado soberano a un centro de arbitraje. Pero si se quiere denunciar en América Latina ante organismos internacionales un caso de atropello a los derechos humanos, primero, ahí sí, se tienen que agotar las instancias judiciales del respectivo país: el capital con más derecho que los seres humanos. No solo aquello: tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, más allá de juzgar si la transnacional tuvo la razón o no, pueden dictaminar si la sanción legalmente impuesta es demasiado severa; es decir, pueden pronunciarse, juzgar, las leyes de un Estado soberano, las cuales además debieron ser conocidas por el inversionista. No existe algo análogo para los seres humanos. Por ejemplo si alguien, de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos,

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es condenado a muerte y considera, como muchos creemos, que, excepto en defensa propia, nada justifica quitarle deliberadamente la vida a una persona, no tiene en este caso ninguna instancia internacional a la cual acudir para juzgar la severidad de las leyes estadounidenses. Nuevamente: el capital con más derecho que los seres humanos.

Además, dentro de esta lógica perversa, lo coherente sería que el CIADI también juzgara los casos en que las leyes creadas por gobiernos entreguistas sean excesivamente beneficiosas para las transnacionales, pero obviamente esto jamás ocurre. También es importante destacar que los tratados de protección recíproca de inversiones supuestamente establecen iguales derechos y obligaciones entre los países firmantes. ¿Alguien puede creer que Estados Unidos aceptaría que un tribunal arbitral juzgue sus leyes?

Los abusos a los que se está llegando en base a estos tratados son gravísimos. Ecuador sufre en estos momentos una persecución de parte de la petrolera Chevron, por un juicio absolutamente privado que le impusieron

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comunidades indígenas de la Amazonía, por supuesta contaminación ambiental. En retaliación, utilizando estos tratados, Chevron ha impuesto varios procesos de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, uno de ellos por demora en aplicación de justicia, ya que por la lentitud de nuestro sistema judicial, pero también por incidentes judiciales generados por los abogados de la propia empresa –lamentablemente abogados ecuatorianos que venden a su propia Patria por un mendrugo de pan- cerca de siete juicios interpuestos por la empresa demoraron varios lustros en resolverse. Durante el proceso arbitral, los juicios finalmente terminaron a favor del Estado y en contra de la transnacional, pero en forma inaudita, el supuesto laudo arbitral de UNCITRAL, no establece indemnización a favor de la petrolera por la demora en la administración de justicia, sino que revierte las sentencias, y condena al país a pagar cerca de 700 millones de dólares. Es decir, se acabó la seguridad jurídica, la independencia de nuestros tribunales y la soberanía de nuestras naciones, Por supuesto, estamos solicitando la nulidad de esta monstruosidad, pero ojalá todos entendamos la gravísima

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situación que está sucediendo. Estos tratados supuestamente establecen obligaciones recíprocas, insisto, entre los países firmantes. Cabría preguntarse nuevamente si Estados Unidos estará dispuesto a aceptar que un tribunal arbitral revierta sentencias ejecutoriadas de sus cortes.

Es claro que la tan cacareada seguridad jurídica ha sido solo para las transnacionales y no para nuestros Estados; y que, los tratados se aplicarán siempre y cuando no perjudiquen los intereses de estas compañías. Por ejemplo, el tratado firmado entre Ecuador y los Estados Unidos de América y al cual se acogían empresas norteamericanas como la petrolera Occidental Petroleum (OXI) estipulaba que en cuestiones tributarias no cabía arbitraje, por lo que estos casos quedaban en la jurisdicción de jueces nacionales. Por lo tanto, cuando en el año 2002 OXI demandó la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) por sus labores de extracción de petróleo, distorsionando el sentido del mecanismo de “draw back” para fomento de las exportaciones -lamentablemente, nuevamente con el “asesoramiento” de los mismos y bien

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conocidos abogados ecuatorianos—, y posteriormente llevó el caso ante el Tribunal Comercial de la Corte Superior de Londres, lo que correspondía era una respuesta enérgica del Ecuador de no someterse a dicho tribunal, por así expresamente excluirlo el tratado respectivo. Sin embargo, el Gobierno del presidente Gustavo Noboa -por medio de su canciller Heinz Moeller-, “negocia” con el Gobierno de Estados Unidos el tema, y acepta “responder rápidamente” al procedimiento arbitral y “acelerarlo”, considerando que sus decisiones son obligatorias para las partes y de ejecución automática, y apenas insinuando que podían objetar jurisdicción. Todo este entreguismo obedeció a presiones para obtener la renovación de las preferencias arancelarias que el Gobierno de Estados Unidos otorga a los países andinos (las famosas ATPDEA), preferencias que, por otro lado, fueron instauradas durante el primer Gobierno del presidente Bill Clinton como compensación por los ingentes recursos que los países andinos destinan a la lucha antidroga, y que ahora se

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utilizan como instrumentos de presión política a nuestros países. Como se insinuaba desde un principio, el país perdió el arbitraje, al cual no estaba obligado, y que nunca debió aceptar, por lo que fue “condenado” a pagar la suma de 100,78 millones de dólares, pese a que las preferencias arancelarias apenas representan un beneficio anual de alrededor de 40 millones de dólares. Felizmente, todo esto está cambiando, pero tenemos que acelerar el paso. Nunca más responder a paradigmas totalmente ajenos a nuestra realidad. Entender que somos diferentes. Allá, quemar la bandera nacional es expresión de libertad, acá es un delito. Allá, poseer armas de toda clase son derechos ciudadanos, acá los prohibimos por el bien común. Allá, hacer lobby ante el Congreso y el Gobierno a favor de intereses particulares es una práctica legal a la que se dedican poderosos personajes y corporaciones. Acá, eso se llama corrupción. A hablar con voz propia, a marchar con nuestros propios pies, como decía el gran José Gervasio Artigas, y

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con sentido de urgencia, sin perder tiempo, sabiendo que en la demora está el peligro, como decía nuestro gran Eloy Alfaro Delgado.

Así por ejemplo, en esta Unión Suramericana se vuelve impostergable construir una mirada conjunta sobre la justicia indígena, donde avancemos hacia una unidad de criterios y no hacia una suerte de anarquismo, sin Dios ni ley, sin límites y sin garantía de los derechos humanos.

La justicia indígena, debe circunscribirse a tratar los conflictos internos de las comunidades, dejando los crímenes de acción pública, los crímenes mayores, como el asesinato, en manos de la justicia ordinaria. Es necesario tener en cuenta las formas de justicia alternativa, que pueden ser muy eficaces y ágiles para ventilar y absolver conflictos internos comunitarios, delitos menores, cuestiones que atañen a la costumbre, a los códigos a veces no escritos, pero que son respetados y deben prevalecer en el ámbito, insisto, comunitario. Han surgido en el Ecuador algunos conflictos, algunas confusiones, en las que hace falta establecer con claridad los ámbitos de pertinencia de la ley y la justicia. El respeto a

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la plurinacionalidad e interculturalidad, características que de acuerdo a nuestra nueva constitución definen al Estado ecuatoriano, no excluye el respeto a principios universales que son conquistas de la humanidad, como la prohibición de la tortura y los tratos infamantes.

No siempre es fácil establecer qué es “costumbre” o “tradición” auténtica. Por lo demás, no todo lo que es costumbre es necesariamente válido, justo. En toda sociedad o cultura existen valores y anti-valores, hay costumbres que merecen ser superadas -incluso olvidadas- y costumbres que merecen consagrarse en la tradición. Tenemos que ser rigurosos y exigentes con nosotros mismos para lograr la mejor conciliación posible, la más sabia compenetración de los sistemas comunitarios de justicia. Como región, como Patria Grande, somos también una nación de naciones, formamos parte de una gran constelación de culturas, de costumbres y usos locales, de lenguas, de pueblos; pero, somos al mismo tiempo una región con muchos valores en común: el RESPETO, la FRATERNIDAD, la

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SOLIDARIDAD, la profunda estima por la dignidad humana.

El neoliberalismo, el capitalismo salvaje, al elevar el egoísmo a la categoría de suprema virtud individual y social coadyuvó a corromper la sensibilidad de las personas, corromper la sensibilidad de las sociedades. El hambre de justicia fue remplazada por la competencia y la indiferencia ante el dolor humano.

La inseguridad ciudadana, si bien es un problema de la justicia, es un fenómeno multicausal, en dónde la pobreza tiene una relación directa con la delincuencia. Los conceptos, los mecanismos de la acción jurídica no constituyen una ciencia exacta. Sabemos que la injusticia estructural tiene mucho que ver con la criminalidad, con la comisión de delitos. Sabemos que los delincuentes se ubican en altísimo porcentaje en los extremos excluidos; sabemos que existe una alta violencia estructural que, junto con la exclusión, fomentan el delito. Pero sabemos asimismo que no hay solución fácil ni rápida, y que existe al mismo tiempo la

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urgencia de desalentar y controlar que las personas incurran en cierto tipo de delitos.

Nuestro gobierno y los gobiernos de Suramérica no solo estamos preocupados por esta realidad sino que estamos ocupados en la misma; estamos dispuestos a no permitir que las inequidades se profundicen sino a que las equidades se acentúen y podamos construir las sociedades del siglo XXI, sin privilegios de pocos.

Nuestras miradas han estado nubladas mucho tiempo por los consabidos intereses, la nueva realidad se presenta como una constelación de rupturas y quiebres que deben constituirse en oportunidades para aprender, crecer y dar nuevos saltos y pasos en busca de una justicia que garantice la tutela judicial efectiva para todas y todos. El Estado de derecho, el imperio de la Ley.

Por estas razones, entre muchas, el sistema judicial de los países miembros de UNASUR debe ser visto con ojos críticos y ser reorganizado a gran escala. Esta situación implica el esfuerzo de todos los actores involucrados. Tenemos una tarea urgente, y es la de coordinar nuestros sistemas

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legislativos y judiciales para conseguir una LEGISLACIÓN COMÚN que nos permita combatir de forma organizada, coordinada y efectiva muchos problemas, entre ellos -y básicamente- el crimen organizado.

No hay horizonte de progreso real, de paz social, de buen vivir posible, allí donde campea el hampa, allí donde los ciudadanos y ciudadanas pierden el bien más preciado: la tranquilidad, la paz, el derecho a caminar sin miedo por las calles. Es el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos, la tranquilidad de los niños y los jóvenes, lo que ante todo nos debe preocupar, empezando con aquellos que están en situaciones más vulnerables.

Siempre se deben respetar las garantías, los derechos humanos, el debido proceso, pero con energía debemos garantizar la seguridad de nuestros pueblos, la seguridad ciudadana.

Creemos en la rehabilitación a través de un adecuado proceso de reinserción social. La sola pena, la sola extensión de penas o su acumulación no son en principio suficientes, pero pueden ser necesarias, no pueden ser estas medidas excluidas en el análisis para enfrentar un problema tan grande como la

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inseguridad. Pensamos que en Ecuador vamos a lograr resultados positivos con un tratamiento inteligente dirigido a delitos puntuales, a cierto tipo de crímenes que ya estamos enfrentando con toda entereza.

Pero asimismo, debe existir en Suramérica una clara, firme y coordinada legislación en defensa de los problemas comunes como el crimen organizado, y también en defensa del logro que no podemos dejar que nos arranchen, como por ejemplo: la democracia, las instituciones democráticas. Debemos tener sistemas coordinados de legislación para defender a las autoridades legítimamente electas, especialmente aquellas de elección directa. Los atentados contra la democracia deberían configurar delitos imprescriptibles y ser procesados desde una legislación común y universalmente adoptada por todos los Estados miembros de UNASUR.

Si queremos dejar atrás aquellos males que tanto daño nos hicieron en el siglo pasado, no pueden repetirse en nuestra región casos como el de Honduras, golpes de Estado, groseras intromisiones del poder militar en el ámbito de la sociedad civil.

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Tras décadas de inestabilidad, de ingobernabilidad, el Ecuador ha logrado redefinir con absoluta precisión y claridad los ámbitos institucionales. Hemos logrado comprender que no hay futuro de bienestar para los pueblos mientras sus instituciones armadas no tengan definido su rol profesional y claramente establecidos los límites de su legítimo accionar. Nuestra integración en la defensa regional debe tener relación directa con la integración jurídica para mantener a salvo la integridad del sistema democrático, con base en el respeto a la voluntad del soberano, en cada una de las repúblicas y naciones de la Unión Suramericana.

Un acuerdo tácito de las élites burguesas, renuentes a perder espacios de poder para el manejo de sus intereses particulares, atraviesa por la nefasta manipulación de ciertos medios de comunicación de propiedad de esas mismas élites.

Esos medios de comunicación que muchas veces tienden a asumir la condición de jueces y se adelantan a pronunciar sentencias implacables, a tal punto que hay quienes consideran que no existe peor desgracia que

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caer víctima de un sicariato de tinta; es decir, ser víctimas de cierto periodismo que actúa sin ética, que acusa y descalifica, abusa de su poder y lesiona honras y nombres... Los medios suelen ser un poder sin contrapoder. Nadie puede reclamar para sí un poder ilimitado, excepto ellos. ¿Es eso correcto? Debemos enfrentar estos problemas sin temores, sin tabúes, precisamente impuestos por aquellos que se autoproclaman adalides de la libertad de expresión.

Desde estas perspectivas, planteamos, entonces, la integración de estrategias técnicas y gerenciales, el mejoramiento continuo, la definición de estándares de eficiencia y eficacia y sobre todo, esa insaciable hambre de justicia que deben tener nuestros administradores de justicia.

La idea de justicia inalcanzable, por verla cada vez más lejana, nos llevaba a la desesperanza; hoy, por voluntad mayoritaria de nuestras ciudadanas, de nuestros ciudadanos, tiene que transformarse la justicia, como lo decía el doctor Troya, en un verdadero servicio público.

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Por ello, estos sistemas deben ser públicos, no pueden ser propiedad de nadie en particular, peor aún de gremios o intereses privados; peor aún pueden ser instancias que vulneren nuestras soberanías y que nazcan de imposiciones comerciales, mercantilistas, es aquí donde esta gran nación suramericana, congregada en la UNASUR, tiene uno de sus mayores retos, debemos construir ya la definición conjunta de Justicia Suramericana; debemos construir ya ese gran concepto de soberanía Suramericana.

Eso solo vamos a lograrlo juntos. Por ejemplo, en el problema de los tratados de protección recíproca de inversiones, si solo un país denuncia esos tratados, ese país puede ser devastado, los capitales irían hacia los países que les ofrecen más garantía. Pero si todos juntos denunciamos esos tratados indignantes, esos tratados humillantes, esos tratados abusivos, el capital seguirá viniendo a la región, porque lo que busca es estabilidad y aquí tenemos muchísimos proyectos rentables. Y en una infinidad de cosas, la respuesta está en la acción colectiva: si nos ponemos a competir en cuanto a impuestos -y

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Usted es especialista tributario, doctor Troya-, quien va a ganar es el gran capital, vamos a transferir riquezas hacia los países más ricos; debemos coordinar también nuestro sistemas tributarios y no competir para traer capitales en base a beneficios impositivos.

En cuanto a coordinación, como decía hace un par de semanas en la inauguración de otro evento análogo a este, la Reunión de Parlamentos de UNASUR -¡Qué bello vivir tantos acontecimientos que tienen relación con nuestra integración, con la construcción de esa patria grande que nos enseñaron nuestros próceres!-; cómo decía hace un par de semanas: “coordinar nuestras políticas laborales para nunca más caer en el absurdo de competir, precarizando las condiciones laborales, flexibilizando (ese es el eufemismo que se utiliza) “flexibilizando” el trabajo con leyes que legitimaban… -no legitimaban, nunca se legitimó-, legalizaban la explotación laboral, como las leyes que se impusieron en este país en los últimos años: tercerización, intermediación, contrato por horas. Nuevamente, si nos ponemos a competir de esa forma, nuestros trabajadores serán sacrificados en el altar del gran capital,

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y el que se lleve los beneficios será ese capital y los países más ricos del mundo.

En todas estas acciones, frente a todos estos problemas la respuesta es colectiva, sobran los resultados concretos que puede haber con una adecuada integración, coordinación, cooperación entre nuestros países.

Así, en esta Cumbre, me permito plantear a ustedes la creación del Consejo Suramericano de Justicia de UNASUR; y les insisto, esta Cumbre, como decía el doctor Troya, no es solo parte de la integración, es fundamental para la integración; creo que he dado algunos ejemplos de aquello, tenemos que crear este Consejo Suramericano de Justicia de UNASUR, instancia que deberá construir y estructurar todo el sistema jurídico y judicial multinacional.

El Consejo Suramericano de Justicia también deberá procurar la coordinación perentoria y prioritaria de los sistemas de justicia de UNASUR, y del sistema de justicia de UNASUR, así como deberá trabajar en la coordinación de las actividades no menos urgentes de cooperación en materia de formación y capacitación judicial, facilitando

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procesos de entrenamiento entre las diferentes instancias que componen nuestros sistemas de justicia y promoviendo la cooperación académica entre los centros de estudios del Derecho.

Bienvenidos a nuestro Ecuador, queridas amigas y amigos, hermanos de UNASUR, bienvenidos a la casa de UNASUR, Ecuador es la sede de UNASUR, cuando la integración se consolide, o sea, Washington es la capital de los Estados Unidos, la capital de Suramérica será la capital de nuestra república, Quito, bienvenidos a la Ciudad de Cuenca, la Santa de los 4 ríos, ciudad extremadamente hermosa, ojalá tengan tiempo para visitarla, probar su gastronomía, interlocutar con las cuencanas y los cuencanos.

Bienvenidas, bienvenidos en nombre de las ecuatorianas y de los ecuatorianos a esta región de nuestra América, tierra bendecida en donde vivimos un verdadero cambio de época, irrepetible y único, que nos exige desde la urgencia de nuestros pueblos, reflexión permanente, autocrítica, voluntad para cambiar el porvenir y no conformarnos con maldecir la miseria. Ya no podemos ni debemos culpar a vecinos o ajenos; no

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podemos ya acusar a superados destinos manifiestos, no podemos endilgar nuestros deberes a nadie, somos responsables de nuestra propia historia; porque desde ahora lo que hagamos o dejemos de hacer por nuestras patrias, por la Patria Grande, es nuestra responsabilidad. Sobre las bases de nuestra historia común, de nuestros sueños y esperanzas inauguremos el futuro de integración, de unidad sudamericana.

¡Hasta la victoria siempre, compatriotas!

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR